270303

SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
27 DE MARZO DE 2003

PROYECTO DE ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DIA 27 DE MARZO DE 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De diputado

De los congresos de los estados de Guerrero y Zacatecas.

De la Embajada de Chile en México.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficios de la Secretaria de Gobernación

Con el que remite copia del .oficio del Subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Informe Semestral del Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. (Turno a comisión.)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Abel García Guzmán, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Leticia Nájera Ayala y José Miguel García M., en el consulado en Monterrey, Nuevo León. (Turno a comisión.)

Minuta

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997. (Turno a comisión.)

Solicitudes de particulares

Del ciudadano Miguel I. Estrada Sámano, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le confiere el Ministro de Justicia del Gobierno del Estado Español. (Turno a comisión).

De la ciudadana Graciela Torres González, por el que solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. (Turno a comisión.)

Que reforma el capítulo IV de la Ley General de Salud sobre pérdida de vida, en sus artículos 343 y 344, con la finalidad de legislar sobre muerte encefálica, a cargo del diputado Carlos Valenzuela Cabrales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que adiciona un artículo 128-bis y reforma el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma los artículos 37, 79, 83 y 91 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Celia Martínez Barcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral, a . cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que adiciona los artículos 5o., 27, .38, 49, 49-A, 182 y 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que adiciona los artículos 100-bis y 473 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Arturo León Lerma, a nombre de integrantes de Diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con proyecto de decreto que modifica al diverso por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Brenda Eugenia Saldívar Maldonado y Norma Alicia Domínguez Rodríguez, para prestar servicios en el consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Dictamen a discusión

De la Comisión de Salud con punto de cuerdo en relación con la proposición para solicitar a la Secretaría de Salud se establezca una jornada de información, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Excitativas

A las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Francisco J. García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Relaciones Exteriores, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

A las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, .a cargo de la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez del Partido Alianza Social.

A las comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Juventud y Deporte, a cargo del diputado Jaime Martínez. Veloz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que solicita se inicie la planeación de un período extraordinario, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de incorporar recursos del ramo 33 al Programa Piso Firme en todo el territorio nacional, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se tomen acciones directas en torno a la decisión de los despachos que se niegan a entregar los papeles de trabajo sobre auditorías al Fobaproa, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al Presupuesto dé Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano, (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en apoyo a los cuentahabientes del Infonavit, a cargo del diputado Adolfo Zamora Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, investigue el caso de los ejidatarios de Cananea, presos, en el Estado de Sonora, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el ejercicio de los recursos presupuestales asignados al Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2003, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial de la Federación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para integrar una Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que vigile no se desvíen recursos públicos en el proceso electoral de 2003, a cargo del diputado Luis. Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el campo mexicano, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la problemática agraria en México, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal la transferencia de recursos al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de reciente creación, a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal atraiga la investigación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar a todas al estaciones de radio y televisión a celebrar el Día Internacional de la Radio y la Televisión en favor de los niños, promovido por UNICEF, a cargo del diputado Gumersindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para ratificar las reformas a la Ley del SAT que vetó el Ejecutivo Federal, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita que la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a la Semarnat, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal encabece el manifiesto por la paz, emanado de la Conferencia Internacional por la Paz, a cargo del diputado Félix Castellanos Hernández, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para reasignar y entregar viviendas abandonadas, mediante un Censo Nacional de Viviendas, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación con la actividad de juegos y sorteos, que funciona en la República Mexicana, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre el trámite realizado por diversas líneas aéreas en las que han solicitado autorización oficial para operar rutas nacionales e internacionales, desde y hacia Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al conflicto laboral que enfrenta el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Motor Coach Industries México, S.A. de C.V. (MCI) y Servicios Sahagún, S.A. de C.V., por el cierre de ambas empresas, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al servicio de energía eléctrica en el Estado de Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, información relativa al asesinato del diputado José María Guillén Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice las acciones pertinentes a fin de reforzar la comercialización del fríjol mexicano, a cargo del diputado José Carlos Luna Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la implementación de una estructura tarifarla eléctrica preferencial en el Estado de Veracruz, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al conflicto de Bernalejo, Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al proselitismo político del Ejecutivo Federal, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la deficiencia y falta de apoyo con las que opera actualmente la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se haga un plan maestro de reingeniería de procesos dentro del Congreso de la Unión, a fin de que se eficientice y profesionalice la labor legislativa, a cargo del diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el papel del Consejo de Seguridad de la ONU, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo en relación a la auditoría sobre los activos de la Fundación "Vamos México, A.C." a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las legislaturas estatales, crear una comisión encargada de atender los asuntos de la familia, a cargo del diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se homologue la legislación local con respecto a la federal para garantizar el ejercicio del derecho a decidir sobre un aborto en caso de violación y la creación de un mecanismo que prevea el auxilio subsidiario del Estado en estos casos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre los medios públicos de información, a cargo de la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que en los programas de estudio de medicina se incorpore la materia de Geriatría, a cargo del diputado Gumersindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Agenda Política

Comentarios sobre las mesas de trabajo para el campo, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre el estado del procedimiento de declaración de procedencia que se sigue en contra de los legisladores Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y Jesús Olvera Méndez y los trabajos de la Sección Instructora al respecto, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemeride

Comentarios sobre el Aniversario de la Promulgación del Plan de Guadalupe, a cargo del diputado Jesús de la Rosa Godoy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Clausura

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 261 diputados, por lo tanto hay quórum.

EL PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

-EL DIP. HECTOR SÁNCHEZ LOEZ ( desde su curul): Señor Presidente, no se ha aprobado el orden del día.

–EL PRESIDENTE: Disculpe diputado el orden del día no se aprueba, se da a conocer, continué la Secretaria.

Pido a la Secretaria consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

-EL DIP. HECTOR SÁNCHEZ LOPEZ: (desde su curul) Bueno, si como dice usted no se aprueba el orden del día, sino se impone, yo pediría que se pudiera incluir en el orden del día un punto de acuerdo sobre la creación de una comisión especial para la transparencia en el uso del presupuesto de la Cámara de Diputados.

-EL PRESIDENTE:-El orden del día no se impone, se da a conocer y existe de conformidad con la reglamentación y los acuerdos aprobados por esta asamblea para su desarrollo, el mismo. Solicito a la Secretaria dé lectura al Acuerdo Parlamentario relativo a la integración del orden del día, de la discusión y de las votaciones, aprobado el 14 de diciembre del 2001 por esta asamblea. Su artículo 2°.

-LA SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Acuerdo Parlamentario, relativo a la integración del orden del día, las discusiones y las votaciones, aprobado el 14 de diciembre de 2001.

"Artículo 2°.- El orden del día de las sesiones de la Cámara será formulado por la Mesa Directiva considerando las propuestas que reciba oportunamente de la Junta de Coordinación Política y de los dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que emitan las comisiones.

El orden del día incluirá siempre los puntos relativos a las iniciativas de ley o decreto presentadas por quienes tienen ese derecho en términos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL PRESIDENTE: Si gusta diputado Héctor Sánchez, entregar la propuesta del orden del día y con oportunidad será agendado para la próxima sesión.

-EL DIPO. HECTOR SÁNCHEZ LOPEZ: ( desde su curul) Quiero proponer este Punto de Acuerdo por obvia y urgente resolución para la creación de una comisión especial, para la transparencia del uso y manejo del presupuesto 2003, de esta Cámara de Diputados.

-EL PRESIDENTE: Sí me permite que a mejorar ilustrar y con todo aprecio y respeto diputado, decirle que nos tenemos que ajustar estrictamente al acuerdo que aquí se planteó para conducir la sesión. El artículo 5° del acuerdo que hemos referido, es puntual a la hora de señalar que si lo solicitan por escrito, por conducto de la coordinación de su grupo parlamentario a través de la Junta de Coordinación Política, se lleva a cabo. De todas maneras insisto, si por escrito plantean la inscripción del punto en el orden del día, será agendado con oportunidad para el punto de acuerdo para la próxima sesión.

Continúe la Secretaría. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

LA DIP. PETRA SANTOS ORTIZ: (desde la curul) Aquí me dice mi vicecoordinador que él, yo le pedí el día de ayer que incluyera en el orden del día la denuncia que quiero presentar. ¿Sí está?

EL PRESIDENTE: Está puntualmente recibido comunicaciones del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y ha sido leído y puntualmente señalado por la secretaría al inicio de esta sesión.

EL DIP. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: (desde la curul) Señor Presidente, con todo respeto a su aseveración de que la orden del día no se aprueba, sino sólo se impone, está usted en un terrible error. La interpretación que usted le da al acuerdo parlamentario también es errónea. Primeramente ningún acuerdo parlamentario puede estar por encima del reglamento, pero aún suponiendo que fueran de la misma jerarquía, lo que usted leyó habla de que la Mesa Directiva formula, formula no es lo mismo que aprueba y usted está de acuerdo porque es un muy buen abogado, que en la interpretación de las normas jurídicas lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la interpretación de carácter gramatical.

Y aquí no me quiero meter a todos los antecedentes, porque si usted revisa las actas de las sesiones anteriores, el orden del día siempre se aprueba por la asamblea. De tal manera, señor Presidente, yo le pido de la manera más atenta que rectifique usted esa aseveración, porque no coincide con esa vocación democrática que me consta que usted tiene. Al decir que impone está usted sobreponiéndose a esta asamblea.

EL PRESIDENTE: Gracias. Nada más una precisión, diputado Amador. La palabra impone no fue de un servidor.

EL DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: (desde la curul) Sí, señor Presidente. Yo creo que en virtud de que el orden del día está causando por allá algún escozor, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que se sometiera a la aprobación del seno de la Cámara para los efectos de poder continuar con la sesión de manera normal.

EL PRESIDENTE: Solcito a la Secretaría dé lectura al artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, su numeral 2. Artículo 20, párrafo 2º inciso B y C.

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: De la Ley Orgánica, de sus atribuciones, artículo 20 en su fracción 2: "La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

"B. Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a las actividades parlamentarias que ser requieran para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión.

"C. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieren votación, de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos".

No obstante no hay mandato que pueda señalar la aprobación o no, es de obsequiarse la solicitud que han hecho de que se pueda aprobar el orden del día en esta sesión.

Se instruye a la Secretaría consulte en votación económica si es de aprobarse el orden del día leído por la Secretaría y publicado en la Gaceta Parlamentaria.

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el orden del día que se le ha dado lectura en esta Secretaría y que ha sido publicado en la Gaceta.

Continúe con la solicitud a la asamblea si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

EL PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero del Acuerdo relativo al sistema electrónico del registro de asistencia, se pide a la Secretaría dar cuenta del mismo e instruya a su cierre.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Señor Presidente, el sistema registra la asistencia de 319 ciudadanos diputados.

EL PRESIDENTE: Continúe con el orden del día en el capítulo de Comunicaciones.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Sí, señor Presidente, Comunicaciones.

Túrnese a la Autoridad de Procuración de Justicia competente, para los efectos legales correspondientes.

EL PRESIDENTE: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNANDEZ: Están a discusión los siguientes:

Primero.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado César Patricio Reyes Roel para separarse de sus funciones como diputados federal, electo en el Quinto Distrito del Estado del Estado de Chihuahua, para estar en posibilidades de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal, a partir del 30 de marzo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ.- En votación económica se pregunta si se aprueba.

(Oficio de la Junta de Coordinación Política de modificación de comisiones de los diputados: Hortensia Aragón Castillo, José Luis Esquivel Jalpa (¿) y Gilberto Del Real Ruedas. Insértese).

(Oficio de la Junta de Coordinación Política de modificaciones en comisiones de trabajo de la diputada Noelia Linares. Insértese).

(Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia del oficio del Subsecretario de Transportes de la SCT. Insértese).

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y de Transportes.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita permiso para que el C. Abel García Guzmán preste servicios en la embajada de Estados Unidos de Norteamérica, así como que los CC. Leticia Nájera Ayala y José Miguel García M., han dejado de prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. Insértese).

-PRESIDENTE: Por lo que se refiere a la solicitud de permiso, recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicio túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y de Gobernación de la Cámara de Senadores para su conocimiento.

(Minuta del Senado de la República por el que se reforma el artículo segundo transitorio a los artículos

( Solicitud de permiso para aceptar y usar condecoración, del C. MIGUEL ESTRADA SAMANO)

(De la C. GRACIELA TORRES GONZALEZ, que solicita permiso para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México)

-PRESIDENTE: En consecuencia se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alberto Amador Leal, para separase de sus funciones como diputado federal elector, en el primer distrito del Estado de Puebla, a partir del 28 de marzo.

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.

Tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega para presentar, a nombre de los integrantes de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por 10 minutos.

EL C. DIPUTADO FERNANDO PEREZ NORIEGA: Con el permiso de la presidencia. Siguiendo la práctica parlamentaria, voy a hacer una síntesis de la iniciativa, que solicito a la presidencia sea insertada en su totalidad en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Esta iniciativa, mediante la cual se reforma la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una iniciativa de consenso, suscrita por todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y que fue elaborada principalmente por el diputado presidente de esta Comisión de Justicia José Elías Romero Apis, así como de los integrantes de la mesa directiva, los diputados David Augusto Sotelo Rosas, Roberto Zavala, Germán Pellegrini y el de la voz Fernando Pérez Noriega.

Se trata de una reforma de gran importancia y trascendencia, posiblemente la reforma más importante de esta Legislatura en materia de justicia y la más importante en materia de amparo en 20 ó 40 años.

Esta reforma se enfoca en los siguientes puntos: Primero, busca eliminar el reenvío, por parte de los tribunales colegiados de circuito, a las autoridades responsables, de tal suerte que el propio tribunal, al conceder el amparo, cuando éste verse sobre vicios de ilegalidad cometidos en la sentencia definitiva, establecerá los términos precisos en que quede la sentencia reclamada, sin necesidad de enviarla a la autoridad responsable para que ésta cumpla con la misma.

Segundo. Se propone que en la sentencia de amparo se estudien todas las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer por el quejoso o bien que los tribunales adviertan de oficio. Con ello se busca evitar dos cosas: lo primero, evitar que los órganos jurisdiccionales se limiten al estudio de una de las violaciones que el quejoso invoca en su demanda de amparo, lo que da lugar a que, una vez que dicha violación ha sido subsanada, se tramite un nuevo amparo para analizar las restantes violaciones procesales.

Lo segundo es evitar que el quejoso invoque sólo una violación, que espere a que se le conceda el amparo y que se reabra el procedimiento, se dicte una nueva resolución e impugnar esta segunda resolución invocando una violación procesal distinta a la que señaló en su primera demanda de amparo.

De esta manera obliga a los tribunales a que, en caso de conceder el amparo, ordene reabrir el procedimiento, corregir la violación y dictar una nueva resolución, lo que alarga los procesos innecesariamente.

Tercero. Regularmente demanda el amparo y protección de la justicia federal aquella parte que pierde en una determinada controversia judicial, donde en caso de concedérsele el amparo, como tiene una sentencia final del juicio en sentido contrario a aquella en que se declaró inconstitucional. Ello genera que la contraparte acuda al amparo en contra de esta nueva sentencia, lo que ocasiona que en un mismo conflicto se tramiten dos o más juicios de amparo, aumentando la carga de trabajo para los órganos jurisdiccionales.

A fin de acabar con este problema se propone una nueva figura, el amparo adhesivo. De esta manera, si la parte actora obtuvo sentencia favorable pero la demandada promueve amparo, aquélla se estima que la sentencia que le fue favorable debe ser fortalecida en sus consideraciones o pretende impugnar un punto decisorio que le perjudica o estima que se cometieron en su perjuicio violaciones procesales o formales que pudieren trascender en su contra del resultado del juicio, debe promover una demanda de amparo en forma adhesiva a la que presente su contraparte, en la inteligencia de que ambas demandas deberán tramitarse en un mismo expediente, se regirán por las mismas reglas y correrán la misma suerte procesall; de modo tal que si no se promueve la adhesión a la demanda principal, cualquier violación que pudiera advertirse luego de dictado el fallo en que se haya concedido el amparo, ya no podrá alegarse en uno nuevo, pues se estiman consentidas.

"Finalmente, cuando el amparo verse sobre vicios durante el procedimiento, se propone que en las sentencias en que se conceda el amparo, se describa la razón concreta que motivó el otorgamiento de la protección constitucional, así como la forma en que la autoridad responsable debe cumplir con la misma. De esta manera se evita que las autoridades responsables no den cumplimiento a las sentencias argumentando una falta de claridad en éstas.

"Reducir los tiempos tanto al eliminar el reenvío como al introducir el amparo adhesivo, ya que este tipo de juicios o procedimientos pueden durar entre seis o diez años.

"Segundo.- Se reducen los esfuerzos, sobre todo tratándose del amparo adhesivo, puesto que el órgano jurisdiccional trata con un solo expediente y un solo juicio, en lugar de varios juicios de amparo sucesivos.

"Reduce incertidumbre, abusos y corrupción, puesto que al resolver de fondo el Tribunal Colegiado de Circuito tratándose de vicios de ilegalidad en la sentencia, evita que con el reenvío la autoridad pretendiendo dar cumplimiento a la sentencia de amparo, reitere el acto que ya se declaró inconstitucional.

"Tratándose de vicios durante el procedimiento, precisa los efectos en la sentencia en que se concede el amparo; evita que la autoridad responsable deje de dar cumplimiento o bien recaiga en otro acto inconstitucional argumentando vaguedad en la sentencia de amparo.

"Finalmente la iniciativa en cuestión se proyecta en una economía procesal, puesto que por una parte el proceso tenderá llegar a una resolución en un menor periodo de tiempo y por otra parte que el tribunal tendrá una menor carga de trabajo que resulta innecesaria y absurda.

"Se trata, pues, de un verdadero logro del Congreso de la Unión en materia de justicia en el caso de que en su momento la Comisión dictamine a su favor esta iniciativa y posteriormente este pleno apruebe la misma.

"Debo de comentar para terminar, que también firma esta iniciativa el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia por la Democracia.

Tiene la palabra el diputado Carlos Valenzuela Cabrales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma el capítulo cuarto de la Ley General de Salud, sobre pérdida de vida en sus artículos 343 y 344 con la finalidad de legislar sobre muerte encefálica.

- EL C. DIP CARLOS VALENZUELA CABRALES: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

"Los suscritos diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica la Ley General de Salud, el capítulo cuarto, sobre pérdida de la muerte en sus artículos 343 y 344, con la finalidad de legislar sobre muerte encefálica al tenor de la siguiente

"El término muerte es definitivo, incuestionable e irreversible. Denota, sin dar oportunidad a la divergencia de opiniones, el cese de la vida en un momento dado.

"Sin embargo el concepto de muerte encefálica, que de hecho es un verdadero sinónimo de muerte, lleva implícita la polémica.

"El acompañamiento de la palabra "encefálica", relativa al encéfalo, parece ser en la práctica profesional una especie de adjetivo que aminora el impacto de la noticia en los familiares del fallecido, por lo regular gente común sin conocimiento médico lo que les otorga un cierto grado de esperanza por la vida y por lo tanto causa la incredulidad y la negación en los familiares del que ya es un difunto.

"Lo malo de esta confusión no solo se encuentra en la prolongación del sufrimiento de los familiares en su proceso de aceptación de la pérdida y el alargamiento del duelo que puede prolongarse por días o incluso semanas, sino que además implica enormes costos económicos a la familia y a la sociedad.

"El concepto de muerte encefálica está bien entendido por los especialistas de las neurociencias y otros profesionales de la salud. Sin embargo, en un contexto lingüístico incorrecto o el mal uso de la sintaxis tiende a perpetuar el ambiente de ambigüedad en el propio ambiente sanitario.

"Es preciso entender que cuando en cualquier servicio de terapia intensiva yace el cuerpo inanimado pero conectado al ventilador del que fuera un paciente, cadáver que además del diagnóstico clínico de muerte ya se le aplicaron los estudios neurofisiológicos de electroencefalografía y potenciales evocados auditivos de tallo aún es común escuchar a algún médico transmitir de una manera equivocada la mala noticia: el paciente se encuentra en muerte cerebral.

"Esto a manera de eufemismo que suavice la carga emocional del mensaje. Pero desafortunadamente la respuesta que provoca es la generación de una esperanza y negación de una realidad; esperanza en una vida imposible, negación de una muerte que ya llegó. El colmo de esta sintaxis incorrecta se da cuando se comunica al equipo de trasplantes, es decir entre médicos, la existencia de un probable donador de órganos con la utilización de la misma frase: tenemos un paciente en muerte cerebral. Es preciso comprender este concepto fisiológico, biológico, antropológico, de lo que es la muerte encefálica.

"Por otro lado, existe otra confusión de términos que debe ser aclarada de una vez por todas, nos referimos al uso arraigado en el lenguaje del concepto de muerte cerebral en lugar del más amplio y por lo tanto más correcto de muerte encefálica.

"Recordemos que encéfalo es una denominación que abarca a todas las subdivisiones del sistema nervioso central contenidas en el cráneo, es decir, hemisferios cerebrales, cerebelo y médula oblonga, mesencéfalo, elementos donde radican los núcleos de las funciones cardiaca y respiratoria, vitales para cualquier indicio de vida.

"Otro importantísimo punto que debemos aclarar es que desde las más antiguas épocas del hombre sobre la tierra este concepto, el de la muerte encefálica, no existía. Ningún ser humano había estado en esta condición. El debut de esta entidad ocurrió hasta el siglo XX de nuestra era, es decir, hasta hace a unos cuantos años, gracias al desarrollo médico y tecnológico con la invención de las técnicas de resucitación, fármacos y ventiladores mecánicos.

"Por tanto, estamos ante una nueva condición o más bien ante un efecto secundario de los avances desarrollados en las unidades de terapia intensiva. Desarrollo que por otro lado ha salvado de la muerte y ha reincorporado a la vida a millones de pacientes que de otra manera hubieran fallecido por estados patológicos, ahora reversibles.

"Resulta obligatorio también para el personal médico y paramédico no confundir el término coma con el de muerte encefálica, que en todo caso fue denominado coma de passé, término acuñado por los pioneros franceses en este campo como una especie de transición momentánea a través del umbral entre la vida y la muerte.

"Explicar sus claras diferencias a los familiares de los pacientes fallecidos que se encuentran en el ventilador es el deber del médico encargado de dar esta noticia. El uso de la asistencia ventilatoria y farmacológica en pacientes que por una u otra razón se encuentran en estado de coma, presenta beneficios invaluables que los profesionales de la salud, con los conocimientos de la ciencia médica, su compromiso con la preservación de la vida, utilizan en la diaria lucha a favor de ésta. Actividad que sin la utilización de estas herramientas estaría para millones de seres humanos.

"Es en este sentido en que se puede afirmar que siempre hay una esperanza y no se debe escatimar ningún esfuerzo ni recurso tecnológico, médico, financiero o cualquier otro. Desde luego debemos excluir los estados patológicos terminales y los que en las acciones a favor de la prologación de la vida es absurda y nos coloca en el sin sentido del llamado ensañamiento terapéutico.

"Cuando el deterioro de nuestro caudal alcanza la porción baja del tallo cerebral, a pesar del esfuerzo médico se llega a la muerte encefálica, perdiendo el individuo su calidad de paciente para arribar a la condición de fallecido.

"Una vez corroborado el diagnóstico el médico responsable tiene que tomar la decisión inexcusable de no continuar el mantenimiento artificial de un cadáver, lo que obviamente ya no afecta en términos de vida al cuerpo mantenido en esta situación.

"Las herramientas tecnológicas en la Unidad de Cuidados Intensivos no se deben utilizar en fallecidos, excepto para el cuidado de los órganos del finado, si éste reúne los criterios para ser un potencial donador y se cuenta con la anuencia en vida del paciente o, en su caso, de los familiares para esta humana y altruista determinación.

"El desarrollo de la ciencia médica y de sus técnicas y tecnologías en el siglo XX dieron grandes saltos, pero sobre todo en los últimos 50 años y éstos han sido catalogados como exponenciales.

"Uno de los problemas fundamentales de la llamada modernidad, ha sido el desfase entre las disciplinas de carácter especulativo y las ciencias experimentales. Las primeras, de crecimiento más lento, se han devorado en brindar respuestas adecuadas al hombre contemporáneo sobre las problemáticas que se susciten en la vida diaria.

"La medicina que antiguamente es considerada como una mezcla de arte y ciencia, por dedicarse a una labor eminentemente humanitaria y altruista, hoy en día posee una fuerte dosis experimental y surgen extrapolaciones y dilemas desde el trabajo de investigación que necesitan ser iluminadas por una reflexión ética que posibilite la preservación del respeto a la dignidad de la persona humana, la cual es mucho más que un sujeto de experimentación y el límite de sus fronteras no se encuentra en el ámbito de lo posible sino de lo debido.

"La muerte por su trascendencia ha venido a constituirse en el núcleo polémico de suma importancia, ya que han surgido situaciones inéditas condicionadas en primer lugar por el desarrollo tecnológico de los cuidados intensivos, pero que reclaman por su misma naturaleza y el objeto de su estudio, un enfoque no sólo médico sino antropológico, fisiológico, biológico, religioso, es decir, holístico y multidisciplinario.

"Cuando Mouraret y Goulon (?) en el año de 1959 describieron a un sujeto sometido a ventilación mecánica, incapaz de mantener por sí solo sus funciones vitales, con un colapso circulatorio progresivo y con ausencia irreversible de la conciencia, lo llamaron a éste un estado de coma de pasé. Años más tarde, un comité de expertos en neurociencias en la Universidad de Harvard, publicada en la revista Journal Norteamerican Medic of Sciencie, el resultado de sus estudios con el título At definition of the rost to the coma (?), y llamaron a ese estado "muerte cerebral", para expresar que el sujeto que reuniera las características que mencionaban, se encontraba en una situación de irreversibilidad de sus funciones vitales, similares a los de un ser humano muerto.

"En 1968 un cirujano cardiovascular en Sudáfrica, hecho de todos conocido, el doctor Christian Bagnard, realizó el primer trasplante cardiaco de hombre a hombre, con lo que se dio un gran avance en la aún incipiente medicina en trasplantes, iniciando además una nueva era en el desarrollo de las ciencias médicas contemporáneas.

"A partir de esos hechos se han modificado tanto el diagnóstico como la conducta ante este tipo de pacientes fallecidos por muerte encefálica, pero sometidos a regímenes de cuidados intensivos. Ha sido una disputa donde se mezclan aspectos ético-filosóficos, médicos, religiosos y legales, donde en ocasiones las consideraciones incluso pragmáticas no han dejado de estar presentes.

"Si realizamos un examen riguroso al problema debemos al menos responder las siguientes preguntas: ¿Qué es el coma de pasé, la muerte encefálica o la antiguamente llamada muerte clínica, caracterizada por la ausencia de latidos del corazón y la presencia permanente de abnea en un sujeto sin conciencia, la muerte real de la persona humana?

"En caso de ser afirmativa la respuesta: ¿Qué conducta se seguirá con los pacientes que reúnen estas características con relación a la utilización de los órganos para trasplantes? ¿Constituye la prolongación de los medios extraordinarios de mantenimiento de la vida, en estos casos un auténtico ensañamiento terapéutico?

"¿Qué papel deben jugar las ciencias médicas y la ética en estos casos y a quién corresponde la decisión final del problema?

Yo quisiera pedir a la Presidencia que el texto completo, con su exposición de motivos, sea incluido en el Diario de Debates y me referiré a la iniciativa en cuestión.

-PRESIDENTE: Señor diputado, ha concluido el tiempo que le concedió la Presidencia.

"Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de nuestras facultades constitucionales, los suscritos diputados de Acción Nacional a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, sometemos ante esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican los artículos 343 y 344 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera.

"Artículo 343.- La pérdida de la vida ocurre cuando se presente muerte encefálica o paro cardiaco irreversible. La muerte encefálica se determina cuando se verifican todos los siguientes signos: ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea y ausencia de los reflejos del daño cerebral manifestado por arreflencia(¿) pupilar, ausencia de movimientos oculares , vesiculares y ausencia de refuerzos y estímulos nocioseptivos.

Termino, Artículo 344. Los signos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas: angiografía encefálica bilateral que demuestre ausencia de circulación encefálica y/o electro encefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica corroborado por Médico Especialista.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el señor Diputado David Augusto Sotelo Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa que adiciona un Artículo 128-bis y reforma el Artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Insértese el texto íntegro de la Iniciativa que fue parcialmente leída por el señor Diputado Carlos Valenzuela Cabrales en el Diario de los Debates y publíquese en La Gaceta Parlamentaria. Adelante señor Diputado Sotelo.

-EL C. DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS.- Muchas gracias ciudadano Presidente. compañeros Diputados. Esta Iniciativa junto con la que presentó el Diputado Fernando Pérez Noriega a nombre de la Comisión de Justicia, son iniciativas que por ser de carácter eminentemente jurídico, no llaman la atención o no calan en el ánimo de la mayoría de las personas por ser altamente técnicas.

Sin embargo, redundan , quiero subrayarlo, en lo que es la impartición y la procuración de la justicia. Obvio el epígrafe de la Iniciativa y hago la Exposición de los Motivos.

Muchos son los reclamos de la ciudadanía por cuanto hace a la violación de garantías y los denominados derechos humanos por parte de los agentes de la Policía Judicial en todas y cada una de las etapas del proceso penal.

Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos versan sobre tortura y violencia, física o moral y de lesiones a los inculpados o indiciados. La valoración que de las pruebas se prescribe actualmente en el Código, no contempla aquellas que provienen de los nuevos avances y/o descubrimientos de la Ciencia y la Tecnología.

En el mejor de los casos, deja a la interpretación y criterio del Juez o del Tribunal, lo que da como resultado un juicio injusto, inequitativo y deficiente en perjuicio del ciudadano o inculpado así como de la sociedad en general pues lo que ella exige es el esclarecimiento pleno de los hechos que la agravian con la comisión de los delitos.

Así resulta que en muchas ocasiones se condena a quien no ha cometido un crimen o se absuelve al sujeto activo de la acción antípica, antijurídica y culpable. A pesar de los esfuerzos del Estado Mexicano todavía se practica por parte de agentes policiacos como medio de investigación, el señalamiento , la delación, el pitazo, la venganza, la tortura como instrumentos para detener y de la confesión para consignar a ciudadanos, confesión que muchas veces alegan que está viciada ya sea por la tortura o la violencia física o moral.

Por ello se hace necesario que la Ley establezca mecanismos que evigen en lo posible que estos medios inquisitoriales desaparezcan y al mismo tiempo estos instrumentos jurídicos sean idóneos para esclarecer los hechos y llegar a la verdad, no sólo jurídica sino real y efectiva. Se requiere dotar de una mayor claridad, transparencia y certeza al proceso penal, de allí que la prueba sea la piedra angular de este, el diccionario jurídico mexicano nos dice que en sentido estricto la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. En este sentido la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hechos expresadas por las partes. En sentido amplio se designa como prueba a todos el conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador con el objeto de lograr la obtención del cercioramiento judicial sobre los hechos discutidos y discutibles.

Si desde el principio el inicio del proceso penal se garantiza por parte del estado, los medios y medidas que operen a favor del indiciado o inculpado, el principio jurídico de que es inocente hasta en tanto la autoridad no demuestre lo contrario y paralelo a ello se le asegura el respeto a sus garantías y derechos humanos con la objetividad, transparencia, imparcialidad de las actuaciones en todo momento, las sentencias entonces de los jueces en un sentido o en otro tendrían un marco de solidez y objetividad a toda prueba.

Sí se está en desacuerdo con lo anteriormente aseverado, bastaría que recordásemos los informes que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha rendido sobre los casos de linchamiento habidos en el país, práctica que alarmantemente se va haciendo más común debido a que la sociedad ha ido perdiendo confianza en las autoridades procuradoras e impartidoras de justicia, prefiriendo hacerla por propia mano.

Si la norma autoriza y obliga al juzgador para aceptar o allegarse de todas aquellas pruebas que proporcionen los nuevos avances en la ciencia o la tecnología, su juicio estaría basado en un auténtico trabajo de investigación de esclarecimiento de los hechos.

Por ello la presente reforma al artículo 206, atiende tanto a garantizar y preservar un justo juicio a la persona que se ve indiciada o inculpada y por otro lado asegura al juzgador más y mejores elementos de valoración de los hechos, a través de la prueba en el procedimiento judicial, lo que redundaría en una sentencia apegada a la realidad, el derecho y por ende se haría justicia.

La adición que se postula al artículo 128 bis, establece el deber del representante social, es decir, del Ministerio Público de poner desde luego a disposición del indiciado o inculpado, según el caso; la comunicación expedita y comparecencia de un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que se encuentre presente en todas las actuaciones que se diligencien especialmente en los interrogatorios, de esa forma se asegura que el detenido no será objeto ni de violencia física o moral, lesiones o desaparición forzada.

De la misma forma, al ser también obligatorio para el Ministerio Público el grabar a través de videocinta todas las actuaciones, no sólo se aporta al procedimiento jurídico una prueba más a justipreciar por el juzgador, sino que se protege la integridad física y moral del indiciado o inculpado, según el caso, además haría prueba plena tanto a favor del estado como del indiciado o inculpado de que se siguieron estrictamente las formalidades que establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma que se presenta amplía la prueba a elementos técnicos, científicos y tecnológicos, in genere que no han sido considerados hasta ahora o que en algunos casos no han sido valorados por el juzgador por no estar expresamente mencionados en la norma. Es el caso por ejemplo de los impresionantes avances que ha tenido la biotecnología, la antropología, la arqueología, los estudios o exámenes del ADN y los descubrimientos que del genoma humano la ciencia ha conseguido. De esa forma se obliga al Poder Ejecutivo a capacitar a los elementos policíacos no sólo en materia de garantías y derechos humanos, sino también en técnicas y procedimientos de investigación, frenando las conductas que violan y transgreden el orden jurídico, pues no podrá haber culpable sin las pruebas correspondientes. Se cambiaría la práctica de detener para investigar, como actualmente se hace.

La adición y propuestas de ser aprobadas vendrían a vigorizar la impartición de justicia, el derecho al debido proceso y a un juicio justo, tanto para el individuo como para la sociedad en general y por lo anteriormente expuesto y fundado y aquí expongo los artículos que se adicionan y el que se reforma y que le solicito muy atenta y respetuosamente al ciudadano Presidente, se incluyan en el procedimiento y tracto legislativo que considere y se turne a la honorable Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el dictamen correspondiente.

Tal como lo ha solicitado el diputado presentante, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos la diputada Celia Martínez Bárcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reforma a los artículos 37, 79, 83 y 91 de la Ley General de Salud.

LA DIP. CELIA MARTINEZ BARCENAS: Con su permiso, diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados.

La población indígena hacia el año 2000 era de 12 millones 707 mil personas, cifra estimada por el Instituto Nacional Indigenista y el Consejo Nacional de Población, CONAPO. Esta población se ubica principalmente en el sureste y en el centro del país, de tal manera que los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla, México, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Campeche y Quintana Roo concentran el grueso de la población indígena y sumado al Distrito Federal, estas entidades en su conjunto comprenden al 86% de la población indígena del país.

Las comunidades indígenas se identifican por conservar rasgos culturales específicos que impiden su asimilación a la sociedad mexicana y que se manifiestan en sus formas de vida comunitaria, la comunicación oral a través de la lengua materna, su relación en el hábitat, un sistema de conocimientos propios y la práctica de la medicina tradicional, por lo que le preservación de su identidad étnica y cultural se encuentran íntimamente ligadas al funcionamiento de sus instituciones sociales y políticas y al ejercicio de sus sistemas internos.

En México existen diversas posiciones políticas en relación con la práctica de la medicina tradicional en las diferentes instancias gubernamentales. Por un lado, los terapeutas tradicionales son marginados dentro del sistema de salud mientras que, por otro, se intenta promover su participación en este sistema, incluso algunos laboratorios trasnacionales los emplean para dar autenticidad y comercializar ciertos productos de origen natural.

El problema al que se enfrentan los terapeutas tradicionales en nuestro país es precisamente que no cuentan con el reconocimiento, licencia o permiso para ejercer sus conocimientos, lo que origina una falta de respeto a la cultura indígena, limitaciones en la libre práctica de los médicos tradicionales, ausencia de valoración en la medicina tradicional, nulos apoyos jurídicos y financieros para el desarrollo de la medicina tradicional.

Por tal razón, algunas entidades federativas ya han elaborado iniciativas de reformas a su Ley General de Salud como Morelos y Oaxaca; Chiapas, lo contempla en su Ley de Derecho y Cultura Indígena; el Distrito Federal cuenta con Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional relativo al ejercicio de las profesiones; Guanajuato, tiene Ley Reglamentaria del artículo 7° de la Constitución Política de su propio estado y Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Colima y Tlaxcala, en su Ley de Profesiones. Todas ellas, permiten que los médicos tradicionales estén en posibilidad de ejercer la práctica de sus conocimientos.

En países como Ecuador, Guatemala y Perú, ya están trabajando en el proceso de legislación con el fin de regular la práctica de la medicina tradicional; mientras tanto, el Ministerio de Salud otorga permisos a terapeutas para que realicen esta práctica. En el caso de Ecuador, fueron los propios pueblos indígenas quienes formularon una iniciativa al respecto.

Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana, son países en donde no existe legislación al respecto y el proceso de regulación apenas empieza. Carecen de permiso para ejercer; sin embargo, no son sancionados, los organismos oficiales aceptan dicha práctica.

Sin duda, actualmente la medicina tradicional representa una opción importante de respuesta ante las sociedades de atención a la salud en diferentes países de América Latina y el Caribe. A pesar de su presencia subordinada, en los sistemas oficiales de salud y de su situación de ilegalidad que mantienen comúnmente.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han promovido y apoyado las políticas dirigidas a ensayar formas distintas de articulación de esta medicina con los sistemas oficiales de salud.

Asimismo, algunas organizaciones de la sociedad civil trabajan apoyando a la medicina tradicional en diferentes niveles en varios países, y sin embargo, se han encontrado con múltiples dificultades que impiden la consolidación de programas de medicina tradicional.

La regulación de la actividad de quienes ejercen la práctica de la medicina tradicional, es un proceso que ciertamente representa complejidades particulares, en primer lugar, porque muchas de estas terapeutas no cuentan con una formación o entrenamiento reconocido y estadanrizado.

El segundo aspecto que dificulta esta regulación es la gran variedad de terapias que ponen en juego a los proveedores de servicios y la dificultad que represente evaluar su aplicación técnica correcta y su efectividad. Para su reconocimiento formal, se requieren criterios precisos, tales como tomar en consideración la experiencia y la evaluación de los usuarios de los servicios.

En las reformas que se promueven mediante los artículos 38, 79 y 83, se propone fundamentalmente establecer un régimen de excepción en la regulación de la medicina tradicional con el fin de que no se requiera la obtención de Título Profesional para su ejercicio. En respeto a la potestad constitucional de los estados de legislar en materia de profesiones, se propone en el párrafo tercero del artículo 79 que los practicantes de la medicina tradicional, deberá sujetarse a las disposiciones aplicables de las entidades federativas en materia de profesiones o ejercicio profesional a las disposiciones locales aplicables y a los convenios de cooperación.

Con el propósito de promover la homogeneización de las disposiciones aplicables en esta materia, se propone la adición de una fracción III al artículo 91, a efecto de promover la celebración de convenios de cooperación para el reconocimiento y la regulación de la práctica de la medicina tradicional que incluyan el impulso a las adecuaciones legales en los respectivos ámbitos de su competencia.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito someter a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo a los artículo 38 y 83, 2 al 79 y una fracción III al artículo 91 de la Ley General de Salud.

Artículo 38.- Se exceptúa de lo anterior a la medicina tradicional, que siendo un servicio de salud privado, se rige por los usos, costumbres y el reglamento que expida la Secretaría de Salud.

Artículo 79.- Se exceptúa de esta disposición a quienes practican la medicina tradicional indígena, en los términos previstos de la fracción III del Artículo 91 de esta ley, toda vez que esta se ha venido ejerciendo mediante conocimientos adquiridos de sus antepasados. En todo caso, quienes practiquen la medicina tradicional, deberán sujetarse a las disposiciones aplicables en las entidades federativas, en materia de profesiones o de ejercicio profesional a otras disposiciones locales aplicables en la materia, en los convenios de cooperación a que se refiere el segundo párrafo de la fracción III del Artículo 91 de esta ley.

Artículo 83.- Lo dispuesto en el párrafo que antecede así como lo dispuesto en los Artículos 78 y 79 de esta ley, no es aplicable al ejercicio de la medicina tradicional.

Artículo 91 fracción III.- En el reconocimiento y regulación de la práctica de la medicina tradicional indígena, en base a sus características específicas en cada región del país, considerando la medicina tradicional indígena como el conjunto de concepciones, saber, métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales, manejados por las terapeutas tradicionales o curadores de las diversas comunidades indígenas y que han sido aprendidas generacionalmente mediante la dicción oral y escrita, se promoverán la celebración de convenios de cooperación, que tenga por objeto el reconocimiento y regulación a que se refiere esta fracción, que incluyan el compromiso de impulsar las adecuaciones legales y reglamentarias que sean necesarias.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Salud expedirá el reglamento a que se refiere la fracción III del Artículo 91 de la Ley General de Salud, en un término que no excederá de seis meses contados a partir de su publicación.

Señor presidente, me permito solicitarle que esta iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario Oficial de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria en virtud del obvio de tiempo. Muchas gracias.

Tal y como lo ha solicitado la diputada presentante, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Para continuar con el capítulo de presentación de iniciativas de ciudadanos diputados, tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos la diputada Hortensia Aragón Castillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

-LA C. DIPUTADA HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Buenos días, con su permiso, señor presidente. En la actualidad los cambios se suceden de manera vertiginosa y significativa, logrando más notoriedad aquellos acontecimientos en el campo de lo económico, donde la concentración de la riqueza y el control monopolizado de los medios de producción se han reflejado en una sociedad que dista mucha de lo que hoy deseamos.

La agreste disminución del poder adquisitivo de los ingresos familiares, es de marcada importancia e influencia en la generación de una creciente demanda y oferta de la fuerza laboral de las mujeres.

En el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante este H. Pleno, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, para introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral de conformidad con lo siguiente.

Las condiciones económicas empujan cada vez más a la búsqueda de actividades remuneradas fuera del hogar, provocando que en los últimos 20 años, la participación de la mujer en el trabajo extradoméstico se haga triplicado, los motivos del auge en la oferta del trabajo por parte de las mujeres, dista mucho de conceptos que enmarcan las diversas motivaciones, en elementos puramente individuales.

Hoy por hoy, las mujeres necesitan y quieren trabajar; México necesita que sus mujeres trabajen.

No es novedad que en el mundo laboral de las mujeres, las desventajas sean inminentes, así como tampoco lo es el hecho de que las oportunidades que se les brindan y su situación dentro de la fuente de trabajo se vea agravada por las discrepancias entre el crecimiento demográfico y la creación de espacios en el actual mercado laboral, a la vez que sistemáticamente se devalúa su trabajo y culturalmente su capacidad para trabajar.

Se ha dejado de lado el sustancial alcance en la productividad y desarrollo de la fuerza laboral femenina que representa hoy en día el 34% de la población económicamente activa. Así, pues, la forma como se inserta esta fuerza en el mercado laboral obliga al cuestionamiento sobre la cantidad y calidad de empleos generados, la débil protección de las mujeres en este campo y la galopante discriminación que desdeña la capacidad y la calidad de su trabajo, al tiempo que niega la posibilidad de demostrar esas capacidades y esas cualidades.

Dentro de la justicia social debe contemplarse con mayor firmeza el trato desigual a la mujer en desigual condición, esto para lograr garantizar la igualdad de oportunidades y dado que el trabajo es el instrumento que permite acceder a los servicios de salud, a una vivienda adecuada, a la recreación, a la seguridad, a la calidad alimentaria y a la satisfacción de necesidades, es decir a condiciones de bienestar y crecimiento personal, familiar y social; el ámbito laboral se muestra como estratégico para el desarrollo y crecimiento de las mujeres y de su entorno.

La equidad resulta, pues, la herramienta de reversión y equilibrio de los escenarios laborales desfavorables que si bien requieren de acciones legislativas, exige también la modificación de las posturas culturales de los sistemas estructurales de seguridad social, la reestructura de los modelos de capacitación y la creación de verdaderos y funcionales vínculos con las organizaciones e instituciones involucradas.

La protección de las mujeres y de su trabajo no es una pretensión grupal, es un muelle impulsor de la productividad, reconocido y amparado internacionalmente mediante un numeroso cuerpo de normas de trabajo que ha signado México y que a la fecha suman 76 los instrumentos vigentes en nuestro país de los que se derivan disposiciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades y de trato entre la mujer y el hombre, entre las que se encuentran la constitución de la OIT en 1919 en su artículo 41 que consigna el principio "salario igual a trabajo igual"; el Convenio 100 y el 111, así como la recomendación número 90 que desde 1951 se erigen específicamente a eliminar la discriminación entre el hombre y la mujer; el Convenio 156 y la Recomendación número 165 que se aplica a hombres y mujeres con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, o hacia otros miembros de la familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén.

Identificándose mundialmente al trabajo como uno de los ejes sobre los que se cimienta y desarrolla la estructura socio-económica, siendo así que la exclusión de la mujer del plano del desarrollo laboral significa segregarla de la estructura, organización y repartición social y económica.

En la presente Legislatura han sido presentadas dos propuestas para reformar integralmente la Ley Federal del Trabajo: una por parte del Partido de la Revolución Democrática el día 31 de octubre de este año (¿) que incluye reformas a la norma constitucional laboral y la otra propuesta firmada por los partidos Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Verde Ecologista, presentada el pasado 12 de diciembre.

La propuesta consensada por 17 diputados del PRI, del PAN y del Verde Ecologista presume ser el resultado de los trabajos de consulta, foros y propuestas de agrupaciones laborales, sindicalistas, autoridades y empresarios y de organizaciones civiles y sociales, cuando la realidad es que su origen e integración dista mucho de haber surgido en ese escenario.

De hecho, esta propuesta que menciono ha sido considerada la iniciativa que representa el más devastador atentado en contra de la libertad y democracia laboral, toda vez que ha ignorado tajantemente las propuestas que en dos décadas de trabajo ha recabado este Congreso de la Unión y de forma incongruente y por demás errónea, supone colocarse dentro de los parámetros globalizadores que requiere el país para su crecimiento.

Ante esta perspectiva donde los derechos generales de los trabajadores se encuentran en riesgo, es fácil deducir que los derechos laborales de las mujeres no sólo se encuentran en riesgo, sino que son omisos, ya que la propuesta sólo simula interés, limitándose a pronunciamientos que no analizan ni resuelven el fondo de la problemática laboral de las mujeres. Esa es nuestra preocupación.

Siendo necesario entonces e irrenunciable, una propuesta específica que contemple de forma puntual aquellos rubros donde las mujeres que trabajan fuera de sus hogares, se enfrentan a una marcada discriminación que impacta en sus intereses y conculca sus derechos.

La presente propuesta que estamos haciendo, de reforma laboral integral con visión de género, pretende dotar a la legislación nacional, de elementos suficientes para la protección de las mujeres en los diversos ámbitos laborales y así conducir la productividad por caminos de máximo aprovechamiento.

Para la integración de la propuesta han sido considerados los trabajos de diversas organizaciones sociales tanto de mujeres como de trabajadores en general. Asimismo se han incluido las propuestas de trabajos individuales de investigadoras y académicas; la experiencia de otros países y la legislación nacional vigente en nuestro territorio.

La propuesta que estamos haciendo observa una inclusión transversal de disposiciones que regulen en áreas específicas la protección de las mujeres en el ámbito laboral, al tiempo que se reserva un capítulo especial destinado a la mujer, a la corresponsabilidad familiar y a sus derechos reproductivos, señalando en éste, que todas las disposiciones de este Título, son de carácter complementario, por lo que en ningún momento podrán aducir patrón alguno contradicción entre los principios jurídicos de la Ley Federal del Trabajo y las disposiciones propuestas.

Se presenta una puntualización de los conceptos de discriminación y de las medidas afirmativas, así como una prohibición expresa a todo tipo de discriminación negativa. Se incluyen disposiciones que deberán observar los patrones aun antes de iniciar la relación laboral, con el objetivo de superar el criterio de que no es posible proteger a las aspirantes a un puesto de trabajo, cuando no ha surgido una relación contractual.

En este contexto se observa tanto para la situación precontractual como en las condiciones generales de trabajo, la prohibición de aplicación o exigencias de exámenes de ingravidez.

A su vez se presentan propuestas para incentivar la capacitación de mujeres, procurando que esta capacitación se traduzca en verdaderas oportunidades de progreso laboral.

Especial atención se ha prestado a la violencia física o sexual, que se pueda presentar en contra de las mujeres en los centros de trabajo o bien por aquéllos que sostienen una relación laboral o profesional -termino señor presidente-.

Dada la importancia del rol productivo de las mujeres y de la participación de los hombres en las responsabilidades familiares, se prevén los derechos reproductivos y los derechos parentales, con la finalidad de equilibrar los efectos que el embarazo e integración y cuidado de la familia, impactan en el desarrollo laboral de las mujeres.

Igualmente se prevé la necesidad de integrar a la protección legal los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico, capítulo en el cual se presenta un reflejo de las propuestas más concurridas de este sector de trabajadoras.

Por lo que con fundamento en el artículo 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 35, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, esta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, para introducir de manera transversal, la perspectiva de género en la legislación labora".

Señor presidente, le solicito que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates y sea publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Tal como lo ha solicitado la diputada proponente, se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el señor diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa para adicionar los artículos 5, 27, 38, 49, 49 a), 182 y 182 a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

EL C. DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias, señor presidente. Le pediría que esta iniciativa se integre de manera total en el Diario de los Debates y voy a permitirme una breve descripción de su contenido.

Quisiera igualmente asentar que esta iniciativa es producto del diálogo con un grupo de jóvenes politólogos de diversas instituciones académicas que han formulado un conjunto de reflexiones valiosas sobre este tema.

El tema tiene que ver, compañeras y compañeros diputados, con el grave proceso de deterioro al que están sujetos los partidos políticos. Es evidente que, producto no sólo de la alternancia y de las nuevas condiciones de competencia política, sino también de ciertas deficiencias en la normatividad electoral, está sucediendo un fenómeno que pudiera ser pernicioso si esta asamblea popular, si el Congreso en su conjunto no toma medidas pertinentes y prontas para perfeccionar el marco electoral, especialmente en lo que toca a la vida interna de los partidos.

En este sentido hay tres temas que me parecen fundamentales y que quisiera abordar de una manera rápida.

En primer término, el derecho de los ciudadanos, afiliados o simpatizantes de los partidos políticos, a participar en procesos democráticos de selección de candidatos a puestos de elección popular.

En segundo lugar, la obligación legal de celebrar elecciones primarias al interior de cada uno de los partidos políticos y, en tercer término, la regulación de lo relativo al financiamiento de las precampañas electorales, así como su fiscalización y control legal.

En torno al primer tema cabe destacar que la legislación actual deja propiamente al criterio de las asambleas de los partidos el definir sus reglas internas. Un análisis comparativo de las reglas establecidas por cada uno de los partidos implica que hay un margen muy amplio de discrecionalidad. Lo estamos viendo en decisiones recientes prácticamente en todos los partidos que están ocasionando rupturas, tensiones, resquebrajamiento, incluso en algunas partes del territorio nacional, de algunos de los partidos políticos.

En este contexto la intención de la propuesta es evitar, hasta donde sea posible, la discrecionalidad existente, la cual ha originado un clima –ya decía yo—de incertidumbre al interior de los partidos.

Los ciudadanos que aspiran a ocupar un cargo de representación en el Congreso federal o en otros ámbitos del poder público se encuentran finalmente sujetos a tal discrecionalidad.

Con relación al segundo punto, la iniciativa que hoy se presenta establece la obligación de los partidos a celebrar elecciones primarias, de tal suerte que la elección de sus candidatos a puestos de elección popular cuente con una base sólida de transparencia y de legitimidad.

Cabe recordar al respecto que en no pocas ocasiones en todos los partidos, sin distingo, se alude a decisiones de naturaleza estratégica, equivalentes a la razón de Estado en el gobierno, que finalmente, al igual que en otras circunstancias, generan inconformidad y apatía entre la militancia y los simpatizantes de los partidos políticos.

Finalmente el tema del financiamiento de las precampañas, es evidente que la regulación sobre este tema ha venido evolucionando de una manera yo diría ejemplar, pero es también evidente que la alta competencia por el poder, sean los municipios, sean los estados o en los escaños del Congreso, está activando los modos de participación, a veces directa, a veces indirecta de grupos de interés.

No sería también extraño que pudiera darse eventualmente la participación de organizaciones ilícitas: Crimen organizado, narcotráfico, en aras de controlar territorios, distritos regiones para sus fines perversos de comisión de ilícitos.

Por tanto es indispensable la regulación de las denominadas precampañas. Igual todos los partidos que han realizado tentativas de elecciones primarias de diverso tipo, tienen problemas de inequidad, tienen problemas de disputa entre los propios precandidatos en relación a quien tiene más o menores recursos, o de dónde provienen tales recursos.

Por lo tanto compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa de reforma a los artículos 3, 27, 38, 49, 49-A, 182 y 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene el propósito de dar una base de mayor legitimidad y una norma menos flexible para normar la vida interna de los partidos en lo que toca a elecciones primarias, a elecciones de candidatos y al financiamiento de precampañas.

Quisiera, señor Presidente, dejar esta iniciativa y que se integre en sus términos en el Diario de los Debates.

Por último, dado que es ésta mi última participación ante esta Honorable Asamblea, quiero agradecer el privilegio que me ha permitido compartir con ustedes experiencias en este momento de cambio trascendente para la nación.

Tal como lo solicita insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el señor diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

- EL C. DIP. ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: El día de hoy vengo a esta tribuna para presentar una iniciativa que modifica la Ley General de Protección Civil y el Sistema Nacional de Protección civil.

"El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 prevé que el Ejecutivo Federal aumentará la capacidad preventiva del Sistema Nacional de Protección Civil y promoverá la mitigación de los efectos de los desastres.

"Es la Ley General de Protección Civil fundamento legal del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) el cual tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles cuya magnitud supere la capacidad de respuesta de las dependencias o entidades federales y de los estados integrantes de la Federación.

Sin embargo, la ayuda no siempre llega de manera oportuna a toda la población ni mucho menos que la rapidez y eficacia que se requiere en esos casos y en esos momentos tan difíciles para la población. Es de todos conocido como grupos políticos han utilizado y condicionado la ayuda económica y en especie a los damnificados, sean por un huracán, sea por un terremoto o sea por otra condición, así como también es conocido la manera anárquica en que se emite la declaratoria de un desastre natural, pues a pesar de ser visible el hecho de que el desastre natural ha provocado la pérdida de vidas humanas y materiales, la declaratoria que debía realizarse de manera expedita tarda en ocasiones meses para ser emitida por la Secretaría de Gobernación.

Además del tortuguismo de la misma Secretaría para emitir esta declaratoria y del uso discrecional de los recursos del Fondem por parte de muchos o de algunos grupos políticos que lucran con el dolor humano de los damnificados, que tienen que enfrentar la pérdida de sus bienes muebles e inmuebles. Así los damnificados, que pierden total o parcialmente su vivienda o un bien económico productivo, se les apoya con cargo a los recursos del Fondem para recuperar su vivienda o su bien económico productivo, apoyo que se otorga en especie o en dinero y que por lo regular llega a cuentagotas y en muchos de los casos ni llega.

Sin embargo, en estos casos se deja de lado el hecho de que no solo se pierde el inmueble sino además se pierde lo construido, toda una vida de esfuerzo y sacrificio de la población, pues en muchas ocasiones los bienes muebles representan para las familias humildes, la mayoría en este país, que se ven afectadas por un fenómeno natural, pierden prácticamente los recursos y los bienes de toda su vida.

Desafortunadamente el Fondem no representa para las familias pobres y de escasos recursos de este país reparar en parte o en su totalidad los bienes que han perdido. Ellos, la gente más humilde, es la que sufre las consecuencias de la burocracia y del tortuguismo, de la afectación de los desastres naturales. Estas familias, la gente humilde, ven perdido todo lo que construyeron como patrimonio durante muchos años. Hemos visto con pena, con tristeza, como durante muchos años hemos improvisado a sabiendas que cada año hay huracanes o desastres naturales que son reiterativos y vemos con dolor cómo los que tardan años en recuperarse son las familias de escasos recursos, que el tener un pequeño peculio en el seno de esa familia se pierde y que no hay forma de recuperarlo.

Por ello, estamos solicitando se otorgue ayuda no solamente para la recuperación de la vivienda o de activos productivos privados, sino también se otorgue ayuda, a través de un seguro de recuperación de bienes muebles, a las familias damnificadas que hayan perdido sus bienes básicos a consecuencia de un desastre natural. Es decir, hoy le planteamos al Fondem que crezca, que tenga la posibilidad de crear un seguro, a través del cual las familias de escasos recursos puedan recuperar su estufa, su sala o puedan recuperar un pequeño televisor o un radio o algunos enseres que se perdieron con ese fenómeno natural y que hasta la fecha no se recupera de ninguna manera.

Lo anterior con el objeto de recuperar la mayor parte de los bienes muebles indispensables para la sana convivencia de las familias afectadas. Dicha ayuda se deberá manejar en dos variantes: primero, para personas de escasos recursos, quienes ya mencionamos son las más afectadas en un desastre natural, otorgándole la ayuda al cien por ciento con cargo al seguro de recuperación de bienes muebles y para la recuperación de sus bienes básicos; y segundo, el otorgamiento de créditos blandos con cargo al mismo seguro de recuperación de Bienes Muebles y para la recuperación de sus bienes básicos; y

"Segundo.- El otorgamiento de créditos blandos con cargo al mismo Seguro de Recuperación de Bienes Muebles, a personas con ingresos superiores a los siete salarios mínimos, a fin de no verse afectada su situación económica al ver destruido su patrimonio construido con el sacrifico, el trabajo, la dedicación por años y en algunos casos de familias y sus generaciones.

"Para ello, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá contratar un fideicomiso público para apoyar en la recuperación de los bienes muebles de la población damnificada por un desastre natural.

"Por lo tanto, proponemos en este proyecto de reformas a la Ley General de Protección Civil, se reformen el artículo 1º en su fracción III y XIV del artículo 12 de la Ley General de Protección Civil, para quedar de la siguiente manera.

"Crear las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico-operativo, de servicio y de logística, que permitan prevenir y atender la eventualidad de un desastre, tomando en cuenta la recuperación mediata e inmediata de los bienes muebles e inmuebles de la población afectada. En el caso de los bienes muebles el Ejecutivo Federal deberá contar con un seguro que ayude a recuperar dichos bienes a la población damnificada por un desastre natural, ayudando de manera íntegra a las personas de escasos recursos y apoyando con créditos a las personas con ingresos superiores a los siete salarios mínimos; manejar el fondo revolvente para la adquisición de suministros de auxilio en situación de emergencia y de desastre, así como para apoyar a la población damnificada para la recuperación, reconstrucción y acondicionamiento de sus bienes muebles e inmuebles.

"Artículo segundo.- Se agrega una fracción al artículo 30 de la Ley General de Protección Civil, para quedar de la siguiente manera:

"Destinar recursos del seguro de Desastres para la recuperación mediata e inmediata de los bienes muebles de la población damnificada, poniendo especial atención a la población de escasos recursos.

"Artículo tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en el artículo 1º y 2º del presente decreto.

"Artículo cuarto.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Es pues esta iniciativa que esperamos que sea acogida por todos los diputados, en virtud que intenta proteger a los más humildes de este país, que son los que se ven más afectados con un desastre natural y que representa la pérdida de sus bienes muebles, la pérdida de su patrimonio y que algo hay que hacer por ellos.

-PRESIDENTE: Gracias señor diputado Hernández Raigosa, por sujetarse a los diez minutos, no obstante el retraso en la puesta en marcha del reloj.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Muy buenos días compañeras y compañeros diputados. Vengo a presentarles esta iniciativa para reformar fundamentalmente dos artículos de la Ley que creó el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Como parte del valioso esfuerzo legislativo para dar respuesta a la desesperante e impotente situación que desde hace años vienen arrastrando muchos ahorradores defraudados del país, fue aprobada recientemente por el Congreso --nosotros aprobamos- el decreto por el que se reformó y adicionó con diversas disposiciones la Ley del Fideicomiso que administra este Fondo del Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas y de Ahorro. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del pasado año 2002.

Cabe resaltar que la aprobación del contenido final de esta iniciativa por el Poder Legislativo, fue posible gracias al amplio consenso de los diferentes partidos políticos aquí representados que participaron en su construcción.

Dichas reformas tuvieron como objeto avanzar hacia una segunda etapa en la vigencia de la Ley y en la operación del Fideicomiso a que da origen, para seguir apoyando en la restitución de su patrimonio, a cientos de mexicanos defraudados que en virtud de algunas previsiones del texto original de dicho Ordenamiento, no habían podido ser beneficiados subsistiendo así el conflicto de origen.

Como resultado de ello se logró el objetivo de apoyar a muchas otras organizaciones que si bien se crearon y operaron de manera distinta a lo previsto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, o a la Ley General de Sociedades Cooperativas, sí realizaban actividades de ahorro y crédito por loq ue en estricto sentido cumplían con la misma finalidad.

Además se fortaleció el esquema financiero de las sociedades y asociaciones cuya viabilidad sea ideal para transformarse en entidades de ahorro y crédito popular, permitiendo apoyar a los ahorradores de las sociedades o asociaciones cuya insolvencia hubiere comprobado a través de un trabajo de auditoría contable y que con la redacción anterior de la Ley no tenían ninguna posibilidad de ser auxiliados.

Para concretar lo anterior, se incluyó en la diferenciación de sociedades que contempla el reformado Artículo 7 de la Ley, a las asociaciones y sociedades civiles que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas incluyéndose además bajo los mismos términos, a las sociedades de solidaridad social.

De igual forma, se señaló como requisito adicional para estos tres tipos de sociedades, el haber observado lo establecido por el Artículo 38-P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito durante el tiempo en que hayan realizado sus operaciones en forma permanente consistente en que los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos y que operan sin sujetarse a los requisitos exigidos por la citada Ley.

Deben de establecer, en forma destacada, en toda la documentación, que utilice para instrumentar las operaciones aludidas, que no son sociedades de ahorro y préstamo ni están sujetas a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria.

Sobre este particular, debemos advertir que si bien el propósito de establecer la exigencia que he señalado, sea acotar con mayor exactitud el tipo de sociedades en posibilidad de beneficiarse de los recursos del Fondo para el fortalecimiento de las sociedades cooperativas y de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores, lo cierto es que en la práctica ninguna de las sociedades que deseamos apoyar, cumple con dicho requisito, lo que les impide iniciar el proceso de reconocimiento ante el propio Fideicomiso.

Por esto, consideramos necesario derogar esta previsión del texto de la Ley, hay que quitar de los Incisos C) y D) de la Fracción I del Artículo 7º de la Ley de referencia, este señalamiento, toda vez que de dicho precepto es absolutamente claro en su redacción al señalar cuáles son los tipos de sociedades que podrán acreditarse como beneficiarias del Fondo, siendo innecesario y contrario a la voluntad d nosotros, del Legislador y a la finalidad de la propia Ley, el mantener la restricción que hoy representa el segundo párrafo del citado Artículo 38-P para que cientos de mexicanos cumplan el anhelo de ver recuperados sus ahorros.

De forma coherente y en atención a que el trámite legislativo de la presente Iniciativa significará un aplazamiento en el inicio de los procesos de reconocimiento de las sociedades que hoy se ven afectadas, es preciso modificar la fecha de 1º. De Junio del 2003 marcada por la Fracción V del Artículo 8º como límite para que las sociedades señaladas en la Fracción I del Artículo 7º cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo conforme a lo establecido en la Fracción II del Artículo 1º. de la Ley, acrediten haber iniciado los trámites para efectuar los trabajos de Auditoría contable con el propósito de determinar su insolvencia, ampliando el plazo para tal efecto hasta el 31 de diciembre del 2004.

No podemos permitir que una vez más, una circunstancia intrascendente y de orden menor, se convierta en un obstáculo legal insalvable que impida continuar hacia la solución definitiva de una problemática infinitamente sensible para la sociedad mexicana.

Los diputados de diversas entidades federativas del país, que recibimos de viva voz el reclamo de nuestros representados, debemos culminar hasta su completo éxito el esfuerzo emprendido hace ya varios meses para restituirles en alguna medida el patrimonio.

Por lo anterior, hacemos esta propuesta compañeras y compañeros diputados, que sin duda servirá para poder seguir adelante con el esfuerzo que hicimos en el primer año de esta Legislatura; con el gran esfuerzo que se hizo para poder lograr los presupuestos necesarios y obtener los recursos para integrar a este fideicomiso el gran esfuerzo que se logró con el consenso de todos ustedes, de todos los partidos políticos aquí representados, porque todos votaron a favor de las reformas que propusimos se plantearan a esta ley.

Porque hubo varias iniciativas, de diversos partidos políticos, fueron varios los grupos parlamentarios que presentaron este asunto ante esta máxima tribuna, mismas que con el consenso de todos ustedes se logró que tanto en las comisiones respectivas como aquí en el Pleno, en el pasado mes de diciembre se votaran a favor.

Por eso hoy, compañeras y compañeros, vengo a pedirles encarecidamente que cerremos este capítulo en la vida legislativa de esta Legislatura; que cerremos este capítulo en el dolor y la tristeza de cientos de mexicanos que perdieron sus ahorros ante cajas que los defraudaron; que cerremos este gran esfuerzo que hemos realizado todos; que sumemos nuestra voluntad y demos este último empujón aprobando esta iniciativa por la que estamos proponiendo se reforme la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Estoy seguro que sus electores, que todos los mexicanos, se los van a agradecer.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos para presentar iniciativa de reforma al artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación, el señor diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los abajo firmantes, diputados federales de la LVIII Legislatura, someten a esta soberanía la iniciativa de reforma del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación bajo la siguiente:

El 18 de mayo de 1992, en el marco del proceso global de descentralización y federalización que se promovió desde la cima del Estado Mexicano, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El acuerdo tuvo como propósito unir los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno para extender la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la educación; asimismo, se proponía resolver los rezagos educativos, enfrentar los retos futuros, comprometer recursos crecientes para la educación pública, reorganizar el sistema educativo y revalorar la carrera magisterial.

El acuerdo establecía que a fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República, celebrarían en esa misma fecha convenios para concretar responsabilidades en la coordinación y operación del Sistema de Educación Básica y Educación Normal.

De conformidad con esos convenios, a partir de entonces correspondió a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos de los que la SEP se había hecho cargo hasta entonces. Para darle sustento a ese acuerdo el Gobierno Federal en 1993, promovió la transformación del marco legislativo que norma la educación a fin de enmarcar el nuevo rol que desempeñarían los actores educativos, tanto sociales como institucionales.

Ese proceso de federalización de la educación básica significó una amplía transformación de la organización del Estado Mexicano, para garantizar el derecho a la educación, lo cual implicó pasar de un modelo basado en la impartición exclusiva de los servicios por parte de la Federación, a otro basado en la atención de los servicios por parte de los gobiernos estatales bajo un conjunto de facultades y responsabilidades concurrentes.

Desde la firma de acuerdo y luego con la expedición de la Ley General de Educación, los gobiernos de las entidades federativas asumieron el control de la educación básica, todos excepto el Distrito Federal, la razón no era que éste no fuera una entidad federativa, pues a pesar de que el Distrito Federal no lo es plenamente, contaba desde entonces con todas las atribuciones para hacerse cargo de los servicios educativos.

La razón de no transferir el control de los servicios básicamente fue de orden político y se estableció justamente por medio del artículo 4° transitorio que hoy buscamos reformar. Este artículo puntualmente señala: " el proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical".

Mediante, este candado el Gobierno Federal sujetó el proceso a la disposición y voluntad de las secciones sindicales y de la dirigencia nacional del CENTE, pero en 10 años muchas de las cosas en este terreno han cambiado sustancialmente, ha cambiado con respecto a que existe un Gobierno del Distrito Federal, que hay un Jefe de Gobierno, que hay un proyecto educativo. Ha cambiado de tal modo que durante la Primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se creó la Ley de Educación para el Distrito Federal, ley que fue objetada por el gobierno de Zedillo y que sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante esa demanda de controversia constitucional falló a favor del Gobierno del Distrito Federal.

Hoy en día también se cuenta con la anuencia de buena parte de los trabajadores de la educación, de las secciones 9, 10 y 11 del CENTE que se encuentran en el Distrito Federal, cuyas corrientes se han expresado por una amplia descentralización de los servicios, entre otros en el primer Congreso de Educación Pública en la ciudad de México llevada a cabo en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal, a lo largo del 2002.

En este Congreso se pronunció por completar ya la transferencia de los servicios educativos a partir de acordar con el Gobierno del Distrito Federal, cuestiones como estudiar el cómo se financiará el costo salarial y de prestaciones de los trabajadores, calcular cuánto cuesto la descarga académica para preparar clases y cuánto cuesta el año sabático, todo ello para hacer una transferencia que cumpla con la Ley de Educación del Distrito Federal. Asimismo, se resolvió demandar que esta federalización se lleva a cabo garantizando, sobre todo, lo que se mantiene en el artículo 3° constitucional.

Todas estas demandas se han venido consensando con varias expresiones del magisterio en el Distrito Federal y se inscriben plenamente en el proyecto educativo del Gobierno del Distrito Federal, que en sólo dos año de gestión ha constituido un subsistema de Educación Media Superior con 16 preparatorias y un subsistema de Educación Superior junto con la Universidad de la ciudad de México.

Con la transferencia de los servicios educativos se daría un mayor impulso a estas políticas educativas para un mejor gobierno en el Distrito Federal. Según datos de la propia SEP para 2002, los servicios educativos del Distrito Federal dispusieron en conjunto de un presupuesto autorizado por la Federación del orden de 20 mil millones de pesos. Actualmente el gobierno ejerce respecto del nivel básico recursos propios, sólo por el mantenimiento de escuelas, el cual para el ciclo 2002-2003 se estimó poco más de 700 millones de pesos. Cabe señalar que el Gobierno del Distrito Federal tampoco recibe recursos para la educación, del Ramo 33.

Hoy, diez años después, existen mejores condiciones para que las propias dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de las seccionales 9, 10 y 11 promuevan que el Gobierno del Distrito Federal asuma ya la dirección de los servicios de educación básica para con ello beneficiar a los más de casi 2 millones de alumnos en este nivel educativo.

Con lo que respecta al Gobierno Federal, en marzo del 2002 la Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Silvia Ortega Salazar, manifestó que antes de que concluya el sexenio de Vicente Fox la transferencia de los servicios educativos al Gobierno capitalino se habrían cumplido.

Reconocemos lo complejo del proceso, pero resulta a todas luces pertinente que luego de dos años y medio de gestión y de que de hecho el proceso de descentralización está mandatado por la ley desde hace diez años, es tiempo de concretarlo, mas cuando está plenamente claro que es una demanda de la mayoría de la ciudadanía en este Distrito Federal. Es el momento de tomar decisiones sobre este proceso de federalización y para ello sólo se necesita la voluntad política del Gobierno Federal y el acuerdo con el SNTE, pues el Gobierno del Distrito Federal tiene proyecto, políticas y la suficiente solvencia administrativa para hacerse cargo de esta importante función social.

Es con ese propósito y con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, que me permito presentar la siguiente propuesta de reforma al artículo 4º transitorio de la Ley General de Educación:

Propuesta de decreto. Artículo único. Se reforma el 4º transitorio de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículos transitorio primero, segundo y tercero quedan igual. Artículo 4º: "El proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial básica, incluyendo la indígena y especial en el propio Distrito, se concluirá a más tardar el inicio del ciclo escolar 2003-2004, para lo cual se acordarán los términos con la organización sindical.

"A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial básica, incluyendo la indígena y especial, que los artículos 11, 13 y 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias, corresponderán en el Distrito Federal a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado, entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente ley".

Transitorio. "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 25 de marzo de 2003.

Solicito a la Presidencia sea turnada ésta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Firman la presente el profesor Juan Nicolás Callejas, del PRI, el profesor y diputado Oscar Ochoa Padrón, del PAN y su servidor por el Partido de la Revolución Democrática.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el señor diputado Arturo León Lerma a nombre de integrantes de diversos grupos parlamentarios, para presentar una iniciativa de adición a los artículos 100 Bis y 473 de la Ley General de Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 100 Bis y 473 a la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan los artículo 100 Bis y 473 a la Ley General de Salud, con la finalidad de prohibir la clonación humana con fines de reproducción de individuos genéticamente idénticos, especificándose las sanciones correspondientes al tenor siguiente:

Los avances de las ciencias biomédicas y de la biotecnología, hacen posible en la actualidad mejorar la calidad de la vida y de la salud de los seres humanos y estos importantes logros también pueden ser utilizados en contra de la propia vida humana, de la dignidad de las personas, así como de la violación de los derechos humanos.

Lo anterior obliga a todos, especialmente a los legisladores a generar leyes y normas jurídicas que propicien la investigación clínica y científica en apoyo al desarrollo de técnicas y tecnologías biológicas que contribuyan a elevar los niveles de calidad de vida y salud, pero que en ese contexto se establezcan métodos que permitan valorar las posibles consecuencias que deriven de las aplicaciones del conocimiento científico.

Derivado de lo anterior, a continuación se detallan las bases jurídicas, científicas, tecnológicas y éticas para prohibir la práctica del procedimiento de clonación humana con fines de reproducción de individuos genéticamente idénticos.

Primero.- Es un hecho y universalmente aceptado que derivado de los conocimientos científicos y tecnológicos surgido del desarrollo de la medicina y de la biología, el ser humano ha sido capaz de modificar genéticamente las características de los organismos vivos, el conocimiento generado y acumulado le ha posibilitado lograr en experimentos genéticos, la obtención de animales y plantas de mayor calidad, resistencia a plagas y otras cualidades.

Igualmente hemos sido testigos del descubrimiento de la estructura molecular de los genes y los mecanismos de duplicación y transmisión de los caracteres hereditarios, de la capacidad de modificar la expresión de proteínas, la posibilidad de manipular los genes y crear embriones o a través de la clonación considerando la producción de éstos mediante técnicas instrumentales, lo cual nos obliga a analizar estos hechos desde el punto de vista científico, sociológico, filosófico y jurídico que permita legislar para conducir la investigación científica hacia el beneficio del ser humano.

Segundo.- La vida humana tiene su origen y desarrollo en un proceso gradual compuesto por una serie de fases que comprende desde la fecundación hasta la formación del feto.

La fecundación desde el punto de vista médico-biológico, inicia al momento en que se unen los gametos femenino (óvulo) y masculino (espermatozoide), pasa por la formación del cigoto y culmina en la mitosis o primera división celular, llegando a este punto se forma el embrión de dos células, blastómeros, las que posteriormente se agrupan formando un conjunto compacto de células que recibe el nombre de mórula.

Las células de esta fase embrionaria son totipotentes porque cada una de ellas, por separado, puede dar lugar a un embrión entero, así como originar cualquier linaje de células.

Ahora bien, la totipotencialidad de las células es una característica efímera, pues dura apenas el lapso que va del segundo al tercer día posterior a la fecundación ya que partir del séptimo día y después de sucesivas divisiones celulares, la mórula se convierte en blastocisto, el cual consta de una capa externa y otra interna de células. Las células de la masa interna del blastocisto, adquieren progresivamente un cierto grado de especialización que permitirá la formación, a partir de ellas, de cualquier tipo de tejido celular del cuerpo humano, pero no pueden producir un organismo completo, por tanto son células pluripotenciales en tanto que carecen de la propiedad de la totipotencialidad.

Debe señalarse que en la fase de blastocisto todas las células son iguales y no se puede tener la certeza de que en esas primeras células aportadas por ambos gametos, con igual número de cromosomas, se encuentren determinadas las cualidades genéticas del proyecto, ya que sólo podemos hablar del mismo y de embarazo hasta la implantación del embrión en el útero de la mujer.

La palabra clon se define en el Diccionario de la Lengua Española como estirpe celular o serie de individuos pluricelulares nacidos de ésta, absolutamente hopomogéneros desde el punto de vista de su estructura genética, equivale pues a estirpe o raza pura.

Algunos autores consideran en el sentido estricto, incorrecta esta definición que enfatiza la homogeneidad genética absoluta entre clones, ignorando la existencia de los 37 genes mitocondriales que en la clonación se derivan exclusivamente de la madre, mientras que en la reproducción sexual se heredan de la combinación completa de los cromosomas paterno y materno.

Asimismo es necesario puntualizar que la clonación es un fenómeno fisiológico normal, tanto a nivel celular como individual: a nivel celular la clonación o multiplicación es responsable del crecimiento, proceso que permite la construcción y la conservación de los organismos multicelulares normales, mientras que el nivel individual explica la existencia de embarazos múltiples univitelinos, cada uno de los productos proviene del mismo cigote original, que después de la primera o segunda división, ocurridas a partir de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, siguieron su propia evolución.

Por otra parte, el procedimiento conocido como clonación artificial más relevante, es el experimento de clonación de mamíferos, que tuvo lugar en Edimburgo, Escocia, en el año de 97, con el nacimiento de la oveja Dolly,. Llevado a cabo por los científicos escoceses Ian Wilmut y Campbell con sus colaboradores del Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo.

La novedad de este acontecimiento, es que era el primero en lograr una clonación artificial en un mamífero usando el núcleo de una célula diferenciada, una célula epitelial de un conducto mamario, de una animal adulto.

El hecho del que se hace referencia demostró que se podía aumentar la rapidez del proceso de reproducción selectiva, pero la eficiencia de la clonación artificial era muy pobre, tuvo lugar después de 277 fusiones ovocito-núcleo del donante. Sólo 8 de las 277 iniciaron el desarrollo embrionario, y de esos 8 embriones uno sólo llegó a nacer: la oveja Dolly.

Esto significa que de acuerdo a los resultados obtenidos por los científicos, en este caso existió menos de 1% de factibilidad de que la clonación concluyera exitosamente. DE manera lenta pero segura, se ha ido incrementado el grado de efectividad en las sucesivas experimentaciones, sin embargo, de acuerdo con el estado actual de la ciencia, es recomendable prohibir la clonación reproductiva.

Ahora bien, puede distinguirse una modalidad de la clonación, que no tiene como finalidad la reproducción, esta es la investigación biomédica básica y clínica, cuyo único fin es desarrollar métodos terapéuticos y de diagnóstico de enfermedades, en virtud de que las células pluripotenciales, son las que ofrecen mayores posibilidades de aplicación clínica y la experimentación con este tipo de células, puede conducir a solucionar el problema de falta de órganos destinados a trasplantes, ya que a partir de las células madres, se pueden producir órganos o en su caso restablecer el correcto funcionamiento de un órgano dañado mediante transferencia celular.

Con base en las diversas fases evolutivas del embrión descritas en el Considerando Segundo, podemos afirmar que el manejo de embriones en la etapa anterior a su implantación en el útero, no pone en riesgo alguno la dignidad personal, puesto para que ésta exista no es suficiente la identidad genética dada por el ADN. Si así fuera cada célula desechada sería un atentado contra la dignidad personal.

En esta etapa, el embrión preimplantatorio empleado para extraer células madres, es una masa indiferenciada de células en fase de blastocito aun no individualizada.

Con este tipo de intervención sobre el embrión preimplantatorio, de ningún modo se puede decir que se destruya a un individuo humano o menos aun que se esté afectando el desarrollo de una persona.

Antes de la implantación, es jurídicamente viable el manejo del embrión, sin que esto implique desconocer que el embrión preimplantatorio, al igual que el embrión y el feto, sin tener el carácter de r, es un bien constitucionalmente protegido.

La pertinencia de prohibir la clonación reproductiva, no tiene porqué implicar la prohibición para la manipulación de embriones preimplantatorios. El Tribunal Constitucional de España en sentencia 116/1999, derivada del Recurso de Inconstitucionalidad 376/1989 promovido por diputados Grupo Parlamentario Popular contra la ley 351988 del 22 de noviembre de técnicas de reproducción asistida, señala que los preembriones no implantados ni con mayor razón los simples gametos son a efectos personas humanas, ya que los preembriones in vitro no gozan de una protección equiparable a la de los ya transferidos al útero materno.

El Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana en sentencia del 25 de febrero de 1975, reconoció que según los conocimientos fisiológicos y biológicos de la vida humana, existe desde el día 14 que sigue a la fecundación. Se argumenta que el uso de las células troncales adultas pueden evitar la utilización de tejido embrionario, sin embargo éstas son poco numerosas, presentan dificultades para su identificación, aislamiento y purificación, sólo tienen capacidad para formar un número limitado de células especializadas.

No existe, hasta la fecha, una población aislada de células troncales adultas que permitan formar todos los tipos de células del organismo, hay un número insuficiente de células para ser trasplantadas y no se replican indefinidamente en cultivo.

Por lo tanto, se propone modificar el texto original de la iniciativa para quedar como sigue:

EL C. DIPUTADO ARTURO LEON LERMA.- Artículo 1º. Se adiciona el artículo 100 bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 100 bis. "Está prohibida toda actividad que tenga como finalidad realizar cualquier tipo de clonación humana con fines de reproducción de individuos genéticamente idénticos. Se entiende por clonación humana el procedimiento artificial y asexual mediante el cual se induce a la duplicación o multiplicación del material genético de un individuo en forma idéntica, con el objeto de reproducirlo sin distinción por el método, técnica o tecnología utilizadas para conseguir tal propósito.

La investigación con células frontales con fines terapéuticos y de investigación, se sujetará a lo que establecen los títulos quinto y décimo cuarto de esta ley, así como a las demás disposiciones aplicables".

Artículo 2º. Se adiciona el artículo 473 a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 473. "Al que realice acciones de clonación humana para reproducir individuos genéticamente idénticos, se les impondrá prisión de 4 a 10 años y multa por el equivalente de 4 a 10 mil veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate; si interviniesen profesionales, técnicos o actividades de las disciplinas para la salud, se les aplicará además suspensión de 3 a 5 años en el ejercicio profesional, técnico y auxiliar y hasta diez años más en caso de reincidencia".

Firman esta iniciativa los diputados del PRI. Policarpo Infante, Samuel Aguilar, María de las Nieves García Fernández, María Luisa Araceli Domínguez, Federico Granja Ricalde y Eduardo Abraham Leines Barrera, Héctor Nemesio Esquiliano Solís y un servidor, Arturo León Lerma; y por el Partido de la Revolución Democrática: Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Adela del Carmen Graniel Campos, Magdalena Socorro Núñez Monreal y por el Partido Verde Ecologista la diputada Julieta Prieto Fuhrken.

EL C. PRESIDENTE.- Insértese en el Diario de los Debates el documento que entrega el ponente como si a la letra se hubiese leído en tribuna.

El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que modifica al diverso por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal; el Código Federal de Procedimientos Civiles del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es el dictamen relativo a la solicitud de permiso de las ciudadanas Brenda Eugenia Saldivar Maldonado y Norma Alicia Domínguez Rodríguez para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ.- Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

En consecuencia se pide a la secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.

-DIP. SECRETARIA MA. DE LAS NIEVES GARCIA FERNANDEZ: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Brenda Eugenia Saldívar Maldonado y Norma Alicia Domínguez Rodríguez, para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

-PRESIDENTE: Se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

-MISMA SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal del proyecto de decreto.

Consulte la secretaría a la Asamblea si en virtud de que ha sido publicado el dictamen con proyecto de punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, se dispensa su lectura y se autoriza se lea nada más el Resolutivo del mismo.

-MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza que se dé lectura únicamente al Resolutivo del punto de acuerdo.

-PRESIDENTE: En consecuencia dése lectura al Resolutivo del dictamen con proyecto de punto de acuerdo.

"UNICO. Se solicita a la Secretaría de Salud para que a través del Centro Nacional de Trasplantes, establezca una jornada de información, concientización y afiliación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la cual facilite la inscripción de los diputados y el personal de la Cámara, al Registro Nacional Voluntario de Donación de Organos y Tejidos".

Mesa directiva, diputada Ma. Eugenia Galván Antillón, diputado Eduardo Leines Barrera, rúbrica; diputado Rafael Martínez, secretario, rúbrica: diputada Adela Graniel Campos, secretaria; diputado Héctor Esquiliano Solís.

No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a consultar a la asamblea en votación económica, si se aprueba el Punto de Acuerdo.

-MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una excitativa a las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores.

EL C. DIPUTADO VICTOR MANUEL DIAZ PALACIOS: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: voy a solicitarle a la presidencia sea tan amable de girar instrucciones a la secretaría para que esta excitativa sea plasmada en su totalidad en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta parlamentaria, y me iré directamente a los antecedentes.

El 12 de noviembre del 2002 presenté, a nombre del grupo parlamentario, una iniciativa de ley sobre los derechos humanos de los migrantes. El 13 de diciembre de ese mismo año hice una excitativa a esas dos comisiones que se hace relación y hasta la fecha no se ha hecho el dictamen correspondiente en uno o en otro sentido.

Aquí llama mucho la atención, compañeras y compañeros legisladores, que sobre todo en este momento en que está el mundo convulsionado, en donde nos damos cuenta que los derechos humanos no se están respetando y en donde diferentes compañeros legisladores han sido entrevistados en los medios de comunicación, como el diputado Tarcisio Navarrete, como el diputado Acosta, del PRD, y sin embargo, ellos que son miembros de esta Comisión y que son de la mesa directiva, no han puesto el entusiasmo para que esta iniciativa sea dictaminada.

Yo aquí quiero hacer una reflexión con ustedes y preguntarles cómo podemos exigir los mexicanos que se respeten los derechos de los connacionales en otros países cuando en México violentamos sistemáticamente los mismos de las personas que vienen de diferentes países y que tienen la necesidad de cruzar por nuestro territorio nacional.

Cuando en diferentes ocasiones los parlamentarios mexicanos que hemos tenido la oportunidad de tener un intercambio bilateral, sobre todo con Estados Unidos, y al hacer mención de que deben respetarse los derechos humanos de nuestros paisanos, de inmediato recibimos el reclamo de los estadounidenses en donde nos cuestionan, y con razón por cierto, en qué estamos haciendo los mexicanos.

En este momento, señoras y señores legisladores, no tenemos absolutamente nada que garantice el derecho de los migrantes. México está perdiendo su tradición de un país que siempre ha sido convergente con los pueblos hermanos, sobre todo de América Latina y el Caribe y por supuesto Centroamérica.

En este momento no vemos en dónde está la voluntad de los legisladores de estas comisiones.

Por lo antes expuesto, señor presidente, ruego a usted haga la excitativa conducente a estas dos comisiones para que puedan dictaminar en uno u otro sentido en este único término.

En los términos de lo dispuesto por los artículos 21 de la fracción XVI del Reglamento paras el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite y envíe el presente documento a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y la de Relaciones Exteriores para que presenten el dictamen respectivo a la iniciativa de ley sobre derechos de los migrantes, presentada el 12 de noviembre del 2002, a nombre del grupo parlamentario del PRI.

Quiero aprovechar estos últimos segundos para agradecer, señor presidente, su solidaridad, su conducción, su imparcialidad para los trabajos que se están realizando y agradecerles a los compañeros y compañeras diputadas la suerte que tuvo un servidor de poder convivir con ustedes, ya que ésta es mi última intervención en esta tribuna.

- LA C. DIP. ERIKA SPEZIA (desde su curul): Señor Presidente, era para pedir una moción de orden para poder escuchar al orador que acaba de bajar de tribuna. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Solicito a la asamblea guardar silencio y escuchar al orador en turno.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Relaciones Exteriores, para que emitan el dictamen correspondiente.

En virtud de que es la segunda excitativa, se fija el día 13 de abril para que se presente a la asamblea.

Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, hasta por cinco minutos.

Compañeras diputadas; compañeros diputados: El 16 de abril del año 2002 presenté a esta asamblea un proyecto de reforma a la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de nuestro país, con la finalidad de que se restableciera el requisito de que el Presidente de nuestro país fuera mexicano, hijo de padres mexicanos por nacimiento.

En ese momento recordaba que el mandato de nacionalidad mexicana para los padres de cualquier presidente mexicano, lo decretaron los constitucionalistas revolucionarios de 1917. Estos próceres frenaron los peligros a la patria por los antecedentes de los tecnócratas porfiristas que con José Ives Limantur pretendieron en su momento que hijos de extranjeros dirigieran los destinos de la nación mexicana.

El mandato nacionalista de la Constitución mexicana del 17, fue modificado en la administración del Presidente Salinas, cuando el gobierno pactó con el PAN las reformas legales que permitieron a Vicente Fox Quesada, ser candidato presidencial.

El rompimiento de este mandato histórico nacionalista obedeció a un interés de las élites del poder sin ningún beneficio para el pueblo mexicano porque ni razones históricas ni de Estado existían para reformar la Constitución.

Hay quienes argumentan que reglamentar la nacionalidad de los padres de un presidente es un prejuicio, un desfase histórico y es discriminatorio. A estos razonamientos les adjudican cierto sustento por asumir la vigencia del multiculturalismo en sociedades globales cada vez más integradas e interdependientes.

Sin embargo debemos de reconocer que las peculiaridades de nuestro país hacen de la lealtad, del patriotismo y del nacionalismo, factores de cohesión, de unidad, de fortaleza para el tejido comunitario y de arraigambre a una sociedad que tiene muy en alto su independencia, soberanía y libertad.

El sentido de pertenencia a este conjunto de valores, de símbolos, de arquetipos, de tradiciones, lo hemos desarrollado los mexicanos por los acontecimientos históricos que nos han moldeado.

Episodios trágicos han marcado el imaginario nacional: Invasiones y agresiones extranjeras han enfrentado la firme determinación de los mexicanos por preservar nuestra independencia y libertad.

La identidad mexicana se ha construido en las particularidades de la historia patria que así como hemos contado con el valeroso concurso de extranjeros heroicos como Javier Mina y los patriotas del Batallón de San Patricio, también hemos sufrido afrentas imperiales desde el exterior que han reafirmado nuestro nacionalismo.

La contrarreforma constitucional del artículo 82 en el gobierno del Presidente Salinas nunca demostró sustento de Estado o de naturaleza estructural indispensable. Las consecuencias las tenemos ahora a la vista: la dirección de un país con hondas raíces históricas y nacionales debe garantizar la lealtad a la patria. El comportamiento del actual mandatario ha dado muestras de privilegiar, en muchas ocasiones, intereses extraños a los de México. No podemos permitirlo de nuevo.

En virtud de lo anterior es que solicito a esta mesa directiva que exhorte a la Comisión Legislativa a la que se turnó el proyecto de reforma mencionado, con el objeto de que pueda dar celeridad a su opinión y se consulte a esta asamblea.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (PAN): De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.

Tiene la palabra el diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una excitativa a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, hasta por cinco minutos. Quien solicita se posponga para la siguiente sesión.

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

- EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA (PAN): Con su permiso, diputado Presidente.

"El suscrito, en mi calidad de diputado integrante de la LVIII Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación al pleno la iniciativa de decreto que reforma los artículos 3, 6 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que las entidades federativas publiquen las fórmulas variables utilizadas y montos de los recursos que distribuyen entre los municipios, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

El 10 de diciembre del 2002 presenté una iniciativa de reforma a los artículos 3, 6 y 36 de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, con el propósito que las entidades federativas publiquen en sus órganos de difusión estatales las fórmulas y variables utilizadas, así como los montos de los recursos federales e ingresos estatales que distribuyen entre sus municipios. Esto con el fin de fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos, así como garantizar el acceso de la ciudadanía a la información.

La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información aprobada en esta Cámara, constituyó un avance significativo en la democratización del país, puesto que propicia mayor claridad en el ejercicio público, al tiempo que incentiva una participación ciudadana más consciente, ampliando el interés por exigir una rendición de cuentas a los gobernantes. Esta acción representa un logro en el sentido de garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener información sobre el Poder Ejecutivo Federal.

Es por esta razón que la participación de los gobiernos estatales cobra tanta relevancia. Las entidades federativas no deben quedarse al margen de estos avances significativos, para hacer del ejercicio público un ejercicio responsable.

Hablar de un auténtico federalismo significa asimismo la rendición cabal de cuentas sobre el ejercicio y la distribución de los recursos públicos a los municipios, toda vez que son éstos los más cercanos a las necesidades de los mexicanos.

Conocer la forma en que los recursos son asignados por los estados a los municipios, permite una planeación y asignación adecuada de los recursos. En este sentido cabe recordar que hoy en día y conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación transfiere y distribuye recursos entre las entidades federativas en base en fórmulas establecidas.

En contraste, algunos estados distribuyen los recursos municipales basándose en criterios variables y poco transparentes, por lo que es indispensable avanzar tanto en el establecimiento de reglas de distribución claras, como en la difusión de los montos y mecanismos de asignación de los fondos. Estos avances fomentarán el desarrollo municipal, a la vez que la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

La problemática descrita supone que las capitales de los estados así como los municipios que discrecionalmente resultan favorecidos con mayores recursos, presentan no solamente un mayor desarrollo sino también mayores oportunidades de continuar un crecimiento. Esto mantiene y de hecho profundiza la desigualdad en nuestro país.

Definir y transparentar criterios de asignación desde una perspectiva que considere la desigualdad existentes y el desempeño en la gestión a la par de difundir la información, permitirá un desarrollo más homogéneo e integral en las entidades federativas y, por consiguiente, elevará los indicadores nacionales de bienestar.

En la medida en que las entidades federativas transparenten el uso de los recursos que transfieran a los municipios, la población podrá participar para avalar o desaprobar el ejercicio público con base en el conocimiento de la realidad. Esta podrá también involucrarse en el proceso de toma de decisiones por parte de los gobiernos, el establecimiento de metas acordadas a las necesidades específicas de cada localidad y a la planeación, ejecución y evaluación de acciones que garanticen su consecución.

Únicamente a través de la transparencia y la difusión de la distribución de los recursos federales que reciben los gobiernos estatales y municipales, se podrán alcanzar mejores formas de acciones de gobierno. Más aún, estas mejoras se traducirán en el fortalecimiento y fortalecimiento institucional que México demanda y que la democracia nos exige.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted Presidente de la Cámara de Diputados, pido se sirva:

"Único.- En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presenten un dictamen que corresponda a la iniciativa de decreto pro el que se modifiquen los artículos 3, 6 y 36 de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, presentada el 10 de diciembre del 2002 y turnada a dicha Comisión".

-PRESIDENTE: De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se obsequia la petición y se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.

Tiene la palabra el Diputado Arturo Herviz Reyes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Excitativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería .

-EL C. DIPUTADO ARTURO HERVIZ REYES.- Con su permiso señor Presidente. Con fundamento en los Artículos 21º Fracción XVI, 87º y 91º del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi carácter de Diputado Federal de esta LVIII Legislatura, solicito a usted, hacer presente que ha transcurrido el plazo reglamentario para que se presente el Dictamen de la siguiente Iniciativa.

Iniciativa de Ley de la Industria de la Caña de Azúcar presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del martes 26 de diciembre del año 2000 por un servidor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente de la Mesa Directiva que estaba en funciones turnó el asunto a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados para su examen yd dictamen correspondiente.

Han transcurrido más de dos años tres meses sin que la Comisión antes citada haya resuelto sobre la Iniciativa a su consideración, siendo un tema de conflicto por la situación de crisis estructural que vive el campo cañero y ante la apertura de los aranceles del 100% en el año 2008 establecidos en el Apartado Agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Por ello la Iniciativa establece que el rescate de la industria azucarera de México es una responsabilidad de todas las instancias de Gobierno, es una tarea de todos los Poderes del Estado , la modernidad integral es un compromiso insoslayable para generar las bases del rescate y fortalecimiento institucional del sector generando las políticas rectoras para un desarrollo sustentable.

La protección de nuestra agro industria ante la apertura comercial, el cambio de fondo en la práctica y métodos operativos, la investigación y desarrollo de proyectos para diversificar la producción y el consumo, buscar el mejor aprovechamiento de la infraestructura con el fin de optimizar los recursos existentes.

Todo lo anterior debe ser en este momento una prioridad nacional para sostener este sector importante de nuestro país.

Iniciemos la reconstrucción del campo mexicano con leyes adecuadas a los tiempos que vivimos. Por todo ello y con apego a la normatividad del Congreso General, atentamente solicito:

UNICO.- Se excite a nombre de la Cámara de Diputados a la Comisión de Agricultura y Ganadería para que presente el Dictamen correspondiente a la Iniciativa de Ley de la Agro Industria de la Caña de Azúcar, presentada ante el pleno en la sesión del martes 26 de diciembre del 2000.

-EL C. PRESIDENTE. De conformidad con lo que se establece en el Artículo 21º Fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Agricultura y Ganadería para que emita el Dictamen correspondiente.

Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales hasta por cinco minutos.

En virtud de no encontrarse presente en la Asamblea, se pospone para próxima sesión.

Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social, para presentar una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, hasta por cinco minutos.

- LA C. DIP. BEATRIZ PATRICIA LORENZO JUÁREZ: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados.

ANTECEDENTES: Con fecha 17 de septiembre del año 2002, la suscrita diputada presentó a consideración de esta soberanía, un decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral, la cual fue turnada para su dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social en la misma fecha.

El mencionado decreto tiene un propósito lo suficientemente importante para ser dictaminado lo más pronto posible, por las comisiones mencionadas, a saber:

Dar lugar al mejoramiento en las condiciones de vida de la población económicamente activa en México y sus dependientes y principalmente de los trabajadores de menos ingresos.

CONSIDERACIONES: Defender y promocionar el ejercicio pleno de los derechos laborales, es una obligación prioritaria de este Congreso. El desarrollo del ámbito laboral no se alcanzará si no existe una visión de justicia social y género, la cual únicamente puede impulsarse desde el seno de esta Cámara con leyes que respondan a las reales perspectivas de la población económicamente activa.

Así, la justicia social debe ser un soporte del trabajo remunerado ya que ésta solidariza al conjunto de la sociedad.

Los principios morales no envejecen, son siempre vigentes por ello la flexibilización de las leyes no puede ir en contra de la voluntad mayoritaria.

La legislación laboral debe ser congruente con los tiempos modernos, de lo contrario existirán en ella grandes vacíos y contrariedades que en nada ayudan al avance democrático del país. Asimismo, el Legislativo debe tener cuidado de legislar a vapor ya que ello únicamente lesionará los derechos de los trabajadores de México.

Un marco normativo laboral que de forma velada, destruye el equilibrio, la justicia social, será siempre contradictorio a la realidad; por ello, las mejoras en la legislación laboral deben beneficiar a ambas partes, tanto a empleadores como a trabajadores.

Las reformas legislativas en materia laboral deben ser prácticas y no sólo enunciativas. La experiencia y la teoría deben lograr una integración para evitar que los errores de interpretación sólo conlleven a errores tácticos y estos a fracasos seguros de efectos desastrosos y tengamos esto presente.

Sólo mediante el fomento del respeto a la diversidad y la equidad podremos lograr que el ámbito laboral sea competitivo en beneficio del país y de los trabajadores asalariados del sector formal.

Ante una legislación laboral inadecuada a las perspectivas sociales, la competitividad en la producción puede convertirse en explotación laboral, siendo precisamente el ámbito laboral en donde las actitudes de discriminación se dan con mayor claridad y crudeza.

La discriminación por género en el mundo laboral es una actitud que propicia la involución democrática del país en su conjunto, por propiciar la baja calidad en vida de las familias mexicanas.

El deterioro físico y síquico individual provocado por una precariedad laboral, puede convertirse en un mal colectivo, en un mal social que en nada favorece al desarrollo nacional.

La explotación que tiene lugar en el mundo laboral, tiene su raíz en la manipulación de las conciencias que condiciona la libertad de pensamiento y por ende la capacidad de rebelarse, aún de forma pacífica, siendo ésta última la forma deseable en toda civilización pero siempre y cuando ésta fuera tomada en cuenta por las autoridades correspondientes.

La capacidad organizativa del mundo del trabajo no está a discusión, pero la participación de los trabajadores debe dar lugar no sólo a la existencia de obligaciones sino también de derechos; así, la movilización social es el reflejo claro de la falta de democratización sindical.

Conocemos cuáles son los problemas del ámbito laboral; una y otra vez reflexionamos sobre los mismos pero nos falta actuar para obtener resultados positivos y palpables, tanto a corto como a largo y mediano plazo.

Para el Partido Alianza Social, los trabajadores no son sólo costos de producción, son individuos que han construido, construyen y construirán el futuro del país. La unidad nacional debe ser la base de toda reforma laboral, sólo así se reforzará la democracia participativa en el ámbito laboral de nuestro país.

Para el Partido Alianza Social, una auténtica y democrática reforma laboral en México debe respetar las leyes existentes; actualizar las que sea necesario y evitar ante todo reformarlas a conveniencia de los grupos de poder y en contra de los intereses nacionales.

Por lo anteriormente expuesto y en términos del artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de la Unión, solicito respetuosamente lo siguiente:

UNICO:- Se envíe excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social para que emita el dictamen respectivo al decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral, presentado el 17 de septiembre del año 2002 por la suscrita, en sesión ordinaria del mismo día y turnada a dichas comisiones en la misma fecha.

Salón de sesiones de esta Cámara de Diputados, con esta fecha y suscribe una servidora. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública para que emita el dictamen correspondiente.

Tiene el uso de la palabra para formular una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Narciso Alberto Amador Leal.

Tiene el uso de la palabra para formular una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social el diputado José Antonio Calderón Cardoso hasta por cinco minutos.

La excitativa que presentaremos en este momento tiene que ver con la anterior que presentó la diputada Beatriz Lorenzo, toda vez que Alianza Social presentó una propuesta integral en materia laboral. La anterior fue para reformar el artículo 123 constitucional y la que en este momento vamos nosotros a hacer de su conocimiento, es para que se dictamine cuanto antes la iniciativa con proyecto de decreto que crea el Código Laboral Federal y de Procedimientos, que fue turnada para su dictaminación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Por primera vez durante esta Legislatura, el Poder Legislativo dejó de ser una comparsa del Ejecutivo y se convirtió en un autentico freno de los excesos a los que orilla el poder, cuando no se está preparado para ejercerlo o cuando no se sabe que hacer con el. Lograr la viabilidad del país requiere de reformas estructurales, pero éstas no deben dar lugar a la imposición de voluntades, ya que en los problemas que afectan a todos, todos tienen derecho de opinar.

La transición hacia una nueva democracia debe abarcar obviamente el ámbito laboral. El aparato corporativo sindical debe cambiar y dar lugar a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de México. El ámbito laboral en México es un segmento de la realidad nacional que exige la atención del Poder Legislativo, los derechos labores no son un asunto menor, son la base de un auténtico desarrollo nacional, ya que sin trabajo digno no hay desarrollo.

El clima político se caracteriza por las divergencias que nada ayudan a dar lugar al ambiente de civilidad que requiere urgentemente nuestro país. Es tiempo que en el ámbito laboral, la democracia se inserte por medio de una democracia participativa en donde la voz y la acción de los trabajadores sean la base de las acciones a emprender. Para ello, es necesario que los cambios a la legislación laboral se realicen en base a una perspectiva a genero, para transformar de fondo y no sólo de forma el mundo laboral.

El fin último de toda política pública es elevar la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad. Cuando una ley no da lugar a ello, pierde todo sentido. Los modelos neoliberales del pasado aplasta todo intento de cambio presente, las políticas retrogradas no favorecen en nada al ámbito laboral y por el contrario, niegan la posibilidad a la existencia de un futuro más humano.

La capacidad productiva del país no está desarrollándose y por lo tanto, la generación de empleos dignos es inexistente. Sin duda la competitividad requerida en la planta productiva para enfrentar exitosamente el fenómeno de la globalización, no es algo de lo que hoy podamos sentirnos orgullosos. El aumento del subempleo y el desempleo es un problema principalmente económico, pero también incide en lo laboral, ya que la falta de inversión y las erróneas políticas económicas son las causantes de las crisis de empleo por las que atraviesa el país.

Sin duda, si no existe el mejoramiento de las condiciones de trabajo, no podemos hablar de una reforma laboral de avanzada. El desempleo, la inestabilidad del empleo temporal y la precariedad en las condiciones de vida, producto de una remuneración deficiente y en las más de las ocasiones ofensiva para el trabajador, son la antesala de un conflicto social incontrolable. La administración pública no se legitima ya únicamente por el voto ciudadano, ahora se exige de las instituciones de gobierno eficacia y resultados oportunos.

La democratización de los sindicatos modificaría las viejas estructuras corporativas que en gran medida han frenado el desarrollo nacional, en lo que al ámbito laboral se refiere. Asimismo, mientas los sectores productivos no participen en el proceso de convocatoria y discusión de nuevas condiciones de trabajo en el ámbito laboral, toda reforma carecerá de validez y significará un retroceso, no un avance.

Justicia, equidad y cooperación son bases sobre las cuales debe sustentarse una política laboral que tenga por objetivo dar a la población económicamente activa y a quienes dependen de ella, una vida digna. Contrario a lo anterior, el Estado ha tenido un raquítico papel como impulsor de una oferta de empleo digno, con todo lo que ello implica. El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de velar por el bien de los más desprotegidos, por ello la lucha parlamentaria y la participación ciudadana son dos pilares que sostendrán la fortaleza presente y futura del mundo laboral.

Finalmente, queremos con esta iniciativa lograr un equilibrio que promueva la justicia en el ámbito del trabajo, que distribuya obligaciones entre quienes crean las fuentes de empleo y quienes producen, pero que también compartan los derechos y particularmente los beneficios económicos para unos y para otros.

Por lo anterior y en términos del artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior, solicitamos respetuosamente lo siguiente:

Punto único. Se sirva esta Presidencia formular excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que emita el dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que crea el Código Laboral Federal y de Procedimientos, presentada con fecha 24 de septiembre del 2002 por el suscrito, en sesión ordinaria y turnada a dicha comisión en la misma fecha.

EL PRESIDENTE: De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se excita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que emita el dictamen correspondiente.

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una excitativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Presupuesto y Cuenta Pública.

Dé lectura la Secretaría a la comunicación recibida por el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene la propuesta de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LA SECRETARIA, DIP. MARIA D ELAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ: Diputado Armando Salinas Torre, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presente:

El que suscribe, Salvador Cosío Gaona, en mi calidad de diputado de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que proceda al análisis, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes de los asuntos que me permito presentar al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes. Primero. Con fecha 22 de enero del 2003 el suscrito presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma al artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para incrementar el porcentaje deducible en el pago del gravamen por consumos en restaurantes, la cual fue turnada en esa misma fecha para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dos. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 29 de enero del 2003, un servidor presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para eliminar el Impuesto Especial a las Aguas Minerales y Naturales Gasificadas, misma que aún se encuentra en análisis y dictamen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tres. Con fecha 26 de febrero del 2003, ante la Comisión Permanente presenté una iniciativa que deroga el artículo 3º transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, para reducir su tasa al 3%, la cual fue turnada en esa misma fecha a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen.

Consideraciones. Después de valorar el impacto causado por las reformas en materia fiscal que esta soberanía aprobó en diciembre pasado, un servidor presentó las iniciativas mencionadas con la finalidad de apoyar aquellos sectores que necesitan apoyos e incentivos fiscales para poder seguir funcionando. Además, no hay que perder de vista que la situación que mundialmente atravesamos no permite su crecimiento, situación por la cual es necesario que cuidemos la fuente de empleo de miles de familias que viven de dichos sectores.

De manera muy detallada, en cada una de las iniciativas, se fundamentan las razones por las cuales es necesario que razonemos sobre eficacia de modificar los ordenamientos legales antes expuestos.

Es por ello, que una vez vencidos los términos que indica el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al no existir dictámenes sobre ellos ni solicitud de prórroga, me permito presentar esta excitativa, por lo que vengo a solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, se sirva efectuar la excitativa propuesta en los términos siguientes:

Primero.- Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que proceda a analizar la discusión y en su caso aprobación del dictamen correspondiente a la iniciativa de reforma al artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para incrementar el porcentaje deducible en el pago del gravamen por consumos en restaurantes, la cual fue turnada en esa misma fecha para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentada el 22 de enero del 2003.

Segundo.- Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara de Diputados a que dictamine la iniciativa de reforma, diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para eliminar el Impuesto Especial de las Aguas Minerales y Naturales Gasificadas, propuesta el día 29 de enero del 2003.

Tercero.- Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara de Diputados, a que dictamine la iniciativa que deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al impuesto sustitutivo del crédito al salario para reducir su tasa a 3%, presentada el 26 de febrero del 2003.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de marzo del 2003.

EL PRESIDENTE: De conformidad con lo establece el artículo 21 de la fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que emita los dictámenes correspondientes.

Solicito a la Secretaría, dé lectura a la Comunicación recibida por la Junta de Coordinación Política.

EL PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si es de admitirse en el orden del día la solicitud de los señores coordinadores de los grupos parlamentarios.

EL DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si es de admitirse en el orden del día el dictamen que acaban de presentar los coordinadores parlamentarios a esta Mesa Directiva.

EL PRESIDENTE: En tal virtud, dé lectura la Secretaría al dictamen presentado por la Junta de Coordinación Política.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura y se pone de inmediato a discusión y votación.

-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la presidencia con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Unico del Proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados que soliciten el uso de la palabra, se pide a la Secretaría abra el registro electrónico por diez minutos para proceder a la votación nominal del Proyecto de Decreto.

-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

Abráse el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que prorroga la fecha para la entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri. Legisladores de 1913".

Tiene la palabra la diputada Julieta Prieto Furhken del Partido verde Ecologista de México, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicite se inicie la planeación de un período extraordinario hasta por cinco minutos.

-LA C. DIPUTADA JULIETA PRIETO FURHKEN: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. La dinámica política quev vive actualmente nuestro país y que nos impulsa a renovar de nuestro marco jurídico, es una de las primicias que nos debe ocupar a nosotros, los legisladores, en aras del trabajo parlamentario, comprometido con las necesidades reales de la población que representamos.

Para nadie, hoy, es extraño el hecho de que no existen los consensos para la elaboración de una agenda legislativa, en la cual sería necesaria la participación y acuerdo a las diversas fuerzas políticas con representación de ambas Cámaras, que contribuyendo con el futuro de nuestro país, deben colaborar con una actitud de civilidad política con oportunas acciones, como es la de realizar las funciones legislativas aun fuera de los períodos ordinarios de sesiones.

Debemos evitar que la operatividad de la Cámara responda a intereses más partidistas que a intereses parlamentarios, todos aquí presentes, sabemos que el proceso electoral y la propia elección federal, marcarán un cierto tinte de competencia electoral en todos los trabajos legislativos que se realicen en el Congreso de la Unión hasta el domingo 6 de julio.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que en este período ordinario de sesiones, podemos avanzar en la metida y rezago de dictámenes de diversas iniciativas que se encuentran en las Comisiones que componen esta Cámara de Diputados.

Consideramos también que las reformas estructurales que requiere el país, podrían ser tratadas en un período posterior a la jornada electoral, tiempo propicio para que maduren los acuerdos parlamentarios para estas reformas.

En el órgano de gobierno de la Cámara e Diputados, se haya la Conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos, a quien le corresponde dirigir los trabajos y supervisar el cumplimiento de las atribuciones de las Comisiones de Dictamen y el correcto funcionamiento del programa legislativo.

El Artículo 38 de la Ley Orgánica, es el que otorga funciones de ejecución de las políticas y acuerdos de la Conferencia, para la dirección y programación de los trabajos legislativos.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde solicita a esta Asamblea, se turne a dicha Conferencia la presente proposición con Punto de Acuerdo, para buscar los consensos necesarios entre distintos grupos parlamentarios y la voluntad de la Mesa Directiva de ambas Cámaras, para concretar las esperadas reformas a diversos órdenes legales que sin duda son necesarias para realizar objetivos planteados para las diversas fuerzas políticas representadas en este Congreso de la Unión.

La Cámara de Diputados es patrimonio del pueblo y en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia; atentar contra ella y no realizar las acciones conducentes para solventar sus compromisos con los mexicanos, es pues, destruir no sólo la pluralidad de nuestra Nación, sino negar en la práctica toda la posibilidad de vida democrática.

Hoy hay quienes utilizan las diversas políticas para arreciar las diferencias de opinión y así capitalizar en beneficio de los intereses que protegen en detrimento de los auténticos representantes, quienes contribuyen el sostén de nuestras instituciones y quienes necesitan del cambio en las leyes mexicanas para un verdadero desarrollo.

Conforme a los anteriores considerandos y argumentos y con fundamento en el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, artículo 4º., numeral cuarto y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne de inmediato el presente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados para que se acuerde el siguiente:

UNICO. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, para que convoque a un período extraordinario de sesiones del 15 de julio al 31 de agosto, en el que se tratarán las reformas a los temas energético, laboral, fiscal, así como todos aquellos temas en los que existan las coincidencias necesarias para una agenda legislativa.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz información relativa al asesinato del diputado José María Guillén Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Callejas Arroyo, hasta por cinco minutos.

Punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades correspondientes del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, informen sobre los avances y el estado que guarda la investigación del homicidio del C. diputado federal José María Guillén Torres.

Los diputados federales integrantes de diferentes fracciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 55 fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente propuesta que contiene el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a las autoridades de la Procuraduría de Justicia del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, informen de manera exhaustiva sobre los avances y el estado que guarda la investigación que se realiza, para el esclarecimiento del homicidio del diputado federal José María Guillén Torres.

El pasado 7 de enero la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sufrió una irreparable pérdida, producto de la violencia y de la cobardía anónima como herramienta para dirimir diferencias. Nuestro compañero, el diputado José María Guillén Torres, fue cobardemente asesinado cuando se trasladaba en compañía de su hermano y de su hijo, el cual también falleció y su hijo resultó gravemente herido.

El día 8 de enero la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo donde expresó, entrecomillo: "su absoluto repudio al asesinato del diputado federal José María Guillén Torres. Su absoluto repudio a la violencia como forma de dirimir conflictos. su absoluto y total rechazo a que el estado de derecho sea sustituido por formas violentas y apartadas de la ley y exige a las autoridades estatales en el ámbito de su competencia, el esclarecimiento absoluto de los hechos".

El día 25 de marzo de 2003 la secretaría de la Cámara de Diputados dio cuenta de los oficios producto del Punto de Acuerdo descrito anteriormente que remiten el C. LIc. Humberto Aguilar Corona, subsecretario de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación y el Lic. Rafael Díaz Garreli, secretario particular de la Secretaria General de Gobierno en el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, donde sólo señalan que -entrecomillo- "La Procuraduría de Justicia del Estado, está realizando una investigación exhaustiva al respecto".

Nuestra Constitución establece en su artículo 61, la inviolabilidad de los legisladores federales que le confiere al presidente de cada una de las Cámaras, velar por el respeto del fuero constitucional de sus miembros y el respeto a la inviolabilidad del Recinto.

Por lo tanto, estamos obligados a tomar una postura enérgica para manifestar nuestra indignación y hacer las acciones necesarias para que las autoridades responsables esclarezcan este lamentable hecho.

Como diputados federales no sólo repudiamos este cobarde homicidio, sino que exigimos su esclarecimiento; que los miembros de esta Soberanía y la opinión pública sólo cuentan con la información periodística que ha sido publicada o emitida por los medios de comunicación.

Y a más de dos meses es necesario que los miembros de esta Cámara de Diputados cuenten con información fidedigna sobre la investigación de este homicidio, así como las acciones que se han realizado con el propósito de encontrar a los responsables para que se le aplique la ley y se fortalezca nuestro estado de derecho.

Que esta Cámara de Diputados lamenta este hecho, como también nos consterna la violencia y los homicidios de hombres y mujeres, niños y ancianos que ocurran en cualquier lugar del país y del mundo. En cualquier caso, la ley debe imperar, obliga a todas las autoridades de procuración de justicia a hacer las investigaciones para esclarecer cada uno de ellos, pues sólo así la ciudadanía tendrá la certeza que la vida humana es el bien jurídico tutelado más importante en nuestro régimen jurídico.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 55 fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales, sometemos a consideración de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente Proposición de urgente y obvia resolución, con punto de acuerdo:

"UNICO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita a las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, informe de manera exhaustiva sobre los avances y el estado que guarda la investigación que se realiza para el esclarecimiento del homicidio del diputado federal José María Guillén Torres".

Firman diputados de todas las fracciones parlamentarias aquí representadas en la misma.

-PRESIDENTE: Consulte la secretaría a la Asamblea si se le considera de urgente resolución.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

EL C. PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

Se ha registrado el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, en pro del dictamen.

En tal virtud, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Manuel del Río Virgen, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: vengo a pedirles su voto por dos razones fundamentales: primero, porque se trata de un legislador de la República, compañero de nosotros, que fue masacrado, fue masacrado en el estado de Veracruz y no solamente el procurador del estado de Veracruz ha estado con toda lentitud enviando los informes que requerimos aquí.

Un grupo de legisladores, en la Comisión Permanente pasada, solicitamos incluso que se atrajera este caso por la Procuraduría General de la República. Nosotros creemos que es muy importante que sea la PGR la que atraiga este caso porque nosotros creemos que, por tratarse de un legislador de la República, porque fue un crimen en una carretera federal y porque se usaron armas de grueso calibre, es muy importante que sea la PGR la que atienda este caso.

Las razones son que está fundado y motivado que es un delito de carácter federal y entonces tendríamos todos los informes que hoy se están solicitando al gobierno del estado de Veracruz y particularmente a la Procuraduría de Justicia del estado, de mi estado, del estado de Veracruz.

Compañeras y compañeros, lo que le pasó al diputado José María Guillén Torres es un acto de elevada cobardía. Las amenazas que están sufriendo algunos legisladores no deben por ningún motivo, por ningún motivo deben detener el trabajo de los legisladores.

EL C. PRESIDENTE: Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutido. Consulte la secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición.

LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.

Tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se tomen acciones directas en torno a la decisión de los despachos que se niegan a entregar los papeles de trabajo sobre auditorías al Fobaproa.

EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados: el pasado 12 de marzo la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados recibió un comunicado firmado por el representante legal del despacho Galaz Yamazaki y Ruíz Urquiza por el que se nos informa que el ciudadano juez 5º. de lo civil, en respuesta a la demanda interpuesta el 5 de marzo del presente año por cuatro bancos, ha apercibido a este despacho para que se abstenga de entregar a cualquier tercero, incluyendo al IPAB, al Fobaproa y a la Cámara de Diputados, los papeles de trabajo que forman parte del estudio realizado por el canadiense Michael W. Mackey.

Considerando Primero.- Que el 23 de septiembre del año pasado la Junta de Gobierno del IPAB aprobó llevar a cabo las auditorias que ordena el artículo 5º. transitorio de la Ley del IPAB y que la Auditoria Superior Instruyó que se llevaran a cabo desde el mes de septiembre del año 2000 para proceder posteriormente al canje de pagarés del FOBAPROA por pagarés del IPAB.

Segundo.- Que como consecuencia de ello el 10 de octubre del 2002, esta Cámara de Diputados solicitó a los despachos Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza y Leal y Martín Contadores Públicos, una copia certificada de los papeles generados durante la elaboración del estudio que llevaron a cabo con el canadiense Michael W. Mackey.

Tercero.- Que los despachos citados anteriormente hicieron caso omiso de este comunicado, por lo que esta Cámara tuvo que girar dos solicitudes posteriores: Una el 15 de enero del presente año y la más reciente, el 27 de febrero.

Cuarto.- Que la dilación con que actuaron los despachos permitió que la demanda interpuesta por los bancos prosperara, a grado tal que nuevamente los bancos han obtenido una orden para retrasar el proceso ordenado por esta Cámara de Diputados y plasmado en el artículo 5º. transitorio de la Ley del IPAB.

Quinto.- Que el contrato celebrado entre la Cámara de Diputados y el Despacho Leal y Martín, establece textualmente en su cláusula séptima lo siguiente:

"Toda la información y documentación fotocopiada o que quede en poder del Despacho, deberá ser devuelta directamente a la Cámara de Diputados".

Sexto.- Que la propia resolución del juez quinto de lo civil reconoce la existencia del FOBAPROA.

Séptimo.- Que el artículo 7º. transitorio de la Ley del IPAB establece "El Instituto sujeto a la condición a que se refiere el párrafo siguiente, en protección de los derechos de terceros, de buena fe, y para proveer a la más expedita recuperación de los bienes, asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes a aquellos de capitalización de compra de cartera.

Que lo anterior quiere decir que el IPAB no asumió las deudas derivadas de los programas de compara de cartera,, por lo que es el FOBAPROA a quien debe enfrentar estos pasivos sin recursos fiscales.

Que el representante legal del Despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, es el licenciado Francisco Forastieri, quien es además el representante en México de Michael W. Mackey.

Que lo anterior es un claro conflicto de intereses, ya que después de haber prestado sus servicios para la Cámara de Diputados, en la actualidad actúa en contra de esta Cámara y en contra del interés único.

Que un objetivo de esta Cámara de Diputados debe ser el de reducir el costo del rescate bancario y que los papeles de trabajo son elemento esencial para llevar este objetivo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva se turne a la Conferencia para la Dirección Programación de los Trabajos Operativos de esta Cámara de Diputados lo siguiente:

Primero.- Que se inicien a la brevedad los procedimientos jurídicos necesarios para demandar a los despachos Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza y Leal Martín Contadores Públicos.

Segundo.- Que apoyados en la Ley de Adquisiciones del Sector Público, se veten a los despachos antes citados para que no puedan prestar sus servicios a ninguna entidad pública rescindiéndoles cualquier contrato.

Tercero.- Que se instruya al IPAB y a la Comisión Nacional Bancario y de Valores para que apoyados en lo dispuesto por el artículo 7º. Transitorio de la Ley del IPAB, se desconozcan los pagarés de capitalización y compra de cartera de las instituciones bancarias: Bital, Banorte, Banamex y Bancomer.

Cuarta.- Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta Cámara de Diputados, demande al licenciado Francisco Forastieri por conflicto de intereses, para que no pueda actuar como representante de los despachos antes citados.

Quinto.- Que la Conferencia para la Dirección y Programación e los Trabajos Legislativos de esta Cámara de Diputados, solicite la presencia en la Comisión de Vigilancia de quienes formaron parte del Comité de Contrataciones de los Trabajos de Mackey, para que expliquen el espíritu jurídico de los contratos que se firmaron con los despachos, así como sus cláusulas de confidencialidad.

Atentamente, diputado Manuel Galán Jiménez, del PRI; diputado Francisco Cárdenas Elizondo, del PRI; diputado José María Eugenio Núñez Murillo, del PAN; diputado Amado Olvera Castillo, del PAN, diputado José Antonio Arévalo González, del Partido Verde; diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; y el de la voz, por parte del PRD, José Antonio Magallanes Rodríguez.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE (PAN): Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2003, hasta por cinco minutos.

- EL C. DIPUTADO AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Con su autorización, Presidente.

Vengo a esta tribuna en defensa de la Constitución. Vengo a esta tribuna a defender la dignidad del Poder Legislativo y específicamente de la Cámara de Diputados. El artículo 49 de la Constitución que expresa la lucha de más de 300 años del constitucionalismo mundial, establece con claridad que el Poder Legislativo no puede recaer en una sola persona.

Ustedes seguramente recuerdan que he venido a esta tribuna a hablarles de los problemas, de la tragedia, de la drogadicción en nuestro país. Como millones de personas han caído en las garras de la droga y hoy son un problema de salud, un problema de seguridad pública y también un problema de seguridad nacional.

Presenté una iniciativa para que el Ejecutivo Federal en este ramo, pero sabiendo que esa iniciativa no podía ser tratada en lo que restaba del periodo anterior, me dí a la tarea de buscar un fondo para rehabilitar a más de un millón y medio, muchos de ellos el 0.4 por ciento de la población nacional menores de 18 años, para rehabilitarlos con fondos federales.

Convencí a las fracciones parlamentarias y el dictamen que se aprobó el 15 de diciembre, en la madrugada del 16, según el anexo de un documento que presenté a la consideración de todos ustedes como Documento Uno, muestra el cuadro en el cual se aprobó un fondo de 200 millones de pesos para la rehabilitación e investigación sobre adicciones, un programa que había yo desarrollado con el Instituto Nacional de Siquiatría para hacer una gran convocatoria nacional para que todas las organizaciones no gubernamentales, los estados y las autoridades federales pudieran participar y rehabilitar en este año al mayor número de personas y poder con esto aliviar la tragedia de muchas familias mexicanas.

El día 17 de diciembre el Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, obedeciendo el mandato de esta asamblea, firmó un oficio dirigido al Secretario de Salud, mismo que he entregado a ustedes, intitulado Documento Dos, donde refleja con exactitud lo aprobado por esta asamblea.

Sin embargo, el día 9 de enero, sujeto a presiones que no tengo por qué comentar ni conocer pero que conozco su hecho concreto, se emitió un nuevo oficio falsificando el anterior y falsificando la voluntad expresa de esta asamblea. Este oficio, también fechado el día 17 de diciembre pero entregado, según consta en el sello por la Secretaría de Salud, el 10 de enero, modifica total y absolutamente lo aprobado por esta soberanía en la sesión del 15 de diciembre: ¡le quita 150 millones al Fondo de Rehabilitación, le quita 50 millones al hospital de Oaxaca, le quita autoritarismo y que ahora las cosas se toman democráticamente?

-DIP. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Señor Presidente, le pido que me autorice leer el punto de acuerdo.

"Primero.- Se notifique al titular del Ejecutivo Federal que el monto adicional aprobado para la Secretaría de Salud en la sesión celebrada el día 15 de diciembre del 2002 por la Cámara de Diputados, fue de la siguiente manera:

"Fondo para el tratamiento de rehabilitación e investigación de la población adicta, 200 millones de pesos; Hospital de la Mujer en Puebla, 40 millones de pesos; Hospital de la Mujer en Zacatecas, 40 millones de pesos; Reinicio de la clínica del IMSS de la región carbonífera en Sabinas, Coahuila, 50 millones de pesos; Construcción del Hospital de Tercer Nivel en Oaxaca, 100 millones de pesos; Hospital Universitario de Nuevo León, 100 millones de pesos; IMSS Solidaridad, 300 millones de pesos; otros programas, 70 millones de pesos.

"Segundo.- Iniciar una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República en contra del diputado Luis Pazos, por falsificación de documentos.

"Tercero.- La destitución del diputado Luis Pazos de la Torre, como Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, por haber modificado unilateralmente el Presupuesto del 2003, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados el 15 de diciembre del 2002.

"Cuarto.- Inicio del procedimiento de declaración de procedencia ante la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados para la pérdida de su carácter de diputado federal".

Tiene la palabra el diputado Adolfo Zamora Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en apoyo a los cuentahabientes del INFONAVIT.

"Compañeras y compañeros Legisladores: Comprometidos con la causa de los mexicanos que han dejado los mejores años de su vida al servicio de nuestro país, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea la proposición con Punto de Acuerdo para la derogación del artículo 29 fracción II de la Ley del INFONAVIT.

"La Constitución Federal de la República en su artículo 123 fracción XII de su Apartado "A" y la Ley Federal del Trabajo en el Título Cuarto, capítulo 111, artículos del 136 al 150, señalan que las aportaciones patronales al INFONAVIT integrarán un Fondo Nacional de la Vivienda como un fondo colectivo y solidario a favor de las necesidades de vivienda de los trabajadores.

"Que la nueva ley precisa que esas aportaciones serán propiedad de cada uno de los trabajadores, debiendo abonarse a la cuenta individual que la AFORE seleccionada por el trabajador le abran a su favor.

"Que nuestra Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo, prevén que las aportaciones patronales al INFONAVIT deberán ser administradas por el propio instituto, la nueva ley hace compartir esa administración con las Afores a través de la captación de las subcuentas de vivienda, elaboración del Contrato de Administración de Fondos para el Retiro y designación de beneficiarios, control de cargos, abonos y rendimientos, saldos, estados de cuenta, transferencias de aportaciones y contratación de pensiones a costa de tales aportaciones, entre otras.

"La Constitución General y la Ley Federal del Trabajo, señalan que el INFONAVIT será el encargado de establecer el Sistema de Financiamiento para la Vivienda de los Trabajadores. La nueva Ley del INFONAVIT permite que las entidades financieras privadas otorguen financiamiento a cuenta de 14 fondos de la subcuenta de vivienda del trabajador, sólo por citar los aspectos esenciales.

Siendo la Ley del INFONAVIT un ordenamiento reglamentado y subordinado a la Constitución y a la Ley Federal de Trabajo, no puede ir contra la letra de esos ordenamientos superiores sino a costa de su constitucionalidad.

Por tanto, la nueva Ley del INFONAVIT es inconstitucional de origen, de acuerdo con el Artículo 29 Fracción II de la nueva Ley del INFONAVIT en relación con su Artículo 5º. Transitorio , tenemos que el tope máximo salarial es 25 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal.

El Artículo 29 Fracción II de la nueva Ley del INFONAVIT contradice el Artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo que establece, como tope máximo , el de diez veces el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

Este incremento es favor de los Bancos y del Fisco. Que las aportaciones son propiedad de los trabajadores y que los derechohabientes no se niegan a pagar su adeudo ante el Instituto. Queda claro.

Por otro lado, el Artículo 8º Transitorio previene que las aportaciones hechas por el trabajador y que opte por pensionarse conforme a la anterior Ley del Seguro Social, pasarán a propiedad del Gobierno Federal para el pago de pensiones, responsabilidad exclusiva del Gobierno como lo dice el Artículo 12º Transitorio de la nueva Ley del Seguro Social; o bien, pasará la totalidad de las aportaciones a propiedad de las Aseguradoras para el otorgamiento de una pensión a los demás trabajadores, pensiones que son de la exclusiva responsabilidad del IMSS.

Las aportaciones no se depositan materialmente en la Sub cuenta de Vivienda la cual sólo lleva una administración virtual o contable de tales aportaciones pues continúan como Fondo Nacional de la Vivienda en el Banco de México y administradas por el INFONAVIT según el Artículo 43.

Por todo lo anterior no preguntamos: ¿cómo puede el Instituto seguir administrando y otorgando créditos y en general disponiendo de tales fondos que ya no son de su propiedad? Pero, sobre todo, ¿cómo puede hablarse de un Fondo Nacional de la Vivienda cuando la mayor parte de tales recursos van a ir a parar a los bancos al otorgar créditos y co- financiamientos a los trabajadores y financiamientos para la construcción de conjuntos habitacionales?.

Esto solamente permite a los bancos inyectarse con los dineros sociales destinados a las viviendas, al INFONAVIT, por eso elevamos nuestra enérgica protesta y pedimos un Punto de Acuerdo que señalamos,

Primero: El congelamiento del monto de crédito considerado este en pesos y en moneda nacional a partir de la fecha en que fueron otorgados, no en salarios mínimos como está actualmente.

Segundo:- Que los intereses aplicados al crédito otorgado, sean cancelados de inmediato, fundamentando esta petición en el carácter y espíritu social que sustentó la creación del INFONAVIT.

Tercero.- Que las amortizaciones y las aportaciones patronales sean aplicadas, única y exclusivamente, para amortizar el crédito otorgado y no a los intereses generados.

Por último, Cuarto.- Los descuentos que se le realicen al trabajador para amortizar el crédito otorgado, no rebase el 15% sobre el salario-base, no considerado de esta manera la integración del salario.

Dejo en esta Mesa Directiva mil expedientes, solamente en el caso de Tapachula, Chiapas, de los casos relacionados a este asunto, como una muestra presentada de lo que ocurre en el INFONAVIT en nuestro país y solicito se turne a la Comisión de Vivienda. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE. Túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social y de Vivienda.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Petra Santos Ortiz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos investigue el caso de los ejidatarios de Cananea, presos en el Estado de Sonora, hasta por cinco minutos.

En México seguimos observando que la lucha por la justicia y los derechos de los mexicanos continúa siendo una constante en nuestros tiempos; el Estado, como garante de los derechos de los gobernados no ha terminado de conformarse como una institución que de certidumbre al actuar de los ciudadanos.

La persecución de activistas políticos por parte de las autoridades es un elemento que abona a la falta de condiciones para ejercer el derecho a la justicia y es el antecedente inmediato de la impunidad. Tenemos en nuestra historia un largo historial de luchas políticas que generalmente las vemos representadas entre los más poderosos frentes a los que tienen menos capacidad para responder a las acciones agresivas en su contra.

El caso que expongo es de tres personas que han visto violentados sus derechos humanos simplemente porque han exigido justicia al derecho de información y de restitución de tierra. Desde el ’92, a raíz de la reforma del artículo 27 que permite al sector privado participar en la compra de terrenos ejidales, se registró en el Estado de Sonora que campesinos de los ejidos de Mascareño, de Nogales, Los picos, de Aguaprieta, Bajío de Guadalupe, San Lázaro, San Pedro, Zaragoza, Cuauhtémoc, entre otros, que colindan con la frontera con Estados Unidos fueron despojados de sus tierras con engaños.

Esto motivó que los campesinos protestaran y desde hace cinco años se organizaron para que les sean devueltas sus tierras. A partir del ’94, los campesinos de los ejidos mencionados han registrado serias arbitrariedades del despojo que ha sido el principal, porque los han dejado sin sus tierras, los cuales fueron otorgados por decreto presidencial, tierras que no se pueden vender ni traspasar o ceder, solamente se pueden ceder en caso de ser ejidatario, hijo de ejidatario, o avecindado, poseedor de tierras en el mismo ejido y que haya vivido durante un año.

Las personas que ahora disfrutan de la posesión de terrenos ejidales nunca han radicado en el núcleo de población ejidal; son personas que recientemente han llegado a los mismos. La venta de los terrenos se realizó con la complicidad de algunas autoridades.

Los ejidatarios sonorenses han estado denunciando que los terrenos ejidales han sido utilizados de manera distinta a como deberían. La lucha por la tierra es constante en la historia de México, sin embargo ahora adquiere características nuevas por la cercanía que tiene con los Estados Unidos.

Los ejidatarios presos son Cosme Sandoval López, Pablo César Sandoval Vázquez, quienes se encuentran encarcelados desde el lunes 2 de diciembre del 2000 y que han estado incluso afectando su salud, y sus hermana perseguida Claudia Sandoval Vázquez, solicitó a la Cruz Roja de Tucson, enviara una comisión para que vea el estado de salud de los presos.

Los tres delitos por los que se les imputa una pena, carecen de legitimidad porque el robo del automóvil no está ya que en una manifestación de los ejidatarios, estos impidieron el paso de los nuevos propietarios, más no los robaron.

La acusación de asociación delictuosa no tiene el suficiente peso porque los ejidatarios se constituyeron en una liga llamada "Estatal de Solidaridad Campesina", que es la representante de los campesinos que reclaman sus tierras.

Actualmente Claudia Sandoval Vázquez y Luis Quiroga Jiménez, otro de los perseguidos por las autoridades por los delitos ya señalados, se encuentra fuera del país porque temen por sus vidas al denunciar los turbios intereses que existen en la venta de terrenos ejidales en el norte de Sonora; incluso Claudia Sandoval tiene un amparo interpuesto en contra de la orden de aprehensión en su contra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a la consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo:

Primero.- Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión investigue por conducto de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el caso expuesto de los presos políticos en el municipio de Cananea.

Segundo.- Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, investigue el caso de estos presos políticos por causa de disputas de tierra en los ejidos ya mencionados, ubicados en el municipio de Cananea, Estado de Sonora.

Tiene la palabra el diputado Benito Vital Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el ejercicio de los recursos presupuestales asignados al Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003, hasta por cinco minutos.

Los suscritos diputados federales integrantes de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo a fin de incorporar recursos del Ramo 33, al programa " Piso Firme en todo el Territorio Nacional".

Existe el consenso entre los estudiosos y los responsables de las políticas públicas abocados a la superación de la pobreza que la génesis de este fenómeno pernicioso es de carácter multidimensional, es decir, que los problemas de salud, de falta de ingresos y oportunidades productivas, de alimentación y nutrición, de vivienda en condiciones precarias, de educación entre otros, interactúan y se retroalimentan para generar esta condición de injusticia, este círculo perverso en el que se encuentra una cuarta parte de las familias mexicanas.

Precisamente por estas razón, es indispensable una política integral coordinada con visión de estado y participativa. Por ahora nos interesa destacar el tema del mejoramiento de vivienda de este grupo de familias que no ha tenido la oportunidad de aprovechar los beneficios del desarrollo.

En efecto, 13.7% de las viviendas, 2.9 millones de 24.4, tiene todavía pisos de tierra. Ha habido programas y esfuerzos de diverso tipo para resolver esta situación, anexo 1. El más reciente es el programa de Piso Firme, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social con los gobiernos de los estados y los municipios, que ha permitido atender el año pasado a más de 90 mil familias con una inversión cercana a los 130 millones de pesos,

Anexo 2. A este ritmo de inversión el déficit de pisos dignos se resolvería en 30 años. La gravedad de la cuestión es, en cierta forma obvia, en tanto los hogares no tienen piso firme, es decir, en tanto las habitaciones en las que conviven los niños y los padres, tienen pisos de tierra, se crea un medio propicio para la reproducción de enfermedades.

De poco nos sirve entonces el PROGRESA, oportunidades, la construcción de clínicas, los servicios médicos, los esfuerzos para otorgar a los niños educación. El problema es de mayor consideración en los municipios y comunidades indígenas, dado que las viviendas que no tienen piso adecuado es sensiblemente superior a la media nacional.

Efectivamente, entidades como Chiapas 38.4%, Guerrero 36.8%, Hidalgo 18.2%, Michoacán 18.4%, Oaxaca 39.6%, Veracruz 26.5%, Puebla 22.7% y San Luis Potosí 21.9%, tienen promedios muy arriba del nacional, en cuanto a pisos de tierra en sus moradas.

A este respecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, aprobado por esta soberanía, decidió otorgar al Programa de Desarrollos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, un monto de 1, 800 millones de pesos, distribuidos con las siguientes modalidades:

El programa de Infraestructura Social, comprende acciones de electrificación, construcción o mejoramiento de carreteras, distribución y suministro de agua potable, de drenaje y desechos sanitarios y no considera el mejoramiento de la vivienda.

En consecuencia, es importante incorporar las acciones de piso firme a las que lleven a cabo dentro del programa de Desarrollos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para el presente año, tal y como ya se tiene en el programa de Empleo Temporal. De tal manera que se potencie la participación de los estados, los municipios y las comunidades y familias indígenas en este programa.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo:

Único. Que la Comisión de Desarrollo Social, exhorte a la Secretaria del ramo, para que en el rubro de Infraestructura Social del presupuesto asignado al programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se incluyan acciones para dotar de piso firme a las viviendas de las comunidades y las familias indígenas, hasta que la mayoría de los hogares cuenten con una vivienda digna. Mucho agradeceré se turne a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene la palabra el diputado Alfredo Botello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo respecto a exhortar al Poder Judicial de la Federación.

EL DIP. ALFREDO BOTELLO MONTES: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados:

Nuestro grupo parlamentario siempre ha sido respetuoso del estado de derecho y de la división de poderes que el Constituyente salvaguardó y por ello presentamos el presente punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Judicial de la Federación

por conducto de los órganos legislativos correspondientes, para que emitan a la brevedad las resoluciones que de fondo deben dictar en lo referente a los casos de declaración de procedencia que en esta legislatura se han presentado.

Sostenemos que la Sección Instructora fue instalada atendiendo a la pluralidad y el ejercicio de su encargo ha sido en todo momento con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad y para muestra de esto es que desechó de manera unánime la declaración de procedencia que se había solicitado contra magistrados de un Poder Judicial estatal y funcionarios públicos emanados, tanto del PRI, del PAN y del PRD y de igual forma, por mayoría aprobó dictamen de una de las dos declaraciones de procedencia solicitadas ante esta Cámara, contra el senador Aldana. Sin embargo, las actuaciones de los órganos de decisión de esta Cámara de Diputados se ha interrumpido momentáneamente con motivo de la interposición de un juicio de amparo y la concesión de una suspensión emitida de manera sui géneris por un juez de distrito.

Cabe hacer mención que no son una sino casi 50 amparos los que se han promovido y solamente 2 de ellos se ha emitido la suspensión de los actos reclamados y que en ninguno de ellos se hubiera declarado sobre el fondo de la demanda de garantías formuladas.

Considero también sui géneris y extraña la actuación del Juez IV de Distrito en materia administrativa en el caso del amparo solicitado por el diputado Carlos

Antonio Romero Deschamps, al otorgarle la suspensión del acto reclamado sin especificar si era con motivo del procedimiento realizado por la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada, por los delitos de peculado y delincuencia organizada, o bien, la de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Pero todavía es además insólito el actuar del Juez IV de Distrito en materia penal en el caso del senador Luis Ricardo Aldana Prieto, ya que no obstante que le concedió una suspensión de los actos reclamados, el promovente con respecto al procedimiento seguido por el procedimiento que realizó la OEDO, y una vez que tuvo conocimiento de que la Sección Instructora había dictaminado en el expediente que se formó con motivo de la FEPADE, hubiera decidido "aclara y ampliar" casi de manera instantánea el sentido de la suspensión otorgada, dándole efectos generales a su propia resolución y con ello imposibilitando que el dictamen se sometiera ante el pleno que debería constituir en jurado de procedencia.

De ninguna manera compartimos los argumentos que esgrime el Juez IV de distrito en materia penal y sí apoyamos las acciones que ha realizado la Sección Instructora, tendiente a combatir mediante los recursos legales correspondientes las resoluciones que han afectado el proceder de este órgano legislativo.

Hay que recordar que desde el 20 de marzo pasado, la Sección Instructora emitió dictamen de uno de los expedientes que se siguen por la declaración de procedencia en contra del senador Aldana, y que le deberían ser sometidos al pleno de esta Cámara e Diputado, sin embargo, se encuentra impedida para resolver respecto al dictamen ya formulado, por la decisión que considera incorrecta por parte del Juez de Distrito referido, frenando con ello la actuación de la Mesa Directiva y del propio pleno de esta soberanía.

No dudamos que el Poder Legislativo continuará cumpliendo con su función y confiamos en que la autoridad jurisdiccional emitirá sus resoluciones a la brevedad posible.

Por lo anterior, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración el siguiente

-Son dos resolutivos, señor presidente, que voy a dar lectura a ellos rápidamente-.

PRIMERO.- Apoyamos las actuaciones realizadas por la Sección Instructora en la sustanciación de los procedimientos de declaración de procedencia, pues se ha conducido con estricto apego a la Constitución y a las leyes en la materia, así como las actuaciones que viene realizando ante las instancias juridiccionales correspondientes en defensa de su actuar.

Solicitamos que por medio de los cauces jurídicos correspondientes, tanto la Sección Instructora como la Mesa Directiva de manera diligente, continúen actuando en cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley Federal de responsabilidades de los Servidores Públicos, y exhorten a través de quien preside el Poder Judicial de la Federación y las instancias que tienen y tendrán conocimiento directo de los juicios de amparo correspondientes, y se emitan a la brevedad posible las resoluciones conducentes, con la prontitud que ameritan la naturaleza de declaratoria de procedencia y los tiempos que esta Cámara de Diputados tiene establecidos en ley.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA (desde su curul): Presidente, no obstante conocer el contenido del Acuerdo parlamentario en relación a la tramitación de los Puntos de Acuerdo dada la importancia del contenido planteado por el diputado que acaba de hacer uso de la tribuna, solicito se me permita participar en tribuna en relación a este asunto.

-EL C. PRESIDENTE: Diputado Luis Miguel Barbosa, sabedor que es del contenido del Acuerdo, independientemente de la tascendencia del asunto que se trate, se nos demanda dar cumplimiento al haber sido aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.

Dice el Artículo 60, como es de su conocimiento, que ninguna proposición o proyecto podrá discutirse, sin que primero pase a Comisión o Comisiones correspondientes, estamos en su proposición, pero si así lo considera, se apunta su solicitud para que se desahogue en la sesión entrante.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUIERTA (desde su curul): Desde luego que acepto la propuesta de usted, señor presidente, para que se trate en la siguiente sesión y se me inscriba, y poder acudir a tribuna.

Y quiero hacer la mención que con esta información que nos está brindando el señor diputado, conocemos que efectivamente el día miércoles 19, la Sección Instructora entregó un dictamen, en donde le solicitaba a la Mesa Directiva se instalara en jurado de procedencia, para poder calificar y votar el sentido del mismo, que había sido compartido con ustedes.

Nos preocupa que habiendo sido hecha esa solicitud, no se nos hubiera informado a los integrantes de esta Cámara el contenido del mismo y no se nos hubiera informado la decisión de la Mesa Directiva, para acceder o negarse a la petición de la Sección Instructora.

Por tanto, ese sería el contenido de mi participación en la siguiente sesión, señor presidente, y poder darle la relevancia, para que todos los diputados y las diputadas de esta LVIII Legislatura podamos debatir ese asunto.

-EL C. PRESIDENTE: Se toma nota, aunque éste no es el ortodoxo procedimiento para inscribir el punto en el Orden del Día de la próxima sesión.

A la presidencia de la Mesa Directiva ha llegado la solicitud para dar cuenta con la proposición del diputado Salvador Cosío Gaona, relativa a la actividad de Juegos y Sorteos.

EL C. DIP. BRETON SERGIO VACA BETANCOURT, (desde su curul).- Diputado Presidente, Muchas gracias por concederme el uso de la voz desde mi curul.

En respaldo de lo que ha dicho el Diputado Barbosa, creo que pocos asuntos se han manejado en la historia del poder Legislativo Federal Mexicano como el que nos atañe en cuanto a los trámites de las solicitudes de declaraciones de procedencia del Senador Aldana y del diputado federal Carlos Romero Deschamps.

Creo que lo que exigen más de 100 millones de mexicanos y quizá muchos extranjeros, es que quede clara cuál fue la actuación de la Sección Instructora, de usted mismo y de esta Cámara de Diputados.

Yo le suplico que aunque no sea el método ortodoxo, me permita en la próxima sesión, después de lo haga el diputado Barbosa, pasar a la tribuna para precisar lo que considero deben saber nuestros conciudadanos y que quede en claro cuál es la posición, creo que absoluta de los diputados federales de nuestro partido, suyo y mío. Gracias.

Sabemos cuál es el procedimiento para inscribir en el orden del día los asuntos a tratar, como ha sido no de un servidor, sino en toda esta Legislatura quien ha presidido la Cámara de Diputados, se está en la mejor disposición para que éstos y cualquier punto que se quiera referir y abordar en esta tribuna, se lleve a cabo sin más requisito que cumplir con los procedimientos del orden parlamentario.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos de la comunicación presentada por el diputado Salvador Cosío.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ.- Resolutivos:

Primero. En virtud de carecer de la participación de la Comisión de Turismo, a quien corresponde participar legalmente en la aprobación del dictamen en calidad de codictaminadora en conjunto con la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se instruye regresar a dicha comisión legislativa el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria y sometido al pleno de la Honorable Cámara de Diputados en primera lectura el día 13 de diciembre del 2002, relativo a la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y Casinos, presentada el 3 de marzo de 1999 por el entonces diputado Isaías González Cuevas a nombre propio y de otros legisladores de la LVII Legislatura, a efecto que se realice el dictamen con la participación de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Turismo, en estricto apego a lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del mismo.

Segundo. Se solicita al poder Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República, proporcione de inmediato a las Comisiones Legislativas de gobernación y Seguridad Pública y de Turismo toda la información oficial que posean, en relación a los negocios que en México ofertan entretenimiento a base de juegos con apuestas, especificando a detalle la ubicación, giro específico, el nombre de sus propietarios y operadores, así como la condición legal bajo la que operan, citando a comparecer a los funcionarios de las dependencias federales citadas que sea necesario para atender y otorgar respuesta a las inquietudes, consideraciones y cuestionamientos que sobre dicha información oficial tengan a bien requerir los legisladores integrantes de dichas comisiones, así como todos aquellos que deseen hacer uso de sus prerrogativas.

Ciudadano diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, solicito atentamente que en relación al punto de acuerdo propuesto como primero, se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y en cuanto a lo propuesto como número segundo, se turne a las Comisiones de Turismo y de Gobernación y Seguridad Pública.

Solicito atentamente que el texto íntegro de esta proposición con punto de acuerdo, se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo que dispone el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

EL C. PRESIDENTE, (a las 15:17 horas).- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes primero de abril a las diez horas.