EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL.- Ruego a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 292 diputados; por lo tanto, hay quórum.

EL C. PRESIDENTE, (A las 11:08 horas).- Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LVIII Legislatura.

(Da lectura al orden del día. Se inserta)

 EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a poner a discusión y votación inmediata, el acta de la sesión anterior.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

EL C. PRESIDENTE.- Aprobada el acta.

Adelante...

Comunicaciones.

-DIP. SRIO. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes de comisiones)

-PRESIDENTE: De enterado

-MISMO SECRETARIO:

(Oficio del H. Ayuntamiento Solidaridad, Quintana Roo, que comunica se decreta como Día Cívico Municipal el 28 de julio)

 -PRESIDENTE: De enterado.

Se pide a la secretaría dar cuenta con las invitaciones.

-MISMO SECRETARIO:

(Invitación de la Sría. de Cultura del Gobierno del Distrito Federal con motivo del 181 aniversario de la Consumación de la Independencia Nacional)

-PRESIDENTE: Para asistir en representación de esta Cámara se designa al diputado Mauricio Candiani Galaz. Esperando la propuesta de las otras fracciones parlamentarias.

-MISMO SECRETARIO:

(Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica con motivo del 237 aniversario del Natalico del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

-PRESIDENTE: Para asistir en representación de esta Cámara se desig

na a los siguientes ciudadanos diputados:

DIP. EDDI VARON LEVY

DIP. MAURO HUERTA DIAZ

Esperando también nuevas propuestas.

Estamos en la parte de iniciativas de los ciudadanos diputados. En ese sentido tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social en materia de prestaciones sociales y subcontratación de servicios internos.

Antes de iniciar la intervención del ciudadano diputado quisiera plantearle a la Asamblea pero particularmente a los ciudadanos diputados que van a presentar iniciativas que, con miras a agilizar la sesión, utilizáramos como un máximo 10 minutos a fin de, repito, demos mayor agilidad a los trabajos de esta sesión.

Dado que no se encuentra en el salón el diputado Urdapilleta, vamos a cederle entonces el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pero creo que tampoco se encuentra en este momento.

El diputado Rigoberto Romero Aceves. La diputada Rosalía Romero Aguilar nos ha pedido, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, posponer su iniciativa a la siguiente sesión.

Tampoco veo al diputado Candiani en la sala. Tampoco está la diputada Petra Santos. El diputado Juvenal Vidrio Rodríguez. El diputado Moisés Alcalde Virgen. El diputado Salvador López Brito ¿sí se encuentra?.

Tiene la palabra el diputado Rigoberto Romero Aceves, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pesca.

EL C. DIPUTADO RIGOBERTO ROMERO ACEVES: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días.

Conscientes de la importancia que tiene la pesca en nuestro país, derivado tanto por nuestros litorales, la diversidad de las especies, los volúmenes de captura, el valor de nuestras producciones, el valor de nuestras exportaciones, la aportación al producto interno bruto, pero sobre todo por la trascendencia que tiene en los lugares que dependen casi prácticamente de la pesca y porque constituye la historia, la cultura y la vida misma de muchos de los compatriotas de este país que con la pesca dan sustento a sus hijos y a su familia, núcleo de toda sociedad.

Conscientes también de los rezagos y necesidades del sector, tanto del pescador humilde que no ha podido dejar atrás la situación de supervivencia en la que se encuentra hace años, como del empresario pesquero que no ha encontrado suficiente respaldo criditicio ni reglas claras para planear a largo plazo.

Consciente de esto y de mucho más, diputados de todos los partidos integrantes de la Comisión de Pesca nos dimos a la tarea de llevar a cabo 24 foros regionales y una serie de reuniones más en las que los pescadores pudieron decirlos qué es lo que sienten que necesita este país para que ellos puedan avanzar en su actividad.

Podemos concluir que la pesca requiere una política de Estado, una política en la que la Federación esté dispuesta a invertir más recursos tanto en el diseño de programas para los pescadores, que invierta decididamente en la acuacultura, en la vigilancia, en la investigación de nuevas alternativas de producción, en los dragados y en tantas cosas más; se requiere también la atención personalizada que sea de calidad, calidad que va desde la observancia de la honestidad y la cordialidad de los funcionarios públicos, hasta volver a dotar a la CONAPESCA de sus oficinas, de vehículos, de computadoras porque hasta las sillas y los escritorios han quedado diluidos entre otras secretarías.

"Esa política de Estado demanda también que la participación permita a los gobiernos estatales y municipales estar en la toma de decisiones. Demanda del Congreso de la Unión una decisión, una participación decidida.

"Por lo que a nosotros los diputados atañe, es necesario que aparte de que demos seguimiento a las actividades del Ejecutivo Federal y de que asignemos el presupuesto adecuado, brindemos las reglas jurídicas indispensables para este sector, reglas que den transparencia en la distribución de los títulos de captura, en la coparticipación ciudadana. Una ley que dé paso a la toma de decisiones a los gobiernos de los estados y municipios, una ley que obligue al ordenamiento pesquero, exigiendo la credencialización de los pescadores y la matriculación de las embarcaciones, una ley que obligue a la SAGARPA a la publicación de padrones de permisionarios y de embarcaciones, una ley que evite derivar al reglamento la definición de reglas claras de acceso a los recursos. Una ley que dé transparencia y certidumbre a la actividad.

"Por ello proponemos la reforma al artículo 4 y la inclusión del artículo 4-a, 4-b, 4-c , 4-d y 4-e para establecer los términos a través de los cuales la autoridad debe otorgar los permisos, qué requisitos e deben de cumplir y los derechos y obligaciones.

"Es de destacarse en este rubro una propuesta novedosa en el otorgamiento de los permisos y concesiones para la captura de la pesca comercial, que se lleven a cabo a través de comités de pesquerías, comités en los que formen parte los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y los pescadores. Comités que no solamente definan sobre el otorgamiento de permisos, sino sobre las temporadas de veda, las cuotas de captura y las artes de pesca a utilizar.

"Ello demanda entonces comités en los que tengan voz y voto los científicos del Instituto Nacional de la Pesca y de los centros de investigación; que tengan voz y voto los pescadores en las tomas de decisiones en igualdad de condiciones que la autoridad.

"El acceso a los recursos que estén plenamente representados todos los permisionarios y las cooperativas pesqueras.

"Esto nos obliga finalmente a dar certidumbre a los lancheros de la pesca deportiva, exigiendo que no sólo se otorguen permisos al pescador que aborde una embarcación, sino a la misma embarcación que va a prestar el servicio de pesca deportiva para evitar las prácticas desleales que ofrecen muchos extranjeros a los lancheros mexicanos, quitándoles la actividad de trabajo.

"Por otra parte y por razones naturales de la actividad pesquera, ésta se encuentra sometida a muchos conflictos de la naturaleza: a las temperaturas, a las corrientes, al fenómeno de "El Niño", y es necesario que para que tengamos mayor certidumbre eliminemos los conflictos de índole humano. Y uno de los más importantes es la certidumbre en la continuidad de la actividad.

"Requerimos ampliar entonces los plazos de vigencia de los permisos de captura que además nos van a permitir ahorrar recursos humanos y materiales.

"En la actualidad la dependencia encargada de la pesca poco puede invertir su tiempo en la investigación, en la vigilancia, en el ordenamiento pesquero, en la búsqueda de nuevas técnicas y más bien invierte gran parte de su tiempo y su dinero en otorgar permisos de pesca.

"Por ello proponemos en esta reforma de ley la ampliación de la vigencia de los permisos de captura.

"Por lo anterior vengo ante esta asamblea a solicitar su participación en este pacto con la sociedad, que nosotros, diputados, pongamos ante esta necesidad pesquera del país nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Pongo aquí en ustedes esta propuesta en busca de su enriquecimiento, en busca de su corrección, en busca de su ampliación".

Agradeciendo la atención que me han prestado y en obvio del tiempo dejo a la Secretaría la iniciativa de ley por la cual se proponen reformas y adiciones a la Ley Federal de Pesca.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- EL C. PRESIDENTE ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL (PRD): Gracias, Diputado.

Túrnese a la Comisión de Pesca.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social en materia de prestaciones sociales y subcontratación de servicios internos.

- EL C. DIPUTADO JORGE URDAPILLETA NUÑEZ (PAN): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Diputados:

"Con fundamento en las disposiciones contenidas en la fracción II del artículo 71 y XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Jorge Urdapilleta, del grupo parlamentario de Acción Nacional, integrante de esta LVIII Legislatura, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social atendiendo los argumentos vertidos en la siguiente

" E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s

"Los sistemas de seguridad social en todo el mundo han sido concebidos desde sus orígenes como instrumentos de protección resarcidores de infortunios para los trabajadores y sus familias, para ello su método de financiamiento se ha vinculado de manera esencial a la nómina. México no es la excepción, prueba de ello es que constitucionalmente el mandato de crear el Seguro Social se encuentra inmerso en el artículo 123 que define los lineamientos de protección del trabajador.

"Aún cuando el Instituto tiene por mandato de ley ofrecer diversas prestaciones sociales a sus derechohabientes, sus prioridades están definidas en asegurar la atención a la salud de los trabajadores pensionados y sus familias, proteger el ingreso de los trabajadores cuando por diversas circunstancias se está imposibilitado para el trabajo remunerado y garantizar la protección laboral de la mujer trabajadora y de sus niños.

"Es cierto que la incorporación de las prestaciones sociales constituyó un hito histórico en Latinoamérica y en otras latitudes. Sin duda alguna estas medidas fueron loables en el sentido que buscaron ampliar el concepto de seguridad social hacia aspectos que en estricto sentido no eran obligación de una institución que nace para la protección contra riesgos específicos emanados de la vida del asalariado.

"No obstante, a raíz de los problemas financieros por los que atraviesa la institución, que junto a otros factores han puesto en riesgo la viabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que hace imperativo la necesidad de replantearse el objetivo y obligaciones del Seguro Social como institución.

"Sin embargo, la situación financiera del Instituto debe de ser analizada de la perspectiva del costo de los servicios médicos, además desde la óptica de los gastos de administración de los seguros que dependen de manera fundamental de sus costos laborales, manifestados principalmente en lo significativo de su pasivo laboral.

"No obstante el Instituto no tiene capacidad de afrontar otros pasivos, es decir, para ponerse al corriente en el déficit que tiene de creación de reservas necesarias más del doble de sus ingresos en 2001. Aunado a lo anterior, el gasto en el régimen de jubilaciones y pensiones crece a un ritmo mayor que los ingresos del Instituto, por lo que el déficit seguirá profundizándose.

"Más preocupante es el de los recursos para hacer frente a las obligaciones de pagar la nómina tanto de los trabajadores en activo como de los pensionados, lo que en diez años provocará que el Instituto se quede sin dinero para el pago de medicamentos, conservación, equipamiento y ampliación de la capacidad de atención, imposibilitando la prestación de servicios.

Lo anterior da cuenta que la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social ese en extremo delicada y frágil y que las perspectivas en corto y mediano plazo son desfavorables.

Los principales pasivos del Seguro Social son de dos tipos: los de orden laboral, en el carácter del Instituto como patrón, y los de los ramos de aseguramiento en el carácter del Instituto como entidad aseguradora, ambos derivados de una administración basada en supuestos que no concuerdan con una realidad caracterizada por un entorno económico y poblacional que se manifiesta en una insuficiencia de recursos que cubran las obligaciones derivadas de decisiones del pasado.

Cinco décadas de crecimiento sin una planeación, junto con un aumento desproporcionado en la nómina, han propiciado la descapitalización del Instituto. Esto ha provocado que a pesar de un mayor número de derechohabientes se haya caído la inversión en nuevas instalaciones médicas, su equipamiento y operación, lo que se ha traducido en una saturación que, como bien es sabido, ha repercutido en la calidad de los servicios que reciben los usuarios.

Los elementos anteriormente descritos se encuentran en un evidente riesgo de no ser cumplidos, debido a la crítica situación financiera que ha venido afectando al Instituto, a la que se hizo referencia anteriormente.

La preocupación no es nueva, en las dos últimas reformas importantes se ha buscado contribuir a la solución de dicha problemática. Si bien éstas han constituido pasos trascendentales, persiste aún un largo camino por recorrer para mejorar su perfil en el corto, mediano y largo plazo.

No es que las reformas hayan resultado malas sino que son insuficientes para remediar una problemática de las dimensiones que aqueja al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este panorama no nos deja más que seguir buscando alternativas que reposicionen a la institución en un ente financieramente sólido, con capacidad de atender las obligaciones que le ordena le ley, de cumplir con los compromisos adquiridos y con la suficiencia para abastecer a cada vez más mexicanos y mejorar la calidad de los servicios que presta.

Ante este escenario, el suscrito, después de un examen meticuloso del contexto financiero que envuelve al Instituto y de una reflexión sobre los fines para los que fue creado, sin dejar del lado nuestro compromiso con la defensa y preservación de una de las instituciones símbolo de las conquistas sociales de este país, planteo las siguientes propuestas de reformas tendientes a mejorar la capacidad de la institución para atender los servicios que consideramos le den sentido a su existencia.

Se plantea eximir al Instituto de la obligación de operar los servicios de las prestaciones sociales institucionales, considerando que no han tenido impacto deseado en el mejoramiento de los niveles de vida de los derechohabientes. De igual manera no se aprecia una relación costo-beneficio que justifique su operación por parte del Instituto como instrumento que redunde en hábitos de vida saludable que disminuyan los costos de atención.

Finalmente, por la atención y recursos que absorben están limitando el mejoramiento de áreas que enfrentan las contingencias de salud de los derechohabientes.

Por otro lado, considerando la escalada de costos que enfrenta internamente el Instituto y la incapacidad para invertir en equipos que regenere el obsoleto o que signifique un avance en la eficiencia y eficacia en el diagnóstico y tratamiento, se propone que la institución pueda hacer uso de contratos de servicios integrales de equipo médico con organizaciones públicas, sociales o privadas. Además se le faculta para evalúe la pertinencia de contratar con terceros la prestación de algunos de los servicios que requiere internamente para cumplir las obligaciones con sus derechohabientes, entre otros el de lavandería, limpieza y alimentos.

La intención es optimizar el gasto, traspasando recursos de dichas áreas y liberarlos para la atención médica y adquisición de insumos para la salud. El beneficio de este tipo de medidas traerá se reflejará en una mejor atención a los usuarios  de los Servicios Médicos del Instituto, al contar con una infraestructura en condiciones óptimas, mejor trato, suficiencia de recursos hospitalarios, abasto oportuno de medicamentos y ampliación de coberturas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía la presente Iniciativa como Proyecto de Reforma que deroga y adiciona diversas Disposiciones a la Ley del Seguro Social.

Señor Presidente, en obvio de tiempo, solicito el que se transcriba en el Diario de los Debates la Iniciativa íntegra, misma que presento a la Secretaría.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado.

Inscríbase completita en el Diario de los Debates y en La Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Seguridad Social, de Trabajo y de Previsión Social.

La Fracción Parlamentaria del PRD nos ha solicitado se posponga para la siguiente sesión la Iniciativa del Diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco en materia de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Rufino Rodríguez Cabrera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa que Reforma la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano.

 -EL C. DIPUTADO RUFINO RODRIGUEZ CABRERA.- Gracias señor Presidente y con su permiso quiero presentar una Iniciativa para reformar la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos.

La función histórica de los Tribunales Militares como instancias de justicia especializada para el ámbito marcial de nuestro país ha permitido la consolidación de las instituciones armadas mexicanas.

El principio jurídico de la Supremacía Constitucional que es uno de los postulados esenciales de nuestro sistema de Gobierno, ha sostenido que no puede concebirse que dentro de las normas legales vigentes prevalezcan disposiciones con un espíritu diferente al que anima los precepto contenidos en el Pacto Federal.

Las Reformas Constitucionales llevadas a cabo en las últimas dos décadas, han hecho necesario efectuar un cuidadoso proceso de adecuaciones a la normatividad secundaria, adecuaciones que permitan garantizar que el sentido y los alcances de las diferentes Reformas Constitucionales se reflejen en las Legislaciones Estaduales y en los Preceptos Reglamentarios.

En este contexto, la dinámica de las Reformas Legislativas no han tenido el mismo ritmo ni la misma velocidad en todas las materias; tal es el caso de alguna de las leyes secundarias del Ramo Militar, las que no han sido objeto de modificaciones sustanciales desde su promulgación y respecto de las que inclusive no e han efectuado las reformas pertinentes para ajustar los cambios constitucionales a su articulado.

La Ley, objeto de la presente Iniciativa, tiene su origen en este fenómeno del que es necesario hacer una breve referencia que nos permita confirmar la necesidad de proceder a una revisión exhaustiva de la Legislación Militar vigente.

Sobre el particular pueden enlistarse diferentes ejemplos, pero serán suficientemente ilustrativo comentar el contenido de varios artículos de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en vigor, para lograr convencernos de la urgencia de abocarnos a la actualización de algunas disposiciones de la normatividad militar.

Recordemos aquí el texto original de la Constitución General de la República votado en 1917, en ese texto se estableció en el Artículo 21º la duración de los arrestos y naturaleza administrativa hasta por un máximo de 15 días y como resultado de dicha disposición, las Legislaciones Estaduales y Federal establecieron desde entonces la posibilidad de implementar los señalados arrestos hasta por una duración del término mencionado, es decir quince días.

Tal medida prevaleció por más de 60 años, pero el asunto es que el 2 de Febrero de 1983, en la primera reforma efectuada a dicho artículo constitucional, se redujo la duración de los arrestos administrativos por un máximo de 36 horas. Esa es actualmente la disposición en vigor.

Ahora bien, en los artículos 25 y 37 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea dice lo siguiente, en la fracción primera del artículo 25: "El General de División en las tropas a su mando, podrá arrestar en sus alojamientos a los generales de brigada y brigadieres hasta por 24 horas y a los jefes hasta por 48 horas; a los oficiales podrá arrestarlos en sus cuarteles hasta por 8 días y a los individuos tropas hasta por 15 días en las guardas de prevención."

El artículo 37 dice lo siguiente: Inciso a) Para las clases y soldados que el cambio de cuerpo o el arresto hasta por 15 días en las prisiones militares –15 días en las presiones militares-. Inciso b) Para los oficiales el cambio de cuerpo o de comisión y el arresto hasta por 15 días en las prisiones militares.

De esto que acabo de leer se desprende que en la jurisdicción militar es posible actualmente, según esta ley, la imposición de sanciones bajo modalidades y términos que obviamente contravienen las disposiciones del artículo 21 constitucional, numeral que establece la duración máxima de 36 horas para los arrestos administrativos, que como sabemos, son todos aquellos que no se derivan del mandato de una autoridad judicial.

Los artículos cuyo contenido se propone modificar a través de esta iniciativa, contravienen el texto constitucional mencionado, oponiéndose también al contenido del artículo 133 del Pacto Federal que establece el orden jerárquico de las leyes en nuestro sistema de gobierno y por otra parte vulnera innumerables jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiterados criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito sobre el particular.

En la exposición de motivos yo argumento y fundamento sobradamente, las razones por las cuales deben hacerse esas modificaciones.

En obvio de tiempo, me voy a permitir leer únicamente las propuestas de reformas y suplico a la Presidencia que gire instrucciones para que el texto íntegro de la iniciativa que estoy proponiendo sea publicado en la Gaceta y sea incluido en el Diario de los Debates. Voy a leer entonces la propuesta de reforma que estoy haciendo.

El artículo único de esta iniciativa dice lo siguiente:

Artículo Unico: Se reforman las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 25 y los incisos a) y b) del artículo 37 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 25.- Los arrestos que por vía de correctivo se impongan a los militares por faltas u omisiones que no ameriten proceso o consignación al Consejo de Honor, serán aplicados en la forma siguiente:

l.- El General de División en las tropas a su mando podrá arrestar a los generales de brigada y brigadieres y a los jefes en sus alojamientos, a los oficiales podrá arrestarlos en sus cuarteles y a los individuos de tropa en las guardias de prevención. En todos los casos los arrestos no podrán exceder de 36 horas.

2.- Los generales de brigada, brigadieres y coroneles tendrán facultad de imponer arrestos a sus subalternos en las condiciones que los generales de división.

3.- Los jefes de menor categoría a la de coronel y oficiales, tendrán facultad de imponer arrestos al personal de las tropas de su mando, pero será el jefe de la corporación quien fije el tiempo que deba durar el correctivo, mismo que no excederá en ningún caso el término establecido en el artículo 21 constitucional.

Artículo 37.- Los artículos correccionales a que se refiere la fracción 2 del artículo anterior son:

a) Para las clases y soldados el cambio de cuerpo o el arresto en períodos que no excederán de los plazos establecidos por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Para los oficiales el cambio de cuerpo o de comisión y el arresto, en las condiciones señaladas en el inciso anterior.

Agradezco mucho su atención. Quiero por último decir que al estar comentando esta iniciativa, algunas opiniones se oían en el sentido de que en lo que respecta al fuero militar, tenía facultades para evadirse de la norma constitucionall, yo sostengo algo diferente.

Yo creo que todo eso nos debe motivar para que en el ámbito de la Reforma del Estado, en este contexto en el que se supone esta Legislatura debería asumir, debemos entonces sí plantearnos una discusión de fondo de lo que hemos llamado el fuero militar, que si bien viene desde los tiempos de La Colonia y ha venido cambiando en toda nuestra historia, creo que es momento para que la sociedad mexicana en su conjunto y esta Legislatura discuta de fondo qué significa el fuero militar que lo hace tan diferente, y en algunas ocasiones como en este caso, como en este caso de la iniciativa que estoy presentando, parece ser que se tratara de ciudadanos que no son mexicanos porque las penas que les imponen en su ley y disciplina, se escapan del ámbito constitucional.

Muchas gracias por su atención, hago entrega de la iniciativa a la Secretaría.

EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.

Tiene el uso de la palabra el diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera.

EL DIP. MAURICIO E. CANDIANI GALAZ: Señor Presidente de la Mesa Directiva; señoras y señores diputados; señoras y señores invitados.

En la historia reciente de la humanidad, hay más de una industria que ha nacido, crecido y eventualmente desaparecido.

Otras, sin embargo, nacen, crecen sí, pero se desarrollan y transforman para convertirse en industrias que permanecen presentes en la vida económica de un país y más aún, hacen posible que funcione el primer eslabón de una gran cadena productiva. México no es ajeno a esa realidad.

Desde el surgimiento de su historia la minería ha estado ahí presente y productiva.

Hoy, sin embargo, la minería mexicana es un sector que desde hace años ha entrado de lleno en la competitividad mundial. No hay otra alternativa, ante la imposibilidad de controlar el precio en un mundo de los llamados "comoditis", el sector minero ha competido por costo en una forma intensa en los mercados internacionales, transformando sus procesos de extracción, beneficio y refinación para llevarlos a niveles de rendimiento y operación de clase mundial cumpliendo con parámetros sociales y ambientales de complejidad creciente.

Chicos, medianos y grandes, en sus respectivas escalas hoy buscan, extraen y transforman los muy diversos minerales que yacen en el subsuelo del territorio nacional con una profunda vocación por la tierra.

Es más, como en algún momento lo señalé en este Congreso, visitar una instalación minera es constatar la pasión, la entrega, el espíritu de aventura, el manejo del riesgo y la constancia en el trabajo organizado para lograr la precisión que se requiere para extraer minerales a costos competitivos.

Presento, por tanto, ante este Pleno, una iniciativa que pone a su consideración un conjunto de cambios a la Ley vigente Minera, bajo la premisa siguiente:

La actual ley, que inició su vigencia en 1992, es una buena ley; pero que a la luz de diez años de aplicación y de cambios relevantes en la industria, bien vale la pena revisarla y eventualmente adecuarla.

Sin pretensión de entrar en detalles técnicos, en virtud de que la iniciativa la entregaré a la Secretaría para su publicación en la Gaceta Parlamentaria e inserción en el Diario de los Debates, sintetizo a ustedes las principales disposiciones que se pretenden cambiar.

En primer lugar proponemos unificar la doble figura de concesión minera con el objetivo de evitar el trámite de elevación de la concesión de exploración a una de explotación que, en el análisis de varios especialistas ya no aporta el suficiente valor regulatorio como en el pasado.

Reconocemos que ambos procesos no sólo se ligan entre sí, sino que en muchas ocasiones se llevan de manera simultánea.

Por ello, sin modificar los derechos de la que será la concesión minera única, pero reconociendo que con posterioridad habrá que hacer las adecuaciones a la Ley de Derechos para evitar confusiones al respecto, estamos convencidos de que este cambio dará mayor agilidad a la administración pública responsable, simplificará la administración de concesiones para las empresas mineras y reducirá costos importantes, especialmente para los pequeños y medianos mineros al evitar un trámite que cuesta y al que además hay que adicionar los trabajos periciales correspondientes.

Adicionalmente se elimina el requisito para el minero de que la liga del punto de partida deba ser perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados norte, sur, oeste, o este del perímetro del lote, con lo cual se le da mayor libertad al concesionario para que determine a su juicio la liga del punto de partida que le resulte más conveniente.

Más de un minero les podrá contar una buena cantidad de anécdotas relacionados con los denominados "huecos". Siendo estos terrenos de hasta diez hectáreas rodeados por concesionarios que se declaran territorio libre por diversas razones, estamos proponiendo un mecanismo que otorgue derecho preferente para su solicitud, a aquellos concesionarios colindantes ordenados por límite perimetral mayor. Esto, convencidos de que son los mineros de los lotes vecinos los que en primera instancia tienen la vocación natural para integrarlos a un proceso productivo, pero si no fuese así, agotado el procedimiento ordenado se declararán libres para cualquier otro posible interesado.

Señor legisladores, esta reforma propone también una revisión a la nomenclatura de los minerales que son materia de concesión y cuando se juzga conveniente, se reclasifican algunos minerales dentro de las fracciones respectivas del artículo 4º. de la ley; considera además, un conjunto de adecuaciones a la ley que se hacen absolutamente necesarias, a partir de modificaciones de otros ordenamientos legales que la impactan y equipara el procedimiento para la obtención de concesiones en terrenos libres en todo el territorio nacional.

De todo lo que antecede se desprende, sí, un propósito claro: el hacer más sencilla la regulación en la materia, permitiendo que aquel que cumple con la norma pueda tener un desempeño más sencillo y menos costoso, pero también se incluye en el cambio que se somete a su consideración un incremento en el grado de sanciones para aquellos que en forma reincidente, incumplan la norma.

Agrego que para las operaciones mineras de carbón, se eleva a rango de ley la obligación de tener un ingeniero responsable en la seguridad a partir de 9 trabajadores, medida mucho más rígida que en el resto de las operaciones que requiere uno a partir de 49.

A pesar de todo lo anterior, uno de los aspectos más relevantes de esta reforma obedece al fortalecimiento de funciones del Consejo de Recursos Minerales; con la idea de potenciar tareas y obligaciones que aprovechen su capacidad técnica y humana, se le proyecta como un organismo que debe ser más expedito y utilizable para los actores interesados en la generación, toda de información geológica básica para la minería.

Destaco por último dos puntos:

Primero. La reforma establecerá la obligación de que todo aquel minero que se desista de concesión, reduzca, termine su vigencia o la pierda por infracción o resolución judicial, deba entregar un informe geológico minero a la Secretaría de Economía; esta información, por mandato de ley, será inmediatamente entregada al Consejo de Recursos Minerales para que éste a su vez la haga pública, de tal forma que cualquier interesado pueda hacer uso de ella y vayamos todos conociendo a una velocidad incremental los recursos del subsuelo de este país.

Finalmente, la iniciativa aclara una serie de confusiones en relación a procesos cuando se pretende establecer a quién le corresponde reclamar cuando alguien extrae minerales en una forma indebida.

Compañeros legisladores, esta reforma de talla discreta, pero de relevancia subrayable, pretende hacer la tarea de todos los actores más sencilla, pero también más clara: le reduce la carga al concesionario pero también a la autoridad responsable de velar por el cumplimiento de la ley; fortalece las instituciones públicas relacionadas, pero también fortalece la competitividad de las empresas que compiten en el mercado de los minerales.

Pretende dar un impulso direccional a un sector que como muchos, requiere de una Administración Pública que regule pero que facilite; que sea rígido en la aplicación de la norma pero ágil en la resolución de tareas. En suma, hacen que gobierno y particulares dentro de una complejidad del sector que engloba varias materias, reciban un impulso que les dé más y mejores herramientas para su competitividad.

La minería es un sector discreto pero el primer eslabón de la cadena productiva nacional. Nos sentimos orgullosos cuando afirmamos que este país tiene yacimientos llenos señores, de minerales, de oro, de plata, de cobre, es más, de muchos minerales metálicos y no metálicos.

Pero no basta señalar el orgullo, hay que poner el acento en la colaboración que hace factible que dentro de nuestro territorio sigan emergiendo los materiales que hacen posible nuestra vida y que lo hagan en forma competitiva, responsable y respetando el medio ambiente.

La vida de este siglo en la era de la tecnología, termino, difícilmente es concebible sin los insumos que la minería provee, que busca, que extrae, que procesa y que luego transforma.

Los invito a que analicemos esta propuesta, que la enriquezcamos y que nos quedemos con una última idea que bien decía el pensador: "La riqueza de un país, no se circunscribe a la suma de sus recursos disponibles, consiste en el talento de quienes lo habitan para hacer de sus recursos fuente de esfuerzo, de su esfuerzo y trabajo generación de valor, y de ese valor orgullo compartido por el bien que se genera para la nación".

Es cuanto señor presidente.

-PRESIDENTE: Insértese el téxto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

-DIP. CESAR H. DUARTE JAQUEZ (desde la curul) Pido la palabra para hechos.

-PRESIDENTE: Estamos en el capítulo de presentación de iniciativas diputado, no hay el apartado para hechos. Si quiere hacer usted algún comentario desde su lugar...

-DIP. CESAR H. DUARTE JAZQUEZ (desde la curul): Sí presidente.

Solamente manifestar que si bien mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional desde el inicio de esta Legislatura propusimos la creación y la generación de la comisión especial de minería, precisamente por la problemática que la minería y la falta de atención que la Legislatura anterior dio a este tema y la importancia de atenderlo, decir que el PRI ha estado involucrado en esta serie de elementos que ha propuesto hoy el diputado Candiani y que reclamamos, y también porque el PRD así lo ha hecho, que hemos estado colaborando en una mesa de trabajo y que no nos parece correcto una autoría de un solo partido, cuando ha habido trabajo de los tres partidos.

Unicamente decir que estamos en la disposición de sumarnos a las iniciativas pero que también hay muchos puntos en la minería, que se deben de involucrar a la visión de los grupos parlamentarios.

Gracias.

-PRESIDENTE. Gracias diputado.

Ha solicitud del grupo parlamentario del PRD, la iniciativa que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera, se pospone para la siguiente sesión.

Tiene la palabra el diputado Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIPUTADO JUVENAL VIDRIO RODRIGUEZ: Con el permiso de la presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas.

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo del suscrito diputado federal Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario de Acción Nacional a fin de que en la ley se establezcan las bases de competencia entre la Federación y las entidades federativas en los casos de conexidad, es decir, de delitos del fuero federal y común, con lo que se fortalecería la debida colaboración de los órganos de gobierno en la investigación y persecución de los delitos, propuesta que se justifica bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra al federalismo como la máxima organización política, jurídica y social del Estado mexicano.

Así, nuestro sistema constitucional instaura la coexistencia de tres órdenes de gobierno: la Federación, las entidades federativas y los municipios, con competencias y límites debidamente definidos, sin que existe subordinación entre ellos.

De esta forma, en los artículos 73 y 124 de la Constitución federal se establece que las autoridades federales tendrán atribuciones en todo aquello que expresamente disponga la Constitución como principio para la distribución de competencias.

Sin embargo, también se contempla lo que la doctrina ha denominado comúnmente como las facultades coincidentes restringidas, en donde la atribución se otorga tanto a la Federación como a las entidades federativas, pero se concede a la primera la facultad de ,,, a las bases o a los criterios para la división o ejercicio de esta función.

En los últimos tiempos la evolución de la sociedad mexicana y las nuevas circunstancias imperantes en la nación han impulsado la exigencia social de la coordinación eficiente entre los órganos de gobierno, por lo que en nuestra Constitución se ha adoptado cada vez más con mayor frecuencia el sistema de facultades coincidentes.

Es así como a las facultades coincidentes en materia de educación, salubridad y ecología, entre otras, se han sumado las relativas a la seguridad pública, consagrada recientemente en el artículo 21 y 73 fracción XXIII de la Constitución Federal.

El nuevo escenario de esta materia impuesto por los preceptos citados precisó la promulgación por parte del Congreso de la Unión de la ley general que establece las bases de coordinación del sistema de seguridad pública.

En el ordenamiento citado se establecen las bases de coordinación entre la Federación y las entidades federativas tendientes a garantizar la coadyuvancia y cooperación permanente entre ambos órganos de gobierno, solución que da a los problemas existentes en esta materia, desarrollando sus atribuciones en diversos ámbitos de la competencia pero en forma ordenada y uniforme.

Sin embargo, la actuación coordinada de las autoridades competentes de los órganos de gobierno en materia de seguridad pública, no obstante el avance obtenido no se ha reflejado en la prontitud y eficacia deseada en la vida diaria de la sociedad pues sus facultades no han impactado en el índice delictivo del país y, en consecuencia, en proporcionar la seguridad pública que exige la ciudadanía.

En efecto, los esfuerzos realizados en materia de seguridad pública no han sido suficientes, ya que una de las causas que originan la inseguridad es el hecho de que haya delitos de competencia exclusiva federal pero que ocasionan una gran inestabilidad en la paz pública de las entidades federativas, cuyas consecuencias se traducen incluso en las finanzas.

La concentración de facultades de la Federación en delitos de suma gravedad no sólo afecta a las entidades federativas como tales sino que se traduce en una afectación también a los gobernados en cuanto al derecho a su seguridad por parte de las autoridades más inmediatas, en este caso las autoridades locales.

Esta exclusión total de las autoridades estatales en la investigación de los delitos de competencia federal y conexos provoca la inoperancia de la coordinación en la procuración de justicia, afectando negativamente los esfuerzos realizados en materia de seguridad pública.

"Esto es lo que sucede cuando las autoridades de los estados inician una investigación en torno a un delito del fuero común, relacionados con acción del ámbito federal, ya que estas autoridades se ven obligadas a abandonar la investigación sin concluirla, para poner en manos de la Federación la persecución de tales ilícitos, cIrcunstancia que evidentemente retrasa la buena marcha de la procuración de la justicia en perjuicio de las víctimas y de la sociedad y en beneficio de los delincuentes.

"Con base en la exposición y en la demanda de la población en relación con el mejoramiento de la seguridad pública y de la procuración de justicia, presento ante esta soberanía esta Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 73 fracción XXI de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar a las entidades federativas y al Distrito Federal para conocer e investigar los delitos de actual competencia federal, cuando estos tengan conexidad con los del fuero común, de conformidad con las bases que al efecto se establezcan en la ley.

"Por lo hasta aquí expuesto me permito poner a consideración de este pleno la presente iniciativa por lo que solicito que sea insertada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y que sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.".

Atentamente, diputado federal Juvenal Vidrio. Gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Moisés Alcalde Virgen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para Presentar una Iniciativa que adiciona un inciso "G" al numeral 4 del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- EL C. DIP. MOISÉS ALCALDE VIRGEN: Con el permiso de la Mesa Directiva; señoras y señores Legisladores: Con la reciente aprobación por este Honorable Congreso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, continúa el proceso de consolidación democrática. En este sentido, transparentar las instituciones públicas significa fortalecerlas. Instituciones fuertes son la base del crecimiento económico, político y social de cualquier países que pretenda pisar y llegar con éxito a los nuevos retos que implica transitar al siglo XXI.

"Transparentar las instituciones públicas significa dejar atrás la corrupción. La impunidad que por décadas ha normado y ha mermado el presupuesto significa ejercer cada partida con responsabilidad y apegados a derechos. Transparentar las instituciones públicas significa dar certeza, confianza a los particulares nacionales y extranjeros, a los organismos y empresas mexicanas; significa también inversión, empleos, crecimiento económico y disminución de la desigualdad y la pobreza. Pero significa, sobre todo, para los servidores públicos, responder a la confianza de los ciudadanos.

"En este sentido el artículo 3º., numeral segundo inciso a), de nuestra Carta Magna, postula que la democracia no es sólo una estructura o un régimen jurídico, va más allá, es también un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

"Por lo tanto, para que los ciudadanos mexicanos puedan acceder de una manera plena a la vida democrática, resulta imprescindible dotarlos de los medios necesarios para obtener información fidedigna y oportuna respecto de las acciones u omisiones de quienes los gobiernan y así poder obrar en consecuencia conforme al principio de representación democrática.

"Uno de los temas que legislatura tras legislatura con más fuerza se discute en esta Cámara y en el Ejecutivo Federal es el relativo al tiempo y forma en que el Ejecutivo debe presentar la información que la Cámara requiere para el cumplimiento de sus obligaciones. En particular las que se refieren a la discusión y aprobación del Presupuesto y las relativas a la revisión de la Cuenta Pública, son las de mayor incidencia y discusión.

"Esta circunstancia nos obliga como cuerpo colegiado, como asamblea discursiva, a ser congruentes. Más aún, a ser un ejemplo en lo relativo al tiempo y forma en que debe presentar la información del presupuesto que anualmente se le asigna.

El interés de la sociedad radica no solo en conocer la cantidad total de recursos presupuestada, le interesa también conocer con detalle la distribución de los recursos entre los distintos órganos que componen esta Cámara. De tal manera que las cifras adquieran un significado real y no solamente hagan el vacío a una hoja o una página de presupuesto. Le interesa saber cuánto es lo que se gasta, en qué se gasta, qué gastan los representantes, los órganos de la Cámara y el aparato administrativo de esta. Le interesa conocer con información detallada para opinar con responsabilidad respecto a lo adecuado o no de la distribución de los recursos y del desempeño de nosotros, legisladores, en este recinto.

"En resumen, los ciudadanos necesitan renovar su confianza en la Cámara de Diputados; confianza que solo se obtendrá con la certeza de que el máximo órgano de representación de la ciudadanía utiliza sus recursos en forma transparente y por demás eficiente.

"Los diputados para llevar a cabo sus proyectos legislativos necesitan conocer, con exactitud y anticipadamente, los recursos asignados a cada área administrativa de esta Cámara, a efecto de asignar con responsabilidad recursos para cada proyecto.

"De darse lo anterior, la toma de decisiones de ustedes, señores legisladores, sería por supuesto más eficiente, más clara y con una mayor visión de largo plazo y planeación.

"Por último, cabe mencionar que el Congreso se encuentra inmerso en un proceso de fortalecimiento interno legislatura tras legislatura y también de sus órganos internos. La tendencia que se observa es ampliar las facultades de las comisiones, de los comités y de los órganos técnicos de investigación parlamentaria, situación que nos obliga a planear rigurosamente los recursos con los que contamos, a fin de ejercer a plenitud y con responsabilidad dichas facultades.

"Por lo anteriormente expuesto, señoras y señores legisladores, el grupo parlamentario de Acción Nacional propone a esta soberanía que se establezca la obligación por parte de la Secretaría General de publicar de forma funcional, operativa y administrativa, el presupuesto que la Cámara de Diputados y cada uno de sus órganos tiene asignado para el ejercicio fiscal correspondiente.

"Con esta motivación y fundado por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General me permito someter a su consideración la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona un inciso g) el numeral cuatro del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

"Unico. Se adiciona un inciso g) a dicha Ley Orgánica.

"Artículo 48. El Secretario General de la Cámara tiene las siguientes atribuciones

"Inciso g) Publicar en la Gaceta Parlamentaria el presupuesto asignado a la Cámara de forma funcional, operativa, administrativa, para el ejercicio fiscal correspondiente 15 días naturales después que éste haya sido aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación. La publicación se hará de forma tal que permita conocer el presupuesto aprobado para cada unidad administrativa.

"T r a n s i t o r i o s

"1o. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro".

Señoras y señores legisladores, por su atención, muchas gracias.

(aplausos)

-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta Presidencia participa a la asamblea el sensible fallecimiento el día de hoy del señor Javier Sandoval Leana, esposo de nuestra compañera, la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, a quien le expresamos nuestras más sentidas condolencias y nuestra solidaridad en estos difíciles momentos.

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre.

-SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la Presidencia que hasta el momento se registra la asistencia de 408 diputados.

Ciérrese el sistema electrónico de votación. (12:18 hrs.)

-PRESIDENTE: Tiene la palabra el diputado Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona la Ley General de Salud con un Capítulo Séptimo sobre técnicas de reproducción asistida en el Título Tercero sobre Prestación de los Servicios de Salud.

-DIP. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO: Con permiso de la Presidencia.

"El que suscribe, Francisco Salvador López Brito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e integrantes de la Comisión de Salud, diputados del mismo grupo parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y el 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica la Ley General de Salud, adicionando un Capítulo Séptimo Bis sobre las técnicas de reproducción asistida al Título Tercero sobre prestación de los servicios de salud, con la finalidad de legislar sobre la investigación y aplicación clínica de las denominadas técnicas de reproducción asistida al tenor siguiente.

"Son ya más de dos décadas en que en México gracias a la investigación, gracia a un gran número de científicos mexicanos, se da por primera ocasión el nacimiento de un niño bajo las técnicas de reproducción asistida, abriendo con esto un panorama histórico donde la ciencia biomédica proporciona a aquellas parejas que no han podido procrear, la posibilidad del derecho a la paternidad y a la maternidad.

"En el campo de las ciencias biomédicas y más específicamente en la dedicada al estudio de la fecundidad y la reproducción humana, se han logrado espectaculares avances y descubrimientos en las últimas tres décadas. Esta rama de la ciencia desde su reciente nacimiento ha crecido en forma exponencial.

"Con los conocimientos generados, la biología de la reproducción permite que el hombre no tan sólo sea la única especie que en forma consciente tiene control de su propia reproducción, sino que puede intervenir directa y efectivamente en el proceso reproductivo. Incluso se han logrado crear recursos para influir en la propia herencia genética, modificándola y posibilitando el generar alternativas a la esterilidad de algunas parejas.

"Estos recursos son generalmente conocidos como técnicas de reproducción asistida y hasta el momento compañeros diputados en la Ley General de Salud lamentablemente no se encuentra legislado ni normado nada al respecto, cuando son muchas las instituciones públicas y privadas que están en estos momentos aplicándola, con el riesgo, con el problema de que muchas parejas si caen en manos de gentes que no están capacitadas para ello puedan en un momento dado fraudearlas o engañarlas y es lo que no queremos que  esto suceda.

Ante el hecho consumado en el avance pero sobre todo en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida y de los nuevos paradigmas de la ciencia y de la biología de la reproducción, los Legisladores estamos obligados a plantear las reglas y normas para regular esta ciencia y sus tecnologías, lo que en el último caso supone un intento de someter a control y ordenar estas nuevas conductas profesionales.

Esto se debe a que en el debate de la sociedad aparecen argumentos de diversa índole, no siempre relacionados con los aspectos científicos o bio tecnológicos, los que provocan una discusión en la que surgen contradicciones y dudas personales y sociales que pueden dar origen a confundir los órdenes jurídico, ético, profesional, así como el de las creencias y las ideologías.

Es indudable que las técnicas de reproducción asistida han abierto expectativas y esperanzas para el tratamiento de la infertilidad a miles y miles de parejas, cuando otros procedimientos o tratamientos ya habían probado ser ineficaces o poco adecuados. Ante el derecho a la paternidad, a la maternidad, no parece haber ninguna duda de que los científicos deben continuar investigando y desarrollando conocimientos y tecnologías que permitan contribuir tanto a la expansión y crecimiento de la ciencia como a las expectativas de la población sobre este recurso.

Los diversos grupos involucrados y los interesados en estas técnicas así como el claro interés de la sociedad en general, marcan esta pauta, la concurrencia de diferentes corrientes del pensamiento filosóficas, biológicas, religiosas, jurídicas han aportado cada una ideas y opiniones que contribuyen al debate y a la reflexión que en su conjunto deben dar origen a las normas, con las que se debe avanzar en esta disciplina a la que todavía se le augura en los próximos años un gran crecimiento geométrico.

La obligación de los Legisladores y de los Científicos en sus respectivas actividades y responsabilidades, es hacer suyos los elementos y opiniones de la sociedad, incorporando a sus respectivos trabajos y proyectos la ética social no pretendiendo arrogarse al derecho a imponer su criterio sobre los demás sino atendiendo a que los logros y avances técnicos y científicos sirvan efectivamente a la sociedad atendiendo a la justicia, la equidad y el bien común delimitando claramente los ámbitos de lo lícito y lo ilícito evitando las lagunas legales y éticas existentes.

En ese sentido es preocupación fundamental de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en su manifiesto interés por preservar los valores y principios de la familia mexicana, contribuir a la regulación de las técnicas de reproducción asistida dando énfasis al inminente valor de la salud reproductiva.

La sociedad ya ha tomado conciencia paulatina de estos sorprendentes avances científicos de que posiblemente invaden en lo más íntimo el mundo de los orígenes de la vida humana , lo que les propicia fundadas y razonables dudas sobre la posible transgresión a los derechos humanos y a la dignidad de la persona, de tal suerte que los actores involucrados en esta actividad se deben asegurar que en el uso y aplicación de las técnicas de reproducción asistida haya absoluto respeto y observancia a los derechos y las libertades fundamentales de los hombres y mujeres usuarios a estos servicios.

En este orden de ideas y en este marco referencial, es que se proponen crear las normas que deben de regular no tan solo el funcionamiento de los centros dedicados a la reproducción asistida, la idoneidad científica y técnica de estos, la certificación y alta calificación profesional ideontológica de los medios científicos y otros trabajadores de la salud que en estas técnicas trabajen, sino también a la generación de Comités internos de ética que aseguren el pluralismo, la confrontación de opiniones y el logro y avance de esta ciencia sin intereses ni motivaciones ideológicas, partidistas, confesionales, económicas o gremiales.

Voy, por obvio de tiempo, a la exposición que hago , avanzarla pidiéndole que pues salga íntegra en el Diario de los Debates, para concluir que por último debe puntualizarse que la reproducción humana asistida no es una alternativa al proceso reproductivo normal sino una técnica de  destinada a tratar la infertilidad de las parejas cuando ya han fallado otras técnicas o procedimientos terapéuticos, por lo que sólo debe aplicarse a parejas infértiles.

Por las consideraciones anteriormente impuestas en el ejercicio de nuestras facultades constitucionales, los suscrito, diputados de la LVIII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, sometemos ante esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifica la Ley General de Salud, adicionando un Capítulo 7 Bis, sobre las técnicas de reproducción asistida al Título Tercero sobre la prestación de los servicios de Salud:

Capítulo 7 Bis sobre las técnicas de reproducción asistida: "Artículo 47 bis.- Se entiende por técnicas de reproducción asistida todas aquellas técnicas artificiales en que la unión de las células terminales, espermatozoide y óvulo o la implantación del embrión en el útero, se logra mediante la manipulación directa del hombre en el laboratorio. Estas pueden clasificarse en tres grandes grupos que son: la inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones y la trasferencia intratubárica de gametos. Estas técnicas solamente podrán ser utilizadas para suplir problemas de esterilidad e infertilidad de la pareja.

77 Bis. A) Las técnicas de reproducción asistidas sólo podrán ser realizadas por equipos profesionales debidamente calificados y certificados por la Secretaría de Salud y la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia y que cumplan los requisitos académicos que para cada especialidad establezcan las entidades educativas competentes.

77 Bis. B) Los hospitales y centros e instituciones de asistencia e investigación en donde se practiquen las técnicas de reproducción asistidas, deberán ser debidamente evaluados y certificados por la Secretaría de Salud, con el objeto de salvaguardar la seguridad de los usuarios de estas técnicas. Los centros deberán contar con el equipo y recursos materiales precisos e idóneos entre ellos, siempre, ya sea en el mismo centro o como apoyo externos, con un gavidente (¿) psicológico. La Secretaría de Salud expedirá el reglamento correspondiente, en el cual se establecerán los recursos y requisitos mínimos necesarios para que opere un centro de tecnología de reproducción asistida.

En el mismo orden se proponen los artículo 77 B, 77 Bis D, el 77 Bis E, el Bis F, Bis G, Bis H, 77Bis I, el bis J, bis K, L, M.

Transitorios: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a tres meses, a partir de la publicación de este decreto, presentará al Ejecutivo Federal, para su promulgación y publicación, las sanciones correspondientes a lo previsto en el presente título, las cuales se incluirán en el título relativo a las sanciones de la Ley General de Salud.

La Secretaría de Salud expedirá el reglamento y normas médicas sobre las técnicas de reproducción asistida.

Solicito se curse esta iniciativa a la Comisión de Salud. Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias compañero diputado. Como ha sido solicitado, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Orozco Garza, para presentar una iniciativa que adiciona y reforma la Ley General de Población y adiciona la Ley General de Salud para la expedición de una credencial única de población que fomente la donación de órganos para trasplante.

-EL DIP. MANUEL OROZCO GARZA: Gracias diputado Presidente.

Compañeros y compañeras diputadas:

Haré un breve resumen de la exposición de motivos y le pido al Presidente que se inscriba completamente la iniciativa en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Compañeros, en nuestro país hay más 7 mil pacientes, hay más de 7 mil enfermos que necesitan el día de hoy un trasplante de riñón; más de l0 mil mexicanos que necesitan que se les trasplanten las córneas, más de 500 mexicanos que necesitan un hígado nuevo y más de 500 corazones. Aquí ya están proponiendo alguno que quiere donar su hígado.

Por otro lado, hay muchísimos mexicanos que han manifestado de una manera u otra, aunque no es oficial, su intención de que en el momento de morir se usaran sus órganos en beneficio de quien hoy tanto los necesita, aclarando que muchos de estos mexicanos son niños y jóvenes. Y no contamos en este momento con un sistema que permita saber de manera universal dentro de nuestro país, que yo sí quiero donar el órgano, el hígado, los riñones, las corneas en caso de fallecer.

Lo que venimos a proponer aquí, es que podamos expresarlo, podamos expresar este consentimiento, este deseo de que nuestros órganos, nuestros riñones, nuestras corneas puedan ser utilizados en un documento de carácter universal.

Sabemos que la Ley General de Población establece a la cédula de identidad ciudadana como un documento oficial para todos los mexicanos. Aclaro que en algunos estados de la República, en las licencias ya queda inscrito el deseo de los que manejan para donar o no sus órganos, pero esta manifestación todavía es de unos cuantos mexicanos.

La idea es que todos podamos poner en esta cédula de identidad ciudadana, que es un CURP avanzado, podamos poner ahí, asentar nuestro deseo o nuestro deseo de que nuestros órganos puedan ser donados.

Este es el sentido de la iniciativa, esta cédula de identidad ciudadana ya debe contener la CURP –que todos nosotros conocemos- nuestro nombre, nuestra fotografía, el lugar y fecha de nacimiento, nuestra firma y nuestra huella. Nosotros pedimos que se añada ahí un apartado en donde quede nuestro deseo expreso de que podamos donar nuestros órganos.

Sabemos que esta cédula de identidad ciudadana todavía tiene mucho que hacer para que pueda ser una credencial que traigamos todos nosotros en nuestra bolsa. Ahorita la que se utiliza es la credencial de elector. Bien, en tanto que en un plazo de dos años no pueda salir adelante esa cédula de identidad ciudadana, nosotros pediríamos que fuera en la credencial para votar de elector, pero la ley lo que quiere modificar es este apartado de la cédula de identidad ciudadana en la Ley General de Población para que ahí quede asentado nuestro deseo.

Y entonces esta iniciativa, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General de Población y se adiciona la Ley Generas de Salud, para la expedición de una credencial única que fomente la donación de órganos para transplante, quedaría en lo siguiente:

Artículo Primero.- "Se adiciona una fracción VII al artículo 107, una fracción IV al artículo 109 y se reforma el artículo 4° transitorio de la Ley General de la Población para quedar como sigue:

En su artículo 107 quedaría una fracción VII que diría: "Un apartado que exprese la voluntad de ser o no donador de órganos para transplante".

El 109 diría: "En que el caso de que el donador cambie su decisión respecto de la donación de órganos, se podrá renovar esta cédula de identidad ciudadana".

Y el artículo cuarto transitorio, que se le agrega: "A más tarde dos años de la publicación de estas reformas, la Secretaría de Gobernación habrá realizado los trámites correspondientes para que la cédula de identidad ciudadana sea de uso oficial y generalizado y en tanto no sea así, la credencial para votar podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral".

Artículo Segundo.- "Se reforma el primer párrafo del artículo 322 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: La donación expresa constará en la cédula de identidad ciudadana o por escrito y podrá ser ampliada cuando se refiere la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes".

Espero compañeros que tengamos, todos, la sensibilidad de ayudar a todos estos enfermos que el día de hoy ameritan, necesitan, un transplante. Les recuerdo que muchos de éstos son niños y jóvenes de nuestro país.

Muchas gracias por su atención.

EL PRESIDENTE: Gracias compañero diputado.

Como ha sido solicitado, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Salud.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Lucio Fernández González, para presentar una iniciativa de reforma al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIPUTADO LUCIO FERNÁNDEZ GONZALEZ.- Gracias, diputado Presidente.

Honorable Asamblea:

El derecho de petición se encuentra reconocido como derecho fundamental de los mexicanos en el artículo 8º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, su pleno ejercicio no se encuentra debidamente regulado en cuanto al tiempo en que éste sea respetado por parte de los funcionarios y empleados públicos.

Hasta ahora, el breve término que tiene la autoridad para dar a conocer el acuerdo recaído a la petición, ha sido una norma constitucional que se ha respetado por el uso y costumbre que cada funcionario ha podido resolver y por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo no existe una certeza jurídica que garantice su pleno ejercicio, por lo que se hace necesario proceder a la adecuación de este derecho fundamental desde una perspectiva constitucional que haga más claro y ágil su ejercicio en beneficio de los peticionarios.

En cuanto a los requisitos que debe cumplir la petición, actualmente en nuestra Carta Magna se indica que el peticionario la debe formular por escrito, sin embargo existen diversas instancias que a fin de facilitar los trámites y dar mejor acceso a la recepción de quejas o denuncias, permite la formulación verbal de peticiones o en otra forma. Esto se ha dado por ejemplo en materia de amparo y en la esfera de los organismos de protección al consumidor o en las figuras vinculadas a las tareas del ombudsman, así como también en otras materias como la agraria, que privilegian la oralidad en las solicitudes relativas a la prestación de los servicios al gobernado. Como por ejemplo, la Ley de Amparo en su artículo 118, permite que la petición de amparo y de la suspensión del acto reclamado pueda efectuarse aun por telégrafo con los efectos que la propia ley determina.

Por su parte, la legislación de la Comisión Nacional y las estatales de Derechos Humanos, permiten la recepción de peticiones verbales con objeto de facilitar el trámite de los asuntos de su competencia. Es claro que la recepción de solicitudes orales amplia el ámbito de acción de los particulares frente a las autoridades en beneficio de aquellos y una vez que se instaura dicho procedimiento, debe entenderse que la autoridad está obligada a actuar con motivo de la referida petición y que puede incurrir en responsabilidad si no la atiende debidamente aunque no se haya hecho por escrito.

Este fenómeno también ocurre en servicios en los que por su naturaleza, no es racional exigir que la petición sea presentada por escrito, tal es el caso de los llamados de emergencia a la policía, bomberos, atención médica o unidades de protección civil.

De acuerdo al actual artículo 8º. constitucional, la autoridad ante la cual es presentada la petición, está obligada a emitir un acuerdo debiendo notificar dicho acto al peticionario en breve término. Sin embargo, no existe ordenamiento legal que señale con precisión definitiva cuál es el breve término a que se refiere el texto constitucional. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que por breve término debía entenderse aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Este criterio deja abierto el término de respuesta hacia el gobernado.

En el amparo de revisión 1393/58, el máximo órgano jurisdiccional del país estableció que si pasaban más de cuatro meses sin dar respuesta a un ocurso, se violaba la garantía consagrada en el artículo 8º., pero en jurisprudencia posterior aclaro que ello no significaba que debía pasar ese lapso para que se considerara violado tal artículo.

En el momento actual el que justifica el reclamo de las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos y de los grupos en la cosa pública, quienes exigen a voz alta la plena vigencia del estado de derecho que dé certeza a las peticiones de los gobernados, es oportuno plantear esta iniciativa con la finalidad de que aunado al reconocimiento constitucional del derecho de petición, se precise el término a que debe sujetarse la autoridad en cuanto a la respuesta que debe emitirse, suprimiendo la exigencia que el derecho de petición se haga por escrito, motivos por los que se hace necesario modificar el texto del artículo 8o. constitucional. Prevaleciendo que su ejercicio deberá formularse de manera pacífica y respetuosa y que en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.

Agregando en el segundo párrafo, que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a que se haya dirigido, con la obligación de hacerlo conocer al peticionario en el término no mayor a 4 meses.

Esta modificación permitirá establecer con mayor certeza el término en el que habrá de conocer el peticionario la suerte de su petición, entendiendo que su sola presentación no solamente deberá ser resolviendo favorablemente, tal como lo ha establecido el máximo órgano jurisdiccional del país, al establecer como requisito de la respuesta que se dé a una petición, sea congruente con la solicitud. Esto es, que deba haber una relación lógica entre lo que pide el particular y el acuerdo que recaiga a su solicitud.

Con las consideraciones anteriores surge así la necesidad de reformar el texto del artículo 8o. constitucional, en virtud de que las inmensas relaciones que cada día se dan con más frecuencia entre gobernados y gobernantes, de acuerdo al siguiente:

Proyecto que reforma el texto del artículo 8o. constitucional y quedaría de la siguiente manera:

"Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República.

"A toda petición deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer al peticionario dentro del término no mayor a 4 meses.

"TRANSITORIO

"UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Diputado presentante licenciado Lucio Fernández González".

Por su atención muchas gracias.

-PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado Lucio Fernández González.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ruego a la secretaría dar lectura del oficio proveniente de la Cámara de Senadores.

-DIP. SRIA. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Minuta por la que se reforman y adicionan diversos disposiciones de la Ley Federal de la Ley Federal de Defensoría Pública)

-PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas)

En el capítulo de excitativas se ofrece el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una excitativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

-DIP. ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias señor presidente.

El pasado 11 de septiembre presenté ante esta asamblea un punto de acuerdo respecto del saneamiento de la cuenca hidrológica del río Necaxa. Pudiera parecer que se trata meramente de un proyecto regional o una preocupación local, pero sólo quiero recordar, compañeras, compañeros diputados, que esta cuenca hidrológica, después de los recursos hidráulicos de Cutzamala, es la principal fuente alternativa de abastecimiento de agua al Distrito Federal.}

El punto de acuerdo estuvo motivado por una serie de convenios, de acuerdos de los tres órdenes de gobierno que hemos venido promoviendo en los últimos cuatro años, a partir de un estudio cuidadoso se realizó la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Ingeniería, en el cual se determinó que el 22% del suelo de esta región está sobreexplotado o es incompatible, que el 38% de la superficie tiene índices altos o muy altos de erosión, que los niveles de deforestación indican que en los últimos 20 años se han perdido 6 mil 767 hectáreas, o sea, una tasa del 10%, muy superior a la media nacional y otros indicadores de la misma significación y preocupación de deterioro ecológico.

La Comisión de Energía y la Comisión de Medio Ambiente a las que fue turnado este asunto han procedido a hacer –tengo entendido—algunos trabajos. Lo cierto es que la Comisión de Energía se declaró incompetente, por lo cual, por la vía administrativa, mi compañero diputado federal Cutberto Cantoran y su servidor, procedimos a hacer una serie de gestiones ante los diversos órdenes de gobierno

A fin de evaluar los avances que se han realizado al respecto, promovimos un foro de discusión y análisis, el pasado 22 de agosto, lo realizamos aquí en el Salón Legisladores y hubo, quiero decirles, una participación muy profesional de los funcionarios públicos, de los tres órdenes de gobierno, de los señores presidentes municipales, de jóvenes ecologistas, de las universidades y los tecnológicos e igualmente de agrupaciones sociales.

Ahí logramos identificar que hay avances importantes como es la asignación de 27 millones de pesos para la construcción de tres rellenos sanitarios, uno de los cuales acaba de concluirse, así como la reforestación de 758 hectáreas, con el establecimiento de viveros con 8 millones de árboles.

Para el año 2002-2006 se requiere una inversión de 8 millones de pesos para la administración de programas, de 94 millones para el tratamiento de aguas residuales, de 44 millones para recuperación de suelos y de 8 millones para manejo de riesgos geológicos, además de 27 millones adicionales para los rellenos sanitarios y para la reforestación 72 millones de pesos adicionales.

En tal virtud es que proponemos una atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Medio Ambiente a efecto de que proceda a el dictamen del punto de acuerdo que hemos presentado.

Para lo anterior solicitamos se tome en cuenta la información y las propuestas presentadas en el foro realizado en esta Cámara el pasado 22 de agosto, mismas que nos permitimos anexar a efecto de que se exhorte al Ejecutivo Federal a incluir una partida específica en el proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2003 y asimismo se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara proceda a la aprobación conducente.

Agradezco, compañeros, compañeras diputadas su atención y les pedimos su apoyo solidario a todos los miembros de esta asamblea. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emita el dictamen correspondiente.

En virtud de que es la segunda excitativa, se fija el día 15 de octubre para que se presente ante la asamblea.

La siguiente excitativa a cargo de la diputada Teresa Romo Castillón, del grupo parlamentario de Acción Nacional, a petición de su grupo parlamentario se pospone para la siguiente sesión.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado Miguel Bortolini Castillo, para presentar una excitativa a la Comisión de Energía.

- EL C. DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Compañeras y compañeros diputados: La corrupción en México ya nadie la para. Quizá éste debería de ser el verdadero slogan de la intensa campaña publicitaria desplegada en estos días por el gobierno que se dice ser del cambio. Y en efecto, la corrupción en México ya nadie la para, ni siquiera este Poder Legislativo, que hasta el momento ha hecho caso omiso de las denuncias sustentadas con pruebas fehacientes de la escandalosa corrupción que impera en la Comisión Federal de Electricidad, que implican, en contubernio con empresas privadas, delitos de fraude, peculado y una infinidad de irregularidades administrativas, mismas que redundan en un inmenso saqueo de la paraestatal.

Cierto es, hay que reconocerlo no es un asunto fácil ni mucho menos cómodo; emprender acciones decididas contra los actos de corrupción, pero más incómodo es y mucho más difícil resulta cuando alguien emprende esas acciones también y que tiene cola que le pisen. Lo mismo da que la cola sea de zorro o que de dinosaurio. Al final y ante el chantaje, no queda más que el intercambio mutuo de impunidades.

Los actos de corrupción que se generaron durante el sexenio pasado en la CFE, y los que se siguen perpetuando en este sexenio, con la absoluta e incondicional complicidad de la SECODAM, son una muestra elocuente de lo complejo e indisoluble vínculo establecido entre la corrupción de siempre y la corrupción del cambio. No se trata de algo tan políticamente rentable como lo son las denuncias de financiamiento ilícito a campañas electorales, aunque la sombra de Enron, un amigo de los amigos de Fox, aparezca aquí premonitoriamente, no se trata de imputaciones sobre un líder que puede implicar la movilización de huestes que amenacen la frágil estabilidad económica del país. Mucho menos se trata de sugerir que como empresa la CFE sea corrupta por naturaleza, no, negamos esto, se trata, eso sí, de actos específicos de corrupción por parte de funcionarios de la paraestatal en beneficio de capitales privados. Se trata nada más de una probadita de lo que nos espera si abrimos la industria eléctrica nacional a la participación activa del capital privado.

El 17 de julio presentamos la denuncia ante la Comisión Permanente mediante un punto de acuerdo. Las pruebas de las múltiples irregularidades están contenidos en un par de expedientes como éste que les muestro. Aquí está la impunidad y la corrupción.

El quebranto es de tal magnitud que si se procediera penalmente contra las empresas y funcionarios que han llevado actos de corrupción en perjuicio del patrimonio de la paraestatal, se podrían recuperar montos similares a las necesidades de capitalización que los próximos diez años exigen a la industria eléctrica nacional.

Nosotros sostenemos como premisa fundamental, que cualquier privatización resultaría desastrosa si nos percatáramos que la esencia en lo fundamental esa corrupción se ha dado precisamente en la relación con el capital privado. De hacerlo, en pocos años tendríamos problemas como las que se han vivido en Estados Unidos, Inglaterra, España, Chile y sobre todo Argentina.

Existe una exigencia impostergable, la necesidad de auditar todas las obras ejecutadas por esta paraestatal, al menos de quince años a la fecha, y determinar la cantidad de recursos ilícitos que aparecen como deuda y que son producto de la gigantesca corrupción con que se ha conducido la Comisión Federal de Electricidad.

Por cada una de las razones anteriormente expuestas, y con fundamento por lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia se sirva formular una excitativa a la Comisión de Energía la proposición con punto de acuerdo relacionada con la creciente corrupción que impera en la Comisión Federal de Electricidad, misma que fue presentada ante el pleno de la Comisión Permanente desde el pasado 17 de julio, a fin de que sea dictaminada con la mayor brevedad.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VAZQUEZ CASTILLO (PRI): Gracias señor diputado Bortolini.

De conformidad con lo que establece la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se excita a la Comisión de Energía para que emita el dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

 - EL C. DIPUTADO RAMÓN LEON MORALES (PRD): Muchas gracias, señor Presidente.

Excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que se elabore el dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo, en la que se solicita al Ejecutivo Federal la instauración del día 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante.

A n t e c e d e n t e

Con fecha 17 de septiembre del año próximo pasado, el que suscribe, integrante de la fracción parlamentaria del PRD, presenté a la consideración del pleno un punto de acuerdo para que la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública a nombre de esta soberanía solicite al Ejecutivo Federal la instauración del día 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, y para que la Comisión de Relaciones Exteriores haga comparecer al ciudadano Jorge Castañeda, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que exponga la política y acciones que en materia migratoria viene realizando el actual gobierno federal.

Con relación al primer punto, se turnó a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Y en relación con el segundo, se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

La anterior proposición fue apoyada por los diputados Raúl Martínez González, del grupo parlamentario de Acción Nacional y el diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, e inmediatamente se turnó a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

El punto de acuerdo tiene su origen en el hecho de que millones y millones de compatriotas, de manera legal o ilegal, han emigrado al vecino país del norte, convirtiéndose en el pilar de sostenimiento de sus familias y de la economía de sus regiones y entidades de origen sin que ninguna autoridad les reconozca ese gran esfuerzo y valentía. Pero sobre todo tiene su origen en el convenio que para el envío de trabajadores a Estados Unidos se suscribió entre los dos gobiernos en el año de 1942, el famoso Programa Bracero.

Como parte del acuerdo los trabajadores braceros se comprometieron a aportar el 10 por ciento de los salarios a cuentas bancarias de los gobiernos de Estados Unidos y México y en el caso específico de los ferrocarrileros otro tanto al fondo de pensión. El fondo de ahorro creado debería ser regresado a los trabajadores y al momento no lo han recibido.

Entre 1942 y 1964 se enviaron 4.5 millones de trabajadores mexicanos, quienes fueron contratados para trabajar en los campos agrícolas y en las vías férreas a fin de mantener la base económica de ese país durante la guerra y la época de recuperación. Estos trabajadores no han recibido ningún reconocimiento oficial a la entrega y valentía que representaba su contribución a las economías de los dos países.

En el mes de abril del año pasado se creó la Comisión Especial para la Investigación de los Fondos de Ahorro de los Braceros entre 1942 y 1964, cuyos resultados esperan nuestros migrantes sean ampliamente satisfactorios.

El 10 de septiembre de 1942 se firmó el primer contrato denominado Contrato Tipo destinado a los trabajadores agrícolas, teniendo como base el arreglo internacional.

"El 29 de septiembre de 1942 llegó el primer grupo de mil 500 trabajadores emigrantes a Stockton, California, quienes se inconformaron por el trato que recibieron a su llegada por las condiciones tan deplorables en las que los recibieron, por lo que los mexicanos en un acto heroico realizaron la primera huelga de trabajadores migrantes en ese país, con la cual demandaron respeto a su dignidad y derechos.

"En los Estados Unidos han decidido declarar el 29 de septiembre Día Internacional del Bracero. Como nos hemos dado cuenta, nuestros paisanos lo que están buscando con estas celebraciones es su reconocimiento como trabajadores que históricamente han contribuido y siguen contribuyendo al engrandecimiento de la economía mexicana y norteamericana. Ello demanda que les demos el justo y merecido reconocimiento, haciendo eco de las diversas solicitudes de acciones que nuestros paisanos realizan del otro lado de la frontera. Con ello sólo estaremos reconociendo la necesidad histórica de dignificar a nuestros connacionales en su trabajo, derechos humanos y contribución a la economía del país.

"Los mexicanos que emigran legal o ilegalmente por cuestiones de trabajo, por ese solo hecho han sido tratados injustamente, pues no tienen derechos laborales. La Corte Federal de los Estados Unidos determinó que las empresas que contraten trabajadores ilegales pueden ser demandadas. Tampoco tienen el derecho de elegir a sus gobernantes y representantes o de tener representantes en el Congreso de la Unión.

"La migración es un fenómeno social que no podrá detenerse o disminuir mientras subsista el desempleo, los bajos salarios, la falta de oportunidades, las constantes crisis económicas por las que atraviesa el país, entre otras causas, por las cuales cerca de medio millón de mexicanos emigran anualmente a los Estados Unidos.

"Por supuesto que la migración trae consigo otros problemas que no son menores, como lo es que sus familias se desintegren, violaciones de sus derechos humanos, altos índices de mortalidad ... -señor Presidente, termino en un minuto- ... altos índices de mortalidad al tratar de cruzar la frontera ilegalmente, entre otras.

"Que el Estado Mexicano instaure el 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, es reconocer el esfuerzo, sacrificio y valentía de miles de mexicanos que entregaron muchos años de su vida para lograr vivir con decoro, cumpliendo con las obligaciones de los convenios laborales y que al ver que sus derechos no eran respetados, iniciaron una lucha que hasta hoy continúa.

"Por lo anterior y en términos del artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, solicito respetuosamente lo siguiente.

"UNICO.- Se envía excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, para que emita el dictamen respecto de la proposición con Punto de Acuerdo presentada el 17 de septiembre del año 2001 por el suscrito y que les fue turnado en la misma fecha".

Por su atención, muchísimas gracias.

-PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias señor diputado Ramón León Morales.

Como ha sido solicitado, con fundamento en el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, para que emita el dictamen correspondiente.

Pasamos al capítulo de proposiciones. Quiero rogar a la Secretaría dar lectura al artículo 12º del Acuerdo Parlamentario, relativo a la integración del orden del día, las discusiones y votaciones, aprobado el 14 de diciembre del 2001.

-SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: "Artículo 12º del Acuerdo Parlamentario relativo a la integración del orden del día, las discusiones y las votaciones.- Quienes intervengan para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos. Toda propuesta presentada a la cámara que no requiera ser votada de inmediato, será turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión correspondiente, sin que proceda deliberación alguna, excepto si hubiera objeción de alguno de los diputados, en cuyo caso se sujetará a discusión y votación su admisión, par alo cual podrá intervenir un orador en contra y un orador en pro hasta por cinco minutos, sin que en este caso se puedan presentar intervenciones   para hechos. Si la proposición no hubiera alcanzado mayoría se considerará desechada.

-EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, compañera Diputada Secretaria.

Para formular una propuesta con Punto de Acuerdo en relación con los fondos sobre el VIH SIDA, tiene el uso de la palabra la Diputada María Elena Chapa Hernández, a nombre de Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

-LA C. DIPUTADA MARIA ELENA CHAPA HERNANDEZ.- Muchas gracias señor Presidente. Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a que de manera inmediata y por conducto de las instituciones de salud que integran la Administración Pública de todos los niveles de Gobierno, se proceda al suministro de medicamentos y atención médica efectiva para las personas infectadas con el virus de Inmuno Deficiencia Humana VIH y el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida SIDA.

Con su venia señor Presidente, las Diputadas y Diputados abajo firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, representados en este honorable Congreso, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Ejecutivo Federal a que de manera inmediata y por conducto de las instituciones de salud que integran la Administración Pública, en todos los niveles de Gobierno se proceda al suministro de medicamentos y atención médica efectiva para las personas infectadas con el virus de Inmuno Deficiencia Humana VIH y el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida SIDA, al tenor de las siguientes consideraciones.

Solicitaría señor Presidente si a bien lo tiene, que obvie las consideraciones y algunos de los fundamentos en virtud de los 5 minutos de la exposición, pero que estos sean incluidos en la versión estenográfica y, por supuesto, en los documentos de esta Cámara.

Pasaría al punto de las Problemáticas generadas por la pandemia que requieren atención inmediata y son, entre otras, el desabasto del 20% de medicamentos anqueretrovirales que reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE para hacer frente a la enfermedad, problema exacerbado por sus crisis financieras y que desata de manera alarmante la disminución de las posibilidades de vida de los pacientes infectados por VIH SIDA . Es urgente y en derecho procedente garantizar el abasto y la atención médica del 100% de los pacientes de manera permanente.

Es importante comentar que esta situación se agrava aún más si las personas infectadas con VIH SIDA no tienen acceso a los servicios de Seguridad Social

En lo que va del año, el IMSS ha cancelado a la derechohabiencia de ciento de personas enfermas con VIH SIDA olvidándose de que todas estas personas dependen de su trabajo para el acceso a los tratamientos médicos necesarios para poder seguir viviendo.

Por ello es urgente dar solución a la crisis de desabasto y a la marginación médica de quienes se encuentran infectados por el VIH SIDA evitando con ello arrojarlos irremediablemente a la muerte.

Actualmente según datos oficiales más de 4 mil mexicanos y mexicana que viven con VIH SIDA carecen de seguridad social y no cuentan con recursos para el acceso a medicamentos antirretrovirales y aunque del presupuesto de Egresos del 2002 se hizo un gran esfuerzo para cubrir a la mayor cantidad de personas y derechohabiencia, aún los enfermos de SIDA carecen de la satisfacción a su derecho a la salud

Por esta razón es urgente la asignación de recursos financieros para el 2003 con este rubro para que del sector Salud se suministren los tratamientos que estas personas demandan.

Como va a capaturarse íntegramente, procedo al Punto de acuerdo

Primero.- Se proceda a exhortar al Ejecutivo Federal para que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación etiquetada de recursos suficientes para la atención a las personas infectadas por el VIH SIDA, a las dependencias de la Administración Pública que integran el Sector Salud y a las instituciones de Seguridad Social con la finalidad de que puedan hacer frente al desabasto de medicamentos y a la falta de acceso a la atención médica que ha provocado el residuo de la derechohabiencia a cientos de los pacientes que nos ocupan.

Segundo.- Que se exhorte al Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias del Sector Salud, para que en todos los niveles de gobierno se dé satisfacción inmediata a la demanda de atención a los enfermos de Sida infectados con el VIH, a través de un fondo emergente de 200 millones de pesos.

Tercero.- Se requiera la comparecencia ante las comisiones de Salud y Seguridad Social, así como de Equidad y Género de esta Honorable Cámara de Diputados, del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, de su homólogo del Instituto de Seguridad Social al Servicios de los Trabajadores del Estado, así como al Secretario de Salud, a efecto de que en nuestra calidad de legisladores y representantes sociales, se nos informe sobre las medidas para hacer frente a esta pandemia y lo que esto, el VIH Sida representa, así como el respeto a la atención a quienes la padecen se les esté proporcionando.

Se suman 80 firmas de legisladores y legisladoras del Partido Revolucionario Institucional y los que luego se anexen. Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Muchas gracias, compañera diputada Ma. Elena Chapa.

Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de pueblos indígenas, hasta por cinco minutos.

-EL DIP. HECTOR SÁNCHEZ LOPEZ: Con su permiso, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros:

En este Congreso y particularmente en esta Cámara de Diputados, aprobamos una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena. En aquella ocasión manifestamos nuestro rechazo a esta reforma, en virtud de que no contenía la esencia de los acuerdos de San Andrés Larráiza, que esta reforma no estaba resolviendo los asuntos planteados en el Diálogo de San Andrés Larráiza, que los propios Congresos locales, posterior a esta reforma, votaron en contra precisamente en Chiapas, donde se instalaron varias comisiones para el diálogo entre el Ejecutivo y el EZLN, el Congreso local de Chiapas e Hidalgo y varios estados de la República con una mayor presencia indígena en el país, votaron en contra de esta reforma que hicimos acá.

Se hicieron más de 300 controversias a partir de las comunidades, de los municipios, de los gobiernos de algunos estados de la República, para que la Suprema Corte de Justicia pudiera, en su caso, hacer que se repusiera el procedimiento, en virtud de que desde nuestro punto de vista había suficientes elementos, si bien no de fondo pero de forma, para que se repusiera el procedimiento, sobre todo en aquellos a los que se refiere a los congresos locales, que muchos, la mayoría, 13 de 22, no cumplieron con las normas mínimas para las votaciones calificadas que requieren en su propia Constitución para las reformas constitucionales.

Sin embargo, en ese momento la Suprema Corte de Justicia simplemente se declaró incompetente. Estamos nuevamente como al principio y nosotros creemos de que ahora es el momento de que el Congreso y en particular esta Cámara, donde tenemos ya en las comisiones tanto de Puntos Constitucionales como la de Asuntos Indígenas, esta iniciativa que en su momento fue elaborada de consenso por los diputados y senadores que integraban la COCOPA.

Hoy necesitamos de esa voluntad política de todos los legisladores federales, para poder hacer la auténtica y la verdadera reforma que reclaman los pueblos indígenas de México, porque ésta no resolvió el problema de la guerra en Chiapas, no resuelve el problema de los movimientos violentos y armados en Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas y en varios estados de la República. Estamos ante una situación en la que los pueblos indios no reconocen en esta reforma sus demandas, sus planteamientos.

Ante esta situación yo llamo a la reflexión, al razonamiento, a la sensatez de todos los legisladores federales, de todas las fracciones parlamentarias para que en un acto de reintegrarle a nuestros pueblos indígenas sus derechos y reconocerle sus culturas, debemos de iniciar el diálogo en nuestras comisiones y debemos de agregar en este período la discusión de esta reforma constitucional que ya se encuentra turnado a estas comisiones.

Al mismo tiempo también, debemos de llamar a la COCOPA, para que la COCOPA busque reactivar el diálogo entre las partes; es decir, entre el Gobierno Federal, el EZLN, las comunidades indígenas y la sociedad civil en México.

No debemos dejar pasar por alto esta gran oportunidad que nuevamente el Congreso de la Unión tiene para cumplir a plenitud con su responsabilidad.

Ante esta situación propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Cámara de Diputados hace un llamado a la Comisión de Concordia y Pacificación para que de inmediato convoque a las partes en conflicto en Chiapas, para que se cumplan los compromisos que se suscribieron en San Andrés Larrainzar.

Asimismo, que se incluya dentro de los asuntos pendientes a resolver en este período de sesiones, la iniciativa sobre reformas constitucionales en materia indígena en los términos de los acuerdos de San Andrés Larrainzar.

Dejo aquí a la Secretaría este Punto de Acuerdo que esperemos, podamos discutirlo, analizarlo y aprobarlo en su momento.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Para el mismo tema se ha inscrito y se le concede el uso de la palabra al diputado José Manuel Del Río Virgen.

EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Uno de los poderes mejor representados en este país que le dan sustento a la legalidad, a la institucionalidad y al estado de derecho, es precisamente el Poder Judicial de la Federación, quien no ha abdicado de su responsabilidad, incluso pagando con la vida de algunos de sus miembros, como fue el último vergonzoso caso de dos magistrados asesinados en Sinaloa por cumplir con su deber.

En el caso de la ley indígena aprobado hace poco y determinada por la Suprema Corte, como constitucional ante las controversias que aquella se vio envuelta, sólo demuestra que el Poder Judicial cumplió con su función para respetar el orden constitucional.

Si existen sectores que no están de acuerdo con una reforma o ley por estimar que es contraria a los intereses y bienestar de un grupo o comunidad, debemos todos los legisladores aquí representados, buscar un remedio para ello. Al Poder Judicial sólo le corresponde impartir justicia en estricto sentido y eso es lo que ha hecho en la resolución 82/2001.

Además los artículos 103, 104 y 105, son muy claros en este sentido. En el caso de la Corte, su función es específica y sólo lo han demostrado con la solución de varias controversias constitucionales que hablan de la fortaleza ascendente que tiene este poder, que ahora es autónomo e independiente.

Debemos preguntarnos compañeras y compañeros, si era necesario llevar a la controversia constitucional una ley como la Indígena aprobada por nosotros mismos.

Estoy de acuerdo con mi compañero Héctor Sánchez, debemos reiniciar el diálogo, debemos retomar la reforma de la reforma; debemos reiniciar la plática con todos los actores involucrados en este caso; pero sobre todo, deseo dejar muy claro aquí que apoyo el punto de acuerdo para el efecto de que reiniciemos las pláticas y reiniciemos una reforma, de tal manera que nos permita traer aquí los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y podamos evitar que las comunidades indígenas sigan al margen de lo que quieren ellas mismas y de lo que queremos muchos de nosotros.

Gracias, compañeras y compañeros.

Gracias, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor diputado Del Río Virgen.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha solicitado se posponga su punto de acuerdo en esta misma materia para la sesión del jueves 3 de octubre.

Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Alberto Villarreal García del grupo parlamentario de Acción Nacional, a fin de proponer nombrar a la comunidad de Atotonilco, municipio de San Miguel de Allende estado de Guanajuato, "Atotonilco Santuario de la Patria" y se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA.- Muchas gracias, señor Presidente.

Haré una síntesis del punto de acuerdo que presento junto con otros compañeros y compañeras del PAN, sin embargo solicito a la Mesa Directiva, nos haga favor de poner en la Gaceta Parlamentaria el texto íntegro de la solicitud.

Es innegable que entre las riquezas de nuestro país, se cuenta con sus numerosos y diversos sitios arqueológicos e históricos, mismos que nos han permitido posicionarnos frente al mundo como un país lleno de tradiciones, historia, cultura y que hacen de este país un país altamente atractivo para los turistas extranjeros.

Recién han pasado los días en que los mexicanos y las mexicanas celebramos nuestras fiestas Patrias, nuestra Independencia, la libertad del pueblo de México; sin embargo, festejar la libertad, festejar a la Patria, no debe de ser solamente un motivo de orgullo unos cuantos días, debemos de reconocer la magnificencia de nuestra independencia que está plasmada en nuestros alrededores, en los patrimonios artísticos, históricos y culturales que dieron los acontecimientos, que dieron causa al motivo de nuestro festejo de independencia.

Atotonilco es un pequeño poblado al norte de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato; es este un claro ejemplo y el recuerdo vivo de los acontecimientos que dieron origen al movimiento de la independencia.

Fueron la historia y el tiempo, quienes escogieron la Sacristía de su Templo para sacar la expresión simbólica de las aspiraciones de un pueblo nuevo y nos obsequiaron la primera Insigne Bandera a las y los mexicanos. Fue en este tesoro donde Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, recogió el Estandarte de la Virgen de Guadalupe para convocar a un pueblo. Fue en esta población de Guanajuato donde el movimiento independiente creció de 300 Insurgentes a 900. Fue aquí como se levantó este Ejército Insurgente para poder, posteriormente, constituir al Primer Ayuntamiento Independiente de la República horas después en San Miguel de Allende.

Este Santuario es famoso también por su decoración pictórica en sus murales, en sus paredes, por su arquitectura que es esencial para el estudio y la comprensión de la pintura virreinal del siglo XVIII.

Los frescos que ahí se encuentran tienen una enorme riqueza pictográfica de indiscutible calidad y belleza, que han logrado llamar la atención de numerosos autores, de estudiosos del arte que han inclusive comparado la riqueza de este santuario, con los frescos de la Capilla Sixtina.

Actualmente a partir de estos estudios la sociedad civil, asociaciones como "Adopte una Obra de Arte", el gobierno municipal y el gobierno del Estado de Guanajuato, han hecho fuertes e importantes inversiones para recuperar este tesoro patrimonio de la Nación.

Por lo mismo es importante darle a este lugar un reconocimiento de manera tal que se sepa que es en este Atotonilco donde el Cura Hidalgo en una noche de septiembre le apostó al sueño, a la esperanza de la libertad de este pueblo y donde se encuentra pinturas de altísimo contenido, de altísimo valor que le costaron más de 30 años a su autor don Antonio Martínez de Poca Sangre, en poderlas construir.

Señoras y señores diputados: venimos a solicitarle a este Congreso, reconozca a este santuario como el santuario de la patria y solicitamos en este presente punto de acuerdo, que esta Cámara de Diputados se pronuncie a favor de que Atotonilco, municipio de San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, sea denominado "Atotonilco, Santuario de la Patria"., por las consideraciones históricas, artísticas y culturales antes mencionadas.

"Segundo.- Se solicite al Congreso del Estado de Guanajuato, el designio oficial en el uso de sus facultades constitucionales y legales, para que haga lo conducente.

"Tercero.- Remítase el presente al Congreso Local de Guanajuato".

Muchas gracias por su atención.

-PRESIDENTE: Gracias señor diputado Luis Alberto Villarreal García.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Púoblica.

Tiene el uso de la palabra la diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la destrucción de la reserva de la biósfera de Kalakmul, ubicada al sur de Campeche y que forma parte del corredor biológico mesoamericano y tiene la palabra hasta por 5 minutos.

-DIP. ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La deforestación en México estimada por el Fondo de Naciones Unidas para la alimentación en 1995, fue de 508 mil hectáreas por año, lo que nos ubica en el cuarto lugar a escala mundial.

El conocimiento de la deforestación es de interés mundial y nacional, por su relación con el deterioro de las condiciones sociales, económicas y ecológicas. A la fecha los cálculos realizados en México han sido de carácter subjetivo y carecen de un fundamento estadístico.

Se estima que los desmontes ilegales con fines de cambio en el uso de suelo, son responsabilidad del 90% de la deforestación en México, los incendios, la tala clandestina y las plagas forestales constituyen el resto de las causas.

Con 40 millones de hectáreas totales, a este ritmo en 50 años habremos terminado con todos los bosques y selvas de México. De no frenar hoy los procesos irreversibles de destrucción del hombre con los recursos naturales, estaremos en riesgo de perder los bosques y las selvas del país y su biodiversidad.

No podemos cerrar los ojos ante evidentes impactos en los recursos naturales, que estamos sufriendo, cuyos efectos están poniendo en riesgo la salud y las relaciones económicas, sociales, políticas o de equilibrio entre los recursos físicos y biológicos.

La extinción de las especies, la afectación de los ciclos hidrológicos, los procesos de erosión y de desertificación de los suelos y el cambio climático, son algunas de las más graves consecuencias producto de la incorrecta utilización de los bosques y las selvas que conforman la residencia original de la mayor parte de las riquezas biológicas.

La actual legislación que regula las actividades relativas a la utilización de los recursos forestales, requiere de adoptar conceptos de sustentabilidad a los que nos hemos referido, ante la apertura económica en el marco de libre mercado y la  desregulación establecida en la Ley Forestal, así como la desaparición de los servicios de guardabosques, se han incrementado los aprovechamientos clandestinos producto de la tala ilegal.

Caso concreto de lo que estamos hablando es la reserva de la biósfera de Kalakmul, ubicada al sur del estado de Campeche, forma parte ésta del corredor biológico mesoamericano, uniendo los bosques tropicales del norte de Quintana Roo con el Petén guatemalteco y los Montes Azules de Chiapas.

Es el área de selva tropical protegida más grande de México; abarca más de 700 mil hectáreas de hábitat de innumerables especies de plantas, animales, insectos y aves residentes y migratorias; la actual padece por deforestación incesante y de la pérdida de su patrimonio biótico y abiótico de manera preocupante.

Constituye ésta una de las mayores superficies forestales del trópico mexicano, además de que representa un gran aporte de mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, como los son los regímenes hídricos y climáticos y procesos ecológicos y evolutivos que determinan la biodiversidad de la zona.

También es importante como corredor biológico que permite el desplazamiento en ambas direcciones de las especies entre las regiones subséricas del norte de la Península de Yucatán y las zonas de clima subhúmedo y húmedo, al sur.

Kalakmul encierra una riqueza biológica y ecológica con la que muy pocas zonas del país cuentan. Contiene ecosistemas caracterizados por su gran diversidad, riqueza y fragilidad.

La fauna de la zona corresponde eminentemente a la región neotropical en la que se constituyen especies raras endémicas amenazadas y en peligro de extinsión.

Sin embargo, ésta es objeto de una destrucción sistemática, producto de una inadecuada zonificación que no permite que se cumplen las funciones para las que fue creada esta reserva, así como también producto de la cacería deportiva, del saqueo de madera, del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, de la pobreza que implica una mayor dependencia hacia la explotación directa de los recursos, presiones demográficas, procesos agrarios que han limitado los derechos de propiedad, baja renta económica de bosques y selvas, ausencia de políticas y de regulación ambiental en el campo, inexistencia de mecanismos para el intercambio económico que permitan valorizar y expresar preferencias sociales a favor de la conservación de bosques y selvas y de los bienes públicos que ofrecen y además políticas agrarias que durante muchas décadas contribuyeron a exterminar la riqueza forestal de esta zona.

De manera urgente –voy a terminar, si me permite—tiene que realizarse un aprovechamiento sustentable integral de los recursos forestales de esta zona. Es imperativo que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice todas las acciones conducentes para evitar la tala inmoderada que se realiza en la reserva de la biósfera de Kalakmul.

Por todo lo anterior sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice todas las acciones necesarias para revertir la deforestación que se suscita en la reserva de la biósfera de Kalakmul.

Segundo. Se mandata al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que aplique el plan de manejo de la reserva de la biósfera de Kalakmul, conforme a lo establecido en el capítulo 1 del título 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Firman los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, así como de otras fuerzas políticas.

Hago entrega a la secretaría de la presente proposición con punto de acuerdo. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada Spezia Maldonado.

Al igual que las anteriores proposiciones con punto de acuerdo, insértese la presente con el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese la presente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La proposición con punto de acuerdo con relación a la seguridad del recinto parlamentario se pospone para la próxima sesión, a petición del diputado Amador Rodríguez Lozano.

La proposición con punto de acuerdo sobre la norma oficial mexicana número 29 se pospone para la siguiente sesión, a petición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En consecuencia…(Interrupción)

 - EL C. DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO (Desde el pasillo): Que se recorra dos o tres turnos.

- EL C. PRESIDENTE: Se pospone para el final de la relación de Proposiciones con Punto de Acuerdo.

Para presentar una Propuesta con Punto de Acuerdo en relación con la inseguridad pública en la capital del país y en la zona conurbada, a cargo del diputado Jaime Larrazabal Bretón, del Partido Revolucionario Institucional, se pospone para la siguiente sesión.

La diputada Adela del Carmen Granel Campos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentará una Propuesta con Punto de Acuerdo para que los cítricos puedan ser incluidos en los desayunos escolares.

No estando presente, pasa al final del capítulo.

Tiene la palabra la diputada Araceli Domínguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Propuesta con Punto de Acuerdo en torno al financiamiento de los hospitales del Niño y de la Mujer ubicados en la capital del estado de Puebla. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.

- LA C. DIP. ARACELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ: Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos diputados federales integrantes de la LVIII Legislatura, con el debido fundamento legal sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

A N T E C E D E N T E S

No obstante que el estado de Puebla recibe uno de los gastos per cápita en salud muy por debajo de lo asignado al Distrito Federal, y mayor al promedio nacional, el gobierno de esta entidad federativa ha realizado un esfuerzo encomiable no sólo para elevar la calidad de los servicios, sino también para ofrecer opciones de servicios especializados a los poblanos y a nuestros compatriotas de los estados vecinos.

Tal es el caso de los servicios que presta el Hospital del Niño, mismo que durante el año de 2001 otorgó atención a una gran cantidad de niños de: Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Hidalgo e incluso del Estado de México.

Además este hospital no recibe recursos de la Federación. Como características principales se pueden enunciar las siguientes:

El hospital tiene una capacidad de cien camas; durante el año 2001 los servicios de consultas médicas atendidas ascendieron a 80 mil 363, se practicaron 2 mil 773 intervenciones quirúrgicas; se realizaron 1,653 rehabilitaciones espasmatológicas ?; se atendieron 3 mil 959 casos de salud mental y psicológica y 849 terapias del lenguaje.

Para brindar este apoyo se utiliza un presupuesto aproximado de 90 millones de pesos, de los cuales 11 millones se asignan a la atención de los niños de los estados circunvecinos.

Por otro lado, se está solicitando a la Secretaría de Salud Federal la construcción del Hospital de la Mujer, que ha sido una demanda muy sentida de las mujeres del estado de puebla y de los propios estados circunvecinos. Se trata de un hospital de especialidades, para los cuales el gobierno del estado de Puebla ha dispuesto de un terreno de 8 mil metros cuadrados. El hospital tendrá cobertura para atender las necesidades de este nivel para una población de tres millones 100 mil mujeres. Para s operación contará con 216 médicos y para médicos y 127 trabajadores de apoyo administrativo.

Dispondrá de 56 camas para hospitalización, urgencias, sala de rehabilitación, unidad de terapia intensiva; para realizar las cirugías contará con tres quirófanos y seis áreas de recuperación, gabinete para la atención de cáncer cérvico uterino y de mama.

La inversión para la construcción de esta obra asciende a 58.4 millones de pesos más 25 millones de pesos para la adquisición del gabinete para la atención de cáncer y de equipo de radioterapia.

Como situación actual del Sector Salud en el estado de Puebla, puedo mencionar que la infraestructura de primer nivel de atención ha crecido en 67 centros de salud que ya están operando, más 13 que se están construyendo con recursos estatales y municipales. Asimismo ha crecido en infraestructura hospitalaria en los últimos 3 años con quince hospitales, en la actualidad son 25. Aún considerando lo mencionado no se han incrementado los gastos de operación, los cuales 84 millones de pesos de presupuesto autorizado para el año 2002 están etiquetados como gastos de operación para contratación de personal, no para comprar insumos tales como medicamentos, material de curación.

"Por lo anterior, se requiere el apoyo financiero urgente para que se continúe preservando la salud de la población del estado de Puebla.

"En consideración a lo anterior propongo el siguiente

" P u n t o d e A c u e r d o

"Primero.- Que la Comisión de Salud invite a una de las sesiones de trabajo a un representante de la Secretaría de Salud Federal y a uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de conocer a detalle los programas y las obras de los hospitales del Niño y de la Mujer a cargo del gobierno del estado de Puebla.

"Segundo.- Que en función de lo anterior se consideren los presupuestos federales relativos al ejercicio 2003".

Gracias.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO (PRI): Gracias diputada Araceli Domínguez Ramírez.

Túrnese a la Comisión de Salud.

- LA C. DIPUTADA ARACELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ (PRI): Le pediría con todo respeto, señor Presidente, que también fuera turnada a la Comisión Sur-Sureste.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VAZQUEZ CASTILLO (PRI): A la Comisión Sur-Sureste. Se obsequia la petición de la diputada Araceli Domínguez. Túrnese a la Comisión Sur-Sureste.

Sí, la diputada Victoria Ruth Soria López. Adelante diputada, hasta por cinco minutos.

- LA C. DIPUTADA VICTORIA RUTH SORIA LOPEZ: Con su permiso, señor Presidente.

Como Secretaria de la Comisión de Equidad y Genero del Partido Acción Nacional, poblana, preocupada por un Hospital de la Mujer y del Niño Poblano, hay un gran compromiso para darle seguimiento al presupuesto en el cual estuviera incluido este proyecto.

Uno de los grandes riesgos de las mujeres poblanas en cuestión de salud es el que los hombres se ven obligados a emigrar al extranjero por necesidades de trabajo y al regresar a su lugar de origen vienen infectados con el SIDA, lo cual transmiten a sus mujeres y en consecuencia a sus hijos este mal. Esto es tan solo un ejemplo porque existen muchos más en los que están expuestas las mujeres poblanas.

Dentro de las prioridades de esta Comisión siempre ha existido la preocupación de salud de las mujeres y en este sentido el señor gobernador del estado de Puebla ha hecho una solicitud a los integrantes de este grupo parlamentario de Acción Nacional a nivel federal de Puebla, para dar seguimiento a esta gran necesidad y compartimos que se estudie este proyecto.

Por lo tanto hay un gran compromiso para las mujeres y por las mujeres y los niños, no solo del estado de Puebla sino de la República Mexicana. Por esta razón solicito que el punto de acuerdo presentado anteriormente sea turnado también a la Comisión de Equidad y Género.

Por su atención muchas gracias.

(Aplausos)

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VAZQUEZ CASTILLO (PRI): Esta Presidencia consulta a la diputada presentante del punto de acuerdo, la diputada Araceli Domínguez, si estaría de acuerdo en que el punto fuera turnado también, como se solicita, a la Comisión de Equidad y Género a fin de que emita una opinión.

- LA C. DIPUTADA ARACELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ (PRI. Desde su curul): Sí.

- EL C. PRESIDENTE: De acuerdo. Entonces túrnese para su opinión a la Comisión de Equidad y Género.

A petición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone para la siguiente sesión la propuesta con punto de acuerdo en relación con el desvío de recursos en la COLITEG y se concede el uso de la palabra al diputado Angel Meixueiro González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Perdón, se pospone para el final del capítulo de proposiciones con puntos de acuerdo.

En consecuencia se concede el uso de la palabra a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre la educación de las personas con Síndrome de Down en comunidades dispersas, hasta por cinco minutos.

-DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Legisladores: La educación como tarea fundamental en nuestro país a lo largo del siglo XX, buscó ser un vehículo eficaz de integración social bajo un marco en el que a partir de reconocer y respetar las diferencias se eliminaran las desigualdades. No obstante, en particular hacia la población discapacitada, el Sistema Educativo Nacional apenas en fechas recientes empieza a reconocer su condición especial y a partir de ella a diseñar modelos educativos específicos.

La educación de las personas con Síndrome de Down es un compromiso pendiente de atender por parte de la educación pública. Los avances que en torno a ella se han dado últimamente en México, se deben más al a transformación de condiciones sociales que han promovido redes familiares y sociales que por obra de la acción pública. No obstante, la visibilidad que han ganado diversos grupos vulnerables hoy en día, aún existen miles de menores de edad que se encuentran al margen de la atención educativa, dada la situación de marginación y pobreza en la que viven.

En México se han implantado diversos programas y modalidades educativas a millones de niñas y niños que habitan en comunidades alejadas y dispersas geográficamente y que por su escasa población no tienen acceso a los servicios educativos regulares de la Secretaría de Educación Pública. Por ello existe el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que opera los servicios de educación en comunidades de menos de 500 habitantes, con la participación de prestadores de servicio social que radican en la comunidad en la que brindan atención en educación preescolar, primaria y secundaria y educación para padres de familia, a fin de impulsar la educación inicial.

No obstante, en esas comunidades marginadas ni la educación pública ni la iniciativa social han podido hacer nada por los niños que padecen el Síndrome de Down; son miles de niños y niñas que no sólo padecen la segregación a que obliga la pobreza, sino que viven el aislamiento de la propia comunidad, por el sólo hecho de ser discapacitado, por el sólo hecho de ser diferente.

Es en este contexto que un grupo de madres de familias del Estado de Tabasco, se acercaron a esta soberanía para manifestar lo siguiente.

Que en muchas comunidades de la entidad niñas y niños con el Síndrome de Down no cuentan con una atención especializada. También que la mayoría de estas comunidades se encuentran alejadas y dispersas geográficamente de la cabecera municipal. Que sus familias son de muy escasos recursos.

Las personas con Síndrome de Down son parte de nuestra comunidad y como tales son parte de la población que los legisladores debemos atender.

Se debe buscar a través del contacto con instructores especializados, proveer de servicios educativos a las personas que tienen esta discapacidad.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos proponemos el siguiente

"PUNTO DE ACUERDO

"Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda turnar la demanda de la ciudadanía del Estado de Tabasco, la cual es extensiva a toda la República Mexicana en materia de educación para niños y niñas con Síndrome de Down en localidades dispersas, a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve a que estas comunidades cuenten con los servicios educativos de educación preescolar, primaria y secundaria para niñas y niños con Síndrome de Down.

"Segundo.- Esta soberanía, en el marco de las asignaciones presupuestales que está obligada a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, programará un recurso extraordinario al Consejo Nacional de Fomento Educativo, a fin de sustentar la implementación de nuevos programas para atender a estos grupos vulnerables.

"Tercero.- Se programará una reunión con el Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo, a fin de evaluar las condiciones bajo las cuales operan los programas actuales y la factibilidad de implementar los nuevos programas a partir de 2003 y sucesivos".

Signan este Punto de Acuerdo el diputado Donaldo Ortiz Colín, la diputada Magdalena Núñez Monreal y la de la voz, Adela del Carmen Graniel Campos.

Por su atención, muchas gracias.

-PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias diputada Graniel Campos.
Túrnese a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación a las tarifas eléctricas y se le concede la palabra hasta por cinco minutos.

–EL C. DIPUTADO JORGE ESTEBAN SANDOVAL OCHOA: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. A partir del 7 de Febrero del año en curso día en que se dio a conocer el Decreto a través del cual el Ejecutivo Federal elimina el subsidio de las tarifas eléctricas para uso doméstico y han dado incontables muestras de inconformidad y de molestia de la sociedad debido a lo impopular e insensible de tal medida que ha lastimado severamente la economía de los mexicanos, principalmente en aquellas regiones del país donde se presentan temperaturas extremas.

Desde esta tribuna y desde la Cámara de Senadores se han presentado incontables posicionamientos y puntos de acuerdo por medio de los cuales se solicita al Ejecutivo reconsidere tal medida y se restituyan los subsidios a las tarifas eléctricas para uso doméstico.

El dia 17 de Septiembre se aprobó por consenso en esta representación popular, a propuesta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que mediante sus Ramos de Hacienda y Energía en coordinación con la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados, realice un análisis minucioso con la finalidad de restituir el subsidio a las tarifas eléctricas para uso doméstico en aquellas zonas que por su naturaleza climática se han visto más afectadas por dicho Decreto.

Es verdaderamente lamentable que este problema de carácter social que tanto ha lastimado a la economía de los mexicanos, hoy sea motivo de botín político en el que candidatos y partidos pretenden sacar provecho de un problema tan sentido por la sociedad.

Y es el caso del Licenciado Luis Felipe Bravo Mena, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, quien en un acto de proselitismo político a favor de sus candidatos en el Municipio de Torreón, Coahuila y con el propósito de deslindar a su partido y a su gobierno de esas impopulares decisiones, afirma temerariamente que el asunto de las tarifas eléctricas podría haber gestado actos de sabotaje consistentes en maniobras desde el interior de la Comisión Federal de Electricidad para causar enojo e irritación en la población en contra del Presidente Fox y su partido.

Nuevamente nos encontramos ante filtraciones de información , práctica común y recurrente del Presidente Fox y su Gabinete para dar a conocer ilícitos sin atacarlos por los conductos e instancias competentes.

Nos preocupa la falta de ética y de moral que muestran os partidos políticos al pretender adjudicarse como suya la re clasificación de las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico en las regiones de La Laguna, medida que aún no ha sido autorizada por las autoridades competentes.

Esta decisión de re clasificación tarifaria, de concretarse será sin duda un triunfo ciudadano, abanderado por las diversas organizaciones políticas y sociales que sin embargo ese es apenas un aspecto de un problema más serio y complejo.

Este problema exige, primero, restituir íntegramente los subsidios a las tarifas eléctricas, es decir, eliminar los aumentos a la luz autorizados por el Presidente Fox mediante Decreto de fecha 7 de Febrero, cambiar la clasificación de las tarifas sin restituir los subsidios equivale a que los incrementos sufridos del más del 200% por el Decreto Presidencial del pasado 7 de Febrero, apenas se reduzca en un 40%.

Segundo, toda vez que la Tarifa 1-B es injusta y no corresponde a las temperaturas que se registran en la región de La Laguna y en muchas otras regiones del país, a las cuales se les debe aplicar la Tarifa 1-C y/o 1+-D, es necesario regresar a los usuarios que hayan pagado sus recibos con base a las tarifas 1-B, el excedente ya cobrado por la Comisión Federal de Electricidad.

Tercero.- Se debe de invalidar los Convenios de Pagos Parciales que algunos usuarios firmaron con la Comisión Federal de Electricidad como medida desesperada para que no se les suspendiera el servicio de electricidad ante los exagerados cobros que les hizo la propia CFE.

De no dársele solución integral a estos 3 puntos, cualquier decisión es insuficiente y parcial ante un problema tan serio y tan severo.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo:

Se solicite al Secretario de Energía ordene realizar una minuciosa investigación dentro de la Comisión Federal de Electricidad para determinar si los funcionarios y empleados de esta paraestatal han cometido el delito de sabotaje a que alude el dirigente nacional del Partido Acción Nacional y de existir elementos de juicio que presuman la existencia de tal ilícito se proceda en contra de los responsables conforme a derecho.

Segundo: De acreditarse la existencia de cobros indebidos, errores y alteraciones de los recibos, motivos del sabotaje a que hacemos mención, se restituya a los usuarios el dinero legalmente obtenido por la Comisión.

Tercero: Que la decisión de revisar las tarifas de uso doméstico sea una disposición general para todas las regiones que tienen similares temperaturas extremas y no se tome la decisión de revisión tarifaria únicamente a aquellas regiones que viven procesos electorales.

Cuarto: Se solicite a la Procuraduría General de la República se cite a declarar al licenciado Luis Felipe Bravo Mena, quien tiene conocimiento de actos de sabotaje en el interior de la Comisión Federal de Electricidad y ha incurrido en responsabilidad al no denunciar tales hechos ante el ministerio público federal, permitiendo con su omisión un perjuicio económico en contra del pueblo de México.

Es cuanto, señor Presidente.

-EL PRESIDENTE.- Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Tiene la palabra la diputada Patricia Aguilar García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal se destinen recursos del FONDEN a todos los pescadores afectados por la tormenta tropical Isidore, en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, previendo el estado de alerta en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

-LA DIP. PATRICIA AGUILAR GARCIA: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeros diputados:

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo que presentamos a nombre de los diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional y algunos otros compañeros que nos han hecho el favor de firmar este punto de acuerdo, para que se solicite al Gobierno Federal se destinen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEN, a todos los pescadores afectados por el paso del huracán Isidore en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, previendo el estado de alerta que se guarda en las entidades federativas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Exposición de Motivos: El Sector Pesquero Nacional ha sufrido durante la última década una de las peores crisis de la historia, conjugándose la falta de planeación del crecimiento de esta industria con factores que inciden plenamente en sus matices como lo son la falta de programas de organización y reordenamiento, la disminución de los recursos disponibles para la pesca y el incipiente crecimiento de la población que se dedica a esta actividad, lo que se convierte en un verdadero vía crucis si se considera que el gobierno de la República destina recursos económicos insuficientes respecto a las necesidades básicas y urgentes del sector.

Uno de los sectores más afectados lo es el sector social de la pesca, conformado en su mayoría por pescadores ribereños que practican la actividad en forma artesanal, debido a la falta de programas de apoyo y proyectos productivos que les permitan alcanzar mejores niveles de vida y ofrecer a sus familias una vivienda digna y la seguridad social a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La composición que identifica a la pesca que practican los habitantes de las costas mexicanas, coloca a los pescadores en posiciones totalmente vulnerables en relación a los cambios meteorológicos que ofrece la naturaleza. Esta vulnerabilidad que obedece a la necesidad preponderante del pescador de mantenerse en constante contacto con los medios acuáticos, dulceacuícolas o marinos, provoca que los fenómenos naturales como ciclones, tormentas tropicales y huracanes, impacten no solamente en las viviendas de los pescadores, sino también en sus equipos y herramientas de trabajo que llegan a perderse parcial o totalmente.

El huracán denominado Isidore, que azotó el Golfo de México y el Mar Caribe, ha ocasionado daños aún incalculables en regiones pesqueras de las costas de los Estados de Yucatán, Quinta Roo, Campeche y Chiapas, manteniendo en estado de alerta a los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

CONSIDERANDOS

La situación económica en la que se encuentran los pescadores de los litorales de nuestro país es deficiente, debido al poco presupuesto destinado para el desarrollo, incremento de sus capacidades laborales y productivas que tantos beneficios producen a la economía mexicana.

Dicho estatus económico es notoriamente afectado por los fenómenos naturales meteorológicos, tal como el huracán Isidore del Golfo de México que devastó las zonas costeras de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, destruyendo en forma parcial o total, los medios de producción de los pescadores mexicanos poniendo en peligro su modus vivendi, pues sus avíos de pesca representan la forma en que obtienen el sustento propio y de sus familias.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 25, establece: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable; que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".

También señala en el artículo 28: "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación".

El Gobierno de la República ha declarado zona de desastre el estado de Yucatán; estado de emergencia en las entidades federativas de Quintana Roo, Campeche y Chiapas y de alerta en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, debido a los efectos del paso del huracán Isidore en el Golfo de México y Mar Caribe y últimamente de la tormenta tropical Julio, que también azota a estas regiones.

La Ley General de Protección Civil, cuya última reforma aplicada data del 29 de diciembre de 2001, establece en su artículo 3 fracción IX, como zona de desastre el espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad competente en virtud de desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres.

La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, expide las reglas generales de operación para la aplicación de los recursos asignados al mismo, definiendo con un criterio preponderante que dichos recursos se aplicarán a productores rurales, principalmente en regiones que requieren atención inmediata como es el caso que nos ocupa.

También establecen las bases generales que el programa aplicará en épocas de escasa demanda de mano de obra, situación que también se cumple para los pescadores de las regiones afectadas.

Honorable asamblea: por los motivos y considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución.

Primero.- Se solicita al Gobierno Federal se destinen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales FONDEN y del Programa de Empleo Temporal, PET, a todos los pescadores afectados por el paso del huracán Isidore y de la tormenta tropical Julio, en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con objeto de que subsistan a este estado de emergencia y recuperen sus medios de trabajo.

Segundo.- Que estos recursos se apliquen en coordinación con las delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la autoridad pesquera del gobierno del estado correspondiente, así como a los ayuntamientos afectados.

Tercero. Se recomienda que una vez que se cumpla con lo solicitado, se haga del conocimiento a esta soberanía por conducto de la Comisión de Pesca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de Septiembre del 2002.

Quiero, además, compañeros si me permiten, pedir de manera especial o extender la solicitud de los compañeros de Yucatán a que apoyemos a toda esta gente que tiene grandes necesidades por el paso de este huracán y de la tormenta, con lo que ustedes puedan contribuir para que sea distribuido a todas estas gentes tan necesitadas.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se considera de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución el punto presentado en esta tribuna.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa.

EL C. PRESIDENTE.- Se considera de urgente y obvia resolución.

Quiero informarle a la Asamblea que inmediatamente después, hay otra propuesta de punto de acuerdo referente al mismo tema, entonces yo pediría a la Asamblea si procedemos también a leer y luego votamos las dos.

El siguiente lo presenta... Bueno, me dicen que lo va a leer la Secretaría. ¿El diputado Juan Camilo?, ¿juntos? Separados, bueno.

Está en consecuencia a discusión este punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de referencia.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Suficientemente discutido, Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo referido.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al siguiente punto de acuerdo.

EL MISMO C. SECRETARIO.- Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se declare al estado de Campeche como zona de desastre, suscrito por diputados de la entidad, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva.

Compañeros diputados:

Los abajo firmantes, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición de acuerdo para que se decrete al Estado de Campeche como zona de desastre y por consiguiente se canalicen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, para la atención de damnificados y la reconstrucción de la infraestructura dañada como resultado del paso del huracán.

Durante los últimos días el huracán "Isidore" ha castigado con fuerza pocas veces vista en el Estado de Campeche. No podemos olvidar el paso de otros huracanes por esa entidad, como "Gilberto" , "Opal" "Roxana", entre los más recientes.

Si bien el Estado de Yucatán ha captado la atención de los medios de comunicación, el Estado de Campeche por su cercanía con aquella entidad, también ha sufrido el embate de los fuertes vientos y las lluvias intensas, las cuales han provocado inundaciones y el azote de marejadas sobre las costas campechanas.

Esta situación ha provocado que en Campeche hasta el momento haya más de 40 mil damnificados y numerosas localidades incomunicadas. Se habla de 3 víctimas fatales. Una de las muertes se registró en el poblado "Alfredo Bonfil" y las otras dos en la colonia "Minas". El ejido "Alfredo B Bonfil" al igual que muchas otras comunidades en diversos municipios del Estado de Campeche, ha quedado prácticamente sumergido en el agua. En varias cabeceras municipales y particularmente en las colonias populares, el nivel del agua alcanzó más de un metro de altura afectando seriamente a miles de familias campechanas.

Esto además de los graves daños a otros sectores y áreas como la zona de infraestructura de comunicación, electricidad y servicios a la producción agrícola. En algunas partes de la ciudad de Campeche el tránsito de vehículos continúa suspendido debido a las inundaciones de más de 80 centímetros y las lluvias continúan de manera intermitente.

La situación es preocupante en municipios como Kalkiní, Tenabo, Exelchakan, Opelchen, Campeche y Carmen. Esta información no obstante que es extraoficial nos preocupa. Es de esperarse por ello que el licenciado José Antonio González Kuri, gobernador constitucional del Estado de Campeche, promueva sin mayor dilación como consecuencia del análisis y evaluación que en este momento está llevando a cabo, que se declare a la entidad como zona de desastre.

Si lo anterior no ocurre oportunamente, se corre el riesgo de que los damnificados campechanos no tengan oportunidad de acceder a programas y fondos que en medida de lo posible ayuden a mitigar los efectos devastadores de este fenómeno meteorológico, más aún cuando hay amenazas de la formación de nuevos meteoros.

Por ello se ha preparado una Proposición con punto de acuerdo, misma que los firmantes sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, en calidad de urgente y obvia resolución, a fin de que se observe que Campeche al igual que en el caso del Estado de Yucatán, se considere zona de desastre para que de esa forma la entidad tenga acceso a los programas y fondos federales que están disponibles para situaciones como las que están viviendo sus habitantes.

Debido a la urgencia del caso, los legisladores debemos pasar por alto posiciones políticas y asumirnos únicamente como mexicanos para unirnos en la búsqueda de soluciones que alivien esa situación.

Por otra parte, hacemos un llamado a los gobiernos federal y local, para que asuman la parte que les corresponda. Se restablezcan servicios y comunicaciones, se reconstruya la infraestructura dañada y se reduzcan al mínimo las secuelas ocasionadas por el huracán "Isidore", el cual ha superado toda previsión a fin de que la población campechana reanude su vida normal a la brevedad.

Por todo lo anterior proponemos el siguiente:

"ACUERDO:

"Primero.- Que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre las secuelas que dejó el paso del huracán "Isidore" por el Estado de Campeche y las medidas de protección civil tomadas antes, durante y después del meteoro.

"Segundo.- Que la Secretaría de Gobernación declare zona de desastre a la entidad e intervenga para la aplicación expedita de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, con la finalidad de apoyar la compra de alimentos, medicinas, agua y ropa para la población damnificada.

"Tercero.- Que la Secretaría de Desarrollo Social y de Salud, envíen a la brevedad brigadas médicas y de asistencia social y establezcan todas las medidas pertinentes y los apoyos a la población que sean necesarios.

"Cuarto.- Que la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento, presente a la brevedad un informe de los daños causados a la infraestructura productiva de servicios básicos, de transportes, comunicaciones yvivienda en el Estado de Campeche, como consecuencia del citado huracán y autorice los recursos necesarios para la reconstrucción.

"A los 26 días del mes de septiembre de 2002, diputado Juan Camilo Murillo Terrazas; diputado Rafael Rodríguez Barrera;diputado José del Carmen Soberanis González, diputado Edilberto Bonfil Montalvo, diputado Ricardo Ocampo Fernández, diputado José Manuel del Río Virgen, diputado Martí Batres Guadarrama, todos con sus rúbricas.

EL C. PRESIDENTE: Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución del punto de acuerdo.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se considera de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo citado.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Mayoría por la afirmativa.

EL C. PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores.

Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvante manifestarlo.

(VOTACION)

Suficientemente discutido, presidente.

EL C. PRESIDENTE: Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

EL MISMO C. SECRETARIO: Se consulta a la asamblea si se aprueba el presente punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

 (VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Mayoría por la afirmativa.

EL C. PRESIDENTE: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

A petición del grupo parlamentario del PRD se pospone para la siguiente sesión el punto de acuerdo en relación con la paz mundial.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez para que, en nombre también del diputado Augusto Gómez Villanueva, presente un punto de acuerdo para crear una comisión para evaluar y dar seguimiento a los programas federales dirigidos al estado de Chiapas.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ: Señor presidente de la Cámara de Diputados: en nuestro carácter de diputados federales y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto nos permitimos someter a la consideración de la asamblea una proposición con el fin de obtener el acuerdo de la Cámara para crear una comisión especial en los siguientes términos:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Derivado de la reflexión y análisis de la situación y el momento coyuntural que vive el estado de Chiapas, así como su gran importancia en el contexto nacional, se propone la creación de una comisión especial para evaluar y dar seguimiento a los programas públicos federales dirigidos o que impactan a los habitantes del estado de Chiapas.

Esta comisión especial deberá dar seguimiento a las políticas gubernamentales, planes y programas enfocados específicamente al estado de Chiapas o que de alguna manera impactan en sus habitantes con el objeto de ser un canal de retroalimentación con el órgano estatal encargado del diseño de la legislación, es decir, el Congreso General, para que desde ahí, en caso de ser necesario, se proponga el rediseño o la adecuación de las políticas gubernamentales.

Asimismo, la comisión será un enlace entre los poderes Legislativo y Ejecutivo federales para hacer la comunicación en dicha materia mucho más fluida y expedita y de esta forma hacer eficiente la aplicación de las acciones de gobierno que sean necesarias.

Dicha comisión especial se funda en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I de la Constitución Política, 42 de la Ley Orgánica del Congreso General y su misión será verter opiniones, informes o proponer resoluciones al pleno de la Cámara sobre la situación social, económica y política de Chiapas, derivada de la evaluación y seguimiento a las políticas y programas públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el de la voz y los demás firmantes presentamos la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

Artículo primero.- De conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se crea la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento de los Programas Públicos Federales dirigidos o que impactan a los habitantes del estado de Chiapas, de conformidad con las siguientes bases:

a) La comisión se compondrá por quince miembros y estarán representados en ella todos los partidos políticos de acuerdo con la proporción que tiene cada no en el pleno.

b) La Comisión terminará su encargo con la LVIII Legislatura.

Artículo Segundo.- La Comisión tiene por objeto hacer una evaluación constante y dará seguimiento a los programas públicos federales dirigidos o que impactan al estado de Chiapas con el fin de emitir opiniones, generar informes y proponer resoluciones a la Cámara de Diputados sobre la materia.

Artículo tercero.- La Comisión podrá establecer comunicación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que implementen programas dirigidos o que de alguna forma impacten en el estado de Chiapas para el cabal cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la normatividad del Congreso General.

Transitorios:

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor con el carácter de decreto de la Cámara de Diputados, después de su aprobación por el pleno.

Segundo.- La Junta de Coordinación Política deberá proponer a los integrantes y los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión, a más tardar diez días después de la aprobación del presente decreto.

Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 26 de septiembre de 2002.

Atentamente los que firman.

- ELC. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la palabra la diputada Mercedes Hernández Rojas, del Partido de Acción Nacional, para presentar un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Economía la ampliación del periodo de vigencia del esquema arancelario de la transición a régimen comercial general del país para los sectores de comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios ubicados en la región fronteriza.

- LA C. DIP. MERCEDES HERNANDEZ ROJAS: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Me permito presentar el Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Economía la ampliación del periodo de vigencia del esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para los sectores de comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios ubicados en la región fronteriza bajo los siguientes

A N T E C E D E N T E S

El 29 de diciembre de 1998, se expidió un nuevo decreto que sustituía al anterior, con la finalidad de actualizar el citado esquema de desgravación para mantener las condiciones de competitividad, de desarrollo y de bienestar alcanzados.

Hasta antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, existían en México cinco zonas libres comerciales, entre ellas las de Quintana Roo.

Los acuerdos comerciales con otros países han constituido un importante factor de cambio que nos han enclavado de lleno en el contexto internacional.

Ciertamente el TLCAN ha sido positivo en materia fiscal para el sector comercio de todo el país en términos de la disminución paulatina de aranceles.

Este nuevo régimen comercial, sin embargo, sólo enfatiza un compromiso recíproco con dos países: Estados Unidos y Canadá.

En el caso de la mercancía importada de terceros países que no fueran Estados Unidos o Canadá, el tratamiento vigente durante muchos años ha sido el de un arancel de cero o 5 %.

En diciembre de 1998 a este régimen se le otorgó una prórroga por cuatro años más, siendo vigente hasta el 31 de diciembre del 2002. No obstante ha hecho que

los perímetros y zonas de libre comercio se sujeten a múltiples restricciones, generando una gran pérdida de oportunidades para el comercio fronterizo nacional.

Es necesario mantener el esquema de las zonas de desgravación libres y franjas fronterizas, a fin de afectar a las actividades antes señaladas, así como las relacionadas con éstas y continuar con el impulso de la competitividad económica, el desarrollo y el bienestar de los habitantes de dichas regiones. Asimismo impulsar la igualdad de condiciones con nuestros principales competidores de la Cuenca del Caribe que responden a auténticas zonas libres.

Esta condición preferencial ha permitido que un gran número de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos en general puedan importar productos necesarios para el cumplimiento de su objetivo comercial de gran calidad y a precios accesibles. Asimismo en el caso de destinos turísticos como el de Quintana Roo los prestadores de servicios puedan mantener la calidad y el precio del servicio ofrecido y competir con cualquier otro destino, libre de impuestos y aranceles.

Asimismo para la satisfacción de las necesidades de los residentes de esas poblaciones acentuadas por la citada dificultad para obtener productos de la región se requiere que el comercio organizado ahí establecido pueda importar total o parcialmente desgravadas ciertas mercancías, bajo un procedimiento específico.

En el caso de Cancún, Quintana Roo, municipio Benito Juárez, las inversiones en el ramo de la comercialización se reactivaría generando pues ese trabajo directas e indirectas y permitiendo apoyar a la población de esta región.

Compañeras y compañeros Diputados:

Promovemos este punto de acuerdo porque en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional creemos escuchar la voz de nuestra sociedad representada, encauzando sus propuestas y necesidades, es nuestro deber primordial. No podemos permitir que las comercializadoras mexicanas en el padrón de importadores sucumban.

El término de la vigencia del decreto señalado el 31 de diciembre del 2002 causaría una lesión a la inversión en el ramo del comercio, agravando el actual déficit que sufren las comercializadoras.

Ante lo antes expuesto es evidente la necesidad de continuar con la vigencia de los artículos 1º y 3º transitorios del decreto por el que se establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para el comercio, restorantes, hoteles y ciertos servicios ubicados en la región fronteriza.

Estamos muy a tiempo para ampliar el plazo perentorio del decreto en cuestión ahora vigente. Esperamos su solidaridad y por lo anteriormente expuesto sometemos a la aprobación de esta honorable asamblea el siguiente

P u n t o d e A c u e r d o

Se solicita a la Secretaría de Economía que se amplíe el periodo de vigencia hasta el año del 2006 de los artículos 1º y 3º transitorios del decreto, por el que se establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para el comercio, restorantes, hoteles y ciertos servicios ubicados en la región fronteriza, de fecha 31 de diciembre de 1998.

Gracias.

(Aplausos)

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL (PRD): Gracias, señora Diputada.

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

- LA C. DIPUTADA MERCEDES HERNÁNDEZ ROJAS (PAN): Gracias. Solicito que se imprima completo porque hice un resumen, por favor.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL (PRD): Insértese el texto íntegro de la proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

A solicitud del grupo parlamentario del PRI se pospone para la siguiente sesión el punto de acuerdo sobre el Día Mundial del Turismo.

Igualmente, a solicitud del grupo parlamentario del PRD, se pospone para la siguiente sesión el punto de acuerdo relativo a la norma oficial mexicana 029.

Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que los cítricos puedan ser incluidos en los desayunos escolares.

 -DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con la venia de la Presidencia.

Honorable Asamblea: Durante el pasado mes de junio se llevó a cabo en Roma, Italia, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, donde se renovó el objetivo de reducir en un 50 por ciento el número de personas en situación de inseguridad alimentaria para el año 2015.

De acuerdo con la FAO, para eliminar el hambre y la mal nutrición, cada gobierno debería basarse en la compra a nivel local o regional cuando sea posible. En este sentido se reconoció el valor de la alimentación escolar como un programa de desarrollo social. Se busca alentar la ampliación de los programas de alimentación escolar del Programa Mundial de Alimentos.

Cualesquiera que sean las deficiencias de la situación en un estado, hay medidas que pueden adoptarse inmediatamente a favor de la seguridad alimentaria en el plano local a un costo muy bajo, incluidos los programas de educación nutricional como los desayunos escolares para todos.

Resulta obvio que se requiere aumentar el gasto público en la agricultura y el desarrollo rural.

En México la citricultura ocupa 550 mil hectáreas en 23 estados productores, donde se generan 150 mil empleos directos y millones de jornales indirectos. La cosecha llega aproximadamente hasta los 5 y medio millones de toneladas entre limones y naranjas.

La situación por la que atraviesa la naranja es muy complicada, debido a una sobreproducción de este cítrico y básicamente a los bajos precios del mercado internacional en el jugo concentrado, además de que los jugos procesados que actualmente se venden, en algunos casos contienen 42 por ciento de endulzante.

En este contexto, al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se acercaron un grupo de productores de cítricos de la República Mexicana para plantear distintos problemas que se enumeran enseguida.

1.- Recientemente se ha presentado la amenaza del trosóptero acitricida (?) que atacó la citricultura en Brasil, Argentina y que apareció en Yucatán.

2.- Los cambios sociales en el consumo de alimentos preparados, han modificado también los hábitos en consumo de bebidas. El consumidor tiende a ocupar menos tiempo en la realización de las comidas, esto ha repercutido también en un aumento del consumo de alimentos y jugos preparados, principalmente entre niños y niñas.

3.- El sector de la transformación está en plena expansión, tanto por el aumento de la demanda de estos productos como por el nivel tecnológico alcanzado por las industrias.

4.- Que se considere a los cítricos dentro del índice de precios de la canasta básica, debido a la importancia que tiene en el gasto familiar.

5.- En este contexto, los productores de cítricos proponen que el jugo de naranja, limón, mandarina o toronja, pudiera ser incluido en los desayunos escolares.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos proponemos el siguiente

"PUNTO DE ACUERDO

"Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda turnar la demanda de los productores de cítricos en materia de apoyo a la industrialización, procesamiento y comercialización de los mismos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2003 y sucesivos, consideren un incremento sustantivo a las partidas correspondientes y con ello atiendan su solicitud.

"Segundo.- Que las demandas de ingreso de los productores de cítricos a los programas de apoyo al campo, se turnen a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuven a su pronta solución.

"Tercero.- Que esta soberanía acuerda solicitar respetuosamente la intervención del gobierno federal, para que instruya a la dependencia correspondiente y se analice la pertinencia de que los cítricos, jugos de naranja, limón, mandarina o toronja, sean incluidos en los desayunos escolares.

"Cuarto.- Asimismo, que se instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que el Banco de México considere a los cítricos dentro del índice de precios de la canasta básica".

Signan el presente Punto de Acuerdo la diputada Magdalena Núñez Monreal, el diputado Donaldo Ortiz Colín, el diputado Oliverio Elías, diputado Tomás Torres, diputada Hortensia Aragón y el diputado Luis Miguel Barbosa y la de la voz, diputada Adela del Carmen Graniel Campos.

Por su atención, muchas gracias.

(aplausos)

-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

A solicitud de la Fracción Parlamentaria del PRI, se pospone el Punto de Acuerdo en relación con el voto de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, respecto al posible ataque de Estados Unidos a Irak. Se pospone para la siguiente sesión.

El siguiente tema es agenda política y es en torno a comentarios en relación a la situación en PEMEX. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

..—EL C. DIPUTADO FELIX SALGADO MACEDONIO: Ciudadano Presidente. Lamentable la ausencia de compañeros Diputados y Diputadas, vemos muy poquito, creo que habrá como 50, porque me hubiera gustado que estuvieran todos pero pues está vacío el corral.

Hay un asunto mucho muy importante, que le importa a la nación, que se lama PEMEX, estamos viendo en todos los medios de comunicación: televisión, radio, periódicos, este caso que apena y digo que da pena porque ¿cómo es posible que hasta ahora nos vengamos a dar cuenta de la terrible corrupción que priva en el Sindicato Petrolero?. Desde luego que esto no es nuevo, esto es viejo, desde hace muchos años, el Sindicato, la dirigencia sindical amafiada, confabulada con los gobiernos que emanaban del mismo partido, el PRI.

Y ahora, pues hay otro gobierno encabezado por el PAN y escudriñan y encuentran que se desviaron muchos millones de dólares a favor de la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa.

Pero, repito, esto no es nuevo, esto ya es viejo, desde hace muchos sexenios, Salinas, Zedillo han mal utilizado los recursos de la nación y como es un sindicato fuerte, tiene mucha fuerza política porque aporta muchos votos y aporta mucho dinero al sistema caduco que afortunadamente se le dio fin.

Entonces ya es intocable, ahora resulta que los implicados, los líderes sindicales que tienen fuero constitucional, amenazan que de ser desaforados va a haber un paro, va a hacer una huelga nacional de PEMEX, lo cual calificado por empresarios mexicanos y extranjeros, sería una catástrofe para la economía mexicana. Y efectivamente, así es. Este país depende en su economía, en una tercera parte del petróleo.

Entonces no estamos hablando de cualquier líder, no estamos hablando de los líderes de los músicos, no estamos hablando del líder de los boleros, estamos hablando de los líderes petroleros. Cuando no eran diputados eran senadores o viceversa, poderosos los señores, hinchados de dinero, la corrupción imperante en ese Sindicato, intocable, nunca había visto trabajadores petroleros en las calles luchando como ahora los veo.

Nunca los había visto luchando con tanta vehemencia por mejores condiciones de vida, por mejores salarios, como ahora los veo. Qué curioso, y es que los están manipulando y los están confundiendo.

Yo apoyo al Sindicato, yo apoyo al sindicalismo, yo apoyo que tengan mejores prestaciones los trabajadores pero no podemos apoyar que de modo encubierto se esté queriendo proteger a sus líderes corruptos, eso no lo podemos apoyar.

Yo estoy en contra de la privatización de PEMEX, que quede muy claro, pero si en esto el Presidente Vicente Fox va a fondo en el combate a la corrupción, tenemos que brindarle todo el respaldo al Presidente de la República para que llegue a fondo y combata esos viejos vicios.

Romero Deschams y Aldana, apenas es la puntita del iceberg, apenas es la puntita; hay que meterle también al Sindicato de los Maestros, al SNTE, hay que meterle a todo lo que tenga que ver con corrupción, para liberar a los trabajadores de estas lacras que no tienen vergüenza.

Por ahí escuché que algún compañero legislador ya solicitó un amparo. ¿Un amparo de qué, contra quién, por qué? De entrada está reconociendo que trae problemas, que no está tan limpio, pero también está reconociendo su extremada ignorancia, pues tiene un fuero constitucional, no requiere de ningún amparo porque tiene un fuero constitucional, pero si ellos son limpios, yo los invito a que soliciten licencia. Evítense un proceso desgastante, que pidan licencia, que se separen al cargo y que tengan que enfrentar allá a las autoridades judiciales y tampoco manipular a los trabajadores.

Vi otra noticia: resulta que el sindicato petrolero tiene 43 millones de dólares en una cuenta bancaria en el extranjero y declara el Tesorero, el senador Aldana, que los tienen allá porque allá están bien seguros. Aquí no está seguro el capital. Eso se llama especulación. Son especuladores, son sacadólares. Para mi que son delincuentes en alto grado. ¿Por qué no dejan el dinero aquí de los trabajadores, por qué lo tienen que llevar al extranjero?

Qué buen ejemplo de líder, qué buen ejemplo de legislador. 43 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Hay que ver cuántos más hay en Suiza, hay que ver cuántos más hay en otros países y bueno, estos señores de verdad que no tienen pena.

Y esto es por un lado y luego hay que buscarle por otro lado. Los hijos de punta Diamante, que también nos han arrebatado nuestras tierras, que Diego Cervantes de Cevallos -ahí les va a ustedes-, Diego Cervantes de Cevallos el senador, tiene allá sus hectáreas, seis hectáreas de tierra que le quitaron a nuestros ejidatarios, que ahorita tienen un valor de 600 dólares el metro cuadrado. Ese señor, junto con otros, amparados en el poder, han hecho y deshecho, son gente corrupta y la gente corrupta no puede, no puede continuar en la impunidad; se les tiene que castigar. Lo que no quiere este país es la corrupción.

Y al PRI le digo: si quiere guardar su prestigio, que se haga a un lado y que deje que sus elementos encaren a la justicia. Tienen buenos abogados y tienen mucho dinero, ahí está Cabal Peniche, ahí está Oscar Espinosa Villarreal que se han robado el dinero del pueblo y no han pisado la cárcel, porque en este país está comprobado que la cárcel no es para los ricos, es para los pobres. ¿Entonces a qué le tienen miedo?

Ya ven que sus líderes del PRI, Roberto Madrazo y la señora Elba Esther Gordillo están preocupados por salvar el prestigio del Partido Revolucionario Institucional. Madrazo, el que gastó más millones de dólares que Bill Clinton en su campaña, en Tabasco, y Elba Esther, la que está acusada del crimen del maestro Masael Acosta Núñez, esa es la dirigencia del PRI, pero no voy a profundizar más, simple y sencillamente de aquí les estoy diciendo, la mayoría del pueblo mexicano exige justicia, que los líderes tengan que responder a las cuentas ante los jueces que regresen ese dinero y que sean juzgados conforme a la ley. No es nada más que van a regresar el dinero.

Y bueno, pues yo creo que no es el único caso, aquí hay muchos, qué bueno que se instaló la Comisión Instructora, se van a revisar muchos casos de desafuero, no es el único de los diputados y el senado Aldana, hay muchos casos que habrá que ir revisando, este caso también de Zedillo, lo de juicio político, así que creo que tenemos mucho trabajo por delante.

Muchas gracias por su atención.

EL PRESIDENTE: Gracias diputado.

Ha solicitado hacer el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo. Por lo tanto tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.

EL DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores:

La relación entre el Gobierno Federal y el Sindicato Petrolero de nuestro país, se ha convertido en un caso polémico que abarca, diariamente, al menos en los últimos meses, las principales planas de los medios de información escritos. Y llamó poderosamente la atención de todos los medios electrónicos de comunicación masivos.

El gobierno del Presidente Fox y el Sindicato Petrolero han convertido a la industria petrolera nacional en rehén de sus aviesos intereses. El primero, utilizando el caso PEMEX como plataforma electoral del 2003 para fortalecer al PAN, mientras que los líderes utilizan al Sindicato Petrolero como refugio para cubrir las corruptelas del pasado y del presente, así como instrumento para evadir la acción de la justicia y para no perder los privilegios adquiridos durante varias décadas.

El Gobierno Federal le creó la opinión pública nacional la expectativa de que iba a fondo en el combate a la corrupción. Sin embargo, los hechos son contundentes, el manejo publicitario del caso y el cálculo político que sobre él se hizo, muestran el interés de sacar sólo provecho político en aras de las elecciones federales del próximo año.

Fox y el PAN quieren el control de la Cámara de Diputados para modificar la correlación de fuerzas al interior del Congreso de la Unión; eso lo tenemos claro. Por esa razón, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronunció a favor de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados se integrara de manera plural y proporcional como lo establece la legislación en la materia, para llevar hasta sus últimas consecuencias, en su caso, el proceso de desafuero de los indiciados.

Nos opusimos al proceso de integración de esta Sección Instructora porque la lucha contra la impunidad y la corrupción debe observar siempre el respeto a la legalidad y porque tal como quedó constituida esa sección, en los hechos se otorgó un cheque blanco al PAN para que se convierta en un Tribunal Sumario bajo el pretexto de ser Juez Moral del Pueblo.

Además, con esa mayoría en la conformación de la Sección Instructora, el PAN podrá en lo sucesivo convertirse en un valladar que se opondrá a cualquier posible acción legal en contra de los integrantes del gabinete Foxista.

No a la carta de impunidad del PAN con el PRD. No a la impunidad de los Amigos de Fox, nosotros tenemos claro que el PAN ha sido siempre cómplice del PRI en los principales fraudes y robos históricos a la nación, ahí tenemos el FOBAPROA-IPAB y ante el aumento al IVA del 10 al 15% y más recientemente el incremento de las tarifas eléctricas, pero hoy se quiere presentar con la máscara de la democracia que le queda muy grande.

Nos oponemos a la negociación en lo oscurito y apelamos a la aplicación de la justicia. Estamos a favor de que las conquistas logradas por los trabajadores a lo largo de su lucha sean respetadas. Nos oponemos a cualquier despido y a toda acción que implique retroceso a las conquistas laborales y del sindicalismo.

Nos oponemos tajantemente a la requisa y al “estirolaje”  de PEMEX  por parte del Gobierno Federal. Exigimos respeto a los derechos laborales de los trabajadores petroleros.

Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a la entrega de nuestros recursos energéticos y petrolíferos a los “amigos de Fox” que radican en México y en Texas, así como sus asociadas, las grandes corporaciones trasnacionales.

Exigimos que se castigue a los responsables del “PEMEX-GATE”, a la ilegalidad del financiamiento de los “amigos de Fox”, al fraude de los gastos en el Rancho de San Cristóbal y el “toalla-gate”; la ley debe aplicarse.

Porque hay presunción de corrupción, apoyamos el desafuero de los indiciados y votaremos en su momento para que sean los órganos responsables de la aplicación de la ley, para que decidan sobre esta presunción, a todos por igual.

Tenemos claro que la lucha contra la corrupción pasa por incorporar al pueblo como vigilante del uso de los recursos y de la calidad de las obras públicas y en esta materia, Fox y el PAN están muy lejos de aspirar a este propósito.

Por su atención, muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia le informa a la Asamblea que ha recibido una comunicación de la Junta de Coordinación Política.

Suplico a la Secretaría, dé lectura de dicha comunicación.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- 

(Da lectura al oficio de la Junta de Coordinación Política, en relación a la creación de una Comisión Especial)

EL C. PRESIDENTE.-  De enterado.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.-  Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

(Orden del Día)

EL C. PRESIDENTE, (A las 15:00 horas).-   Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Solemne que tendrá lugar el próximo martes primero de octubre a las diez horas y al concluir, la Sesión Ordinaria.