SESION DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
- LA C. PRESIDENTA DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL (Toca la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
- LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 261diputados.
Por lo tanto, hay quórum
- LA PRESIDENTA (A las 11:18 horas): Se abre la sesión.
- LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Lectura del orden del día)
(Leyó, insértese)
- LA PRESIDENTA: Está a consideración la orden del día.
No habiendo quien haga uso de la palabra, continúe la Secretaría poniendo a consideración de los distinguidos diputados, el acta de la sesión anterior.
- LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
- LA PRESIDENTA: Aprobada el acta.
- EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Comunicaciones.
(Del Congreso del Estado de Baja California,
remite Punto de Acuerdo por el que se adhiere al
emitido por el Congreso del Estado de Jalisco)
- LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para su conocimiento.
- EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Del Congreso del Estado de Baja California,
remite Punto de Acuerdo por el que se pro-
nuncia a favor de que se restituyan los sub-
sidios a las tarifas eléctricas)
- LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión y Comercio y Fomento Industrial, para su conocimiento.
- EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Del Congreso del Estado de Querétaro)
- LA PRESIDENTA: De enterado
- EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Del Congreso del Estado de Quinta Roo)
- LA PRESIDENTA: De enterado.
- EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Del Congreso del Estado de Sonora)
(LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía.
-EL MISMO C. SECRETARIO:
(Comunicación del Congreso del Estado de Tabasco
relacionado con la clausura y elección de Mesa ----
Directiva).
Compañeros diputados, les solicitamos atentamente puedan responder, estamos en votación económica.
-LA MISMA C. SECRETARIA:
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Aprobado.
-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política
la modificación de integrantes de la Comisión de –
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación)
-LA C. PRESIDENTA: De enterado.
Para hacer una comunicación se ofrece el uso de la palabra a la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
LA C. DIPUTADA MARTHA ANGELICA BERNARDINO ROJAS.- Buenos días, compañeros diputados y diputadas.
Como integrante del grupo parlamentario del PRD, en este momento vengo a comunicarles el fallecimiento de un compañero diputado de nuestro grupo parlamentario, del diputado Rodrigo Carrillo Pérez.
La muerte siempre inesperada, nos ha arrebatado de tajo a un entrañable compañero, amigo de muchos años, luchador incansable en Ciudad Netzahualcóyotl. Los diputados federales del grupo parlamentario del PRD lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Rodrigo Carrillo Pérez.
Dejó de existir el pasado sábado 19 de octubre por la noche y fue sepultado este lunes en el Panteón Jardines de Guadalupe, luego de recibir un homenaje póstumo de cuerpo presente en la sede del PRD en Ciudad Netzahualcóyotl.
La filosofía política de Rodrigo Carrillo, quedó de manifiesto durante su última participación dentro de los trabajos legislativos del PRD. Apenas el miércoles pasado, cuando externó que uno de sus compromisos más importantes era luchar por mayores beneficios para las clases desprotegidas.
Desde nuestra trinchera en Ciudad Netzahualcóyotl dijo en aquella ocasión: "hemos apoyado el proyecto de la revolución democrática, que tiene mucho que ver con una economía equitativa y justicia igualitaria para todos, tal como lo marcan nuestros principios".
Denunció las irregularidades registradas en la aplicación de los recursos destinados al "Programa Solidaridad" y la falta de transparencia en el manejo y asignación de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aquí, en esta Cámara, fungió como integrante de las Comisiones de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Fue pasante el derecho egresado de la UNAM, en donde además estudió diseño gráfico.
Dentro de sus actividades laborales de 1989 a 1998, se desempeñó como Secretario de Actas, Secretario del Interior y Secretario General respectivamente, en la Confederación de Trabajadores y Campesinos en la Sociedad de Beneficencia Española.
En cuanto a sus actividades políticas, Rodrigo Carrillo, de 1988 al 2000, se desempeñó como integrante de las brigadas de apoyo en el Distrito XXIV Local en el municipio de Netzahualcóyotl, en el Comité de Defensa de la Voluntad Popular Agua Azul, así como en la cartera de Organización de la Promotora Estatal del PRD y en la Coordinadora Pantitlán del PRD.
También se desempeñó como Segundo Vocal de la Organización de Vecinos y Residentes Lázaro Cárdenas, A.C., como asesor de la Quinta Regiduría en el ayuntamiento de Netzahualcóyotl en el período 97-2000; como Delegado en la Convención Nacional Electoral del PRD; como Secretario General del Movimiento Amplio de Expresión Democrática y también fue integrante de la Comisión Política en la Mesa Directiva de la UGOCEM (¿).
El, como muchos de nosotros, fundó con esperanza al Partido de la Revolución Democrática; hoy este partido funda en él su gratitud.
Como hombre, Rodrigo Carrillo cimentó su amor en toda su familia: en María Auxilio Barajas, su esposa aquí presente y de su pequeño Rodrigo, pero también supo enraizar en nuestros corazones.
Rodrigo Carrillo: todos los aquí presentes, tu familia, tus amigos, tus compañeros, te brindamos un homenaje y hacemos votos porque descanses en el lugar donde sólo los héroes saben hacerlo.
Les pido le podamos brindar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
-PRESIDENTA: Esta mesa directiva se une a las condolencias a la familia del diputado Rodrigo Carrillo Pérez y del grupo parlamentario del PRD.
Continúe la secretaría.
-DIP. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: La cultura mexicana perdió ...
-PRESIDENTA: Precise usted que ésta es una comunicación de la Comisión de Cultura.
-MISMA SECRETARIA: Comunicación de la Comisión de Cultura.
"La cultura mexicana perdió hace algunos días a uno de sus baluartes; Don Manuel Alvarez Bravo, que supo hacer de la fotografía la expresión de un arte de mayor relieve, que supo hacer de la fotografía la expresión de un arte de mayor relieve, con su aptitud excepcional para captar momentos e integrarlos a través de sus placas fotográficas, haciendo de cada una, síntesis de estética y una descripción del México esencial.
"Los integrantes de la Comisión de Cultura, queremos dejar constancia de nuestra admiración por su obra y una exhortación para que las autoridades culturales preserven su legado".
Firma diputado José Manuel Correa Ceceña, presidente de la Comisión de Cultura.
-PRESIDENTA: Esta Cámara de Diputados deja constancia de su respeto y aprecio por la obra de Don Manuel Alvarez Bravo y se suma a la comunicación de la Comisión de Cultura, para que las autoridades culturales realicen un rescate de las fotografías de Don Manuel Alvarez Bravo y puedan incorporarse al patrimonio cultural de la nación.
-MISMA SECRETARIA: Oficios de la Secretaría de Gobernación.
(Oficio del congreso del Estado de Guanajuato)
-PRESIDENTA: Remítase copia al Promovente.
-MISMA SECRETARIA:
(Oficio del Congreso del Estado de San Luis Potosí)
-PRESIDENTA: Remítase copia al Promovente.
-MISMA SECRETARIA:
(Oficio del Congreso del Estado de San Luis Potosí)
-PRESIDENTA: Remítase copia al Promovente.
-DIP. SECRETARIO RODOLFO DORADOR: Solicitud de particulares
(VERONICA AVILES LOBATO
ALEXANDER BRAUNE MAGALLON
JORGE HEFFERAN ROMERO
CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ
ARTURO CARREON CURA
MARIO ALBERTO MARTINEZ ROJAS,
para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos, en México)
LA C. PRESIDENTA: Túrnense a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.
Tiene la palabra el diputado Cutberto Cantoral Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.
EL C. DIPUTADO CUTBERTO CANTORAL ESPINOSA: Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea: la educación es un factor estratégico para el desarrollo de las naciones.
El financiamiento gubernamental a la educación refleja directamente la importancia que un país le otorga. Sólo con educación podemos dar a la soberanía sustento económico, político y cultural, al tiempo que se promueve la eliminación de las condiciones de pobreza, insalubridad, analfabetismo y el logro de la dignidad del hombre.
Lo recursos financieros integran la base indispensable para desarrollar los programas y servicios educativos orientados a una población creciente y diversificada y deben ser suficientes, de conformidad a las necesidades del país.
Una educación de buena calidad no es solamente una legítima demanda social; constituye también una condición para un desarrollo nacional justo y equilibrado. Una educación de buena calidad requiere de escuelas y aulas en buenas condiciones materiales, bien equipadas, con el mayor de los servicios posibles, con alumnos que gocen de atención médica y con maestros bien remunerados.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 el gobierno de la República expresa su convicción del papel central que debe tener la educación en las políticas públicas, señalando que no podemos aspirar a construir un país en el que todos cuenten con la oportunidad de tener un alto nivel de vida si nuestra población no posee la educación que le permita, dentro de un entorno de competitividad, planear su destino y actuar en consecuencia.
El rezago educativo en nuestro país es considerable y por el bien de México es necesario abatir sus cifras. En los planteles de educación indígena los de cursos comunitarios y las telesecundarias no se cuenta en ocasiones ni siquiera con los elementales servicios e instrumentos inherentes a su función.
Por otro lado, el 18 de mayo del 92 fue firmado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ANMEB, documento en el que se establecieron compromisos y orientaciones importantes para la política educativa nacional.
La medición actualizada del crecimiento del gasto educativo de origen estatal o federal rebela por lo menos un incumplimiento que hasta la fecha subsiste.
En el pliego de demandas que el SNTE presentó a la SEP el 20 de marzo del 2002 queda expresado el replanteamiento del imperativo de asignar recursos presupuestales crecientes y en términos reales, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Educación.
En el mismo se insistió en avanzar al cumplimiento del compromiso presidencial de alcanzar el 8% del producto interno bruto destinado a la educación pública. Un mes más tarde el propio SNTE, mediante desplegado del día 30 de abril, señala su postura frente a la aplicación del recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 10 mil 100 millones de pesos, de los cuales un mil 816 millones corresponderían al gasto educativo, y al tiempo que expresa su más enérgico rechazo a la reducción del mismo.
Asegura además que el recorte generará muchos más problemas y costos sociales que los que se pretende evitar. En el mismo se recuerda una vez más al ciudadano presidente de la República el compromiso que asumiera ante la nación de que antes del término de su administración el presupuesto que el gobierno destinará a la educación pública equivaldrá al 8% del producto interno bruto.
Hay referentes internacionales en la demanda de destinar el 8% del PIB a la educación que el SNTE reivindica. Primera: del 4 al 13 de diciembre del 79, a convocatoria de la UNESCO, se celebró en la ciudad de México la Quinta Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros de América Latina y del Caribe.
Segunda. Convocados por la UNESCO, los ministros de educación de América Latina y el Caribe, reunidos en Cochabamba, Bolivia del 5 al 7 de marzo del año 2001, al celebrar la 7ª. Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación, emiten la recomendación 40 que dice: "el uso de recursos en educación ha de ser visto como una inversión y no simplemente como un gasto".
De lo anterior se desprenden dos necesidades: la primera, de mejorar la asignación del gasto público, así como la de legislar al respecto, asegurando montos suficientes y permanentes a la educación que permitan el cumplimiento para su cabal desarrollo.
El 15 de mayo del 2001, en el marco de la celebración del Día del Maestro, el SNTE sugirió al presidente de la República dos iniciativas: Primero la de decidir, como sociedad y gobierno, a colocar a la educación como la más alta de las prioridades, lo cual requeriría destinarle al menos el 8% del PIB para su financiamiento, y
Segunda, la de asignarle a la educación el rengo de política de Estado, lo que requeriría convocar a los factores sociales, a los integrantes de los poderes públicos, a todas las organizaciones políticas y no políticas a firmar un acuerdo que a todos comprometiera con la finalidad de situar a la educación mexicana en el nivel de calidad que todos deseamos.
Como consecuencia de lo anterior, el Ejecutivo comparte ese sentir y el 8 de agosto del 2002, con la presencia del Ejecutivo Federal, de los gobernadores de los estados, de los integrantes de los tres poderes de la Unión, de rectores de distintas universidades, del SNTE y de diversas organizaciones a este efecto convocadas, se firma el compromiso social por la calidad de la educación.
"Compañeras y compañeros diputados: Me permito citar textualmente la respuesta que con fecha 15 de mayo del 2002 la Secretaría de Educación Pública da al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que a la letra dice:
"La educación es política del Estado Mexicano que debe disponer los recursos suficientes administrados con eficiencia. El gobierno de la República ha definido que la inversión en la educación al término de la presente administración alcance el 8 % del producto Interno bruto (PIB) Para ello ha propuesto las adecuaciones pertinentes al Sistema de Finanzas Públicas".
"Compañeras y compañeros: De conformidad con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, el Presupuesto Federal a la Educación Pública en relación al PIB, alcanzó en el 2001, el 4.2 %, y en el 2002, es del 4.47 % del PIB.
Solamente queremos que el compromiso presidencial se cumpla cabalmente y de conformidad a una propuesta federal de egresos destinados a la educación de carácter público provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación que actualmente abarca, como he dicho, el 4.47 % del PIB, sin que sea tomado en cuenta para ello la inversión que realizan los particulares, dado que lo que ellos le invierten les reditúa en ganancias económicas por concepto de colegiaturas, entre otros, que nada tienen que ver con recursos públicos para el ramo educativo.
"El gobierno Federal insiste en que se aplica el 6.6 % del PIB cuando en realidad la inversión a Educación Pública fue en el presente año, que quede claro, del 4.47 %. Por tal razón el faltante para alcanzar el 8 % del PIB debe ser el 4.63 % cuando menos.
"Compañeras y compañeros: Debe destacarse que la inversión del sector privado creció del 1.2 % al 2.1 % solamente en un año.
"Por lo tanto su servidor, con la facultad que le confiere el Reglamento para las condiciones del procedimiento interno de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente Iniciativa:
"La reforma del artículo 25 de la Ley General de Educación en el artículo primero, refiriéndose expresamente a lo siguiente:
"El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa con sujeción a las correspondientes disposiciones de egresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento con recursos federales de los servicios educativos públicos, el Presupuesto anual que la Federación destine al gasto en Educación Pública partirá de un mínimo del 8 % del producto Interno bruto (PIB) y no podrán recortarse estos montos.
"Transitorios:
"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Segundo.- Para efectos de cómputo del 8 % del PIB en la Educación Pública, no contabilizará la inversión que a este respecto hagan los particulares.
"Tercero.- Las autoridades educativas del país deberán a la entrada en vigor del presente decreto: Instalar comisiones técnicas y de consulta que resulten pertinentes para iniciar un proceso tendiente a la formulación del proyecto presupuestario que esta nueva realidad exige.
"Cuarto.- Partiendo de que en el año 2002 el Presupuesto Federal para la Educación Pública fue del 4.47 % del producto interno bruto y con la finalidad de cumplir el presente decreto, el Presupuesto de Egresos en el año 2003 no será inferior al 7 % del PIB y en el año 200 no será inferior al 8 % del mismo.
"Quinto.- Los gobiernos estatales celebrarán con el Gobierno Federal convenios de colaboración que les permita cumplir con la concurrencia en la educación que dimana de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, al tiempo que se les transfieran funciones de seguimiento operativo y de administración, apegándose a los requerimientos de su población y grado de desarrollo.
"Por tal motivo solicito a la Presidencia sea publicado el presente documento de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria.
"Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados el día 22 de octubre del 2002. Y firma su servidor y los demás diputados a nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional.
"Muchas gracias".
- LA C. PRESIDENTA: Gracias a usted, diputado.
Inclúyase el texto íntegro en el diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra la diputada Verónica Sada Pérez, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 3º., y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el derecho de los ciudadanos con respecto a la cultura y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia cultural.
- LA C. DIPUTADA VERÓNICA SADA PÉREZ (PAN):
Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados;
Señoras Diputadas y señores Diputados:
"La palabra cultura puede emplearse en varios sentidos, como el resultado o el efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre o bien como el conjunto de modos de vida y de costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o grupo social. Ambas definiciones han sido extraídas del diccionario de la Real Academia Española. Ambas son correctas. Todo depende del contexto en que sean utilizadas.
"Es en referencia a la segunda definición en especial cuando es empleada para aludir el acontecer del arte en sus múltiples manifestaciones y expresiones en las que se centra principalmente nuestro análisis y propuesta.
"Hoy, más que en ningún otro momento de nuestra historia contemporánea, es fundamental reconocer la existencia de las diversas interpretaciones de la cultura y asumir la responsabilidad compartida por todos para protegerlas e impulsarlas. Para lograrlo es fundamental establecer un marco irrestricto de respeto a la diversidad cultural como sustento de nuestra identidad nacional. Ante ello el valor de la tolerancia ha demostrado ser un pilar en el desarrollo democrático de nuestro país. El respeto a las opiniones, expresiones y manifestaciones distintas a la nuestra construye y edifica la civilidad que toda la sociedad ansía, pues el objeto no es la eliminación o aniquilamiento del otro sino la convivencia armónica entre todos sus integrantes.
"La tolerancia se ha convertido en un valor que debemos proteger y fomentar con el fin de no toparnos con atrocidades ya cometidas en el pasado, en las que se intentaba imponer una sola y uniforme manera de ser, creer, hacer y ver las cosas. Como lo expresó el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil, en su libro Pensar Nuestra Cultura.
"La cultura nacional no puede ser otra cosa que la organización de nuestras capacidades para convivir en una sociedad pluricultural, diversificada, en la que cada grupo portador de una cultura histórica pueda desarrollarse al máximo de su potencialidad, sin opresión y con el estímulo del diálogo constante con las demás culturas.
"No es pues la cultura nacional un todo uniforme y compartido, sino un espacio construido para el florecimiento de la diversidad. Se trata de aceptar la validez de formas muy variadas de pensar y de creer, de modos distintos de comportamiento social y de maneras particulares de expresión. Se trata de admitir la vigencia de múltiples historias dentro de la historia mexicana y asegurar el derecho de cada grupo a delinear su propio destino, basado en su experiencia acumulada, en su conocimiento social, en sus valores y en sus aspiraciones.
"Por lo tanto, en la interacción con otros elementos y culturas la nuestra se fortalece, se nutre y por supuesto se transforma con la incorporación de nuevas perspectivas, lo cual no implica que deje de ser lo que ya es, sino que se renueve y actualice reflejando lo que somos y construimos día con día.
"De ahí que esta iniciativa tenga como sustento el respeto y defensa de la diversidad cultural. Desde aquellas manifestaciones emanadas de las tradiciones autóctonas de antiguas hasta las resultantes de las más vanguardistas experimentaciones sin reparo en las distintas posturas ideológicas, religiosas, morales, de quien la proponga.
"La cultura es un bien común pues se sustenta justo en la libre expresión de las personas. De ahí que todos debemos gozar del derecho a disfrutar, preservar, difundir y emprender cualquier manifestación y expresión cultural y artística, siempre y cuando esta sea lícita.
"Reafirmamos que la cultura no debe ser un privilegio restringido, por el contrario, su esencia es fundamentalmente libre y abierta, independientemente de la condición económica, social o política de quien la exprese o de quien la perciba. De tal forma es primordial que este derecho a la cultura florezca en un marco de libertad, diversidad, pluralidad y respeto.
"De manera que a partir de la sana convivencia, sin prejuicios y en condiciones de igualdad todos los participantes se favorezcan y al mismo tiempo contribuyan al desarrollo y bienestar de los demás. Es aquí donde entra el papel del Estado como proveedor de una base mínima, con la cual permita que florezcan las múltiples manifestaciones y expresiones artísticas y culturales, sin pretender dirigirlas o coartarlas.
Pero la defensa y la promoción de la cultura no son responsabilidad exclusiva del gobierno, se requiere del compromiso de todos y de la definición de objetivos comunes.
La corresponsabilidad y coordinación de los esfuerzos y acciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada, junto con el Estado, es la combinación óptima para el buen funcionamiento de las dinámicas culturales.
"Hoy existen algunas entidades federativas que norman las actividades culturales dentro de su ámbito de competencia. Sin embargo, consideramos necesario incorporar la facultad de legislar en la materia al Congreso General de la Unión, con el propósito de articular y coordinar dichas acciones, darles orden y sentido. Se trata de fortalecer y armonizar, para que con justicia sean todas las manifestaciones artísticas y culturales valoradas y respetadas.
"Siendo un asunto que nos concierne a todos, resulta congruente permitir que se legisle en el ámbito federal, para que en coordinación con los estados se canalicen y orienten las acciones gubernamentales en beneficio de la cultura.
"Finalmente es importante insistir en que la libertad de las expresiones artísticas y culturales no pueden restringirse bajo esquemas preestablecidos y que su única limitante es que se conduzca en el marco de la licitud. Esta única acotación se deba a que incluso la valoración estética corresponde también a una subjetividad que generalmente se sustenta al paso del tiempo y nunca en la inmediatez de los parámetros temporales, es decir, los criterios estéticos o morales de percepción en la temporalidad existencial específica, no pueden ser definitivos para descalificar ninguna dinámica cultural ni mucho menos para censurar la expresión artística.
"En el mismo sentido se expresa el doctor César González Ochoa, en el libro Recepción Artística de Consumo Cultural, dice: Los productos culturales lo son no de una manera absoluta, no poseen rasgos inherentes o intrínsecos que los conviertan en elementos de la cultura, de igual forma en que los objetivos artísticos no lo son tampoco de manera natural. Los objetos considerados como culturales lo son sólo dentro de los límites de la cultura particular de que se trate, son pues relativos. Que una cultura reconozca un objeto con función y con significado, no necesariamente presupone que para las demás culturas tenga esos atributos. Incluso una misma cultura considerada desde una perspectiva diacrónica, puede atribuir significado a un objeto en un momento determinado y ya no atribuirlo en otro.
"Con esta reflexión se puede advertir cómo incluso cuando una manifestación artística sea cuestionada en un sentido estético, deberá ser respetada y la norma deberá garantizar la libertad de creación.
"La libertad de expresión que hoy goza el pueblo de México, es un logro sin paralelo, es un valor en el que se descansa nuestra sociedad democrática, es un valor con el que todos deseamos que crezcan nuestros hijos. No debe haber más límites para estas expresiones que el propio marco de la ley.
"Por todo esto, nuestra propuesta de reforma a la Constitución pretende:
"Primero.- Adicionar una fracción al artículo 3º constitucional, con el objeto de erigir como un derecho constitucional que toda persona goce de la prerrogativa de disfrutar, preservar, difundir y desarrollar cualquier manifestación y expresión cultural y artística que elija, siempre y cuando estas manifestaciones y/o expresiones no incurran en ningún ilícito.
"Segundo.- En lo que concierne el artículo 73, se reforma la fracción XXIX inciso j), para efecto de guardar la continuidad en la enumeración de las fracciones y se adiciona la fracción XXIX inciso k), para permitirle al Congreso de la Unión establecer las bases de coordinación en materia de cultura, los tres ámbitos de gobierno y los mecanismos de participación de los sectores social y privado.
"Termino recordando la frase postulada por Voltaire, cuando expresó: Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo".
Solicito a la Presidenta de esta Honorable Cámara de Diputados, se publique íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señora diputada.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y también a la de Cultura.
Tiene la palabra la diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa de Ley del Servicio Público de Carrera de la
Administración Pública Federal.
Por no estar en el salón, pasamos su intervención al final de este apartado.
El siguiente punto, la iniciativa que presentaría la diputada Maricruz Cruz Morales, se pospone para próxima reunión.
Y tiene la palabra el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 26 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-EL C. DIPUTADO MANUEL DE JESUS ESPINO BARRIENTOS. Con su venia señora Presidenta. Compañeras y compañeros Legisladores. Los suscritos, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicional diversas Disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de dotar de autonomía al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como para establecer las Bases sobre las que se organizarán y funcionarán los Sistemas Nacionales de Información, Estadística y Geográfica, Iniciativa que se inscribe dentro de nuestra visión de Reforma del Estado.
Por economía de tiempo se hace un resumen del contenido y propuestas de la Iniciativa, misma que entrego a la Secretaría de la Mesa y pido desde ahora, se inscriba íntegra en el Diario de los Debates
La presenta Iniciativa se fundamenta y motiva bajo la siguiente Exposición de Motivos.
Un sistema de información eficaz es vital para el desarrollo y permanencia de un estado democrático, por ello una actividad estadística veraz, transparente, puntual y completa resulta necesaria para la correcta toma de decisiones y ejecución de los actos de gobierno y las políticas públicas en beneficio de la sociedad
La información proveniente del Estado y cuyo contenido refleja las cifras oficiales sobre hechos que son relevantes debe convertirse en herramienta privilegiada en el fomento y consolidación de una ciudadanía educada y crítica y en el fortalecimiento del estado de Derecho mismo.
La democracia es indispensable para el progreso cualitativo de nuestra nación, esta debe ser la base política del crecimiento económica y de una vida social regida por las garantías que están consagradas en nuestra Constitución General.
El avance democrático no se evalúa únicamente en términos de resultados electorales sino también define sus adelantos en la medida en que la sociedad interviene discutiendo , demandando y apoyando acciones para el desarrollo social y económico y coadyuvando en las soluciones que permitan una igualdad en las oportunidades y que frenen la desigualdad que desde hace mucho tiempo anida en nuestro país.
En la sociedad democrática a que aspiramos los mexicanos, las acciones de gobierno no deben ser solamente ampliamente difundidas sino también extensamente analizadas y evaluadas por la población aprovechando la producción de abundante información pública y que es de fácil acceso para todos.
Es por lo anterior, dentro de lo que se ha llamado la Reforma del Estado, que la presente Iniciativa propone a esta honorable Asamblea dotar de autonomía en el ámbito constitucional al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática así como sentar las bases para que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cuente con facultades expresas para establecer los Sistemas Nacionales de Información Geográfica y Estadística lo que sin lugar a dudas fortalecerá la confianza de los ciudadanos en la utilización de las cifras que este órgano genera y que tendrá una sociedad mejor informada con mayores elementos para evaluar el acontecer nacional y con mejores instrumentos para la toma de decisiones individuales y colectivas.
En nuestro país, los antecedentes de la regulación de la información estadística y geográfica son muy amplios, mismos que datan desde el año de 1882 lo que hizo que México fuera uno de los pioneros en el establecimiento de áreas específicas para la integración y desarrollo de estadísticas oficiales.
Posteriormente se dieron avances sustanciales en la regulación de las actividades estadísticas que debería desarrollar el Estado como la del 30 de Noviembre de 1980 donde surge la Ley de Información, Estadística y Geográfica dentro del proceso global de planeación implementado en nuestro país en el que se llevaron a cabo diversas reformas administrativas tendientes a otorgar apoyo a las principales acciones gubernamentales mediante el suministro de la información estadística y geográfica.
El 12 de diciembre de 1983, con la finalidad de complementar las reformas que se llevaron a cabo respecto a la expedición de la Ley de Planeación que publican en el Diario Oficial de la Federación reformas y adiciones a la Ley de Información, Estadística y Geográfica entre los cuales se considera al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática como un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto
Es preciso señalar que actualmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática detenta la naturaleza de órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito, dotado de autonomía técnica y de gestión para el desempeño de sus funciones pero jerárquicamente subordinado al Ejecutivo Federal por lo que para el mejor cumplimiento de sus funciones es indispensable que el INEGI se convierta en un organismo plenamente autónomo, ajeno a la competencia y tutela de los tres Poderes cuyo objeto será seguir aportando en forma imparcial los datos y estudios que conforme a su marco competencial tiene atribuidos.
De esta manera se consolidaría la eficacia y la calidad de la información estadística y geográfica que el Instituto produce para que la ciudadanía y todos los sectores estén en posibilidades de analizar, de dar seguimiento y evaluar las políticas y acciones públicas en los diferentes ámbitos.
Debe resaltarse que este aspecto es fundamental para cumplir el mandato constitucional del derecho a la información y para lograr un estado moderno, con un amplio desarrollo democrático.
Cabe señalar que el pretender dotar de autonomía al INEGI no implica en modo alguno abandonar el principio clásico de división tripartita de poderes ya que esta teoría sigue siendo válida y efectiva al evitar la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes sino que debido a la dinámica social, la realidad impone la necesidad de evolucionar a la concepción de nuevos órganos que por las funciones que tienen encomendadas sean capaces de estar alejados de la influencia de alguno de los poderes clásicos.
Por lo expuesto y con el objeto de incorporar al INEGI los cambios que demanda el desarrollo del país, la presente iniciativa propone adicionar dos párrafos al artículo 26 constitucional a fin de darle el carácter de organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía presupuestaria y de gestión a efecto de que organice, coordine e instrumente los sistemas nacionales de estadística e información geográfica.
La certeza, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores.
De igual manera, la información que produzca el INEGI tendrá el carácter de oficial y será veraz, oportuna y completa. Asimismo, en esta reforma constitucional se propone que el INEGI sea conducido por una junta de gobierno y un presidente de la misma propuestos por el Presidente de la República y aprobados por el Senado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente desempeñando su cargo por períodos escalonados que aseguren su autonomía.
Por otra parte y de manera correlativa, se propone ante esta soberanía una reforma a la fracción XIX del artículo 73 de la Constitución Federal a efecto de que este órgano legislativo federal, con pleno respeto a la soberanía de los Estados y autonomía a los municipios y bajo un espíritu federalista, cuente con atribuciones expresas para establecer las bases de coordinación entre la Federación, Distrito Federal, Estados y municipios del Sistema Nacional de Información Geográfica y Estadística y que como ya se señaló, dichos sistemas deben de constituirse en las herramientas privilegiadas para el fortalecimiento de nuestra vida democrática y la consolidación de un desarrollo económico, justo, mediante la suma de esfuerzos y la potencialidad de los diversos órganos de Gobierno a través de un eficaz y eficiente mecanismo de coordinación.
Por su atención, señoras y señores diputados, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
La siguiente iniciativa agendada por la diputada Hortensia Aragón Castillo se pospone para otra ocasión.
El diputado Eduardo Andrade Sánchez tiene la palabra para presentar una iniciativa que reforma diversos ordenamientos legales en materia de presupuesto.
EL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN: (desde la curul) Para el final.
LA PRESIDENTA: ¿Al final, licenciado, o para otra sesión?
EL DIP. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ: (desde la curul) De una vez.
LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Andrade.
EL DIP. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ: Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Una función esencial del Poder Legislativo es la de autorizar los gastos del poder público. De hecho, el origen histórico de las asambleas parlamentarias se encuentra en la provisión de fondos para los antiguos monarcas medievales. La representación parlamentaria ha evolucionado a través de los siglos, pero mantiene la función de aprobar el presupuesto para atender a las necesidades colectivas.
En nuestro país un largo periodo de predominancia de un solo partido generó un perceptible desequilibrio a favor del Poder Ejecutivo, a quien corresponde elaborar el proyecto de Presupuesto. Su preponderancia política y la infraestructura técnica de la cual dispone hacían que la Cámara de Diputados asumiera un papel principalmente ratificador de los lineamientos dispuestos por el Presidente de la República. En este escenario se incubó la práctica de autorizar al Ejecutivo para que ajustara dentro de ciertos márgenes el ejercicio del gasto en los casos en que los cambios en las condiciones económicas lo hicieran necesario.
La dinámica de la democracia mexicana condujo a la alternancia partidista en la titularidad del Ejecutivo y determinó una composición congresional que otorga al Legislativo un papel de control y contrapeso efectivos a la discrecionalidad presidencial. En ese esquema, la voluntad de los legisladores adquiere una nueva dimensión; los acuerdos que se alcanzan en las Cámaras implican la conformación de una mayoría en la que convergen por lo menos dos fuerzas políticas y supone una decisión que refleja el sentir también mayoritario de la población. En esta situación es preciso preservar el escrupuloso cumplimiento de las medidas dictadas por el Congreso y para ello se requiere establecer disposiciones legales que garanticen ese cumplimiento.
Pese a los cambios de condiciones políticas derivados de los resultados electorales de julio de 2000, se ha mantenido una inercia por virtud de la cual el Presidente de la República ha venido disponiendo alteraciones del contenido del presupuesto, que argumentando disminuciones de los ingresos disponibles se han traducido en reducciones de partidas que la Cámara de Diputados había configurado de manera especial para atender necesidades sentidas popularmente en áreas como la educativa, la de salud, la de apoyo al campo y la de asignación de recursos a las entidades federativas, para citar las más importantes.
Por esos motivos resulta conveniente introducir cambios en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, para que erogaciones dispuestas por el Poder Legislativo en áreas tan sensibles como las señaladas, no puedan ser disminuidas de manera unilateral por el Ejecutivo, para ello, el legislador debe señalar cuál es el orden de los rubros que pueden afectarse por parte del Presidente cuando se presenten insuficiencias en los ingresos públicos.
Las modificaciones y adiciones en esta materia deberán incluir en consecuencia los siguientes criterios:
El proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo debe contener todos los gastos requeridos para el cumplimiento de cualesquiera obligaciones contraídas por el Gobierno Mexicano y para la realización de las actividades, obras y servicios y públicos previstos en los programas a su cargo.
Deben establecerse, por ejemplo, los pagos que deban hacerse por concepto de deuda pública externa, interna o contingente.
Las erogaciones que deba efectuar cada una de las entidades incluidas en el presupuesto, especificando detalladamente el programa a que corresponden, el objeto del gasto y las metas que deben alcanzarse en el mismo.
La manera de asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos, determinando en detalle los programas, subprogramas, metas, etcétera, que deban alcanzarse.
En caso de que los ingresos sean inferiores a los previstos, la determinación previa de programas, subprogramas y partidas que podrán ser objeto de reducción por parte del Ejecutivo Federal, señalando el orden sucesivo de afectación de las mismas, en ningún caso podrá autorizarse al Ejecutivo a disminuir el monto de partidas aprobadas para programas educativos, de salud, de apoyo al campo o las partidas destinadas a las entidades federativas.
Si los recursos disponibles disminuyeran al extremo de que se hiciese necesario abatir el monto de las partidas que no pueden ser modificadas por el Ejecutivo, éste tendría que presentar una iniciativa ante la Cámara de Diputados con el propósito de que ésta determine lo que corresponda.
Debe establecerse la noción de que las partidas presupuestas no significan solamente límites máximos ni que el ahorro en gastos, por definición, considerados como necesarios, desde el momento que se les asigna un presupuesto, sea una virtud pública.
Es necesario disminuir la discrecionalidad del Ejecutivo para el otorgamiento de subsidios, indicando que cuando éstos se dirijan a particulares, deberá existir autorización expresa de la Cámara de Diputados en el presupuesto.
Para corregir los desequilibrios que pudiera propiciar recortes en el gasto que contravengan los criterios enunciados, es indispensable incorporar un artículo transitorio que permita efectuar las reasignaciones correspondientes dentro de este mismo año; este transitorio sería fundamental poder hacer reasignaciones dentro de este mismo año a fin de evitar que asignaciones que la Cámara determinó con base en demandas reales de diversos grupos sociales, se disminuyan en perjuicio de los mismos y en todo caso, las erogaciones que se reduzcan, sean aquellas que tienen que ver con las actividades directas de la administración pública centraliza dependiente del Ejecutivo Federal.
En atención a lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara el siguiente:
Proyecto de Decreto.
Artículo Primero.- Se reforman y adicionan los artículo 15, 16, 25 y 50 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para quedar como sigue:
Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para cubrir durante el período de un año a partir del 1° de enero, todos los gastos que debe efectuar el propio Ejecutivo para el cumplimiento de cualesquiera obligaciones contraídas por el gobierno mexicano y para la realización de las actividades, obras y servicios previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalan.
Artículo 16.- Se mantienen sus dos primero párrafos y se agrega:
El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación debe contener lo siguiente:
a) Los pagos que deben hacerse por concepto de deuda pública externa, interna o contingente; la referencia a la fuente de dichas obligaciones y los plazos previstos para la cobertura de las mismas.
b) Las erogaciones que debe efectuar cada una de las entidades incluidas en el Presupuesto especificando detalladamente el programa a que corresponde; el objeto del gasto, las metas que deben alcanzarse con el mismo, la unidad responsable para ejercerlo, la partida presupuestal específica y su aplicación geográfica en la entidad federativa que corresponda".
Todo esto debe formar parte del presupuesto en su conjunto y no necesariamente de anexos.
c) La manera de asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos, determinando en detalle los programas, subprogramas, metas y unidades responsables y partidas presupuestales a las que deberán asignarse tales recursos.
d) En caso de que los ingresos sean inferiores a los previstos, la determinación de los programas, subprogramas y partidas que podrán ser objeto de reducción por parte del Ejecutivo federal, señalando el orden sucesivo de afectación de las mismas.
En ningún caso podrá autorizarse al Ejecutivo a disminuir el monto de partidas aprobadas para programas educativos de salud, de apoyo al campo o las partidas destinadas a las entidades federativas.
En caso de que la disminución de recursos disponibles y se hiciese necesaria una afectación de las partidas correspondientes a estos rubros, el Ejecutivo deberá presentar una iniciativa de reformas al decreto de presupuesto de egresos de la federación, debidamente motivada para que la Cámara de Diputados disponga lo conducente.
Artículo 25.- El gasto público federal deberá ajustarse al monto autorizado para los programas, subprogramas y partidas presupuestales.
Los titulares de las unidades responsables, tendrán la obligación de ejercerlo en su totalidad y reportar a la Cámara de Diputados el avance del gasto en los términos y condiciones que lo determinen las Comisiones de dicha Cámara.
El Ejecutivo federal determinará la forma en que deberán invertirse los subsidios que otorga a los estados, municipios o instituciones públicas, quienes proporcionarán a la dependencia que señala el propio Ejecutivo y a las Comisiones correspondiente de la Cámara de Diputados, la información que se les solicite.
Se establecen también sanciones para aquellos servidores públicos que no cumplan con las disposiciones del presupuesto y que dejen de ejercer adecuadamente el gasto público.
Dejo el resto del texto que comprende el Transitorio, al que ya aludí, en poder de la Secretaría, para no rebasar el tiempo previsto.
Muchas gracias presidenta.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia de instruya a su cierre.
-LA C. SECRETARIA ADELA CEREZA BAUTISTA: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 422 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias señora Secretaria.
Tiene la palabra la diputada Beatriz Guadalupe Grande López , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia Indígena.
-LA C. DIPUTADA BEATRIZ GUADALUPE GRANDE LOPEZ: Con su permiso señora presidenta. Honorable Asamblea. La de la voz diputada Beatriz Guadalupe Grande López a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 55 fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Artículo 59 ter, y se reforman los Artículos 5, 6, 10, 11, 12, 13, 25, 55, 59, 73, 75, 86 y 101, todos de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia Indígena, a tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las comunidades, poblaciones y naciones indígenas, son aquellas que contando con una continuidad histórica con la sociedades anteriores a la invasión y a la colonización que desarrollaron en sus territorios, se consideran a si mismas distintas de otros sectores de la sociedad, y están decididas a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su existencia continuada como pueblos, de conformidad con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas jurídicos.
Partiendo de esta definición de la ONU, no debemos considerar a los pueblos indígenas como un grupo víctima, atrasado o vulnerable, sino como un grupo social que exige el reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto a sus costumbres, usos y lenguas, autonomía e identidad, entendiéndose esta última como una celebración de la diferencia, de la diversidad justamente porque una gran variedad de grupos indígenas conviven dentro de un mismo estado.
Cada pueblo indígena posee diferentes valores, símbolos y prácticas culturales, sin embargo están unidos por una historia común de dominación, marginación y luchas reivindicativas, lo que fortalece su unidad en la diversidad.
En el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, la permanencia de los pueblos indígenas y su supervivencia histórica en condiciones de desventaja económica y social, se explica gracias a su lengua y cultura, toda vez que representa la base de su identidad, fortalece los lazos de unidad y el poder que mantienen reproduce y cohesiona a los pueblos y constituye un sistema de comunicación con el Estado, la sociedad nacional y entre las mismas comunidades.
En México los pueblos y comunidades indígenas representan, de acuerdo a CONAPO, más del 10% de la población mexicana y aportan más de 60 lenguas distintas mientras que el INEGI reporta en el Censo General de Población y Vivienda del 2000 a 8.4 millones de indígenas; estas cifras nos revelan la riqueza cultural de nuestra Nación.
En este contexto es fundamental el papel que desempeñan los medios de comunicación como el camino que permite el conocimiento, la difusión y la preservación de la cultura y lenguas indígenas.
Durante muchos años en los medios de comunicación, los pueblos indígenas no han ejercido la autorrepresentación debido a que carecen de los recursos necesarios para su adquisición y no cuentan con la infraestructura adecuada, lo que ha provocado que sea limitada su participación en los procesos de comunicación; por ello en la mayoría de estos medios no se reflejan su pensamiento y valores culturales, lo cual ha provocado que se difunda una versión estereotipada y carente de objetividad.
Este grupo social requiere que se desarrollen las vías legales que le permitan emprender dichas acciones a efecto de promover, desde su perspectiva y visión, las necesidades, tradiciones, usos y costumbres en materia política, económica, y social que permitan a la sociedad nacional acceder al conocimiento de la diversidad cultura.
Cabe señalar que en nuestro país el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas del Instituto Nacional Indigenista, fundada en 1979, ha realizado un trabajo loable al sumar actualmente 24 radiodifusoras indígenas en todo el país, las cuales cubren alrededor de 928 municipios con población mayoritariamente indígena de los 2 mil 315 municipios con población hablante de lengua indígena, cubriendo el 40% del total de esta población, por lo que resulta evidente la necesidad del apoyo para ampliar las redes de comunicación entre estos pueblos a efecto de que se cumpla el objetivo de conocimiento, transmisión y preservación de su cultura, lenguas, usos y costumbres.
En atención a las necesidades y exigencias de los indígenas mexicanos, a su búsqueda por igualar derechos y oportunidades buscando que sus diferencias fueran reconocidas como válidas, se llevaron a cabo las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena plasmados éstos en el artículo 2º., en donde se establecen las directrices para lograr esta igualdad y eliminar todo tipo de discriminación.
Con el objeto de que puedan ser aplicados estos preceptos en lo que a medios de comunicación se refiere, consideramos necesario modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, toda vez que a partir de las reformas constitucionales antes mencionadas, no se han establecido los mecanismos que permitan hacer efectivo lo concerniente al conocimiento, promoción y difusión de la cultura indígena a través de los medios de comunicación como lo son la radio y la televisión.
Así, el objetivo de esta iniciativa, es adecuar esta ley para que los indígenas puedan emprender las acciones encomendadas en la Constitución en materia de difusión cultural e informativa y con ello contribuir al fortalecimiento de la integración de dichos pueblos, así como la conservación de su cultura, lengua, usos y costumbres, de tal forma que se puedan establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen, tal y como lo dicta la fracción VI del apartado "B"; así como preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Que se estipule la fracción IV del apartado "A", del artículo 2o. de nuestra Carta Magna.
De igual forma la iniciativa establece los mecanismos para generar una conciencia nacional de respeto a la diversidad cultural, con la finalidad de alcanzar una interrelación entre grupos y personas con cultural diferentes.
Por ello consideramos importante garantizar la difusión, transmisión, protección, desarrollo, enriquecimiento, preservación y el uso de su lengua; así como el conocimiento de la diversidad cultural a efecto de eliminar las actitudes prejuiciosas, discriminatorias y racistas y lograr establecer una relación más estrecha entre los pueblos indígenas con la sociedad nacional, fundada en el respeto y reconocimiento de estos pueblos.
Por ello en la presente iniciativa consideramos de vital importancia el que se establezca el reconocimiento de la diversidad cultural que conforma la Nación Mexicana y que en las poblaciones mayoritariamente indígenas, se establezca el uso de sus lenguas; se integre la medicina tradicional como parte de la promoción de sus usos y costumbres; toda vez que ésta constituye su principal recurso para la atención a la salud, además de ser complementaria a la medicina científica; lo cual además, se reconoce en nuestra Constitución.
Asimismo se insertan los mecanismos para que las estaciones y los profesionales de comunicación indígena, así como todas las actividades relacionadas, sean reconocidas legalmente para dejar atrás esa cultura paternalista que exime y no exige la igualdad de oportunidades; establece condonaciones y no sanciones. Con lo que sólo se logra cultivar un apoyo a medias, sin compromisos de ninguna parte.
Es por eso que queremos establecer reglas claras para todos los actores involucrados en base a la transparencia y rendición de cuentas que permee en toda la sociedad.
En este sentido se establecen los compromisos del Ejecutivo Federal, los gobiernos de los estados, los ayuntamientos y los organismo públicos para que consideren en todo momento a los pueblos indígenas como parte de la cultura nacional, con toda su diversidad.
En este sentido la iniciativa propone modificar los siguientes artículos: Los artículos 5o. y 73, para que la radio y la televisión contribuyan al fomento y difusión de la diversidad cultural.
Los artículos 10, 11 y 12, para introducir en la competencia de la Secretaría de Gobernación, la de Educación y la de Salud, el fortalecimiento y reconocimiento de la diversidad cultural.
Los artículos 5, 6, 11, 75 y 86, para fomentar el uso de la lengua indígena.
Los artículos 13 y 25 que complementan el otorgamiento de permisos a las estaciones de radio y televisión indígenas.
En los artículos 55 y 59, se establece: que para las transmisiones gratuitas se incluyan las de los indígenas y se inserte un artículo 59 ter, a efecto de sentar las líneas generales que deberán seguir los programas sobre los pueblos indígenas.
Y finalmente, se modifique el artículo 101, a efecto de sancionar a quien no cumpla con el artículo 75, referente al uso de las lenguas.
Para Acción Nacional, la cultura es un precepto fundamental en el desarrollo de la sociedad y apoyamos todas las políticas a favor de la diversidad, difusión y preservación de la cultura. Pero lo que para nosotros es fundamental, apoyar el valor de uso de su lengua a través de las estaciones de radio y televisión indígenas y culturales. Y la certificación de los profesionales indígenas de la comunicación.
Promover el derecho de acceso a la información y de libertad de expresión en su lengua, son acciones que se han instaurado en el seno de la sociedad mundial, lo cual debe apoyarse alentando a los indígenas a crear sus propios medios de comunicación.
Compañeras y compañeros legisladores: Hagamos conciencia de que los medios de comunicación comunitarios son el medio idóneo para fortalecer la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas al desarrollo, por los beneficios que trae consigo esta iniciativa, esperamos que depositen en ella su confianza y apoyo.
Gracias.
Dejo el texto para que sea insertado y se turne a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Gracias.
-PRESIDENTA: Gracias a usted señora diputada.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Públíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables otorgan al petróleo y demás hidrocarburos y a la petroquímica básica un carácter estratégico para el desarrollo nacional, reservando su dominio al Estado por conducto de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.
Por su parte, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos define a esta empresa paraestatal como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que tiene por objeto ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal.
Asimismo, dicha ley dispone de Petróleos Mexicano y sus cuatro organismos descentralizados: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, de acuerdo con sus respectivos objetos podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios y contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
Además, dicha Ley determina que el órgano superior de gobierno de la industria petrolera nacional lo constituye el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
Por ello, en el contexto política y económico actual se exige la intervención de la sociedad en la vigilancia de sus empresas, consideradas como estratégicas para garantizar el dominio de la nación, evitando acciones que afecten su patrimonio y, por el contrario, permitan el fortalecimiento de su infraestructura productiva y amplíen su presencia en los mercados nacionales e internacionales.
La propuesta se dirige a fortalecer la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, en particular en el área estratégica de la industria petrolera, en un ámbito donde el Estado mantiene el dominio directo del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y del espacio situado sobre el territorio nacional, promoviendo la concurrencia con responsabilidad social de los sectores sociales y privado para que contribuyan al desarrollo de la nación con las limitantes que para tales efectos establezca la ley.
El objeto de las reformas y adiciones que se proponen se dirigen y fortalecer la gestión pública encomendada al Consejo de Administración de Petróleo Mexicanos y pretenden dotar a las instancias representativas de la sociedad de capacidad decisoria para coayuvar al pleno cumplimiento de los preceptos constitucionales y de las disposiciones normativas aplicables, como son la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo; la Ley de Entidades Paraestatales, la propia Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otras.
En su intervención en el Consejo de Administración los consejeros ciudadanos participarán en la determinación de los programas anuales de operación y de inversiones, presupuestos anuales de ingresos y egresos y sus modificaciones, estados financieros, gestión, contratación y pago de deuda pública y respecto al otorgamiento de donativos, subsidios, gratificaciones, ayudas sociales u operaciones semejantes que afecten el patrimonio del organismo, entre otros asuntos.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en estas disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
Artículo único: se reforman y adicionan los artículos 7 y 9 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 7º. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de 14 miembros propietarios, el cual estará integrado por los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; por tres consejeros ciudadanos designados por la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y por cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Podrán asistir, como observadores con derecho a voz, a las reuniones de la Junta de Gobierno tres integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados nombrados por la misma, apegándose al criterio de pluralidad.
El presidente del Consejo de Administración será el titular de la Secretaría de Energía, quien actúa como coordinador del sector al que está adscrito Petróleos Mexicanos, y cuenta con voto de calidad.
Los representantes de los trabajadores deberán ser miembros activos de dicho sindicato, contar con planta de Petróleos Mexicanos y haber sido elector por voto libre, secreto y directo de los propios trabajadores en elecciones que para tales fines se lleven a cabo.
"Por cada uno de los consejeros que se designe se nombrará un suplente. Los suplentes de los Consejeros que representen al Estado serán designados por los respectivos titulares. Los suplentes de los Consejeros ciudadanos serán nombrados por la Honorable Cámara de Diputados del congreso de la Unión y los Consejeros sindicales serán los que resulten electos por los trabajadores, debiendo reunir los mismos requisitos exigidos para los propietarios.
"Los Consejeros ciudadanos deberán ser mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y en ningún caso podrán ser designados personas que hayan sido sentenciadas por delitos patrimoniales o inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo en el servicio público, así como tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta del cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del Consejo de Administración o del Director General de Petróleos Mexicanos.
"Además estos representantes deberán contar con una amplia experiencia vinculada con las actividades petroleras a fin de contribuir de la manera más eficiente al logro de los objetivos de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
"Los Consejeros ciudadanos adquieren la obligación de someter a consideración del Congreso de la Unión un informe semestral sobre el estado que guarda la industria petrolera.
"Artículo 9º.- El Consejo de Administración de cada uno de los organismos subsidiarios se compondrá de catorce miembros y sus respectivos suplentes.
2Los titulares serán cuatro representantes del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo federal; los tres Directores Generales de los otros organismos públicos descentralizados subsidiarios; el Director General de Petróleos Mexicanos, quien lo presidirá; los tres Consejeros ciudadanos nombrados por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se señalan en el artículo 7º., de la presente Ley y tres representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
"Los representantes de los trabajadores deberán ser miembros activos de dicho Sindicato, contar con planta en el organismo subsidiario correspondiente y haber sido electos por voto libre, secreto y directo de los propios trabajadores en elecciones que para tales fines se lleven a cabo.
"Los suplentes de los Consejeros que representen al Gobierno Federal, serán designados por sus respectivos titulares; los de los organismos subsidiarios serán designados por los directores correspondientes; los Consejeros ciudadanos serán nombrados por la Honorable Cámara de Diputados y los Consejeros sindicales serán los que resulten electos por los trabajadores debiendo reunir los mismos requisitos exigidos a sus propietarios.
"Transitorios:
"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, en tanto el Ejecutivo Federal expide las reformas a los reglamentos de las leyes que con ese decreto se reformen. Se aplicarán en lo que no se opongan a las mismas las disposiciones reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en vigor de este decreto.
"Tercero.- A la entrada en vigor del presente decreto, que reforma y adiciona la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración proveerá lo necesario para llevar a cabo la formalización de los actos jurídicos que procedan a efecto de otorgar las más amplias facultades a los Consejeros ciudadanos que hubiesen sido nombrados por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
"Es cuanto, ciudadana Presidenta y le pediría, si es tan amable, que se puebla publicar en el Diario de los Debates la iniciativa de decreto que presento, de manera íntegra.
"Es cuanto, muchas gracias".
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.
- EL C. DIP. MARCOS PEREZ ESQUER: Con su venia, señora Presidenta.
Con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias conducentes, el suscrito diputado federal de está LVIII Legislatura somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación misma que se sustenta en las siguientes
C O N S I D E R A C I O N E S
"Los delitos de querella, como es sabido, tienen dos características principales:
"Primero.- Que sólo el ofendido puede presentar la acusación o querella ante la autoridad persecutoria de delitos, y
"Segundo.- Que el ofendido tiene derecho a otorgar el perdón.
"Por otra parte, como se sabe, los denominados delitos graves se caracterizan por el hecho de que debido a la gravedad de las consecuencias perniciosas que la conducta delictiva genera, al acusado le queda cancelada la posibilidad de la libertad bajo caución.
"Ahora bien, algunos de los delitos fiscales son de querella y son graves. Son de querella y consecuentemente solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede formular acusación al respecto, debido a que si fuesen de oficio, es decir, si cualesquier ciudadano pudiera acusar a otro de evasión fiscal incentivaríamos un fenómeno pernicioso en términos de competencia económica. Esto es, cualesquier persona podría estar formulando acusaciones hacia otras que se dediquen a la misma actividad económica con el solo fin de eliminar a su competencia o de meterla en aprietos. En ese sentido consideramos que solo la Secretaría de Hacienda pueda formular acusación respecto de ciertos delitos fiscales.
"Por otra parte, a raíz de la más reciente reforma al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1999, ciertos delitos fiscales son considerados graves. Esto en virtud de haberse considerado de suma gravedad el defraudar al fisco que equivale a defraudar a la sociedad. En el fondo compartimos esta visión, toda vez que sí consideramos de gravedad el hecho de que algunos mexicanos defrauden a todos los demás mexicanos mediante la omisión en el pago de sus impuestos.
"Sin embargo, no estaríamos de acuerdo en el hecho de que algunos delitos fiscales sean considerados al mismo tiempo de querella y graves. Tal es el caso de la defraudación fiscal y su tentativa punible o el contrabando por ejemplo. No estaríamos de acuerdo, decimos, porque se genera grave injusticia cuando una persona tiene el poder de simplemente con su acusación meter en la cárcel a alguien sin que ésta pueda obtener libertad bajo caución y tiene también el poder de perdonarlo y consecuentemente de liberarlo. Esto de suyo importa, como claramente se ve, una injusticia mayúscula; pero más aún cuando el único facultado para acusar es precisamente una autoridad fiscal.
"Evidentemente el hecho de que un contribuyente acusado por la Secretaría de Hacienda por un delito fiscal pueda obtener su libertad bajo caución debido a la gravedad del ilícito, pero no pueda obtener su libertad debido a la gravedad del ilícito pero la Secretaría de Hacienda sí pueda perdonarlo y liberarlo implica no solo una grave injusticia sino una ocasión perfecta para el terrorismo fiscal.
"El Código Fiscal establece hoy por hoy en su artículo 92 un dispositivo por el cual la Secretaría de Hacienda tiene la facultad discrecional de ordenar el sobreseimiento de un proceso penal por delitos de defraudación fiscal o su tentativa punible o contrabando, por ejemplo, si a su satisfacción el inculpado cubrió las contribuciones respectivas o garantizó su pago. Esta es una facultad de la Secretaría, que no una obligación, ya que en el precepto legal se señala claramente que se trata de una petición discrecional y deja claro también que esta petición hacia el juzgador penal será necesariamente atendida.
"Ahora bien, llegado el caso, cuando la Secretaría de Hacienda pide u ordena al juez penal el sobreseimiento de su proceso judicial, no está perdonando a un inocente sino a un culpable confeso de la comisión del delito fiscal. Por esa misma razón, antes de que la Secretaría haga la petición respectiva el inculpado ya pagó o garantizó el pago de las contribuciones originadas por los hechos imputados. Esto es, todo aquel inculpado que gestiona que la Secretaría de Hacienda pida el sobreseimiento de su proceso penal, es un contribuyente que reconoce y acepta cabalmente su culpabilidad, es pues un culpable confeso que precisamente por serlo paga o garantiza el pago de las contribuciones exigidas.
"La facultad que el artículo 92 del Código Fiscal indebidamente otorga a la Secretaría de Hacienda en definitiva promueve la corrupción de los funcionarios fiscales que ostentan esta facultad, al tiempo que institucionaliza la impunidad de este tipo de delincuentes.
"En 1999 la LVII Legislatura consideró que en ciertos casos los delitos fiscales por su peligrosidad y frecuencia debían ser castigados con mayor rigor y eliminarse el beneficio de la libertad preparatoria. Así legisló mediante la reforma de 1999.
"Sin embargo, los delincuentes fiscales peligrosos y frecuentes que por esto ya no gozan del beneficio de la libertad provisional pueden ser liberados definitivamente por la Secretaría de Hacienda si expresamente confiesan su culpabilidad y pagan las contribuciones exigidas y la Secretaría pide el sobreseimiento de sus procesos penales. Lo que evidentemente es una aberración jurídica y un absurdo moral, ya que no existe justificación alguna ni jurídica ni moral para que los derechos de estos delincuentes fiscales se privilegien. Esto equivale, valga el ejemplo, a perdonar a un asaltante de bancos por el solo hecho de que devuelva el dinero robado.
"Esta atribución legal que el Código Fiscal otorga a la Secretaría de Hacienda no satisface la exigencia ciudadana en el sentido de que las leyes brinden la certeza jurídica de que el castigo ayuda a preservar el Estado de Derecho y que colabora a disuadir la comisión de más delitos, sino al contrario, tal dispositivo legal conlleva a liberar a delincuentes fiscales confesos del castigo que la ley contempla para ellos, debilitándose así el estado de derecho:
Por ora parte, esta inexplicable facultad de la Secretaría de Hacienda propicia la corrupción de los funcionarios fiscales tenedores de dicha autoridad, por lo que una medida positiva para combatir la corrupción de las autoridades hacendarias, así como la impunidad de los delincuentes fiscales, es la eliminación de la atribución legal de la Secretaría para pedir el sobreseimiento a los procesos penales por delitos fiscales graves.
Es, por otra parte, sumamente injusto que aquellos ciudadanos que quieran defender su inocencia, tengan que permanecer recluidos en la cárcel por meses, hasta que recaiga una sentencia firme y absolutoria, esto lleva a que los inculpados tengan que decidir entre defender su inocencia en la cárcel o confesarse culpables y aspirar a una pronta liberación.
En el fondo lo que nuestra propuesta pretende es eliminar de la ley facultades que tiene la Secretaría de Hacienda, que le permiten abusar, amenazar, eventualmente extorsionar al contribuyente y que se convierten en elementos que incentivan el terrorismo fiscal.
A efecto entonces de corregir esta situación, es que proponemos a ustedes la incorporación de la prohibición expresa para que la Secretaría de Hacienda no pueda más pedir el sobreseimiento de los procesos penales cuando el procesado no tenga derecho a obtener su libertad provisional bajo caución, por tratarse de delitos fiscales graves.
Solicito a la Presidencia pudiera incorporarse en el Diario de los Debates la presente iniciativa en su versión más extensa, que entrego en este momento a la Secretaría.
Es cuanto.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 16, 17, 20 y 24 de la Ley de Coordinación Fiscal.
¿No está en el salón? Pasa a la siguiente sesión o al final del capítulo.
Tiene la palabra la diputada Arcelia Arredondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona la fracción XXIX-k, al artículo 73 de la Constitución Política del os Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que el Congreso de la Unión tenga facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia en materia de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores.
-DIP. ARCELIA ARREDONDO GARCIA: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta.
Estimadas compañeras y compañeros Legisladores; amigos de los medios de comunicación que siempre nos honran con su presencia y que están pendientes de los trabajos legislativos:
Presento el día de hoy una iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un inciso a la fracción XXIX del artículo 73 de nuestra Carta Magna, en la cual se faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores.
No leeré en este momento el documento sino que me permitiré hacer algunas consideraciones generales que me han motivado para presentar este proyecto.
La realidad rebasa constantemente a nuestro marco jurídico. Si bien el hombre el su afán de progreso y de proporcionarse a sí mismo un sinnúmero de comodidades ah impulsado la economía, desarrollado proyectos tecnológicos que superan la ciencia ficción, acortado distancia y desapareciendo fronteras, esto mismo ha provocado que algunos sectores humanos estén más que nunca expuestos a la violencia al olvido y al desamparo.
Los niños y las niñas ya no tienen dentro de las paredes de su casa un refugio seguro contra la delincuencia, ya que ésta se adentra en la intimidad de sus hogares por medio del Internet. Hay bandas de delincuencia organizada, ya no solamente interestatales, sino que muchas de ellas con nexos internacionales despliegan su astucia para atrapar en sus redes a nuestros niños, quienes caen dócilmente.
Todos los días nos enteramos que de una familia ha sido arrebatado un menor, por eso debemos establecer los mecanismos que permitan que nuestras niñas y nuestros niños estén a salvo, a veces de su mismos familiares, quienes los victimizan impunemente.
Las familias que tienen entre sus miembros a alguien con alguna discapacidad ya sea física, sensorial o intelectual se han organizado de diferentes formas para hacer un llamado a las autoridades en busca de ayuda. Nosotros estamos obligados a atender estos llamados y hacer nuestra sus necesidades y a proporcionar dentro de nuestra competencia, lo necesario para que puedan aspirar a tener dentro de la sociedad una vida digna.
Dentro de los logros más notables del progreso es el aumento de la esperanza de vida, dentro de poco el grupo de adultos mayores rebasará con mucho a la población económicamente activa.
Este sector debe estar atendido integralmente con reconocimiento a sus derechos y responsabilidades, educar a un adulto ya no puede considerarse como incosteable para el Estado.
En el Ramo de la Salud nos encontramos que el tipo de enfermedades de la vejez es más costoso e incapacitante para quienes las padecen yen e ámbito laboral no podemos permitirnos cerrarlas las puertas de las oportunidades a quienes alcanzan los 40 años. Por este motivo el Sistema de Seguridad Social de nuestro país se encuentra en una grave crisis económica.
Por lo que he expuesto, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que presento a su consideración no pretende quitar las atribuciones que en el ramo familiar otorga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a las entidades que conforman nuestra Federación según lo marca el Artículo 124 sino que pretende establecer la concurrencia legislativa que nos permita fortalecer jurídicamente a estos sectores altamente vulnerabilizados.
También se fundamenta en los derechos sociales de este mismo ordenamiento ye n dl Derecho Internacional.
Al modificar la Constitución y hacer posible una legislacíón que establezca la coordinación entre los tres órdenes del Gobierno, se podrá hacer frente a la necesidad de articular políticas nacionales de atención y protección a los derechos de las niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores y contar con estos ordenamientos.
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto.
UNICO.- Se adiciona la Fracción XXIX Inciso K), al Artículo 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, las Entidades Federativas, el Instituto Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores".
Artículo Transitorio. Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señora Presidenta, solicito se turne la presente a la Comisión de Puntos Constitucionales y se inserte íntegramente en el Diario de los Debates y en La Gaceta Parlamentaria el documento que en este acto entrego a esta Secretaría.
Por su atención, muchas gracias. (aplausos)
-LA C. PRESIDENTA.- Gracias señora Diputada.
Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates . Publíquese en La Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Diputado Amador Rodríguez Lozano que tenía agendada la presentación de una Iniciativa se pospone para la siguiente reunión dicha presentación por no encontrarse el Diputado.
Igual han solicitado que se posponga los Diputados Tomás Torres Mercado y Magdalena Núñez Monrreal para presentar sus iniciativas en próxima sesión.
Pasamos a la Orden del Día en el punto señalado Dictámenes de Primera Lectura.
El siguiente punto del Orden del Día es la primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona una Fracción XXIX K, al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria del día de hoy, queda de Primera Lectura.
El siguiente punto es la Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma el párrafo primero del Artículo 63 y la Fracción IV del Artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se encuentra publicada en La Gaceta Parlamentaria del día de hoy, queda de Primera Lectura.
Dictámenes a discusión. El siguiente punto del orden del día es el dictamen a discusión relativo a puntos de acuerdo turnados a comisiones.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria…
- LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Como informó la Presidenta en funciones, el siguiente punto del orden del día es el relativo a dictámenes a discusión; dado que están publicados en la Gaceta Parlamentaria pero que los vamos a someter a votación en este momento, le ruego a la Secretaría se de lectura a los puntos de acuerdo con los antecedentes. Déle lectura de manera íntegra.
- EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
ANTECEDENTES:
1.- Con fecha 15 de noviembre del 2001, la Presidencia de esta Cámara de Diputados turnó a esta Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales la proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT y la Comisión Nacional del Agua, CNA, tomen las medidas necesarias a fin de solucionar el problema ecológico provocado por aguas negras en el Valle de Juárez, Estado de Chihuahua, presentada por el diputado Gregorio Meza de la Rosa a nombre de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
2º.- La región a la que se refiere el presente punto de acuerdo comprende los municipios de Guadalupe y Praxedis, los ejidos de San Agustín, San Isidro, Jesús Carranza, Tres Jacales y El Millón, entre otros. Toda esta parte geográfica del territorio nacional es conocido como Valle de Juárez.
3º.- Por ello, la Comisión realizó un estudio minucioso del conflicto que brota al norte del Estado de Chihuahua, en la región que colinda con el sur de los Estados Unidos de Norteamérica denominado Valle de Juárez.
A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES:
UNO.- Con fundamento legal del artículo 27 constitucional que describe al inicio que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, así como en la descripción de su párrafo tercero, en consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la función, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
Por dicha fundamentación se entiende que el agua que se utiliza para el riego en la zona del Valle de Juárez para las acequias de la región, se utilizan del Río Bravo, aguas que se comprenden del territorio nacional y de competencia federal.
SEGUNDO.- En la ciudad de Juárez, son demasiadas las unidades económicas que diariamente utilizan cientos de miles de litros de agua y una vez que se ha contaminado lo vierten al drenaje sanitario, agua que fluye a través de la acequia madre y con la cual se riegan miles de hectáreas de sembradíos en los márgenes del Río Bravo, este daño al suelo y al subsuelo, por ello en el artículo 92 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente menciona que con el propósito de asegurar la disponibilidad de agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reuso.
Asimismo, en el artículo 93 de dicha ley se entiende que la SEMARNAT realizará las acciones necesarias para evitar y en su caso controlar procesos de eutroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las aguas nacionales.
TERCERO.- Asimismo, los artículos 108 fracción I, 117, 120 fracciones I, II, VII y 128 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, son las disposiciones necesarias para atender la problemática que se presenta en el Valle de Juárez.
CUARTO.- Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Mexicana, entendemos que los ríos y sus afluentes directos e indirectos desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, tiene que ver con la contaminación de las aguas mismas con las que los campesinos riegan sus cosechas en el Valle de Juárez.
Como de este numeral constitucional se desprende la Ley de Aguas Nacionales, encontramos la disposición jurídica en dicha ley que será el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua quien tendrá que administrar las aguas nacionales.
QUINTO.- No sin antes entender que se declara como utilidad pública el establecimiento de distritos de riego o unidades de drenaje y la adquisición de las tierras y demás bienes inmuebles necesarios para integrar zonas de riego o drenaje.
Sexto. Encontramos en la Ley de Aguas Nacionales las atribuciones que le corresponden a la Comisión Nacional del Agua, donde en la fracción 4ª del artículo 9º de la mencionada ley dice que será atribución de la Comisión fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los de saneamiento, tratamiento y reuso de aguas, los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones. En su caso, contratar o concesionar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convengan con terceros.
Séptimo. Con respecto a la contaminación de las aguas afectadas por las pequeñas unidades económicas que se encuentran en la Ciudad de Juárez, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nos indica en su artículo 121 que no podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización de la autoridad federal o de la autoridad local en los casos de descarga en aguas de jurisdicción local, o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.
El artículo 124 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente indica que: "cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua, la SEMARNAT lo comunicará a la Secretaría de Salud y negará el permiso o autorización correspondiente o revocará, y en su caso ordenará la suspensión del suministro".
Nueve. Si los campesinos utilizan las aguas para riego una vez que son arrojadas al drenaje, las cuales están contaminadas y luego desembocan al Río Bravo, del mismo que riegan las cosechas, no se cumple con las leyes y normas ambientales para la prevención y control de la contaminación del agua, ya que como se sabe, las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano podrán utilizarse en la industria y en la agricultura si es sometida en los casos que se requiera a un tratamiento que cumpla, tanto con las normas oficiales mexicanas como leyes ambientales federales y locales, ya que es de gran importancia que el aprovechamiento existente de aguas residuales en la agricultura cumpla con los requisitos necesarios para poder utilizarla. Asimismo, promover las acciones para mejorar la calidad del recurso conforme a la reglamentación de los cultivos y las prácticas de riego.
Diez. Aún cuando en Ciudad Juárez se realizó la construcción de dos plantas tratadoras de aguas residuales, éstas no aportan solución alguna al problema ya que los productores de la región continúan sembrando y cosechando bajo condiciones insatisfactorias, debido a que el agua tratada se mezcla con aguas contaminadas debido a la falta de capacidad volumétrica de dichas plantas tratadoras en su efecto, más de seis metros cúbicos por segundo de aguas negras que se desechan en esta ciudad, sólo se tratan poco más de dos.
Once. Como indica la Ley Agraria en su artículo 52, que el uso o aprovechamiento de las aguas ejidales corresponde a los otros ejidos y a los ejidatarios, según se trate de tierras comunes o parceladas. No por ello se dará un descuido de las autoridades competentes así como de los ejidatarios para descuidar la prevención y control de aguas nacionales.
Doce. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales concuerda ampliamente con la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Gregorio Meza de la Rosa, por ello fue más sencillo el estudio del presente punto de acuerdo y considerar concretamente.
Con base a las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos poner a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en estricto apego a la ley adopte las medidas que se estimen pertinentes a fin de resolver el problema ecológico provocado por aguas negras en el Valle de Juárez, estado de Chihuahua.
Segundo. Que la Comisión Nacional del Agua realice conforme a la ley competente, estudios que estime necesarios y pongan en marcha un plan de desarrollo ecológico sustentable a efecto de resolver en definitiva dicho problema y se cuente a mediano plazo con aguas limpias y adecuadas para los usos propios de la población del Valle de Juárez.
Sala de comisiones, Palacio Legislativo, Distrito Federal, a los 4 días del mes de junio del año 2002.
Integrantes: Diputado Diego Cobo Terrazas, Presidente; diputado Jesús de la Rosa Godoy, Secretario; diputado Jesús Garibay García, Secretario; diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado, Secretario, todos ellos integrantes de la Mesa Directiva. Rúbrica.
Diputado Franciso Arano Montero, diputado Héctor Pineda Veláquez, diputado José Jaboco Nazar, diputado José Manuel Díaz Medina, diputado José María Tejeda Vázquez, diputado Librado Treviño Gutiérrez, diputado Miguel Angel Torrijos Mendoza, diputado Miguel Bortolini Castillo, diputado Rafael Ramírez Agama, diputado Rafael Ramíez Sánchez, diputado Ramón Ponce Contreras, diputado Raúl Efrén Sicilia Salgado, diputado Rómulo Garza Martínez, diputada Rosa Delia Cota Montaño, diputado Sergio García Sepúlveda, diputado Donaldo Ortiz Colín, diputado Vitalicio Cándido Coheto Martínez, diputado Manuel Garza González, diputado Juan Carlos Pallares Bueno, diputado Juan Carlos Sáinz Solano, todo ellos integrantes. Rúbrica.
LA PRESIDENTA: Está a discusión este Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
De lectura la Secretaría al siguiente Punto de Acuerdo publicado ya en la Gaceta Parlamentaria.
LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con Punto de Acuerdo para que se lleve a cabo una auditoría al Centro Mexicano de la Tortuga y se le proporcionen los recursos necesarios para que continúe su importante labor de investigación y protección de los quelonios.
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que en el marco del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, se apoye con recursos económico al Centro Mexicano de la Tortuga por medio del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, asimismo para que se auditen los trabajos realizados por dicho centro.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revise y en su caso, actualice los planes de inspección y vigilancia para las poblaciones de tortugas marinas en el marco del Programa Nacional de Protección, Conservación, Investigación y Manejo de Tortugas Marinas.
Sala de Comisiones, México, Distrito Federal, a los seis días del mes de mayo del año 2002.
Firman, los integrantes de la Comisión.
LA PRESIDENTA: Está a discusión el Punto de Acuerdo.
Se consulta a la asamblea si hay registro de oradores.
No habiendo registro de oradores se reserva para su votación en conjunto.
Pasamos al siguiente Punto de Acuerdo.
EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de Acuerdo para apoyar la demanda del Gobierno del Distrito Federal a PEMEX, la sustitución del Eter Metil Terbutílico (MTBE), usado en sus gasolinas Magna y Premium.
ANTECEDENTES
Primero.- El día 14 de noviembre del año 2001, ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el ciudadano diputado federal Jorge Schettino Pérez, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo para apoyar la demanda del Gobierno del Distrito Federal a PEMEX, la sustitución del Eter Metil Terbutílico usado en sus gasolinas Magna y Premium.
Segundo.- Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, procedió al análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo señalada y a investigar su viabilidad técnica y jurídica para una mejor instrumentación de la política ambiental en nuestro país.
A partir de estos antecedentes los miembros de la Comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Numeral 1.- El Eter Metil Terbutílico es un compuesto químico manufacturado por reacciones químicas del metanol y el isobutileno. Este es un compuesto utilizado casi exclusivamente como aditivo en los motores de gasolina, pertenece al grupo de las sustancias químicas llamada oxigenantes, debido a su capacidad de mantener el oxígeno contenido en las gasolinas, a temperatura ambiente el MTBE es volátil, flamable y de fácill dilución en agua.
El MTBE es producido en grandes cantidades, por ejemplo en los Estados Unidos la producción en 1999 fue superior a los 200 mil barriles diarios, en México el uso del MTBE están generalizado como en Estados Unidos, de tal forma que Pemex importa este producto para utilizarlo en sus gasolinas.
2º.- La necesidad de utilizar oxigenantes radica en que éstos contribuyen a hacer más eficiente la combustión en las gasolinas, reduciendo así la emisión de hidrocarburos volátiles al ambiente, por los vehículos automotores, una razón por la que se prefiere el MTBE en vez de otros oxigenantes, es por su bajo costo, ello a pesar de su lenta biodegradación y elevada presistencia en el ambiente.
3º.- De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el MTBE es un problema, ya que resultados de estudios demuestran su presencia creciente en los mantos acuíferos, muchos de los cuales son utilizados para consumo humano, además dicha Agencia reconoce que cuando la sustancia es inhalada en grandes concentraciones por animales de experimentación, hay una elevada presencia de morbilidad por cáncer, y que no obstante de ello, los datos de las investigaciones en torno a las afectaciones en la salud humana por ingestión del metilbutílico en agua, son muy escasos.
Frente a este panorama la EPA ha reconocido la oxigenante eter metil terbutílico, como un potencial cancerígeno para el ser humano. Todo lo anterior derivó en el año 2000, en una prohibición de la utilización del MTBE en el Estado de baja California, por medio de una sustitución paulatina al año 2003, y en la ciudad de Maine en Nueva York, se están tomando medidas similares.
4º.- No obstante lo anterior, la sustitución del metil butílico como oxigenante para gasolinas por etanol, tiene diversas implicaciones a la salud, al ambiente y en la economía. Por una parte, investigaciones demuestran que los beneficios de este producto, radican en la disminución de contaminantes a la atmósfera, pues dichos compuestos disminuye la emisión de óxidos de nitrógeno, de compuestos orgánicos volátiles, benceno, acetaldeheido y formaldeheido, ello se observa en la siguiente gráfica, una gráfica integrada al Punto de Acuerdo.
5º.- Sin embargo, hay quienes afirman que las ventajas de utilizar entanol como oxigenante en las gasolinas, va más allá de las emisiones y tiene beneficios ambientales, económicos y para la salud, adicionales que lo hacen a éste ventajoso por sobre el MTVE. Dentro de los beneficios a que hacemos alusión, están los siguientes:
Mayor octanaje que la gasolina, biodegradable, no es cancerígeno, alto contenido de oxígeno 34.8%. reducción de emisiones de CO2, producción con tecnologías más limpias sustentables, renovables sustentables.
6º.- En principio, este Punto de Acuerdo tiene un sustento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su Artículo 4º., reza: "Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar". Además en el Artículo 25 se deja en claro, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que ésta sea integral y sustentable, asumiendo la definición de desarrollo sustentable establecida por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, en el marco del Informe Brundan en 1984, tenemos que en México debe garantizarse que el desarrollo satisfaga necesidades de las presentes generaciones, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.
En este mismo sentido, la definición del desarrollo sustentable en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala que el desarrollo sustentable, es un proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
7º.- El Punto de Acuerdo también se funda en la Ley de Aguas Nacionales, ya que en su Artículo 85 expresa: "Es de interés público la promoción, ejecución y las medidas y acciones necesarias para proteger la calidad del agua". Y como previamente se expresó, el MTBE es un contaminante importante de los mantos acuíferos y va en detrimento de la calidad del agua.
8º.- De la información obtenida por esta Comisión, podemos verificar que usar etanol en las gasolinas, en lugar de éter Metil Terbutílico resulta más sustentable por lo siguiente:
a). El etanol se obtiene de fuentes potencialmente renovables;
b). Es un producto que al deshacerse se biodegrada, por lo tanto su filtración a los mantos acuíferos no es un problema;
c). En comparación con el MTBE reconocido como potencial cancerígeno, el etanol resultaría inocuo;
d). La quema de combustibles con etanol añadido, disminuye las emisiones de CO2, gas con efecto invernadero;
e). Su utilización fomenta su proceso de producción que es ambientalmente más amigable que necesario para la producción del Éter Metil Terbutílico; y
f). Sustituir las importaciones de MTBE por medio del consumo de etanol, favorecerá la balanza comercial de nuestro país.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión nos permitimos poner a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que instrumente las medidas de investigación y desarrollo necesarias, para determinar la viabilidad de sustituir el uso del Éter Metil Terbutílico por Etanol u otras sustancias viables en las gasolinas "magna" y "premium" y entregue a esta representación popular la información en que de ello derive.
Sala de Comisiones, México, Distrito Federal a los 6 días del mes de mayo del año 2002.
Diputados Diego Cobo Terrazas, Presidente; diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado, Secretario; diputado Jesús Garibay García, Secretario; diputado Jesús de la Rosa Godoy, Secretario, ellos integrantes de la Mesa Directiva. Rúbrica. Diputado Ramón Ponce Contreras, diputado José María Tejeda Vázquez, diputado Juan Carlos Sainz Lozano, diputado Francisco Arana Montero, diputado Sergio García Sepúlveda, diputado Rómulo Garza Martínez, diputado Carlos Pallares Bueno, diputado Rafael Ramírez Agama, diputado Rafael Ramírez Sánchez, diputado Miguel Angel Torrijos Mendoza, diputado Librado Treviño Gutiérrez, diputado José Jacobo Nazar Morales, diputado José Manuel Díaz Medina, diputado Héctor Pineda Velázquez, diputado Manuel Garza González, diputado Miguel Bortolini Castillo, diputada Rosa Delia Cota Montaño, diputado Donaldo Ortiz Colín, diputado Vitalicio Cándido Coeto Martínez, diputado Julio César Vidal Pérez, diputado Raúl Efrén Sicilia Salgado, ellos integrantes. Rúbrica.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
Está a discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores.
No habiendo registro de oradores, se reserva para su votación en conjunto.
Vamos a votar entonces los puntos de acuerdo que se habían reservado, los vamos a votar en un solo acto; son los relativos a la proposición para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, tomen las medidas necesarias a fin de solucionar el problema ecológico provocado por aguas negras en el Valle de Juárez estado de Chihuahua; el relativo a que se lleve a cabo una auditoría al Centro Mexicano de la Tortuga y se le proporcionen los recursos necesarios para que continúe su importante labor de investigación y protección de los quelonios y el relativo al punto de acuerdo para apoyar la demanda del Gobierno del Distrito Federal a PEMEX de la sustitución del Eter Metil Terbutílico usado en sus gasolinas magna y premium.
Aunque en su oportunidad se preguntó si había registro de oradores y nadie se registró, le ruego a la Secretaría consulte en votación económica si se considera suficientemente discutido.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido, diputada Presidenta.
LA C.- PRESIDENTA.- Le ruego a la Secretaría abra el registro electrónico de votación hasta por diez minutos para registrar el voto de los señores diputados sobre los puntos de acuerdo de los tres dictámenes aludidos.
-DIP. SRIO. RODOLFO DORADOR: En consecuencia, háganse los avisos referentes al artículo 161 del Reglamento.
Abrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para votar los puntos de acuerdo.
(Votación)
-MISMO SECRETARIO: Se emitieron 398 votos en pro, 0 en contra, 3 abstenciones.
-PRESIDENTA: Aprobados los puntos de acuerdo de los dictámenes presentados.
Comuníquense.
Pasamos al capítulo de excitativas.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado Victor Manuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
-DIP. VICTOR MANUEL DIAZ PALACIOS: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El de la voz en mi calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que dictamine a la brevedad, para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en sus tres niveles de gobierno, en lo que concierne al pago de servicios públicos, presentada en sesión del 4 de maroz del 2002.
Con los siguientes antecedentes: El día 4 de marzo del 2002, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presentó ante este Pleno de la Cámara, la iniciativa de reforma sexto párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de servicios públicos.
¿Qué es lo que pretende esta iniciativa? como ustedes saben en este momento el país tiene un gran déficit de lo que se refiere a la infraestructura hidráulica. No podemos tener esta inversión, ya que no hay sistema operador de agua ni ningún Ayuntamiento que pueda hacer frente a este gasto, porque estas dependencias tienen el 40% de la facturación. Por lo tanto, no es posible subsanar este rezago.
El año pasado el Presidente de la República, tuvo que condonar a los municipios alrededor de 70 mil millones de pesos. Esto representa más del 1% del Producto Interno Bruto. Pero si nosotros no hacemos esta enmienda, en 4 ó 5 años tendremos una deuda similar, los ayuntamientos y los sistemas de agua potable y alcantarillado, no van a poder pagar estos impuestos a la Comisión Nacional del Agua, ni tampoco a la Secretaría de Hacienda.
Por lo anteriormente expuesto y rogando a esta presidencia se inserte en su totalidad esta excitativa en el Diario de los Debates, se va como único en los términos de lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de reforma al sexto párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional, presentada el 4 de marzo del 2002, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Dejo en esta secretaría el documento para el trámite correspondiente. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
Para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, se ofrece el uso de la palabra al diputado Rodolfo Ocampo Velázquez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO RODOLFO OCAMPO VELAZQUEZ: Con su venia, diputada presidenta. Quien sus cribe la presente, en mi calidad de diputado federal a la 58 Legislatura del H. Congreso de la Unión, por medio de este ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo la presente excitativa en virtud de que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para el fortalecimiento de la democracia participativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente, por lo que me permito acudir a usted para los efectos pertinentes, y en este sentido expondo:
Que con fecha 7 de septiembre del año 2000 la ciudadana Fanny Arellano Cervantes, en su calidad de diputada de la 58 Legislatura, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa de reformas constitucionales para el desarrollo de la democracia participativa.
Con fecha 11 de abril del año 2002, el ciudadano Miguel Gutiérrez Hernández, en su calidad de diputado de la 58 Legislatura y también a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa que versa sobre la democracia participativa y con la cual se pretende establecer las figuras de participación ciudadana como el referendum y el plebiscito.
La democracia es una forma de gobierno y un estilo de vida que se funda en el respeto de los derechos individuales, sociales y políticos; por tanto, debe de ser un régimen plural de libertades en el que los gobernantes y gobernados deben procurar, con el mismo empeño, la justicia social y el bien común y para ello, con dichas iniciativas, se pretende darle un fortalecimiento a la democracia participativa, atendiendo a darles prerrogativas y obligaciones al ciudadano, como es el voto en los plebiscitos y referendum.
De la misma manera, se tendrá que consultar a la sociedad respecto a los actos de tipo legislativo y por ende se contará con un órgano que dé confianza, eficacia y transparencia a dichos actos.
Tomando en consideración estos puntos, obtendremos una plena participación ciudadana y de los gobernantes para la democracia de este país.
Cabe señalar que hasta la fecha las iniciativas en comento no han sido dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, a la cual oportunamente fueron turnadas y con lo cual se ha excedido el término de cinco días dispuestos por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Compañeras y compañeros legisladores: hoy en día nuestra Constitución política marca la democracia no únicamente como un régimen político o una estructura jurídica, sino como un sistema de vida fundado y contemplado en un constante mejoramiento político, económico, social y cultural de la misma sociedad y por ende se entiende como un régimen plural de libertades en el que los gobernantes y los gobernados deben procurar, con el mismo empeño, la justicia social y el bien común.
Por eso mismo se le debe dar relevancia a este carácter de democracia, con miras a que atiende a las nuevas necesidades y posibilidades que el incremento de la sociedad reclama.
La representación no puede concebirse hoy en día como suficiente para darle vida a la democracia.
Sin embargo todos los sistemas están originando y desarrollando esquemas que promueven la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan tanto a las instituciones democráticas como a la vida diaria de la sociedad.
"Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva
"UNICO.- De conformidad con la fracción XVI del artículo 21, el 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine correspondientemente las iniciativas presentadas por el diputado Miguel Gutiérrez Hernández, y la diputada Fanny Arellanes Cervantes, del grupo parlamentario de Acción Nacional y que en caso de no desahogarlo en el término de cinco días reglamentarios, se le emplace para determinado día".
Es cuanto, diputada Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 Fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
La siguiente excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD ha solicitado se posponga para la siguiente sesión.
La siguiente excitativa a la Comisión de Energía del diputado César Horacio Duarte Jaquez, del PRI, ha solicitado que se posponga para próxima sesión.
Tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
- LA C. DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: "En septiembre del año 2000, es decir, hace prácticamente dos años, a nombre del Partido de la Revolución Democrática presenté ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 25 de la Ley general de Educación, a fin de destinar un monto anual equivalente al 8 % del producto interno bruto (PIB) del país al gasto público federal en educación.
"La propuesta en términos concretos plantea que el gasto en Educación Pública que anualmente realiza la Federación, se eleve de manera constante hasta llegar en el año 2006 con la mencionada proporción del 8 % del gasto.
"Esta propuesta parte de la necesidad de detener y de revertir el deterioro de la educación que vive el país, generada en buena medida por el insuficiente gasto que se realiza para su promoción.
"Es importante señalar que esta excitativa es la tercera, pues el 10 de octubre del 2000 en esta misma tribuna el diputado Ramón León Morales urgió a ello y prácticamente un año después lo hizo de nuevo el diputado Manuel Duarte, ambos del Partido de la Revolución Democrática.
"En la sesión en la que se presentó la segunda iniciativa, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en apego al Reglamento que nos rige, estableció el día 4 de octubre como fecha límite para presentar los dictámenes requeridos. No obstante ese mandato, hay comisiones que no han remitido ni han comunicado al pleno la situación que guarda el proceso de dictamen.
"Desde que se presentó la iniciativa han pasado dos años; tres excitativas; muchas promesas y declaraciones de todos los partidos y también de muchos actores políticos y sociales. Pero esta Cámara, y en particular las comisiones legislativas responsables, que son cuatro, no hacen su trabajo fundamental: Dictaminar sobre iniciativas de ley.
También se han pronunciado a favor de la propuesta gobernadores, el SNTE mismo, otros sindicatos y universidades. De entre ellos destaca la firma que diputados del PRI y del PAN estamparon en el compromiso social por la calidad de la educación, en donde se comprometieron como legisladores a "mejorar -cito textualmente- los niveles de inversión pública a la educación hasta destinar, cuando menos, el 8 por ciento del PIB".
Como en los viejos tiempos "puras promesas y nada de hechos", pues a la hora de asumir compromisos en las reuniones de comisiones el Partido Acción Nacional se niega a comprometerse con la iniciativa, pero tampoco quiere que se dictamine, decidiendo con ello que quede en la congeladora.
Hago este recuento por dos razones: una, hemos estado posponiendo la presentación de esta excitativa en la idea de alcanzar consensos en las comisiones que nos permita dictaminar de manera positiva la misma. La segunda razón es porque parece haber alguna confusión en algunos compañeros, de otros partidos, en donde el día de hoy presentan como iniciativa personal lo que ha sido un esfuerzo colectivo de la mayoría de los miembros integrantes de la Comisión de Educación, en donde la mayoría tienen un dictamen ya votado, previo, y lo que está faltando es precisamente que se convoque a Comisiones Unidas. No vaya a ser esto un distractor en el que en lugar de avanzar en lo que ya hemos avanzado en la Comisión de Educación, se nos retarde por la iniciativa que el día de hoy se presentó.
La discusión, de acuerdo sobre las características del financiamiento de la educación, es algo que se ha tocado en muchísimas ocasiones. De tal manera que esta ¡tercera excitativa!, no es para que se dictamine en lo particular cada una de las comisiones, de las cuatro –repito- a las que fue turnada la misma, pues como ya dije algunas de ellas tienen ya votado un proyecto de dictamen. ¡El exhorto entonces corresponde a que se convoque de inmediato a una sesión de Comisiones Unidas para que este asunto sea turnado a este pleno y resuelto conforme al mandato que tenemos!
Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL:
Diputada Hortensia Aragón:
Voy a atender en el trámite la solicitud que me hace. Formalmente la Presidencia debería retirarlo de las comisiones y pasarlo a otra comisión. Pero entiendo que ha habido trabajos previos en las comisiones involucradas y que lo que se ha complicado es la realización de la sesión de comisiones unidas. ¿Es correcto?
- LA C. DIPUTADA HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO (PRD): Así es.
- LA C. PRESIDENTA: Esta Presidencia acuerda solicitar a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, que a más tardar el día 12 de noviembre tengan una reunión de Comisiones Unidas para desahogar este dictamen.
- LA C. DIPUTADA HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO (PRD): Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias.
El siguiente punto del orden del día es la excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado Narciso Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI.
-DIP. NARCISO ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias diputada Presidenta.
El pasado 13 de noviembre me permití presentar una iniciativa de reformas a los artículos 65 y 61 de la Constitución, así como a diversos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La idea fundamental de esta iniciativa es hacer realidad el equilibrio de poderes como sustento básico de la división de poderes.
Hoy el equilibrio de poderes se ha activado a virtud del gobierno dividido que tenemos en esta Cámara de Diputados, pero no es suficiente para un ejercicio pleno de las facultades constitucionales de los legisladores federales, en especial de los diputados federales.
Hemos postulado que esta Cámara requiere con urgencia un proceso de reorganización, para que las condiciones materiales en las que desempeñamos nuestro trabajo hagan realidad el derecho de opinión, el derecho de representación y, desde luego, la facultad de iniciación de leyes, de dictamen, de deliberación legislativa en el pleno de esta asamblea.
La iniciativa que presenté en materia de derecho de opinión, propuso que se agregue un párrafo al artículo 61 en los términos siguientes: "La ley establecerá lo necesario para que los diputados y senadores difundan las actividades del Congreso y sus opiniones, mediante el acceso a los medios de comunicación escritos o electrónicos, el uso de tiempos oficiales y a través de los medios que opere directamente el Congreso".
Esto implica, como decía yo, reformas a la Ley Orgánica, para ampliar la posición de medios directos de comunicación, radio y televisión, más allá del esfuerzo limitado aunque encomiable que hoy realiza el Canal del Congreso.
Las recientes reformas al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, hacen que este planteamiento cobre actualidad. De nada nos sirve, compañeras, compañeros diputados, convertir esta tribuna en muro de lamentaciones, si no logramos los acuerdos políticos para concretar reformas y que nuestra capacidad de iniciativa legislativa se traduzca en nuevos ordenamientos. No es un problema sólo de los presidentes o presidentas de las comisiones, sino de la voluntad política de todas las fuerzas representadas en esta asamblea.
Este reglamento, en efecto, como ya se ha discutido aquí, no sólo deja a un lado la posibilidad de ampliar el tiempo que utiliza la Cámara de Diputados y de Senadores, del tiempo oficial, sino que de la misma forma constituye un retroceso que no contribuye en nada a la democratización nacional.
Por esta razón, señora Presidenta, yo le pido muy respetuosamente una excitativa no a los presidentes o a los directivos de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, sino una excitativa muy respetuosa a todos los miembros de estas dos comisiones, para que podamos en el breve tiempo que aún nos queda, concretar reformas fundamentales que contribuyen en realidad al equilibrio de poderes, a la división de poderes y por tanto a la democratización nacional.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Muchas gracias ciudadano diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que emitan el dictamen correspondiente.
En virtud de que es la segunda excitativa, se fija a más tardar el día 22 de noviembre, para que se presente a la asamblea.
Tiene la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las Comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología.
-EL C. DIPUTADO FRANCISCO PATIÑO CARDONA.- Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y compañeros Diputados.
Es tiempo del cambio, de un cambio verdadero, de un cambio en el que se concretice la exacta división y acción de los Poderes del Estado, es tiempo de extinguir y eliminar la monocracia que todavía subsiste y que permea como un cáncer todas las estructuras del poder, para lo cual necesitamos que nosotros, el Poder Legislativo, asumamos bien a bien la tarea de gobernar mandatando a un Ejecutivo inmerso en la inoperancia en la inacción y en la parálisis gubernamental.
Ante el vacío de poder y la ingobernabilidad del Ejecutivo y su Gabinete, hoy más que nunca urge agilizar el trabajo en Comisiones, no debemos esperar a que Washington y los diversos organismos financieros internacionales a través de su vocero oficial el señor Vicente Fox, nos pretendan imponer sus diferentes políticas en materia de Ciencia y Tecnología, Fiscal, Monetaria y de Privatizaciones. Hasta ahora la visión cortoplacista y apaga fuegos del Gobierno Mexicano así como la poca disponibilidad de recursos producto de las políticas fiscales y monetarias contra accionistas nos han impedido ver y operar os planes, programas y proyectos de desarrollo para largo plazo, prioritarios, esenciales y estratégicos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos a los que tenemos el compromiso de heredarles un país justo y equitativo, un país fuerte, un país con una democracia verdadera, no virtual o de imágenes, un país con una democracia fuerte, eficiente y consolidada, un país con una democracia que se refleje en el mejoramiento de la salud y el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, un país libre y soberano y no un país cuya soberanía se venda al mejor postor.
Para ello, compañeras y compañeros Diputados, para construir dicho futuro requerimos hacer realidad el cambio que tanto se menciona por parte del Ejecutivo Federal y que sólo existe en su imaginación, pero no en los hechos. Debemos pasar del cambio virtual al cambio real, del cambio mercantilista al cambio democrático, es tiempo de ver y legislar hacia el futuro.
En ese sentido el tema del genoma humano es un tema que al igual que muchos otros que se encuentran en las distintas Comisiones, está en peligro de quedar en el olvido.
Compañeras y compañeros, hace ya más de un año, el 25 de Septiembre del 2001 el de la voz presentó a nombre del Partido de la Revolución Democrática, la Iniciativa de Ley del Genoma Humano.
Conscientes de las presiones y obstáculos a que se enfrentaría por parte de los grupos conservadores interesados en mantener en la penumbra el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, dejando de lado las grandes ventajas implicaciones y efectos positivos que el desarrollo de la investigación genómica podría tener para la salud, la economía y el bienestar general, anteponiendo su prestigio e intereses personales al desarrollo nacional, aún así, presentamso esta Iniciativa de Ley.
Es tiempo, compañeras y compañeros, de pasar de la palabra hasta las obras, es tiempo de darle una oportunidad a nuestro país, es tiempo de legislar hacia el futuro, empecemos ahora.
Es, por lo antes expuesto que con fundamento en los Artículos 21º Fracción XVI y 87º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que hago la Excitativa para que la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados, tenga a bien dictaminar a la brevedad, la Iniciativa de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano, aclarando, que la Comisión de Ciencia y Tecnología ya dictaminó de manera positiva en relación a esta importante Iniciativa de Ley.
Es cuanto, señora Presidenta.
-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado.
De conformidad con lo que establece el Artículo 21º Fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosl se realiza una Excitativa a las Comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología para que emitan el Dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del PRI para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito.
- EL C. DIP. VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS: Con la venia de la Presidencia.
Su servidor, el 8 de noviembre del 2001 a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenté ante este Pleno la iniciativa de reforma y adición a los artículos 25, 32, 33 y 34 del capítulo quinto de los fondos de las aportaciones federales de la Ley de Coordinación Fiscal y es la fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.
¿Qué pretende esta iniciativa? Mucho se ha manejado que los diputados no tienen la manera de ser unos interlocutores reales con sus representados porque no cuentan con los fondos necesarios al igual que las entidades federativas.
Aquí lo que se propone es, fundamentalmente, es que el PAFEP quede dentro del ramo 33 y evitar con esto un desgaste anual que realmente a nada conduce; el Ejecutivo no lo plasma en su iniciativa de Presupuesto y entonces a los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios nos mete en una discusión.
La segunda es, en el sentido de cómo lo tienen la mayoría de los parlamentos del mundo, los legisladores cuentan con un recurso que no lo ejercen en efectivo sino en especie, en donde ellos van priorizando las obras necesarias en el distrito que representan; sin embargo aquí en nuestro país esto no es posible, así se quitaría el pretexto que tienen algunos legisladores que como gobernadores de otro partido no hay este apoyo institucional o como el Ejecutivo también lo es, no baja en igualdad de circunstancias.
Si se aprobara esta iniciativa, evitaríamos primero un desgaste en la conformación del Presupuesto; segundo, tener una representación real y una interlocución eficiente con nuestros representados en igualdad de circunstancias porque este 10% que nosotros hemos presentado ante este Pleno sería de manera proporcional en cada uno de los 300 distritos uninominales.
Esto daría una certidumbre a todos los legisladores y veríamos si con este apoyo sí son capaces o no de tener la interlocución que ellos tanto han pregonado.
Por lo anteriormente expuesto, ante usted Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
En los términos de lo dispuesto en los artículos 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal presentada el 8 de noviembre del 2001 a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y pidiendo sea plasmada en su totalidad en la Gaceta y también en el Diario de los Debates.
Por su atención, muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Publíquese en la Gaceta y en el Diario de los Debates y se realiza una excitativa, de conformidad con el artículo 21 fracción XVI a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. …¿Si, diputado? Sonido en la curul del diputado Tomás Torres.
- EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: ((desde su curul)) Solamente ciudadana Presidenta, rogarle que si puede trasladar mi excitativa para la próxima sesión. Si fuera usted tan gentil.
- LA C. PRESIDENTA: Con gusto señor diputado. Atendemos la solicitud y se pospone para la próxima sesión.
La siguiente excitativa del diputado Salvador Cosio Gaona, del grupo parlamentario del PRI a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se pospone para la próxima sesión.
Tiene la palabra el diputado Mario Cruz Andrade, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
EL DIP. MARIO CRUZ ANDRADE: Con su permiso, ciudadana Presidenta.
Solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social, para que a la brevedad posible dictamine el punto de acuerdo que fue presentado al pleno de esta soberanía, en relación a los créditos que otorga el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, FOVISSSTE, los cuales se encuentran bajo el rubro de cofinanciados con la banca privada, con la finalidad de crear el programa denominado de Pago Pronto o Anticipado.
Con fundamento en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, al tenor de lo siguiente establece: "toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo". El Ejecutivo Federal ha planteado una política sectorial orientada a consolidar el derecho de todos los mexicanos puedan disfrutar de una vivienda digna y decorosa con la certeza jurídica del bien inmueble que se adquiere.
El pasado 30 de abril del año en curso presenté una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que a través del Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, establezcan que los créditos cofinanciados con la banca privada en los años 90 puedan disfrutarse bajo un programa denominado de Pago Pronto o Anticipado. Dicha propuesta fue turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social el pasado 3 de mayo del año en curso y publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El objetivo de esta propuesta es propiciar por un lado la certidumbre jurídica de los derechohabientes y por otro lado la capacidad de pago que éstos puedan derogar respecto al crédito otorgado por el instituto. El esquema del crédito cofinanciado está fundamentado básicamente con las reglas para el otorgamiento de crédito de vivienda para los trabajadores del ISSSTE y en las reformas que fueron efectuadas en los años 90s, y en el coentendido (¿) de la capacidad del pago estará determinada por el monto de la mensualidad suficiente para cubrir la amortización del capital y los intereses del crédito otorgado por el instituto en el plazo determinado para tal efecto, mediante el descuento hasta del 30 por ciento del sueldo básico.
En este sentido, el FOVISSSTE impulsó el otorgamiento de crédito cofinanciado con la banca privada a favor de los derechohabientes, los cuales consistían en que el del total del crédito otorgado éstos pagarían una parte al FOVISSSTE y otra a la banca privada, de tal manera que las familias beneficiadas con una unidad habitacional a través del FOVISSTE, hoy en día se encuentran preocupadas por la incertidumbre jurídica en la que se encuentran y con el fin de finiquitar ante el instituto la deuda adquirida por el crédito solicitado y liberar así sus escrituras, acreditando ser los legítimos propietarios de sus viviendas, por lo cual solicitan se les pueda plantear una propuesta accesible para realizar su pago en el Fondo de Vivienda del ISSSTE a través de la Dirección de Finanzas cuentan con los elementos necesarios para implementar un programa de este tipo.
Dado el tiempo transcurrido sobre el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para expedir el dictamen correspondiente, solicito pueda ser presentada y turnado al pleno de esta Cámara, por lo anterior expuesto y debido a la relevancia del contenido de la propuesta, pido se sirva
UNICO.- En términos de los antecedentes ya expuestos así como de conformidad con los preceptos legales aludidos, sirva excitar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social, para que presente en dictamen que corresponda sobre el Punto de Acuerdo, en relación a los créditos que otorga el Fondo de Vivienda del ISSSTE.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de octubre del año 2002.
Por su atención, muchísimas gracias.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.
De conformidad con lo que establece el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, para que emitan el dictamen correspondiente.
La siguiente excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento del Federalismo, el diputado Víctor Díaz Palacios, ha solicitado se posponga para la próxima sesión.
Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad Pública.
-LA C. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con el permiso de la presidencia. H. Asamblea. La suscrita en mi calidad de diputada federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo ante esta soberanía la presente excitativa a tenor de los siguientes antecedentes.
Las disposiciones vigentes que benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, son acuerdos donde el Poder Legislativo ha sido excluido en el establecimiento de los recursos que reciben los expresidentes, ya que la determinación de estas decisiones, han sido dictada por el titular del Ejecutivo en turno.
Las pensiones que reciben los expresidentes por seis años de servicio, contrastan con los ínfimos ingresos que perciben los servidores públicos, jubilados y pensionados, después de toda una vida de trabajo, además de resultar ofensivas en un país con más de la mitad de la población, que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, particularmente con millones de mexicanos con ingresos inferiores a 20 pesos diarios.
Los exmandatarios y sus familias, se han visto beneficiados de seguros de vida y gastos médicos, contratados con instituciones privadas, que son cubiertas con recursos públicos, cuando lo justo sería que recibieran las prestaciones establecidas en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado.
Para evitar que el país siga siendo el botín de unos cuantos, que la actuación pública se realice en función de las instituciones consignadas en el ordenamiento constitucional y en la efectiva aplicación de las mismas a la realidad, el interés público y el bienestar social están antes que el beneficio personal de los que están obligados a servir al país.
C O N S I D E R A C I O N E S
El día 10 de septiembre del presente año, la de la voz acudió a esta tribuna, para presentar una iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con objeto de que se establezca el marco legal, para que se supriman la discrecionalidad y privilegios que han gozado los extitulares del Ejecutivo federal, ya que repercuten de manera significativa en el gasto público.
Desde que se presentó la iniciativa en cuestión, ha transcurrido en exceso el lapso que concede el Artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad, presenten su dictamen en los negocios de su competencia. Por lo antes expuesto y fundado, solicito a la Presidencia dé trámite a la siguiente proposición:
Unico. Con fundamento en los términos del artículo 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, enviar la presente excitativa a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad de la Cámara de Diputados, para que inicie el procedimiento de revisión, con objeto de que dicha resolución sea presentada ante el pleno.
Por su atención, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad Pública, para que emitan el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Elías Martínez Rufino del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
EL C. DIPUTADO ELIAS MARTINEZ RUFINO.- Gracias. Con su venia, señora Presidenta.
Compañeros, compañeras:
El 23 de abril del año en curso, presenté ante este pleno una iniciativa para crear la Ley Federal de Archivos, con el objeto de hacer posible que la información contenida en nuestra memoria histórica sea accesible a la sociedad, esté debidamente organizada, protegida y resguardada.
En la iniciativa se establecieron los lineamientos precisos para la organización, custodia, resguardo, selección y depuración de los documentos de los archivos de nuestra Nación y sentar así las bases para el desarrollo de una cultura archivística moderna y capaz de lograr el respeto a nuestra historia y soberanía.
A pesar del avance que ha habido en el manejo del acceso a la información pública, se mantiene una laguna en nuestro sistema jurídico, pues en materia de archivos sigue pendiente hacer realidad el artículo 6º. constitucional que establece que, entre comillas, "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Sigue esto todavía pendiente.
El nivel de especificidad de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental cuya vigencia es reciente, no llega a definir y a actualizar lo que se entiende por archivo, documento, sección y serie; tampoco define los tipos de archivos y las edades de los documentos para que con un sentido racional y científico, sepa el ciudadano cuáles, por razones de seguridad del Estado, serán clasificados con diferentes tipologías.
Asimismo, consideramos que la iniciativa de la Ley Federal de Archivos sería complementaria al normar la responsabilidad de cada nivel de gobierno con respecto a los documentos y la transferencia de los mismos.
2. Los archivos son un recurso básico de la información, además de ser el resguardo de nuestra memoria histórica, tan antiguos como la organización social de la humanidad.
Los archivos mexicanos enfrentan un severo y creciente deterioro por diversos problemas como lo son el extravío, la sustracción y la destrucción desmesurada de los documentos donde se hace constar los actos de gobierno, al no existir lineamientos para la selección y depuración de los documentos con características y valores históricos.
Los archivos deberán adoptar sistemas de organización científicos probados y consistentes en el ámbito internacional, que se superen viejas prácticas bibliotecarias que nada tienen que ver con los modernos sistemas archivísticos.
En comparación con otros países de América Latina como Argentina, Colombia y Costa Rica que cuentan con un marco jurídico en la materia, el trabajo archivístico de nuestro país se ha proyectado deficientemente porque no existe legislación federal que norme el uso, protección y sobre todo, la conservación de los archivos.
A nivel estatal, los esfuerzos por crear un marco jurídico en los estados de la federación, ya se han dado en diferentes estados del mismo. El desafío para los mexicanos y el Poder Legislativo Federal, es establecer los lineamientos jurídicos para que el Estado Mexicano preserve, organice y garantice la accesibilidad y el manejo profesional de la información.
La conservación de nuestra memoria histórica a través del patrimonio histórico contenido en los archivos nacionales, es una facultad indiscutible del Congreso de la Unión, como lo establecen las fracciones 25 y 30 del artículo 73 constitucional.
La primera fracción citada establece que el Congreso tiene facultad para establecer, organizar y sostener institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
De acuerdo a la fracción II del artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigentes, los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de los estados o de los municipios o de las casas curiales, son considerados monumentos históricos.
En el caso de la fracción XXX del artículo 73 constitucional, se establece la facultad del Congreso de la Unión, para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión, como es el caso del Derecho a la Información, consagrado en el artículo 6o. de nuestra Ley Suprema.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la presidencia se sirva excitar a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a fin de que elabore y dé a conocer al Pleno para su discusión, el dictamen de la iniciativa que crea la Ley Federal de Archivos, presentada ante esta Honorable Asamblea, el 23 de abril del año en curso.
Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
-PRESIDENTA: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XXVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Salud.
-DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con su permiso señora presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
La infección por SIDA en nuestro país cobra alrededor de 4 mil nuevos casos cada año; de los que más del 95% ocurren por transmisión sexual. El SIDA continúa representando un problema importante de salud pública, reflejado por un gran número de infectados.
De acuerdo con el ONUSIDA, en nuestro país existen alrededor de 150 mil personas infectadas por el VIH. La necesidad de recursos suficientes constituye un factor crítico. Los recursos financieros asignados al VIH SIDA, no constituyen más que una fracción de los necesarios.
Pero para ampliar el alcance de los servicios existentes y mejorar al mismo tiempo su calidad y el número de sus beneficiarios, se necesitará un aumento sustancial de los recursos financieros. Es necesario continuar impulsando campañas de prevención entre la población joven de México, así como promover el autocuidado, la responsabilidad y la autonomía individual.
Es en este contexto que se pretende que las personas infectadas por SIDA y que no cuentan con los servicios de la seguridad social, puedan recibir los servicios de salud y los medicamentos, de manera gratuita.
Mientras que en lo relativo a la población en general, para la prevención, el control y erradicación de enfermedades transmisibles como el SIDA, las instituciones del sector salud, deben proporcionar el preservativo masculino y femenino, condón, de manera gratuita, como una campaña permanente.
De acuerdo con diversos estudios científicos como el realizado por la FDA de los Estados Unidos, el condón reduce 10 mil veces la transferencia de secreciones, disminuyendo significativamente el riesgo de transmisión del VIH.
El uso constante y correcto del condón es una de las estrategias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para prevenir el Sida.
Consideraciones:
El 24 septiembre del presente la de la voz acudió a esta tribuna para presentar una iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 135 bis de la Ley General de Salud, con el propósito de favorecer la prevención, detección y reducción de la tasa de incidencia del Sida.
Desde que se presentó la iniciativa en cuestión ha transcurrido en exceso el plano que concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para que la Comisión de Salud presente su dictamen en los negocios de su competencia.
Por lo antes expuesto y fundado, solicito a la presidencia dé tramite inmediato a la siguiente proposición.
Unico.
Con fundamento en los términos del artículo 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, enviar la presente excitativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que inicie el procedimiento de revisión con objeto de que dicha resolución sea presentada ante el pleno.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a una Comisión de Salud para que emita el dictamen correspondiente.
Pasamos al capítulo de proposiciones.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo del estado de Querétaro la entrega inmediata de los recursos destinados a la Universidad Autónoma de Querétaro.
EL C. DIPUTADO TIMOTEO MARTINEZ PEREZ: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Querétaro a la entrega de los recursos destinados a la Universidad Autónoma de Querétaro, de conformidad con los siguientes antecedentes:
El principio de autonomía universitaria es la facultad de autogobierno de las mismas y de la dependencia de éstas respecto de los órganos de poder del Estado, así como la libertad para decidir sus planes de estudio, sus métodos de trabajo y designar a sus autoridades tanto para recibir subsidios federales para la consecución de sus fines, para administrar su presupuesto y realizar el ejercicio libre de cátedra.
En febrero del 2001 el Ejecutivo Federal, por conducto de la Subsecretaría de Educación Pública, comunicó al gobierno del estado de Querétaro que los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, aprobados por esta honorable Cámara de Diputados, le correspondía a la Universidad Autónoma de Querétaro la cantidad de 13 millones 351 mil 400 pesos.
Posteriormente, en enero del 2002, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el presupuesto de egresos, que la Secretaría de Educación Pública determinó la distribución respectiva y con fecha 23 de enero del año en curso el subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica comunicó al gobierno del estado de Querétaro que, derivado del Fondo de Aportaciones Múltiples, le correspondía a la Universidad Autónoma de Querétaro la cantidad de 25 millones 219 mil pesos.
El día 5 de septiembre del año que cursa,
la Universidad Autónoma de Querétaro, mediante oficio, le solicitó al ingeniero Ignacio
Loyola Vera, gobernador constitucional del estado de Querétaro, la
entrega de los recursos que se mencionaron con anterioridad y que corresponden a los
Fondos de Aportaciones de los años 2001 y 2002.
Mediante escrito de fecha 18 de septiembre del 2002 el ciudadano
gobernador del estado le indica a la Universidad Autónoma de Querétaro que de acuerdo
con lo dispuesto al artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones y sus
accesorios con cargo a dichos fondos, que reciben las entidades federativas, deben e ser
administradas y ejercidas por los gobiernos de los estados, conforme a sus propias leyes,
los cuales deben registrarlos para ingresos propios y en consecuencia, se negó a entregar
dichos recursos.
Asimismo vale la pena aclarar que los informes sobre la situación
económica de las finanzas públicas y de la deuda pública del año 2001, emitidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reporta como ejercidos los recursos del FAM
2001.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58
del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,, y a fin de
dar cumplimiento con lo establecido por el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos
de la Federación para los ejercicios fiscales 2001 y 2002, en la Ley de Coordinación
Fiscal, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Se solicita al gobierno del estado de Querétaro entregue de
inmediato a la Universidad Autónoma de Querétaro los recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples más sus rendimientos previstos en los Presupuestos de Egresos de la
Federación para los ejercicios 2001 y 2002.
Segundo.- Se solicita a la auditoria Superior de la Federación, a la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y a la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que en el marco de sus
competencias investiguen la situación en que se encuentran los referidos recursos y que
se haya cumplido fielmente con la normatividad aplicable en su caso y se finquen las
responsabilidades legales a que haya lugar.
Tercero.- Se solicita a las dependencias señaladas en el párrafo
anterior, que junto con la Secretaría de Educación Pública verifiquen que dichos
recursos sean recibidos íntegramente por la Universidad Autónoma de Querétaro, sin
perjuicio de que ésta deberá de ejercerlos de acuerdo con los fines a que se encuentran
destinados.
Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita a
esta soberanía los saldos que reporta en dichos Fondos de Aportaciones Múltiples más
sus rendimientos previstos en los Presupuestos de egresos de la Federación para los
ejercicios 2001 y 2002, así como la forma como han sido reportados para su
administración y ejercicio por parte del Ejecutivo del estado de Querétaro.
Quinto.- Se solicita muy respetuosamente que este Punto de Acuerdo sea
turnado a las Comisiones de Presupuesto y cuenta Pública con la opinión de la Comisión
de educación y servicios Educativos y la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor
de Hacienda, así como a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados.
Me permito anexar al presente Punto de Acuerdo, la firma de más de 120
compañeros diputados de diferentes fracciones parlamentarias, así como la de ocho
compañeros diputados locales de la LIII Legislatura del estado de Querétaro.
Es cuanto, señora Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.
- EL C. DIP. FELIX SALGADO MACEDONIO (Desde su curul): Para el mismo
tema.
- LA C. PRESIDENTA: Le ruego a la Secretaría dar lectura al artículo
58 del Reglamento.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CREZO BAUTISTA: De las iniciativas de
leyes. Artículo 58:
"Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por
uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de
diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
"I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, al
Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean
presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y
razones de su proposición o proyecto.
"II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro
y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
"III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si se admite o no
a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la Comisión o Comisiones a
quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada".
- LA C. PRESIDENTA: Gracias.
Sobre este tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado José
Ramón Soto Reséndiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, así como el diputado
Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del PRD.
Diputado Soto Reséndiz: ¿Entiendo que su intervención es en contra?
- EL C. DIPUTADO JOSÉ RAMÓN SOTO RESENDIZ (Desde su curul y sin
micrófono): Es solamente para puntualizar.
- LA C. PRESIDENTA: Para puntualizar. ¿Pero es en pro o en contra?
- EL C. DIPUTADO JOSE RAMÓN SOTO RESÉNDIZ (Desde su curul y sin
micrófono): Es a favor.
- LA C. PRESIDENTA: A favor.
Tiene la palabra el diputado José Ramón Soto Reséndiz, del grupo
parlamentario de Acción Nacional.
- EL C. DIPUTADO JOSÉ RAMÓN SOTO RESÉNDIZ (PAN): Con el permiso de la
mesa directiva.
Compañeras y compañeros Diputados:
Nuestro respeto y apoyo irrestricto a la Universidad Autónoma de
Querétaro, pieza fundamental para el desarrollo intelectual y cultural de mi estado. En
lo personal no tuve la oportunidad de cursar estudios en la Universidad Autónoma de
Querétaro, pero sin embargo me siento orgulloso porque esa institución ha dado cobijo a
mis hijos que sí han tenido la oportunidad de cursar por esas aulas.
Conozco de la estrechez económica con la cual la Universidad Autónoma
de Querétaro y la mayoría de las universidades del país hoy tienen y que lógicamente
no es privativo de la de mi estado. Para poder ayudar un poco a esa situación económica
el gobierno del estado de Querétaro ha realizado enormes esfuerzos para poder ayudarla,
incluso en días recientes aportó una cantidad de 150 millones de pesos para que pudiera
liquidar un adeudo acumulado con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Este adeudo
fue heredado de administraciones anteriores por más de 300 millones de pesos!
Ahora bien, lo que viene hoy a solicitar el diputado del PRI,
compañero mío, Timoteo Martínez Pérez, es que el gobierno del estado entregue simple y
llanamente un recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples, que ha sido transferido al
gobierno del estado para que sea éste y no la propia universidad quienes los administren
y los apliquen. Los recursos están ahí para ser administrados y aplicados por el
gobierno del estado, conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal aprobada por
esta soberanía. Ya incluso se encuentran licitadas las obras correspondientes, pero sin
embargo de manera extraña las autoridades universitarias no han permitido que éstas se
ejecuten en beneficio de los universitarios queretanos.
La Universidad ha exigido ser ella quien administre y ejerza
directamente los recursos. Sin embargo, eso sería violatorio de la norma aprobada por
nosotros y tal insistencia ya la ha formulado ante la Suprema Corte de Justicia mediante
la interposición de un juicio de amparo en contra de los actos de esta legislatura del
Presidente de la República y del Secretario de Gobernación, por considerar que es
inconstitucional. Será en última instancia el supremo tribunal quien tenga y dé la
última palabra.
Con todo respeto solicitaría a mi compañero Timoteo Martínez; no
pretenda no sólo politizar sino partidizar esta diferencia ...
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado.
-DIP. JOSE RAMON SOTO RESENDIZ: En un segundo termino señora
Presidenta, si usted me lo permite.
-PRESIDENTA: Con gusto, pero el diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín creo que quiere hacerle una interpelación, no sé si usted la acepte.
-DIP. JOSE RAMON SOTO RESENDIZ: Cuando yo termine, con mucho gusto.
-PRESIDENTA: Gracias. Adelante diputado.
-DIP. JOSE RAMON SOTO RESENDIZ: Con todo respeto solicitaría a mi
compañero Timoteo Martínez Pérez, no pretenda no sólo politizar sino partidizar esta
diferencia que hoy tiene la autoridad universitaria con el gobierno del Estado y dejemos
que los cauces institucionales sea la vía por la que se resuelva este asunto.
Recordemos que las universidades públicas son propiedad de todos los
mexicanos, no son propiedad de nadie y como reciben recursos públicos deben ser
transparentes, deben ser objeto de escrutinio de la sociedad, porque es ésta quien paga a
todos los universitarios, a todos los maestros, para educar a los alumnos.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA: Gracias diputado. ¿Acepta usted la pregunta del
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín?
-DIP. JOSE RAMON SOTO RESENDIZ: Puede pasar a formularla a esta
tribuna, señora Presidenta.
-PRESIDENTA: Eso no se permite y ese trámite sólo lo puedo dictar
yo señor diputado.
-DIP. JOSE RAMON SOTO RESENDIZ: Le agradezco mucho y no se la
acepto.
-PRESIDENTA: Sí, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Adelante.
-DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN (desde la curul): Solamente
precisar y pedir a la Mesa Directiva registre en contra la intervención del diputado,
como puede desprenderse de todas sus afirmaciones, todas las cuales refutaron uno a uno
los puntos propuestos por el diputado que lo antecedió en el uso de la palabra.
-PRESIDENTA: Efectivamente, la intervención del ciudadano diputado
fue en contra de las propuestas contenidas en el punto de acuerdo.
Tiene la palabra en pro, el diputado Félix Salgado, del Grupo
Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
-DIP. FELIX SALGADO MACEDONIO: Gracias compañera Presidenta.
El Grupo Parlamentario del PRD expresa aquí su acuerdo con la
propuesta que trajo el compañero Timoteo Martínez.
La educación en México está pasando por una crisis severa. No
podemos hablar en este país y en estos momentos de una operación triunfo ni de una
academia, porque la academia se está acabando y esto más bien pareciera que es una
operación derrota.
El gobierno mexicano por muchos años no ha hecho caso a la
recomendación de la UNESCO, que establece que el 8 por ciento el Producto Interno Bruto
debe destinarse a la educación. Hasta ahora parece que anda sobre el 4.3 por ciento. Y
con la llegada del gobierno del PAN, quienes pensaron que se venía el cambio, pues hoy se
han equivocado, porque estamos igual o vamos en retroceso. La reversa también es cambio,
no hay que olvidarlo.
Nos pronunciamos entonces porque el gobernador de Querétaro, el señor
Loyola, mejor conocido como El Firulais, entregue esos recursos a la universidad.
No es posible que los Gallos Blancos, el equipo de fútbol, tenga mayor presupuesto que la
Universidad de Querétaro. La educación está primero, porque la educación hace a los
pueblos libres, la cultura, pero el gobierno foxista no sabe con qué se come eso. Ha
entrado en una franca confrontación contra la ciencia, contra la academia, contra la
cultura, contra la educación y allí está el más reciente y vergonzante hecho de haber
entregado el 12.5 por ciento del espacio a que tenía derecho el Estado, entregarlo de
forma vil, artera y descarada para satisfacer sus caprichos personales del Presidente
Vicente Fox.
Como vamos a difundir ahora los programas de educación, los programas de las universidades, de la UNAM, programas de orientación educativa, de salud pública, ahora tendremos que pagar a los poderosos consorcios de la comunicación.
NO hay pues por qué no decir esto, así que nos sumamos a la propuesta de nuestro compañero Diputado Bral (¿) por Querétaro, para que de inmediato el Gobernador entregue los recursos a nuestra Universidad Pública. No queremos ser un país de siervos ni de esclavos mucho menos de agachados o de lacayos, nuestros jóvenes universitarios tienen toda la razón y todo el derecho de venir a esta Cámara de Diputados, exigir su presupuesto y nosotros, los Legisladores de la Nación, estamos obligados a que así sea, que se entreguen los recursos de modo inmediato y que se auditen las arcas financieras del Gobierno de Querétaro.
Gracias por su atención (aplausos).
-LA C. PRESIDENTA. Gracias. ¿Diputado? Sonido en la curul del Diputado del Río.
-EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIOVIRGEN (desde su curul):- Señora Presidenta, por favor para solidarizarme con el punto que presentó el Diputado Timoteo Martínez. Gracias.
-LA C. PRESIDENTA. Regístrese el apoyo del Diputado del Río al punto.
Consulte la Secretaría en votación económica, si es de admitirse para turno a Comisiones la proposición presentada por el Diputado Timoteo.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA:- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a os ciudadanos Diputados si es de admitirse la proposición con Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
--LA C. PRESIDENTA. Se admite la proposición y túrnese a las Comisiones de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en materia del Segundo Aniversario del incendio ocurrido en el Centro Nocturno Lobohombo, tiene la paabra el Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
-EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES GUTIERREZ.- Con su venia Diputada Presidenta. Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para hacer un Exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en cumplimiento de sus atribuciones concluya la integración y realice adecuadamente la consignación de las Averiguaciones Previas iniciadas con motivo de los acontecimientos ocurridos el 20 de Octubre del año 2000 en el Centro Nocturno Lobohombo ubicado en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.
Compañeros. y compañeras Diputadas, considerando que a dos años del incendio ocurrido en el Centro Nocturno denominado Lobohombo que se ubica en la Delegación Cuauhtémoc de esta ciudad capital en el cual perdieron la vida 22 personas producto no sólo de un siniestro sino de la evidente irresponsabilidad y negligencia criminal de los propietarios así como una flagrante incumplimiento de las autoridades correspondientes en materia de inspección y verificación de seguridad para los clientes y empleados que a ese lugar acudían, es manifiesta la lentitud con la cual han actuado las autoridades en lo referente a las investigaciones.
2.- Que es inadmisible que habiendo transcurrido tanto tiempo desde que se dieron estos lamentables acontecimientos, se ha visto una impavidez de parte de las autoridades correspondientes para llegar al fondo de las investigaciones y someter a la justicia a las personas y autoridades corresponsables de tan criminal negligencia que derivó en los hechos por todos conocidos.
Que derivado de lo anterior, la ciudadanía en general y los actores políticos de esta capital en particular, han coincidido en su preocupación porque no se ha demostrado por parte del Gobierno de la Ciudad una auténtica voluntad política e interés jurídico de que se concluyan las investigaciones y se someta a proceso de manera satisfactoria tanto a los propietarios del inmuebles como a los funcionarios que por la omisión del cumplimiento de su deber contribuyeron a la comisión de tan diversos delitos.
Que en vista de lo anterior es prudente solicitar a este Pleno que exhorte al Procurador General de la República a que evalúe la posibilidad legal de atraer tales investigaciones al Fuero Federal y en consecuencia, continuar desde ese nivel las indagaciones y actos procesales correspondientes.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo:
PRIMERO.- Solicitar al Procurador General de la República que analice la posibilidad de que realice la facultad de atracción de las correspondientes averiguaciones previas.
SEGUNDO.- Que esta H. Cámara de Diputados en el uso de sus facultades, exhorte al Gobierno del Distrito Federal, a la Procuraduría del Distrito Federal, así como a las demás autoridades involucradas en la indagación y deslinde de las responsabilidades correspondientes para que informe del estado que guardan las investigaciones ante esta H. Cámara de Diputados, de la atención y pago de indemnizaciones que hayan otorgado los deudos y afectados a través de las comisiones competentes de su seno.
Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Túrnese a las comisiones… diputado, sí.
- EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: ((desde su curul)) Presidenta, en contra por favor.
- LA C. PRESIDENTA: En contra. Le ruego a la Secretaría dar lectura al artículo 12º del Acuerdo Parlamentario e inmediatamente le damos la palabra al diputado Barbosa. Artículo 12º del Acuerdo Parlamentario.
- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Acuerdo Parlamentario.
Artículo 12º.- Quienes intervengan para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos. Toda propuesta presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, será turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión correspondiente sin que proceda deliberación alguna excepto si hubiera objeción de alguno de los diputados en cuyo caso se sujetará a la discusión y votación su admisión, para lo cual puede intervenir un orador en contra y un orador en pro hasta por cinco minutos, sin que este caso se pueda presentar intervenciones para hechos; si la proposición no hubiera alcanzado la mayoría, se considerará desechada.
- LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Barbosa. Sí, muy bien.
- EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias Presidenta. Fíjense que cuando vimos en el orden del día que había un punto de acuerdo que disfrazaba una efeméride y que se refería a hechos tan lamentables, tan dolorosos, en los que perdieron la vida más de 20 personas, nos hicimos varias preguntas.
Si era un aniversario luctuoso o si para los proponentes era un motivo de festejo y es una pregunta que todavía no tiene respuesta para nosotros, porque utilizar la muerte de más de 20 personas; faltar con ello el respeto a los deudos de los muertos en un afán de protagonismo y de publicidad política barata, no es correcto.
Lo decimos con toda franqueza. Ese hecho efectivamente fue el punto de arranque de un conjunto de cosas.
En la Delegación Cuauhtémoc se han cerrado más del 70 por ciento de los giros negros, ha habido un combate frontal contra la mafia que se desenvuelve en esa zona de la Ciudad de México.
El señor Iglesias Rebollo, el propietario de este giro mercantil, se encuentra prófugo. En contra de él se han ejercitado acciones penales por diversos delitos. El señor se encuentra sustraído de la acción de la justicia y las autoridades del Distrito Federal han hecho todo lo que está en el ámbito de su competencia para que se sancione y no quede impune este hecho.
Y efectivamente hay que preocuparnos por este tipo de acontecimientos, acontecimientos de inseguridad pública, de muerte que quedan sin castigo, sea cual sea el color partidista del Gobierno de la Ciudad donde ocurre. Se nos viene aquí a la mente a todos y seguramente más a todas, las muertas de Juárez. Ahí están hechos que deben ser aclarados por autoridades que tienen una afiliación partidista y que no han podido aclararlo.
Deberíamos también preocuparnos para que las procuradurías, la estatal de Chihuahua y la PGR también aclaren ese tipo de hechos, pero recordemos que sólo antier conocimos de la noticia que la Procuraduría General de la República está infestada de corrupción y está infestada de narcotráfico. Ahí están, fue revelatorio de reconocer que desde ahí se filtra información para que no se alcance a los delincuentes. Así es que nosotros nos sumamos al esfuerzo de todos aquellos que estén interesados porque la impunidad en México se termine, porque los delincuentes estén en la cárcel, se llame Iglesias Rebollo o se llama cualquier otro.
Gracias, señores.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
En pro, el diputado Jorge Alberto Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros:
Tal parece que en la Ciudad de la Esperanza solamente los compromisos que tienen rédito político se quieren cumplir. Aquí venimos no a celebrar, no a conmemorar una efeméride, no a recurrir al expediente tan manido, tan usado por la bancada del orador a quien respeto y que me acaba de anteceder en el uso de la palabra. Simple y sencillamente estamos ejerciendo una facultad que la Constitución nos otorga, que la legislación nos otorga, en primer lugar para solicitar la información conducente del caso.
Desde que este lamentabilísimo acontecimiento sucedió, la bancada de Acción Nacional, los diputados por la Delegación Cuauhtémoc han sido muy insistentes en conocer y en verificar las indagatorias de este asunto. Lo hemos sido no por un afán publicitario, como aquí se viene a decir, sino precisamente para honrar el respeto que nos merecen los deudos de las familias cuyos parientes perecieron en aquella infausta ocasión.
Yo creo, compañeras y compañeros, que la mejor forma de atender precisamente y de honrar ese respeto es que las autoridades den cuenta cabal y cumplidamente de todas las acciones procesales, administrativas y jurisdiccionales que se han realizado.
Se ha hecho evidente, desde el momento que surgió el nexo Padierna-Iglesias, de la existencia de omisiones y de complicidades, que en el ámbito de la administración en la Delegación Cuauhtémoc no han dejado de ocurrir.
Tenemos, como ejemplo, como pequeño botón de muestra, de la Encargada de los Asuntos Jurídicos de la Delegación Cuauhtémoc, quien se vió involucrada hace unos meses en circunstancias muy penosas y que involucraban a sus colaboradores en actividades de dudosa licitud.
Desde luego que en la bancada del PAN, estamos solidarizándonos con todos aquellos casos que tienen que ver con injusticias y con actos de impunidad. Nosotros hemos apoyado la creación y el trabajo de la Comisión Especial, para atender el asunto de las mujeres desaparecidas en Juárez, no se nos tiene por qué venir a recordar eso, somos de los principales impulsores del trabajo de esta Comisión.
Simple y sencillamente. Compañeros, compañeras, y señora presidenta, estamos aquí tratando por tercera ocasión…
-LA C. PRESIDENTA: Diputado, el diputado Barbosa desea formular una pregunta, ¿la acepta usted?
-EL C. DIPUTADO JORGE ALBERTO LARA RIVERA: Ahora que baje lo atiendo.
Estamos tratando, por tercera ocasión, de solicitar información, aquí a la Cámara de Diputados, hemos comparecer al Procurador Bátiz, y siempre la respuesta sobre el caso Lobohombo y muchos otros es la misma: estamos trabajando. Nosotros queremos que ese trabajo, tenga resultados para la tranquilidad de la sociedad, para tranquilidad de la gente que vive en la Delegación Cuauhtémoc y para la tranquilidad de nuestros representados.
Por eso es que venimos, señora presidenta, a manifestar nuestro apoyo, a que este Punto de Acuerdo, pase a las Comisiones correspondientes, en donde hay un Punto de Acuerdo muy semejantes, y que yo no quiero que concluya nuestra función como legisladores en este trienio, sin que tengamos resultados fehacientes, en donde esté precisamente impartida la justicia respecto al señor Iglesias y de los funcionarios de la Delegación Cuauhtémoc.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.
Consulte la Secretaría en votación económica si es de admitirse la proposición para el turno a las Comisiones correspondientes.
-LA C. SECRETARIA ADELA CEREZA BAUTISTA: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea, si es de admitirse el Punto de Acuerdo para darle turno a las Comisiones.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y del Distrito Federal.
Tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, en relación al presupuesto de egresos de 2003, destinado a comunidades indígenas.
-EL C. DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ: Con su permiso señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las próximas fechas el presidente de la república, enviará a esta soberanía el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2003, en un clima de incertidumbre política y económica, tanto a nivel nacional como internacional.
Ha reconocido la responsabilidad que tiene esta Cámara de Diputados, para poder disponer cómo queda este presupuesto de egresos de la federación.
Ha dicho también que será un presupuesto austero, por supuesto, que esto se deriva de la falta de recursos suficientes, para poder dar cumplimiento a todos los rubros del presupuesto nacional.
Sin embargo, yo me pregunto: ¿será austero para quién? ¿Será austero para los pobres o será austero para los banqueros que reciben, sin recorte alguno, lo que se les ha destinado en el IPAB? Hemos escuchado recortes tras recortes y a los únicos que no se les recorta es a los banqueros que quebraron la Banca Mexicana y la han entregado al extranjero.
Sin embargo, en lo que se refiere al presupuesto social para educación, para salud, para caminos, para vivienda, para los indígenas, son los primeros que son recortados.
Este gobierno no escatima recursos para que a los banqueros no les falte nada, como el hecho de Cabal Peniche, que sus amigos le pudieron conseguir 4 mil 700 millones de pesos. No escatima recursos para el rescate carretero, no escatima recursos para el rescate de los azucareros. Sin embargo para los pobres, para los campesinos y para los indígenas de México, sí se escatiman los recursos.
En este año, el ejercicio para un Fondo de Atención a los Indígenas fue apenas de mil millones de pesos. Las Secretarías de Estado decían que sumaban poco más de 10 mil millones para atender las demandas indígenas y sin embargo nunca tuvimos con claridad cuáles eran esas partidas y esos rubros específicos para atender las demandas de los indígenas.
Aquí mismo nosotros, en la reforma constitucional, que estemos o no completamente de acuerdo en ello, no solamente asumimos la responsabilidad de dar los suficientes recursos para atender a los pueblos indígenas, sino que nos mandatamos y nos obligamos a que en el próximo presupuesto, efectivamente destinemos los recursos suficientes. No podemos solamente hablar en discursos por los indígenas, hoy nos toca a nosotros los diputados realmente destinar estos recursos para que los pueblos indígenas puedan ir mejorando poco a poco su situación.
Hoy, los indígenas son grupos de mexicanos que carecen de presente, mucho menos la esperanza de un futuro que los pueda integrar al desarrollo económico, político y social de nuestro México.
Si nosotros dejamos pasar esta oportunidad y a los indígenas los dejamos olvidados en el próximo presupuesto, estaríamos traicionando lo que nosotros mismos aprobamos en esta, en esta Legislatura.
Por todo lo anterior, compañeros y compañeras, creo que no podemos nosotros olvidar nuestra responsabilidad y con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición de punto de acuerdo:
Primero. Para cumplir con lo establecido en el apartado "B", fracción IX del artículo 2º. de nuestra Carta Magna, esta H. Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, establecerá un fondo de 5 mil millones de pesos que se destinará al Programa para la Atención, para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas a través del Instituto Nacional Indigenista o en su caso la dependencia que lo sustituya.
Segundo. Independientemente del fondo al que se hace referencia en la proposición primera, la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, garantizará que en el presupuesto del 2003, cada una de las Secretarías de la Administración Pública Federal, así como los organismos paraestatales cuenten con las partidas específicas para la atención de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.
Tercero. Las partidas aprobadas para la atención y desarrollo de los pueblos indígenas en cada una de las Secretarías de Estado, estarán etiquetadas en los rubros de educación, salud, caminos, comunicaciones, vivienda, apoyo al campo e infraestructura básica y por ningún motivo sujeto a recortes presupuestales por parte del Ejecutivo Federal.
Suscriben esta proposición diputado Héctor Sánchez del PRD, diputado Cándido Coheto del PRI, diputado José Manuel Del Río Virgen de Convergencia.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Cándido Coheto Martínez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para incrementar los recursos del Fondo Indígena.
-DIP. CANDIDO COHETO MARTINEZ: Señora presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes consideraciónes:
Mucho se ha debatido sobre el pasado y el presente de los indígenas de México, dueños originarios de este país y orgullo de nuestra identidad cultural.
Gracias a su resistencia ante el colonialismo y el neocolonialismo, han podido mantener vivas sus culturas, lenguas, formas de organización y una particular concepción del mundo y de la vida.
El justificado reclamo indígena de los últimos tiempos es consecuencia del estado de marginación y lacerante pobreza que padecen como resultado de la aplicación de políticas neoliberales que han limitado su capacidad para resolver sus problemas y ejercer plenamente su derecho a decidir su destino.
Los pueblos indígenas de México exigen ser reconocidos como entidades de derecho pública, así como el reconocimiento de sus territorios, de su derecho al aprovechamiento de sus recursos naturales, de su plena participación política, así como a su autoderminación para que, a partir de su propia visión y concepto de desarrollo, recuperen la grandeza que alcanzaron cuando fueron libres.
Los indígenas no buscamos mover compasiones, sino el respeto pleno a los derechos de nuestros pueblos que como mexicanos les corresponde. Atender hoy los justos reclamos de las comunidades indígenas, significa cancelar resentimientos y la desesperación que conduce a rebeliones y a enfrentamientos de mexicanos contra mexicanos.
Si bien con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión se alcanzó un significativo avance, aunque no fueron satisfechas del todo las expectativas de los indígenas, estas reformas deben traducirse ahora en políticas gubernamentales con un adecuado sustento presupuestal. De no ser así, quedarán sólo como buenas intenciones.
Los indígenas de México exigen hechos, no ilusiones. Por ello es imperativo que el Ejecutivo Federal precise políticas públicas de desarrollo para estos pueblos. Defina objetivos, metas y acciones a corto, mediano y largo plazo.
Los programas deberán ser ejecutados por las propias comunidades y dar así cumplimiento al contenido del artículo 2o. constitucional, relativo a la autonomía de los pueblos indígenas que establece que los programas de desarrollo que se impulsen, deberán respetar sus formas de organización y que sean las propias comunidades, quienes diseñan las acciones y vigilen su cumplimiento.
Compañeras y compañeros diputados: Dentro de pocos días estaremos debatiendo el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003. Y probablemente la reforma hacendaria. Cometeríamos un grave error sino asumimos como asunto prioritario de la nación, la asignación de recursos importantes para atender a las comunidades indígenas.
El haber elevado a rango constitucional aspectos básicos de las comunidades indígenas nos obliga a realizar una rigurosa revisión del presupuesto, pensando en esas comunidades que, en su mayoría, carecen de caminos, de agua, de luz eléctrica, de una educación eficiente y de calidad, de vivienda y de financiamiento para impulsar proyectos productivos.
Si el Congreso reformó la Constitución pensando en el bienestar de los 62 pueblos indígenas de México, esta Cámara debe autorizar los medios para darle vigencia y concreción al apartado B) del artículo 2º. constitucional y contribuir a saldar la deuda que la nación tiene con ellos.
Que esta Cámara haga valer su voluntad para construir un mejor futuro para los mexicanos excluidos del proyecto nacional.
De conformidad con los razonamientos expresados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente punto de acuerdo:
1º. En aras del compromiso social y en apego solidario con los pueblos indígenas del país, el pleno de esta Cámara de Diputados pide a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública prevea en el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2003 recursos suficientes para impulsar proyectos productivos, infraestructura caminera, luz eléctrica, así como agua potable.
Para ello, debe por lo menos quintuplicarse el monto aprobado para el año 2002 en el fondo indígena para fortalecer el desarrollo de los indígenas al que constitucionalmente tienen derecho.
2º. Se exhorte a los congresos de los estados donde exista población indígena para que legislen en las materias que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos incluye como responsabilidad de las autoridades estatales y municipales a efecto de que hagan vigente y positivo el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y establezcan la obligación de los gobiernos de impulsar políticas públicas de reducción de la pobreza.
Compañeras y compañeros: el destino no es lo que irremediablemente tenga que ocurrir, sino lo que hoy, con plena conciencia histórica, podamos construir para mejorar el futuro de los pueblos indígenas de México. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA: Diputado presidente, le solicito muy atentamente si no tiene inconveniente el orador que tenga la gentileza de anotar mi nombre entre los promoventes del punto de acuerdo.
EL C. PRESIDENTE: Supongo que no tendrá inconveniente el diputado Cándido Cueto que el diputado suscriba también el punto de acuerdo
EL C. DIPUTADO CANDIDO CUETO: Le suplico, por favor.
EL C. PRESIDENTE: Con mucho gusto, y favor a la secretaría de permitirle suscribir al diputado el punto de acuerdo.
Tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al presupuesto de la Cámara de Diputados, hasta por cinco minutos.
LA C. DIPUTADA ERIKA SPEZIA MALDONADO: Con la venia del señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: el trabajo cotidiano de un legislador es actualizar las leyes y las normas que permiten la convivencia pacífica de todos los mexicanos.
Sin embargo, no basta con hacer una gran cantidad de nuevas leyes o reformas basadas en información incompleta y poco análisis.
El reflejo de la deficiencia del trabajo legislativo es claro en el descontento de la ciudadanía y en el poco margen de maniobra que en ocasiones llega a tener esta soberanía ante una total falta de la infraestructura mínima necesaria que sustente la información, que es la materia prima de las discusiones en este pleno.
"Como ya se ha manifestado en repetidas ocasiones, es patente el sentir de la sociedad por contar con procedimientos que den seguridad jurídica y promuevan la estabilidad en los procesos legislativos referentes al ámbito económico nacional de tal forma que se logre evitar la tensión política e institucional al fin de cada periodo y aprobación de las iniciativas presupuestales.
"Con respecto a las atribuciones que la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a esta Cámara de Diputados en materia de ingresos y egresos públicos, la implementación de análisis y generación de información, resulta fundamental para la determinación de la dirección que tomará el desarrollo del país.
"Resulta inaceptable que nuestro sistema legislativo no haya sido capaz de desarrollar cuerpos técnicos institucionales apartidistas para conformar la estructura de un congreso fuerte, capaz de generar análisis que evalúe de manera confiable y certera las políticas en materia económica implementadas por nuestro gobierno.
"Sabemos que hace apenas cuatro años mediante un acuerdo firmado el dos de abril del 98, se creó la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados hoy Centro de Estudios de Finanzas Públicas.
"Reconocemos el esfuerzo por la creación de este centro, sin embargo es necesaria la implementación de acciones encaminadas al fortalecimiento del mismo o en su caso a su redefinición a través del Presupuesto que esta soberanía ejerce. Esto debido a que la infraestructura y el nivel técnico de apoyo para nuestra H. Cámara de Diputados aún deja mucho que desear ante un contexto en donde la práctica legislativa internacional nos muestra que desde hace más de 25 años en muchos países el cuerpo técnico alrededor de los legisladores forma parte esencial ara la conformación de un Congreso fuerte, consistente, propositivo y sobre todo confiable.
"Tal es el caso del Congreso norteamericano en donde la Oficina de Presupuesto del Congreso cuenta con un equipo de alrededor de 230 personas de tiempo completo con una estructura bien definida y sobre todo institucional. Lo mismo podemos observar en el caso de la Unión Europea.
"Es por ello que el Congreso Mexicano requiere de una oficina de presupuesto que provea en forma objetiva, expedita y apartidista, información para realizar los análisis económicos necesarios y decisiones de presupuesto, estimaciones necesarias para cuantificar los impactos de las posibles reformas y la verificación de datos elaborados por el Ejecutivo Federal.
"Los legisladores requerimos una infraestructura y apoyo técnico especializado a fin de conformar un análisis certero y contundente de las finanzas públicas del país. Esto resulta fundamental y estratégico sobre todo en lo que se refiere al gasto público, pues su correcto análisis se relaciona por una parte con la honestidad y la eficiencia del gobierno y revela, por otra, las prioridades y compromisos verdaderos del mismo, lo cual permite contrastarlos con las preferencias de la sociedad quien es finalmente en quien repercuten las consecuencias del gasto público.
"No debemos olvidar el compromiso que los legisladores hemos hecho con el pueblo mexicano que ha puesto su confianza en nosotros para conformar un aparato capaz de proporcionar soluciones e información que Hacienda ni en sus mejores esfuerzos quiere o puede proporcionar.
"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, abajo firmantes, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Primero.- Solicitamos a la Junta de Coordinación Política de la . Cámara de Diputados gire las instrucciones necesarias para que dentro del Presupuesto del año entrante, esta soberanía se contemple un monto destinado a la conformación de un verdadero cuerpo técnico que sirva de apoyo en análisis y creación de datos económicos para la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la cuenta Pública y demás aspectos de la vida económica de nuestro país y que recoja las preocupaciones y recomendaciones de las diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso a través del Centro de Estudios de Finanzas Públicas o la redefinición de éste".
Hago entrega a la Secretaría de este unto de Acuerdo. Muchísimas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre recorte presupuestal ¿del 2003? (Sigue turno 49)
- EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA (PT): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeros y compañeras Diputadas:
"De concretarse la amenaza del Presidente Fox y del Secretario de Hacienda de realizar severos presupuestarios para el 2003, México entraría a un segundo año de austeridad voluntaria que no tiene precedente, aún dentro de la experiencia neoliberal de los últimos 20 años.
"Los daños de esta política serán incalculables y probablemente México no se reponga plenamente en una década. Los daños deben calcularse en función del rezago que sufrirá el país en desarrollo humano, económico y social en un mundo caracterizado por una aguda competencia entre naciones.
"Aunque nos desagrade aceptarlo, el mundo de la globalización está dominado por una implacable competencia que ha sustituido a las guerras y a cualquier otra forma de hostilidad armada, como medio por el cual los más aptos se imponen sobre los más débiles.
"Ahora las naciones no acumulan medios para ejecutar agresiones armadas, sino que buscan su espacio en el mundo mediante el desarrollo de su capacidad social de acumulación y el incremento continuo de su competitividad para lo cual recursos estatales son fundamentales.
"A medida que las naciones de Asia, sobre todo China, avanzan a pasos agigantados para expandirse internacionalmente, México sigue apegado a un obsoleto paradigma de estabilidad de precios que lleva a estos implacables e irracionales recortes presupuestarios. Cada día en los centros intelectuales y científicos del mundo se ve con mayor desconfianza la prescripción ortodoxa de que la estabilidad de precios es la mejor garantía para lograr el crecimiento sostenido y una integración activa a la economía global.
"Sin recursos presupuestarios no hay capacidad para desarrollar el capital humano y modernizar infraestructura física que toda nación requiere para consolidar su desarrollo económico. Como nación, se está incubando una crisis de magnitudes históricas, ya que la tarea fundamental del Estado y la sociedad, es decir la promoción del desarrollo económico ha quedado relegada por el objetivo de la estabilidad de precios. En tanto se mantenga este objetivo estamos enfilados en la ruta de las naciones perdedoras.
"Es el deber moral de todo ciudadano oponerse a esta irracional política de austeridad y luchar, no por resolver un problema inmediato e insuficiencia de recursos, sino por avanzar en la formulación de un nuevo pacto social que permita por una parte ampliar cualitativamente los recursos presupuestarios y velar porque los mismos se usen de la manera más productiva, económica y socialmente.
"El conflicto actual en torno a la austeridad presupuestaria solo es un foco rojo de un conflicto más amplio y profundo que revela la interpretación de nuestra nación para enfrentar los retos que le repara la etapa actual. Como tal, debe ser entendido como una oportunidad para abrir una negociación que nos conduzca a un nuevo pacto social que amplifique la perspectiva de crecimiento. Si el país se empantana en este conflicto las consecuencias a mediano plazo serán incalculables, ya que las ganancias acumuladas tras prolongados sacrificios sociales podrían perderse ante los embates provocados por la competencia de las naciones dinámicas.
"Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar una proposición como punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a que presente un paquete económico para el 2003, en el que se impulse el gasto social y productivo y mejore de manera sustancial los ingresos públicos para que dicha política expansionista tenga sustento.
"Lo anterior con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente
" P u n t o d e A c u e r d o :
"Artículo Unico.- Que la H. Cámara de Diputados exhorte al Titular del Poder Ejecutivo para que envíe a esta soberanía un Presupuesto de Ingresos y Egresos que contemple el ejercicio de un gasto público que tienda a impulsar y detonar el desarrollo económico y no como lo ha declarado recientemente en el sentido de que presentará un presupuesto austero".
Firman por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: el diputado José Narro Céspedes, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, el diputado Víctor Antonio García Dávila, el diputado Juan Carlos Regis. Y por el Partido Convergencia por la Democracia: el diputado José Manuel del Río Virgen y un servidor, diputado Jaime Cervantes Rivera.
Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La proposición de la diputada Silvia América López Escoffié se pospone para la siguiente sesión. Igualmente la proposición de la diputada Lorena Martínez Rodríguez se pospone para la siguiente sesión y lo mismo de la proposición de la diputada Heidi Storsberg Montes se pospone para la sesión del martes 29 de octubre.
Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la instalación de plantas de generación de energía eléctrica y regasificadoras en territorio nacional para abastecer territorio norteamericano, hasta por cinco minutos.
-DIP. JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso, ciudadano Presidente.
Compañeras diputadas; compañeros diputados: En abierta complicidad con autoridades federales y estatales y corporativos transnacionales de energía, transforman Baja California en un auténtico campo experimental en materia de desregulación, a pesar de los desastres comprobados en mercados energéticos como el de California.
Disfrazada de integración económica, la administración federal se apresta a ceder territorio y activos del país a poderosas compañías extranjeras en una entrega furtiva de la soberanía nacional.
La Secretaría de Energía ha otorgado permisos de exportación de electricidad en Baja California, para instalar cinco plantas con una capacidad nominal de 2 mil 300 megawatts, que permitirán venderle anualmente a Estados Unidos aproximadamente 17 terawats-horas, con lo que se pueden tener ganancias mínimas de 260 millones de dólares al año, partiendo de un costo de 3 centavos de dólar por kilowatt-hora y un precio de venta de 4.5.
En el mercado spot de California es muy probable que se dupliquen estas ganancias. A razón de un precio de 4 dólares por millón de VTU, estas plantas consumirán combustible por la cantidad de 320 millones de dólares anualmente de la Unión Americana y solamente utilizarán el suelo de Bala California para producir la electricidad y dejar la contaminación correspondiente.
Ya hoy se hacen los preparativos para instalar en cuatro lugares de Baja California, entre Ensenada y Baja California, enormes depósitos para almacenar gas que comercializarán las compañías transnacionales Shell, Maratón Oil, El Paso Energy, Phillips Petroleum y Cempra Energy, varias de las cuales tienen sendas demandas en Estados Unidos por prácticas fraudulentas.
La pregunta obligada es: ¿Por qué no se planeó que ese negocio lo hiciera la CFE y PEMEX para incrementar los ingresos que con mucha urgencia requiere el gobierno federal?
Si al menos se hubiese previsto el suministro de gas por parte de PEMEX, esta paraestatal habría tenido posibilidad de ganar 320 millones de dólares al año con este proyecto de exportación.
¿Será justo que estos negocios tan rentables con ganancias de 580 millones de dólares al año se transfieran a los inversionistas extranjeros sin ningún beneficio para los mexicanos?
Si el Presidente dice que la industria eléctrica requiere recursos para invertir, ¿por qué le regala ese negocio multimillonario a los extranjeros?
Ahora que el Presidente anda por todo el país derramando bilis y destilando amargura, y afirma que él no vende gas, ¿será que se refiere a que ya no vende gas, porque ya le regaló a los extranjeros las concesiones para que otros vendan el gas que PEMEX podía vender?
La instalación de dichas plantas en suelo bajacaliforniano es un excelente negocio para los norteamericanos; no pagarán impuestos en Estados Unidos, si lo hacen en México serán mínimos, especularán en el mercado abierto de California, se apropiarán de un negocio que legítimamente le corresponde a PEMEX y a la CFE y además contaminarán nuestro país. Para nosotros la basura, para ellos la ganancia y la energía.
Todavía estamos a tiempo de impedir que en el futuro los mexicanos seamos víctimas de especulación por parte de empresas transnacionales, que nos venderían unos productos provenientes de recursos que hasta hoy por ley constitucional nos han pertenecido y deben ser explotados por nosotros mismos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración del pleno de esta Cámara, el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
"Primero.- Que la Junta de Coordinación Política acuerde presentar al pleno de esta H. Cámara de Diputados, una resolución para su aprobación, para presentar un juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el otorgamiento de los permisos para la instalación de las cinco plantas de generación de energía eléctrica para exportación en el estado de Baja California, las cuales violan las disposiciones contempladas en los artículos 27 y 28 constitucional.
"Segundo.- Se suspenda cualquier construcción de depósitos de gas en la costa del Pacífico del estado de Baja California, hasta en tanto no se revise y se apruebe por esta Cámara de Diputados y el Ejecutivo, un programa integral de energía para el estado de Baja California.
"Tercero.- Que esta Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo Federal toda la información de los proyectos de inversión en materia de energía para el estado de Baja California.
"Atentamente. Diputados Jaime Martínez Veloz, Amador Rodríguez Lozano, Jaime Cervantes Rivera, José Manuel del Río Virgen, Enrique Herrera y Librado Treviño Gutiérrez. Es cuanto, ciudadano Presidente.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene el uso de la palabra el Diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo y al Director de FONATUR liquiden sus adeudos por concepto de predial que tienen con el Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, hasta por cinco minutos.
-EL C. DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados y Diputadas. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está a favor del Federalismo y de la Descentralización de la Administración Pública Federal, pero siempre y cuando estas se lleven a cabo con las condiciones y mecanismos necesarios para garantizar la transferencia de recursos públicos Los municipios del país, conforme a las facultades que les otorga el Artículo 115 de nuestra Carta Magna administran libremente su hacienda para realizar los fines establecidos en el citado precepto para participar adecuadamente en su entorno económico social y ambiental.
Ninguno de los municipios que existen en México pueden sustraerse de su obligación de hacerse de recursos para realizar la obra pública necesaria para el desarrollo de sus gobernados ni tampoco retrasar el desarrollo con calidad.
Por ello es necesario que el Congreso de la Unión dé certidumbre y seguridad a los Estados, Municipios y Programas de la Administración Pública para que cuenten con un ingreso seguro no se trunque con la esperanza de millones de mexicanos en aras de un falso proyecto.
En el Municipio de Cancún en el Estado de Quintana Roo, al recibir la presente Administración Municipal se encontró que conforme al patrón de contribuyentes a la Tesorería Municipal y Registro del Catastro, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo de la Secretaría de Turismo FONATUR, aparece como propietario de 208 predios registrando un valor catastral global de más de 4 mil millones de pesos con un adeudo que arroja una cifra de más de mil 625 millones de pesos.
Durante los meses de Julio y Agosto se llevaron a cabo diversas reuniones con los representantes de FONATUR con el propósito de integrar y depurar la información de os predios que aparecen en el patrón catastral como de su propiedad.
Los resultados de tales trabajos conforme la Minuta de Trabajo entre FONATUR y el Municipio, arrojan los siguientes resultados: del total de 208 predios que aparecen a nombre de FONATUR, 14 se han reconocido como propiedad del organismo, 70 los reporta como vendidos, 88 ya ubicados por el catastro en Cartografía, 36 están al corriente en el pago de sus contribuciones.
En este sentido, el adeudo de los 14 predios reconocidos como propiedad de FONATUR arrojan un adeudo tan solo de impuesto predial correspondiente al año 2002 de más de 40.6 millones de pesos Desde luego entre estos predios se encuentran las grandes superficies que todavía FONATUR administra o desarrolla, Puerto Cancún su reserva urbana y diversos terrenos contiguos a las playas públicas
Por otra parte, a dicho adeudo le incorporamos el rezago a cinco años su actualización y recargos en sanciones arrojaría una cifra cercana a los 544.5 millones de pesos, a los que se podrían sumar los 9.7 que corresponden al predio de los Juegos Acuáticos que se mantiene a nombre de dicho organismo.
FONATUR ha manifestado su disposición inicial para verificar la información y ha argumentado que cuenta con un convenio con el Ayuntamiento donde se le exime del pago de impuesto predial de las superficies sin construir que mantengan a su propiedad. Dicho convenio, según FONATUR, data del año de 1996 , en un análisis de las Disposiciones Federales Estatales y Municipales, aplicables al caso, no existe fundamento, exposición o razonamiento alguno que faculte, permita o valide exenciones, reducciones o subsidios por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez o de cualquier otro en el Estado de Quintana Roo, como los qsue afirma FONATUR.
El Gobierno Federal no puede dar esta clase de ejemplos, la evasión fiscal debe ser perseguida y sancionada.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a su consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
Artículo 1.- Se mandata al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que liquide sus adeudos por concepto del Impuesto Predial con el municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.
Firman los integrantes del Partido Verde Ecologista de México.
Es cuanto señora Presidenta.
- EL C. PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias diputado. Túrnese… sí, diputado Ramírez Marín. Sonido a la curul, por favor.
- EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN: ((desde su curul)) Presidente, solicitarle al orador si me admite por favor suscribir su proposición.
- EL C. PRESIDENTE: Diputado, le solicita el diputado Ramírez Marín suscribir la proposición.
EL C. DIP. JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA: Sí, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Acepta el diputado y por lo tanto pues le pido a la Secretaría permitir que lo firme el diputado Ramírez Marín.
Túrnese a la Comisión de Turismo.
- LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Para informar a nuestros compañeros que levantaremos la sesión a las 4 y 10.
Tiene la palabra la diputada Hortensia Enríquez Ortega, del grupo parlamentario del PRI para presentar una proposición con punto de acuerdo en torno a la aportación de un subsidio de gas LP y gasóleo en el Estado de Chihuahua y la proposición de la diputada Rosa Delia Cota Montaño del grupo parlamentario del PT, se pospone para próxima sesión.
- LA C. DIP. HORTENCIA ENRÍQUEZ ORTEGA: Con su permiso compañera diputada Presidenta.
Compañeras, compañeros legisladores.
Las condiciones y ubicación geográfica del Estado de Chihuahua determinan su clima extremoso de tal suerte que durante los meses de noviembre a marzo de cada año se registran las más bajas temperaturas del país, oscilando estas entre los 6 y 14 grados centígrados bajo cero y en algunos lugares de la región serrana se registran temperaturas hasta 17 grados centígrados bajo cero, lo que daña severamente la salud pública principalmente en menores de edad, ancianos y trabajadores con las siguientes consecuencias: pérdida de vidas humanas causadas por la hipotermia, alta incidencia de enfermedades en las vías respiratorias, elevado índice de ausentismo escolar principalmente en los niveles preescolares y primaria, ausentismo laboral que se traduce en cuantiosas pérdidas en horas hombre y enormes erogaciones por parte de las instituciones del sector público de salud, deterioro del salario al distraer una gran parte del mismo para cubrir estas contingencias.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua mantiene estadísticas de las temperaturas mínimas promedio en la temporada invernal del Estado de Chihuahua, las cuales le sirven de base para pronosticar para la temporada invernal 2002-2003, los siguientes registros de temperatura:
En la zona serrana del Estado se esperan temperaturas que varían de 14 grados centígrados bajo cero, a 17 grados bajo cero; en la región fronteriza, se espera una temperatura que oscila de 6 grados bajo cero a 9 grados bajo cero; en la región centro sur, los registros esperados son de 7 grados bajo cero a 10 grados bajo cero; adicionalmente, con motivo de las precipitaciones pluviales registradas en el año, la humedad será mayor, por lo que se tiene contemplado más nevadas en el próximo invierno.
Los datos señalados han sido proporcionados por instituciones oficiales del Gobierno Federal, lo que nos permiten prever con gran certeza un invierno muy crudo para el Estado de Chihuahua.
Por lo anterior, tanto el gasóleo como el gas natural y el gas LP son productos de primerísima necesidad para toda la población, sobre todo en el período invernal y como es natural, el mecanismo de oferta y demanda alteran muchísimo los precios del mercado encareciendo estos productos en la temporada en que son más necesarios para los chihuahuenses.
Los datos siguientes son reveladores de su consumo: Chihuahua concentra el 3 por ciento de la población del país y demanda el 9 por ciento del gas LP que se consume en el país. Cabe señalar que sólo el Distrito Federal en un 30 por ciento, por su gran concentración poblacional y el estado de Jalisco en un 7 por ciento, lo superan, ya que el resto del país en su conjunto consume el 54 por ciento restante. Adicionalmente, del total del gas LP se consume en el estado el 62 por ciento del mismo va directamente a los hogares de los chihuahuenses y el 38 por ciento restante se distribuye en las áreas comercial, industrial y de transportes. Asimismo, los precios varían enormemente año con año y se tienen registros fidedignos de que la variación del precio del gas LP en el año 2000 fue de un 151 por ciento y en el año 2001 esta variación llegó a ser del 386 por ciento.
Debido a lo anterior, el gobernador del estado ha hecho gestiones desde el mes de agosto del presente año para solicitar la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía, ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para solicitar se autorice el subsidio del 30 por ciento al precio de gasóleo doméstico, del gas LP en cilindro y del gas natural que se expendan para uso doméstico en las colonias populares de los diversos municipios de la entidad durante el periodo comprendido de noviembre del 2002 a marzo del 2003 del próximo ciclo invernal.
Las respuestas han sido diversas pero con un mismo sentido; la negación a la petición.
Por todo lo antes expuesto y en base al artículo 58 del Reglamento Interior, solicito a esta honorable asamblea su apoyo decidido al siguiente punto de acuerdo:
Unico. Solicitar a la Secretaría de Comercio, Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, Comisión Reguladora de Energía, su intervención ante el Comité de Precios De Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para que se autorice un subsidio del 30 por ciento al precio del gasóleo, gas LP en cilindro y gas natural de uso doméstico durante los meses de noviembre del 2002 y marzo del 2003, en el estado de Chihuahua para hacer frente al próximo ciclo invernal.
Desde esta tribuna me permito hacer un llamado respetuoso a los titulares de las secretarías antes mencionadas, que se solidaricen con las y los chihuahuenses.
Compañeras, compañeros diputados, señores secretarios: estamos en tiempo de evitar pérdidas de vidas humanas por las bajas temperaturas de mi estado.
Suscribimos este punto de acuerdo: por el PRI, la de la voz, Hortensia Enríquez, diputado Manuel Payán, Jorge Esteban Sandoval, diputado Librado Treviño. Por el PRD; Hortensia Aragón. Por el PAN, Abelardo Escobar, Francisco Jurado, César Reyes, Manuel Narváez, Gregorio Arturo Meza.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra la diputada Martha Ruth del Toro Gaytán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la PROFECO y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones vigilen que no haya irregularidades en el cobro de llamadas telefónicas.
LA DIP. MARTHA RUTH DEL TORO GAYTAN: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:
La suscrita, en mi calidad de diputada
federal integrante de la LVIII Legislatura y del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, someto a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, punto de acuerdo
para solicitar al a Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, vigile que no haya irregularidades en el cobro de llamadas
telefónicas y servicios no requeridos, bajo las siguientes consideraciones:
C O N S I D E R A C I O N E S
Es deber de nuestra generación velar porque la actividad del consumo, se rija mediante principios de equidad, que aseguren la concordancia entre el crecimiento económico y la justicia social, para ello, no sólo es indispensable, ampliar y enriquecer el ámbito de las normas destinadas a proteger los derechos e intereses de los consumidores, sino que debemos pugnar porque sean respetados.
La naturaleza de las relaciones de intercambio, expresa la completa estructura social en México, el consumo, si bien es un fenómeno universal adquiere en la práctica, un número insospechado de particularidades.
El éxito de una política de los consumidores, sólo puede valorarse a la luz de su impacto y satisfacción de estos mismos, por lo que es fundamental establecer previamente los controles periódicos, evaluando con precisión la eficacia de las acciones individuales, que pueden perjudicar el derecho del consumidor.
Tras la prestación de un servicio, es necesario que el público disponga de información que aumente la transparencia de precios, tarifas y tipos de servicios cobrados, ya que los consumidores, requieren datos precisos y detallados sobre los mismos, que les permitan decidir con conocimiento de causa.
En tal sentido, tenemos que hay ciertos servicios de vital importancia en la dinámica diaria, así las comunicaciones y los medios por los que se llevan a cabo éstas, son consustanciales al desarrollo nacional, como medio de integración territorial, enlace social e incluso vinculación cultural.
Así por ejemplo el servicio telefónico hoy día es indispensable en la comunicación, tanto al interior como en el extranjero, para impulsar el crecimiento económico, reforzar lazos familiares, así como impulsar el desarrollo social y cultural de nuestro país.
Por ello, es indispensable que la prestación de dichos servicios, sea eficiente y accesible en toda la república, pero sobre todo que sea justo, no permitiendo el abuso en el cobro de tarifas excesivas o por servicios no requeridos por parte del consumidor.
En este sentido, hay miles de quejas e inconformidades que desgraciadamente no han surtido efectos legales, y en especial las que se refieren a las llamadas telefónicas, en las que se contesta mediante una grabadora de la misma compañía telefónica, Teléfonos de México, para dar un aviso respecto a la línea, y ésta es cargada como llamada efectuada directamente al servicio telefónico de quien intentó hacer una llamada.
Esta situación ha inconformado a muchos consumidores, ya que es un servicio no requerido o solicitado por los mismos, y no obstante de manera discrecional y arbitraria, se le cobra como un servicio prestado.
Debemos recordar que una de las funciones que tiene Teléfonos de México como prestadora de servicio de telecomunicaciones, es la función social y subsidiaria, que permita ampliar el campo de la comunicación, y no el otorgamiento de un monopolio en el servicio, que propicia el abuso en contra de los consumidores a su libre arbitrio.
Por ello, utilizo hoy, esta alta tribuna, para denunciar los hechos mencionados, en virtud de que debe ser interés de todos, velar por la legalidad y justicia en la prestación de todo tipo de servicio, ya sean públicos o privados que violenten los derechos de todo ciudadano.
En aras del desarrollo equitativo de nuestro país y por las razones antes expuestas, presento y someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente propuesta con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Que esta H. Cámara de Diputados solicite a la Procuraduría Federal del Consumidor, investigue sobre los hechos antes denunciados.
SEGUNDO.- Que este honorable órgano colegiado, solicite a la misma Procuraduría Federal del Consumidor, informe acerca de las denuncias al respecto y del estado en que éstas se encuentran.
TERCERO.- Que esta alta tribuna solicite a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, investigue las irregularidades en las que pudiera estar incurriendo Teléfonos de México, respecto a la prestación del servicio de llamadas locales y de larga distancia.
Gracias por su atención, compañeras y compañeros legisladores.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión…
.. EL C. DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA, (desde su curul).- Señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Hernández Raigosa. Sonido en la curul del diputado Hernández Raigosa.
EL C. DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA, (desde su curul).- Le quisiera pedir, señora Presidenta, si a su vez le solicita a la señora diputada poder firmar de mi parte ese punto de acuerdo que me parece muy importante.
EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN, (desde su curul).- En los mismos términos que el diputado.
LA C. PRESIDENTA.- Diputada, el diputado Hernández Raigosa y el diputado Del Río Virgen, quieren sumarse a su proposición. ¿Está usted de acuerdo?
Gracias, gracias. Entonces proceda la Secretaría a recabar el apoyo
El diputado Miguel Rosaldo Salazar del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a las tarifas eléctricas en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
El turno de la anterior propuesta es a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR.- Con su permiso, señora Presidenta.
La región sur de Veracruz, agrupa más de 20 municipios con una población aproximada mayor de 800 mil habitantes, dentro de los cuales los municipios más representativos por su densidad poblacional e importancia económica son la Ciudad de Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Iguatlán, Moloacán, Nanchital, Cosoleacaque y Acayucan. Esta zona de la República Mexicana mantiene una temperatura promedio de 28 grados centígrados, principalmente en los meses de marzo a octubre. Esto quiere decir aparentemente es bajo, pero son 38 grados con una humedad relativa mayor del 90%.
Como todos sabemos, uno de los factores que determina la utilización de recursos renovables y no renovables sin duda es el climatológico, el cual se convierte en un actor más para que el hombre se logre adecuar a su entorno.
La bioclimatología, que es el estudio de las influencias del clima sobre el hombre y su entorno social y económico, reconoce que uno de los factores que causan un mayor malestar en el hombre es el referente al calor y la humedad.
El índice de "steedman", es resultado de la medición del efecto que tiene el calor y la humedad sobre la fisiología humana. Dicho indicador afirma que a una mayor humedad relativa, el ser humano buscará el uso de recursos externos para aminorar los efectos de este fenómeno: ventiladores, sistemas de refrigeración, etcétera.
Los efectos que causa la humedad sobre el cuerpo humano son variados, pero podemos citar algunos casos para ser más claros, por ejemplo, fatiga excesiva por realización de actividades físicas, hipertermia e insolación, además de una constante deshidratación. Es bien sabido que las personas que realizan actividades físicas en zonas con alta concentración de humedad, disminuyen su potencial para realizar eficazmente sus labores.
La zona sur de Veracruz mantiene una humedad relativa promedio durante la primavera y el verano, como comentaba anteriormente, marzo a octubre, de 90% que en ocasiones llega a ser del 99%, por lo que la población para hacer frente a este fenómeno, sostiene un alto consumo de energía eléctrica para utilizar dentro de sus casas y lugares de trabajo ventiladores y sistemas de enfriamiento que les permita tener una mejor comodidad y mayor adaptación a los efectos externos.
El decreto que suprime el subsidio y modifica las tarifas en el consumo de energía eléctrica del pasado 7 de febrero del 2002 efectuado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tomó en cuenta que los factores climáticos en esta zona son adversos para la población y por ende, el consumo de energía eléctrica es elevado.
El Gobierno Federal parte del supuesto de que a un mayor consumo, hay por ende un mayor ingreso. Cabe recordar que una de las zonas con mayor marginación en el país es precisamente la ubicada en el sur de Veracruz, en la cual podemos encontrar zonas muy rezagadas en servicios y con un ingreso menor a la media nacional.
El hecho de que una familia cuente con un ventilador o con un modesto sistema de ventilación, no quiere decir en ningún sentido, que aquella familia tenga una comodidad que es obtenida por un alto ingreso, sino que, en esta zona del país, es una apremiante necesidad para sobrellevar los efectos del clima.
Es por esto que el día de hoy hago uso de esta alta tribuna para solicitar a la Secretaria de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la aplicación de la tarifa 1-F, para el suministro y venta de energía eléctrica en el sur de Veracruz, toda vez que se han dado argumentos científicos sobre los efectos negativos que la humedad causa en la fisiología del ser humano en su desarrollo.
Exhorto en esta ocasión el Ejecutivo a que dé paso atrás en los errores que ha cometido y reintegre los subsidios para la energía eléctrica en bien de los mexicanos y el propio país.
Por lo que:
PUNTO DE ACUERDO:
"UNICO.- En mi calidad de diputado federal de la LVIII Legislatura y con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente: Punto de Acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Energía y a la de Hacienda y Crédito Público, aplique la tarifa 1-F, para el suministro y venta de energía eléctrica a la zona sur de Veracruz, debido a que representa altos índices de humedad relativa durante 8 meses al año. Así como reintegrar el subsidio a esta zona del país".
Por lo que solicito ciudadana presidenta se turne este Punto de Acuerdo, a las Comisiones de Energía y de Hacienda de esta Cámara, para una pronta respuesta.
Muy amable, muchas gracias.
-PRESIDENTA: Gracias diputado.
Túrnese a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
En virtud de que ha transcurrido el tiempo previsto para el desarrollo de las sesiones, le ruego a la secretaría hacer referencia al Orden del Día de la próxima sesión.
-DIP. SECRETARIO RODOLFO DORADOR:
( LECTURA DEL ORDEN DEL DIA)
-PRESIDENTA: (A las 16:00 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 24 de octubre a las 10:00 horas.