150403

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de abril de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa de Ley General de Emergencia Agropecuaria, suscrita por la senadora Arely Madrid Tovilla, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

De Ley del Instituto Nacional para el Desarrollo integral de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Agustín Trujillo Iñiguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a comisión.)

Que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de clonación terapéutica, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a comisión.)

Que reforma el decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a comisión.)

Que adiciona un artículo 51-bis, al Título Tercero, Capítulo IV, Sobre Prestaciones de los Servicios de Salud, a la Ley General de Salud, para incorporar la figura de sigilo profesional, a cargo del diputado Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Gilberto del Real Ruedas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a comisión.)

Que reforma diversos ordenamientos legales en materia de Patrimonio, a cargo del diputado José Elías Romero Apis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Tomás Ríos Bernal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a comisión.)

Para que se inscriba en letras de oro en el muro de honor del recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de José Vasconcelos Calderón, a cargo del diputado Alfonso Vicente Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, de la Ley de Comercio Exterior, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado César Alejandro Monraz Sustaita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona un inciso al artículo 16 y reforma el artículo segundo transitorio de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas, a cargo del diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a comisión.)

Que reforma la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Edgar Ramírez Vela, Yazmín Rojas Mustafá y Alejandro Hernández Juárez, puedan prestar servicios en el Consulado y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; se abroga la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista; se- reforma la fracción VII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reforma el primer párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 60-bis y un artículo 55-bis a la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3o. y fracción II del artículo 4o. de la Ley General de Protección Civil.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y el inciso b) del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con punto resolutivo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Planeación.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con punto resolutivo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Salud con puntos resolutivos por los que se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal Federal.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con punto resolutivo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con punto resolutivo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Ley de Expropiación.

De la Comisión de Defensa Nacional, con punto resolutivo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a las fracciones I, II y Ill del artículo 25 y los inciso a) y b) del artículo 37, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto resolutivo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 14 y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos resolutivos por los que no se aprueban las iniciativas de Ley de Zonas de Libre Comercio.

Excitativas

A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Marco Antonio Dávila Montesinos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Salud, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Mesa Directiva, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano.

A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano.

Efemérides

Sobre el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, a cargo de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para exhortar a todas las estaciones de radio y televisión a celebrar el Día Internacional de la Radio y la Televisión en favor de los niños, promovido por UNICEF, a cargo del diputado Gumersindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para ratificar las reformas a la Ley del SAT que vetó el Ejecutivo Federal, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita que la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a la Semarnat, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal encabece el manifiesto por la paz, emanado de la Conferencia Internacional por la Paz, a cargo del diputado Félix Castellanos Hernández, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para reasignar y entregar viviendas abandonadas, mediante un Censo Nacional de Viviendas, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar que se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de 2004 al tramo carretero Choix-San Rafael, que uniría los estados de Chihuahua y Sinaloa, a cargo del diputado Rubén Félix Hays, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la actuación de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Yucatán, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al servicio de energía eléctrica en el estado de Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice las acciones pertinentes a fin de reforzar la comercialización del frijol mexicano, a cargo del diputado José Carlos Luna Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al esclarecimiento del asesinato del licenciado Manuel Ortega González, ocurrido en Zacatecas, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al conflicto de Bernalejo Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al proselitismo político del Ejecutivo Federal, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre el trámite realizado por diversas líneas aéreas en las que han solicitado autorización oficial para operar rutas nacionales e internacionales, desde, y hacia Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se haga un plan maestro de reingeniería de procesos dentro del Congreso de la Unión, a fin de que se eficientice y profesionalice la labor legislativa, a cargo del diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el papel del Consejo de Seguridad de la ONU, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales para que legislen sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Elba Arrieta Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las legislaturas estatales, a crear una comisión encargada de . atender los asuntos de la familia, a cargo del diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se homologue la legislación local con respecto a la federal para garantizar el ejercicio del derecho a decidir sobre un aborto en caso de violación y la creación de un mecanismo que prevea el auxilio subsidiario del Estado en estos casos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la deficiencia y falta de apoyo con las que opera actualmente la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que en los programas de estudio de medicina se incorpore la materia de Geriatría, a cargo del diputado Gumersindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y ala Comisión Nacional del Agua, se incrementen las acciones que permitan la sustentabilidad y frenen la detención del abatimiento de los mantos acuíferos en la región lagunera, a cargo del diputado Silvestre Enrique Faya Viesca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para constituir una Comisión Especial Plural de diputadas y diputados para la revisión y transparencia en el manejo del presupuesto de la Cámara de Diputados para el presente Ejercicio Fiscal de 2003, suscrito por integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo sobre el voto de México en Ginebra, Suiza, con relación a los derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y municipales de las entidades federativas a que destinen partidas presupuestales especificas para la creación de albergues para víctimas de violencia intrafamiliar, a cargo de la diputada Griselda Ramírez Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones de Comercio y Fomento industrial y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, revisen el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Economía, a cargo del diputado Rubén Aguirre Ponce, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de la diputada Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la auditoría sobre los activos de la Fundación "Vamos México, AC" a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al licenciado Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República, la atracción de la investigación y resolución de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Silvia América López Escoffie, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la implementación de una estructura tarifaria eléctrica preferencial en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el conflicto de Corea del Norte con los Estados Unidos de Norteamérica, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se declare a la mariposa monarca, patrimonio de la humanidad, a cargo de la diputada María Cruz Martínez Colín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a cargo de la diputada Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre los medios públicos de información, a cargo de la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para formular una petición a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que estudie las posibilidades de realizar a través de medidas administrativas y NOM's, a efecto de impedir el transporte de estupefacientes y sustancias psicotrópicas como una medida preventiva, a cargo del diputado Germán Pellegrini Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la problemática agraria en México, a cargo del diputado César Duarte Jaquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para renegociar el capítulo agropecuario del TLC, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo Federal que la Procuraduría General de la República investigue el caso de las mujeres muertas en Sonora, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a incrementar el presupuesto destinado a las instituciones que se dedican a la protección de la infancia, a cargo de la diputada Elba Arrieta Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para invitar al Banco Mundial y al Banco Inter-Americano de Desarrollo a dar prioridad dentro de sus políticas a los programas que otorgan microcréditos encaminados a combatir la pobreza, a cargo del diputado Luis Fernando Sánchez Nava, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que el Poder Ejecutivo Federal designe a un nuevo titular del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMP), a cargo de la diputada Jutieta Prieto Furhken, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión donen diez libros a las bibliotecas públicas del país, a cargo del diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para destinar mayores recursos al campo para mejorar la situación de los productos agropecuarios, a cargo del diputado Jaime Alcántara Silva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Economía y ala Procuraduría Federal del Consumidor, que se implementen las acciones necesarias que coadyuven al cumplimiento del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que presentan los particulares, a cargo de la diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se cite a comparecer al titular de la Consar, ante la Comisión de Seguridad Social, a cargo del diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Agenda Política

Comentarios sobre las mesas de trabajo para el campo, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre el estado del procedimiento de declaración de Procedencia que se sigue en contra de los legisladores Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana Prieto y Jesús Olvera Méndez, y los trabajos de la Sección Instructora al respecto, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre el Poder Judicial de la Federación a cargo de los diputados Luis Miguel Barbosa Huerta y Sergio Vaca Betancourt, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente.

Efemérides

Comentarios sobre el Aniversario de la Promulgación del Plan de Guadalupe, a cargo del diputado Jesús de la Rosa Godoy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre el Día Mundial de la Salud, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE: Ruego a la secretaria haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 319 diputados.

EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

(LECTURA DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, INSERTESE)

EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública

Por lo que se refiere y en relación con el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto de reforma al artículo 23 de la propiedad industrial, el día de ayer se recibió la opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial por parte de la Mesa Directiva, la cual se remitió a la Comisión de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de considerar ratificar o rectificar el dictamen respectivo en la sesión plenaria que en breve se realice, conminando a las comisiones dictaminadoras a efecto de poder hacerlo, por los tiempos en los que nos encontramos, el propio día de hoy sea posible.

Pasamos al siguiente capítulo del orden del día, que es el de iniciativas de los ciudadanos diputados.

Para presentar una iniciativa de Ley del Instituto Nacional para el Desarrollo Integral de los Diputados Indígenas, el diputado Agustín Trujillo Iñiguez, por no encontrarse en el recinto, pasa al final de capítulo.

Por lo que se refiere a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se pospone para la siguiente sesión.

Por lo que se refiere a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de Clonación Terapéutica, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, por no encontrarse en el recinto pasa al final del capítulo.

Por lo que se refiere a la iniciativa que reforma el decreto que establece el horario estacional para que se aplique en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Manuel Martínez Nava, del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.

Por lo que se refiere a la iniciativa de ley que adiciona un artículo 51 bis al título tercero, capítulo cuarto sobre las prestaciones de los servicios de salud, a la Ley General de Salud para incorporar la figura de sigilo profesional, a cargo del diputado Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.

"Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica la Ley General de Salud adicionando un artículo 51 bis al título tercero, capítulo cuarto sobre prestación de los servicios de salud, con la finalidad de asegurar los derechos a la intimidad del usuario de los servicios de salud e incluir la obligatoriedad del cumplimiento del sigilo profesional al tenor de lo siguiente:

"Compañeras y compañeros diputados La manera y la forma tan rápida de divulgarse cualquier información tiene ahorita situaciones de mucha importancia en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, por lo que actualmente las personas consideramos en muchas ocasiones unos derechos y lo tasamos de una manera y otros de manera muy diferente.

"Estos e hace más evidente si se analiza lo que está sucediendo con uno de ellos: El derecho a la intimidad. Aunque este derecho ha encontrado su reflejo en nuestro ordenamiento constitucional, en el ámbito sanitario recibe un trato que bien puede clasificarse o calificarse como discriminatorio.

"Existe un consenso general en condenar los actos que comprometen la vida y la salud de las personas; pero al mismo tiempo, sea por nuestra curiosidad o con nuestra imprudencia, fomentamos un desprecio manifiesto hacia el derecho a la intimidad. Esta situación se ha plasmado en el terreno de la salud, en un actitud laxa y poco rigurosa en la custodia del secreto profesional que se encuentra indisolublemente ligado a ella.

"Un repaso a los archivos de prensa, radio y televisión, permiten comprobar la existencia de declaraciones y comunicados de profesionales y técnicos de la salud que sin ningún tipo de justificación ética o legal divulgan lo que únicamente pertenece a la intimidad de las personas, a la intimidad del paciente, cuyo derecho se invade y se quiebra. En unas ocasiones son personajes de la política, en otras, de la cultura, artistas, deportistas o cualquier ciudadano.

"En este último campo puede constatarse también en Internet hasta qué punto puede llegar a incumplirse la obligación del sigilo que debe acompañar a toda actuación profesional.

"Se entiende por sigilo o secreto profesional la obligación permanente de silencio que contrae el médico y el equipo de salud en el transcurso de cualquier relación profesional respecto a todo lo sabido o incluido sobre un paciente.

"En esta situación se incluyen los tres elementos básicos que son: La permanencia de la obligación; el origen y contenido de la información captada y la intrascendencia del tipo de relación profesional que se produzca.

"Respecto al primero de los aspectos, en el tiempo de vigencia del secreto se debe de tener muy presente que ni la muerte del enfermo descarga al profesional de la obligación contraída.

"En cuanto al contenido, se tiene una fuerte tendencia a considerar que lo único secreto son los aspectos que reflejan datos de la salud, lo que sin duda es una falsa creencia ya que se debe considerar secreto todo lo percibido, presentido o adivinado. Por ejemplo el conocimiento sobre costumbres y hábitos domésticos, relaciones interpersonales, ideas políticas y cualesquiera otro aspecto no sanitario que se adquieren en la relación médico-paciente, en la relación profesional y por tanto también es parte del secreto.

"Debemos mencionar y recordar que el conocimiento de la intimidad personal se puede convertir incluso en un arma de poder tanto civil como militar y quien posee la información debe conservar la fidelidad a quien se la ha otorgado.

"Finalmente en lo que atañe al tipo de acto profesional debe recordarse que incluso las actuaciones de médicos peritos o inspectores se va a acceder a una información que aunque no acepta la esencia del acto médico realizado, exige continuar reservada del conocimiento de otros.

"En el contexto estrictamente deontológico ya desde hace siglos con el juramento hipocrático se obligaba a los médicos que <<si en mi práctica médica o aún fuera de ella viere u oyere con respecto a la vida de otros hombres algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré, considerando como secreto todo lo de este tipo>>, cita la doctrina hipocrática.

"Precisamente es en este párrafo en donde se encuentra el sustento de la actitud que debe observar en su práctica diaria mediante el conocimiento del alcance de la expresión y que jamás deba ser revelado".

En obvio de tiempo pasaré a la propuesta que estamos haciendo de modificación a la Ley de Salud.

"Clara está la importancia del sigilo profesional del médico para garantizar el derecho a la intimidad de las personas dentro de un entorno social y no solo porque así lo expresa la norma fundamental, sino porque dentro de un juicio axiológico es apenas elemental que la persona humana como dueño único de su existencia decida que exteriorizar de su ser que como es lógico por diversas circunstancias, como en el caso examinado por razones de salud, se ve prácticamente en la obligación de exteriorizar su mundo íntimo.

"Esas revelaciones, lógico es, no pueden darse a conocer por el médico. Obligación ética y legal del contenido universal la noción del secreto profesional la abordó la filosofía del derecho y señala que <<el secreto profesional es aquella actitud de reserva que recaía sobre una cosa corporal o incorporal con el fin de proteger la intimidad del individuo>> El secreto profesional, por lo tanto, es y debe ser una actitud de reserva.

"Por lo considerado anteriormente expuesto y en ejercicio de nuestras facultades constitucionales, los suscritos diputados de la LVIII Legislatura de esta honorable Cámara sometemos ante esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley General de Salud, adicionando un artículo 51 Bis al Título Tercero Capítulo IV sobre los Servicios de Salud con la finalidad de asegurar los derechos a la intimidad de los usuarios de los servicios de salud e incluir la obligatoriedad al cumplimiento de la figura de sigilo profesional.

"En cada área de los servicios de salud públicos y privados debe procurarse la mejor integración de la información relativa a cada paciente. La historia clínica deberá mantenerse dentro de los límites de cada institución, la cual estará a disposición de los pacientes y los médicos que directamente estén implicados en el diagnóstico y tratamiento del paciente o para fines científicos, debiendo quedar plenamente garantizado el derecho a la intimidad personal y el deber de guardar el sigilo profesional por quienes tienen acceso a la historia clínica del paciente.

"1o. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"2º. El Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 60 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (PAN): Para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito ha solicitado el uso de la palabra el diputado Gilberto del Real Ruedas, pero por no encontrarse en el salón de sesiones pasa al final del capítulo.

Para presentar una iniciativa que reforma diversos ordenamientos legales en materia de patrimonio, por no encontrarse el diputado José Elías Romero Apis en el recinto en este momento, pasa al final del capítulo.

Para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Tomás Ríos Bernal, del Partido Acción Nacional.

..-EL C. DIPUTADO TOMAS RIOS BERNAL.-Con su permiso ciudadano Presidente, Señoras Diputadas, señores Diputados. De conformidad a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Diputado Tomás Ríos Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del pleno de esta H.Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Fracción III del Artículo 7º, los Artículos 3 y 48 y se adiciona un párrafo al Artículo 15 de la Ley General de Educación al tenor de los siguientes motivos:

La presente Iniciativa, tiene como fin primordial motivar a todos los Ayuntamientos de México a elaborar un libro de Primaria que dé guía al Maestro en la formación cívica local del niño mediante la participación del Ayuntamiento.

La experiencia de Ayuntamientos como el de Córdoba en el Estado de Veracruz, en donde cuatro Maestras, El Comunista de la Ciudad, el Ayuntamiento y muchas personas más aportaron sus conocimientos en la realización de un libro de apoyo que incentivara la identidad del individuo con su comunidad, reflejan el éxito de lo que hoy se propone.

A cinco años de distancia de poner en práctica este proyecto en las aulas de clase de Tercer Año de Primaria, sin lugar a dudas ha enriquecido a los niños que han estudiado y hoy tendrán un mayor espíritu en la construcción y cuidado de su ciudad, porque hoy sí la conocen y este conocimiento da respeto y amor por la tierra en que se vive.

El papel que juega la educación en el desarrollo del individuo es determinante para la sociedad en su conjunto, pues en principio es un elemento central, generador y catalizador de la identidad del individuo para su comunidad y su región.

La educación, como medio de adaptación requiere que el individuo se adentre en el funcionamiento de su sociedad, por ello, como expresa Jaime Castrejón en su libro El Derecho Social a la Educación, la educación debe consistir en organizar, acelerar y dirigir el proceso de aprendizaje con el propósito de producir individuos que estén adaptados a la realidad en que van a vivir.

En este sentido, entre los niveles regionales y locales existen ciertas particularidades problemáticas, características, especificidades culturales, fisiogeográficas y sociopolíticas propias de cada lugar y localidad, de tal forma, que se convierte en una necesidad de enseñar de acuerdo a estas, pues ello contribuye a engendrar las condiciones objetivas de su propia transformación y de su propio progreso y a la vez se convierte en un factor de integración importante que debe ser fomentado y atendido por el propio Municipio.

Hoy en día, en el Sistema Educativo convergen instituciones complejas en las que la autoridad educativa municipal tiene una participación activa mínima que además se requiere para propiciar elementos de identidad del individuo para que su comunidad, pues una educación global abarca el conjunto de las formas, características y especificidades de los diferentes niveles de Gobierno, así como de la manera peculiar, local en que se mezclan y tejen las funciones y las acciones en la comunidad conformando las tradiciones y costumbres que damos en llamar la cultura local o regional. La cultura Matria que ha dado en llamar algunos historiadores y antropólogos, a diferencia o en relaciones con la cultura patria, de la cual todos los mexicanos somos parte.

El mayor homenaje que se puede rendir a la tierra nativa es conocerla, amarla, cuidarla y hacerla próspera; por ello, la presente Iniciativa tiene como finalidad la identificación del individuo para con su espacio local de desarrollo, mediante la participación de la autoridad educativa, municipal, en la curricula como eje de los contenidos educativos que tienen que ver con su comunidad.

Tomando en consideración que el Artículo 11 de la Ley General de Educación establece que quien fungirá como autoridad educativa municipal será el Ayuntamiento de cada Municipio, consideramos que su contribución en la educación debe coadyuvar a la identificación del individuo con su localidad.

Si bien es cierto que el Artículo 48 de la Ley General de Educación establece que las autoridades educativas locales pondrán a consideración y en su caso autorización de la Secretaría contenidos regionales que sin mengua del carácter nacional de los programas citados, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la Historia, la Geografía, las costumbres, las tradiciones y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos, también es cierto que no se hace partícipe a la autoridad educativa municipal para que desde su ámbito genere elementos que propicien la identidad del individuo con su entorno inmediato.

De ninguna manera se pretende restringir la educación al ámbito local sino insertarla en su contexto integral de municipio, estado o país y entorno mundial que conlleve el equilibrio en los valores del individuo.

La presente iniciativa no pretende desplazar los símbolos y elementos nacionales que han dotado de coherencia y destino histórico a nuestro país, lo que sí pretende y considera una necesidad es ampliar el discurso de lo nacional a lo local; enriquecer la visión del país desde la diversidad de sus regiones y microrregiones, lograr que el individuo tenga los elementos suficientes para comprender la estructura y funcionamiento social, económico y político de su esfera cotidiana y sea capaz de vincular su espacio de acción inmediata con el ámbito macro de lo nacional e incluso en el contexto mundial.

Es necesario darle cabida a estas pequeñas fábricas de cultura e historia, los contenidos educativos de cada región y construir un conocimiento estructurado de su inserción y participación en el espectro mayor de nuestro país.

El ser humano, el individuo en general, en cualquier país y en cualquier cultura, cuida lo que considera suyo, defiende lo que cree que le pertenece, se entrega por lo que considera su origen, su historia cercana, trabaja por lo que es suyo y respeta, lo que considera el resultado del esfuerzo de los suyos con lo que lo identifica.

Con base en lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7º, los artículos 13 y 48 y se adiciona un párrafo al artículo 15 de la Ley General de Educación.

En el artículo 7º, en la fracción III dice: "Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales así como la valoración de las tradiciones y particularidades de las diversas regiones del país –y se agrega:- estimular la identidad del individuo con su comunidad en un contexto integral de nación".

En el artículo 13, en su fracción II: "Proponer a la secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la normal y de más para la formación de maestros de educación básica -y se agrega:- considerando al efecto las propuestas que le haga llegar la autoridad educativa municipal".

En el artículo 15 se agrega: "Asimismo podrá proponer a la autoridad educativa local un libro que permita a los educandos conocer el lugar en que viven, su historia, su gente, sus tradiciones y los aspectos socioeconómicos de la región a efecto de ser considerado en los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, que tengan como finalidad incentivar la identidad del individuo con su municipio."

En el artículo 48, agregamos un párrafo que dice: "Para efectos del párrafo anterior, la autoridad educativa municipal podrá contribuir mediante la edición de un libro con contenidos específicos del municipio de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley."

Y un transitorio primero: "La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

Por obviedad de tiempo, pido a la Presidencia que sea incluido en el Diario de los Debates y en la Gaceta. Muchas gracias.

---- Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.

Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, el señor diputado Pedro Miguel Rosado Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa de reforma al artículo 333 de la Ley General de Salud.

El que suscribe, en su carácter de diputado federal perteneciente a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa.

Algunas enfermedades especialmente crónicas como la diabetes melitus y la hipertensión arterial, lesionan progresiva e inexorablemente a varios órganos hasta que su función se reduce a prácticamente cero, como es el caso del riñón.

Dada esta situación la única posibilidad de reincorporar a una vida productiva al paciente es el trasplante renal. De acuerdo con el Programa Nacional de Salud, se requieren 3 mil 500 transplantes de riñón al año y 400 de córnea y según los datos del Cientific Register of Transplant Recipients, se requieren en el país 15 transplantes de corazón, 134 de pulmón, 4 de páncreas y 76 de hígado, por millón de habitantes.

A la falta de donadores hay que agregar el largo tiempo de espera por un órgano. De acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes, la lista para riñón es de 3 mil pacientes, cabe añadir que para que estos enfermos sobrevivan, es necesario tratarlos con procedimientos artificiales como la diálisis, así como la administración de medicamento como la eritropoyetina y vitamina D ambos productos de la biotecnología, de tal suerte que en un paciente en diálisis, el Sistema Nacional de Salud gasta anualmente al menos el equivalente a 25 mil dólares. Considerando que en mayo del 2002 había aproximadamente 25 mil pacientes, el 0.025% de la población en diálisis, el país gastó ese año 625 millones de dólares.

Por lo anterior, el fomentar la práctica del trasplante se vuelve imperativo y una forma de hacerlo es lograr más donadores de órganos, lo que por otra parte coincide con lo que señala el Programa Nacional de Salud. construir una cultura de donación altruista de órganos y tejidos que eleve la tasa de donación y trasplante en nuestro país y promueva la donación de fondos para apoyar las fases pre y pos trasplante de pacientes con escasos recursos.

Las estadísticas relativas a la mortalidad a causa de enfermedades y ante la ausencia de un trasplante, hacen necesario un mayor esfuerzo por parte de todos. El derecho a la salud se estipula en diversos convenios internacionales, tal es el caso de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1945 en su artículos 25, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.

En el caso de México este derecho está elevado al ámbito constitucional, como parte de las garantías individuales que todo mexicano debe gozar y que a la letra dice: "toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". El derecho a la salud no debe solamente quedar estipulado en una Constitución; el ser humano debe de tener la posibilidad de ejercerlo y de vivir una vida digna llena de salud.

Es por ello que considero necesario adicionar una fracción al artículo 333 de la Ley General de Salud, ya que ahí se establece que los donantes en vida deben tener parentesco por consaguinidad, por afinidad, o civil o ser cónyuge, concubina o concubinario del receptor. Cuando se trate de trasplante de médula ósea no será necesario este requisito.

No obstante hoy en día esta medida resulta insuficiente y prueba de ello es el gran número de personas que fallece por carecer de un trasplante. En ese sentido, con el ánimo de evitar que se lucre con los órganos a ser trasplantados, los donantes que no cumplan con la fracción VI del artículo 333, deberán atenerse a lo estipulado en los artículos 322, 323 y 327 de esta ley, en donde ya claramente se establece que hay ciertos requisitos que no pueden ser evitados.

Los que plantean que la donación expresa deberá ser por escrito, aclaran en qué momento se requiere el consentimiento expreso y que está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células, además que la donación para trasplantes se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio me permito someter a consideración de este Honorable Congreso la siguiente iniciativa de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 333 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 333: Para realizar transplantes entre vivos –que esto quede muy claro- deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante:

Fracción 1. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales.

Fracción 2. Donar un órgano o parte de él, que al ser extraido su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura.

Fracción 4. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano o tejido, por un médico distinto de los que intervendrán en el transplante.

Fracción 5. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa en términos del artículo 322 de esta ley, y

Fracción 6. Tener parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o ser cónyuge, concubino o concubinario del receptor. Cuando se trate del trasplante de médula ósea no será necesario este requisito.

Así está la ley, lo que yo propongo es agregar una fracción VII y que es: Los donantes que no cumplan con la fracción anterior deberán atenerse a lo que estipulan los artículos 322, 323 y 327 de esta ley.

Yo les pido que lo hagamos lo más pronto posible, nos quedan cuatro sesiones además de ésta, porque hay muchos pacientes que están esperando recibir un riñón y que hay amigos que les quieren donar su riñón y no puede ser posible porque la ley no lo permite, pero si nos vamos, aceptamos esta fracción VII, la misma ley impide la comercialización de órganos, entones esto haría expedito el asunto.

Sí me gustaría que fuera turnado, señor Presidente, urgentemente a la Comisión de Salud, para que pudiera tener su más pronta resolución. Muchas gracias, compañeros.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud.

En cumplimento de lo establecido por el artículo 1º del acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, le ruego a la diputada Secretaria dar cuenta del mismo e instruir su cierre.

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 401 ciudadanos diputados.

Conforme a los acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y de la Mesa Directiva, que norman el registro de asistencia, quienes no hubieren registrado su asistencia por el sistema electrónico tienen a partir del cierre del mismo, 30 minutos para hacerlo por tarjeta a través de la Secretaría.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el señor diputado Alfonso Vicente Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa a fin de inscribir en letras de oro en el muro de honor del recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de José Vasconcelos Calderón.

Con los debidos fundamentos me permito proponer a esta soberanía un proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro el nombre de José Vasconcelos Calderón, como una honra a su memoria bajo la siguiente:

El 27 de febrero de 1882, nace en la ciudad de Oaxaca el ilustre abogado, maestro, historiador, escritor y político, José Vasconcelos, quien a su paso por la Secretaría de Educación imprimió una de las etapas culturales y educativas más importantes en nuestro país.

Discípulo de Justo Sierra, formó parte del Ateneo de la Juventud en donde impulsó con Alfonso Reyes, Antonio Caso, entre otros, trascendió el positivismo a la búsqueda de otros órdenes autónomos de la vida natural, el arte de lo humano y la religión del espíritu.

Después de la lucha revolucionaria nacional, una vez que se recuperó la paz en México, los intelectuales y políticos que se encontraban en el extranjero, debido a sus diferencias con gobiernos anteriores, se fueron integrando a las oficinas públicas con la intención de participar en las actividades oficiales guiadas por un espíritu revolucionario. Entre estos personajes se encontraba José Vasconcelos, que se había expatriado debido al triunfo militar y político de Venustiano Carraza.

Desde su regreso al país, se dedicó a trabajar arduamente en el Programa Educativo Nacional, se desempeñó como rector de la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad de México en ese entonces. Del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921, en este período organizó un programa editorial abocado a la divulgación de los autores clásicos hacia amplias capas de la sociedad y se adoptó el escudo actual de la Máxima Casa de Estudios, de cuyo lema: "Por mi raza hablará el espíritu", es autor, lo que revele la vocación humanística con la que fue concebida; este lema, significa la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima, señaló el Maestro de América.

En este mismo contexto, el escudo universitario, en el cual el águila mexicana y el cóndor andino cual ave bicéfala protege en el despliegue del mapa de América Latina, desde la frontera norte de México hasta el cabo de hornos, plasmando la unificación de los iberoamericanos, nuestro continente nuevo y antiguo, predestinado a contener una raza quinta, la raza cósmica en la cual se fundirán las dispersas y se consumará la unidad. Señaló durante su presentación.

Fue una época en donde las aulas universitarias cobraban un cambios trascendental bajo su influencia, toda vez que se propiciaba el desarrollo de actividades humanísticas de tal forma que se organizaban los intelectuales más destacados, miembros del Ateneo de la Juventud para organizar actividades de difusión cultural para instruir a obreros y empleados como parte de un proceso democrático. De esta manera, los estudiantes universitarios se convirtieron en maestros honorarios en enseñando a leer y escribir en las calles de la ciudad.

El 20 de julio del 21, Alvaro Obregón lo designó titular de la Secretaría de Educación Público, puesto que desempeñó durante tres años y desde el cual llevó a cabo una cruzada nacional a favor de la educación popular. Su proyecto más importante fue salvar niños, educar jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora ya de una casta sino de todos los hombres.

Así inició un ambicioso proyecto educativo que vinculaba la actitud liberadora de la educación y el nacimiento de una civilización lograda a través del mestizaje, que daría luz al espíritu de exaltar los más altos valores de la condición humana.

Educar, para Vasconcelos. Ssignificaba un proceso armonizador para favorecer la libertad y la democracia. Como parte de ésta, puso en marcha su proyecto para alfabetizar a la población rural, al mismo tiempo se procuraba elevar el nivel de cultura del país.

Su ideología se orientaba a atacar la barbarie que el pueblo mexicano padecía desde la colonia, para lo cual enalteció la educación popular, siendo así el redentor ante un estado de miseria, ignorancia, incultura, en que la historia y la última revolución la habían colocado la inmensa mayoría de los mexicanos.

Con objeto de conseguir esta misión, empleó como armas a los instructores, a los libros y al arte, a efecto de redimir las diferencias económicas, sociales y de razas. De esta forma, empleó la educación como una vía para la unidad nacional y el ejercicio democrático en el entendido de que el tener conciencia de sus fines humanos, el individuo llegaría a participar activamente en la conformación de una nueva cultura, capaz de exaltar los más altos valores espirituales.

Impulsó la educación en todos los órdenes: la popular, la indígena, la rural, la técnica y la urbana, en beneficio de los sectores populares organizó la primera campaña contra el analfabetismo del que se tenga memoria en México. Implantó las misiones culturas, creó redes de bibliotecas, escuelas normales y casas de pueblo, que convirtió en centros educativos básicos, fomentó la cultura.

En el ámbito de las artes, fomentó la pintura rural mexicana, contratando a pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Roberto Montenegro.

Construyó el Estadio Nacional como lugar de espectáculos populares. Fundó la revista El Maestro y el Semanario "La Antorcha". Impulsó la escuela rural, propició la celebración de la Primera Exposición del Libro. Creó la Orquesta Sinfónica Nacional e hizo surgir escuelas de pintura al aire libre, todo ello con el fin de ofrecer a México la ruta que lo elevara al rango de un país civilizado y culto, por lo que puede ser considerado el arquitecto de la educación nacional.

En 1930 contendió por la presidencia nacional, sin embargo, el hecho de no haber llegado a ocupar la jefatura del Poder Ejecutivo es muestra de lo mucho que podía temer quienes obtuvieron el poder por las armas.

Los efectos de una educación con amplias miras intelectuales y morales, siempre son poco deseables para quienes no pueden o no quieren ejercer poder con amplia participación de la población.

A partir de la implantación de la estructura del estado corporativo en México, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el panorama educativo nacional cambió y la fusión de legitimación del régimen se convertía en el objetivo más claro de la transmisión cognocitiva y escolarizada.

En pocas palabras, el ilustre pensador quiso fundar una política educativa que llevara a la población a identificarse con el destino en el mundo, frente a otras naciones y culturas, mediante la inserción de los conceptos de raza e integración de la cultura mexicana a las grandes contribuciones de la cultura universal.

El modelo educativo planteado por Vasconcelos, tuvo como objetivo la conformación de una sociedad mexicana más consciente, fundamentable en el sentido científico de la educación y en los contenidos, así como los humanísticos y culturales, no puede negarse el mérito que implica dar voz y expresión a las legítimas aspiraciones de la clase media, como dar cultura al pueblo, bajo el postulado de que un pueblo culto no se deja manipular, y de esta manera los libros sustituyen a las armas.

Sin embargo, la batalla real fue contra el tiempo y las limitaciones existentes, toda vez que para 1923 había 26,065 maestros para enseñar a 1.04 millones de alumnos, distribuidos en un poco más de 13 mil escuelas. Además con una población e casi 15 millones de habitantes y con los problemas económicos, políticos y sociales legados por un largo período de revolución armada, no podía aspirar a soluciones inmediatas.

La obra de Vasconcelos alcanza una importancia sin precedentes, si consideramos los resultados que aun se advierten, por lo que puede afirmarse que fue una de las políticas de mayor claridad en su intención y de más corto tiempo de duración.

Toda la grandeza del espíritu vasconceliano se revela en su obra educativa integral y única en su género en la historia el éxito contemporáneo. Comprendió como nadie la importancia de la educación para las clases pobres en el campo y la ciudad, para el indio, para el mestizo y para el blanco.

Asentó los cimientos del sistema educativo nacional que prevalece en la actualidad, y sobre el cual se basan los censores que ocupan el puesto en las dependencias de Educación.

Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro fundador del Colegio Nacional y Doctor Honnoris Causa por las Universidades de México, Puerto Rico, Guatemala, Chile y El Salvador.

La figura de Vasconcelos es recordada por su profunda influencia en el México moderno, su participación en la vida política del país, coincide con momentos históricos fundamentales en la conformación de nuestra identidad nacional. Falleció el 30 de junio de 1969 en la Ciudad de México.

Considerando que las Letras de oro inscritas en el Muro de Honor del Salón de Plenos son un homenaje a héroes, heroínas, leyendas de apotegmas participante del momento histórico fundamentales en la vida del país como el proceso de independencia, la reforma y la revolución mexicana, nos honrará el nombre de José Vasconcelos Calderón quede inscrito en este recinto, porque su obra ideológica perdura hasta nuestros días, recordado como una figura, una profunda influencia en nuestro país, de tal manera que empleó la educación como una vía para la unidad nacional y el ejercicio democrático en el entendido, de que al tener conciencia de sus fines humanos, el individuo llegaría a participar activamente en la conformación de una cultura capaz de exaltar los más altos valores espirituales, por lo que es considerado el Arquitecto de la Educación Nacional.

Por la importancia y la trascendencia que la educación representa para México, solicito respetuosamente, que esta iniciativa sea acordada en el curso del actual período de sesiones.

Por las razones antes expuestas, espero contar con su apoyo, compañeras y compañeros legisladores y someto a su consideración esta iniciativa: iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro el nombre de José Vasconcelos Calderón en el Muro de Honor del palacio Legislativo de San Lázaro.

Artículo único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos Calderón.

Transitorio único. El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta iniciativa fue firmada por su servidor, por la Directiva de la Comisión de Educación, por los miembros de la Comisión de Educación, del Partido Acción Nacional y por diferentes compañeros de diferentes fracciones.

Muchísimas gracias y pediría yo que tuviera opinión de la Comisión de Educación en su dictamen.

EL C. PRESIDENTE.- Sí, señor diputado Larrazábal y diputado Zorrila. Sonido por favor en sus curules.

EL C. DIP. JAIME ARTURO LARRAZABAL BRETON, (desde su curul).- Señor Presidente, si fuera tan amable de consultarle al expositor la posibilidad de que se me inscriba en esta iniciativa para el trámite correspondiente, por favor.

EL C. DIP. NAHUM ILDELFONSO ZORRILLA CUEVAS, (desde su curul).- Señor Presidente, yo firmé la iniciativa, suscribo la mayoría de los conceptos que expresó el orador, creo que Vasconcelos efectivamente representa una de las auroras de México, creo que es el educador de la revolución.

Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que en cuestiones educativas, Vasconcelos era incorporacionista, es decir él decía vamos a incorporar al indígena...

EL C. PRESIDENTE.- Perdone usted, señor diputado, le ofrezco una disculpa, pero vamos a dictar el trámite de la iniciativa. ¿Usted estaría en contra de que se presente...?

EL C. DIP. NAHUM ILDELFONSO ZORRILLA CUEVAS, (desde su curul).- No, yo la suscribí y la firmé, nada más quería hacer esta observación. Es decir, él no preconizaba la unidad en la diversidad, sino la incorporación. Nada más con esto.

EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN, (desde su curul).- Gracias, señor Presidente.

Entiendo que la intención del diputado Zorrilla es que se inscriba esta objeción aunque está el resto del texto de la iniciativa aprobado con su firma.

EL C. PRESIDENTE.- Pero en todo caso el tratamiento sería durante el desarrollo de los trabajos parlamentarios, no en este momento, señor diputado.

EL C. PRESIDENTE.- Bien. Consulto al señor diputado presentante si no tiene inconveniente, tal y como lo ha solicitado el diputado Jaime Larrazábal de que se incorpore su firma.

EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN, (desde su curul).- Señor Presidente, en el mismo sentido.

EL C. PRESIDENTE.- También al diputado Del Río Virgen y la del diputado Jaime Vázquez.

EL C. DIP. ALFONSO VICENTE DIAZ, (DESDE SU CURUL).- Lo acepto con mucho gusto.

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Ha aceptado el diputado presentante, ruego a la Secretaría incorporar la firma de los tres diputados.

Túrnese a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias con opinión de la Comisión de Educación, como lo ha solicitado el presentante. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la gaceta parlamentaria.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el señor diputado Alfredo Hernández Raigosa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

EL C. DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA.- Con su permiso, compañero Presidente.

El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que tiene que ver con las tarifas eléctricas a razón de las siguientes consideraciones:

Le ruego al personal administrativo que tiene a su cargo el conteo del tiempo que estén atentos y que ojalá puedan atender las instrucciones de la presidencia.

La Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, atienden en conjunto a más de 25 millones de clientes, de ellos 20 millones son atendidos por la CFE y más de 5 millones por luz y Fuerza del Centro. De los 25 millones de clientes en el país, 87.95% son usuarios domésticos, el 10. 32% corresponde al sector comercio, el 0.65 al sector servicios, el 0.59% al sector industrial y el 0.49% al sector agrícola.

El 7 de febrero del año pasado, se emitió un decreto donde se elimina el subsidio y se incrementan las tarifas de la energía eléctrica. La publicación de este decreto violentó nuestro máximo ordenamiento en diversos preceptos constitucionales, además de quebrantarse lo estipulado por el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues esta Soberanía no fue notificado en tiempo y forma de los movimientos presupuestales hechos por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda.

Es claro que cuando se publicó este decreto los usuarios ni nosotros los diputados, teníamos claro el grave problema que íbamos a enfrentar a posteriori porque la tarifa se incrementaría de manera desproporcionada en todos los ámbitos de la República Mexicana, pero especialmente aquellos sectores altamente vulnerables como son jubilados, pensionados, madres solteras, unidades habitacionales de interés social, pequeños y medianos comerciantes, discapacitados y el grueso de la población de menores ingresos en este país.

Además en el caso de las ciudades-estado donde viven los habitantes con climas extremos, el consumo de energía es mayor debido al uso intensivo de la energía por el empleo de aparatos que refrescan o calientan el ambiente. El consumo promedio en aquellos lugares es de más de 1700 kilowatts, muy superior al establecido por el gobierno para respetar la aplicación de los subsidios a las tarifas domésticas.

Para la población de estas ciudades el subsidio en el consumo eléctrico de ninguna manera significaba un acto paternalista, por el contrario, era un derecho y un acto de justicia, debido a la necesidad de subsistencia de su población ante las condiciones extremas y un clima poco benigno para la vida humana.

Debido a esto, la presión de la sociedad se dejó sentir a lo largo y ancho de la República Mexicana, generando acciones de resistencia civil intentando doblegar al Ejecutivo para que diera marcha atrás y restituyera el subsidio eliminado de manera unilateral y de manera impopular.

Sin embargo, estos problemas que he señalado no radican en el norte o en el sur de la República Mexicana, el problema de las altas tarifas, de las irregularidades en la facturación, de los abusos que sufren los consumidores de energía eléctrica, se da de norte a sur, en el centro y en cualquier parte de la República Mexicana.

Los aumentos han sido considerables como en Veracruz y esto ha provocado el malestar de la población y han empezado a haber reacciones de parte de los actores políticos de este país, particularmente del Senado de la República, que acaba de aprobar un decreto, una Minuta en torno a la modificación de las tarifas en los climas extremos y en las partes norte del país.

Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, esta Minuta que aprueba el Senado y que está por enviar a esta Cámara Revisora, tiene como objetivo central beneficiar con su aprobación a sectores muy importantes de la población de aquellos lugares. Esta aprobación creemos que avanza parcialmente, pero es un avance que pudo haberse dado aquí en la Cámara en virtud de que hay iniciativas que fueron presentadas ya en otros momentos por diferentes diputados, por el de la voz, que trata de proponer un conjunto de normas y de reglas para modificar las tarifas y hacerlas más equitativas, más justas y de acceso a la población, a su pago de manera igualitaria.

Sin embargo, este planteamiento que el Senado aprueba vemos que se refiere a modificar un conjunto de reglas en las tarifas que van orientadas a estas partes de la República y olvida a un grueso de la población, particularmente el estado de México, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, obviamente, donde más de 20 millones de habitantes no se van a ver beneficiados, en caso de proceder y no haber veto por el Ejecutivo a esta iniciativa.

Por lo tanto, el día de hoy quiero presentar una iniciativa que tiene que ver con que este beneficio pueda ampliarse a este sector de la República mexicana, la zona centro, y que con ello podamos iniciar en las comisiones correspondientes el análisis y discusión de la minuta que llegue del Senado y poder agregar, de una vez por todas, el beneficio a todos los habitantes de esta República.

Es por ello que proponemos la modificación del artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el cual contempla el siguiente texto: "La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual esta última otorgará un descuento hasta del 50% a los usuarios que acrediten tener más de 65 años, ser madres solteras, tener alguna discapacidad o vivir en una unidad habitacional de interés social.

Por qué planteamos esta propuesta. Primero, porque ésta es una franja de la población altamente vulnerable, con condiciones económicas verdaderamente raquíticas y que todos los días engrosan las filas de los que se cuelgan en virtud de no tener capacidad para poder seguir pagando una tarifa eléctrica que a todas luces resulta imposible de pagar e injusta.

Por otro lado, es importante señalar que este beneficio creemos que debe ser a todos los habitantes de la República mexicana y no solamente a una parte, como lo señala la minuta que aprueba el Senado.

Creemos también que es fundamental que en el momento en que llegue esta iniciativa exhortar a las comisiones correspondientes para que pueda ser ampliado, modificado y mejorado el texto del Senado y pueda haber un apoyo supremo mayor a este conjunto de habitantes de la República mexicana.

En el caso de las unidades habitacionales de interés social, es importante señalarlo. El uso doméstico de la energía eléctrica tiene un tipo de tarifa desproporcionado con el uso de utilización de energía eléctrica para bombas, para alumbrado público y para pasillos que prácticamente se eleva hasta en un 500% en su diferencia.

Por ello es importante que esta modificación de la tarifa tenga que ver con un pago equitativo y que la tarifa en unidades habitacionales de interés social en toda la República mexicana pudiera ser la misma que se utiliza domésticamente y no interpretar que la de uso habitacional para bombas y otros servicios sea prácticamente un uso de carácter comercial.

Sin embargo, presento hoy esta propuesta de iniciativa y de modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica con la intención de complementar, en la siguiente sesión, con otra iniciativa que tiene que ver con la atención al otorgamiento de energía eléctrica a la zona que abarca Luz y Fuerza del Centro, por estar excluida en este momento en el decreto o en la propuesta que aprueba el Senado.

Y yo solamente exhortaría al Ejecutivo a que si hay una intención de veto, lo valoren porque estoy seguro que muchos legisladores haremos lo propio para impedir que este tipo de iniciativas que perjudican a la población no sean aprobadas.

Intégrese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Energía.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alejandro Monraz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

En virtud de no encontrarse en el salón de sesiones, se pasa al final del capítulo.

Tiene la palabra el diputado Uuc.kib Espadas Ancona. A petición del diputado Espadas Ancona, se pospone la presentación de su iniciativa.

Tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En virtud de no encontrarse presente en el Salón de Sesiones, se pasa al final del capítulo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reforma ala Ley del Seguro Social hasta por diez minutos.

Vengo a presentar a la consideración de esta Cámara de Diputados una iniciativa de decreto que reforma el artículo 24 transitorio de la Ley del Seguro Social. Esta iniciativa de aprobarse, contribuirá a resarcir el derecho a la pensión de un grupo de trabajadores mexicanos afectados por la quiebra y el desmantelamiento de la empresa pública Ferrocarriles Nacionales de México, un grupo de trabajadores ferrocarrileros jubilados antes de 1982.

En el año de 1982, los trabajadores ferrocarrileros en servicio y los jubilados de esa empresa pública, fueron privados del servicio médico de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México e incorporados al instituto Mexicano del Seguro Social.

Los ferrocarriles jubilados antes de dicha incorporación sumaban más de 25 mil, quienes desde entonces iniciaron un peregrinar en busca del respeto a sus derechos.

Ferronales sólo aportó al Instituto Mexicano del Seguro Social por cada uno de ellos, 150 cotizaciones semanales y no las 500 que la ley establecía como necesarias para poder acceder a las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada. Ello a pesar de que los ferrocarrileros jubilados antes de ese año cubrían por sus años de trabajo esta antigüedad en la cotización.

A la fecha sobreviven de aquellos más de 25 mil jubilados, únicamente alrededor de 6 mil sin que se les haya hecho justicia plena.

La Cámara de Diputados asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2000 y 2001 una partida especial destinada para un pago anual a los ferrocarrileros jubilados antes de 1982.

"A partir de 2002 se les concedió un pago anual de 9 mil 500 pesos mediante una reforma a los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001.

"Sin embargo, reconociendo que esta reforma fue un importante avance, hay que decir también que dicho decreto incurrió en una contradicción. Por un lado, estableció al salario mínimo vigente en el Distrito Federal como la pensión mínima del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero en su Transitorio Vigésimo Cuarto se establece que <<A los jubilados de antes de 1982 de Ferrocarriles Nacionales de México deberá reconocérseles su carácter de pensionados. Para ese propósito el Gobierno Federal otorgará un pago anual de 9 mil 500 peso>>

"El salario mínimo mensual del Distrito Federal alcanzaba en ese año un monto de 1,281 pesos lo que anualmente arroja la cifra de 15 mil 372 pesos. Al otorgarse a los jubilados ferrocarrileros de antes del ´82 un pago anual de 9 mil 500 pesos quedaron con una pensión que representa apenas el 60 por ciento de la pensión mínima establecida en la Ley del Seguro Social.

"Todos sabemos que producto de la descapitalización de Ferrocarriles Nacionales de México, de lo que fue esa empresa ahora en extinción, las pensiones del IMSS de por sí son bajas. En el caso que nos ocupa la injusticia es mayor puesto que los jubilados ferrocarrileros de antes de 1982 reciben un trato y un pago de pensionados de segunda.

"Es por todo ello que esta Cámara de Diputados debiera aprobar una reforma al artículo Vigésimo Cuarto de la Ley del Seguro Social que establezca, en armonía con el cuerpo de la misma ley, un pago anual resultante de multiplicar por 12 El salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal a los Ferrocarrileros jubilados antes de 1982.

"Se estima, según los más recientes censos de la empresa en extinción Ferrocarriles Nacionales de México que actualmente sobreviven 6,000 de estos jubilados, por lo que la prestación a la que se hace referencia, la que está en vigor, representa 57 millones de pesos al año. Si se aprueba la reforma que estamos proponiendo, esto es elevar el pago anual al equivalente al salario mínimo general del Distrito Federal, el monto se elevaría a 92 millones 232 mil pesos anuales. Lo que implica una diferencia de poco más de 35 millones de pesos al año.

"Como se puede apreciar, esta reforma que proponemos no es de ninguna manera onerosa para las finanzas públicas y sí es, en cambio, una medida de justicia para estos trabajadores jubilados que entregaron su vida en el trabajo de la empresa pública.

"Con base en lo anterior se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto

"Artículo único. Se reforma el artículo Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley del Seguro Social para quedar de la siguiente manera:

"Vigésimo Cuarto. A los jubilados antes de 1982 de Ferrocarriles Nacionales de México deberá reconocérseles su carácter de pensionados. Para este propósito el gobierno federal otorgará un pago anual equivalente a un salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal multiplicado por 12. La cuantía de estos montos será actualizada cada vez que los salarios mínimos generales sean incrementados de manera ordinaria y extraordinaria por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos,

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público canalizará los recursos correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que esta pague mensualmente a los jubilados la cantidad equivalente a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates , publíquese en La Gaceta Parlamentaria y túrnese para su estudio y dictamen a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, el señor Diputado Agustín Trujillo Iñiguez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una Iniciativa de Ley del Instituto Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

--EL C. DIPUTADO AGUSTIN TRUJILLO IÑIGUEZ.- Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados. El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente en Turno de la COCOPA, con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del Artículo 71º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Fracción II del Artículo 55º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa de Ley del Instituto Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos.

El Instituto Nacional Indigenista ha sido durante 54 años la instancia a través de la cual se ha diseñado y ejecutado las políticas de Estado dirigidas a los pueblos indígenas de nuestro país.

Durante esos 54 años el INI ha sido la instancia gubernamental con presencia más cercana a los pueblos indígenas. El Instituto ha sido el único organismo que cuenta con unidades operativas en los pueblos y comunidades más alejados de los centros urbanos, esto le ha permitido un contacto permanente con la realidad y experiencia en el manejo del tema.

No obstante, el trabajo del INI ha sido poco comprendido por las demás instancias de Gobierno, una evaluación básica de la trayectoria del Instituto resaltará sus aportaciones al desarrollo de los pueblos pero también habrá que reconocerlo, permitirá identificar sus limitaciones que requieren ser subsanadas mediante una reforma que responda a las condiciones que viven en nuestros días.

Como lo disponen las funciones establecidas en el Artículo 2º. de la Ley de su creación, el Instituto surge como una instancia coordinadora de las políticas públicas del Estado dirigidas a los pueblos indígenas, lo que implica la participación de las demás instancias de Gobierno.

Sin embargo, en los hechos, pocas dependencias diseñan y ejecutan programas de apoyo , por lo que el INI desarrolla actividades de suplencia como la prestación de servicios de salud, la ejecución de pequeñas obras de infraestructura como puentes, caminos rurales, pozos, drenaje, agua potable y electrificación.

También presta Asesoría y Financiamiento para proyectos productivos y más recientemente, Asesoría , Defensoría y Gestoría Legales.

El levantamiento del EZLN en el Estado de Chiapas que en Enero de 1994 sacudió la conciencia nacional, nos hizo recordar que teníamos una deuda pendiente con los pueblos indios de nuestro país a quienes se había marginado del incipiente desarrollo nacional.

A partir del 94, México inició una serie de medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas indígenas; se puso en marcha un proceso encaminado a analizar el marco jurídico nacional para identificar su eficacia, para regular las relaciones de una nación pluricultural concretándose a diversas reformas en materia penal, civil, de medio ambiente y recursos naturales entre otros.

Asimismo, diversas dependencias federales diseñaron programas y proyectos en materia indígena; otras, destinaron áreas al estudio y atención del tema. Por otra parte, también a partir del ’94 podemos identificar una demanda cualitativamente diferente por parte de los pueblos indígenas, como puede verificarse en las diversas consultas y foros desarrollados a partir de esa fecha.

Los pueblos indígenas dejaron a un lado las demandas básicas de caminos, electrificación, despensas o proyectos productivos substituyéndolas por otras relacionadas con el conocimiento de sus pueblos como personas morales sujetos de derecho público, la libre autodeterminación y respeto a su identidad cultural.

A partir de esas nuevas demandas, es necesario analizar la responsabilidad del Estado en la concreción de las reformas para que respondan cabalmente al carácter pluricultural de la nación reconocido ya en nuestra Carta Magna. La historia nos ha demostrado que no basta con la creación de un nuevo jurídico si este no se acompaña con cambios en las instituciones y la promoción de una nueva cultura de respeto a los derechos de quienes viven realidades distintas al conjunto.

Es en este contexto donde se ubica la reforma del Instituto Nacional Indigenista que ha cumplido una etapa en la historia de nuestro país y que ahora debe reformarse para perfilar y orientar los cambios necesarios que permitan avanzar hacia el establecimiento de una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas y promover su desarrollo integral en un marco de unidad nacional.

La reforma del INI es necesaria para dar una directriz más clara a las políticas del Estado Mexicano; es además, una oportunidad para perfilar un nuevo modelo institucional que recupere las experiencias y errores de esta y otras instituciones.

Con estas ideas como base, se propone la presente iniciativa de Ley del Instituto para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas que recoge los planteamientos formulados por los pueblos en diversos documentos y espacios, como los Acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados por el Gobierno Federal y el EZLN en febrero de 1996.

Los resultados sobre la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena aplicada en 1995, así como los de la consulta nacional sobre pueblos indígenas, políticas públicas y reforma institucional llevado a cabo por el INI durante julio y agosto del 2002.

La institución que se propone crear con la reforma, tiene como ejes rectores de sus acciones impulsar la participación de los pueblos indígenas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas; ratificar el carácter pluricultural de la nación; impulsar el ejercicio de la interculturalidad, apoyar los procesos de reintegración de los pueblos indígenas; diseñar e instrumentar una política de reformas estructurales con los pueblos; impulsar procesos políticos y jurídicos en los tres órdenes de Gobierno; promover la consulta permanente a los pueblos, así como orientar la acción integral y transversal de las instancias para la atención en la materia.

En congruencia con los principios citados, se propone dotar al instituto de facultades que le permitan dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas con una visión de futuro.

Con el propósito de otorgar a la institución en nivel de autonomía necesario el cumplimiento de sus objetivos, se le da el carácter de organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, administrativa y presupuestal.

Asimismo, con la finalidad de avanzar en el ejercicio de la interculturalidad, se propone normar que al frente de la institución se encuentre preferentemente un indígena reconocido por su pueblo y con experiencia en el trabajo en la materia. Asimismo, se propone que el titular del nuevo organismo sea nombrado por el titular del Ejecutivo Federal previo un proceso de consulta entre los interesados, aplicados por la Secretaría de Educación con la finalidad de que el titular cuente para el cumplimiento de su responsabilidad con el respaldo de sus pueblos indígenas.

Es preciso dejar muy claro que nuestra propuesta de crear el Instituto integral de los Pueblos Indígenas, no es producto de la ola sexenal del cambio que a ningún asunto ha llevado a buen puerto, tampoco es decisión tomada en la frialdad de un cubículo de estudio ni muchos menos es una inspiración divina. Esta iniciativa es producto de la experiencia recogida en las instancias de gobierno que ya resulta insuficiente para atender este tema, del sentir de nuestro hermanos indígenas, de sus anhelos y reclamos, es la voz de los originarios de esta tierra que demandan justicia.

Por lo expuesto, solicito a los diputados y en su momento a los senadores de este Congreso de la Unión, el apoyo a la presente iniciativa con la finalidad de poder iniciar los cambios institucionales necesarios para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, así como su desarrollo integral.

Señor Presidente, solicitó de favor se integre y se publique en la Gaceta Parlamentaria, se inscriba en el Diario de los Debates y así poder omitir la lectura del texto íntegro de la iniciativa y se turne a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su estudio y su probable aprobación.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Patiño Cardona del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley General de Salud.

El tema que voy a tratar el día de hoy es el de la clonación terapéutica, así que paso a la materia.

La preocupación que me impulsa a subir el día de hoy a esta tribuna, es la gran necesidad que existe en México de incentivar y promover la investigación científica y tecnológica, pero muy en especial aquella que tiene que ver con la salud de los mexicanos.

Sabemos que a nivel mundial día a día se avanza en torno a la investigación que se realiza en distintos ámbitos, sobre todo en beneficio del hombre. Mucho se ha dicho sobre la grandes ventajas que pueden ofrecer las sting cells, llamadas células troncales o cédulas madre. Hoy en día, muchas de las investigaciones que se han llevado a cabo en relación a estas células, son en animales y se dice que todo lo que se aplica y funciona para animales es casi seguro que funcionará en seres humanos. Compartimos la idea de que las investigaciones celulares terapéuticas, deben realizarse primero en animales y hasta ver comprobada su factibilidad, se podría aplicar en seres humanos.

En el caso de México el primer paso ya está dado, es por ello que necesitamos dar un paso más a la investigación de terapia celular para seres humanos. Si México no se quiere quedar a la zaga en el avance científico y tecnológico, entonces deberá dar preferencia al fortalecimiento de la investigación y experimentación de ese tipo, pues es el camino obligado a seguir y el cual nos permitirá ponernos a la par de las sociedades más avanzadas.

Es por ello que considero necesario adicionar una fracción en lo que se refiere a la investigación para la salud, comprendida que la Ley General de Salud, pues ésta debe contribuir a la cura de enfermedades y al restablecimiento de la salud de los seres humanos. Ante la gran morbilidad y mortalidad que existe y la dependencia tecnológica y científica en la que aún se encuentra nuestro país, requerimos hoy avanzar en la legislación moderna que sea flexible en los casos de las alternativas terapéuticas de cura, que permitan el restablecimiento de la salud.

Qué se le puede decir a un padre que tiene a su hijo enfermo, que no hay cura o que existen posiciones éticas, filosóficas y religiosas que s oponen a las investigaciones que permitan avanzar y curar a su hijo.

Seguramente él nos diría que no es ético ver mermada día a día la salud de su pequeño y posiblemente ofrecería un pedazo de sí para curar a su hijo, aun en contra de esas posiciones éticas, filosóficas y religiosas como ahora sucede en México.

Nosotros, al igual que en la mayoría de los países estamos en contra de la clonación reproductiva, sobre todo con fines eugenésicos, pero no estamos en contra de incentivar la investigación en biología e ingeniería genética con fines terapéuticos, que permita producir células troncales para la reconstrucción celular.

En el caso concreto de las células troncales podemos decir que son células que permiten la capacidad de transformarse en otro tipo de células, por lo tanto ayudarían a tratar enfermedades hasta ahora incurables, como el mas de Alzheimer, el mal de parkinson, el SIDA o la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, el infarto al miocardio, la esclerosis múltiple, males vinculados con la sangre, los huesos y la médula ósea, así como quemaduras graves, lesiones de la médula espinal y tratamientos para pacientes con cáncer que han perdido células y tejido por radiaciones.

Las células troncales se encuentran en el cordón umbilical, la placenta, la médula ósea y en los embriones humanos. El tipo de células que causan más debate sobre todo en los comités de ética médica, son éstas últimas, las de embriones humanos.

Con intensa investigación y perfeccionamiento de la técnica, sobre todo con el adecuado uso de estas células, se tendría la posibilidad de regenerar órganos y tejidos, pues tienen la capacidad de dividirse en cultivo por periodos indefinidos de tiempo para dar origen a células especializadas. Las investigaciones en clonación terapéutica humana van encaminadas a crear tejidos para trasplante, medicina reparadora con poca o nula posibilidad de rechazo por contener el mismo código genético del enfermo.

Cuando el paciente requiere de un trasplante urgente y no existen donantes o los que existen no son compatibles, es necesario pensar en la viabilidad del uso de células troncales. Es por ello que no podemos permitir quedar a la zaga una vez más de los avances científicos.

Considero que es necesario que se incentive el trabajo de especialistas en biología molecular y celular, bioingeniería, terapia génica, medicina y cirugía, que investiguen para que profundicen en la capacidad y potencialidad de las células troncales.

Es necesario sensibilizarnos ante la muerte de nuestros semejantes, es urgente brindarles una alternativa real de cura a las enfermedades que denigran su existencia. ¿Acaso tenemos el derecho de negar la salud? ¿Es ético ver morir día a día a personas que no lo desean, que quieren salud para realizarse plenamente?

Por todo lo anterior y con fundamento en las disposiciones invocadas en ese documento, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud.

Artículo primero. Se adiciona una fracción VII al artículo 96 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 96: La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuya...fracción primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, quedan como están y fracción séptima dice lo siguiente: a la cura de enfermedades y al restablecimiento de la salud de los seres humanos.

Artículo segundo. Se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 100 Bis, sobre la investigación y experimentación en seres humanos, en materia de clonación.

Fracción I. Se prohíbe la investigación y experimentación que tenga como fin la clonación reproductiva.

Se entiende por clonación reproductiva, la réplica de un ser humano a partir de la transferencia del núcleo de una célula somática a un óvulo enucleado. Es la reproducción asexual de un individuo.

Fracción II. Se permite la investigación y experimentación que tenga como fin la clonación terapéutica para la cura de enfermedades y el restablecimiento de la salud.

Se entiende por clonación terapéutica la creación de líneas celulares troncales embrionarias, solamente del embrión pre-implantatorio estipulado en la fracción VIII del artículo 314 de esta ley, totipotenciales y pluripotenciales a partir de la transferencia de núcleos de células somáticas a un óvulo enucleado para la generación de tejidos y órganos de uso terapéutico.

Artículo 3°. Se reforma y se adicionan dos párrafos a la fracción VIII del artículo 314 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Fracción VIII. Dice lo siguiente: Embrión, al producto de la concepción a partir de ésta y hasta término de la duodécima semana gestacional, distinguiendo entre embrión preimplantatorio al producto de la fecundación hasta su implantación en el útero, comprendiendo un período máximo de 14 días. Y embrión post-implantatorio, al embrión desde la implantación en el útero hasta el término de la duodécima semana gestacional.

Artículo 4°. Se reforma el artículo 421 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 421. Se sancionará con multa equivalente de 4 mil hasta 10 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 67, 100, 100 Bis.

Artículo 5°. Se adiciona un articulo 465 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 465 Bis. Al profesional técnico o auxiliar de la disciplina para la salud y en general a toda persona relacionada con la práctica médica que realice acto sobre la investigación y experimentación en seres humanos en materia de clonación, sin sujetarse a lo previsto en el título quinto y al título décimo cuarto de esta ley, se le impondrá prisión de 2 a 8 años, suspensión en el ejercicio profesional de 3 a 7 años y multa equivalente de 4 mil hasta 10 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

Señor Presidente, solicito que esta iniciativa de decreto sea turnado a la Comisión de Ciencia y Tecnología, así como a la Comisión de Salud.

No obstante que ha sido leída, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese para su estudio y dictamen a las Comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología.

En relación con la iniciativa presentada por el señor diputado Agustín Trujillo Iñiguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fue turnada por esta Presidencia, sólo a la Comisión de Asuntos Indígenas, debe ser turnada también a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al decreto que establece el horario estacional hasta por diez minutos.

-EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA: Con su permiso diputado presidente. Honorable Asamblea. El suscrito diputado Juan Manuel Martínez Nava, integrante de la fracción parlamentaria el Partido Revolucionario Institucional de esta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a someter a la consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el Artículo Unico inciso cuarto del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un Artículo 2º. al tenor de la siguiente

El tema del horario de verano con toda la argumentación a su favor que se nos ha dado, ha generado discusiones y debates, dentro y fuera de las Cámaras, en los tres Poderes federales, en la sociedad y en las entidades federativas.

Se nos dice que el propósito principal es el ahorro de energía, aprovechando la luz del día pues en verano los días son más largos. También está la conveniencia de sintonizar los horarios con los Estados Unidos e Norteamérica por razones económicas, para coincidir con las jornadas laborales, bancarias y de una amplia gama de actividades productivas, comerciales y financieras, lo cual al parecer es más imperativo y conveniente en los estados fronterizos del norte de nuestro país con excepción de Sonora, que es el único estado que no ha cambiado su huso horario para conservar el mismo que tiene con su vecino estado de Estados Unidos que es Arizona.

El asunto de los Husos Horarios tiene que ver con el momento en que empieza a pegar en la tierra la luz solar, es decir, cuando ya hay luz del día. Este es el punto generado debates y cuestionamientos a la implantación del horario de verano en forma pareja a la mayor parte del territorio nacional, pues la experiencia y la realidad nos dicen, que al adelantar una hora el reloj si bien se beneficia y se atiende una demanda e la mayor parte de los estados norteños y del gobierno federal, se generan algunos inconvenientes a muchos de los estados del centro y sur del país.

En el mes de abril y en el mes de octubre a las siete de la mañana de este horario de verano, aun no amanece en los estados del centro y el sur del país. ¿Dónde está pues la conveniencia relacionada con el ahorro de energía?, si las actividades de las casas y los departamentos tienen que empezar a las seis de la mañana o antes y, por tanto, al estar todavía oscuro hay que prender la luz, hay que consumir energía eléctrica.

También están desde luego los problemas de seguridad para las personas que trabajan y para los estudiantes que entran a la escuela a las siete de la mañana, porque tienen que salir de sus casas y trasladarse a su trabajo o a la escuela cuando todavía está oscuro.

Lo razonable sería reconocer este hecho, y si es estrictamente indispensable implantar el horario de verano para los estados del centro y sur del país a partir de mayor y terminarlo en septiembre, como lo hemos propuesto insistentemente.

Como reflejo de las experiencias y discusiones que se producen en torno a este tema, la aplicación del horario del verano, el senador Adrián Alanís del estado de Durango, propuso una iniciativa que se dictaminó y se sometió a votación de esta H. Asamblea la semana pasada, con el propósito era la iniciativa, para quitar a ese estado de la clasificación horaria que se le ha dado, porque la medida ha causado irritación social en esa entidad, pues con este nuevo horario amanece, es decir, hay luz de día hasta las ocho de la mañana, lo que indica que todas las actividades de la población durangüense se realizarán a oscuras hasta las ocho de la mañana, ¿dónde está en este caso concreto el ahorro de la energía?

El razonamiento del dictamen que desechó recientemente la iniciativa del senador Alanís y la minuta correspondiente del Senado, se basó en que ésta no se presentó dentro del período previsto por el artículo 5º. de la Ley del Sistema Horario Nacional que establece como límite el 15 de noviembre del año anterior al de su entrada en vigor.

Por ello y porque recién comienza el horario de verano de este año, creo que es altamente conveniente llamar la atención acerca de las realidades y problemáticas e incluso molestias que se han generado en algunas de las entidades del centro y del sur del país con este horario de verano de siete meses para todos parejo, pues en estas zonas en abril y en octubre aún no amanece a las siete de la mañana.

Por lo tanto, retomando el fondo del asunto de Durango y reflejando la opinión de una parte de la población de estas entidades afectadas, considero que habría que pensar en un horario escalonado de verano para el país de siete meses para los estados del norte y de cinco meses para los estados del centro y sur del país, cuando los días en esta zona ya duran más, es decir hay más horas con luz del día, amanece evidentemente más temprano.

Al respecto deseo señalar que en Estados Unidos en su territorio continental hay cuatro husos horarios: el este, el central, la montaña y el oeste. En otros países, según su extensión geográfica y lo ancho de su territorio, hay varios husos horarios, por ejemplo, en Rusia hay hasta once husos horarios, pues su territorio está muy extendido de este a oeste, pues empieza en Europa y termina en Asia hasta el Océano Pacífico.

Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de contribuir a que en lo futuro se diseñe y aplique de mejor manera esta medida, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo único inciso 4º.) del decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un segundo artículo para quedar como sigue:

Artículo 1º, se reforma el artículo 1º., inciso 4º.) para quedar como sigue: Inciso 4º.). Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estarán sujetos al Meridiano 90 grados por ubicación y 75 grados por Horario Estacional.

Artículo 2º., se adiciona un segundo artículo para quedar como sigue: Artículo 2º. En las demás entidades de la Federación sujetas al Meridiano 90 grados por ubicación y al Meridiano 75 grados por Horario Estacional, se aplica el Horario Estacional a partir de las dos horas del primer domingo de mayo, terminando a las dos horas del último domingo de septiembre.

Transitorio, artículo único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, firmamos la iniciativa su servidor, Juan Manuel Martínez Nava del Estado de México, el diputado Eduardo Andrade Sánchez del estado de Veracruz, el diputado Enrique Martínez Orta Flores del Estado de México, el diputado Andrés Carballo Bustamante de Chiapas, Patricia Aguilar de Chiapas, José Antonio Hernández Fraguas de Oaxaca, Jaime Rodríguez López de Michoacán, Gustavo Lugo Espinosa de Durango, Jaime Alcántara Silva de Guerrero, Elba Arrieta de México, Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí, José Francisco Yunes de Veracruz, Gustavo Donis de México, Victor Infante de Zacatecas, José Manuel Correa Ceceña de Jalisco, Javier García González de Oaxaca, Raúl González Villalba de Guerrero, Ricardo Ocampo y Edilberto Buenfil de Campeche, Emilio Ulloa del Estado de México, Jesús Orozco de Colima, Timoteo Martínez Pérez del estado de Querétaro.

LA C. DIP. BERTA ALICIA SIMENTAL GARCIA, (desde su curul).- Gracias, señor Presidente.

Nada más para solicitarle al compañero que Berta Alicia Simental del Partido de la Sociedad Nacionalista quiere adherirse a su iniciativa.

EL C. PRESIDENTE.- ¿Está usted de acuerdo, señor diputado Martínez Nava?

EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA.- Con mucho gusto, señor Presidente y muchas gracias a mi compañera diputada.

-DIP. SALVADOR COSIO GAONA (desde la curul): Señor presidente en los mismos términos solicitarle por su conducto al diputado Martínez Nava, se me incluya como firmante en la iniciativa.

-DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA (desde la curul) Con mucho gusto señor presidente.

-DIP. MANUEL AÑORVE (desde la curul) Señor presidente, la misma petición al señor diputado Juan Manuel Martínez Nava.

-DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME (desde la curul) Es el mismo planteamiento a nombre del diputado Félix Castellanos, Rosalía Peredo y Juan Carlos Regis, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, se nos pudiera incluir con este planteamiento.

-DIP. JOSE ELIAS ROMERO APIS (desde la curul) Muchas gracias señor presidente. Con la misma solicitud al diputado Martínez Nava.

-DIP. MARIA ELENA CHAPA (desde la curul) También para adherirnos el diputado Calderón y una servidora, a la iniciativa.

La diputada Chapa también desea adherirse, le ruego a la secretaría proveer lo necesario.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gilberto del Real Ruedas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.

-DIP. GILBERTO DEL REAL RUEDAS: Gracias señor presidente; Honorable Asamblea; señores y señoras diputadas:

Quisiera para iniciar, compartir con ustedes la enorme satisfacción que es para un servidor hacer uso de la máxima tribuna de la Nación, confiando en que la indulgencia de esta Honorable Soberanía habrá de perdonar las novateces que pudiera cometer.

La iniciativa que intento poner a su consideración es una iniciativa de reforma al COFIPE y que pudiera ser parte de una reforma más global que tuviera que ver con la reforma del Estado en este país. Sin embargo, algunos de los acontecimientos que hemos vivido en nuestra patria en los últimos tiempos, obligan a que comencemos cuando menos en estas partes, a puntualizar las posiciones y las propuestas de los partidos políticos, porque se ha llegado al tiempo en el que no será permitido que cuestiones de esta naturaleza se omitan en la definición de los partidos, se omitan en su accionar y se omitan como sustento teórico de las organizaciones políticas en México.

"Iniciativa con proyecto de decreto que propone eliminar el secreto bancario en los casos en que el IFE debe ejercer sus atribuciones de fiscalización hacendaria en la contabilidad de los partidos políticos.

"El suscrito diputado Gilberto del Real Ruedas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con sustento legal en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, conforme a las siguiente:

"PRIMERO. Es largo el camino recorrido desde las antiguas y unidireccionales comisiones electorales de los años 70s. y anteriores hasta los tiempos actuales de órganos electorales ciudadanizados en los que el peso del poder y del partido único han dejado de ser lo importante.

"El IFE responde ahora a las necesidades ciudadanas de que los representantes populares sean electos en un ambiente de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, por lo que consideramos al IFE como fruto maduro de las luchas del pueblo mexicano.

Segundo. Sin embargo, los problemas y vicios que siguen lastrando nuestro sistema político demuestran fehacientemente que no hemos alcanzado la meta anhelada en cuanto a transición a la democracia.

Lo que en otros tiempos significaron las luchas por un registro electoral para la lucha electoral, por un padrón confiable, por órganos electorales imparciales, ahora significa el impedir el uso faccioso de los programas y obras de gobierno, de los símbolos patrios y, en síntesis, por la equidad en las contiendas electorales.

A mayor nivel de urgencia, irrumpe con gran fuerza el problema de la transparencia de los recursos, su origen y aplicación en el quehacer ordinario y de campaña de los partidos políticos.

Los acontecimientos recientes nos obligan a replantearnos el marco jurídico en lo que hace al secreto bancario, que se ha constituido en el siguiente escollo a superar, si hablamos de equidad, legalidad y transparencia.

Se trata de que no sea el poder del dinero y la mercadotecnia lo que se imponga en la lucha por los proyectos de nación a los que en teoría se corresponde la existencia y accionar de los partidos políticos.

Tercero. Los acontecimientos reseñados por la prensa derivados del posible financiamiento ilegal que recibieron dos de los principales partidos políticos nacionales, así como el reconocimiento implícito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lastre que significan algunas partes de la legislación bancaria, a lo que debemos de sumar las declaraciones de muy destacados integrantes del IFE, de editorialistas y ciudadanos en general, son muestra clara de que la sociedad mexicana espera mejores instrumentos para nuestra legalidad electoral que superen nuestra cultura y prácticas políticas.

Las resistencias para que el IFE ejerza funciones de fiscalización sobre los recursos que se reciben y gastan evidencia que aún quienes creen que el IFE sólo es bueno cuando favorece sus intereses. Son quienes se oponen a que el IFE desempeñe a plenitud y sin restricciones sus funciones de fiscalización de los recursos públicos, investigue presuntos actos ilícitos y establezca las sanciones respectivas.

La cercanía de las elecciones de 2003 y el temor al castigo de los electores han motivado tímidos cambios en la actitud con la que se enfrentó en principio el problema. La presión de la opinión pública y la prometedora intervención del Poder Judicial Federal han hecho también su parte.

El día 7 se mayo del 2002 se estableció un precedente judicial respecto a la fiscalización de los recursos que reciben los partidos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación que impugnaba la decisión del IFE de no ahondar las investigaciones sobre el problema de financiamiento ilícito de Los Amigos de Fox.

El TRIFE consideró, en esa histórica resolución, que en virtud de que es responsabilidad constitucional del Instituto Federal Electoral realizar funciones de control, vigilancia y sanción de los recursos públicos que reciben los partidos, lo que implica para el propio Instituto actuar como autoridad hacendaria para fines fiscales y, por tanto, en este caso no aplica el supuesto normativo del secreto bancario.

En el mismo sentido, en fecha reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar el sobreseimiento del amparo promovido por Bancomer, ratificó de hecho la decisión del TRIFE y de paso reconoció expresamente que éste es la última instancia en materia electoral. Todo ello confirma el antecedente jurídico de que el IFE tiene facultades fiscalizadoras para conocer las fuentes bancarias de los partidos políticos.

El artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que es obligación de las instituciones de crédito no revelar los datos que tienen sus clientes. Este secreto profesional a que están obligados los funcionarios y trabajadores de las instituciones de crédito comprende los datos relacionados con los depósitos de sus clientes, los datos sobre todas las operaciones de sus clientes, los hechos conocidos con motivo de dichas operaciones, los datos de carácter privado que se desprenden de las operaciones practicadas y la opinión misma que el banco tiene de su cliente.

Son dos las excepciones de la norma del secreto bancario: inciso a) que exista una orden dada por autoridad judicial en donde el cliente sea parte de algún proceso o bien acusado en un asunto penal, e inciso b) que haya disposición expresa de la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales.

Séptimo. Debido a que los partidos políticos viven principalmente del financiamiento público, le corresponde al IFE vigilar que se administren correctamente los recursos provenientes del erario público.

Por ello, y bajo la prudente interpretación de la ley que hace el TRIFE, el Instituto Federal Electoral tiene el carácter de autoridad hacendaria para fines fiscales. Entonces, si el Instituto Federal es la autoridad hacendaria, tratándose de velar por el buen uso de los recursos públicos que gastan los partidos políticos, debe tener atribuciones para solicitar informes suficientes para estudiar a fondo la contabilidad, ingresos y gastos de los propios partidos.

Nuestro sistema jurídico electoral permite el doble financiamiento: Público y privado. A la hora de hacer gastos de campaña y ordinarios, los partidos acuden a la bolsa común de ingresos sin hacer distingos acerca de su origen público o privado.

Quien otorga facturas por determinado bien o servicio, que reciben los partidos, no pregunta acerca del origen de los recursos con que se le paga.

Cuando el IFE sume su papel de fiscalizador, está obligado a solicitar cuentas completas de lo que reciben y gastan los partidos y esto incluye las aportaciones de particulares.

Se hace evidente la necesidad de conocer e investigar el origen de las totalidad del financiamiento y por tanto la contabilidad íntegra.

El IFE debe de quedar plenamente facultado para pedir y recibir informes a las instituciones de crédito, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria con el propósito de que esos datos permitan conocer el origen de todos los recursos que los partidos reciben y gastan.

Esto ayudará a garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones federales.

En el derecho vigente, la plena facultad fiscalizadora del IFE sólo está establecida en el precedente judicial dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Urge modificar la Ley de Instituciones de Crédito, el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal de Instituciones y Procedimientos Electorales para otorgar al IFE las atribuciones requeridas para cumplir a fondo su papel fiscalizador del origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

Se está proponiendo agregar dos párrafos al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y se está proponiendo modificar también el COFIPE en su artículos 82 con la adición de un inciso "i" bis en el artículo 82.

En obvio de tiempo, y agradeciendo la bondad de la Presidencia, dejo el documento para su trámite legislativo correspondiente.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

La iniciativa que sería presentada por el señor diputado José Elías Romero Apis, sobre la reforma a diversos ordenamientos legales en materia de patrimonio, se pospone a petición suya.

La iniciativa que sería presentada por la diputada Petra Santos, se pospone a petición de la propia diputada Santos.

En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado César Alejandro Monraz Sustaita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Aduanera, de la Ley de Comercio Exterior del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

- EL C. DIP. CESAR ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados:

Vengo a presentar una iniciativa a nombre de diversos diputados del Partido Acción Nacional bajo la siguiente

"La presente iniciativa tiene como objetivo primordial continuar a través de reformas a diversas leyes del ámbito aduanal y de comercio exterior, fortalecerla de certidumbre jurídica de los sujetos obligados del despacho aduanero y adecuar la tramitología aduanal en torno a la Simplificación Administrativa en la elaboración de los documentos aduanales.

"Para este fin se determinan las materias que imprescindiblemente deben de permanecer en ley y las que deben de diferirse al reglamento, definiendo a su vez las cuestiones operativas que requieren de un manejo flexible al trasladarse las reglas de carácter general emitidas por el Poder Ejecutivo.

"El constante incremento de la actividad comercial internacional de nuestro país demanda que el procedimiento aduanero sea el más sencillo y ágil posible, normado por una legislación prevista de claridad y precisión en su redacción, a fin de lograr la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones de que se trate.

"Preocupados por esta situación y ante las demandas del sector maquilador diputados federales de diferentes fracciones parlamentarias conformamos en abril del 2002 un grupo permanente de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, enfocado en el análisis de la problemática de la industria maquiladora de exportación con el fin de atender responsablemente el tema. Fruto de este esfuerzo conjunto de diputados de diversos partidos políticos e integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público presentamos una iniciativa ante este pleno que contenía reformas y adiciones a la Ley Aduanera, que en combinación con la iniciativa promovida por el Ejecutivo Federal logramos la aprobación de una serie de modificaciones para otorgar mayores elementos de competitividad, acordes a las nuevas circunstancias por las que atraviesa la economía mexicana y en general las distintas regiones y bloques comerciales del orbe.

"Como resultado de los compromisos del grupo de trabajo nos propusimos presentar al Congreso de la Unión en el presente periodo ordinario de sesiones una iniciativa de la Ley Aduanera que recogiera las inquietudes e incluyera los ajustes pertinentes para otorgar el marco jurídico adecuado, en virtud de que el sector que inmersa su operación en el comercio exterior requiere medidas equitativas para que exista un trato igual para los contribuyentes, sobre todo para los pequeños causantes.

"Por otro lado, prevé la permanencia del tratamiento de exportación definitiva a las transferencias entre maquiladoras, así como las enajenaciones de proveedores nacionales a residentes en el extranjero cuando la entrega de la mercancía se realice en territorio nacional a empresas maquiladoras, eliminando la confusión existente en la legislación actual. Se introduce además el concepto de consolidación de operaciones de comercio exterior mediante una empresa maquiladora consolidadora.

"Considerando los anteriores razonamientos y con base en estudios técnicos del grupo de trabajo en los sectores industriales y comerciales, concluimos con la legislación aduanera requiere algunas modificaciones que continúen actualizando y mejorando el nivel de competitividad de nuestra industria maquiladora de exportación.

"A continuación detallo en la presente Iniciativa, tomando en consideración los antecedentes citados y las diversas opiniones y comentarios vertidos a empresas certificadas.

"Con relación a las empresas certificadas, modelo aprobado por esta honorable Cámara de Diputados en diciembre pasado, para incentivar las empresas se propone modificar para avanzar en el texto de la fracción III del artículo 100 A, debido a que conforme al texto vigente una empresa de reciente creación y que por consecuencia no hubiera dictaminado sus estados financieros no podrá acceder a estos beneficios toda vez que no tiene un periodo de cinco años. Esta modificación también deja abierta la posibilidad de que si alguna empresa no dictamina sus estados financieros en el 2003, podrá optar en el futuro por incorporarse en el esquema de empresa certificada si cumple los requisitos que se establezcan mediante reglas, situación que no previmos en la fracción III del artículo 2º Transitorio de la reforma en la ley publicada el 30 de diciembre del año de 2002.

"Mediante la modificación al artículo 105 se logra que las transferencias o enajenaciones se puedan realizar también a empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, así como la industria automotriz terminal o manufactura de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, considerándolas como exportaciones definitivas cuando se realicen mediante pedimento de acuerdo al procedimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezcan mediante reglas de carácter general.

"La transferencia entre maquiladoras incluye aquellas que es consecuencia de una enajenación entre residentes en el extranjero o una enajenación de un residente ern el extranjero a otra maquiladora Fitex, Exces o de la industria automotriz terminal o manufactura de vehículos de autotransporte o de autopartes para introducción a depósito fiscal, cuando la mercancía objeto de la enajenación fue importada temporalmente por una maquiladora, Opitex, y la entrega material se efectúa en territorio nacional al adquirente.

"Enajenación de mercancías de proveedores nacionales a maquiladoras y a residentes en el extranjero con entrega material en territorio nacional. Se elimina la confusión existente respecto a la enajenación de residentes en territorio nacional a proveedores nacionales de mercancías nacionales o importadas en forma definitiva, así como la eliminación de la constancia de exportación para considerarlas exportadas en definitiva, sujetándolas al pedimento que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas.

Asimismo, se agrega un último párrafo para especificar que el retorno de mercancías temporalmente importadas se considera exportación definitiva para todos los efectos que correspondan.

Esta reforma surge a raíz de la aprobación por esta Honorable Cámara de Diputados a la fracción IV al artículo 1-A y a la fracción IX del artículo 9 y el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que en el mes de diciembre del año pasado aprobamos en esta Honorable Cámara.

Temporalidad de mercancías importada por empresas con programas de maquila o de exportación. Compromiso de inventarios.

Considerando que la industria maquiladora de exportación localizada en México tiene como objetivo primordial la transformación de materias primas importadas temporalmente, que lleven consigo la elaboración de bienes terminados, siendo éstos exportados a diferentes mercados internacionales, es importante señalar que como compromiso de venta y calidad surge la necesidad de algunas empresas de mantener un inventario de insumos para sustituir las partes del producto manufacturado, integra a fin de reparar la falla aludida a los centros de reparación que atiende al consumidor final conforme a las garantías de servicio.

De igual forma se propone la modificación del último párrafo del artículo 112, con el propósito de evitar diversas interpretaciones al procedimiento a seguir para realizar las operaciones de submaquila efectuadas entre empresas maquiladoras o entre empresas con programa de maquila y pitex autorizados.

Se incorpora en el artículo 112-A la figura maquiladora consolidadora o consolidación de operaciones de comercio exterior, la cual indudablemente permitirá que las empresas pertenecientes a dicho grupo sean internacionalmente más competitivas, sin sacrificar recaudación ni control por parte de la autoridad fiscal.

La reforma al artículo 14-D y 135-D, que fue objeto de una reforma y adhesión por esta Honorable Cámara de Diputados en el mes de diciembre, tiene el fin de cumplir el objeto de proponer un esquema de zonas francas acorde a la demanda internacional, siendo dicho esquema regulado por la autoridad aduanera, promoviéndose mediante autonomía propia desconcentrada en cuanto a la estructura operativa y normativa.

Las zonas francas se definen según el anexo S-1 del Convenio de Kyoto, como una parte de un estado en el que las mercancías en que ellas se introduzcan, se consideran generalmente como si no estuviesen en el territorio aduanero, con respecto a los derechos e impuestos de importación y no están sometidas al control habitual de la aduana.

En lo único que difiere esta definición, con lo que se plantea en estas reformas de ley, es que aquí se está sujetando al control permanente de la autoridad aduanera.

Considerando que los recintos fiscalizados estratégicos surgen de la idea inicial del establecimiento de zonas francas y éstas son creadas con el objeto de promover el desarrollo nacional a través de actividades que en ellas se realicen, particularmente en acciones tendientes al fortalecimiento del comercio exterior, es importante aclarar que en el caso de la franja fronteriza norte del país, para que esto suceda no debe limitarse a la posibilidad única de ser establecidos dentro o colindantes con un recinto fiscalizado o recinto portuario.

En virtud de que la iniciativa en su exposición de motivos es lo suficientemente amplia, le solicito a la Mesa Directiva que sea integrada el resto del contenido en el Diario de los Debates, con el objeto de que sea conocido, así como en la Gaceta Parlamentaria, para que los ciudadanos diputados tengan a bien leerlo.

Por lo tanto, a nombre de los diputados Francisco García Cabeza de Vaca, diputado Diego Alonso Hinojosa, diputado Arturo San Miguel, diputado Hugo Zepeda y un servidor, sometemos a esta honorable asamblea.

-PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias señor diputado César Alejandro Monraz Sustaita.

Esta Presidencia acuerda que se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria como lo ha solicitado el diputado proponente y túrnese para su estudio y dictamen, a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial.

El siguiente punto del Orden del Día es el Dictamen relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos Sergio Ramírez Vela, Ádmín Rojas Mustafá y Alejandro Hernández Juárez para prestar servicios en el Consulado y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Monterrey, N. L. Y Tuxtla Gutiérrez, Chis.

En virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria queda de Primera Lectura.

El siguiente punto del Orden del Día es la primera lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas , se abroga la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista se reforma la Fracción VII del Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se Reforma el primer párrafo del Artículo 5º de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria, queda de Primera Lectura.

El siguiente punto del Orden del Día es la primera lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al Artículo 60-bis y un Artículo 55-bis a la Ley General de Vida Silvestre.

En virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria, queda de Primera Lectura.

El siguiente punto del Orden del Día es la primera lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se Reforma la Fracción V del Artículo 3º.y la Fracción II del Artículo 4º de la Ley General de Protección Civil.

En virtud de que está siendo distribuida entre los ciudadanos Diputados, queda de Primera Lectura.

El siguiente punto del Orden del Día en el Capítulo de Dictámenes a Discusión, es la discusión con Proyecto de Decreto que Reforma el párrafo 1º.y el Inciso B del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria, ruego a la Diputada Secretaria, consultar a la Asamblea si se dispensa la lectura del Dictamen.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen en virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria.

Por la Comisión Dictaminadora, para fundamentar el Dictamen en términos del Artículo 108 del Reglamento Interior, tiene la palabra hasta por diez minutos el Diputado Javier García González.

-EL C. DIPUTADO JAVIER GARCIA GONZALEZ.- Con su permiso señor Presidente. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Vengo en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales a fundamentar el Dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el párrafo 1º.y el Inciso B) del Artículo 72º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos reglamentarios correspondientes.

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, hemos considerado oportuno revisar la Facultad Constitucional concedida al Ejecutivo Federal de participar en el proceso legislativo, en razón de que debemos atender la demanda para que dentro de la Reforma de Estado se fortalezca el Poder Legislativo y se alcance un racional equilibrio de Poderes.

Conforme al inciso b) del artículo 72 de la Norma Suprema, el Presidente puede hacer observaciones a los proyectos de ley que le envía el Congreso, dentro de diez días hábiles posteriores a aquél en que lo recibió. A esta figura jurídica se le conoce con el nombre de "veto".

El veto es una institución conocida en el derecho constitucional mexicano en el artículo 55 de la Constitución Federal de 1824; ordena que los proyectos de ley pasaran al Presidente, quien tendría diez días hábiles para hacer observaciones. En la Constitución de 1857, dentro del procedimiento para formación de ley, el artículo 70 indicaba que una vez que se hubiera discutido el dictamen de la comisión respectiva, se enviaría al Presidente una copia del expediente para que en el término de siete días manifestara su opinión o expresara que iba a hacer uso de esa facultad.

Por medio de las reformas del 13 de noviembre de 1874, se concedió el veto al Presidente, pero el veto podía ser superado por la mayoría de los legisladores presentes. El constituyente de 1917, instituye en la Norma Suprema el veto como una institución de procedencia de naturaleza suspensiva y alcances limitados para que el Presidente de la República estuviese en condiciones de hacer llegar al Congreso de la Unión información, objeciones y cuestionamientos adicionales que pudieran no haber sido tomados en cuenta al discutirse y aprobarse la respectiva iniciativa durante el proceso legislativo. En este caso, el veto asume la figura de una demanda de nueva deliberación, ¿qué es lo que debe ocurrir cuando es devuelto un proyecto del Ejecutivo?

En consecuencia, coincidimos con los iniciadores en que la figura jurídica del veto nunca se pensó como un instrumento de carácter absoluto e insuperable que alterara la perfecta división de poderes y entregara al Ejecutivo la parte decisiva en la formación de leyes; al contrario, el veto se justifica en razón de que la teoría democrática de la soberanía determina que la Asamblea Legislativa, el Parlamento o el Congreso es soberano y que el Ejecutivo sólo puede suspender pero no abolir una decisión tomada por el Legislativo, lo cual se consagró en Inglaterra desde 1707.

El veto presidencial es un elemento para llevar ponderación en actos de naturaleza grave como las leyes, y es también un instrumento valioso en el juego de pesos y contrapesos para restablecer el equilibrio entre dos poderes: cuando uno de ellos, el Ejecutivo, considera una ley o un decreto inaplicable. En el caso denominado por la doctrina "veto suspensivo", que es de nuestro país, se actualiza en el inciso b) del artículo 72 constitucional; el Ejecutivo Federal tiene diez días para ejercerlo, de lo contrario se reputará aprobado el proyecto no devuelto con observación a la Cámara de su origen.

La Constitución contempla además la interrupción del término "si el Congreso hubiera cerrado o suspendido sus sesiones", lo cual retarda el inicio de vigencia de una ley.

Es sin dejar de tomar en cuenta que al no existir disposición expresa, el Presidente de la República puede omitir publicar por tiempo indefinido la determinación legislativa; este hecho inconstitucional e impugnable desde el punto de vista ético, carece de sanción, es el llamado "veto de bolsillo", analizado críticamente por la teoría política y constitucional y que nuestro sistema adolece de expresión legal.

Así pues, en el contenido y alcance del artículo 72, persiste una laguna constitucional que deja en estado de incertidumbre al Congreso de la Unión ante la falta de previsión para el caso de que una ley o decreto aprobado por esta representación y no vetada por el Ejecutivo conforme el inciso b) del referido artículo, éste se abstenga de promulgar o publicar el proyecto, inhibiendo con ello la iniciación de la vigencia.

Consecuentemente, con el ánimo de avanzar en el perfeccionamiento del proceso legislativo, coincidimos en la necesidad de retomar el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Federal, a fin de prevenir el acto suspensorio del Poder Ejecutivo, al no promulgar un proyecto facultándose al Presidente en la Cámara, que lo remitió o que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ello con el objeto de dar seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas.

Se reforma de igual manera el párrafo primero del referido artículo para sujetar la discusión y votación de leyes o decretos a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos respectivos, dando esto mayor certidumbre al proceso legislativo de creación de normas jurídicas y poniendo coto a la frecuente tentación del gobierno de asumir conductas típicas de la dictadura, pues al no publicar una ley aprobada por el Congreso sin devolverla en tiempo con las observaciones, lo que hace es menospreciar al pueblo soberano y ejercer funciones extra constitucionales.

Por lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales tenemos la firme convicción que para favorecer el equilibrio entre poderes, es necesario dar certidumbre jurídica a los actos emanados de la Unión, por lo que solicito al pleno votar a favor de esta reforma constitucional y cumplir con lo expresado por el Presidente de la República en este lugar, cuando dijo: "el Ejecutivo propone y el Congreso dispone".

Por la Comisión de Reforma del Estado, tiene la palabra hasta por diez minutos para fundamentar el dictamen el diputado Ucc-Kib Espadas Ancona.

El dictamen que hoy se somete a esta Cámara es de una gran importancia para resarcir una auténtica laguna constitucional, esta laguna que permitía al titular del Poder Ejecutivo ignorar un decreto de éste Congreso sin siquiera tener que argumentar su objeción.

Si bien durante mucho tiempo este fue un mecanismo, por cierto un mecanismo que no se encontraba diseñado como tal, al que nunca se recurrió, esto no derivó de la salud de las prácticas políticas del país, sino de que en la práctica este Congreso se encontraba suprimido frente al Poder Ejecutivo. Hoy, que la división de poderes en México comienza a cuajar, comienza a volverse una realidad, es necesario dar absoluta certidumbre política y jurídica a esta facultad extraordinaria que tiene y debe tener el Jefe del Estado, que consiste en hacer observaciones a los decretos de este Congreso.

Sin embargo, esta facultad extraordinaria no puede ser una facultad ilimitada, tiene que ser una facultad regulada y una facultad que garantice también a la soberanía nacional, que el proceso legislativo llegará a un fin y que en todo caso existirá certeza sobre el destino de las leyes que esta soberanía juzgue convenientes para la nación. No deja sin embargo, de ser un día agridulce.

Aprobamos esta reforma acerca de un año de haber generado el consenso político en la Comisión Especial de Reforma del Estado, de éste y de otros temas, de esta materia. Considerábamos en aquellos momentos que estábamos tratando de un primer conjunto de temas menores en comparación con lo que veíamos como el espacio posible de la reforma del Estado, pero significativos como los primeros pasos para avanzar a una transformación democrática integral de las instituciones de la nación.

Esa transformación democrática no tendrá ya lugar en esta legislatura. Paradójicamente los legisladores electos en el primer momento de transición política del país del Siglo XX no tuvimos la capacidad de devolver un aparato institucional diferente del que recibimos. Ante esta imposibilidad, ante esta incapacidad por transformar el aparato político del país, hemos en la práctica aceptado que la transición democrática se puede gobernar con los mismos instrumentos que el autoritarismo generó durante 70 años y eso es falso. Este país sigue necesitando una profunda transformación institucional, sigue necesitando acortar esta gigantesca brecha que hoy separa a las instituciones del gobierno de los ciudadanos.

No podremos salir satisfechos como legisladores al no haber concluido una gran reforma democrática del Estado. No todo sin embargo está perdido, tenemos tareas al frente, quedan semanas para concluir este último periodo de sesiones y meses para concluir la legislatura, tenemos la obligación inexcusable de continuar los esfuerzos por desahogar la reforma del Estado. Lo que hoy estamos dando es un paso más, un paso más que se suma a otro par de pequeños pasos que hemos dado en los meses pasados, pero que no puede todavía compararse con los objetivos que nos planteamos hace dos años, con los objetivos que aparentemente puso en la tela del debate político de la nación el Presidente Fox cuando aquel 5 de febrero llamó a una revisión integral de la Constitución.

No podremos sin duda ya cumplir ese objetivo, pero podemos mover el proceso hacia adelante, podemos ejecutar aún reformas significativas, reformas que sean el pie de una reforma mucho más grande que tendrán que afrontar tarde o temprano los legisladores.

Esto que podría ser el gran fracaso de la legislatura: la incapacidad de transformar democráticamente las instituciones de la nación, es reflejo de otros problemas políticos de fondo. No hemos podido en este país concertar un pacto político de la sociedad, un pacto político de los actores políticos que ponga el marco general a través del cual queremos los mexicanos desarrollar la democracia en México en el siglo que estamos abriendo. No hemos sido capaces de pactar la transición.

Pensamos en algún momento que a la transición podíamos llegar simplemente por la vía de los hechos. Hoy se hace cada día más evidente que es necesario un gran pacto político de transición. Esta legislatura tiene un papel que jugar en la construcción de este gran pacto político, de modo tal que tenemos la obligación de seguir abonando en este proceso de reforma que lleve finalmente a un régimen más justo y democrático donde todos los mexicanos podamos vivir y dirimir nuestras opiniones y diferencias políticas.

Algo más refleja la frustración de esta gran reforma. Refleja que el debate político en los últimos años, habiendo sido intenso en lo referente a la reforma electoral, fue insuficiente en lo que tenía que ver con la transformación de conjunto de nuestras instituciones y de nuestra cultura política. En los años que vienen los mexicanos tendremos que afrontar lo que hoy es un hecho objetivo irrefutable: el régimen presidencialista está agotado. No puede ya reconstruirse un régimen estable y democrático políticamente sobre las bases del presidencialismo mexicano que hemos heredado, toca a los demócratas de hoy y de mañana, sentar las bases para el desmantelamiento del presidencialismo y la construcción de un régimen en donde el Congreso necesariamente tendrá que jugar un papel mucho más activo en la conformación de gobierno y en las decisiones ejecutivas de este país.

Hoy estamos apenas tocando las puertas de ese debate. Hoy estamos tan solo, dando los primeros pasos en una transformación institucional que a la larga, con el favor o sin el favor de los legisladores, concluirá por construir de México un país donde los ciudadanos tengan en el Estado un instrumento para la ejecución del gobierno en su beneficio. Ese es el México que tenemos la obligación de construir.

Ese es el México que en esta Legislatura no pudimos heredar pero que dejamos una tarea pendiente. Tratemos pues, de que en esa tarea hayamos dejado nuestra mayor aportación.

EL PRESIDENTE: Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han inscrito para fijar las posiciones de sus respectivos partidos políticos y grupos parlamentarios, los diputados José Manuel del Río Virgen, José Antonio Calderón Cardoso, Félix Castellanos Hernández, Arturo Escobar y Vega, Ricardo Moreno Bastida, José Alfredo Botello Montes y Juan Manuel Carreras López.

En tal virtud tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Manuel del Río Virgen, por Convergencia por la Democracia.

Se termina con una laguna constitucional que básicamente beneficiaba al Presidente de la República en detrimento del Poder Legislativo. Por eso consideramos oportuno y necesario que aquí revisemos a conciencia la facultad constitucional concedida al Ejecutivo de participar en el proceso legislativo.

Actualmente la Constitución le otorga al Presidente 10 días hábiles posteriores a aquél de que los recibió, conociendo esta figura como veto que ha estado instituido en la Constitución desde 1824.

De 1917 a la fecha, el Constituyente instituye el veto como una institución de procedencia de naturaleza suspensiva y alcances limitados para que el Presidente estuviese en condiciones de hacer llegar al Congreso la información y objeciones adicionales que pudieran no haber sido tomadas en cuenta al discutirse y aprobarse la respectiva durante el proceso legislativo.

El veto así no se concibe como una figura jurídica de carácter absoluto e insuperable con atribuciones de alterar la división de poderes, en beneficio de uno y en detrimento de otros.

El veto es una colaboración entre poderes e instrumento valioso como aquí se dijo, de juegos, en el juego de los pesos y de los contrapesos para establecer equilibrio entre dos poderes, tal como lo establece aquí el dictamen que han leído mis compañeros diputados.

El veto en el derecho comparado está señalado en más de 8 países latinoamericanos. Existen disposiciones constitucionales expresas sobre el veto suspensivo como una ley que no ha sido vetada por el Ejecutivo y que sin embargo no ha sido promulgada estableciéndose un término de 48 horas hasta de 30 días en algunos países.

Para avanzar en este proceso legislativo, compañeras y compañeros, coindicimos que es urgente y que ustedes deben de otorgarle un voto aprobatorio a esta reforma al artículo 72 y precisamente al párrafo B.

Con las reformas propuestas, sujetamos la discusión y votación de leyes y decretos a los establecido también en la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento respectivo, dando certidumbre al proceso legislativo de creación de derecho positivo.

Es este dictamen, compañeras y compañeros, un avance trascendente, el presidente de la república además debe de renunciar a los poderes metaconstitucionales que todavía están establecido ahí desde el viejo régimen. Gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos por el Partido Alianza Social el diputado José Antonio Calderón Cardoso.

-EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Con el permiso del diputado presidente. Señoras y señores legisladores. Hoy es puesto a consideración de esta H. Asamblea el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y el inciso b) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendiendo que si bien es cierto que en todo cambio en un sistema político, presupone cierto grado de confrontación en un inicio, el orden debe restablecerse mediante efectivamente el equilibrio de poderes, la eliminación del llamado veto de bolsillo, contribuirá a fortalecer la relación y cooperación respetuosa entre poderes.

Para Alianza Social la discusión es un sostén de la normalidad democrática y ésta no puede catalogarse como un freno a las políticas públicas, sino al contrario es la forma más democrática de evitar el autoritarismo, pero para dar lugar a esto, la voluntad popular debe estar por encima de la voluntad de un solo individuo.

Los motivos argumentados por el Ejecutivo para vetar un proyecto del Legislativo, deben sustentarse en la razón y en la justicia y no en la imposición o menos aun en la omisión como eventualmente sucedía.

No podemos asumir que las diferencias no pueden resolverse más que vetándolas, ya que con ello se fortalecería la intransigencia y debilitaría la tolerancia.

La ingobernabilidad no surge de un multipartidismo sino de la falta de incentivos entre Ejecutivo y Legislativo para conformar coaliciones, en donde ambos poderes busquen un punto intermedio que favorezca el desarrollo nacional y evite un enfrentamiento infértil, motivado por imposiciones.

Sin una plena y constante coordinación entre los Poderes de la Unión y las distintas fuerzas políticas nacionales, todo proyecto no dejará de ser, sólo un conjunto de buenas intenciones, lo cual debilitará la credibilidad de los compromisos asumidos para bien de la sociedad.

La constante comunicación nunca ha sido un obstáculo sino mas bien siempre ha sido una forma efectiva de propiciar el avance y el progreso, por lo que debemos arribar a consensos mínimos para aspirar grandes proyectos, este es el único camino.

En efecto, el funcionamiento y calidad de un régimen democrático, se sustenta en la cooperación y no en la imposición unilateral, que puede surgir de un veto mal entendido y por ende mal utilizado.

Para Alianza Social el veto no puede ser utilizado como una arma política y sicológica en beneficio del presidente en turno, en caso de que las decisiones soberanas del Congreso no satisfagan los intereses particulares del Poder Ejecutivo.

Cuando el veto presidencial es ejercido de manera arbitraria, el único efecto que puede tener será negativo, tanto para el fortalecimiento de la división de poderes como para el desarrollo democrático nacional. El Poder Legislativo no podrá fortalecerse frente al Ejecutivo, mientras no se vigorice internamente, entendiendo con ello dar lugar a un trabajo parlamentario serio, en donde la reflexión y la razón al momento de legislar se anteponga a toda actitud protagónica.

Para Alianza Social únicamente podremos dar lugar a un gobierno eficaz, si impulsamos arreglos institucionales, que en base a procedimientos legislativos acordes con la realidad nacional de hoy día, favorezcan la cooperación, repetimos, entre el Legislativo y el Ejecutivo, evitando así un bloqueo mutuo entre estas instituciones, para dar lugar a la toma de decisiones efectivas y eficaces.

Por lo anteriormente expuesto, Alianza Social votará a favor del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con la intención de fortalecer la evolución democrática de México, robusteciendo y dándole certidumbre y claridad al proceso legislativo.

Tiene el uso de la palabra para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Félix Castellanos Hernández, hasta por diez minutos.

EL C. DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Mucho se ha hablado de la división de Poderes en este país y mucho se ha hablado también de que el Legislativo le falta al respeto al Poder Ejecutivo y nosotros aquí hemos reclamado que el Poder Ejecutivo pueda, en la última instancia, tener una capacidad y decisión en el proceso legislativo más que los 500 diputados.

El Presidente de la República participa en diferentes etapas del procesamiento legislativo: desde la iniciativa, participa también en hacer observaciones a los proyectos de ley que las Cámaras le envían y participa en la promulgación; sin embargo y aunado a estas tres etapas de intervención del Presidente de la República dentro del proceso legislativo, el Ejecutivo se arroga una cuarta consistente en lo que se ha denominado "veto de bolsillo".

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que se hace necesario un mayor equilibrio de los Poderes y en consecuencia el texto constitucional disponga con mayor claridad los equilibrios correspondientes.

Para nadie es un secreto que el Poder Legislativo estuvo atomizado y dependiente del Poder Ejecutivo prácticamente desde el inicio de la vigencia de la Constitución que nos rige hasta el año de 1997, en donde el entonces partido en el gobierno perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual obligó a dicho partido y al Presidente de la República a tener que buscar los consensos políticos para lograr acuerdos que se tradujeran en leyes.

Otro dato destacado es que los legisladores han ejercido su facultad de iniciativa como nunca antes de había visto, a grado tal que las iniciativas presentadas por legisladores superan con mucho a las que el presidente de la República ha presentado ante las Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin embargo hemos sido testigos de cómo, no obstante que un proyecto de ley enviado por la Cámara Revisora al Presidente de la República y no obstante que el Ejecutivo no haya formulado observaciones, el mismo no se promulga.

Los méritos del dictamen que hoy se discute y vota consisten precisamente en eliminar la facultad discrecional del Ejecutivo para no promulgar las leyes del Congreso.

Entre otras modificaciones que hoy votaremos, se reforma el inciso B) del artículo 72 ampliando de 10 a 30 días naturales el plazo para que el Ejecutivo pueda formular observaciones a la Cámara que hubiese actuado como Revisora y en el supuesto de que el Ejecutivo no hubiere hecho observaciones transcurridos otros 10 días naturales, será considerado como promulgado, siendo obligación del Presidente de la Cámara que lo remitió, ordenar su promulgación para los efectos legales correspondientes, agregando el propio inciso B) que los plazos a que se refiere este inciso no se interrumpen si el Congreso cierra o suspende sus sesiones.

Compañeras y compañeros legisladores, el contenido del inciso B) que se reforma según la propuesta que se contiene en el dictamen, en ningún momento atenta contra la facultad del Ejecutivo si ha de formular observaciones o bien de promulgar las leyes.

Podemos señalar que se establecen dos reglas: la general, que mantiene el sistema de formular observaciones por el Ejecutivo, mismas que son superadas por la votación que se prescribe en el propio artículo 72 y que el Ejecutivo promulga y la regla de excepción, que es cuando el Ejecutivo no formula observaciones y transcurre el plazo de los 30 días naturales, caso en el que el Presidente de la Cámara que actuó como Revisora, puede ordenar la publicación de manera directa en el Diario Oficial de la Federación.

Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que la reforma que discutimos es importante para establecer una más respetuosa relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor en lo general y en lo particular del dictamen que se somete a nuestra consideración.

EL C. PRESIDENTE.- Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el diputado Arturo Escobar y Vega.

El día de hoy se somete al Pleno de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las formas jurídicas en el procedimiento de reforma a nuestro marco legal. Por ello vengo a presentar el posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México, al dictamen en comento.

Consideramos que este proyecto legislativo intenta darle solución al problema del llamado "veto de bolsillo" o "veto de cajón", de una manera eficaz y responsable, sin comprometer la conducción del país y el futuro de la ciudadanía.

Por ello, a pesar de los avances en la legislación federal y en la propia Constitución Política, encaminados a proporcionar un estado de derecho funcional y acorde a las evoluciones políticas que ha tenido nuestro país, no es posible que exista una laguna jurídica en nuestra Carta Magna, que pudiera permitir la acción de omisión por parte del Ejecutivo Federal para publicar un decreto de este Congreso de la Unión.

A este momento que inhibe la iniciación de la vigencia de la ley llamado "veto suspensivo" , no es más que una omisión del Constituyente que fractura el equilibrio de poderes y la certidumbre jurídica.

Es imprescindible realizar las modificaciones pertinentes a efecto de proporcionar al proceso legislativo y evitar con ello que la voluntad de esta Asamblea sea negociable o coaccionada.

Este proyecto de ley tiene efectos muy positivos que podrán reflejarse en el proceso legislativo basado en la opinión real y justipreciada del Poder Ejecutivo a las reformas emanadas por estas Cámaras.

De conformidad con lo ante expuesto los integrantes del grupo parlamentario del partido Verde Ecologista de México, nos manifestamos a favor de las reformas legales propuestas, aunado a un reconocimiento a la Comisión Especial de Reforma del Estado, la cual sin duda fue elemento fundamental para la conclusión satisfactoria de esta reforma.

-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra para fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Ricardo Moreno Bastida, hasta por 10 minutos.

Evidentemente el Partido de la Revolución Democrática y su grupo parlamentario, no podría votar en contra de la reforma al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como la propone la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin embargo, es menester señalar que ésta es parte de una reforma trunca; que esto es parte de lo que los acuerdos parlamentarios pudieron hacer. Y esto valga el tiempo en el que estamos inmersos, en los tiempos ya practicamente de dar por finiquitados los trabajos de esta Legislatura, somos corresponsables de no poder llegar más allá.

Desde que se conformó la Comisión para Reforma del Estado en esta Cámara de Diputados, desde que el Presidente Vidente Fox convocara en un lejano ya 5 de Febrero, a la reforma integral de la Constitución; más allá de infinitas proposiciones para reformar la Constitución en cuanto al funcionamiento de las instituciones del Estado, lo cierto es que nuestro trabajo es raquítico.

Hoy votaremos aquí una reforma que es noble, que permite el funcionamiento adecuado del proceso parlamentario, que lleva en el fondo a la solución de un problema real que se ha presentado ya en este nuevo esquema en el México contemporáneo de pasar a una colaboración entre poderes cada vez más transparente, con menos artimañas.

La reforma pretende eliminar el llamado veto de bolsillo, que en realidad lo que contenía era el silencio del Poder Ejecutivo en cuanto a la voluntad soberana del Poder Legislativo y que se tradujera en leyes. Era un obstáculo ya procesal inclusive.

De tal suerte que eliminarlo y regular así la facultad que debe seguir teniendo el Presidente de la República para vetar las leyes y decretos que emita el Poder Legislativo es sumamente loable porque fortalece a esta institución.

Ya no podremos ver, de ahora en adelante, si es que esta reforma llega a buen puerto, a un Ejecutivo que simplemente guarde silencio para eliminar, de un simple sobre y bolsaso, la voluntad soberana del Poder Legislativo.

Ahora es menester también señalar que en la cuestión del veto pudimos haber ido muchísimo más lejos. Creo que debimos, como lo propuso el PRD en alguna de sus iniciativas, disminuir las dos terceras partes para poder brincar este obstáculo procesal que implica el veto presidencial. No lo pudimos hacer y seguramente esta Legislatura ya no lo hará.

Esperamos que éste sea apenas un viso de una reforma mayor, que nos lleve a redefinir la esfera competencial de las instituciones del Estado, que nos ayude a rediseñar la ingeniería constitucional del país y que, a final de cuentas, tengamos instituciones más sólidas, muchísimo más ágiles, instituciones que permitan tener un marco jurídico más coherente, que permita eliminar también lo que hemos llamado como contradicciones, incluso constitucionales, que tienen que finalmente dirimirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tenemos o teníamos, como vocación en este Poder Legislativo, en esta Legislatura, que ir más a fondo y no lo hicimos.

Votaremos a favor porque sin duda es una avance, porque sin duda eliminar el veto de bolsillo se traducirá en un avance democrático en el país.

Debemos decir que en el PRD no estamos satisfechos. La etapa del cambio en la nación no se está reflejando en el cambio en el tinglado constitucional de México. Simple y sencillamente permanecemos en el estado quo. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado José Alfredo Botello Montes.

- EL C. DIP. JOSE ALFREDO BOTELLO MONTES: Con el permiso del señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:

La reforma del Estado avanza, aun cuando a pasos lentos y prueba de ello es el dictamen que nos ocupa.

Los retos y necesidades propias de la democracia, así como las expectativas que la sociedad mexicana ha fincado en sus representantes, obliga a que los Poderes del Estado trabajen en su respectivo ámbito de competencia y con apego a las facultades que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga.

La nación mexicana necesita hoy más que nunca de la presencia responsable y dinámica de los depositarios del Supremo Poder de la Federación, los cuales no pueden menos que interactuar en armonía institucional fundados en reglas claras y objetivas.

Sabedor de un sólido equilibrio entre Poderes, el Constituyente Permanente estableció en el texto constitucional, una serie de mecanismos y sistemas de pesos y contrapesos aplicables a cada uno de los Poderes Federales, tal es el caso de la figura jurídica conocida como: "Veto Presidencial", la cual no es otra cosa que la facultad del ejecutivo Federal de realizar comentarios a los proyectos de ley o decreto que le envíe el Congreso de la Unión.

Esta facultad del Presidente de la República es, a juicio de reconocidos juristas y doctrinarios, una herramienta hoy, más vigente en un país que comienza a transitar por los caminos de la democracia y en el que tanto el congreso de la Unión como el Presidente, se encuentran en un escenario de diálogo, consenso, acuerdo y negociación política.

El llamado "Veto Presidencial", sirve además como un invaluable recurso para que el Ejecutivo esté en condiciones de hacer llegar al Congreso de la Unión la información, supuestos, objeciones, cuestionamientos y opiniones adicionales que pudieron no haber sido tomados en cuenta al discutirse y aprobarse el respectivo proyecto de ley o decreto durante el proceso legislativo.

Dar claridad y certidumbre al proceso de creación de leyes, es hoy, como antaño, una de las principales preocupaciones de los diputados de Acción Nacional.

Es por eso que el día 20 de marzo del año 2002, el grupo parlamentario del PAN presentamos una propuesta de reforma al artículo 62 constitucional, a fin de clarificar los tiempos, modos y circunstancias en los que el Presidente de la República puede hacer uso de su facultad constitucional, ya que como está redactado actualmente el citado artículo 72, no define qué sucede en el caso en el que el Ejecutivo Federal no decrete la promulgación y publicación de algún proyecto de ley o decreto, pero tampoco lo devuelva al Congreso de la Unión con sus respectivos comentarios.

Esta laguna constitucional ha sido bautizada por la doctrina como: "Veto de Bolsillo" o "Veto Suspensivo".

La imprecisión, la vaguedad y la ambigüedad son características indeseables en el marco de un Estado de derecho responsable, transparente y democrático.

Es por eso que el grupo parlamentario del PAN emitiremos nuestro voto favorable al dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, por medio del cual se le da trámite a su proyecto de reforma constitucional, a fin de aclarar, precisar y acotar la facultad constitucional del Presidente de la República para intervenir en el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de nuestra Carta Magna.

De aprobarse este dictamen, el Ejecutivo contará con un plazo razonable de 30 días para realizar a los proyectos de ley o decretos que le envíe el Congreso de la Unión, para su conocimiento, cualquier comentario que juzgue oportuno.

Sin embargo, en el caso de que el Presidente omitiera realizar estos comentarios o en su caso decretar la promulgación y publicación respectiva, el Presidente de la Cámara que le envió el citado proyecto deberá ordenar, después de transcurridos diez días naturales más, su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De esta manera se acaba con la incertidumbre e indefinición producto de la actual redacción.

Otro punto a favor del dictamen en comento es que a través de éste la Comisión de Puntos Constitucionales actualiza el primer párrafo del citado artículo 72 constitucional, ya que elimina la referencia al reglamento de debates, el cual no existe en nuestro actual parlamento y la sustituye por el correcto reenvío a la vigente Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento respectivos. De esta manera se avanza en la tarea de poner al día el texto de nuestra Ley Fundamental.

Así, pues, el PAN se pronuncia a favor del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por contener éste los mecanismos institucionales necesarios para apuntalar la eficiencia en las relaciones entre los Poderes del Estado. Reconocemos la necesidad de que exista la facultad del Ejecutivo Federal para realizar comentarios a los proyectos de ley que le envía el Congreso de la Unión.

Sin embargo, también reconocemos la necesidad, y es en este tenor que votamos, de la existencia de certidumbre en los tiempos y en las formas.

Aprovecho la ocasión para exhortar a quienes trabajamos en la Reforma del Estado para avanzar más rápido y podamos entregar buenas cuentas a los ciudadanos.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (PAN): Para fijar la posición de su grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos el diputado Juan Manuel Carreras López.

EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

Al venir a esta tribuna a presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI a favor de la reforma constitucional que busca eliminar el coloquialmente llamado veto de bolsillo, considero es necesario, para contextualizarlo adecuadamente, hacer un breve recuento de la actuación de esta Cámara de Diputados, su relación con el Poder Ejecutivo y el impacto de su labor en el marco normativo de este país.

En este sentido, a 16 días de que concluya el sexto y último periodo ordinario de sesiones y cuatro meses y medio de que termine la vigencia de esta LVIII Legislatura, es conveniente volver a subrayar la responsabilidad legislativa, la vocación social que ha distinguido el comportamiento de las señoras y señores legisladores. Razones que destaco porque para ello nuestro grupo parlamentario del PRI, con claridad ideológica, compromiso con el país, por encima de manipuleos o revanchismos electorales éste ha conducido su actuación legislativa.

Debemos afirmarlo, la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura ha sido fundamental para darle gobernabilidad al país en esta etapa y para dar soporte jurídico al ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo, a través de las leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos.

Por eso calificamos de inexacta y políticamente interesada o cuando menos nos sorprende pues su intencionalidad ataca no a un grupo de legisladores sino a las instituciones democráticas en su conjunto, la campaña, los rumores, el ambiente construido, afirmando que el Poder Legislativo ha sido obstruccionista, que la Cámara ha puesto un freno al cambio y por eso hoy, sí, hoy, en el marco de esta reforma constitucional considero indispensable que la opinión pública nacional conozca en dónde ha esta la actitud obstruccionista y la falta de aptitud política para dar cauce y ensanchar nuestro horizonte democrático institucional.

Efectivamente, en esta legislatura hemos visto la aplicación de una facultad constitucional presidencial, como ya se mencionó en esta tribuna, el derecho de veto hasta por tres veces, lo que observamos con un cierto desconcierto por al menos dos razones.

En primer lugar, porque la facultad de veto es una facultad que en términos históricos el Ejecutivo había utilizado sólo en ocasiones excepcionales que se correspondían con cuestiones de gran sensibilidad para la sociedad y el gobierno, mismas que no pueden ser esgrimidas sino como argumento en contrario en los casos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la nueva Ley del Sistema de Administración Tributaria y las reformas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; tres leyes por cierto aprobadas por unanimidad de las fuerzas políticas existentes en este Congreso.

En segundo lugar y tan grave como esto, es decir, que haya vetos cuando todos los grupos parlamentarios aprueban una legislación, incluyendo al partido al que pertenece el Presidente, lo que cuando menos refleja descoordinación y falta de una elemental eficacia del Ejecutivo para cabildear sus posiciones, tan grave como esto, repito, ha sido el ejercicio caprichoso de la obligación de promulgar leyes que han sido aprobadas por el Congreso. Baste citar dos ejemplos, la reforma a la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, relativa a los autos conocidos como chocolate, que habiendo sido aprobada el 24 de abril del 2002, fue promulgada hasta el 30 de diciembre del mismo año y sólo después de una enorme insistencia. Y las reformas y adiciones al artículo 3º constitucional en materia de educación preescolar, que fue promulgada seis meses después de la declaratoria de aprobación del decreto en la Comisión Permanente el 15 de mayo del mismo 2002.

Es precisamente, precisamente a esta manipulación de una facultad y de una obligación constitucional, de omitir la responsabilidad de darle fluidez al proceso legislativo, que se le denomina veto de bolsillo, como un subterfugio del Ejecutivo de vetar en la práctica, sin sustento legal y fuera del proceso legislativo, el cumplimiento de la voluntad del legislador.

Por ello, con la iniciativa de la Comisión Especial de Reforma del Estado, a la que expresamos un reconocimiento y la participación de la Comisión de Puntos Constitucionales, es que el Grupo Parlamentario del PRI apoya entusiastamente esta reforma para eliminar la posibilidad de dicho veto de bolsillo, en la certeza de que se corresponde al fortalecimiento de este Poder Legislativo y a favorecer en beneficio de la sociedad, que el uso de las atribuciones constitucionales esté debidamente reglamentado y acotado para evitar abusos u omisiones interesadas.

Y es por eso que al aprobar esta reforma, con las pruebas en la mano afirmamos que no ha sido, repito, no ha sido esta Cámara de Diputados la que ha obstaculizado el trabajo del Ejecutivo ni mucho menos las transformaciones del país, sino que más bien se podría argumentar lo contrario, como lo reflejan los antecedentes citados y las siguientes cifras.

Del total de 40 iniciativas del Poder Ejecutivo Federal presentadas en la Cámara de Diputados, hay aprobadas 35, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 32 y sólo dictaminadas en sentido negativo en comisiones 1 y 4 pendientes de dictaminación.

Es cierto, sí, que en varias de estas reformas y leyes hemos planteado puntos de vista diversos a los que se contenían en las iniciativa del Ejecutivo, pero lo hemos hecho con el sustento de nuestra representación social, con ánimo constructivo, en uso de nuestras facultades legislativas y atendiendo al interés y la opinión de nuestros electores.

El rechazo a iniciativas de leyes antipopulares o lesivas al interés general no puede ser, no debe ser considerado como obstruccionismo, sino por el contrario como responsabilidad, compromiso social y respeto al mandato mayoritario. ¡Esta es la democracia en la que creemos, ésta es la democracia que queremos alentar y perfeccionar, la que reconoce la pluralidad política como la expresión de la voluntad popular y no un obstáculo insalvable, la que se esfuerza en buscar acuerdos y consensos en la legalidad y el respeto, la que se fundamenta en el compromiso social y en el cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales por los Poderes constituidos

Sólo así, compañeras Legisladoras y Legisladores, tendrá el país certeza y rumbo para construir nuestra deseada nueva institucionalidad.

Y es por eso, compañeras y compañeros, que los exhortamos a que se vote favorablemente este Dictamen de Reforma del párrafo 1º. y el Inciso B) del Artículo 72 Constitucional, con la certeza de que se añade con esta reforma un elemento importante de precisión y claridad en el proceso legislativo y en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo Mexicano.

EL C. PRESIDENTE. Está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Unico del Proyecto de Decreto.

En virtud de que ninguna ciudadana o ciudadano Diputado ha solicitado el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si el Artículo Unico del Proyecto de Decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el Artículo Unico del Proyecto de Decreto, en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.

-LA MISMA C. SECRETARIA. Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.

-LA MISMA C. SECRETARIA.- Se emitieron 389 votos en pro, 2 en contra y 1 abstención.

Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de Decreto que Reforma el párrafo 1º.y el Inciso B) del Artículo 72º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

En virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria.

Tiene la palabra el Diputado Jorge Alejandro Chávez Presa para fundamentar el Dictamen de conformidad con el Artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por la Comisión, hasta por diez minutos.

-EL C. DIPUTADO JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PRESA.- Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores. En diciembre pasado esta Legislatura tuvo el acierto de proponer y aprobar la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

Que entre los objetivos centrales de esta Ley destaca el brindar mayor certidumbre jurídica a las condiciones de las ofertas de crédito con el fin de generar una mayor competencia entre los distintos participantes que otorgan financiamiento.

De esta manera se busca promover una reducción en las tasas de interés y mejorar las condiciones de contratación del financiamiento. Esta nueva Ley protege al usuario del crédito al obligar a las entidades , es decir a las personas morales que directamente o a través de cualquier figura jurídica se dediquen habitualmente al otorgamiento de crédito garantizado a proporcionarle información más clara y precisa respecto de los términos y condiciones de las ofertas de crédito.

Con esta ley, quien contrate un término garantizado conocerá las condiciones, los términos y los costos anuales totales en la contratación de un crédito.

Por otro lado, la ley estableció la obligatoriedad de una oferta vinculante, esto se refiere a la situación en la que cuando la institución otorga y acepta las condiciones para otorgar un crédito, ésta se tiene que mantener por un período de veinte días, lo cual le permite al solicitante buscar los mejores términos y mejores condiciones. Esto es lo que genera una mayor competencia en el ofrecimiento de los créditos.

Otro elemento central de la ley es el de subrogación. Quien contrate un crédito en los términos de esta ley en tasa variable, podrá permitírsele que a través del tiempo de amortización de su deuda pueda cambiarse de una institución a otra; esto también genera competencia y una disminución en la tasa de interés, principalmente en los márgenes de intermediación, esto es entre la tasa que se cobra y la tasa que pagan las instituciones a los depositantes.

La ley contempla la obligatoriedad de las instituciones financieras de proporcionar información clara, expedita, sencilla y sin que de lugar a discrecionalidad en los términos y condiciones que habrán de incluirse en los contratos de crédito y de esta misma forma el marco jurídico protege y da certidumbre a quienes demanden un crédito.

La transparencia en los costos disminuye la asimetría en la información y por lo tanto debe verse reflejada también en menores comisiones para el usuario de crédito.

En la labor permanente del Congreso de la Unión, de revisar y mejorar el marco jurídico y a cuatro meses de la aplicación de eta ley, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera oportuno poner a consideración de este Pleno diversas propuestas de reforma que tienen como objeto precisar algunas disposiciones y mecanismos fundamentales que permitirán mejorar su aplicación y con ello el logro de sus objetivos principales.

En primer lugar, se propone integrar en el cálculo del costo anual total los seguros que estas entidades exigen contratar y que aumentan sensiblemente los gastos a cargo de los clientes. Este costo anual total anualiza, para efectos informativos, el total de los costos directos inherentes al crédito garantizado que otorgan las entidades.

Al integrarse estos gastos en el cálculo del costo anual total, se permitirá que el público pueda estar en condiciones de comparar de forma más clara y efectiva los diferentes servicios que ofrecen en materia de crédito las distintas entidades.

Del mismo modo, se propone excluir de esta ley a los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan sumas de dinero para ser administradas por un tercero, que son mejor conocidos como los autofinanciamientos ya que la mejora en la regulación de dichos sistemas se atiende en la Ley Federal de Protección al Consumidor, ordenamiento encargado de garantizar la seguridad jurídica de los usuarios de esta opción de financiamiento y que recientemente nosotros modificamos.

Con ello, se podrá establecer disposiciones que obliguen a los proveedores a divulgar la información relevante que permita a los clientes de autofinanciamiento una adecuada toma de decisiones.

La Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, abarca diversas sociedades mercantiles que sin ser entidades financieras pueden otorgar financiamientos.

Por tal causa, se propone incluir la intervención de la Secretaría de Economía con el fin de que de conformidad con sus atribuciones pueda definir los componentes, metodología de cálculo y periodicidad del costo anual total.

Se precisan también cuestiones relativas a la subrogación del deudor con la finalidad de hacerla más operativa y coherente con la legislación civil y financiera. En tal virtud, se propone aclarar que son aplicables al supuesto de subrogación de deudor, con el fin de requerir la emisión de ofertas vinculantes en el estos casos, permitiendo en los bancos cumplir con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, relativo al proceso de evaluación de créditos.

También, se plantea aclarar que la subrogación de deudor es una opción que puede ejercer el comprador y no una obligación. Se propone también, especificar que la ley no aplique a créditos que hayan sido contratados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Con ello se ratifica el principio de irretroactividad de la ley, lo cual dará mayor claridad en cuanto al alcance de su aplicación.

Se estima necesario por último, sustituir la mención a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por la de la Sociedad Hipotecaria Federal, respecto a las disposiciones y reglas que ésta debe emitir. Esto se considera adecuado en virtud de que es la obligada a emitir las reglas para la valuación de los bienes inmuebles.

Las propuestas de reforma resultan ser oportunas y necesarias para una más adecuada y eficaz aplicación de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictaminadora de estas reformas, pone a consideración de esta Honorable Asamblea el decreto por el que se reforman los artículos 3, 6, 10, 13, 14 y 1° y 2° Transitorios de la Ley en comento para el cual, pido su voto a favor. Es cuanto señor, Presidente.

No habiendo quien solicite el uso de la palabra consulte la Secretaría, a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-EL SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si algún ciudadano diputado o ciudadana diputada, desea reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se reservó ningún artículo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

EL SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior: AbrasE el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

-EL PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 381 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Dictámenes a discusión con puntos resolutivos. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se de lectura a los puntos resolutivos.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se de lectura a los puntos resolutivos.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, por el que no se aprueba la iniciativa de decreto que reforma diversos artículos a la ley de Planeación.

Único.- No es de aprobarse la iniciativa de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Planeación, por las consideraciones expuestas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F. a los 5 días del mes de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE: En consecuencia, está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores. En virtud de que ningún ciudadano diputado ha solicitado el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

LA MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

LA MISMA SECRETARIA: En consecuencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL PRESIDENTE: Aprobado el dictamen. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: El siguiente es un punto resolutivo del dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública por el que no es de aprobarse la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

EL PRESIDENTE: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al resolutivo del dictamen.

EL MISMO SECRETARIO: Unico. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada el 4 de julio de 2001 ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F. a los 5 días del mes de diciembre del año 2002.

Archívese el expediente y firma la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y algunos miembros, la mayoría de ellos de la comisión.

No habiendo quien solicite el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta si se aprueba el dictamen.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL PRESIDENTE: Aprobado el dictamen. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

EL MISMO SECRETARIO: El siguiente son los puntos resolutivos del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 196 y 196 Bis del Código Penal Federal.

Resolutivos: Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 196 y 196 Bis del Código Penal Federal, presentada por el Congreso del estado libre y soberano de Jalisco, que restringe y sanciona la venta de solventes e inhalantes con fines no industriales.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y archívese el expediente como asunto concluido.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, México D.F. a 4 de diciembre del año 2002.

Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, su Mesa Directiva y miembros de la misma comisión.

No habiendo quien solicite el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.

EL PRESIDENTE: Aprobado el dictamen, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Uno más, punto resolutivo del dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, por el que no es de aprobarse la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

UNICO.- No es de aprobarse la iniciativa presentada el 2 de abril del 2002, motivo del presente dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a los 13 días del mes de marzo de 2003.

Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, su Mesa Directiva e integrantes de la propia Comisión.

No habiendo quien solicite el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.

EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: En votación económica se pregunta si se encuentra suficientemente el dictamen.

EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.

EL PRESIDENTE: Aprobado el dictamen, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Otro punto resolutivo del dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, por el que no es de aprobarse la iniciativa que adiciona un último párrafo al artículo primero de la Ley de Expropiación..

UNICO.- No es de aprobarse la iniciativa presentada el 7 de agosto del 2002, motivo del presente dictamen.

Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, su Mesa Directiva, rúbricas e integrantes de la propia Comisión, rúbricas.

No habiendo quien solicite el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.

EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: En votación económica se pregunta si se encuentra suficientemente el dictamen.

EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen.

EL PRESIDENTE: Aprobado el dictamen, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Esta Presidencia comunica a la asamblea la lamentable noticia de que el día de hoy falleció la señora María de la Luz Ortega de Enríquez, madre de nuestra compañera diputada Hortensia Enríquez, por lo que solicito a ustedes guardar un minuto de silencio.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión que dispone el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

EL PRESIDENTE (A las 14:24 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 22 de abril a las diez horas.