LA C. PRESIDENTA. Gracias ciudadano Diputado.

Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de

Fortalecimiento del Federalismo.

Tiene la palabra el diputado Herbert Taylor Arthur, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Iniciativa de Reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

EL C. DIPUTADO HERBERT TAYLOR ARTHUR: Con su permiso señora Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores.

El 4 de Julio del año 2001, fue publicada la Ley de Ahorro y Crédito Popular que tiene como objetivo fortalecer, ordenar y encauzar los esfuerzos de miles y cientos de miles de mexicanos de escasos recursos, que en una lógica de auto ayuda y colaboración trabajan agrupando pequeños capitales para mañana pueda hacerse préstamos y financiarse a sí mismos.

Esta Ley, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, dio un lapso de dos años, dos años para que entrara plenamente en vigor, esta Cámara tuvo esa determinación para que tuvieran dos años para lograr salud financiera y tuvieran la posibilidad de entrar en un sistema integral a partir de condiciones óptimas de trabajo y de condición financiera., para que fueran organizando su sistema de supervisión auxiliar y creando sus federaciones que sean los responsables de llevar buen camino y buen proceso el futuro de esas organizaciones en lo que a su trabajo de sanidad financiera y operativa se requiere.

Tiempo para capacitarse, para ordenarse, para organizarse, en fin, para poder echar a andar todo un nuevo modelo y nuevo sistema en el ahorro y el crédito popular.

Ha pasado ya un año , poco más de un año y se planteaba que en cosa de seis meses se concluiría el trabajo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pudiera, para que lograra las normas prudenciales, las reglas prudenciales.

Resulta que en diálogos que ha tenido el sector con la Comisión Nacional Bancaria y estando buscando el consenso y los acuerdos entre estas, ha pasado el tiempo , no han concluído los trabajos, no concluídos y quiero dejarlo en claro, el acuerdo con el sector para poder construir unas normas sanas y alcanzables por todos los actores.

Se ha dialogado , se ha interactuado entre ellos y han solicitado así de manera conjunta actores del sector, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como el BANCETI que busquemos una prórroga , darle dos años más a esta Ley de Ahorro y Crédito Popular para permitir que todos los organismos financieros logren su viabilidad, todos los organismos financieros populares logren estar en condiciones ahí adelante, todos los organismos financieros puedan entonces subirse a la Ley y tener en el futuro un nuevo modelo, un nuevo sistema que a diferencia de hoy que solamente tiene 2 millones 600 mil mexicanos en el modelo y más o menos 18 mil millones de pesos en capital, podamos aspirar para que el año 2010 contemos con más de 12 millones de mexicanos dentro de ese sistema de ahorro y crédito popular con montos superiores a los 100 mil millones de pesos.

Que este sistema permita que las cajas populares sean lugar natural para la conducción de las remesas de los mexicanos en el extranjero que el año pasado sumaron casi 100 mil millones de dólares; que pueda ser lugar para recibir las remesas, recibir los trabajos del PROCAMPO, de oportunidades, en fin, armar como en otros países del mundo un sistema de finanzas populares sanas y sólidas.

Es así que esta iniciativa de decreto que se presenta pide que se extienda el plazo que se dio en los transitorios, de 2 años a 4 años.

Por otro lado, también un grupo de pequeños ahorradores, de ahorradores en agrupaciones menores a 200 personas, se han presentado ante diputados de las comisiones, ante un servidor y nos han hecho saber que las condiciones de la nueva ley convierte en absolutamente inviables el trabajo de pequeñísimas organizaciones y de grupos solidarios, pequeñas agrupaciones que están ya sea por su propia condición poblacional, comunidades con 2 mil, 3 mil habitantes, que hacen un gran esfuerzo de auto ayuda y colaboración que puedan sumarse a la ley por sus condiciones financieras.

Y también, por otro lado nos han dicho y hemos constatado, que hay agrupaciones, que hay grupos que nacen y no forzosamente nacen sólidos, es así que esta modificación reconoce estas dos naturalezas: grupos tan aislados y tan alejados, en poblaciones tan pequeñas, que su condición de crecimiento es prácticamente nulo pero que requiere de sistemas financieros pequeños entendidos como grupos solidarios y, por otro lado, grupos que están naciendo, que si bien tienen un gran potencial de desarrollo y crecimiento están naciendo y que su nacimiento a partir de la lógica, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular los aniquilaría o evitaría su desarrollo.

Es así que también en esta iniciativa pretendemos agregar lo que existía ya en otra ley, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en el artículo 38-P que reconocía esta naturaleza de pequeñas organizaciones, de pequeños grupos y que las exentaba de formar parte de la Ley.

Es así que tomando este ejemplo de otra ley, agregamos un artículo 4-Bis en la Ley de Ahorro y Crédito Popular que permite, que reconoce a organismos menores de 200 personas; que reconoce a organismos que tengan capitales menores a 300 mil UDIS, o sea poco menos de un millón de pesos actuales. Ya hemos dialogado con diferentes organizaciones, muy en particular con la red de finanzas sociales agrupadas alrededor de INDOSOC (?), que son organismos que están trabajando en pequeños lugares y pequeñas comunidades y con pequeños ahorradores.

Es así que estos dos elementos fundamentales es lo que llena el cuerpo de esta iniciativa de ley y otras modificaciones que solamente permitirían darle cuerpo y lógica procesal a la iniciativa, a la ley que se aprobó hace poco más de un año por esta Cámara; es así que con permiso de la Presidencia haré entrega de esta iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y pediría a la Presidencia que tenga a bien publicarlo y si es de su consideración, mandarla a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias ciudadano diputado.

------ Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Esta presidencia informa que se recibió en la Mesa Directiva la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Miguel Barbosa Huerta y Rafael Hernández Estrada del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

----- Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria.

Tiene la palabra el diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz,… diputada Rosa Delia ¿está usted lista para presentar su iniciativa?… ¿Si?… Le ruego entonces al diputado Oscar del Real espere el siguiente turno.

Tiene la palabra la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del PT para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Informo que la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Expropiación a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, nos han solicitado que se posponga para la siguiente sesión.

LA DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con el permiso de la Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción 2ª, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente exposición de motivos:

La Constitución General de la República establece en el artículo 70 párrafo 2º, que el Congreso expedirá la ley que regula su estructura y funcionamientos internos. En tal virtud la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone todo lo relativo al régimen interior de las Cámaras que lo conforman, destacando entre ellas lo relativo a la composición de la Mesa Directiva de cada Cámara.

En el caso particular de esta Cámara de Diputados, y a diferencia de la disposición vigente hasta agosto de 1999, se establece una mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes para elegir a quienes integran la mesa directiva, equiparando la votación para la elección de personas a las que se requiere para una reforma constitucional, atentos a lo dispuesto por el artículo 135 de nuestra norma fundamental.

Sin duda los diputados y senadores de la LVII Legislatura autores de la presente ley, quisieron garantizar un mayor consenso al exigir tal votación, confundiendo consenso con unanimidad, ya que aunque exista un solo voto en contra o una abstención de cualquiera de los 500 diputados, la unanimidad no se logra y tanto consenso existe con las dos terceras partes del voto de los diputados o bien con la mayoría absoluta que se manifieste a favor de una determinada propuesta para presidir desde la mesa directiva los trabajos de esta Cámara.

Si partimos del principio de que nuestra norma fundamental establece en su artículo 51 que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, sin establecer diferencia por la vía de acceso a dicha Cámara, sea de mayoría relativa o de representación proporcional, todos son diputados con los mismos derechos y con las mismas obligaciones y consecuentemente todos contarían con las mismas posibilidades de formar parte de la Mesa Directiva de esta Cámara.

Resulta pertinente recordar que por la voluntad de los electores manifestada en las urnas en 1997, ningún partido político contó con mayoría absoluta en esta Cámara de Diputados y que como resultado del proceso electoral de julio del 2000, ningún partido político cuenta con mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Esto es, que los electores decidieron que ningún partido estuviera en posibilidades de decidir por sí mismo la aprobación de alguna ley o propuesta, sin que mediera el acuerdo de al menos dos o más fuerzas políticas que permitieran obtener la mayoría absoluta.

La vigente Ley Orgánica del Congreso sustituye el esquema legal diseñado para garantizar la preeminencia de una fuerzas política al interior de esta Cámara. Basta recordar que la anterior Ley Orgánica establecía la existencia de un órgano denominado Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en cuya integración se encontraban mayoritariamente diputados del PRI.

En agosto de 1997 y por no llegar la hipótesis prevista en el artículo 45 de la anterior

Ley Orgánica, al no contar ningún grupo parlamentario con mayoría absoluta, los coordinadores parlamentarios, Alejandro González Yánez, del PT; Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde; Carlos Medina Plascencia del PAN y Porfirio Muñoz Ledo, del PRD, decidieron suscribir con fecha 13 de agosto de 1997, el denominado Acuerdo para el Logro de la Independencia, Autonomía y Gobierno Democrático de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, mismo que fue suscrito la noche del 29 de agosto de ese año, por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios antes citados y al que se denominó G4.

Entre los acuerdos a destacar está el que se refiere al de la integración de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política que se integraría de manera paritaria por todos los coordinadores grupos parlamentarios, siendo presidida por alguno de ellos por un tiempo determinado.

Al entrar en ejercicio la pasada Legislatura, el 4 de septiembre de 1997, aprobó una proposición para la integración de la Comisión de Régimen Interno, estableciendo el numeral octavo el orden de ejercicio de la Presidencia de dicho órgano.

Todos los partidos políticos ejercieron la presidencia de este órgano con excepción del Partido de Trabajo debido a la aprobación de la vigente Ley Orgánica.

Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete al conocimiento de los integrantes de esta Cámara la presente iniciativa con el ánimo de contribuir a distender las relaciones políticas que aquí se viven, debido a que una disposición legal permitió prolongar por cinco días el ejercicio de la Mesa Directiva que debía cumplir su encargo el 31de agosto.

Se tuvo Presidente de Cámara y consecuentemente Presidente del Congreso General para declarar la apertura del Primer Período de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de esta Legislatura.

Este acto nos demostró que la exigencia de una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes para elegir la Mesa Directiva, en la práctica constituyó un obstáculo para la búsqueda de acuerdos, debido a que las fuerzas mayoritarias se bloquean unas a otras y que bajo el argumento de no aceptar imposiciones no son sensibles a destrabar mediante la sesión recíproca la problemática de la Cámara.

El debate se polarizó a tal grado que ante la opinión pública quedó la impresión de que dependiendo del partido que presidiera la Mesa Directiva, sería la respuesta que el Presidente del Congreso debe dar al Informe del Presidente de la República. Si sé era de determinado partido la respuesta sería obsequiosa y sin reconocer la problemática existente en el país.

Si se era de otro, la respuesta sería dura, sin contemplaciones, soslayando los posibles logros que el gobierno pudiera tener.

Esto fue en realidad lo que impidió el logro de acuerdos y propicio el bloqueo de una fuerza política a otra, olvidando, por otra parte, que al respuesta al Informe Presidencial debe ser una respuesta institucional del conjunto de la Cámara y no de la posición de un partido.

Compañeras y compañeros diputados, por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se reforman los numerales 1, 2 y se deroga la última parte del numeral 7 del artículo 17; se reforman los numerales 3 y 4 del artículo 19 y se reforma el numeral 2 y se deroga el numeral 3 del artículo 31, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno, se integrará con un Presidente, tanto Vicepresidentes y Secretarios como grupos parlamentarios haya en la Cámara, durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

2. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva de por mayoría absoluta de los diputados presentes mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos.

7.- La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria de la Cámara que inicia dichos períodos, el proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio.

Artículo 19.-

3.- Toda elección que integrantes de la Mesa Directiva se realizará mediante el voto de la mayoría absoluta de los diputados presentes.

4.- Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos por el voto de la mayoría absoluta en los individuos presentes de la Cámara por las siguientes causas:

Artículo 31.-

2.- La presidencia de la Junta será rotativa entre los Coordinadores de los grupos parlamentarios por el tiempo que resulte dividir los tres años de Legislatura entre el número de grupos parlamentarios existentes.

El 3 se deroga.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de septiembre del año 2002.

Firman la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

Presidenta, le pido sea inmerso en el Diario de los Debates todo el texto de la iniciativa. Es cuanto.

-LA C. PRESIDENTA_ Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias e incorpórese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona el Artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Fortalecimiento a la Educación Superior.

-EL C. DIPUTADO OSCAR ALFONSO DEL REAL MUÑOZ: Con su permiso ciudadana presidenta de la Mesa Directiva. Ciudadanos Secretarios. Compañeras y compañeros miembros de este cuerpo legislativo.

El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 71 fracción II y 73 fracción 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el Artículo 3º. de nuestra Carta Magna, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos.

Como semillero de profesionistas que participan en la vida pública o como fuente de expertos que toman decisiones políticas importantes, la educación superior pública en México, constituye un baluarte fundamental de la riqueza y soberanía nacional.

Los beneficiados por la educación superior pública, vemos con preocupación su problemática y contradicciones, consideramos útil otorgarle el mejor de los cuidados sin escatimar recursos y respetando su vida interna. Creemos, además, que su desarrollo debe ser observador y sostenido por un estado claro en sus fortalezas, consciente de que con la definición de una política para la educación superior pública, responde positivamente a la mayoría de los mexicanos, que aspira a que sus recintos educativos sigan siendo apoyados e impulsados, de modo que alcancen los niveles de cobertura y excelencia que hoy demanda el país.

Sin embargo, hoy sabemos que 26 universidades públicas sufren condiciones económicas extenuantes, que las ponen en peligro de desaparecer o de ceder al marasmo víctima de las deudas. Ante este panorama algunos investigadores de la educación, académicos y legisladores, nos hemos reunido para intercambiar inquietudes y hacer un análisis más riguroso acerca del estado que guarda la educación superior pública en nuestro país, y cuyos materiales hemos volcado en la realización de un foro efectuado en el mes de agosto que acaba de pasar, en la ciudad de Zacatecas.

En efecto, quienes nos reunimos en ese foro hemos tomado la iniciativa para discutir los problemas más acuciantes de las universidades públicas. Creemos que de su análisis y debate ha surgido un diagnóstico que nos muestra con claridad, las partes álgidas que deben ser atendidas para echar adelante a las escuelas que trabajan en medio del asecho y de la crisis.

Deseamos que las conclusiones de ese foro sean lo suficientemente interesantes, para tomar en manos de este Congreso la defensa de la universidad pública, pero sobre todo, que coadyuve en una postura del Estado que sea clara y favorable a ella.

Desde esta tribuna, agradecemos la participación de todos los que nos han regalado lo mejor de sus planteamientos, para que este evento concluyera con un pronunciamiento claro que ojalá motive a los compañeros diputados.

Sabemos que hay muchos temas de importancia que tendrán prioridad en la agenda legislativa de este período, pero el tema que hoy nos interesa y por el que deseamos una manifestación expresa de todos ustedes apoyando esta iniciativa, nos parece de significativa relevancia.

No omito mencionar que en algunos ámbitos del medio universitario, me expresaron opiniones pesimistas respecto a la posibilidad de poder lograr las dos terceras partes de los votos para dar blindaje de existencia y desarrollo a las universidades públicas del país, en especial –y solicito disculpas por recordarlo- se duda de la participación de los señores diputados del Partido Acción Nacional.

Sin embargo, sé de antemano que la existencia de la universidad pública, interesa a una gran mayoría de los miembros de esta bancada, cuya mayor parte es proveniente de universidades e instituciones educativas estatales. Personalmente espero que la percepción haya sido equivocada y que mis compañeros diputados de Acción Nacional se decidan por otorgar su apoyo a la educación superior pública de México, expresando su voto de manera favorable en este gran proyecto.

Nuestra iniciativa es el comienzo, sólo con este tipo de acciones sostendremos el ideal de educación superior que reclama la población mexicana. En este caso, la universidad pública merece una declaración categórica de apoyo.

Diagnóstico:

1. En contraste con los logros en materia de crecimiento económico y exportaciones que sitúan al país como la novena potencia económica y séptima exportadora del mundo, México acusa grandes carencias en sus indicadores de desarrollo humano, como lo muestra la creciente concentración de la riqueza y el incesante crecimiento de los índices de pobreza a lo largo de las dos últimas décadas.

Ello se expresa entre otras cosas, en el reconocimiento oficial de la cifra de pobres en el país que se ubica en 53.7 millones de mexicanos o en el acusado deterioro educativo que ha significado una reducción del gasto público en educación al pasar del 5.2% del Producto Interno Bruto en 1994, a 4.9% en 2000, no obstante los compromisos internacionales adquiridos para garantizar su elevación a 8%. Por su parte, el nivel de educación superior muestra mayores problemas, a pesar de ser un sector estratégico para el desarrollo económico y social de la Nación.

Hoy se reconoce la formación de profesionales y científicos como uno de los indicadores más importantes del desarrollo de un país y, en el nuestro, el gasto público por alumno en educación superior, disminuyó de 22, 756 pesos en 1982 a 17, 482 pesos en 2002, a precios constantes de 2000.

Además, considerando al conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país con menor inversión en educación superior por estudiante. Su gasto anual equivale a menos de la mitad del promedio de los países de dicha organización y a una quinta parte del que se ejerce en los Estados Unidos. La matrícula de las universidades públicas se mantuvo estancada en el curso de la última década, frente a la triplicación de ésta en las universidades privadas.

La gravedad de este panorama, se expresa mejor si consideramos la tasa bruta de escolarización, que se ubica, según las fuentes, entre el 15 y el 19% en 2000 en contraste con el con el 23% en República Dominicana; 29% en Barbados; 30% en Costa Rica; 31% en Panamá y en Chile y 36% en Argentina. Esta brecha se amplía frente a países como Corea del Sur con una tasa del 68%; Estados Unidos con 88% y Canadá con 87%.

Además, como evidencia de la limitada capacidad de desarrollo del país México cuenta con tan solo 214 científicos e ingenieros y en labores de investigación y desarrollo por cada millón de habitantes frente a 532 de Costa Rica; 660 de Argentina; 2193 de Corea del Sur; 2719 de Canadá;2831 de Alemania y 3676 de Estados Unidos:

Un punto culminante de esta situación se refiere al creciente endeudamiento de las mayorías de las universidades públicas del país, con lo que se pone en cuestión su viabilidad.

Esta apretada radiografía de la situación de la educación superior y en particular de las universidades públicas, llama nuestra atención para enderezar el rumbo y otorgarles el papel estratégico que reclaman el desarrollo y el fortalecimiento de la soberanía nacional. Es necesario reivindicar su aporte a la sociedad a través del cumplimiento de diversas funciones que deben ser asignadas.

El texto es mucho más amplio y trae todo un diagnóstico completo. Pero en obvio de tiempo pasaré sólo a la propuesta de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"ARTICULO 3o. fracción IX.- El financiamiento del Estado orientado a la instituciones de educación superior públicas y autónomas comprendidas en el presente ordenamiento, será siempre suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones, objetivos y tareas y nunca podrá ser menor al del ejercicio anual previo.

"Los recursos correspondientes estarán resguardados y podrán ser acrecentados por un consejo nacional para la educación superior y universitaria, en el que intervengan las instituciones, la ciudadanía y el Poder Legislativo. Sus funciones serán la definición, contraloría, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del financiamiento público para la buena realización de las metas propuestas".

"TRANSITORIO.

"UNICO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Es cuanto. Firma su servidor y muchos diputados de todas las bancadas. Gracias.

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se pide a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.

-SRIO. DIP. ADRIAN RIVERA: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 416 ciudadanos diputados.

Ciérrese el sistema electrónico.

-PRESIDENTA: Informo a la Honorable Asamblea que las iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo, del grupo parlamentario del PRD; de reformas al Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, del grupo parlamentario del PT y de reformas a diversos ordenamientos en materia de responsabilidades de los servidores públicos con relación al desahogo de comparecencias, del grupo parlamentario del PRI, se ha solicitado por los diversos grupos se pospongan para otra sesión.

Por ello le ofrezco el uso de la palabra al diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que adiciona un texto a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO: Gracias, ciudadana presidenta. Al tiempo que le solicito su autorización para el uso de la tribuna le estoy pidiendo también inserte al Diario de los Debates –así lo instruya—íntegramente la iniciativa que ahora solamente reseñaré con el propósito de obviar en el tiempo.

Uno de los temas que repetidamente hemos traído a la tribuna es el relativo a la revisión del Tratado de Libre Comercio firmado por el presidente de la República y que fue aprobado, ratificado, por el Senado de nuestro país, como lo manda la Constitución federal.

Estamos claros que un Tratado de esta naturaleza tiene el rango de ley, pero que también puede ser objeto de modificación. La Suprema Corte de nuestro país ha establecido un criterio firme en el sentido de que, en un nivel inmediatamente inferior a la Constitución Política, se ubican los tratados, como decía, celebrados por el presidente de México y aprobados por el Senado de la República.

El problema de la producción agropecuaria en este momento es francamente severo. Con economías rurales desmanteladas, con productores medios, con incrementos en más del 400% de insumos y combustóleos y con la apertura ya casi total de las fronteras entre México y Estados Unidos, sin duda que será darle un golpe fatal al sector agropecuario nacional.

Propongo la iniciativa de que si la Secretaría de Economía, como responsable técnico en la negociación de los acuerdos de esta naturaleza, que ha dicho que no va a tocar el Tratado de Libre Comercio en el capítulo agropecuario y que ha mencionado, conjuntamente con la Sagarpa, establecer un blindaje agropecuario que nadie entiende, y que tampoco tiene fundamento alguno y que, al mismo tiempo, los Estados Unidos cuentan ya con esta Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural, conocida como Farm Bill, en donde en un lapso de 10 años destinará más de 180 mil millones de dólares, la pregunta es: y nosotros qué estamos haciendo.

Si el gobierno de los Estados Unidos, de manera soberana, se ha dado una ley para proteger a sus productores locales agropecuarios, el Congreso Federal Mexicano, en ejercicio de esa misma soberanía, debe quitarle vigencia al Tratado de Libre Comercio en la parte que tiene que ver con el intercambio comercial agropecuario.

Es, como lo planteaba el diputado que me ha precedido en el uso de la tribuna, quizás una ilusión de que, para retirarle vigencia a este Tratado en el capítulo que menciono, se logren las dos terceras partes del Congreso federal.

Pero también es necesario que quede claro en esta tribuna quiénes están en contra del sector agropecuario nacional,cuando cotidianamente estamos diciendo que debemos defender.

El texto que se adiciona de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política, establece:

"Que en la actividad agropecuaria se excluya de cualquier acuerdo do tratado de libre comercio, binacional o multinacional que se celebren o se hayan celebrado, a no ser que los subsidios que se otorguen a los productores agropecuarios de México, sean iguales o superiores a los que brindan a los productores de los estados extranjeros con quienes se celebren dichos acuerdos o tratados. En este caso la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las demás disposiciones legales relacionadas, contemplarán los recursos fiscales necesarios".

No tengo duda de que si la iniciativa de adición a este artículo no se aborda desde la perspectiva de la reforma constitucional, seguramente habrá de hacerse en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Necesariamente será tocada desde una iniciativa que hay en materia de energéticos para el campo.

Si no se toca, insisto, el tema, desde esta perspectiva, seguramente habrá si no una mayoría calificada, sí una mayoría absoluta para lograr consignar los recursos necesarios en el marco del Presupuesto para el ejercicio fiscal del año que viene.

Por su atención, muchas gracias; gracias, ciudadana Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural.

Tiene la palabra el diputado Ney González Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que derogue el Artículo 4º., capítulo cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para otorgar a los ayuntamientos la facultad de gravar sobre los ingresos por enajenación de bienes inmuebles.

- EL C. DIP. NEY GONALEZ SÁNCHEZ: Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de la Honorable Asamblea Legislativa: Vengo a esta tribuna por última vez, ya que este día habré de presentar conforme al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la opción como lo señala el texto legal, y en esta oportunidad quiero pr4sentar al análisis de esta soberanía, una iniciativa que propone derogar parte del articulado del capítulo cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que he entregado textualmente para su reproducción a la Secretaría de la Mesa Directiva, y que me permitiré, ciudadana Presidenta, sólo hacer algunas consideraciones del contenido de dicha iniciativa:

El 3 de febrero de 1983 se reformó la fracción IV, inciso a) del artículo 115 constitucional, atribuyéndole así a los municipios de la República la materia inmobiliaria, como exclusiva de los mismos en todos sus aspectos, otorgando libertad hacendaria para apercibir contribuciones, incluyendo tasas adicionales en materia de bienes inmuebles

Sin embargo, en contravención a lo anteriormente expresado encontramos una notoria inconstitucionalidad en el establecimiento de tributos por parte de la federación en materia inmobiliaria en diversos ordenamientos de carácter federal, concretamente y para este efecto en lo dispuesto en el título cuarto, capítulo cuarto, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Es necesario considerar lo dispuesto en la fracción IV inciso a) del artículo 115 constitucional como una limitación o restricción de la potestad tributaria federal en lo que respecta a la materia inmobiliaria, virtud a la ya referida letra de nuestra Carta Magna.

En el texto la Constitución le otorga a los municipios la imposición de gravámenes en materia inmobiliaria en todos sus aspectos, a través de las legislaturas de los estados a los que pertenecen, quedando además muy claro que el poder tributario de los estados no puede ser utilizado en su provecho sino que las contribuciones sobre la materia inmobiliaria solo existen o pueden existir en provecho de los municipios mexicanos.

Si bien es cierto que el artículo 73 constitucional fracción VII establece una regla general tributaria a favor de la federación, también es cierto que el artículo 115 constitucional consagra una excepción a la misma. El establecimiento del gravamen inmobiliario ya mencionado resulta inconstitucional ya que la redacción del citado artículo 115 fracción IV inciso a) establece las contribuciones a la propiedad inmobiliaria en lo referente a su traslación, lo cual, por la redacción del mismo, abarca la enajenación; situación que contempla el Impuesto Sobre la Renta.

Presentándose con ello una muy clara invasión de esfera competencial tributaria por parte de la federación a los municipios mexicanos.

La ya desproporcionada situación en los ingresos de la federación respecto a los de las entidades federativas y muy específicamente a la situación de los municipios mexicanos, ha sido un problema crucial en el desarrollo regional con equilibrio en México. Si se examina la estructura de los ingresos tributarios a distintos niveles de gobierno a lo largo del tiempo, resulta que ha habido un deterioro paulatino de la capacidad tributaria de los estados y municipios a favor de una dominación cada vez mayor de la federación.

Es hora, pues, de trabajar para dar a los municipios su verdadera y real autonomía. Démosle una verdadera libertad política reflejada en una libertad económica y financiera.

Hasta aquí honorable asamblea, hasta aquí ciudadana Presidenta y demás integrantes de la mesa directiva, las consideraciones respecto a esta iniciativa.

Pido su autorización para poder presentar a la Secretaría mi opción, si me permite hacer una consideración final.

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Brevemente, diputado.

- EL C. DIPUTADO NEY GONZALEZ SÁNCHEZ: Claro. Así será.

Entrego a la Secretaría de la mesa directiva de esta Cámara, a la que el pueblo me dio la oportunidad de arribar hace poco más de dos años, en virtud de que el 17 de septiembre, próximo martes, habré de tomar posesión como presidente municipal de la capital de mi estado, de Tepic.

En esos términos y en el supuesto que prevé el artículo 125, he optado por ocupar el cargo de presidente municipal. Y esta ocasión quiero aprovecharla para agradecerles a todas y a todos ustedes las deferencias que tuvieron conmigo. A todos los hermanos de legislatura darles las gracias, hago entrega del documento y en estos momentos les digo solo a los hermanos de legislatura: ¡Muchas gracias! A la gente de Tepic: ¡Ahora es cuando! A todos ustedes: ¡Nos veremos! Muchas gracias.

(Aplausos)

- LA C. PRESIDENTA: Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y túrnese la solicitud y el escrito de opción a la mesa directiva para su desahogo.

Tiene la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Saludamos y despedimos a los distinguidos estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura y del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores que han estado participando en esta sesión.

(Aplausos)

-DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: Con su permiso, compañera Presidenta.

Compañeros y compañeras legisladores y legisladoras: El día de hoy el motivo de mi presencia en esta tribuna es dirigirme a ustedes para hacer y presentar una iniciativa de ley que tiene como finalidad defender, apoyar, respaldar a la mayoría de la población en este país que está sufriendo ya en estos momentos el embate precario de sus condiciones económicas, a partir del momento en que el Ejecutivo Federal decidió de manera unilateral emitir el decreto del 7 de febrero del año 2002, en el que se retira el subsidio a las tarifas de energía eléctrica de uso doméstico, así como también incrementa las tarifas a las mismas.

Compañeras y compañeros Legisladores: El momento que estamos viviendo los que somos representantes populares y que representamos de manera directa algún distrito, no es un momento fácil. Nuestros electores día con día recurren a las oficinas que hemos colocado en nuestros distritos, para reclamar por qué circunstancia y bajo qué condiciones se emitió este decreto a todas luces anticonstitucional y violatorio de la posibilidad de una vivienda digna para millones de hogares mexicanos.

Jubilados, pensionados, amas de casa, obreros, comerciantes, estudiantes, jóvenes, mujeres, se acercan y piden una voz, una mano de auxilio para enfrentar esta grave situación que representa haber emitido este decreto que suspende, que retira el subsidio a la tarifa eléctrica y que incrementa la misma en niveles desproporcionados a la fecha.

Las contradicciones del Ejecutivo, la falta de mando, la falta de dirección y la capacidad de ordenar un decreto que no vapuleara severamente a los estratos más desprotegidos de la población, es un común denominador en este momento en la población de nuestro país.

Se nos dijo que este decreto solamente afectaría a no más del 25 por ciento de la población en el país que consume energía eléctrica. Se nos señaló que el impacto del retiro al subsidio no iba a afectar a la clase media, a las clases populares y a la clase trabajadora en nuestro país. Sin embargo las manifestaciones de reproche, de repudio, las movilizaciones sociales por este brutal retiro al subsidio e incremento a la tarifa, no cesan en toda la República.

En todos los estados, los campesinos, los obreros, las amas de casa, están reclamando que no pueden pagar una tarifa de energía eléctrica que está rebasando el 184 por ciento al bimestre anterior.

Todavía es tiempo de corregir este mal, que puede provocar sin lugar a duda un estallido social de dimensiones poco vistas en algún momento en nuestro país. Porque no tuvo este decreto la mínima operación científica, objetiva y veraz para identificar a qué sectores se les iba a eliminar el subsidio y se les iba a incrementar la tarifa. De tal suerte que hoy las cuentas especiales de Luz y Fuerza del Centro, en CFE, siguen sin cobrarse  y aquellos grandes consumidores que no pagan su tarifa eléctrica y los que están en las Cuentas Especiales no se les corta la luz, pero en cambio un jubilado, un pensionado, una mujer que trabaja como madre soltera se le va y se le amenaza en su domicilio que de no pagar su tarifa eléctrica, se le va a cortar su energía eléctrica en su domicilio.

Y han llegado ya en el caso particular de Luz y Fuerza que las amenazas de juicio en lo civil y en lo penal se va a materializar para la gente humilde que no pague su tarifa eléctrica.

Esto es un llamado de atención para todos los Legisladores, de que hoy es tiempo de frenar este abusivo Decreto que sin miramientos lastima hoy por hoy a más de 20 millones de hogares mexicanos y que además tienen que sufrir el mal funcionamiento del más del 30% de los medidores que no toman adecuadamente la lectura, que están quemados , que corren en sentido contrario o que en su defecto, sin tomar energía eléctrica están trabajando sin parar y que provocan entonces disparos en sus mediciones que van por allá del 1000% y que no son factibles de seguir pagando.

Hemos tenido en nuestras manos recibos de gente humilde en este país que les llegaban de 200 pesos y ahora llegan de 16 mil pesos, tarifas de primer mundo, tarifas de ricos para gente pobre de este país que no tiene posibilidades de pagar o de seguir pagando esta tarifa, sumado al desplazamiento del 1% mensual que se le da a la tarifa eléctrica, al desplazamiento ene l kilogramo de gas del 27% a la fecha, al desplazamiento del 1% mensual en el litro de la gasolina contrastado con el 4.6% de incremento al salario mínimo, es verdaderamente criminal lo que está pasando con la mayoría de la población en este país.

Por esa razón invito a mis compañeros y a mis compañeras Legisladores a que hagamos un esfuerzo por resarcir esta carga económica, que si bien no se aprobó el IVA en Diciembre, les estamos aplicando a la población un impuesto adiciona sobre estas tarifas.

Por esa razón el día de hoy vengo a presentar dos cosas en la tribuna, si me da tiempo; una, es una Iniciativa de Ley; y la otra, un punto de urgente y obvia resolución que tengo agendado donde pido se derogue el Decreto del 7 de febrero del año en curso.

Por ello, exhorto también a las Comisiones correspondientes del Congreso a que tomen en cuenta esta Iniciativa que hoy presento con la finalidad de que el Congreso asuma su responsabilidad de ser la parte que representa a la población en los distritos y que tenemos la responsabilidad ética, política y moral de auspiciar y de ayudar a la población en esta situación que están padeciendo.

Y hoy, antes de que se den estallidos sociales podemos tomar las medidas necesarias.

Por ello propongo, como Iniciativa, el proyecto de Decreto que Reforme y que Añada a la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 73 del Congreso, tiene facultades, Fracción XXI, de aprobar las tarifas de uso habitacional por consumo de energía eléctrica."

"Artículo 2º. Se deroguen todas aquellas disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en el Articulo 1º del presente Decreto".

Artículo 3º.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Estamos en tiempo compañeros diputados. Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Sí, diputado Raigosa… diputado Candiani.

- EL C. DIPO. MAURICIO ENRIQUE CANDIANI GALAZ: (DESDE SU CURUL) Señora Presidenta, nada más para hacer explícito a la hora de que usted dicte el turno, de que en este momento se trata exclusivamente como lo comprendimos al final de la exposición del compañero diputado, de una iniciativa; de tal forma que corresponde simplemente darle el turno que usted indique y eventualmente escucharemos con atención el punto de acuerdo al que simplemente aludió en su tribuna.

- LA C. PRESIDENTA: Sí, diputado es una observación pertinente.

----- Túrnese la iniciativa del diputado Alfredo Hernández Raigosa, a la Comisión de Puntos Constitucionales y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del PRD para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

- LA C. DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con la venia de la Presidencia.

Honorable Asamblea:

Solicito a la Presidencia gire instrucciones para que el texto íntegro de esta iniciativa sea publicado tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.

Los suscritos diputadas y diputados a la LVIII del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, bajo la siguiente exposición de motivos.

Cuando se trata el tema de responsabilidad legal de los gobernantes y en general de los servidores públicos, es inevitable hacer referencia al concepto de democracia. La democracia debe tener como uno de sus principales fundamentos el control jurisdiccional y administrativo de los servidores públicos cualquiera que sea su rango o nivel jerárquico.

En este contexto quiero llamar la atención sobre el uso patrimonialista de las funciones públicas. Los apoyos económicos y administrativos que se otorgan a favor de las personas que han desempeñado el cargo de Ejecutivo Federal han venido cubriéndose con cargo a los recursos previstos en el ramo 2, correspondiente a la Presidencia de la República.

En el acuerdo presidencial del 31 de marzo de 1987, se indica que al concluir el período constitucional de su gestión el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República requiere disponer para el desempeño de servicios generales a sus órdenes directas no sólo del personal de seguridad adscrito al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino también del personal civil de apoyo que resulte indispensable para el desarrollo de sus actividades personales.

Además disfrutarán, mientras vivan, de una pensión equivalente al sueldo total de un Secretario de Estado y tendrán derecho a percibir las prestaciones de seguro de vida y gastos médicos mayores con cargo al Erario Federal. También tendrán a su disposición y servicio mientras vivan, para el desempeño de servicios generales, a sus órdenes directas, a un total de 25 empleados de la Federación adscritos a la planta de personal de la Presidencia de la República, lo que significa que entre los cinco expresidentes cuentan para su servicio personal con 125 servidores públicos, además del personal militar asignado para su seguridad.

Es importante destacar que la Constitución establece en el artículo 73 fracción XI, que es facultad del Congreso la creación y supresión de empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.

Por otra parte, los ex mandatarios y sus familias se han visto beneficiados de seguros de vida y gastos médicos contratados con instituciones privadas que son cubiertos con recursos públicos, cuando lo justo sería que recibieran las prestaciones establecidas en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Las pensiones que reciben los ex presidentes por seis años de servicio, contrastan con los magros ingresos que perciben los servidores públicos jubilados y pensionados luego de toda una vida de trabajo.

La fiscalización de las finanzas públicas es una de las principales herramientas de la mayoría de los cuerpos legislativos en el mundo para influir en el diseño de las políticas públicas, vigilar su aplicación y frenar la corrupción y mala administración dentro de las organizaciones a cargo del Ejecutivo.

La Cámara de Diputados cuenta con la prerrogativa de fiscalizar la actividad gubernamental en materia económica; éstas atribuciones básicas las ejerce el Legislativo a través de la aprobación anual de la Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos y de la Cuenta Pública. No obstante, aún cuando la ley le confiere esas atribuciones al Legislativo, esas facultades no se han traducido en un mecanismo efectivo para la revisión de los criterios que rigen la política económica y sus consecuencias ni para aumentar la eficiencia del gasto público, mucho menos contribuir al combate a la corrupción. En los hechos, el Legislativo desconoce casi completamente las orientaciones y directrices particulares con que el Poder Ejecutivo opera el gasto aprobado, ocurriendo lo mismo con la elaboración del presupuesto.

Las disposiciones vigentes que benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos son acuerdos del Ejecutivo en turno, por lo mismo no se publican en el Diario Oficial de la Federación. La presente iniciativa pretende establecer el marco legal para que se supriman la discrecionalidad y privilegios que han gozado los ex titulares del Ejecutivo Federal, ya que repercuten de manera significativa en el gasto público.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

Artículo 1º. Se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, para quedar como sigue: "El gasto público federal no incluirá erogaciones por concepto de pago o previsión a servidores públicos que dejen de desempeñar su empleo, cargo o comisión".

Artículo 2º. Se adiciona un artículo 9 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: "Artículo 9 Bis. Los servidores públicos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, no podrán disponer de empleados de la Federación para el desarrollo de sus actividades personales. Asimismo, deberán abstenerse de aprovechar la posición de su anterior empleo para autorizar la adquisición de seguros de vida y de gastos médicos mayores en beneficio de él, su cónyuge o parientes consanguíneos, con cargo al Erario Federal".

Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La signan los diputados: Humberto Mayans Canabal, diputado Jesús Garibay García, diputado Rogaciano Morales Reyes, diputado Alfredo Hernández Raigosa, diputado Juan Carlos Regis Adame, del PT, diputado Lázaro Méndez López y la de la voz, diputada Adela del Carmen Graniel Campos.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias, compañera diputada.

Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad Pública, y publíquese íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Tiene el uso de la palabra la diputada Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista, para presentar una iniciativa de reforma al artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales.

LA DIP. BERTHA ALICIA SIMENTAL GARCIA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladoras.

Los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72, 79 fracción III y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55 fracción II, 56, 60, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La nueva estructura económica mundial, así como los compromisos que el país fue adquiriendo exigían modificaciones fiscales y legales, con el objetivo de actualizar la infraestructura de transporte y hacerlo más competitivo.

En este contexto, la primera parte de la década de los 90 fue el punto de partida en la transformación de los subsectores ferroviario, portuario, carretero y aeroportuario del país; la apertura y la competencia así lo exigían. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se presentó como un motivo de la transformación.

Los cambios no se hicieron esperar, se aprobaron leyes que permitieron a empresas privadas administrar, construir y operar estos subsectores hasta por 50 años, prorrogables hasta por el mismo período. La disposición fue: "que la modernización de la infraestructura era indispensable ante esquemas de apertura comercial y globalización en la economía, que de no lograrse, se convertirían en cuellos de botella que impedirían el crecimiento nacional".

Se aprobaron reformas constitucionales que permitieron la reclasificación del transporte como área prioritaria para la nación. Esto condujo a la creación de leyes que regularían el proceso de concesión a particulares, cuyo objetivo fue fomentar la competencia y promover su desarrollo.

El gobierno argumentaba que era necesario desincorporar debido a que estos sectores no generaban recursos, no eran autosuficientes y representaban un alto costo social.

El 15 de febrero del 89 el entonces Presidente de la República, Salinas de Gortari, pone en marcha un plan para construir 5 mil kilómetros de carretera con la ayuda del sector privado y sacar al país de rezago carretero que le impedía concretar tratados comerciales con países del primer mundo.

Es así como se inicia el desastre financiero de este sector, que una década más tarde los mexicanos llamaríamos el rescate carretero.

De esta forma, el Gobierno Federal otorgó 38 concesiones a 16 empresas privadas, particularmente constructoras y grupos financieros que construyeron un total de 4 mil 760 kilómetros de carreteras de altas especificaciones. Al ser otorgada la concesión a estas empresas, el Gobierno Federal, dirigido por Carlos Salinas, hizo mención que se haría con estricto apego a la ley.

Sin embargo, en el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública y la del Departamento del Distrito Federal de 1993, se detectaron diversas anomalías en cuanto al procedimiento al otorgar las concesiones.

Las irregularidades detectadas no fueron únicamente en el aspecto administrativo, hubo otras como lo menciona el diputado de la pasada Legislatura, Juan Antonio García Villa, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, -cito- "prevaleció la ineptitud, la corrupción, el amiguismo y la impunidad de quienes implementaron el programa, el otorgamiento de las concesiones fue discrecional y en muchos casos ni siquiera se realizó la licitación correspondiente".

Para 1994, las consecuencias de todas estas irregularidades eran evidentes, las autopistas concesionadas presentaban una grave crisis, debido a que el AFORE estuvo mal calculado, además de que por el alto costo de las tarifas de peaje, éstas se ven desplomado y los usuarios preferían circular por la red federal. Pero no sólo eso, Adolfo Aguilar Zinzer, entonces diputado independiente, cita la publicación del Banco Mundial Blue Point en donde se analiza técnicamente el asunto de las concesiones carreteras mexicanas y se demuestra que el fracaso de estos negocios se debió a –cito de nuevo- "la descarada negligencia del gobierno por la inexplicable vulnerabilidad de los mecanismos regulatorios, por la falta de previsión, vigilancia y control de las autoridades, y por la incompetencia y falta de veracidad de muchas de las empresas involucradas", termina la cita.

Los empresarios de la infraestructura carretera, entre los que se encontraban las tres más grandes compañías constructoras de México: ICA, Tribasa y GMD, solicitaron apoyo gubernamental, argumentando que se debía evitar a cualquier costo la quiebra de sus empresas, y esto se haría con bienes públicos para empresas privadas.

Al retomar el gobierno la propiedad de las autopistas con su programa de rescate financiero, cuyo costo inicial fue de 26,100 millones de pesos, aproximadamente el 3% del producto interno bruto de 1997, sin incluir los intereses generados, ha puesto en evidencia el fracaso de las privatizaciones y concesiones llevadas o mal llevadas por el Estado, y ponen en el tapete de la discusión la viabilidad de este tipo de políticas.

Las empresas que obtuvieron estas concesiones, se han quejado de las grandes pérdidas que les ocasionó invertir en este proyecto, sin embargo, se ponen en tela de juicio tales aseveraciones, ya que no se hizo del conocimiento público toda la información, por lo que no es posible comprobar si las concesionarias invirtieron las cifras que mencionan, pues como se ha dicho anteriormente por los legisladores que tuvieron acceso a estas licitaciones, desde el inicio este proyecto estuvo plagado de irregularidades.

Lo que llama la atención en su momento, es que el gobierno federal invitara a estos mismos inversionistas en un nuevo programa de obra pública financiada, y que además de las carreteras participaron posteriormente en las concesiones de ferrocarriles, puertos y aeropuertos, por lo que se deduce que no debe haberles ido tan mal como lo declararon, ya que ningún gobierno o inversionista inteligente, se arriesga a perder de nueva cantidades millonarias con proyectos mal diseñados para obtener sólo pérdidas económicas.

Resulta pues inaceptable que aun no existan candados para que el gobierno federal no disponga de recursos millonarios para rescatar unas cuantas empresas, y dedique sumas comparativamente más pequeñas para la atención de millones de mexicanos en extrema pobreza que sufren, día con día, graves carencias en alimentación, educación y salud.

Se debe exigir a las autoridades transparencia en el manejo del dinero público y una investigación cuidadosa y a fondo de estos hechos que lesionan, no sólo la economía sino también la confianza de los mexicanos en nuestras instituciones.

Una medida que le daría credibilidad al nuevo gobierno, sería determinar la responsabilidad de cada uno de los actores de manera ética y profesional, sin revanchismo político ni cacería de brujas, solamente trasladando los adeudos a quien corresponda, que las empresas privatizadas o concesionadas, entraran en el juego a muerte, ser competitivas o quebrar.

Cuando esto no ocurre, porque son de interés colectivo y no se les puede terminar quebrar, se pierden las ventajas el capitalismo y la sociedad no recibe ningún beneficio de las privatizaciones únicamente sus males.

Con el objeto de evitar que esto ocurre, esto es, que el pueblo mexicano tenía que absorber las pérdidas que las empresas privatizadas o concesionadas por su malos manejos, por la falta de planeación o por corrupción puedan tener, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo 1.- Se adiciona un último párrafo al Artículo 26 a la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 26.- Independientemente del proceso de rescate establecido, quedarán a salvo los derechos del gobierno federal de fincar responsabilidad al concesionario, para el caso de que el rescate hubiese sido necesario por mala administración o imprudencia, malos manejos, corrupción, desvío de fondos o cualquier otra irregularidad causada por el mismo concesionario.

T R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en la Honorable Cámara de Diputados el día diez de septiembre de 2002.

Suscriben la presente iniciativa los diputados nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, el diputado Gustavo Riojas Santana, la diputada Norma Patricia Riojas Santana y la diputada de la voz.

Pido a la presidencia que se incluya el texto íntegro aquí leído en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.- Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada.

Inclúyase el texto leído de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Pasamos al capítulo de Excitativas y se ofrece el uso de la palabra al diputado Rafael Hernández Estrada del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

EL C. DIPUTADO LORENZO RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA.- Con el permiso de la Presidencia.

El que suscribe, diputado de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del PRD, solicita respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con relación a la iniciativa presentada en la sesión del miércoles 3 de octubre de 2001 por el diputado Alfredo Hernández Raigosa a nombre del grupo parlamentario del PRD, para adicionar y reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En el citado documento expusimos la preocupación respecto a la obsolescencia de algunas disposiciones de la Ley Orgánica a la luz de las circunstancias políticas actuales, sobre todo se destacaba el hecho de que ya era un síntoma preocupante la acumulación del rezago de cientos de iniciativas que duermen en los archivos de las comisiones legislativas sin dictamen para su discusión en el pleno o bien, sin un dictamen que las deseche.

En aquel momento el número de iniciativas congeladas –como se ha dado en llamar coloquialmente a esta situación- ascendía a 287, siendo ésta ya una cifra considerable. Las circunstancias desde que fue presentada la iniciativa, no han mostrado un cambio sustancial, sino en el número de iniciativas en la congeladora. El rezago legislativo se sigue acumulando.

En el mes de julio del presente año, concurrimos, a convocatoria de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a un Foro Para la Discusión Sobre la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. En esa oportunidad, comisionado por la Mesa Directiva de la propia Comisión, expresé los puntos de vista de mi partido sobre este importante tema y subrayé que ya para ese tiempo el rezago legislativo era de más de 515 iniciativas de ley o de reformas a la Constitución y a las leyes reglamentarias. El día de hoy, de las 648 iniciativas presentadas durante esta Legislatura, están pendientes de dictaminar 523, es decir el 81% de las mismas. 4 de cada 5 iniciativas presentadas, se encuentran en la congeladora de San Lázaro.

Este tema cobra cada vez mayor relevancia porque la eficacia del Congreso se pone en entredicho ante la opinión pública, sobre todo si se toma en cuenta la pertinaz campaña que desde otros Poderes se hace en contra de nuestro Congreso; pero fundamentalmente habrá que decir que los derechos esenciales de los representantes populares, no están siendo respetados.

El rezago legislativo, como lo hemos hecho notar en las sesiones de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, hace nugatorio el derecho a iniciar leyes, derecho que la Constitución reconoce en su artículo 71, pues ese derecho, el de iniciar leyes, queda burlado al no dictaminarse las iniciativas presentadas. El derecho a la iniciativa es, a la vez, el derecho a que ésta se dictamine.

Como grupo parlamentario hemos planteado esquemas para que se abata este rezado y esquemas que permitan hacer efectivo el primer derecho que tenemos como legisladores, esto es, el que se discutan las iniciativas que presentamos ante el Pleno.

Por eso propusimos que se dé un plazo de 30 días a las comisiones para que dictaminen en el sentido que sea cualquier iniciativa de decreto y que cuando transcurra ese plazo y no se haya emitido dictamen, se enliste la iniciativa en los términos en que fue presentada, en la primera sesión inmediata posterior al cumplimiento del plazo para que el Pleno la discuta, modifique y manifiesta con el voto su aprobación o rechazo a la iniciativa.

Para esta reforma planteamos modificar y adicionar los artículos 21, fracción XVI y 87 del Reglamento Interior del Congreso General. El primero para establecer como obligación del presidente de la mesa directiva, la de inscribir en el Orden del Día de la primera sesión del Pleno, posterior al cumplimiento del plazo de 30 días, las iniciativas para su discusión, modificación, aprobación

o rechazo, cuando no se haya emitido el dictamen por la comisión correspondiente.

El segundo, para establecer la obligación de las comisiones de emitir en el plazo de 30 días los dictámenes de los asuntos que le sean turnados.

También existen otras propuestas emanadas de otras fracciones parlamentarias como aquélla expresada por el diputado García Cervantes, en el sentido de que el presidente demande a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara, a que se presente dictamen si han transcurrido 20 días después de aquél en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un término de 10 días según la propuesta de ley del Congreso General, presentada por el diputado García Cervantes.

Es evidente que la preocupación que hemos planteado es genuina y no sólo existe en nuestro grupo parlamentario. Sacando adelante esta reforma nos acercaríamos a la forma como ya trabajan congresos de otros países y que permite que no se dejen asuntos pendientes de una legislatura a otra.

Como lo dijimos entonces, lo reiteramos ahora, con estas reformas a la Ley Orgánica estaríamos avanzando de manera importante en el fortalecimiento del Poder Legislativo.

Hay que reconocer que en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, los integrantes hemos hecho el esfuerzo de arribar a dictámenes, pero aún no se ha logrado este dictamen. Lograr este paso es fundamental para el Congreso de la Unión. Ya no queda más tiempo si aspiramos a abatir el rezago legislativo y cumplir así cabalmente nuestro compromiso.

Es por ello que vemos la pertinencia de solicitar a esta presidencia, como lo he dicho al principio, la excitativa a dicha comisión para que dictamine respecto a estas importantes reformas contenidas en la iniciativa de decreto en comento.

Muchas gracias.

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se excita a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para que emita el dictamen correspondiente.

Tiene la palabra el diputado Uuc Kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

EL C. DIPUTADO UUK KIB ESPADAS ANCONA : Con fecha 9 de enero del 2002 presenté, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa de decreto para reformar el artículo 109, fracción XXVIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que fue turnada a las comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público.

El día 2 de abril de 2002 solicitamos a la presidencia de la Cámara de Diputados, por primera vez, excitar a las comisiones de Cultura y de Hacienda y de Crédito Público para emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto en comento.

Dicha solicitud fue obsequiada por la presidenta con una excitativa a las comisiones de Hacienda y Cultura a presentar el dictamen correspondiente.

El 9 de abril de 2002 el diputado Félix Salgado Macedonio solicitó a la presidencia de esta Cámara formulara excitativa referente al mismo tema.

La solicitud del diputado Félix Salgado fue obsequiada con una excitativa de la presidencia, fijando a la Comisión de Hacienda el día 30 de abril de 2002 como plazo para presentar el dictamen en comento.

Hasta el día de hoy, 10 de septiembre de 2002, la Comisión de Hacienda no ha cumplido con las instrucciones de la presidencia de esta Cámara.

Habiéndose alcanzado el extremo previsto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a esta presidencia turnar la iniciativa en comento a la Comisión de Cultura en exclusiva. Muchas gracias.

LA C. DIPUTADA: Gracias, diputado. Esta presidencia recoge la propuesta del diputado Uuc Kib Espadas y, en virtud de que está fundada en derecho, se retira el turno a la Comisión de Hacienda sobre la iniciativa respectiva y se turna exclusivamente a la Comisión de Cultura.

Tiene la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores: hace ya casi dos semanas presentamos ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo que en esencia pretendía convidar al Poder Ejecutivo Federal para que instruyera al secretario de la Defensa Nacional a efecto de que cesen, se acaben de inmediato los operativos militares del Ejército mexicano de la 39 zona militar.

En el mismo punto exhortamos a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas para que esclarezca los recientes asesinatos en aquel estado.

Además, pedimos que ese órgano del Congreso de la Unión se pronuncie porque el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas emprendan acciones efectivas para la disolución de los grupos paramilitares que proliferan en Chiapas.

Hoy sabemos contundentemente que en el gobierno foxista del cambio nada, nada ha cambiado y en el gobierno de Chiapas, aunque su slogan dice que es de todos y para todos, hasta ahora lo único que efectivamente se ha repartido entre todos ha sido la impunidad.

Pero no sólo el poder o los poderes ejecutivos han fallado a los pueblos indios; les ha fallado también este Congreso, legislando a su espalda y en contrasentido a sus demandas. Ahí está la reacción nacional y mundial.

Y para que no quede duda de que la exclusión es una política de Estado, hoy también el Poder Judicial da la espalda a los indígenas.

Los tan cacareados y famosos 15 minutos de que alardeaba Fox se han convertido en 888 mil 960 minutos, es decir, ya casi le va llegando al millón de minutos. Dónde quedó esa promesa.

Estos han transcurrido sin vestigio alguno de solución al conflicto armado. parece algo más que una coincidencia que al fallido fallo de la Suprema Corte de Justicia se emita justo cuando el clima de hostigamiento y violencia paramilitar se recrudece en todo Chiapas.

No se puede concebir que el fallo emitido con un carácter elemental y vergonzoso, con un argumento jurídico tan ramplón que en lugar de exhibir asepsia jurídica demuestra cobardía histórica y sociall; que éste hubiera tardado tanto en emitirse cuando ni siquiera se iban a analizar de fondo y de forma, las controversias interpuestas.

Toda señal de paz se ha desvanecido, se ha allanado el camino para el fallido violento. A la fecha y desde que el último comandante del EZ hizo uso de esta misma tribuna, el Ejército Mexicano ha realizado 380 operativos militares en la zona de conflicto. Tan sólo en los meses de julio y agosto de cada relevo de tropas implica un aumento de por lo menos un millar de efectivos militares; con las movilizaciones y aumento de las tropas del Ejército, los grupos paramilitares se sienten cobijados simbólica o efectivamente para perpetrar aún más sus actos criminales. El saldo de la escalada de violencia paramilitar en el último mes, arroja un saldo de 5 asesinatos y 38 heridos en las comunidades. Por lo demás, estos asesinatos distan mucho de ser aislados o fortuitos. En todos los casos las víctimas curiosamente han sido simpatizantes o bases de apoyo del EZ, o miembros de los consejos de los municipios llamados "autónomos" o "en resistencia".

Pero ¿qué es lo que ha fomentado, además de la movilización del Ejército la escalada de violencia paramilitar? Son las señales que desde el poder se están enviando a estos grupos; son las mismas que se enviaron con la aprobación de una ley indígena a espaldas de los indígenas, son las mismas que acaba de enviar la suprema corte de Justicia de la Nación, son las mismas de la implacable aritmética parlamentaria cuando el continuismo y conservadurismo se juntan para hacer un vínculo indisoluble como lo demostraron en abril del año pasado.

Así en Chiapas, mientras el ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y hoy delegado estatal del PAN, el señor Francisco Rojas Toledo convoca al Ejército Mexicano a atacar y poner en su lugar al EZLN y el padre de éste, diputado local, también panista, debate frente a un diputado tzotzil en el que considera su idioma oficial, o sea, el inglés, y por su parte el diputado priísta Pedro Chulin, sigue encabezando los actos públicos de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, la (ODDIC), señalado como el grupo paramilitar responsable de por lo menos tres de los últimos asesinatos; a su vez el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía sólo atina a desplegar desplegados de plana entera en los que tergiversa los hechos con argumentos inverosímiles que intentan confundir a la opinión pública. Esta clase de argumentos no los escuchábamos ni siquiera en los mejores tiempos del gobernador Albores o del Procurador Madrazo Cuéllar. No podemos tirar la piedra y esconder la mano.

- EL C. DIP. MAURICIO CANDIANI GALAZ (Desde su curul): Presidenta, se ha terminado el tiempo del orador.

- LA C. PRESIDENTA: Diputado Bortolini...

- EL C. DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO (En tribuna): Termino.. Prominentes legisladores que torpemente se ponen a la defensiva, hoy declaran contra intelectuales que han deplorado esta bofetada a los pueblos indios argumentando que desconocen el derecho mexicano, cuando estos legisladores ni siquiera conocen la nacionalidad de los impugnados.

El Estado mexicano se empeña en poner a México, sí, al día y a la vanguardia, pero en el atropello de los derechos indígenas y en las sanguinarias prácticas contrainsurgentes.

No lo hagamos nuevamente, no volvamos a fallarle a los pueblos indios. Estamos aún en oportunidad de discutir la reforma de la reforma, que más bien sería la reforma de la contra-reforma, pero también no podemos ahora permitir que se siga deteriorando aún más el frágil tejido social en aquella entidad ni que continúe la actual escalda de violencia. Dejemos de darle ahora y de una buena vez la espalda a los pueblos indios...(Interrupción)

- EL C. DIP. MAURICIO CANDIANI GALAZ (Desde su curul): Presidenta...

- LA C. PRESIDENTA: Diputado ¿me permite un segundo? Diputado Candiani...

- EL C. DIP. MAURICIO CANDIANI GALAZ (Desde su curul): Concluyó el tiempo del orador.

- EL C. DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO (En tribuna, Continúa): Terminamos. Comenzando por pronunciarnos decididamente ante el Poder Ejecutivo por el desmantelamiento de los grupos paramilitares.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito muy respetuosamente a la Presidencia de la mesa directiva se sirva formular una excitativa a la Comisión de Asuntos Indígenas y a la Comisión de Concordia y Pacificación, a fin de que la primera dictamine a la brevedad la proposición con punto de acuerdo relacionada con la disolución de los grupos paramilitares que se presentó hace dos semanas en la Comisión Permanente.

Muchas gracias, señora Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias, diputado.

Para ilustrar a la asamblea, informo que la Comisión Permanente remitió a esta Cámara de Diputados aquellos asuntos que turnó, en uso de sus facultades, a comisiones de esta Cámara. Estos asuntos se están turnando de manera económica y daremos cuenta en la sección de comunicaciones de la sesión del día de mañana, cuántos turnos de manera económica se hicieron a las comisiones que recogen lo indicado por la Comisión Permanente. En ese bloque de asuntos está aquél al que se ha referido el diputado Bortolini y acompañando al turno respectivo haremos mención de esta excitativa.

El diputado Jaime Martínez Veloz ha solicitado se posponga la presentación de su excitativa para próxima sesión.

Tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

EL C. DIPUTADO AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Gracias, Presidenta.

Amigas y amigos Legisladores:

En 1994 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de administración de justicia, que tuvo como eje fundamental fortalecer a la Suprema Corte de Justicia para convertirla en un verdadero tribunal constitucional, separando las funciones administrativas que ésta tenía para otorgárselas a un nuevo órgano, el Consejo de la Judicatura, quien es, a partir de esta reforma, quien administra y disciplina el Poder Judicial de la Federación.

Esta reforma, de singular importancia, porque no solamente estableció un nuevo marco constitucional para la administración de la justicia federal en México, sino también porque cambió totalmente a la integración de la Suprema Corte de Justicia, jubilando a los 25 Ministros de aquél entonces y aprobando una nueva integración.

En 1995 se creó, a partir de esta reforma, una Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que viene funcionando desde entonces.

En 1998 se dio una nueva reforma constitucional con el propósito, iniciado desde 1940, de fortalecer a la Suprema Corte de Justicia como un órgano de control constitucional, lo que hoy vemos ha realizado estupendamente.

Esta segunda reforma le dio la facultad al pleno de la Suprema Corte de crear acuerdos generales para que aquellos asuntos, fundamentalmente de amparo que conociera la Corte, la Corte los pudiera mandar a los tribunales colegiados comunitarios a efecto de poder solamente encargarse de las cuestiones de control constitucional.

Han pasado ya más de cinco años de esta Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Durante la legislatura pasada se presentaron al Senado de la República diversas iniciativas: una, del entonces senador Juan de Dios Castro en su carácter de Presidente de la Comisión de Justicia, donde todos los integrantes de la comisión presentaron esta iniciativa; otra, presentada por el entonces senador Alfredo Magno Garcimarrero, del PRD, donde presentaba una serie de propuestas interesantes; una también por el de la voz, en ese entonces senador del Partido Revolucionario Institucional, y finalmente una iniciativa del entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, que venía a reglamentar precisamente la reforma constitucional de 1998. En ese entonces se agruparon las cuatro iniciativas y por unanimidad el 12 de abril del 2000 se aprobó el conjunto de iniciativas enviándose la minuta a esta Cámara de Diputados.

Desde el 13 de abril se dio entrada a esta Cámara de Diputados y se turnó a la Comisión de Justicia. Han pasado más de dos años y esta minuta aprobada por unanimidad por el Senado de la República, no ha podido prosperar en esta Cámara de Diputados.

Había un problema con la Suprema Corte de Justicia, en función de que uno de los puntos que se incluyeron de última hora en la tribuna, que tenía que ver con la adscripción de los jueces, se consideró que había afectado el trámite normal de los asuntos en el Poder Judicial Federal y por esa razón se había detenido políticamente hasta que se pudiera llegar a una solución.

He dialogado, como uno de los ponentes de estas iniciativas, con el Presidente del Consejo de la Judicatura y hemos llegado a un acuerdo para poder eliminar de esta minuta estos elementos que generaron una fricción innecesaria y que de acuerdo a los argumentos del Presidente del Consejo de la Judicatura, no eran importantes y sí obstaculizaban el trámite diario de las adscripciones de los jueces.

Desde hace tiempo hice yo mismo un dictamen de esta iniciativa, de esta minuta, se la puse a consideración del Presidente de la Comisión de Justicia, sin que hasta el momento se haya tocado este tema; cuando menos yo no tengo conocimiento de esto.

Esta iniciativa es muy importante, porque no solamente regula esta reforma de ’98 que se aprobó. La propia Corte ha venido tomando decisiones sin que el Poder Legislativo haya regulado la reforma de 1998, sino que también trata una serie de aspectos de manera fundamental: cómo nombrar al Secretario en caso de ausencia, qué sucede en un Tribunal Colegiado cuando hay empate, cómo se logra el desempate, cómo se nombran a los Secretarios de estudio en cuenta, qué sucede en caso de un conflicto de competencias entre jueces y tribunales o distintos tribunales entre sí; todos estos temas son materia de esta minuta, que son de gran relevancia para la administración de justicia en México.

Por eso vengo a pedir, ciudadana presidenta, que excite a la Comisión de Justicia, para que después de dos años que esta minuta fue aprobada por unanimidad por el Senado de la República, pueda ser dictaminada por esa Comisión y presentada al pleno.

Muchas gracias.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado Rodríguez Lozano.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita el dictamen correspondiente.

Se aprecia el esfuerzo de clarificación del tema que ha hecho el diputado Rodríguez Lozano.

Tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez López, para presentar excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas.

-EL C. DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ. Con su permiso señora Presidenta. Como es del conocimiento de este pleno, el compañero Diputado Jaime Martínez Veloz trajo a esta Honorable Cámara de Diputados una Iniciativa , la Iniciativa de la COCOPA elaborada por Legisladores de todos los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso de la Unión en el momento en que se discutieron los Acuerdos de San Andrés Larrainza, apoyada por 168 firmas de Diputadas y Diputados Federales de esta Legislatura y de 16 Senadores de la República para abrir la discusión en este Congreso de la Unión de esta Iniciativa sobre Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas.

Hoy, no venimos y no queremos entrar a discutir si las reformas constitucionales sobre Derechos y Culturas Indígenas son legales o no, la Suprema Corte de Justicia lo definió así dejando de lado la argumentación fundada de más de 300 controversias y simplemente se declaró incompetente dejando consistente esta reforma.

Lo que está en la discusión es si estas reformas constitucionales realmente resuelven el fondo de las demandas de los pueblos indios, es si esta reforma constitucional trajo la paz digna en Chiapas como era uno de los objetivos fundamentales de esta reforma, es si esta reforma integra a los indígenas de México al desarrollo nacional con pleno respeto a su identidad cultural, es saber si esta reforma es funcional para desactivar los focos rojos de participación de los pueblos indígenas en grupos que han optado por la vía armada para hacerse escuchar en los diversos Estados de la República.

En este sentido estamos totalmente convencidos de que esta reforma no ha cumplido con los mínimos objetivos por los cuales el mismo Congreso de la Unión creó toda una infraestructura jurídica para que se pudiera afianzar el diálogo, se creó la CONAI, se creó la COSEVER, se creó la Comisión de la COCOPA para que fueran instancias que pudieran apoyar a la Mesa de negociación en San Andrés Larrainza.

Este mismo Mandato de nuestro Congreso llevó al diálogo a las partes en conflicto que era el Gobierno Federal y el EZLM, hoy llegamos a la conclusión de que este Mandato que el propio Congreso había emitido no fue respetado en todas y cada una de sus formas en virtud de que lo negociado, lo signado, lo pactado por las partes aquí se pasó por alto y se sacó una Iniciativa que no correspondía realmente a las demandas de nuestros pueblos indígenas.

Nos preguntamos si esta Iniciativa de alguna manera resuelve la autonomía económica de nuestros pueblos para que puedan planear su propio desarrollo, su autonomía política para que puedan estar representados en ayuntamientos, congresos locales y congresos federales; nos preguntamos si esto también les da autonomía cultural para que puedan ser respetadas sus formas de Gobierno, sus formas de organización, sus sistemas normativos para impartir justicia en sus ámbitos territoriales, absolutamente nada porque no los convierte en entidades de derecho público; por eso, ante esta situación los suscritos Diputados y Diputadas de la LVIII Legislatura de este H. Congreso de la Unión y con fundamento en el Artículo 21 Fracción VII y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de asuntos Indígenas, con el fin de que presenten el Dictamen correspondiente en relación a las iniciativas en materia de Derechos y Cultura Indigena presentadas por el Diputado Jaime Martínez Veloz y suscrita por más de 16 Diputados y 16 Senadores integrantes de los diversos partidos políticos, esta es nuestra gran oportunidad para que este Congreso de la Unión se reivindique ante nuestros pueblos indígenas que hoy se debaten entre la miseria y la marginación.

Muchas gracias. (aplausos)

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado Héctor Sánchez.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas para que emitan el dictamen correspondiente.

El siguiente punto del orden del día es el relativo a posicionamiento de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados sobre el inicio del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.

Se han registrado para hacer uso de la palabra, los siguientes ciudadanos diputados:

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia Democrática, Partido Político Nacional, hasta por 5 minutos.

Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social, hasta por 5 minutos.

Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por 5 minutos.

José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del PT, hasta por 10 minutos.

José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por 10 minutos.

Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos.

Cuauhtémoc Cardona Benavides, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos; y

Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.

En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen.

- EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Les agradezco mucho compañeros legisladores.

Con su permiso señora Presidenta.

Asistimos al último tercio de nuestra gestión legislativa donde habremos de dar el mejor de los esfuerzos sacando adelante nuestra agenda legislativa pendiente.

En el discurso quedaron muchas propuestas que no fuimos capaces de consensuar por falta sobre todo de imaginación política, más que por sustento jurídico. Ello ocasionó en parte el desprestigio que sufre este Congreso de los diputados.

No hemos sido aún la Legislatura de la transición democrática, entendida ésta como el espacio plural por excelencia donde los partidos políticos con diversas ideologías son capaces de construir una nueva nación llena de oportunidades legales para todos sin embargo se construyeron escenarios políticos que no permitieron al país que se quedará en la inmovilidad.

Los mexicanos quieren imaginación política de nosotros para concretar las grandes reformas estructurales que cambien el rumbo del país hacia puertos más seguros.

Hemos aprobado reformas importantes pero no suficientes para adentrarnos en los abismos de la pobreza y la desigualdad que cimbra las entrañas de la patria.

Los grandes problemas nacionales requieren de grandes soluciones nacionales y el Congreso de los diputados es sin lugar a dudas el espacio idóneo para conseguirlos pues confluyen aquí el mosaico plural, político del país. Ese es el primer reto de reconocernos como iguales siendo diferentes, incluir para sumar y sumar para restar del desarrollo nacional a los agoreros del pasado multiplicando así las opciones de una vida mejor para dividirlas en progreso social entre los mexicanos.

Debemos definir qué entendemos por trabajo legislativo y reforma de Estado, cómo debemos abordarlos, infracturar y atomizar pues tan sólo en esta Legislatura, las 523 iniciativas pendientes de dictaminar, los 431 puntos de acuerdo y las 88 excitativas, incluso delicados asuntos de legislaturas anteriores, nos marcan profundamente.

Por ello debemos de conocer la agenda legislativa con tiempo, no es posible que aunque se publique el dictamen correspondiente un día antes, los diputados tengamos tiempos de un análisis serio. Si no somos capaces, con imaginación política y mística por el servicio público de resolver estos problemas y presentarle a la nación la reforma de Estado que requiere, estaremos prácticamente perdiendo tres años de trabajo y no seremos la Legislatura de la transición.

No queremos el estatismo político, queremos transición legislativa, pero también queremos gestoría social por parte de los diputados.

Desde esta tribuna llamo la atención de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que coludidos con autoridades menores en el estado de Veracruz, y particularmente en Tuxpan, tienen detenido un informe que lastima a los trabajadores del Sindicato de Transportistas de Transportes Papantla, que lo único que hicieron fue presentar en tiempo y en forma una denuncia de carácter fiscal en donde la empresa Transportes Papantla evade al fisco, y aquí están las pruebas, compañeras y compañeros.

Queremos una transición legislativa fuerte, poderosa. También debemos consolidar, como lo decía, la transición por la democracia, para la democracia y en la democracia. Construyamos un frente común para resolver los grandes retos que la nación presenta; terminemos nuestro trabajo legislativo con vocación democrática, visión política y mística por el servicio público. Reforma de Estado y transición democrática no deben de quedar en el tintero de este Poder Legislativo.

Logremos el sano equilibrio de poderes, como lo ordena la Constitución. Debemos fortalecer al Poder Judicial Federal, que es autónomo e independiente. Es el momento que el Poder Judicial Federal tenga el apoyo de este Congreso; el Poder Judicial Federal se asume y es autónomo e independiente, pero necesita del respaldo de todos, de todas los legisladores y las legisladoras del Congreso Mexicano.

No dejemos que la diversidad ideológica legítima de todos nosotros se convierta en una revoltura de consecuencias negativas; fortalezcámonos como contrapeso del Ejecutivo, cambiemos como Poder definiendo el rumbo con cambio democrático; seamos realmente la legislatura de la transición democrática y de la verdad, por México, por todos.

Gracias, compañeras y compañeros.

EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado José Manuel del Río Virgen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido de Alianza Social, hasta por cinco minutos.

LA DIP. BEATRIZ PATRICIA LORENZO JUÁREZ: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores:

Un Estado democrático debe promover la tolerancia, la convivencia pacífica sustentada en la colaboración, el respeto tanto mutuo como a la ley, el apego a la verdad objetiva de la historia y el rechazo absoluto y firme al uso de la violencia o la ilegalidad como instrumento político.

Algunas veces pensamos que con omitir las verdades éstas desaparecen, pero esto no es verdad y así como no hay plazo que no se cumpla, en estos días inicia el último año de ejercicio de esta LVIII Legislatura Federal, y por ende debemos tener el firme propósito de asumir la responsabilidad de nuestros actos, la responsabilidad que nos corresponde, porque de nada sirve cambiar las formas si no cambiamos el fondo. Seamos democráticos en todo momento; impulsemos el desarrollo nacional con más acciones y menos palabras. Hoy legislamos nosotros; hoy la responsabilidad es nuestra y de nadie más.

Cuestionar las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo no tienen por fin demeritar irreflexivamente o visceralmente al gobierno; es únicamente marcar el rumbo equivocado con el fin de que éste sea corregido y obviamente en base a lo que la ciudadanía exige como el rumbo correcto. De cualquier manera, México requiere y exige un proyecto de nación claro, los tiempos de espera o de aprendizaje no pueden y no deben eternizarse y con ello paralizar el desarrollo nacional. No podemos perder el tiempo en omisiones cuando la sociedad exige acciones.

La realidad de la calle es lo que debe preocuparnos: el solucionar hoy los problemas de siempre, de la gente común es nuestra obligación. La pobreza, la falta de oportunidades y la desesperación de millones de mexicanos no se solucionan con palabras, sino con acciones sin importar de quién vengan. El hambre no se politiza; ello sería inmoral e inhumano.

Cuando la dimensión ética está totalmente ausente en el momento de tomar decisiones que comprometen el futuro de la nación, esto no es un asunto menor ya que lo anterior es la raíz, la causa del atraso sustentable que ha hecho de México lo que es hoy.

Nadie ha dicho que gobernar en democracia fuera fácil, ya que en ella toda decisión que afecte a todos, debe ser aceptada por todos. Quien pensó que la democracia era algo sencillo se equivocó. En la democracia la razón se debe anteponer a la imposición.

Lo que se ve no se juzga y lo que hemos visto en cuanto al desempeño de esta Legislatura es triste y preocupante, no por la Legislatura en sí, sino el ver que no hemos terminado y quizás ni siquiera empezado a aprender a vivir en una democracia real y no ficticia.

El aceptar y corregir los errores por parte de cualquier actor político, no lo debilita, por el contrario, lo fortalece ante la opinión pública.

En Alianza Social pensamos que el mejorar lo propuesto con nuevas ideas, vengan de quien vengan, no es un obstáculo a la gobernabilidad, es un ejercicio democrático del poder, pero cuando la política es simplista e irresponsable, normalmente los errores cometidos se escudan aludiendo a la incomprensión de los demás y en hacer de los críticos, obstáculos.

Pensar en grande no es un error: error es solo pensar así, pero no llevar a cabo todas aquellas pequeñas cosas que debemos hacer para lograr nuestros objetivos. Enumerar los grandes pendientes nacionales sería largo y muchos de ellos, desgraciadamente, son los mismos desde hace décadas. Esta Legislatura, como las pasadas y las futuras, será temporal. La pobreza en México ha sido crónica y sustentable; es hasta hoy, la gran y eterna vergüenza nacional.

Cuando el poder se obtiene democráticamente, quien lo detenta debe ser el primero en mostrar humildad y escuchar a quienes lo eligieron. El Congreso puede ser un gran apoyo para el Ejecutivo, pero depende de él y no de nosotros.

¿De qué nos sirve la pluralidad si se siguen cometiendo las mismas prácticas viciosas del pasado? Pedimos un cambio: éste se dio, pero no sabemos qué hacer con él. Podemos realizar una gran agenda de temas por abordar, problemas que requieren su solución inmediata y urgente: reducción de la pobreza y el desempleo masivo, mejorar la seguridad y la impartición de justicia, generar la competitividad económica nacional, hablar del sector eléctrico y laborar, hablar del desarrollo social, etcétera, etcétera.

Nadie avanza autoelogiándose y omitiendo sus errores u omisiones. Quisiera ser la primera en enumerar un sin fin de acuerdos, de logros, de éxitos y de avances alcanzados por esta Legislatura, pero en una mesa retrospectiva de los hechos esto no es posible.

Debemos ser conscientes de que ésta es nuestra última oportunidad para hacer de este Congreso una Legislatura diferente, para que el día de mañana nos enorgullezca haber formado parte de la primera Legislatura del siglo XXI, de la primera Legislatura auténticamente autónoma, independiente, plural y democrática.

La alternancia en el Poder Ejecutivo y la pluralidad en el Poder Legislativo, exige de todos los actores políticos el estar dispuestos a asimilar los cambios, asumir responsabilidades e invertir tiempo y esfuerzo común en pos de un futuro mejor. De no hacerlo así, la oportunidad que hoy tenemos se esfumará por no haber estado a la altura de las circunstancias.

Nuestra obligtación –quisiera que me permitiera un minuto, por favor, es menos-, nuestra obligación es lograr que las perspectivas que nos fijemos a futuro, mejoren las condiciones de vida que enfrentan hoy millones de mexicano; de otra por nuestro trabajo será un esfuerzo inútil. Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias diputada.

Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana, el Partido de la Sociedad Nacionalista, has por cinco minutos.

-LA DIP. NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy, después de tantas negociaciones tripartidistas por el control de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, iniciamos formalmente el último año de ejercicio constitucional de la LVIII Legislatura y a dos años de haber iniciado nuestro encargo, podemos decir con orgullo que, como nunca en la historia parlamentaria de nuestro país, nos hemos caracterizado por ser un poder autónomo e independiente, contrapeso real ante el Poder Ejecutivo Federal y que hoy, más que nunca, el Partido de la Sociedad Nacionalista, se encuentra más comprometido con toda la sociedad mexicana.

Sin embargo, como lo hemos dejado manifiesto las diferentes ocasiones en que hemos hecho uso de esta tribuna, aun nos falta mucho por realizar en la construcción del proyecto nacional que nuestro amado país requiere.

Para los nacionalistas, la conformación pluripartidista de la Cámara de Diputados, es el reflejo de la democracia que impera en nuestro país, sin embargo, la pluralidad de ideologías que se encuentran aquí representadas, no deben ser la piedra angular que obstaculice la creación de acuerdos y consensos, por el contrario, debe ser la semilla para crear propuestas plurales e incluyentes, que proporcionen la justicia y la equidad social que a lo largo de toda su historia ha anhelado el pueblo de México que, a su vez, sean las generadoras de verdaderos debates de altura.

Para los verdaderos nacionalistas, el único y real compromiso que tenemos y debemos tener, es con México y con los mexicanos. Los nacionalistas exhortamos a todos los legisladores del Congreso de la Unión, para participar a todo llamado que permita la construcción de los acuerdos y los consensos necesarias, que proporcionen a los mexicanos las reformas legales necesarias para el mejor desarrollo de la nación.

Este es el mejor tiempo para un verdadero cambio de actitud política por parte del Poder Legislativo, es el momento que tenemos para tomar conciencia de que nuestro país requiere de soluciones integrales y palpables. Tenemos aun un año para asumir realmente la responsabilidad y el compromiso que todos los mexicanos, nos mandataron y para no defraudarlos, debemos anteponer siempre los intereses de México y de los mexicanos, a los intereses particulares partidistas.

Razón por la cual, los legisladores del Partido de la Sociedad Nacionalista, pretendemos que todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, construyamos una agenda legislativa de consenso nacional, todos los legisladores de la LVIII Legislatura, tenemos el compromiso de coincidir con lo fundamental, coincidir en las grandes reformas que beneficien al pueblo de México.

El tiempo que tenemos es limitado y no obstante es el suficiente para analizar, debatir y resolver los temas de trascendencia nacional.

Estamos seguros que para alcanzar las metas y los objetivos de beneficio general, se requiere avanzar en los temas estructurales, entre los que se encuentran la reforma fiscal integral, la reforma del Estado, y dentro de este gran tema el fortalecimiento del Poder Legislativo, la reforma laboral, la discusión y aprobación de la Ley de Desarrollo Social, la reforma del sector energético.

En este último tema, los nacionalistas insistiremos en que este sector industrial, continúe siendo de y para los mexicanos, con la participación directa del Estado, exigiremos que se mantengan constitucionalmente la rectoría del Estado en sectores básicos de la economía del país, y nos comprometemos a impulsar una reforma eléctrica, con los cambios legislativos necesarios, siempre y cuando ésta, preserve la autodeterminación de nuestro país.

Los nacionalistas nos pronunciamos por impulsar un proyecto que fortalezca la soberanía del país, y que permita destinar una mayor proporción de recursos al desarrollo social, sustentable a la educación pública, al sistema de salud, al combate a la pobreza.

Los legisladores nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, reconocemos que México requiere de un nuevo pacto, que dé rumbo y certidumbre a la nación, en el que concurran todas las fuerzas, actores políticos, económicos y sociales, que los legisladores debemos de ser los promotores y garantes de estos cambios.

Los nacionalistas esperamos que el Poder Legislativo no sea el obstáculo para avanzar en los cambios que requiere la sociedad y que definitivamente han podido resolver por cuestiones estrictamente partidistas.

Para los nacionalistas, requerimos un ejercicio consciente para lograr la suma de voluntades en la construcción del proyecto de Nación que requerimos los mexicanos, recordando siempre en nuestro actuar la premisa fundamental que "La Patria es Primero".

Es cuanto, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CÉSPEDES.- Compañeras y compañeros diputados.

Presidente de la Mesa Directiva, con su permiso.

El cambio nadie lo para; la reversa también es cambio.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna, para presentar su postura en torno al inicio de sesiones de los trabajos del Primer Período de Sesiones Ordinario del Tercer Año de la LVIII Legislatura. Decir que este período de sesiones es crucial para México no es un simple recurso retórico, sino un hecho candente y real. Muy a pesar nuestro, los tiempos políticos electorales se han privilegiado en desmedro de la agenda política nacional.

El Presidente Fox, ante sus reiteradas muestras de incapacidad en la conducción política de nuestro país, apuesta todo su capital político al 2003 para tener un Congreso que le sea favorable fundamentalmente; el Ejecutivo Federal olvida que cuando su partido era oposición, pugnaba por un Congreso que fuera contrapeso del presidencialismo. Todo mundo medianamente informado sabe que a lo más que puede aspirar es a tener una mejor correlación de fuerzas en esta Honorable Cámara de Diputados, porque el Senado no cambiará su composición política, sino hasta el año 2006.

Pero en tanto el titular del Ejecutivo sigue su rumbo errático en el que un día dice "sí" y al siguiente lo contrario; o en su caso, mal gobierna en posición de sus índices de popularidad, antes de atender las necesidades de la Nación, esta soberanía tiene que asumir su responsabilidad histórica y enfrentar el reto que las condiciones del país le imponen y el reto no es menor, tenemos que decidir entre una reforma y una contrarreforma.

Decidir entre cambiar este país para adecuarlo en las condiciones imperantes de la situación mundial en condiciones de equidad y de justicia para los sectores más desprotegidos de la población o profundizar el esquema perverso neoliberal que nos ha llevado al atraso y a la miseria.

Decidir entre una reforma laboral que garantice los derechos elementales de los trabajadores consagrados en nuestra Carta Magna o la contrarreforma impulsada por los conservadores y voraces empresarios que quieren un mercado libre de la fuerza de trabajo para incrementar aún más la explotación de la mano de obra, bajo las condiciones del capitalismo salvaje.

Decidir si seguimos manteniendo un campo en la situación actual de desastre o apoyamos a esos 25 millones de compatriotas que se encuentran actualmente en la miseria y en el atraso y seguimos permitiendo que sigan avasallándonos con los productos agropecuarios provenientes del exterior, que están ampliamente subsidiados por sus gobiernos, todo ello bajo el amparo de un Tratado de Libre Comercio que nos fue dictado letra por letra por nuestros socios comerciales.

Decidir si ante el reciente rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permitiremos que el esfuerzo de los indígenas, del pueblo de México y un sector importante de nuestros legisladores será en vano; ante el duro revés que les han propinado a nuestros indígenas, no podemos permanecer incólumes, hay que incorporar este tema en la agenda legislativa y dotar al Congreso, a través de la COCOPA, de un verdadero instrumento a favor de la paz con dignidad.

Seguiremos luchando porque los del color de la tierra tengan el marco legal que les corresponde en el marco de sus derechos plenamente garantizados.

Decidir si permitimos que la energía eléctrica y el petróleo, único y maltrecho patrimonio nacional que aún nos queda, sea dilapidado y puesto en venta para beneficio del capital extranjero.

En fin, el dilema es decidir en función del desarrollo soberano del país o sujetarnos a la dictadura del mercado, es decir, del gran capital que domina al mundo. Pena y rabia nos da recordarlo, pero cuando nuestro país cayó en la profunda crisis financiera del siglo pasado en el 94 y 95, Estados Unidos nos apoyó financieramente, a condición de que nuestras cuentas producto de la venta del petróleo en el mercado internacional, garantizaran dicho apoyo económico. Ya ni esa vergonzosa posibilidad de otorgar en garantía prendaria nuestros recursos naturales nos quieren dejar.

Por eso lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: nos opondremos firmemente a cualquier privatización de la energía eléctrica y del petróleo en nuestro país. ¡Ni un paso atrás en esa materia. Nuestra soberanía no se vende!

Por eso compañeras y compañeros diputados cuando dijimos que este periodo se definiría si estamos con la reforma o la contra reforma, no era un simple recurso retórico. Si no hacemos un esfuerzo serio y consistente por cambiar a nuestro país, lo único que haremos será hundirlo en la mediocridad y el atraso.

Lo reiteramos: éste es un momento histórico, único e irrepetible en México. Debemos de estar a la altura de lo que el destino nos reclama. Tenemos que legislar a favor del pueblo. Tenemos que eliminar el brutal rezado de la pobreza y la marginalidad. Debemos de recuperar nuestro mercado interno apoyando a los pequeños y medianos empresarios que han sido arrasados por la apertura comercial. Ello implica integrar a dichas empresas a través de las cadenas productivas, vinculándolos con la gran industria de punta.

Tenemos por tanto que desplegar una política económica de estado que garantice el equilibrio entre el sector interno y externo. Tenemos que atender la educación sin dilación alguna. No podemos seguir empecinados en una política educativa de simulación.

Reivindicar la educación laica; rescatar la enorme tradición del magisterio de la primera mitad del siglo XX y actualizar nuestro sistema educativo a las condiciones que impone la modernización, son tareas pritoritarias.

Seguir perfeccionando nuestro sistema político. Dar mayor transparencia a los recursos públicos y promover las nuevas formas de la democracia participativa, son cuestiones insoslayables a las cuales debemos de atender.

El aspecto de la salud y la seguridad social manteniendo nuestras instituciones que se encargan de este importante aspecto es una prioridad nacional mantenerlas de pie. Igualmente el apoyo a nuestros agricultores para tener un campo fortalecido.

México debe retomar su camino; debe fortalecer su relación con Latinoamérica,diversificar sus relaciones internacionales y no depender de los Estados Unidos como única opción que garantice su desarrollo. También esta Cámara en lo interno debe democratizar y pluralizar los órganos de gobierno.

Acordamos en la sesión pasada instalar una mesa directiva por consenso en su rotatividad y de incluir secretarías para todas las fracciones parlamentarias. Hoy se iba a concretar este acuerdo. El acuerdo no se cumplió. No hay acuerdo. El que se leyó la sesión anterior en contra de toda legalidad también queda pendiente.

Necesitamos un Congreso que se rija bajo principios democráticos de pluralidad, de inclusión, de rotatividad, de tolerancia, de respeto a lo diferente. Por eso, ante la falta de incumplimiento de acuerdo para nosotros queda claro la falta de voluntad política de esta Legislatura de caminar, incluyendo también a los diputados. Por eso poco podemos esperar de que hagamos una reforma indígena para incluir a los indígenas de nuestro país, si no somos capaces tampoco de incluir a las diferentes fracciones parlamentarias en la conducción y en la dirección de esta Legislatura.

Las verdaderas reformas no atentan contra el pueblo; las verdaderas reforman fortalecen a la nación y a sus habitantes. Esa es nuestra tarea: por una reforma democrática, por una reforma justa y equitativa, por una reforma que fortalezca la libertad de los mexicanos.

Esa es y esa será nuestra tarea y nuestro compromiso como Partido del Trabajo. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Tiene inmediatamente el uso de la palabra el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

EL C. DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA: Con el permiso de la presidencia. Compañeros y compañeros: con el inicio del primer período del tercer año legislativo de esta LVIII Legislatura se inicia otro período con enorme responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y partidos políticos de aportar a la legislatura, sin mediar el año electoral que se nos avecina.

El 2 de julio del año 2000 el ciudadano nos entregó un mandato: darle viabilidad legislativa a los cambios fundamentales que necesita nuestro país.

Lamentablemente, la falta de acuerdos políticos nos ha llevado a incrementar la desconfianza del pueblo en nuestro trabajo. Nunca como hoy se nos evaluará por nuestro trabajo como representantes populares, como legisladores que pongan a un lado el interés personal o partidista y nos situemos en la realidad histórica que enfrenta nuestro país. Un pueblo que reclama soluciones y no promesas.

El poner en tela de juicio a este último año de la legislatura, por los tiempos electorales en que nos situamos, nos deberá comprometer a dar ejemplo de legisladores responsables y comprometidos con el desarrollo de la nación.

El tema de las reformas estructurales deberá de ocuparnos con la premisa de poder concluir acuerdos legislativos que tanto necesita nuestro país.

El compromiso generado por el resultado de las últimas elecciones federales nos mandata a encontrar los acuerdos que le den a este país la transformación que demanda.

No pasemos la responsabilidad a la próxima legislatura; enfrentemos esta gran oportunidad histórica y démosle cauce a los acuerdos que nos llevarán a ser, sin duda, un mejor país.

La Comisión Especial de Reforma del Estado ha avanzado en grandes medidas en algunos temas que, con la participación de las comisiones ordinarias, podríamos tener dictámenes sujetos a votación en este mismo período de sesiones. Lo que requiere es compromiso de todos los grupos parlamentarios y de todos los partidos políticos para darle el trámite legal correspondiente al trabajo institucional que ha realizado esta Comisión Especial de Reforma del Estado, así como a las iniciativas presentadas por este grupo parlamentario que aún buscan ser dictaminadas.

Estas son: Ley de Responsabilidad Civil por Daño Ambiental; iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Impuesto sobre la Renta; iniciativa que reforma el artículo 18 y adiciona el artículo 140 del estatuto del Gobierno del Distrito Federal para regular la utilización de vías y espacios públicos, con relación a movilizaciones, marchas, concentraciones y/o plantones; iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con respecto al voto secreto de los legisladores.

En este período de sesiones tendremos una vez más la oportunidad de legislar en materia de presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, por supuesto esperando que logremos realizar con trabajo mucho más profesional en un tiempo legal que nos marca la Constitución para no trabajar al vapor y sin la información suficiente, para así cumplir con las expectativas el compromiso y las responsabilidades que espera el pueblo de México con nuestras decisiones para el ejercicio fiscal de 2003.

Reflexionemos con el siguiente pensamiento: La diferencia entre los países pobres y los ricos, no es la antigüedad, lo demuestran casos de países como India y Egipto, que tienen miles de años de antigüedad y son pobres. En cambio Australia y Nueva Zelanda que hace poco más de 150 años eran casi desconocidos, son, sin embargo hoy, países desarrollados y ricos.

La diferencia entre países pobres y ricos, tampoco son los recursos naturales con que cuentan, como es el caso de Japón, que tiene un territorio muy pequeño y el 80 % es montañoso y no apto para la agricultura y la ganadería. Sin embargo es la segunda potencia económica mundial pues su territorio es como una inmensa fábrica flotante que recibe materiales de todo el mundo y los exporta transformados, también a todo el mundo, logrando su riqueza.

Por otro lado tenemos una Suiza sin océano, pero tiene una de las flotas navieras más grandes del mundo; no tiene cacao pero tienen el mejor chocolate del mundo. En sus pocos kilómetros cuadrados, pastorea y cultiva sólo 4 meses al año, ya que el resto es invierno, pero tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda Europa, al igual que Japón, que no tiene recursos naturales, pero da y exporta servicios con calidad, muy difícilmente superables. Es un país pequeño que ha vendido una imagen de seguridad, orden y trabajo, que lo han convertido en la caja fuerte del mundo.

Tampoco la inteligencia de las personas es la diferencia, como lo muestran estudiantes de países pobres que emigran a los países ricos y logran resultados excelentes en su educación.

Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan nuestras fábricas, nuestro país, y al hablar con ellos nos damos cuenta de que no hay diferencia intelectual. Tampoco es la raza la que marca la diferencia, pues en los países centro europeos y nórdicos, vemos cómo los llamados "Bajos del Sur" demuestran ser la fuerza productiva de estos países, no así en sus propios países, donde nunca supieron someterse a las reglas básicas que hacen a un país grande.

La actitud de las personas es la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos, se descubre que la mayor parte de la población siguen las siguientes reglas: La moral como principio básico, el orden y la limpieza, la honradez, la responsabilidad, el deseo de superación, el respeto a la ley y los reglamentos, el respeto por el derecho de los demás y su amor al trabajo.

No somos pobres porque a nuestro país le falten riquezas naturales o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros, simplemente nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas de funcionamiento de las sociedades, como también nos falta carácter para cumplir con las labores de esta Legislatura. Por su atención, muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra la diputada María Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

- LA C. DIP. MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Con el permiso de la Presidencia.

La falta de un acuerdo político que se traduzca en la agenda legislativa para el cambio democrático, ha impedido avanzar en la ruta de la transición.

La configuración de un nuevo régimen político es una de las grandes tareas que el 83 % de esta Cámara ha postergado.

Las bancadas con mayor número de legisladores mantienen congeladas cientos de iniciativas. A ello han contribuido el Ejecutivo y su partido, en quienes recae la mayor responsabilidad. Pero también el PRI ha provocado con su actitud, la virtual parálisis que vive el Congreso.

En su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Fox omitió deliberadamente hablar sobre la gran deuda social heredada por 70 años de autoritarismo. México continúa siendo un país de pobres, ocupa el doceavo lugar en la distribución del ingreso más desigual del mundo, según el Banco Mundial. Las dos terceras partes de la población nacional sobrevive apenas con 52 pesos diarios, en el mejor de los casos, y no cuenta con los satisfactores esenciales de vida.

La política económica del gobierno foxista elevó en 1.3 millones el número de personas en condición de pobreza. Al mes de junio de 2002 los salarios mínimos habían perdido 75 por ciento de su poder adquisitivo con respecto a 1977.

En materia de empleo el panorama es desalentador. En los primeros 17 meses del gobierno se perdieron 630 mil puestos de trabajo, sin contar que el gobierno dejó de crear 1 millón 200 mil empleos anuales para la mano de obra joven que se incorpora a la fuerza laboral.

La campaña de desprestigio del Ejecutivo en contra del Congreso se funda en la incapacidad por reconocer que en temas cruciales como la reforma del sector eléctrico sus propuestas no generan consenso a favor, o dicho de otra manera: generan consenso pero en contra. El recurso fácil ha sido acusar al Poder Legislativo de obstruir los planes de gobierno. A diferencia de lo que opina el Poder Ejecutivo y su partido, nuestro grupo parlamentario se ha destacado por ser el propositivo en la presente legislatura, ya que de un total de 643 iniciativas presentadas ante esta Cámara, el PRD ha contribuido con 168, es decir, el 27 por ciento. ¡A pesar de lo que alguna vez comentó nuestra Presidenta de ser tan solo el 11 por ciento! Es decir, somos el grupo parlamentario más propositivo.

Nuestra agenda está constituida para la solución de los problemas económicos y sociales que el actual gobierno panista ha sido incapaz de resolver y que incluso ha profundizado. En primer lugar, para el próximo periodo -que hoy comienza- proponemos avanzar en la Reforma Indígena. La reciente decisión de la Suprema Corte sobre las controversias presentadas contra la Reforma Indígena aprobada por el Congreso, ha confirmado que los pueblos indios están excluidos del desarrollo y del Estado mexicano. La Corte cerró otra puerta a los más marginados de este país. Perdió desafortunadamente una gran oportunidad de abrir esperanza para los mismos, solo queda una llave para lograr la paz justa y duradera, para evitar la agudización del conflicto, para lograr los plenos derechos culturales, lingüísticos, económicos y políticos de los pueblos indígenas, esa llave es retomar la reforma constitucional sobre la base de la llamada Ley Cocopa, es decir, hacer la reforma y revisar toda la legislación en materia hasta lograr una legislación que acepten y que consensen los mismos pueblos indígenas.

2. Por una reforma eléctrica a favor de los consumidores. El PRD presentó una iniciativa de reformas a diversas disposiciones legales con el objeto de dar autonomía presupuestal a la Comisión Federal de Electricidad, modernizar al sector eléctrico y fortalecer a los organismos públicos encargados de la generación, transformación, conducción y suministro del fluido eléctrico, conservándolos como patrimonio de los mexicanos.

La modernización y eficiencia de la industria eléctrica nacional no requiere de la privatización. Nuestro partido se pronuncia por mantener el texto vigente de nuestra Constitución, pues solo así garantizaremos el suministro efectivo de energía, independientemente del nivel socioeconómico de los consumidores, con tarifas equitativas de acuerdo al ingreso de la población. ¡Rechazamos tajantemente toda reforma constitucional que apunte a la privatización del sector eléctrico!

3. El PRD presentará una iniciativa de reforma integral al mundo laboral que

Incluye cambios al artículo 123 constitucional y a la legislación reglamentaria, con el objeto de democratizar el mundo laboral y de ampliar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores mexicanos.

"Esta iniciativa contempla una visión de género, para lograr mayor equidad en las prestaciones otorgadas a las mujeres trabajadoras, así como el logro efectivo de la democracia sindical.

"4.- Sacar del Tratado de Libre Comercio el sector agropecuario. La situación desesperada que vive el campo mexicano se vió agravada por la desigual integración de México al acuerdo comercial con América del Norte.

"Recientemente el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002, que significará fuertes subsidios a los productores estadounidenses, colocando en mayor desventaja a los productores mexicanos.

"En el 2003, por disposición del TLC, serán eliminados los aranceles de granos básicos, lo que significará el tiro de gracia a nuestros productores.

"5.- Paquete económico 2003. Proponemos al Ejecutivo la entrega anticipada de los criterios generales de política económica para el próximo año y de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como de las diversas iniciativas en materia fiscal.

"Para el PRD es imposible pensar en aprobar un paquete presupuestal para el próximo año, bajo las mismas premisas de los ejercicios anteriores. Si fuera así, seguiremos postergando el desarrollo económico y productivo el país.

"Nuestra propuesta ante este pleno se sustenta en bases distintas. En primer lugar requerimos liberar recursos públicos a favor del gasto social y productivo. Para ello nuestro partido presentará a este pleno se apruebe un recurso de punto de acuerdo de controversia constitucional, a fin de que la Suprema Corte determine si el pueblo de México debe seguir pagando el rescate bancario con recursos públicos y que en los hechos se ha convertido en deuda externa o se deben cancelar inmediatamente los bonos y los pagarés heredados por los bancos comprados hoy a las instituciones financieras extranjeras, quienes han tomado el control del sistema bancario en más del 90 por ciento.

"Año con año el país destina más de 53 mil millones de pesos al rescate bancario que hoy se le paga a los corporativos trasnacionales.

"Nuestro grupo parlamentario insistirá en un paquete de reformas fiscales que tiendan a favorecer y estimular el desarrollo de sectores que no fueron considerados en la reforma fiscal aprobada el año pasado.

"Para la discusión del paquete económico proponemos determinar otras prioridades distintas a las que han guiado el presupuesto de años anteriores. Uno de los objetivos es reforzar la gratuidad de la enseñanza pública en todos los niveles y comprometer mayores recursos federales en su sostenimiento; al menos como lo prometió el presidente Fox, el 8 por ciento del PIB como gasto federal.

"Debemos fortalecer urgentemente al IMSS y al ISSSTE como instituciones pilares de la política social.

"6.- Reforma del Estado. El PRD seguirá perseverando en su demanda de reformas estructurales del sistema político, para consolidar el avance democrático del país. Entre los temas destacan: el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y de investigación del Poder Legislativo; establecer la figura de juicio político al Presidente de la República; incorporar a nuestra ley las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular.

"Compañeras y compañeros diputados: El Partido de la Revolución Democrática está abierto al diálogo constructivo, al debate de ideas que apunten al logro de un México más democrático, de un modelo económico justo y distributivo, de una nación que reconozca y respete su origen pluriétnico y de un pueblo que vea resueltas sus demandas de desarrollo social hasta ahora postergadas".

Muchas gracias.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

-EL C. DIPUTADO CUAHTEMOC CARDONA BENAVIDES. Con su permiso ciudadana Presidenta. Compañeros y compañeras Diputados. Ante el imponente reto que representa la concepción de estar ante el inicio del último año de servicio constitucional de esta Legislatura, contrario a lo que muchas voces pregonan, ha sido rico el resultado legislativo. A fin de estar en posibilidades de desempeñar de manera más eficaz y eficiente nuestra labor como representantes de la nación, es menester cuestionarnos, ¿qué tanto hemos avanzado en la consecución del estado que queremos? ¿cómo hemos afrontado nuestra responsabilidad política ante la coyuntura histórica? ¿qué cuenta rendimos a la sociedad que nos dio la oportunidad de representarla en esta Cámara?.

En el anterior período ordinario de sesiones se lograron varios acuerdos políticos los cuales se tradujeron en importantes aportaciones legislativas para el país, la aprobación por unanimidad de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que de esta manera se dio un paso trascendental en la vida democrática del país para instaurar un marco que consolida la transparencia y fomenta una mayor rendición de cuentas de los gobernantes frente a la sociedad.

En la misma tónica, también aprobamos Reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para darle mayor participación en la vida política a las mujeres, igual la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se dictaminó por el pleno de la Cámara una Reforma a la Ley General de Salud y votamos a favor de diversas Reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Los más de 100 dictámenes aprobados durante esta Legislatura prueban esta voluntad legislativa de acordar más que disentir, así después de dos años de trabajar juntos y pese a nuestras diferencias, el balance es sin duda positivo pues hemos puesto por encima de nuestras afinidades, de nuestros intereses partidistas, la modernabilidad del país y hace poco la misma gobernabilidad de la Cámara.

Nos hemos empeñado en hacer realidad la división republicana de Poderes que establece la Constitución Política y hemos aprobado leyes que hacen más fácil la consecución del bien común.

La experiencia del autoritarismo que vivimos durante años pervirtió en muchos sentidos la cultura política, se distorsionó la semántica del lenguaje en nuestro país. Así negociar se ha considerado sinónimo de acuerdos e intercambios ilícitos , de corrupción; acordar, se asume como claudicación, el concepto disentir se polariza para significar traición o bien posición radical e irrevocable y escuchar, atender, conceder, ceder se convierten en sinónimos de debilidad o de fracaso.

No obstante, en el transcurso de estos dos años muchos de los que estamos aquí hemos asumido la tarea de devolver, mediante la práctica diaria y de manera responsable, el significado original de las palabras para que en ellas designen efectivamente lo que se anuncia.

Reconocemos que esta Legislatura ha rendido buenas cuentas y ha contribuido a la consecución del desarrollo integral del país enun concurso con todos los grupos parlamentarios.

Los Diputados de Acción Nacional, sabemos que hemos puesto al servicio de la sociedad nuestro mejor esfuerzo; sin embargo, también sabemos que hay mucho por hacer, los panistas apostamos a que al final de esta Legislatura podremos gozar de la satisfacción que sólo otorga la tarea del bien cumplir.

Estamos conscientes que en este período ordinario de sesiones debemos atender y resolver asuntos fundamentales para la buena marcha del país, tal es el caso del Presupuesto de Egresos, de la Ley de Ingresos que presentará próximamente el Ejecutivo Federal , de igual forma y en esta misma tónica lo que se refiere en su caso a la Minuta de Reforma en materia Eléctrica, igualmente la Iniciativa de Ley de

al Poder Legislativo, entre las que destacan; la Reelección inmediata de Diputados, la Ampliación de Períodos Ordinarios de Sesiones y desde luego compartimos que también se requiere una revisión integral al marco jurídico del Congreso de la Unión y particularmente de la Cámara de Diputados.

Los diputados panistas reconocemos y celebramos la realidad política plural que impera en el Congreso de la Unión; sabemos que es necesario por el bien de México, que las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados logremos consensos y acuerdos políticos, los cuales permitan presentar soluciones democráticas y sólidas pero siempre dentro del marco del estado de derecho.

Los nuevos tiempos democráticos que imperan en el país nos obligan a vivir en una división de los poderes del Estado hasta hace poco inédita. La Cámara de Diputados debe de abocarse a cumplir con las responsabilidades encomendadas por nuestra Constitución Política y por lo tanto trabajar a través de sus comisiones, las cuales son el engranaje esencial de este órgano colegiado ya que en ellas se realiza la mayoría del trabajo legislativo.

Las condiciones nacionales e internacionales nos obligan a dejar de lado proyectos personales ajenos al beneficio de México. No sólo somos 500 diputados, somos la Cámara de Diputados, de cara a la sociedad debemos de legislar lo que es necesario en lugar de lo que es más fácil; debemos de resolver lo indispensable en lugar de discutir por lo irrelevante; debemos de coincidir en lo esencial y dejar de lado lo superfluo; debemos, en suma, darle sentido a la democracia por la que votaron millones de mexicanos.

Para Acción Nacional, las Cámaras de este Poder Legislativo deben ser un congreso de las opiniones de la sociedad, que el arte de legislar debe ser fundamentalmente un acto de entender la realidad social, de leer, de pulsar dentro de ella para saber qué es lo que constituye o la constituye esencialmente.

Es premisa importante en nuestra tarea legislativa tener la misma lectura y el mismo diagnóstico de los problemas sociales para que juntos constituyamos instituciones que nos permitan alcanzar el bien común.

Al comenzar este período ordinario de sesiones y con base en los resultados obtenidos hasta ahora por esta Legislatura, los diputados de Acción Nacional reiteramos nuestra disposición, nuestra posición por construir caminos amplios en los que todos cabemos y donde no hay mas exclusión que la voluntaria.

Los legisladores de Acción Nacional seguimos mirando al futuro y manifestamos que no estamos dispuestos a que ningún pronóstico o presagio disfrazado de realismo nos lo arrebate.

Conscientes de las dificultades, de las inercias, de las resistencias, de los obstáculos que se fundan en la buena y en ocasiones en la mala fe, persistiremos con tenacidad en la construcción de una historia distinta donde las palabras democracia, libertad, vigencia a la ley, cumplimiento a la ley y justicia social cobren su pleno y verdadero significado dentro de un estado de derecho en la que se funde la grandeza para constituir una patria ordenada y por más generosa.

Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre del grupo parlamentario del PRI hasta por diez minutos.

- EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN: Con su permiso honorable Presidenta.

Señores diputados y diputadas:

Dos visiones podrían prevalecer en estos momentos: una, ir hacia atrás, juzga lo que no se ha hecho; califica a los demás y parece recordarnos que éste cuyo trabajo inauguramos es el último período, es el principio de los períodos que marcan nuestra despedida, el inicio del fin diría algún trágico.

La otra visión es francamente optimista y es la que compartimos. Hoy inauguramos la etapa decisiva, el momento crucial, lo que hemos conversado, arreglado, negociado, pactado, predictaminado y dictaminado ahora tiene que concretarse.

Se inicia, si queremos, la etapa más productiva del Congreso Mexicano y de su Cámara de Diputados. No es tiempo de nostalgias anticipadas ni se rasgarse las vestiduras pretendiendo en los errores del Congreso justificar los errores propios y lo que no hemos hecho de lo que nos ha tocado hacer; es tiempo de hacer, es tiempo de logro.

Expresar solamente un llamado al trabajo sería insuficiente y notoriamente injusto con los muchos que han trabajado en sus comisiones, estaríamos haciendo a un lado el valioso esfuerzo de los diputados que prácticamente han concluido una Ley para el Genoma Humano; de los que han trabajado para la preservación del medio ambiente; de los que han trabajado para una Ley de Armas de Fuego; de los que están trabajando en bioseguridad y en alimentos genéticamente modificados.

No hablamos de lo que está por llegar; eso es lo que está en esta Cámara y se ha trabajado aquí. Estaríamos haciendo a un lado las discusiones y los acuerdos de la Comisión para la Reforma del Estado.

Las fracciones parlamentarias hemos llegado a lo largo de esta legislatura a importantes acuerdos en materia de incentivos fiscales para integrar a la planta laboral un mayor número de jóvenes; para reformar el Código Civil y Penal en materia de Equidad y Género; para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y generar más empleos.

Para nuestra fracción en particular, en el presente periodo es prioritario dictaminar una Ley para el Desarrollo Social que convierta en derecho lo que hoy sólo existe por voluntad. Para nuestra fracción es prioritario sentar las bases jurídicas para la agroindustria azucarera. Es prioridad una Ley Nacional para las Personas con Discapacidad; una Ley de Seguridad Pública; aprobar un nuevo Código Penal y de Procedimientos Penales; una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada para que se castigue y se persiga más eficazmente el secuestro; una Ley Federal de Puertos.

Insistiremos en la aprobación de una Ley para la Inducción de la Energía en el Campo, para reformar la Ley del IVA y de manera que se implemente la tasa cero en los organismos descentralizados de agua potable de los estados.

Insistiremos en modificar la ley para que no se realicen recortes presupuestales, y como debe ser, si se realizan, sean aprobados por la Cámara de Diputados.

No, no es tiempo de pensar en que se termina la diputación; es tiempo de concretar todo el esfuerzo desplegado, que no ha sido poco, que no ha sido débil, que no ha sido falto de creatividad, que no debe ser inútil. Vamos a impulsar desde el PRI, que se garantice el derecho a la alimentación en la Constitución, a proteger a las mujeres que trabajan del hostigamiento sexual; a garantizar el derecho al deporte como parte indispensable de la salud; a vigilar la precaria situación de los productores del campo ante las nuevas circunstancias de nuestro comercio.

No es tampoco el momento de encerrar al Congreso en la dinámica electoral. Reconocemos el papel fundamental de los partidos en esta Cámara, pero no estaremos de acuerdo nunca en supeditar la agenda de la Cámara y sus consensos a dictámenes con eventos coyunturales o a la competencia electoral. Nosotros ya somos la Cámara de Diputados, no estamos en competencia; nuestra principal contribución al proceso electoral será vigilar la imparcialidad del Ejecutivo, de sus organismos. Nuestra contribución será sostener la gobernabilidad y el diálogo, nunca sujetar al a Cámara según el interés momentáneo de nuestro partido en la campaña.

Así como nuestra expresión tiene que ser aquí por la ideología que representamos y que nunca será vergüenza, sí sería una vergüenza que el interés nacional se supeditara al interés cortoplacista de los partidos y de la contienda.

No son iniciativas nuestras, no lo son, pero coincidimos en la necesidad de una Ley de Responsabilidad Ambiental. Coincidimos en la necesidad de una legislación reglamentaria en materia de cultura y derechos indígenas; en materia de protección a derechos lingüísticos; coincidimos en la necesidad de legislar nuevas formas de participación ciudadana; de prevenir que la clonación cuente con un marco legal y ético de referencia para su investigación. Coincidimos con la necesidad de una Ley para la Marina Mercante.

No medimos nuestra productividad por el número de iniciativas no consensadas que presentamos ni tampoco la medimos por cuántos puntos introdujimos a la agenda: la medimos en la calidad de nuestro escuerzo en las comisiones.

Somos distintos, pensamos distinto, tenemos una distinta percepción sobre la acción política, pero tenemos muchísimas convergencias. Resulta evidente que somos capaces de encontrar caminos comunes; es evidente que hoy tenemos que intensificar ese esfuerzo. No es el principio del fin, está en nuestras manos la posibilidad de abrirle nuevas formas a la Cámara de Diputados. La sociedad exige que sesionemos más tiempo y que seamos más eficientes, exige que las iniciativas y su discusión no puedan sujetarse a voluntades personales y exige saber cuáles sirven y cuáles no; exige un método transparente de rendición de cuentas para sus representantes.

Diputados, la sociedad exige de sus representantes que cuando decidan serlo, hagan a un lado los negocios personales y exige que haya un marco que garantice lo que es ético y lo que no, actuando como legisladores. Ya no quiere más informes de ceremonias, ya no quiere incertidumbre en la planeación, discusión y aprobación del presupuesto; quiere rendición de cuentas claras y expeditas, quiere la certeza de que se combate a la impunidad.

Y lo más importante: todos deberías complacerlos, porque estos temas no nos tenemos que esperar, estos temas están en nuestra agenda, estos temas han sido tocados ya por comisiones de la Cámara de Diputados. Aquí, aquí en esta institución es donde se construyen los consensos, se celebran los pactos, se perfilan las agendas, aquí en la Cámara de Diputados. No hay cambios duraderos, no hay cambio real sin una institución parlamentaria sólida y sin los partidos que le conforman y le dan vida, pero ese es nuestro dilema, sólo seremos partidos o aceptamos el compromiso de ser los que forman, fortalecen, enriquecen amplían, organizan, armonizan la vida de la nación.

La fracción parlamentaria del PRI asume este inicio de período con el optimismo del trabajo que ya realizamos, con la confianza de la capacidad de diálogo con otros grupos parlamentarios en esta Cámara en el que participamos y lo seguiremos haciendo sin prejuicios, sin descalificaciones previas, sin descalificar porque no sea nuestra iniciativa o sea distinta nuestra opinión.

Ratificamos, en el PRI creemos que todos somos útiles al país, que toda opinión es respetable, que todo disenso fortalece a la Cámara de Diputados.

Apostamos por el diálogo, por el debate; prestigiamos los acuerdos hechos con buena voluntad, con buena fe y con honradez, por eso nos resulta inaceptables las posturas que descalifican al Congreso desde adentro o desde afuera y apuestan por el debilitamiento de los partidos, porque si bien es cierto que la obra democrática no es exclusiva de ellos, sólo los partidos aseguran la centralidad del Congreso, sólo ellos pueden evitar un presidencialismo plebiscitario o la anarquía a la que nos llevarían las fuerzas políticas inorgánicas como tribus.

Estamos ciertos de que vivimos un proceso democrático; estamos seguros de lo que nuestro partido representa en este proceso y muy orgullosos de poder aportar en este momento, de ofrecer en este momento, la contribución del PRI. Sólo aceptamos ley y diálogo, ley y política, como métodos para las transformaciones que el país reclama. Apostamos hace mucho tiempo por la democracia, sabemos que en la democracia no se gana todo y lo que se gana no se gana para siempre.

Ponemos la mira en el futuro, que tiene que construirse donde se concilian libertades, se otorgue seguridad, donde, finalizo. Como diría Adaruc (¿) Espinosa, "Se transforme al hombre para que su espíritu y su cuerpo hagan uso de la razón sin rivalizar por el odio, la cólera ni se hagan la guerra con ánimo injusto".

Diputados, el verdadero fin del Estado es la libertad y esta Cámara la ha gozado, la ha consagrado, la han hecho útil. Pongamos la mira en el futuro, no hacia atrás. No es tiempo de nostalgias, es tiempo de caminar y estamos en hora buena. Muchas gracias.

-LA PRESIDENTA: Gracias diputado.

Ha concluido el posicionamiento de los grupos sobre el actual período de sesiones y pasamos al capítulo de proposiciones.

Para ilustrar a la asamblea, informe que esta Mesa Directiva levantará la sesión a las dieciseis horas.

Tiene la palabra el diputado Jaime Larrazábal Bretón del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre el estado físico en que se encuentra la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca.

-EL C. DIPUTADO JAIME LARRAZABAL BRETON: Muchas gracias. Ciudadana diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros diputados. Respetable audiencia.

El hecho del que me ocuparé el día de hoy, es denunciar el estado físico en que se encuentra la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca. Las vías de comunicación de los pueblos juegan un papel fundamental en su desarrollo, esta no es una nueva noticia sino que es una apreciación de una realidad que sigue teniendo vigencia.

Hasta la fecha el Sureste mexicano, sobre todo el de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, fueron quedándose rezagados por diversas razones, muchas de ellas, denunciadas en esta tribuna, y de las que hasta esta fecha ha habido pocas respuestas, y precisamente hoy reiteraré una más.

Este rezago se acrecentó de manera notoria por la falta de comunicación terrestre, quiero decir la construcción de carreteras, para facilitar el tránsito y promover un desarrollo sustentable y equilibrado.

Seguramente si esto hubiera sucedido años atrás, la consolidación de las diversas ramas de producción y de manera privilegiada el turismo, serían hoy día una realidad.

Como es de todos sabido, en la república mexicana, de muchos años a esta fecha, se inició y terminó la construcción de una carretera, seguramente la más importante, que cruza todo el territorio nacional y fue bautizada popularmente como carretera internacional.

Sobra decir que esta importante vía impulsó el desarrollo de las provincias que fue tocando, a medida que pasó el tiempo, la demanda y la necesidad de dar mayor seguridad, provocó la inevitable construcción de tramos paralelos, que hoy son modernas autopistas, sin embargo, en el tramo que cruza los estados de Oaxaca y Chiapas, esta modernización nunca se atendió, nunca se construyó, simplemente se olvidó y nunca se hizo.

Fue en el año de 1993 que se decidió privilegiar el interés social por encima del financiero y se construyó la supercarretera denominada Cuacnopalan-Oaxaca, con longitud de 243 kilómetros, con destino final en la capital del estado de Oaxaca, y este trascendente hecho significó un aliento a la inversión y sobre todo al desarrollo comercial y turístico, provocando la consecuente generación de empleos, tan necesarios y tan escasos últimamente, y que hoy sirven para abatir, aunque sea de manera mínima, la desbandada de indígenas hacia el norte del país, que piensan en el famoso sueño americano, y que como todos sabemos, en el mayor de los casos es sólo espejismo y no en pocos casos, luto de los hogares de familias, que como siempre resultan ser los más necesitados y pobres del país.

Retomando el tema, esta supercarretera de cuota que cada día incrementa sus usuarios, con disgusto y con tristeza ven, que a pesar de ser una carretera de paga, los derrumbes, deslaves, asentamientos e irregularidades en la superficie de rodamiento, son una constante en el tramo de estos 243 kilómetros.

Esta realidad, de las pésimas condiciones en las que se encuentra la pomposa llamada supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, día a día se deteriora por la falta de mantenimiento y de atención que requiere esta importante vía de comunicación, deja tanto que decir, que muchos de los usuarios empiezan a mejor usar la antes mencionada carretera internacional, por la seguridad que hasta hoy ofrece.

Adjunto a esta denuncia, estamos introduciendo opiniones técnicas y un cuadro de referencia, en donde se detallan las inversiones que hasta ahora se requieren, y que por ahora significan aproximadamente 300 millones de pesos, que de manera urgente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe de invertir, para mantener esta supercarretera y dar la atención preventiva, que hasta esta fecha no se ha realizado.

La pregunta es, ¿qué razones puede argumentar el Poder Ejecutivo Federal en dejar de dar mantenimiento a una supercarretera de cuota que administra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? A todos nosotros nos parece absurdo que después de haber hecho un extraordinario esfuerzo el gobierno federal, que alcanzó varios miles de millones de pesos en esta obra, hoy se encuentra sumida en el abandono provocando inseguridad y desalentando el tránsito a la misma.

Es por ello y con fundamento en los artículos 23 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que presento este punto de acuerdo para que la Comisión de Comunicaciones de esta Honorable Cámara de Diputados recoja esta propuesta y sea incluida en la inversión que en el próximo Presupuesto de Egresos, habremos de aprobar en el año de 2003 y de esta manera sea ejecutado el multicitado mantenimiento.

Atentamente: José Soto, Lilia Mendoza, Angel Mexueiro, Irma Piñeyro, Abel Trejo, Cándido Coheto, Ildefonso Zorrilla, Edith Escobar, Rufino Rodríguez, Miguel Angel Moreno Tello y el de la voz, diputados por este Congreso de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Larrazábal.

Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones.

Tiene la palabra la diputada Heidi Storsberg del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en torno a las resoluciones de la Cumbre de Johannesburgo.

LA C. DIPUTADA HEIDI STORSBERG MONTES.- Con su permiso, señora Presidenta.

México acudió en calidad de líder de los países megadiversos afines a la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sostenible que auspició la Organización de Naciones Unidas en Johannesburgo.

Esta Cumbre que se asentó en los pilares del crecimiento económico, desarrollo social y protección al medio ambiente constituyó una oportunidad política para renovar los esfuerzos emprendidos hace diez años en la Cumbre de la Tierra y para realizar una evaluación de los avances hacia el desarrollo sostenible. De igual modo, la Cumbre buscó convertirse en una ocasión única para que la comunidad internacional reafirmara su compromiso con la integración de los objetivos económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, así como las medidas para avanzar en su implementación.

La transición hacia el desarrollo requiere alcanzar una mejor calidad de vida con protección del ambiente, alentar pautas de producción y consumo menos depredadores con base en el respeto de patrones socioculturales propios, adoptar esquemas tecnológicos que eviten el deterioro, así como rediseñar políticas institucionales y normatividades que respondan a los nuevos retos de hoy.

Esta lucha de enorme contenido humanista y a favor del bienestar común, nos obliga a que asumamos un claro compromiso para transformar el desarrollo del mundo incorporando no sólo las perspectivas de conservación, restauración, manejo racional de los recursos naturales y del medio ambiente, sino también institucionalizando el enfoque de equidad de género en la toma de decisiones y los acuerdos a convenir.

Un futuro sostenible sólo se podrá alcanzar fortaleciendo la dimensión social del desarrollo humano que requiere del diseño de una política ambiental con equidad de género, en la medida en que se involucre equitativamente a las mujeres y a los hombres en el acceso, uso, control y beneficio de los recursos naturales.

El menor acceso de las mujeres a los recursos, dígase tierra, agua, recursos pesqueros, forestales y biodiversidad; la escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones ambientales y el reparto inequitativo de los beneficios de manejo y control de los recursos, refuerzan la simetría entre los géneros y aumenta la discriminación.

La agudización de los fenómenos de la degradación ambiental, cuyas más injustificadas víctimas son los sectores de la población más desprotegidos como las mujeres y los niños principalmente en zonas de extrema pobreza urbana y rural, ven vulnerado su estado de salud y su calidad de vida ante los efectos de la sequía, la desertificación, los incendios forestales, la deforestación, los desastres naturales o los desechos tóxicos.

Es por ello que en nuestra calidad de legisladores, debemos pronunciarnos a favor de una participación activa y responsable de México en los foros internacionales, en donde se discutan y se tomen decisiones sobre los temas de la llamada "nueva agenda internacional", así como luchar para que, a propósito de promover la cooperación internacional en materia ambiental, se impulse una política de desarrollo sostenible con enfoque de género para alcanzar un desarrollo socialmente equitativo.

México, como líder del grupo y a la vanguardia de los diversos compromisos ambientales  en el ámbito multilateral y bilateral, no debe escatimar esfuerzos para insistir a los países que no lo han hecho, a que ratifiquen el Protocolo de Kioto para el control de las emisiones de gas responsables del efecto invernadero y del recalentamiento global del planeta.

Y debe señalar en cualquier ocasión que corresponde a los países avanzados asumir un compromiso efectivo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Es por ello que el grupo parlamentario de Acción Nacional también solicita al Poder Ejecutivo Federal a impulsar una mayor sinergia entre los criterios y consensos alcanzados en las distintas conferencias cumbres y reuniones mundiales, sobre todo la cumbre que acaba de concluir en Johannesburgo con la del financiamiento para el desarrollo en Monterrey y con la agenda de desarrollo celebrada en Doa, en las cuales se acordaron medidas para facilitar el acceso a los mercados, mejorar las normas multilaterales y aumentar la ayuda financiera al desarrollo.

Por las razones antes expuestas se presenta la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:

"ARTICULO UNICO.- Se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo y a la que nuestro país asistió como líder el grupo de países megadiversos afines, cumpla con el compromiso político y ético para avanzar en la construcción de una política de desarrollo sostenible con equidad de género".

Muchas gracias.

-PRESIDENTA: Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Equidad y Género y a las Comisiones de Presupuesto y envíese copia del Punto de Acuerdo a la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República.

Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, para presentar un Punto de Acuerdo en relación a una controversia constitucional vinculada con FOBAPROA e IPAB.

-DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La siguiente proposición con punto de acuerdo tiene como propósito que esta Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional por la aprobación de los pagarés a cargo del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro FOBAPROA IPAB.

Lejos de lo que muchos consideran, el FOBAPROA desafortunadamente no ha muerto. La nueva realidad que vive nuestro país exige una revisión puntual y urgente de los motivos y argumentos que orillaron al gobierno a aprobar, violando el artículo 73 fracción VIII de nuestra Constitución, la creación y nacimiento del FOBAPROA IPAB, con una deuda que los mexicanos seguimos y en el esquema actual seguiremos pagando sin aportar ningún beneficio a la población.

Existen vicios de origen que no se han aclarado. Cito tan solo algunos ejemplos, dado que en 5 minutos es imposible hacer una historia puntual de este rescate bancario:

1) La evaluación que hizo en su momento el comité técnico del FOBAPROA

del Banco de México, donde el subcomité de recuperación de activos

concluyó la formalización del rescate bancario en 23 sesiones sin la

aprobación o consulta por lo menos, a este Congreso.

2) La consecuente aprobación del Ejecutivo por cuenta propia y discrecionalmente, al margen de sus facultades constitucionales.

3) El diseño del contrato con el que el auditor Michel Mackey, realizó la investigación del rescate y que en ninguna línea menciona la palabra "auditoría". Los bancos que han gozado del rescate bancario nunca han sido auditados.

4) La firma de los pagarés a nombre del Gobierno Federal que hiciera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otro argumento aducido es precisamente que en los últimos tiempos compañeras y compañeros legisladores, ha existido una criminal transferencia   de recursos públicos, en detrimento del desarrollo nacional a un rescate bancario que nunca aprobó este Congreso.

Pero hay que agregar un elemento adicional: hoy el sistema bancario que opera en México en un 90% o más está en manos privadas y extranjeras. Resulta que de iniciarse con una calidad muy cercana a la de la deuda interna, el Fobaproa IPAB se ha convertido, en los hechos, en deuda externa para los mexicanos y en ese sentido es absurdo que hoy, en la construcción del presupuesto de egresos de los últimos años se destinen más de 53 mil millones de pesos para pagar bonos de rescate bancario hoy a los corporativos transnacionales.

En ese sentido es pertinente preguntarnos qué queremos hacer de los recursos públicos y cómo pretendemos impulsar el desarrollo económico nacional.

Es un claro obstáculo para la inversión pública productiva y para el gasto social esta transferencia de recursos públicos, hoy convertidos en deuda externa que se pagan puntualmente a los bancos extranjeros que operan en nuestro país.

La historia del IPAB- Fobaproa es muy larga y es imposible hablar en 5 minutos de todos los daños económicos que ha sufrido la nación por el pago de este rescate. Simplemente quiero decir que ahí están los ejemplos de Banca Unión; ahí están los ejemplos de diversos bancos, antes nacionales que fueron declarados en quiebra por malos manejos de los recursos de los mismos e incluso transferencia de los mismos y activos de los bancos a campañas políticas.

Quisiera, antes de concluir este punto de acuerdo, manifestar a nombre del Partido de la Revolución Democrática que lamentamos mucho el papel y la actuación del actual auditor superior de la Federación porque está abrogándose facultades que no le confiere la ley, que no le confiere ningún reglamento o legislación y, a priori, está condenando o exonerando a personas que están involucradas precisamente en el quebranto financiero de este país.

No es su papel exonerar a nadie sino rendir cuentas a la Federación. Y quiero decir que el PRD no está juzgando a priori; simplemente estamos evaluando los primeros resultados lamentables de su gestión como auditor superior.

Por último quiero proponer a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Esta honorable Cámara de Diputados acuerda interponer un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la nación por la inconstitucionalidad del rescate bancario y el pago consiguiente de recursos públicos que se ha hecho y que queremos impedir que se haga, en beneficio de nuestro país.

Esperamos que este punto sea analizado con seriedad por todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, en la idea de liberar urgentemente recursos públicos para el desarrollo de nuestro país.

Es cuanto, diputada presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del PT, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el estado de Chiapas.

EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el cambio nadie lo para, la reversa también es cambio.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la nación de declararse incompetente para conocer de los actos del poder constituyente permanente, por considerar que en materia de reformas constitucionales ése es un poder superior, anula toda posibilidad de que los pueblos indios de nuestra nación puedan acceder a la autonomía que vienen reclamando desde hace siglos.

Esta decisión viene a acabar con toda posibilidad de protección legal a la que aspiran los pueblos indígenas, pues las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena que aprobó el Congreso de la Unión, en abril del 2001. no satisfacen sus anhelos y recurrir a la Suprema Corte representaba una última esperanza para anular la vigencia de una reforma que no cumple con sus legítimas aspiraciones.

Debe quedar claro que con esta decisión el Estado mexicano ha dejado constancia de que no está dispuesto a hacer ningún tipo de concesión a los pueblos indios, a quienes ve como serios enemigos para sus aviesos intereses integrados en el Plan Puebla-Panamá. En ese sentido la decisión de la Suprema Corte de Justicia no hace más que demostrar que el poder supremo del estado mexicano tiene como propósito fundamental garantizar los intereses de la oligarquía que gobierna al país, en una muestra más de que las élites que concentran el poder económico y político de nuestra nación tienen miedo a perder el control sobre los pueblos indios, pero aún más, tienen miedo a perder el control sobre los recursos naturales de esas comunidades porque la autonomía que reclaman más de diez millones de nuestros indígenas está vinculada directamente a crear las condiciones legales para evitar el saqueo indiscriminado de esos recursos.

Con esta decisión el Estado mexicano incumple con lo establecido en el Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo, a los cuales se comprometió cumplir a la haber ratificado dicho Convenio. Sin embargo es importante establecer que el gobierno foxista fue obsequioso con el gobierno de los Estados Unidos al haberlo apoyado sin límites en la represión que tomaron contra el pueblo de Afganistán, bajo el argumento de que todos estos eran compromisos internacionales, tomados en el seno del Consejo de la ONU. Sin embargo debe de quedar claro que el Convenio 179 es también un compromiso internacional suscrito por el Estado mexicano, pero al Presidente de la República no le importó darle el mismo rango que le otorgó cuando apoyó a su amigazo Bush.

Compañeras y compañeros diputados Conforme ha transcurrido el tiempo, se ha ido imponiendo la idea de que atrás de la negativa, de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión que se oponen a reconocer la autonomía y el derecho que asiste a nuestros pueblos indios, está el interés mezquino y genuino de control político y de saqueo sistemático de los recursos naturales.

Maniobraron en todos los ámbitos para impedir que se aprobara la iniciativa de reformas constitucional en materia de derechos y cultura indígena elaborada por la COCOPA. El engaño hacia los pueblos y comunidades indígenas se perpetró una y otra vez. Aun así los pueblos indios tuvieron fe en la legalidad e impusieron controversias constitucionales en contra de la reforma constitucional publicada en agosto del 2001.

En total fueron más de 330 municipios indígenas los que se inconformaron en contra de la citada reforma constitucional, ofreciendo todo tipo de pruebas tanto testimoniales como periciales con la intención de aportar a la Suprema Corte elementos sobre las instancias indígenas que debieron ser consultadas y la forma en la cual se toman las decisiones en las comunidades y pueblos indios.

Sin embargo la Suprema Corte las consideró innecesarias argumentando que sólo se trataba de la aplicación del derecho. Y efectivamente, el derecho que se pretende aplicar a los pueblos indios no corresponde a su realidad.

Por esta razón el Grupo Parlamentario del PT hace un llamado al Ejecutivo Federal para que cumpla con los compromisos asumidos durante su campaña y honre su palabra, al tiempo que debe hacer un nuevo esfuerzo junto con el Congreso de la Unión.

Por esta razón el PT plantea que es necesario reponer el procedimiento legislativo con base en la iniciativa de reforma elaborado por la COCOPA porque en dicha iniciativa se recogen las aspiraciones de autonomía de nuestras autoridades.

Hacemos un llamado al pueblo y en particular a los pueblos indios para continuar luchando por el reconocimiento de sus derechos y al EZLN le decimos desde aquí que no está solo en su lucha.

Sólo así estaremos cumpliendo con nuestro deber de aportar al México moderno la tranquilidad.

Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario del PT con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de esta soberanía, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Artículo Unico.- Que el pleno de esta soberanía incorpore entre los temas a discusión en el presente periodo de sesiones ordinarias, el conocimiento del tema de la iniciativa de la Ley Cocopa.

Es cuanto.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en torno a la Zona Arqueológica de Cantona.

- EL C. DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias, diputada Presidenta.

"En reciente visita en la que acompañamos a la compañera Presidenta Beatriz Paredes con un grupo de embajadores a esta zona arqueológica, recibimos la encomienda, particularmente del arqueólogo Angel García Coc, un profesionista y mexicano ejemplar, de presentar ante esta soberanía este punto de acuerdo.

"El sitio arqueológico de Cantona se ubica al norte de la cuenca oriental de Puebla y al oriente del altiplano central de México, permanece asentado sobre un derrame de lava volcánica a una altura sobre el nivel del mar de 2,480 metros.

"Se trata de una megalópolis del centro norte, en una zona de escasa vegetación y cuya importancia se debe a la explotación y exportación de la obsidiana de los yacimientos ubicados en la zona aledaña.

"Hoy se sabe con certeza que su apogeo se produjo entre el clásico tardío y el posclásico temprano, es decir, entre el siglo VII y el siglo X de nuestra era.

"De la existencia de esta urbe se supo a fines del siglo XVIII, cuando se le mencionó en las gacetas de José Antonio Alzate, no obstante se considera al francés Henri de Sausseur como su descubridor formal en 1855.

"Estudios cada vez más serios comenzaron a realizarse desde la década de 1930 y fue hasta 1933 cuando se inició un programa de investigación arqueológica con el fin de definir el asentamiento, observar su origen y desarrollo, precisar sus relaciones intra y extra regionales y tratar de entender su abandono y desaparición. Entre otras cosas se ha logrado explotar y habilitar una mínima parte de esta gran ciudad prehispánica.

"Ha habido un esfuerzo encomiable tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia como del gobierno del estado de Puebla y del propio municipio de Tepeyahualco, y sin embargo hoy pudimos observar en esta visita que realizamos que es mucho lo que falta por hacer para rescatar esta valiosa zona que nos da identidad y que forma parte de nuestra historia. Entre otros, el mejoramiento de los caminos que llevan a la zona, la introducción de agua, la introducción de energía eléctrica, la instalación de una protección perimetral, la construcción del museo de sitio y levantamiento de bodegas para materiales arqueológicos y fundamentalmente la continuación de los trabajos de investigación.

"En consecuencia de lo anterior, proponemos el siguiente

" P u n t o d e A c u e r d o :

"Primero.- Que la Comisión de Cultura de esta honorable Cámara de Diputados con la participación de los legisladores, senadores y diputados que se interesen en el tema realice una visita al centro arqueológico de Cantona de manera previa a la presentación del presupuesto de egresos de la federación para el 2003, a efecto de conocer en detalle la importancia de estos bienes culturales e históricos.

"Segundo.- Que para propiciar un esfuerzo conjunto de los tres órganos de gobierno y de los diversos órganos del Estado involucrados en la toma de decisiones se formule atenta invitación al gobierno del estado de Puebla, al congreso local de esa entidad, a las dependencias federales Conaculta, Inah, Sep, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Turismo para que asistan a este encuentro de los poderes de la unión y del estado de Puebla con un símbolo vivo, que es a la vez muestra de la grandeza histórica de México.

"Tercero.- Que derivado de lo anterior se someta a la consideración de este pleno los requerimientos presupuestales de carácter federal que deberán ser incluidos para financiar el rescate y el desarrollo de la zona arqueológica de Cantona".

Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Cultura.

Se ofrece el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la integración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y las responsabilidades que corresponden en la materia a esta Cámara.

-DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Presento a esta Honorable Cámara de Diputados, una proposición que contiene un punto de acuerdo para crear una Comisión Especial que tenga por finalidad establecer los acuerdos, criterios, procedimientos institucionales, así como para integrar una propuesta de reglamento para que esta Cámara cumpla oportunamente con las obligaciones que le impone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo hago al tenor de las siguientes consideraciones.

Día a día la sociedad mexicana es enterada de hechos, cifras, estadísticas, referencias, dineros, aportaciones, denuncias, conversaciones contenidas en documentos que son generados en la ejecución del poder público y que se encuentran en posesión de las distintas esferas e instancias de gobierno.

La intransparencia y oscuridad que por todo el pasado mexicano caracterizó a los actos públicos y que fueron los medios perversos para el florecimiento del abuso del poder, de la violación de los derechos humanos, de la corrupción y de la ilegalidad impune, generaron en la sociedad nacional la impresión de que todo lo relativo a la cosa pública era secreto y como consecuencia malo. De ahí que cuando por ejemplo, el Instituto Federal Electoral sube a su página Internet la lista de aportaciones que los militantes y simpatizantes hacen al os partidos políticos, cuando las Cámaras del Congreso de la Unión y sus grupos parlamentarios se apresuran a publicar datos duros que no indican nada de los estados financieros sobre los recursos públicos que manejan, cuando el Poder Judicial Federal y su Tribunal Electoral hacen públicas por medios electrónicos algunas de sus resoluciones, entre otros casos, a la sociedad mexicana esto le resulta extraordinario.

Sin regatear mérito alguno al hecho, la pregunta que se podría formular estaría orientada a saber si las disposiciones referidas al IFE, al Congreso y al Poder Judicial Federal como ejemplos, forman parte del esquema general de transparencia que deberán estar implementando dentro de su estructura de funcionamiento antes de un año o son meras ocurrencias mediáticas que responden a una coyuntura política determinada y que en el caso de la imputada al Instituto Federal Electoral, por la forma de su presentación, habría abonado al creciente cuestionamiento a los partidos políticos.

Este comportamiento de algunas entidades del Estado Mexicano, se da en el marco primero de la discusión, hoy de la conceptualización y en seguida y por mucho tiempo del dimensionamiento del tema de la transparencia gubernamental y del acceso a la información pública.

Está de moda hablar de transparencia gubernamental, mucho o casi todo se empieza a hacer en su nombre, lo cierto es que la reciente ley de la materia efectivamente deberá permitir que se instale una auténtica transición política, que los mexicanos ejerciten sus derechos fundamentales de manera plena al poseer información suficiente, que el estado democrático encuentra el reconocimiento y respaldo de su pueblo y que la relación entre gobierno y sociedad se modifique para bien, al generar una nueva cultura del ejercicio del poder público y de la participación de la sociedad en el fenómeno político.

Por todo ello, sólo se podrá alcanzar si nuevamente legisladores, funcionarios de gobierno, intelectuales, periodistas, medios de información, universidades, empresas especializadas y sociedad en general, se involucran nuevamente par que el espíritu, los objetivos y los tiempos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se cumplan.

A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de junio del año en curso, al ponerse en vigencia nuestra Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ponen en marcha diversos plazos y acciones. En esta ocasión sólo me referiré a dos de  ellos; el primero, con vencimiento el día de mañana miércoles 11 de Septiembre referente a la designación por parte del Ejecutivo Federal de los primeros cinco integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, órgano regulador en materia de información, competente para resolver controversias entre particulares y autoridades de ante procedimientos seguidos en forma de juicio..

-LA C. PRESIDENTA, Diputado Barbosa ¿me permite un segundo?

¿ Diputado Blake?

-EL C. DIPUTADO JOSE FRANCISCO BLAKE MORA (desde su curul): Para una pregunta al orador si nos la permite.

-LA C. PRESIDENTA. Diputado Barbosa ¿en este momento o al término de su intervención?

-EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA: En este momento, con mucho gusto.

-EL C. DIPUTADO JOSE FRANCISCO BLAKE MORA (desde su curul):- Diputado Barbosa, en efecto para el nombramiento de los Comisionados, el Artículo 5º Transitorio establece que el Ejecutivo tiene, de acuerdo a la vigencia de la Ley hasta el día 12 de Septiembre para hacer estos nombramientos y ponerlos a consideración del Senado y no existe otro apartado en donde se establezca la integración de Comisiones Especiales. Eso por un lado.

Por el otro, el Artículo 61 establece que los Poderes del Estado deben de alguna manera proponer sus normas o reglamentos. Entonces la pregunta es, si es necesario establecer Comisiones Especiales que no se contienen de ninguna manera atendiendo pues al principio de legalidad, ya incluso el PAN presentó en la Comisión Permanente un instrumento, no para que se integren Comisiones Especiales sino para que se dictaminen, ¿conoce usted estos temas ya presentados?

-EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA. En primer lugar quiero agradecer a mi amigo el Diputado Blake por haberme hecho esta pregunta que me permite terminar el documento que tengo preparado porque ya se me ha dado todo el tiempo. Gracias.

Quiero decirte que la publicación tardía por una promulgación tardía de la Ley Federal de Acceso de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hizo en el Diario Oficial de la Federación de fecha martes 11 de Junio del presente año.

En uno de sus transitorios se establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, por tanto entró en vigor el día 12 de Junio. En consecuencia, el primer Mandato cronológico que se establece en la Ley que es el de designar a los primeros 5 integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública se vence el día 11 de Septiembre del presente año, es decir mañana.

Lo siguiente es, no estoy sugiriendo la integración de ninguna Comisión Especial para que a su vez se le proponga al Ejecutivo algún nombre o nombres, esa es responsabilidad del Ejecutivo, lo que estoy planteando es el proceso de intransparencia como se construyó esta propuesta. Los objetivos de la Ley, las finalidades de la Ley, el espíritu de la Ley es la transparencia de las decisiones gubernamentales y tenemos que estas propuestas se han construido en la intransparencia y en la obscuridad, esa es la razón que nos preocupa, esa es la razón de estar en tribuna.

Lo que yo propongo a esta Asamblea, es que podamos acordar la creación de una Comisión Especial para que en ella se establezcan los acuerdos, los procedimientos institucionales, los órganos para que esta Cámara pueda dar cumplimiento a las obligaciones que nos manda esta Ley y este instrumento tan importante.

Debe ser objetivo de esta Asamblea y de esta Cámara de Diputados honrar los fines de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no va a ser con la discusión de un Reglamento frío a donde vamos a poder llegar para poder crear una transparencia efectiva y un acceso a la información auténtico. Tenemos que ser los Legisladores los que honremos el instrumento legal creado y así podamos establecer acuerdos institucionales entre los 500 miembros de esta Asamblea.

Es todo, señora Presidenta, agradezco nuevamente al Diputado Blake y entrego mi Punto de Acuerdo para que se le dé el trámite legislativo correspondiente.

(aplausos)

-LA C. PRESIDENTA. Diputado Barbosa, le puedo solicitar respetuosamente, para precisar el turno, me lea el texto del punto de acuerdo.

- EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados acuerde como resolutivo único, crear una comisión especial que tenga por finalidad establecer los criterios, los procedimientos institucionales, los órganos, haga una propuesta de reglamento para así esta Cámara pueda cumplir los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Propongo se turne a la Junta de Coordinación Política.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política la proposición presentada.

Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con las fiestas patrias mexicanas en el extranjero.

- EL C. DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados.

El cambio ya nadie lo para. La reversa también es cambio.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta honorable tribuna con la finalidad de proponer un punto de acuerdo con relación a la decisión del Gobierno Federal por conducto de la cancillería, de suspender las celebraciones que con motivo de las fiestas patrias se han realizado tradicionalmente en todas nuestras representaciones diplomáticas en el exterior.

Un país sin historia, sin patriotismo y sin tradiciones es un país sin identidad.

Una nación que se deja transculturizar permanentemente tiene un pueblo a la deriva del destino marcado por el poder mediático de las naciones estructuradas bajo la mercadotecnia y la publicidad con formas de vida en la que los valores están muy lejanos a lo que ha sido cada país. México ha sido una de las naciones de la región y del mundo con más tradiciones y con una cultura propia de las más ricas del orbe.

Para desgracia de los mexicanos, recalco de los mexicanos, los gobiernos neoliberales han pensado que este país nació cuando ellos llegaron al poder. Creen que se puede borrar de un plumazo la historia que nos ha proporcionado los valores culturales que han sido ejemplo para muchos otros pueblos.

Continuando con las disposiciones dictadas de regímenes anteriores para permitir la importación desmedida y sin control alguno de formas de vida ajenas a nuestra población que han invadido ámbitos que van desde la diversión hasta los contenidos en los programas educativos, el Gobierno del presidente mister Fox ha tomado con mucho más ímpetu y energía el combate a nuestra cultura, a nuestro patriotismo y en pocas palabras a los valores que nos ha dado identidad.

Sabemos que al Gobierno actual lo que menos le interesa es conservar la mexicaneidad de su población; se maneja de acuerdo a los vaivenes de modas culturales o de veleidades de funcionarios que pareciera ser marcan la política de las dependencias a su cargo basados en lineamientos dictados en el exterior.

El pasado 31 de agosto, la cancillería instruyó a sus 134 representaciones diplomáticas en el mundo, que por falta de presupuesto no se celebren las fiestas patrias si eso significaba comprometer los recursos de la nación pero si lograban conseguir apoyo de la empresa privada, podían hacerlo.

La celebración de las fiestas patrias representa para todos los mexicanos un acontecimiento de gran relevancia sobre todo si estos se encuentran fuera de nuestro país, esta conmemoración es una fiesta del pueblo y para el pueblo que no debe por ninguna circunstancia suspenderse al capricho de personeros de gobiernos ajenos a los mexicanos.

Además, todas las naciones del mundo incluyendo aquellas cuyo ingreso nacional es más precario, mantienen la celebración de su Independencia en sus representaciones en el exterior. En tal sentido, no entendemos cómo el señor mister Jorge Castañeda se atreve, so pretexto de falta de presupuesto, a suspender dicha celebración cuando sabemos que en su dependencia se han incrementado el gasto corriente o de plano tienen subejercicio en aquellos rubros que también son prioritarios.

La inexistencia de una política exterior ha permitido que el titular de Relaciones Exteriores maneje arbitrariamente las relaciones de nuestro país con sus similares.

El caso de Cuba es elocuente, en donde a pesar de que nuestro embajador había conseguido recursos para sufragar la conmemoración, de plano se le indicó que no se realizara por ningún motivo. Esta acción es una más de las manifestaciones del canciller Castañeda en contra de la isla caribeña dejando paulatina y pertinazmente las relaciones diplomáticas de México con pueblos hermanos.

Por las consideraciones anteriores nos permitimos plantear, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.- Artículo Unico: Que esta honorable Cámara de Diputados se pronuncie a favor de que la Secretaría de Relaciones Exteriores restablezca la celebración que de las fiestas patrias se venía realizando en todas las representaciones de nuestro país en el exterior, para lo cual deberá proveerlas de los recursos que anteriormente les proporcionaba en el entendido de que podrán utilizar los recursos que por cuenta propia puedan allegarse.

Atentamente, grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Es cuanto.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra la diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al desastre agrícola de Oaxaca.

LA DIP. MARIA LILIA ARCELIA MENDOZA CRUZ: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Aunque durante la pasada década los suministros de alimentos a nivel mundial se han incrementado más rápidamente que el crecimiento global de la población, la inseguridad alimentaria sigue siendo de grandes proporciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que unos 824 millones de personas la padecen; 93 por ciento de los cuales vive en países en desarrollo, no tienen suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades básicas.

El problema no radica en el aumento de la oferta de alimentos sino en su distribución geográfica y en la falta de acceso a ellos; representa por ello un desafío especial para las áreas rurales, el que las fuentes del crecimiento agrícola deben experimentar un cambio fundamental.

El pasado modelo consistente en expandir el territorio agrícola está llegando ya a sus límites, cerca del 80 por ciento del crecimiento de la producción agrícola deberá venir ahora de una intensificación, y considerando:

Primero. Que la degradación de la tierra agrícola y la disminución de la fertilidad del suelo continua siendo una amenaza, especialmente en los países en desarrollo.

Segundo. Que en el estado de Oaxaca la degradación de los suelos, las técnicas de monocultivo y otros fenómenos naturales y culturales, pero sobre todo la circunstancia específica de sequía por la que hoy hemos atravesado, han orillado al sector agrícola oaxaqueño a una situación de emergencia: la pérdida de cosechas ha contribuido también a generar un clima de riesgo para la seguridad alimentaria en el estado.

Tercero. Que con base en las cifras preliminares obtenidas, entre las dependencias de gobierno estatal y federal hasta el viernes 30 de agosto del año en curso, se contaba con un total certificado de 42 mil 502 hectáreas de siniestro total, cifra que al día de hoy ha aumentado: los cultivos más afectados son maíz, con 70 mil hectáreas, frijol con mil 915 hectáreas, sorgo con 2 mil 853 hectáreas y ajonjolí con 600 hectáreas en valles centrales y en el Istmo.

Cuarto. Que actualmente las instituciones del gobierno estatal y federal que dan atención al sector han establecido un operativo de verificación en campo, para poder determinar con mayor precisión los daños causados.

A pesar de las lluvias tardías, los siniestros se han convertido en pérdidas totales en un total, al 6 de septiembre, de 94 mil 776 hectáreas, donde aún se espera se agudicen las pérdidas en las regiones de valles centrales, con más de 70 mil hectáreas de maíz y con más de mil 900 hectáreas de frijol. Es por ello que con fundamento en los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos al pleno de esta asamblea que este asunto sea turnado a la Comisión de Agricultura de esta Honorable Cámara de Diputados y se emita el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Se solicita se declare al estado de Oaxaca como zona de desastre agrícola y se instruya a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Pesca, para que en base en la sección 2ª artículo 46, en su fracción 3ª del capítulo 5º de la instrumentación y mecánica de operación del Fondo de Desastres Naturales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo del presente año, soliciten ante la Secretaría de Gobernación se destinen recursos para aliviar en parte este grave problema que está aconteciendo en el estado de Oaxaca.

El estimado al 6 de septiembre del 2002 se registran los siguientes números:

Maíz en valles centrales, 70 mil hectáreas, Istmo, 9 mil hectáreas, costa, 500 hectáreas, Tuxtepec, 600 hectáreas y Mixteca, 9 mil hectáreas.

Frijol, en valles centrales, mil 915 hectáreas, Istmo, 108, Mixteca, 200 y en el área de sorgo, en el Istmo, 2 mil 853 hectáreas y ajonjolí con una pérdida de 600 hectáreas.

Atentamente, diputado Abel Trejo González, diputado José Soto, diputado Cándido Coheto, diputada Edith Escobar, diputado Jame Larrazábal, diputada Irma Piñeyro, diputado Angel Meixueiro, diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, diputado Rufino Rodríguez, diputado Pablo Arnaud, diputado Migel Angel Moreno Tello y diputado Miguel Santibáñez y una servidora, diputada Lilia Mendoza.

Muchas gracias.

-LA PRESIDENTA: Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Agricultura de esa Cámara.

Tiene la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la paz en Medio Oriente, la diputada María de los Angeles Sánchez Lira del grupo parlamentario del PRD. Es la última proposición a que le daremos entrada el día de hoy.

-LA DIP. MA. DE LOS ANGELES SÁNCHEZ LIRA: Proposición con punto de acuerdo para impulsar la paz en el Medio Oriente, presentado por una servidora, diputada Ma. de los Angeles Sánchez Lira, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Cámara.

Con el permiso, señora Presidenta:

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Habida cuenta del grave riesgo para la paz y la seguridad internacional que significan los conflictos armados que actualmente convulsionan gran parte de nuestro mundo, me permito presentar a la consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en virtud de los siguientes considerandos:

Considerando que el pueblo de Iraq y su gobierno siguen siendo hostilizados y amenazados con un nuevo ataque a su territorio, población y recursos, sin que para ello existan argumentos jurídicos sólidos apegados a la práctica del derecho internacional, los legisladores mexicanos debemos ratificar, por la vía de los hechos, la aplicación del derecho, el cual debe privar en la relación entre naciones para su libre y pacífico desarrollo, teniendo como fundamento los principios que han orgullecido durante décadas nuestra política exterior, misma que postula la no intervención, autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, por lo que promueve el respeto a la soberanía de cada nación.

Es menester que los legisladores mexicanos nos manifestemos por la aplicación del derecho y por el respeto que toda nación debe tener en su soberanía y su forma de gobierno.

México es un país que tiene como principios de política exterior los consagrados en la fracción décima del artículo 89 de nuestra Carta Magna y son las siguientes: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Esos principios que nos rigen en materia internacional, nos comprometen como nación a no aprobar actos violatorios que lesionen el ámbito interno de competencia de los demás estados y por ende, rechazamos el que una nación sea amenazada con un ataque a su territorio, población y recursos, sin que exista, previo a ello, un fundamento y una motivación sustentada en el derecho internacional, que cimiente de manera legal dicha intervención militar.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración y aprobación del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.- Rechazamos cualquier agresión, intervención política o militar en contra el pueblo de Iraq, por lo que exigimos que la Organización de las Naciones Unidas envíe una comisión de observadores para certificar si ese país en realidad produce o no armas químicas o bactereológicas, las cuales son consideradas como una amenaza para la humanidad y principal justificación para llevar a cabo una escala militar que sería de consecuencias incalculables para la población civil, en caso de que la sociedad internacional guarde silencio, aun y cuando no se haya certificado que verdaderamente existen tales armas.

2º.- Asimismo solicitamos a ese organismo público internacional, revise y certifique las condiciones que prevalecen actualmente en detrimento del pueblo y gobierno de Irak, derivadas del embargo económico impuesto unilateralmente, ocasionando efectos devastadores, y de manera particular a niños, niñas, mujeres y adultos mayores.

3º.- Expresamos por este conducto nuestra más amplia solidaridad y apoyo al pueblo de Irak, para que en base a su inalienable derecho como nación soberana, pueda elegir de manera pacífica y sin injerencias externas, la forma de su gobierno y se autodetermine libremente por los mecanismos establecidos en la norma máxima de esa nación.

Este Punto de Acuerdo está avalado por diputadas, diputados de todos los partidos políticos de esta Cámara, diputados locales de todos los partidos, y por senadores y senadoras de la república del PIR y del PRD. Muchas gracias señora presidenta.

-LA C. PRESIENTA: Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Esta presidencia ha recibido el siguiente comunicado:

"Con fundamento en el Artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la incorporación del diputado Jaime Martínez Veloz a la Comisión de Concordia y Pacificación, en sustitución del diputado federal con licencia Auldárico Hernández Gerónimo.- Lo anterior para los efectos correspondientes. Reciba un cordial saludo.- Suscribe el diputado Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta de Coordinación Política."

De enterado.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la Orden del Día de mañana.

-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(Lectura Orden del Día)

-LA C. PRESIDENTA (a las 16:03 hrs.): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, miércoles once de septiembre, a las diez horas, sesión en la que comparecerá el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Se les ruega su puntual asistencia.