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SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA
25 DE MARZO DE 2003

Lectura del acta de la sesión anterior

COMUNICACIONES

De los Congresos de los Estados de Chihuahua y Puebla.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura.

De la Junta de Coordinación Política.

De Ciudadano Diputado.

Protesta de ciudadano Diputado.

OFICIO DE LA CAMARA DE SENADORES

Con el que remite la iniciativa que reforma los artículos 2-A y 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y deroga el artículo Vigésimo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, presentada por el Sen. Adalberto Madero Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION

Tres con los que se remiten contestaciones, del Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaria de Gobierno del Estado de Veracrúz, en relación a Puntos de Acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Con el que se remite contestación del Director General de Radio, Televisión y Cinematografía, en relación a Puntos de Acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS

De Ley del Servicio Aduanero Mexicano, a cargo del Dip. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Francisco Javier Flores Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del Dip. Alfredo Hernández Raigosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversos artículos de la Ley de Profesiones, Reglamentaria del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa, al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal en asuntos del orden común y en toda la República en asuntos del orden Federal, a cargo del Dip. - Eduardo Abraham Leines Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. transitorio de la Ley General de Educación, a cargo del Dip. Elías Martínez Rufino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto presidencial, a cargo del Dip. Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con el propósito de reforzar la legislación en materia de trasplantes, a cargo de la Dip. Adela del Carmen Graniel Campos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 121 de la Ley Aduanera, a cargo del Dip. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

DICTAMENES A DISCUSION

De la Comisión de Salud con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 114, 115, 210 y 212 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal dei Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal; se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adiciona la Ley de Planeación.

EXCITATIVAS

A las Comisiones de Población, Fronteras y Asunto Migratorios y de Relaciones Exteriores, a cargo del Dip. Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del Dip. Jaime Martínez Veloz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del Dip. Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

PROPOSICIONES

Con Punto de Acuerdo por el que solicita se inicie la planeación de un período extraordinario, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo en relación con la actividad de juegos y sorteos, que funciona en la República Mexicana, a cargo del Dip. Salvador Cosío Gaona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se tomen aciones directas en torno a la decisión de los despachos que se niegan a entregar los papeles de trabajo sobre auditorías al FOBAPROA, a cargo del Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, a cargo del Dip. Amador Rodríguez Lozano, (Turno a Cornisión)

Con Punto de Acuerdo en apoyo a los cuentahabientes del INFONAVIT, a cargo del Dip. Adolfo Zamora Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, investigue el caso de los ejidatarios de CANANEA, presos, en el Estado de Sonora, a cargo de la Dip. Petra Santos Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo sobre el ejercicio de los recursos presupuestales asignados al Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2003, a cargo del Dip. Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice las acciones pertinentes a fin de reforzar la comercialización del fríjol mexicano, a cargo del Dip. José Carlos Luna Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para integrar una Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que vigile no se desvíen recursos públicos en el proceso electoral de 2003, a cargo del Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo sobre el Campo Mexicano, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo sobre la problemática agraria en México, a cargo del Dip. César Duarte Jaquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal la transferencia de recursos al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de reciente creación, a cargo del Dip. Héctor Sánchez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal atraiga la investigación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (urgente resolución),

Con Punto de Acuerdo para exhortar a todas al estaciones de radio y televisión a celebrar el Día Internacional de la Radio y la Televisión en favor de los niños, promovido por UNICEF, a cargo del Dip. Gumercindo Alvarez Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para ratificar las reformas a la Ley del SAT que vetó el Ejecutivo Federal, a cargo de la Dip. Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita que la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a la SEMARNAT, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para que el gobierno federal encabece el Manifiesto por la Paz, emanado de la Conferencia Internacional por la Paz, a cargo del Dip. Félix Castellanos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (urgente resolución)

Con Punto de Acuerdo para reasignar y entregar viviendas abandonadas, mediante un Censo Nacional de Viviendas, a cargo del Dip. José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo a fin de incorporar recursos del ramo 33 al Programa Piso Firme en todo el territorio nacional, a cargo del Dip. Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre el trámite realizado por diversas líneas aéreas en las que han solicitado autorización oficial para operar rutas nacionales e internacionales, desde, y hacia Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del Dip. Salvador Cosío Gaona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo en relación al conflicto laboral que enfrenta el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Motor Coach Industries México, S.A. de C.V. (MCI) y Servicios Sahagún, S.A. de C.V., por el cierre de ambas empresas, a cargo del Dip. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con Punto de Acuerdo en relación al servicio de energía eléctrica en el Estado de Veracruz, a cargo del Dip. José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. (Turno a Comisión)

AGENDA POLITICA

Comentarios sobre las mesas de trabajo para el campo, a cargo de la Dip. Petra Santos Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre el "VII Seminario los Partidos y una Nueva Sociedad", a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre el estado del procedimiento de declaración de Procedencia que se sigue en contra de los legisladores Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y Jesús Olvera Méndez, y los trabajos de la Sección Instructora al respecto, a cargo del Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- EL C. PRESIDENTE DIP. ARMANDO SALINAS TORRE (Toca la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 294 diputados. Por lo tanto hay quórum.

- EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

(Da lectura a una comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

(Da lectura a tres comunicaciones de la Junta de Coordinación Política relativa

a la modificación en la integración de las Comisiones de Desarrollo Social y de

(Da lectura a la solicitud de licencia de la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez)

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Esta a discusión el siguiente

"Unico.- Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha".

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Martha Patricia Dávalos Márquez, diputada suplente electa en la primera circunscripción plurinominal. Se designa en Comisión para que la acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados:

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.

-PRESIDENTE, DIP. ARMANDO SALINAS TORRE.- Ciudadana Martha Patricia Dávalos Márquez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

-SECRETARIA, DIP. MA. DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ: Oficio de la Cámara de Senadores.

-PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

-PRESIDENTE: De enterado. Remítase copia al promovente para su conocimiento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Acuerdo relativo al Sistema Electrónico de Registro de Asistencia, se pide a la Secretaría dar cuenta del mismo e instruya a su cierre.

-MISMA SECRETARIA: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 350 diputados, por lo que hay quórum.

-PRESIDENTE: De enterado. Remítase copia al promovente para su conocimiento.

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que tiene antecedentes y al promovente para su conocimiento.

-PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para su conocimiento.

El siguiente punto del orden del día es: Iniciativas de los ciudadanos diputados.

Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley del Servicio Aduanero Mexicano.

..-EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES.- Gracias señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Las regulaciones que han regido la actividad comercial y aduanera en nuestro país fueron transformadas para adecuarlas a las cambiantes necesidades que han creado los adelantos tecnológicos en la producción y el transporte de las mercancías.

Históricamente la función aduanera ha sido desempeñada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los organismos públicos adscritos a ella encargados de administrar las aduanas y realizar las funciones de fiscalización de las mercancías ha sufrido también diversas adecuaciones estructurales y funcionales. Por eso, hasta enero de 1993 cuando mediante una Reforma al Reglamento Interior de esa Dependencia se encarga la operación de las aduanas nacionales a la Administración General de Aduanas y en julio del 97 dicha Administración queda adscrito a lo que hoy conocemos como el famoso Servicio de Administración Tributaria.

Ante la apertura comercial emprendida por el gobierno Mexicano en las últimas décadas y tras la serie de transformaciones económicas , políticas y tecnológicas, nuestro intercambio de mercancías, productos y servicios con el resto del mundo se ha visto favorecido ampliamente incrementándose la actividad de nuestras aduanas en todo el territorio nacional.

México pasó rápidamente de una política comercial proteccionista, ligada al subdesarrollo industrial, la escasez de capitales para la inversión y la baja productividad, a un esquema de liberalización y de regulación de la economía, promotor de la inversión privada.

Esta política de apertura, aunada a las transformaciones estructurales del sector público, provocó el incremento de la producción nacional y de la interacción con las principales economías nacionales y regionales del mundo contribuyendo con esto al desarrollo económico y social de México.

Signo de ello fue la inclusión de nuestro país en el Acuerdo general sobre Aranceles y Comercio en el 86 y al Consejo de Cooperación Aduanera en mayo del 88 que tenía por objeto armonizar y facilitar el comercio internacional.

Posteriormente, nuestra nación se integró también a la Organización Mundial del Comercio y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Un acontecimiento relevante para nuestro país, fue la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte con Estados Unidos y Canadá en 1994, este instrumento significaba para México un incremento en la actividad económica y comercial con nuestro principal y vecino país del Norte.

De forma paralela, desde 19997 México ha celebrado nuevos Acuerdos de Libre Comercio con varias naciones y regiones del mundo como Chile, Israel, Nicazragua, el Triángulo de la Unión Europea y el Pacífico Asiático, con lo que el número de países con los que tenemos Acuerdos de Cooperación Económica asciende a más de 30.

Asimismo están pendientes la negociación y la firma de acuerdos similares con Singapur y Japón y la materialización del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Sin duda, todos estos esfuerzos para aumentar las relaciones económicas, comerciales y de inversión de México con el resto del mundo, han redundado en el crecimiento de los flujos de mercancías que se importan y exportan desde y hacia nuestro país así como las divisas y contribuciones que se obtienen por esta actividad.

A pesar de la reciente disminución del ritmo del crecimiento, los resultados económicos generales de México durante los últimos cinco años han sido positivos. Entre el 97 y 2000 el Producto Interno Bruto creció a un promedio anual de 5.2% y las inversiones privadas crecieron a un tipo medio anual del 10.6%

Durante este mismo período México atrajo aproximadamente 44 mil millones de dólares en inversiones extranjeras directas y este proceso trajo aparejado un fuerte incremento en el comercio de mercancías que aumentó a una tasa media anual del 17.1% y la más elevada entre los 20 miembros de mayor tamaño de la Organización Mundial del Comercio.

Es claro que la interacción comercial a través de las aduanas del país, tiene un impacto altamente positivo en la economía nacional y en la actualidad, como en épocas anteriores, la importancia que reviste la actividad aduanera debe de ser reconocida como de interés nacional.

Un hecho que se origina a partir de la operación de los múltiples acuerdos y tratados comerciales que se han signado, es que si bien nos permite ser uno de los principales países exportadores del mundo, contempla al mismo tiempo la eliminación gradual o de tajo de las contribuciones al comercio exterior entre las partes firmantes por lo que la función recaudadora de impuestos, antes propia de las aduanas, está dando paso a una nueva concepción y en realidad para el sistema aduanero mexicano.

Es decir, hoy las aduanas nacionales no sólo son un ente fiscalizador de bienes y mercancías sino también son entidades administrativas con la responsabilidad de vigilar y controlar aspectos derivados del comercio internacional; controlar aspectos también relacionados con la seguridad nacional, la salud, el tráfico ilegal de personas, de drogas o el combate al contrabando de las mercancías y la piratería entre muchos otros.

Para cumplir esta enorme responsabilidad, la Secretaría de Hacienda tiene a su cargo la aplicación de las leyes fiscales y aduaneras para el cobro y la recaudación de impuestos; por su parte, la Administración General de Aduanas como unidad administrativa perteneciente al servicio de administración tributaria, tiene como principal función la de fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como de los medios que son transportadas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior fije Hacienda y las otras dependencias competentes para ello.

Por esto, esa Administración General cuenta con 48 aduanas a su cargo; 177 puntos de revisión y 6,500 servidores públicos para atender poco más de un millón de operaciones aduaneras al día. Estamos aún lejos de erradicar los grandes problemas que enfrenta nuestro servicio aduanero que derivan en afectaciones económicas, como la omisión en el pago de contribuciones al comercio exterior y daños alarmantes a la planta productiva nacional y al comercio legalmente establecido.

Es innegable que día a día las aduanas del país enfrentan de forma paralela grandes dificultades de muy diversa índole, que van desde la carencia de personal, escasa capacitación, ineficiencia e ineficacia de los servicios que se prestan, hasta el completo desequilibrio entre las actividades que demanda el sector aduanero y su real capacidad fiscalizadora no dejando de lado el problema de la corrupción.

En atención a esto, consideramos que el esquema administrativo al que están adscritas las aduanas, equivalente al de una unidad de Dirección General de la Administración Pública Federal, pese a las características legales y presupuestales que impiden el desarrollo institucional que el sector aduanero mexicano reclama hoy en día y la carencia de un presupuesto propio y de facultades específicas para resolver en materia autónoma sobre la materia aduanera, no corresponde al ejercicio de una tarea de suma importancia y trascendencia para el país como hemos mencionado y cada vez tiene mayores implicaciones en la seguridad nacional.

El día de hoy estamos presentando un trabajo que recoge una gran experiencia de quienes han sido actores en diversos momentos de lo que es el servicio aduanero mexicano y la facilitación de los trámites del comercio internacional; hoy estamos presentando una suma de trabajo que decanta en lo que hemos denominado "una ley para el servicio aduanero mexicano" y que fundamentalmente consiste en que separemos a la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria.

No es posible que un ente facilitador del comercio internacional siga estando etiquetado como un ente puramente fiscalizador; no es posible que en las actuales condiciones administrativas en que se maneja la Administración General de Aduanas se le pueda exigir a los funcionarios dependientes de esta Administración, que combatan eficazmente a la corrupción. No es posible pedirles a todos estos servidores públicos que hagan su labor, si no tienen un merco jurídico adecuado.

Esto creemos que es el futuro que hay que crear el nuevo servicio aduanero mexicano y que esto permitirá sin duda el que podamos avanzar no solo en materia de fiscalización y facilitación del comercio internacional sino en materia de combate a la corrupción, lo cual es fundamental para nuestro país.

- EL C. PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Diputado Fayad, ¿está usted dejando la iniciativa en la Secretaría?

- EL C. DIP. OMAR FAYAD MENESES: Señor Presidente, le haré llegar a la Secretaría la iniciativa debidamente firmada, pidiéndole se turne a la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Le ruego entregarla a la Secretaría porque no podríamos proceder al turno si no ocurre. Gracias.

----- Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates; publíquese en la Gaceta Parlamentaria; y como se ha expresado, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, para presentar una iniciativa de reformas a la fracción séptima del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Francisco Javier Flores Chávez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-EL DIP. FRANCISCO JAVIER FLORES CHAVEZ: Con permiso de la Presidencia y solicitándole atentamente, en virtud de que solamente expondré una parte de esta iniciativa, solicito atentamente sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates y publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El suscrito diputado federal Francisco Javier Flores Chávez, como miembro de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al pleno de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 27 constitucional, con el fin de suprimir la aprobación de la asamblea al momento de otorgar el dominio pleno sobre tierras parcelas, conforme a la siguiente

Con la reformas de 1992,que es el texto vigente el párrafo 4° de la fracción VII del artículo 27 constitucional establece: "que la ley fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal, otorgará al ejidatario el dominio pleno sobre su parcela"

Con frecuencia el ejido ha sido perjudicado por la corrupción y la ineficiencia en la medida en que los caciques locales y los agentes de gobierno aprovechan la estructura jurídica en su propio provecho a expensas del ejido.

Ahora, las llamadas "tierras parcelas" que se le asignan a cada ejidatario en lo individual y que éste puede usar, aprovechar y disfrutar de manera exclusiva, aunque estas tierras en principio no son propiedad del ejidatario, que aunque es titular de ellas, sólo las puede usar y aprovechar, el ejidatario puede transmitir sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados, pero debemos tener presente que no está transmitiendo un derecho de propiedad sobre las tierras parceladas, sino tan sólo el derecho a usar y disfrutar de la tierra.

En este sentido la asamblea del ejido, con una mayoría especial, una vez que se hayan cubierto varios trámites y bajo ciertas formalidades, puede resolver con criterios muy subjetivos que los ejidatarios puedan a su vez adquirir el dominio pleno de sus parcelas, es decir, que se conviertan en propietarios de ellas. Ejemplo de ellos es que algunos comisariados ejidales solicitan al ejidatario que desea adquirir el dominio pleno de sus parcelas, un porcentaje del valor comercial estimado de la misma. En el caso de Jalisco este porcentaje se encuentra entre 5 y 10% del valor comercial estimado.

Esta situación resulta sumamente lesiva para el ejidatario, ¿por qué ha de pagar costo adicional al administrativo sobre su propia parcela y que ni siquiera en muchos casos ingresa en la tesorería del ejido? Esta iniciativa permitirá suprimir éstas prácticas indeseables y costosas para el ejidatario y que hoy benefician a unos cuantos a costa de la mayoría de sus propios compañeros ejidatarios.

La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales ni significa que se altere el régimen legal estatutario o de organización del ejido.

Los diputados de las comisiones agropecuarias de seta LVIII Legislatura hemos luchado juntos porque México tenga un campo productivo, competitivo, sin pobreza generalizada, de oportunidades y con calidad de vida, de forma que satisfaga las necesidades nacionales y compita en el mercado internacional.

Asimismo, con esta iniciativa, Acción Nacional hace patente su compromiso por lograr que la inseguridad de la tenencia de la tierra deje de ser un lastre que impida a los productores nacionales acceder a mejores oportunidades que les permitan aprovechar al máximo las potencialidades de este sector de la economía. La certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra es una variable muy importante, pues con ella se pueden lograr mayores flujos de inversión en el campo, realizar transacciones crediticias con la banca privada, celebrar contratos de aparcería o asociación en participación y lograr mayor seguridad, tanto para el inversionista como para el ejidatario.

Es importante avanzar por el camino iniciado con las reformas al 27 constitucional en 1992, es fundamental que voluntariamente el ejidatario pueda convertir su posesión en una verdadera propiedad, reconociendo al ejidatario como un sujeto capaz de tomar sus propias decisiones respecto a su parcela.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía por conducto de la Honorable Cámara de Diputados, el

siguiente decreto que reforma la fracción VII del artículo 27 constitucional, con fin de suprimir la aprobación de la asamblea al momento de otorgar el dominio pleno sobre tierras-parcelas.

Artículo único. Se reforma el párrafo IV de la fracción VII del artículo 27 constitucional, para quedar redactado en lo sucesivo de la siguiente manera:

"La ley con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras. Y tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población.

"Igualmente, fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales se garantice al ejidatario adoptar de manera libre y voluntaria el dominio pleno sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley".

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Hasta en tanto se reforme la Ley Agraria, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente decreto.

Como lo ha solicitado el diputado proponente, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, el señor diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el señor diputado Eduardo Abraham Leines Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Profesiones, Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, en asuntos del orden común y en toda la República en asuntos del orden federal.

Los que suscribimos, diputados federal Eduardo Andrade Sánchez y su servidor Eduardo Abraham Leines Barrera, y a nombre de nuestros compañeros legisladores del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, de esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Asamblea, iniciativa con Proyecto de decreto para la actualización de la Ley de Profesiones, Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal en asuntos de orden común y en toda la República en asuntos de orden federal.

Compañeros legisladores, las necesidades de la población y del desarrollo del país, demandan acciones que respondan a los requerimientos que plantea una transformación social orientada a lograr mejores condiciones de vida individual, familiar y social, sustentadas en un ambiente de equidad, libertad y respeto en la convivencia humana necesarias para afirmar y fortalecer el logro de una vida digna.

Históricamente el país ha tenido un incremento de la escolaridad en el impulso educativo y en la extensión de sus beneficios, así como un desarrollo de las profesiones.

Sin embargo, a la luz de un análisis de las condiciones del país, no es posible soslayar la distancia evidente entre esos avances y la existencia de millones de personas con analfabetismo, un bajo promedio de escolaridad de la población y un nivel educativo que no demuestra el logro de una cultura de derechos humanos, de una cultura ecológica, ni de una cultura de participación ciudadana informada, democrática y activa; libre de colonialismo y de actitudes dependientes de la autoridad para que les resuelva sus problemas y determine su vida.

Con este enfoque se visualiza la participación de los componentes sociales de los cuales forman parte los profesionistas, quien como elementos que han tenido acceso a una mayor escolaridad, constituyen un recurso y potencial para el desarrollo de la nación, posibilidad que puede incrementarse si hay un mejoramiento permanente de su formación desde la escuela y a través de la actualización continua durante su vida profesional, si cuenta sobre todo con el reconocimiento y apoyo para determinar su normatividad, orientada al desarrollo que trascienda en la calidad de vida de la población y su participación es considerada y valorada por el poder público y los particulares.

En esta perspectiva, se requiere de una Ley de Profesiones creada por un lado, a partir de una comprensión integral de la nación en sus condiciones, recursos y potencialidades, así como en sus interacciones internas y con los demás países. Y por el otro, con una percepción que valore la formación y los servicios profesionales de una manera en la cual más que controlar, vigilar y sancionar, predomine el enfoque para apoyar, defender e impulsar su ejercicio y desarrollo.

Con esta intencionalidad, se ha elaborado el articulado del proyecto de esta ley, en cuyo marco de referencia se puntualizan los siguientes aspectos:

Primero.- La ley vigente posee la cualidad de contener en su esencia una visión clara del deber de los profesionistas.

Segundo.- Los cambios sociales y su dinámica demandan acciones concomitantes capaces de dar respuesta a las necesidades de la población y al desarrollo de la nación.

Se requiere una innovación de la ley encaminada a dar sustento a una nueva cultura profesional que responda progresivamente con mejor calidad a las necesidades sociales.

Los profesionistas y las profesionistas juegan un papel relevante en el progreso del país y se caracterizan por una elevación perseverante de su calidad de la prestación de sus servicios en la educación y en la investigación, encaminados y comprometidos con el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

El logro de la independencia económica, científica y tecnológica, y en un desempeño como agente de cambio, capaz de identificar problemas y realizar las acciones para resolverlos, responde a los retos que le plantea la planeación y la prevención, de manera que superen las conductas premediales curativas o usadas persistentemente, para restar condiciones o incrementar prohibiciones.

En este sentido, el ejercicio profesional en la educación y en los servicios, requiere de la actualización continua de su razón de ser, sustentable en una regulación jurídica, también actualizada, que apoye la superación y favorezca la autodefinición, la autogestión y la autorregulación de los profesionistas.

Una de las expectativas en la superación de las profesiones es, el logro de la vinculación entre los servicios, la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico, articulándolos con las necesidades de progreso y bienestar.

Las medidas con fines de superación de la educación y de los profesionistas, requieren basarse en una identificación de su razón de ser, de una perspectiva de lo que pueden ser en un plazo determinado y definir el perfil profesional, en consecuencia y congruencia con lo anterior.

Con este fundamento, elaborar las normas de calidad, las cuales determinan la formación, la actualización, la evaluación, la acreditación, la certificación, y en general todos los proyectos de programas de trabajo profesional.

La educación profesional, escolarizada y continua, demandan la participación conjunta de los profesionistas del área académica y del área de servicios, a fin de que el conocimiento y la experiencia obtenidos en cada campo de acción, enriquezcan recíprocamente con las aportaciones de ambos. Los Colegios, por sus características pueden integrarlos,. y conjuntar estas labores organizadamente.

La diversidad de factores involucrados en la producción y atención de los problemas sociales, hacen indispensable un trabajo multidisciplinario, sustentado en bases, criterios y requerimientos comunes, para los diferentes profesionistas participantes.

Su formación, desempeño necesitan confluir en una solidez de su educación, derivada del cumplimiento de requisitos educativos, avalados con el título y cédulas profesionales, del ejercicio de un código de ética de cada profesión.

Todos, todos los profesionistas que cubran con los requisitos educacionales, deben tener el derecho a obtener título y cédula profesional, la discriminación de algunas profesiones, redundaría negativamente en la calidad y la formación, en la existencia y funcionamiento de los colegios de profesionistas, y pondrían en evidencia el desconocimiento de la necesidad del trabajo multidisciplinario y de la interacción de los factores que intervienen en la producción de los problemas y de su atención.

Por lo expuesto anteriormente, se presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el presente Proyecto de Iniciativa de Ley de Profesiones, como sigue:

Ley de Profesiones Reglamentaria del Artículo 5º. de la Constitución, relativo al ejercicio de las profesiones del Distrito Federal y en asuntos de orden común y en toda la república asuntos de orden federal.

Título Tercero.- De las instituciones autorizadas que deben de expedir los títulos profesionales.

ARTICULO PRIMERO.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se abrogan la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional publicada el 26 de mayo de 1945 y su reglamento, con la salvedad que dispone el artículo siguiente:

Asimismo se abrogan las demás disposiciones que se opongan o contravengan a la presente ley.

Artículo tercero. El Reglamento de esta Ley deberá expedirse dentro de los 60 días naturales siguientes a que la misma entra en vigor, mientras tanto seguirá aplicándose el Reglamento vigente en todo lo que contraiga las disposiciones de la presente Ley.

Artículo cuarto. Los recursos administrativos que se encuentran en trámite, deberán resolverse dentro de los 60 días naturales siguientes a la puesta en vigor de dicha Ley.

Artículo quinto. Respecto a las profesiones que no hubiere organizados colegios, la Federación General Nacional de Colegios de Profesionistas, procederá a nombrar comisiones con los profesionistas respectivos que se encarguen de impulsar y coadyuvar para la constitución de colegio correspondiente.

Artículo sexto. Las Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, dentro de los 60 días naturales siguientes a la puesta en vigor de esta Ley, deberá proceder al establecimiento de los órganos de conciliación e impugnación y asimismo crear los demás instrumentos relacionados con las profesiones previstos en esta Ley.

Artículo séptimo. Siendo de aplicación federal la presente Ley, los gobiernos de los estados deberán proceder a organizar el servicio social en sus respectivas entidades, de conformidad con lo que dispone en la presente normatividad y asimismo a promover e impulsar colegio profesional en el ámbito de su competencia.

Señor Presidente, ruego a usted que se integre en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria toda la iniciativa, ya que es muy extensa y que así sea turnada a la Comisión de Educación y de Puntos Constitucionales.

EL C. PRESIDENTE.- Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales en Comisiones Unidas con Educación.

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por diez minutos.

EL C. DIPUTADO NARCISO ALBERTO AMADOR LEAL.- Muchas gracias, señor Presidente.

Le pediría, si fuera tan gentil, de incorporar esta iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates y me permitiré, compañeras, compañeros diputados, una breve reflexión sobre el contenido de la misma.

Entre las facultades legislativas del Presidente de la República, el veto presidencial es una de carácter reactivo que le permite al Jefe del Ejecutivo defender el statu quo respecto de las tentativas de cambio de las mayorías legislativas.

En las democracias presidencialistas contemporáneas, el veto desempeña un papel central para que opere el sistema de pesos y contrapesos y por ende de equilibrio entre dos Poderes, teóricamente el veto es el vínculo más consistente y directo del Presidente con el proceso legislativo, así como el principal contrapeso del Ejecutivo Federal sobre el Poder Legislativo.

No obstante en nuestra Constitución hay algunas lagunas, existen algunas disposiciones que se oponen a que tal equilibrio de Poderes, resulte en beneficio del propio proceso legislativo y del desempeño de la República, de ahí que recientemente dos compañeros diputados, los dos coterráneos míos poblanos, uno del PRD el diputado Luis Miguel Barbosa del Partido de la Revolución Democrática, haya propuesto el 5 de abril una iniciativa de reformas al artículo 72, entre otras cosas para que no sea una condición, la mayoría calificada, en el propósito de superar el veto presidencial.

A este respecto cabe mencionar que la Constitución de 1857 estableció al igual que el actual ordenamiento constitucional, la mayoría calificada para superar dicho veto del Ejecutivo.

Posteriormente y dadas las tensiones suscitadas entre el Ejecutivo y el Legislativo en las reformas al artículo 71 de la Constitución se modificó la forma de votación para superar dicho veto presidencial, quedando establecido que las iniciativas vetadas por el Presidente de la República, una vez regresadas al Congreso, podrían ser aprobadas sin el consentimiento presidencial únicamente con la mayoría absoluta de los votos.

Estos significa que ya existe el antecedente histórico y que de nueva cuenta en reformas posteriores incluyendo la Constitución de 1917, esta condición de la mayoría calificada, fue restablecida.

También el compañero diputado Eduardo Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, propuso una iniciativa de reformas a este artículo, a efecto de estipular los plazos en los cuales el Ejecutivo Federal tiene la posibilidad y la obligación, de hacer esta publicación.

El veto presidencial ha sido escasamente utilizado en México durante las últimas décadas dado el arreglo institucional que imperaba en nuestro régimen político.

Hay que recordar que entre 1917 y el 2002 el presidente Ejecutivo Federal, recurrió al veto sólo en 225 ocasiones. En Estados Unidos por ejemplo, tan solo en la administración del Presidente Roosevelt, el veto fue ejercido en 631 ocasione, de las cuales sólo en 10 casos fue superado en el Congreso de ese país.

A nuestro juicio hay dos cuestiones centrales compañeras, compañeros diputados, que tendríamos que revisar: por un lado el que de mantenerse la votación calificada no existen incentivos de la fracción parlamentaria del partido en el gobierno o no existen suficientes incentivos para una legislación dinámica, una legislación que responda al mandato popular y a los intereses nacionales.

Tal es el caso de las dos iniciativas recientemente vetadas por el Presidente de la República, una del más alto interés para el bienestar familiar de los miembros de las fuerzas armadas que inexplicablemente ha sido vetado supuestamente por falta de presupuesto, cuando sabemos que hay otras partidas presupuestales que pueden ser disminuidas y que no recogió con sensibilidad el Ejecutivo esta propuesta, esta iniciativa por cierto construida en la propia Comisión de Marina de esta Cámara.

No existen incentivos porque si la fracción parlamentaria que está en el gobierno evidentemente en consonancia con el Ejecutivo, tiene el derecho de veto y para superarlo se requiere la mayoría calificada, necesariamente va a ser necesario el voto de esa fracción parlamentaria. Habría situaciones hipotéticas en que esto no sería necesario bajo la idea de que o el supuesto de que esa fracción parlamentaria en el gobierno no asista a una sesión o asistan muy pocos, y que las fracciones opositoras hicieran mayoría.

De tal suerte que a mi juicio uno de los problemas que tiene hoy el Congreso Mexicano y que se ha reflejado en esta parálisis de la que somos objeto permanente, es justamente que para romper ese veto presidencial se requiere un acuerdo político que no es posible superar por las oposiciones a la fracción que está en el gobierno.

Y el otro tema tiene que ver, compañeras, compañeros diputados, con que de hecho, en los términos que está publicado, está redactado el artículo 72, no hay posibilidad de un veto parcial, lo que sí se da en otras constituciones.

En nuestro caso, el presidente tiene que regresar la iniciativa observada en su conjunto, con lo cual aspectos ya aprobados por el Congreso, que pueden ser de enorme beneficio social y de interés nacional, quedan igualmente sin efecto, como es el caso de las reformas al SAT, que fueron igualmente vetadas por el presidente de la República.

En consecuencia, me he permitido proponer en esta iniciativa una modificación al inciso b) del artículo 72 para establecer la posibilidad de que el veto pueda ser parcial y una reforma al inciso c) del propio artículo 72 para establecer que en el supuesto de que un proyecto de ley, una iniciativa, una reforma sea regresada por el Ejecutivo a la Cámara de origen, éste deberá ser discutido de nuevo, y si fuese confirmado por la mayoría de los votos de los miembros que integran dicha Cámara, pasará otra vez a la Cámara revisora.

Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, es decir, 50% más uno de los miembros que integren esa Cámara, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Es decir, se deja una mayor flexibilidad en la contabilización de los votos, en el número de votos para superar el veto presidencial, pero no una mayoría simple o una mayoría absoluta de los presentes en ese momento en la sesión, sino una mayoría absoluta de los miembros integrantes de cada una de las cámaras, con lo cual de alguna forma igualmente se preserva el principio de rigidez para modificar nuestra máxima norma constitucional.

Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

LA C. DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS Con el permiso de la presidencia. Honorable asamblea: la suscrita, diputada a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de reformas a la Ley General de Salud bajo la siguiente exposición de motivos.

En México existe una considerable demanda de trasplantes. En los últimos cinco años se ha realizado un promedio anual de tres mil 500 trasplantes. Empero, entre mil y mil 500 personas más se suman a la demanda cada año.

México registra una baja tasa de donación de órganos. Mientras en España se realizan 50 procedimientos por cada millón de habitantes, en nuestro país sólo se hace uno.

Según cifras oficiales del sector salud, se requieren cada año 7 mil riñones, 10 mil corneas, 500 hígados y 500 corazones.

En años recientes, y como resultado de las campañas informativas, la sociedad mexicana se va familiarizando con el proceso de la donación, así como de la alternativa de un trasplante.

"En contraste sigue prevaleciendo la falta de una cultura de donación de órganos, al igual que existen dificultades para que las personas acepten la definición de muerte cerebral.

"De acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes, en México el concepto de la pérdida de la vida bajo la modalidad de "muerte cerebral", no es conocida por la población, por lo que se atribuye a esta falta de información, la escasa donación de órganos cadavéricos.

"El objetivo de la presente iniciativa es la de reforzar la legislación vigente en materia de transplante de órganos y en este contexto facilitar la donación a quienes requieren un órgano para seguir viviendo.

"Es en este orden de ideas que se propone la modificación al artículo 314 de la Ley General de Salud, para precisar la definición de "cadáveres", con objeto de dejar muy claro para cuando la Ley lo refiera.

"Por otro lado se sugiere modificar el artículo 333 para posibilitar la realización de un transplante entre personas que no sean familiares, así como también se garantiza que la persona pueda revocar su deseo de donar en cualquier momento.

"También se sugiere modificar el artículo 343 con objeto de que se verifique la pérdida de la vida del donante por muerte cerebral o el paro cardiaco irreversible.

"Asimismo se propone modificar el artículo 344 con objeto de precisar los signos de muerte cerebral.

"Finalmente se sugiere modificar el artículo 345 con objeto de que con el consentimiento de los familiares no exista impedimento para que se prescinda de los medios artificiales que evitan que en quien se presenta la muerte cerebral comprobada, se manifieste el paro cardiaco.

"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma la Ley General de Salud con el propósito de reformar la legislación vigente en materia de donación y transplante de órganos.

"Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud:

"Artículo 1º. Se reforma la fracción II del artículo 314 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 314:

"Para efectos de este título se entiende por, fracción II "cadáver", el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida.

"Artículo 2º.- Se reforma la fracción VI del artículo 333 de la Ley general de Salud para quedar como sigue. Artículo 333:

"Para realizar transplantes entre vivos, deberán de cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante: Fracción VI: Los transplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible realizar una donación siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

"a) Obtener resolución favorable el Comité de Transplantes de la institución hospitalaria donde se vaya a realizar el transplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica.

"b) El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante notario público, y en ejercicio del derecho que le concede la presente Ley, manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos, autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, conciente y sin que medie remuneración alguna.

"El consentimiento del donante para los transplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier momento previo al transplante.

"Artículo 3º.- se reforma el artículo 343 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 343:

"La pérdida de vida ocurre cuando se presentan la muerte cerebral o el paro cardiaco irreversible".

"Tercero.- Ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestado para reflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas restribulares y ausencia de respuesta a estímulos no sisectivos. Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.

"Artículo 4. Se reforma el artículo 344 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 344. Los signos de la muerte cerebral deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas:

"1º Angiografía cerebral bilateral que demuestre ausencia de circulación cerebral ó

"2º Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica corroborado por un médico especialista.

"Artículo 5º Se reforma el artículo 345 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 345. No existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante conforme el orden expresado se prescinda de los medios artificiales que evitan que en quien presenta la muerte cerebral comprobada se manifiesta el paro cardiaco.

"Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (PAN): Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 121 de la Ley Aduanera.

- EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES (PRI): Muchas gracias, señor Presidente.

"Vengo ahora a presentarles una iniciativa para reformar el artículo 121 de la Ley Aduanera que hemos preparado un grupo de diputados que estamos trabajando en el grupo que ve precisamente el tema aduanero en la Comisión de Hacienda y tiene qué ver con el régimen a que están sujetas en las entradas al país, en las salidas del país, en los puertos y aeropuertos, las denominadas tiendas libres de impuestos, que en realidad son depósitos fiscales que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de la propia ley. Y autoriza en estos depósitos fiscales a que exista la exposición y venta tanto de mercancías nacionales como extranjeras.

"En la actualidad las mercancías que se venden en estos comercios no están sujetas al pago de los impuestos al comercio exterior ni a las cuotas compensatorias obviamente y siempre y cuando la compra que se realice por parte de los pasajeros pues se haga para salir del país, para llevar la mercancía fuera del país y la entrega de las mercancías se lleve a cabo precisamente en los puntos de salida del territorio para que las lleven los pasajeros consigo.

"Estas tiendas libres de impuestos ubicadas en nuestros puertos y aeropuertos se encuentran en todos los casos en las zonas posteriores al control de acceso de pasajeros internacionales. Es decir, donde solo pueden permanecer aquellos pasajeros que están próximos a salir del país. En los puntos marítimos las tiendas están ubicadas en el recinto fiscal contiguo al mismo y en ambos casos el control de los inmuebles, de sus instalaciones, de las vías de acceso y de las oficinas están a cargo en todo momento de las autoridades aduaneras.

"No obstante el éxito comercial que tienen este tipo de régimen de venta, en los últimos meses y tras los fatales eventos acontecidos en septiembre de 2001, el número de pasajeros internacionales que arriba y posteriormente abandona el territorio nacional descendió considerablemente. Hecho que igualmente ha ocasionado la disminución de los ingresos fiscales que se obtienen en nuestro país por el concepto de las contribuciones y en especifico los impuestos directos que se reciben de estas tiendas.

"Ante tal situación esta Iniciativa está planteando una alternativa para contribuir a equilibrar esta pérdida en los ingresos a través de la captación de las divisas y recuperación de las mismas en la compra de productos nacionales.

La propuesta consiste en complementar un esquema de tiendas de referencia, permitiendo que quienes llegan a territorio nacional procedentes de vuelos internacionales, puedan también tener acceso a la compra y a la entrega de mercancías no sujetas al pago de impuesto al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que se trate de las que comprende el equipaje de pasajeros en viajes internacionales, de conformidad con lo que prevé el artículo 61 fracción IV de la ley y demás disposiciones aplicables. Esto es, que sea hasta el monto de la propia franquicia que a todos los pasajeros tienen derecho a introducir al país, pero con el efecto de que éste puede ser aplicado aquí en nuestro país en territorio nacional.

Por el contrario, aquellas mercancías que excedan la franquicia mencionada, estarán sujetas al pago de los impuestos y cuotas compensatorias correspondientes.

Este mismo sistema ya se encuentra implementado y desarrollado desde hace varios años en aeropuertos como el caso de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, por citar los casos de América Latina que más pudieran ser el símil de nuestro país. Y el objeto principal de la propuesta es que las divisas permanezcan aquí en el territorio nacional y con ello se permita la creación de empleos y la obtención de recursos fiscales por parte del gobierno.

El objeto principal de esta propuesta también resulta que aprovechando el hecho de que cada pasajero nacional y extranjero tiene derecho a introducir al territorio mexicano un monto de hasta 300 dólares, siempre y cuando cumpla con las características y las reglas de carácter general en materia de comercio exterior que corresponda, evidentemente esto permitiría que esos recursos sean gastados aquí en el territorio nacional y no en el extranjero.

La puesta en marcha de este proyecto en México permitiría en primera instancia crear nuevos empleos; estaríamos hablando de una planta de nuevos empleos, de nuevos trabajadores que tendrían que trabajar en estos centros, con una inversión que podría ir más arriba del millón y medio de dólares.

Este régimen estaría ubicado precisamente antes de la revisión fiscal, en el que las ventas se realizarían en presencia de autoridades hacendarias, dando preferencia a productos nacionales. La venta total de productos nacionales podría llegar a los 11.5 millones de dólares anuales.

En la proyección sobre la operación de esta reforma, se considera que el gobierno federal podría obtener por ingresos anuales derivados de contribuciones, alrededor de 3.8 millones de dólares y por rentas en los aeropuertos alrededor de 10 millones de dólares anuales, sin olvidar que las empresas generarían un impuesto sobre la renta de alrededor de 1.7 millones de dólares anuales.

Es conveniente señalar que este esquema ya había sido implementado en México, se implementó durante los años de 1984 y 1985, pero desafortunadamente en aquel momento la autoridad administrativa y no la hacendaria, la fiscal o la aduanera, sino quien se encargaba de la administración de los aeropuertos, la Dirección General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, argumentando un asunto de espacio, suprimió y canceló la posibilidad de seguir adelante con un proyecto de esta naturaleza que hoy a todas luces fue posible replantear y que en todo momento, bueno, pues nunca se argumentó algún objetivo de otro carácter para haberlo sacado de operación sino simplemente era un asunto de espacios.

Sin duda esta propuesta tiene la cualidad de crear más empleos, aumentar la recaudación tributaria y elevar la productividad y calidad de vida de muchos mexicanos y por eso es que este grupo de trabajo ha considerado pertinente el incluir esta propuesta en el paquete de propuestas que estamos formulando el grupo de trabajo que toca y se relaciona con los temas aduaneros.

-EL C. PRESIDENTE. El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión del Dictamen con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 222 dela LeyGeneral de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen en virtud de que se encuentra publicado en La Gaceta Parlamentaria.

Tiene la palabra por la Comisión para fundamentar el Dictamen de conformidad con el Artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado don Federico Granja Ricalde.

-EL C. DIPUTADO FEDERICO GRANJA RICALDE.- Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras Diputados. Vengo a nombre de la Comisión de Salud para fundamentar ante esta Asamblea el Dictamen con proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 222 de la Ley General de Salud, para incluir la obligación para quienes ostentan la titularidad de Registros Sanitarios , de contar también con Licencia Sanitaria de Fábrica o Laboratorio de Medicamentos o Productos Biológicos.

Los Diputados Federales de las distintas fracciones parlamentaria que integramos esta comisión, compartimos la fuerte convicción de que es necesario fortalecer con instrumentos jurídicos y legales, para garantizar el ejercicio cabal del Derecho a la Protección de la Salud, consagrado en el párrafo 3º del Artículo 4º de la Constitución Política de nuestro país.

Para nosotros, la responsabilidades constitucionales en materia de salud no pueden limitarse a estar sujetas de interpretación de leyes o reglamentos. Entendemos a la salud como un estado completo de bienestar físico y mental que permite a cada ciudadano la realización plena de sus capacidades y le otorga mayores oportunidades en el desarrollo social y productivo.

Tenemos muy claro que el activo más valioso con que cuenta nuestro país es precisamente nuestra población; como sociedad no podemos plantearnos un futuro mejor si no creamos las condiciones mediante las cuales los individuos pueden participar en la construcción con todas sus capacidades personales.

Bajo este contexto el Dictamen que hoy proponemos a la Asamblea es un pronunciamiento por procurar definiciones claras y sólidas para evitar partidos normativos que den pie a simulaciones o desviaciones que puedan poner en riesgo la salud de los mexicanos.

Considero importante subrayar que como Legisladores, como Representantes Populares debemos estar atentos a exigirle a la autoridad la mejora continua del Sistema de Salud Nacional, pero también considero necesario recalcar que es nuestra responsabilidad de proporcionarle los instrumentos legales que le permitan controlar y regular a otros actores del sistema.

La apertura comercial, el fenómeno de la globalización y el libre mercado ha empujado a los sectores industriales a privilegiar el lucro por sobre la ética la responsabilidad colectiva.

Todos conocemos y podemos dar ejemplo de cómo muchos sectores industriales han aparecido nuevos productos de menor calidad a las existentes en nuestro mercado, pero altamente competitivos en los precios y que con base en esto se apropian de buena parte del consumo nacional.

Esto no debe suceder en la industria farmacéutica nacional, suministrar a un enfermo un medicamento que no reúne los parámetros que avalen su acción es poner en grave riesgo al paciente. Creo que todos los Legisladores compartimos la idea de que aunque el medicamento sea más económico, debemos privilegiar la comercialización de fármacos cuya eficacia y calidad sea comprobable.

Si no plasmamos claramente esta convicción, muchos industriales podrían caer en la tentación de dejar de invertir en investigación y en procesos productivos de alta calidad para transformarse en distribuidores de productos fabricados en otras naciones y eso sería muy lamentable.

Tomemos en cuenta que las principales industrias farmacéuticas vienen de las naciones europeas o de los Estados Unidos, en estas industrias está generando enorme economía a escala compitiendo para apropiarse por mercados que ya no son locales sino internacionales; sin embargo, la internacionalización del comercio de fármacos no se ha traducido en mejor acceso y el desarrollo acelerado de nuestros productos que atiendan a la población de las naciones menos desarrolladas.

Por ello, los grandes industriales de los fármacos le han dado la prioridad a la investigación de productos que se orientan a mejorar la apariencia o la .satisfacción de la vanidad humana, destinando para ello grandes cantidades y recursos económicos y humanos en perjuicio de la generación de nuevos medicamentos que contrarrestan las enfermedades que afectan a nuestra población.

En este sentido, el requisito de fábrica es un elemento indispensable de las buenas prácticas de fabricación de medicamentos, sólo exigiendo su cumplimiento estaremos garantizando la salud de nuestros conciudadanos y contribuyendo a modificar los cursos naturales de la enfermedad, disminuyendo con ello la morbi mortalidad de nuestra población.

Compañeras y compañeros diputados, los miembros de la Comisión de Salud estamos firmemente convencidos de que adoptando claramente este concepto es como sostendremos a la ética científica en el ámbito farmacéutico; otorgaremos seguridad jurídica a los pacientes; facilitaremos el cumplimiento de las responsabilidades de la autoridad sanitaria y contribuiremos a consolidar el ejercicio del derecho a la protección de la salud entre todos los mexicanos.

Creemos también que aprobando este proyecto de decreto, esta honorable Asamblea estará dando un nuevo paso para asegurar que en el mercado nacional no se comercializarán productos medicinales que puedan dañar a la salud; estaremos ratificando el alto compromiso que sostenemos los legisladores con el futuro más justo y de mayor bienestar social para todos.

- EL C. PRESIDENTE: Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

En virtud de que no se registró ningún ciudadano diputado para fijar posición por los grupos parlamentarios, se consulta a la Asamblea si algún ciudadano diputado desea inscribirse en pro o en contra, en lo general o en lo particular del dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

- EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 114, 115, 210 y 212 de la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

- EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Tiene la palabra el diputado Salvador Escobedo Zoletto, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por diez minutos.

Toda persona tiene derecho a la protección a la salud y sin duda la materia de productos alimenticios y nutrición que conlleva el postulado constitucional no es la excepción.

El aclarar el etiquetado de ciertos productos que se comercializan como alimentos sin ser más que sustitutos de éstos, a fin de que la población sepa exactamente que consume, informándole al consumidor sobre la veracidad y cabal señalamiento de las formulas y propiedades de los productos que adquiere, así como los contenidos exactos de sus componentes químicos, se propone como una estrategia integral en pro de la salud.

Para ello, que el etiquetado de los productos incluya un cuadro de su valor nutrimental con referencias a las dosis diarias recomendadas por la autoridad sanitaria, para que a elección del consumidor equilibre y complemente su dieta alimenticia, permitiendo así el buen mantenimiento de la vida y de las funciones del cuerpo, es uno de los fines primordiales de esta iniciativa.

El Estado siempre debe de velar por la veracidad de la información técnica de los productos que se comercializan, a fin de prevenir una acción eminentemente dolosa por parte de los productores en contra del consumidor, la cual puede consistir en ofrecer un producto que contenga elementos esenciales, fórmulas o propiedades distintas a las descritas .

La propuesta legislativa pretende eliminar competencias desleales en el ámbito nacional y en productos de importación, ordenar el mercado de productos, ya que al distinguir un producto de otro se permite una segmentación de los mismos en cuanto a su objeto, calidad y precio eliminando así la confusión en el consumidor, contar con instrumentos que establezcan claramente en el etiquetado las especificaciones físico-químicas que le permitan ostentar la denominación comercial que le corresponde y consolidar la regulación de productos a través de determinar el cumplimiento de la certificación realizada por organismos públicos y/o privados independientes, según se establezca en los ordenamientos reguladores.

De aprobarse esta iniciativa se incentivara la participación de la iniciativa privada al generar las condiciones legales necesarios para crear los consensos entre fabricantes, envasadores, importadores, comerciantes, organismos de certificación, instituciones de investigación, organismos del sector privado y público que tengan relación con cada producto a fin de establecer las características y adecuada utilización del etiquetado de productos alimenticios.

También se estará promoviendo la adecuada nutrición de la población, toda vez que se permitirá a la ciudadanía informarse y decidir sobre los alimentos y requerimientos nutricionales diarios que debe emplear considerando las formulas, recomendaciones y guías dietéticas de los productos de todo el país, se educara en salud a la población en base al conocimiento de su alimentación.

Además de propone como una estrategia integral en pro de la salud, que en el etiquetado de los productos se incluya un cuadro de su valor nutrimental con referencia a la dosis diarias recomendadas por la l autoridad sanitaria, para que a elección del consumidor equilibre y complemente su dieta alimenticia, permitiendo así el buen mantenimiento de la vida y de las funciones del cuerpo.

A nombre de todos los integrantes de la Comisión de Salud, de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, solicitó a todos ustedes su apoyo para aprobar esta iniciativa de ley que modifica los artículos 114, 115, 210 y 220 de la Ley General de Salud, en lo referente a lo etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto .

No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra para fijar la posición de los grupos parlamentarios ni se ha registrado ningún ciudadano o ciudadana diputada, para hacer uso de la palabra a favor o en contra de lo general o en lo particular, consulte la Secretaria a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

-EL SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

EL MISMO SECRETARIO: Señor Presidente, se emitieron 373 votos en pro, cero en contra y 3 abstenciones.

EL PRESIDENTE: Aprobado el proyecto de decreto por 373 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 114, 115, 210 y 212 de la Ley General de Salud.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura.

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Tiene la palabra el diputado Adolfo Zamora Cruz por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por 10 minutos.

EL DIP. ADOLFO ZAMORA CRUZ: Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:

Tomo la palabra a nombre de las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para presentar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, mismas que incluye las iniciativas que presentaron el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática y el titular del Poder Ejecutivo Federal, así como las aportaciones de otros legisladores de las diversas fracciones parlamentarias presentadas al interior de esta unidad legislativa. De esta manera, es de destacar que el dictamen fue aprobado por unanimidad de todos los integrantes de la comisión.

El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión en sus respectivos ámbitos de competencia, tenemos la responsabilidad de crear y modificar leyes que sean de aplicación general, pero también actualizarlas, mejorarlas y reforzarlas para que no se conviertan en letra muerta o que la propia ley se convierta en un instrumento en contra de los consumidores.

Del análisis que realizó la comisión y cuyos aspectos fundamentales constan en el dictamen que tienen en sus manos, se detectó que actualmente la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene imprecisiones en los procedimientos que establece, lo que disminuye la eficiencia de la actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor en su tarea de defensa del consumidor, lo que provoca que éste deba acudir a defenderse a los tribunales.

La ley provoca confusión sobre la competencia sobre la Procuraduría Federal del Consumidor en algunos aspectos de las relaciones de consumo, monto obsoleto de sus sanciones, falta de criterios transparentes para la aplicación de las sanciones, normatividad laxa de algunas actividades, falta de protección a cierto tipo de consumidores, falta de criterios para la presentación de consumidores por PROFECO ante tribunales y falta de mecanismos para dotar de más información al consumidor, así como para capacitar al proveedor que no cumpla con la ley.

El objetivo de la reforma a la Ley Federal del Consumidor es: favorecer el buen funcionamiento de los mercados, mejorar la protección al consumidor y el comportamiento de los proveedores de bienes y servicios, lo que ayuda a reducir costos de transacción.

Además, es importante subrayar el papel de PROFECO como una institución fundamental de protección al consumidor y como un agente indispensable para corregir las distorsiones que se presentan en los mercados.

Protección al consumidor intermedio. La ley sólo protege a consumidores finales, el objetivo es ampliar la protección al consumidor intermedio que sea persona física cuya reclamación no sea mayor de 300 mil pesos, que al no ser consumidor final, no tiene acceso a la justicia administrativa y que por el monto de las reclamaciones les resultad incosteable acudir a los tribunales como es el caso de pequeños comerciantes o de los productores del campo que pueden resultar beneficiados con esta medida.

Privacidad de la información. La reforma a la ley pretende evitar que los proveedores hagan mal uso de los datos personales de los consumidores, prohibiendo su utilización para fines diferentes a los mercadotécnicos o publicitarios.

Asimismo, PROFECO podrá llevar un registro público de consumidores que no deseen que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios.

No discriminación. La ley es poco precisa ante la discriminación, por lo que se hacen explícitos los motivos por los que se sanciona la discriminación y se precisan las facultades para que PROFECO actúa por quejas, denuncias o verificación en los casos de discriminación por género, nacionalidad, etnia, creencia o preferencia sexual.

Segundo.- Dotar de mayor información al consumidor y al proveedor, enfoque preventivo, información y publicidad. Se amplía el alcance de la Ley Federal de Protección al Consumidor para incluir la información o publicidad relativa a marcas y denominaciones de origen, a efecto de que la misma se ajuste a los criterios de veracidad a que se refiere dicho precepto. Asimismo, se define la publicidad engañosa o abusiva.

Las operaciones a crédito. La ley no impone al proveedor la obligación de informar al consumidor sobre los detalles de la operación contratada, quien debería proporcionarle al consumidor información detallada para que evalúe adecuadamente los alcances de una operación crediticia.

De este modo, el proveedor deberá proporcionar al consumidor el monto total a pagar por el bien, incluidos los intereses, comisiones, cargos, por cargos anticipados o cancelaciones de contratos y el número y monto de los pagos individuales.

Asimismo, el proveedor deberá enviar al consumidor un estado de cuenta de forma periódica en la modalidad que elija el consumidor.

Operaciones con inmuebles. La protección de la ley es insuficiente en operaciones con inmuebles, se busca reforzar la regulación de operación en la que el consumidor compromete buena parte de su patrimonio y dotarlo de la información suficiente para realizar este tipo de operaciones, así como de la documentación que acredite todo lo relativo a la operación.

La propuesta es ampliar la cobertura de la ley para regular los actos relacionados con la promoción y venta de bienes inmuebles destinados a casa-habitación; los contratos deberán registrarse en PROFECO y el proveedor deberá entregar al consumidor toda la información necesaria de la operación, también se establecen los requisitos mínimos de los contratos a registrarse ante PROFECO.

La actualización de las sanciones, en los artículos relativos a las sanciones, se modifica el criterio para la cuantificación de multas, estableciéndose que las mismas habrán de referirse en cantidades fijas, y Profeco actualizará cada año las referidas multas en concordancia con la inflación, mediante el empleo del Indice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México.

En los casos particularmente graves, la sanción oscilará de 900 mil a 3 millones 150 mil.

De igual modo, se estimó conveniente también incrementar el monto de las medidas de apremio, cuyo monto máximo es de 200 veces el salario mínimo en la actual ley y hasta un máximo de 15 mil pesos que ahora se proponen.

De forma adicional quiero comentar, que por acuerdo de la Mesa de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, se realizaron modificaciones a la iniciativa en comento, posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria en sus Artículos 63 y 73 Bis, las cuales quedan de la siguiente manera:

Artículo 63.- Los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero, para ser administradas por un tercero, únicamente podrán operar para efectos de adquisición de bienes – y ahí es donde se tacha la palabra nuevos

queda únicamente- bienes determinados o determinables, sean muebles- se añade la palabra- nuevos o inmuebles destinados a la habitación en los términos que señale el reglamento respectivo, y sólo podrán ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría.

Artículo 63.- Que el solicitante sea una persona moral mexicana constituida como sociedad anónima, de conformidad con la legislación aplicable, y que tenga por objeto social únicamente la operación y administración de sistemas de comercialización a que se refiere el presente artículo – se añade- así como las actividades necesarias para su adecuado desempeño

Artículo 73 Bis.- En la operación de los sistemas de comercialización a que se refiere el artículo anterior, queda prohibida la comercialización de bienes que no estén determinados o no sean determinables, la constitución de grupos cuyos contratos de adhesión no venzan en la misma fecha –se añade- considerando como fecha de vencimiento a la de liquidación del grupo de que se trate. –y prosigue- La transferencia de recursos o financiamientos de cualquier tipo, ya sea de un grupo de consumidores a otro o a terceros, la fusión de grupos de consumidores y la reubicación de consumidores de un grupo a otro, así como cualquier otro acto que contravenga lo dispuesto de esta ley y el reglamento respectivo, a lo que pretenda eludir su cumplimiento.

En razón de lo anterior, para nosotros es importante trabajar por el mejoramiento de nuestra legislación y de lograr beneficios para los consumidores, puesto que todos los somos. Por ello, los diputados que integramos la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, aprobamos este dictamen y los invitamos a sumarse a este proyecto. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Consulte la retaría a la Asamblea en votación económica si se aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión.

-EL C. DIPUTADO SALVADOR ROCHA DIAZ (desde su curul): Señor presidente para solicitar a la Mesa si nos pudiesen pasar copia escrita de las modificaciones al dictamen publicado en la Gaceta, habida cuenta que es muy difícil que podamos retener en la memoria lo que acaba de ser leído. Quisiéramos recibir por escrito las modificaciones que se presentan al dictamen, para poder formar nuestro criterio al respecto.

-EL C. PRESIDENTE: Se instruye a Servicios Parlamentarios para que se repartan copia de las modificaciones propuestas por la Comisión a todos los señores y señoras diputados.

En tal virtud, desahogaremos el posicionamiento por los grupos parlamentarios y se consultará a la Asamblea si son de aceptarse las modificaciones, una vez que hayan sido entregadas en las curules a todos los integrantes de la Asamblea.

Se han inscrito por el Partido de la Sociedad Nacionalista, la diputada Norma Patricia Riojas Santana, por el Partido de la Revolución Democrática el diputado Alfredo Hernández Raigosa, por el Partido Acción Nacional la diputada María Teresa Tapia Bahena y por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Antonio Silva Beltrán.

En tal virtud, tiene el uso de la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana, hasta por cinco minutos.

LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA.- Con el permiso de la Presidencia.

Los legisladores del Partido de la Sociedad Nacionalista siempre hemos votado a favor de todas aquellas propuestas que busquen el fortalecimiento de un Estado nacionalista y de un México para los mexicanos.

En esta ocasión, congruentes con este principio, hacemos uso de esta tribuna para manifestar nuestro voto a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Si bien es cierto que la Ley Federal de Protección al Consumidor nace para reglamentar el artículo 28 constitucional y cumplir con las políticas y protección al consumidor, también es cierto que esta Ley necesita de adecuaciones jurídicas que le permitan estar acorde a las exigencias actuales del comercio para ser una ley ágil, justa y eficaz que cumpla no sólo con las exigencias internacionales, sino con la protección interna al consumidor en general.

Es por estas razones que los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en un esfuerzo conjunto y con la voluntad política de todos los partidos representados al interior de la Comisión, nos dimos a la tarea de trabajar en conjunto con funcionarios de la PROFECO, con la finalidad de dictaminar las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal y el diputado Alfredo Hernández Raigosa.

Entre los puntos importantes de esta reforma, destaca el establecimiento, en el artículo 2º., fracción I, la figura jurídica de los consumidores intermedios, la actualización del monto de las sanciones, ya que éstas actualmente son irrisorias.

Por otro lado, se fortalece principalmente en los artículos 5º., 24, 128 cuarter, entre otros, la competencia de la PROFECO, en virtud de que en el dictamen se le faculte para conocer sobre las reclamaciones de los servicios mercantiles para celebrar acuerdos interinstitucionales, para vigilar y verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Metrología y Normalización; asimismo se le otorga en el artículo 25 bis la atribución de realizar medias precautorias como la colocación de sellos, suspensión de la comercialización y publicidad, la inmovilización de productos y servicios cuando existan prácticas comerciales que afecten o puedan afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de la colectividad de los consumidores.

Para los nacionalistas son adecuadas las modificaciones para hacer más expedito el procedimiento para la presentación y desahogo de las quejas y reclamaciones, pues el consumidor podrá presentarlas por vía electrónica, telefónica o por cualquier otro medio idóneo.

De igual forma, resultan oportunas las modificaciones a los artículos que tratan sobre los contratos de adición que utilizan los proveedores, ya que de esta forma proporcionaremos a los consumidores condiciones de igualdad en cuanto al conocimiento y alcance legal de los propios contratos que sancionan, a fin de evitar abusos y prestaciones desproporcionadas.

Con el afán de ampliar el margen de la protección al consumidor, esta Comisión determinó procedente señalar que en las relaciones en que el consumidor facilite datos confidenciales al proveedor o a las empresas con fines mercadotécnicos o publicitarios, éstos de ninguna manera podrán darles un fin distinto al específico para que se le hubiere proporcionado o señalándole la prohibición de ceder o transmitir esta información a terceros, a no ser que exista consentimiento expreso de aquél.

Con el objeto de dar una respuesta más eficaz al consumidor, se plantea un esquema normativo para reforzar las figuras de la bonificación o compensación, para reclamar la indemnización por los daños y perjuicios en un momento pactado para que pudiera sufrir. A este respecto en el dictamen se prevé que la Procuraduría emita un dictamen cuantitativo obligado, asimismo tendrá carácter de título ejecutivo.

Asimismo, los nacionalistas estamos seguros de que con estas reformas contribuiremos a crear una cultura de consumo crítica, consciente y responsable en donde el propio consumidor se convierta en un instrumento vigilante del Estado que coadyuve en la protección al consumidor.

-DIP. NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA: … para los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, describir en cinco minutos todas estas bondades de esta reforma es imposible. Sin embargo, los nacionalistas en un ejercicio serio y responsable, exhortamos a todos los legisladores a emitir su voto a favor de este dictamen, ya que de aprobarse el mismo proporcionaremos a todos los gobernados seguridad jurídica en sus relaciones comerciales y crearemos las condiciones mínimas para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, teniendo como premisa fundamental que la patria es primero.

-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, por el Partido de la Revolución Democrática

Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Tapia Bahena, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

-DIP. MARIA TERESA TAPIA BAHENA: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados; Honorable Asamblea:

A nombre de los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tomo la palabra ante este Pleno, para apoyar el dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, a las iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que sin duda implica un esfuerzo notable a favor del consumidor.

En una economía de mercado la competitividad y la eficiencia son dos grandes objetivos que deben de seguir las empresas para tratar de permanecer en el mismo. Sin embargo, en la actualidad ser eficiente y competitivo no garantizan una participación en un sector o en una industria, es el consumidor quien finalmente incide en el número de empresas que permanecen en el mercado, dada la capacidad para satisfacer sus necesidades.

Muchas veces las empresas en su búsqueda por ganar un mayor porcentaje de consumidores y generar mayores utilidades, desarrollan estrategias que en ocasiones atentan contra la libertad de los consumidores o abusan de la buena fe de éstos. Es ahí donde la actividad del gobierno es fundamental para proteger al consumidor.

El principal objetivo de la protección al consumidor debe ser: adecuar de la mejor manera el resultado de las transacciones comerciales con las expectativas de los consumidores, mediante el cumplimiento de contratos,

En otras palabras la protección al consumidor debe ser tal que las expectativas de los consumidores se cumplan desde el momento mismo en que se celebra la transacción para la adquisición de un bien o servicio. Esto debe ser así porque las correcciones posteriores a un evento indeseable, no siempre devuelven las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrar la transacción y resulta costosa su reparación, tanto para el proveedor como para el consumidor.

En este marco la política de protección al consumidor incentiva un mejor funcionamiento de los mercados para aumentar el bienestar general. Las fallas del mercado, sobre todo en materia de información, justifican la intervención del Estado. No obstante, esta intervención debe ser la estrictamente necesaria para el mejor desenvolvimiento de las relaciones comerciales.

En su momento la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975, recogió preceptos que pretendían proteger al consumidor, que se encontraban dispersos en la legislación civil y mercantil para darles, en un principio, unidad y congruencia y colocarlos en un mismo ordenamiento en el marco de una economía cerrada, con protección del Estado a la industria y al comercio.

La política de protección al consumidor es un instrumento del Estado para incidir en el mejor funcionamiento de los mercados y mayor transparencia en las relaciones comerciales.

El dictamen que se presente subraya el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, como una institución fundamental para coadyuvar y corregir las distorsiones que se presentan en los mercados a través de la alineación de intereses entre productores, distribuidores y consumidores.

Debemos recordar que la Profeco es un organismo descentralizado de servicio social, cuyo propósito fundamental es procurar la protección y defensa de los derechos de los consumidores y que, de conformidad con el artículo 3º. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, le corresponde vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y sancionar su incumplimiento.

Se atribuye a la Profeco la facultad expresa de vigilar y verificar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y para aplicar las sanciones y medidas establecidas en dicho ordenamiento.

Lo anterior con objeto de evitar las impugnaciones que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación se realizan respecto de las actuaciones de la Procuraduría, sustentadas en dicha ley.

Actualmente la ley no prevé el uso de tecnologías modernas para presentar reclamaciones o recibir notificaciones. Entonces, el proyecto de reformas objeto del dictamen busca facilitar al consumidor la presentación de reclamaciones y denuncias y la recepción de notificaciones por todos los medios disponibles.

Así, Profeco recibirá reclamaciones y denuncias presentadas por cualquier medio electrónico: fax, internet, teléfono, etcétera.

También se amplían las opciones de espacio donde el consumidor puede desahogar sus reclamaciones, como es el lugar de los hechos, el domicilio del reclamante o del proveedor, el lugar donde el consumidor desarrolla su actividad habitual y su lugar de residencia.

Se procura con esto acercar la autoridad al ciudadano para facilitarle el ejercicio de sus derechos.

El proyecto de reformas procura dotar de mejores herramientas a Profeco para que, realizando pocas acciones, se beneficie a un mayor número de consumidores, por lo que se mejora la regulación sobre las acciones de grupo, que son aquéllas que se instauran ante la autoridad jurisdiccional con el objeto de salvaguardar el interés de una colectividad de consumidores.

La propuesta acota la facultad discrecional que actualmente le confiere la ley a la Profeco y establece que las mismas se ejercerán en función de la gravedad y el número de reclamaciones que se hubieren presentado en contra de un proveedor.

En la reforma se propone proteger al consumidor hasta que se aclare la situación de la queja y agotare el proceso de conciliación que se siga ante la Profeco.

"Es de todos conocido que proveedores de bienes o servicios de suministro público, tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, ante cualquier intento de aclaración o ante la recepción de una reclamación ante PROFECO, de inmediato proceden a cortar el suministro de bienes o servicios.

"Ante tal situación se propone que el proveedor no pueda suspender este servicio hasta que concluya el procedimiento de conciliación.

"La PROFECO o los consumidores que hubiesen sufrido daños y perjuicios por conductas de una o varias personas, podrán presentar la reclamación respectiva con base en la sentencia de la autoridad judicial.

"De esta manera se establece la opción al consumidor para que directamente pueda presentar el incidente correspondiente o bien para que la Procuraduría lo haga en su representación.

"Esta propuesta de reformas, también amplía la aplicación de la ley a los consumidores intermedios. Es decir, a las personas físicas que consumen bienes y servicios para integrarlos al proceso productivo.

"También se amplía la cobertura de aplicación de la ley a actos relacionados con el fraccionamiento, construcción, promoción y compra-venta de bienes inmuebles destinados a casa habitación.

"Una propuesta de reforma importante es el incremento del monto a pagar con sanciones y medidas de apremio, así como su actualización mediante el empleo del Indice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México.

"Esto sin lugar a dudas es un mecanismo eficiente que desincentiva una conducta poco honesta por parte de los oferentes del mercado.

"Como se puede apreciar, se busca por una parte fortalecer a los consumidores al dotarlos de herramientas más modernas para que con un mínimo de tiempo y esfuerzo puedan hacer valer sus derechos y por otra se otorga a la autoridad un mejor marco jurídico ara que su actuación se encuentre revestida de legalidad y de legitimidad.

"Por lo anteriormente expuesto los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos este dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, ya que no dudamos que estas adecuaciones al ordenamiento vigente otorgarán mayores elementos de certidumbre a los participantes en el mercado.

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos el diputado...(Interrupción)

- EL C. DIP. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS (Desde su curul): Gracias, señor Presidente. Solicitaría a usted de la manera más atenta que todas las personas que no están autorizadas a permanecer en este recinto, como lo es el Subprocurador de PROFECO y su gente, sean tan amables de ubicarse en la posición que les corresponde.

- EL C. PRESIDENTE: Obséquiese la petición y se hace un atento llamado a las personas que no son legisladores para que ocupen sus lugares designados.

El problema del acceso a la justicia en México puede ser analizado desde diversas ópticas, pero las conclusiones son casi siempre las mismas; las dificultades metodológicas, técnicas y económicas han dado como resultado diagnósticos sobre los mismos problemas: Lentitud en los procesos, honerosidad de los juicios, excesivos formulismos en los códigos procesales, deficiente organización en los tribunales, así como burocratismo y corrupción en muchos de los funcionarios públicos.

Ante los contrastes, las desigualdades y la inequidades, cabe plantearnos si en la sociedad actual, con las condiciones que prevalecen se garantiza el acceso y el ejercicio de los derechos y libertades prescritas por las leyes, si todos los gobernados cuentan con los medios para actuar y defenderse ante cualquier órgano o autoridad jurisdiccional, administrativa o particular. Y si el Estado cuenta con los medios para asegurar una resolución oportuna y justa en lo material.

Es de esta manera como nosotros visualizamos que hoy por hoy en una sociedad democrática que se precia de vivir en un Estado de derecho no podemos soslayar que la defensa del consumidor juega un papel determinante en las relaciones comerciales y en las relaciones en una sociedad de consumo como la sociedad mexicana.

Por ello nuestra fracción parlamentaria ha reconocido en sí que el asunto de los consumidores no puede ser un asunto solamente coyuntural, sino se convierte en un asunto central que beneficia directamente cuando hay una aplicación transparente de la justicia al consumidor, aquel consumidor que históricamente ha sido desvalido, desprotegido y dejado en un estado pleno de indefensión en muchos de sus aspectos comerciales y de consumo.

Por esa razón, desde que llegamos a esta Legislatura tomamos en nuestras manos la defensa de luchas que por muchos años habían quedado de lado, como el asunto del ultraje cotidiano de los gaseros a las madres, a los consumidores y a las amas de casa que compran un cilindro de gas o compran litros en sus tanques estacionarios. Tomamos también en nuestras manos, como una bandera verdaderamente importante y prioritaria para nuestra fracción parlamentaria el asunto del respeto a los consumidores de energía eléctrica, porque cotidianamente se le ven violados sus derechos sin la posibilidad de una defensa.

También desde esta tribuna denunciamos con precisión y con claridad que entre una autoridad y otra no hay la capacidad de entendimiento, de reconocimiento y mucho menos de solución para proteger el bolsillo de millones de mexicanos que utilizan el medio de compra-venta para satisfacer sus necesidades cotidianas.

De esta manera nuestra fracción encabezó un paquete de reformas que intenta darle una protección a aquellos que no tienen voz, que no han tenido voz y que hoy queremos reconocer desde esta tribuna, que desde el consumidor más humilde hasta aquellos que hacen grandes transacciones con esta iniciativa se tiene una protección que garantice, primero, una coordinación entre autoridades como la hemos vivido nosotros, entre Profeso, Energía y Hacienda, donde ni siquiera puede haber un elemento de coordinación obvio para resolver los problemas que he señalado ya en diferentes momentos en esta tribuna.

Por ello, creemos que es central aprobar esta reforma, porque le estamos dando oportunidad a una instancia del gobierno federal que aparece con un reconocimiento importante por parte de la sociedad al mediar en los asuntos de los consumidores y de los proveedores.

Sin embargo, la Profeco seguirá chata, seguirá limitada, si nosotros no le damos alas para volar en una sociedad donde un ombudsman como es el del Profeco debe de dar esta protección a los consumidores e ir a fondo para sancionar la voracidad, el abuso, el atraco vil, de muchos de los proveedores que todos los días, desde el propio servicio público y privado, hacen escarnio y lastiman, laceran, el bolsillo de los mexicanos cuando van a hacer una operación comercial o una operación de consumo.

Esta iniciativa, pues, intenta revalorar lo que en el mundo hoy es una franja importante de la sociedad, darle la contundencia el peso y los apoyos necesarios a todos aquellos consumidores que lamentablemente no han tenido esta oportunidad de defensa y que solamente se ha quedado en la alegre composición y no han ido al fondo para sancionar a aquellos que abusan y que lastiman, como ya lo he señalado, el bolsillo del os consumidores.

Creemos pues, que con esta iniciativa los trámites se deben de agilizar. No puede existir pretexto para que un consumidor que ha sido vejado o abusado por parte del proveedor, no tenga expedita la aplicación de la justicia y la solución a la problemática que presenten en concreto, porque para una ama de casa que va y compra tortillas o gas o aceite u otro producto de primera necesidad, cualquier merma, cualquier exceso en el cobro o en el kilogramo o en el producto que se consume, que tenga una limitación, afectará en la semana, en la quincena o en el mes, lo que llaman las familias mexicanas "el chivo".

Por esa razón, para nosotros en el PRD esta iniciativa la sentimos como una propuesta que tiene que ver con nuestras diversas facetas en la sociedad mexicana y que ello representa esta posibilidad de que hoy la PROFECO retome con certeza, con un pliego de normas y de herramientas con las que se pueda defender con mayor eficiencia a los usuarios y a los consumidores.

Es por ello que en nombre de nuestra fracción parlamentaria, la del PRD, hoy nos congratulamos y también nos debemos de felicitar porque en sí mismo la posibilidad de aprobar esta iniciativa beneficiará a los que estamos sentados en estas curules, pero también a aquellos que tradicionalmente no han tenido voz para hacer efectivo su derecho ante los tribunales, ante los órganos administrativos o ante cualquier autoridad.

Por ello los exhorto, compañeras y compañeros diputados, en nombre de nuestra fracción parlamentaria, a que aprueben este dictamen en beneficio de millones y millones de consumidores en nuestro país.

-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el diputado Antonio Silva Beltrán.

Señoras y señores diputados: Acudo a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respecto a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Esta iniciativa es resultado de un profundo y largo análisis con todos los sectores económicos de la sociedad, con todos los partidos políticos, con el sector gobierno y con los consumidores, a la iniciativa del Ejecutivo Federal y a la iniciativa del diputado Alfredo Hernández Raigosa, en donde como priístas antepusimos la preocupación que tenemos para fomentar una adecuada regulación de los derechos del consumidor, lo cual adquiere cada día más importancia ante la situación económica que se vive en el país.

Se hace indispensable dotar a los consumidores de las herramientas e instrumentos necesarios que le permitan ejercer sus derechos de manera ágil y eficaz. En suma, una ley que proteja los intereses, patrimonio y derecho de los consumidores en un mundo globalizado.

En este momento la PROFECO no cuenta con las herramientas jurídicas necesarias y actualizadas para que en su ámbito de competencia pueda actuar quedando el consumidor sin defensa real ante los embates de la mercadotecnia y publicidad que utilizan los prestadores de bienes o servicios.

En muchas ocasiones el consumidor abandona su reclamación dejando impune la falta cometida por el proveedor lo cual trae como consecuencia que este último siga vendiendo o prestando malos bienes, productos o servicios lo que provoca la frustración y decepción de la sociedad.

Esta honorable Asamblea consciente del compromiso que tiene con la sociedad en general de cuidar sus intereses, ha incrementado el presupuesto a la PROFECO en los tres ejercicios fiscales dotándolo en el año 2001 de 538 millones 870 mil pesos teniendo un incremento con respecto a 2000 de 16.71%.

Para el siguiente año, 2002, de 665 millones con un incremento de 23.49% y para el presente ejercicio un incremento del 5.15%.

Lo anterior, considerando que la economía de nuestro país pasa por un amplio proceso de globalización, modernización y avance en las técnicas, formas y estilos de promoción del consumo de bienes o servicios, se requiere con urgencia hacer una serie de adecuaciones a la Ley en comento.

Por tanto, propusimos entre otras, las siguientes adecuaciones a las Iniciativas antes comentadas.

Incorporamos en el cuerpo de la Ley que los consumidores podrán solicitar a los proveedores en los establecimientos en donde enajenen bienes o presten servicios, ejemplares de esta Ley con el objeto de que puedan consultarla y puedan hacer valer sus derechos.

Definimos la figura del Consumidor Intermedio que no se contemplaba antes para transacciones de un monto máximo de 300 mil pesos.

Se estableció la facultad de Obligatoriedad para la PROFECO en cuanto a la emisión de material informativo y establecer módulos de atención y orientación a lo largo del año y de esta forma no dejar desprotegido al ciudadano consumidor en ninguna temporada.

Por mi grupo Parlamentario promovió, como medida de protección, la prohibición de servicios adicionales por parte de los proveedores a los que originalmente contratados y que no hubieran sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, con lo que se protege la decisión, libertad, integridad y privacidad de la elección del consumidor.

Se dejó abierta a la Procuraduría la posibilidad de llevar un Registro Público de Consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.

Como Instituto Político, creemos que es necesario fomentar una cultura de educación para el consumo, para ello se estableció que de entre las atribuciones de la PROFECO está el formular y realizar programas de Educación para el Consumo. Buscando que las sanciones y medidas de apremio sean acordes con las infracciones cometidas por parte de los proveedores y prestadores de servicio buscando la disminución de las mismas en beneficio del consumidor en los Artículos 126, 127 y 128 modificamos el criterio para la cuantificación de multas, estableciéndose que las mismas habrán de referirse en cantidades fijas.

También se otorgó a la PROFECO la facultad de poder ordenar al proveedor, que suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de esta Ley y también al medio que la difunda.

Asimismo, queda estipulado que cuando la PROFECO instaure algún procedimiento administrativo relacionado con la veracidad de la información, podrá ordenar al proveedor que en la publicidad o información que se difunda, se indique que la veracidad de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente.

Cuántas veces hemos sido afectados por proveedores de bienes o servicios que establecen condiciones, preferencias o discriminación respecto a los términos para suministrarlos.

Por eso, propusimos adicionar que para la prestación de un bien o servicio, no podrán condicionar el consumo para obtener íntegramente el bien o servicio adquirido.

Conscientes que existen consumidores más vulnerables que otros, se hizo mayor énfasis en que deba abstenerse el proveedor de utilizar estrategias de venta o publicidad que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente, sobre todo lo ofrecido en especial tratándose de prácticas de Mercadotecnia dirigidas a la población como niños, ancianos y enfermos.

Dentro del cuerpo de la ley se asentó que los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupo de consumidores mejor conocidos como autofinanciamiento, que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, únicamente podrán operar para efectos de adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles o inmuebles destinados a la habitación y sólo podrán ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría de Economía, en donde el plazo de operación en dichos sistemas no podrá ser mayor a cinco años para bienes muebles y diez años para bienes inmuebles.

En la operación de los sistemas de comercialización queda prohibida la comercialización de bienes que no estén determinados o no estén determinables; también se estableció la venta o preventa de un servicio de tiempo compartido, sólo podrá iniciarse cuando el contrato esté registrado en la Procuraduría.

En toda operación de crédito al consumidor, se deberá informar al consumidor del monto total a pagar por el bien, producto o servicio al que se trate que incluya en su caso número y monto de pagos individuales, los intereses, comisiones y cargos correspondientes.

De igual modo se estimó conveniente también incrementar el monto de las medidas de apremio cuyo monto máximo es de doscientas veces el salario mínimo y ocho mil pesos en la actual ley, hasta un máximo de quince mil.

Precisamente por la múltiple deficiencia y abuso de algunos proveedores, los consumidores tienen como derecho la bonificación o compensación que esta no podrá ser menor al 20% pactado.

Dentro de las consideraciones que la PROFECO debe tener para determinar las sanciones, adicionamos que la reincidencia de un proveedor –es decir el número de infracciones cometidas- será el elemento fundamental para aplicarle sanciones más severas y así buscar una disminución en número de faltas cometidas por los prestadores de bienes y servicios.

Cada una de estas modificaciones reflejan el interés, la preocupación y el compromiso social que los legisladores del PRI tenemos con la ciudadanía. Recordemos, todos somos consumidores.

Por todo lo anterior, exhorto a esta honorable Asamblea a que apoyen el dictamen con las modificaciones propuestas por la Comisión. Es cuanto señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Ha concluido la lista de oradores para posicionar a los grupos parlamentarios y en virtud de que ha sido distribuido a todos y cada uno de los integrantes de la Asamblea el documento que contiene las modificaciones propuestas por la Comisión, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si son de aceptarse.

- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión.

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la Asamblea.

No habiendo quien haga uso de la palabra, … Perdón, sonido en la curul del diputado Amador Rodríguez Lozano.

- EL C. DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Señor Presidente, ¿estamos ya en la reserva de los artículos?

- EL C. PRESIDENTE: Estamos consultando a la Asamblea si algún ciudadano diputado quisiera hablar en lo general, en pro o en contra.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

- EL C. DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: (desde su curul) El artículo 26, señor Presidente.

-EL DIP. SALVADOR ROCHA DIAZ: Los artículos 63, 63 bis, 63 ter, y los transitorios 6°, 7° y 8°.

-EL DIP. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS: Gracias señor Presidente, el artículo 63, 63 bis y 6° transitorio.

-EL PRESIDENTE: Han sido reservados los artículos 26, 63, 63 bis, 63 ter y los transitorios 6°, 7° y 8°. Se pide a la Secretaria se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados con las modificaciones.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior, ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Se emitieron 396 votos en pro, 13 en contra y 0 abstenciones.

EL PRESIDENTE: Se aprueba en lo general con 396 votos a favor y en particular de los artículos no reservados, con las modificaciones propuestas.

Han sido reservados los artículos 26, 63, 63 bis, 63 ter, 6° transitorio, 7° transitorio y 8° transitorio. La manera para desahogar las reservas será la siguiente: artículo por artículo. En virtud de que se ha reservado el artículo 26 por el diputado Amador Rodríguez Lozano, tanto por la diputada Lorena Bearregard De los Santos, tendrá el uso de la palabra en un inicio el diputado Amador Rodríguez Lozano y después la diputada Lorena Bearregard, para que si considera pertinente la Comisión dé respuesta inmediatamente después a la argumentación.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Amador Rodríguez Lozano.

En 1970 el Presidente Echeverría, envió la iniciativa de ley para crear la Procuraduría del Consumidor. Fue una institución muy atacada en sus inicios fundamentalmente porque hablaba de la intervención del estado en la economía para tutelar de los derechos del más débil en el consumo. Desde entonces se hablo de la necesidad de que se estableciera en esta ley, la protección de los intereses difusos de la sociedad como se conocen o de las acciones colectivas.

Qué sucede cuando una persona compra en cualquier establecimiento comercial un refrigerador, una televisión, una lavadora, un auto y ese artículo tiene un pequeño defecto que no amerita que lo pueda regresar a la empresa y se lo puedan cambiar por otro mejor, si no que es un defecto de fabricación. En la actualidad el consumidor tiene que pagar la ineficiencia y la ineficacia de los productores, porque no existe procedimiento para hacer valer ese derecho.

La doctrina anglosajona conoce este derecho como la cláusula colectiva llamada también "class action" o es una acción colectiva que significa que una persona va ante el juez y solicita que se abra una acción procesal en contra de una empresa. El juez determina que el consumidor tiene razón en su alegato y sanciona a esa empresa por una cantidad por decir, un millón de pesos y en ese momento se abre la acción colectiva. Todos los consumidores que tengan el mismo problema que el que inició esa acción colectiva podrán acudir ante el juez y solicitar su adhesión, de tal manera que inmediatamente podrán ser indemnizados.

En los Estados Unidos de América, en Inglaterra, en Francia y en Italia cuando incluso una persona va y compra un artículo que ya fue dictaminado por una class action, en el caso de un seguro por ejemplo de vida o un seguro de automóvil, en ese momento le notifican al consumidor que existe una acción colectiva sobre ese producto y que si el consumidor quiere, puede adherirse a esa acción. Esa es una verdadera revolución del derecho del consumidor.

Desde hace tiempo en la ley existe la posibilidad de las acciones colectivas en la Ley de la Procuraduría del Consumidor, hoy se intenta avanzar aunque tímidamente en esta propuesta, sin embargo el artículo 26 al final establece un candado, que cuando se busque la posibilidad que haya una acción colectiva, un consejo de tres personas de probada honestidad, dice el artículo, determine si existe o no posibilidad de iniciar la acción colectiva.

Amigas y amigos, no le pongamos este candado a esta acción colectiva, no determinemos que tres individuos de probada honestidad, que no es realmente un consejo, tres personas no es un consejo, sean las que determinen los derechos de los consumidores, démosle a los consumidores y a la Procuraduría la atribución de ejercitar esta acción colectiva.

Esto no es suficiente, requiere una reforma más de fondo que cambie incluso el Código de Procedimientos Civiles, pero aprobando esta reforma, eliminando este artículo 26, estaremos dando un paso muy importante en la protección del consumidor. Quitémosle este candado y dejemos que la Procuraduría y los consumidores ejerzan sus derechos sin ningún tipo de tutela.

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Lorena Bearregard.

Me he reservado el artículo 26 a partir de escuchar el planteamiento que se hizo en relación a la esencia de estas modificaciones a la Ley Federal del Consumidor.

Me parece que todos estamos de acuerdo en la necesidad de proteger al consumidor y de pronto a partir de la ocurrencia de la señora Martha Sahagún de Fox de firmar un convenio con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, donde las cantidades fraccionadas que sobraran se iban a destinar a los fondos de la fundación "Vamos México", hubo reiteradas denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor, denuncias que no prosperaron porque se solicitaba que hubiera dos testigos que demostraran que los dependientes o las cajeras de las tiendas de autoservicio no habían preguntado al cliente si estaban o no de acuerdo en que esos centavos sobrantes de las cuentas fueran destinados a la fundación "Vamos México". Y creo que a partir de esta discusión de estas propuestas de reformas a la Ley Federal del Consumidor, surgen varias interrogantes:

¿Cómo proteger a los consumidores de ocurrencias de esta naturaleza como las que ha tenido la señora Martha Sahagún de Fox? ¿Qué garantiza a los consumidores que la señora Sahagún en una alarde de tráfico de influencias, presionando a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, haciendo uso de que la señora es la primera dama, firma este convenio y abusivamente a los consumidores se les quitan una fracción de centavos?

Lo importante de este asunto es que no se preguntaba al consumidor si estaba en disposición de donar estos centavos o estas fracciones a la Fundación Vamos México...

EL PRESIDENTE: Me permite diputada. ¿Diputado Alejandro Zapata? Sonido en su curul.

EL DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO (Desde su curul): Señor Presidente, yo nada más solicitaría instruya a la oradora que se sujete al tema, al debate de artículo 26 para no meter cuestiones adicionales que francamente nada tienen que ver con este tema, menos aún calificativos.

LA DIP. LORENA BEARREGARD DE LOS SANTOS: Para dar respuesta, diputado Presidente al diputado Zapata Perogordo le diré que por supuesto que sí tiene que ver el tema. Estamos hablando de modificaciones a la Ley Federal de Consumidor y lo que se hizo en este convenio que se firmó con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y la Fundación Vamos México, es violatorio a los consumidores, claro que tiene que ver, y aquí no se trata como pudiera pensarse, de calificar si es correcta o no la posición de la señora Martha Sahagún en función de que es la primera dama, por supuesto que es incorrecta y por supuesto que molesta al Partido de Acción Nacional que este tema se traiga a propósito de una discusión de la Ley Federal del Consumidor.

Lo que se está violando en este acuerdo es a los consumidores, por supuesto que se está violando el derecho a los consumidores, no se les preguntó, no procedió ninguna de las denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor porque se exigía que un notario público diera fe que las cajeras no habían preguntado a los clientes si estaban o no en disposición de que se tomaran esas fracciones.

Y bueno, finalmente les diré que me sumo a la propuesta del diputado Rodríguez Lozano, que creo que este Consejo Ciudadano no debe estar integrado por las tres personas, sino que se debe suprimir el último párrafo del artículo 26.

Lamento mucho que moleste a los compañeros diputados de Acción Nacional, que se traiga aquí el tema de la señora Martha Sahagún, donde por supuesto que está usando su influencia de primera dama para vulnerar la economía de los consumidores en este país.

EL PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas por los proponentes.

EL DIP. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO (Desde su curul): Señor Presidente, quisiera pedirle si lo dejara hasta el final porque están consultando en estos momentos los miembros de la Comisión con la Procuraduría del Consumidor a ver si ellos aceptan que nosotros legislemos este punto.

EL PRESIDENTE: Agradezco su posición diputado, y su planteamiento, pero estamos en un procedimiento parlamentario y está sujeto y reservado el asunto.

Si usted me dispensa, si quisieran plantear la resolución, yo instruyo a la Secretaría para que consulte a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones, que es: suprimir el último párrafo del artículo 26 reservado del dictamen a discusión. Si es de aceptarse la modificación propuesta por los proponentes.

LA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas por la diputada Bearregard y el diputado Rodríguez.

-EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO (desde su curul): Fue obvio que ganó la aceptación de que se elimine ese párrafo, por favor le pido que no quede duda.

-EL C. PRESIDENTE: Le agradezco su apreciación, pero el que puede hablar de la obviedad o no es un servidor.

Instruya la Secretaría para que se abre el tablero electrónico hasta por tres minutos, a efecto de que se pueda quedar preciso a toda la Asamblea el sentido de la votación, en el entendido de que quien vote afirmativamente es para que se acepte la modificación y quien vote en sentido negativo es para que no se acepte la modificación y por tanto quede en términos del dictamen distribuido.

-LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161.

Se informa a la presidencia que se han emitido 159 votos en pro y 189 en contra y 5 abstenciones.

-EL C. PRESIDENTE: Se desechan las propuestas de modificación y se reserva el artículo para su votación posterior en sus términos.

El siguiente artículo reservado es el número 63 del proyecto de dictamen a cargo del diputado Salvador Rocha Díaz y el diputado Francisco Agundis Arias.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Salvador Rocha Díaz.

-EL C. DIPUTADO SALVADOR ROCHA DIAZ: Con su permiso diputado presidente. Honorable Asamblea. Todos los mexicanos debemos de estar reconocido y satisfechos por la normatividad legal que a partir de 1975 y gracias a la iniciativa del señor presidente don Luis Echeverría Alvarez, tenemos en relación a la protección de los consumidores.

Creo que es ocasión pertinente, para rendir igualmente homenaje al primer Procurador del Consumidor que lo fue el señor licenciado don Salvador Pliego Montes, y quien con absoluta entrega se dedicó a la protección de los consumidores y dedicó varios años de su vida a fortalecer a la Procuraduría.

Hoy, los consumidores mexicanos, tenemos una protección que debe ser mejorada, como lo propone el dictamen que nos ha presentado la Comisión de Comercio. No merece más que aplauso las disposiciones que contiene esta iniciativa que estamos hoy votando, y por eso creo que todos la hemos votado a favor en lo general.

Sin embargo, no podemos dejar pasar algunos de los problemas jurídicos que presenta el Artículo 63, y que son de orden legislativo y de orden judicial. Desde el punto de vista legislativo, en mi carrera parlamentaria siempre me he opuesto a que el Congreso de la Unión renuncie a sus facultades legislativas, en beneficio de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.

Creo que tenemos la ineludible responsabilidad de incorporar en las normas legales, los principios que en su momento puedan ser reglamentados por el Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera podemos renunciar a nuestra potestad legislativa, como lo estamos pretendiendo hacer en el Artículo 63 que hoy impugna.

En el primer párrafo dice: Los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, únicamente podrán operar para efectos de la adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nuevos –según la modificación- o inmuebles destinados a habitación, en los términos que señala el reglamento respectivo, y sólo podrán ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría.

Estoy de acuerdo con el texto, con excepción de que no hay normas legales que permitan emitir un reglamento al respecto. No se señalan los principios que deben contenerse en la ley y que puedan ser materia de ese reglamento.

En la fracción II dice: "..entre los requisitos que debe satisfacer el solicitante de la autorización para un autofinanciamiento, que el solicitante acredite su capacidad administrativa, además de la viabilidad económica financiera y operativa del sistema en términos de los criterios que fije la Secretaría". ¿En términos de los criterios que fije la Secretaría? Debe ser en los términos en que se puede hacer una valuación técnica de una viabilidad económica, financiera y operativa de un sistema, no en función de criterios que fije la Secretaría. La Secretaría, para poder fijar criterios, tendría que tener principios establecidos en la ley, que tampoco se encuentran establecidos.

Pero los dos puntos más grave es que dice que los requisitos que deben cumplir los solicitantes, se señalan en la ley las fracciones I a V y luego la VI establece: ".. los demás que determine el reglamento". ¿Quiere decir que un reglamento podrá señalar nuevos requisitos para obtener la autorización, además de los que señala la ley? Los únicos que podrían exigirse por la autoridad administrativa son los que contenga la ley, quizá algunos de estos requisitos puedan ser desarrollados en un reglamento en cuanto a su manera de cumplirse, pero de ninguna manera dejar a un reglamento la potestad para fijar requisitos que deben contenerse en la ley.

El párrafo final es una monstruosidad jurídica verdaderamente inusitada: ".. el reglamento detallará... y viene una lista que no los voy a cansar con su lectura, que parece el índice de lo que debería ser el contenido de la ley, cuando menos en los principios básicos.

Entonces la primera parte de mi objeción estriba precisamente... ¿Me permite terminar, señor Presidente-?

EL C. DIPUTADO SALVADOR ROCHA DIAZ.- Estriba en que esta Cámara de Diputados no puede renunciar a su facultad legislativa en beneficio del Ejecutivo; pero además judicialmente esto es gravísimo, es obvio que cuando se emitan los reglamentos va a haber multitud de amparos en contra de los reglamentos, porque los reglamentos solamente pueden ser emitidos precisamente para detallar las leyes y no para generar nuevas normas.

En consecuencia me permito proponer una nueva redacción que pido a la Secretaría le dé lectura y dejo firmada aquí en la mesa, que están en un solo documento todas las propuestas relativas a las modificaciones que habré de proponer.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta del artículo 63 del diputado Salvador Rocha Díaz.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Propuesta proyecto de ley PROFECO.

Artículo 63. "Los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, podrán operar para efectos de adquisición de bienes, sean muebles o inmuebles destinados a casa habitación o a la operación del pequeño comercio.

Para la constitución de empresas dedicadas a operar dichos sistemas, se requerirá de la autorización de la Secretaría de Economía, quien deberá otorgarla o negara en un plazo no mayor de 120 días naturales, debiendo escuchar a la solicitante previamente a emitir su resolución negativa, permitiendo la aportación de elementos y argumentos que sustenten o complementen la solicitud original.

El plazo de operación de los sistemas de comercialización no podrán ser mayores a 7 años para bienes muebles y de 20 años para bienes inmuebles.

La Secretaría otorgará la autorización para la operación de los referidos sistemas de comercialización que en todos los casos serán intransmisibles cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

Primero. Que el solicitante sea una persona moral, mexicana, constituida como sociedad anónima, de conformidad con la legislación aplicable y que tenga por objeto social preponderante la operación y administración de sistemas de comercialización a que se refiere el presente artículo.

Segundo. Que el solicitante acredite su capacidad administrativa, además de la viabilidad económica, financiera y operativa del sistema.

Tercero. Que el o los contratos de adhesión a que se pretende utilizar el solicitante contengan disposiciones que salvaguarden los derechos de los consumidores en los términos de esta ley y del reglamento correspondiente.

"Cuarto. Que el solicitante presente a la Secretaría un plan general de funcionamiento del sistema y un proyecto de manual que detalle los procedimientos de operación del sistema.

La Secretaría dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, podrá requerir información que permita valorar y evaluar los términos del plan y proyectos mencionados, detallando el propósito del requerimiento de información adicional.

"Quinto. Que el solicitante presente mecanismos para el cumplimiento de sus obligaciones como administrador del sistema respecto de la operación de cada grupo.

Una vez que el solicitante obtenga la autorización a que se refiere este precepto y antes de comenzar a operar el o los sistemas de comercialización de que se trate, deberá solicitar el registro del o los contratos de adhesión correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor, quien deberá tramitar la inscripción en un plazo no mayor de 90 días naturales.

"Los planes y proyectos a que se refiere la fracción IV de este artículo, deberán detallar y precisar los aspectos, características y descripción de los bienes y servicios que puedan ser objeto de los referidos sistemas de comercialización, reglas de constitución y liquidación de grupos de consumidores, plazos de operación de los sistemas, determinación de aportaciones y tipo de cuotas y cuantas, adjudicaciones y asignaciones, gastos de administración, costos, penas convencionales, devoluciones e intereses que deben cubrir los consumidores, manejo de los recursos por parte de los mencionados proveedores, rescisión y cancelación de contratos, constitución de garantías, seguros y cobranzas, revisión o supervisión de los mencionados sistemas por parte de terceros, especialistas o auditores externos.

"La información respecto del proveedores, servicios y productos que se proporcionarán al consumidor, a las autoridades competentes y a los auditores externos y criterios sobre la publicidad dirigida a los consumidores.

"La Procuraduría deberá revisar y evaluar la información contenida en los planes y proyectos de los solicitantes y efectuará las recomendaciones y observaciones pertinentes, para velar y proteger los intereses de los consumidores, debiendo vigilar que los proveedores efectivamente cumplan el contenido de tales instrumentos en la prestación de servicios".

Tiene el uso de la palabra para desahogar su reserva del mismo artículo el diputado Francisco Agundis Arias, hasta por 5 minutos.

El grupo parlamentario del Partido Verde, se reserva el artículo 63, debido a que éste sólo contempla el autofinanciamiento para bienes inmuebles destinados a la habitación.

Es importante resaltar que el acceso a este tipo de crédito debe de estar al alcance de aquellas personas que requieren de financiamiento para adquirir algún inmueble para realizar alguna actividad comercial y no sólo para casa habitación.

Es aquí donde hay que apoyar a los changarros. Esto es necesario debido a que en nuestro país es fundamental promover la inversión en el campo productivo a través de todo tipo de medios, ya que los programas destinados a la promoción de microempresas, no son suficientes para lograr un crecimiento económico que impulse el desarrollo nacional.

Por otro lado, buscamos que este servicio se destine a la ampliación de bienes inmuebles; que las personas que busquen tener una casa en mejores condiciones la puedan obtener.

Esta ley, como comentaron algunos de los diputados que me antecedieron, presenta beneficios concretos a los consumidores, pero también es cierto que presenta ventajas para algunos prestadores de bienes y servicios sobre los consumidores.

El Partido Verde buscó incluir dentro de esta iniciativa el requisito de información comercial que deben contener ciertos productos, información respecto a su naturaleza. Esto es, si contenían o contienen organismos genéticamente modificados o no.

Desafortunadamente los intereses no lo permitieron. No quieren que sepamos lo que consumimos. Por esa y por muchas otras razones es que el Partido Verde votó en contra esta iniciativa que pudo haber sido una mejor iniciativa para los consumidores. No tenía por qué procurar intereses de particulares.

"Los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero únicamente podrán operar para efecto de adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nuevos, inmuebles y ampliación de bienes inmuebles en los términos que señala el reglamento respectivo y sólo podrán ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría".

EL C. PRESIDENTE: Por la Comisión ha solicitado el uso de la palabra el diputado Antonio Silva Beltrán. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos.

EL C. DIPUTADO ANTONIO SILVA BELTRAN: Honorable asamblea: quisiera, a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, hacer algunas precisiones a la intervención del diputado Salvador Rocha y del diputado Francisco Agundis.

Primero que nada decir que los integrantes de esta Comisión jamás permitiríamos que se pusiera en ley una expresión donde un reglamente pudiera ir más allá del espíritu del legislador. Nos queda muy claro que lo que trata de establecer, en este artículo 63 relacionado con el reglamento en una de sus fracciones, es que se remite a reglamento desarrollar esta idea planteada dentro del articulado.

Nada impide, jurídicamente hablando, que la ley remita a reglamento para el desarrollo de la normatividad administrativa, claro está, siempre y cuando el reglamento no vaya más allá del espíritu de la ley.

Sin duda, reconocer que es una institución social de la cual nos sentimos muy orgullosos los mexicanos desde su creación el 5 de febrero de 1976 y las modificaciones que tuvo en 1992, cuando desaparece el Instituto Nacional del Consumidor y es absorbido por Profeco y que hoy en día, dadas las condiciones de globalización y consumismo que vivimos en el país y los tratados de libre comercio, resulta fundamental apuntalar a la Profeco para que tenga las herramientas jurídicas necesarias y suficientes para hacer de esta ley una ley de protección al consumidor.

Quisiera informar a esta asamblea que fueron múltiples las modificaciones y adecuaciones que hicimos. En cuanto a los bienes muebles, era muy importante que quedara que fueran nuevos para evitar que hubiera malos manejos de parte de estas organizaciones que conocemos comúnmente como tandas o programas de autofinanciamiento.

Esto permite proteger a quienes están ahorrando y cuidar que no se vaya a abusar de ellos, de sus ahorros, como sucedió en un período inmediato reciente.

De igual manera quiero decirles que dentro del plazo que se proponía, por parte del Ejecutivo, de siete años para que se pudieran consolidar y retirar los recursos, acordamos en la Comisión que fuera de 10 años. Y muchas empresas dedicadas a esto, pedían que fuera a 20 años, pero sabemos que por cada año más que se busque en esto, corren un mayor riesgo los consumidores o pequeños ahorradores que están organizados en estos sistemas.

En cuanto a la garantía, el plazo nos permite de alguna manera cuidar que no vaya a haber gente que no obstante con la modificación de ley, se aproveche de muchos de estos pequeños ahorradores que han encontrado en estos sistemas una forma de obtener una casa, un bien inmueble o un bien mueble.

Por lo que toca a la intervención del diputado Agundis, nos preocupa sobre manera, primero la iniciativa del Ejecutivo venía para bienes inmuebles nuevos; sin duda que el comercio y el acceso de muchos ciudadanos a un bien inmueble seminuevo es común, ya lo prevé INFONAVIT, FOVISSSTE, todas estas instituciones que dotan de vivienda. Pero lo que nos parece que tratar de meter en una ley de protección al consumidor algo que corresponde y que esta Honorable Asamblea aprobó cuando se pudo por consenso, sacar la Ley de Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ese es el instrumento y la herramienta para impulsar lo que seguramente y con toda razón quiere el señor diputado Agunds y el Partido Verde Ecologista.

Con todo respeto, con toda atención, con todo comedimiento, pido a la Honorable Asamblea demos por aprobado el dictamen en los términos que ha sido propuesto, con las adecuaciones de la Mesa Directiva y que invitemos a los compañeros diputados tanto Salvador Rocha como Francisco Agudis, que posteriormente pudiéramos trabajar sobre ese tema.

- EL C. DIP. FRANCISCO AGUNDIS (Desde su curul): Solicito el uso de la palabra, para alusiones personales.

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para alusiones personales.

Mi participación en esta tribuna fue para establecer los motivos que llevaron al Partido Verde a votar en contra de esta iniciativa.

Si bien esta Ley beneficia de manera concreta en temas particulares a una gran cantidad de consumidores, también pone en ventaja a algunos prestadores de bienes y servicios.

Es una Ley que tuvo más de un año para poderse elaborar; creemos que faltaron cosas que se debieron haber incluido, que eso sí darle certeza y cumplir con la obligación que tienen los prestadores de bienes y servicios para con los consumidores.

En particular, vuelvo a hacer referencia a la etiquetación de productos genéticamente modificados. Esta Ley no permite que los mexicanos sepan lo que consumen, de qué está hecho y cómo está hecho. Este fue el sentido de nuestra posición.

En cuanto al artículo 63, es claro que si estamos dando un crédito para uso habitacional, se puede dar con los mismos mecanismos a uso comercial.

La Secretaría tiene la facilidad a través de las reglas de carácter general, de establecer los mecanismos adecuados para su correcto cumplimiento.

Este apoyo a las micro empresas, a los famosos changarros, no se da por falta de voluntad.

- EL C. PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas por los diputados Rocha Díaz y Francisco Agundis.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas por el diputado Salvador Rocha Díaz.

Los ciudadanos diputados que estén porque no se acepte, sírvanse manifestarlo.

Consulte la Secretaría si son de aceptarse las modificaciones propuestas por el diputado Agundis.

Los ciudadanos diputados que estén porque no se acepte, sírvanse manifestarlo.

- EL C. PRESIDENTE: Desechada. Se reserva el artículo para su votación en sus términos, con las modificaciones propuestas por la Comisión en un acto posterior.

Asimismo ha sido reservado el artículo 63 Bis por el diputado Salvador Rocha Diaz y por el diputado Francisco Agundis Arias. En tal virtud tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Salvador Rocha Diaz.

- EL C. DIPUTADO SALVADOR ROCHA DIAZ (PRI): Con su permiso, diputado Presidente.

En el primer párrafo del artículo 63 Bis se prohibe la fusión de grupos de consumidores y la reubicación de consumidores de un grupo a otro. Se prohibe tajantemente y sin dar posibilidad alguna, ni siquiera a la Procuraduría Federal del Consumidor, de aprobar algunas fusiones que sean constructivas en beneficio de los propios consumidores.

He propuesto, en el documento que he entregado a la Secretaría y que después pediré a la Presidencia instruya a la Secretaría para que le dé lectura, que agreguemos un párrafo en el 63 Bis a efecto de que la Procuraduría Federal del Consumidor pueda aprobar fusiones de grupos de consumidores o reubicación de consumidores porque esto es en beneficio de los consumidores.

El sistema de autofinanciamiento opera a base de un determinado número cerrado de participantes y si en un determinado proyecto se requieren 100 participantes y nada más hay 98 para un determinado tipo de producto y para otro tipo de producto hay 67 consumidores interesados de un grupo igualmente de 100, es absurdo que la ley prohiba que con la autorización de la Procuraduría Federal del Consumidor se puedan fusionar estos grupos o reubicar algunos de los consumidores. A la mejor había un consumidor que quería una casa de dos habitaciones y no se reúne la integridad del grupo, pero hay una en donde hay casas de tres habitaciones y pudiesen hacer el esfuerzo para que fuese reubicado en ese grupo y sin embargo la ley lo prohibe tajantemente, sin dar pues la posibilidad a la Procuraduría Federal del Consumidor de que se someta a su consideración la posible fusión o reubicación de consumidores.

La prohibición como está no está establecida en beneficio del consumidor, porque se va a quedar sin ese medio de financiamiento para la obtención del producto que le interesa. Tampoco se trata de que lo pueda hacer la empresa de autofinanciamiento sin ninguna participación de la autoridad encargada de vigilar su operación.

La propuesta que les presento pretende, precisamente, que se den facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que pueda autorizar fusiones de grupos o reubicación de consumidores.

Por otra parte, en la fracción II, se establece que las personas que no pueden participar en la administración, las personas condenadas mediante sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal o que estén inhabilitadas para desempeñar empleo, cargo o comisión en el sistema financiero. La expresión más genérica y más protectora de los consumidores es que se aluda a las personas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio porque , porque no es necesario esperarse a que estén inhabilitadas para operar en un sistema financiero, basta con que estén inhabilitadas para operar en algo más amplio que es el sistema mercantil, para los efectos de que no puedan participar en la administración de empresas de autofinanciamiento.

Estas son las dos propuestas que he dejado en manos de la Secretaría y pido a la Presidencia autorice se dé su lectura para que lo conozca la asamblea.

Le ruego a la diputada Secretaria dar lectura a las propuestas formuladas por el diputado Rocha, en relación con el artículo 63-bis.

-SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: "Artículo 63-bis.- En la operación de los sistemas de comercialización a que se refiere el artículo anterior, queda prohibida la comercialización de bienes que no estén determinados o no sean determinables. La constitución de grupos cuyos contratos de adhesión no venzan en la misma fecha, la transferencia de recursos o financiamiento de cualquier tipo, ya se de un grupo de consumidores a otro o a tercero, la fusión de grupos de consumidores y la reubicación de consumidores de un grupo a otro, así como cualquier otro acto que contravenga lo dispuesto en esta ley y el reglamento respectivo o que pretenda eludir su cumplimiento.

"Cuando por beneficio de los grupos de consumidores o por razones de mercado resulte provechosa para las partes involucradas, se podrá autorizar por parte de la Procuraduría la consolidación de grupos de consumidores o pactar la migración de todos o parte de los consumidores a otros grupos nuevos o ya constituidos, siempre y cuando se vele por los intereses de los participantes en el esquema de comercialización, sin que se pueda obligar o aceptar con motivo de esta decisión a quienes decidan permanecer en su grupo original.

"Dicha autorización también podrá ser otorgada por la Procuraduría, cuando por causas ajenas al proveedor, los bienes o condiciones de comercialización dificulten la viabilidad del grupo en cuestión. En tales casos el proveedor deberá acreditar que el esquema alternativo representa ventajas o provechos para los consumidores involucrados.

"Cualquier cantidad que deba ser cubierta por los consumidores, deberá estar plenamente identificada y relacionada con el concepto que le haya dado origen, debiendo destinarse exclusivamente al pago de los conceptos que correspondan conforme a lo dispuesto en el propio reglamento.

"No podrán participar en la administración, dirección y control de sociedades que administren los sistemas de comercialización:

"1.- Las personas que tengan litigio civil o mercantil en contra del proveedor de que se trate.

"2.- Las personas condenadas mediante sentencia ejecutoriada o por delito intencional que merezca pena corporal o que estén inhabilitadas para ejercer el comercio.

"4.- Los terceros especialistas, auditores externos y las personas que realicen funciones de dictaminación, de inspección o vigilancia de los proveedores, incluyendo el cargo de comisario".

El señor diputado Francisco Agundis Arias ha hecho llegar a esta mesa directiva su decisión de declinar a su participación en relación con el artículo 63, en tal virtud le ruego a la Secretaría consultar en votación económica si son de admitirse las proposiciones planteadas por el señor diputado Salvador Rocha Díaz, en relación con la modificación que plantea al artículo 63-bis del proyecto de decreto en discusión.

-MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas por el diputado Salvador Rocha Díaz, al artículo 63-bis.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, porque se acepte, sírvanse manifestarlo. (VOTACIÓN)

Los ciudadanos diputados que estén porque no se acepte, sírvanse manifestarlo.

-PRESIDENTE: Se desechan las propuestas de modificación presentadas al artículo 63-bis y se reserva para su votación en conjunto en momento posterior, con las modificaciones que fueron formuladas y admitidas, presentadas por la Comisión.

A fin de presentar sus propuestas en relación con el artículo 63-Ter, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Salvador Rocha Díaz.

..-EL C. DIPUTADO SALVADOR ROCHA DIAZ.- Con su permiso Diputado Presidente, honorable Asamblea. Muy breve intervención en relación al 63 PR. En el segundo párrafo de establece "que la Procuraduría podrá determinar que uno o varios proveedores suspendan de manera temporal la celebración de nuevos contratos con los consumidores". Pero nunca señala la Ley la temporalidad.

Esto obviamente tiene un defecto jurídico fundamental, la suspensión puede ser indefinida, ¿cuál va a ser la duración de esa suspensión durante los cuales la empresa no puede generar nuevos contratos pero debe seguir cumpliendo con los contratos ya celebrados?. Creo que esta suspensión obviamente viola la garantía de la seguridad jurídica en la empresa que a esto se dedique y que resulta además en perjuicio de los propios consumidores que estén perteneciendo a este determinado grupo , en tanto que la posibilidad de incumplimiento de la empresa va a crecer exponencialmente.

La propuesta que someto a la consideración de ustedes, es que se establezca que la Procuraduría podrá determinar que, uno o varios proveedores suspendan hasta por 30 días la celebración de nuevos contratos, etc., toda vez que en el 63 quarter se establecen las causas de revocación, sino después de una suspensión de 30 días la empresa no corrige las anomalías en que está incurriendo, pues procedería que se revocara la autorización en lugar de que se mantenga una suspensión indefinida que en primer lugar es inconstitucional y que en segundo lugar va a colocar en absoluta inseguridad tanto a la empresa como a los consumidores.

No se hace necesario la lectura, en mi opinión, salvo la mejor decisión de la Presidencia, en tanto que la única modificación es , establecer que se suspendan hasta por 30 días en lugar de manera temporal sin definición de términos.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado Rocha. Identifique la Diputada Secretaria la parte conducente de la Propuesta de Modificación.

-LA MISMA C. SECRETARIA. "La Procuraduría podrá, bajo su responsabilidad, determinar que uno o varios proveedores suspendan por 30 días la celebración de contratos con nuevos consumidores".

-ELC . PRESIDENTE.- Gracias. Le ruego consultar a la Asamblea si son de admitirse las propuestas formuladas por el señor Diputado Rocha Díaz.

-LA MISMA C. SECRETARIA. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas por el Diputado salvador Rocha Díaz al Artículo 63º TER.

Los ciudadanos Diputados que estén porque no se acepte, sírvanse manifestarlo.

-EL C. PRESIDENTE. Se desechan las propuestas de modificación al Artículo 63 TER y se reserva para su votación en sus términos o los términos del Dictamen, en un momento posterior

Fue reservado el Artículo 6º. Transitorio por el ciudadano Diputado Salvador Rocha Díaz, por el Diputado Francisco Agundis Arias y por el Diputado Ildefonso Guajardo .Villarreal.

El Diputado Agundis Arias ha hecho llegar a esta Mesa Directiva la notificación de declinar su participación.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor Diputado Salvador Rocha Díaz hasta por cinco minutos.

Seré aún más breve que en la intervención anterior, habida cuenta de que no percibo un ambiente propicio a escuchar las razones sino a votar exclusivamente conforme el dictamen lo propone, sin embargo sí tengo una propuesta en relación a los artículos 6º, 7º y 8o, toda vez que los artículos transitorios que son aquellas disposiciones que permiten implementar el inicio de vigor de una ley, de vigencia de una ley, están en este dictamen muy mal construidos.

Al punto, nada más para que ustedes lo perciban, que no se señala plazo alguno para que las empresas soliciten la autorización de la Secretaría. Hay plazos para otras cuestiones pero no plazos para que solicite la autorización de la Secretaría, que es una de las reformas fundamentales que contiene el artículo 63.

Para no cansarlos pido a la Secretaría, si la Presidencia lo autoriza, que dé lectura al texto de los artículos 6º, 7º y 8º transitorios que propongo a su consideración.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. ¿Entiendo que ha usted planteado sus comentarios en relación con los tres transitorios? Correcto, vamos de cualquier manera a substanciarlos de manera individual, le ruego a la Secretaría dar lectura a las propuestas de modificación al artículo 6º… (comentarios sin micrófono) Sí, correcto, hay otros oradores entonces damos lectura al artículo 6º transitorio.

- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Artículo 6º. Transitorio.- Las operaciones derivadas de los sistemas de comercialización a que se refiere el artículo 63 de la Ley, que se hubieren llevado a cabo en fecha anterior a la entrada en vigor del presente decreto, las continuarán siendo aplicables hasta el vencimiento de los contratos y la liquidación de los grupos existentes a la fecha. Las disposiciones que las regulaban.

Los nuevos grupos de consumidores que se contraten por las sociedades que han venido operando hasta la fecha, están regidos por las nuevas disposiciones debiendo dichas sociedades presentar solicitud de autorización dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente decreto.

En caso de que se niegue la autorización por parte de la Secretaría, no se podrán contratar nuevos grupos a partir de la negativa de dicha autoridad, iniciándose el proceso de disolución y liquidación conforme a lo previsto por la ley.

Las referidas sociedades podrán celebrar contratos de adhesión, ajustándose a las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, exclusivamente cuando correspondan a grupos de consumidores que aún se encuentren en proceso de integración, debiendo formalizar los grupos dentro de los cuatro meses siguientes al inicio de la vigencia de este decreto.

Tiene el uso de la palabra para presentar su posición en relación con el artículo 6º transitorio, el señor diputado Ildefonso Guajardo Villarreal hasta por cinco minutos. … A ver, sonido en la curul del diputado Guajardo, por favor.

- EL C. DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL: (desde su curul) Sí, es básicamente un punto en el 6º transitorio por acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión, en donde prácticamente se extiende el plazo de transición; el plazo establecido en el 6º transitorio, en el segundo párrafo, es de sesenta y ciento veinte días naturales, la propuesta específica de la Mesa Directiva es que cambiemos 120 días por 240 días. Esto y a se vio con las fracciones parlamentarias en la Mesa Directiva de la Comisión.

- EL C. PRESIDENTE: Le ruego diputado, que haga llegar a la Secretaría el texto de la propuesta a la modificación, para poderla votar en su momento.

A fin de desahogar la propuesta formulada por el diputado Salvador Rocha Díaz para modificar el artículo 6º transitorio, que ha sido leída por la Secretaría, le ruego diputada Secretaria consultar a la Asamblea si es de admitirse la proposición del diputado Rocha Díaz.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la modificación propuesta por el diputado Salvador Rocha Díaz al artículo 6º transitorio.

Los ciudadanos diputados que estén porque no se acepte, sírvanse manifestarlo:

EL PRESIDENTE: Se desecha la propuesta de modificación formulada por el señor diputado Salvador Rocha Díaz, al artículo 6° transitorio.

Le ruego a la diputada Secretaria dar lectura a la formulada por el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal en nombre de las comisiones, entiendo, de la Mesa Directiva de la Comisión.

LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: "Artículo 6° transitorio, segundo párrafo.

Las sociedades que actualmente administren dichos sistemas de comercialización no podrán abrir nuevos grupos de consumidores al amparo de tales disposiciones ni celebrar nuevos contratos de adhesión, no obstante lo anterior durante los 60 y 240 días naturales inmediatos siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, según se trate de bienes muebles e inmuebles respectivamente. Las referidas sociedades podrán celebrar contratos de adhesión, ajustándose a las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, exclusivamente cuando correspondan a grupos de consumidores que aún se encuentren en proceso de integración".

-EL PRESIDENTE: Le ruego diputada Secretaria consultar a la asamblea si son de admitirse las modificaciones propuestas.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si son de admitirse las modificaciones propuestas por el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal a nombre de la comisión. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepten, sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados que estén porque no se acepte, sírvanse manifestarlo.

EL PRESIDENTE: Se admiten las modificaciones propuestas por el diputado Ildelfonso Guajardo Villarreal al artículo 6° transitorio y se reserva para su votación con las modificaciones leídas en un momento posterior.

El señor diputado Salvador Rocha Díaz presentó sus argumentos en relación con las modificaciones que propone a los artículos 7° y 8°. Y fue su decisión expresada en esta Mesa Directiva, que la Secretaría en todo caso diera lectura a los textos de las modificaciones propuestas a fin de sustanciarlas. Le ruego a la diputada Secretaria dar lectura a los textos de las modificaciones propuestas a fin de sustanciarlas.

Le ruego a la diputada Secretaria dar lectura a las propuestas de modificación al artículo 7° transitorio del diputado Salvador Rocha Díaz.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: "Artículo 7° transitorio. Para los efectos del artículo 6° transitorio, la Secretaria supervisará al interventor designado por la Procuraduría para llevar el proceso de liquidación de los grupos, determinando para ello los lineamientos, calendarios y actividades que correspondan".

-EL PRESIDENTE: Consulte la Secretaría si es de aceptarse la modificación propuesta.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea, si es de aceptarse la modificación propuesta por el diputado Salvador Rocha Díaz.

Los ciudadanos diputados que estén porque no se admita, sírvanse manifestarlo.

Dé lectura a la propuesta del diputado Salvador Rocha Díaz respecto del 8° transitorio.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: " Artículo 8° transitorio. Las sociedades a que se refiere el artículo 6° transitorio, deberán presentar dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto a la Secretaría la información relativa, entre otros rubros a la operación del sistema, al número de contratos, número de grupos, plazos, situación que guarden los consumidores en la forma y términos que para tal efecto establezca la misma.

La Secretaría podrá solicitar, considerando la capacidad financiera, legal y operativa de cada sociedad que realice auditorías respecto de grupos de consumidores constituidos, conforme a las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto. La Procuraduría podrá solicitar la validación de auditor externo de los rubros relevantes, exponiendo los alcances y razones de su requerimiento. No se solicitará información o validación respecto de la información que ya hubiere sido materia de evaluación por parte de auditor externo, acompañada a la solicitud ni de la información estadística o financiera respaldada actualmente al tiempo de cursar la solicitud a que se refiere el transitorio 6°.

El incumplimiento a las obligaciones de presentar la información o a realizar las auditorías a que se refiere este artículo, será sancionado en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, debiendo mediar dos requerimientos existiendo el correspondiente apercibimiento, cuando no exista causa que justifique la demora en la atención del requerimiento".

EL PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse la modificación propuesta al artículo 8º transitorio, por el diputado Salvador Rocha Díaz.

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aceptarse la modificación propuesta por el diputado Salvador Rocha Díaz.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén porque no se admita, sírvanse manifestarlo.

Consulte la Secretaría a la asamblea si están suficientemente discutidos los artículos reservados en lo particular.

LA MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.

El artículo 26 se pondría a votación en sus términos; el artículo 63, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea; el artículo 63 Bis, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea; el artículo 63 Ter en sus términos; el artículo 6º transitorio con la modificación propuesta por el diputado Guajardo y compartido por la comisión; el artículo 7º transitorio en sus términos y el artículo 8º transitorio en sus términos.

En tal virtud, se instruye a la Secretaría para que abra el proceso de votación con el tablero electrónico hasta por 10 minutos.

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación.

LA MISMA SECRETARIA: Se emitieron 371 votos en pro, 17 en contra y 7 abstenciones.

EL PRESIDENTE: Aprobados en sus términos los artículos 26, 63 Ter, 7º y 8º transitorios, así como el artículo 63 y 63 Bis con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea y el artículo 6º transitorio con las modificaciones propuestas por la comisión y el diputado Ildefonso Guajardo y aceptadas por la asamblea, por 371 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y se adiciona la Ley de Planeación.

En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Para fundamentar por la Comisión el dictamen, en los términos del artículo 108 del Reglamento Interior, tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el diputado Tomás Coronado Olmos.

El dictamen que hoy se presenta por la Comisión de Gobernación, es el genuino resultado de un trabajo de pluralidad y de responsabilidad democrática.

En el Senado de la República, los grupos parlamentarios de Acción Nacional, por conducto del senador César Jáuregui y por parte del Revolucionario Institucional el senador Carlos Rojas, presentaron, en su momento, sendas iniciativas de ley para crear en la Administración Pública Federal el servicio profesional de los servidores públicos, iniciativa que se enriquecieron con las visiones de las comisiones dictaminadoras de nuestra Colegisladora y aprobada por unanimidad en el Pleno a finales del año pasado.

EL PRESIDENTE: Me permite el orador. Solicito a los señores diputados y a las señoras diputadas, guardar la compostura que nos demanda el Recinto. Continúe diputado.

EL DIP. TOMAS CORONADO OLMOS: Finalmente, aunque no menos importante, la diputada Magdalena Núñez, del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa en el mismo sentido en esta Cámara de Diputados, aportando elementos valiosos que se concluyeron en el dictamen final de esta nueva ley, junto con las observaciones que presentaron oportunamente los diputados y compañeros de los diferentes grupos parlamentarios.

Para el estudio y discusión y posterior dictamen en esta iniciativa, el Senado de la República llevó a cabo un foro sobre Profesionalización del Servicio Público en el que participaron los directores del Servicio Federal Electoral, de Servicio Exterior Mexicano, del Servicio de Administración Tributaria, de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda e inclusive de la Presidencia de la República.

En este foro se analizaron a profundidad los impactos y los beneficios de las iniciativas que se habían presentado; posteriormente las condiciones de Gobernación y de Estudios Legislativos en el Senado, tuvieron una sesión en la que comparecieron expertos internacionales y miembros de servicio civil de países como Canadá, Bretaña, Estados Unidos y con el fin de reflexionar sobre las experiencias y los resultados del servicio civil en los países donde existe desde hace muchos años.

Adicionalmente se recibieron comentarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del Banco Interamericano de Desarrollo de los Gobiernos de Francia e Inglaterra y de 17 países de América Latina. Resultado de este esfuerzo serio y responsable de todos los grupos parlamentarios, la iniciativa que crea el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, fue aprobada por todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, asumiendo a la trascendencia de una institución democrática por excelencia como es el Servicio Profesional de Carrera.

Llegada la Minuta a esta Cámara de Diputados, los miembros de la Comisión de Gobernación, nos dimos a la tarea de reflexionar y revisar cada uno de los documentos, las experiencias tanto nacionales como internacionales y de los impactos que tendría esta legislación, no sólo en la Administración Pública Federal, sino en la construcción de un sistema democrático y trabajamos intensamente para hacer las aportaciones a la Minuta que pudieran enriquecer el proyecto buscando siempre los acuerdos y los consensos entre todos, conscientes de la importancia y trascendencia de esta ley, no sin atender y escuchar a quienes sobre este tema podrían aportar para llegar hoy al documento final que ponemos a su consideración.

Esta ley que sabemos que es sujeta a perfeccionarse con el ejercicio y la experiencia de su aplicación, estoy seguro que será sin duda un detonador para desterrar prácticas que han dañado severamente a la administración pública mexicana y al mismo tiempo permitirá la máxima eficacia en la aplicación de políticas públicas, permitiendo programas de profesionalización de los servidores públicos y de calidad de los mismos, que hoy nos demandan los mexicanos con mayor eficiencia, transparencia y eficacia.

Además de estas ventajas el sistema de carrera para la administración pública es fundamental para hacer al gobierno más eficiente y, por consecuencia, aumentar la competitividad general del país, tanto como si tomáramos en cuenta que en México es de los pocos países en el mundo que no cuentan con ese Servicio Civil de Carrera, y estamos de acuerdo que esta ley es acorde a nuestra realidad histórica.

La Ley de Servicio Profesional de Carrera que se presenta hoy, será sin duda un elemento de la mayor importancia para contar con un gobierno eficiente, transparente, profesional y de calidad, características que se requiere cualquier buen gobierno que sea del signo que sea.

Igualmente promoverá que la ciudadanía tenga mayor control y supervisión del ejercicio público, ya que junto con la recién aprobada Ley de Transparencia de Acceso a la Información, la sociedad contará con gobiernos más transparentes en su funcionamiento y rendición de cuentas.

México está demandando un gobierno profesional, más allá de los intereses de quienes quisieran seguir controlando las políticas de administración de recursos humanos, para no perder sus fueros de poder.

Más allá de la controversia política, ofrezcamos a los mexicanos, la oportunidad de un servicio de carrera de sus servidores públicos, conscientes de las virtudes de un trabajo plural y responsable, daremos nuestro voto a favor del presente dictamen, y convencidos como lo estamos todos de que México requiere de un gobierno profesional y transparente, donde sus funcionarios puedan tener reglas claras para el ejercicio de su desempeño y éstas le permitan crecer humanamente y profesionalmente para brindar a los mexicanos el servicio de los ciudadanos sin duda demandan.

Por este conducto también me gustaría poner a su consideración de la Asamblea, a partir de las observaciones de integrantes de la Comisión y de compañeros diputados, llegamos a un acuerdo la Mesa Directiva, para someter a consideración de este pleno, las siguientes modificaciones someter a consideración de este pleno las siguientes modificaciones al dictamen. Me gustaría que el Secretario leyera las modificaciones del dictamen que hoy se presenta y está a discusión, para ver si se aprueba por la Asamblea.

-EL C. PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación por parte de la Comisión.

-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: De la Comisión e Gobernación y Seguridad Pública. La Junta Directiva de la Comisión a partir de las observaciones de diversos integrantes de la misma, hemos llegado al acuerdo de remitir al presidente de la Mesa Directiva para someter a consideración del pleno de esta H. Asamblea, las siguientes modificaciones al dictamen que se somete a consideración:

Respecto del Artículo 1º. del proyecto de Decreto relativo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en el Artículo Tercero Transitorio, se propone adicionar un tercer párrafo que diga: "Ningún servidor público de confianza en funciones sujeto a la presente ley, podrá ser considerado servidor público de carrera antes de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley. Asimismo respecto del segundo artículo del proyecto de Decreto que se dictamina relativo a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se propone lo siguiente: Unicamente sobre el Artículo 37 fracciones XVIII y XXVI, el dictamen dice: Artículo 37 fracciones XVIII y XXVI a la Secretaría de la función pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos.

Fracción XVIII. "...aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus modificaciones".

Fracción XXVI. "...establecer las políticas generales en materia de los servicios de informática de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".

Artículo 37. A la Secretaría de la función pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Fracción XVIII. "...aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus modificaciones, previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

Fracción XXVI. "...promover las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico".

EL C. PRESIDENTE.- Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si son de aceptarse las propuestas de modificación hechas por la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la Asamblea.

Se han registrado para fijar su posición de los grupos parlamentarios y sus partidos políticos, los siguientes ciudadanos diputados:

José Manuel Del Río Virgen, José Antonio Calderón Cardoso, Norma Patricia Riojas Santana, Arturo Escobar y Vega, Magdalena Núñez Monreal, María Guadalupe López Mares, Victor Manuel Díaz Palacios. Todos por cinco minutos.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado José Manuel Del Río Virgen.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN.- Con su permiso, señor Presidente.

Las democracias persiguen fines profundos que llevan impresos los ideales de libertad, justicia, derecho, eficacia, transparencia y rendición de cuentas; en sí, eficacia en las instituciones del país.

Las elecciones libres y democráticas sirven también para que el andamiaje institucional funcione a cabalidad en beneficio de los ciudadanos con una burocracia capaz y sensible a las demandas de servicios eficientes, ágiles y expeditos, pero hay casos de burócratas que empañan la función pública.

Una de las instituciones indispensables de la democracia es la del servicio profesional de carrera, bajo este régimen los ciudadanos ejercen su derecho democrático a trabajar en el gobierno con base en la competencia, el mérito y en igualdad de oportunidades. Si el acceso a los empleos públicos que no son otorgados mediante un procedimiento electoral, no son ejercidos bajo estas premisas, en la práctica anula y cancela el ideal democrático de libertad, eficacia y justicia administrativa que implica la libertad ante la ley.

El servicio civil de carrera, compañeras y compañeros legisladores, es una vieja demanda de todos los sindicalistas, de todos los trabajadores que han dejado su vida por las instituciones del país. Esta vieja demanda se ha cristalizado desde hace muchos años desde una central burocrática, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

Sindicatos institucionales, como les llama; sindicatos democráticos, como también se les denomina, han luchado porque el servicio civil de carrera que tiene su justificación a todas luces cuando este servicio civil de carrera sirve para mejorar las instancias burocráticas en el país.

¿Qué requerimos los mexicanos? Requerimos que el servicio profesional de carrera se consolide y se pueda profundizar a través del servicio civil de carrera todos los cambios en la burocracia nacional.

Nosotros creemos que cabe destacar en esta nueva ley la separación oportuna que se hace de los funcionarios públicos de los políticos; porque con ello no dejamos a la discrecionalidad de alguien, que ostente un poder público que algunos cargos torales para el buen funcionamiento de la Administración Pública vayan a ser utilizados como botín político.

Es decir, aquellas personas con ambiciones políticas deben participar en los partidos políticos y las interesadas en ser profesionales de la Administración Pública, deben formarse para concursar y constituir un cuerpo políticamente neutro dentro del Estado , capaz de servir a cualquier gobierno, surgido de cualquier partido.

Tendrá una función muy importante en la Secretaría la función pública. Esta responsabilidad será mayúscula. Esperamos que cumpla su cometido con capacidad, con eficiencia y con responsabilidad.

A nosotros nos queda muy claro compañeras y compañeros, que debemos darle un voto al Servicio Civil de Carrera y nos queda muy claro que éste es un reconocimiento a los sindicalistas verdaderos de México y es un reconocimiento a todos los trabajadores que formaron las instituciones de este país. Para eso trabajaron; para eso formaron estas instituciones y ahora serán los mismos hijos de los trabajadores y nuevos burócratas en todo el sentido de la palabra, los que dignifiquen la función público.

-PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Calderón Cardoso, en los mismos términos.

-DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Si bien una transición política implica un cambio en la forma de ejercer el poder, es claro que ello acarrea una nueva forma de ejercer la Administración Pública al hacerla eficiente, competitiva y principalmente ética, en donde la relación gobierno gobernado sea una relación de cooperación y de reconocimiento al esfuerzo personal.

Mientras no exista una convergencia entre ética y política en el quehacer público, no se estará atacando el problema de una Administración Pública eficiente. La manera de enfrentar la política al enfrentarse a la sociedad actual, ha dado lugar a que la primera sea calificada de obsoleta y caduca. Hoy día el aparato gubernamental debe responder a las expectativas ciudadanas y dejar de ser un cuerpo burocrático ineficiente y anacrónico.

Por ello es de destacarse y aplaudirse que en el dictamen se señalen programas de preparación y capacitación continua; ya que éstos son los cimientos para resolver un problema difícil pero no insorteable.

El Servicio Profesional de Carrera es innegablemente un instrumento de desarrollo nacional mediante el cual los servidores públicos tendrán la posibilidad y el derecho a mejorar su desarrollo profesional en cuanto a la preparación académica.

Ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía es una exigencia social acorde a la nueva realidad económica y política que vive el país. El Servicio Profesional de Carrera es ante todo un instrumento democrático, ya que será el beneficiario de éste, aquel ciudadano que demuestre no sólo eficiencia sino interés en prepararse profesionalmente y mejorar con ello su desempeño profesional.

Es encomiable que los ascensos a los servidores públicos preocupados por la excelencia de su desempeño se lleven a cabo conforme a una normatividad clara y en donde no exista el más mínimo aviso de discriminación.

Así también esperamos que la reglamentación correspondiente sea una norma que facilite los objetivos de esta ley y no se convierta por el contrario, en un obstáculo para la misma.

Amiguismo, discrecionalidad y corrupción, son actitudes que a la fecha han deteriorado la imagen de la burocracia, en donde el servirse a uno mismo ha sustituido al servir a los demás, objetivo último de la Administración Pública.

La Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública es un primer paso para dar a la reforma del Estado el impulso que necesita para hacer de los gobiernos entes que busquen el bien común.

Cambio de gobierno en todos sus niveles dejará con esto de ser un periodo de incertidumbre y pasará a ser un periodo de alternancia responsable y profesional al margen de todo interés partidista. Sin duda la profesionalización de los servidores públicos es el inicio de un mejor gobierno que a fin de cuentas es lo que demanda toda sociedad democrática.

Mientras no exista una convergencia entre ética y política en el quehacer público, no podrá darse lugar a un gobierno competitivo raíz de una sociedad de iguales características. La calidad de la Administración Pública depende de la calidad de los servidores públicos en el sistema político nacional y como es sabido, la calidad sin competencia es una cualidad que no se alcanza, ya que no existe el entorno que impulse la existencia de tal desarrollo positivo. Si no hay competencia, la calidad se rezaga, con lo cual la mediocridad instaura su imperio.

La defensa de los principios y valores democráticos no termina con la toma del poder. Es aquí donde realmente empieza, en donde los hombres enfrenten a sus ambiciones humanas y en donde realmente se establezca si se busca el poder para servir y no para servirse.

Por las anteriores razones Alianza Social votará a favor de este dictamen, con la seguridad que impulsará no sólo el desarrollo nacional sino el desarrollo de la actividad pública y en particular burocrática. Muchas gracias.

La diputada Norma Patricia Riojas Santana tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos.

LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: en el Partido de la sociedad Nacionalista estamos convencidos de que un principio que debe de regir en la administración pública es que sólo las personas más capaces y mejor calificadas lleguen a ocupar los puestos administrativos.

Si bien es cierto que la profesionalización y la construcción de los servicios civiles de carrera en nuestro país es un área limitada y poco explorada, también es cierto que hoy la profesionalización del servicio público es uno de los temas más importantes en el que debemos trabajar, ya que la restricción presupuestal, los problemas de legitimidad gubernamental y las tendencias económicas mundiales obligan a los órganos del Estado a contar con servidores públicos preparados, comprometidos y responsables con la función pública que cumplen de cara a la nación.

Finalidad a la que podemos contribuir en la medida que otorguemos a la administración pública un marco jurídico que establezca los mecanismos idóneos para contar con personal calificado, capaz y eficiente que tenga servicio de calidad a la altura y exigencia que demanda la sociedad mexicana.

El día de hoy esta asamblea tiene la oportunidad de dotar a la administración pública de una ley-marco que garantice la profesionalización del servicio público. De aprobarse el decreto por el que se expide la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal sentaremos las bases de un servicio de carrera que asegure que el ingreso, la formación, la evaluación, la promoción, las sanciones y la separación de los servidores públicos se realice con base en el mérito a la evaluación de sus capacidades, de sus habilidades profesionales y la obtención de buenos resultados de quienes se desempeñan en el servicio público, como bien lo establecen los artículos 2, 10, 11, 13, 60, 65 y demás relativos.

Con la aprobación de esta ley eliminaremos de una vez por todas que el compadrazgo, la corrupción, la discrecionalidad y el arribismo sean los factores que determinen el ingreso y la permanencia de los servidores públicos.

Para los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, el voto favorable a esta ley significa otorgar certidumbre laboral a los servidores públicos, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de la función pública, la transparencia y la rendición de cuentas.

Darle continuidad a los programas y políticas del gobierno fomentará la credibilidad ciudadana en estas instituciones.

Sin embargo, los nacionalistas nos manifestamos a favor de acotar las atribuciones de esta Secretaría, quitándole las facultades fiscalizadoras que actualmente tiene y que en un futuro deben recaer exclusivamente en el Poder Legislativo.

Ahora bien, a los nacionalistas nos resulta apropiado, por un lado, la visión de un párrafo tercero al artículo 9 de la ley de Planeación para que el Ejecutivo Federal establezca un sistema de evaluación y compensación, ya que de esta forma se evaluará de manera objetiva el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

Por otro lado es oportuno sustituir el nombre de la Secretaría de Programación y Presupuesto, por el de la Secretaría de la Función Pública, en los artículos 33, 34 y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en virtud de que dicha Secretaría ya no existe y sus facultades ya son desempeñadas por otra Secretaría.

Por las anteriores consideraciones, los integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista votaremos en lo general a favor del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, las reformas a la Ley Orgánica de la administración Pública Federal y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como la adición a la Ley de Planeación.

De esta forma contribuiremos a que los servidores públicos operen bajo los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, imparcialidad, equidad y nacionalismo en el ejercicio de su función para el desarrollo nacional y el engrandecimiento de nuestra patria, recordando en todo momento que la patria es primero.

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

Con la reforma que hoy nos plantea la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se consolidará la añeja aspiración de la ciudadanía y por supuesto de los servidores públicos de México para instaurar una Administración Pública eficaz, ajena a los vaivenes políticos y personales y con ello sea capaz de servir profesionalmente a todos los mexicanos.

La instauración de un servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, es establecer las bases de un ejercicio gubernamental eficiente para atender las diversas necesidades de la población, la cual es exigida hoy por los usuarios de los bienes y servicios públicos.

Para que los servidores públicos sean capaces, eficientes y profesionales, es necesario el establecimiento de un sistema integral de actualización y formación del servidor público que propicie la creación de la carrera administrativa, así como el fomento a la vocación del servicio del personal.

Objetivos que no se podrán cumplir sino mediante una motivación adecuada que pueda evaluar la agilidad, el funcionamiento de la administración pública y la eficacia en los servicios que proporciona.

La Administración Pública representa parte importante del desarrollo de un país por las actividades y responsabilidades que tiene encomendadas, por lo que un servicio profesional que permita darle continuidad a los programas sustanciales de gobierno, independientemente de los cambios políticos en el país.

Como lo expone el dictamen en comento, este Servicio Profesional de Carrera permitirá atraer a los mejores elementos del servicio público, eliminando consideraciones de tipo subjetivo en su reclutamiento y selección, lo que redundará sin duda en una Administración Pública Federal que opere bajo los principios de igualdad, legalidad, eficiencia y competencia por mérito.

Con la Ley del Servicio Profesional de Carrera que hoy se pone a consideración de esta soberanía, se pretende cortar de tajo con vicios tan añejos y dañinos para la presentación del Servicio Público Federal como son: La incapacidad, la negligencia, el burocratismo, el tráfico de influencias y la corrupción.

Parte importante de la reforma planteada es la prohibición expresa de discriminar por razón de género, edad, capacidades diferentes, condiciones de salud, estado civil, religión, origen étnico o condición social.

La aprobación de la Ley significa un gran paso en la búsqueda de un servicio público de calidad y de excelencia y a la par de esto brindará por primera vez a los trabajadores al servicio del Estado, la posibilidad de tener estabilidad en sus relaciones laborales, así como el poder acceder a cargos de mayor responsabilidad y retribución a través de procesos de selección y evaluación, dotados de legalidad y transparencia, con lo que sin duda redundará en una adecuada atención a la problemática de la sociedad y a la recuperación de la confianza en las instituciones actualmente tan fracturada.

Intentos anteriores de profesionalizar los mecanismos de reclutamiento, selección, contratación y capacitación del personal de servicio público no han dado los frutos esperados. Por tanto, el marco jurídico sobre los recursos humanos de la administración requiere ser actualizado.

En virtud de lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará de manera afirmativa el dictamen in comento.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (PAN): Muchas gracias, Diputado.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática.

- LA C. DIPUTADA MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL (PRD): Con el permiso de la Presidencia.

A nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática deseo manifestar nuestro reconocimiento por el dictamen de la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública que se ha presentado y espero sea aprobada por esta soberanía y que constituye, sin duda, un gran avance para modernizar la administración pública en México.

Históricamente la izquierda en nuestro país ha luchado por lograr una separación entre la administración pública y las actividades políticas y el uso partidista de los recursos públicos. Por ello, lo anterior representa para nosotros un avance significativo en esta añeja aspiración.

Sin embargo, reconociendo estos avances consideramos que el dictamen in comento no es un instrumento concluido por lo que deberemos insistir en avanzar en algunos de los temas centrales que han desvirtuado el ejercicio de la función pública.

Desde nuestra fracción parlamentaria y por mi conducto presentamos una propuesta alterna que incorpora aspectos esenciales para erradicar toda posibilidad de politizar el ejercicio de la administración pública y cerrarle el paso a la corrupción y al otorgamiento de puestos a personalidades políticamente afines, independientemente de que cubran requisitos mínimos de profesionalismo y probidad.

Consideramos que nuestra propuesta contiene elementos básicos que no fueron tomados en cuenta en el dictamen y que representan un vacío en el avance que México demanda en esta materia.

La finalidad de la ley es construir experiencias exitosas de gobierno fincadas en una nueva cultura de administración basada en el mérito, la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, la ética y el conocimiento. Son estos los elementos conceptuales que ambicionamos para un mejor desarrollo en esta administración.

Me referiré a tres temas centrales: al catálogo de puestos, a la estructura y atribuciones del órgano responsable del servicio y a la participación ciudadana.

Mientras la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRD considera la inclusión de las Oficialías Mayores de las Secretarías de Estado en el Servicio Profesional, el dictamen no lo considera. La diferencia es relevante y trascendente si se toma en cuenta que las funciones asignadas a tal área son fundamentales y requieren de personal no solo capacitado, sino con solvencia e independencia del Titular de la Dependencia, más aún si los fines que se persiguen es combatir la corrupción y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, así como despolitizar el ejercicio de la función pública. Sabemos, por las funciones a cargo de las Oficialías Mayores, que es una de las áreas más susceptibles para el manejo discrecional de los recursos públicos.

En segundo lugar, el dictamen a discusión prevé una estructura jerárquica similar a la presentada por nuestra iniciativa, es decir, un Consejo y la Secretaría de la función pública. Sin embargo, las atribuciones del Consejo son limitativas y su alcance es solo de opinión y consideramos necesario dotar de mayores atribuciones a dicho Consejo.

Por último, el dictamen prevé mecanismos de participación ciudadana para captar la opinión de la ciudadanía respecto al funcionamiento del sistema y del mejoramiento de los servicios que brindan las dependencias a partir de su implantación.

Nuestra propuesta planteó la instauración de instrumentos de participación ciudadana, que permitan diseñar y realizar acciones políticas para mejorar el sistema.

Como puede verse, entre una y otra redacciones existen diferencias conceptuales sustanciales. No tiene los mismos alcances preguntar a la gente si está funcionando algo, no es suficiente encuestar. Hace falta, como propone el PRD, instrumentar mecanismos de participación, esto es, de integración, de involucramiento en las políticas diseñadas, pero también en la rendición de cuentas, en la claridad de las acciones desarrolladas.

Se trata de recoger experiencias y no sólo de captar la opinión de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, en relación a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, reconocemos que este dictamen representa un avance significativo que debe contar con el apoyo decidido de todos los grupos parlamentarios e iniciar una nueva etapa en el ejercicio de la administración pública, dejando atrás el amiguismo, el compromiso por afinidad política, las decisiones cupulares e inaugurar la etapa de la capacidad y profesionalismo para acceder a la administración pública, la eficiencia, institucionalidad y el mérito como elementos de promoción y asignación de puestos y construir una experiencia y eficiencia en la administración pública en beneficio de nuestra nación.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María Guadalupe López Mares, por el Partido Acción Nacional.

Señores diputados y diputadas: El dictamen que hoy se presenta es un paso importante en la reforma del Estado.

En el grupo parlamentario del PAN nos congratulamos de que una propuesta en la que Acción Nacional ha insistido constantemente desde su primer plataforma política en 1943 y en esta Legislatura, dentro del paquete para el fortalecimiento al Poder Ejecutivo, en el marco de la reforma del Estado, esté muy cerca ya de convertirse en ley.

El PAN siempre ha propuesto que se implemente el servicio profesional de carrera. Ese claro que la administración pública federal ha sufrido cambios y reformas, que sexenio tras sexenio cambia el personal conforme al vaivén político, por lo que el Partido Acción Nacional en congruencia con seis décadas de participación política, reitera su compromiso con México y asume la responsabilidad de responder a la creciente demanda de la sociedad de buscar y proporcionar servicios públicos de calidad con eficiencia y eficacia.

Existe la convicción compartida por muchos sectores de la sociedad de que una administración debe ser eficiente e imparcial y que contribuya a fortalecer el estado de derecho.

Es necesario organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con nuevas actitudes y aptitudes para dar un servicio óptimo y adecuado para la ciudadanía.

Se debe conseguir un servicio civil de carrera que permita a la función pública el desarrollo de un mejor sistema de ingreso, capacitación y evaluación del desempeño, que en suma permita profesionalizar el servicio público.

México ha cambiado, los legisladores mexicanos tenemos la gran responsabilidad de prolongar el cambio hacia los nuevos horizontes que los ciudadanos nos han marcado.

Estoy cierta que los diputados podemos trabajar de manera plural y velar por los intereses del país. Este dictamen es un claro ejemplo del trabajo con responsabilidad democrática que esta Legislatura ha desempeñado.

En el Partido Acción Nacional estamos seguros que este dictamen de ley tendrá trascendencia en la forma de servir al ciudadano desde la administración pública federal. El grupo parlamentario del PAN coincide en que el servicio profesional de carrera debe regirse por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Esta Ley garantiza el ingreso a través de la competencia abierta con base en el mérito y en la igualdad de oportunidades, prevé la formación y capacitación de los funcionarios, establece su movilidad no sólo en la dependencia correspondiente sino en toda la Administración Pública Federal e incluso a través de convenios en prácticamente todo el mercado laboral.

De igual forma, prevé sistemas de evaluación del desempeño basado en los resultados de su trabajo, calificados por el ciudadano, haciendo a un lado las evaluaciones cerradas y burocráticas entre servidores públicos.

Esta Ley también reglamenta la separación de los funcionarios públicos del servicio por distintas razones, evitando así cualquier discrecionalidad y establece los mecanismos de impugnación y resolución de controversias.

Esta Ley es un bien para México, permite que los gobiernos entren y salgan por el mínimo trastorno y la máxima eficacia. Un Servicio Civil de Carrera es una exigencia de todo buen político y de todo buen ciudadano mexicano. Es por el bien común, es por el bien de México.

-EL C. PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra para fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos,, el Diputado José Antonio Hernández Fraguas.

-EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO HERNANDEZ FRAGUAS.-Con permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional desea destacar que ha sido una aportación fundamental de nuestra organización política construir un país de instituciones.

Efectivamente, la concepción del Estado Mexicano que cobra origen, vigencia y fuerza en la Constitución del 57 con la figura señera de Benito Juárez, se ratifica en la visión del Constituyente de 1917 al concebir el Estado como una República Federal con tres Poderes.

Se establecieron las Bases de la Institucionalidad Mexicana que ha dado estabilidad política a este país en el curso del Siglo XX. En esa corriente de institucionalización, se inscribe el Dictamen que hoy somete a la consideración de todos ustedes la Comisión de Gobernación.

La existencia de un Servicio Profesional de Carrera consolida esta visión institucional de la que nuestra organización política ha sido precursora y nos permite, en el México contemporáneo de la alternancia democrática, garantizarle a la sociedad por encima de vaivenes partidistas, que los funcionarios públicos actuarán con su desempeño conforme a criterios básicos de profesionalización y eficacia.

Prestigiar a la Administración Pública, reconocer que la función de servicio al Estado enaltece a quienes tienen esa responsabilidad y lo hacen con honradez y compromiso, es un propósito que anima a los grupos parlamentarios que apoyamos esta Ley y a nuestros colegas de partido que presentaron la Iniciativa.

Pretende también estimular el trabajo serio, eficiente, honesto y garantizar certidumbre de continuidad profesional a quienes son buenos servidores públicos.

En concordancia con el fondo de esta Iniciativa, secundamos las iniciativas de los compañeros Diputados para que a la nueva Secretaría de la Función Pública correspondan las tareas de optimización del servicio público y que las de fiscalización pasen al órgano superior de Fiscalización siendoc onsistente con el fortalecimiento de los Poderes.

Por estas razones, compañeros y compañeras Diputadas, a nombre del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, les pedimos su apoyo con su voto favorable para el Dictamen que la Comisión de Gobernación presenta el dia de hoy a la consideración de ustedes.

-EL C. PRESIDENTE.- Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el Dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si el Dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando de qué ley se trata.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votaciones hasta por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados; es decir, se abra el sistema electrónico por diez minutos para que en un solo acto se apruebe o se deseche en lo general y en lo particular.

- EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, conjuntamente con las modificaciones aceptadas y propuestas por la Comisión.

- EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las modificaciones propuestas por 374 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y se adiciona la Ley de Planeación.

---- Pasa al Senado para los efectos del artículo 72 inciso e), constitucional.

- LA C. SECRETARIA, DIP. MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNANDEZ: Orden del día de la próxima sesión.

- EL C. PRESIDENTE: Se levanta la sesión (16.13 horas) y se cita para la próxima que tendrá lugar el día jueves 27 de marzo a las diez horas.