240403

SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
24 DE ABRLIL DE 2003

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.

ORDEN DEL DIA

Jueves 24 de abril de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Baja California Sur.

De diputado.

Del Presidente del honorable Consejo Universitario.

Del grupo parlamentario del Partido de !a Revolución Democrática.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Protesta de diputado.

Iniciativas de diputados

De Ley Federal para la Protección y Fomento de la Actividad Periodística, a cargo del diputado Jaime Alcántara Silva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada María Teresa Tapia Bahena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de derechos del matrimonio, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Pesca, a cargo de la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

De Decreto por el que se deroga el Estatuto de las Islas Marías, promulgado el 30 de diciembre de 1939 y se declare Parque Nacional al Arco Insular formado por la Isla Isabel y los Archipiélagos Islas Marías e Islas Marietas, mediante la creación ex profeso del municipio númeor 21 del estado de Nayarit, denominado Islas Marías con cabecera en Balleto, a cargo del diputado José Manuel Quintanilla Rentería, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política exterior, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con Proyecto de Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Urgente resolución.)

De Decreto mediante el cual se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la información Pública de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Que reforma el artículo 39 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Gregorio Urias Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, para crear la figura del Ombudsman Fiscal y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo del diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de equidad de género, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y !os artículos 51 y 52 de la Ley del Banco de México, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma diversos ordenamientos jurídicos relacionados con la Cuenta Pública, a cargo del diputado Gilberto del Real Ruedas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma los artículos 3o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Bonifacio Castillo Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia laboral, a cargo de la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social. (Turno a comisión.).

Que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporarla figura del presupuesto participativo en la gestión de tos recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Jorge Cuevas Martínez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del Reino de España. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Barrios Sánchez, David Ángel Carrasco Rojas, Efrén Díaz Zaragoza, Alejandro Antonio Galicia Aguirre, Josefa González Gerónimo, Luis Felipe Gutiérrez Contreras, Isabel Jáuregui Cortazar, Noemí Luna González y María Verónica Woiff Paz, para prestar servicios en la Embajada de la República Federal de Alemania, en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Clauthia Cytlalli Tavera Hinojosa Serrano y Luis Patricio Sandoval Muñoz, para prestar. servicios en la Embajada de Italia y en el Consulado General de Chile, en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa Elía Villa Guerrero, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en la Ciudad de San Luis Potosí, con circunscripción consular en esa capital y sus alrededores inmediatos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17-bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se reforma el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y se reforma el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 51 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas; se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se abroga la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Alfonso García Robles:

De la Comisión de Ciencia y Tecnología con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier LT.M. DEM. Francisco Guizar Vega, para aceptar y usarla condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar "Soldado de la Patria", que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bienes Nacionales.

De la Comisión de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; se abroga la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista; se reforma la fracción VII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reforma el primer párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Dictamen negativo

De la Comisión de Juventud y Deporte con Punto Resolutivo por el que no se aprueba la iniciativa de Ley que crea el Parlamento Nacional de la Juventud.

Excitativas

A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Marco Antonio Dávila Montesinos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Salud, a cargo del diputado Francisco Pestiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Mesa Directiva, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano.

A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado Enrique Martínez Orta Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Salvador Gosío Gerona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional.

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Transportes, a cargo del diputado Jaime Martínez. Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Salvador Cosío Gerona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Junta de Coordinación Política y ala Mesa Directiva, a cargo del diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado Salvador Cosío Gerona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Turismo, a cargo del diputado Salvador Cosío Gerona, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Turismo, a cargo del diputado Salvador Cosío Gerona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Mesa Directiva, a cargo del diputado David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Cutberto Cantorán Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Arturo Urquidi Astorga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Manuel Pozos Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Radio, Televisión y Cinematografía, a cargo de la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Sobre el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, a cargo de los grupos parlamentarios y Partidos Políticos representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el CCCVIII aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de los Ggrupos parlamentarios y Partidos Políticos representados en la Cámara de Diputados.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para exhortar a todas al estaciones de radio y televisión a celebrar el Día Internacional de la Radio y la Televisión en favor de los niños, promovido por UNICEF, a cargo del diputado Gumersindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para ratificar las reformas a la Ley del SAT que vetó el Ejecutivo Federal, a cargo de la diputadoa Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita que la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a la Semarnat, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el voto de México en Ginebra, Suiza, con relación a los Derechos Humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para reasignar y entregar viviendas abandonadas, mediante un Censo Nacional de Viviendas, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar que se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de 2004 al tramo carretero Choix-San Rafael, que uniría los estados de Chihuahua y Sinaloa, a cargo del diputado Rubén Félix Hays, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la actuación de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Yucatán, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al servicio de energía eléctrica en el estado de Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice las acciones pertinentes a fin de reforzar la comercialización del frijol mexicano, a cargo del diputado José Carlos Luna Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al esclarecimiento del asesinato del licenciado Manuel Ortega González, ocurrido en Zacatecas, a cargo de la diputado Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al conflicto de Bernalejo, Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al proselitismo político del Ejecutivo Federal, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre el trámite realizado por diversas líneas aéreas en las que han solicitado autorización oficial para operar rutas nacionales e internacionales, desde, y hacia Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Salvador Cosío Gerona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se haga un plan maestro de reingeniería de procesos dentro del Congreso de la Unión, a fin de que se eficientice y profesionalice la labor legislativa, a cargo del diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el papel del Consejo de Seguridad de la ONU, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales para que legislen sobre la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Elba Arrieta Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se declare a la Mariposa Monarca, patrimonio de la humanidad, a cargo de la diputada María Cruz Martínez Colín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se homologue la legislación local con respecto a la federal para garantizar el ejercicio del derecho a decidir sobre un aborto en caso de violación y la creación de un mecanismo que prevea el auxilio subsidiario del Estado en estos casos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la deficiencia y falta de apoyo con las que opera actualmente la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que en los programas de estudio de medicina se incorpore la materia de Geriatría, a cargo del diputado Gumersindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de. Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional del Agua, se incrementen las acciones que permitan la sustentabilidad y frenen la detención del abatimiento de los mantos acuíferos en la región lagunera, a cargo del diputado Silvestre Enrique Faya Viesca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para constituir una Comisión Especial Plural de Diputadas y Diputados para la revisión y transparencia en el manejo del presupuesto de la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal de 2003, suscrito por integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo sobre el conflicto de Corea del Norte con los Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y municipales de las entidades federativas a que destinen partidas presupuestales especificas para la creación de albergues para víctimas de violencia intrafamiliar, a cargo de la diputada Griselda Ramírez Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, revisen el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Economía, a cargo del diputado Rubén Aguirre Ponce, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de la diputada Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la auditoría sobre los activos de la Fundación "Vamos México, A.C." a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al licenciado Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República, la atracción de la investigación y resolución de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Silvia América López Escoffie, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la implementación de una estructura tarifarla eléctrica preferencial en el Estado de Veracruz, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las legislaturas estatales, a crear una comisión encargada de atender los asuntos de la familia, a cargo del diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a cargo de la diputada Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre los medios públicos de información, a cargo de la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para formular una petición a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que estudie las posibilidades de realizar a través de medidas administrativas y NOM's, a efecto de impedir el transporte de estupefacientes y sustancias psicotrópicas como una medida preventiva, a cargo del diputado Germán Pellegrini Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la problemática agraria en México, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para renegociar el capítulo agropecuario del TLC, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo Federal que la Procuraduría General de la República investigue el caso de las. mujeres muertas en Sonora, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a incrementar el presupuesto destinado a las instituciones que se dedican a la protección de la infancia, a cargo de la diputada Elba Arrieta Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para invitar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo a dar prioridad dentro de sus políticas a los programas que otorgan microcréditos encaminados a combatir la pobreza, a cargo del diputado Luis Fernando Sánchez Nava, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que el Poder Ejecutivo Federal designe a un nuevo titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a cargo de la diputada Julieta Prieto Furhken, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión donen 10 libros a las bibliotecas públicas del país, a cargo del diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con. punto de acuerdo para destinar mayores recursos al campo para mejorar la situación de los productos agropecuarios, a cargo del diputado Jaime Alcántara Silva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Economía y ala Procuraduría Federal del Consumidor, que se implementen las acciones necesarias que coadyuven al cumplimiento del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que presentan los particulares, a cargo de la diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se cite a comparecer al titular de la Consar, ante la Comisión de Seguridad Social, a cargo del diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para crear una Comisión Plural para impulsar la equidad en el Proceso Electoral Federal de 2003, a cargo del diputado Miguel Vega Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de los ámbitos de Gobierno Federal, estatal y municipal y a las organizaciones de .la sociedad civil para que fortalezcan las acciones para permitir a los niños huérfanos, abandonados y víctimas de violencia intrafamiliar integrarse lo más rápido posible a un hogar seguro a través de la adopción plena, a cargo del diputado Miguel Angel Mantilla Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida destinada al subsidio asistencial de los adultos mayores de 70 años a cargo de la diputada Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados integre una Comisión Especial para que vigile el proceso electoral de 2003, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para denunciar la conformación de un monopolio de gas natural, de la empresa Sempra, en Baja California, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para establecer tarifa eléctrica especial para los servicios educativos de las zonas con clima extremoso, a cargo de la diputada Olga Haydee Flores Velásquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al estado de Aguascalientes, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para facultar al Ejecutivo Federal para tomar medidas en relación a la aplicación del TLC, así como exhortar al Ejecutivo Federal para que inicie los trámites correspondientes a efecto de modificar el TLC, en su Capítulo VII sector agropecuario, a cargo del diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar en el marco del nuevo Federalismo, que de los recursos adicionales que por venta de petróleo recibe el Gobierno Federal, se asigne un porcentaje al sector salud en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jaime Mendoza Ferra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para realizar la transferencia de los recursos derivados del excedente petrolero al desarrollo del campo mexicano, a cargo del diputado Julián Luzanilla Contreras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Agenda Política.

Comentarios sobre las mesas de trabajo para el campo, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre el estado del procedimiento de declaración de Procedencia que se sigue en contra de los legisladores Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana Prieto y Jesús Olvera Méndez, y los trabajos de la Sección Instructora al respecto, a cargo del diputada Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre el Poder Judicial de la Federación a cargo de los diputados Luis Miguel Barbosa Huerta y Sergio Vaca Betancourt, de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente.

Efeméride.

Comentarios sobre el Día Mundial de la Salud, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

EL C. PRESIDENTE, DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 271 ciudadanos diputados, por lo tanto, hay quórum.

- EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

PRIMERO.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Tercera Circunscripción Plurinominal, a partir del 27 de abril del 2003.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

- LA MISMA C. SECRETARIA: Comunicación de la Coordinación General del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

( Del diputado Jaime Alcántara substituyendo al diputado Abel Trejo González en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública )

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

LA SECRETARIA MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ: En votación económica se pregunta si se aprueba.

( De la Junta de Coordinación Política, el diputado Celestino Bailón Guerrero,

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta si se aprueba.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Martha Limón Aguirre, diputada suplente electa en el XV Distrito Electoral del Distrito Federal. Se designa en comisión para que acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados:

Raúl Cervantes Andrade, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Cecilia Labiada Hernández, Gregorio Urías Germán, María Cristina Moctezuma Lule y Marisa Velazco.

EL PRESIDENTE: Ciudadana Martha Limón Aguirre, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

Me permito comunicar a la asamblea la comunicación recibida por la Universidad Nacional Autónoma de México. Consejo Universitario.

EL PRESIDENTE: La Cámara de Diputados por mi conducto agradece la visita de representantes del Consejo Universitario encabezados por el señor Rector, don Juan Ramón de la Fuente, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por su visita. Bienvenidos.

En cumplimiento por lo dispuesto por el artículo primero del acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, pido a la Secretaría dar cuenta del mismo e instruya su cierre.

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 374 ciudadanos diputados.

EL PRESIDENTE: Nuestro siguiente punto del orden del día, son las iniciativas de ciudadanos diputados.

La iniciativa inscrita por el diputado Jaime Alcántara Silva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentarla, una iniciativa de Ley Federal para la Protección y Fomento a la Actividad Periodística, se pospone para la siguiente sesión.

Para presentar una iniciativa a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, referente a la reforma del artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María

La suscrita diputada María Teresa Tapia Bahena, de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución General y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, pongo a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa de decreto por la que se modifica el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para regular a las sociedades mercantiles que realizan contratos de mutuo, con intereses, con garantía prendaria denominadas "casas de empeño" a través de los contratos y adhesión bajo la siguiente:

Las instituciones de asistencia privada y las sociedades mercantiles denominadas casas de cambio, surgen como un medio para asistir a las personas con bajos recursos o aquellas que requieren préstamos de inmediato, debido a las condiciones propias del sistema financiera.

Este es inaccesible para los estratos más bajos o para ciertas personas que necesitan de forma inmediata liquidez monetaria para cubrir contingencias que se presentan, ya que en ocasiones es difícil contar con un aval, un colateral o ingresos comprobables que garanticen un créditos por parte de las instituciones financieras.

En un principio, estas instituciones fungieron con la finalidad de brindar asistencia a los grupos poblacionales que se encontraban desprotegidos dentro del sistema financiero.

Sin embargo, al pasar de los años se han encontrado anomalías en la operación de las llamadas casas de empeño, sobre todo aquellas que realizan esta actividad constituidas como sociedades mercantiles, pues se han aprovechado de la extrema necesidad de las personas que acuden a ellas, cobrando intereses demasiado altos o exigiendo prendas que exceden en la mayoría de los casos, el valor de la deuda y de los intereses, los cuales lleva a los deudores pignorantes a no poder recuperar los bienes que entregaron en garantía.

La iniciativa que se propone pretende regular en alguna medida, la operación de esas casas de empeño, específicamente a las sociedades mercantiles que realizan contrato de mutuo con intereses, mediante una reforma al artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para que limite la actividad lesiva que daña de manera importante a las personas y sus familias.

Para llegar a tal fin, se propone reformar dicha ley en lo que respecta los contratos y adhesión porque de esta forma se daría certidumbre jurídica a las partes que celebran este tipo de contratos, sobre todo al pignorante.

Un contrato de adhesión es un documento elaborado unilateralmente por el proveedor en formatos uniformes, en el que establece los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio.

Para llevar a cabo lo anterior, se establecería la obligación de que las empresas, cuya actividad principal fuera la de celebrar contratos de mutuo con intereses, con garantía prendaria, con el público en general, tuvieran que registrar los mismos ante la Procuraduría Federal del Consumidor, sujetando dicho registro únicamente en que los casos fueran de adhesión.

La iniciativa propuesta es sumamente benéfica para los usuarios de estas instituciones denominadas casas de empeño, debido a que al encontrarse registrados los contratos de adhesión en el Instituto de Protección al Consumidor, los pignorantes contarán con mayor seguridad jurídica de que las operaciones que están llevando a cabo con dichas dependencias, se encuentren respaldadas por la Profeco, a los cuales les garantiza condiciones más justas y equitativas en la celebración de sus contratos.

Esta propuesta de reforma evitará que las sociedades mercantiles que realizan contratos de mutuo con intereses con garantía prendaria, llamadas casas de empeño, traten de actuar de manera indiscriminada en perjuicio del consumidor de dicho servicio, que hasta el momento se encuentran sin protección real en este aspecto.

Basada en los motivos expuestos presento ante esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto que reforma el Artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 73.- Los contratos relacionados con las actividades a que se refiere el párrafo anterior, deberán registrarse ante la Procuraduría, así como también los contratos de adhesión de mutuo con intereses que se garanticen mediante una o varias prendas.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de aquel en el que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Pido, señor presidente, se inserte íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Tiene la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Civil Federal en Materia de Derechos de Matrimonio hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso, señor presidente, hace sólo unos días nos enteramos de un asunto que se ventila en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de una resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que parecía transportarnos a otras épocas.

La litis es, si es posible o no, configurar el delito de violación dentro de un matrimonio, los derechos sexuales y reproductivos, son colocados con ésta, que significa ser una situación absurda nuevamente como una realidad de marginación y desigualdad para con la mujer.

El problema se presenta en la forma en que se concibe el matrimonio y en este camino la ley ha quedado rezagada, por lo que no es actualmente eficaz para impedir abusos, como el que originó esta nueva y a su vez vieja discusión.

Conceptualizar el matrimonio como una comunidad para la procreación, es un concepto que ha quedado atrás, para dar paso a una definición más acorde con la equidad de género y que evita confusiones, que pueden utilizar quienes actúan en contra de sus propias esposas. El llamado debito conyugal, no es más que la representación arcaica de un sometimiento generalmente de la mujer hacia su esposo.

Los jueces que sostienen todavía que la violación entre cónyuges no se puede configurar, basan su argumentación en la existencia de artículos del Código Civil Federal que todavía se encuentran en dicho ordenamiento, mismos que señalan que cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta y la nulidad de los pactos contra los fines naturales del matrimonio, cita textual.

Para acabar con cualquier duda respecto a los derechos que tienen por igual los cónyuges, proponemos reformar el Código Civil Federal para definir al matrimonio como la unión libre de un hombre y una mujer para realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable, informada y voluntaria y que los pactos contra estas condiciones serán nulos.

En otras palabras, nos parece muy importante retomar el concepto central de l a sexualidad y la reproducción que hoy en día han enarbolado los movimientos de avanzada de liberación de la mujer, entendiendo que el elemento ético central en las relaciones sexuales es el de la voluntad y también por supuesto, este elemento central ético de la voluntad y el consentimiento también cuenta dentro del matrimonio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado presentamos la siguiente iniciativa de reformas al Código Civil Federal, con el objetivo de que también pueda sancionarse la violación entre cónyuges cuando ésta ocurra.

Artículo único. Se reforman los artículos 146, 147 y 183 del Código Civil Federal.

Artículo 146. El matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que esta Ley exige.

Artículo 147. Serán nulos los pactos que hagan los contrayentes en contravención a lo señalado en el artículo anterior.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Pesca, en virtud de haberlo solicitado la diputada Rosa Delia Cota Montaño, pasa al final del capítulo.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel Quintanilla Rentería del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de decreto por el que se deroga el Estatuto de las Islas Marías promulgado el 30 de diciembre de 1939 y se declare Parque Nacional al arco insular formado en la parte de la Isla Isabel y los archipiélagos Islas Marías en las Islas Marietas, mediante la creación ex profeso del municipio número 21 del estado de Nayarit, hasta por cinco minutos.

EL C, DIPUTADO JOSE MANUEL QUINTANILLA RENTERÍA.- Con el permiso de la Presidencia.

Dado el tiempo disponible para presentar esta proposición y la extensión de la misma, daré lectura sólo a su parte sustantiva.

En uso de las facultades que como diputado federal me concede la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando que frente a las costas dele estado de Nayarit se encuentra ubicado un arco insular constituido por Isla Isabel y los archipiélagos Islas Marías e Islas Marietas que por su origen y características forman un conjunto tectónico y ecológico que contiene un gran potencial pesquero, ecoturístico de investigación científica y ambiental que es necesario proteger y preservar a partir de proyectos integrales.

Que las Islas que integran este arco insular cuentan con recursos naturales importantes para preservar el equilibrio ecológico de la zona en beneficio de los asentamientos humanos.

Que las áreas naturales, forestales o de otra naturaleza de esta área, constituyen recursos vitales susceptibles de aprovechamiento para la pesca y la recreación, capaces de coadyuvar al equilibrio ecológico y económico, del que depende la salud y bienestar del hombre.

Que tiene potencial para cumplir con funciones de recreación por su proximidad al Continente, por sus bellezas escénicas y naturales.

Que cuenta con un potencial pesquero hasta ahora restringido por causas ajenas a la conservación ecológica en perjuicio de la población de la costa del Estado; que es conveniente abrir estos recursos a su explotación económica racional y de dentro de un plan integral de desarrollo sustentable proteger sus recursos e incrementar la flora y fauna propia del área.

Que actualmente su administración se encuentra por diversos medios en manos de la Federación y destinada a usos diversos; que a pesar de que su problemática ecológica es semejante, sólo Isla Isabel forma parte del sistema de Parques Nacionales: que por su historia y tradición las islas que componen este arco insular, han pertenecido y pertenecen a la soberanía del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Que el Gobierno Federal ignorando lo establecido por la Constitución respecto a quién corresponde el ejercicio de la soberanía sobre la zona, sin consultar al pueblo de Nayarit, ha decidido unilateralmente su destino y ahora de la misma manera pretende entregarla a una nueva vocación en manos de la iniciativa privada a espaldas del pueblo nayarita y de esta Honorable Congreso de la Unión.

Por todo lo anterior comparezco ante esta soberanía para proponer el siguiente decreto:

"Artículo 1o. Se declara parque nacional al arco insular formado por la Isla Isabel y los archipiélagos Islas Marias e Islas Marietas, identificado en el Considerando primero de este ordenamiento, declarándose de interés público la conservación y aprovechamiento de sus valores naturales para fines recreativos, culturales, de investigación científica y de explotación económica".

"Artículo 2o. La administración de los territorios de dicho parque nacional pasa al Estado de Nayarit, el Congreso del Estado definirá la forma más adecuada para este propósito".

"Artículo 3o. El gobierno y administración del parque nacional se efectuará bajo los lineamientos de un plan de desarrollo integral expedido por el Congreso de Nayarit y coordinado con los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Compostela y Bahía de Banderas.

"El gobierno del Estado, el Gobierno Federal a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, de Turismo, de Marina, de la Reforma Agraria y la Procuraduría General de la República, las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma de Nayarit, así como organizaciones de la propia sociedad civil".

"Artículo 4o. La población penitenciaria que actualmente cumple condena en el penal ubicado en la Isla María Madre, será reubicado en las penitenciarías más cercanas a su lugar de origen, de acuerdo al orden de los delitos por los que estén sentenciados".

"Artículo 5o. La infraestructura de construcciones e instalaciones y de equipos que hoy se encuentran las Islas Marías con que para los fines penitenciarios cuenta la Secretaría de Seguridad Pública y demás dependencias del Gobierno Federal para el cumplimiento de sus funciones, pasarán desde luego a ser propiedad de la instancia en que por decisión del Congreso del Estado de Nayarit, recaiga la administración del área".

"Artículo 6o. Las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Reforma Agraria, efectuarán los trámites necesarios a efecto de destinar a la instancia que el Congreso del Estado determine, los terrenos de propiedad nacional que integran el arco insular y que componen el parque nacional".

"Artículo 7o. Se deroga en todo lo que se oponga al presente ordenamiento las disposiciones contenidas en el Estatuto de las Islas Marías, promulgado en 1939, el decreto por el cual se declara parque nacional para la recreación a la Isla Isabel y el decreto que declara a las Islas Marietas reserva ecológica cultural".

Solicito muy respetuosamente a la presidencia, la publicación íntegra de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Por lo que se refiere a la iniciativa inscrita por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley al Impuesto Sobre la Renta, se pospone para la siguiente sesión.

Por lo que se refiere a la iniciativa recientemente presentada, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Tiene el uso de la palabra, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La de la voz, diputada de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento la iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del Seguro Social al tenor de lo siguiente:

La seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Lo hace a través de la prestación de servicios médicos, guarderías para los hijos de las madres aseguradas, la prevención y atención de los riesgos de trabajo, el otorgamiento de prestaciones sociales, de subsidios y de pensiones.

Nuestro grupo parlamentario ha sostenido en diversas iniciativas, que es necesario rescatar y fortalecer los principios que le dieron vida a las instituciones públicas de seguridad social mexicana.

Tendencia a la universalidad, obligatoriedad, integralidad y solidaridad. Estos son los rasgos distintivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde su creación.

No obstante el carácter privado de su régimen de pensiones impuesto desde 1995.

Con independencia de esto, a pesar del enorme avance que ha tenido la institución en cuanto a su cobertura, en la Ley del Seguro Social se conservan disposiciones excluyentes o discriminatorias que la han llevado a negar servicios a ciertos sectores de la población protegida, desconociendo la realidad actual. Es el caso de las menores derechohabientes, hijas de los asegurados o las aseguradas a quienes sistemáticamente se les ha negado la asistencia obstétrica, incluso si la solicitud deriva de una violación.

Además de estos casos dramáticos que lamentablemente se han incrementado, el fenómeno de embarazo en adolescentes o en menores se ha extendido en nuestro país. Diversas investigaciones al respecto nos indican que en promedio un millón de menores de edad se embarazan al año y al menos 200 mil son madres solteras. Esta problemática por sí misma debiera ser considerada como uno de los principales desafíos en materia de salud reproductiva, sobre todo si se considera que en investigaciones realizadas recientemente en este tipo de casos, los datos señalan que el 60 % de las mujeres embarazadas a temprana edad, no tiene estudios y el 40 % restante se enfrenta al abandono de la escuela y escasez de oportunidades académicas. Son, como puede observarse, un grupo altamente vulnerable.

De esta manera en el embarazo y en la maternidad adolescentes, interviene un conjunto de factores: Falta de educación sexual, de métodos anticonceptivos disponibles. Pero ante todo, en el fenómeno incide la vulnerabilidad de género. La maternidad se vuelve el proyecto de vida más claro para muchas jóvenes que no tienen otra perspectiva inmediata.

En este sentido hemos nosotros señalado que no hay justificación de exclusión para que sean beneficiarias de la asistencia médica obstétrica que brinda el Seguro Social, todas aquellas jóvenes que dependen económicamente y que son estudiantes y que de acuerdo a la ley debieran de tener el servicio completo.

La actual ley del Seguro Social, excluye en su artículo 95 de la asistencia obstétrica, a las hijas de los asegurados o aseguradas menores de 16 años y hasta 25 años, aún cuando éstas cumplan con el requisito de ser estudiantes y dependientes económicos de la derechohabiente o del derechohabiente, esta disposición debe ser eliminada.

"Si recientemente la Cámara de Diputados aprobó la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación con el objeto de, entre otras cosas, defender y promover los derechos humanos y alentar la igualdad y equidad social, no habría razón para que el legislador desatienda la necesidad de reformar la ley en este punto tan sensible.

"Por lo antes expuesto pongo a consideración de este Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto que reforma la Ley del Seguro Social.

"Artículo único.- Se reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue: <<Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en la fracción I y II del artículo anterior las beneficiarias que se señalan en las fracciones III, IV, V, VI y VII del artículo 84 de esta ley>>

"Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS IÑIGUEZ (PAN): Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

- LA C. DIPUTADA MARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ (PRI. Desde su curul): Rogaría ser incluida en la propuesta de la diputada Hortensia Aragón, si es tan amable.

Para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de política exterior ha registrado el Partido del Trabajo.

Para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lorena Bearregard de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional.

Para presentar una iniciativa que reforma el artículo 39 numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud de que tampoco se encuentra en el recinto el diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, se pospone para posterior sesión.

Se pospone la solicitud que ha hecho para presentar una iniciativa de diversas disposiciones para la Ley de Coordinación de la Educación Superior para la siguiente sesión.

Se encuentra en el recinto el diputado Rafael Hernández Estrada, lo cual esta Presidencia celebra, y tiene el uso de la palabra para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, para crear la figura del Ombudsman Fiscal y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, hasta por cinco minutos, por el Partido de la Revolución Democrática.

-DIP. RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA: Con el permiso y el apoyo de la Presidencia.

Concurro a esta tribuna a presentar una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Código Fiscal de la Federación para crear la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

El presente es un proyecto que busca instaurar la justicia accesible en materia fiscal, es un proyecto, quiero decirlo, enriquecido con las opiniones de diversas organizaciones de contribuyentes de todo el país, señaladamente la Alianza Nacional de Contribuyentes, A.C. y de asociaciones integrantes del Comité Promotor de la Reforma Fiscal Integral.

No todos los contribuyentes tienen la capacidad económica para contratar los servicios de los costosos despachos de abogados que acostumbran vencer en los juicios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obtener así para sus clientes y para ellos mismos, sentencias a su favor por cientos de millones de pesos y a veces por miles de millones de pesos con cargo al erario público.

La absoluta mayoría de los contribuyentes que pagan sus impuestos, se encuentra en la virtual indefensión jurídica, pues se trata de trabajadores independientes y de micro y pequeños empresarios, todos con bajos ingresos que sufren cotidianamente la arbitrariedad de una autoridad fiscal que no respeta sus derechos.

El complemento de una auténtica cultura del contribuyente es la justicia en materia administrativa y fiscal, al resolución justa de las controversias que surgen entre los contribuyentes y la autoridad y el que los contribuyentes tengan acceso a los medios para hacer valer sus derechos.

El Código Fiscal de la Federación vigente en su Título Segundo, De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes, en ninguno de sus artículos hace referencia a la garantía que se le reconoce al contribuyente en la legislación internacional de la materia, de contar con una defensa oportuna, calificada, eficiente y gratuita para la efectiva defensa de sus derechos.

Diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 8º que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

La inexistencia en nuestra legislación fiscal de un medio de defensa que sirve a los contribuyentes, así como las garantías que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos para la efectiva defensa de sus derechos, obligan a la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Este organismo estará a cargo de la protección y defensa de los derechos de los contribuyentes frente a las autoridades fiscales de la Federación, conocerá de quejas y denuncias de los contribuyentes sobre actos y omisiones de las autoridades fiscales y administrativas y podrá representarlos ante las mismas y ante los organismos jurisdiccionales, ofrecerá orientación y asesoría jurídica gratuita y podrá celebrar convenios con autoridades federales, estatales y municipales APRA la protección de los derechos de los contribuyentes.

Se propone en esta iniciativa que el Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sea designado por la Cámara de Diputados de entre una terna propuesta por el Ejecutivo Federal y la propia Cámara de Diputados integrará un Consejo Consultivo de la Procuraduría, integrado por representantes de las organizaciones de contribuyentes. Y es por ello que estamos aquí proponiendo que se reforme el Código Fiscal de la Federación para incorporar el artículo 19 bis y crear así la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Para presentar una Iniciativa que Reforma diversas Disposiciones del Código Civil Federal en materia de Equidad, de Género, tiene el uso de la palabra el Diputado Martí Batres Guadarrama del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

Para presentar una Iniciativa que Reforma artículos del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el Diputado Miguel Barbosa Huerta del Partido de la Revolución Democrática.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA.- Gracias señor Presidente. Ofrezco la presentación de esta Iniciativa a mis amigos y paisanos periodistas de Tehuacán que visitan este Recinto.

Es una Iniciativa que tiene que ver con una visión que es el Inciso G) del párrafo 2º. Fracción II del Artículo 105 de nuestra Constitución General de la República para darle facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, darle facultades de iniciativa en materia de Derechos Humanos no sólo en Leyes federales sino también en Leyes locales.)

Lo hago bajo la siguiente argumentación y Exposición de Motivos. La Reforma Judicial de 31 de diciembre de 1994 introduce al Derecho Procesal Constitucional Mexicano uno de los principales instrumentos de tutea de las normas de nuestra Carta Magna que son las acciones de inconstitucionalidad. Como acciones de control de la validez normativa, las de inconstitucionalidad fueron estructuradas para garantizar en abstracto la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la certeza del orden jurídico fundamental, motivo por el cual no se requiere la existencia de un agravio personal directo ni de un interés jurídico específico para iniciar el procedimiento y la legitimación para su ejercicio.

Por eso se otorga a sus integrantes de los Poderes públicos diversas facultades

En la Exposición de Motivos de esas Reformas de 1994 al Artículo 105 Constitucional se expresa que se trata de llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de la supremacía constitucional: y en efecto, ha implicado un avance significativo que al lado del Amparo contra leyes solicitado por particulares, hayan sido incorporados procedimientos instados por órganos públicos ante la Suprema Corte de Justicia a través de los cuales se puede obtener la invalidez de leyes o disposiciones inconstitucionales con efectos generales.

También, en los motivos que fundamentan ese Decreto, se expone que con la introducción de las acciones de inconstitucionalidad en el orden jurídico mexicano, se busca fortalecer un estado de Derecho que garantice la vigencia de las normas, el apego del Gobierno a la Ley, la seguridad de las personas, el disfrute de su patrimonio y el ejercicio de sus libertades.

Del mismo modo consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal de Constitucionalidad al ampliar su competencia para emitir declaraciones con efectos generales sobre el apego de leyes a nuestra Norma fundamental.

¿Quién podría negar que la figura de las acciones de inconstitucionalidad constituye un valioso instrumento en la búsqueda de la consolidación del estado de Derecho en nuestro país y del principio de la supremacía constitucional como el rector de la vida nacional. Con ellas, por primera vez se crea una garantía constitucional cuya base de acción ya no descansa en la necesaria actualización y un agravio personal y directo con su instauración, por primera vez se aspira a lograr un total control de la Constitución a través de los efectos generales de sus resoluciones que ya no se limitan a proteger exclusivamente a la persona del agraviado, sino por el contrario conllevan efectos erga-homes (?).

Igualmente, es innegable que con su procedencia se han evitado en diversas ocasiones la posibilidad de pugnas entre las instituciones nacionales y se ha contribuido a fortalecer la presencia del judicial en el libro y en la relación con los demás Poderes de la Unión.

Sin embargo, a casi ocho años de su vigencia, la práctica ha demostrado también que al estructurarlas en sus elementos formales, el legislador adoptó para ellas un modelo de legitimación activa en extremo restringida que limita en forma negativa el vigor y dinamismo de la figura jurídica misma.

Pareciera más, como lo observa el doctor Jorge Carpizo, que el poder revisor de la Constitución la instituyó con una concepción muy restringida, como teniendo miedo a su propia creación y por ello la limitó en exceso.

Indudablemente que un momento de transición democrática como el que vive el país, exige de mayor amplitud de posibilidad de ejercicio de los instrumentos de tutela de las normas constitucionales como forma más eficaz para dar vigencia y consolidar el estado de derecho y precisamente con este objetivo, en la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía se propone otorgar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos legitimación activa para ejercer acciones de inconstitucionalidad respecto de leyes que contravengan los derechos humanos y garantías individuales concedidas por la Constitución.

Solicito la incorporación del texto completo de esta iniciativa al Diario de los Debates, para no excederme en el escaso tiempo que son cinco minutos para presentar estas iniciativas. Gracias Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates; publíquese en la Gaceta Parlamentaria y Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 51 y 52 de la Ley del Banco de México hasta por cinco minutos.

Esta iniciativa que presento el día de hoy, tiene como propósito reformar los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 y 52 de la Ley del Banco de México con la siguiente:

El Banco de México ocupa un lugar primordial en el desarrollo de la actividad económica del país, en particular en la definición de la política monetaria. El diseño de la política monetaria y financiera, en los últimos años se ha centrado en el control de la inflación.

Sabemos que control inflacionario es un objetivo prioritario en la actividad económica del propio Banco de México, sin embargo no podemos dejar de señalar los estragos que ha tenido esta política al ser aplicada de manera ortodoxa. La misma, no ha podido evitar las caídas en la producción nacional y en muchas ocasiones ha inducido la falta de crecimiento de la actividad productiva del país en momentos en los cuales se requiere iniciar un crecimiento real del producto nacional.

La información que proporciona el Banco de México sobre el nivel de reservas internacionales, fue una exigencia de las instituciones financieras del exterior por ello ahora conocemos semanalmente el monto que representan ya que entre otros aspectos nos revela el monto con que el país cuenta para hacer frente a las operaciones internacionales.

Debemos exigir que las autoridades expliquen al detalle y en comparecencias obligadas, los cambios concretos que se plantearán sobre el diseño de la política monetaria; en particular el manejo de la tasa de interés, la regulación crediticia, las operaciones de mercado abierto con los montos negociados en la misma a fin de conocer qué tanto se amplió o disminuyó la liquidez del país y al mismo tiempo debemos saber cómo se determinarán los volúmenes crediticios que se operan permanentemente en el sistema financiero nacional.

El Banco de México, junto con la Secretaría de Hacienda, tiene la facultad a través de una Comisión de Crédito y Cambios, de determinar los tipos de cambio. Sabemos que esto es la equivalencia de la moneda nacional con relación a las monedas extranjeras.

Sin embargo, las decisiones que se toman en torno a este tema tan importante, finalmente son una decisión del Poder Ejecutivo. Los mexicanos hemos tenido experiencias muy dolorosas por los efectos de una devaluación y de la fuga de capitales. La ley autorizaba al Ejecutivo a expedir decretos sobre control de cambio, sin embargo, la concepción neoliberal de regulación ha llevado a derogar estos decretos y eliminar el tipo de cambio controlado a fin de establecer sólo el dólar libre, aparentemente derivado de las condiciones del mercado.

Con esta medida no se garantiza tampoco la eliminación del resurgimiento de una burbuja especulativa que vuelva a poner en riesgo la actividad productiva del país y desde luego, la estabilidad cambiaria y el control de precios. La rendición de cuentas es una práctica republicana que se debe hacer extensiva a los autores de la política financiera y monetaria del país.

Por ello, la rendición puntal ante esta soberanía de sus acciones, es el principio para conocer y contrarrestar a los detentadores del pensamiento único. El equilibrio de poderes se debe hacer extensivo a los que toman las decisiones de política monetaria, debemos combatir y conocer a aquellos que se ostentan como los únicos que tienen la razón, son parte de lo que conocemos como: "pensamiento único", el cual trata de construir una ideología cerrada en donde el mercado es el que dirige y el gobierno es el que administra únicamente, dejando también de lado los aspectos de carácter social.

Por ello, en el PRD afirmamos que la democracia también necesariamente pasa por las finanzas públicas del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentó ante esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma los artículos 93 de la Constitución Política de nuestro país, 51 y 52 de la Ley del Banco de México, con el siguiente texto:

Artículo 93.- Los Secretarios de Despacho, los Jefes de los Departamentos Administrativos y el Gobernador del Banco de México, tendrán necesariamente que rendir cuentas a esta soberanía.

-EL PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Hacienda.

Tiene la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Cuando se registren las estadísticas de esta Legislatura, va a ser la más productiva de todas las que han integrado el Congreso Mexicano.

El mérito de seguir presentando iniciativas, es dejar insertos los temas en la discusión nacional, establecer un trabajo metódico de diferentes visiones de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, respecto a diversos ordenamientos y sobre todo de nuestra Carta Magna.

Esta iniciativa es de reformas al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho de iniciativa de la Suprema Corte de Justicia en asuntos de su competencia, es decir, en asuntos de administración de justicia y lo hago al tenor de la siguiente:

Dos son los principios fundamentales que se instituyeron en la Constitución de 1917, para protección de los gobernados, uno el de división de poderes, el otro el de legalidad.

La existencia del Judicial fue concebida así como la presencia de un órgano del Estado necesario y esencial para alcanzar un auténtico equilibrio de poderes en el sistema formal de pesos y contrapesos y en el desarrollo de un sistema democrático. En el delicado balance entre las atribuciones que el Ejecutivo detenta frente a aquellas que la ley asigna al Legislativo, el Poder Judicial debe funcionar como el justo punto del equilibrio de poderes, en su carácter de único órgano estatal con facultades para hacer efectiva la supremacía de las leyes a través del control de la legalidad y del control de la constitucionalidad.

Los tribunales no sólo son el medio de que disponen los ciudadanos para hacer valer sus derechos frente al resto de los gobernados, sino que además constituyen el órgano de control por excelencia del poder político. ¿De qué serviría que el Congreso formara las mejores leyes sin un órgano que les diera validez al aplicarlas? Sin un órgano que al individualizarlas les otorgue su real contenido social por justo y bien concebido que éste, un ordenamiento legal, ninguna eficacia tendrá para la vida de un pueblo si su realización no está en manos de tribunales que ejerzan su ministerio con independencia de criterio, libres de ataduras con los poderes políticos y cuya única guía sea el espíritu de la ley.

Mas aún, existen autores como Duglas North, quienes aprecian un vínculo indisoluble entre el éxito de cualquier economía y la existencia de determinadas instituciones jurídicas, cuya efectividad depende en última instancia de que exista un Poder Judicial capaz de asegurarles absoluta realidad y validez.

En el sistema político mexicano y a pesar de los innegables avances de los últimos años, el Poder Judicial no ha asumido a plenitud el papel de fulcro o punto de apoyo del equilibrio de poderes, entre otras causas porque en la legislación no se han contemplado aún los mecanismos jurídicos que le otorguen plena fortaleza.

Como lo enfatiza Alexander Hamilton en su obra "El Federalista", el Judicial cuyo poder deriva únicamente de la razón y que es el llamado a proteger los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios de los otros poderes del Estado, necesita y merece especial protección para subsistir como poder independiente. La vigencia de un estado de derecho exige de una judicatura independiente, independiente en una doble dimensión: hacia adentro y hacia fuera, la neutralidad política como obligación de conciencia de los propios jueces y por otro lado la existencia de una magistratura institucionalmente protegida de la intervención de los otros poderes, de la intromisión e intervención del Legislativo y del Ejecutivo por medio de las salvaguardas necesarias.

Por ello, presento esta iniciativa que ha sido un reclamo de los poderes judiciales en los estados, ya reconocido en algunas entidades pero que no ha sabido ser valorada ni reconocida a nivel federal: la facultad de iniciar leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia en asuntos de su competencia, es decir en asuntos de administración de justicia.

Tiene la palabra el diputado Gilberto del Real Ruedas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversos ordenamientos jurídicos relacionados con la cuenta pública.

Dado que el tiempo que se ha acordado para la exposición de las iniciativas es solamente de cinco minutos, intentaré brevemente reseñar en qué consiste básicamente la reforma.

Se propone reformar el párrafo sexto del artículo 74 fracción IV de la Constitución Federal para quedar como sigue:

Párrafo Sexto. "La Cuenta Pública del año anterior, deberá ser presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a más tardar el último día del mes de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal".

Artículo 2º. "Se propone reformar el artículo 79 fracción II de la Constitución, para quedar de la siguiente manera:

"Fracción II. Entregar a la Cámara de Diputados –son las facultades de la Auditoría Superior de la Federación- entregar a la Cámara de Diputados un informe previo y un informe final del resultado de la revisión de Cuenta Pública.

"El informe previo deberá ser rendido la más tardar el 30 de junio del mismo año en que aquella fue presentada. El informe final deberá ser entregado a más tardar el 31 de agosto del mismo año".

Artículo 3°. "Se reforma el artículo octavo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para quedar como sigue:

"La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Ejecutivo Federal a la Mesa Directiva a la Cámara y en sus recesos a la Comisión Permanente a más tardar el último día del mes de marzo".

Artículo 4°. "Se reforma el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para quedar:

"La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a través de la Comisión de Vigilancia a la Cámara de Diputados, un informe previo y un informe final del resultado de la revisión de la Cuenta Pública. El informe previo deberá ser rendido a más tardar el 30 de junio del mismo año en que aquella fue presentada, el informe final deberá ser entregado a más tardar el 30 de agosto del mismo año".

"Dichos informes deberán ser públicos, pero mientras se entreguen la Auditoría deberá guardar con sigilo sus actuaciones e informaciones".

Artículo 5°. "Se adiciona el numeral 6 al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General para quedar de la siguiente manera:

"A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública le corresponde elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del año próximo siguiente, que deberá ser aprobado antes del 15 de diciembre, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, en cuyo caso la fecha de aprobación no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre. Además deberá rendir un dictamen acerca de la revisión de la Cuenta Pública del año anterior.

"Dicho dictamen deberá ser objeto de análisis, discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre de cada año".

Se trata, Honorable Asamblea, de terminar con una contradicción que existen entre el artículo 74 y el artículo 79 constitucionales que marcan fechas diferentes para los efectos del análisis que debe presentar la Auditoría Superior de la Federación y los tiempos en los cuales se presenta, por parte del Ejecutivo, la Cuenta Pública.

Se trata de terminar, de una vez por todas, con lo que se ha venido presentando desde el año 2000, de estar realizando arqueología presupuestal y no revisión de Cuenta Pública.

Estamos ahora conociendo dificultades que se presentaron en la Cuenta Pública 2001 con el IPAB, que se corresponden con intervenciones financieras a bancos que desde hace mucho tiempo, pero posteriormente a aquellos fueron vendido, lo que causa que estemos como los jugadores de ajedrez, por correspondencia siendo jaqueados por un peón que fue comido desde varias jugadas anteriores.

De eso es de lo que se trata, pido por tanto a esta Presidencia, se inserte el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y sea turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Presupuesto y Cuenta Pública para su trámite legislativo correspondiente.

EL PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en Comisiones Unidas.

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa que reforma los Artículos 53, 54 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor diputado tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos, esto no es cuando considere, yo le pediría si no desea participar. ¿Para la siguiente sesión?

Tiene la palabra el diputado Bonifacio Castillo Cruz del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa que reforma los Artículos 3 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO BONIFACIO CASTILLO CRUZ: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El que suscribe Bonifacio Castillo Cruz integrante del grupo parlamentario del PRD de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al pleno de esta H. Cámara de Diputados iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción III del Artículo 3º. y la fracción III del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

El derecho de la educación consagrado en el Constituye del 17 paulatinamente fue enriquecido a lo largo de las distintas décadas del Congreso de la Unión, en términos de asegurar su carácter público, la gratuidad, la que imparte el Estado y su sentido laico.

Del mismo modo la expansión de la función educativa que impulsó el Estado, consistió llevar una escuela a cada rincón de la nación, en esta tarea fue prácticamente la que desarrollo el conjunto de políticas que conforman el sistema educativo que hoy conocemos.

No obstante el proceso de descentralización y auténtica federalización de los servicios educativos, es un fenómeno reciente, en ese sentido el papel del municipio como parte del Estado mexicano, ha sido menos que secundario, realmente no participa en la definición del proceso educativo que desarrolla en sus territorios, y las atribuciones con las que cuenta para apoyar dicho proceso son muy limitadas, sobre todo porque muchos no cuentan con recursos económicos suficientes para ello y no se cumple con lo que se señala en el Artículo 15 de la Ley General de Educación.

Justamente el recurso principal que desde la federación llega directamente al municipio para la función educativa, se encuentra orientado a la construcción y mantenimiento de los espacios educativos más que para dotarlos de medios, para que él esté en posibilidad de impartir educación.

Este limitado marco de acción de los municipios en la función educativo, deviene de un particular modo de desarrollo histórico del Estado mexicano, pero también de las atribuciones que en la ley le han mencionado, a nuestro juicio, hoy en día, el municipio mexicano se encuentra en la condición y en la posibilidad de ser parte activa y determinante en las garantías de ese derecho constitucional.

Desde la perspectiva del Partido de la Revolución Democrática, para que el municipio pueda tener capacidad plena para incidir en la educación que se imparte en su territorio y ha de intervenir en la formulación de los planes y programas de estudio de la educación básica, por ello nos proponemos modificar la fracción III del Artículo 3º. Constitucional.

Pero también con la iniciativa que presentamos a continuación, nos proponemos ampliar el sentido de la autonomía constitucional del municipio, consagrado en el Artículo 115 de nuestra Carta Magna en lo referente a sus atribuciones en materia educativa, señalándolo de manera explícita en su fracción III

En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta iniciativa la siguiente iniciativa de decreto que reforman los Artículos 3º. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1º. Se reforma la fracción III del artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

".. para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y normal para toda la República; para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos que la ley señale".

Artículo 2º. Se reforma la fracción III del artículo 115 constitucional para quedar como sigue. Se le agrega un inciso H-Bis) para quedar como sigue:

".. los municipios también podrán tener a su cargo los servicios de educación en cualquiera de sus niveles y modalidades en base a su presupuesto y con el apoyo de las entidades federativas y de la Federación".

Unico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.

Hago del conocimiento del pleno de la Asamblea, que se encuentran con nosotros jóvenes universitarios que participan en el I Congreso Legislativo Universitario. Les damos la bienvenida y les deseamos el mayor de los éxitos en su trabajo.

Tiene la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez del Partido Alianza Social, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral.

LA C. DIPUTADA BEATRIZ PATRICIA LORENZO JUÁREZ.- Con el permiso de la Presidencia.

Por razones de tiempo me limitaré a exponer primeramente el proyecto de decreto en comento y después sólo un pequeño resumen de la iniciativa que hoy someto a su consideración y que se refiere al problema de la discriminación de las personas por su edad al momento de solicitar un empleo, por lo que solicito a la Mesa Directiva sea impresa en su totalidad la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se modifican los artículos 5, párrafo primero y 123, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 5. "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajos que le acomode siendo lícitos, por ello queda prohibido discriminar a toda persona por edad o sexo y con ello limitar su acceso a un empleo permitido".

Artículo 123. "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, por lo que queda prohibido discriminar a cualquier persona por edad o sexo y con ello limitar su acceso a un empleo lícito. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley".

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la h. Cámara de Diputados. México, D.F., a 24 de abril de 2003.

Suscriben la presente iniciativa la de la voz, diputado Beatriz Patricia Lorenzo Juárez y el diputado José Antonio Calderón Cardoso, los dos del Partido Alianza Social.

Todos los días se habla de la necesidad de capacitación, de calidad, de productividad y de competitividad en el ámbito laboral, pero todo esto poco importa al ciudadano común si éste no puede encontrar empleo por ser mayor de 30 años. Desgraciadamente hoy día, al cumplir los 30 años, la ciudadanía comienza en el ámbito laboral a sobrevivir cuando en la realidad comienza apenas a fundar y consolidar una familia.

Hoy vivimos los efectos desastrosos que han originado las políticas neoliberales impuestas en nuestro país en las últimas décadas, efectos que son realmente delicados y preocupantes.

El empleo es una necesidad y un derecho básico de todo ciudadano; el empleo lo necesitan todas las personas sin excepción alguna y precisamente por ello la crisis de desempleo por la que hoy atraviesa nuestro país debe dar lugar a acciones que eviten el que solo en unos cuantos años este problema se vuelva inmanejable; con las graves consecuencias sociales, política y económicas que ello implicaría.

A pesar de que cada año aumenta el número de personas que buscan un lugar en el mercado de trabajo, éstas mismas pasan a ser automáticamente desempleadas por los irracionales requisitos que exige la oferta de empleo, como en el mayor de los casos es menor a 30 años.

La existencia de la discriminación por edad en cuanto al acceso a un empleo digno es una preocupación ya manifestada por el Partido Alianza Social, desde septiembre del año pasado, al presentar ante esta Soberanía la iniciativa de ley que crea el Código Laboral Federal de Procedimientos.

Actualmente la preparación académica sin importar su grado, no asegura un empleo digno y mucho menos justamente remunerado a ninguna persona, ya que a esto se antepone su edad al momento de buscar un empleo. Se estima que la población económicamente activa está compuesta por aproximadamente 55 millones de personas.

Y por otro lado a la fecha se contabiliza que existen en México 1 millón 192 mil personas desempleadas, las cuales podrían tratar en encontrar un nuevo empleo entre 1 y 9 semanas, en el mejor de los casos. La oferta de trabajo en su mayor parte toma como edad máxima contratable a los 35 años. Y por otro lado en México existen más de 8 millones de personas mayores de 60 años, edad mínima para obtener la ayuda económica oficial del gobierno.

De lo anterior se concluye que las personas entre 35 y 60 años se encuentran en un total estado de indefensión laboral, en donde son personas de la tercera edad sin ningún derecho y en realidad son personas que apenas comienzan a abrirse paso en esta vida.

Así, las personas entre 30 y 60 años que podrían ayudar a sostener a la población de la tercera edad, jubilados y pensionados, no pueden hacerlo debidamente ya que son discriminados y excluidos del mercado de trabajo por su edad.

Entendámoslo, el diseñar políticas de impulso al empleo será la base para hacer de la economía doméstica una fuente de crecimiento.

El fin de la presente iniciativa es precisamente que el mayor número de ciudadanos que conforman la población económicamente activa, se encuentren en una situación óptima de empleo.

-PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar la figura del presupuesto participativo en la gestión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

-DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Gracias diputado presidente; señoras y señores diputados:

El suscrito, del partido Alianza Social, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente:

"En la historia del presupuesto se ha manifestado una evolución que se caracterizó por la transición que éste experimentó en dos momentos:

"Primero, al transitar de instrumento de control negativo a uno de control positivo.

"Segundo, al transitar de un instrumento de naturaleza neutral a uno de naturaleza política.

"En la actualidad las instituciones que convergen en el proceso presupuestario, crean un sinnúmero de redes de participación de diferentes sectores y organismos que en dicho proceso se constituyen como parte fundamental, dado que en éste se suman montos importantes de sinergia positiva o negativa, según sea el interés o fin de cada participante.

"Asimismo en este contexto se pueden visualizar las posibilidades y limitaciones que en diversos escenarios experimenta un estado vaso, complejo y moderno y cómo en el accionar de este proceso presupuestario se han explorado diversos mecanismos de distribución y gestión de los recursos económicos, con el afán de buscar alcanzar los resultados que la sociedad demanda.

"La limitación de los recursos económicos matiza en mayor medida la competencia de las instituciones por alcanzar estos recursos que cada vez son más escasos y al mismo tiempo incentiva a la sociedad a involucrarse en las decisiones públicas y estar más atentas de los resultados alcanzados por la gestión de dichos recursos.

Considerar modelos alternativos para la práctica del proceso presupuestario en México que en otras sociedades ya se han experimentado, nos abren la posibilidad de identificar una amplia gama de opciones que conllevan a considerar otras líneas de acción para el proceso presupuestario, sin que por ello tenga que ajustarse la realidad mexicana a un modelo en particular, sino más bien, optar por el modelo que más se acerque a las condiciones y necesidades de nuestro país.

El enfoque del presupuesto participativo que ha sido práctica común de los municipios de Brasil, concretamente de Puerto Alegre, representa una opción para la gestión de los recursos económicos que los estados y municipios de México aplican en obra pública.

Este enfoque de presupuesto participativo es viable en el actual esquema de ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ramo 33, porque con ellos e agregaría al actual esquema normativo del capítulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal, el aspecto de cómo se aplican los recursos de ese Fondo a nivel estatal y municipal, es decir, al incorporar la figura del presupuesto participativo en la gestión de los recursos para Infraestructura Social, se buscaría complementar el aspecto que indica en qué se deben aplicar estos recursos y otro más que indique cómo se deben aplicar estos recursos.

Finalmente y por lo corto del tiempo del que dispongo, a la presente iniciativa la guía un espíritu de fomento de participación social al proponer que la gestión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal se dé en un marco de participación real de los municipios de cada entidad federativa y que la gestión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal, se dé en un marco de participación real de la sociedad local de cada municipio.

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de incorporar la figura del presupuesto participativo en la gestión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal:

Artículo único: "Se reforma por modificación el inciso "b" del primer párrafo y se adicionan dos fracciones al tercer párrafo del artículo 33 de la citada Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

"Artículo 33, inciso "b": Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, obras, acciones y alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

"Fracción II: En el caso de los estados la gestión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, se realizará mediante la figura del presupuesto participativo con los municipios de la entidad.

"Fracción III: En el caso de los municipios, la gestión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, se realizará mediante la figura del presupuesto participativo con los comités ciudadanos de su municipio.

Transitorios.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Suscriben la presente iniciativa: la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, y el de la voz, José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.

Pido a esta Presidencia tenga a bien autorizar que se inserte íntegramente el texto de la misma en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

- EL C. PRESIDENTE: Insértese el esto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

No obstante haber solicitado que se pasara al final del capítulo la iniciativa presentada por la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por no encontrarse en el recinto, se agendará, si así lo dispone la Junta de Coordinación Política, en una posterior sesión.

Para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión, tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Bearregard de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos.

- LA C. DIPUTADA LORENA BEARREGARD DE LOS SANTOS (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.

"La que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en uso de las facultades que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este honorable Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, con la siguiente

"Por más de 30 años y a través de un decreto presidencial el entonces mandatario Gustavo Díaz Ordaz acordó con los concesionarios de la industria de radio y televisión el pago de impuestos en especies, con lo que desde 1969 se crearon lo que hoy conocemos como tiempos fiscales.

"Las razones que fundamentan esta iniciativa que reforma y adiciona a la Ley Federal de Radio y Televisión no pretenden desconocer los acuerdos logrados en esta materia, pero sí asegurar la distribución de los tiempos oficiales y fiscales sobre la base de transparencia y equidad, ya que de esto depende la difusión de los logros de la administración pública federal, de los poderes legislativo y judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, que de otra manera no accederían a los espacios en los medios electrónicos mexicanos.

"Si en el artículo 27 de nuestra Carta Magna queda sustentado que el espacio aéreo nacional pertenece a la nación porque no poseemos una legislación que permita asegurar la buena administración del mismo, esta iniciativa de reformas y adiciones al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión tiene como propósito fundamental garantizar mayor dependencia en el uso de los recursos en el ramo de la comunicación social.

"Para muchos de los legisladores que participamos en esta LVIII Legislatura una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión es fundamental. Sin embargo, dados los desacuerdos en esa materia considero importante que se deben dar pasos hacia la reorganización de los tiempos de Estado, no solo deben ser oficiales como lo estable el actual artículo 59, sino aquellos que fueron creados por el ex Presidente Diaz Ordaz y ratificados por el hoy Presidente Fox, en el acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión el pago de impuestos en especie que se indica. Para ello necesitamos una redefinición de lo que debe ser considerado como los tiempos de Estado y agregar nuevos criterios para la utilización de estos espacios.

"La redacción propuesta nos permitirá garantizar que existan archivos sobre el uso de los recursos para las campañas de radio y televisión y que al mismo tiempo no se privilegie a determinados medios, garantizando con ello el ejercicio transparente y equilibrado.

"En esta propuesta los tiempos oficiales quedarían distribuidos tal y como lo establece la actual Ley de Radio y Televisión y solo se agregarían los criterios para su utilización por los tres Poderes de la Unión y los organismos constitucionales autónomos.

"En cuanto al uso de los denominados tiempos fiscales es necesario que sean incluidos en la Ley Federal de Radio y Televisión, pues aunque la Ley de Ingresos de la Federación ha estimado este pago en especie durante el ejercicio del 2003 en términos monetarios, que equivaldría a la cantidad de 2 mil 466.2 millones de pesos, no existen criterios de equidad para su distribución pues el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones de radio y televisión corresponden solo al Ejecutivo Federal.

"Por estas razones y en pleno uso de mis ejercicios y facultades presento las siguientes iniciativas de reformas al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión:

"Artículo 59. Los tiempos de Estado que se dividen en tiempos oficiales y tiempos fiscales deberán utilizarse para comunicar y difundir las acciones del Estado, sin que ello implique la promoción personal de servidores públicos o su promoción para fines electorales.

"El Consejo Nacional de Radio y Televisión será la instancia que los administre y vigile para garantizar su distribución equitativa y descentralizada. Los tiempos de Estado se dividirán de la siguiente manera:

"1º Los tiempos oficiales son aquellas transmisiones gratuitas diarias permanentes, con duración de 30 minutos continuos o discontinuos, que deberán difundirse a través de las estaciones de radio y televisión. Estos tiempos se distribuirán en forma equitativa entre los poderes de la unión, las entidades federativas en sus diferentes esferas de gobierno y los organismos constitucionales autónomos, así como la sociedad civil.

"a) Difundir temas educativos, culturales, ambientales, indígenas, de carácter cívico y social.

"c) Estimular la conciencia crítica, la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana.

"d) Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento e la comunidad internacional.

"f) Propiciar la concientización sobre la democracia, los valores y el respeto a los derechos humanos.

"Segundo.- Los tiempos fiscales son aquellos que por conceptos de pago de impuesto entreguen los concesionarios y se distribuirán de la siguiente manera: El Ejecutivo Federal, 50%; el Legislativo; 30 %; el Judicial, 10 y los organismos constitucionales autónomos 10%.

"El porcentaje que no sea agotado por alguno de estos poderes u organismos, podrá ser transferido entre los mismos, previo acuerdo de la Comisión.

"Primero.- Este ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Segundo.- Quedan abrogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente iniciativa.

"Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar trimestralmente en los términos del artículo, el decreto de Presupuesto de la Federación para el ejercicio respetivo, el uso de los recursos en especie. Para tal efecto las instancias respectivas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, le harán llegar la información necesaria a más tardar en los 15 días naturales después de concluido el trimestre de que se trate".

Insértese la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Radio, Televisión y Cinematografía.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado Gregorio Urías Germán, para presentar iniciativa de reformas y adición a diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

"Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a fin de garantizar que el Subsistema de Educación Superior Pública cuente con el financiamiento necesario para cumplir con su misión, presentada por el diputado Gregorio Urías Germán, del Grupo Parlamentario del PRD.

"Compañeras y compañeros diputados: Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversos artículos al Capítulo Tercero de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a fin de que ese Subsistema de Educación Pública cuente con el financiamiento necesario suficiente para cumplir con su misión".

En obvio del tiempo sólo retomaré algunos de los ejes sustantivos de la propuesta, cuya versión íntegra será entregada a la Secretaría, pro lo cual solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva dé instrucciones para que el contenido de la misma se inserte en el Diario de los Debates como si hubiese sido leída en su totalidad ante este pleno.

"La educación superior pública juega un papel fundamental en la construcción de la sociedad, en términos de contribuir a la formación de las capacidades, habilidades y competencias que desarrollan nuestra cultura y la inteligencia social.

"Una de las responsabilidades primigenias del Estado para apoyar esa función y que se consagra en nuestra Ley Fundamental, es la de aportar los recursos, sentar las condiciones educativas necesarias para una educación e investigación científica y tecnológica de calidad, basada en el cambio y la innovación permanente.

"No obstante ese mandato constitucional, en México el asunto prioritario del financiamiento público a la educación es un reto aún por enfrentar, debido a que el modelo que sirvió a ese propósito durante los últimos 25 años se ha agotado sin cumplir su cometido.

"El modelo de financiamiento que rige actualmente determina el monto de subsidio a cada institución, basándose esencialmente en las plantillas de personal, tomando en consideración su conformación y tamaño, en acuerdo entre la Secretaría de Educación Superior y cada una de las universidades y a su instauración, este modelo pretendía emprender un proceso de homologación de tabuladores que propiciara un esquema de equidad salarial en todas las universidades del país tratando de evitar que algunas instituciones fueran más atractivas que otras al personal académico de altos rendimientos.

A su vez este esquema homologado facilitaría la gestión del Gobierno Federal de los Estados y las Universidades en las negociaciones laborales; sin embargo este modelo no atendía algunas diferencias entre las instituciones respecto a las

proporciones maestro-alumno o personal-alumnos o programas personal-alumno, gastos de operación, etc., o sea a la larga vinieron a configurar un sistema muy heterogéneo que ampliaba las desigualdades entre universidades.

Para dar una idea de ese esquema injusto tomaremos el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta Universidad se ubica en el tercer lugar por monto de subsidio federal ordinario asignado a Universidades Públicas Estatales en el Ejercicio Fiscal 2002.

A su vez, esta institución de educación superior participa del 3.85% del monto total de apoyos extraordinarios otorgados a las universidades públicas estatales y desarrolla un 9% del total de los proyectos que se realizan en las universidades públicas estatales para la mejor adecuación y construcción de nuevos espacios físicos.

Con relación al total registrado en las universidades públicas estatales, la Universidad Autónoma de Sinaloa atiende al 7.2% de la matrícula del nivel superior y el 6.2% del posgrado.

En el primer caso, dicha Universidad cuenta con 43 mil 670 alumnos, cifra superior a la que atiende la Universidad Autónoma Metropolitana: sin embargo la primera recibe tan sólo el 46% de los recursos que se asignan a esta última.

Asimismo la UAS registra un índice de subsidio por alumno de educación superior calculado a precios del 2001 del 21.54% en tanto que en la Universidad Autónoma Metropolitana asciende a 57.35%.

Como consecuencia resulta que la UAS tiene un nivel de eficiencia terminal de 24% inferior en 52 puntos porcentuales al obtenido por la UAM a pesar de contar con la matrícula similar a educación superior.

En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en mi carácter de Diputado Federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad constitucional que me concede el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ys u corrrelativo 55 Fracción II del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la Iniciativa en comento.

Solicito a la Presidencia, que esta Iniciativa sea turnada a la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en La Gaceta Parlamentaria, como lo ha solicitado el señor Diputado ponente y túrnese para su estudio y dictamen, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene ele uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor Diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar Iniciativa de Reforma a diversas Disposiciones del Código Civil Federal en materia de Equidad y de Género.

-EL C DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA. Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Existen en el Código Civil Federal distinciones de género que son peyorativas para las mujeres y que deben desaparecer. }

Una de estas distinciones que aún prevalecen, se refiere precisamente al plazo para contraer nuevo matrimonio para el caso de que una mujer se divorcie. Mientras para el hombre no existe una limitante que lo distinga, en el caso de la mujer se establece en el Código Civil Federal que para contraer nuevo matrimonio deberá esperar 300 días después de la disolución de la anterior.

Esta medida se justificaba durante algún tiempo porque se decía que la mujer podría estar embarazada y si esto era así, la paternidad correspondía a su anterior marido; por lo tanto, se buscaba dar certidumbre al nuevo enlace matrimonial. Al menos este era el argumento.

Actualmente, tanto el embarazo como la investigación de la paternidad puede hacerse por medios rápidos y eficaces con los avances científicos que tenemos, por lo que mantener disposiciones legales como la descrita resulta un anacronismo y lleva inmerso ya a estas alturas una ofensa para la mujer.

Las únicas distinciones válidas en una sociedad, deben ser las obras de las personas y no el género como subrayamos en el caso que presentamos por eso esta distinción sobre los tiempos que obligan a la mujer a esperar 300 días después de la disolución de un vínculo matrimonial para volverse a casar, resulta discriminatoria en relación con que para el hombre no existe tal distinción.

Por eso es que proponemos derogar dicha distinción para que tanto el hombre como la mujer puedan contraer nuevas nupcias inmediatamente después de haberse divorciado si es que así lo deciden.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos la siguiente iniciativa de reformas al Código Civil Federal para quedar como sigue:

- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. …¿Perdón?… La diputada secretaria Nieves se adhiere a la iniciativa y también el diputado Raigosa… ¿Si, diputado?…

- EL C. DIP. ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA: (desde su curul) Sí, Presidente.
Para adherirme a la iniciativa propuesta. Gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Correcto, tome nota la Secretaría para que puedan suscribir la iniciativa los señores diputados.

--- Túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Pesca.

Los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Pesca, con base en la siguiente:

Al menos el 50% de las pesquerías en México están sobre explotadas o en el límite inferior de disponibilidad; en parte por la naturaleza propia de la pesca, el control estricto de los usuarios es una tarea muy complicada.

Esta es una condición similar en la mayoría de los países en el mundo, sin embargo por razones históricas, sociales o ambientales, en otras naciones, desde tiempo atrás se han implementado esquemas administrativos que han detenido la explotación intensiva de algunas pesquerías a través de mecanismos administrativos en todos los niveles de Gobierno.

El propio Código de Pesca responsable, que ha sido impulsado por México en foros internacionales como uno de los documentos marco para la administración pesquera, sugiere facilitar la consulta y la efectiva participación de la industria, trabajadores de la pesca, las organizaciones ambientalistas y otras interesadas en la toma de decisiones con respeto a la elaboración de normas y políticas relacionadas con la ordenación y el desarrollo pesqueros.

Ante este panorama la creación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, fue una respuesta ante las demandas de los productores del país, quienes plantearon de forma insistente en la necesidad de contar con un instrumento institucional con autonomía, facultades, infraestructura humana y física, para cumplir con las metas y objetivos de la política pesquera nacional, agregaríamos que sin detrimento de una visión regional.

En el mismo sentido el Ejecutivo Federal presentó en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, como una de sus estrategias impulsar la transferencia de facultades, funciones, responsabilidades y recursos de la Federación a las entidades federativas y municipios.

En concordancia con ese planteamiento la pretensión primordial de la presente reforma, es construir el marco legal que permita mayor involucramiento de los gobiernos estatales. Asimismo, con total apego a la facultad del Ejecutivo Federal para el otorgamiento de permisos y concesiones a los particulares, para el uso y extracción de los recursos naturales, se propone que para el otorgamiento de los mismos, se consulte a los gobiernos estatales en función de la especie que se trate. Para tal fin se propone la creación de un órgano técnico científico constituido además, por representantes de los gobiernos estatales, investigadores y productores.

En concordancia con las disposiciones constitucionales citados en el párrafo que antecede, la Ley de Planeación dispone en su artículo 33 la vertiente de coordinación que consiste en que el Ejecutivo Federal puede convenir con los gobiernos de las entidades federativas la coordinación que se requiere, a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo, coadyuven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a la consecución de los objetivos de la planeación nacional y para que las acciones a realizarse por la Federación y los estados se planeen de manera conjunta.

Con el objetivo de avanzar en la transparencia de las acciones gubernamentales e informar a la ciudadanía, se agrega la obligación de publicar las autorizaciones de concesiones y permisos en el Diario Oficial de la Federación. En México se presentan condiciones naturales que permiten la presencia de abundantes recursos pesqueros y de gran valor comercial. Debemos reconocer que existen varios que han alcanzado los niveles máximos de captura, sin embargo, si somos inteligentes estaremos en posibilidad de recuperarlos.

Por otra parte, trabajar en el diseño de estrategias que permitan aprovechar otras especies comercialmente, el poder se suma a esta tarea a través de la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Pesca, para quedar como sigue:

-LA DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Si, el artículo 4°, el artículo 6°, 7° y el artículo 9°. Le pido al Presidente que lo transcriban en la Gaceta completa y con el respaldo de los ciudadanos diputados. Muchísimas gracias.

-EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, compañera diputada Rosa Delia Cota Montaño.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa y la exposición de motivos en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Pesca.

Le ruego a la Secretaria dar cuenta con un comunicado de la Junta de Coordinación Política.

Pasamos señoras diputadas, señores diputados al capítulo de dictámenes de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día, son los dictámenes relativos a la solicitud de permisos de los ciudadanos Jorge Cuevas Martínez, para aceptar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España y Francisco Barrio Sánchez, David Angel Carrasco Rojas, Efrén Díaz Zaragoza, Alejandro Antonio Galicia Aguirre, Josefa González Jerónimo, Luis Felipe Gutiérrez Contreras, Isabel Jáuregui Cortazas, Noemí Luna González, María Verónica Wolff Paz, Clauthia Cytlalli Tavera Hinojosa Serrano, Luis Patricio Sandoval Muñoz y Rosa Elia Villa Guerrero, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados el 23 de abril en la Gaceta Parlamentaria, le ruego a la diputada Secretaría consultar a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

En consecuencia, le ruego, diputada Secretaria, poner a discusión los proyectos de decreto.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Jorge Cuevas Martínez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Barrios Sánchez, David Angel Carrasco Rojas, Efrén Díaz Zaragoza, Alejandro Antonio Galicia Aguirre, Josefa González Jerónimo, Luis Felipe Gutiérrez Contreras, Isabel Jáuregui Cortazar, Noemí Luna González, y María Verónica Wolff Paz, para prestar servicios en la Embajada de la República Federal de Alemania en México.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en términos de lo dispuesto por el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a los señores diputados si van a reservarse algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no ha sido reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

LA MISMA SECRETARIA: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Clauthia Cytlalli Tavera Hinojosa Serrano y Luis Patricio Sandoval Muñoz, para prestar servicios en la Embajada de Italia y en el Consulado General de Chile en México.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos de lo señalado por el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la asamblea si se van a reservar algún artículo para su discusión en lo particular.

En virtud de que no ha sido reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

LA MISMA SECRETARIA: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa Elia Villa Guerrero, para desempeñar al cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en la Ciudad de San Luis Potosí, con circunscripción consular en esa capital y sus alrededores inmediatos...

No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación de este proyecto y de los reservados anteriormente.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE LAS NIEVES GARCIAS FERNÁNDEZ: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 de Reglamento para el Gobierno Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.