SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
18 DE MARZO DE 2003
EL PRESIDENTE, DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 351 diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: (11:16 horas) Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ:
(orden del día)
EL PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría dé lectura al acta de la sesión anterior.
LA MISMA SECRETARIA:
(acta de la sesión anterior)
EL PRESIDENTE: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
LA MISMA SECRETARIA: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Aprobado, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(de la Mesa Directiva, sobre el sistema electrónico de registro
de asistencia)
LA MISMA SECRETARIA:
(invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Distrito Federal)
EL PRESIDENTE: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: diputada Esperanza Santillán Castillo, diputado Jorge Alberto Lara Rivera y diputado Miguel Bortolini Castillo.
LA MISMA SECRETARIA:
(del diputado Jesús Garibay García)
EL PRESIDENTE: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
LA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Están a discusión los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- Se concede licencia por tiempo indefinido al Dip. Jesús Garibay García, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el noveno distrito del Estado de Michoacán, a partir de esta fecha.
Segundo.- Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
EL PRESIDENTE: Aprobado.
Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Gilberto del Real Ruedas y José Luis Esquivel Zalpa, diputados federales electos en la segunda circunscripción y noveno distrito del Estado de Michoacán.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados:
Diputado Angel Artemio Meixueiro González
Diputado Ramón Ponce Contreras
Diputado Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel
Diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez
Diputado Víctor Antonio García Dávila
LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Se pide a la Comisión cumplir con ese encargo.
(La Comisión cumple con su encargo)
MISMA SECRETARIA: Se invita a los presentes ponerse de pie.
EL PRESIDENTE: Ciudadano Gilberto del Real Ruedas y José Luis Esquivel Zalpa: "¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?"
LOS CC. GILBERTO DEL REAL RUEDAS Y JOSE LUIS ESQUIVEL ZALPA: "SÍ Protesto"
EL PRESIDENTE: "Si así no lo hicieran, que la nación se los demande"
(Aplausos)
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
EL DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Oficios de la Comisión Permanente.
(Oficio de la Comisión Permanente con el que remite el
Inventario de los asuntos que fueron turnados a la Cámara
de Diputados)
-EL C. PRESIDENTE: De enterado, remítase a las Comisiones correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
-EL MISMO C. SECRETARIO:
(Oficio de la Comisión Permanente en la que remite
contestación de la Secretaría de Salud relacionado
con la población afectada por el huracán Isidore)
-EL C. PRESIDENTE: Remítase a la Comisión de Salud y a los promoventes, para su conocimiento.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(Oficio de la Comisión Permanente relativo al informe
relativo al Tercer Foro Parlamentario Mundial celebra-
do en Porto Alegre, Brasil)
EL C. PRESIDENTE: De enterado y remítase a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
-EL MISMO C. SECRETARIO:
(Comunicación de la Comisión Permanente, por el
que se informa que el Diputado Alejandro Zapata
Perogordo, asumió la Coordinación del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional)
-EL C. PRESIDENTE: De enterado. Comuníquese.
-EL MISMO C. SECRETARIO:
(Oficio de la Comisión Permanente con el que remite
informe de las actividades realizadas por la misma)
-EL C. PRESIDENTE: De enterado e insértese en el Diario de los Debates.
-EL MISMO C. SECRETARIO:
(Oficio de la Comisión de Concordia y Pacificación
comunicando designación de presidente del dipu-
tado Mauro Huerta Díaz).
-EL C. PRESIDENTE: De enterado.
LA C. SECRETARIA MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNANDEZ:
(Oficio del diputado José Bañales Castro, comuni-
cando su separación del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional).
EL C. PRESIDENTE.- De enterado.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ.-
(Comunicación de la Mesa Directiva informando de solicitudes de diversas comisiones de trabajo con punto de acuerdo. Se inserta)
EL C. PRESIDENTE.- De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.-
(Comunicación del Senado de la República con punto de acuerdo. Se inserta)
EL C. PRESIDENTE.- De enterado. Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.-
(Comunicación del Senado de la República, por el que comunica inicio del Segundo Período de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio. Se inserta)
EL C. PRESIDENTE.- De enterado.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.-
(Comunicación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se inserta)
EL C. PRESIDENTE.- De enterado.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que se extiende la prórroga de la duración de funcionamiento del grupo de trabajo de cafeticultura. Se inserta)
En votación Económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-DIP. SECRETARIO RODOLFO DORADOR: Aprobado.
-MISMO SECRETARIO:
(De la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de reconstrucción en el Estado de Colima)
-MISMO SECRETARIO: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Mayoría por la afirmativa, presidente.
-´PRESIDENTE: Aprobado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. del acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia del 5 de noviembre del 2002, se pide a la secretaría dar cuenta del mismo e instruya su cierre.
-MISMO SECRETARIO: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 426 ciudadanos diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
-PRESIDENTE: El siguiente punto del Orden del Orden del Día es posicionamiento de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, sobre el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Se han registrado para hacer uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados:
El diputado José Manuel del Río Virgen.
La diputada Beatriz Patricia Lorena Juárez.
La diputada Norma Patricia Riojas Santana.
El diputado José Narro Céspedes.
El diputado Alejandro García Sáenz Arena.
El diputado Martí Batres Guadarrama.
El diputado Alejandro Zapata Perogordo.
El diputado Rafael Rodríguez Barrera.
En tal virtud, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, el ciudadano diputado José Manuel del Río Virgen.
-DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso señor presidente:
Saludo al diputado Eric Villanueva, quien con decoro, esfuerzo y capacidad cumplió en su periodo una presidencia diferente, para bien del Congreso y para bien de México.
A usted diputado Armando Salinas, le deseo la mejor de las suertes pues representa la unidad de la Cámara. Que sea para bien del Congreso.
Esta Cámara compañeras y compañeros diputados, ha tenido un papel preponderante en la inconclusa transición democrática del país. Iniciamos el último periodo de sesiones. Es hora de la reflexión. Unamos nuestra fuerza con un solo interés: cumplir lo prometido a los mexicanos.
No podemos compañeras y compañeros diputados, venir a esta Cámara con una agendita de bajo perfil, pues los mexicanos allá afuera están esperando los cambios estructurales, los cambios prioritarios. por ejemplo la reforma eléctrica, la que proponemos se incluya en esta agenda; la que queremos los mexicanos y que esté por encima de los intereses partidistas.
Si no somos capaces de realizar una reforma eléctrica que beneficie las arcas del país y por tanto los niveles de vida de los mexicanos, de nada servirán tantas y tantas reuniones que podemos seguir llevando a cabo. Pero la reforma eléctrica no llega; y es la reforma eléctrica una reforma coyuntural que quieren los mexicanos; que queremos todos en este país.
La reforma eléctrica debe ser sinónimo de fortalecimiento de la soberanía nacional y no entrega de ella; en donde se fortalezca la visión de futuro y la visión de país que tenemos.
Para convergencia en esta agenda será importante decir no, a la pena de muerte. No se puede hablar de una pena de muerte cuando no tenemos la seguridad de quien el que cumple esa pena es realmente el sujeto activo del delito que se le imputa. Violaríamos la más importante de las garantías individuales y principales de todo ser humano que es la privación de la vida.
Por lo tanto le exigimos a la procuración de justicia mayor eficiencia, pues de cada 100 delitos sólo se castigan cinco.
La reforma de estado es un compromiso nacional, sin embargo los temas torales no aparecen en la agenda. Lástima de tantos temas que se han consensado, deberían de estar en la agenda legislativa.
Impulsaremos la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pero sin casinos. Por lo tanto y como se han estado dando aquí nombres de varios legisladores en el sentido de que tienen algún interés para frenar o para acelerar esta legislación, propongo que se cree una comisión de legisladores que investigue y que se deje a salvo de estos legisladores su buen nombre. No es correcto y no es justo que entre legisladores nos enlodemos. Vale la pena, vale la pena, bien vale la pena, compañeros diputados, que salvaguardemos la institución y salvaguardemos el buen nombre de los legisladores.
Tampoco le podremos regatear ningún apoyo a la Ley de la Agroindustria Azucarera, pues no podemos seguir beneficiando a los productores de alta fructuosa y empobreciendo a nuestros cañeros mexicanos. Así lo creo también para que se fomente el desarrollo de la cafeticultura mexicana, marco legal del azúcar y el café que necesitan los mexicanos, pero particularmente mis paisanos, los veracruzanos.
De aquí tendrá que salir el reglamento de transparencia y acceso a la información pública de la Cámara de Diputados. Vale la pena que tengamos ese reglamento para que sepamos cuánto dinero manejan las fracciones parlamentarias, cómo se gasta y cómo se comprueba este dinero y para darnos cuenta si son los diputados quienes exigen un millón o son las fracciones las que se defienden de esta información.
Nos da tiempo si queremos impulsar una nueva ley contra la discriminación, una ley en materia de biodiversidad y una más para que 24 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica tengan seguridad y certidumbre en las remesas que envían a sus familiares en este país.
Necesitamos la ley del transporte y necesitamos con urgencia la nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional que el Ejecutivo nos ha estado prometiendo que enviará y ésta no llega; 200 mil politécnicos están esperando esta ley. Urge que la envíe el Ejecutivo para que podamos aprobarla.
Ojalá y este período de sesiones no sirva exclusivamente –y termino, señor presidente—para que los partidos políticos vengan a esta tribuna con sus vendetas y se enloden entre ello. Bien vale la pena que hagamos un esfuerzo por llevarle a los mexicanos la certeza y la seguridad que los partidos políticos tienen propuestas y no los ahuyenten de las urnas, como pasó en el estado de México.
Bien vale la pena que vayamos e investiguemos a fondo y que la Sección Instructora termine su proceso en el caso del Pemexgate y bien vale la pena que también se investigue el caso de los Amigos de Fox. Gracias, señor presidente.
EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez.
LA C. DIPUTADA BEATRIZ PATRICIA LORENZO JUAREZ: Con el permiso de la presidencia. Honorable Congreso de la Unión: hoy esta LVIII Legislatura comienza el último período ordinario de actividades legislativas y al mismo tiempo no se vislumbra una estrategia económica clara que dé lugar a soluciones claras a corto, mediano y largo plazo a favor de los más desprotegidos de México, que son los más.
Los acuerdos y los acercamientos políticos entre las distintas fuerzas representadas en esta soberanía se dieron a lo largo de esta legislatura, es cierto, pero no en la cantidad y calidad que esperaba la sociedad.
Debemos preguntarnos si realmente hemos llegado a los acuerdos, si estamos satisfechos con lo realizado, si aún contamos con la credibilidad con que fuimos elegidos o si hemos hecho sólo un mínimo de lo que pudimos haber realizado.
Estas son preguntas que debemos contestarnos cada uno de nosotros en lo individual. No podemos hablar de una transición democrática en el país mientras no se dé lugar a un desarrollo reformador, lo cual únicamente se dará cuando se acepte una nueva redefinición del quehacer político.
Crear los nexos y vincular las causas no es una tarea fácil; requiere no sólo de una voluntad política, sino de tolerancia, actitud difícil de encontrar en estos tiempos de incertidumbre mundial.
Aun así, la temática legislativa que se impulse durante el último período ordinario de sesiones debe ser una agenda compartida, en donde quede de manifiesto que el Poder Legislativo puede hacer de la tolerancia un pilar de su quehacer parlamentario.
De todos es conocido que un ambiente contaminado priva en el ámbito político, pero éste es uno de los precios que hay que pagar en la democracia cuando no se ha sabido asumirla con responsabilidad.
Sin duda sería realmente lamentable que el presente y último período de sesiones se viera contaminado con los tiempos electorales que vive el país.
Esta LVIII Legislaturas fue la materialización de la pluralidad política existente en el México de principios del Siglo XXI, pero desgraciadamente ésta no pudo evitar los desacuerdos partidistas.
Nadie ha dicho que la convivencia sea fácil en una democracia; tuvimos nuestra oportunidad y lo que hicimos o dejamos de hacer lo juzgarán sin duda las generaciones futuras.
Todos sabemos que han quedado inconclusos los grandes temas nacionales, que no nuevos, así como las grandes reformas estructurales que requiere el país. Pero cómo cambiar el futuro de la nación, mientras nadie está dispuesto a pagar el precio por una auténtica transformación de la realidad nacional, mientras todos quieren ganar pero nadie quiere arriesgar y nadie quiere perder.
Terminará la presente Legislatura y los problemas, los pendientes y los rezagos continuarán abrumando a la sociedad en su conjunto. Debemos entender que mientras todo se partidice jamás podremos encontrar soluciones reales y eficaces. Una auténtica Reforma del Estado debe dar lugar al crecimiento de la sociedad y no por el contrario ser excusa para su estancamiento.
En el Partido Alianza Social consideramos que las grandes transformaciones que requiere el país en lo político, en lo social y en lo económico y dar lugar con ello a un posicionamiento real y sólido de México ante el concierto de naciones que hasta hoy permanecen como buenas intenciones, al no existir la voluntad política real para convertirlas en acciones.
Por otro lado, la competitividad que hoy exige la globalización en todos los ámbitos debe comenzar con la defensa de lo nacional. La competitividad si bien implica negociación, de ninguna manera debe dar lugar a la sumisión o a la dependencia.
Hoy las instituciones democráticas deben explicar a la sociedad qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Así la imposición de las políticas públicas ha dejado de ser una práctica común en el ejercicio de gobierno, de asumir posiciones razonadas, actitudes responsables y el dar lugar a un gobierno con visión de futuro, dejando así de ser un gobierno coyuntural depende el futuro de México, que no se agota en tres o en seis años, sólo así podrá darse en nuestro país una consolidación de una nueva democracia, buscar al menos en el discurso por todos.
Desgraciadamente la parálisis de incertidumbre en el quehacer del gobierno no es buena señal y es esto último lo que ha prevalecido a lo largo de esta Legislatura. Sin duda, el Congreso de la Unión tiene un nuevo papel en el desarrollo político nacional al hacer de sus acciones un actuar responsable, lo que implica dejar de gobernar a los electores y comenzar a gobernar con los ciudadanos.
Si me permite terminar, Presidente, por favor.
Las metas tanto individuales como colectivas no solo deben desearse, se debe hacer lo necesario para alcanzarlas. Hoy es nuestro tiempo, esta LVIII Legislatura tiene una última oportunidad para dar lugar a las acciones que trasciendan al tiempo y no solo a palabras que con los años se olvidarán.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (PAN): Tiene la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana, hasta por cinco minutos.
LA C. NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA (PSN): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeros y Compañeras Legisladores:
El día de hoy, que iniciamos formalmente el último periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, los nacionalistas esperamos que sea el clima político en el que se encuentra inmerso nuestro país no sea un factor que les obstaculice las negociaciones, los acuerdos y los consensos políticos en el desarrollo del trabajo legislativo.
Sin duda alguna, la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión ha sentado un precedente en la vida parlamentaria de nuestro país, es el parteaguas entre los regímenes del partido homogénico y de transición a la democracia. Actualmente la ciudadanía empieza a reconocer el Poder Legislativo como un poder real de contrapeso del Ejecutivo Federal, como el centro de la política nacional. Pero también nos han calificado de ser un poder que no ha logrado responder de manera eficaz a los intereses nacionales. Esta concepción es nuestra obligación cambiarla, demostrándole al pueblo de México que la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión está trabajando con y para los mexicanos.
No porque este sea el último periodo de sesiones ordinarias de esta Legislatura debemos tirar por la borda los logros alcanzados y la posición que tanto trabajo nos ha costado construir.
Desde el principio de nuestra gestión los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, nos comprometimos a realizar un trabajo legislativo plural e incluyente con todas las fuerzas políticas aquí representadas, exhortándolas a trabajar con nacionalismo, dignidad, funcionalidad, dejando a un lado los intereses partidistas en la construcción del proyecto de nación que requieren todos los mexicanos.
Los nacionalistas hemos sido coherentes en nuestro posicionamiento y en el compromiso que hicimos al inicio de esta Legislatura en ser objetivos, en ser analíticos y sobre todo votar siempre a favor de los intereses de México.
Nunca es tarde para trabajar por nuestro país, para dejar atrás las mayorías prefabricadas, las prácticas clientelares, las descalificaciones y las actitudes viscerales. Hoy es un buen momento para demostrarle a la ciudadanía que somos actores eficaces y capaces de construir la transformación de nuestro amado país.
Para los verdaderos nacionalistas, el único y real compromiso que tenemos y debemos tener es con México y con los mexicanos. Los nacionalistas queremos que en este periodo de sesiones se analice y se debata en un ambiente de responsabilidad y profesionalismo, de manera cohesionada y tolerante entre otros temas, los siguientes:
- La reforma del Estado y la adecuación de la estructura gubernamental.
- Reforma política hacendaria integral.
- La creación de un marco legal en el área laboral y económica, que propicie el desarrollo con igualdad a lo largo y a lo ancho de todo el país, sin excluir zonas ni estados ni regiones, que analice la política exterior. En este sentido los nacionalistas nos manifestamos con un ¡no rotundo a la guerra!
- La Ley de Telecomunicaciones.
- Las reformas en materia de vivienda.
- La Ley de Desarrollo Social.
- Las adecuaciones a la Ley General de Educación.
La agenda de los nacionalistas, de los verdaderos nacionalistas, dará prioridad a las áreas que afectan a los que menos tienen y a los que menos pueden. Atenderá la creación de nuevos instrumentos que promuevan el desarrollo pleno de la persona humana, de manera especial a las personas con capacidades diferenciadas.
Incluirá también aspectos tendientes a lograr la equidad de género y la eliminación de toda forma de discriminación. Asimismo, dará un lugar preponderante a la grave situación por la que está atravesando el campo mexicano, promoviendo reformas legislativas y políticas públicas que propicien un desarrollo rural sustentable.
México requiere que encaminemos todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar la idea original de la democracia, es decir, un gobierno que responda a los intereses de un pueblo, de nuestro pueblo.
Hoy es un buen momento para que todos juntos construyamos una gran transformación nacional, reafirmando el compromiso que tenemos con los intereses de nuestra nación.
Es así que el Partido de la Sociedad Nacionalista desde la alta tribuna hacemos un llamado a la unidad, a la unidad de todas y todos los mexicanos, para que conjuntamente, independientemente de nuestras diferencias, pongamos como premisa fundamental de nuestra labor que la patria es primero.
Es cuanto, señor Presidente.
(aplausos)
-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos el diputado José Narro Céspedes.
-DIP. JOSE NARRO CÉSPEDES: Con su permiso Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: Nuestro trabajo legislativo se inicia en un contexto caracterizado por la inminente guerra, fruto de la irracionalidad y de la ley del más fuerte, que lo único que persigue es apropiarse de los recursos petroleros de una región del mundo.
El ultimátum impuesto por los Estados Unidos, Inglaterra y España, para que Saddam Hussein abandone el poder en 48 horas, es un claro acto de abuso y prepotencia por parte del imperio norteamericano, que por el bien del resto de las naciones no podemos solapar. ¿Dónde queda el derecho internacional?
Estamos en contra de la guerra, pero también estamos en contra de que un país se pretenda erigir en el árbitro y en el juez internacional y defina si se hace o no la guerra a partir de que quien gobierna se salga de su país. No avalaremos esto si el gobierno mexicano promueve el planteamiento y apoye el planteamiento de Estados Unidos para que Saddam Hussein salga de Irak, porque es claramente una medida intervensionista, es una medida que violenta los principios internacionales que nos han dado patria.
Pero también queremos señalar que vemos positivo el pronunciamiento que el día de ayer hizo ante la nación el Presidente Vicente Fox. ¿Dónde está la voluntad de la totalidad de los habitantes de las naciones quienes están a favor de lograr el desarme de este país por medios pacíficos y mantener la paz en el mundo? ¿Quién obligará a Estados Unidos a desarmarse para que deje de ser una amenaza fatal para la humanidad? Queremos el desarme, pero no nomás de Irak.
México ha sido un promotor, entre otros, del Tratado de Tlatelolco para impulsar , acabar con las armas de destrucción masiva que hay en el mundo. Queremos el desarme de Irak pero queremos el desarme también de os estados Unidos y de todos aquellos países que tienen armas de destrucción masiva en contra de la propia humanidad.
Adueñarse del petróleo de la nación Iraquí y de ejercer subliderazgo mundial de la zona son los propósitos claros del Gobierno de los Estados Unidos y de sus empresas transnacionales para que al pueblo Iraquí los costos serán muy altos. Si estalla la guerra no solamente perderán su petróleo sino también morirán 1 millón 200 mil niños y cientos y miles de adultos, hombres y mujeres, conforme estimaciones de las propias Naciones Unidas.
La ambición de las petroleras norteamericanas e inglesas no tienen límites, no les importa teñir de sangre cualquier parte del planeta con tal de colmar sus ambiciones de poder, sólo la movilización mundial y de este Congreso y de todos los Congresos del mundo a favor de la paz y el rechazo firme a la guerra podrán detenerlas. Esta situación de guerra compromete seriamente la Política Exterior de México, ya que al ser Miembro del Consejo de Seguridad de la ONU se ve obligado a tomar una postura precisa con relación a esta guerra.
El pueblo de México y las fuerzas políticas de oposición representadas en este Congreso se ha pronunciado por el NO a la guerra , en este contexto el Gobierno del Presidente Fox está obligado a mantener los principios de nuestra Política Exterior, plasmados en el Artículo 89 Constitucional.
NO hay espacios para la duda, la capacidad de autogestionarse del pueblo mexicano no está sujeto a los caprichos de las potencias ni a los intereses facciosos de grupos internos que están a favor de negociar principios por intereses, no hay vuelta de hoja, la decisión del pueblo mexicano, es decir NO a la guerra.
Compañeras y compañeros Legisladores. La situación en que se encuentran millones de nuestros compatriotas que viven en el campo también es un tema importante que tiene que abordar en este período el Congreso. La crisis en que se encuentran los productores de tierras comunales y ejidales así como pequeños propietarios han orillado a cientos de miles de los hombres del campo a emigrar hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades que les niega nuestro propio país.
En estos dos últimos años, 3.5 millones de mexicanos se han visto en la necesidad de emigrar hacia los Estados Unidos, es prácticamente una política de limpieza social la que se está llevando sobre el campo de nuestro país a partir de llevarlos a situaciones de pobreza y de desesperanza extrema.
La crisis del campo se agravó con el Tratado de Libre Comercio porque en lugar de beneficios los subproductores ejidales y comunales y pequeños propietarios están cosechando miseria, hambre y desnutrición.
Hoy estamos inundados de productos chatarra, agrícolas, procedentes de otras partes del mundo y los nuestros fueron desplazados. De forma deliberada los regímenes del pasado y el actual Gobierno Federal han abandonado a los hombres del campo, los gobiernos priístas usaron el campo como un bastión de votos negando los apoyos y las políticas que realmente pudieran sacarlo de esa situación de atraso y de marasmo.
Se estima que hoy, el 81.5% de los habitantes del medio rural son pobres y la pobreza extrema en el campo alcanza el 55.3% de ellos. A fuerza de movilizaciones en varias entidades del país y de la marcha multitudinaria de fines de Enero que culminó en el Zócalo de la ciudad de México se ha logrado que el Gobierno Federal empiece a escuchar a los campesinos de este país.
Sus demandas fundamentales son: la re negociación del Tratado de Libre Comercio y una política que haga realidad la soberanía alimentaria con los campesinos de nuestro país. Los hombres del campo ya no están dispuestos a continuar viviendo con el lastre de la pobreza y el abandono como parte de su destino.
A fuerza de resistir y de presionar al Gobierno Federal, han logrado que se discuta su problemática en el marco de las mesas del diálogo para una política de estado para el campo; sin embargo, los acuerdos que ahí se logren sólo tendrán sentido si se incorporan las demandas de nuestros productores consistentes en garantizar un nivel de vida similar y el medio urbano.
Los hombres del campo ya no están dispuestos a aceptar que por ser campesinos y vivir en el campo deban de estar marcados por la pobreza, el analfabetismo y una calidad de vida inferior a la que existe en las ciudades.
También exigen al Gobierno Federal se comprometa con una política que privilegie la soberanía y la seguridad alimentaria, la multi funcionalidad del campo y el fortalecimiento de la capacidad del desarrollo de los pequeños y medianos productores, así como en las comunidades indígenas y campesinas.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoyará que estas exigencias se vuelvan una realidad mediante su traducción, entre otras cosas, de mayores recursos para el campo. Sépanlo desde ahora, no avalaremos ninguna política de difusión mediática hacia el campo que no se traduzca en beneficios reales para los productores rurales.
Compañeras y compañeros legisladores, el país se haya inmerso en el proceso electoral que conducirá a la renovación de la representación federal en la Cámara de Diputados; el pueblo mexicano ha optado por una representación plural que expresa la diversidad de los sectores sociales que componen nuestro territorio, sin embargo el presidente Fox se adelantó a los tiempos políticos y de su arribo al Poder Ejecutivo se convirtió en el jefe de la campaña política del Partido Acción Nacional y su proselitismo político se centró primero en desacreditar al Congreso de la Unión, acusándolo de ser el responsable del estrepitoso fracaso de su gestión gubernamental.
A cualquier foro que asiste, no ha dudado en pedir a sus interlocutores que le quiten el freno al cambio, que probablemente sea el mismo, justificando de esta manera su incapacidad para gobernar.
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, los únicos responsables de la parálisis económica y política del país es el Ejecutivo Federal y su partido. Fueron ellos los que le prometieron al país y a sus electores, cambios espectaculares en materia de crecimiento económico, creación de empleo, transparencia en el manejo de los recursos públicos y de la información, así como la reforma del Estado.
Los hechos saltan a la vista. El presidente Fox y sus amigos, han sido los primeros en negarse a que el IFE y las instancias legales correspondientes tengan acceso a la información, a la transparencia que ellos han planteado y se comprometieron a impulsarla, que documente el origen de los recursos provenientes del exterior que sirvieron para financiar su campaña.
Ahora con la multa impuesta al PRI por el órgano de fiscalización del IFE, ha quedado evidenciado que dos de los partidos mayoritarios del país carecen de fuerza moral en tanto no han podido aclarar el origen del financiamiento de sus campañas en el año 2000.
Es por salud pública, que en ambos casos se llegue hasta el fondo y se aplique la ley con el mismo rasero. Termino, señor Presidente. Por esta razón, desde ahora, queremos decirlo: el presidente Fox y sus amigos han manchado el proceso electoral en marcha y la única manera de transparentarlo es que el IFE conozca, sin ningún obstáculo, el origen de esos recursos.
En manos del presidente Fox está la credibilidad o el descrédito del proceso electoral del 6 de julio. Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro García Sainz Arena, hasta por diez minutos.
- EL C. DIP. ALEJANDRO GARCIA SAINZ ARENA: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy, nos reunimos para iniciar el último período de sesiones de esta LVIII Legislatura, sin embargo esta es una ocasión especial y propicia para llevar a cabo una evaluación de nuestro desempeño que concluirá en este tercer año de ejercicio y por supuesto, de afrontar los retos que nos esperan en este período, el cual –sin duda- será uno de los más arduos por la competencia electoral que se aproxima.
Como legisladores tenemos el compromiso de dirigir y evaluar los procesos de transformación del país y de la sociedad, así como reformar eficaz y profundamente las leyes que nos permitan hacer realidad las necesidades que nos demandan todos los mexicanos. Estas demandas que se nos presentan hoy en día, son las de un México de personas libres y dignas, unidas en democracia, con plena vigencia de los derechos humanos y con una economía eficiente, justa y sustentable.
Por ello, es necesario que el trabajo en el Congreso de la Unión se encamine a concretar las propuestas y necesidades de todos los mexicanos, plasmando éstas en el marco legal vigente y con ello buscar disminuir la desigualdad, procurando siempre la justicia que resulte en un país que pueda ser producto del trabajo, la honradez y todas aquellas virtudes que nos caracterizan como pueblo mexicano.
En el Partido Verde hacemos patente nuestro compromiso por alcanzar nuevos acuerdos que nos permitan proveer de un marco jurídico benéfico para la sociedad en su conjunto, como lo fueron en periodos anteriores. Tal es el caso de PEMEX, que cuenta del 2001 en su Consejo de Administración con el titular de la SEMARNAP, la promoción y aprobación de la ley del Deporte, la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, la aprobación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en espera de las modificaciones hechas por el Senado para su ratificación por esta misma Cámara. Así también, esta Cámara aprobó una Ley de Responsabilidad Civil por Daños Ambientales, en espera de su ratificación por parte del Senado.
El grupo parlamentario del Partido Verde ha sido y seguirá siendo un aliado de aquellas reformas que tiendan a lograr una sociedad igualitaria y un medio ambiente sano para todos. Por ello hemos propuesto cambios sustanciales a la Constitución entre las que destacan el otorgarle facultades al Distrito Federal, para que forme parte del proceso de reformas a la propia Carta Magna, cambios al informe presidencial, sustitución del Ejecutivo Federal en caso de ausencia definitiva, tratados internacionales con principios ambientales, así como iniciativas a diversas leyes en las que se busca proteger a la fauna y vida silvestre y por supuesto sus hábitats naturales.
En materia fiscal y presupuestaria hemos propuesto importantes cambios que coadyuvan a un mejor ingreso y a un eficiente gasto, el trabajo para jóvenes como un beneficio fiscal a las empresas, el cobro de derechos para fomentar la conservación ambiental y una vigilancia estricta del gasto gubernamental, es muestra clara de lo que nos ocupa.
En esta Cámara todos los presentes acatamos la responsabilidad que nos confiere la ciudadanía y nos mandata la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias. Por ello, los exhortamos a todos, así como a nuestros representados a que no perdamos de vista los aspectos cuya resolución es de imperiosa necesidad, como lo son las diversas propuestas estructurales que se encuentran en el abandono, porque han sido suplantadas por ambiciones personales o de grupo que han dejado en el desamparo total a nuestros conciudadanos.
Debemos antes de concluir esta Legislatura, madurar aquellos acuerdos signados al inicio de ésta, para dar cauce y satisfacción a las legítimas aspiraciones de bienestar, seguridad y justicia social de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, en el Partido Verde consideramos necesario convocar a un periodo extraordinario al finalizar las elecciones federales del mes de julio, para que no existan excusas o elementos que pudieran entorpecer el dialogo y la consecución de los objetivos nacionales.
En otro tenor de ideas en esta Cámara de Diputados y la colegisladora, hemos trabajado con ahínco y tenacidad, con firmeza y responsabilidad, con los mexicanos y sus familias, por tanto son infundados esos erróneos silogismos que nos manifiestan como un freno sin sentido. En el Partido Verde, consideramos superadas las falsas acusaciones que grupos ajenos a la voluntad popular realizan con la única razón que les motiva, que es el poder para satisfacer sus intereses personales, sin ninguna justificación y sin mirar los daños colaterales que provoca su actitud inmadura y sosa.
A todos nos corresponden enormes responsabilidades y deberes, si queremos ganar la confianza de nuestros representados debemos concluir nuestro encargo constitucional con eficiencia y lealtad ciudadana, sobre todo si existen en el panorama nacional posiciones tan encontradas que no permitan solución alguna a nuestras diferencias.
En el pasado hemos sido testigos de lo que las ambiciones desenfrenadas por alcanzar el poder han hecho de México; un país lleno de discordia, de inestabilidad, un país profundamente agraviado y dividido, que nada bueno ha dejado a su población. Por ello la concordia e integridad de los representantes populares que han marcado otros periodos ordinarios anteriores deberá marcar el que hoy inicia. Hoy, a fin de trabajar por y para quienes fuimos elegidos, debemos aprobar cambios para mejorar nuestro sistema jurídico y promover la democracia, haciendo de ella pieza fundamental de nuestro quehacer político y en la toma de decisiones.
En el Partido Verde estamos abiertos al diálogo y a sobreponer los intereses de la nación por encima de cualquier otro, en beneficio directo de todos y cada uno de los mexicanos y las generaciones futuras. Somos un grupo parlamentario que trabaja para construir un nuevo orden para los derechos humanos, para la seguridad social, para la democracia y por supuesto para el desarrollo sustentable. Con todo lo dicho se ratifica el permanente compromiso que reafirma nuestras acciones y que seguimos trabajando por los mexicanos que nos confiaron y que confían en nosotros con su voto.
Por último quisiera hacer hincapié en que en los tiempos en que nos encontramos, en vía de las elecciones que se aproximan, no están dadas las condiciones óptimas para construir acuerdos y llevar a cabo las reformas estructurales que el país nos demanda, como es la reforma eléctrica, la reforma laboral, la reforma del Estado e incluso la reforma fiscal. Por eso hacemos un llamado a todos a que se pueda convocar a un periodo extraordinario posterior a las elecciones que se aproximan en el mes de julio, para que en forma desinteresada se puedan reformar las leyes estructurales que tanto necesita nuestro país.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama, hasta por diez minutos.
EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso, señor Presidente.
Arribamos al último periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, a lo largo de la misma se han abordado numerosos temas de importancia y se han materializado un centenar de dictámenes legislativos, quedan sin embargo muchos temas pendientes.
El balance de esta legislatura tendrá que incluir sus aciertos y sus omisiones. Acaso el mayor error ha sido hasta ahora la ausencia de una reforma constitucional indígena satisfactoria para los propios pueblos indios; no aceptamos en cambio la versión de que esta legislatura tenía la misión de continuar las reformas privatizadoras llamadas eufemísticamente reformas estructurales.
Fue un acierto de la legislatura rechazar los impuestos a la alimentación, la salud y la educación, como ha sido también un mérito de la misma evitar hasta ahora la entrega de la industria eléctrica a los intereses económicos extranjeros. Ha prevalecido la vocación social a pesar de todo. En el discurso oficial, sin embargo, tiende a confundirse el cambio con las reformas estructurales y a ofrecerse éstas últimas como si fueran el primero. Sin embargo, dichas reformas ya se hacían por los gobiernos anteriores; los gobiernos que precedieron al actual llevaron a México a realizar 2 mil 500 privatizaciones y a firmar el Tratado de Libre Comercio. Todavía en 1999, el Presidente Zedillo propuso la reforma constitucional para abrir el sector eléctrico al capital extranjero. Si esa ruta era la que querían los mexicanos, nos preguntamos: ¿Para qué cambiar entonces de partido en el gobierno?
La gente decidió hacer un cambio porque ya no quería seguir pagando el altísimo costo económico y social que generaron dichas privatizaciones y las mal llamadas reformas estructurales.
Por eso, la tarea de esta Legislatura la concebimos más bien en el terreno social, amortiguando contradicciones, equilibrando desigualdades.
En es sentido, hemos colaborado ampliamente con el gobierno de la República y donde haya coincidencia lo seguiremos haciendo. Lo apoyamos en la reforma a la administración pública, lo respaldamos para ampliar el gasto social en el presupuesto, lo respaldamos en la lucha contra la impunidad y en las salidas democráticas a los conflictos y especialmente nosotros lo apoyamos cuando propuso a esta soberanía la llamada Ley COCOPA en materia indígena.
En este período apoyaremos la preocupación gubernamental de contar con una legislación contra la discriminación, por un servicio civil de carrera y por una legislación de juegos y sorteos sin casinos, entre otros temas.
Vamos también por nuevos derechos de autor y por las legislaciones para el campo, a regular las remuneraciones de los servidores públicos y por la derogación de la pena de muerte, pues si estamos contra el crimen de la guerra, también estamos en consecuencia contra la crueldad que significa esta pena.
Exhortamos a la Cámara de Diputados en su conjunto a lograr el máximo de acuerdos legislativos y a trabajar para alcanzarlos hasta el último momento.
Este Congreso de la Unión no ha sido obstáculo alguno para el Gobierno Federal y no lo podría ser, cada poder del estado tiene sus propias atribuciones y el Ejecutivo tiene el mando de las fuerzas armadas y la fuerza pública, el ejercicio del presupuesto, el cobro de los impuestos, los programas sociales, el control de la empresa pública, la procuración de justicia, las aduanas y entre otras, la conducción de la política exterior.
En el marco de la autonomía de cada poder, coindicimos en que es indispensable la unidad de todos por la paz. Respaldamos el mensaje del Presidente por la paz y coincidimos en que las vías diplomáticas no están canceladas.
En este tema tan delicado y difícil, apreciamos la postura del Ejecutivo Federal y su resolución de discrepar con Estados Unidos, Gran Bretaña y España y lo apoyaremos con una definición congruente y permanente por la paz si se derivaran de ésta dificultades.
Tenemos la obligación de seguir luchando contra la guerra hasta el último momento, debemos ver hacia el futuro y redefinir la relación de México con los Estados Unidos de América. Tanta dependencia económica construida en las últimas décadas, acrecienta las dificultades para tomar nuestras propias definiciones.
El desarme por vías pacificas, es el camino correcto. Todos deben desarmarse, Irak e Israel, pero sobre todo los Estados Unidos, principal superpotencia económica, tecnológica, política, pero sobre todo militar del mundo.
Las declaraciones de guerra del Gobierno de Estados Unidos constituyen una ruptura de la legalidad internacional y un golpe letal contra la organización de las Naciones Unidas. Condenamos el unilateralismo de los Estados Unidos y sobre todo su militarismo intervensionista y hoy más que nunca exigimos a todos unirnos también, además de por la paz, para defender nuestros energéticos, nuestra industria eléctrica, nuestra industria petrolera.
Si ahora afrontamos dificultades para las definiciones, imaginémonos qué pasaría con nuestro país, si su electricidad y su petróleo, estuvieran en manos de las compañías norteamericanas. Una guerra por el petróleo, es también una amenaza para México, la industria petrolera es de todos los mexicanos, no se puede privatizar, no se puede extranjerizar, ni tampoco puede ser patrimonio de partido político alguno para ninguna campaña electoral.
El presidente ha hecho un llamado a la unidad nacional, nosotros respondemos;
Si, a la unidad nacional por la paz, pero también
Si, a la unidad nacional para defender la empresa pública
Si, a la unidad nacional para defender nuestros energéticos
Si, a la unidad nacional para defender nuestro petróleo y nuestra electricidad
Si, a la unidad nacional para defender nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra autonomía, frente a la vecina superpotencia, que gobernada hoy por la locura de la muerte amenaza al planeta entero.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el diputado Alejandro Zapata Perogordo.
-EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: Honorables Asamblea. Nos encontramos el día de hoy, para dar inicio al último período ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura. No cabe duda que es necesario una reflexión en este punto de partida, que pueda concluir con una autocrítica, de aquello que hemos hecho y de cómo lo hemos hecho y sobre todo las asignaturas pendientes.
Es este período el decisivo para moldear el rostro del legado de ésta, la primera Legislatura moderna de la alternancia, el porvenir como nación está en nuestras manos, es tiempo de concluir con la forma, con este período se cierra la oportunidad para aportar los elementos que juzgarán esta Legislatura. Tenemos mucho en juego en el largo plazo, el destino aun no está decidido.
Este es el último período ordinario de sesiones de esta Legislatura, y aun tenemos una importante agenda de negociación, de debate y de legislación.
Tenemos la responsabilidad de impulsar los dictámenes de iniciativas cruciales para la modernización del país, hablamos de la consolidación de reformas, de la inclusión de derechos de segunda y tercera generación en nuestra normatividad.
Es poco tiempo con el que contamos para legislar y, por lo tanto, es necesario hacer un llamado desde esta tribuna a todos los grupos parlamentarios, para llevar los temas, aquí, al pleno.
Aprobemos o rechacemos, pero aceleremos el paso para evitar dejar cargas en el futuro, para cumplir con nuestra responsabilidad como legisladores. Hemos encontrado coincidencias que se han convertido en acuerdos y éstos,
a su vez, nos permitirán legislar en ciertas materias.
Por ejemplo, creo que todos los presentes reconocemos la urgencia de legislar en materia de servicio civil de carrera, la evidencia internacional muestra que una administración profesional incide en un buen gobierno, y que un gobierno eficiente ahorra recursos públicos.
No creo necesario señalar más bondades de una ley de esta naturaleza. Sabemos el impacto que puede tener esta legislación en el rostro del México venidero.
En este mismo rubro nos preocupa el cargo al erario que representan los servidores públicos, la disyuntiva es doble, por un lado, debemos pagar salarios dignos y aceptables para mantener servidores públicos capaces y comprometidos, preparados y experimentados, pero también tenemos que ser vigilantes de que los pagos a los servidores públicos no sean excesivos, sino acordes con las responsabilidades de los cargos; de ahí que hayamos coincidido varios grupos parlamentarios en la necesidad de regular, desde la Federación, los lineamientos que permitan determinar los montos que debe percibir cada servidor público por su labor. Queremos servidores públicos honestos, requerimos salarios dignos, pero no vamos a tolerar excesos.
Tenemos el hoy para definir el mañana; tanto más logremos hoy, cuanto más podremos ocuparnos mañana de que incidan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
No me dejarán mentir cuando señale que como legisladores, reconocemos la importancia de proteger a los grupos vulnerables; sabemos que hay un problema cultural de discriminación en el país; no siempre y no en todas partes, pero las diferencias entre mexicanos motivadas por raza, sexo, religión, preferencia sexual y otras características, se presentan para limitar la capacidad de desarrollo de muchos mexicanos.
Tenemos la garantía de igualdad ante la ley, legislemos sobre la igualdad de oportunidades; la posibilidad de dar un paso crucial para la reintegración de los mexicanos está aquí. Legislemos sobre un problema que, aunque grave, aún tiene solución y prevención. Para qué esperar pera comenzar a frenar la discriminación si podemos iniciarlo ahora.
Hay un tema que no podemos evitar, que tenemos que entrarle, es el tema del campo, es el tema que no es de menor importancia: el tema agrario y el desarrollo en el área rural y no solamente visto desde su coyuntura, sino tenemos que observarlo desde su ámbito integral, desde su ámbito estructural. Aquí nos unimos al esfuerzo que ha hecho el Gobierno Federal impulsando el diálogo para que pueda también seguir la propuesta y posteriormente la acción, igualmente con todos aquellos trabajos que se han ido impulsando en la reforma del Estado.
Creo que es fundamental continuar trabajando en el equilibrio de los Poderes, es fundamental reformas estructurales comenzando por la abrogación de la pena de muerte, la reconducción presupuestal, reformas como la laboral, coadyuvaremos en el tema de la energía, que se encuentra actualmente en el Senado.
Ciertamente, reconocemos que vivimos una coyuntura peculiar: el proceso electoral, debido a la competencia de plataformas, genera polarización de posiciones; sin embargo el entorno internacional requiere, más que nunca, de la unidad de esfuerzos. Tenemos las condiciones para que, el posible conflicto bélico y la incertidumbre previa, puedan generar los mínimos efectos posibles, sin embargo, esto sucedería sólo si aprovechamos esta oportunidad. En la confrontación podemos dejar pasar inadvertida la ventana de oportunidad para mantener un desempeño aceptable.
Como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reconocemos nuestra responsabilidad para contribuir con el gobierno en beneficio de los mexicanos, como legisladores tenemos la responsabilidad de tener una visión integral, periférica y de largo plazo; como diputados de Acción Nacional, reconocemos la necesidad de caminar unidos con la ideología por la cual votaron millones de mexicanos.
Como partícipes del Estado, bien en el Ejecutivo, bien en el Legislativo, compartimos una visión que creemos adecuada para tener al país que merecemos.
Tradicionalmente nos opusimos a la falta de distinción entre el partido y el Estado. La relación histórica que mantenían el partido y el gobierno los hacía generar relaciones que poco contribuían a la vida democrática del país.
A diferencia del pasado, sabemos que tenemos una función como partido y una función como gobierno, pero que somos partido en el gobierno. Pero que somos partido en el gobierno y que requerimos comunicarnos para materializar efectivamente el país que queremos ver.
Un Ejecutivo que no cuenta con el respaldo del Legislativo, gobierna en el vacío. El Legislativo que legisla lejos del Ejecutivo se arriesga a su propio fracaso.
El Ejecutivo necesita del Legislativo como del Legislativo que necesita también del propio Ejecutivo. Somos caras diferenciadas aunque no diferentes; porque somos de una misma nación.
Por ello manifestamos ahora nuestro nuestro respaldo a la posición que ha asumido el Presidente de la República en el conflicto que amenaza la guerra y el terrorismo.
El país que resulte de esta consolidación democrática, tiene que pasar por los acuerdos sí, por los acuerdos entre las fuerzas y el gobierno. Por la nueva relación entre el Estado y la sociedad. Y la manera más sencilla de gobernar, la manera más sencilla de buscar armonía es buscando precisamente esos consensos y que todas esas fuerzas vayan hacia una misma dirección.
No ignoramos las voces de quienes disienten de nuestra visión. Pero tampoco ponemos en riesgo la viabilidad del país que queremos ver, por la intransigencia. Estamos abiertos al diálogo y a la negociación. Pero entendemos por diálogo el respeto. Y entendemos también que tienen que, dentro de, el propio diálogo, estar dispuestos a escuchar y a ser escuchados.
Ya termino señor presidente.
Trabajaremos por llegar a acuerdos con quien llegue a la mesa con razones y fundamentos. Sabemos que será difícil negociar cuando las posiciones se polarizan. Pero éste es el comportamiento natural en procesos electorales. Poco ganaremos al ignorarlo. Cierto.
Perdón, si me permite señor presidente un minuto para redondear el tema.
-PRESIDENTE: Concluya diputado por favor.
-DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: (continúa) … No pedimos que el debate sea inexistente. Llamamos para que el debate se dé en la tribuna, la votación en el Pleno y la negociación en las comisiones. Cada cosa a su tiempo y en su lugar.
Llamamos a ver el inmediato cuando haya que hacerlo. Pero también los llamamos a no perder de vista el horizonte que debemos mantener. Representamos a la nación y legislamos para la nación. Nuestros partidos sólo son medios para lograrlo.
Tenemos mucho en juego. Hoy definimos a cada momento lo que llamaremos futuro. Nuestras acciones serán fundamento del mañana. El gran riesgo hoy, es mantenernos en el pasado y transitar envueltos en él durante el presente.
Por último compañeros, siempre es más difícil reconocer las inflexiones cuando se vive en ellas. Para hacerlos es necesario abstraerse el momento. Es necesario que lo que era ayer no será lo que es hoy y que el mañana tendrá otro nombre.
-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el diputado Rafael Rodríguez Barrera.
EL C. DIPUTADO RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA: Ciudadano presidente, compañeros legisladores, agradezco profundamente a mis compañeros de fracción la confianza para esta intervención para manifestar que los priistas hemos transitado inmersos en la pluralidad de esta soberanía por una etapa de grandes desafíos.
Ciertamente el espíritu de esta legislatura puso a prueba a todos los partidos, pero sin lugar a dudas constituyó la prueba de fuego para nosotros los priistas. Todo recuento histórico que se haga tendrá que ponderar en dónde están las claves que hicieron posible que la LVIII Legislatura abatiera hasta hoy todos los pronósticos de fractura y de parálisis como secuela, aparentemente inevitable, de la alternancia del 2000.
A casi tres años de ese acontecimiento hoy podemos valorar a nuestra legislatura por haberse constituido en factor real de la gobernabilidad del país.
Cada fracción parlamentaria debe y deberá hacer su propia valoración sobre el significado papel que jugamos todos en esta responsabilidad.
Se deberá ponderar si se falta o no a la verdad cuando desde el Ejecutivo o desde una campaña permanente orquestada permanentemente se ha insistido en señalar como obstáculo al congreso y especialmente al PRI, en ciego antagonismo con toda idea de cambio.
Tendrá que dilucidarse si es cierto o no que el PRI ha sido participante estratégico en los consensos, si el PRI propició y compartió la aprobación de más del80% de las iniciativas que el Ejecutivo envió a esta soberanía.
¿Podría esta Legislatura, en toda su pluralidad, negar los esfuerzos permanentes, año tras año de parte de todos los grupos parlamentarios por confluir en el propósito de dotar al país de un mínimo de certidumbre institucional y de gobernabilidad en todos los órdenes?
Nosotros no tenemos ningún prejuicio al afirmar la concurrencia de todas las fracciones parlamentarias en ese propósito. Y del mismo modo, quién podría negar la validez de las votaciones contrarias que el PRI, junto con otras fuerzas, hizo en distintos tópicos, pero específicamente en materia de IVA en medicina y alimentos.
Esa posición contribuyó a la estabilidad macroeconómica y a la estabilidad social, a que no tuviéramos altos índices de inflación y en cambio reservas internacionales crecientes, factores que hoy el Ejecutivo presenta como propios y exclusivos.
En dónde quedan entonces las aportaciones de todas las fracciones parlamentarias, el trabajo en las comisiones, las labores de ingeniería fiscal y presupuestal para encontrar presupuestos equilibrados de fomento al mínimo de crecimiento y al máximo en lo social.
Si nos atenemos a la propaganda mediática, en estos logros esta LVIII Legislatura no tendría nada que reivindicar. Sin el rendimiento legislativo de estos años, sin embargo, el pacto federal viviría un ciclo de debilitamiento que el propio Poder Ejecutivo hubiese padecido.
Si se recuperaran aquí las tres iniciativas originales de presupuesto que tuvimos de parte del Ejecutivo, habría que recordarse que el programa de fortalecimiento a las entidades federativas y a los municipios simple y llanamente venían en ceros; no existía. En cambio, el presupuesto aprobado no sólo tuvo como premisa una Ley de Ingresos congruente y consistente.
El diseño presupuestal estuvo a la altura de los resortes del desarrollo regional y estatal. Ello se debió a que la dimensión de lo social fue ampliamente debatida en este recinto, tal vez como nunca antes de había hecho.
Ahí está la batalla por establecer con claridad un incremento gradual y constante hasta alcanzar el 8% del producto interno bruto para la educación nacional.
El campo en todos años estuvo en el centro de nuestras preocupaciones, porque en esta Legislatura se han promulgado leyes y ordenamientos que hoy son la base para poder iniciar el tránsito a una genuina política de Estado. En ello también hemos sido proponentes y constructivos.
En cambio, por el contrario, hoy, cuando más se necesita una agenda política de Estado, hoy, cuando más se requiere conjugar el propósito de ambos poderes, el Ejecutivo ha decidido vetar la reforma al SAT que aprobó este pleno, como el de los Senadores, con el voto ampliamente mayoritario casi prácticamente unánime de las fracciones parlamentarias, así como las reformas que otorgaban prestaciones adicionales a los miembros de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo está en su derecho, eso nadie lo discute. Sin embargo, la razón política, la racionalidad en el ejercicio de las facultades de cada poder no encuentran en esta decisión un punto de equilibrio.
Es fundamental saber si al Ejecutivo le parece negativo o ilegítimo que esta soberanía haya promovido una reforma que garantice, entre otras muchas cosas, disminuir el costo de la recaudación, simplificar los trámites fiscales, resarcir a los contribuyentes por errores de la autoridad fiscal, ampliar la base de contribuyentes, combatir a fondo la evasión, introducir parámetros de productividad en el servicio público fiscal.
Sinceramente no tenemos elementos para poder saber cuál es el criterio que pudo llevar al Ejecutivo a hacer observaciones a una ley que, además, sienta las bases para, ahora sí en efecto, allanar el camino a la reforma estructural de la hacienda pública, que incluya la rendición de cuentas, la transparencia y un genuino federalismo fiscal. ¡Esa es nuestra disposición no solo del PRI, sino de todas las fracciones parlamentarias, pero principalmente la del PRI que ha reclamado una reforma fiscal justa, no un sobrecargo a las pesadas cargas de los más débiles!
(Aplausos)
Y además, compañeros y compañeras, el Congreso -no se olvide nunca- es parte fundamental del Estado mexicano y tiene que estar a la altura de ese carácter. La agenda legislativa de esta LVIII Legislatura no ganará estatura de Estado si sede a la presión lineal y simplista del enunciado de reformas estructurales.
¡Toda reforma surge de los consensos! ¡El Ejecutivo no puede confundir las reformas con la simple apertura a la inversión privada extranjera! ¡Eso es una falacia! (Aplausos)
En todo momento, en todo momento esta Legislatura ha estado abierta, ha estado abierta pero no ha existido materia jurídica para avanzar, hasta muy recientemente, en materia laboral y en materia energética en el Senado. En tanto ese terreno se allana, esta Legislatura no puede detenerse ni se ha detenido. Tenemos enfrente temas y reformas que pueden encontrar y ensanchar el consenso.
La agenda de los priistas para este periodo está en la mesa. Para nosotros, como lo dije, el campo es la primera reforma estructural que hay que emprender y esa sería una de las mejores aportaciones que podemos dejar. Incluir en ella la Ley de Emergencia, la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, la de Fomento de la Cafeticultura, la de Investigación y Desarrollo Biotecnológico y de Bioseguridad.
Avanzar en el terreno de lo social con la Ley de Desarrollo en la materia. En los derechos de los pueblos indígenas, los discapacitados. En la reforma constitucional para garantizar el derecho a la alimentación.
¡Todo eso tenemos que hacer! ¡Porque la República no se inventó en un poco de tiempo, mucho menos en dos años! (Aplausos) ¡El camino es arduo y exige visión de Estado, proyecto de nación y partidos sólidos, comprometidos con México!
Por eso hacemos un exhorto, respetuoso, republicano, al Ejecutivo, para apuntalar la división de poderes con mecanismos institucionales de colaboración y respeto. La eficiencia del Estado se mide por la eficiencia combinada de los tres poderes, sobre todo en un Estado democrático de derecho. Y esta verdad, compañeros, cobra hoy en este momento un sentido profundo e ineludible no solo hacia el interior, sino para defender también la integridad del país en un momento crítico para su soberanía, en un contexto de elevadas presiones.
¡Ahí sí, conste, sumamos nuestro voto y nuestro respaldo al Ejecutivo sin reservas, en su posición por la paz! (Aplausos) Y nuestra agenda, nuestra agenda incluye también y de manera clara ¡un no rotundo a una guerra mundial catastrófica e irracional! ¡En este horizonte horrendo todo el país unido y los poderes del Estado Mexicano están, como estuvo Juárez, por la paz y el respeto entre las naciones!
(Aplausos fuertes)
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (PAN): Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
-SECRETARIA, DIP. MA. DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ: "Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua.
"Chihuahua, Chih., a 20 de diciembre de 2002. Oficio 2979/02
"Dip. Lic. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Av. Congreso de la Unión s/No. Col. San Lázaro, México, Distrito Federal.
"Le remito acuerdo número 496/02, así como copia del dictamen que le dio origen aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua en fecha 20 de diciembre del año en curso.
"En observancia de tal acuerdo, solicito a usted tenga al estado de Chihuahua iniciando para su trámite y aprobación la reforma a la fracción XIV y se adicione la fracción XV con el texto que correspondía a aquella, ambas del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
"Atentamente. Sufragio Efectivo no Reelección, el Presidente del Honorable Congreso del Estado, Dip. Manuel Guillermo Márquez Lizalde. Rúbrica".
-PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Nuestro siguiente punto del orden del día es iniciativas de los ciudadanos diputados.
Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de voto de mexicanos en el extranjero, hasta por diez minutos.
-DIP. IRMA PIÑEYRO ARIAS: Con su permiso, señor Presidente.
"Con fundamento en el derecho que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo que se ha expuesto y debatido en los foros sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, que se realizaron en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el 6 de diciembre de 2002, en Chicago Illinois el 1º de febrero del mismo año y en los Angeles California el 19 de febrero, por académicos, políticos, gobernadores, senadores, por organizaciones de migrantes, por migrantes mismos, de manera individual, la suscrita diputada federal a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, a fin de regular el voto de los mexicanos en el extranjero de conformidad con la siguiente
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Los mexicanos fuera de territorio nacional no ejercen ningún derecho político en nuestro país, lo cual es notoriamente inequitativo para quienes siguen ligados a sus comunidades y lugares de origen por lazos familiares, culturales y comunitarios. Esto toma una importancia relevante si se considera que más de 8 millones de connacionales residentes en los Estados Unidos de América son nacidos en nuestro país y más de 20 millones son de origen o de familiar mexicana, contribuyen en forma notable y ostensible a su economía por la aportación de su trabajo y como consumidores integrantes de un mercado cada vez más importante en términos relativos y absolutos.
"Poner en práctica la prerrogativa constitucional para hacer extensivo el derecho al voto por no restringir a nadie sus derechos ciudadanos, no depende simplemente de la voluntad de hacerlo, aunque desde luego ésta señala el comienzo del proceso.
"Los legisladores debemos ser conscientes que proponer que se les otorgue el voto a los residentes fuera del territorio nacional no es ciertamente un acto generoso sino el reconocimiento de un derecho legítimo que hasta ahora se les ha coartado y que debemos reconocerlo.
"En concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención Americana de Derechos civiles en 1969 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1976, se llevó a cabo en 1996 la reforma al artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de deslindar el derecho y el deber del voto ciudadano de la obligación de residencia en el país.
"Esta modificación constitucional hace posible a los no residentes en el territorio nacional, participar directamente o por medio de representantes libremente escogidos universalizando sin distinciones el goce de derechos y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones periódicas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, así como el tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.
Con esta reforma desapareció el requisito de la residencia en un distrito electoral determinado, la Fracción III del Artículo 36 Constitucional establece, sin más precisiones, entre las obligaciones del ciudadano de la República, votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley.
Lo que está en discusión no es el derecho de los mexicanos a votar fuera del territorio sino cómo instrumentar ese derecho constitucional; para ello es necesario que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE, se le hagan adiciones que otorguen atribuciones al Consejo Federal del Instituto Federal Electoral para regular el voto fuera del país para especificar cuáles son las autoridades que puedan emitir el voto y las formas de operación del procedimiento electoral
Es necesario considerar las modalidades para favorecer la universalidad, equidad, transparencia y confiabilidad del sufragio así como la cobertura cierta del universo de electores potenciales en el extranjero. Corresponde a nosotros los Legisladores, asumir el compromiso de legislar para permitir el voto de los mexicanos que se encuentran más allá de las fronteras y lograr una democracia más amplia y participativa.
Somos conscientes que el ejercicio de este derecho necesita de una intensa y extensa actividad, también de un financiamiento que no es el menor obstáculos que tendremos que prever que serán un recurso considerable pero que los partidos debemos poner la voluntad en su aprobación.
La actividad electoral es compleja y especializada, el Instituto Federal Electoral ha trabajado intensamente en ello con las reformas y adiciones que proponemos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, queremos conferirles facultades para que organice y lleve a cabo el proceso electoral y el ejercicio del derecho de voto de los mexicanos fuera del territorio nacional.
En los Foros que se realizaron en Oaxaca, en Chicago, Illinois y en Los Angeles, California, organizados por el Gobierno del Estado y por los Diputados Federales de la entidad, se oyeron las voces de nuestros paisanos, de las organizaciones de mexicanos en el vecino país que representan a millones de migrantes que demandaron a los Legisladores que a los partidos se les garantice el ejercicio de sus derechos políticos a votar y ser votados.
Este incumplimiento de nuestro compromiso con ellos en la observanacia de nuestra palabra estamos presentando esta Iniciativa de Ley de Decreto con Reformas y Adiciones en el conocimiento que no será fácil crear nuevos distritos, nuevas formas de sufragio, distintos representantes en las mesas electorales, disponer normatividades para instalar casillas, definir normas para el escrutinio y los resultados.
Creemos que el mejor camino es darle facultades al Instituto Federal Electoral, organismo técnico conocedor del proceso para que dentro de un plazo a definir pueda estar en condiciones de operar esta nueva modalidad del sufragio ciudadano incluyente y universal.
Conocemos de sus tareas y compromisos que constituyen un procedimiento altamente especializado al que aportamos nuestra voluntad política y apoyo legislativo.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adiciona diversas Disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo Unico.- Se reforma el Numeral 2 del Artículo 6º y el Artículo 69º Numeral 1, inciso D).
Se adiciona un Numeral 3 al Artículo 82º y un Inciso E) al Numeral 2 del Artículo 223, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 6º Numeral 2.- En cada Distrito Electoral Uninominal el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprendan el domicilio del ciudadano salvo en los casos de excepción expresamente señalados por este Código o de la emisión del voto fuera del territorio nacional cuya regulación acordará el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Artículo 69º.- Son fines del Instituto Inciso D) asegurar a los ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional, el ejercicio de los derechos políticos electorales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
Artículo 82, numeral 3.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral, determinará la regulación relativa a la instrumentación para el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero, de conformidad con las siguientes bases:
Primera.- Podrán votar los ciudadanos mexicanos en el extranjero que tengan la credencial oficial expedida por el Instituto Federal Electoral;
Segunda.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará:
Los países y ciudades en que se podrá emitir el voto en el extranjero.
La ubicación de los centros receptores del voto, así como la conformación de sus respectivas mesas directivas.
Los mecanismos de producción, resguardo, distribución y recolección del material electoral.
Los lineamientos para la celebración de los convenios de colaboración que sean necesarios con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Las funciones específicas en materia electoral con las que se investirá a los cónsules mexicanos para el proceso de emisión del voto de ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos de América.
Las reglas específicas a que se sujetarán los actos preparatorios de las elecciones en el extranjero, en concordancia con lo que determina este código respecto a las elecciones que celebren en el territorio nacional.
Tercera.- El Instituto Federal Electoral mantendrá un registro permanente de ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero.
Cuarta.- Los candidatos y partidos políticos podrán hacer campañas en el extranjero a través de medios electrónicos o electromagnéticos o en los lugares que previamente sean convenidos con los gobiernos de otros países por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Quinta.- Los recursos financieros o materiales que sean otorgados a los candidatos en el extranjero, serán aplicados en el lugar en donde se otorguen, quedando estrictamente prohibida la introducción de recurso alguno al territorio nacional mexicano, pero serán computados para el efecto de los montos de financiamiento y topes de campaña de los partidos y los candidatos.
Sexta.- El voto de los mexicanos en los Estados Unidos de América, se sujetará a las reglas especiales que al efecto determine el Instituto Federal Electoral con la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lo cual se investirá a los cónsules mexicanos en ése país, de autoridad electoral con funciones específicas.
Séptima.- Los recursos judiciales que conforme a la ley de la materia procedan en una elección con participación de mexicanos en el extranjero, serán tramitados ante la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 223.- … inciso e) Los nacionales mexicanos que el día de la jornada electoral de una elección federal se encuentren fuera del territorio nacional de manera transitoria o permanente, podrán votar en las elecciones federales de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, de conformidad con las disposiciones que al efecto acuerde el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
TRANSITORIO.- Primero.- Las presentes reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y serán aplicables en las elecciones federales del 2006.
Segundo.- El Instituto Federal Electoral acordará la regulación relativa a la instrumentación para el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero, a más tardar en el mes de marzo del 2005.
Palacio Legislativo, 18 de marzo.
Firma la suscrita diputada Irma Piñeyro, los diputados federales por Oaxaca: Lilia Mendoza, Abel Trejo, Jaime Larrazabal, Miguel Angel Moreno Tello, Artemio Meixueiro, José Soto Martínez, Edith Escobar, el diputado del PRI Rafael Rodríguez Barrera, el diputado César Duarte, el diputado Manuel Añorve, el diputado Jaime Barón (¿), el diputado Rubio Váldez, el diputado Jaime Vázquez, el diputado Víctor Gandarilla, la diputada Martha Ofelia, la diputada Patricia Aguilar García, María del Rosario Oroz, la diputada Martha Silvia Sánchez, el diputado Alejandro Cruz, el diputado Arturo León, el diputado Enrique Priego Oropeza, el diputado Julio Gerardo Vidal, la diputada Hortensia Aragón, la diputada María Elena Chapa, la diputada Adela Graniel Campos, la diputada Adela Cerezo, el diputado Benito Vital Ramírez, la diputada Olga Haydee y otros compañeros diputados del Partido Verde Ecologista y del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para su dictamen y a la de Reforma del Estado para su opinión.
Tiene el uso de la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-EL DIP. AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA: Con su permiso, señor Presidente.
Honorables compañeras y compañeros diputados:
Las relaciones entre los países han entrado en una nueva etapa de oportunidades distintas. Los problemas de la globalización como potencial de paz y acuerdo, no se han cumplido y hoy ante la amenaza de la guerra estamos más lejos de encontrar caminos para una convivencia armoniosa entre los pueblos.
México por su experiencia histórica tiene que ser cuidados y velar ante todo por su propio destino, para evitar ser arrastrado por los vientos de los intereses particulares, los egoísmos conquistadores y la codicia que suele desatarse con la guerra. Es necesario que México, todos los mexicanos velemos por el mundo que navegamos en el mar agitado por esos vientos, debemos ser todos los mexicanos y en primer término aquellos a quienes nos han encomendado el trabajo de ocuparnos por la certeza de nuestra población y por la defensa de la soberanía y de la independencia. Dar certidumbre al rumbo es la tarea que justifica la existencia de todo gobierno y hoy hemos hablado de corresponsabilidad en el manejo del gobierno.
El Presidente Fox seguramente ponderó el peso de la historia y el juicio del futuro. El valor de la obra de Juárez está presente, el valor de cada uno de los hombres y de las epopeyas que menciona este muro en el cual con letras de oro nos referimos a las grandes hazañas por la defensa de la soberanía y la libertad están presentes.
Hoy es el aniversario de la Expropiación Petrolera, hoy México está en su momento supremo de afirmación de toda su enseñanza histórica.
Por ese motivo señores diputados, nos hemos permitido un grupo de legisladores, formular una iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para garantizar la seguridad y defensa y soberanía del Estado, así como para mantener el equilibrio de sus instituciones que conforman el sistema político desde hace algún tiempo, se incorporó a la Constitución la responsabilidad de conducir la política exterior conforme a los principios y valores establecidos en la propia ley fundamental.
Cabe recordar que el 12 de mayo de 1988, entró en vigor la reforma a la fracción X, del artículo 89 constitucional, mediante la cual se incorporaron a nuestro Código Fundamental los principios esenciales de nuestra política exterior. De esta manera el poder revisor de la Constitución integrado por el Congreso de la Unión y por los congresos de los estados de la República, procuraron dar jerarquía a los principios que orientan nuestra conducta ante el mundo y que México reitera en todos los foros que se ocupan de la búsqueda de la paz y la seguridad internacional.
Los principios de nuestra política exterior corresponden a una sana convivencia con las demás naciones del mundo y recogen el sentimiento general del pueblo de México. Estos principios se han ido configurando desde el momento de su nacimiento como nación libre y soberana. En efecto la doctrina internacional mexicana es fruto de nuestro pasado histórico y de las experiencias que de él hemos aprendido, por consiguiente las ideas que rigen nuestra política exterior surgen de la misma realidad que hemos vivido; dicho en otras palabras son principios que defendieron los padres fundadores de la independencia, los defensores de la República y los caudillos de la revolución.
La defensa del Presidente Benito Juárez, que levanta la fuerza de la ley, ante la fuerza de las armas, sólo se explica por la validez de nuestra doctrina y el apoyo popular que entonces surgió de la voluntad de cada uno de los mexicanos. La resistencia de la República ante la intervención extranjera representa en la historia moderna una de las primeras actitudes anticolonialistas que habrían de extenderse años más tarde en América, Asia y Africa.
Por su parte, Venustiano Carranza como defensor de la Constitución y depositario de la voluntad expresada en la ley suprema, contribuyó a configurar la versión actual de la doctrina internacional. Carranza no sólo defendió y enriqueció el pensamiento político de los mexicanos, sino que rechazó la intervención de otras potencias y proclamó la igualdad jurídica de los Estados.
Al hacer el recuento del pensamiento de Juárez, Carranza y después de Lázaro Cárdenas, así como cada uno de los presidentes que fueron responsables del Poder Ejecutivo durante el periodo histórico vinculado al proyecto de la Revolución Mexicana, se puede advertir que la doctrina internacional de México es firme, constante y comprometida por su empeño decidido de que se aplique en las relaciones entre los pueblos, sin embargo, era necesario que estos principios ingresaran como normas obligatorias en nuestra Constitución, por eso era importante que la Constitución contara con una disposición en donde se hiciera referencia a los principios que han orientado y deben seguir orientando a nuestra política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de las armas, de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
A la vez, en el propio artículo de referencia se ha dado una mayor y más importante participación al Poder Legislativo, representado por el Senado de la República para aprobar los nombramientos de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales; aprobar mediante una ley, la autorización al Presidente a declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos.
Para terminar y en relación al artículo de referencia, porque se le otorga al Ejecutivo la facultad, pero también la obligación de dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales, bajo dos condiciones: primero, la de observar los principios normativos de la política exterior y después someter los acuerdos y convenios a la aprobación del Senado de la República.
En este proyecto proponemos extender la facultad del Senado para aprobar el sentido de los votos que el Gobierno emita en los foros y organismos internacionales, lo cual implica consultas previas y deliberaciones de este cuerpo y por su alta jerarquía como representante de la Federación, su consecuente aprobación o rechazo a fin de asegurar el adecuado equilibrio de los poderes y el cumplimiento de los términos de la Constitución.
Esta iniciativa se sustenta además en los artículos 76, 89 y 133 de la Constitución Política, que establece las facultades del Senado para analizar la política exterior, ratificar los nombramientos de los ministros y agentes diplomáticos; permitir o negar la salida de tropas nacionales, disponer de la guardia nacional fuera de sus respectivos estados y ratificar los tratados que estén de acuerdo a la Constitución y que se celebren por el Presidente de la República.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por la fracción 2ª del artículo 71 de la Constitución
Política y por la fracción 2ª del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General, sometemos a la consideración de este honorable pleno el siguiente
proyecto de decreto:
Que reforma la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que el sentido del voto de México ante los organismos
internacionales en donde el Estado Mexicano se encuentre debidamente acreditado, sea
sometido a la aprobación del Senado de la República.
Artículo único: Se reforma la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución Política para quedar como sigue: Artículo 89: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes...fracción 10ª: "dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales y emitir ante los organismos internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado.
"En la conducción de tal política, el titular observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención y solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional".
Transitorios: Unico. El presente decreto...
"Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Palacio Legislativo, dieciocho de marzo de dos mil tres. Firman los siguientes diputados: Augusto Gómez Villanueva, Gustavo Carvajal Moreno, Hilda Anderson Nevarez, Edilberto Buenfil Montalvo, Víctor Díaz Palacios, Elías Moreno Apis, senador Fidel Herrera Beltrán, diputado Miguel Ángel Tello Moreno, Felipe Solís Acero, Eduardo Andrade Sánchez; todos ellos del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; diputada Erika Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo y el diputado Melitón Morales Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional".
Muchas gracias señor Presidente.
(aplausos)
-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para evitar la discriminación de personas contagiadas por el VIH, hasta por diez minutos.
-DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable asamblea: Impedir que los servicios de salud sean utilizados por una persona que vive con el SIDA o bien cesarla en su empleo, es discriminación.
La falta de información veraz y los prejuicios han fomentado un ambiente de discriminación en el que los derechos individuales y colectivos de las personas afectadas son violados. Esta violación de derechos dificulta la respuesta a la epidemia y aumenta su impacto negativo.
En México la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó que las instituciones de salud ocuparon en 2002 el segundo lugar en materia de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El año pasado el IMSS fue la institución que recibió más recomendaciones de ese organismo.
De acuerdo con un estudio elaborado por la CNDH, de las denuncias recibidas de 1996 al 2001, el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Nuevo León sumaban el 67.7 por ciento de las quejas por violaciones a derechos de los enfermos de SIDA.
Los casos de discriminación laboral por SIDA son incontables y crecen cada día de manera exponencial.
El ser portador del VIH-SIDA no es razón para que a alguien se le niegue el acceso al trabajo o se le despida, sin embargo las violaciones en ese sentido se dan en el país de manera cotidiana.
Uno de los aspectos más graves de la discriminación por padecer VIH está vinculado con el campo laboral. La mayoría de los exámenes pre-ocupacionales incluyen el examen de VIH, aunque por ley no está autorizado. Ninguna empresa lo dice, pero sabemos que lo hacen.
Una persona que tiene VIH es muy posible que no consiga trabajo si pasa por un examen pre-ocupacional.
Otros aspectos es la estigmatización que conlleva el SIDA y si bien muchos de los mitos que se vivían con pánico han sido superados, siguen existiendo prejuicios y rechazos sociales, aunque no tan acentuados.
En ese sentido la enfermedad sigue teniendo una cuota de estigma importante. El SIDA es un factor de vulnerabilidad.
Hoy no se postula para los enfermos de SIDA el aislamiento externo que condenaba a los leprosos fuera de las ciudades medievales. La segregación opera con mecanismos más sutiles pero igualmente inhabilitantes.
La discriminación afecta profundamente a las personas, ello conduce a la pérdida de autoestima, así como sentimientos de culpa y vergüenza.
La presente iniciativa es una propuesta dirigida a impulsar acciones tendientes a que las autoridades de salud consideren la posibilidad de mejorar la atención médica de las personas infectadas con este virus, así como evitar la discriminación de la que son víctimas.
Los derechos humanos son una conquista moral de la humanidad, su cumplimiento y respeto constituye la existencia de la ciudadanía misma. Es urgente asegurar el respeto a los derechos civiles, políticos, sociales y concebirlos como partes integrantes de la dignidad de las personas.
La discriminación contra las personas que viven con el Sida o contra las que se piensa que estén infectadas, constituye por tanto una clara violación de sus derechos humanos, por estigma y discriminación las personas con Sida no acuden a los servicios de Salud porque los rechaza, mientras que en lo laboral tienen un trato diferenciado.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, con el propósito de evitar la discriminación de las personas infectadas por el Sida:
Artículo 1º.- Se reforma el Artículo 53 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 53 Bis.- La Secretaría de Salud deberá garantizar asistencia y tratamiento especializado, eficaz y humano a todo aquella persona que padezca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, misma garantía deberá observarse con las personas que sean únicamente portadoras del virus, lo anterior será a través de programas, planeación y optimización de los recursos, sin que ésta pueda traducirse en ningún momento en situaciones que escatimen o niegan servicios o medicamentos.
Elevar la calidad de vida de las personas con VIH es una prioridad del Sistema Nacional de Salud, por lo que el Estado deberá prever y proveer los recursos suficientes para una atención accesible, adecuada, oportuna y humana.
Artículo 2º.- Se adiciona el párrafo cuarto del Artículo 104 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 104.- La Secretaría de Salud deberá proveer a la población en general y a los particulares que así lo soliciten, información detallada, actualizada y científica sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, debiendo otorgarse éste, sin prejuicio ni restricción alguna.
La información dirigida a la población en general, podrá ser difundida a través de cualquier medio de comunicación escrito, verbal, electrónico o masivo, con la finalidad de lograr la mayor difusión posible.
Tanto la persona portadora como aquella en la que se ha manifestado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tendrá el pleno derecho a recibir y solicitar información específica sobre su condición.
Artículo 3º.- Se adiciona el Artículo 130 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 130 Bis.- Queda prohibida expresamente cualquier conducta, orden o disposición, que agreda, humille, denigre o que implícitamente permita o provoque cualquier acto discriminatorio, en contra de las personas con VIH.
A toda persona que contravenga la disposición anterior, le será fincada la responsabilidad administrativa conducente, el ejercicio de acciones de carácter administrativo no afectará de ningún modo el derecho del paciente a recurrir a los tribunales civiles y penales, para la demanda o denuncia correspondiente a derechos constitutivos de faltas o delitos.
Queda estrictamente prohibido imponer cualquier tipo de aislamiento, cuarentena, confinamiento o incomunicación, que contravenga la voluntad, libertad o autonomía de los pacientes con VIH.
Las prevenciones para evitar el contagio deberán respetar en todo momento, la disposición anterior, además de basarse en los derechos humanos inherentes a toda persona.
Artículo 4º.- Se adiciona el Artículo 136 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 136 Bis.- Los exámenes de detección y diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sólo podrá practicarse a las personas que de forma personal lo solicite, la información recabada de estos exámenes le será entregada únicamente al solicitante o a la persona autorizada por éste, por escrito, procurando en todo momento, que el solicitante cuente con la asistencia médica y sicológica que el caso amerite.
Bajo ningún motivo podrán hacerse públicos los resultados de estos exámenes por aquellos que participaron de alguna manera en su realización. La contravención a esta disposición, será considerada revelación de secretos y sancionada de acuerdo al artículo 211 del Código Penal Federal.
Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Signan la presente iniciativa la diputada Hortensia Aragón Castillo, la diputada Magdalena Núñez, el diputado Manuel Duarte, la diputada Rosalía Peredo del PT, el diputado José Narro del PT, diputado José Socorro Velázquez del PRI, diputado Eduardo Abraham Leines Barrera del PRI y una servidora, Adela Graniel Campos del PRD.
Muchas gracias por su atención
EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra la diputada Esperanza Santillán Castillo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 3º. de la Ley General de Salud.
LA C. DIPUTADA ESPERANZA SANTILLAN CASTILLO.- Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura Federal del Honorable Congreso de la Unión.
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 3º., recorriéndose las actuales XVII y siguientes de la Ley General de Salud que presenta la diputada Esperanza Santillán Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
Esperanza Santillán Castillo, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los numerales 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 3º., recorriéndose las actuales XVII y siguientes de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:
A N T E C E D E N T E S
Entre las garantías sociales tuteladas en nuestra Constitución, es la protección a la salud una de las más relevantes, cuya finalidad es la de hacer efectivo el derecho a la prevención y detección de enfermedades que pueden ser malignas, mortales y en muchas ocasiones dejan secuelas que inciden en el aspecto físico de los individuos.
Hoy en día, las mujeres mexicanas se encuentran ante una amenaza silenciosa que pone en riesgo su vida, esa amenaza es el cáncer de mama que por descuido o desconocimiento, llega a detectarse en un avanzado estado de incurabilidad, ubicando a la paciente al borde de la muerte.
Enfermedad que puede contraerse a temprana, mediana o edad madura que no respeta clase, rango social o cultural; que en la actualidad lacera a un gran número de mujeres mexicanas que han rebasado la edad de 40 años, enfermedad que ha crecido en los últimos quince años y que se prevé para el año 2010 su incremento y riesgo de mortalidad, como lo tiene documentado el Instituto Nacional de Salud Pública.
Según investigación elaborada en el Centro de Investigación en Salud Poblacional, pues en 1979 era de 13.94 por cada 100 mil mujeres. Y según la Secretaría de Salud, durante el año de 1999 el cáncer de mama fue detectado en un alto número de mujeres de entre 45 y 49 años de edad, que incluso tuvieron que someterse a tratamientos de quimioterapia para su tratamiento. Situaciones que representaron peligro de muerte para nuestras compatriotas.
Las estadísticas oficiales tanto nacionales como internacionales, reportan que en el mundo para cada mujer que mueres de SIDA, mueren 2 de cáncer de mama y que en México durante el año 2000, la neoplasia mamaria ocasionó el deceso de más de 3 mil mujeres. Cifra que arroja un promedio de muerte de 9 mujeres por día. Indice de mortalidad que puede incrementarse en proporciones alarmantes si no es atendido con toda oportunidad.
Por eso el cáncer de mama se encuentra ubicado como la segunda causa de fallecimiento de mujeres en edad productiva, superado por el cáncer cérvico uterino. De ahí la importancia del aspecto preventivo de los servicios de salud.
Este tipo de enfermedad que es detectable en su etapa inicial es previsible en las mujeres de entre 25 y 40 años de edad y en su madurez a través de
autoexploración individual, de una examen clínico de mama y de una mastografía, tal como atinadamente lo recomiendan el Estudio Nacional Canadiense para la Evaluación de la Mama, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Americana de Cáncer.
Lo que hace necesario recomendar y promover una educación permanente para que toda mujer acuda oportunamente a recibir orientación y tratamiento médico especializado, pues el no hacerlo representa que para el año 2010, la tasa de mortalidad sea ascendente y el número de defunciones anuales podría aumentar a un número superior a las 4 mil 500 personas.
De ahí la importancia porque se establezca un verdadero y exhaustivo programa de prevención y control de cáncer de mama, que se hagan más efectivos lo que existen en la actualidad; destacando la importancia del cuidado de la salud de las mujeres.
Considerando que la salud debe ser atendida no sólo como un valor biológico, sino como un bien social y cultural, tutelado por nuestra Constitución, regulado por la Ley General de Salud y vigilado por el Sistema Nacional de Salud, se hace necesario e indispensable una eficaz campaña de prevención y detección de este mal, por medio de folletos,campañas permanentes y pláticas de orientación médica especializadas gratuitas, destacando la importancia del cuidado de la salud; que se fomente el interés y bienestar social de toda mujer mexicana desde la más joven hasta la más adulta, sin distingo de clase social; que se encauce no sólo a la mujer de la ciudad, a la profesionista, a la empleada o desempleada, sino también a aquéllas que viven en el campo, a la indígena, a la analfabeta, a la de escasos recursos socioculturales y económicos.
Las enfermedades no hacen distingos, independientemente de que como garantía social se debe hacer efectivo el derecho a la atención médica especializada y gratuita , cuando así sea necesario.
Compañeros diputados: la presente iniciativa tiene como objeto fomentr la prevención y detección de una de las más severas enfermedades de nuestra actualidad, causante de la muerte de un gran número de mujeres.
Y como una inquietud y reclamo de todas aquellas mujeres mexicanas a quienes representamos, por lo anteriormente expuesto la suscrita presenta a la consideración de esta Representación Nacional, el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona con una fracción XVII al artículo 3º. de la Ley General de Salud.
Primero. Se adiciona con una fracción XVII al artículo 3º. recorriéndose a las actuales XVII y siguientes de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 3º. En los términos de esta Ley es materia de salubridad general, tal como está de la fracción I a la XVI. XVII agregar "La prevención y tratamiento de cáncer de mama", que no se contempla. Y de la XVIII a la XXIX se recorre.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 18 días del mes de marzo del año 2003.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene el uso de la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que expide la ley para el financiamiento del campo mexicano, hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso, señor presidente. Desde hace más de 20 años el campo mexicano ha padecido una apertura indiscriminada a la competencia exterior, acompañada de un abandono cada vez mayor de políticas públicas de fomento y apoyo al mismo.
Una cosa ha acompañado a la otra; mientras más apertura más abandono. Se trata de algo que no parece tener lógica y que sin embargo tiene método y tiene resultados atroces para el país.
En este gobierno se ha continuado esta misma política. Es la política neoliberal que ha generado más de 60 millones de pobres y que, en el caso del campo, ha venido extinguiendo las posibilidades de supervivencia para su población.
Los gobiernos neoliberales tienen una clara vocación antisocial. En estos momentos, con el cumplimiento de los plazos desregulatorios del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, los riesgos de potencializan pues lo muy poco que todavía se produce en territorio nacional puede ser desplazado de manera irreversible por los productos norteamericanos.
Esto no es una abstracción ni se trata de una defensa romántica de lo nacional sobre lo extranjero. Los resultados de esta realidad son pobreza y marginación, que tiende a exacerbarse aceleradamente a partir del 1º. de enero del año en curso con consecuencias concretas para el país. Más pobreza, más tensión política y más perdida de soberanía alimentaria.
En México tenemos 29 mil ejidos y comunidades agrarias; son cinco millones de familias que constituyen más del 25% de la población total del país. En lo que va del presente año se han recibido, por parte del gobierno federal, sólo por la variación del precio del petróleo, más de cuatro mil millones de pesos adicionales.
De acuerdo con la proyección que establecen los analistas de dicha variación, se podría llegar a 30 dólares el barril y habría, a finales del año, casi 90 mil millones de pesos adicionales.
De esta cantidad, según la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del 2003, 25% debe destinarse al fondo de estabilización petrolera, 25% para reducir el déficit fiscal y 50% para la infraestructura de los estados.
Aquí proponemos que ese 50% para la infraestructura de los estados se destine a la infraestructura agrícola de los estados.
En un país como México, con las carencias que lo caracterizan, no gastar en programas para abatir el rezago social significa que el dinero que se recibe adicionalmente se aplica de manera negligente, lo cual es injustificable.
Planteamos entonces aquí, en concordancia con el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sea este Congreso de la Unión el que defina en qué gastar esos ingresos y que esa decisión se dirija hacia nuestro campo mexicano, pues nuestros productores agrícolas son quienes están enfrentando más adversidades por la irresponsable negociación que en este terreno se hizo en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Planteamos actuar con oportunidad para poder aplicar alrededor de 40 mil millones de pesos adicionales para el campo, pues de tardarnos las consecuencias pueden ser desastrosas. Estados Unidos sí tiene una clara y contundente política de subsidios a su producción agrícola, solo en la presente administración de aquél país se han destinado por subsidios más de 111 mil millones de dólares, comparables con solo 500 millones de dólares en México. Sólo con la recién aprobada ley agrícola aquél país va a destinar de forma adicional en este año más de 18 mil millones de dólares como subsidio y plantea otorgar una cantidad igual cada año hasta completar una década.
¿Podemos nosotros como país competir en esas condiciones? En México hay escasez de recursos y sobre todo una falta de definición de las prioridades que debemos tener como país. Nuestro campo mexicano es un sector abandonado a las fuerzas del mercado, bajo el mayor engaño neoliberal de que precisamente el mercado determina el mejor reparto de capital, lo cual ha quedado claramente desmentido.
Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa para quedar como sigue:
"Artículo Unico. Se expide la Ley para el Financiamiento Extraordinario al Campo
Mexicano.
"Artículo 1º. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto destinar un monto equivalente al 50 por ciento de los ingresos derivados de la variación del precio del petróleo para infraestructura agrícola de los estados, a favor de los productores del país.
"Artículo 2. Los mecanismos para la distribución y vigilancia de dichos recursos se definirán de forma común entre el Ejecutivo y el Legislativo, de tal forma que resulten equitativos, distributivos y oportunos.
"Artículo 3. Para el caso de quienes siembren por ciclo de temporal y de riego la inversión se hará sin distinción de tiempo, buscando proteger de manera especial a quien más lo necesite.
"Articulo 4º. Los principios que se buscarán salvaguardar con el ejercicio de los recursos serán inequívocamente la preservación de la soberanía alimentaria de nuestro país, el respeto a las costumbres y a la cultura de las zonas de que se trate y a la dieta del mexicano. Los criterios de sustitución agrícola no se observarán para condicionar los subsidios.
"Artículo 5. El ejercicio de los recursos a que se refiere esta ley será independiente y adicional a cualquier apoyo económico que actualmente ya se entrega a los productores agrícolas".
Solicitamos que esta iniciativa pueda dictaminarse en el menor lapso posible, precisamente en congruencia con el acuerdo legislativo de todos los grupos parlamentarios de que las legislaciones para el campo constituyen una prioridad vital de este periodo ordinario de sesiones.
Muchas gracias por su atención.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (PAN): Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la de Agricultura y Ganadería con opinión de la de Desarrollo Rural.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
-SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite Minuta Proyecto de Decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 116 y el 116 bis, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito; se derogan los párrafos 4 y 5 del artículo 400 bis del Código Penal Federal y se reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El siguiente punto del orden del día es la Primera Lectura del dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de Primera Lectura.
De igual manera, el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En virtud de que igualmente se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de Primera Lectura.
El siguiente punto del orden del día es la Primera Lectura del dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Planeación.
Y de igual forma, en virtud de estar publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de Primera Lectura.
El siguiente punto del orden del día es la efeméride respecto del Aniversario de la Expropiación Petrolera.
Se han registrado para hacer uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados:
DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN
DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO
DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA
DIP. SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO
DIP. MA. DEL ROSARIO TAPIA MEDINA
DIP. NOE NAVARRETE GONZALEZ
DIP. MARCOS PAULINO LOPEZ MORA
Con fundamento en el artículo decimotercero del Acuerdo Parlamentario relativo a la integración del orden del día, las discusiones y las votaciones, que a la letra dice: "Los diputados que intervengan en la presentación de efemérides dispondrán para tal efecto de un tiempo no mayor a cinco minutos".
En tal virtud, tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, por el término señalado.
-DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: En 1935 las empresas petroleras en manos extranjeras por designio de un poder oscuro que permeaba los intentos liberales por un México más justo, impidieron la formación de sindicatos que exigían derechos laborales para todos.
Finalmente la razón de cientos de trabajadores petroleros convencidos de que la unidad era el mejor instrumento de cambio y bienestar comunitario, conformaron el Sindicato Único de Petroleros, no sin antes vivir trabas legales para su conformación en Tamaulipas y en el estado de Veracruz. Así que el 18 de marzo de 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, decreta la Expropiación Petrolera como un acto de reivindicación nacional y respeto a nuestro soberanía que se veía altamente afrentada.
La expropiación fue contemplada por un amplio sector del país como un sacudimiento determinante de los intereses imperialistas que por tanto tiempo habían pesado sobre México, impidiéndole confiar en su propia fuerza y capacidad. Efectivamente, se trató de un paso fundamental en la consolidación del espíritu nacionalista que dio origen a la Revolución de 1910.
De aquellos días a la fecha la expropiación petrolera es recordada como uno de los actos más revolucionarios y liberales que un Presidente de la República en bien de su pueblo haya realizado, otorgándole al General Lázaro Cárdenas del Río, junto con otros patriotas, el reconocimiento y respeto de todas las generaciones de mexicanos.
Lejos de buscar situaciones anecdóticas sobre la expropiación petrolera, debemos centrar nuestro esfuerzo en seguir consolidando a la industria petrolera como uno de los bastiones económicos y energéticos más importantes mediante la cual la sociedad mexicana en su conjunto obtenga los beneficios propios de su explotación.
Explotación razonada y producto de los ordenamientos legales establecidos para ello y no sujeta a la discrecionalidad de la autoridad en beneficio de unos cuantos, más ahora que la guerra como finalidad tiene el dominio de todos los energéticos sin importar y para ellos les cuesta la vida a millones de personas.
Los recursos naturales como el petróleo son, sin duda alguna, fuentes de riqueza nacional o particular y el poder público sirve para ello.
Sin apartarnos de la problemática mundial que parece empieza a dominar las mentes colonias listas de los poderosos, los mexicanos y en especial esta Soberanía debe acotar los tiempos para actuar con justicia en el caso del PEMEX GATE, actuando conforme a derecho contra los responsables, en el caso de haberlos, ante el desvío que se hizo, del Sindicato Petrolero, de más de mil millones de pesos a una campaña presidencial.
En este sentido, la Cámara de Diputados no puede permanecer más tiempo con una actitud burocrática y omisa y debe dar paso a la resolución de los expedientes que tenga en conocimiento, a efecto de determinar de una vez por todas y con responsabilidad, la culpabilidad o no de quienes se dicen están involucrados en un escándalo mayúsculo, como otros escándalos que sacuden la credibilidad de las instituciones nacionales, haciéndolas ver ante la sociedad mexicana como castillos de arena.
La Sección Instructora debe por tanto determinar lo procedente, si es el caso y si no, debe correrle el informe a esta soberanía pues se corre el grave riesgo de parecer ante los mexicanos como una instancia incapaz de decidir sobre los asuntos que le competen. Asimismo con las resoluciones que los mexicanos esperamos, se encontrarán responsables o se deberá exonerar a quienes se les haya difamado, así como el pueblo de México espera de esta Cámara encontrar respuestas en cuanto al PEMEX GATE, demanda lo mismo del caso de los Amigos de Fox porque nadie, nadie absolutamente nadie puede quedar al margen de la ley o torcerla en beneficio propio.
Los preceptos constitucionales que se fijan en el 27º Constitucional, son claros en cuanto se refieren a los recursos naturales que son de los mexicanos y nadie puede utilizarlos en beneficio propio.
Es todavía la hora del Congreso, honremos el encargo del Mandato Constitucional cumpliendo con la Constitución, es la hora de la transparencia y de la rendición de cuentas en honor de Lázaro Cárdenas del Río.
Gracias compañeros y compañeras. (aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado José Antonio Calderón Cardoso.
-EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO.- Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores Legisladores. Para Alianza Social una efeméride es motivo para evocar y recordar actos importantes y patrióticos de los héroes nacionales o de ciudadanos que se comportaron a la altura de los hechos.
Pero, además de esto, una efeméride debe ser el motivo para reflexionar en perspectiva lo que en un determinado momento histórico se hizo para que en el presente corrijamos los posibles errores y continuemos con esa labor patriótica que se haya hecho.
Esto lo comento porque hace 65 años se tomó una decisión sobre un hidrocarburo nacional muy importante para el desarrollo, una decisión patriótica de Lázaro Cárdenas sobre el petróleo que hizo predominare l interés nacional por sobre el extranjero.
Curiosamente, hoy después de 65 años vuelve el petróleo a ubicarse en el centro de decisiones históricas para México, esto por razones de soberanía nacional en lo que tiene que ver con decisiones en el extranjero y también con soberanía en lo que tiene que ver con decisiones de órganos internos del país.
¿A qué me refiero? Hoy se encuentra, como muchos especialistas dicen, la última etapa de la era del petróleo y esa última etapa va a marcada por una guerra cruel y sangrienta de un país poderoso que busca controlar este energético para hacer prevaler sus intereses en el mundo.
México debe mantener esa postura de paz y de independencia y como productor de petróleo, debe seguir buscando que la decisión sea la más adecuada, por eso hoy que internacionalmente la decisión sobre el petróleo está respaldada históricamente por una decisión patriótica, celebramos que México se haya opuesto a la guerra y haya estado a favor de la paz.
Pero lo que internacionalmente sucede es igual o tan importante con lo que a nivel nacional sucede con el petróleo. Si lo que se buscó fue que esa riqueza fuera de los mexicanos, hoy debemos considerar hasta qué grado esa riqueza se ha distribuido de manera similar, de manera correcta, igual y equitativa entre los mexicanos.
Hoy nuestra economía sigue dependiendo del petróleo y cuando aquí discutimos en la Cámara cómo podemos hacer más gasto social, tenemos que cruzar los dedos para que el valor del crudo suba unos dólares más y es que Petróleos Mexicanos ha sido la que ha aportado al desarrollo nacional, en ocasiones, en detrimento de su propia infraestructura.
Pero junto con esto, casos de corrupción que no deben volverse a repetir.
La riqueza nacional que es el petróleo, no puede seguir siendo caja chica de ningún grupo político o económico; de ningún grupo nacional o extranjero.
Hoy, más que evocar ese acto histórico del general Cárdenas, debemos tomar en cuenta que el petróleo se va a terminar y que debe ser en este momento, aprovechado de manera racional para que la riqueza que produce contribuya para generar otras fuentes de energía.
Y también, la paraestatal no debe nunca más, jamás, volver a ser botín político, botín económico de ningún grupo pasado o presente; de ningún grupo político o económico, de ningún grupo nacional o extranjero.
La única forma de honrar ese acto patriótico del general Cárdenas, es hacer que internacionalmente, México como productor de crudo, mantenga una posición adecuada respecto del precio y manteniendo la paz.
Internamente, la riqueza debe distribuirse entre los mexicanos.
No más PEMEXGATE nunca más y hoy el Gobierno está obligado a cuidar ese hidrocarburo. La riqueza debe ser de los mexicanos y no solamente ser letra muerta, sino debe ser una realidad viva que contribuya a la salud y al empleo de los mexicanos, es la mejor forma de honrar el acontecimiento de la expropiación petrolera.
Muchas gracias. ( aplausos )
- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gustavo Riojas Santana.
- EL C. DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA: Gracias señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores.
Hay acontecimientos que marcan hitos en la historia de los pueblos y de su gente.
Estos parte aguas, los han dado grandes mexicanos que han pensado, que han sentido y que han comprometido su ser y su accionar con el pueblo de México. Actos como el 18 de marzo, acontecimiento histórico, día trascendental para los nacionalistas, en donde con los riesgos creo mayores que se corrían en esos tiempos los mexicanos todos, decidimos defender nuestros recursos, defender nuestra soberanía y darle futuro y dirección a nuestras generaciones.
Existen dos clases de mexicanos, los que nos sentimos profundamente orgullosos de nuestras raíces, de nuestras costumbres, de nuestra historia y existen desafortunadamente algunos otros, que piensan que la globalización, que el ingreso en las economías mundiales, que las medallitas colgadas por países extranjeros es lo mejor que le puede pasar a nuestra gente.
Afortunadamente somos más los nacionalistas en México y ser nacionalista como lo hemos reiterado aquí, no quiere decir pertenecer a un partido político llamado "Sociedad Nacionalista". Ser nacionalista quiere decir, compromiso permanente con nuestra gente, con nuestra juventud, con nuestra gente adulta.
Para los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista la conmemoración de la Expropiación Petrolera, no sólo significa la celebración del día en que nuestro petróleo pasó a ser propiedad justa del pueblo de México. Para nosotros significa el día de la unidad nacional, el día en que los mexicanos decidimos marchar conjuntamente hacia un mejor futuro. No entendemos, no comprendemos, como presidentes globalizadores celebran el 18 de marzo con pompa y platillo; es absurdo que en las ideas privatizadoras del gobierno estén existiendo celebraciones de este acto.
Los actos se celebran y se veneran con hechos, los actos y las disposiciones de su actuación se realizan con realidades. Es imposible llamar a la unidad nacional sin tener claro el rumbo de lo que a México le conviene, es por demás inútil llamar a una unidad nacional cuando se insiste en privatizaciones como las del sector eléctrico y la del sector petrolero. La unidad se conforma a través de la defensa de los intereses del pueblo, del pueblo mexicano y la soberanía y la autodeterminación se defienden con hechos irrefutables, con hechos nacionalistas.
Por eso, para el Partido de la Sociedad Nacionalista nos gustaría que en fechas como estas hubiera declaraciones claras, hubiera pronunciamientos serios en el rumbo que va a seguir nuestra nación.
Por supuesto que estamos a favor de la unidad nacional, por supuesto que los del Partido de la Sociedad Nacionalista estamos de acuerdo en la reconciliación nacional, pero lo que no podemos y no admitiremos jamás es la venta de nuestros recursos, no permitiremos de alguna u otra manera que se siga teniendo un doble discurso.
Por su atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
EL DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
El cambio en México nadie lo para; la reversa también es cambio. El cambio en México no tiene freno; el chofer no sabe conducir.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para referirse a uno de los actos de gobierno más trascendentes e importantes del siglo pasado: la expropiación petrolera, que impulsó el estadista y patriota general Lázaro Cárdenas del Río, uno de los mexicanos más brillantes y destacados que haya tenido nuestro país en su historia reciente.
En estos momentos en que la paz mundial se ve amenazada por el Presidente Bush y ante la inminente invasión al pueblo de Irak, la ejemplar figura de Lázaro Cárdenas del Río emerge como un paladín de la soberanía y de la autonomía de las naciones ante la intromisión de los imperios. Cárdenas no titubeó ante la prepotencia y cinismo de las compañías extranjeras para reivindicar la divisa de que los recursos naturales, en este caso el petróleo, pertenecen originariamente a la nación y al pueblo de México.
En una interpretación fiel y atinada de nuestra norma constitucional plasmada en su artículo 27 el 18 de marzo de 1938, declara ante México y el mundo, que las empresas que explotaban la extracción y la refinación del llamado oro negro, pasaban al dominio y propiedad de la nación. El pueblo de México como un solo hombre respaldó y apoyó sin condición alguna al general Cárdenas y mostró su entrega al Presidente de México. Igualmente, asombró a México y al mundo el esfuerzo, la pericia y conocimiento de los trabajadores petroleros mexicanos, que en condiciones más que adversas tomaron en sus manos los procesos técnicos y administrativos de la industria y la enfilaron por el rumbo que demandaba el crecimiento económico del país.
La apuesta de los empresarios extranjeros de que nuestro país no estaba capacitado para manejar nuestro petróleo, fue desmentida palmariamente por el patriotismo y entrega de los mexicanos, que demostraron su ingenio y creatividad para forjar una de las empresas más importantes del mundo.
Hoy, hoy, a 65 años de la expropiación petrolera, podríamos afirmar que PEMEX requiere de otro golpe de timón similar al del 38; PEMEX ya no pertenece al pueblo de México; PEMËX ya no está orientado a cumplir las necesidades que requiere el desarrollo económico y social de México y no nos referimos sólo a los contratos espurios que la empresa tiene con las empresas extranjeras para la exploración y explotación del petróleo y del gas, sino nos referimos también a la confiscación de los recursos financieros que el Gobierno Federal desde 1982, a raíz de la crisis económica de ese año, ha hecho de los mismos, lo que se planteó como una medida emergente y provisional.
Como ha sido el caso de muchas otras de nuestro país, se volvió permanente, esto nos ha llevado a que PEMEX sea la empresa que más recursos públicos entrega al fisco. Desde hace años, los ingresos presupuestales están conformados por cerca de una tercera parte de los impuestos y derechos que PEMEX aporta a la nación, dando lugar a su descapitalización y a un creciente endeudamiento, lo que se traduce en ineficiencia, en falta de competitividad y en la ausencia de un soporte financiero que permita su modernización y reestructuración para estar a la altura de las mejores del mundo.
PEMEX y el Gobierno Federal ya no sirven al pueblo de México, porque para poder satisfacer la voracidad fiscal del Gobierno Federal prefiere venderle crudo en vez de procesarlo e incorporarle un mayor valor agregado, que redundaría en mayores ganancias; prefiere la ganancia fácil de su venta en los mercados internacionales, aunque esto suponga la grave irresponsabilidad de depender de los vaivenes del precio internacional del petróleo.
Pemex y el gobierno federal atentan contra los intereses del pueblo de México, porque en vez de aprovechar la ventaja de ser uno de los principales productores de petróleo y derivados del mismo, los consumidores domésticos nos hemos convertido en rehenes de esa política voraz y tenemos que pagar los combustóleos y los insumos provenientes de la petroquímica básica y secundaria, en un esquema de precios que es verdaderamente concultatoria.
Nuestro grupo parlamentario a lo largo de su quehacer de esta soberanía, ha sostenido que la más importante empresa del país debe ser rescatada de los grupos del poder nacional y extranjeros, que no ven más allá de sus intereses mezquinos y que la están llevando a la ruina.
Si somos honestos y congruentes con el pensamiento y la acción del General Lázaro Cárdenas, en este 18 de Marzo tenemos que decir: hay que expropiar nuevamente el petróleo, para que este recurso del cual nos dotó la naturaleza, sirva a las causas más nobles del pueblo de México que es, su bienestar y su progreso.
Hay que decir: ¡fuera a los corruptos de Pemex y cárcel para todos ellos!
Es cuanto.
-EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la diputada Sara Guadalupe Figueroa Cañedo hasta por cinco minutos.
-LA C. DIPUTADA SARA GUADALUPE FIGUEROA CAÑEDO: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Lázaro Cárdenas, como bien lo sabemos todos los mexicanos, es un símbolo de Petróleos Mexicanos, pero también lo son las generaciones de técnicos y trabajadores, que con su talento y decidido esfuerzo, han hecho posible la grandeza de esta empresa pública.
Con la expropiación petrolera, México demostró que en cualquier momento, somos capaces de unirnos, para defender nuestra historia y nuestro futuro, con esta decisión, el Estado mexicano dejó un claro testimonio de su capacidad, para hacer cumplir la ley y defender el estado de derecho.
Los mexicanos demostramos entonces, como probamos ahora, que sabemos hacer bien las cosas, que las hacemos con calidad y con pasión. Hoy, Petróleos Mexicanos se encuentra en una transición muy especial, en la actual coyuntura histórica esta empresa pública tiene ante sí el reto de plantear cambios en su estrategia.
México está lejos de la suficiencia en gas natural, productos refinados y petroquímicos, por ello Pemex necesita entrar en una nueva fase de crecimiento vigoroso y modernizarse en todos los campos, aumentando significativamente su escala de activos y operaciones, así como la eficiencia de su desempeño general.
Es de importante estratégica para el país, asegurar los niveles adecuados de inversión en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos. Hay tareas urgentes, como es ampliar y modernizar la infraestructura de ductos, a fin de hacerla compatible con los nuevos volúmenes de producción y comercio de los próximos años.
Sólo de esta manera podrá responder adecuadamente a su responsabilidad, de garantizar la suficiencia en el abasto de hidrocarburos para el consumo en nuestro país así como para continuar cumpliendo los compromisos de exportación.
Hasta ahora Pemex ha puesto énfasis en su papel como gran contribuidor fiscal, sin embargo, nuestro partido está consciente que esta excesiva carga fiscal ha limitado la capacidad de inversión de la empresa y la ha dejado exhausta. Ha sido políticamente más fuerte la visión de quienes consideran Pemex, sólo como principal contribuyente de nuestro país, que la de los que entienden que es ante todo una empresa, cuya responsabilidad fundamental, es ser rentable y productiva.
En consecuencia es necesario, en el marco de una reforma fiscal integral, otorgarle la capacidad que Pemex requiere financieramente de operación, pero simultáneamente sujetarla a mecanismos ágiles de evaluación y rendición de cuentas de los legítimos y únicos dueños: la sociedad mexicana.
Para el Partido Verde, Pemex debe enfrentar y superar todos los obstáculos que se oponen al desarrollo de la industria petrolera, y hacer que prevalezca la racionalidad. Un verdadero compromiso nacional y el empeño por alcanzar mejores resultados en beneficio de nuestra sociedad.
La prosperidad y fortaleza del sector petrolero, es un requisito fundamental para el desarrollo nacional. Todos queremos un Pemex fuerte, eficaz, generador de resultados y recursos para todas las familias de este país. Deseamos un Petróleos Mexicanos renovado, exitoso, competitivo, honesto y transparente.
En la actual coyuntura de conflicto bélico e inestabilidad en los mercados de hidrocarburo, nuestro país debe plantear claramente su estrategia de exportación y calcular cuidadosamente sus ingresos en divisas, a fin de que nuestras finanzas públicas no estén sujetas a estos vaivenes.
PEMEX, en su carácter de empresa totalmente mexicana, debe servir a la Nación buscando en todas sus actividades el mayor provecho para nuestra patria.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra para el mismo tema hasta por cinco minutos, la diputada María del Rosario Tapia Medina.
LA C. DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA.- Gracias, señor Presidente.
Hoy, al conmemorar el hecho histórico de la Expropiación Petrolera, no basta con recordar y reconocer el carácter nacionalista y soberano de este hecho que vino a fortalecer la independencia económica de nuestro país o recordar, simplemente, la decidida y valiente posición del entonces Presidente Lázaro Cárdenas, de los trabajadores petroleros y de todo el pueblo de México que se unieron sin vacilar para defender lo que es nuestro: nuestro subsuelo, nuestro petróleo y sus riquezas.
Hoy, a 65 años de la Expropiación Petrolera, es obligado hablar de cómo está nuestra industria y de los intentos privatizadores de la actual administración foxista.
En primer lugar, hay que reconocer que nuestro país logró levantar, durante todos estos años, una gran industria petrolera de talla internacional que ha sido pilar del desarrollo económico y social de nuestra Nación, baste recordar que sólo PEMEX aporta la tercera parte de nuestro presupuesto federal.
Asimismo, ha formado varias generaciones de trabajadores especializados, capaces, conocedores de la industria y comprometidos con ella, sin dejar de mencionar obviamente a la cantidad de trabajadores, de técnicos y profesionistas expertos internacionales que saben, sin lugar a dudas, explorar, proyectar, perforar, extraer, refinar y procesar productos petroquímicos.
Sin embargo, a la par de esta grandeza de PEMEX, las últimas administraciones del Ejecutivo Federal, han promovido y cobijado conductas erróneas que hoy ponen en peligro el futuro de nuestra industria y ante las cuales no se han realizado los cambios que prometió la actual administración foxista.
En este sentido, hay que mencionar la política económica impuesta que ha privilegiado la exportación de crudo como uno de sus pilares fundamentales para el ingreso de divisas, ocasionando con ello que el mayor presupuesto entregado a PEMEX sea destinado a la exploración y producción de crudo y descuidando, por lo tanto, de manera permanente, la inversión en refinación y petroquímica.
Sobra decir que esta política, si bien ha logrado garantizar el flujo de recursos a nuestro país, también ha provocado la cada vez mayor importación de productos petrolíferos y petroquímicos, el envejecimiento de nuestras instalaciones de refinación y petroquímica y la reducción de nuestras reservas petroleras.
No hay que olvidar que la corrupción ha hecho mella también en nuestra industria y que ha llevado a pérdidas cuantiosas, baste recordar lo que hemos insistido de manera reiterada como uno de los casos más escandalosos con la reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, en donde es el momento en que no se actúa y no se aclara quiénes son los responsables de este cuantioso fraude a PEMEX y a la Nación; y de qué hablar en el caso del PEMEXGATE, donde nuestra industria ha sido también utilizada para la evasión de recursos para fines que no tienen que ver con nuestra industria sino en este caso con fines electorales.
Existe también como un grave problema al interior de nuestra industria, vinculado con ello, el problema de la antidemocracia sindical. No se ha permitido por ninguna administración que los trabajadores puedan tener una organización democrática propia y autónoma sin estar bajo el control de la administración en turno.
Y hoy, de frente a esta situación, la administración foxista sólo ve una solución, una salida: la privatización silenciosa, pretendiendo día a día la mayor inversión extranjera en nuestra industria.
Los contratos de servicios múltiples se inscriben en esta intención privatizadora aun a sabiendas de que están fuera del marco constitucional y de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional.
Por eso, y con esto termino, recordar hoy conmemorar la expropiación petrolera obliga a hacerlo planteando una posición en torno al fortalecimiento de nuestra industria.
Estamos convencidos de que hay otras salidas y que no es solamente la privatización la salida como la está planteando Fox. Necesitamos por lo tanto, buscar de frente a esta situación internacional tan crítica que estamos viviendo, cómo mantener el control de nuestros energéticos y cómo por lo tanto, buscamos reorientar las inversiones en nuestra industria, para su modernización; buscamos obviamente combatir a fondo la corrupción que se ha dado y que se castigue a los responsables de la misma y claro, que se deje por lo tanto, de despedir a los trabajadores que son básicamente la inteligencia y lo que ha generado nuestra industria en tantos años.
Hoy, el fortalecimiento de nuestra industria es parte de nuestro futuro como nación. Muchísimas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputada.
Tiene el uso de la palabra para el mismo tema hasta por 5 minutos, el diputado Noé Navarrete González, del partido Acción Nacional.
-DIP. NOE NAVARRETE GONZALEZ: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Conviene al disponernos a conmemorar el aniversario número 65 de la Expropiación Petrolera, rememorar las condiciones y acontecimientos que dieron lugar a tan laureada acción, toda vez que actualmente seguimos viviendo bajo la influencia de este decreto.
En México la actividad petrolera se inició a finales del siglo XIX con la participación de algunas empresas petroleras como "El Aguila", "La Huasteca",, "Standard Oil", "Corona", "Sinclair", por mencionar algunas.
Estas empresas estaban encargadas de explorar, perforar y establecer las primeras refinerías en nuestro suelo.
Sin embargo, después de desacatar una resolución judicial del más alto rango, es decretada hace 65 años, la expropiación petrolera y aunque la política de nacionalización fue considerada en su momento como un instrumento anticapitalista, al afectar los intereses de las grandes corporaciones monopólicas privadas, la realidad es que la actividad petrolera había sido realizada y necesitaba seguir siéndolo, por grandes empresas.
De este modo la producción de petróleo se centralizó y se convirtió en una integración vertical, apoyándose en la inversión privada para la exploración y la refinación indispensable para el abastecimiento del mercado interno en constante crecimiento.
Años más tarde, ele 18 de marzo pero de 1965, el entonces director general de Petróleos Mexicanos, señalaba que la contribución de PEMEX al desarrollo económico radicaba en el oportuno abastecimiento con la mejor calidad y al mejor precio posible, de combustibles, lubricantes y productos petroquímicos básicos.
En esta línea se afirmaba que entre el sector público y el privado, debía existir complementariedad y no conflicto y que PEMEX debería adaptarse a la existencia de empresas privadas, lo mismo que éstas a la existencia y funcionamiento de ellas.
Para Acción Nacional el sector energético es prioritario para el país pues es estratégico para el crecimiento nacional. Pemex no es de unos cuantos; Pemex debe estar en las manos de todos los mexicanos.
Sirva este día para reforzar nuestra defensa férrea de los derechos que la nación tiene sobre todos nuestros minerales, yacimientos, petróleo y productos asociados.
No cedemos en la lucha por recuperar nuestra real soberanía energética, pero tampoco permitamos que la ceguera nos impida ver la necesidad de conjugar los esfuerzos privados con los públicos por el bien del país y el engrandecimiento de la nación.
Esto no supone ninguna traición a nuestra historia nacional; por el contrario, supone la aceptación de una realidad que nos compete y que nos exige dejar de lado la doble moral, el doble discurso.
A 65 años de la nacionalización de la industria petrolera, Pemex trabaja con más de 50 empresas extranjeras en actividades de exploración, según datos de la propia paraestatal.
Las ventajas de esta coparticipación son claras, permiten a Pemex acceder a nuevas tecnologías, así como de obtener hidrocarburos de manera más eficiente y a menores costos.
Los retos son grandes: debemos buscar caminos para terminar con las limitaciones de financiamiento que nuestra empresa tiene, ya que esta escasez ha provocado una fuerte caída tanto en la perforación exploratoria como en la de desarrollo.
Pemex requiere invertir en los próximo años alrededor de por lo menos 9 mil millones de dólares anuales en todas sus líneas de negocios si no quiere perder peso en el mercado y aumentar los niveles de importación, como el de la gasolina, que actualmente representa el 18% del consumo nacional, o del gas natural, que significa una pérdida de 17 mil millones de dólares anuales.
Tradicionalmente el 18 de marzo sirvió para señalar lo benéfico que resultó para nuestro país expropiar y nacionalizar nuestra industria petrolera. En este día los discursos señalaban las virtudes y desechaban como falsas las críticas y los obstáculos.
Este año, en los albores del Siglo XXI, quiero sumarme a la larga lista de oradores que aplaudieron la devolución del petróleo mexicano a nuestra nación, a este pueblo, pero que también quiero aprovechar la fecha para exhortarlos desde esta tribuna a un nuevo parteaguas, una nueva acción que sirva para preservar a las generaciones venideras su derecho a una vida digna.
Aprovecho pues este día y esta oportunidad para hacerle frente a la realidad cambiante, para sacar partido de nuestras fortalezas en un mundo competitivo, para conseguir, como lo conseguimos hace ya 65 años, el equilibrio perfecto entre la participación privada y la organización paraestatal.
Por su atención muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Marcos Paulino López Mora, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO MARCOS PAULINO LOPEZ MORA: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: hacer uso de esta tribuna de la República con motivo de un aniversario más de la expropiación petrolera constituye no sólo una honrosa distinción para un representante del pueblo de México sino, además, una oportunidad para reiterar ante esta soberanía la significación de un acontecimiento histórico de tal envergadura.
Recordemos brevemente la historia. El 18 de marzo de 1938 una noticia estremeció y conmovió al país entero. El gobierno mexicano decretaba la expropiación de las compañías petroleras extranjeras que desde hacía más de 20 años lesionaban seriamente los intereses nacionales.
Para evocar los hechos que originaron esta histórica decisión me referiré a la parte medular del manifiesto al pueblo de México, en el cual el presidente Cárdenas expuso las razones que motivaron su determinación y solicitó a la nación el apoyo moral y material para afrontar las consecuencias.
La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que les proponía que las propias empresas llevaron a los tribunales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la nación el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por solo la voluntad de las partes o de una de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso.
Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regula el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias establecidas en México si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con sus obstinaciones.
Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase trabajadora de todas las industrias del país la que los exige, es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación la que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se han constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretendan eludir el mandato y las obligaciones que les imponen las autoridades del propio país.
Estos fueron los hechos que registran nuestra historia y han pasado desde entonces 65 años y la nacionalización del petróleo, recurso fundamental para el desarrollo económico-social de nuestro país, ha demostrado su acierto y su eficacia.
En estos momentos en que una decisión aparentemente irracional pone en jaque a la humanidad y que en otras razones económicas que aducen los analistas políticos, es precisamente el deseo del imperio de América del Norte de posesionarse en esta región que representa más del 30 por ciento de la producción mundial de petróleo y que ubica a la acción militar que está por empezar, como una decisión geopolítica que actualiza la acción histórica de México.
Conforme los acontecimientos mundiales van señalando la importancia estratégica del petróleo, se engrandece cada día más la figura de Lázaro Cárdenas, quien con una indudable visión histórica y con un profundo espíritu nacionalista tomó una de las decisiones más importantes y trascendentes de la vida nacional: ¡expropiar el petróleo que se encontraba en manos extranjeras para pasar a ser patrimonio de la nación y constituirse en recursos naturales del dominio directo de la nación y declarar éste como inalienable e imprescriptible y dejar la explotación a cargo del Estado, prohibiendo el otorgamiento de concesiones y contratos a particulares para su explotación! ¡Salvaguardando así el riesgo que nuevamente este tesoro negro del pueblo de México pueda pasar a manos extranjeras!
Para tomar decisiones es necesario conocer y aprender de la historia, la historia nos enseña que las últimas décadas han tenido el petróleo como el eje básico en muchas economías, como un instrumento no solo de fuentes de ingreso económico, sino también de fuerte poder y de apoyo para la defensa de la soberanía nacional.
Hagamos de esta conmemoración una oportunidad de reflexionar sobre este tema. Los priístas estamos convencidos de que debemos impulsar el desarrollo de Petróleos Mexicanos a través de una modernización nacionalista, popular, democrática, sin excesivos controles presupuestales y burocráticos que lo paralicen y que se fortalezcan a través de un régimen fiscal que permita su capitalización y desarrollo.
Un momentito señor Presidente.
Consideramos la expropiación petrolera como un acto de justicia reivindicatoria para todos los mexicanos, que refleja claramente el proyecto de estado concebido por Lázaro Cárdenas, para darle viabilidad a una nación en su devenir hacia la modernidad.
Muchas gracias. (aplausos)
-PRESIDENTE: Nuestro siguiente punto del orden del día es el relativo a las excitativas.
En tal virtud, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, hasta por cinco minutos.
-DIP. JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras diputadas; compañeros diputados: El día 12 de noviembre del año pasado presentamos una primera excitativa a un punto de acuerdo que el diputado Amador Rodríguez Lozano y un servidor presentamos el 22 de octubre del año pasado y que tiene que ver con una puesta en marcha de toda una estrategia para hacer del estado de Baja California el cuarto de máquinas de la política energética que demanda en este caso el estado de California.
En nuestro estado la privatización y la puesta en marcha de la política privatizadora en materia de energía eléctrica ya empezó. Hay seis proyectos de generación de energía eléctrica de exportación que se han otorgado en este país y los seis están ubicados curiosamente en el estado de Baja California.
Estos seis proyectos tienen una capacidad del doble de la actual generación de energía eléctrica que produce la planta termoeléctrica de Rosarito, Benito Juárez y la de Cerro Prieto, es decir, se han otorgado concesiones para producir más de 2 mil 600 megawatts que irían a pagar a Estados Unidos.
Sin embargo esto no es todo, como estas plantas son de ciclo combinado y requieren la utilización de gas, en el Pacífico, entre Ensenada y Tijuana, se están empezando a desarrollar los proyectos para instalar terminales de gas natural licuado, en donde las empresas Chevro, El Paso Energy, Phillips Petroleum, Maraton Oil, Shell y Centra Energy, han hecho compras millonarias de predios para instalar en el Pacífico grandes terminales de gas natural licuado, cuyo destino sería por un lado estas plantas de generación de energía eléctrica y, por otro lado, el mercado norteamericano.
Este asunto que tiene que ver no solamente con Baja California, sino con el país en su conjunto, reclama que este Congreso, que esta soberanía, que es la que puede ser el valladar de la implementación de una política energética privatizadora por la vía de los hechos, pueda interponer con las facultades republicanas a su alcance, una controversia de carácter constitucional para impedir que este proyecto energético se concrete en detrimento de nuestra nación.
Por ello es importante resaltar que si bien es cierto aquellos argumentos que dicen que no se va a privatizar la Comisión Federal de Energía, también tengamos muy claro qué es lo que hay detrás de todo esto.
La Comisión Federal de Energía tiene alrededor de 24 millones y medio de contratos, 120 mil contratos, es decir, mucho menos del 1 por ciento, son los que generan el 53 por ciento de los ingresos de la Comisión Federal de Energía Eléctrica. Estos son los contratos que quieren que las empresas transnacionales atiendan y que nosotros, los 24 millones 380 mil contratos domésticos sigan siendo atendidos por la Comisión Federal de Electricidad.
Estas cifras espeluznantes, dramáticas, que hablan del problema que puede enfrentar nuestro país en materia energética y sobre todo en detrimento de sus recursos económicos, es necesario que el Congreso pueda hacerle frente. Por eso, el día de hoy asisto a esta soberanía a hacer de nuevo una Excitativa, a decirle a nuestros compañeros de la Junta de Coordinación Política, que el Punto de Acuerdo que presentamos en su momento, el Diputado Amador Rodríguez Lozano y un servidor, sea dictaminado y se presente al pleno de esta soberanía para que podamos emitir nuestro voto en función de la defensa de los intereses de México e interpongamos un recurso de controversia constitucional ante el hecho evidente de querer trastocar los principios constitucionales que nos da vida como país.
Muchas gracias, ciudadano Presidente.
-EL C. PRESIDENTE.- De conformidad con lo que establece el Artículo 21º Fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos planteados se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emitan el dictamen correspondiente.
De acuerdo. Me hace la precisión el Diputado ponente que está turnado a la Junta de Coordinación Política, es a ella a quien se remite la excitativa postal.
Tiene la palabra el Diputado Ramón León Morales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una excitativa a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Gobernación y Seguridad Pública.
-EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES:- Con su permito Diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El 23 de enero del presente año presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una Iniciativa para crear la Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación.
Otra, que modifica la Ley General de Educación y una más que busca reformar la Ley Federal de Entidades Paraestatales las cuales en conjunto tienen como objetivo crear un marco legal que institucionalice la función de evaluación en el Sistema Educativo Nacional.
Nuestra propuesta plantea la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que sirva como base normativa para la actuación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que fue creado a partir de un limitado Decreto Presidencial en agosto del 2002.
El motivo principal que impulsa este conjunto de iniciativas es el de sentar las bases para que la evaluación de la educación funcione como guía que retroalimente, rectifique y promueva el desarrollo de estrategias que impacten efectivamente en la calidad de la labor educativa.
Esta pretensión es totalmente indispensable en México en virtud de que el proceso de construcción de dispositivos institucionales nacionales que atiendan acciones sistemáticas y periódicas de evaluación educativa se encuentran aún en ciernes.
Desde 1976 la evaluación se centró en el nivel primario y se caracterizó por enfocarse en los aprendizajes de los alumnos, dejando de lado otros niveles educativos y toda consideración sobre los múltiples factores endógenos y exógenos al conjunto del sistema que influyen en el proceso educativo.
Este esquema fue el que prácticamente predominó durante los años 80 y principio de los 90 a pesar de un intento de reforma educativa que puso énfasis en la planeación y en la descentralización, condiciones ambas que deberían partir de un diagnóstico y un proceso de reflexión continuo desde el propio esquema educativo.
En ése contexto, a raíz de los acuerdos para la modernización de la educación básica y de la expedición de la Ley de Educación en 1993, en materia de evaluación la principal iniciativa fue el fortalecimiento de las bases de la gestión del sistema; prueba de ello es que para la evaluación se estableció un aparato específico, un apartado específico que se denomina justamente "de la evaluación del Sistema Educativo Nacional".
En el capítulo segundo, sección IV, artículos 29, 30 y 31, al delimitar las responsabilidades del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, se pretendió hacer de esa función sustantiva una actividad sistemática y permanente que sirviera como base para adoptar las medidas procedentes.
No obstante esa pretensión, hoy en día la función de evaluación del Sistema Educativo, no cumple con los requisitos básicos que en la Ley se establecen. El programa de instalación y fortalecimiento de las áreas estatales de evaluación no tiene acciones de amplio impacto en el marco de la gestión escolar que se desarrolla en los Estados.
Al día de hoy, la función evaluativa no es una actividad sistemática y permanente, por lo que como consecuencia no existe una cultura de la evaluación entre los actores de la educación, lo que entre otras cosas ha generado un manejo poco transparente de los resultados de las mismas.
De la misma manera, estos resultados generalmente no son tomados en cuenta para corregir el rumbo, porque no hay un esquema de gestión institucional que permita adoptar las medidas conducentes.
Esta es la realidad que busca contribuir a transformar nuestra iniciativa, la cual de manera resumida se despliega en tres dimensiones: primera, buscamos crear la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación; segunda, se propone reformar la Ley General de la Educación a fin de dar la congruencia necesaria a la nueva normatividad con que rige el conjunto del Sistema Educativo Nacional; y, tercera, se busca reformar la Ley Federal de Entidades Paraestatales a fin de garantizar una mayor autonomía de la institución que se crea.
En virtud de lo anterior y en base a lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito señor Presidente tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Gobernación y Seguridad Pública a fin de que dictaminen las iniciativas que he mencionado.
Por su atención, muchísimas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: En los términos planteados por el proponente, obséquiese con el mismo fundamento y se excita a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Gobernación y Seguridad Pública para que emitan el dictamen correspondiente.
En virtud de que en esta sesión ha transcurrido el plazo que dispone el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Orden del día de la próxima sesión:
( Lectura del orden del día del 20 de marzo de 2003 )
- EL C. PRESIDENTE: Se levanta la sesión (15.13 horas) y se cita para la próxima que tendrá verificativo el próximo jueves 20 de marzo, a las diez horas.