-EL C. MODERADOR. Se declara abierta la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación , Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, siendo las 17 horas con 25 minutos. SE ABRE LA SESION
--EL C. DIPUTADO MANUEL DE JESUS ESPINO BARRIENTOS:-De conformidad con el Artículo 7º Numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el Doctor Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia, invitado a esta reunión de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, en la que se llevará a cabo el Análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox Quesada en el tema de su competencia.
Doctor Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública, a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, sea usted bienvenido.
Nos acompañan el Diputado Jaime Vázquez Castillo, Representante de la Mesa Directiva, le damos también la bienvenida, agradecemos su presencia, así como al Diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia Democrático, Partido Político Nacional, bienvenido Diputado.
Se darà lectura al Acuerdo Parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 5 de Septiembre.
Le pedimos por favor al Diputado Secretario Alfredo Hernández Raigosa, dé lectura al Acuerdo referido.
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA.- Muchas gracias señor Presidente. Con su venia.
"El Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las Bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, para el Análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, Administración 2000-2006 La Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para dara cumplimiento a lo señalado en el Artículo 7º párrafos 4º. Y 5º. Del mismo ordenamiento y considerando:
Primero.- Que el Artículo 69 de la Constitución ordena que a la apertura del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Congreso General, asistirá el Presidente de la República y presentará un Informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la Administración Pública del país.
Segundo.- Que el Artículo 7º párrafo 4º de la Ley Orgánica del Congreso General establece que las Cámaras del Congreso de la Unión analizarán el Informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se desarrollará clasificándose por materias, en Política Interior, Política Económica, Política Social y Política Exterior.
Tercero.- Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 34º de la Ley Orgáncia del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno proyectos de Puntos de Acuerdos sobre asuntos que deban ser desahogados en ese órgano.
Cuarto.- Que para realizar el Análisis del Segundo Informe de Gobierno de la Administración 2002-2006 de la mejor manera así como para ordenar comparecencias de los funcionarios responsables de los diversos ramos de la Administración Pública Federal, para ese efecto es conveniente que la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades acuerde y proponga al Pleno el formato conforme al cual se desahogarán las mencionadas comparecencias.
Con base en las consideraciones procedentes y con fundamento en el Artículo 69º de la Constitución así como en los artículos 7º y 34º de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente Acuerdo:
1º. El presente Acuerdo regulará exclusivamente lo relativo al formato que habrá de observarse durante las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados a efecto de realizar el análisis del 2º Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo.- Las sesiones en que se desahoguen las comparecencias se desarrollarán conforme a las siguientes bases:
1.- En primer término, el funcionario compareciente expondrá el estado de su respectivo ramo hasta por 15 minutos.
2.- A continuación, un representante de cada grupo parlamentario hablará hasta por diez minutos para establecer la posición del grupo respecto del tema.
3.- A continuación se dará inicio a 1 ó 2 rondas de preguntas y réplicas según el acuerdo que para cada comparecencia adopte la Junta de Coordinación Política que se desarrollará en cada una y en su caso, sucesivamente, de la forma siguiente:
Cada grupo parlamentario planteará al funcionario, por conducto de uno de sus diputados, una pregunta en un tiempo no mayor a tres minutos;
b) El funcionario responderá a cada pregunta lo conducente durante un lapso que no excederá de cinco minutos.
El grupo parlamentario en turno tendrá derecho a una réplica de hasta tres minutos.
El orden de intervenciones de los diputados tanto para el posicionamiento como para las preguntas y réplicas será de manera ascendente según el número de legisladores integrantes de cada grupo parlamentario.
4.- Concluida la etapa de preguntas, respuestas y réplicas, el funcionario dirigirá a la Asamblea un mensaje final de hasta ocho minutos.
5.- El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados concluirá la comparecencia con un mensaje institucional de no más de cinco minutos.
Tercero.- Las comparecencias que se realicen ante comisiones se desarrollarán en lo conducente conforme a las reglas aplicables en el Pleno. El mensaje institucional final estará a cargo de quien la presida.
Cuarto.- Las comparecencias en Pleno o comisión se llevarán a cabo conforme al número y programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.
TRANSITORIO: Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la ciudad de México, a los tres días del mes de septiembre del 2002.
Firman: diputado Martí Batres, Rafael Rodríguez Barrera, Felipe Calderón Hinojosa, Bernardo de la Garza, Alberto Anaya Gutiérrez, todos ellos coordinadores de sus respectivos grupos parlamentarios.
Es todo señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Hernández Raigosa. De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por la honorable Cámara de Diputados que norma el procedimiento para el análisis del 2º Informe de Gobierno y dar cumplimiento al punto segundo, numerales 1, 2 y 3 se concede el uso de la palabra al doctor Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública, hasta por 15 minutos.
- EL C. DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, Secretario de Seguridad Pública: Señor Presidente, señores miembros de la Comisión, señoras y señores diputados:
Agradezco a ustedes la oportunidad que me han dado para informarles de los avances que el Gobierno Federal ha logrado en materia de seguridad pública en el período que nos ocupa.
Nuestras tareas las hemos realizado en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública que fue presentado el pasado día 8 de mayo y en el cual la prioridad que establece el Presidente de la República en esta materia, es la de lograr un nivel de cooperación y coordinación eficiente y productivo con todos los niveles de gobierno de los Estados y el Distrito Federal a través de una política que le dé respuesta a una problemática que ha rebasado los marcos legales que tradicionalmente se han aplicado en materia de seguridad y justicia lo cual debe enfrentarse y resolverse como ya lo estamos haciendo.
Como ustedes saben, es competencia y facultad de los Estados y municipios el brindar la seguridad pública en la prevención del delito del Fuero Común, así como la procuración y la impartición de justicia y la prevención y readaptación social en ese mismo ámbito. Ese marco legal del fuero común que se aplicable en cada entidad engloba el 95 por ciento de los delitos que se comenten el país y el otro 5 corresponde a los delitos federales, y frente a esta situación y ante la incidencia en el consumo y tráfico de drogas, lo cual es un detonante de muchos de los procesos delincuenciales sobre todo en el norte del país y ante una tradición policíaca en el sentido de no combatir ese tipo de delitos por ser de carácter federal, se ha generado una contradicción y un enfrentamiento que es indispensable resolver, ya que la Constitución General de la República y las leyes penales señalan con toda claridad que es responsabilidad de cualquier policía en cualquier entidad y de cualquier competencia, el responder ante la flagrancia delictiva independientemente de cuál sea el tipo de delito que se estén enfrentando.
A ello hay que agregarle un aspecto de orden práctico que también es necesario reconocer, que consiste en que el número de policías estatales y municipales supera los 300 mil, mientras las fuerzas federales que se han ido integrando en estos últimos años sólo cuentan para los efectos de prevención del delito en localidades urbanas con la cantidad de 4 mil 900 efectivos, que significan menos del 2 por ciento de esa fuerza total.
Por todas estas razones, es indispensable darle una respuesta a la ciudadanía que no eluda responsabilidades esenciales en razón de competencia, que el pueblo ni entiende ni justifica y presentar un frente común en el cual todas las fuerzas del orden estén al servicio de la comunidad y de la prevención del delito, en una estructura que se complemente y que se apoye estableciendo con claridad las funciones que debe de desarrollar la mayoría de los gentes policíacos en el país, con la participación activa y permanente de las fuerzas federales, que si bien no cuentan mas que con un número muy pequeño de efectivos, han logrado al respecto el apoyo de la ciudadanía y de los gobiernos estatales y municipales durante esta administración.
En razón de esas premisas, durante todo este año las fuerzas federales han recorrido todo el país visitando 21 estados y 47 localidades y ya se encuentran ubicadas en forma permanente en Acapulco, Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Monterrey, Culiacán y en 24 zonas restringidas de la Ciudad de México. Este proyecto de seguridad pública que ha sido consensuado y apoyado por unanimidad de todos los secretarios de Seguridad Pública del país a través de la Conferencia Permanente respectiva, parte de un principio que consiste en contener el delito a través de una codificación de justicia cívica municipal que por su naturaleza tiene que ser determinada por cada comunidad, la cual permite vincular a las policías tanto locales como federal apoyándose en una red de participación ciudadana y de verificación de resultados, que se pueda medir a través de la respuesta inmediata que las fuerzas de seguridad le den a toda la comunidad. Para ello hemos logrado establecer la Red Nacional de Telecomunicaciones que nos permite comunicar a cualquier policía municipal, estatal o federal con todo el sistema local y a todos los niveles policíacos en todo el país, para que desde el punto de vista técnico la respuesta se pueda dar en forma inmediata.
Asimismo, se han establecido también con el apoyo unánime de los funcionarios estatales, el Programa de Estandarización Profesional de las Policías Preventivas a nivel nacional, con normas técnicas para el perfil, capacitación y equipamiento así como el manual de procedimientos respectivo.
También, con el apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han ejercido las partidas presupuestales correspondientes a nivel nacional, para el equipamiento, reparto de incentivos y apoyo general de todas las policías del país. Este proyecto se ha ido aplicando en estricto cumplimiento del Sistema de Planeación y Control Policial que elaboró la Secretaría de Seguridad Pública y que fue aprobado por unanimidad en la Tercera Reunión Nacional de Secretarios Pública, realizada en junio de este año.
El programa ya se aplicó en la Ciudad de Tijuana, logrando que en las primeras semanas el índice delictivo se redujera en un 28 por ciento en esa ciudad; el robo de vehículos un 53 por ciento y se cumplimentaran 685 órdenes de aprehensión y en Mexicali se aplicó también ese mismo sistema, el cual lo hemos realizado en la ciudad de Acapulco, donde sus primeros resultados han sido una reducción del 10% en toda la ciudad, destacando, en el robo, 37%; en el robo a negocios 24; en el robo a casa 11% y en las zonas de vigilancias de las fuerzas federales de apoyo, el índice delictivo disminuyó en un 74% en el mes de septiembre comparado con el mes anterior.
Actualmente en Monterrey, en Nuevo Laredo y en Culiacán ya se está implementado el programa y las poblaciones de Ensenada, Rosarito, Tecate, Chilpancingo, Iguala, Ahome, Guasave, Novolato, Mazatlán, Puerto Vallarta, Cancún, León, Celaya y Ciudad Juárez, han solicitado ya formalmente a través de sus gobiernos municipales y estatales, la presencia permanente de la Policía Federal y de este Programa.
Para que una estructura de esa naturaleza pueda tener permanencia y no ocurran las involuciones que han sido tan frecuentes en la historia de la seguridad pública de este país, es indispensable transformar las estructuras correspondientes en esencia y a fondo y para ello, durante este período, hemos elaborado un proyecto integral de seguridad que implica cambios desde la Constitución General de la República hasta los citados códigos de justicia cívica.
Y dicho proyecto sostiene la necesidad de una justicia inmediata de barandilla que resuelva la inmensa mayoría de las infracciones y los ilícitos menores que a diario se cometen en el país a través de una justicia inmediata que en primer lugar, repare el daño causado a la víctima, sustituyendo los arrestos y las multas para buscar la readaptación del infractor a través del trabajo comunitario debidamente remunerado.
Si esto se logra, un porcentaje inmenso de las infracciones legales se podrá resolver en esta instancia, lo cual lo pudimos comprobar en la pasada administración en el Distrito Federal, cuando de mil llamadas de emergencia diarias, 950 eran para infracciones y delitos menores y sólo 50 para asuntos de mayor trascendencia.
Es también indispensable que la sociedad no solamente participe en la vigilancia y en la supervisión de la seguridad pública y la justicia cívica, sino que tenga pleno derecho a defenderse en materia penal, hacer parte de los juicios de esa naturaleza y a obtener antes que nada la reparación inmediata del daño que ha sufrido a través de un juicio oral, ejecutivo y transparente en el que participen el ofendido, el presunto responsable, la representación social y la autoridad jurisdiccional en un marco semejante al que cuenta cualquier habitante del país, en todas las demás materias menos en la penal.
En este momento, la inmensa mayoría de los juicios y de las averiguaciones previas tanto federales como del fuero común, las conocen en primera instancia los ministerios públicos y los jueces locales, pero también el derecho de amparo hace que sea el Poder Judicial Federal el que conozca en última instancia la mayoría de esos asuntos y así se entrelazan las competencias y la realidad, lo cual genera una red de obstáculos y contradicciones que finalmente han llevado al país a la situación que hoy conocemos.
Por lo expuesto, es indispensable que esa inmensa mayoría de delitos que corresponde al 95% de ellos, sea sancionada por un Código, que al mismo tiempo debe ser único y sea también, por esencia, del fuero común y por excepción en materia federal, cuando la propia Federación sea la víctima o cuando se dé un fenómeno de crimen organizado que trasciende estados y municipios.
Si los Poderes de la Unión en el ámbito de su soberanía y sus competencias le pueden dar a los habitantes de este país una respuesta que vaya más allá de los obstáculos que nos han llevado a la situación que hoy enfrentamos, la solución seguramente será inmediata y satisfactoria para todos.
Por eso, en cumplimiento de la competencia del Secretario de Seguridad Pública en materia de política criminal, hemos presentado al Ejecutivo un proyecto integral al respecto que está en este momento en análisis de las distintas entidades competentes y al respecto tenemos la convicción de que solamente con un cambio que realmente sea sensible a las necesidades de la población, podremos resolver un problema que parece insoluble pero que no lo es si se cuenta con la creatividad, con la capacidad tecnológica y con la honestidad que son indispensables.
Si este proyecto justifica el aspecto final del fenómeno criminal, que se expresa en los Centros de Readaptación podrá tener una solución, que en las circunstancias actuales no cuenta, ya que en este momento existen 443 cárceles estatales y municipales, con una población de 173 mil internos, de los cuales 44 mil son federales. Y dichos Centros enfrentan en este momento una sobrepoblación de 36 mil reclusos, que en algunos casos supera a más del 300% de su capacidad como ocurría en Tijuana.
A esta situación tan alarmante, hay que agregarle el hecho de que existen 14 penales locales terminados y 32 en proceso de construcción, que tienen grandes problemas de operación a nivel estatal por la carencia de recursos.
La parte más crítica de todo esto, se encuentra en los penales estatales y municipales, que sean administrados y controlados en su interior por los propios delincuentes, a través de un autogobierno, que elimina cualquier posibilidad de readaptación y que propicia las peores formas de injusticia y de delincuencia organizada.
La forma más viable para resolver esta crisis, es la de contar con la nueva estructura legal que proponemos, la cual, a través de la justicia cívica, puede lograr contener el crecimiento exponencial de los delitos, aplicando sanciones inmediatas de reparación del daño y trabajo comunitario, para así reducir el número de casos que se lleven a sentencias de privación de la libertad, en reos de baja peligrosidad, deben ser compurgadas en cárceles abiertas vinculadas con programas de carácter comunitario, en los cuales los internos puedan reparar el daño e integrarse a la sociedad, mediante un trabajo productivo y remunerado.
Por su parte, los reos de alta peligrosidad, deben ser aislados y recluidos por las autoridades federales, independientemente del origen de su delito y basándose únicamente en su alto riesgo social.
Esta visión integral de seguridad pública y de justicia, es la opción que nosotros consideramos viable, para dar respuesta a la sociedad de lo que nos está demandando, y todo ello bajo el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que en este período ha dado los siguientes resultados puntuales:
En incidencia delictiva. De enero a junio de este año a nivel nacional, el robo en general disminuyó 2.9%. el robo de vehículos 7.4, el robo a repartidores disminuyó 7.9, a negocio 3.6, a casa habitación 5.9, el homicidio disminuyó un 7%, las lesiones un 2.1%; en cambio, los delitos no prevenibles como el fraude, se incrementó en un 29% a nivel nacional.
Por estas razones los delitos del fuero común que registraron un alza de 5% en el período 2000-2001, en este año no han registrado incremento.
Por su parte, los delitos del fuero federal, de enero de 2000 a 2001, disminuyeron un 13.5%, y al 2002 han aumentado un 5.8% de disminución.
La Policía Federal Preventiva. La Policía Federal Preventiva incrementó su estado de fuerza en un 25% con la contratación de 1,700 elementos y la incorporación de 826 nuevos elementos de las fuerzas federales en junio de este año, asimismo se adquirieron 745 patrullas.
Se reestructuró la flota área de la policía para tener capacidad de transportar a sus elementos en un tiempo no mayor de tres horas al punto más lejano del país.
En 12 meses se implementaron 55 operativos en 47 localidades de 21 estados de la república, entre los que destacan Tijuana, con sus 24 zonas estratégicas de la Ciudad de México, el operativo Tijuana, que descubrió y clausuró un túnel que fue utilizado durante muchos años, para introducir grandes cantidades de droga a los Estados Unidos, fue una tarea realizada por la Policía Federal.
También en Tijuana, al igual que en Mexicali y en Guadalajara, se han asegurado cerca de 100 farmacias con productos ilegales o alterados. En Tijuana se desmantelaron 12 laboratorios de producción de droga conocida como cristal, con capacidad para producir 12 toneladas de droga al año.
En todo el país se han detenido casi 11 mil presuntos delincuentes, se recuperaron casi 4 mil vehículos robados o con documentación alterada, 2,500 toneladas de mercancía ilegal, y lo más relevante, es la confianza que ha logrado inspirar la Policía Federal en los ciudadanos de las zonas vigiladas, lo cual se reflejó en la encuesta que al respecto se hizo.
El tiempo se me ha terminado, el resto de los datos estadísticos los voy a hacer llegar a ustedes con toda prontitud.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Están inscritos para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios los siguientes ciudadanos diputados:
Por el Partido Convergencia Democrática, Partido Político Nacional el diputado José Manuel Del Río Virgen; por el Partido del Trabajo el diputado Juan Carlos Regis Adame; por el partido de la Revolución Democrática el diputado Alfredo Hernández Raigosa; por el Partido Acción Nacional el diputado Tomás Coronado Olmos y por el partido Revolucionario Institucional el diputado Ricardo Ocampo Fernández.
Tiene la palabra hasta por diez minutos, el ciudadano diputado José Manuel Del Río Virgen por el Partido Convergencia Democrática, Partido Político Nacional.
EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN.- Diputado Jaime Vázquez Castillo, Vicepresidente de la Honorable Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, diputado Manuel Espino.
Señores diputados Secretarios de las diferentes Comisiones de Seguridad Pública.
Bienvenido, señor Secretario.
Señor Secretario, para nosotros la seguridad pública es uno de los asuntos prioritarios del Estado Mexicano, porque si no se garantiza ésta, los ciudadanos no pueden prácticamente realizar otras actividades y ejercer a plenitud ni sus derechos ni sus obligaciones. Si la certeza de que las instituciones encargadas de brindarlas no cumplen con su deber, la convivencia social, principalmente en las grandes ciudades, se convierte en una convivencia dada en una selva de asfalto y entonces qué decir de las comunidades rurales y lugares apartados donde la policía es escasa y los problemas por lo añejo se pueden agravar en cualquier momento.
Por eso el Estado debe otorgar la seguridad que la sociedad demanda, combatiéndola con todo el peso del Estado, pero con pleno respeto al estado de derecho y sobre todo a los derechos humanos; y no es que la delincuencia se escude en los derechos humanos o tampoco que se escude en la institución que es el amparo, sino más bien que ante la ineficacia en los cuerpos policíacos del país y su desconocimiento de estos cuerpos policíacos en las técnicas policiales más avanzadas, los delincuentes argumentan violación a sus derechos en calidad de personas o en el mismo proceso de carácter legal y es ahí donde la justicia pierde y ahí perdemos todos, señor Secretario.
Aprovecharía yo su presencia para hacerle algunas preguntas:
Los cuerpos de seguridad pública se han modificado en los últimos dos años, es cierto, pero la ciudadanía todavía desconoce esa modificación y en qué consiste. ¿Por qué no se informa a los medios de esta organización nueva que tiene la seguridad pública en el país?
¿Es aplicable en México la "tolerancia cero" sin violar los derechos humanos y cómo se coordinará ésta con los estados y con el Distrito Federal?
Cierto es que existen acciones incuestionables de ataque frontal contra la delincuencia, sus reportes así lo señalan, nosotros creemos en ellos, pero esto todavía se sigue viendo con un enfoque policial y no de prevención, ya que miles se inician en las redes del hampa como aprendices, pugnando entre ellos por ocupar un lugar privilegiado en los cárteles criminales, tanto nacionales como internacionales.
El crecimiento de gente detenida con armas de fuego va en aumento, lo que habla de la proliferación de armas de fuego por el país; la gente sabe dónde venden armas y pregunto ¿los policías no saben? ¿Quién las vende, cómo las consiguen, quién los encubre?
Usted nos informó sobre el Sistema Nacional de Seguridad, mi pregunta sería ¿cómo coordina la Secretaría a su cargo las acciones de combate delincuencial con los gobiernos de los estados y si los estados les reportan todo lo que pasa en los mismos?
Hemos seguido el desarrollo y consolidación de la Policía Federal Preventiva, la saludo con respeto. También conocemos de que su integración ha sido producto de incorporar cuerpos policiacos en un solo mando. ¿A qué dificultades se está enfrentando en la unificación de los mandos y resultados que se han tenido en los diversos operativos en que participa la Policía Federal Preventiva?
Sabemos que es indispensable en la lucha contra la delincuencia contar con la información necesaria que permita conocer los índices de delitos y los modos de operar de los delincuentes.
En ocasiones anteriores se nos ha comentado sobre la integración de nuestro Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. ¿Nos puede informar sobre qué elementos integran dicho Sistema, cuál es su utilización , quién tiene acceso a él y sobre todo su nivel de alcance?
El Sistema Nacional de Seguridad Pública involucra tanto a la Federación como a los estados en una serie de acciones que requieren un alto grado de coordinación entre los diversos niveles de gobierno. ¿Cómo es que se establece la coordinación entre Federación y estados en el Sistema de Seguridad Pública y el nivel de aceptación que se tiene en los distintos estados y con el Distrito Federal? Quisiera conocer las futuras acciones que el Ejecutivo Federal tiene previstas para la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Señor Secretario, nosotros hemos estados trabajando de cerca con la Secretaría de usted. Incluso conocemos en los hechos la nueva estructura legal que propone. Hemos trabajado con sus colaboradores, con la licenciada Gloria Brasdefer, con otros colaboradores de usted.
Vamos bien. Pero necesita llegarnos esta propuesta y necesitamos trabajarlas integralmente todos los partidos para fortalecerla. Estoy de acuerdo con usted. Con una nueva estructura legal como la que propone, podríamos avanzar en la lucha contra los delitos.
Señor Secretario, aprovecharía para comentarle dos cosas que suceden, muy particulares, en el Estado de Veracruz. Ahí con fecha 1o. de este año los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Autotransportes, al servicio de Transportes Papantla, S.A. de C:V:, Fidel Velázquez, de la CTM; estallaron en huelga en contra de la empresa denominada "Transportes Papantla, S.A. de C.V.", cuyo dueño es el señor Francisco Patiño Cestafe (?) y bueno, ahí en esa huelga que estallaron los trabajadores señor Secretario, obviamente tenían los camiones bajo su resguardo. El propietario de la empresa rompió la huelga y entonces ha sacado los camiones a trabajar, con placas sobrepuestas bajo la absoluta complacencia de la Policía Federal de Caminos.
Estos autobuses corren de Poza Rica a Papantla y de Papantla a Tecolutla y de Tecolutla a Martínez de la Torres, de Martínez de la Torre a Papantla y a Poza Rica, donde está su base.
Lo que le quiero entregar es un documento con todas las placas sobrepuestas que hay, de todos los autobuses y pedirle su inmediata intervención.
Le agradeceré las respuestas a mis preguntas y le agradezco señor Secretario su participación y los informes que nos hizo el favor de enviar. Gracias señor presidente.
-PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Tiene la palabra hasta por 10minutos el ciudadano diputado Juan Carlos Regis Adame, por el Partido del Trabajo.
EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la presidencia. Compañeros y compañeras legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en el análisis que realizamos del Informe del titular del Ejecutivo Federal, encuentra pocos avances en lo referente a seguridad pública.
Una de las demandas más sentidas de la población es la que se refiere a las medidas de prevención y combate a la delincuencia. Sabemos que en el ámbito de competencia de la dependencia de la que usted es titular sólo le corresponde el aspecto de la prevención.
Resulta difícil conocer a una persona que no haya sido objeto de una experiencia en relación con hechos delictivos. Vivimos en estado de zozobra a causa de esta inseguridad, lo que niega cualquier proyecto de vida armónico en la sociedad.
En nuestro país se ha configurado una tipología delictiva que sustenta y alimenta el grave deterioro que tenemos en la seguridad pública. Los delitos se derivan directamente de la crisis económica y social que hemos vivido en las décadas recientes, que se cometen por hambre e ignorancia. Otros son los delitos que comete el delincuente individual como oficio o modus vivendi; otros son los delitos realizados por las bandas organizadas y otros los delitos cometidos por la delincuencia gubernamental.
Este último está asociado con otros dos factores esenciales que han deteriorado la seguridad pública: la corrupción y la complicidad. Estas prácticas han puesto en cuestionamiento los aparatos encargados de la seguridad pública y su desprestigio ha desvinculado a la sociedad de las instituciones de prevención de la delincuencia, procuración y administración de justicia.
La corrupción y la complicidad echan por tierra cualquier esfuerzo que se realice en el establecimiento de los instrumentos jurídicos y materiales para el combate a la delincuencia; sin embargo, y no obstante la creación de esta Secretaría en noviembre del 2000, separando las funciones de seguridad pública del ámbito de la Secretaría de Gobernación, cualitativa y cuantitativamente poco se ha avanzado.
En consecuencia cabría preguntarnos qué es lo que ha fallado si consideramos que el Poder Legislativo ha aprobado diferentes tipos de reformas tanto constitucionales como legales para combatir a la delincuencia. Tal es el caso de la reforma al artículo 21 constitucional para establecer, en los párrafos 4º. y 5º. lo referente a los conceptos de seguridad pública y del sistema nacional de seguridad pública. De igual forma, la ley general que establece que las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal para la Delincuencia Organizada y la Ley de la Policía Federal Preventiva.
No obstante, la existencia de los ordenamientos jurídicos señalados y otros más, en la ciudadanía existe la firma convicción de que en esta materia poco o nada se ha avanzado.
Los mexicanos resentimos los efectos de la delincuencia sin establecer distinciones si es delito del fuero común o del fuero federal, ni qué nivel de gobierno está obligado a combatirlo.
Conocemos los diferentes ámbitos de competencia en la prevención y combate a la delincuencia y en consecuencia nos queda claro que a su Secretaría le corresponde, tal y como nos indica en el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el desarrollar las políticas de seguridad pública. Sin embargo, en este punto específico no se han notado resultados concretos.
Otro de los aspectos que en la ley se otorgan como atribución de su dependencia es el que se refiere a presidir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema en el que por disposición constitucional participan los tres niveles de gobierno, pero del cual sus resultados no han sido los óptimos que se quisieran.
Supuestamente el objetivo fundamental de este sistema es establecer la coordinación entre autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipios en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, se tiene un altisimo porcentaje de impunidad en la comisión de los delitos, lo cual significa dos cosas: uno que el sistema de prevención de la comisión del delito no funciona y, Dos, que el sistema de persecución de delitos tampoco opera adecuadamente.
Lo anterior resulta aplicable tanto para el fuero federal como para el furo común. Por ello afirmamos categóricamente que la percepción de la ciudadanía es que en materia de seguridad pública no han existido avances sustanciales.
A la dependencia a su cargo corresponde lo referente a la Policía Federal Preventiva, cuerpo policial que se regula por su correspondiente ley. Sobre este particular nos preocupa que la mayoría de los elementos que integran dicho cuerpo sean militares con licencia, para incorporarse a este organismo.
Nos enteramos por los medios de comunicación masivos que la delincuencia cuenta con mejores armas o al menos más modernas que las de las propias corporaciones policiales.
Además de que el delito del tráfico de indocumentados debe ser prevenido antes de su comisión, en las fronteras del país. Y de que las personas que ingresan sin documentos a nuestro territorio, deben de ser tratadas con respeto.
A nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo le preocupa el crecimiento exponencial de lo que se ha dado enllamar: "delincuencia organizada". Este fenómeno se ha generado dada la incapacidad de la autoridad para combatirla.
Sin embargo consideramos que esa modalidad de delincuencia no puede existir sin que tenga vínculos con las corporaciones policiales encargadas precisamente de combatirlas.
No afirmamos que la corrupción haya permeado a la totalidad de los integrantes de los cuerpos policiacos, pero sí desafortunadamente la actuación de algunos malos elementos afecta la totalidad de las instituciones.
Por así disponerlo en el decreto del 30 de noviembre del 2000, a la dependencia a su cargo corresponde la ejecución de las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario. Por así establecerlo el artículo 18 párrafo segundo constitucional, corresponde al Gobierno Federal y al de los estados organizar el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.
Sin embargo vemos cómo en la práctica los centros carcelarios se han convertido en auténticas universidades del crimen, con lo cual los internos no sólo se readaptan para su incorporación a la sociedad, sino que salen con conocimientos todavía más sofisticados para seguir afrentando a la sociedad.
También nos preocupa el conocer qué tan efectivas pueden resultar las medias tendientes a que los presos una vez purgada su sentencia puedan reincorporarse a la sociedad.
Señor Secretario: La sociedad toda nos exige resultados. A nosotros los legisladores como integrantes del Poder Público encargados de elaborar los instrumentos jurídicos que permiten la sana convivencia en la sociedad, y al Poder Ejecutivo y a los auxiliares del mismo, el cabal cumplimiento de las atribuciones que en la ley se les otorga.
Por eso y en cumplimiento de las funciones que a cada uno nos corresponde, y en cumplimiento de las funciones evaluatorias que nuestra Ley Orgánica nos faculta en su artículo 39, los legisladores estaremos atentos a que el Poder Ejecutivo, a través de la dependencia de la que usted es titular, actúen adecuadamente en la prevención del delito.
Por su atención, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra por diez minutos, el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática.
- EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA (PRD): Con su permiso, señor Presidente.
Señor Secretario de Seguridad Pública:
¡Bienvenido aquí a la Cámara de Diputados!
La ciudadanía ha manifestado su indignación y preocupación por la violencia, la delincuencia, la corrupción, la impunidad y la complicidad también que se da de algunos servidores públicos en el asunto de la seguridad.
Recientes encuestas nos han demostrado que en el último año, en el 2001, se cometieron más de 4 millones de delitos; que estos delitos han generado un daño patrimonial al país por más de 49 mil millones de pesos.
Sin embargo, en este momento, cuanto usted informa un conjunto de cosas, nos parece que estamos hablando de cosas distintas sobre el problema de la inseguridad en este país. Porque la percepción de la ciudadanía sigue siendo: que no se está combatiendo con firmeza, con responsabilidad y con eficacia el problema de la inseguridad.
Yo le quiero decir, señor Secretario, que el tiempo del diagnóstico ya se acabó; ya son dos años de gobierno, ya no podemos seguir buscándole un análisis fenomenológico al problema de la inseguridad, sino tenemos que entrar a las cuestiones concretas.
Según los datos que se han dado a conocer de estas encuestas, más del 45 por ciento de los delitos cometidos en este país son cometidos con armas de fuego, delito que no vemos en el informe en términos generales cuál ha sido la política de combate al tráfico de armas en este país, la prevención de la posesión del arma de manera ilegal y obviamente desarmar a las bandas que delinquen con este tipo de instrumentos.
También es importante señalar porque una queja recurrente de usted es que no hay los policías suficientes comparados con los 300 mil policías que hay a nivel estatal y municipal y los 4,900 más 1,700 que hay actualmente en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero mire, señor Secretario, qué paradoja: los medios de comunicación generan las impresión, a través de todos los spots que salen en televisión, de que ustedes cubren toda la República Mexicana y ese no es un problema de que la gente no perciba cual es la diferencia entre una policía y otra; si ese recurso lo aplicáramos para combatir la inseguridad, estaríamos hablando de otra cosa. Pero ustedes han generado un bumerang donde hacen creer que hay una gran cantidad de cobertura en materia de seguridad a través de la PFP y obviamente que estos spots en televisión son abrumadores, ¿eh?, son completamente abrumadores y creo que esta parte hay que corregirla para poder enfrentar, esos recursos destinarlos a la seguridad pública.
Pero hay otro factor que tampoco veo con claridad ni en las encuestas ni en los datos que da la Secretaría, que tiene qué ver con el problema del tráfico de la droga. La venta al menudeo es un mal que está inscrito en un problema lacerante, donde -le puedo hacer llegar una tesis que hice sobre el problema de la delincuencia a detalle- un delincuente que posee un arma y que se está drogando 24 horas comete 12 delitos en 24 horas, de los cuales solamente es denunciado uno: el robo de un coche o el robo de un transporte.
Y entonces yo lo invitaría a que en el caso de la ciudad de México, por poner un ejemplo, se especula -porque tampoco hay datos fidedignos- de que hay 5 mil puntos de venta de droga al menudeo.
¿A quiénes les están afectando estos 5 mil puntos de venta de droga al menudeo?: escuelas, tienditas, colonias populares, zonas marginales, antros, restaurantes y donde está dirigida la venta de esta droga es a los jóvenes particularmente.
Quisiera que el Plan Nacional en materia de seguridad pública nos orientara cómo se está combatiendo y cómo se va a erradicar o cómo se va a prevenir este flagelo, que verdaderamente es lacerante no solamente en la ciudad de México, ¿eh?, estoy poniendo un caso, pero estoy completamente seguro que mis compañeros diputados darán testimonio de cómo en diferentes ciudades, en diferentes municipios la venta al menudeo de droga es verdaderamente alarmante, pero además están al amparo de la impunidad, porque no hay quien la combata, porque obviamente el Secretario de Seguridad Pública nos viene a dar un diagnóstico y no nos da soluciones al combate frontal de la inseguridad y que le vuelvo a repetir, desde mi punto de vista se acabó el tiempo del diagnóstico.
Tenemos que entrar y la Comisión ha esperado. ¿Qué vamos a hacer con la Secretaría? Lamentablemente ha habido ausencia de su parte en materia de una vinculación legislativa para combatir este tipo de situaciones y desde el ámbito legal poder hacer un conjunto de acciones en esto.
Por ello, en el PRD creemos que si hay una injusticia social en este país se deriva obviamente de la inseguridad. Mientras la gente no perciba en sus bienes, en su patrimonio, en sus documentos y en su vida, seguridad, esa seguirá siendo un rezago histórico que el gobierno actual no ha combatido con certeza y con seguridad y con la firme convicción de que la gente sienta seguridad en sus inmuebles.
Y por ello nacen un conjunto de acciones de los ciudadanos de autodefensa, en virtud de la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad pública y se ven afectadas las calles, sus viviendas, su patrimonio, sus vehículos, el transporte público y todo lo demás.
Y entonces creo yo que una medida eficaz, enérgica, es más que estos spots que cuestan mucho dinero en la televisión, es un combate frontal a estos dos delitos, obviamente ligado al secuestro, que es competencia federal, pero me parece que abarcar el tráfico de armas y el combate al a venta al menudeo de drogas, sería muy importante para los resultados en materia de seguridad pública en nuestro país.
Yo estoy seguro además que usted acaba de dar un conjunto de datos donde nos dice que determinados delitos han bajado. Yo le aseguraría y estoy seguro que el día de mañana los medios darán testimonio de que eso es falso. Según estas mismas encuestas que he estado revisando, de cada cuatro delitos uno se denuncia, es decir, hay tres delitos que no se denuncian que yo calculo en lugares como la ciudad de México y otros lugares no se denuncian más, y sin embargo seguimos con el discurso de que la delincuencia o el índice delictivo está bajando, aunque en el circuito de la colocación o de la aplicación de este tipo de delitos no vemos eficiencia y obviamente negamos la posibilidad de que el delito haya disminuido en este país.
Por lo tanto me parece fundamental, nos parece central en nuestra fracción parlamentaria, en que debe de haber una articulación nacional para poder enfrentar con firmeza, con convicción la impunidad, la penetración de la delincuencia organizada en los cuerpos policiacos, en el Ministerio Público y todo lo demás, pero además debe de haber la firme convicción de la Secretaría de Seguridad Pública a su cargo, de incorporar a la sociedad como un activo fundamental en el combate a la delincuencia, que hasta este momento no veo por dónde pueda ser incorporada ni que a la fecha tome cartas en el asunto en un combate frontal de manera conjunta, plural, de manera importante en este grave flagelo que atenta a nuestro país.
Y le voy a poner un dato. Yo he denunciado permanentemente el problema del robo de niños en este país y la sustracción, de lo cual no hay una sola coordinación entre la Secretaría de seguridad Pública Federal y las secretarías de los estados y de los municipios, mucho menos del Ministerio Público, habiendo un vacío inmenso que provoca obviamente la impunidad y la acción sin persecución de la delincuencia organizada que opera este tipo de flagelos y que afortunadamente después de estas denuncias, han empezado a ver otro tipo de reflejos de la sociedad denunciando este tipo de actos, pero de la autoridad no lo vemos.
Y por ello creo que si verdaderamente la Secretaría a su cargo quiere combatir la delincuencia de este país, empiécele por tres delitos que son verdaderamente lacerantes: tráfico, consumo y posesión de drogas; tráfico de armas y, obviamente, el secuestro.
Cuando usted decida con firmeza con sus 5 mil elementos que tiene, combatirlo, veremos resultados e incorporando a lo que yo decía hace un rato, la denuncia de la sociedad que en muchos casos tiene la razón y que nadie, absolutamente nadie tiene un diagnóstico preciso de lo que la gente denuncia en su esquina, en su manzana, en su colonia, en el centro comercial, en el microbús, en las escuelas y que todos los días se está denunciando a través de los medios de comunicación pero que los únicos que no lo oyen son las autoridades en esta materia.
Muchas gracias. (aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por diez minutos, al Diputado Tomás Coronado Olmos, por el Partido Acción Nacional.
-ELC. DIPUTADO TOMAS CORONADO OLMOS. Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados. Señor Secretario de Seguridad Pública. No cabe duda que en México el tema de seguridad pública es el reclamo más fuerte que se ha convertido en una constante.
Esta sensación de inseguridad y miedo al crimen que ha conducido a la pérdida de credibilidad ciudadana hacia las instituciones responsables de proporcionar seguridad público e incluso se llega a afirmar como una voz colectiva, que el fenómeno delictivo ha rebasado las capacidades de las instituciones para combatirlo.
La sociedad anhela seguridad pública y justicia, siendo estas obligaciones que corresponden al Estado, él es el único que formalmente criminaliza o discriminaliza determinadas conductas y establece las medidas para prevenir y erradicar la transgresión de la horma.
Es así que toda la gestión de Gobierno que busque mejorar la calidad herida de sus gobernados, debe necesariamente enfrentar el tema de la inseguridad y respeto a las normas de convivencia social, hoy en materia de seguridad pública los mexicanos y las mexicanas exigen acciones concretas que les permitan enfrentar su vida diaria con tranquilidad; es decir, sin temor de llegar a ser víctima de un delito, de un acto violento o de falta de respeto de otros ciudadanos o de las mismas autoridades.
La seguridad pública acompañada de una promoción de convivencia ciudadana se debe de entender como la condición de libertad de los gobernados para ejercer sus derechos, libertades y deberes y sentirse, subrayo, sin sentirse víctimas de amenazas, delitos e infracciones y gozar de adecuadas condiciones de bienestar y tranquilidad en todo sentido.
El Partido Acción Nacional ha estudiado cuidadosamente el Informe presentado por el Presidente de la República, hemos revisado rigurosamente los anexos al mismo así como al Informe de Labores del Segundo Año de la Secretaría de Seguridad Pública a su cargo.
Del análisis no desconocemos que se han obtenido avances en determinados rubros, no obstante la percepción, es que falta mucho por hacer, que los resultados de la Secretaría de Seguridad Pública no son los satisfactores que quiere y requiere la sociedad.
Reconocemos que la función de la seguridad pública no es tarea fácil, por el contrario, es compleja y de claros oscuros. Entendemos también que esta función descansa en el municipal, estatal y federal. Entendemos que desde el aspecto policiaco hay Policías Preventivas en los tres niveles y que también Policías Judiciales o Ministeriales de los tres órdenes que sumando a ello hay tantas procuradurías, tribunales de justicia, centros de re adapcación social, como estados de la República.
Asimismo no desconocemos que el 95% de los delitos cometidos corresponden al ámbito de las entidades federativas. A la Secretaría le corresponde darle cuerpo a una debida y efectiva coordinación, de contar con un adecuado sistema de seguridad pública.
En otras palabras, a usted le corresponde promover y fortalecer la coordinación para unir esfuerzos potenciales, instrumentos , servicios y mecanismos que tiendan a armonizar el ejercicio de las atribuciones de las instituciones de seguridad pública de la Federación de las entidades federativas y de los municipios.
Sólo así se puede entender la inseguridad, desde una visión en conjunto e integral, ello constituye una auténtica política criminal; en consecuencia, exhortamos a esa Secretaría para que mejore y concrete mecanismos eficaces, de coordinación policial en los tres órdenes de Gobierno.
Que se dé una auténtica articulación en las políticas que son responsabilidad de la dependencia a su cargo para con ello alcanzar una disminución de la delincuencia y la inseguridad.
No ponemos en duda el marco normativo de la coordinación y del sistema, incluso Acción Nacional fue uno de los impulsores del mismo no obstante tenemos la percepción de fallas y desaciertos en acciones y en las estrategias pues el Sistema Nacional de Seguridad Pública puede dar más, mucho más a favor de la lucha contra el crimen, ¿o acaso debe de substituirse la coordinación?
Insistir en una eficiencia de una adecuada coordinación de los tres órdenes de Gobierno no es asunto menor ya que ello es la médula y el corazón de una política de Estado a favor de la Seguridad Pública de todos los mexicanos; de ella depende que podemos revertir el fenómeno delictivo para generar certidumbre y confianza a la población mediante la estandarización y homogeneización de políticas en la materia.
No hay que olvidar que entre las materias de coordinación, a los que todavía está emplazada esta Secretaría a impulsar y concretar están el servicio de carrera de los cuerpos de seguridad pública; la organización y modernización tecnológica de las mismas; suministro, intercambios y sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública; acciones policiales conjuntas; regulación y control de los servicios privados de seguridad pública y otros auxiliares relacionados con la comunidad y fomento de la cultura en prevención de infracciones y delitos y la aplicación de recursos para la seguridad pública, incluido el financiamiento conjunto.
De aquí la importancia que funcione y funcione bien la coordinación dentro del sistema como una responsabilidad fundamental de la Secretaría.
Por otra parte, del análisis del Informe se señala que con el propósito de mejorar los servicios, cumplir con las atribuciones institucionales de apoyo a las entidades federativas, se fortaleció a la Policía Federal Preventiva con la contratación de 1,700 personas a la corporación y a través del convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional se incorporaron 826 elementos comisionados a las fuerzas federales de apoyo.
En este sentido, entendemos las razones por las cuales se echa mano de miembros de la milicia pero esperamos que sea de manera transitoria o temporal, por lo que pedimos a esa Secretaría impulse y concrete de inmediato la capacitación e ingreso de personal capaz, honesto, probo y profesional a la Policía Federal Preventiva con un perfil eminentemente civil.
Por otro lado, se ha venido anunciando desde hace un año por la Secretaría una reforma a los ordenamientos federales y locales.
Entre las propuestas estaría el establecer un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales para todo el país; sujetar las funciones del Ministerio Público al proceso penal; otorgar a la víctima el carácter de parte activa en el juicio penal; establecer el juicio oral para mayor prontitud; dotar a la Policía Federal Preventiva de las facultades legales de investigar para prevenir los delitos y participar como parte acusadora; que no proceda la prescripción en determinados delitos y considerar responsables penalmente a menores entre los 14 y 18 años de edad, según exámenes periciales entre otras propuestas.
Señor Secretario, esperaremos la presentación de las iniciativas. Tenga por seguro que analizaremos sus propuestas, que no le quede duda, las reformas que tengan como propósito garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana contarán con nuestro respaldo pero advertimos que no permitiremos reformas que cancelen las libertades y que debiliten la seguridad jurídica de los gobernados ni para optar por el camino represivo ni para flexibilizar acciones discrecionales de autoridades, tampoco para generar confrontación, duplicación o confusión en la investigación de los delitos ni para poner a los menores de edad en una situación mayor de vulnerabilidad para su adaptación social, porque el combate a la delincuencia debe darse en equilibrio a la dignidad, el respeto y el disfrute pleno de los derechos humanos.
Pasando a otro asunto, consideramos que la seguridad pública exige una mayor y mejor profesionalización de los cuerpos policíacos, no obstante, esto difícilmente podrá lograrse si no hay un cambio cualitativo que implique una atención adecuada de las corporaciones policiales, actualmente tan disímbolas en cuanto a su formación profesional, capacitación, sistemas de información, entre otros inconvenientes.
Observamos una falta de homogeneización en la profesionalización de los cuerpos policíacos. Insistimos, mientras no solucionemos el factor humano para renovar y constituir una policía honesta, profesional y con vocación de servicio, la mera acción de ingreso policial se convierte en un factor negativo más en la función estatal de seguridad pública.
Acción Nacional lo dijo hace un año y hoy lo reiteramos: seguimos sin percibir por parte de la Secretaría la elaboración de un proyecto completo de política criminal que hasta el momento si bien se informa que se ha presentado, pero no publicado, damos por hecho que formalmente no existe un planteamiento de Programa Nacional de Seguridad Pública por parte de esa dependencia.
En el último punto al que me referiré es el relativo a la readaptación social, que también corresponde a esa Secretaría. Ya todos sabemos la triste verdad en el sentido que el sistema penitenciario en México, como en otros países, ha fracasado, que la función de readaptación del delincuente que supuestamente es un fin de pena, no se ha cumplido. Lo dijimos también en la glosa del año pasado: la solución no está en la mera política de espacios o de arquitectura física penitenciaria que dé lugar a más cárceles. Vemos este informe...
EL PRESIDENTE: Diputado, por favor redondea su participación.
EL DIP. TOMAS CORONADO OLMOS: ...con estas alternativas de trabajo comunitario, cárceles abiertas y cárceles de proyección industrial. No obstante, no aceptaremos una acción ladeada; la solución es el impulso de una reforma integral penitenciaria.
Por último termino. La historia enseña que las democracias sin estado de derecho mueren por sí mismas, por eso se necesitan acciones efectivas, realistas, puntuales que trasciendan. En suma, acciones que vayan en vía correcta para erradicar la inseguridad y nos permitan vivir en un México que nos merecemos.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado.
Ha concluido la ronda de posicionamientos...Perdón, una disculpa. Falta la participación del diputado Ricardo Ocampo Fernández, del Partido Revolucionario Institucional
EL DIP. RICARDO OCAMPO FERNÁNDEZ: Señor Presidente de la Mesa Directiva; señor Presidente de la Comisión; compañeros diputados; señor Secretario:
La seguridad pública es un asunto que la sociedad ha convertido en prioridad; en la medida en que se incrementen delincuencia y criminalidad se genera un sentimiento creciente de inseguridad y temor que pone en tela de juicio la legitimidad del Estado, de sus instituciones y de quienes las dirigen.
Preocupa que haya transcurrido año y medio de iniciada la Administración Federal para que se presentara el Programa Nacional de Seguridad Pública. Hoy nos enteramos por el informe nota al calce, con letra chiquita- que no ha sido publicado en el Periódico Oficial, en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, que el país no cuenta aún con programa de seguridad pública.
Hubiera sido de agradecerse, pero sobre todo hubiera sido útil para la nación, encontrar en el informe algo más que el autocomplaciente discurso con que tuvo a bien imponernos en la presentación del programa.
El informe, en la materia que nos ocupa, presenta una pobreza supina, más que informar parece orientado a exaltar reales o supuestas cualidades y carismas, cúmulos de referencias y datos que no muestran estar en la ruta estratégica definida, ni una política delineada, a cambio, abunda discursos, pretextos, generalidades cuestionables y acciones aisladas.
Si bien hay buenos resultados en algunos casos, en otros lo más son dudosos y dejan una sensación de intranscendencia.
Coincidimos con usted que la gente no cree más en las cifras que de su propia percepción y las de los órganos que son independientes al gobierno. Por eso, no entendemos por qué un informe de cuentas alegres que dedica parte sustantiva a presentar una Policía Federal Preventiva equipada y profesional, dedicada a desalojar ambulantes y corretear a carteristas en el atrio de la basílica, y hacer labores de agentes de tránsito que se especializan en cuidar maletas en el aeropuerto cuando día a día nos enteramos del ascenso de la violencia social y del delito tanto en términos de número como de la violencia, sofisticación en impunidad con que se cometen.
En los últimos años el país pasó de una situación de seguridad relativa a una de inseguridad creciente junto con otras organizaciones. Hemos alertado sobre el aumento de la violencia y el peligro de que alcancen niveles similares a los de Brasil y Colombia; la percepción social de que la situación puede empeorar, tiene una base objetiva, las acciones de combate a la delincuencia carecen de efectividad, lo que genera desconfianza, un sentimiento de inconformidad, un clima de inseguridad colectiva y el afán vindicativo de los individuos afectados.
México está entre las naciones del mundo con el mayor número de secuestros y sigue entre los primeros lugares en casos de homicidio doloso.
A pesar de las promesas de campaña del Presidente y de las reiteradas quejas de usted, como Secretario del ramo, han evitado emprender una reforma del sistema de justicia que vaya al fondo de los problemas, a pesar de que es imperioso y de que es factible.
La Secretaría de Seguridad Pública fue creada al inicio de esta Administración Federal a partir de una propuesta original de mi partido, luego, recogida en una iniciativa presentada por Acción Nacional cuyo contenido nunca compartimos pero lo aceptamos para darle a la nueva administración los elementos que pedía para cumplir sus objetivos y compromisos.
En nuestra primera reunión, señor Secretario, nos dijo que a su manera de ver fue un error haber creado esta Secretaría en los términos que se creó, lamentamos que considere y culpe a la legislación y a los otros órdenes de gobierno, por otro lado, de esta situación imperiosa que vivimos en nuestro país.
Hoy por hoy no hay un programa ni un cuerpo normativo que instituya un esquema claro de organización, facultades y procedimientos de actuación de los órganos que intervienen en la seguridad pública y los procedimientos de colaboración institucional, de formación de sus integrantes y participación ciudadana; deficiencias e inexistencia de normas en las que se regule la actuación de los cuerpos de seguridad y contradicciones de competencias propician descoordinación de acciones y la dispersión de responsabilidades.
Operativamente hay desconocimiento de las estructuras y funcionamiento de la delincuencia organizada, debilidad en la relación de los cuerpos de seguridad pública y la comunidad, falta de un sistema de estadística criminológica para la toma de decisiones.
Una queja reiterada de la sociedad, que usted repite constantemente, es que apenas un paupérrimo porcentaje de delitos denunciados, terminan con la sentencia de los acusados, debido a sistemas de justicia ineficientes, que propician una nula protección y reparación del daño a las víctimas.
Pero para enfrentar esta problemática, no hemos encontrado las acciones que desearíamos haber visto de usted en su carácter:
1.- De presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
2.- Como Secretario de Seguridad Pública Federal, y
3.- Como Comisionado de la Policía Federal Preventiva.
En el programa y el Informe hay algunas ideas vagas, que parecen buenas, y otras francamente equivocadas, Seguridad Pública parece identificarse, sólo con el poder de policía, con inviolabilidad del orden jurídico, a través de mecanismos de control penal.
Ni en el programa ni en el Informe, aparece delineada una política de Seguridad Pública, que considere programas de prevención, de procuración de justicia y administración de la misma, y readaptación de manera integral y coordinada.
Hemos tenido que lamentar que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no haya sido convocado a sesionar desde el mes de enero, reunión en que por cierto no se abordó ningún asunto relativo al programa, razón por la cual éste no cuenta con los consensos más elementales ni la legitimidad que un documento tan importante requiere.
La falta de presencia sistemática de la autoridad, ha generado un caldo de cultivo, que predispone a esquemas autoritarios y acciones cada vez más represivas, en relación al crimen. Cada vez más se reacciona con respuestas aisladas y parches, que responden sólo a la necesidad de salir del paso. Este tipo de medidas, no son más que herramientas populistas, que no tienen efectos reales en la lucha contra la criminalidad y si en socavar derechos ciudadanos.
Entendemos con usted, que los tres órdenes de gobierno, deben trabajar en la construcción de un esquema de coordinación sistemática en la materia. También sabemos, que en los diferentes órdenes del gobierno se comparten las mismas preocupaciones y que es necesario distinguir los ámbitos de competencia de cada uno, para evitar que el federal crezca y que acapare los recursos, en un sistema que más de coordinación es de avasallamiento.
Para nosotros, debe ser el fortalecimiento del municipio, no pretender encabezarlos en funciones que sólo a ellos compete, ni descalificar a los cuerpos de seguridad, estatales y municipales, para justificar ineficiencias propias.
Hasta ahora el Poder Legislativo Federal, sólo puede legislar en materia de coordinación de acciones en los tres niveles de gobierno. En virtud de ello, hemos propuesto una reforma constitucional, mientras tanto seguimos esperando del Ejecutivo, la iniciativa del Código Penal para todo el país, que usted ha reclamado en distintas oportunidades, así como las iniciativas necesarias para reformar la estructura nacional de Seguridad Pública.
El Legislativo, señor Secretario, está para colaborar con el Ejecutivo, pero no para hacerle la tarea.
La Seguridad Pública debe ser concebida con una visión de conjunto, con un sistema en el que se interrelacionen y confluyen distintas áreas en un contexto de democracia y estado de derecho.
Estamos por la prevención, antes que la represión, el reto es garantizar seguridad. México exige un gobierno que respete y haga respetar las leyes, sin esto no puede haber estabilidad en la economía ni seguridad en los bienes propios ni en las inversiones.
No se puede sucumbir en aras de cálculos políticos, a las presiones de plantear soluciones inmediatistas, que han probado su fracaso. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Ricardo Ocampo Fernández, le pido una disculpa por la omisión involuntaria de mi parte de hace un momento.
Para dar cumplimiento al Punto 2º. Numeral III, incisos a), b) y c), para la primera ronda de preguntas hasta por tres minutos con derecho a réplica, se han inscrito los siguientes ciudadanos diputados:
Por el Partido del Trabajo el diputado Juan Carlos Regis Adame; por el Partido de la Revolución Democrática el diputado Esteban Daniel Martínez; por el Partido Acción Nacional el diputado Benjamín Muciño Pérez y por el Partido Revolucionario Institucional la diputada Patricia Aguilar García.
Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta, el ciudadano diputado Juan Carlos Regis Adame del Partido del Trabajo.
EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME.- Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores.
Señor Secretario:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tiene claro que en materia de seguridad pública seguimos teniendo una asignatura pendiente: el Sistema Nacional de Seguridad Pública debe funcionar de manera más eficiente para lograr su cometido de prevenir la delincuencia; no escapa a la sociedad mexicana el que la delincuencia ha avanzado de manera acelerada y que la incapacidad de los órganos encargados de combatirla, es cada vez más evidente.
Cuando vemos que no se cumple con las funciones que el artículo 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorga al Consejo Nacional, entendemos el porqué la delincuencia actúa en el país con tal impunidad. Ponemos un ejemplo: un delito federal, sea cual sea, se comete necesariamente en alguno de los municipios del país o del Distrito Federal y la dependencia a su cargo no es capaz de cumplir con la función básica, que es precisamente la prevención de dichos ilícitos.
Por ello la ciudadanía no comprende cómo las autoridades del municipio o del estado, se inhiben del conocimiento de la prevención o persecución de estas conductas antisociales cuando la ciudadanía es afectada directamente en la comisión de las mismas. Además, hasta la fecha y casi dos años de la Creación de esta Secretaría, todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial correspondiente, siendo que el compromiso del Ejecutivo Federal fue combatir desde el inicio de su gestión este cáncer social.
Entre las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se encuentra el de la emisión de bases y reglas para la realización de operativos conjuntos entre corporaciones policiales federales, locales y municipales. Es del conocimiento público las regiones del país, donde el índice delictivo es más grave, básicamente las grandes ciudades como la de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, entre otras, pero son poco conocidas las medidas efectivas de la Secretaría a su cargo para prevenir estas conductas.
En lo que se refiere al correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública los avances tampoco han sido importantes, más allá de los "dimes" y "diretes" con el anterior Comisionado de la Policía Federal Preventiva o la polémica respecto de si la compra de equipo que se hizo en la anterior administración servía o no para combatir la delincuencia, existe una percepción de que el sistema no funciona.
Ante el problema más álgido de la sociedad mexicana, a la que se enfrenta recurrentemente, queremos que nos explique puntualmente el por qué de la inoperancia en la Secretaría a su cargo en la etapa más importante, que a la prevención de la delincuencia le corresponde; y segundo, que el Partido del Trabajo es un activo promotor de la participación de la sociedad en la toma de decisiones políticas.
En razón de lo anterior, queremos que nos explique la forma en que la dependencia a su cargo promueve la participación social en el desarrollo de las actividades de vigilancia sobre el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el doctor Alejandro Gertz Manero hasta por cinco minutos, para dar respuesta...
-DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO: Señor diputado, para contestar sus preguntas, usted representa el Estado de Baja California ¿Es así verdad?
DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME (desde la curul) Zacatecas.
-DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO: Zacatecas.
Debo decirle que hay una realidad que nadie puede negar. La presencia de la policía federal preventiva en todos los municipios y en los estados del país, que los hemos recorrido prácticamente todos, ha tenido una respuesta que ha sido muy satisfactoria. Si no fuera así, no habría las solicitudes de presencia de esta policía y las acciones conjuntas que se han realizado junto con todos los secretarios de Seguridad Pública del país, es decir, cuando nosotros hablamos de los resultados de la Policía Federal Preventiva, y le voy a poner un ejemplo que es el de la Policía de Caminos, nosotros no nos estamos refiriendo a cuentas alegres ni a versiones oficiales, ni nos ponemos de mal humor porque las estadísticas no nos favorezcan.
En ese caso específico han sido las propias cámaras de transporte, que son independientes, que nos pertenecen a ningún partido, las que han reconocido los resultados de la Policía Federal de Caminos. Si nos empeñamos en negar una realidad, pues difícilmente vamos a poder encontrar una solución.
Yo creí que el Estado que usted representaba era Baja California. Pero en todos los estados y pongo el ejemplo de Baja California, la presencia de la Policía Federal ha dado resultados que no los podemos negar; no podemos negar que hemos trabajado juntos con todos los secretarios de seguridad; que hemos establecido reglas comunes que las han aceptado todos los gobiernos por unanimidad. Negar eso es negar un hecho que es evidente.
También es evidente que el número de policías que tiene la Federal es muy pequeño. Pero si nosotros no los alentamos, si nosotros no les damos a esas gentes el reconocimiento de su trabajo y de su esfuerzo pues simplemente estamos quizás impidiendo que este proceso que se está apenas iniciando de una tarea común de todos los mexicanos, la podamos llevar a cabo con el apoyo y con el reconocimiento de estos policías.
Yo sí quiero insistir y hacer esta referencia a la buena disposición y a los buenos resultados de la Policía Federal. La Policía Federal no ha chocado con las policías locales. Ha estado trabajando desde el mes de noviembre en la ciudad de México y no hemos tenido realmente ningún problema, hemos podido trabajar juntos.
Efectivamente hay una problemática terrible en la ciudad de México, que está vinculada al consumo de las drogas, sí, pero necesitamos que los noventa mil policías de la ciudad de México y los 650 que somos nosotros, podamos trabajar juntos. Y en ese sentido lo estamos haciendo. Sin recriminarnos sino al contrario buscando la sinergia y la oportunidad de poder hacerlo juntos. Y los resultados se van a ir viendo. Yo tengo la certeza.
La participación social en todos los sitios a donde ha ido la Policía Federal, el camino ha sido precisamente establecer una relación con la sociedad. Nosotros en cada uno de los lugares donde trabajamos, aquí mismo en la ciudad y en cualquier otro de los municipios y las ciudades del país, lo primero que hacemos es establecer una red ciudadana. Y esa red ciudadana visita a diario a todos los miembros de la comunidad en donde se halla esta policía, como un ejemplo de trabajo comunitario.
Eso nos está dando los resultados que si bien son incipientes, por supuesto que los vamos a ir haciendo crecer. Pero yo no creo que debamos de negar lo que es evidente. Y creo que el esfuerzo que está haciendo ese cuerpo policiaco merece su apoyo y su reconocimiento.
Muchas gracias señor.
-PRESIDENTE: Tiene la palabra hasta por 3 minutos para réplica, el diputado Juan Carlos Regis Adame.
EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME: Por sus respuestas les damos las gracias. Indudablemente a usted y a sus compañeros del gabinete que han estado compareciendo en esta soberanía se les puede criticar de falta de resultados, pero no de falta de optimismo.
Lo que no entendemos es cómo se le puede explicar a la sociedad que las medidas que ustedes están llevando a cabo son eficaces. Además, como evitar en la sociedad la percepción que tiene de que la policía federal preventiva es un cuerpo militar, cuando la mayoría de sus efectivos provienen del ejército o la armada nacional. Yo creo que debería de estar en manos de civiles.
Lo que indigna también a los mexicanos es percatarnos de que cuando un policía es dado de baja en alguna corporación policiaca no tarda mucho en ser dado de alta en otra entidad o municipio, haciendo con ello ineficaz el control de las personas que no deberían ser dadas de alta en ninguna de las corporaciones.
También la base de datos de delincuentes es incompleta, por lo que la localización de éstos así como de las redes de delincuencia a las que pertenecen resulta difícil identificar.
Nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo refrenda su compromiso de participar activamente en la conformación y aprobación de los instrumentos legales que nos permitan combatir todos juntos a la delincuencia, pero resulta evidente que el aspecto operativo y el combate directo y frontal les corresponde a ustedes, por lo que esperamos mejores resultados.
Nuestro grupo parlamentario considera conveniente que es importante que estos órganos de control y vigilancia también deben ser sujetos del escrutinio de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y no gubernamentales.
Dentro de este marco de propuestas creemos que la familia y la escuela deben convertirse en las instituciones por las que debe empezar el desarrollo cívico para formar a los ciudadanos e integrarse de manera respetuosa a la sociedad, así como trasladar esos valores en quienes recaiga la responsabilidad de la seguridad pública.
Sólo de esta manera estaremos creando condiciones para arribar a un México libre de corruptelas y atropellos de los cuerpos policiacos. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, para formular su pregunta, el diputado Esteban Daniel Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ: Con el permiso de la mesa. Señor secretario, compañeros, compañeras diputados: lo recibimos con la noticia de que presos políticos y de conciencia han empezado una huelga de hambre este 25 de septiembre, por lo cual le pedimos respeto a su protesta pacífica y que resuelva la problemática que ellos presentan.
Según las conclusiones del Foro de análisis sobre la situación penitenciaria realizado apenas la semana pasada, coincide con opiniones de organismos no gubernamentales de derechos humanos que coinciden en la grave situación que prevalece en los centros penitenciarios, como son la sobrepoblación, procesados y sentenciados juntos, narcotráfico, corrupción revisiones vejatorias a familiares, en una palabra, no existe ni la prevención ni la readaptación social.
Llevan dos años de gestión pública y aunque esta administración ha presumido de eficientista, no se tienen los resultados del diagnóstico de la situación penitenciaria, pues según señala en su informe hasta abril del 2002 se instaló el grupo colegiado supervisión interdisciplinaria de instalaciones estratégicas en seguridad pública.
¿Cuándo estará este diagnóstico y si éste va a evaluar todos los centros penitenciarios del país?
Por otro lado, el endurecimiento de las penas y las restricciones para acceder a los beneficios de libertad, amplían la sobrepoblación que según su informe es de 37%.
¿Qué se está haciendo para evitar la sobrepoblación en los centros penitenciarios?
Es urgente que las reformas que se han anunciado cristalicen en instrumentos jurídicos que permitan asegurar la prisión para aquellos que representan un verdadero peligro para la población y no para los que no pueden comprar su libertad.
Desde el año pasado ustedes tienen conocimiento de las dos iniciativas sobre el Código Federal Penitenciario presentado en esta soberanía, una de ellas presentada por un servidor.
Además la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recomendado que se observe el Reglamento vigente de los CEFERESOS, así también los derechos humanos de los reclusos.
Hasta la fecha no tenemos ningún comentario de su parte con relación a las iniciativas presentadas, ni solución a las difíciles condiciones en dichos centros en los que se han presentado graves violaciones a los derechos humanos.
Nos preocupa sobremanera saber ¿qué han hecho para garantizar la separación entre sentenciados y procesados?
Los derechos de presos de dichos centros y ¿cómo pueden comprobar los presos que han presentado alguna petición de libertad preparatoria si no cuentan ni siquiera con el acuse de recibo correspondiente? ¿De qué manera se permite el derecho a la confidencialidad del detenido y su abogado y el derecho al debido proceso?
Por otro lado, el Ejecutivo Federal ha reiterado su voluntad para dar cumplimiento a las recomendaciones de derechos humanos. En este sentido diversos órganos de la ONU y de la OEA han recomendado que los militares no realicen funciones de policía y sólo se dediquen a las labores estrictamente relacionadas con la disciplina militar.
¿Cuántos elementos de las fuerzas armadas se encuentran actualmente adscritos a la seguridad pública? ¿Cuál es la dependencia que cubre sus salarios y prestaciones y cuál es la voluntad para cumplir con el artículo 129 constitucional y las recomendaciones internacionales de derechos humanos?
Por sus respuestas, gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el doctor Alejandro Gertz Manero, hasta por cinco minutos para dar respuesta.
- EL DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO: Señor diputado: Las cárceles federales, los tres penales federales fundamentales, no han tenido durante este periodo una sola recomendación ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni de ninguna otra. A lo que usted se refiere es a las cárceles locales. Y en eso cada estado y los gobiernos de cada partido tienen una experiencia muy completa en estos problemas de prevención y de readaptación social. Nosotros los estamos tratando de ayudar y de servir en todo lo que podemos.
En lo que hace al aspecto federal, no hemos tenido un solo problema. La cantidad de recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido, que es verdaderamente grande, ha sido a las cárceles locales, en todos los estados de la República; pero no en las cárceles federales.
Efectivamente, el problema de prevención y readaptación social en las circunstancias y en el marco legal en el que están planteados, como lo dije al principio de mi participación, no tienen salida. Evidentemente muchas de las cárceles locales están manejadas por los propios delincuentes y tienen unos problemas de delincuencia interior y de autogobierno como el que nosotros tuvimos la oportunidad de resolver en el estado de Baja California y el que hemos estado tratando de resolver donde quiera que nos han pedido nuestra ayuda.
Y yo coincido con usted, es indispensable que ese proyecto de ley se consense dentro de toda la iniciativa que nosotros estamos mandando precisamente para que podamos encontrar una fórmula que realmente no le esté enviando la responsabilidad de la competencia federal a la local o de la local a la federal, sino que todos trabajemos y colaboraremos juntos. Eso lo hemos demostrado al ir incorporando hasta el límite de las posibilidades y de la capacidad de las prisiones federales, a los presos más peligrosos cuando la capacidad nuestra lo permite.
Por lo que hace a las libertades preparatorias, nosotros hemos llevado durante este ciclo del segundo año de administración, ... (Sigue turno 21)
ciclo del segundo año de administración hemos otorgado 2,240 libertades preparatorias en estricto apego a la ley y estamos ayudando a todos los estados de la República que nos los han requerido con grupos de trabajo especializados para poderlos asistir en la tarea que hace a lo que es el delito del fuero común. Vamos a seguir trabajando con ellos y los vamos a seguir ayudando en todo lo que esté en nuestra mano.
Por lo que hace a las personas que están en huelga de hambre, desde el día que comenzó su huelga de hambre nosotros le pedimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos acompañara, tenemos médicos y tenemos la oferta permanente de poderlos asistir médicamente en su alimentación y en todo el cuidado de su salud, mientras ellos están ejerciendo ese derecho.
Muchas gracias, señor.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO MANUEL ESPINO BARRIENTOS: Para réplica diputado Esteban Daniel Martínez, tiene usted la palabra, hasta por tres minutos.
- EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTÍNEZ ENRÍQUEZ (PRD):
Señor Secretario:
Es evidente que, en el caso usted manifiesta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha emitido ninguna recomendación. Sin embargo, sin embargo las denuncias de familiares de los presos día con día denuncian, sobre todo la falta de respeto a los derechos humanos. Las vejaciones a la hora de la revisión, cuando pretenden entrar a estos penales, están a la orden del día.
Yo creo, señor Secretario, que no es necesario para que usted revise lo que está pasando en términos del respeto a los derechos humanos en estos centros penitenciarios, no es necesario que haya una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; es necesario que usted revise a fondo lo que ahí está sucediendo.
El foro pasado, donde estuvieron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de igual manera califica a los centros penitenciarios con la falta de ese respeto a los derechos humanos. Entonces es importante que usted lo revise. Es importante garantizar a los presos que están ahí, de sus más elementales derechos fundamentales.
Por otro lado, quiero comentarle a usted que no me contestó la pregunta sobre los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que están en la corporación de la Policía Federal Preventiva. Quiero recordarle que el artículo 129 constitucional en tiempos de paz manifiesta que estas personas no tienen por qué estar en un lugar distinto al que deben de estar laborando en este caso en el Ejército Nacional.
Por lo tanto, quiero solicitarle o a menos de que una vez más quiera violarse la Constitución, específicamente el 129 constitucional, donde el Ejército está haciendo labores que no le corresponden.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO MANUEL ESPINO BARRIENTOS: Gracias, Diputado.
Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el diputado Benjamín Muciño Pérez, del Partido Acción Nacional.
- EL C. DIPUTADO BENJAMÍN MUCIÑO PEREZ (PAN): Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Diputados;
Señor Secretario:
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en materia de seguridad pública es de suma importancia prevenir antes que reprimir, que siempre será eficaz una política preventiva que una reactiva. Es así que en el marco de una adecuada política criminal resulta exigible la prevención del delito por parte de la Secretaría, que combata las causas más que los efectos del delito.
Señor Secretario:
¿Puede explicarnos cuáles han sido los lineamientos básicos utilizados por la dependencia a su cargo para alcanzar una adecuada política preventiva del delito que además sume a la comunidad? ¿Cuáles han sido los resultados concretos en este rubro?
Por otra parte, se señala en el informe de la dependencia que una línea de acción es la de promover la planeación y actividades de inteligencia. ¿En qué consisten estas actividades, señor Secretario? ¿Qué acaso no se está dando una confusión entre la función propia de seguridad pública con la de procuración?
También se indica que la Secretaría realizará estudios y diagnósticos sobre las causas del delito, clasificación geodelictiva, patrones de comportamientos, entre otros; sin duda esto es parte de una profilaxis criminal que requiere de personal idóneo. Doctor Gertz: ¿Qué área de la Secretaría realizará tales estudios y qué perfiles tendrán estos responsables?
Otra acción que se informa es la regionalización y desconcentración de las unidades operativas de la Policía Federal Preventiva en todo el país. ¿Cuándo quedará concretada esta acción y qué resultado se espera dada la demanda de diferentes municipios?
Desde hace un año se ha anunciado por parte de la Secretaría el impulso de reformas legislativas para adecuar los ordenamientos a la dinámica delictiva actual; entre ellas, se señala el establecer un Código Penal Único y uno sólo de Procedimientos Penales para todo el país. Tal escenario implica una concepción distinta desde el punto de vista del federalismo, lo que conlleva a que las Legislaturas locales podrían ceder facultades en esta materia. Señor Secretario: ¿Se tiene ya algún acuerdo con las entidades federativas a este respecto y ello implicaría eventualmente una reforma constitucional?
Finalmente también se indica que dentro de la reforma se propone el establecimiento de un juicio oral para reducir en forma sustancial los tiempos procesales. Lo anterior parece coincidir con el principio de una impartición de justicia pronta, con la inmediatez judicial en las actuaciones. Sin embargo este planteamiento exige recursos cuantiosos considerables, por lo que le preguntamos: ¿Ya se realizó una evaluación de impacto presupuestal para la viabilidad de esta propuesta? Y, por otra parte, ¿se contará con un programa especial de profesionalización y capacitación APRA tener a las personas y los sistemas idóneos que lleven a cabo este tipo de procesos orales?
Por sus respuestas, muchas gracias.
-PRESIDENTE: Tiene la palabra el doctor Gertz Manero, hasta por cinco minutos, para dar respuesta.
-DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO.- Señor diputado: Sobre la política de prevención en el delito a la que me refería yo en la presentación que hice ante ustedes, nosotros la basamos fundamentalmente en un hecho en el que creemos que está la clave de toda esta solución, que es que la inmensa mayoría de las ofensas que recibe la sociedad son por infracciones a las leyes de justicia cívica y por delitos menores; ahí es donde existe la primera gran falla del sistema como está planteado en este momento.
Nosotros lo que estamos haciendo y lo hemos probado en los municipios, en las ciudades y en las áreas donde hemos trabajado, es que si hay una respuesta inmediata de la policía, si la policía en lugar de estar vinculada verticalmente a sus mandos está vinculada horizontalmente a la sociedad y responde con rapidez y con eficiencia mediante estas acciones de prevención, ese es el costo menor para la sociedad y el costo menor para el Estado mismo, por el gasto que esto significa.
Si ahí se detiene el proceso delictivo, ahí es donde se puede obtener una respuesta de confianza de la comunidad, desde la llamada de emergencia que se le hace a la patrulla y que puede tardar tres horas o puede tardar cinco minutos y ahí está la diferencia entre que la gente crea o no crea en la justicia, hasta la reparación del daño en un sistema de justicia de barandilla que inmediatamente le dé al ofendido la sensación de que hay justicia y que la readaptación social se haga.
Y que la readaptación social se haga fundamentalmente no a base de castigos tradicionales que han fracasado, como son los arrestos y las multas, sino con trabajo comunitario; eso está probado en todas partes del mundo y nos ha dado buen resultado. Si eso lo podemos llevar a un proyecto nacional, parece muy sencillo, pero yo creo que las grandes soluciones están hechas de conductas sencillas y de sentido común.
Yo siento que por ahí es por donde nosotros vamos a poder encontrar y eso es lo que nosotros estamos impulsando y eso lo hemos podido demostrar , miren, en la ciudad de Acapulco que tenía problemas muy serios, el Gobierno del Estado y el del Municipio nos pidió nuestra presencia, entramos hace muy poco, es decir lograr la reducción del 70% de los delitos ha sido verdaderamente un éxito y eso lo hemos hecho trabajando con la Policía Municipal y con la sociedad y haciendo ese trabajo de vinculación y de respuesta inmediata, la seguridad pública no está hecha de milagros, está hecha de trabajo y de responsabilidad inmediata.
Por lo que hace a la desconcentración , lo que nosotros calculamos es que nunca vamos a poder llegar, ni podemos soñar con la posibilidad de tener un número de policías que se pueda acercar a las policías locales y estatales que son casi 300 mil, lo que nosotros necesitamos hacer es una estructura de desconcentración que les pueda servir a esos policías, que sea un sistema de supervisión, de prevención, de control, de otorgarles y darles todos los medios de comunicación, de tecnología, de información, a la que usted decía, a las actividades de inteligencia, no, las actividades de inteligencia son para la prevención del delito y significan algo que es muy sencillo, estar cerca de la comunidad para saber dónde y cómo se cometen los delitos para poder irlos a prevenir en el lugar a donde se dan y ahí es a donde nosotros debemos hacer nuestro gran esfuerzo.
Usted tenía la preocupación de que los estados cedan facultades en el nuevo proyecto y es al contrario, son los estados a los que les tenemos que devolver las facultades, que ya las tienen de hecho para poder tener un sistema de justicia que funcione.
Mire, los Magistrados y los Jueces en los Estados de la República ganan un sueldo mucho muy inferior al de los Jueces y los Magistrados Federales, si no los equilibramos, si no fortalecemos el sistema judicial local, no vamos a poder tener una buena justicia
Y, por otro lado, la mayor parte de los delitos federales los conocen los Ministerios Públicos Locales y los Jueces Locales en primera instancia y ellos integran las averiguaciones previas e inician los procedimientos y luego se los pasan al Poder Federal, ¿por qué no hacemos una federalización pero bien entendida que es la que le entrega a la estructura de los municipios y de los Estados las facultades y los apoyos económicos y toda la tecnología para que ahí es donde se pueda llevar a cabo ese trabajo?.
Por lo que hace al Juicio Oral volvemos a lo mismo, si nosotros tenemos una buena justicia cívica, unos buenos jueces cívicos, si tenemos una respuesta inmediata, nosotros nos vamos a quitar la inmensa mayoría de los delitos menores que son los que abruman a los jueces penales y son los que llenan las cárceles de este país; si hacemos un análisis cuidadoso de quienes son los internos de las cárceles, no están ahí los grandes criminales, están los que no pudieron o no supieron defenderse y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, a esa gente hay que darle la oportunidad de que se vuelva a integrar a la sociedad y que se re adapte y los que andan sueltos son a los que les debemos de dedicar todo nuestro esfuerzo.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Diputado Néstor Villarreal Castro, del Partido Acción Nacional, para réplica hasta por tres minutos.
- EL C. DIP. NÉSTOR VILLAREAL CASTRO: Con el permiso del Presidente de esta Comisión y del Vicepresidente de la Mesa Directiva de Cámara y de los Secretarios aquí presentes. Compañeros diputados.
Señor Secretario de Seguridad Pública:
Un estado democrático y moderno es aquél que frente al fenómeno de la criminalidad cuenta con diversas alternativas político criminales que ofrecer a la sociedad para garantizar sus intereses y no sólo con medidas represivas.
Acción Nacional pugna por una seguridad pública que sea perceptible por la sociedad pero no con acciones de terror penal, de endurecimiento de medidas o de flexibilización de los mecanismos para la persecución. Las medidas penales de ninguna manera pueden constituir el primero y único recurso para el combate de la delincuencia, sabemos que en cada una de las manifestaciones por buscar una solución al problema de la inseguridad es constante la firme expresión de que con las nuevas medidas se combatirá la eficiente la delincuencia y se garantizará la seguridad pública.
Ojalá y así fuera, pero pareciera que todo es utópico ya que cada nueva medida anunciada lleva implícito también el reconocimiento del fracaso de las anteriores y por lo tanto también su propio fracaso. Esperamos que esto no sea así por México y por nosotros.
Los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que la tarea conferida a la Secretaría de Seguridad Pública en el rubro de la prevención del delito no debe de realizarse en forma aislada ni mucho improvisada ya que es lógico que antes de poder planificar una posible solución contra la delincuencia es necesario conocerla, saber los alcances de ésta, su situación histórica, basados en un verdadero estudio de los aspectos socio-políticos y económicos que envuelven el problema de la delincuencia pues de lo contrario, cualquier programa o política de prevención del crimen se encuentra destinado al fracaso.
Señor Secretario, consideramos que una verdadera y eficaz prevención y combate a la delincuencia requiere de acciones decididas, integrales, contundentes por parte de la Secretaría a su cargo, las cuales deben de encontrarse apoyadas en una congruente política criminal acorde a las necesidades actuales del país.
Sin duda alguna, uno de los objetivos rectores del Plan Nacional de Desarrollo en el rubro de la seguridad pública es el relativo a la prevención del delito a través del establecimiento de políticas y programas que permitan contrarrestar las causas generadoras de las conductas delictivas, (interrupción)
- EL C. PRESIDENTE: Diputado concluya su participación, por favor.
- EL C. DIP. NÉSTOR VILLARREAL CASTRO: Así como para detener los riesgos de los factores criminológicos y de los grupos de riesgo existentes en las diversas regiones de nuestro país.
Con esto pues, para terminar y claro que sí, felicitarlo por la actuación de este tiempo y conminarlo a seguir el camino que se ha planteado.
Muchas gracias señor Secretario.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Patricia Aguilar García.
- LA C. DIP. PATRICIA AGUILAR GARCIA: Diputado Jaime Vázquez Castillo, vicepresidente de la Mesa Directiva; diputado Manuel de Jesús Espino, Presidente de esta Comisión. Señor Secretario:
En su intervención inicial señor Secretario, usted nos pinta un panorama de éxito en el combate a la delincuencia en el país, a un tipo de delincuencia y también en su exposición nos señala que hay una delincuencia que ha crecido de manera considerable, que es la delincuencia de cuello blanco, los delincuentes que cometen fraude, que cometen estafas y algunos otros delitos de este tipo.
Yo quisiera saber qué está haciendo la institución a su cargo respecto al crecimiento de esta delincuencia, qué está haciendo en prevención y en detección respecto a este tipo de delincuentes, puesto que seguramente no es lo mismo detener a un carterista o a un delincuente de robo de casa-habitación, a uno un poco más sofisticado y con una preparación académica de mayor rango, como el que comete este tipo de delitos.
Por otro lado, en el informe se dice que la Secretaría de la Defensa Nacional comisionó a 826 elementos para reforzar a las fuerzas federales de apoyo. ¿Esto no constituye una ilegalidad, considerando que los elementos de la Policía Federal Preventiva deben tener determinados requisitos y los militares no lo tienen, a pesar de que realizan esta función?
Por sus respuestas, gracias señor Secretario.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputada.
Señor Secretario, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA: Muchas gracias, señora diputada.
En materia de prevención hay dos tipos de delitos; los que son prevenibles por la policía preventiva y los que no podemos nosotros prevenir, éstos son los de cuello blanco. Es decir, que por su propia naturaleza no son actos que se den dentro de un marco en donde hubo una policía preventiva pueda actuar. Ahí es donde entra la función de la policía judicial ya en cumplimiento de tareas específicas de investigación que deriven de la integración de una averiguación previa o de un proceso ya con orden de juez.
Lo que nosotros estamos proponiendo es que en un marco de operación nosotros podamos tener, ser un apoyo mayor para los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento de algunas de estas tareas, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho? Ha habido miles de órdenes de aprehensión que se han cumplido por parte de la Policía Federal Preventiva en esta administración, cosa que no se había hecho nunca, siempre se había quedado el cumplimiento de las órdenes de aprehensión a las policías judiciales, como una función casi monopólica por parte de ellos, cuando tanto la Constitución como la ley nos dan la posibilidad de ser auxiliares en esta materia.
¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado con la Secretaría de Hacienda, hemos trabajado con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales para el cumplimiento de estas órdenes de aprehensión de delincuentes precisamente de los que usted se refiere, de los de cuello blanco, y esto ha dado un muy buen resultado que se le ha reconocido también a la Policía Federal Preventiva.
Por lo que hace a los miembros del ejército y ahí le contesto al señor diputado que no había yo tenido tiempo de hacerlo- déjeme decirle. Sobre la base constitucional a la que se refieren, ya el órgano jurisdiccional y en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cinco ocasiones ha omitido tesis muy claras, muy precisas de que si es necesaria la presencia de miembros del ejército para coadyuvar y proteger a la sociedad en la prevención del delito, esto es válido si sus actividades se enmarcan con toda precisión y con toda claridad en el marco legal correspondiente.
Las cinco tesis yo se las puedo hacer llegar a usted, son muy claras y muy precisas y sobre esa base es sobre la que hemos podido establecer ese convenio, en el que, déjeme decirle a usted, de los 11 mil miembros de la Policía Federal, la mayor parte son los miembros de la Policía Federal de Caminos, que es una vieja institución, tiene más de 70 años, que son 7 mil y casi 5 mil son de las fuerzas armadas, comisionados.
Yo creo que la actividad, la forma cómo se han comportados estos policías federales preventivos que vienen de las fuerzas armadas, han demostrado que pueden convivir con la comunidad y con la sociedad, que se les puede tener respeto, han ganado la consideración de la comunidad y esto nos da la certeza de que estas estructuras pueden trabajar con nosotros de una manera muy sólida para mantener tanto el respeto a los derechos humanos como la eficiencia en sus funciones.
Y ese es el marco en el que nosotros nos hemos manejado y creo que se ha planteado dentro de una situación legal y dentro de una situación de participación ciudadana que lo ha acreditado.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la diputada Patricia Aguilar para réplica, hasta por tres minutos.
LA DIP. PATRICIA AGUILAR GARCIA: Gracias por sus respuestas a mis preguntas anteriores.
De la intervención que tuvo usted inicialmente, me llamó mucho la atención lo referente al sistema penitenciario. Usted nos hizo una referencia exacta y ahondaron algunos de los compañeros que participaron en la problemática que presentan los penales en todo el país; bueno, nos hizo ya la detección de la problemática, pero yo quisiera que nos propusiera también alternativas de solución a toda esta problemática que se da en cuanto a que yo creo que todos estamos de acuerdo que entran por delitos menores, algunas personas, y salen casi con maestría y doctorado por lo que llegan a aprender ahí adentro.
Respecto a la corrupción en los penales. No sé si se pudiera implementar con ese Consejo Ciudadano de Seguridad que escuché que se había formado en meses anteriores, algún programa de preliberaciones junto con abogados y con las instancias correspondientes a hacer una revisión de los expedientes, el pago de fianzas y algunas otras cosas también para evitar el hacinamiento de los penales.
Y bueno, con ellos también, organizar un programa en los que se pudiera agenciar recursos económicos para que los estados en donde tienen, no sé, las construcciones de esta cárcel, yo soy de Chiapas y ahí hay una en Cintalapa, enorme, que todavía no llega a consolidarse, no sé para cuándo pudiera abrirse esta cárcel porque tiene problemas económicos fuertes y me imagino que en algunos estados de la República tienen esta problemática también.
Por otro lado hay algo que a mí me preocupa muchísimo también, como ciudadana y como mujer independiente mi tarea legislativa. Hace un tiempo, en la Comisión de Grupos Vulnerables nos acercamos a la institución para ver la creación de una policía cibernética para luchar en contra del abuso sexual infantil. Quisiera saber cómo va esta situación porque teníamos topes respecto a derechos humanos y cosas en meternos en Internet por las redes éstas, tan grandes de corrupción que hay respecto a este delito.
Y por otro lado, esto va creciendo en los estados de la república, yo creo que aquí se deberían tomar determinaciones ya muy precisas, para poder combatir esto que verdaderamente es una monstruosidad y que crece, día a día, en todas las entidades.
Y por otro lado, preguntarle: ¿quién aprobó el Programa Nacional de Seguridad, y si éste no debió ser aprobado por el Consejo Nacional?
Por sus respuestas gracias señor Secretario.
-EL C. PRESIDENTE: Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas con derecho a réplica también, y para ello están inscritos los siguientes ciudadanos diputados.
Por el Partido del Trabajo el diputado Juan Carlos Regis Adame.
Por el Partido de la Revolución Democrática el diputado Delfino Garcés Martínez.
Por el Partido Acción Nacional la diputada Gabriela Cuevas Barrón.
Por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Roberto Zavala Echavarría.
Tiene entonces la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el diputado Juan Carlos Regis Adame.
-EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la presidencia. Señor Secretario, nuestra norma fundamental establece en su Artículo 10 como provisión para poseer o portar armas de fuego, las que se impiden en la Ley de Armas de Fuego, es un hecho incuestionable que un sector importante de la sociedad mexicana se encuentre empistolada.
En la ciudad de México como en otras grandes urbes de nuestro país, se venden armas de fuego sin ningún problema, y la dependencia de la que usted es titular, no ha realizado acciones efectivas para evitar este delito.
Un delito que lesiona gravemente la dignidad de la persona, es el tráfico de indocumentados, que muchas veces o en la mayoría de las veces, son tratados de forma vejatoria, para ser trasladados hacia Estados Unidos.
La Comisión de Delitos contra la Salud, tiene como propósito fundamental, degradar la especie humana, en esta actividad se obtienen altísimas utilidades, pero en el aspecto preventivo la dependencia a su cargo ha hecho muy poco.
Otro de los delitos es el secuestro, que afecta gravemente el sujeto pasivo que lo resiente así como a su familia, otro es el robo y asalto de autotransportistas en carreteras, el tráfico de menores, el robo de vehículos y autopartes, el robo de vehículos de lujo, que muchos de ellos van a parar hasta Centroamérica y a otros países y queremos saber, señor Secretario, que de estos asuntos que le comentamos qué ha hecho la dependencia a su cargo, para desactivar estas organizaciones de delincuentes.
Por sus respuestas muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Señor Secretario tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta.
-EL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA: Señor diputado, por lo que hace al tráfico de indocumentados, que es uno de los comercios ilegales más injustos y más crueles, la Policía Federal Preventiva realizó una operación que no había tenido precedentes en el país, en el estado de Sonora, hace dos meses, nosotros logramos detener a toda la banda de secuestradores, que había estado abriendo la frontera hacia los Estados Unidos, en toda la zona de Sonora, y que había llevado a muchos mexicanos a morir en el desierto de Yuma. Están todos detenidos, están todos sujetos a proceso, y ahí se ganó una batalla fundamental.
Por lo que hace a los problemas de la posesión de armas de fuego, como usted bien dice, no son las gentes que piden un permiso ni las que se sujetan a la ley las que asaltan con armas de fuego, que son robadas o que son adquiridas en mercados que son ilegales; son precisamente los que no quieren acatar la ley y los que no la van a acatar nunca y contra los que tenemos que combatir, fundamentalmente.
En eso tenemos que hacer una tarea conjunta con las policías locales; hay casos en que los territorios donde estas armas se venden son prácticamente zonas en las que no puede ni ha entrado ninguna policía local y en las que hay un proceso de corrupción verdaderamente inusitado y todos sabemos a qué me refiero; ahí necesitamos entrar juntos, ¿por qué? Porque el enemigo es un enemigo numeroso, fuerte, que está decidido a todo. Nosotros estamos planteando esa necesidad para poderlo combatir. Los mercados de armamento están perfectamente ubicados y ahí necesitamos ir todos juntos, porque si no, no vamos a poderlo resolver. Es decir, esto es un asunto muy de fondo y en donde tenemos que trabajar y lo vamos a hacer.
Por lo que hace a los delitos federales, yo le vuelvo a insistir, los números nos han favorecido; creo que las funciones de la Policía Federal Preventiva se han acreditado y estos números son evidentemente reconocidos por la comunidad, pero eso no significa de ninguna manera que la percepción de la inseguridad realmente se haya modificado a favor de la sociedad, eso es un hecho que todos estamos reconociendo y que lo dije al principio de mi participación.
Si nosotros no logramos legalmente bajo una estructura sólida donde haya responsabilidades, sanciones y clara determinación de competencias manejar todo el problema de seguridad del país, si no lo manejamos juntos: las policías municipales, locales y estatales, eso es un hecho, todos nuestros datos en ese sentido lo acreditan, en las ciudades donde hemos podido trabajar juntos hemos hecho y hemos dado muy buenos resultados. Tenemos que seguir sobre esa base y por eso estamos haciendo la propuesta de cambiar las estructuras legales.
Porque mire usted, en materia de seguridad y de policía, los convenios y las concertaciones no pueden sostenerse por mucho tiempo por los intereses que hay en esto. Tiene que haber un marco legal claro, preciso, con sus sanciones y con sus competencias perfectamente delimitadas, si no, no lo vamos a resolver y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo.
Muchas gracias, señor.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Regis Adame, tiene usted el uso de la palabra para réplica, hasta por tres minutos.
EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME.- Agradecer de antemano las respuestas que nos da.
Reconocemos que en el combate a la delincuencia toda la sociedad debe de redoblar esfuerzos; no podemos admitir ni permitir que este severo cáncer social nos venza; con ello va la tranquilidad personal y lo más preciado que todos tenemos: nuestras familias.
Nos preocupa la poca credibilidad que la sociedad tiene en las instituciones policíacas y que en consecuencia, en franca contravención a lo que dispone el artículo 17, la sociedad se haga justicia por sí misma.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, le exige a la dependencia a su cargo, potencie los esfuerzos en las prevención de los delitos contra la salud, los niños y jóvenes de México están adquiriendo este vicio que irremediablemente los lleva a la muerte.
Los legisladores de nuestro grupo parlamentario haremos lo propio en esas estructuras legales o en esa actualización del marco jurídico, para que les permita combatir de mejor forma a la delincuencia.
Lo anterior tiene que hacerse para salvaguardar la integridad personal y de lo más valioso que todos tenemos, que es nuestra familia.
La delincuencia no debe vencer al Estado, la ciudadanía no puede ser botín de la delincuencia.
Por su atención, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.
Tiene la palabra hasta por tres minutos, por el Partido de la Revolución Democrática, para formular su pregunta, el diputado Delfino Garcés Martínez.
-DIP. DELFINO GARCES MARTINEZ: Violencia e inseguridad, palabras que todos sentimos y sabemos que es una realidad de nuestra nación. Es por eso que ante la necesidad imperante de un estado de derecho, un estado de tranquilidad y seguridad social, nosotros como representantes populares tomemos ese gran reto. Reto que ni el mismo señor Fox ha cumplido y que sin embargo se erigió como paladín infalible en contra de ese mal que nos aqueja.
El señor Vicente Fox en su toma de posesión como Primer Mandatario, nos dijo: "No daremos cuartel a la delincuencia. No descansaremos hasta que vivamos seguros, sin temor o angustia. Hasta que disfrutemos sin asaltos ni vejaciones".
Y no sirve apostarle al autoritarismo cuando la criminalidad no es sólo producto de la debilidad de las fuerzas de seguridad pública. No hay cuerpo policiaco capaz de contener el hambre y el desempleo. Promesa incumplida como tantas otras. Llenando de mentiras la incapacidad ante tan gran mal que nos aqueja. Evidencia que se consolida con la fuga de narcotraficantes y la gran impunidad que gozan miembros de cuerpos de seguridad que por el solo hecho de tener una placa que entre la sociedad se le conoce como "charola", volviéndose por este hecho protegidos del mismo sistema que profesan y que ocupan vilmente para la corrupción, siendo ellos parte integrante de la violencia creciente en nuestro país.
Pues al dirigirse dentro de las organizaciones destinadas a cuidar el bien común y la seguridad de los mexicanos, corrompen lo más profundo de las instituciones, surgiendo como verdaderas mafias que asesinan de todo aquello que nos permita una vida digna.
Y con todo esto, hablo de la seguridad y tranquilidad que todos añoramos al vivir en este país que se ha tornado tristemente en una cuna de bandidos, ladrones y narcotraficantes.
Una cuarta parte de la población ha modificado su hábito y sus actividades por temor a ser víctimas de algún delito, incluso dentro de lo más sagrado que es el hogar, cubil, guarida o protección del seno familiar. Podemos citar de la población que el 81% evita salir en la noche; el 44% no lleva dinero consigo -ojalá lo tuviera- el 47% no utiliza objetos de valor.
De igual manera México ocupa el tercer lugar, después de Brasil y Venezuela, entre los países de América Latina, con la tasa de crecimiento más elevada de inseguridad. Y mediante el estudio realizado por el Instituto Ciudadano de Estudio sobre la Seguridad, creció en un 400%.
Por lo antes referido señor Secretario, ¿hasta cuándo los ciudadanos tendremos que soportar el aumento creciente de la delincuencia en todas sus manifestaciones? ¿O espera usted como principal responsable de combatirla, deslindarse de su responsabilidad y que sea la sociedad quien haga justicia por su propia mano, como en otros casos?
Por su respuesta muchas gracias.
.PRESIDENTE: Señor Secretario, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para dar respuesta.
-DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO: El Gobierno Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, ha estado verdaderamente comprometida no en eludir responsabilidades, sino en compartirlas; en trabajar en conjunto con todas las autoridades locales y municipales.
Yo creo que nosotros hemos demostrado la voluntad, la capacidad y la honestidad con la que está trabajando la Policía Federal Preventiva y yo creo que esa pregunta no las tenemos que hacer también a las autoridades locales de cada uno de los estados y de las entidades federativas porque yo creo que, en esa actitud corresponsable, es donde vamos a encontrar la respuesta.
Nosotros hemos demostrado toda la voluntad de trabajar con todos los gobiernos, con todos los municipios y no hemos descalificado ni vamos a descalificar los esfuerzos de ninguno de ellos, pero yo creo que merecen ser analizados y ser evaluados en su justo precio y en su justa función, y así lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo.
Asumimos nuestras responsabilidades y queremos que todos las asuman con nosotros y lo vamos a hacer con muy buena voluntad. Muchas gracias, señor diputado.
EL C. PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, para réplica, el diputado Gregorio Urías.
EL C. DIPUTADO GREGORIO URIAS GERMAN: Compañeros diputados, señor secretario: usted insiste mucho en la responsabilidad de gobiernos locales. Usted tuvo la responsabilidad de la seguridad pública en la jefatura de gobierno anterior en el Distrito Federal. Seguramente, por su buen desempeño ahora ocupa la responsabilidad en la Secretaría en el tema de la seguridad pública a nivel federal.
Quiero agregar a esto una observación: la responsabilidad de los penales, y más en lo que tiene que ver con delitos del fuero federal, pero los penales en sí mismos, que están establecidos en las entidades federativas, son de responsabilidad concurrente entre los gobiernos locales y usted, señor secretario, por lo que planteaba anteriormente.
Quiero expresarle que, además de las causas estructurales que determinan la inseguridad en éste como en otros países y que ésta está creciendo y va en incremento, las políticas coyunturales de combate a la inseguridad tienen una fuerte dosis de inercia.
La verdad, no observamos en el gobierno del cambio profundos cambios en cuanto a los métodos, las políticas, los planeas para combatir la inseguridad. Debo expresarle que el diputado Omar Fayad, el diputado Alvaro Ceceña Vallarta y un servidor somos integrantes de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano y hemos discutido, junto con diputados de otros países, hemos llegado a la conclusión prácticamente que el crimen organizado, y particularmente el narcotráfico, es un componente y un determinante decisivo en el incremento de la inseguridad en este país y a nivel internacional y que es un fenómeno internacional y que las políticas represivas han venido fracasando, todas, en el combate a ese fenómeno y a la inseguridad en su conjunto, que está catalizada por esta manifestación de crimen organizado, que es el narcotráfico.
Quiero finalmente expresarle que estamos convencidos que el gobierno del cambio sigue con políticas tradicionales en esencia y que no se han planteado, frente a este fenómeno que se llama crimen organizado, que es internacional, ni una sola propuesta para enfrentarlo a nivel internacional porque ha fracasado la política represiva.
Terminando con la ciudad de Culiacán, de la que y provengo, los retenes que tienen décadas en Culiacán, pero últimamente han estado siendo fortalecidos y exagerados por la Policía Federal Preventiva, no son preventivos; tienen fuertes dosis de represivos, por lo menos desde el punto de vista psicológico. En cada cuadra, en cada esquina están deteniendo y la mayor parte de los ciudadanos que detienen, son ciudadanos inocentes y son a los que más molestan. Para nada sirven, hasta ahora no han entregado ningún resultado en cuanto al combate, a las verdaderas células o a los cárteles o a los jefes de los cárteles del crimen organizado. Por su opinión, muchas gracias, señor Secretario.
EL C. PRSIDENTE: Gracias, diputado.
Tiene la palabra para formular su pregunta, hasta por tres minutos, la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Partido Acción Nacional.
- LA C. DIP. CLAUDIA CUEVAS BARRON: Compañeras y compañeros diputados; señor Secretario: Acción Nacional considera que ninguna estrategia de prevención del delito puede funcionar sin el apoyo, comprensión y ayuda de la comunidad.
La seguridad pública necesita reactivar la relación de la ciudadanía con las dependencias encargadas de esta función.
Una visión integral de la seguridad pública requiere, además de una eficaz coordinación entre las áreas de prevención, procuración, impartición de justicia y readaptación social, de una mayor participación ciudadana., pues en una sociedad en constante movimiento como la nuestra, los actores sociales no deben permaneces expectantes, sino que se hace necesaria la participación de estos en la prevención de delito.
Tenemos conocimiento de algunos esfuerzos realizados en el rubro de la participación y organización ciudadana en la prevención de delito, tales como el "Programa Ojo Ciudadano", Súmate" y "Policía de Proximidad".
En ese sentido le pregunto, señor Secretario: ¿De qué manera ha incidido la participación ciudadana en la prevención y abatimiento de las conductas delictivas de nuestro país? ¿Qué efectividad han tenido los programas específicos implementados por la Secretaría a su cargo en este rubro? Y ¿cuáles serían las estrategias a seguir a efecto de lograr una mayor vinculación entre la ciudadanía y la Secretaría de Seguridad Pública?
Por otra parte, en la anunciada reforma legislativa que parece promoverá, está la de dotar a la Policía Federal Preventiva de facultades legales de investigación, a efecto de prevenir los delitos, así como la de participar como parte acusadora en algunos casos.
Señor Secretario: Esta iniciativa ¿cómo afectaría la naturaleza de la Policía Federal Preventiva y cómo a la institución del Ministerio Público hoy por hoy con el monopolio de la investigación del delito?
También se plantea promover una reforma a la Ley de Tratamiento para Menores Infractores, para que en los casos en que su edad se encuentre entre los 14 y 18 años, se determine su responsabilidad e imputabilidad penal en razones de dictámenes periciales.
Señor Secretario, le pregunto: ¿Qué acciones están llevando a cabo en materia de prevención del delito con los menores de edad? Y si considera conveniente y por qué el llevar a los menores de edad a centros carcelarios que han demostrado ser escuelas del crimen.
Por otro lado, se informa que se implementó el sistema de planeación y control de policía, con programa de depuración mediante exámenes rigurosos de control de confianza para las etapas de reclutamiento, capacitación y permanencia. Lo anterior a fin de lograr personal con valores de ética, honradez y mística, entre otros.
Por nuestra parte, sabemos que países en donde se ha podido avanzar en el rubro de profesionalización policial, la preparación puede durar tres años o más, incluso se ha considerado como una carrera profesional reconocida por las instituciones educativas.
Le pregunto ¿Cuánto tiempo dura la preparación para ser policía en la Academia Nacional y si ésta cuenta con reconocimiento oficial?.
Finalmente, se informó por la Secretaría que en el mes de agosto el gobierno Federal...(Interrupción)
- EL C. PRSIDENTE: Concluya su participación, diputada.
- LA C. DIP. CLAUDIA CUEVAS BARRON (Continúa) Ya concluyo, nada más una última pregunta. El Gobierno Federal a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha entregado a los estados la cantidad de 2 mil 400 millones de pesos equivalentes al 80 % del presupuesto autorizado para este año, mismo que será finiquitado en el mes de octubre. En este sentido no desconocemos que la incidencia delictiva del país demanda la acción conjunta de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo a este respecto le pregunto: ¿Es oportuno que los recursos federales en este rubro se transfieran etiquetados?
Por sus respuestas, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada Cuevas Barrón.
Tiene la palabra el doctor Alejandro Gertz Manero, por cinco minutos.
- EL C. DOCTOR ALEJANDRO GERTZ MANERO, Secretario de Seguridad Pública:
Diputada Cuevas Barrón:
Por lo que hace a la participación ciudadana, en esto tenemos una experiencia que hay que tener muy en cuenta. Cuando se llama a la ciudadanía a participar y en realidad esa participación no se convierte en una realidad que le dé resultados a la propia ciudadanía, lo único que hace uno es desalentarla. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es en lugar de centralizar y llevar a comités y a grupos la participación ciudadana, lo que hacemos es lo que se está haciendo en todas las policías que dan buenos resultados en el mundo, que es ir a la ciudadanía y estar cerca de ellos en los lugares a donde se está dando el fenómeno delictivo.
La Policía Federal Preventiva a donde quiera que tiene una participación permanente establece inmediatamente un vínculo con los vecinos de esa zona, los visita con toda regularidad y quien tenga la oportunidad de vivir en alguno de los lugares donde nosotros estamos trabajando lo podrá comprobar y eso es lo que nos permite realmente tener una vinculación de respuesta inmediata con ellos. Porque si los invitamos a reuniones mensuales o semanales o quincenales o de alguna periodicidad, resulta que la realidad se distorsiona totalmente. Esa es la forma como hemos trabajado y los resultados para nosotros han sido realmente muy buenos.
Por lo que hace a darle a la Policía Federal la categoría de parte acusadora no se trata de dárselo a la Policía Federal, se trata de dárselo a la Policía Preventiva. Es decir, hay muchísimos delitos que en este momento no pueden ser combatidos porque la gente no quiere ir a hacer la acusación correspondiente y el policía conoce el caso, tiene al delincuente, tiene los elementos materiales del delito en sus manos y puede ser una parte acusadora que ayudaría mucho a la resolución de muchos problemas que se quedan en la impunidad.
No se trata en este proyecto de acabar con el Ministerio Público, eso hay que dejarlo muy claro. Lo que se trata es de darle a los mexicanos el derecho que tienen en todas las demás materias jurisdiccionales que hay en el país, que es el derecho a defenderse. Si los mexicanos no tenemos derecho a defendernos en materia penal, nos pasa lo que nos está pasando. Pero no se trata, de ninguna manera, de acabar con el Ministerio Público, sino de sujetarlo al proceso penal. Nada más. No hay otro interés más que ese: defender a la ciudadanía, defender a las víctimas y a los ofendidos por el delito.
Por lo que hace al reclutamiento y a la carrera policiaca, el FBI por ejemplo sus cursos son de seis meses. En el Instituto nuestro, en San Luis Potosí, los cursos son de un año. Los nuevos sistemas educativos son de educación continua necesariamente, es decir, el personal tiene que estar en forma permanente capacitándose, recibiendo la información más adecuada para cumplir con sus tareas y en ese sentido nosotros hemos desarrollado un programa que nos ha dado muy buen resultado y cuyos costos han sido prácticamente mínimos, por la capacidad que tenemos nosotros de darles una información que los capacite y los prepare de una manera práctica en el mismo ejercicio de sus funciones.
Ahora ya la Policía Federal Preventiva en todos los lugares donde está trabajando está haciendo simulacros de capacitación semanarios para todo su personal y les está haciendo llegar toda la información de los cambios que se necesitan tener para poder cumplir con su carrera policial.
Yo debo decirle que la mayor parte de las policías de este país, la policía federal, la policía del Distrito Federal y las policías que están estructuradas en el país todas tienen sus estatutos, su carrera policial, con todo su sistema perfectamente establecido. Lo que sucede no es que no haya esa estructura de carrera civil, sino que no se cumple.
Y el Sistema Nacional de Seguridad lo que está haciendo es algo que es fundamental e importantísimo: centralizar toda esa información para que esté al servicio de todos los sistemas de seguridad pública del país.
Cuando nosotros llegamos a esta tarea había 10 mil fichas de información sobre los 300 mil policías. En este momento tenemos 212 mil fichas. En dos años hemos logrado juntar 212 mil fichas y al paso que vamos a tener muy pronto el total. En el momento en que tengamos el total de las fichas de todos los policías con sus huellas dactilares y lo podamos cruzar, en ese momento vamos a tener el primer sistema de defensa ciudadana, para evitar que haya policías que al mismo tiempo hayan sido delincuentes o tengan una orden de aprehensión.
Muchas gracias.
VICEPRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
Tiene la palabra hasta por tres minutos, para réplica, el diputado Alfredo Botello, del Partido Acción Nacional.
-DIP. ALFREDO BOTELLO MONTES: Muchas gracias.
Señor Presidente; señor Vicepresidente de la Mesa Directiva; señor Secretario:
Esperamos señor Secretario, que esta comparecencia no sea la última ocasión en que podamos tener una reunión los diputados con el Secretario de Seguridad Pública y se abran aún más los espacios de diálogo y entendimiento para seguir construyendo las acciones tan necesarias y atender el grave problema de la inseguridad pública en el ámbito de nuestras respectivas competencias, diálogo y trabajo que solicitamos se intensifique con el énfasis que el propio titular del Ejecutivo expresó en el mensaje de la toma de posesión, cuando instruyó a los miembros de su gabinete para atender con disposición y prontitud, semana a semana, los requerimientos de este H. Congreso y sus comisiones.
Por lo que respecta al Grupo Parlamentario del PAN, atenderemos y analizaremos las iniciativas legislativas tendientes a mejorar el marco normativo de la seguridad pública, como lo hicimos al crear la Secretaría de Seguridad Pública al inicio de esta Legislatura y cuyo objetivo hoy parece que comienza a rendir frutos.
Los casi dos años de gobierno ciertamente son pocos para poder hacer realidad ese deseo de abatir la inseguridad y la impunidad. Para que nuestras familias puedan dormir tranquilas, vemos que se están poniendo las bases, pero hay que ir más aprisa señor Secretario.
La inseguridad es uno de los principales flagelos de nuestra sociedad, es una deuda que tenemos pendiente con todos los ciudadanos y justamente por eso solicitamos y nosotros haremos también lo propio, que nuestros esfuerzos sean cada vez mayores.
Este gobierno debe vacilar y no debe detenerse hasta ganar es batalla contra la inseguridad. No se debe dar cuartel a la delincuencia y, como dijo el Presidente Fox: No se debe descansar hasta que vivamos seguros, sin temor ni angustia, hasta que disfrutemos de la vida sin sobresaltos ni vejaciones.
Señor Secretario: Hoy usted ha dado respuesta a nuestras preguntas, pero la principal respuesta estoy seguro que la dará con el equipo de sus colaboradores en la acción diaria y cotidiana; la sociedad así lo demanda y nosotros como legisladores aportaremos lo que a nuestra competencia atañe.
Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputado.
Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, para formular sus preguntas, el diputado Roberto Zavala Echavarría, del Partido Revolucionario Institucional.
-EL C. DIPUTADO ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA.- Con la venia del señor Vicepresidente de la Cámara, Diputado Jaime Vázquez y del Presidente de la Comisión Especial de Seguridad Pública. Señor Secretario Gertz Manero. Nos consta que usted es un hombre preocupado por la seguridad pública, nos consta también que está lleno de buenas intenciones, hemos tenido muchas pláticas con usted, algunas relacionadas con el primero y el segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República y otras que hemos acudido a su oficina a abordar diversos asuntos en esta materia.
Y el día de hoy nos da pié para hacerle muchas y muy variadas preguntas, pero dado lo limitado del tiempo señor Secretario, yo quiero plantearle únicamente dos; primero nuestra inquietud sobre sus proyectos de ley tan anunciados y que no nos ha llegado ninguno de ellos aquí a la Cámara de Diputados.
Yo quisiera preguntarle ¿a quién se los está haciendo estos proyectos? Da la impresión de que sólo a los medios de comunicación. Yo creo que ya es tiempo que estuviesen en el Congreso de la Unión para analizarlos; por una parte.
Por otra y con base en esto mismo señor Secretario, a mí me preocupa mucho su inclinación por la victimología, parece que se le quiere dar traste a 2 mil quinientos años de estudios penales. La Ley Penal, señor Secretario, desde antes de Cicerón y ya lo mencioné en esta tribuna hace unos días, tiene solamente dos fuentes y dos causas; la primera fuente es la de la pasión, de ahí nacen la mayor parte de los delincuentes; la segunda es la de la ambición y sus consecuencias que la sociedad sí se ha dado en 25 siglos ha sido, primero, la pena, la sanción , el castigo, de ahí viene lo de penal.
Y la segunda que sean ejemplares para que los demás sepan a lo que se atienen cuando van a cometer un delito.
Por otra parte, a mí me da la impresión, yo creo que la comparten muchos de los oyentes, de que usted pretende hacer el trabajo de os tribunales de barandilla, de las policías preventivas, de la judicial de los estados, de la judicial federal y de todas las corporaciones policiacas del país, es muy loable esa intención pero es material y legalmente imposible llevarla a cabo.
Yo creo señor Secretario para terminar, que haciendo eco en lo que decía un compañero Diputado, ya son dos años, son suficientes para planear, para diseñar proyectos, no hay una política penitenciaria, no hay una política criminalística en el país, simple y sencillamente no tenemos un programa de seguridad pública en este sexenio por lo que ya han dicho varios de los compañeros.
Por sus respuestas, gracias señor Secretario.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Tiene la palabra el Doctor Alejandro Gertz Manero hasta por cinco minutos para dar respuesta.
-EL C. DOCTOR ALEJANDRO GERTZ MANERO. Señor Diputado, el proceso legislativo efectivamente no ha trascendido hasta donde yo quisiera, yo voy a insistir, y sí le puedo asegurar y de esto tenga usted la certeza, de que el proyecto está completo, está hecho con toda la buena fe y el profesionalismo de todos los que en este trabajo intervinieron y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que lo más pronto posible lo podamos tener como una Iniciativa para que pueda ser discutido ahí.
Ahí encontrará usted , en este proyecto, toda la política que estamos desarrollando en este momento que está presentada en el Programa y que queremos que se convierta en una estructura legal permanente que no permita involuciones y retrocesos.
Yo tengo la confianza de que la experiencia que hemos tenido, que ha sido en muchos aspectos muy satisfactoria y sobre todo la voluntad que han mostrado todos los gobiernos estatales y municipales para encontrar una solución, la podamos plasmar en una estructura legal permanente que sea discutida aquí y que nosotros podamos hacerles llegar todo lo que hicimos y que finalmente ustedes van a ser los que decidan cuál es el marco legal que nos debe de regir en esta materia pero yo le aseguro que daré todo lo que esté en mi mano para que lo más pronto posible esta iniciativa ustedes la conozcan.
Muchas gracias diputado.
- EL C. PRESIDENTE: Para réplica, diputado Roberto Zavala Echavarría tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.
- EL C. DIP. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA: Señor Secretario, esperamos sus iniciativas y las estudiaremos muy de fondo.
Le voy a sugerir señor Secretario, que antes de enviar a esta representación popular su proyecto de Código Penal único para el país, le solicite su opinión al Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de nuestra Alma Mater y a los distinguidos penalistas, que hay muchos en este país.
Podemos darle cien, ciento cincuenta argumentos en contra de este proyecto pero ya lo esperaremos pero sí le sugiero que consulte al Instituto y a los penalistas de este país sobre ese Código Penal único.
Por otra parte señor Secretario, nos preocupa al Partido Revolucionario Institucional- que el señor Presidente de la República, cuando vino a rendir su Informe Constitucional el primero de septiembre, no le haya dedicado nada a la materia de seguridad pública cuando es el principal reclamo de los ciudadanos de este país y yo quiero decirle en esta tribuna señor Secretario, que soy un optimista, yo no creo que este país esté poblado de pícaros y de sinvergüenzas y de delincuentes como parece que se extrae, se entiende de lo que se plantea con términos de criminalidad.
Tampoco creo, por las fuentes penales que le decía hace un rato, que la pobreza sea fuente de la criminalidad. México era un país muy pobre, yo asistí a una escuela pública, la federal Manuel Avila Camacho en Culiacán y éramos 46 compañeros y casi 40 iban descalzos señor Secretario muchos de ellos somos profesionistas.
En cambio, ahora que somos un país mucho más rico hay más pícaros señor Presidente (sic), hay más delincuentes, hay más de cuello blanco como usted decía, yo creo que debemos atender más a las cuestiones de seguridad y de fortalecer a nuestra policía porque ciertamente no es cierto, perdón, no es cierto que existan leyes ni federales ni estatales que establezcan el servicio civil en materia de seguridad pública; no hay prestaciones sociales para la policía.
Y para no insistirlo en el alegato, los mexicanos tenemos muy acendrado el principio de discriminación que dice, cuando alguien pretende hacerlo, "no soy hijo de cuico".
Con esto señor y con lo que se ha dicho en los últimos años en la empresa nacional, en los medios nacionales, en la televisión y la radio, lo único que hacemos es que el policía se divorcie cada día más de la ciudadanía yo creo que debemos de atender más eso, que en última instancia son los policías quienes verdaderamente van a prevenir y a combatir el delito.
Gracias a todos por haberme escuchado.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Han concluido las rondas de preguntas con sus respectivos espacios de réplica. Concedemos el uso de la palabra al doctor Alejandro Gertz Manero hasta por ocho minutos para su mensaje final.
- EL C. DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO: Primero quiero agradecer a los señores y las señoras diputados esta oportunidad y la paciencia que han tenido para oir mis respuestas y mis puntos de vista y agradecerles también todos los conceptos y las propuestas que ustedes hacen, que las considero todas ellas muy valiosas y dignas de asumirse. Yo les aseguro que la función de seguridad pública la estamos llevando con toda la buena fe, el profesionalismo y la honestidad que es producto de una vida de esfuerzos y de actividades en esta materia.
Estoy totalmente de acuerdo con ustedes que para ganar el favor, el reconocimiento, el apoyo de la ciudadanía en esto vamos a tener que luchar todavía mucho. El nivel de inseguridad y de injusticia en nuestro país ha hecho que la mayor parte de los mexicanos se vuelvan y a veces nosotros mismos nos volvamos incrédulos, pero yo les quiero asegurar que lo que estamos haciendo está dando resultado, lo está reconociendo la ciudadanía poco a poco y estamos viendo algo que nos da la esperanza de encontrar el camino, y también estoy seguro que cuando venga esta iniciativa de ley ustedes van a ver la buena voluntad y el esfuerzo que se ha hecho en esta materia y apoyarán lo que ustedes juzguen que sea valioso para el país y para la ciudadanía.
Esta materia yo creo que es la única que nos une a todos los mexicanos para resolver el problema, aquí no vamos a encontrar de ninguna parte alguien que esté en contra de un marco legal que sea más propio y más eficiente y más útil para la seguridad. Yo tengo la certeza de que cuando este proyecto llegue y tengamos la oportunidad de discutirlo, lo vamos a encontrar entre todos la mejor solución y el mejor marco jurídico que merece nuestro país y los ciudadanos.
Yo les quiero de nuevo agradecer mucho su atención y su paciencia y su confianza en haberme oído, y les repito; espero que lo más pronto posible podamos tener esa iniciativa para discutirla con ustedes y encontrar las mejores soluciones.
Muchas gracias a todos.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores diputados: Con este acto hemos dado cabal cumplimiento al acuerdo parlamentario que norma las bases para las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis de la glosa del II Informe de Gobierno del Presidente de la República.
Me permito reconocer la participación de todos y cada uno de ustedes, señoras y señores legisladores, que han venido aquí a fortalecer y a enriquecer la práctica democrática de nuestras instituciones y que desde la máxima tribuna nacional han compartido y demostrado sus particulares convicciones, externándolas respetuosamente en un ambiente indiscutible de libertad. Por su actitud que enaltece al Poder Legislativo, señoras y señores legisladores, reciban mi respeto y reconocimiento.
Señor Secretario: escuchamos con mucha atención su mensaje y respuestas a las preguntas que aquí se le han formulado. Cuando aquí se ha dicho es rica y valiosa expresión de la pluralidad democrática que convive civilizadamente en nuestro país y que se refleja fielmente en la representación nacional de esta Honorable Cámara de Diputados.
Lo aquí dicho servirá sin duda para perfilar el trabajo de nuestra agenda para los próximos meses, que deseamos sea fructífero en el esfuerzo compartido por los poderes legislativo y Ejecutivo de la Unión.
Se habrá dado cuenta usted, señor Secretario, que las señoras y los señores diputados conciben la realización de la seguridad pública y del orden social como prioridad fundamental entre las múltiples tareas del gobierno, en particular de la Secretaría de Seguridad Pública a su cargo.
Por ello nos interesa y es de interés nacional que lo aquí vertido por los compañeros diputados que han expresado con claridad y objetividad sus puntos de vista, sea tomado en cuenta, señor Secretario, tenemos la certeza, la confianza de que así será.
En la Cámara de Diputados y en particular en las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y en la Comisión Especial de Seguridad Pública encontrará usted siempre un espacio permanente, abierto al diálogo, al intercambio y al debate de ideas para construir juntos el marco jurídico que facilite y permita la efectividad de las previsiones, de las decisiones, de las políticas criminológicas y de las acciones policiales de la dependencia federal a su cargo.
Confiamos en encontrar en usted y en los servidores públicos que le acompañan en el desempeño de tan alta responsabilidad, la misma disposición institucional para compartir con las señoras y los señores legisladores, la enorme tarea de hacer de México un país seguro y digno para la convivencia y desarrollo de nuestros hijos.
Por último, me permito manifestarle la convicción que existe entre mis compañeros diputados por trabajar como se lo han externado en esta ocasión, con una mayor vinculación, comunicación y trabajo con la Secretaría a su cargo y en redoblar el esfuerzo para proporcionar a los mexicanos un entorno cada día más seguro para su patrimonio y para sus familias.
A nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de la Comisión Especial de Seguridad Pública, agradezco su presencia, señor Secretario, doctor Alejandro Gertz Manero, en el marco del análisis de la Glosa del Segundo Informe del Gobierno del Ciudadano Presidente de la República, el licenciado Vicente Fox Quesada.
Por su atención y por su presencia en este acto, señoras y señores diputados, señor Secretario, muchas gracias. Buenas noches.
De conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta de esta reunión será remitida al ciudadano Presidente de la República para su conocimiento.
Agradecemos a todos su asistencia, se levanta la sesión (A las 20:12 horas).