SESION DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
15 de octubre de 2002
-PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA ELENA ALVAREZ BERNAL: Ruego a la secretaria haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados:
DIP. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 344 diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
-PRESIDENTA: (A las 11:42) Se abre la sesión.
Proceda la secretaría a dar lectura al Orden del Día.
-MISMA SECRETARIA:
( LECTURA DEL ORDEN DEL DIA)
-PRESIDENTA: Proceda la secretaría a poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.
-MISMA SECRETARIA: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-PRESIDENTA: Aprobada el acta.
Esta Cámara de Diptuados se solidariza con la pena que embarga al compañero diputado Roberto Fuentes Domínguez y a su familia, por la sensible pérdida de su señora madre doña Elodia Domínguez Mandujano, y pido a todos los legisladores guardemos un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias.
Continúe la secretaría.
-MISMA SECRETARIA: Comunicaciones.
(De la Junta de Coordinación Política en relación al financiamiento de los partidos políticos)
-PRESIDENTA: Gracias diputada.
stá a consideración el Punto de Acuerdo.
Ha solicitado hacer uso de la palabra para razonar el voto del grupo parlamentario de Acción Nacional, el diputado Eduardo Rivera Pérez.
Se abre el registro de oradores en contra y en pro.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, en pro, el diputado Barbosa a favor. El diputado Eduardo Rivera Pérez, para razonar el voto del grupo parlamentario de Acción Nacional, y en pro el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y el diputado Barbosa. Se cierra la lista de oradores.
Tiene la palabra el diputado Rivera Pérez.
EL C. DIPUTADO EDUARDO RIVERA PEREZ: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario de Acción Nacional quiere fijar posición y razonar su voto en relación a este punto de acuerdo.
Es claro que la elección federal llevada a cabo durante el año 2000 ha sido uno de los procesos más competidos en la historia política de nuestro país, donde nuestro sistema electoral, a través del Instituto Federal Electoral, con responsabilidad acreditó la calidad de su funcionamiento, teniendo como resultado la constitución de un gobierno legítimo y la composición plural de las cámaras.
El Partido Acción Nacional tiene una tradición histórica de apego a la legalidad, fundada en sus principios. Así, en el caso que se plantea en el propio punto de acuerdo ha existido por parte de las autoridades del Partido Acción Nacional la disposición de que el Instituto Federal Electoral audite todos los gastos ejercidos durante la campaña por parte de la Alianza por el Cambio.
Nunca será una acción, ni por el Partido Acción Nacional ni por parte de sus legisladores, obstaculizar la justicia. Ha sido una actitud permanente nuestra que exista una transparencia sobre todos los asuntos públicos y en especial relacionados con los temas electorales. Aún más, el mismo Partido Acción Nacional fue el principal impulsor de establecer estas condiciones en nuestro sistema jurídico para los propios procesos electorales.
Por ello afirmamos que el grupo parlamentario del PAN es el principal interesado que este caso se resuelva con prontitud y estricto apego al estado de derecho y que no tenemos inconveniente alguno en que sean las instancias electorales y/o judiciales las que decidan en definitiva sobre este caso.
Toda decisión jurídica, resultado de la investigación que de este caso se desprenda, la aceptaremos con madurez y responsabilidad. Sin embargo, no podemos partir ni de supuestos ni de especulaciones que puedan ser manejadas con una intención política, sobre todo cuando no han sido sustentadas debidamente ni probadas en las instancias pertinentes y que tienen el fin de desviar la atención de la opinión pública sobre un asunto que tiene una vertiente legal y que existen las instituciones y los procedimientos para que sean investigados y sancionados.
El mismo Instituto Federal Electoral, que es la instancia responsable en materia electoral, menciona lo siguiente, y lo cito textualmente:
"Que está consciente de lo novedoso y controvertido que es este tema; no obstante, está plenamente convencido que éste debe de ser resuelto dentro de los cauces legales previstos por nuestro sistema jurídico.
"En relación a los amparos interpuestos –y ahí termino la cita—en este asunto es importante señalar que como bien establece la ley es el recurso legal que tienen las personas para evitar la violación de sus garantías individuales por parte del Estado. Y debe de ser interés del Congreso que los actos de toda autoridad, incluso los de este Poder Legislativo y los del Ejecutivo, no resulten violatorios a las garantías individuales.
El Poder Judicial ha demostrado su independencia de los otros Poderes y confiemos que en este caso se rija en este mismo sentido.
Finalmente el quiere señalar que no modifica su compromiso histórico con la legalidad; el PAN no modifica su compromiso histórico con la transparencia; el PAN no modifica su compromiso histórico con la rendición de cuentas a la sociedad.
En síntesis, señoras y señores diputados, consideramos que en este Punto de Acuerdo votaremos en contra porque es improcedente, no sólo porque rebasa la competencia de la Cámara, sino porque compele a un poder constitucional actuar sobre ciudadanos, sobre sus organizaciones civiles constituidas conforme a derecho y a actos en que los interesados han considerado que son violatorios de sus garantías individuales.
En contrapartida exhortamos a este pleno a que en todos los casos y para todos los partidos en que ha habido señalamientos sobre el financiamiento de las campañas del año 2000, esté categóricamente a lo que dispongan tanto las autoridades electorales como las autoridades judiciales competentes.
Es cuanto, diputada Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Tiene la palabra en pro el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
- EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN: Con su permiso, ciudadana Presidenta; con su permiso, señores diputados: El respaldo a las instituciones públicas del país debe ser una de las prioridades fundamentales de esta Cámara. Ninguna institución del país debe de ser demeritada o denostada como institución por esta Cámara. Por eso, compañeros, el punto que estamos votando el día de hoy, merece muchas felicitaciones.
Pero la primera de ellas, por el escrupuloso cuidado que tuvo la Junta de Coordinación Política, escrupuloso cuidado, en que este punto representara la intención política de los proponentes y de quienes lo apoyan pero al mismo tiempo en ningún sentido pusiera a la Cámara en contraposición con una de sus misiones fundamentales: el fortalecimiento de las instituciones públicas.
No es verdad que no sea una materia de nuestra competencia. ¡Por supuesto que lo es! En su función política de la Cámara, en su función de reivindicación que tiene todo congreso, está, por supuesto, la de hacer exhortos al Ejecutivo.
Pero además, compañeros, es un muy respetuoso exhorto que se dirige al Titular del Ejecutivo con absoluto respeto a su investidura y al beneficiario de la Organización "Amigos de Fox", con absoluto respeto a sus derechos como individuos. No le ordena, no lo señala, no lo acusan.
Y el día de ayer cuando discutíamos este punto en la Junta de Coordinación Política, aceptamos inclusive las atinadas propuestas presentadas por el grupo de Acción Nacional para que este punto sea todavía más cuidadoso de lo que ya era, ni siquiera cae en supuestos; este punto solicita información, este punto le dice respetuosamente al Titular del Ejecutivo: "Encomiéndale a quienes trabajaron para ti. Encomiéndale a quienes usaron tu nombre como divisa. Encomiéndale a los que ´pasaron la charola en tu nombre´que den todos los datos, que abran todas sus cuentas, que efectivamente hagan de la transparencia no un lema, sino una realidad política".
¡No hay absolutamente nada en contra de la investidura presidencial; al contrario, un Presidente que a la altura de su responsabilidad acepte la encomienda moral que en este momento la Cámara le da y llame a quienes trabajaron en su nombre y les diga: "A mi me interesa. A mi que soy un Presidente legítima y legalmente electo. Yo te pido que abras las cuentas, que les muestres a todos las chequeras, para que no quede ni la más pequeña duda de la calidad de nuestro triunfo!
¡Esa es una responsabilidad a la que un hombre de bien no se puede negar, sea cual sea su investidura! ¡Y esta Cámara, con esa calidad y con ese respeto se lo solicita!
Quiero particularmente señalar el último párrafo del punto de acuerdo: "En particular interesa a esta soberanía conocer los recursos provenientes del extranjero y los compromisos que por este hecho se generaron".
Quiero decirles que el considerando, para hacer todavía más acorde al derecho y a las posibilidades con facultades reales de esta Cámara, fue modificado para decir como sigue: "En particular interesa a esta soberanía conocer si hubo recursos provenientes del extranjero y en ese caso los compromisos que por este hecho se hubieran generado".
No es una graciosa concesión, es darle la razón a quien la tiene. La Cámara no puede en un punto de acuerdo presumir, ni es el propósito del PRI acusar sin razón. Lo que necesitamos son pruebas y el hombre que nos puede dar esas pruebas dirigió una organización que llevaba en su nombre el apellido del Presidente de la República. Ese hombre está obligado hoy a responderle a quien representaba y a responder frente a los demás ciudadanos del país cuánto recaudo, de quiénes recaudo, con qué compromisos recaudó y a qué causa sirvió lo que se recaudó.
No es en modo alguno ni un ataque a la institución política que representa el partido que postulo al Presidente y tampoco lo es un ataque a la figura presidencial. Es una solicitud de información. Porque en el abuso de los supuestos derechos individuales lo que en realidad se hace es impedirle a la sociedad que conozca la verdad. ¡Y no hay verdad, compañeros, que si lo es pueda mantenerse oculta! ¡No hay nada que no se pueda abrir si no tiene absolutamente nada de qué ofenderse! ¡Si hay verdad, puede ser pública! ¡Si hay verdad, puede pertenecerle a todos! ¡Si hay verdad, tiene que pertenecerle a toda la nación! Esto es lo que pedimos.
Yo sé, no tengo ninguna duda, de que el día de hoy se honrará esta tradición de apego a la legalidad, que se ha mencionado y que muchas veces ha quedado en evidencia. Hoy, compañeros, ante este punto respetuoso, ante este punto que solicita información, ante este punto que es una demanda de la ciudadanía, estamos frente a una disyuntiva: ¡ser efectivamente congruentes con la tradición o abrir el camino a lo oculto, a lo escondido, a lo que se niega a ser dado a conocer, a lo que no puede ser del conocimiento de todos! ¡De eso se trata!
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional les pide su voto a todos y cada uno de los presentes. ¡Lo que demanda la sociedad es saber si hoy podemos honrar nuestra tradición y nuestros principios haciendo, dando un pequeño paso para que efectivamente toda la sociedad sepa!
Muchas gracias.
(Aplausos)
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias, Diputado.
Tiene la palabra el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, en pro.
-DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias Presidenta.
Compañeras y compañeros Legisladores: En la vida política del México post-revolucionario no ha existido una sola elección equitativa. De recuerdo relevante la de José Vasconcelos con Pascual Ortiz Rubio, la de Juan Andreo Almazán con Manuel Ávila Camacho y, desde luego, la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano con Carlos Salinas de Gortari.
Nuestro modelo de partidos, hasta entonces, incluyendo la elección de 1994, se había caracterizado por un régimen electoral diseñado desde el poder para la conservación del mismo, cuyos rangos fundamentales fueron el control gubernamental sobre la contienda electoral y las condiciones absolutamente inequitativas de competencia entre los partidos, fenómeno que influyó decididamente en los resultados electorales.
La desigualdad en las contiendas estaba determinada por la existencia del partido oficial. El empuje de la sociedad y de los principales actores políticos en los últimos años, así como la necesidad de legitimar un régimen que agotaba sus posibilidades de sobrevivencia, condujo a sucesivas reformas constitucionales que permitieron dar paso a una mayor pluralidad en el Congreso, a generar condiciones para que los partidos políticos accedieran en forma creciente al financiamiento público, a los medios electrónicos y a conseguir que la conducción del proceso electoral estuviera a cargo de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal Electoral.
Todo ello no fue suficiente, la elección presidencial del año 2000 también fue inequitativa. En ella el PRI y el PAN, además de las prerrogativas asignadas por el Estado, utilizaron financiamiento privado, nacional y extranjero, y desviaron recursos públicos.
A más de dos años de celebrados los comicios, el Instituto Federal Electoral tiene en marcha dos investigaciones cuyos resultados podría arrojar la imposición de severas sanciones a estos partidos y la determinación que importantes actores políticos hayan cometido delitos electorales.
Señores Legisladores: El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del punto de acuerdo que somete a la consideración de esta asamblea la Junta de Coordinación Política, ¿por qué?, porque el desvío de recursos públicos para el sostenimiento de las campañas electorales en México fue un hecho inocultable del que se benefició el PRI. Prueba de ello es el desvío de recursos en PEMEX a través del Sindicato petrolero para financiar la campaña de Francisco Labastida, recientemente destacada por la SECODAM, pero también porque la participación de recursos privados en las contiendas ha demostrado que no existe una sola fuente de recursos disponibles; estos van desde aportaciones millonarias en efectivo o mediante transacciones financieras fraudulentas, como puede ser el caso de los hermanos y los Amigos de Fox, tema y materia de este punto de acuerdo.
Lo anterior ha provocado una profunda inequidad en las contiendas electorales, cuyos efectos se ven reflejados en los resultados de los comicios, pervirtiendo la competencia política.
Por ello, creemos que la transición mexicana no será posible si no se consigue en condiciones de igualdad en las contienda electorales, se ejerce con transparencia y honestidad el presupuesto y se castiga severamente el desvío de recursos públicos.
La utilización de los programas sociales igualmente debe ser eliminada para procesos electorales, así como el financiamiento privado, nacional y extranjero a los partidos políticos y a sus candidatos; las transformaciones políticas y jurídicas que acompañe la democratización de nuestro país en el futuro no pueden ser ajenas a estos requerimientos, más aún cuando millones de mexicanos reclaman honestidad y rendición de cuentas, fin a la impunidad y a la corrupción que ha degradado el ejercicio político en México.
Muchas gracias. (aplausos)
- LA C. PRESIDENTA: Gracias. Ha solicitado para hechos, hacer uso de la palabra, el diputado Arturo Escobar y Vega. Tiene la palabra hasta por 5 minutos.
Sí, diputado Regis Adame, lo tengo registrado para hechos. Diputado del Río, para hechos. Diputado Arturo Escobar, adelante por favor.
EL C. DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias Presidenta.
El Presidente de la República, cada oportunidad que tiene señala: "Es prioridad de mi Gobierno el combate a la corrupción. No volverá a existir impunidad dentro de mi Gobierno", señala el presidente de la República.
Señor Presidente, nosotros también somos co-responsables de su triunfo el pasado 2 de julio y hoy no le venimos a exhortar nada, le venimos a exigir que la limpieza primero inicie en casa.
No se puede volver un tema de todos los días que el Presidente de la República quiera exhibir el asunto de PEMEX de manera medíatica para tratar de convencer a los ciudadanos, con fines electorales, que él sí combate a la impunidad. Señor Presidente, el asunto "Amigos de Fox" es tan grave como el otro.
Ninguna empresa extranjera, ningún ciudadano extranjero otorga recursos a nadie sin condicionamiento alguno. Yo me pregunto señor Presidente, señor Secretario de Gobernación, amigos panistas, ese dicho de "el que nada debe, nada teme". Por qué no el Presidente de la República, como líder moral de Amigos de Fox les exige que abran las cuentas bancarias y que no impidan que se haga justicia en nuestro país.
La prioridad del cambio en este país es la apertura, es la transparencia.
Cómo ha presumido el Presidente de la República y su gabinete, la forma en que llevan las cosas de manera transparente. No hay elemento más importante en este momento para todo el país, que el Jefe de Estado, Jefe del Ejecutivo, Presidente de la República, exhorte a todos sus compadres, amigos, hermana, esposa, hijos, a que colaboren con la transparencia en nuestro país.
Desde esta tribuna, le vuelvo a reiterar que no lo exhortamos sino le exigimos responsabilidad. Todo ese compromiso de transparencia tendrá que reflejarse con la apertura de estas cuentas y coadyuvar con la autoridad para llegar a las últimas consecuencias. Si no existen fondos del extranjero, no hay ningún problema para exigir que se abran las cuentas.
Este asunto no es únicamente de orden judicial, ¿beneficia a la soberanía del país que existan rumores o indicios de que personas morales extranjeras pudieran tener intereses junto con el Presidente de la República en la venta de sectores prioritarios para el país? Es un asunto de la más alta seriedad para nuestro país.
Señor Presidente, abra las cuentas y deje que el pueblo de México juzgue su accionar. Muchas gracias. ( aplausos )
LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.
Tiene la palabra para hechos el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.
EL DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Gracias, diputada Presidenta.
Creo que es importante destacar que dentro de las facultades de la legislatura está lo de los puntos de acuerdo, por lo tanto consideramos que es legal, que es legítimo este exhorto que plantea el punto de acuerdo para que los "Amigos de Fox" puedan abrir y dar la información que requiere el IFE y con esto dar transparencia a este proceso electoral ocurrido en el 2000, donde el Presidente Fox arriba a la Presidencia de la República.
Yo creo que a todos los mexicanos nos interesa tener certeza de cómo se desarrolló este proceso electoral, sobre todo no nada más en cuestión de votos, sino también en el financiamiento. Queremos quién estuvo atrás de esas campañas tan onerosas que ofendieron a muchos de los mexicanos que viven en pobreza extrema.
Creo que este exhorto respetuoso al Ejecutivo debe proceder y marcar un antecedente importante para los siguientes acontecimientos político-electorales. Creo que esta información le abona a la transparencia, le abona a dar certidumbre, claridad, le abona a lo que recientemente y por los medios publicitarios han promovido sobre la transparencia.
Creo que si hubo financiamiento privado más allá de lo que permite el Código Electoral, si hubo financiamiento de capital extranjero en nuestras campañas, pudiera confirmarse o configurarse este delito de traición a la patria.
Si ya de por sí el financiamiento a los partidos políticos es inequitativo e injusto, donde esta fórmula de 30-70 a partidos como el nuestro nos permite hacer campañas muy modestas, ahora sumémosle el financiamiento de PEMEX al PRI, de los "Amigos de Fox" al PAN, nos dejan en una marcada diferencia, en una marcada desigualdad e inequidad.
No sabemos si a través de este financiamiento o presunto financiamiento extranjero que recibió por parte de "Amigos de Fox", lo quiere solventa ahora dándole la espalda al pueblo de México, impulsando políticas públicas contrario a su interés nacional. No sabemos si este presunto financiamiento que recibieron para su campaña, haya implicado también quitar ese impuesto a las empresas televisoras de este país, por eso nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo va a votar a favor de esta proposición con punto de acuerdo que hace la Junta de Coordinación Política.
Esperemos que haya congruencia, esperemos que haya voluntad política para que se dé esta transparencia, para que se dé certidumbre y que no se vuelvan a cometer este tipo de ilícitos.
Por su atención, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Para hechos, tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen hasta por cinco minutos y hemos registrado la solicitud para hechos del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del PAS.
EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
Saludo la actitud responsable del Partido Acción Nacional que se pronuncia porque se abran este tipo de investigaciones y los Amigos de Fox rindan cuentas.
Saludo la actitud de los demás partidos políticos que buscan que se trasparente todos y cada uno de los hechos que en la campaña del Presidente Vicente Fox, los Amigos de Fox llevaron cabo.
Una de las grandes demandas nacionales ha sido que el Gobierno Federal mantenga para con la sociedad, una administración de transparencia y rendición de cuentas, de respeto a la legalidad, por eso saludo la actitud de todos lo partidos políticos.
Estas máximas no deben tergiversarse ni ser utilizadas en formas por demás discrecional porque ello rompe con el estado de derecho y la justicia anhelada.
El caso del grupo llamado los Amigos de Fox a quienes durante varios meses se la ha señalado públicamente como un grupo que aportó dinero a la campaña, el entonces candidato presidencial en forma irregular e ilegal, es decir, contraviniendo las disposiciones legales electorales.
No sería de gran trascendencia para el país esta situación si precisamente no contraviniera una disposición legal electoral y se tratara de un grupo que coadyuvó directamente al hoy Ejecutivo Federal a alcanzar su triunfo electoral.
Es por ello que quienes dirigieron al grupo los Amigos de Fox, si desean que este país sea de transparencia y rendición de cuentas, como lo expresó el Ejecutivo Federal, rindan, ante las instancias correspondientes todos y cada uno de los movimientos de entradas y salidas de los dineros que por su conducto fueron utilizados para la campaña Presidencial, lo que en ningún modo es perjudicial para este grupo, por el contrario, representaría un acto digno y ejemplar porque estaría hablando de la disposición responsable para que se aclararan las cosas respecto a los recursos utilizados, incluso ayudarían con esa actitud al Presidente de la República, a que realmente se cuente con un gobierno justo, democrático, de transparencia y de rendición de cuentas.
Es cierto que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones, papeles o vida entre otros, sino a través de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, respetando sus derechos y garantías constitucionales de legalidad y seguridad pública; pero también es cierto que por tratarse de un grupo exprofesamente para un evento político y por tratarse de gente reconocida, bien vale la pena que atiendan el llamado de la autoridad electoral, atiendan con respeto el llamado del Instituto Federal Electoral, este grupo político llamado los Amigos de Fox deben de informar de una vez por todas los orígenes de los recursos que manejaron, lo que lejos de quebrarse o de quebrar a la legalidad del país y ofenderse o presionar a los interesados, se fortalezca la credibilidad, la credibilidad de la rendición de cuentas.
Es muy importante para la sociedad mexicana, para el Instituto Federal Electoral ciudadanizado, para los legisladores, para las legisladoras, para todos, para todas, para todo el país, que los amigos de Fox rindan cuentas ante la autoridad.
Gracias, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra para hechos, hasta por cinco minutos el diputado José Antonio Calderón Cardoso del PAS.
EL DIP. JOSE A. CALDERON CARDOSO: Gracias diputada Presidenta.
Amigas y amigos legisladores, para Alianza Social este asunto, este tema que hoy presenta la Junta de Coordinación Política, más allá de la coyuntura que puede acarrear, representa un momento de quiebre, un punto determinante en la ruta que habrá de seguir y que habrá de concluir con la culminación de la transición y el principio de la consolidación democrática.
¿Y por qué decimos esto? Lo decimos, porque durante mucho tiempo, porque el reclamo fundamental de los mexicanos de este país, era que hubiera respeto por la voluntad popular, era que hubiera democracia, y un valor natural de la democracia es la transparencia.
La transparencia y la verdad. Alguien, un candidato presidencial señala por ahí en el 94, que se requería un México sin mentiras, y esa frase cubría una buena parte de necesidad de lo que el país estaba requiriendo. Un México sin mentiras es precisamente lo que el día de hoy está reclamando la sociedad.
Pero no dejamos también de entender, que de escándalo en escándalo, la sociedad va de pasmo en pasmo, y eventualmente, de asombro en asombro.
Nosotros nos preguntamos si éste y otros hechos, cómo pueden impactar en la sociedad mexicana, y en Alianza Social creemos, que pase lo que pase, y por dura que sea la verdad, lo mejor para México, hoy y mañana, será que la verdad se sepa, aunque el cielo se caiga.
Creemos nosotros también, que el estado de derecho, si es cierto que está en las leyes, si es cierto que está en las instituciones, pero fundamentalmente el estado de derecho se va conformando por los conflictos que va presentando la vida diaria.
Por lo tanto, no tengamos miedo a lo que haya, el estado de derecho seguramente saldrá avante de los conflictos que hoy, pueden causar temor en algunos pero que en el corto y en el largo plazo será sano para el país.
Quiero también mencionar, que cuando hay ausencia de información, cuando no hay que los datos se difundan de manera clara y transparente, se da paso y se da pie para la especulación, y la especulación es tanto o más dañina que la ausencia de información.
Hoy, mucho se ha especulado sobre este y sobre otros asuntos. Hoy, mucho se ha divagado sobre éste y sobre otros asuntos. Hoy, ante la ausencia de información, es válido y es legítimo, que los mexicanos pensemos cosas que pueden o no ser ciertas
Por ello, a quien más debiera interesar, a quien más debiera importar que la verdad diáfana surja, es precisamente a quien se le está de alguna manera señalando algo.
Comparto lo dicho por el diputado Marín, en el sentido de que no se acusa, de que no se imputa, sino, claro está, también se sugiere, y eso no lo podemos negar.
Por ello, a los que hoy están involucrados, por la salud pública, por el destino que puede tener la transición, por la buena consolidación de la democracia, lo mejor es que la verdad se sepa, porque de otra manera la especulación seguirá creciendo.. Y, señores, que la verdad se sepa aunque el cielo se caiga.
Más allá de la coyuntura de lo que pueda suceder, el país seguirá más firme. No le tengamos miedo a la verdad, cualquiera que ésta sea, porque finalmente éste es un elemento que permitirá definir, que más allá de elecciones limpias tuvimos transformación de instituciones. Gracias.
.LA C. PRESIDENTA: Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido.
LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo-
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido.
-LA C. PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA.- Mayoría por la afirmativa.
Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-
(Oficio del Congreso del estado de Baja California. Insértese)
LA C. PRESIDENTA.- De enterado.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-
(Oficio del Congreso del estado de Colima. Insértese)
LA C. PRESIDENTA.- De enterado.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-
(Oficio del Congreso del estado de Guanajuato. Insértese)
LA C. PRESIDENTA.- De enterado.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-
(Oficio del Congreso del Estado de México. Insértese)
LA C. PRESIDENTA.- De enterado.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-
(Oficio del Congreso del estado de Michoacán. Insértese)
LA C. PRESIDENTA.- De enterado.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-
(Oficio del Congreso del Estado de Sonora con el que remite iniciativa que reforma la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
-MISMO SECRETARIO:
(Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley del Impuesto sobre la Renta)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Antes de pasar al capítulo de iniciativas de los ciudadanos diputados, le ruego a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
MISMO SECRETARIO: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 426 ciudadanos diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
-PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 340, 341 y 343 y adiciona un artículo 341 Bis, a la Ley Federal del Trabajo.
-DIP. JOSE SOTO MARTINEZ: Con su permiso diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito diputado José Soto Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna y con apoyo además en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para reformar los artículos 340, 341, 343 y adicionar con un artículo 341 bis a la Ley Federal del Trabajo, basándome para ello en la siguiente exposición de motivos:
En nuestro país las labores del hogar son realizadas por a) las que lo hacen en forma gratuita y sin reconocimiento, las amas de casa, y b) los que hacen trabajo doméstico fuera de ley. Unicamente me ocuparé esta vez de estos últimos.
En los países pobres del mundo, como México, se da el fenómeno del servicio, es decir, la servidumbre: los más ricos tienen como criados a los más pobres y son los indígenas los que proveen la mayor cantidad de sirvientes a nuestro país.
Discriminación racial, explotación, prolongadas jornadas de trabajo, salarios pobres, abuso sexual, golpes, maltratos, nulos derechos laborales, inseguridad en el empleo, todo ello es parte de la larga lista de agravios que padecen miles de mujeres y hombres que encuentran empleo en el trabajo doméstico, actividad que por momentos vive perfiles de esclavitud.
En México hay alrededor de un millón y medio de personas. En la capital mexicana existen más de 43 mil empleadas domésticas, y en todo el país más de 1.7 millones se dedican a esta actividad, que es la tercera ocupación más importante de la población femenina económicamente activa.
Una de cada cinco mujeres que trabajan es empleada doméstica. La gran mayoría provienen de pequeños pueblos que rodean a las grandes ciudades; muchas de ellas son indígenas que siguen hablando sus dialectos y conservan de alguna manera sus tradiciones culturales originales.
Las trabajadoras del hogar, las chachas del pueblo, las que son despreciadas y minimizadas en el trabajo que todavía ejercen millones de indígenas, campesinas pobres, mujeres urbanas sin educación escolar a las que las señoras llaman de diferentes formas, piden dignidad y no limosna, piden derechos laborales, ya no quieren comer sobras o comida de otro día ni recibir el trato de siglos pasados.
Sobre los hombros de una empleada doméstica descansa el funcionamiento de la casa. Gracias a ella el patrón y la patrona pueden trabajar o dedicarse a lo que les interesa. Por ella hay comida limpia y, sin embargo, el panorama de las trabajadoras domésticas en México es sombrío.
Protegidas sólo en apariencia por una legislación que no se aplica, que no es respetada, marginada de la educación, la capacitación y el derecho a la seguridad social, abandonada a su buena suerte o a la conciencia de justicia social que puedan tener sus empleadores, con escasos momentos de reposo durante jornadas inacabables, expuestas más que ninguna otra trabajadora al acoso sexual y a la violación.
La empleada doméstica está recluida, separada de las demás mujeres con quienes podría unirse para demandar sus derechos y aún no ha aprendido a organizarse.
Es de elemental justicia reivindicar el trabajo doméstico, acabar con la opresión milenaria de este sector desprestigiado de nuestra sociedad, que dignifique su función y sea verdaderamente protegida por las leyes laborales.
En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 70 de nuestra Carta Magna, se presenta la siguiente iniciativa de decreto para que se reformen los artículos 340, 341 y 343, adicionar con un artículo 341 bis a la Ley Federal del Trabajo.
"Artículo 40 Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes: Guardar al patrón y a sus familias y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto, poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa, desempeñar sus servicios bajo la dirección del patrón a cuya autoridad estará subordinado en todo lo concerniente al trabajo y efectuar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados.
"Artículo 41: Es causa de rescisión de las relaciones del trabajo, el incumplimiento de las obligaciones especiales consignadas en este capítulo, es causa de rescisión además sin responsabilidad para el trabajador la violación por parte del patrón de las normas generales de esta Ley aplicable a los trabajadores domésticos en lo que no contrarie las de este capítulo.
"Artículo 341 bis: El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé por parte del patrón el incumplimiento a la violación a que se refiere el artículo que antecede y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en términos de los artículos 49 y 50 de esta Ley.
"Artículo 43: El patrón podrá rescindir la relación de trabajo sin causa justificada, por incurrir en irresponsabilidad. El plazo para que el padrón rescinda la relación laboral será dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones especiales consignadas en este capítulo".
"El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Artículo 2º.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por este decreto.
"Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, México, D. F., diputado federal José Soto Martínez.
"Pongo a consideración de ustedes la presente Iniciativa y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior.
"Solicito que pase, desde luego, a las comisiones correspondientes.
"Muchas gracias".
.- LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Francisco Jurado Contreras, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- EL C. DIP. FRANCISCO JURADO CONTRERAS: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
"El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía Iniciativa de Reforma al artículo 73 fracción XXI y de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"A pesar de que de acuerdo a los principios rectores del sistema republicano, las facultades de la Federación no deben menoscabar la autonomía de los estados miembros, la tendencia ha sido en sentido inverso en áreas prioritarias y en lo que interesa respecto a la seguridad pública, en razón de que en la actualidad los estados tienen restringido su ámbito de competencia para la persecución y enjuiciamiento de peligrosos infractores que ponen en serio riesgo a la comunidad y al mismo tiempo destinan valiosos recursos para destinar a los tribunales locales que están obligados a actuar en auxilio de la Federación.
"Y lo más grave, el enjuiciamiento de un infractor que ha cometido delitos en ambos fueros, provoca en múltiples ocasiones su impunidad; así como también la ubicación de los juzgados en diferentes ciudades propicia la violación a la garantía que exige su permanencia en el lugar del juicio, básica para actualizar su derecho a una adecuada defensa.
"Los planteamientos que anteceden se apoyan en que los tribunales locales concurrieron en el conocimiento de delitos del orden federal durante la etapa inicial de procedimiento. Esto significa en principio que la averiguación previa se integró en el fuero local, los jueces locales proveyeron para decidir la situación jurídica de los involucrados, pero finalmente los tribunales federales continuaron el conocimiento de esas causas, lo que desde luego trajo como consecuencia que simultáneamente los inculpados fueran procesados en ambos fueros.
"Esta situación refleja duplicidad de causas penales, inadmisible en una época en que se ha subrayado la necesidad de que la función jurisdiccional se ejerza con eficiencia y ahorro de recursos humanos y materiales. Además existe una recurrente situación reveladora de impunidad, un gran número de hechos de homicidio y robo se cometen utilizando armas de fuego de uso prohibido a los particulares dentro de circunscripciones territoriales alejadas de las principales poblaciones del estado. En estos casos el deficiente ejercicio de la acción penal impide a los jueces, aun como auxiliares, hagan pronunciamientos de un delito del orden federal; lo que conduce en múltiples casos a que el inculpado quede al margen de cualquier acción punitiva que debería ser impuesta por ese ilícito.
"Esto genera una discriminación entre inculpados que ejecutan conductas típicas similares pero reciben un tratamiento punitivo distinto, de acuerdo al ámbito territorial en el que ejecutan los hechos.
"La reciente incorporación del segundo párrafo del artículo 73 fracción XXI de la Constitución de la República estableció una regla de atracción en asuntos del fuero local hacia el fuero federal y la ley secundaria en materia procesal de este último ámbito desarrolló esa potestad de atracción, solo que en breve lapso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que limitar el alcance de la nueva norma. El concurso de delitos y la conexidad entre ellos trajo como resultado que los jueces locales plantearan la competencia federal para conocer de ilícitos del fuero común, que sin duda incrementarían las cargas de trabajo de los jueces federales.
"Ante este fenómeno la Suprema Corte se decidió por la duplicidad de enjuiciamientos para evitar el previsible aumento de asuntos penales de especial complejidad y mediante interpretaciones cargadas de malabarismos jurídicos, finalmente sentó jurisprudencia, que en resumen hizo nugatoria la novedosa facultad de atracción incorporada a nuestra ley fundamental.
"Esta delicada determinación solo merece una lectura: fracasó la pretensión de un solo enjuiciamiento contra personas que al cometer dos o más ilícitos en concurso, provocaron la intervención del aparato de justicia en ambos fueros. La consecuencia lógica es plantear otra solución que además de rescatar la respetabilidad de las funciones de justicia locales, diseña una opción que privilegia las garantías de los indiciados, el reclamo de la comunidad contra cualquier situación que provoque impunidad y la optimización de los recursos humanos y materiales que integran el aparato de justicia punitiva.
"Una respuesta que involucre las inquietudes señaladas debe plantearse en el ámbito constitucional, solo así adquiere fuerza jurídica suficiente para modificar el sistema de competencias de ambos fueros.
"De esta manera, se propone agregar un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI constitucional que corresponde al sistema de competencias y aclaro el sentido del segundo párrafo. Eso da lugar a que el fuero federal conserve la potestad de atracción en asuntos conexos y los órganos de procuración y administración de justicia de los estados inicien y concluyan el enjuiciamiento de quienes delinquen en una situación de concurso que significa la comisión de delitos en ambos fueros, cuando los del orden común por su gravedad soporte medidas punitivas con mayor carga represiva.
"El texto propuesto resuelve el fondo de la problemática ya señalada, dado que no solo preserva las elementales garantías del procesado y evita el doble enjuiciamiento, inadmisible en una época que se caracteriza por la pretensión optimizadora de los recursos humanos y materiales, sino que permite aprovechar la infraestructura del aparato de justicia que con inmediatez y como auxiliar del ámbito federal conoce de los asuntos hasta la etapa preprocesal que fija límites a la acción penal, así como también conduce a la aplicación más eficaz de las sanciones correspondientes.
"Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de reforma que adiciona un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo Único.- Se anexa un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 73, fracción XXI, párrafo tercero.- Las autoridades de los estados conocerán de los delitos del fuero federal cuando concurran con delitos comunes de mayor gravedad punitiva.
"Transitorios
"Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Palacio Legislativo de San Lázaro a quince de octubre del dos mil dos. Diputado Francisco Jurado Contreras".
Es cuanto.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La anterior iniciativa presentada por el diputado José Soto Martínez, a petición suya se turna también en Comisiones Unidas, además de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la Comisión de Equidad y Género.
Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 138 de la Ley General de Población.
-DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: Gracias diputada Presidenta.
"Compañeras y compañeros diputados: El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción Ii de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto de reforma a la Ley General de Población, al tenor de la siguiente
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para referirme a un tema que es de la mayor trascendencia, el relacionado con el delito del tráfico de personas, tal vez el más vil e inhumano, las fronteras de los países donde el fenómeno de la migración de indocumentados de los diversos continentes, se encuentran plagadas de estos individuos sin escrúpulos, que hacen de su modos vivendi el tráfico de migrantes de indocumentados que desean atravesar una frontera en busca de mejores oportunidades de vida en el mejor de los casos, pero no se encargan sólo de eso, sino de traficar con menores y mujeres que después serán destinados al comercio sexual o inclusive para la venta de sus órganos.
"El tema de los traficantes de personas representa un problema de la mayor importancia para México, pues dicha actividad actualmente está considerada en el segundo asunto en importancia de seguridad nacional de nuestro país. Basta con recordar a los cientos de compatriotas nuestros que pierden la vida a manos de los que lucran con la pobreza y la esperanza de aquellos cuya sola intención es asegurar a los suyos un nivel de vida decoroso.
"Estos delincuentes también llamados polleros, que operan en los poco más de los tres mil kilómetros que tiene México de frontera con Estados Unidos de Norteamérica, son responsables de cientos de muertes, sí, pero además de violaciones perpetradas contra jovencitas que cruzan la frontera contra su voluntad, para además después ser la mercancía sexual de otros tantos vivales o de menores que son vendidos para ser adoptados por familias europeas o norteamericanas.
El asunto es de tal magnitud, que de acuerdo al servicio de naturalización e inmigración de Estados Unidos se calcula que en solo 3 años los grupos delictivos que se dedican a introducir migrantes indocumentados a Estados Unidos, incrementaron sus ganancias en un 50% al pasar de 5 mil millones, a 7,500 millones de dólares al año; esa es la magnitud del negocio de estos señores.
Y vale la pena mencionar, para resaltar la importancia del tema, que se trata que este delito, el de tráfico de personas a nivel mundial, es el tercer ilícito más lucrativo sólo detrás del tráfico de drogas y el tráfico de armas; delitos ambos de la más aberrante naturaleza porque atenta contra los elementos, derechos de las personas, contra su libertad y contra su dignidad.
Sabemos bien dónde nace este delito, en los propios lugares y origen de quienes acuden a los "polleros" en la pobreza extrema, en las profundas desigualdades sociales, en la falta de oportunidades, pero además concurre de elementos que le ha permitido el crecimiento desmedido de este cruel delito y es no sólo complicidad de servidores públicos corruptos, sino también la laxitud de las leyes que sancionan tal conducta.
Es por ello, que ante este Pleno vengo a someter a consideración, la necesidad de incrementar substancialmente la pena con que se castigue el delito de tráfico de personas.
De acuerdo con recientes estimaciones y conforme al 2º Informe Anual, sobre el tráfico de personas 2002, elaborado por el Departamento de Estado Norteamericano durante el año 2001, por lo menos 700 mil hombres, mujeres y niños fueron objeto de tráfico en todo el mundo.
Ante tales circunstancias, resulta fundamental que se legisle en torno a tal delito y nuestras leyes sean orientadas de tal modo que coadyuven a combatir a quienes viven a costa de tal lamentable conducta.
Compañeros legisladores: combatir frontalmente a la banda de "los polleros" que operan en nuestro país, requiere de medidas de las más diversas índoles que van desde el fortalecimiento de campañas informativas que adviertan sobre los riesgos a que se enfrentan quienes recurren a estos delincuentes, hasta la generación de mayores lazos de cooperación entre los gobiernos de los países directamente involucrados en éste, que se ha convertido en un problema de carácter mundial.
Un primer y trascendental paso será, estoy convencido, el endurecimiento de las penas para este delito pero hay mucho que avanzar.
Se tienen que establecer políticas migratorias multilaterales que dificulten las actividades de los traficantes de personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento la siguiente iniciativa de reforma a la Ley General de Población:
Artículo único.- Que se reforma el artículo 138 de la Ley General de Población para quedar como sigue:
ARTICULO 138.- Se impondrá prisión de 10 a 25 años de prisión y multa de 5 mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta a quienes por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico pretenda llevar o lleve mexicanos al extranjero a internarse a otro país sin la documentación correspondiente.
Artículo transitorio: Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
San Lázaro, 15 del mes de octubre del 2002.
Gracias, muy amables.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y con opinión a la Comisión de Población, fronteras y Asuntos Migratorios.
El siguiente punto del orden del día se refiere a los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos del os ciudadanos: Beatriz Elena Paredes Rangel, Jesús Ernesto Estrada Bustamante, Manuel Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
(insertar dictámenes)
LA PRESIDENTA: Son de primera lectura.
En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 9 de octubre, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
LA PRESIDENTA: Se les dispensa la segunda lectura.
En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
LA MISMA SECRETARIA: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Cruceiro do Sul, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Ernesto Estrada Bustamante, para aceptar y usar las condecoraciones de La Orden al Mérito "Estrella de Carabobo", en su Unica Clase y la de La Legión al Mérito Aeronáutico, en su Segunda Clase, que le confiere el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Manuel Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los Gobiernos del Principado de Mónaco y de la República Federal de Yugoslavia, respectivamente.
LA PRESIDENTA: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.
LA MISMA SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
LA PRESIDENTA: Estoy recibiendo una solicitud de la Comisión de Juventud y de Deporte y de los Coordinadores de los grupos parlamentarios y de un conjunto de legisladores que están, como ustedes están enterados, en el Salón Verde, para que esta votación se pueda repetir en el momento en que se incorporen a la sesión.
Habido cuenta de que en esa Ceremonia Solemne hay alrededor de 45 diputados, voy a hacer consultas con la Mesa Directiva, para el caso de que sea pertinente, repetir la votación y se los notificáremos en unos momentos.
Continuamos con el desahogo de la votación.
(Votación)
EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se emitieron 324 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.
LA PRESIDENTA: Aprobados los Proyectos de Decreto por 324 votos.
Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Pasamos al capítulo de excitativas.
Tenemos información del diputado Luis Alberto Villarreal García, a nombre de los integrantes de la Comisión de Turismo, que retiran su excitativa.
Tenemos información del diputado César Duarte Jaquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que pospone su excitativa.
Nos ha solicitado el diputado Martí Batres Guadarrama, que pase al final del capítulo de excitativas la que él presentará y esta Presidencia no tiene inconveniente en obsequiar su solicitud.
En consecuencia tiene la palabra la diputada Rosa Delia Cota Montaño de la Comisión de Justicia que presentará una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ella es del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
LA DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con el permiso dela Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar a la Presidencia de la Mesa Directiva una formal solicitud para que con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formule excitativa al Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con el propósito de que la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 420 del Código Penal Federal y se adicione el numeral 34 a la fracción I del artículo 194, pasando el actual numeral 33 a ser numeral 34 del Código Federal de Procedimientos Penales con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Con fecha 11 de diciembre del 2001, la de la voz, presentó a nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales en las fracciones y numerales citados líneas arriba.
Nos preocupa sobremanera, compañeras y compañeros diputados, que reformas que tienden a mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos, en este caso en particular los dedicados a la pesca ribereña, se mantengan en condiciones de indefensión por el marco legal existente.
La pesa furtiva daña de manera grave los ingresos de las familias dedicadas a esa actividad, que en la mayoría de los casos sólo les permite su supervivencia, seguir tolerando esta situación equivale a que estos mexicanos permanezcan en condiciones cada vez más difíciles y en los hechos se les orille a cometer hechos ilícitos.
Como señalamos en la exposición de motivos de la iniciativa en comento, la pesca furtiva se ha incrementado de manera notable en los últimos 20 años y la tendencia no se revertirá en tanto siga persistiendo la normatividad vigente, de otra parte el efecto en el daño ambiental que produce este tipo de ilícito afecta de manera determinante la biodiversidad de nuestros litorales a los efectos nocivos de los contaminantes que descargan en los mares nacionales; se suman los daños ecológicos y económicos que es preciso revertir.
Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos atentamente a la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara, excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita el dictamen correspondiente. Es cuanto.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada.
De conformidad con lo que establece el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita el dictamen correspondiente.
Solicita la diputada Rosario Tapia Medina que su excitativa se posponga para la próxima sesión.
Para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano.
-EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias presidenta. Amigas y amigos legisladores. El 29 de marzo del año pasado, presenté ante este pleno una iniciativa de Código de Ejecución de Sentencias y Medidas de Libertad Anticipadas, en esa iniciativa se realizaba un esfuerzo de muchos años, para tratar de reformar uno de los problemas centrales, la procuración de justicia en México que es el Sistema de Penales.
El trabajo de esa iniciativa, de ninguna manera fue un trabajo improvisado, se habían realizado foros previamente, donde participaron los más importantes exponentes del derecho penitenciario mexicano, desde el ya fallecido Tavira, que era el teórico de la prisión enérgica, con el menor número de libertades de las prisiones de alta seguridad hasta Luis de la Barreda, que representaba la visión humanista de las prisiones.
De todo ese trabajo, no solamente surgió la iniciativa que hago comentario, sino también un libro que fue publicado por el Poder Legislativo Mexicano, que se llama La Reforma Penitenciaria en México.
Por eso, acudo a esta tribuna, para solicitarle a la presidencia le pida a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, presente dictamen sobre esta iniciativa, no sin antes expresar mi sorpresa, primero, que durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública en Comisiones, expresó su intención de enviar una iniciativa, precisamente para regular el tema de las prisiones.
Y digo que me sorprende, porque esta iniciativa que les platico, fue trabajada previamente con tres Subsecretarios de Gobernación, que antes eran los responsables precisamente del tema de las prisiones. Trabajamos con expertos en prisiones, con directores de prisiones, buscando crear el marco jurídico adecuado, que reflejara, por un lado, el avance, y por otro, la realidad de lo que sucede en las prisiones.
El país, amigas y amigos, no se puede inventar cada año, ni tampoco cada Legislatura, ni tampoco cada ejercicio de gobierno. Hay mucho trabajo realizado que por responsabilidad debemos de atender.
Me causa también sorpresa que habiendo del conocimiento de nosotros los legisladores esa iniciativa, que no quiero decir que sea perfecta ni que deba ser aprobada en sus términos, se haya realizado otra consulta, otra consulta, cuando ya ha habido una gran cantidad de consultas, cuando lo que el pueblo de México nos está demandando a los legisladores, amigas y amigos, es que tomemos definiciones, tomemos definiciones sobre los temas que afectan a la Nación y que está en nuestras manos como legisladores tomar definiciones sobre temas centrales.
El tema de las prisiones está ahí, con un enorme trabajo que se ha hecho por otras Legislaturas; por eso con responsabilidad, con empeño, con deseo de hacer las cosas bien, de resolver los problemas de la Nación, tenemos que analizar los temas que ya están a la disposición de nosotros. Así nos lo exige la Nación, así nos lo demanda nuestra responsabilidad como legisladores para que el día de mañana, cuando dejemos de serlo, podamos ver a los ciudadanos con la mirada digna de que cumplimos con nuestra responsabilidad.
Por eso le pido, compañera Presidenta, que excite a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que resuelva, para que emita dictamen sobre el Código de Ejecución de Sentencias y Medidas Anticipadas de Libertad.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, Fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.
El diputado Alberto Amador Leal del grupo parlamentario del PRI, ha solicitado se posponga para la próxima sesión la presentación de su excitativa.
La diputada Hortensia Aragón Castillo del grupo parlamentario del PRD, ha solicitado se posponga para una siguiente sesión la presentación de su excitativa.
En consecuencia, tiene la palabra la diputada Lorena Bearregard De los Santos para presentar una excitativa a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad Pública.
LA C. DIPUTADA LORENA BEARREGARD DE LOS SANTOS.- Con su permiso, diputada Presidenta.
La que suscribe integrante del grupo parlamentario del PRI, de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en uso de las facultades que me otorgan los artículos 27, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este Honorable Congreso la siguiente excitativa:
Sin duda, hoy el Poder Legislativo enfrenta grandes retos, parte de esos retos son los de actuar congruentemente para estar a la altura de la nueva realidad de la sociedad mexicana.
Hoy, por primera vez, el Poder Legislativo representa en nuestro país un verdadero equilibrio de Poderes y ello nos obliga a desempeñarnos con profesionalismo y responsabilidad, asumiendo el compromiso que representa ser legisladores con visión de futuro, con altura de miras, privilegiando en todo momento el interés superior de nuestro país y no siendo rehenes de los propios intereses de nuestros propios intereses o el de los partidos políticos que representamos en esta Cámara de Diputados.
Ahora más que nunca es necesaria la construcción de consensos en torno a los grandes temas nacionales que son el cimiento del México al que todos aspiramos.
Lo que los nuevos tiempos requieren son cambios profundos que nos permitan dar certeza jurídica a todos los sectores de la sociedad mexicana y un sector importante es el de los medios de comunicación, ya que han jugado un papel sustantivo en este proceso de cambio.
Por ello es fundamental crear nuevas condiciones frente a los medios de información pues muchos de éstos son cada vez más poderosos. Lo cierto es que uno de los primeros pasos sería demostrar la disposición del estado a someterse al escrutinio del Legislativo en esta materia.
No sería congruente demandar un nuevo comportamiento de las empresas periodísticas, cuando el Legislativo ha incurrido en omisiones al permitir que el gobierno cree sus propias reglas para el uso de los recursos en esta materia de difusión y de comunicación, se sanciones y se otorgue asimismo, los permisos para excederse en gastos cuando lo considere necesario.
La iniciativa de Ley Reguladora para el Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y Televisión, que presenté el 19 de marzo del 2002, tiene como propósito fundamental establecer nuevas reglas para el uso correcto de los recursos públicos que el gobierno ejerce en materia de publicidad, difusión, de comunicación social.
Si queremos hablar de plena legalidad en el ejercicio periodístico, los legisladores y servidores públicos debemos empezar por arreglar nuestra casa. Si proponemos nuevas reglas para los medios de comunicación el gobierno está obligado a enviar señales de disposición a ser vigilados por el Poder Legislativo.
Así como los medios sin reglas son capaces de manipular a la opinión pública, los gobiernos sin una auténtica vigilancia del Legislativo, son proclives a crear condiciones para que los medios actúen siempre subordinados a sus intereses.
Si nuestros gobernantes de antaño no desconocieron la utilidad de los medios de comunicación, es de suponerse que los actuales tampoco, ya sean del PRI, del PAN o del PRD o bien de cualquier otro partido político.
Frente a la proximidad de las elecciones deberemos crear reglas para que el Poder Legislativo vigile las acciones del Ejecutivo en el manejo de la publicidad gubernamental que hoy recobra especial interés, luego de la derogación del decreto de 1969, en el que los medios electrónicos pagaban con tiempos en radio y televisión, sus impuestos.
A lo largo de su historia el PRI siempre ha tenido conciencia sobre la importancia de los medios de comunicación. Esta debilidad no es exclusiva de este partido, pues los otros también han existido excesos conocidos.
La falta de una supervisión correcta sobre el uso y destino de los tiempos oficiales, ha propiciado que otros funcionarios como el propio Presidente Fox, aprovechen lo vacíos existentes para publicar indiscriminadamente la figura presidencial.
La iniciativa de ley que presenté el 19 de marzo tiene como finalidad otorgar al Legislativo el poder del control sobre los actos del Ejecutivo en materia de recursos públicos para la difusión de la publicidad del gobierno.
Es por ello que solicito a la presidencia de la mesa directiva de este Honorable Congreso de la Unión, excite a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, Radio y Televisión,Cinematografía, así como de Programación y Cuenta Pública, a que concluyan el proceso de dictaminación de la iniciativa de Ley Reguladora para el Control de la Publicidad Gubernamental, en Materia de Prensa, Radio y Televisión, toda vez que han transcurrido seis meses de que ésta fue turnada a las comisiones, cumpliéndose con ello el tiempo reglamentario para que se emita ese dictamen.
Gracias.
-PRESIDENTA: Gracias diputada.
De conformidad con lo que estable el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace excitativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, de Radio,Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que emitan el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Gregorio Urías Germán , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
EL C. DIPUTADO GREGORIO URIAS GERMAN: Con su permiso ciudadana presidenta. Excitativa para que la Comisión de Puntos Constitucionales dictamine sobre la iniciativa presentada por el suscrito, diputado Gregorio Urías Germán el 9 de abril del 2001, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que por este conducto, respetuosamente, solicito a la presidencia de esta honorable Cámara tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo siguiente:
Antecedentes. Que con fecha 9 de abril del 2001 el suscrito presentó en esta soberanía iniciativa que contiene reformas y adiciones al artículo 93 de la Constitución General de la República; asimismo se propone reformar el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que uno los ejes que vertebra el régimen político mexicano es el predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, rompiendo el indispensable equilibrio en el esquema de división de poderes. Tal distorsión es la principal fuente de las fallas en el actuar estatal, en detrimento de los derechos y aspiraciones de la sociedad.
En la ruta de la transición como vía para diseñar un sistema verdaderamente democrático, ahora más que nunca estamos obligados a ir más allá de la alternancia en el Ejecutivo de la Unión y emprender una transformación profunda en las instituciones que dieron identidad y permanencia al viejo régimen.
En esta tarea democratizadora el principal reto del proceso de reforma del Estado mexicano tiene que ver con reordenar los poderes y volverlos al esquema que da sentido y razón a la separación de las actividades estatales, agrupándolas en tal forma que no exista predominio ni avasallamiento alguno, alcanzando así un sistema de pesos y contrapesos. Ello evitaría todo tipo de excesos que origina la concentración desproporcionada de atribuciones en uno de dichos poderes.
De ahí la pertinencia de la iniciativa que propusimos. El contenido del artículo 93 de la Constitución General debe ser reformado en razón de que la realidad política del país y de las relaciones entre los poderes presentan cambios de gran trascendencia.
En la literatura del constitucionalismo mexicano se expresan opiniones críticas. Cito las palabras del doctor Diego Valadez:
"En primer lugar, reduce la capacidad de investigación a los organismos y a las empresas, no a los órganos de gobierno. Pero además –y esto resulta digno de ponerlo en un marquito—resulta que cualquiera de ustedes, señoras, señores legisladores, puede proponer una reforma constitucional, nada menos que una reforma constitucional, pero ninguno de ustedes puede proponer la formación de una comisión. Esto realmente es un disparate".
En virtud de que ha transcurrido en exceso, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de que es impostergable reformar el precepto constitucional multicitado, consideramos oportuno que se proceda a enviar excitativa, en los términos reglamentarios, a la Comisión de Puntos Constitucionales con la finalidad de que emita su dictamen a la mayor brevedad posible.
Atentamente, diputado Gregorio Díaz Germán. Gracias, diputada presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública…
- EL C. DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
La procuración y la administración de justicia en nuestro sistema penal, se enfrentan a graves problemas cuando se juzgan delitos relacionados con hechos reivindicativos de los derechos políticos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política.
Se ha puesto de manifiesto en los informes de diversos órganos de derechos humanos de la ONU y la OEA. Sin embargo es un acierto de las sociedades democráticas el reconocer el derecho al disenso entre sus habitantes, y la promoción de la pluralidad y las distintas expresiones políticas, máxime si consideramos como ejemplo ilustrativo que en múltiples casos se trata de personas injustamente presas y que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos.
Destaca el caso de los indígenas zapotecos de la región loxicha en Oaxaca, que nuevamente se encuentran a las afueras de este recinto, en los que de 150 detenidos desde 1996, 65 obtuvieron libertad absolutoria, pero esto fue después de cuatro o cinco años en prisión que nos indica que justicia que llega tarde no es justicia.
El Poder Ejecutivo Federal por su parte, y utilizando los elementos jurídicos para resarcir la paz social, ha realizado acciones concretas para liberar a presos políticos y de conciencia como el sonado caso del General Gallardo y el encarcelamiento de los campesinos ecologistas de Guerrero como: Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, y también Erika Zamora, Efrén Cortés, entre otros.
Otros gobiernos locales como el de Oaxaca han emitido leyes de amnistía para liberar a los presos políticos y de conciencia de la región zapoteca o el de Guerrero que ha promovido una Ley en la materia, misma que está pendiente de dictamen.
Es obvio que ningún gobierno puede aceptar la existencia de presos políticos y de conciencia, por lo que recurrimos a una de las fuentes del derecho internacional que permiten comprender mejor esta noción y según Amnistía Internacional el "preso de conciencia" es aquel encarcelado a causa de sus creencias, origen étnico, sexo, color, raza, idioma, origen social o económico, que no haya recurrido a la violencia.
El oto término, el de "preso político", que es aquella persona que buscando la transformación de la sociedad y por motivaciones políticas haya pretendido modificar el sistema de poder e instituciones gubernamentales y por ello se le procese y encuentre culpable de delitos consignados en la legislación penal.
Hoy 15 de octubre se cumplen tres semanas de huelga de hambre de 42 presos políticos y de conciencia en varias cárceles del país en demanda de la aprobación de la Ley de Amnistía.
Tanto el PRD, como el Partido del Trabajo, como el Verde Ecologista, Convergencia por la Democracia, han manifestado apoyo a la Ley de Amnistía. Y por otro lado el PRI ha presentado una iniciativa nueva sobre el mismo tema, pero aún no hace manifiesta su voluntad porque se apruebe. Asimismo acción Nacional ha manifestado su reocupación por los presos políticos en otros países y el ejecutivo ha manifestado su interés porque se logre la liberación de los presos loxichas, sin embargo Acción Nacional no se ha ocupado del tema.
Destacamos la importancia que tiene para nuestro país dar cumplimiento a los compromisos ante la ONU y la OEA y la observancia de los derechos humanos y considerando que a partir del 28 de octubre de este año visitará nuestro país el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, invitamos a los legisladores a realizar el mayor posible de sus esfuerzos para aprobar la citada Ley de Amnistía.
Por lo antes expuesto y a solicitud de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, así como de destacados intelectuales y académicos de la cultura y el pueblo en general, solicito a esta Mesa Directiva excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de seguridad Pública, para que se emita dictamen que permita la discusión en este pleno para la aprobación de una Ley de Amnistía.
Por su atención, muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería.
- LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ (PRD): Buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeros y compañeras:
"Excitativa para que las Comisiones de Agricultura y Ganadería en Especial de Ganadería para que se dictamine sobre la iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y de reformas a la Ley Federal de Derechos presentada por esta servidora.
" A n t e c e d e n t e s :
"El día 27 de noviembre de 2001, la que suscribe, integrante de la fracción parlamentaria del PRD, presenté a la consideración del pleno una iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y de reformas a la Ley Federal de Derechos.
"La iniciativa tiene su origen en el hecho que la avicultura mexicana requiere de una inmediata consolidación y preparación para lo que ya es evidente, con pena de ser arrasada, con productos del exterior excedentes a precios bajos.
"En base a lo anterior se presentan las
" C o n s i d e r a c i o n e s :
Desde 1992, cuando se presentó y se firmó el Tratado de Libre Comercio manifestamos nuestra inconformidad, sobre todo porque veíamos la gran desigualdad que iba a ver entre los agricultores del Canadá, Estados Unidos y los mexicanos. Y cada día y sobre todo después de 10 años tenemos las consecuencias. La avicultura nacional en el marco de la feroz competencia internacional no ha sido apoyada o fomentada en forma decidida por el Estado mexicano, a diferencia de los productores norteamericanos los cuales cuentan con todo tipo de facilidades, apoyos, subsidios, créditos baratos, organización, consejos y comités que los apoyan y promueven, creando así una disparidad de condiciones que hacen sumamente vulnerable a la avicultura nacional al enfrentarse a la apertura comercial inminente, por lo que resulta establecer un trato de igualdad comercial y de condiciones distributivas entre convertidores desiguales.
"Para dar una idea de la disparidad entre la avicultura mexicana y norteamericana es importante considerar la desproporción existente entre los costos de producción de ambas cadenas productivas, teniendo la avicultura nacional un costo superior en alrededor del 64.8 con relación a la avicultura norteamericana. Hacemos una comparación: la comida que no les gusta a los gringos, que son las piernas y el muslo, nos la venden a un peso mexicano. ¿Cómo van a poder competir así nuestros avicultores mexicanos? Y en Canadá, respetando todavía ellos su soberanía y apoyo a los a los avicultores, no quisieron siquiera meter en el Tratado de Libre Comercio.
"Por eso cuando vemos nosotros tanto movimiento estamos diciéndole al gobierno que si no pone un hasta aquí, cierra esta frontera, se le da el famoso blindaje que no sabemos todavía de qué es ese blindaje de papel, en este año del 2003 que se va a abrir el Tratado de Libre Comercio a todos los 19 productos, este campo va a tener un estallido social.
¡Nos asusta ver cómo los campesinos al ver su desesperación de que nadie les hacemos caso ahí andan hasta allá en paños menores para ver si alguien cuando menos en eso llama la atención! ¡Pero esta insensabilidad del gobierno no le importa ni siquiera verlos; al contrario, se ríen y se burlan de nuestros campesinos y de nuestros avicultores mexicanos! ¡Porque esto va a ser consecuencia porque va a haber 120 mil trabajadores que van a quedar en el 2003 fuera, cuando venga la importación de los avicultores!
"¡La iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional presentada en el mes de noviembre del año pasado, se concibe como un instrumento de indemnizador de los agentes que intervienen en el sector, proporcionando un marco para la definición de los ámbitos de competencia federal, estatal y municipal y de los productores para eficientar la gestión pública a partir de las normas, ámbitos de acción y condiciones.
"Por lo anterior:
"UNICO.- Se envíe la excitativa a las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Especial de Ganadería, para que emita el dictamen respecto a la iniciativa presentada el 27 de noviembre por la suscrita y que le fue turnado en la misma fecha".
Es todo señora Presidenta y aquí presento el periódico "Reforma", para que vean que lo que hemos dicho durante muchos años se algo mucho más de la realidad, aunque les duela compañeros panistas.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería, para que emitan el dictamen correspondiente.
El diputado Jaime Martínez Veloz ha solicitado se posponga para próxima sesión la excitativa que tenía registrada.
El diputado Esteba Daniel Martínez Enríquez, ha solicitado se posponga para la siguiente sesión la excitativa que tenía registrada.
El diputado Francisco Patiño Cardona ha solicitado se posponga para la siguiente sesión la excitativa que tenía registrada.
En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a a Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
-DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea: La ocupación laboral de menores pone con frecuencia en peligro las oportunidades que tienen los niños para llegar a ser personas plenamente productivas y útiles a la sociedad. No obstante, se pueden hacer procesos para su eliminación, a condición de que exista una voluntad política y social para oponerse a ella.
Urge apartar de inmediato de estas situaciones a los niños y niñas que ya se encuentran en ellas y a garantizar que su alejamiento sea duradero.
Los niños menores de 14 años de edad no deberían tener que ejercer una actividad económica. La infancia es un periodo de la vida que en ellos no debería estar dedicado al trabajo sino a la educación y a la formación. Es necesario proteger a los niños de la explotación económica y de todo trabajo susceptible de comprometer su educación o de poner en peligro su salud o bienestar.
El tráfico de niños con fines de empleo en fábricas, en casas particulares o con fines de prostitución, pornografía y otras actividades ilegales, no cesa de extenderse. Se hace necesaria la protección de los niños que trabajan, esto es, las acciones destinadas a mejorar sus condiciones de trabajo o a proporcionarles diversos servicios, por ejemplo en materia de salud, educación, alojamiento, alimentación y recreo.
Con lo anterior se pretende sensibilizar a las y los legisladores de todos los partidos, para que los niños, niñas y adolescentes en condiciones de desventaja social tengan acceso a los servicios de salud de manera gratuita, además de que sería bien recibido por las organizaciones altruistas, filantrópicas, de beneficencia, no gubernamentales y por toda la sociedad.
"CONSIDERACIONES
"El pasado 17 de abril de 2001, la de la voz acudió a esta tribuna para presentar una iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que se proporcionen servicios de salud gratuitos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de desventaja social, especialmente a los trabajadores agrícolas, de la calle y del sector informal del a economía.
"Desde que se presentó la iniciativa en cuestión ha transcurrido en exceso el plazo que concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Justicia y Derechos Humanos presenten su dictamen en los negocios de su competencia.
Por lo antes expuesto y fundado, solicito a la Presidencia dé trámite inmediato a la siguiente proposición:
UNICO.- Con fundamento en los términos del artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turne la presente excitativa a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que inicie el anteproyecto de dictamen con objeto de que dicha resolución sea presentada ante el Pleno.
Por su atención, muchas gracias.
- LA C.PRESIDENTA: Gracias diputada. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realizas excitativa a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables para que emitan el dictamen correspondiente.
Deseo informar al honorable Pleno, a efecto de que puedan tomar sus previsiones, que la sesión se levantará a las 4 de la tarde en virtud de que hay comparecencia en el Salón Verde, de la Secretaria de Desarrollo Social y muchos compañeros nos han indicado que desean asistir a ello.
Tiene la palabra el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presenta una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
- EL C. DIP. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS: Ciudadana Presidenta de esta Cámara.
El suscrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI y demás relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito atenta y respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos para que a la brevedad posible dictamine para su presentación en el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76, 135 y 145 de la Ley de Amparo y se adicionen los artículos 19-Bis y 121-Bis a la Ley de Amparo, al tenor de los siguientes antecedentes:
El día 3 de octubre del año 2000, se presentó a nombre del suscrito la iniciativa citada en el epígrafe con el objeto de abrogar la relatividad de la sentencia en el juicio de amparo denominado por la doctrina como "fórmula Otero".
El Presidente de la Cámara turnó la iniciativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos para que emitieran el dictamen correspondiente.
En razón de lo anterior se expresan las siguientes consideraciones:
Primero.- La relatividad de la sentencia de amparo se expresa en que sólo se ocupa de las personas promoventes del recurso limitándose a ampararlos y protegerlos y sin hacer ninguna declaración general de la Ley o acto que motive el juicio.
Segundo.- Este principio no puede seguir sosteniéndose. El orden jurídico nacional no puede permitir que se siga arrastrando una figura decimonónica que contraria a los principios generales del derecho y que hace nugatorios los derechos del hombre y del ciudadano, elementales a cualquier estado de derecho.
Una norma no puede ser inconstitucional para un individuo y al mismo tiempo tener validez y aplicación para otros.
Tercero.- La injusticia que comete la susodicha fórmula consiste en que sólo aprovecha al promovente, excluyendo a todos los demás; ello viola el principio del control de la Constitucionalidad, pues en la realidad una norma secundaria tendría un ámbito de validez derogatorio de la norma constitucional.
Cuarto.- También hace inoperante la igualdad de los hombres ante la ley pues sólo aprovecha a quien interpone el recurso; asimismo es fuente de constantes violaciones y atropellos por parte de la autoridad pues se aplican leyes y/o se realizan actos señalados como inconstitucionales.
Quinto. La tutela constitucional es nugatoria si la protección y amparo sólo benefician a uno o varios individuos y no a la generalidad de quienes componen la sociedad, porque si bien es cierto que existe el derecho subjetivo de acudir a la tutela jurisdiccional, en la realidad sólo muy pocos individuos recurren los actos y/o leyes violatorias de sus garantías.
Sexto. Ahora bien, si el tribunal encargado de decir el derecho considera inconstitucional un acto de autoridad o una ley sobre un individuo, lógicamente se desprende que lo es para todos los demás que se encuentran en los mismos supuestos y con las mismas características de la especie.
Séptimo. La sentencia de amparo cuyo contenido sea de efectos generales ayuda y fortalece el principio de división de poderes, porque al mismo tiempo que coadyuva con el Poder Legislativo a ponderar su actuación como órgano generador de las normas, defiende y tutela la norma fundamental.
Octavo. Si los tribunales declaran la inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad, se colige que ambos están afectando las normas que rigen para todos los ciudadanos, por tanto, los efectos de la sentencia deben ser a tal punto generales a fin de que el gobernado tenga la garantía no sólo de tutela jurídica, sino constitucional de sus derechos.
Noveno. En virtud de que han transcurrido
más de dos años, superando el término que establece el artículo 87 del Reglamento
correspondiente para que las comisiones en cita emitan el dictamen de esta iniciativa
presentada el 3 de octubre del 2000, comparezco ante ustedes solicitando que la
Presidencia formule excitativa a las comisiones que han quedado mencionadas líneas
arriba, a efecto de que dictaminen sobre la iniciativa motivo de este libelo.
Por lo antes expuesto y fundado, a usted señora Presidenta de esta Cámara, muy
atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y consideraciones y postulados, así como los diversos legales que se invocan, se sirva excitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, para que presenten dictamen correspondiente a la iniciativa que motiva esta solicitud.
Protesto lo necesario.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción 16ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, para que emitan el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a las Comisiones de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Rural.
LA DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
Consideraciones. Primera. Que la problemática ambiental y el deterioro ecológico a tascendido a nivel internacional y con ello distintas legislaciones han sufrido modificaciones con el fin de lograr el equilibrio ecológico. El deterioro ecológico que se ha vivido en los últimos 20 años ha enseñado al mundo que una crisis puede manifestarse en cualquier organización, sea grande o pequeña, pública o privada, con o sin aviso alguno y en cualquier parte.
La legislación debe defender los ecosistemas garantizando su vitalidad y la de las poblaciones que viven en relación con ellos. Es necesario obtener de los estados, gobiernos y empresarios privados, el estricto cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas, así como detener la expansión de las actividades económicas industriales inapropiadas en ecosistemas, por considerarlas destructivas y contaminantes.
Que existen graves daños a la salud de la población de muchos mexicanos y mexicanas, principalmente de comunidades pobres, debido al deterioro ecológico que no se han determinado que provoca empresas particulares y públicas, donde los grupos más expuestos son las mujeres y los niños.
Es necesario pensar en la pertinencia de que se exija un impuesto a las empresas privadas y que se destine a proyectos productivos en las zonas afectadas, proyectos que sean sustentables y planeados de manera participativa con las comunidades afectadas y también es necesario que el Estado como promotor del desarrollo, genera las condiciones que la gente en todo país requiere para que puedan equilibrarse los niveles de desarrollo y bienestar en su conjunto y que exija la corresponsabilidad de las empresas particulares que afectan la salud y el ecosistema de las comunidades.
En base a estas consideraciones, propuse adiciones a distintas leyes, siendo estas:
a) La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se le adicione al artículo 34 un párrafo sexto.
b) La Ley General de Salud, se adicione el artículo 119 bis, y
c) La Ley de Desarrollo Rural sustentable, se adicione el artículo cuatro bis.
La propuesta fue presentada el día martes 9 de abril del año en curso, toda vez que ha transcurrido el período a que se refiera al artículo 87 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que hayan emitido hasta la fecha ningun dictamen ni pronunciamiento, las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Rural y de Salud.
Suscribiendo la presente con fundamento en lo que disponen las fracciones tercera y décimo sexta del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a esta Presidencia se sirva excitar a las Comisiones mencionadas, a fin de que emitan un dictamen respecto del asunto mencionado.
Por su atención, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a las Comisiones de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Rural para que emitan el dictamen correspondiente.
Para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se ofrece el uso de la palabra al diputado Rufino Rodríguez Cabrera del grupo parlamentario del PRD.
EL DIP. RUFINO RODRÍGUEZ CABRERA: Gracias señora Presidenta, con su permiso.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI y por las disposiciones contenidas en el artículo 87 y demás relativos de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública para que a la brevedad posible dictaminen, para su presentación en el Pleno de esta soberanía, la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que comprenden el artículo 52, el segundo párrafo del artículo 53, el artículo 54 párrafo primero y en sus fracciones 1, 2, y 3; el segundo párrafo de la fracción III del artículo 55 y el segundo párrafo del artículo 56.
El 27 de noviembre del año 2001, el que suscribe, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que pretende la reforma de los artículos constitucionales mencionados anteriormente. En esa misma fecha esta iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Gobernación y Seguridad Pública, para su correspondiente dictamen, el cual pesé haber transcurrido casi un año de la presentación de dicha propuesta, aún no ha sido elaborado.
Quiero enumerar ahora algunas consideraciones con relación a esta iniciativa:
Primero.- Esta propuesta gira en torno a la conveniencia de instituir la figura de las candidaturas de prelación en nuestro marco constitucional, situación que modificaría una de las formas de acceso a los cargos legislativo a que tengan derecho los diferentes partidos políticos para acceder al Congreso de la Unión, bajo el principio de la representación proporcional.
Como es conocido, el sistema de prelación establece que los candidatos registrados por los partidos políticos como integrantes de una fórmula de mayoría relativa, deben ser los mismos que sean considerados como candidatos de representación proporcional en las diferentes circunscripciones.
Así las cosas, los contendientes que por cada partido hayan obtenido un mayor porcentaje de votos en sus correspondientes demarcaciones distritales, serán quienes tengan la posibilidad de ocupar un escaño legislativo a través de la vía de la representación proporcional.
2º.- El instituir el sistema de prelación estimularía la competitividad entre los candidatos registrados y tal situación llevaría implícito el mejoramiento del sistema de partidos y el fortalecimiento del principio de la representación proporcional como fundamento de la democracia propia de los sistemas electorales modernos.
3º.- La naturaleza de la iniciativa que motiva la presente, hace obligado referirnos a dos aspectos relacionados al caso concreto. El primero de ellos contenido en el inciso f) de la fracción II del Artículo 105 Constitucional, disposición que establece el mandato de no efectuar cambios fundamentales a la legislación electoral, al menos 90 días antes de iniciarse el proceso electoral en que dicha legislación vaya aplicarse.
El segundo aspecto sobre el inicio del proceso electoral del año 2003, que de acuerdo con el Cofipe comenzó junto con el presente mes de octubre.
En atención a lo anterior, cabe recordar que la propuesta de reforma que es objeto de la presente excitativa, no pretende cambios al Cofipe, por lo que no se vulneraría el mandato contenido en la fracción II del Artículo 105, aunado a que evidentemente el sistema de prelación de candidaturas propuesto en la iniciativa de mérito, no podrá ser aplicado para el proceso electoral del año próximo.
Todo lo anterior, sumado a las razones planteadas en la exposición de motivos de la iniciativa de la reforma constitucional, materia de la presente, consolidan la pertinencia de la iniciativa en mención.
Por lo propuesto y considerando el hecho de que ha transcurrido en exceso el término de 5 días, señalado por el Artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se emita el dictamen sobre la iniciativa presentada, a esta presidencia de la Mesa Directiva, atentamente pido
UNICO.- Que con fundamento en el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva excitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, a que tal efecto dictaminen la iniciativa en referencia. Muchísimas gracias por su atención, compañeros directivos y la Mesa Directiva.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.
De conformidad con lo que establece el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realice excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, para que emitan el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
-EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias diputada presidenta. Compañeros diputadas y diputados. Los derechos y las garantías sociales que nuestra Constitución Política ha incorporado antes que ninguna otra legislación, no son fruto de ocurrencias, de afanes declarativos o expresión de buenas intenciones, sino que se trata de caracterizar las prioridades que como nación tiene México, producto de una realidad de desigualdad y pobreza, que ha acompañado a nuestro país desde su más primaria existencia, y que en los últimos tiempos ha tendido a exacerbarse, por la implementación a rajatabla de una política económica, que sirve a la gran empresa transnacional, que opera en detrimento de la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población.
Desprender de lo privado la atención de las necesidades primarias que son comunes a todos, es la razón del nacimiento de los derechos sociales como ámbito autónomo del derecho, haciéndose especial hincapie con ello, en la responsabilidad del Estado en estas áreas, en particular, donde el lucro, la ganancia y la rentabilidad privada, ceden su paso hacia la satisfacción sin distingo de esas necesidades por parte de todos.
La justicia distributiva se ejecuta a través de reconocimiento de estos derechos, como un mecanismo para compensar y atenuar las desigualdades, que son fruto de las políticas públicas, que no cumplen su principal razón de ser.
El promover ante esta Honorable Cámara de Diputados el derecho a la alimentación, es una acción afirmativa, ya que buscamos que de ahí se deriven políticas públicas concretas para atender el problema de la desnutrición de las y los mexicanos, por lo que precisamos que el Estado debe proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de este derecho.
El Partido de la Revolución Democrática es pionero en esta solicitud y ya desde el año de 1994, presentamos ante esta soberanía una iniciativa de reformas al artículo 4º., en el que buscando concordancia con el ya ratificado Pacto Internacional Sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se estableciera el derecho a la alimentación.
Para abundar en esta necesaria reforma, es preciso recordar la condición de México como país pobre y que nuestro reto desde ahora en la globalidad, es precisamente atacar la marginación en la que viven más de 60 millones de mexicanos. Según datos de la FAO, el 40% de los mexicanos padece desnutrición, situación que se agrava en más del doble para nuestra población indígena.
Es por lo anterior expuesto, que consideramos que elevar a rango constitucional el derecho a toda persona a la alimentación, es una prioridad que debemos asumir para procurar que los derechos en este país se cumplan.
Como lo marcamos en su momento con la iniciativa de decreto que pretende agregar un párrafo cuarto al artículo 4º. Constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 4º., párrafo cuarto. "Toda persona tiene derecho a la alimentación que le permita un desarrollo integral adecuado a su edad y condiciones especiales. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el ejercicio de este derecho".
Consideramos de gran importancia se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto, la cual fue presentada el 6 de noviembre de 2001 ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, toda vez que ha transcurrido el período a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sin que hasta el momento se haya emitido ningún dictamen o pronunciamiento de la comisión correspondiente.
Quien suscribe la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que emita un dictamen respecto al asunto mencionado.
Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, ciudadano diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
Queremos informarles a los integrantes de este honorable pleno y rogarles a los compañeros legisladores que están saludando a nuestra homenajeada, que pudieran permitir el saludo de los legisladores que nos encontramos en este recinto, a Ana Gabriela Guevara, a quien le reiteramos el reconocimiento de esta Legislatura.
(Aplausos)
Felicidades y gracias por enorgullecer a México.
Continuando con la sesión, se ofrece el uso de la palabra a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, para presentar una excitativa a la Comisión de Salud.
LA C. DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS.- Con su permiso, señora Presidenta.
Honorable Asamblea:
El programa contra el tabaquismo comprende las acciones de prevención y tratamiento de padecimientos originados por el mismo. La educación sobre los efectos de éste en la salud, dirigida especialmente a la familia, niños, adolescentes a través de métodos individuales colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de fumar en lugares públicos y la promoción y organización de servicios de orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el hábito.
Recordemos que fumar aumenta el riesgo de padecer cáncer del pulmón y de muchos otros tipos de cáncer, riesgos de infecciones en el sistema respiratorio inferior como la pulmonía y la bronquitis.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, el 25% de los mexicanos mayores de 10 años, tiene dependencia al tabaco, lo que ubica a esta sustancia nociva como la más utilizada en México. A causa de esto, es que uno de cada diez fallecimientos diarios es a consecuencia de enfermedades relacionadas estrechamente con el consumo de nicotina.
La afición al cigarro en México llega a extremos tan alarmantes que se calcula que un millón de morbilidad añadida, discapacidad y mayor demanda de atención médica.
Por lo anteriormente expuesto la propuesta planteó la reforma y adición a los siguientes artículos de la Ley General de Salud, 276, 309, 420, 421, 277, 277 Bis, 308 y el artículo 309 Bis. El presente proyecto fue presentado el miércoles 3 de julio del año en curso en la sesión de la Comisión Permanente.
Toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento del Gobierno para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se haya emitido hasta la fecha ningún dictamen ni pronunciamiento algo por parte de la Comisión de Salud.
Quienes suscribimos la presente con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta presidencia se sirva excitar a la comisión mencionada a fin de que emitan un dictamen respecto del asunto mencionado.
Signan la presente excitativa el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta y la de la voz Adela del Carmen Graniel Campos.
-PRESIDENTA: Gracias diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a la Comisión de Salud, para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
-DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: Gracias diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito diputado de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21de la fracción XVI y LXXXVII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que sedictamine a la brevedad posible para su presentación al Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de decreto referente al fomento de la tolerancia religiosa y libertad de conciencia, el ejercicio de la libertad de conciencia y la eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación basa en las creencias o convicciones religiosas.
Iniciativa presentada el día 26 de abril del 2001. La iniciativa de decreto referente al fomento de la tolerancia religiosa, el ejercicio de la libertad de conciencia.
La excitativa se basa en los siguiente motivos: Hoy en día uno de los asuntos pendientes en las discusiones de los órganos legislativos es el que se refiere al tema de la tolerancia religiosa en nuestro país. La resolución positiva a este tema se hace necesaria para así consolidar el cambio democrático en el sistema de gobierno.
Las transformaciones sociales que se están dando en el mundo implican toda una serie de reflexiones encaminadas a superar formas de relación en las distintas sociedades. Se debe enfatizar en la búsqueda y el desarrollo de los sentimientos de la tolerancia, reconocimiento entre las personas, pueblos y las religiones.
La UNESCO, en la 28 Conferencia General, hizo pública una declaración de principios sobre la tolerancia que decía que ésta debía estar presente también en la política y en la justicia, además en el individuo y en su semejante.
Actualmente, podemos decir que hay los siguientes tipos de tolerancia: tolerancia racial; el individuo convive y se respeta con otros individuos de otras razas. El racismo es la intolerancia racial.
Tolerancia sexual; el individuo convive y se respeta con otros individuos del sexo opuesto. El machismo y el feminismo pueden ser formas de intolerancia sexual.
Tolerancia étnica; el individuo convive y se respeta con individuos extranjeros de otras culturas o de otros pueblos. La xenofobia es la intolerancia étnica.
Tolerancia de ideales; el individuo convive y se respeta con otros individuos de pensamiento, ideales o principios diferentes. la derecha e izquierda extrema suelen ser intolerancias.
Tolerancia social; el individuo convive y se respeta con otros individuos de distintas clases sociales. El clasismo es la intolerancia social.
Pero la que nos obliga a apelar a su tolerancia y a su humanidad es la tolerancia religiosa, que es donde el individuo convive y se respeta con otros individuos de distintas creencias o religiones. Se hace necesario crear nuevas formas de convivencia entre los pueblos y naciones, con sus diferentes creencias que hoy sobrepasan las fronteras territoriales.
La tolerancia no debe ser vista como un soportar el actuar de la gente, que es ajeno a las mayorías, sino debe de ser vista como una integración, es decir, el reconocer al otro con su cultura, su color, su lengua, su religión, reconociendo su diferencia y su igualdad, ya que se trata de un ser humano.
En estos tiempos es indispensable profundizar en la cultura de la hermandad y la solidaridad humana como único camino posible para una convivencia plural.
No podemos hablar de un país democrático, de avances en las distintas naciones, sin abordar el tema de la tolerancia. La tolerancia en cada espacio de la vida del ser humano, su libertad de creer, de pensar, de sentir o de ser.
Compartir las ideas intolerantes, intransigentes, no beneficia en nada; al contrario, desintegran e invitan a la confrontación.
Creemos en la necesidad de aceptar las diferencias de credos religiosos, de afinidades sexuales, de razas, etcétera. Podemos ser diferentes, pero todos debemos tener los mismos derechos.
Toda vez que ha transcurrido el período al que se refiere el artículo 87 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sin que se haya emitido hasta la fecha ningún dictamen ni pronunciamiento alguno por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien suscribe la presente, con fundamento en lo que dispone la fracción III y fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a esta presidencia se sirva excitar a las comisiones mencionadas a fin de que emitan un dictamen respecto del asunto mencionado en cuanto a la iniciativa de tolerancia religiosa, libertad de conciencia, lo que se conoce como crímenes de odio.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.
Nos han informado que la iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos que había registrado el diputado Tomás Torres Mercado, se solicita se posponga para una próxima sesión.
Tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
- LA C. DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Gracias, señor Presidenta.
Con fecha 6 de septiembre del año 2001 presenté ante este pleno la iniciativa que reforma el artículo 10. constitucional para acrecentar y puntualizar la obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la no discriminación.
La mencionada iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, sin que hasta la fecha se haya presentado ante este pleno el dictamen respectivo.
Considerando el mosaico de minorías de las que está compuesta nuestra sociedad, se demuestra impostergable puntualizar y acrecentar la protección contra la discriminación que el Estado está obligado a brindar a sus habitantes, transformando así el actual tercer párrafo de nuestra Constitución convirtiéndolo en una disposición que refleje la realidad nacional.
Si bien tanto el momento de la presentación de la iniciativa como ahora, reconocemos el avance logrado al integrar a nuestra Carta Magna la prohibición de la discriminación, debemos admitir que la actual redacción del mencionado tercer párrafo se muestra en sí misma excluyente.
Las libertades y el ejercicio pleno de los derechos son un renglón constantemente amenazado, dadas las construcciones culturales que prevalecen en nuestro país, siendo nuestra obligación crear un marco normativo propicio para la reversión y erradicación de las posturas discriminatorias.
Esto es, consideramos que corresponde a nuestros tiempos pasar del concepto de la tolerancia en la cual de alguna manera se entiende que soportamos que los otros existan como minorías, pasar de ese momento de la tolerancia a un estadio superior que implica la solidaridad con las minorías. Esto es, la construcción de los espacios de la inclusión, y estos espacios de inclusión no se dan reduciéndose al concepto íntimo de tolerancia, sino precisamente construyendo las rampas culturales que permiten el acceso de las minorías a esta sociedad, a este Estado de Derecho.
Por lo antes expuesto y en virtud de la importancia que reviste contar con un Estado de Derecho que atienda efectivamente las diferencias de las que se conforma nuestra sociedad protegiendo a todo habitante de cualquier forma de discriminación, solicito a la Presidencia de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, se sirva
Primero.- En los términos del artículo 21 fracción XVI del Reglamento del gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea girada la excitativa pertinente a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente al plano el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 1º. Constitucional que tuve oportunidad de presentar desde el jueves 6 de septiembre del año 2001.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público.
- EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA (PRD): Gracias, Presidenta.
Habíamos dicho en la sesión pasada, cuando el PRD listó 17 excitativas y hoy lista más de las 17, que el objetivo era dejar constancia que en este año, en este tercer año de la LVIII Legislatura, deberíamos tener presente que es el año de la dictaminación.
El primero y segundo fueron de las propuestas. El grupo parlamentario del PRD ha presentado más de 200 iniciativas y un mayor número de puntos de acuerdo que tienen qué ver con los diferentes asuntos de la vida nacional. Tengo preparado este documento sobre una iniciativa que no tiene nada de ideológico, es una iniciativa mediante la cual se expide la Ley Federal de Firma y Comercio Electrónicos, Mensaje de Datos y Servicios de la Sociedad de Información, la Ley Internet.
Hemos planteado que México vivió por mucho tiempo un sistema de control al Poder Legislativo que nos llevó al atraso en esta materia. La obligación de esta LVIII Legislatura fue llevar a México a acompañar o a alcanzar a otros países donde existen temas que ya fueron debatidos hace varias décadas. Es decir, llevar a México a la modernidad legislativa.
El objetivo de las iniciativas ha sido introducir los temas en la agenda nacional. Y cuando hoy presentamos estas excitativas queremos reclamar -lo digo claramente- el interés de las compañeras y de los compañeros legisladores.
Yo sigo lamentando que este interés se esté agotando en el inicio de este tercer año de la Legislatura. Un pleno totalmente vacío así lo indica. Yo veo como diez diputados priístas, uno que otro parado por ahí que hace valer su presencia. Muy pocos del PAN. Otros tantos del PRD.
Y yo también quiero, además de presentar esta excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, excitar a los órganos de esta Cámara, a esta mesa directiva, para que hagan algo. No podemos dar esta mala muestra del interés que las diputadas y los diputados tienen sobre los trabajos que constitucionalmente les corresponde.
Lo hago con mucho respeto, pero quiero recalcar este asunto. Este año es del máximo interés, debería ser del máximo interés para todos. Previo a un año electoral, ya en un proceso iniciado, tendríamos que estar dando muestra a la nación de lo que debemos hacer con los instrumentos legales que planteamos. Ahí está esta ley, la Ley del Internet, es una ley técnica que nos pondría, de aprobarla, al nivel de países como España, que son los únicos en Europa, España es el primero que tiene una ley de esta naturaleza. La presenté en el pleno de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año Legislativo y ojalá y reciba el interés de los grupos parlamentarios, para que podamos alcanzar la modernidad legislativa que tanto necesita nuestra economía, necesita nuestra política y necesita en conjunto nuestra sociedad.
Ciudadana Presidenta, haga algo para que este pleno recupere su naturaleza de asamblea nacional, haga algo por el bien de nosotros y haga algo pro el bien de México.
Gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado Barbosa.
En relación al tema vinculado con la iniciativa vinculada con el tema de Internet y de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público, para que emitan el dictamen correspondiente.
Y en relación a los exhortos verbales del diputado Barbosa, esta Presidencia coincide con su preocupación y trataremos el tema en reunión de Conferencia, dado que es importante la coparticipación de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el diputado Elías Martínez Rufino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
DIP. ELIAS MARTINEZ RUFINO: Muchas gracias. Con su venia, señora Presidenta.
El 9 de diciembre de 1999 varios diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de la diputada María Rojo, Presidenta de la Comisión de Cultura en la LVII Legislatura, presentaron ante esta honorable asamblea una iniciativa de decreto para establecer en nuestra ley fundamental el derecho de acceso a la cultura y la obligación del Estado para regular las industrias culturales.
Dicha iniciativa pretende concretar y definir claramente la función que el Estado y la ley tienen para con la cultura, entendida ésta como el factor que conforma la identidad de una nación y que junto con la educación otorgan al pueblo el impulso creador de una nación en constante superación, definiendo el desarrollo cultural como una actividad de enorme interés para el Estado, pues de ello depende el crecimiento nacional.
La iniciativa en comento pretende sentar las bases para avanzar hacia un marco legal unificado que cristalice en un futuro no muy lejano en una Ley de Cultura, superando el estado actual de la legislación en la materia, caracterizado por la existencia de normatividades dispersas que respondieron a necesidades y momentos distintos y cuyos fines a veces resultan contrapuestos, dejando al mismo tiempo importantes vacíos en las Legislaturas locales.
A estos problemas se añade la falta de una política adecuada del actual gobierno, a los retos de la producción, preservación y difusión de la cultura nacional, cuya importancia en el contexto de un mundo globalizado debiera ser fundamental y no lo contrario, como se expresó en el pasado presupuesto.
Asimismo, la iniciativa en comento adiciona el párrafo V del artículo 3º constitucional, que señala que: "La ley protegerá, promoverá e incentivará a las industrias culturales y toda manifestación cultural, en especial las relacionadas con el arte y las ciencias y garantizará el libre acceso de todo individuo a las mismas.
Las industrias culturales constituyen un factor fundamental para la definición del perfil cultural de los pueblos, su presencia y la velocidad de las innovaciones, su capacidad para influir en la vida diaria, la derrama económica, sus contenidos y las vías que conducen su sostenimiento y crecimiento, hacen que el cine, la industria editorial, la televisión, el radio, la industria musical y las redes electrónicas de comunicación, nos obliguen como nación a asumir una postura clara ante su desenvolvimiento.
Cuando para su producción y difusión las industrias culturales se guían por intereses puramente mercantiles, sin causes institucionales adecuados a las características y necesidades de la nación, la saturación de mensajes negativos o ajenos a nuestra identidad y nuestro aporte a la cultura universal,quedan acallados por el lucro y la masificación, por el consumo y la confusión, por la expoliación económica y la pérdida del sentido.
Los bienes culturales son referentes fundamentales para la formación de nuestro pueblo, por eso es necesario que el Estado tenga una definición al respecto, así como instrumentos e instituciones que defiendan a nuestros creadores y nuestras industrias culturales ante la lógica mercantil de la industria del entretenimiento como se acaba de reconocer, el poder de ese medio de comunicación que por cierto nos impone la globalización.
Dejar esta discusión para después implica no sólo ahondar la brecha tecnológica y comercial que nos separa del camino ya andado por otras naciones y bloques económicos, sino también dejar en manos de corporaciones mercantiles o de intereses ajenos al nacional el fomento a los vehículos de comunicación y expresión que predominan en el mundo actual.
Por lo anteriormente expuesto y preocupados por la falta de rumbo en materia de educación y cultura del actual Gobierno Federal y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito solicita a la Presidencia se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que elabore y dé a conocer al Pleno para su discusión, el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3º constitucional presentada ante esta honorable Asamblea el 9 de diciembre de 1999 por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVII Legislatura.
Asimismo, solicito respetuosamente a la Presidencia que se sirva fijar una fecha a la Comisión referida para presentar el dictamen materia de este documento toda vez que esta es la segunda ocasión en que un servidor presenta una excitativa sobre esta iniciativa.
Muchas gracias señora Presidenta. Muchas gracias compañeros por su atención.
- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que antes del 22 de noviembre emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
- EL C. DIP. ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA: Gracias compañero Presidente.
Compañeras y compañeros diputados y diputadas.
El 2 de octubre del año 2001, a nombre de nuestro grupo parlamentario, presentamos a esta Cámara el proyecto de decreto en el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de dar celeridad al trabajo parlamentario en las Cámaras.
Es una lástima, desde nuestra opinión, que más de 600 iniciativas presentadas y que en primer lugar el PRD se sitúe como promovente de casi un tercio de estas iniciativas, por encima de otras fracciones parlamentarias de mayor número de diputados y que todavía en estos tiempos sigue existiendo el fenómeno de "la congeladora" en la Cámara de Diputados.
Una congeladora que me da la impresión de que muchos presidentes de Comisiones o grupos parlamentarios interpretan que, bueno, para qué aprobamos iniciativas; que venga la próxima legislatura y ella ya haga su trabajo. Con obvia conciencia, la sociedad hoy le recrimina al Congreso de la Unión su práctico estancamiento en la posibilidad de dictaminar iniciativas, leyes, puntos de acuerdo y obviamente hoy lo que me preocupa o lo que nos preocupa es que presentemos un cúmulo de excitativas en esta Cámara que tampoco tengan buen fin y obviamente que ahí se conjuga esta posibilidad de que la sociedad reclame con justa razón que la Cámara o que los diputados no trabajamos. Sin embargo, queremos decir aquí con mucha claridad que el PRD ha planteado el remedio y el trapito; hemos planteado más de 170 iniciativas de ley y hemos también presentado una iniciativa que intenta que a los 30 días de no haberse aprobado las iniciativas, pasen al pleno y puedan ser dictaminadas en virtud de la ineficacia o la imposibilidad de que las comisiones dictaminen estas iniciativas.
Creo entonces que el espíritu del legislador es eminentemente la creación de la norma que se plasma en las leyes y que es una obligación de coordinadores parlamentarios, de diputados, de presidentes de las comisiones, de la Mesa Directiva del Congreso, hacer lo suyo para efectos de poder aprobar un conjunto de normas y de leyes que muchas de ellas van en beneficio de las necesidades de la sociedad y del pueblo de México. No podemos pues, mantener un estado de inactividad en el Congreso que refleje hacia afuera que somos un gran monstruo, un elefante blanco que está paralizado, que tiene una crisis de productividad y que no está obteniendo resultados.
Señoras y señores diputados. La sociedad reclama y reclama que es oneroso mantener un Ejecutivo que destina grandes recursos para contratar nuevo personal, pero también es oneroso que el Congreso de la Unión tenga 500 diputados y que de 600 leyes o iniciativas que se han presentado no se aprueben ni en un sentido ni en otro, con las repercusiones que ya hemos señalado. Por ello creemos que es indispensable, es central, es básico que haya una nueva técnica legislativa que permita que una ley, en sentido opuesto o en sentido positivo, pueda ser aprobada en este legislatura.
Por ello, nuestro grupo parlamentario en nuestro nombre solicitamos que se sirva excitar a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente el día que determine la Presidencia, el dictamen que corresponda al proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en fin, que se acabe la congeladora de iniciativas de ley en esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Donaldo Ortiz Colín, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
EL DIP. DONALDO ORTIZ COLIN: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores:
El que suscribe, diputado federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracciones 3, 16 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública para que a la brevedad posible dictamine para su presentación en el Pleno de esta soberanía, la iniciativa de reforma al artículo 18 inciso a) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para incorporar al calendario cívico nacional la fecha del 19 de agosto de 1811 como fecha histórica de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en la Heroica Ciudad de Zitácuaro, Michoacán al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 25 de abril del año en curso, el que suscribe presentó la iniciativa de reforma al artículo 18, inciso a) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional para incorporar al calendario cívico nacional al fecha del 19 de agosto de 1811 como fecha histórica de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en la Heroica Ciudad de Zitácuaro, Michoacán.
La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reforma a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública por ser un tema de su competencia para que emitieran el dictamen correspondiente.
En razones de lo anterior se expresan las siguientes:
CONSIDERACIONES
Zitácuaro figura en la historia de la nación mexicana como la ciudad que participó con valentía, arrojo y patrimonio en la lucha por la independencia política de nuestro país. En esta ciudad se sintetiza la lucha del pueblo de México por lograr su independencia política y mayores libertades.
En Zitácuaro, Michoacán, se erige el primer Palacio Nacional de México. Durante dos años la Suprema Junta Nacional Americana se convirtió en el organismo rector del Movimiento Insurgente al emitir bandos de guerra, extender títulos, nombramientos y ascensos a los diferentes jefes insurgentes, recibir partes oficiales, construir fábricas de armamento, fusiles y cañones; formular y proyecto de reformas fiscales para mejorar la estructura económica, social y política de la nación.
EL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Permítame, diputado. Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín.
EL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): Si puede hacer una aclaración el orador, de una parte de lo que estaba leyendo.
EL PRESIDENTE: Diputado, permite usted una pregunta o comentario.
EL DIP. DONALDO ORTIZ COLIN: Deseo terminar, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Al terminar, señor diputado.
EL DIP. DONALDO ORTIZ COLIN: Que la junta de Zitácuaro fue la creadora del primer proyecto legislativo que tuvo la nación mexicana denominado elementos constitucionales, integrado por 38 puntos, antecedente de los Sentimientos de la Nación y de la Carta Magna de Apatzingan.
Por lo anterior expuesto y fundado, solicito a esta Presidencia se sirva:
UNICO.- En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que presente el dictamen que corresponde a la iniciativa de reforma al artículo 18 inciso a) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional para incorporar al calendario cívico nacional la fecha del 19 de agosto de 1811, como fecha histórica de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en la Heroica Ciudad de Zitácuaro, Michoacán.
Firma la presente un servidor y solicitaría a la Presidencia se inserte íntegra la presente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto.
EL PRESIDENTE: Permítame. Diputado, insiste en su pregunta.
EL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): No.
EL PRESIDENTE: No, desiste el diputado Ramírez Marín, gracias diputado.
Insértese completa la excitativa en el Diario de los Debates y también en la Gaceta Parlamentara y de conformidad con lo establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.
La excitativa relativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitada por el diputado Rodrigo Carrillo Pérez, a solicitud del Partido de la Revolución Democrática, se pospone para la siguiente sesión.
Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
-EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En noviembre del 2001 fue presentada una proposición con Punto de Acuerdo por el diputado Juan Camilo Mauriño Terrazo, que en esencia pretendía exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que apoyara con recursos presupuestales, la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, así como también pedir al director general del IPN, que en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, apoyara las gestiones para establecer dicho centro.
Es importante mencionar que el IPN, institución educativa de carácter público, ha contribuido por más de 60 años a la formación de profesionales, cuya misión se ha enfocado al estudio para el aprovechamiento de los recursos energéticos de nuestro país, con ello, los postgrados que se imparten en el IPN relacionados con la energía, presentan una fuente inagotable para la preparación de expertos en disciplinas energéticas, en regiones petroleras y medias del país, para realizar estudios de investigación.
Ejemplo de ello, es que a partir de la cita, empleada en una tesis de la maestría de Ciencias en Especialidad de Geología, Pemex, anuncia que invertirá 42,200 millones de pesos en el proyecto CUMASA en la Sonda de Campeche, y así podemos enunciar varias investigaciones, que han contribuido a la explotación de los hidrocarburos en nuestro país, estudios que además cuentan con reconocimiento internacional.
No obstante lo anterior, las condiciones administrativas y presupuestales del postgrado en materia de energética del IPN limitan enormemente su quehacer, por ello, como se anunciaba en el Punto de Acuerdo referido, la creación del Centro Nacional de Geociencias con autonomía académica y presupuestal, contribuiría a capitalizar la labor realizada en las áreas de investigación, geológica y administrativas, a consolidar en todo el país los programas académicos y de investigación de las materias, a intensificar la oferta de servicios de consultoría de diversos organismos y empresas del sector público federal, estatal y establecer convenios de colaboración, académica y de investigación, con instituciones de otras naciones.
Sin embargo, y a pesar de las aportaciones que ha hecho el postgrado de energéticos del IPN para el aprovechamiento de tan valiosos recursos en la economía nacional, corre peligro de tener cambios sustanciales que incluso, pueden llevar a la desaparición de postgrados, como el de las Ciencias de la Tierra, a decir del propio Secretario Académico del IPN, Enrique Villa Rivera, el IPN es la única institución de Educación Superior, que se ha atrevido a eliminar postgrados y especializaciones de esta institución
¿No será acaso que la restricción para la formación de profesionales mexicanos de alta especialización en estas áreas,. obedezca la previsión a futuro, de que los profesionistas de Enron, Texaco y Exon, se hagan cargo de la prospección, proyección y planeación de la explotación de nuestros recursos minerales energéticos, es aquí donde nosotros donde vemos el nexo de la eliminación de postgrados en el IPN, y el Pemexgate.
Por lo anterior expuesto, solicito a esta presidencia, se sirva formular una excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a fin de que dictamine a la brevedad posible, la proposición con Punto de Acuerdo referido. Muchas gracias señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Bortolini Castillo.
Y de conformidad con lo que establece el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para que emita el dictamen correspondiente.
La excitativa a cargo del diputado Mario Cruz Andrade, relativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, a solicitud del Partido de la Revolución Democrática se pospone para la siguiente sesión.
Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Miroslava García Suárez para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
LA C. DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ.- Con el permiso del Presidente.
Compañeras, compañeros legisladores:
A estas alturas, cuando estamos ya trabajando en el Primer Período Ordinario del Tercer Año de Trabajos Legislativos de esta LVIII Legislatura, es evidente que esta tribuna tiene que ser ocupada con temas importantes y trascendentales; y que el esfuerzo que está haciendo el PRD al presentar esta serie de excitativas a todas las comisiones que presentan un rezago en su dictaminación, es con el objetivo de externar a esta Honorable Cámara de Diputados que el 11% que representa el Partido de la Revolución Democrática, ha presentado un 27% de iniciativas legislativas de puntos de acuerdo y que en ellos hemos centrado las propuestas alternativas para construir juntos una reforma democrática del Estado Mexicano.
Quiero explicar esto porque queremos, desde el PRD, utilizar de la mejor manera, en beneficio del pueblo de México, tanto la tribuna como los espacios legislativos y estamos seguros de haber presentado iniciativas sustanciales que pueden desmantelar un Estado autoritario heredado por el anterior régimen político y poder construir, efectivamente, un Estado Mexicano democrático a la altura de las expectativas de la sociedad mexicana.
Es por eso que el PRD ha decidido presentar en estas sesiones de trabajo, una serie de excitativas que tiendan a que los presidentes de las comisiones, las mesas directivas de las comisiones, llamen a los legisladores de todos los partidos para abordar las iniciativas y sobre todo para dictaminarlas.
Si hay legisladores que piensan que no son viables las propuestas legislativas del PRD, que lo argumenten, que lo digan en comisiones y en la tribuna. Nosotros estamos seguros de la viabilidad de nuestras propuestas, de los argumentos con que las presentamos, pero lo que no podemos permitir como legisladores, con el compromiso que tenemos con la sociedad, es que se agoten los tres años de la presente Legislatura sin que las comisiones dictaminen porque no coinciden con nuestras propuestas o porque en el fondo tienen temor de argumentar en contra de las propuestas del PRD; o porque en el fondo prefieren ese inmovilismo que ha marcado la pauta en esta Cámara de Diputados con el 83% que se ufana para contestar un informe.
Hacemos un respetuoso llamado para que las comisiones legislativas trabajen y desahoguen el conjunto de iniciativas, no sólo las del PRD. Estamos dispuestos a profundizar en los temas que proponen las otras fracciones. Estamos dispuestos a revisar las iniciativas de las otras fuerzas políticas y con elementos y con argumentos dictaminarlas en favor o en contra.
Pero lo que no nos podemos permitir porque estaríamos traicionando la confianza de nuestros electores, es que la congeladora se imponga; es que el inmovilismo se imponga, ¿para qué? para que no cambie nada; para que todo siga igual.
Estoy segura que ese es el sueño de una pequeña parte de legisladores. Pero también estoy segura que la gran mayoría de los que estamos aquí, independientemente del partido político al que pertenecemos, queremos ver que México cambie y por eso hemos inscrito iniciativas que tienen el derecho constitucional de ser discutidas, de ser atacadas; pero sobre todo, de ser dictaminadas.
Compañeros, haga un llamado muy respetuoso a los presidentes de todas las comisiones para dictaminar ¡ya!, porque el inmovilismo es lo peor que le puede pasar a esta Cámara.
Es cuanto diputado presidente.
PRESIDENTE: Gracias diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que emita el dictamen correspondiente.
La excitativa presentada también por la diputada Miroslava García Suárez, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se pospone para la siguiente sesión.
Por lo tanto tiene el uso de la palabra la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
-DIP. GENOVEVA DOMINGUEZ RODRIGUEZ: Con su permiso señora presidenta:
Excitativa sobre la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo y al artículo 107 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para abrogar la relatividad de la sentencia en el juicio de amparo.
ANTECEDENTES:
Primero, el 3 de octubre del 2000 el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de reformas al artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 76, 135 y 145 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presidencia de la mesa directiva de esta Honorable Cámara de Diputados la turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Derechos Humanos.
En la Exposición de Motivos se explica cómo el juicio de amparo es la última instancia que tutela el orden jurídico de la nación contra la violación de la ley por parte de cualquier autoridad o instancia de gobierno. Pero protege de manera excluyente sólo a los quejosos que interpongan el recurso de amparo y no generaliza para hacer extensivo el beneficio a todos los ciudadanos, la sentencia.
Por ello la iniciativa propone la reforma para ser congruente con la realidad y con el derecho mismo. Una disposición vigente sí, pero que data del siglo XIX y resulta contradictoria en si misma.
CONSIDERANDOS:
México no debe permitir que su orden jurídico conserve figuras decimonónicas contrarias a los principios generales del Derecho y peor aún, que va contra las garantías individuales expresamente consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar los derechos humanos.
Una norma no puede ser inconstitucional para un individuo y al mismo tiempo tener validez y aplicación para otros. La tutela constitucional se desvanece si la protección y amparo sólo benefician a uno o varios individuos y no a toda la sociedad porque en realidad son muy pocos individuos los que recurren al amparo por leyes o actos violatorios de sus garantías. Lo costoso de la asesoría legal y el desconocimiento generalizado de las leyes entre la sociedad hacen inaccesible al común de la gente el juicio de amparo.
Actualizar la legislación en materia de tutela constitucional de las garantías individuales significa garantizar el respeto a los derechos humanos al dejar atrás la necesidad de llevar a cabo juicios de amparo interpuestos de manera individual para hacer valer de antemano la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por sobre cualquier legislación secundaria. Más aún cuando se trata de legislación violatoria de las garantías individuales que ni siquiera debieran estar en discusión.
La sentencia de amparo, cuyo contenido sea de efectos generales, ayuda y fortalece el principio de división de poderes porque, al mismo tiempo que coadyuva con el Poder Legislativo a ponderar su actuación como órgano generador de las normas, defiende o tutela la norma fundamental.
Por los antecedentes y considerandos expuestos se solicita a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envíe excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos para que dictaminen la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo y diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras haber transcurrido en exceso el plazo que fija el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del citado ordenamiento.
Es cuanto, señor presidente.
EL C. PRESIDENTE: Le agradezco mucho, diputada. Nada más quiero decirle que en el mismo sentido se presentó el día de hoy por el diputado David Augusto Sotelo una excitativa en el mismo sentido. De todas maneras se le da el mismo turno.
Solicitaría a la secretaría dé lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política. Permítame, señora secretaria.
Hay en la parte de excitativas una propuesta del diputado Martí Batres Guadarrama a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, pero se pospone para la siguiente sesión. Adelante.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA RELATIVA A CAMBIO DE INTEGRANTE DE LA
COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, INSERTESE)
EL C. PRESIDENTE: De enterado.
En el apartado de proposiciones, tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el saneamiento, fusión y venta del Banco del Atlántico.
- EL C. DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRÍGUEZ: Con su permiso, ciudadano Presidente; compañeras y compañeros diputados.
El 23 de diciembre de 1997 el Banco Internacional, conocido como Bital, informó que había llegado a un acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con el FOBAPROA para adquirir el 100 % de las acciones representativas del Banco del Atlántico.
De esta manera desde el 5 de enero de 1998, el banco Internacional asumió el control del Banco del Atlántico.
Considerando que la operación anunciada el 23 de septiembre de 1997 debió haber sido concluida durante el 98; que a más de cinco años de haberse anunciado la operación de fusión entre ambas instituciones, aún o se ha concluido formalmente; que apenas el primero de octubre pasado el IPAB anunció formalmente la conclusión del proceso de saneamiento del Banco del Atlántico encontrándose en su proceso final la fusión de Atlántico y Bital; que los pasivos asumidos por el IPAB derivados del saneamiento del Banco del Atlántico ascendieron al mes de junio del presente año a 48 mil 779 millones de pesos, de acuerdo a los informes del propio Instituto; que es ampliamente conocido que la operación de fusión del Banco Bital con Banco del Atlántico, fue lo que desató la crisis por la que atravesó la Junta de Gobierno del IPAB cuando sus integrantes y el ex procurador fiscal acusaron de conflicto de intereses a los vocales independientes del Instituto; que desde principios del año pasado los vocales independientes del IPAB solicitaron a la SECODAM que emitiera una opinión jurídica sobre las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el FOBAPROA, por haber firmado el convenio de fusión el 23 de diciembre de 1997 y que a la fecha aún no se cuenta con la opinión de la SECODAM y sin embargo el proceso de fusión está por concluir; que dicho convenio el cual por cierto anexo una copia, contiene cláusulas completamente desfavorables para las finanzas públicas. Leo alguna de ellas:
"El FOBAPROA como enajenante de las acciones responderá a Bital por activos inexistentes o pasivos ocultos correspondientes a Banco del Atlántico. También responderá por responsabilidades de carácter laboral, administrativo o fiscal que se hubieren generado con anterioridad a la fecha en que se transmitan sus acciones. Se pactará un plazo a partir de la enajenación para que Vital y Banco del Atlántico informen a FOBAPROA sobre los activos inexistentes y sobre las contingencias de carácter administrativo, fiscal y laboral".
Como son naturalmente planteamientos de este Convenio como son las tasas de rendimiento de los pagarés a cargo del erario público y la responsabilidad por parte del Gobierno Federal de los pasivos laborales del Banco del Atlántico.
Que en dicho convenio claramente se leen los nombres y las firmas de los funcionarios públicos que aprobaron el desventajoso acuerdo para el erario público.
Los funcionarios correspondientes son los siguientes: José Angel Gurría, Guillermo Ortiz, Eduardo Fernández, Martín Werner, licenciado Everardo Elizondo, Guillermo Cuevas, doctor Carlos García Moreno, el licenciado Jonatan Davis Arsat, el licenciado Vicente Corta, la doctora Patricia Armendáriz, el licenciado Angel Palomino, el licenciado Javier Arrigunaga, el licenciado Gabriel Reyes Orona y la licenciada María Teresa Fernández.
Ellos son los responsables de este Convenio que firmaron de una manera dolosa en contra de las finanzas públicas.
Que lo anterior nuevamente es una muestra de la manera en que se privilegia al capital extranjero en deterioro de los contribuyentes mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Que la Auditoria Superior de la Federación revise el proceso de saneamiento y fusión del Banco del Atlántico y del Banco Internacional (Bital) y que emita opinión sobre las facultades del FOBAPROA para aprobar el Convenio de Fusión entre ambas instituciones que adjunto a este Punto de Acuerdo.
Es cuanto, ciudadano Presidente.
entre ambas instituciones que adjunto a este punto de acuerdo.
Es cuanto, ciudadano Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Perdón, diputado Magallanes: Este punto de acuerdo...
- EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRÍGUEZ (Desde su curul y sin micrófono): Sería a la Comisión de Vigilancia para que a su vez lo turne a la Auditoria Superior de la Federación.
- EL C. PRESIDENTE: Corrigiendo turno. Esta propuesta del diputado Magallanes túrnese a la Comisión de Vigilancia y también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Mario Reyes Oviedo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud que a través del Centro Nacional de Trasplantes establezca una jornada de información en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que facilite la inscripción de los diputados y el personal de la Cámara al Registro Nacional Voluntario de Donación de Organos y Tejidos.
- EL C. DIPUTADO MARIO REYES OVIEDO (PAN): Con su permiso, diputado Presidente.
"Las diputadas y diputados abajo firmantes, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de exhortar al Centro Nacional de Trasplantes para que realice una jornada de conciliación y registro como donadores y voluntarios en el edificio de la Cámara de Diputados dirigido a los legisladores y personas de la Cámara, bajo los siguientes
" C o n s i d e r a n d o s :
"En México los trasplantes son una realidad desde hace ya 38 años, el avance de la ciencia médica ha permitido que muchos de los padecimientos considerados incurables y de alto costo en su atención como las enfermedades crónicas degenarativas, puedan ser tratadas con mejores resultados por medio del reemplazo del órgano tejido dañado, según estadísticas de la Secretaría de Salud. Tales padecimientos representan el 36 por ciento de la mortalidad en el país, pero pueden ser trasplantados en un 50 por ciento en los casos.
"Hace algunos años padecer una enfermedad que afectaba de manera irreversible un órgano o tejido significaba la muerte o tener una pésima calidad de vida. El día de hoy la esperanza de sobreponerse tiene cabida en los enfermos y sus familiares. El tratamiento terapéutico que involucra el trasplante de un órgano o tejido ante la insuficiencia de un órgano es la tabla de salvación de esas personas. Además de la posibilidad de salvar una vida se reconoce en términos de la relación costo-beneficio de trasplante resulta la mejor opción para varios padecimientos renales, hepáticos, de la vista, cardiacos, entre otros. El costo medicamento disminuye al requerir prácticamente solo de inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano trasplantado.
"Desafortunadamente pese a la infinidad que trae aparejados esta práctica no ha logrado la donación y por consecuencia los beneficios que sí ha traído en otros países. En México, según datos del Centro Nacional de Trasplantes, se realizan 12 trasplantes por millón de habitantes, mientras que países como España alcanzan solo 50, Costa Rica 25 y Argentina alrededor de 20.
"Esta baja tasa, a pesar de que se ha trabajado de manera importante en la formación del personal médico y técnico de la salud para realizar este tipo de procedimiento, lo que nos permitió ser pioneros de trasplantes en la región latinoamericana demuestra que el despegue no ha sido tan espectacular como quisiéramos, debido a que sigue siendo insuficiente la oferta de órganos y tejidos para cumplir con la demanda de personas que lo necesitan para sobrevivir.
"Con base en datos del Registro Nacional de Trasplantes, la predicción de necesidades anuales es de 7 mil riñones, 10 mil córneas, 500 hígados y 500 corazones.
Con base en datos del Registro Nacional de Transplantes, la previsión de necesidades anuales es de 7 mil riñones, 10 mil córneas, 500 hígados y 500 corazones. Sin embargo, en el último año, de acuerdo con el informe de labores de la Secretaría de Salud, que por cierto reporta avances importantes en este rubro, se realizaron mil 500 transplantes de córneas, 950 riñones, 45 hígados y 25 de corazón. Estas cifras dan cuenta del déficit que se tiene.
Desgraciadamente podemos ver que no se acumula el monto que resultaría de una operación aritmética, debido a que muchos de los pacientes en lista de espera mueren antes de que lleguen a contar con el órgano sano de un donador. Esta situación se explica en muchos porque no se tiene con suficiente la disponibilidad de órganos y tejidos cadavéricos; una de las dos opciones que establece la legislación en la materia.
Prueba de ello es que pese a sus limitantes, el 85 por ciento de los transplantes se realiza entre vivos, que es la otra alternativa. Hay que tener en cuenta que se encuentran inscritos menos del 1 por ciento de la población como donadores para después de la muerte.
Si bien es cierto que la afiliación ha crecido en los últimos meses, debido en gran medida a la creación del Centro Nacional de Transplantes, producto de la formación impulsada en la Ley de Salud Pública en mayo de 2001 en materia de donación y transplante de órganos, da cifras que se han manejado, hablan que se requiere un mayor trabajo.
Si me da un minuto por favor, señor Presidente.
-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Concluya diputado.
-DIP. MARIO REYES OVIEDO: A esta institución se le recomendó además de regular y ejercer el control sanitario de la materia, a promover una cultura de donación entre población mexicana y operar en materia actualizando el Registro Nacional de Transplantes, eje estructural del Programa Nacional de Transplantes.
Por ello, el pasado lunes 7 de octubre dio inicio la Semana Nacional de Transplantes, que terminó el día 13 del presente. Su objetivo fue fomentar la cultura de la donación del órgano y tejidos.
En este contexto, compañeros y compañeras legisladores, se inscribe en el punto de acuerdo que pongo a su consideración. La propuesta va dirigida a que se considere a esa Cámara de Diputados, sus miembros y personal que labora, como el espacio para que el Centro Nacional de Transplantes realice una jornada de información sobre donación, ...
-PRESIDENTE: Diputado concluya su intervención.
-DIP. MARIO REYES OVIEDO: ... sobre donación, facilite la inscripción acomodador voluntario de las personas que así lo deseen.
Proposición de punto de acuerdo, termino.
“UNICO.- Se solicita a la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Transplantes, establezca una jornada de información, concitación y afiliación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que facilite la inclusión de los diputados y personal de la Cámara al Registro Nacional Voluntario de Donación de Órganos y Tejidos.
“Atentamente, diputado Jorge Lara, Tereso Martínez, Juan Carlos Pallares, Luis Fernando Sánchez Nava y el de la voz, Mario Reyes Oviedo”.
Gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputado. Permítame diputado.
Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín.
-DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): Si el orador nos puede explicar lo que significa el término “cadavértico”.
-DIP. MARIO REYES OVIEDO: Pues son las personas que fallecen señor.
Gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputado.
(aplausos)
Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se cree una Comisión Especial para dar seguimiento a los casos de desaparecidos en el estado de Colima.
-DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias señor Presidente.
Por problemas de tiempo voy a pedir que el documento completo se inserte íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Hace un año, exactamente el 17 de septiembre del 2001, presenté a la consideración de este pleno una proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nombrara una Subcomisión que hiciera las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, con el fin de identificar a las autoridades que detuvieron a los jóvenes Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina, el 30 de junio del 2001 en la ciudad de Colima y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos.
Desde esa fecha, sus familiares conocieron y sufren el excesivo burocratismo y la falta de sensibilidad social por parte de varias autoridades, destacándose la Procuraduría General de la República y la del Estado de Colima, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el eslogan de que se gobierna con humanismo es solamente eso, un eslogan publicitario.
Lamentablemente, tengo que decirlo, sufren los efectos de que esta Cámara de Diputados no haya resuelto aún sobre la proposición con punto de acuerdo a pesar de las dos excitativas que se han presentado para tal efecto y que han sido apoyadas por un diputado del PRI y otro diputado del PAN.
El día de hoy vengo a denunciar la detención y desaparición de otras dos personas ocurrida el pasado 25 de abril del presente año en el Estado de Colima, se trata de los señores Sergio Rivera Sánchez y Trinidad García Magaña, ambos dedicados a las labores del campo y al comercio.
Con la desaparición de estas dos personas en el Estado de Colima, suman cuando menos 7 los desaparecidos en similares condiciones, sin embargo el Gobernador afirma que en Estado se vive con tranquilidad y seguridad y las autoridades responsables de investigar no le han dado la menor importancia.
Estos hechos son lamentables y preocupan. Se trata de desapariciones en las que intervienen autoridades policíacas, federales o estatales; a la fecha se conoce de 7, no sabemos cuántos más han desaparecido en similares condiciones sin embargo en tanto persista la impunidad, es posible que se siga dando.
Yo les pregunto a ustedes compañeros diputados ¿cuántos más desaparecidos quieren que se den en el Estado de Colima para que esta Cámara intervenga y detenga o trate de detener otras posibles desapariciones? No debemos guardar silencio ante el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares; no permitamos que la impunidad se convierta en un modo de vida en el Estado de Colima ni en ningún otro Estado. Queremos que los delitos se investiguen y sean castigados los culpables.
Desde esta tribuna hago un respetuoso exhorto a los encargados de la seguridad pública y de la administración e impartición de la justicia para que cumplan con su responsabilidad con sensibilidad y honestidad; que se investigue a fondo quién o quiénes están involucrados en las desapariciones denunciadas pero sobre todo que pronto le regresen a sus familiares la tranquilidad que les fue arrebatada hace tiempo.
Son 7 las desapariciones denunciadas en el Estado, no queremos que suceda lo que en Ciudad Juárez, que nada más se observa cómo aumenta el número de mujeres asesinadas.
Por lo anterior y por tratarse de una violación a los derechos humanos y ante la urgente necesidad de detener las desapariciones en un Estado de la República, someto a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO.- Primero.- Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados integre una comisión especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la detención y posterior desaparición de ciudadanos ocurridas en el Estado de Colima en los últimos años.
Segundo.- Que la comisión especial para el cumplimiento de su objetivo, se haga de la información que considere pertinente, se reúna cuando lo considere necesario con las autoridades federales y estatales responsables de las investigaciones, principalmente con el Procurador General de la República y del Estado de Colima; con el Secretario de Seguridad Pública y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de otras personas físicas o morales que puedan aportar datos.
Tercero.- Dicha comisión deberá estar integrada de manera tal que en ella estén representadas las diversas fracciones parlamentarias de esta honorable Cámara de Diputados.
Cuarto.- Que los resultados y conclusiones a que se llegue, sean presentados a este Pleno y se den a conocer a los familiares de los desaparecidos.
Por su atención, muchísimas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Insértese íntegra esta proposición, tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Ruego a la Secretaría dé lectura del orden del día de la siguiente sesión.
LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
( ORDEN DEL DIA )
- EL C. PRESIDENTE: Gracias. Se levanta la sesión (16.00 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 17 de octubre a las diez horas.