COMISIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO
DEL
TERCER AÑO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
29 DE ENERO DE 2003
- EL C. PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
- LA C. SECRETARIA, SEN. YOLANDA EUGENIA GONZALEZ HERNANDEZ: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
( LISTA DE ASISTENCIA )
Hay una asistencia de 30 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Se abre la sesión (11.30 horas)
- LA MISMA C. SECRETARIA: Se va a dar lectura al orden del día.
( ORDEN DEL DIA )
Es cuanto señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se proceda a su votación.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones del señor Presidente se consulta al honorable Pleno que en virtud de que el acta se encuentra publicada en la Gaceta, se dispensa la lectura.
Los que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo. Señores legisladores estamos consultando si se dispensa la lectura del acta, quienes estén por la afirmativa les rogamos manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Gracias. Los que estén por la negativa, señores legisladores:
( V O T A C I O N )
Se dispensa la lectura, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría someter a discusión el acta.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Se consulta a los señores legisladores si desean hacer alguna modificación al acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, se pone a votación. Quien esté por la afirmativa:
( V O T A C I O N )
Gracias. Quienes estén por la negativa:
( V O T A C I O N )
Aprobada, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Aprobada el acta.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión desea expresar sus más sentidas condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida a causa del severo sismo que se registró en diversas entidades del territorio nacional el pasado martes 21 de enero. La Mesa Directiva y los legisladores que integran las fracciones parlamentarias nos pronunciamos por una pronta recuperación de los hogares, bienes y tranquilidad de los damnificados.
Suplico ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
( SE GUARDO UN MINUTO DE SILENCIO )
- LA C. SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ:
( solicitud de licencia del diputado HECTOR GONZALEZ REZA )
- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
UNICO.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Héctor González Reza, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XXI Distrito del Distrito Federal a partir del día primero de febrero.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
( Solicitud de licencia del diputado TOMAS TORRES MERCADO )
- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.
UNICO: Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Tomás Torres Mercado, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Segunda Circunscripción Plurinominal a partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
- EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN: (desde su curul) Señor Presidente. Nosotros quisiéramos dejar constancia en el acta que por favor exprese usted en la misma la felicitación de la fracción parlamentaria del PRI y el deseo de los mejores votos para el diputado Tomás Torres, que hizo un extraordinario papel en esta Cámara. (aplausos)
- EL C. PRESIDENTE: Tome nota la Secretaría.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
( Del Congreso del Estado de Chihuahua respecto del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte )
-EL PRESIDENTE EBER ERIC VILLANUEVA MUKUL: Remítase a la Cámara de Senadores.
-LA SECRETARIA SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ: ( Del Congreso del Estado de Chihuahua.)
EL PRESIDENTE:- De enterado.
-LA MISMA SECRETARIA :( Del Congreso del Estado de Tlaxcala, el retiro del subsidio a las tarifas de energía eléctrica).
-EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
-LA MISMA SECRETARIA: ( Del Congreso del Estado de Tlaxcala, sector azucarero del país.
-EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
-LA MISMA SECRETARIA: ( Del Congreso del Estado de Tamaulipas)
-EL PRESIDENTE:- Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la Cámara de Diputados.
-LA MISMA SECRETARIA: ( Del Congreso del Estado de Sonora)
-EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Senadores
-LA SECRETARIA SEN. YOLANDA EUGENIA GONZALEZ HERNÁNDEZ:- (Comunicación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Primera Comisión.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA EUGENIA GONZALEZ HERNÁNDEZ:
(comunicación de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente,
sustitución de integrantes de comisiones de trabajo)
En votación económica se pregunta si es de aprobarse el comunicado.
Quienes estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo.
Se está poniendo a consideración de los señores legisladores la incorporación y sustitución en las comisiones.
Se pregunta a los legisladores, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
(votación)
Quienes estén por la negativa.
(votación)
EL PRESIDENTE: Aprobado.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA EUGENIA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Procedo a dar lectura al oficio del Congreso del estado de Michoacán.
(oficio del Congreso del estado de Michoacán)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Esta Presidencia recibió una iniciativa suscrita por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el capítulo 6º Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
EL PRESIDENTE: No se encuentra, pasamos al siguiente.
Tiene la palabra el senador Raymundo Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNÁNDEZ: Gracias, diputado Presidente.
Los legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa por la que se reforma el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
Actualmente, la mayoría de las naciones del mundo han abolido la pena capital, ya sea en la ley o en la práctica, aceptando con ello que no hay ninguna meta social que justifique los asesinatos patrocinados por el Estado. Ésta debe ser una de las metas fundamentales de nuestra Nación.
En este contexto, presentamos hoy esta iniciativa por la que se prohíbe de manera total la pena de muerte en los Estados Unidos Mexicanos.
Durante años la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha llamado a todas las naciones que continúan con las ejecuciones, a que reduzcan el número de delitos por las cuales la pena de muerte podría ser impuesta y para suspender las ejecuciones con el propósito final de abolir ésta.
Si bien es cierto que en nuestro sistema dicha pena no se ha aplicado desde 1937 en el fuero común, también es cierto que sigue vigente en la Constitución General de la República, así como en el Código de Justicia Militar y en este último caso, aunque no se ha concretado, sí ha habido sentencias en ese sentido.
La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante, es un asalto contra la dignidad humana y una violación a los derechos fundamentales de hombre. En tal virtud, es una negación del mayor de los derechos fundamentales: la vida.
En virtud de lo anterior, es inconcebible que pretendiendo alcanzar un estado democrático y de derecho, conservemos abierta en la Ley Fundamental la posibilidad de aplicarla.
La aplicación de la pena capital es presentada frecuentemente como un método para prevenir la violencia y brindar más seguridad a la sociedad.
Desde 1961, Amnistía Internacional ha encontrado que la pena de muerte no hace nada para darle más seguridad a la sociedad. En efecto, los estados que aplican la pena de muerte no tienen niveles de homicidios más bajos que en los existentes en aquellos que no la aplican.
Otro de los argumentos que se han utilizado para defender el exceso de violencia por parte del Estado, es que inhibe a los delincuentes a ejecutar actos ilícitos. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que una forma más efectiva de lograr esto es a través de un sistema de justicia más ágil y sólido en donde se castigue verdaderamente a quienes delinquen.
La condena capital es más un símbolo que una solución. No hay ninguna situación correcta para usar la violencia, especialmente en el caso de las ejecuciones aprobadas por los gobiernos.
Es inconcebible, desde los valores de un estado democrático, que el asesinato sea castigado de la misma manera.
El segundo protocolo opcional al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y promueve la abolición total de la pena de muerte, aunque permite a los estados conservar la pena en tiempos de guerra, siempre y cuando esta cláusula quede debidamente estipulada en el momento de ratificar o aceptar el protocolo.
El argumento de la efectividad de la pena de muerte para disminuir los delitos es falaz, muchos estudios científicos han demostrado de forma convincente, que la pena de muerte no tiene un mayor impacto disuasivo sobre el crimen que otros tipos de castigo. Los resultados de la última encuesta de las Naciones Unidas, sobre investigaciones acerca de la relación entre la pena de muerte y las estadísticas de homicidios, llevada a cabo en 1988 y actualizada en 1996, llegó a la conclusión de que la investigación no ha conseguido demostrar científicamente, que las ejecuciones tengan mayor efecto disuasivo que la cadena perpetua y no es probable que lo consiga próximamente.
En conjunto las pruebas científicas no ofrecen ningún respaldo a la hipótesis de la disuasión.
No se puede concebir que en ningún sistema, sea o puede ser capaz, de decidir de forma imparcial, coherente e infalible, quién debe vivir y quién debe morir.
La conveniencia, las decisiones caprichosas, las condiciones socioeconómicas del acusado y la opinión pública predominante, pueden influenciar los procedimientos desde el arresto inicial hasta la decisión de último momento sobre la posible clemencia.
Además, la experiencia demuestra que siempre que se aplica la pena de muerte, algunas personas mueren mientras que otros que han cometido delitos similares o peores, pueden salvarse.
Los condenados que son ejecutados, no son necesariamente aquellos que han cometido los peores delitos sino también aquellos que eran tan pobres, que no pudieron contratar abogados experimentados que los defendieran o aquellos que debieron enfrentar a fiscales o jueces más severos.
Ahora bien, la pena de muerte es mucho más costosa que cualquier sistema en el que la pena de máxima es la reclusión perpetua. Un estudio realizado en Nueva York estima que el costo de una ejecución es tres veces mayor que el de la reclusión en prisión perpetua.
Por ejemplo, en Florida cada ejecución le cuesta al estado 3.2 millones de dólares, en contraste con el costo de 600 mil dólares de la prisión perpetua. Estudios realizados en California, Kansas, Maryland y Carolina del Norte, han llegado a la conclusión de que la pena capital es mucho más costosa que mantener a alguien en prisión de por vida.
Sin duda la pena de muerte desvía recursos que podrían ser aplicados, para tomar medidas realmente efectivas contra el crimen.
El derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, son los dos derechos humanos citados con más frecuencia en los debates sobre la pena de muerte, sin embargo, éstos no son los únicos derechos contra los que atenta la pena capital.
No existe ninguna justificación penal para la pena de muerte, que pueda superar los argumentos de derechos humanos, que justifican su aboluación. La pena de muerte es absolutamente injusta, es ineficaz, suprime el derecho a la rehabilitación que todo ser humano tiene y abre la puerta a la posibilidad del más trágico e irreparable de los errores judiciales.
Esta iniciativa, posiblemente no sería necesaria, si el PRI y el Partido Verde en el Estado de México, no hubiesen propuesto a la población de esa entidad, la reposición de la pena de muerte en el Código Penal respectivo. Esta actitud que pretende aprovechar la justa indignación de los mexiquenses contra la delincuencia, no es en términos políticos, más que intento por obtener popularidad electoral a toda costa, incluso al de hacer involucionar nuestro sistema jurídico. En las condiciones sociales actuales, la consulta que dichos partidos proponen, equivale a una invitación al linchamiento.
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma el cuarto... Perdón.
Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 22. "En ningún caso el Estado Mexicano aplicará la pena de muerte".
Transitorios. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Firma el de la voz.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el diputado Jesús Burgos Pinto.
Perdón, antes túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
EL C. DIP. SALVADOR COSIO GAONA.- Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
El suscrito, con fundamente en los dispositivos legales correspondientes, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de esta Comisión Permanente, iniciativa de decreto que propone reformar el inciso g) del artículo 2º. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de eliminar el impuesto a las aguas minerales y naturales gasificadas.
En diciembre del 2001 el Ejecutivo Federal sometió a la consideración de la Cámara de Diputados la propuesta fiscal para el ejercicio del año 2002, entre ello sometió las tradicionales propuestas de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. En estas propuestas de reformas a la Ley del IEPS, existía el intento de gravar con impuesto especial al agua natural embotellada, así como al agua mineral y natural gasificadas, gravamen que no procedió, que no fue aprobado, porque como consta en el Diario de los Debates, fue rechazado a petición de un servidor apoyado por muchos diputados de varios partidos políticos.
No obstante, el Diario Oficial de la Federación publicó en forma equivocada y el impuesto se cobró ilegalmente durante el año 2002, es decir la Secretaría de Hacienda estuvo cobrando y cobró en el ejercicio 2002, el impuesto del IEPS al agua natural y mineral gasificada, no obstante que el Legislativo no lo aprobó. Esto ocasionó un fuerte reclamo de las industrias restaurantera, hotelera y refresquera por el efecto negativo en el consumo, por el incremento a los precios, por la baja en el ingreso y las pérdidas y por supuesto esto derivó en baja de tributación.
En noviembre pasado, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales para el año presente, para el 2003, la cual se turnó a la Comisión de Hacienda. Dentro de esta iniciativa se abordaba lo relativo a reformas a la Ley del Impuesto Especial de Producción y Servicios IEPS.
Y en relación con esto el dictamen de la propia Comisión de Hacienda cita que este gravamen, el IEPS, ha tenido que jugar un papel destacado desde hace muchos años, no sólo porque es la tercera fuente más importante de ingresos tributarios, sino porque la sociedad ha podido aceptar con relativa facilidad, el que se apliquen cobros mayores al consumo de ciertos bienes que a pesar de ser de amplio consumo, por razones de seguridad pública, adicción, integración familiar, salud o por motivos ecológicos, influyen en la percepción que sobre su demanda tiene la sociedad.
Excluyendo el impuesto especial a las gasolinas, al diesel, al tabaco y al alcohol, el resto de productos y servicios gravados con el impuesto, no encajan en el espíritu que crea y fundamenta el gravamen, es decir el IEPS, ni las bebidas sin alcohol, ni las comunicaciones, por citar algunos rubros, son productos y servicios que deban ser gravados por razones de seguridad pública, de adicción, desintegración familiar, impacto a la salud pública y/o al medio ambiente.
Es decir, el fin original del impuesto es resarcir al Estado para que obtenga recursos y pueda con ellos sufragar el gasto público de actividades especiales, de apoyo social, que debe otorgar para combatir la inseguridad, la adicción, desintegración familiar, el daño a la salud pública y al medio ambiente, generados por la producción y servicios especificos.
Pero el caso es que este gravamen, este impuesto especial que tenía un fin primigenio muy claro, se ha utilizado en forma equivocada por el Ejecutivo Federal, para encontrar fuentes de recaudación y enclavar ahí cobro o impuesto a todo lo que se mueva, a todo lo que se pueda conseguir de recursos para el Estado.
Si bien es cierto que el Estado requiere recursos, también lo es que no es posible que estemos encontrando, buscando, cualquier forma para recaudar impuestos y en este caso darle golpes a la economía de ciertas industrias y con ello a la economía nacional, provocando menor consumo, no movimiento económico. Con ello lo que la gente de Hacienda quizá no quiere ver, es que deviene en menor tributación de otro tipo de gravámenes que sí son efectivos.
En diciembre del año pasado, el Ejecutivo Federal insistió en gravar el agua natural y el agua natural y mineral gasificada para consumo humano, en presentaciones menores de 10 litros.
Los diputados en ese mes rechazamos el impuesto al agua natural pero se aprobó no obstante mi alegato y fundamento en tribuna y por supuesto mi voto en contra.
El gravar con 20% a las aguas minerales y naturales gasificadas, no obstante insisto, en que el año anterior se dio el debate y se ganó y no se aprobó y lo cobró injusta e ilegalmente la Secretaría de Hacienda y fue obvio el daño que provocó.
Pero mis compañeras y compañeros diputados y luego los senadores con todo respeto no vieron este tema y el reclamo de la industria refresquera, la industria restaurantera, la industria hotelera, sigue siendo en el sentido de que es un impuesto que no está inscrito dentro del parámetro del espíritu para el que fue creado el IEPS. Que la industria refresquera, la que produce el agua mineral o la que embotella el agua natural y la gasifica, no produce un producto, valga la redundancia, que provoque las inequidades sociales como para serle cargado un impuesto para que el Estado tenga que tomar recursos para resarcir la sociedad el impacto que recibe.
"Por otro lado los reportes de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos establece la importancia de esta industria. Hay los reportes también de lo que se consume y lo que impacta a la industria restaurantera y turística nacional, y la justificación es amplia en cuanto a que es poco lo que se recauda y más lo que podría obtenerse de regresar a como estaban las cosas antes, cuando no existía este impuesto que, insisto, no tiene sustento ni fundamento ni tiene un sentido.
"Por eso y haciendo esta reflexión breve, solicitando a la Mesa Directiva que publique íntegro el texto de la iniciativa, es que proponemos esta reforma al artículo 2º., inciso "i" (g) de la citada Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios vigente, para derogar este impuesto absurdo al agua mineral y al agua natural gasificada, porque insisto, ni es un artículo de lujo ni es un artículo que provoque los problemas que tienen que ser resarcidos por el Estado a través de este impuesto.
Así, pues, al reformarse este, tendríamos ventajas, tendríamos incentivo a la economía y estaríamos respondiendo al reclamo de la industria que si bien es cierto debe cooperar, pero es cierto que lo hace ya a través de otros gravámenes que sí están enmarcados en la legalidad y la equidad y en la del equilibrio.
"Es cuanto, muchas gracias".
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Igualmente publíquese íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
El señor senador Raymundo Cárdenas, nos ha pedido rectifica el turno, cosa que esta Mesa Directiva concede con mucho gusto, y por lo tanto, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero de la Cámara de Senadores.
Inmediatamente tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Burgos Pinto, para presentar una Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Tarifas.
- EL C. DIP. JESÚS BURGOS PINTO: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
"Los diputados federales de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, conforme a las siguiente
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"El artículo 27 constitucional establece que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y que la nación aprovechará los bienes y los recursos naturales que se requieran para dichos fines.
"Por su parte la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con la participación de la Secretaría de Energía y de Economía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fije las tarifas para venta de energía eléctrica, su ajuste, modificación o reestructuración, de manera que tiendan a cubrir las necesidades financieras del organismo, así como las de ampliación del servició público y las de racionalizar el consumo de energía.
"Sin embargo la Ley no cuenta con disposiciones que limiten la facultad tarifaria de la Secretaría de Hacienda, es decir, la Ley no refiere a factores socioeconómicos, climatológicos o de otra índole regionales o nacionales que deban observarse por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la autorización de las tarifas eléctricas.
"Si bien es cierto, en términos de ley, las tarifas eléctricas deben tender a cubrir las necesidades financieras de los suministradores y las de ampliación del servicio público, también es cierto, así lo mandata la Constitución, que el Estado debe aprovechar los recursos naturales y bienes de la nación que requiera para cumplir con las actividades que tienen por objeto la prestación del servicio público de energía eléctrica, es decir, los recursos para satisfacción de las necesidades financieras y patrimoniales de las empresas estatales encargadas de la prestación de dicho servicio no tienen que provenir exclusivamente del producto de las tarifas eléctricas aplicables.
"Por eso es indispensable que en el ejercicio de sus facultades tarifarias las autoridades competentes observen no solo losobjetivos de financiamiento a los administradores de energía, sino conjugar con ellos la necesidad del servicio por los usuarios, la capacidad económica de éstos, así como las condiciones diversas regionales y climatológicas que inciden en la cantidad de energía requerida para su consumo.
"Las omisiones de la ley de la materia permiten tácitamente una gran discrecionalidad al Ejecutivo Federal para el ejercicio de sus facultades tarifarias en materia eléctrica, dando lugar a ajustes, modificaciones y reestructuraciones de las tarifas eléctricas para el consumo doméstico, cuya aplicación ha resultado excesivamente gravosa para la economía familiar de la mayoría de los mexicanos.
"El acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministros y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a tarifas domésticas publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2002, es muestra clara de la posibilidad de incurrir en excesos al ejercerse la facultad tarifaria por la Secretaría de Hacienda en virtud de dicha discrecionalidad.
"Con dicho acuerdo las tarifas domésticas redujeron los tramos de consumo básico e intermedio y en consecuencia se incrementan los tramos correspondientes al consumo excedente, se crea un nuevo cargo por consumo intermedio correspondiente al segundo nivel de consumo 17 por ciento más caro que el establecido para el consumo intermedio de primer nivel, se aplican ajustes mensuales a los cargos tarifarios o en general que acumulados representaron incrementos anuales de 8.4 por ciento en las tarifas y de 31.3 en el nuevo cargo para el consumo intermedio segundo nivel. Además de crear una nueva tarifa de alto consumo desproporcional, inequitativa e injusta, modificando las tarifas de tal manera que con su aplicación se da un trato desigual a los iguales.
"Hasta antes del acuerdo la tarifa uno era de aplicación general durante todo el año y en todo el territorio nacional, con excepción de aquellas regiones o localidades a las cuales se aplicaban las tarifas preferenciales durante la temporada de verano, pero que fuera de verano quedaban sujetos a la tarifa general uno.
"Con el acuerdo de referencia la tarifa uno solo es aplicable a las regiones que no alcanzan la temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados, requerida para acceder a las tarifas de verano. Mientras que las tarifas preferenciales, cuya finalidad ha sido apoyar a la población para contrarrestar los efectos de los climas calurosos durante el verano se han modificado para darles un trato preferente también en la temporada fuera de verano a las localidades sujetas a dichas tarifas, aún cuando fuera de verano presentan condiciones similares a las de la región de la tarifa uno.
"No obstante que los cargos de energía consumida aplicables a la temporada fuera de verano conforme a las tarifas preferenciales son las mismas que establece la tarifa uno, las diferencias existentes y los límites establecidos para el consumo de primer nivel entre la tarifa uno y las preferenciales, no se justifican; no se justifican porque la mayor parte de las regiones que alcanzan las temperaturas medias mínimas requeridas para aplicarles una tarifa preferencial de terminar durante la temporada de verano, fuera de verano no alcanza la temperatura media mínima de 25 grados requerida para acceder a la tarifa preferencial menor que es la 1 "A" y por lo tanto se encuentra en condiciones climáticas similares a las prevalecientes en regiones afectas a la tarifa uno.
"Por otro lado, para sancionar el uso y racionar el fluido eléctrico adicionar el incremento del 17 por ciento al cargo por consumo intermedio en el segundo nivel de la tarifa y el incremento anual de 31.3 en el mismo cargo intermedio que se fija una tarifa de alto consumo, con la cual se aplican cargos más elevados a la totalidad del consumo en sustitución de los cargos menores establecidos para las tarifas ordinarias de la 1 a la 1 "F".
"La inequidad que se observa en los límites establecidos para la determinación del alto consumo en cada una de las tarifas ordinarias domésticas, es inaceptable a todas luces, basta señalar lo injusto que resulta castigar el consumo mensual promedio de 255 kilowatts hora, realizado por un porcentaje muy elevado de usuarios sujetos a la tarifa uno. Mientras difícilmente habrá usuarios sujetos a las tarifas 1 "E" y 1 "F" que rebasen el consumo mensual promedio de 2,000 y 2,500 kilowatts hora, respectivamente. Límite de alto consumo establecido para dichas tarifas.
"Insistimos, las tarifas preferenciales de la 1 "A" a la 1 "F" se justifican plenamente para su aplicación en la temporada de verano y no fuera de ésta. Es decir, el trato preferencial se justifica en la medida que tiende a contrarrestar los efectos negativos de las altas temperaturas en detrimento del confort y las actividades humanas.
"Para darse una idea de lo que en general implica la aplicación de estas tarifas de alto consumo, ejemplificamos: Con la aplicación de la tarifa 1 para un consumo mensual de 255 kilowatts-hora, un usuario pagaría en enero del 2000, $193.20 más IVA; con la tarifa de alto consumo, en febrero de 2002, $387.14 más IVA. Es de observarse que con las nuevas disposiciones tarifarias, los cargos totales por el consumo ejemplificado se incrementaron de un mes a otro, de enero a febrero del 2002, en más del 100 por ciento.
"Por otro lado, no obstante la pública declaración de la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que las tarifas eléctricas no se incrementarían en más de un 3 por ciento durante el año 2003, el 17 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, otro acuerdo que autorice el ajuste y modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y que modifique las disposiciones complementarias a dichas tarifas con este acuerdo.
"Si bien se derogan las disposiciones que establecían la aplicación de ajustes mensuales a las tarifas para el consumo doméstico, que representaban incrementos anualizados del 8.4 en general y del 31.3 para el cargo por consumo intermedio de segundo nivel, se establece un ajuste mensual para todos los cargos y en todas las tarifas domésticas, con la aplicación de un factor de 1.00469 a partir del día 1º de cada mes, o que representa un incremento anualizado del 5.78 por ciento.
"Adicionalmente el acuerdo del 17 de enero de 2003, modifica las cuotas aplicables de la tarifa 1F, incrementa de 2 mil a 2mil 500 kilowatts-hora-mes, el límite de alto consumo para la misma y modifica el ámbito de aplicación de la tarifa de alto consumo, para que ahora, además de aplicarse los servicios de energía para uso doméstico considerado de alto consumo como está establecido, también se aplique a aquellos servicios que por sus características así se requieren.
"Con esta disposición se amplía la gran discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda ejerce sus facultades tarifarias en la materia y más aún, autoriza a la CFE para que aplique discrecionalmente la tarifa de alto consumo, al no señalar cuáles son esas características del servicio que así lo requieran.
"Para darnos una idea de la irresponsabilidad con la que se ejerce tal discrecionalidad y la inequidad en el tratamiento de los usuarios del servicio, a través de las tarifas eléctricas para el consumo doméstico, veamos un ejemplo.
"Entre las muchas localidades con climas cálidos, principalmente del norte del país y de las extensas zonas costeras del territorio nacional, se encuentra la de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, en el estado de Sinaloa, así como la de Hermosillo, Sonora y la de Mexicali, Baja California, de las cuales a la primera se le aplica la tarifa 1E, a Mazatlán y Culiacán se les aplica la tarifa 1D, en tanto que Hermosillo y Mexicali se les aplica la tarifa 1F.
"La reasignación de tarifas antes anunciada, evidencia la inequidad en los cargos establecidos para el consumo del fluido en ésta y en muchas otras localidades del país.
"Con la aplicación de los acuerdos tarifarios a que hemos hecho referencia, se observa que sin aplicar la tarifa de alto consumo, un consumo de 1,200 kilowatts-hora-mes en la tarifa 1D, incrementó su precio entre enero de 2002 y enero de 2003 en un 79 por ciento, repito, 79 por ciento, mientras el mismo consumo en la tarifa 1E se incrementó en 81 por ciento, en tanto que la 1F se incrementó sólo en 8 por ciento. Un consumo de 2,100 kilowatts-hora-mes con la tarifa 1D, se incrementó durante el mismo lapso en un 34.8.
"Por lo anterior y tomando en cuenta que las condiciones de algunas regiones son altamente impactadas por el factor humedad, los suscritos diputados federales -si me permite señor Presidente, para redondear mi presentación de iniciativa- proponemos las siguientes reformas.
"Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
"Artículo Primero.- Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:
"Artículo 31.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de la Secretaría de Energía y de Economía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y de las de ampliación del servicio público que no sean satisfechas con los recursos asignados para el efecto a la Comisión Federal de Electricidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo tenderán a estimular el racional consumo de energía.
..Artículo 2º. Se adicionan los Artículos 32 y 33 recorriendo numerales actuales Artículos 31 y 33 y demás subsecuentes para quedar como sigue:
Artículo 32. A efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá fijar , ajustar y estructurar las tarifas para venta de energía eléctrica, deberá reflejar en estas de manera explícita la proporción del costo económico en los rubros de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica suministrada así como el de los requerimientos de ampliación de su estructura eléctrica que se pudieran con los recursos económicos provenientes de la venta de energía.
Artículo 33. Las tarifas para venta de energía eléctrica para uso doméstico, se fijarán, ajustarán, fijarán o estructurarán por la Secretaría de Hacienda tomando en cuenta además de lo dispuesto en los Artículos 31 y 32 lo siguiente: la evolución de los costos económicos de los rubros de generación y transmisión, habrá una Tarifa General de Aplicación en todo el territorio nacional durante la temporada conocida como Fuera de Verano y de aplicación durante todo el año en las localidades o regiones que no alcancen durante la temporada de grano una temperatura aparente de índices de calor mínimo a 25°.
La Secretaría de Hacienda fijará las tarifas que sean necesarias para apoyar la población contra los efectos de las temperaturas aparentes o índices de calor cuya medida mínima sea de 25° o mayores. La temperatura aparente o índice de calor se determinará en la Norma oficial mexicana que al efecto expida la Secretaría de Energía o de Economía tomando en cuenta los efectos ambientales de la temperatura del aire y de la humedad relativas a la fisiología humana de conformidad con las disposiciones relativas a la Ley Federal de Metrología y Normalización.
Es cuanto señor Presidente. Firman esta Iniciativa los señores Diputados Víctor Gandarilla , Aarón Irizar, Jaime Barrón , Martha Meza, Rubén Félix y el de la voz.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado.
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
-LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR GONZALEZ.
(Oficio remitiendo copia de la comunicación
del Director General de Derechos Humanos de
la Procuraduría General de Justicia del D. F. en
relación al Punto de Acuerdo aprobado por la *
Comisión Permanente en la Cámara de Senadores)
-EL C. PRESIDENTE. Remítase a la Cámara de Senadores y al promovente
-LA MISMA C. SECRETARIA.
(Diez oficios con los que se remiten copias
de los oficios del Director General del Fondo
de Desastres Naturales, de la Coordinación
General de Protección Civil, de la Comisionada
Del Instituto Nacional de Migración, del Director
De Afiliación y Cobranzas del IMSS, del Sub-
Secretario de Egresos de la Secretaría de -
Hacienda y Crédito Público, del Subsecretario de
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, de
La Secretaría de Desarrollo Social, del Jefe de la
Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría
De Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, del Director General de Programación y
Presupuesto "B", de la Subsecretaría de Egresos,de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Secretario
Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace
De la Secretaría de Economía y del Subsecretario
Para América del Norte de la Secretaría de Rela—
Ciones Exteriores, en relación a Puntos de Acuerdo
Aprobados por la Cámara de Senadores.
-EL C. PRESIDENTE. Remítase a la Cámara de Senadores.
-LA MISMA C. SECRETARIA.
(Ocho oficios con los que se remiten copias de
los oficios del Presidente del Instituto Nacional
de Estadística,Geografía e Informática, del Se—
cretario de Relaciones Económicas y Cooperación
Internacional, de la Secretaría de Relaciones Exte-
Riores, del Director General de Radio, TV y Cine-
Matografía, del Coordinador Ejecutivo de Enlace de
La Procuraduría Federal del Consumidor, de la Sub-
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación, de la Comisionada del Instituto
Nacional de Migración y del Director General Adjunto de
Precios y Tarifas de la Subsecretaría de Ingresos,
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
Relación a Puntos de Acuerdo aprobados por la
Cámara de Diputados)
-EL C. PRESIDENTE. Remítase copias a los promoventes para su conocimiento.
- EL C. PRESIDENTE: Remítase copia a los promoventes para su conocimiento.
- LA C. SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ: Quince oficios de la Secretaría de Gobernación que remiten hojas de servicio de los ciudadanos:
( Oswaldo Angel Sánchez Velasco,
Ariel García Morales,
Pedro Ortiz Martínez,
Enrique Martínez López,
Francisco Miguel Aranda Gutiérrez,
Martín Gerardo Franco Flores,
Ernesto Alejandro Vadillo Trueba,
Higinio Víctor Marín Cisneros,
Abelardo Garfías Casadero,
Alejandro Silva Hernández,
Gilberto Peralta Meras,
David Moreno Cruz,
José Guadalupe Arias Agredano,
José de Jesús Díaz Núñez y
Polerio Rodríguez Zúñiga, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos )
- EL C. PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
( Oficio con el que remite informes sobre el punto de acuerdo aprobado
por esta Comisión Permanente en relación al Canal 40 )
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Primera Comisión.
Dictámenes de Primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es el dictamen relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos:
( José Sulaiman Chagnon,
Luis Ernesto Derbéz Bautista,
Rodolfo Elizondo Torres,
Amanda Mireya Terán Munguía,
Mariana Campillo Méndez y
Jacques Robert Enri Marie
Payen y Rubio para usar aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros )
--- En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es el dictamen relativo a la solicitud de permiso:
( Del C. PEDRO HACES SORDO )
--- En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es el dictamen relativo a la solicitud de permiso:
( de los ciudadanos Alejandro Villanueva Tijerina,
Fernando Rodríguez Rodríguez,
Elio Sánchez Sánchez,
Diana Rodríguez Peña y
Carola María Castellanos Bosch para prestar servicios a
gobiernos extranjeros )
En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
Dictámenes a discusión.
Los siguientes puntos del orden del día son los dictámenes a discusión, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
- LA C. SECRETARIA, SEN YOLANDA EUGENIA GONZALEZ HERNANDEZ: Con mucho gusto señor Presidente.
Se consulta al honorable Pleno si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Gracias. Los que estén por la negativa:
( V O T A C I O N )
- EL C. PRESIDENTE, DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Se autoriza. En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Procedo entonces a darle lectura a los puntos de acuerdo, señor Presidente.
PUNTO DE ACUERDO.- Unico.- Se ratifica el grado de general brigadier de justicia militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano JUAN FIGUEROA VARGAS.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 22 días del mes de enero de 2003.
Debidamente suscrito por la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
PUNTO DE ACUERDO.- Unico.- Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano CUAUHTÉMOC EDUARDO RUIZ AYALA.
Dado en la Comisión Permanentes del honorable Congreso de la Unión a los 22 días de este año.
Firmado por la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
El siguiente punto de acuerdo se refiere a la ratificación del grado del coronel de infantería diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano HECTOR MANUEL VALLES.
Se da en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, con fecha del 22 de enero del año en curso y debidamente suscrito por la Comisión.
Está a discusión, señores legisladores.
No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva con el mismo objeto para su votación en conjunto.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
Punto de acuerdo en donde se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano MARIO ALFREDO OVALLE GUTIÉRREZ.
Se da en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 22 días del mes de enero, debidamente suscrito por la Comisión.
Está a discusión, señores legisladores.
No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
Punto de acuerdo de ratificación al grado de coronel de infantería que el titular del
Poder Ejecutivo Federal expide a favor del ciudadano GUSTAVO CORDERO GOMEZ.
Se da en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 22 días del mes de enero, debidamente suscrito por todos y cada uno de los integrantes.
Está a discusión. No habiendo, se reserva para su votación económica en conjunto.
- LA MISMA C. SECRETARIA:
Se informa al Pleno de la ratificación del grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expide a favor del ciudadano ESTANISLAO BAUTISTA GORDILLO.
Se da a los 22 días del mes de enero en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
El dictamen está debidamente suscrito por los integrantes de la Comisión.
Está a discusión.
No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
- LA SECRETARIA:
El siguiente Punto de Acuerdo es la ratificación al grado de Coronel de Infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Francisco Zúñiga Vega. Se da a los 22 días del mes de enero del 2003, en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente. Debidamente suscrito por la comisión.
Esta a discusión señores legisladores.
No habiendo se reserva para su votación económica en conjunto.
LA MISMA SECRETARIA: Punto de Acuerdo de ratificación al grado de Coronel de Ingeniero Constructor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expide a favor del ciudadano Agustín Gabriel Ortega Cardoso Salinas. A los 22 días del mes de enero, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Lo firma el Presidente y todos y cada uno de los integrantes.
Está a discusión.
Se procede entonces a reservarse para su votación en conjunto.
-LA MISMA SECRETARIA: Punto de Acuerdo de ratificación del grado de Coronel de Justicia Militar y Licenciado, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expide a favor del ciudadano Gonzalo Corona González. Se expide a los 22 días del mes de enero del 2003, en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente. Debidamente avalado y suscrito por la comisión.
Está a discusión señores legisladores.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
-LA MISMA SECRETARIA: Punto de Acuerdo de ratificación del grado de Coronel de Justicia Militar y Licenciada , que el titular del Poder Ejecutivo Federal expide a favor de la ciudadana Irma Velez Hernández. A los 22 días del mes de enero del 2003. Debidamente firmado por los integrantes de la comisión.
Esta a discusión señores legisladores.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Se ratifica el grado de coronel de transmisiones, diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expide a favor del ciudadano Saúl Contreras Ojeda.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: A los 22 días del mes de enero se da en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente. Lo suscriben los integrantes de la comisión.
Está a discusión. No habiendo, se reserva para su votación económica en conjunto.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Se ratifica el grado de coronel de Fuerza Aérea, piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expide a favor del ciudadano Clemente Martínez Hernández, a los 22 días del mes de enero, en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
LA SECRETARIA, SEN YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Lo firman los integrantes de la misma y está a discusión en consecuencia.
No habiendo, se reserva para su votación.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Punto de acuerdo de ratificación en el grado de coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Agustín Becerra Zárate, a los 22 días del mes de enero de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Debidamente avalado por los integrantes de la comisión.
Está a discusión. No habiendo, se reserva para su votación en conjunto.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Asimismo, se informa del punto de acuerdo de ratificación del grado de coronel de caballería, Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expide a favor del ciudadano Jesús Arévalo Espinoza, a los 22 días del mes de enero en el Honorable Congreso de la Unión.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Lo firma la comisión.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto con los demás.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Se informa del punto de acuerdo que ratifica el grado de coronel de infantería, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Humberto Castro Sánchez.
LA SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ: Este punto de acuerdo se emitió el día 22 de enero del 2003 en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
Está a discusión, señores legisladores.
Siendo éste el último punto de acuerdo y no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban todos y cada uno de los puntos de acuerdo que se han puesto a la consideración de este honorable pleno.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
(votación)
Quienes estén por la negativa.
(votación)
EL VICEPRESIDENTE, DIP. BERNARDO BORBÓN VILCHES: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
Continuamos con los dictámenes.
LA SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ:
(dictamen solicitando a la UNAM y al Observatorio Nacional,
estudio que determine el uso horario del estado de Durango)
- EL PRESIDENTE DIP. BERNARDO BORBÓN VILCHES : Están a discusión los Puntos de Acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
No habiendo oradores, continuamos con el procedimiento Secretaria.
Consulte la Secretaría si considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
- LA SECRETARIA SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se consideran suficientemente discutidos los Puntos de Acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
EL PRESIDENTE: Suficientemente discutido.
LA SECRETARIA SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ: En votación económica, se pregunta si se aprueban los Puntos de Acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
EL PRESIDENTE: Aprobados los Puntos de Acuerdo, comuníquense.
Proceda la Secretaria a dar cuenta con los presupuestos de la Cámara de Senadores.
LA SECRETARIA SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ:
(Presupuesto de la Cámara de Senadores,
correspondiente al mes de enero de 2003)
MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta si se aprueba
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
EL PRESIDENTE: Aprobado.
MISMA SECRETARIA:
(Presupuesto de la Cámara de Senadores,
correspondiente al mes de febrero de 2003)
MISMA SECRETARIA: En votación económica se pregunta si se aprueba
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
EL PRESIDENTE: Aprobado.
Tiene la palabra la senadora Yolanda González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la problemática de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social.
-LA C. SENADORA YOLANDA E. GONZALEZ HERNANDEZ: Con su permiso señor presidente. Señores legisladores. La inserción de México a la globalización y su integración a la economía regional y mundial, ha generado grandes desafíos y retos, sobre todo para enfrentar la competitividad internacional, en un ámbito que permita promover el desarrollo social de los mexicanos.
Estas transformaciones han obligado a adoptar constantes cambios en el entorno laboral, empresarial y social así como los aspectos productivos y de organización del Estado mexicano, siempre con la finalidad superior de incrementar el bienestar de la población.
Los factores de la producción han actuado con responsabilidad y compromiso con México, al alentar el diálogo y la cooperación, lo que traducido en el aumento de la productividad, la valoración del trabajo humano y la satisfacción de necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, responsabilidad que desde luego siempre había asumido el Instituto Mexicano del Seguro Social, que siempre había tenido una comprometida participación, al brindar seguridad social a muchos millones de trabajadores y a sus respectivas familias.
Sabedores de ellos, los grupos parlamentarios del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hemos demostrado nuestro interés y brindado nuestro apoyo, para fortalecer la viabilidad institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, y así lo hemos dejado de manifiesto a través de nuestro apoyo, a las reformas que propuso el Seguro Social en diciembre del 2001, así como con los exhortos que le hemos hecho al Poder Ejecutivo Federal, para que esta gran institución de seguridad social, no fuera objeto de disminución de recursos presupuestales durante el ejercicio fiscal del año pasado.
No obstante, en diciembre del 2002, el Instituto Mexicano del Seguro Social, propuso a los prestadores de servicio de guarderías, nuevos esquemas que tienden a disminuir el monto de las cuotas vigentes hasta en un 14%. Es fácil darse cuenta, en caso de darse esta propuesta, que se estaría afectando la economía de los prestadores y la viabilidad de estos servicios.
Por esta razón, los grupos parlamentarios del PRI en la Comisión Permanente, mucho nos preocupan las propuestas que se han venido expresando ante los medios de comunicación por parte de los padres de familia y de los directores de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los nuevos contratos de servicios propuestos por el Instituto, contratos que de acuerdo a la Asociación Nacional de Guarderías, A.C., prevén reducciones de atención a menores y disminución de personal especializado, de material didáctico, hechos que de concretarse, afectarían de manea significativa, el bienestar de miles de trabajadores y sus familias.
El problema, estimadas compañeras, estimados compañeros, no es menor, dado que perjudica a un universo de más de mil guarderías subrogadas y alrededor de 140 mil menores que reciben este servicio.
A los legisladores priístas les preocupa que el nuevo esquema de contratos y operación para guarderías subrogadas, repercuta de manera significativa, en la calidad de los servicios que se ofrecen a los niños, y que de paso dañe la economía familiar de los trabajadores asegurados.
Tampoco estaríamos de acuerdo en que los servicios de guardería que brinda el Seguro Social a sus trabajadores, fuera de primera y segunda categoría, en virtud de que se estarían prestando servicios discriminatorios, que no podemos aceptar, y porque todo menor asegurado debe de recibir un servicio digno y de calidad.
En este sentido, consideramos que el servicio de guarderías. Es una prestación valiosa e imprescindible de la seguridad social en México, una conquista sindical histórica, para las madres que tienen la necesidad de trabajar a menudo como sostenedoras de la economía familiar.
Actualmente las mujeres insertas en la economía formal, aportan el 35% del producto interno bruto mientras que el 25% de los hogares mexicanos son conducidos por una mujer.
Es por ello que no se les hace ningún favor al atender a sus hijos durante sus jornadas laborales, porque hacerlo es parte del régimen de seguridad social pagado en parte con las cuotas de los propios beneficiarios del servicio.
Desconocer esta realidad es un hecho reprobable injusto, principalmente cuando el desconocimiento por impericia o dolo, proviene de un gobierno beneficiado electoralmente del voto de la mujer; sector al que muchos otros el hoy Presidente Vicente Fox, realizó promesas que no solo no ha cumplido, sino que revierte con atentados como el que hoy se pretende gestar en contra de las madres trabajadoras.
En este sentido lo que está en riesgo no sólo es la calidad del servicio y la atención a los menores, sino la misma seguridad laboral de las miles de madres de familia que al no poder resolver su necesidad de cuidado y atención de sus hijos, durante la jornada laboral, se ven en la disyuntiva de abandonar sus fuentes de trabajo.
La política implementada por este gobierno del cambio, no sólo pretende desconocer el compromiso histórico del Estado Mexicano en la lucha por la incorporación de las mujeres a los beneficios de justicia social, sino que en su afán de consolidar su imagen e intereses partidistas, genera espacios de desatención institucional para ser ocupados por instituciones privadas que se han ido apropiando de la atención de las necesidades de las más apremiantes de índole social en beneficio de sus propias causas o de intereses.
No queremos suponer que esto nos lleve a que con la desatención de las guarderías o la privatización de las instituciones de asistencia social, se quiera consolidar a las instituciones privadas como es la fundación "Vamos México", que bajo el amparo del Ejecutivo Federal, pretende capitalizar políticamente cada oportunidad de atención social que se presenta, como si la resolución de este tipo de problemática no fuera competencia del Estado.
Es inaceptable que en el caso de las guarderías se pretendan ignorar las consecuencias sociales y económicas de una medida como la que se pretende imponer desde el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Es un hecho que la capacidad del Seguro Social para ofrecer éste y otros derechos se ha restringido. Sin embargo, es lamentable que el actuar del Gobierno Federal se limite a la contemplación de los hechos y la justificación de las medidas por la aparente falta de opciones financieras. A cada solicitud y necesidad social este gobierno ha respondido sólo con negativas justificando su ineficiencia y culpas ajenas.
Para los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, las guarderías subrogadas representan una prestación indispensable para las madres que trabajan. No son, ni pueden ser nunca, una dádiva ni una acción de beneficencia; es competencia y responsabilidad el Estado.
Si el Instituto Mexicano del Seguro Social subroga a particulares, estas responsabilidades ante todo por su incapacidad para hacerlo directamente en todos los casos.
Por eso nos resulta preocupante que tanto el Ejecutivo como el Seguro Social, pretendan desestimar la naturaleza y el alcance del conflicto, generando un clima de desconfianza, alimentado por verdades a medias esparcidas con la intención de aminorar la importancia de la situación.
Por lo anterior, los grupos parlamentarios del PRI proponemos el siguiente Punto de Acuerdo:
Primero: Que la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, convoque a la brevedad posible a las autoridades encargadas del área de guarderías del Seguro Social y a los dirigentes de la Asociación Nacional de Guarderías, A:C:, para que de manera conjunta se discutan las alternativas y soluciones de la problemática.
Segundo: Exhortar a las partes en conflicto para que promuevan la negociación de contratos justos y equitativos donde se preserve la calidad de los servicios de las guarderías, a la vez que se mantenga el equilibrio financiero del Instituto.
Tercero: Exhortar de nueva cuenta al Gobierno Federal, para que realice un esfuerzo adicional a fin de apoyar con recursos económicos extras al Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de no disminuir los apoyos que se otorgan a las guarderías subrogadas y para que con ello estas puedan continuar brindando servicio de calidad a los derechohabientes.
"Finalmente, exhortar a las organizaciones empresariales, obreras y a las autoridades del Seguro Social, a que propongan un programa estructural de acciones a seguir que tengan como fin último la creación de más infraestructura de guarderías para satisfacer el aumento de la demanda de este servicio en todo el país.
"Por su atención, muchas gracias".
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, y a la Comisión de Trabajo de la misma Cámara de Senadores.
Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para destinar apoyos emergentes y extraordinarios a los damnificados del estado de Colima, por el terremoto ocurrido el pasado 21 de enero del 2003, suscrita por los senadores Héctor Michel Camarena y Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra el senador Ernesto Gil Elorduy.
- EL C. SEN. ERNESTO GIL ELORDUY: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea: El senador por Colima Héctor Michel Camarena, solicitó al grupo parlamentario del PRI y por nuestro conducto a los compañeros diputados de esta Comisión Permanente, para a su nombre presentar este punto de acuerdo que se refiere a la urgencia de atender con recursos a los damnificados del estado de Colima como consecuencia del terremoto ocurrido el pasado 21 de enero de este año.
"Colima vivió uno de los perores fenómenos naturales de su historia, un terremoto de 7.6 grados en la Escala de Richter, con epicentro en las costas colimenses y que también dejó sentir su fuerza en once entidades de la República, trajo consigo lamentables pérdidas de 21 vidas humanas, centenares de heridos, destrucción y desolación para los habitantes de esa entidad.
"Para dimensionar la fuerza y consecuencia de la tragedia, más de 800 casas destruidas en su totalidad y más de 12 mil afectadas, conforman las escenas dantescas en cinco de los diez municipios de la entidad como son: Colima, Tecomán, Villa de Alvarez, Coquimatlán y Manzanillo; con mayores estragos en la ciudad capital.
"Los daños estructurales se han extendido de casas habitación a cientos de comercios, a más de 700 inmuebles escolares, lo mismo en monumentos históricos y templos religiosos, oficinas administrativas de los tres niveles de gobierno y también en la infraestructura agrícola del estado: clínicas, hospitales del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud.
"Cabe también mencionar que en el caso del hospital del ISSSTE, con sede en la ciudad capital, fue necesario desalojar a pacientes y personal de dicha institución, debido a los fuertes daños que sufrió su edificio.
"Ante el luto y dolor de los colimenses se pone de manifiesto una vez más la solidaridad y hermandad de los mexicanos, el actuar de nuestras instituciones.
"Es de reconocerse y se reconoce, la pronta intervención de las Fuerzas Armadas que con eficiencia y amplia capacidad han implementado el Plan D-N-III en apoyo a damnificados.
"La participación espontánea y solidaria de la sociedad civil; la ayuda siempre fraterna de diversos gobiernos estatales que ya ha llegado a Colima, y aquella que puntualmente ha sido propuesta y enviada por organismos internacionales y naciones como: España, Estados Unidos, Grecia y el Estado Vaticano, entre otros.
La actuación de la Benemérita Cruz Roja Mexicana y la cooperación de cuerpos de rescate del vecino estado de Jalisco se han sumado exitosamente a las tareas de ayuda inmediata y remoción de escombros en la entidad. A ellos y a quienes ante estas adversas circunstancias han brindado su apoyo a los miles de familias damnificadas expresamos la gratitud y reconocimiento del pueblo y gobierno de Colima.
Al día siguiente del terremoto el Ejecutivo Federal, en compañía de los Secretarios de la Sedesol, Sedena, Marina, Turismo, así como de los titulares del Issste y Cenapred, realizaron un recorrido por las zonas afectadas en compañía del gobernador del estado. En los días subsecuentes los Secretarios de Educación, Economía y el Director del Fonden llevaron a cabo una gira de trabajo a efecto de evaluar y convenir los apoyos necesarios.
La mañana del jueves 24 el ejecutivo estatal sostuvo una reunión de trabajo en Los Pinos y se firmaron acuerdos para la rehabilitación y apoyo a damnificados del terremoto por 150 millones de pesos. La magnitud y evaluaciones del terremoto que han ejercido las instancias correspondientes de los tres órdenes de gobierno permite al gobierno del estado estimar en 400 millones de pesos la cantidad de recursos necesarios para programas exclusivos de reconstrucción de vivienda, según la información proporcionada por el propio gobernador del estado, Fernando Moreno Peña, a la sociedad colimense.
Asimismo la dimensión y consecuencias del terremoto hicieron posible que la Secretaría de Gobernación y a petición del propio gobierno del estado se declarara a Colima como zona de desastre. Se han instrumentado los mecanismos que permitirán el flujo de apoyos y recursos para la recuperación de miles de inmuebles afectados en forma parcial o total.
Lamentaremos siempre la invaluable pérdida de colimenses que en el fenómeno natural perecieron. A sus deudos y a todo el pueblo de Colima nuestro apoyo y solidaridad en momentos tan difíciles.
En los hechos Colima está demostrando que una adecuada coordinación entre los órdenes de gobierno, instituciones y sociedad, es la mejor garantía para dar solución a la problemática derivada de contingencias y desastres naturales. Ahora es necesario redoblar esfuerzos y respaldar las acciones emprendidas, a fin de garantizar que el desarrollo de un eficaz sistema de protección civil debe contar con tres estrategias de aplicación básicas: una de prevención, en la cual se busca evitar los efectos nocivos del desastre; otra, de acción de emergencia para salvar el mayor número de vidas y contrarrestar situaciones secundarias; y una última, de restablecimiento que solucione la problemática material de la colectividad.
En este contexto no solo se hace necesario la revisión de planteamientos sociológicos, políticos, históricos y legales, que nos pemita alcanzar respuestas más integrales y colectivas para la atención de futuros riesgos y emergencias. Se requiere ampliar, pero ante todo garantizar la insuficiencia de recursos tendientes al auxilio, reconstrucción y recuperación de las condiciones de normalidad ante la presencia de situaciones de desastre.
Ahora es preciso centrar los esfuerzos hacia el fortalecimiento de un proceso de reconstrucción en inmuebles afectados. Dar certidumbre y seguridad económica a quienes lo han perdido todo o parte de su patrimonio, forjado con el esfuerzo y tenacidad de muchos años. De nada servirán los mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias públicas y los tres órdenes de gobierno con el propósito de realizar acciones unificadas que respondan efectivamente al desastre de Colima, si no se cuenta con los recursos suficientes, pero ante todo su inmediata disposición.
Honorable Asamblea:
Por lo anteriormente expuesto y a nombre del senador de la República por Colima, Héctor Michel Camarena, someto a la consideración de este honorable pleno la aprobación del siguiente
" P u n t o d e A c u e r d o :
"Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita al gobierno federal que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2003, así como de conformidad con lo previsto por los artículos 15, 26, 27, 28, 29 y 30 y demás relativos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, se transfieran recursos adicionales al FONDEN por 500 millones de pesos, destinados a programas de reconstrucción de inmuebles, en ayuda a los damnificados de Colima por el terremoto ocurrido el pasado martes 21 de enero y que se ejercerán independientemente de los recursos ya acordados entre los gobiernos de la República y del estado de Colima.
"Para efectos de lo anterior, los gobiernos federal y del estado de Colima, constituirán un Consejo Estatal integrado por el Gobierno del Estado de Colima, representantes de todas las dependencias federales involucradas, así como por los municipios afectados, a efecto de que induzca en coordinación con el FONDEN, todo lo relativo a la aplicación, fijación de metas, destino y flujo de los recursos adicionales para los programas emergentes de vivienda y ayuda a damnificados a que se refiere el presente punto de acuerdo.
"Segundo.- La asignación de los recursos será en el entendido de que en aquellos casos en que las condiciones económicas lo permitan, los particulares o beneficiarios reintegrarán el apoyo económico a la Federación en los plazos y procedimientos que para tal efecto se determine por el propio fideicomiso.
"Tercero.- Esta soberanía exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de los titulares de la SEDESOL, Educación, ISSSTE, IMSS, Economía, Turismo, SAGARPA y el propio FONDEN, agilicen el flujo de los recursos ya acordados en apoyo a los damnificados por el terremoto en el estado de Colima.
"Cuarto.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, reconoce y agradece el apoyo de jefes de Estado, organismos internacionales y miembros de la Comunidad Internacional que en tan difíciles momentos para el pueblo de México han mostrado su solidaridad y apoyo siempre entrañables.
"Quinto.- Se gire atento oficio al ciudadano Presidente de la República, con el anexo del punto de acuerdo respectivo, para los efectos que se indica en los puntos citados con anterioridad".
Por su atención, muchas gracias.
-PRESIDENTE, DIP. BERNARDO BORBÓN VILCHES: Gracias senador.
En virtud de que tenemos inscrito para presentar propuestas con punto de acuerdo sobre el mismo tema, al diputado Ramón León Morales, del PRD, y al senador Víctor Manuel Torres Herrera, del PAN, escucharemos estas dos intervenciones antes de preguntar a la asamblea si el tema lo consideran de urgente o de obvia resolución.
Tiene la palabra el senador Víctor Manuel Torres Herrera, del Partido Acción Nacional.
-SEN. VICTOR MANUEL TORRES HERRERA: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Legisladores: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, con objeto de solicitar al gobierno federal apoyo extraordinario para atender a los damnificados del terremoto ocurrido el 21 de enero en el estado de Colima, de conformidad con las siguientes
"CONSIDERACIONES
Los habitantes del Estado de Colima viven una situación de emergencia a consecuencia del terremoto ocurrido el pasado 21 del mes en curso, el movimiento telúrico con una intensidad de 7.6 en la Escala de Richter causó tal daño en la entidad que se considera como el fenómeno natural más destructivo en el estado de Colima de hace medio siglo.
Con este fenómeno se colapsaron numerosas edificaciones lo cual arrojó un saldo de 500 personas heridas y 21 muertos; además de los lamentables daños a la integridad física de las personas, el terremoto causó grandes perjuicios a la infraestructura habitacional , industrial y del comercio en los Municipios de Ixtlahuacán, Tecomán, Armería, Colima, Villa de Alvarez y Coquimatlán. De acuerdo a una evaluación preliminar se estima que en la entidad, alrededor de 11 mil edificaciones sufrieron daños, de ellas 2 mil 135 se consideran como de pérdida total, 4 mil 237 tienen pérdida parcial y 4 mil 657 presentan daños leves, que según funcionarios del Gobierno Estatal, se necesitará una inversión aproximada a los 400 millones de pesos para su reconstrucción.
Sin embargo, el número de edificaciones dañadas ha ido aumentando con el paso de los dias, por lo que el número final de estas podría llegar a las 14 mil viviendas dañadas.
Como consecuencia de las viviendas colapsadas o en peligro de caer, miles de personas se encuentran alojadas en casas ajenas o en albergues públicos, además del daño a las viviendas también resultaron afectadas diversas instalaciones de salud
pública como el IMSS, el ISSSTE, Centros Educativos públicos y privados de todos los niveles, iglesias entre otros.
Las pérdidas sufridas tan solo en la Universidad de Colima se estiman en alrededor de 150 millones de pesos. También son cuantiosas las pérdidas en la Planta Productiva de la Entidad, como son los sectores del comercio, de servicios y de transformación, los cuales fueron afectados en sus edificios, muebles y mercancías.
En su conjunto, los daños provocados por el terremoto están afectando gravemente la vida familiar y la economía de una alta proporción de colimenses, colocando a la entidad en una situación de emergencia como no se conocía desde hace varias décadas.
Debe reconocerse que los tres niveles de Gobierno han trabajado coordinada y prontamente para restablecer los servicios básicos como electricidad, agua potable, vías de comunicación y limpieza de escombros. Mención especial quiero hacer al Ejército Mexicano , a la Armada de México y a grupos sociales que desde el primer momento han venido trabajando para reconstruir las zonas dañadas.
Sin embargo, el problema es de tal magnitud, que se requieren medidas urgentes y extraordinarias para solucionar la falta de vivienda y re activar la economía de los diversos sectores productivos de la entidad.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos Legisladores Federales del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo.
Primero.- El Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad a todo el pueblo de Colima por la irreparable pérdida de vidas humanas así como por los cuantiosos daños a los bienes de la población, ocurridos a consecuencia del sismo del día 21 del presente mes.
Segundo.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a utilizar toda la fuerza de las instituciones de a su cargo, para que en coordinación con las autoridades estatales y municipales, se auxilie en la medida necesaria y rápida a la población damnificada,con la finalidad de que en el menor tiempo posible se normalice la vida familiar, social y productiva en el Estado de Colima.
En estas condiciones de emergencia, deben considerarse prioritarios los programas de reconstrucción de viviendas y para estimular que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan seguir operando y mantengan la ocupación de mano de obra.
Considerando que las instituciones de seguridad social sufrieron daños en su infraestructura, deben tomarse las medidas emergentes para la normalización de su servicio y asegurar el abasto suficiente de medicinas.
Todos los programas de apoyo deberán ser supervisados para asegurar su aplicación transparente, alejados desde luego de intereses partidistas.
Tomando en cuenta la emergencia del asunto tratado, solicitamos se considere este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución y se ponga a discusión de inmediato.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 29 días de enero de 2003.
El presente punto de acuerdo es presentado por los proponentes: diputado Jesús Dueñas, senador Salvador Becerra y respaldado por el de la voz, senador Víctor Torres y diputados y senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor senador. Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.
- EL C. DIP. RAMON LEON MORALES: Muchas gracias señor Presidente.
Quiero, antes de iniciar, comentar con ustedes que esta, la comisión que nombró la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, se trasladó a la ciudad de Colima para cumplir con el mandato que se nos dio de presentar el saludo y la solidaridad de la Comisión Permanente al Gobierno y pueblo de Colima.
Comentarles a ustedes que aparte de hacer esta presentación, estos saludos, pudimos tener algunas reuniones, una de ellas con el Gobernador del Estado; otra más con empresarios del Estado de Colima y una más con el Comité Estatal de Protección Civil a la cual asistió el Secretario de Gobernación para declarar los diez municipios de Colima en zona de desastre.
Asimismo esta Comisión, hicimos un recorrido por algunos de los municipios más afectados; recorrido que incluyó municipios del sur del Estado de Jalisco en los cuales vimos que guardadas las proporciones, también han sido fuertemente afectados.
Es en ése sentido que presentamos esta proposición los tres legisladores que nos trasladamos al Estado de Colima y de Jalisco:
Los suscritos, senador Víctor Manuel Torres Herrera, del Partido Acción Nacional; diputado Salvador Cosio Gaona, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Ramón León Morales, servidor, del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, una proposición con Punto de Acuerdo, para que se amplíen los apoyos que de deberán recibir los afectados del sismo ocurrido el 21 de marzo, en los municipios de Colima y de algunos del Estado de Jalisco.
El temblor de 7.6 grados de intensidad en la escala Richster, con epicentro en las costas de Colima, castigó a la entidad y algunos municipios del Estado de Jalisco colindantes con el Estado de Colima, como no había sucedido hace décadas. Lo ocurrido la semana pasada dejó en tan sólo 50 segundos a muchas familias literalmente en la calle, el recuento de los daños hasta el día de ayer, era de 12 mil 284 viviendas dañadas, de las cuales 2 mil 969 deberán ser derrumbadas.
Daños igualmente graves en 3 de los 7 hospitales que existen en el Estado de Colima y 29 escuelas resultaron totalmente inhabilitadas. Asimismo, encontramos que cientos de enfermos y miles de estudiantes en este momento no pueden recibir una atención regular, en virtud de lo ocurrido. Encontramos también monumentos históricos, 7 iglesias sumamente dañadas.
Todos los municipios que integran el Estado de Colima resultaron afectados, hoy la gente convive con el ruido de las máquinas que derrumban casas y edificios, cientos de personas viven el albergues y miles en sus cocheras o patios ante el temor de que continué temblando, como ha sucedido. La población de Colima al momento ha guardado la calma y solidaridad. Nos sumamos al reconocimiento que se ha hecho aquí al Ejército, a Protección Civil, a autoridades federales y hay que decir estatales también, porque se mantiene el control de la situación. Igualmente hacemos un llamado para que todo tipo de ayuda sea de manera institucional y no se aproveche la situación para fines de carácter electoral, o con fines político o de lucro.
La población de Colima al momento ha guardado la calma y solidaridad, lo mismo en los municipios del sur de Jalisco, por lo tanto hacemos este reconocimiento repito al Ejército Mexicano, a médicos, enfermeras, ingeniero, miembros de Protección Civil del estado de Colima y de Jalisco, que igualmente se han destacado por su apoyo desinteresado, a los cuales se les brinda un reconocimiento afectuoso.
El día de ayer el Gobierno Federal declaró zona de desastre natural a los diez municipios del Estado de Colima, a los que se destinarán recursos del Fondo de Desastres Naturales, para apoyar a los afectados. Se habla de alrededor de 80 millones de pesos los cuales resultarán insuficientes, aun cuando se suman otras cantidades que han sido prometidas por los gobiernos de otros estados y de otras naciones, además de otros apoyos del Gobierno Federal y otros apoyos en especie que han entregado organizaciones sociales y personas en lo particular.
De acuerdo con las reglas de operación para la entrega del Fondo de Desastre, ésos serán entregados a familias que tienen ingresos de 1 a 3 salarios mínimos, lo cuál significa que miles de afectados no podrán recibir los apoyos por tener ingresos superiores, esto es en el Estado de Colima, como en muchas otras partes, la mayoría de la gente percibe de 2 a 5 salarios mínimos, razón por la cual se propone para que se reciban los apoyos y se flexibilicen las reglas, para que se amplíe de 1 a 5 salarios mínimos independientemente de lo anterior, también solicitamos se agilice la entrega de los recursos del FONDEN para que los afectados comiencen a reconstruir sus viviendas y además se amplíe el monto destinado para apoyar a los afectados, lo suficiente para que alcance a cubrir las necesidades de un mayor número de damnificados.
También resultaron afectados casas y negocios de familias que tienen una mayor solvencia económica pero que requerirán también de apoyos, por lo que se propone que se otorguen créditos blandos, esto es, con facilidades de pago, lo anterior promoverá la reactivación de la economía y de los empleos que se perdieron a partir del sismo.
Por último vamos a proponer, proponemos que se haga un exhorto o recomendación al Ejecutivo y se analice la situación de otros municipios que viven el mismo problema, como el caso de Zapotitlán de Vadillo, en Jalisco, de Tolimán, Tonila y Pihuamo en el mismo estado, para que se les declare zona de desastre y reciban los recursos del Fondo de Desastres Naturales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los legisladores que suscribimos sometemos a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se recomiende al Ejecutivo Federal se amplíe progresivamente el Fondo hasta aquellos ciudadanos afectados por el sismo que perciban hasta 5 salarios mínimos. Esto es hasta agotar el fondo destinado por el gobierno.
Segundo. Se agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus viviendas, solventar sus necesidades y se amplíe el fondo del monto destinado para apoyar a los afectados, lo suficiente para cubrir las necesidades de un mayor número de damnificados por el desastre natural en el estado de Colima y los municipios de Jalisco.
Tercero. Se exhorte al Ejecutivo Federal para que de inmediato se realicen los estudios para que en su caso se emita la declaratoria de desastre natural de otros municipios que resultaron igualmente afectados por el sismo, como es el caso de Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tonila y Pihuamo, todos del estado de Jalisco.
Cuarto. Se exhorte al Ejecutivo Federal y estatal para que implementen programas adicionales a los apoyos del FONDEN, para que los afectados puedan acceder a uno o más programas que les permitan su más ágil recuperación.
Por último solicitamos respetuosamente a la presidencia de la Mesa Directiva, se sirva dictar el trámite de urgente y obvia resolución a esta propuesta que firmamos los tres legisladores de la comisión y que pertenecemos a tres distintas fracciones parlamentarias.
Por su atención, muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado.
Consulta la Secretaría a la asamblea si la proposición del senador Ernesto Gil Elorduy se considera de urgente resolución.
LA SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ: Se pregunta a la asamblea si el punto de acuerdo se considera de urgente y obvia resolución.
Los diputados y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Se consulta a los legisladores, los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
EL PRESIDENTE: No se considera de urgente resolución y se turna a la Primera Comisión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si la propuesta del senador Víctor Manuel Torres Herrera se considera de urgente resolución.
LA SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ: En votación económica, se pregunta a la asamblea...
EL PRESIDENTE: Permítame, señora secretaria.
EL DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: (desde la curul) En virtud de que las tres proposiciones con punto de acuerdo coinciden, solicitamos que sean votadas de manera conjunta.
EL PRESIDENTE: Efectivamente. ¿El senador Víctor Manuel Torres Herrera y el diputado Ramón León Morales no tienen inconveniente en que se vote de manera conjunta las dos propuestas?
EL SEN. RAMON LEON MORALES (Desde su curul): Quiero comentar a la Presidencia de la Mesa Directiva que el documento que fue consensado, es éste que hemos estado presentando y fue consensado con compañeros de la fracción parlamentaria del PAN, con compañeros de la fracción parlamentaria del PRI. Por lo tanto, yo pediría que fuera mi documento el que fuera votado, pero no tendría problema de que se añadiera como documento, la propuesta que está haciendo el Partido Acción Nacional.
EL PRESIDENTE: Cómo no.
EL SEN. ERNESTO GIL ELORDUY (Desde su curul): Presidente.
EL PRESIDENTE: Senador Elorduy.
EL SEN. ERNESTO GIL ELORDUY (Desde su curul): Con todo respeto, señor Presidente, el documento con Punto de Acuerdo que presentó mi fracción parlamentaria, por conducto de su servidor, está signado por diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista, no así del Partido Acción Nacional.
Por lo tanto, yo considero que no se puede ya en este momento tratar de consensar un documento distinto al que ya se aceptó, sino que se sometiera a consideración de la asamblea uno por uno los puntos de acuerdo que está planteando cada fracción parlamentaria.
EL SEN. VICTOR MANUEL TORRES HERRERA (Desde su curul): Presidente.
EL PRESIDENTE: Sonido al senador Víctor Manuel Torres Herrera.
EL SEN. VICTOR MANUEL TORRES HERRERA (Desde su curul): En dado caso, señor Presidente, nosotros nos sumamos al Punto de Acuerdo del diputado Ramón León, en virtud de que la propuesta de ellos ha sido consensada y reúne parte de lo que nosotros hemos propuesto.
EL PRESIDENTE: ¿Retira su propuesta en lo particular?
EL SEN. VICTOR MANUEL TORRES HERRERA (Desde su curul): Sí, así es.
EL PRESIDENTE: Entonces consulte la Secretaría a la asamblea si considera de urgente resolución la propuesta presentada por el diputado Ramón León Morales.
LA SECRETARIA SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
EL PRESIDENTE: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión la proposición.
Tenemos registrados a tres oradores: el diputado Salvador Cosío Gaona, el diputado Víctor Antonio García Dávila y la diputada Julieta Prieto Furhken. Por lo tanto, se le otorga uso de la palabra al diputado Salvador Cosío Gaona, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
EL DIP. SALVADOR COSIO GAONA: Con la venia de la Presidencia.
El compañero diputado Ramón León Morales, que es integrante junto con un servidor y el senador Víctor Torres Herrera y el diputado García Dávila, de una Comisión que la Mesa Directiva designó para acudir a las entidades afectadas y en este caso acudimos a las más afectadas porque fueron muchas, ya dio cuenta de las circunstancias en forma general que privan en estas zonas de Colima y de Jalisco, circunstancias que no son muy diferentes a las que se dan con motivo de este tipo de desastres en otras ocasiones....
(Sigue turno 26)
… circunstancias que no son muy diferentes a las que se dan, con motivo de este tipo de desastres, en otras ocasiones en que se irán apareciendo, necesidades de todo tipo.
En efecto es un tema que merece que esta Comisión Permanente resuelva y apruebe, porque es el sentido de la oportunidad lo que más nos debe de importar.
Yo quiero, además, de solicitar la aprobación, hacer una precisión, que puede considerarla la Mesa Directiva como una propuesta concreta y de adición al Punto, que es en relación con mi estado, Jalisco.
Sin duda, que la mayor afectación se dio en Colima, pero en 53 municipios de los 124 que conforman la geografía de mi entidad natal, en mayor o menor medida, se da una afectación importante: hospitales dañados, estructura educativa en algunos lugares excluida, en otras muy lastimada, condiciones económicas difíciles, circunstancias que originan, sin duda alguna, retraso en el devenir cotidiano.
Hay cuatro municipios: Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tonila y Pihuamo, como ya lo expresó Ramón León, que son los que en Jalisco están severamente afectados, y son la franja limítrofe con el estado de Colima, que está en las faldas de los volcanes que están en esta zona, y que son las que resienten con mayor impacto la severidad del fenómeno.
Cuatro municipios que ya fueron declarados en estado de emergencia en forma inmediata, a petición del ejecutivo estatal, y que aun no han sido declarados zona de desastre, para poder acceder a fondos federales y a programas diversos de respaldo, cuatro municipios que solicito se incorporen como un apartado más del Punto de Acuerdo, un exhorto al Ejecutivo federal, para que de inmediato los declare zona de desastre, una vez que ya lo hizo como estado de emergencia, y que no requieren mayor estudio sus expedientes, porque salta a la vista las dificultades, el desastre que allí se vive, y la condición precaria de la autoridad municipal sobre todo.
Visitamos la zona que tiene dificultades muy grandes para sufragar lo elemental, ya no tienen para la nómina siguiente, han echado mano de todo recursos, y no tienen recursos ni tendrán pronto mientras no se declare zona de desastre y si se tarda el trámite será muy complicado.
Nos comentaron, algo que me parece que no debe ser, que han tenido que pagar hasta el diesel de la maquinaria pesada que el Ejército Mexicano ha llevado allí para reconstrucción, y son municipios con una dificultad económica normal: no tienen recursos.
Entonces la solicitud es, que independientemente de los 53 municipios que el ejecutivo jalisciense solicitó se declarara zona de desastre, y que se va a dilatar, según palabras del Secretario Gil ayer en Colina, me dijo a mí, porque son muchos y hay que revisar, expediente por expediente, que impere la sensibilidad, y que estos cuatro municipios que fueron declarados en estado de emergencia, que son obvia las condiciones de desastre, se declaren de inmediato, que separen del expediente global del estado, que no impere la burocracia y que sean declarados de inmediato zona de desastre, para que se inicien los trámites burocráticos de por si y vengan los recursos que necesitan.
Y que de entrada, rogándole me de unos minutos para concluir, se haga lo que se ha logrado hacer en otros casos similares, se otorguen recursos en calidad de préstamo al estado de Jalisco, para que a la vez los pueda facilitar a los municipios afectados, cuatro que estoy diciendo, para que después los documenten y los regresen con documentación del Fonden, para que puedan subsistir.
La situación es precaria, la falta de elementos, elementales de comida, de agua, de material para reconstrucción, para paliar vivienda, para atender el orden público, son imperativas.
Entonces mi propuesta es, se anexe en el Punto de Acuerdo, también de obvia resolución, exhorte al Ejecutivo federal, para que de inmediato declare zona de desastre a los municipios de Zapotitlán de Vadillo, Tonila y Pihuamo en el estado de Jalisco que ya fueron objeto de declaratoria de estado de emergencia, independientemente del trámite que se siga a la solicitud de los otros 49 municipios que requirió el Gobernador del Estado y además se canalicen de inmediato recursos al gobierno del Estado de Jalisco, para que a su vez los haga llegar urgentemente a los ayuntamientos antes mencionados, a efecto de sufragar los gastos más necesarios de esta tragedia.
Sería el planteamiento concreto y que se someta a la votación de ustedes en conjunto con el resto del texto que hemos consensado el diputado Ramón León Morales, el Senador Victor Manuel Torres Herrera y un servidor y que creo que merecerá su aprobación. Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputado-
Tiene inmediatamente el uso de la palabra el diputado Victor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.
Pero antes quiero informar a esta Honorable Asamblea, que se encuentran con nosotros los compañeros mexicanos que actualmente radican en los Estados Unidos, los señores Jorge Mújica, Carlos Villanueva, María García, Carlos Martínez, Ricardo Anaya y Mario Jiménez . Y también representantes de la Latino Junior of Chicago, que es el grupo coordinador que hace unos días tuvo una asamblea en la ciudad de Las Vegas, Nevada, para intentar reunir por primera vez una convergencia de más de 500 grupos de mexicanos en el extranjero, no sólo de los Estados Unidos, sino también de Canadá y de Europa, pero particularmente a los Estados Unidos. Sean ustedes muy bienvenidos.
Ahora sí diputado, tiene usted la palabra.
Ahora sí diputado, tiene usted la palabra.
-DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la presidencia:
La fracción parlamentaria del PT no podía quedarse callada ante la tragedia de los hermanos de Colima.
En México conocemos de desastres naturales. En Sinaloa por ejemplo los huracanes nos han dado muchos golpes. Sabemos de la solidaridad de todos los mexicanos. Pero también la lentitud e ineficacia del FONDEN, que lleva los recursos cuando bien nos va, con un año de tardía, si es que los lleva.
Los damnificados por el terremoto de Colima, no pueden esperar tanto tiempo, pues viven, y así lo vimos, en la calle. Los servicios sanitarios deficientes mantienen también latente la amenaza de epidemia, como es siempre en estos casos.
Colima siempre ha sido solidaria con otras entidades en desgracia. Por ello los recursos que estamos solicitando, y la fracción parlamentaria aprueba todas y cada una de las iniciativas de los compañeros legisladores, deben de llevar una etiqueta; deben de llevar la etiqueta de "urgente" y que participen los propios compañeros diputados federales en las comisiones que se nombren para vigilar que así sea.
El pueblo de Colima no espera menos de sus representantes nacionales y el exhorto de nuestra fracción del PT es que se entreguen de esa manera: "Urgente". Los daños materiales todos los conocemos, los hemos escuchado en esta tribuna. Los daños sicológicos son más difíciles de superar, por ello nuestra solidaridad para aliviarlos.
Agradecemos la ayuda que han recibido de nuestro Honorable Ejército Mexicano, organismos nacionales e internacionales. A todos, muchas gracias.
Es cuanto.
-PRESIDENTE: Gracias diputado.
Inmediatamente tiene el uso de la palabra la diputada Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos.
-DIP. JULIETA PRIETO FUHRKEN: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros: Para el Partido Verde Ecologista de México, es la mínima solidaridad que podemos ofrecer al pueblo de Colima, afectado por uno de los peores sismos de su historia, apoyándolos en todo lo que se necesite. Como todos sabemos, los desastres naturales afectan principalmente a la población de escasos recursos pero también al aparato productivo.
"Estamos ante un reto que se nos presenta cada vez que suceden estos fenómenos.
"Ser ágiles en la liberación de recursos y eficientes y justos en su distribución.
"Deficiencia e incapacidad del gobierno daña a la población y posibilita que la ayuda a damnificados sea politizada o se generen graves problemas de corrupción.
"Por ello apoyamos la propuesta que plantea además la creación de un consejo estatal, si ello constituye a los fines arriba citados.
"Saludamos la propuesta del dirigente estatal del PRD, René Díaz Mendoza, que su partido canalizará las ayudas altruistas y solidaria por un conducto único. Ojalá los demás institutos políticos y organizaciones civiles, hagan lo mismo.
"Saludamos y reconocemos el papel de la Armada, desde los primeros momentos de la emergencia y exhortamos al gobierno del estado a seguir atendiendo a los damnificados en coordinación con las otras instancias del gobierno, una vez que se ha declarado el estado "zona de desastre".
"Por su atención, gracias".
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra el senador Ernesto Gil Elorduy, hasta por cinco minutos, del Partido Revolucionario Institucional.
- EL C. SEN. ERNESTO GIL ELORDUY: Con su permiso, señor Presidente.
"Es indudable que hay una plena coincidencia de las diputadas y diputados y de las senadoras y de los senadores para sumarnos a esta necesidad urgente que permita mitigar no sólo el dolor de las familias colimenses, sino aportar de inmediato un número de recursos que vayan resolviendo esta tragedia que hoy vive la hermana entidad de Colima.
"Nosotros propusimos una cantidad determinada que lamentablemente no fue aprobada para que se pudiera discutir, pero sumándonos también a la propuesta del Partido de la Revolución Democrática que anteriormente lo hizo con la nuestra, nos permite precisar cuál es la intención de poder contar con los recursos suficientes que comiencen a fluir ante la emergencia que tenemos en esa entidad de la República.
"Si no fijamos una cantidad determinada, lo que sucede es que dejamos a la subjetividad del criterio de la posibilidad de tener recursos, y esto no se puede compartir con las dimensiones de la tragedia sufrida por el pueblo de Colima.
"La intención está perfectamente acotada por la transparencia en el uso de esos recursos; con la participación de las estructuras del Gobierno Federal, del gobierno estatal, de los municipios, lo que urge y esa es la demanda real es que sea con objetividad el tamaño de la tragedia.
"Si aquí nosotros dijimos que había un número determinado de casas destruidas, de personas sin posibilidades de salir adelante en este problema, yo escuché a alguno de nuestros compañeros decir que a través de la investigación y del trabajo que se está haciendo, hay muchos más de los que se previeron en un principio. De esa manera considero que la cantidad que se está solicitando en este punto de acuerdo, debe considerarla el gobierno.
"¿Por qué razón? Porque es el primer interesado y obligado a tratar de resolver la angustia que pasan nuestros compañeros del estado de Colima.
"Por esa razón nosotros insistimos en que es útil saber con qué cantidad se cuenta. No reducir nuestra capacidad de respuesta a Colima solamente con los fondos que tiene en este momento la institución que se encarga de los desastres naturales: El FONDEN, sino que además le demos a esa institución, a esa estructura del gobierno, la posibilidad real de aplicar mayores recursos emergentes para resolver este grave problema.
Por su atención, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón León Morales, del PRD, hasta por cinco minutos.
- EL C. DIPUTADO RAMÓN LEÓN MORALES (PRD): Gracias, señor Presidente.
Me congratulo de escuchar toda esta solidaridad por parte de los distintos grupos parlamentarios, no esperábamos menos en virtud de que efectivamente en Colima los daños van más allá de lo que aparece. Tenemos casi 3 mil casas para ser derrumbadas, muchísimas escuelas, hospitales y requeriremos de todos los esfuerzos extraordinarios que pueda dedicar el gobierno federal, el gobierno estatal, la Cámara de Diputados ojalá a través de los grupos parlamentarios también puedan ser sensibilizados para que se dé un apoyo para el estado de Colima.
No me queda la menor duda de que aprobaremos este punto de acuerdo, pero sí me gustaría utilizar este tiempo para hacer un llamado y un llamado a la confianza, un llamado a la esperanza y un llamado a hacer esfuerzos para que conjuntamente resolvamos el problema en Colima.
Creo, quiero decirlo con mucha claridad, no es momento ni de partidizar ni de politizar las ayudas. Y quiero hacer un llamado y mencionar dos ejemplos que se están dando en Colima, cosas que no deberían de ser:
La presidenta del DIF, con todo respeto lo digo, es candidata de un partido para ser diputada local. El presidente municipal de Colima es candidato a gobernador del estado. Nadie niega pues que les tocó estar en esta función en un momento tan determinante como éste. Y como estos casos hay otros, por lo que nosotros estamos llamando a unificar las ayudas, incluso a creer en las instituciones.
Más importante que politizar y que partidizar el problema de Colima es que se solucione el problema de Colima, por lo que hacemos un llamado muy respetuoso para que así como aquí nos estamos unificando en torno a sumar esfuerzos para la solución de este grave problema, nos sumemos también como fuerzas políticas y que con toda responsabilidad hagamos un llamado a nuestros institutos políticos a que pongamos por delante la reconstrucción de Colima y no la politización ni la partidización del conflicto.
Yo aprovecho estos segundos que me quedan, ojalá y lo retomemos de esta manera, porque creo que es de la mejor forma en que podemos dar óptimos, todos, todos podemos dar óptimos resultados para la solución de un problema tan grave como el estado de Colima y el sur de Jalisco está enfrentando.
Por su atención y su voto a favor de este punto de acuerdo, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Quiero preguntarle a los grupos parlamentarios si tienen ya un documento consensado. Si es así, suplicaría entregarlo a la Secretaría y pedirle a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
- LA C. SENADORA MICAELA AGUILAR GONZÁLEZ: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
- EL C. PRESIDENTE: Permítame señora Secretaria.
Quiero pedirles que sean tan amables de entregar el documento a fin de que la Secretaría lea únicamente el punto de acuerdo.
Si les parece damos paso a la siguiente proposición, con el fin de que terminen de acordar la redacción del punto de acuerdo e inmediatamente después regresamos, con el fin de tener un documento terminado.
La fracción parlamentaria del PRI solicita se posponga para la siguiente sesión el punto de acuerdo en relación al fomento a la lectura. Y entonces daríamos paso a la intervención del senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que se reclasifique la tarifa eléctrica en el estado de Tabasco y Chiapas, suscrita por los senadores Raymundo Cárdenas Hernández y José Moisés Castro Cervantes y que presenta el senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas.
Les pediría a los señores que pasen a alguno de los salones anexos para terminar y permitir que con todo orden escuchemos al señor senador.
Adelante senador.
-SEN. RUTILIO CRUZ ESCANDON CADENAS: Gracias. Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Legisladores: El consumo de la energía eléctrica tiene una marcada importancia en todos los hogares mexicanos y llega a representar, junto con la utilización de combustible, hasta un 9 y 10 por ciento del gasto familiar.
Las condiciones climatológicas en Chiapas, como ocurre en otros estados del sureste y del sur del país, predominan las temperaturas elevadas y los altos índices de humedad, que requieren sistemas de ventilación y enfriamiento en forma permanente de aire acondicionado.
En el estado Chiapas y Tabasco abundan los recursos energéticos, particularmente los hidrocarburos y la electricidad. Fundamentalmente es en estado de Chiapas donde se localizan los principales yacimientos de petróleo y gas del país, así como las más importantes presas y especialmente el gran potencial hidroeléctrico, por lo que tiene la mayor cantidad de plantas hidroeléctricas en la República y aportan anualmente una quinta parte de la generación del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el nivel de vida de sus habitantes es de los bajos del país.
El esfuerzo de los últimos años para consolidar la estabilidad económica ha relegado la equidad social, al mismo tiempo los desequilibrios estructurales se han recrudecido en cuanto a los sectores modernos de la economía, que no han logrado incorporar al resto de las actividades productivas a la nueva dinámica económica.
Existen zonas en el país donde se concentra la infraestructura social, los servicios de salud, los de la educación, el empleo y la tecnología productiva; en el resto hay graves carencias y una inequitativa distribución de la riqueza.
Es necesario recuperar una política de desarrollo regional, que de manera integral y con una visión de largo plazo abra nuevas opciones para el desarrollo del campo y de las ciudades. Debemos empezar por aquellas zonas que demandan mayor apoyo, compromiso y solidaridad de todos los mexicanos.
De considerarse la humedad relativa como un elemento más para fijar las tarifas eléctricas en los estados de Chiapas y Tabasco, su temperatura media mínima sería distinta, por lo que consecuentemente deberían ser ubicados en la tarifa 1E. Esta temperatura proporciona una medida directa de la sensación térmica y consecuentemente la sensación de calor se intensifica. Debido al efecto del vapor del agua en el aire ambiental, alta humedad relativa aproximadamente de 80% los acondicionadores de aire requieren un 25% más de energía para su operación comparado con un lugar con 50% de humedad relativa como en el norte del país, se puede decir en el hecho en el que en el medio ambiente tenga una alta humedad equivaldría a 4.7°C adicionales de temperatura en un medio ambiente seco, situación que a nivel de tarifas residenciales tan solo por este factor se debería cambiar la tarifa 1-C a la 1-E para ambos estados.
Por este motivo es también que los usuarios precisen de un mayor consumo de energía eléctrica para su sistema de ventilación y refrigeración; es por ello que sin soslayar la atención de los rezagos que demanda la población en las zonas económicas del país debe otorgarse a los estados de Sur la más elevada de las prioridades.
Por ello, exhortamos al Titular del Ejecutivo Federal para que la re clasificación de las Tarifas Eléctricas anunciadas el pasado 15 de enero para los Estados de Baja California y Sonora se consideren también para los Estados de Chiapas y Tabasco donde se presentan los mayores problemas por altos cobros residenciales para el uso de la energía eléctrica.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente Punto de Acuerdo.
UNICO.- Se exhorte al Titular del Ejecutivo Federal así como los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a que en el ámbito de su competencia se clasifiquen los Estados de Tabasco y Chiapas en la Tarifa Eléctrica 1-E considerando la temperatura , la zona salarial y los indicadores socioeconómicos
que imperan en dichas entidades.
Por su atención muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Senador.
Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. ¿Todavía no tenemos el documento? ¿Siguen deliberando? Muy bien, entonces vamos a darle el uso de la palabra al Senador Ernesto Gil Elorduy del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente exija a la Comisión Jurisdiccional la nulidad de las actuaciones que ha estado realizando la Sección Instructora.
-EL C. SENADOR ERNESTO GIL ELORDUY:- Muchas gracias señor Presidente, con su permiso. Honorable Asamblea. Hemos solicitado el uso de la palabrapara plantear ante ustedes un Punto de Acuerdo que se refiere a las actuaciones que ha estado teniendo la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y que a nuestra consideración ha cometido una serie de violaciones que consideramos importante se puedan conocer por esta honorable Asamblea.
Primera.- La formación y creación de la denominada Sección Instructora, se realizó con violaciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por haberse llevado a cabo fuera del tiempo que establece la Ley porque no se integró por la Comisión Jurisdiccional que tiene esa facultad, sino que lo hizo por medio de la Junta de Coordinación Política que carece de esa atribución.
Además, no se conformó con todos los Grupos Parlamentarios ni con la proporcionalidad y pluralidad que esta exige.
Segunda.- La Sección Instructora fue creada específicamente como Tribunal Especial, a efecto de que resuelva sobre el desafuero del Diputado Federal Carlos Antonio Romero Deschamps, del senador Luis Ricardo Aldana Prieto y del diputado local Jesús Olvera Méndez, sin competencia para hacerlo ni motivo o fundamento alguno.
La sección instructora dio trámite a la solicitud de procedencia sin estar cumplidos los requisitos procedimentales de la petición del Ministerio Público como lo demuestra la sentencia de amparo del Juez Cuarto de Distrito que ordena a la Procuraduría General de la República que revoque los acuerdos en donde se negó el derecho de defensa a los legisladores.
CUARTA.- La sección instructora se ha negado a otorgar copia a los legisladores, de las diversas constancias que integran el expediente lo que evidentemente los deja en estado de indefensión privándoles su derecho a la defensa.
CINCO:- En diversas actuaciones, se asentó que sus miembros tomaban los acuerdos pero sin que su firma apareciera. En este sentido, el Notario Público 117 del Distrito Federal, Daniel Sánchez Domínguez, dio fe el día 23 de este mes y año de que las firmas están incompletas, así como también de que han quedado pendientes de acuerdo diversas actuaciones sobre distintas promociones presentadas por la defensa, por ello sus actuaciones son nulas y la sección instructora no ha resuelto este recurso, como tampoco ha resuelto la incompetencia planteada por la defensa.
La sección instructora desechó la recusación en su contra por haber prejuiciado respecto del desafuero sin haberlo substanciado.
De acuerdo al artículo cuarto del referido acuerdo parlamentario, la Comisión Jurisdiccional tiene la facultad de vigilar la actuación de la sección instructora.
SEIS.- Los acuerdos dictados por la sección instructora en el citado procedimiento no han sido tomados por consenso de sus integrantes como lo ordena el acuerdo parlamentario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1998.
El día 5 de noviembre del 2002, la sección instructora notificó a las cero horas con treinta minutos, a la licenciada Odette Mobarat Vela (?) la resolución de esa misma fecha que por mayoría de votos de los integrantes de la sección instructora tomaron los diputados Ricardo Moreno Bastida, Presidente; José Francisco Blake Mora, secretario; y Cuauhtémoc Cardona Benavides, integrante, con voto en contra del diputado Eduardo Andrade Sánchez.
Asimismo, la resolución en que se fijó un período de cinco días naturales para el ofrecimiento de pruebas de fecha 5 de noviembre de 2002, tampoco fue acordado por consenso sino por mayoría de votos de los integrantes de dicha sección instructora con el voto en contra del diputado Eduardo Andrade Sánchez.
El acuerdo del 7 de noviembre de 2002 que resuelve sobre la petición para que se concediera un plazo de 30 días para el ofrecimiento de pruebas y sólo se acordó el de 20 días naturales, se tomó también por mayoría de votos con el voto en contra del diputado Ricardo Moreno Bastida.
Como consecuencia de lo anterior y al quedar acreditado que no existe consenso en los diversos acuerdos que los integrantes de la sección instructora han emitido en el procedimiento que se sigue en contra de los citados legisladores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo sexto del acuerdo parlamentario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1998, la sección instructora debe turnar de inmediato a la Comisión Jurisdiccional los expedientes para que ésta legalmente los conozca y resuelva.
SEPTIMO.- De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la sección instructora sólo puede establecer términos dentro del período ordinario de sesiones del Congreso; no obstante ello, en el presente mes que el Congreso evidentemente no sesiona, los diputados Ricardo Moreno Bastida, José Francisco Blake Mora y Cuauhtémoc Cárdenas Benavides, sin estar integrada la citada sección, a su arbitrio han fijado determinados plazos con el objeto claro de cerrar el procedimiento y determinar el desafuero de los legisladores, violentando el estado de derecho y conculcando las garantías consagradas en la Constitución General de la República.
Señoras y señores diputados y senadores.
Aquí en esta tribuna se ha hecho en recientes sesiones, una gallarda y recia defensa al estado de derecho y apego a la legalidad, por legisladores de todos los grupos parlamentarios. No podía ser de otra manera, porque los que tenemos el privilegio de hacer las leyes, somos los primeros obligados en respetarlas y hacerlas cumplir y cumplirlas. Esperamos que esta loable y congruente actitud sea asumida con toda responsabilidad jurídica y ética, por nuestros compañeros legisladores que tienen en sus manos y conciencia la decisión sobre este asunto. Si así lo hacen, será para bien de la justicia, del derecho y por tanto de la República.
Por lo anterior me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo:
Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exija a la Comisión Jurisdiccional la nulidad de las actuaciones que ha estado realizando la sección instructora, porque no ha respetado el receso y por la falta de consenso en sus resoluciones, contrario a lo que establece la ley. Se exige además que este Punto de Acuerdo sea turnado de inmediato a la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, así como también demandar el apego a los plazos que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece.
Sin más, les agradezco mucho su atención y solicito atentamente a la Presidencia, dé el turno correspondiente a este Punto de Acuerdo que hemos presentado. Muchas gracias.
-EL PRESIDENTE ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Se turna a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su análisis y turno posterior.
Para dar cumplimiento al acuerdo relativo de la sesión pasada de esta Comisión, se ha quedado integrado el grupo de trabajo para asistir al Estado de Chiapas de la siguiente manera:
El senador Elías Miguel Moreno del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alfredo Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional; la senadora Arely Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional; el senador Marco A. Xicotencátl Reynoso, del Partido Acción Nacional; el diputado Manuel Wistano Orozco Garza, del Partido Acción Nacional; la diputada Julieta Prieto Furhken, del Partido Verde Ecologista de México y el PT, faltando por determinar.
Tiene inmediatamente el uso de la palabra el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un Punto de Acuerdo,para que México ratifique el Segundo . Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
-EL SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNÁNDEZ: Gracias diputado Presidente.
El suscrito, integrante de la representación del Partido de la Revolución Democrática en esta Comisión Permanente, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
1.- Que la Asamblea General es el principal órgano deliberante de la Organización de las Naciones Unidas, pues en ella se encuentran representados todos los Estados miembros y garantizado el principio de igualdad jurídica.
Dos. Que la Carta de San Francisco le asigna a la Asamblea General, entre otras atribuciones, la facultad y el poder de hacer recomendaciones para fomentar la cooperación política internacional, impulsar el derecho internacional y su codificación, así como ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Tres. Que a pesar de que los gobiernos no están obligados jurídicamente a cumplir las resoluciones de la Asamblea General, éstas tienen el peso de la opinión pública mundial y la autoridad moral de la comunidad internacional.
Cuatro. Que los protocolos internacionales constituyen instrumentos complementarios fundamentales en la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Cinco. Que la resolución 14/128, en virtud de la cual la Asamblea General aprobó y proclamó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe ser acatada por el Estado Mexicano en estricto apego al compromiso adquirido por la Administración del Presidente Fox con la promoción y fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, de conformidad con las normas universalmente reconocidas en la materia, asegurando la plena aplicación de los instrumentos internacionales y la armonización de nuestra legislación interna con las obligaciones internacionales.
Seis. Que de conformidad con el artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay derecho más importante que el relativo a la vida, la libertad y la seguridad personales de todo individuo.
Siete. Que de conformidad con el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida es inherente a la persona humana y deberá estar protegido por la ley.
Ocho. Que las tendencias éticas, jurídicas y políticas internacionales contemporáneas indican claramente que la abolición de la pena de muerte no sólo es deseable y recomendable, sino que debe considerarse como un mecanismo indispensable para garantizar completamente el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida.
Nueve. Que en diciembre del año 2001 el Senado de la República aprobó la ratificación del Primer Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprometiéndose desde aquel momento a convertirse en un actor protagónico en la puesta al día de los compromisos y las responsabilidades internacionales de México en materia de derechos humanos.
Diez. Que la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, resulta perfectamente coherente con la vocación universalista del Estado Mexicano y representa una gran oportunidad para contribuir a proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos fundamentales en nuestro país.
Once. Que la pena capital no sólo es la forma más premeditada de asesinato, sino que también constituye la autonegación de la responsabilidad fundamental del Estado, que es la de garantizar la seguridad y la integridad física del individuo, y finalmente.
Doce. Que el día de hoy, por mi conducto el Partido de la Revolución Democrática ha presentado ante esta misma asamblea una iniciativa de reforma constitucional que suprime la pena de muerte del Sistema Jurídico Mexicano y elimina las posibles incompatibilidades y contradicciones entre el Protocolo en comento y nuestra Ley Suprema.
Por todo lo anteriormente expuesto,
solicito a usted, Presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable Comisión Permanente,
se sirva darle el trámite correspondiente a la siguiente proposición con punto de
acuerdo:
Unico. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del
Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República, a fin de que inicien el
procedimiento constitucional correspondiente para que nuestro país ratifique el segundo
protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado y
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/128, el 15
de diciembre de 1989.
Dado en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de enero de 2003.
Gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el diputado Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la situación del Campo Mexicano.
EL DIP. JESÚS BURGOS PINTO: Diputado Erick Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LVIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos esta proposición con Punto de Acuerdo relativa al sector agropecuario del país, bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
A nadie escapa la necesidad de urgencia de adoptar políticas, estrategias, normas, procedimientos, mecanismos y acuerdos internacionales, que aseguren de una vez por todas la solución a la grave crisis campesina, agropecuaria y rural que padece nuestro país y que tiene atrapados a los productores del agro en un contexto de inviabilidad financiera, endeudamiento, improductividad, éxodo migratorio, pobreza y migración, y que pone en riego al país en su conjunto, a la consolidación de su desarrollo económico y social, a la permanencia del régimen democrático, al estado de derecho como un pacto político de legalidad y a la misma soberanía nacional, uno de cuyos pilares es precisamente la soberanía alimentaria por la que luchan y se esmeran los productores del agro mexicano.
El problema del campo no es un asunto privativo de los campesinos, sino que atañe a la sociedad nacional entera, es de todo México, histórica y geográficamente hablando; lo es, desde el punto de vista económico, social y político, por lo que su atención debe ser integral e interesar a la representación nacional asentada en este órgano del Honorable Congreso de la Unión.
Las organizaciones campesinas de productores agropecuarios de todos los signos y posiciones, han coincidido en la necesidad de promover una política de estado en materia de desarrollo rural e impedir que acuerdos coyunturales de políticas públicas, incluidos el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y el ALCA, conviertan en estructural la dependencia alimentaria de México y el consecuente empobrecimiento del sector campesino.
El anterior ha sido el espíritu del actual movimiento campesino, del Encuentro Internacional sobre el Campo celebrado para conmemorar el 88 Aniversario de la Ley Agraria del 6 de enero, en Veracruz, en el que organizaciones campesinas de todo el país se pronunciaron a favor de la revisión de acuerdos comerciales como el TLCAN y el ALCA, no para poner en crisis la negociación internacional de México, sino para agrandar las posibilidades de desarrollo de una política alimentaria autónoma de nuestro país, al igual que manifestarse contra el debilitamiento de las políticas sociales de los gobiernos de la región y en especial de nuestra República, posiciones que se justifican al contrastar la Ley Agrícola en nuestro destino más próximo y socio del TLCAN que protege y apoya a los agricultores norteamericanos con 180 mil millones de dólares durante 10 años, frente a la exigua aportación prevista para nuestros campesinos que nos colocan en situación desigual, en la competencia de la apertura comercial pese a los recursos aprobados para apoyar al campo por la Honorable Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
Sobre estos y muchos temas, igualmente importantes para el campo, han hecho pronunciamientos y movilizaciones recientes las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios del país, de los que ha conocido con amplitud la opinión pública nacional, y que han conducido a las mismas organizaciones a plantear ante las autoridades federales al más alto nivel, la exigencia de una auténtica política de Estado para el campo mexicano, misma que sustente un programa de transición para resolver la coyuntura y otro de mediano y largos plazos para el cambio estructural, sobre la base de un desarrollo rural y social, integral, diversificado, sustentable e incluyente.
Advertimos que el gobierno de la república pretende responder a una parte de las anteriores demandas, expuestas en diversos foros con las organizaciones campesinas, mediante la reciente convocatoria al diálogo, para una política de estado para el campo, sin aclarar el destino que tendrían las conclusiones de las mesas de dicho diálogo, tras la que a su juicio deben llevar a un acuerdo nacional, derivado de la Convención Nacional Agropecuaria, tal como fue el compromiso del presidente Vicente Fox Quesada, y de los que dan cuenta los manifiestos a la opinión pública, signados por organizaciones campesinas, y suscrito igualmente por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional aparecidos el día de hoy en periódicos de circulación nacional.
Por las anteriores consideraciones, sometemos a la aprobación de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se solidariza con las agrupaciones y organizaciones campesinas y productores del campo mexicano, en su exigencia al gobierno federal, para que éste se comprometa públicamente a llevar las conclusiones de las mesas del diálogo al que está convocando, al seno de una Convención Nacional Agropecuaria, a celebrarse posteriormente, en la que pasarían a formar parte del Acuerdo Nacional Agropecuario que se suscribe en la misma.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2003.
Es cuanto señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Se han inscrito para el mismo asunto, los senadores Sara Isabel Castellanos Cortés del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senador Raymundo Cárdenas Hernández del Partido de la Revolución Democrática, senador Héctor Larios Córdova del Partido Acción Nacional.
Por lo tanto tiene la palabra la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés del Partido Verde Ecologista para fijar posiciones.
-SENADORA SARA ISABEL CASTELLANOS CORTES: Gracias señor presidente:
A pesar de su importancia el debate sobre la política agropecuaria del país, se ha distorsionado hasta convertirse en una caricatura; se ha polarizado en dos extremos: renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o aceptarlo a pie juntillas.
Y por otro lado se ha dramatizado. De haber negociación, los estadounidenses aprovecharían para impugnar todo aquello en lo que el Tratado beneficia a México. Se ha simplificado, es mejor la verdad, para los consumidores, comprar productos baratos en el mercado internacional, que caros en el mercado interno.
Lamentablemente todos los actores y agentes involucrados, sectores financieros, organizaciones campesinas y empresariales, sector público y gobierno, adoptan este esquema y vuelven estéril una discusión que debería de generar alternativas para revitalizar un sector donde participa 30% de la población nacional.
La responsabilidad de despolitizar el debate debería corresponder a las organizaciones campesinas, pero éstas se encuentran en un rally a ver cuál hace la defensa más radical de sus agremiados.
Por ello, ante la ausencia u omisión, debería ser el Estado el promotor de una discusión seria y productiva, apoyada además en sectores académicos y organizaciones de productores representativas.
Lamentablemente el Estado Mexicano ha venido perdiendo su capacidad de arbitrar el conflicto social. Una vez más se demuestra que en éste y en otros muchos temas tiende a colocarse en uno de los lados, renunciando a la conducción de la economía, para convertirse en un ente pasivo ante el mercado y posibilitando que se empobrezca la discusión a grandes extremos.
Es entonces posible escuchar a gobernantes y economistas en televisión y por cadena nacional, argumentar que es mejor para los consumidores que se importen productos alimenticios más baratos en el extranjero. La falacia cae por su propio peso cuando el argumento se lleva al extremo. ¿Por qué no comprar entonces en el exterior todo lo que se produce más barato que en México?
Tendríamos que importar acero, cemento, ropa, calzado, hasta artesanía mexicana hecha en Taiwan y hasta agave africano. México ha venido perdiendo competitividad a tal grado que es posible obtener en el extranjero casi todos los productos más baratos.
Entonces la pregunta que debemos hacernos no es que somos competitivos, sino en qué debemos serlo. La respuesta es cierto, proviene del mercado pero requiere ser apoyada con los recursos del Estado mediante acciones de fomento inteligentes y efectivas.
La Organización Mundial de Comercio y del TLCAN, prevé mecanismos para evitar prácticas desleales y otras que afecten a sectores y ramas productivas. No es necesario renegociar nada para proteger de manera temporal o indefinida a sectores que son lesionados económicamente con repercusiones sociales.
Así, los Estados Unidos han diferido la entrada de los transportistas mexicanos, aplican un embargo de facto al atún e incumplen en su cuota de azúcar.
El aguacate puede ser representativo de la política estadounidense para con las exportaciones agropecuarias de México, a pesar de que llevamos 80 añosexportando aguacates a Estados Unidos, ya que producimos la mitad de la producción mundial, este producto es altamente competitivo en precio y calidad.
"Estados Unidos mantiene la frontera de 20 estados, cerrada. Todavía en noviembre del año pasado no podíamos exportar a 39 estados. El argumento de que el aguacate es portador de: "la mosca de la fruta", sirve para proteger su producción de California y Florida. ¿Y sus compras provenientes de Israel, Sudáfrica, Argentina, Guatemala y Las Antillas? Entonces ahí está la situación.
"La poderosa Comisión del Aguacate, de California, que agrupa a 6 mil agricultores, no sólo frena las importaciones, sino que busca extender sus cultivos mediante nuevas variedades hacia climas fríos ubicados más al norte.
"¿Por qué no aplicamos medidas similares para diversificar nuestro comercio y proteger producción y empleo?
"Por ello es de reconocer, y lo hice desde el primer momento, la disposición presidencial de convocar a todas las organizaciones campesinas, a las que verdaderamente quieren ver por el campo, analizar con seriedad todos los temas del sector; pero sin embargo la forma en que ha sido emitida la convocatoria al diálogo por una política de Estado al campo, ha provocado el rechazo de las organizaciones del CAP y del movimiento El Campo No Aguanta Más.
"Esperamos que las organizaciones campesinas adopten con seriedad las demandas de sus agremiados y que el gobierno enfrente el asunto con voluntad e inteligencia.
"Corremos el riesgo de politizar eternamente los asuntos más importantes del país.
"Insisto, ojalá las organizaciones campesinas y el gobierno encuentren los mecanismos para encontrarse en un diálogo fructífero. Gracias".
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática
- EL C. SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ: Compañeras y compañeros legisladores:
El asunto del campo está en todos los medios de comunicación, en atención a que para nadie pasa desapercibida la grave situación en la que están millones de productores.
La atención que ha despertado este asunto es una muestra clara de que nadie está inventando problemas, sino que estos existen y tienden a agravarse.
También está muy claro de que va a iniciar un periodo de movilizaciones. El próximo viernes está convocada una manifestación aquí en la ciudad de México, a la que no sabemos qué cantidad de campesinos va a concurrir. Pero el hecho es que existen condiciones en el campo, en todas las latitudes del país, para que la agitación conmueva a millones de mexicanos y para que se produzcan manifestaciones de descontento que pueden derivar en violaciones a la ley, como ya lo hemos observado en otros grupos inconformes en el pasado.
A nosotros, en el PRD nos preocupa la frivolidad con que este asunto se está tratando por los encargados de la conducción política del gobierno del Presidente Fox. Nos parece grave que hasta en el tema secundario de quién convoca a las mesas de trabajo para que surja un acuerdo nacional para el campo, haya desacuerdos. Que haya desacuerdos en quién convoca, en cómo se forman las mesas, quién va a sacar la relatoría, quién va a redactar el famoso Acuerdo Nacional para el Campo. Y eso indica la falta de acuerdo en estos temas, indica que menos va a haber acuerdo en el contenido, en lo sustancial del acuerdo que necesitamos todos para salvar al campo y salvando al campo salvar también toda la estructura productiva del país.
Entonces estamos, en el PRD, muy preocupados porque somos un grupo parlamentario y un partido que considera indispensable que haya el acuerdo político para el campo. El Acuerdo Nacional para el Campo es indispensable y ello implica, ello implica ciudadanos legisladores, compañeras diputadas y senadoras, que de inmediato el Ejecutivo Federal disponga la renegociación de la convocatoria de todos sus términos.
Nosotros pensamos que la convocatoria tal vez debiera firmarla no solo el Poder Ejecutivo sino este Poder Legislativo, que a fin de cuentas va a tener que aprobar toda la legislación y los acuerdos presupuestarios que resulten de la discusión y que formen parte del Acuerdo Nacional para el Campo.
Yo no entendería por qué razón el Poder Legislativo no es parte de los convocantes. Y también creo que el Poder Ejecutivo no debe poner en riesgo el diálogo nacional excluyendo a las organizaciones agropecuarias de la convocatoria. Creo que en nada demerita la responsabilidad del Poder Ejecutivo el hecho de que comparta la convocatoria con las organizaciones. Se puede decir: <<Es que no hay una organización representativa de todos los campesinos>> Yo diría: Es cierto, hay muchas organizaciones y tal vez en esta fase de movilización haya más, crezca más, el número de organizaciones. Pero a fin de cuentas al país tampoco le conviene ningunear a las organizaciones que existen, antes al contrario, a nuestro juicio el propio Estado mexicano debía propiciar el encuentro de las organizaciones para darle paso a una interlocución segura con ellos.
Por todas estas razones, nosotros estamos en la idea de que el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de Gobernación y el de Sagarpa, se dispongan a renegociar los términos de la convocatoria para que el diálogo nacional para un acuerdo hacia el campo fluya con la rapidez que se necesita.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO BERNARDO BORBÓN VILCHES: Gracias, Senador.
Para el mismo asunto tiene la palabra el senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
-SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA: Con el permiso de la Presidencia.
Me parece que todos coincidiremos que el tema del campo es un tema que no solamente está vigente y estará vigente en los próximos días, sino que es fundamental para el futuro de la nación. Y me parece que cuando hay un tema tan mencionado y tan insistido, tenemos que empezar por resaltar los puntos de coincidencia y creo que el primer punto de convergencia es sobre la realidad del campo.
Todos estamos convencidos de que el campo sufre un rezago diferenciado con respecto al resto de la población; que en el campo, en donde viven 25 millones de mexicanos, se concentra la mayor parte de la pobreza; cerca del 60 por ciento de la pobreza está precisamente en el campo.
También hay que reconocer que en la realidad del campo hay situaciones de éxito, hay productores que han podido competir y que han podido mantener niveles crecientes de productividad y en consecuencia también de sus ingresos.
Se ha dicho con insistencia y un conjunto de movimientos ha tomado el nombre de que el campo no aguanta más y creo que todos coincidimos que desde hace tiempo el campo no aguanta más. Y si el campo no aguanta más me parece que lo prudente es resaltar las convergencias y de inmediato ponernos a resolver este problema.
¿Y qué hay que hacer para resolver este problema? Primeramente también coincidir en el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Establecer las políticas, las condiciones para que los niveles de vida de la población de la gente del campo puedan elevarse, para que aporte de la producción agropecuaria sea más definitivo para la economía nacional.
Y precisamente lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos en todo el país, hacer consensos, a tomar la convocatoria al diálogo del gobierno federal, para establecer una política de Estado en materia del campo. Se trata de llegar a los acuerdos, a los consensos, que todos coincidamos en cuáles deben de ser las políticas de largo plazo, cuáles deben de ser los programas a establecerse, cómo debemos de actuar con el presupuesto, cómo lograr un presupuesto multianual destinado al campo, que tenga un pleno consenso y que logre cambiar de manear estructural las condiciones del campo, para poder todos en conjunto salir de este problema.
Si somos consecuentes y estamos de acuerdo que el campo no aguanta más, me parece que lo que tenemos que hacer es hacer votos porque esta convocatoria al diálogo nacional para establecer una política de Estado que trascienda a un gobierno, que trascienda al signo político de los gobiernos que estén en el turno y que sea encaminada a resolver el problema del campo, tenemos que hacer votos porque este diálogo funcione.
Y esta convocatoria me parece que o primero que hay que resaltar, y aquí un poquito en contradicción con lo que se afirmaba en la tribuna, es que es una convocatoria incluyente. Ciertamente la convocatoria invita a todas las organizaciones de productores, no solamente los productores agremiados del sector social, también los productores privados, a todo el sector rural, a esta convocatoria del diálogo; no solamente a las organizaciones de productores y de campesinos, sino también a los legisladores, también a los académicos, a los partidos políticos, a los intelectuales. Me parece que lo primero que había que resaltar de esta convocatoria es que es una convocatoria verdaderamente incluyente, abarca todos los sectores de la sociedad, porque se requiere formar un acuerdo que defina la política de Estado –insisto- permanente, para combatir el rezago en el campo.
Lo segundo que habría que resaltar, es que esta convocatoria establece ocho grandes temas en donde se incluye en términos generales la problemática del campo. Cada uno de estos temas puede ampliarse, de tal forma que se abarquen todos los temas del campo; a ningún tema se está huyendo. Se habla sobre financiamiento del campo, sobre ordenamiento de la propiedad rural l, sobre desarrollo social, sobre el medio ambiente y el campo, sobre comercio exterior, sobre el TLCAN, sobre el papel del campo en el México del futuro, me parece que todos los temas están incluidos y si la Convocatoria es incluyente la participación es amplia, podemos realmente generar las bases para establecer esta política.
Finalmente también creo que es de resaltar de la Convocatoria, que esta Convocatoria establece mecanismos concretos para que las conclusiones no queden en meras buenas intenciones. Se establece con claridad que la implementación de las políticas que por ley compete al Ejecutivo, será a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.
En esta Convocatoria están participando todas las dependencias del Ejecutivo que participan en esta Comisión Intersecretarial y que son las que tienen incidencia con respecto al campo.
Pero también se establece que la vigilancia de la implementación de esta política de estado quedaría en manos del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural en donde participa la mayor parte de las organizaciones, lo que habría que hacer es ampliar para que todas las organizaciones que quisieran participar pudieran participar enla evaluación de la implementación de esta.
Pero adicionalmente la Convocatoria se extiende a los Legisladores para que los temas que tengan que ver con la Agenda Legislativa con respecto al campo, estén también representado el Congreso a través de estos Legisladores, Diputados y Senadores que participan en las Comisiones respectivas para que estos cambios legales puedan incluirse.
Yo creo que si en algún momento todos nos plantearan hace tiempo qué es lo que se necesitaba, se necesita establecer las bases de un consenso nacional para unas políticas estables para poder desarrollar al campo.
Bueno, hoy está hecha la Convocatoria, si estamos, insisto, convencidos que el campo no aguanta más, acudamos a esta Convocatoria, hagamos votos porque esta Convocatoria sea eficaz, se establezca un diálogo constructivo y genere las políticas que requiere el campo mexicano sin ninguna concepción inicial , sin ningún condicionamiento adicional porque el diálogo precisamente nace de tener la posibilidad de llegar a los acuerdos que sean necesarios para beneficio del nivel de vida de los mexicanos que viven en el campo.
Yo hago votos porque esa Convocatoria funcione, c reo que todos los días nuevas organizaciones se van sumando, el dia de hoy la Confederación Nacional de Productores Rurales se ha sumado, también hay que respetar a los productores que han decidido acudir a instancias legales como la Suprema Corte de Justicia, pero lo que tenemos que dejar de hacer es polemizar , dividir sobre este tema. LO que tenemos que hacer es dejarnos de preocupar por el campo y empezarnos a preocupar atendiendo a esta Convocatoria del diálogo generando en este diálogo las políticas estables que den la posibilidad de desarrollar al campo y de esa manera creo que todos estamos llamados a cubrir por nuestra parte lo que el campo nos reclama a todos.
Muchas gracias. (aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Gracias Senador. Agotada la lista de oradores inscritos para este tema, se turna a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Antes de pasar al siguiente punto pregunto a los Legisladores que estaban tratando de lograr un acuerdo parlamentario sobre el asunto de Colima, si tenemos ya el acuerdo. Colima y Jalisco, perdón. ¿Quién presentará el Punto de Acuerdo propuesto? Con mucho gusto Diputado.
Bien, seguimos esperando el Acuerdo, mientras está inscrito para presentar un Punto de Acuerdo, una proposición con Punto de Acuerdo sobre el Problema de Salud presentado en el Estado de Chiapas. Tiene la palabra para ello, el Diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
- EL C. DIP. CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ: Gracias señor Presidente.
Deseo compartir este texto escrito con todos ustedes.
En los últimos años, Chiapas ha estado en el mapa político del país muchas veces por circunstancias inéditas, otras por evidentes excesos y desafortunadamente a veces por hechos incalificables. La pobreza, se ha dicho, está en el fondo de todos estos acontecimientos.
La pobreza así, como si fuera un sustantivo que actúa por generación espontánea y no como lo que es: el resultado de la ineficacia del Gobierno como un todo y desde siempre, que no ha sabido conducir el desarrollo del Estado ante la complacencia de la República que sólo ha recibido los recursos y la imaginación de la gente de Chiapas con la que no ha sabido ser solidaria.
En el fondo se trata de un problema de falta de eficacia, un problema de abandono, de insensatez que ha trivializado los asuntos para sólo trasmitir una imagen festiva, folclórica de lo que podemos aceptar, de lo que no podemos aceptar es el carácter chiapaneco que de verdad sólo existe en el comportamiento y la personalidad de sus gobernantes.
No sé cuántos niños hayan muerto ya en Chiapas pero son muchos y esta es la noticia alarmante que hay en todo el mundo, como antes lo fueron los muchos adultos también muertos en conflictos generados por la polarización social o en la insurgencia que ha sido la mejor expresión de un estado de cosas que ya en verdad es insoportable.
Eficacia es el problema. Cuando menos creo que desde 1994 la realidad de Chiapas fue mostrada a los ojos del mundo en toda su expresión; el Gobierno como un todo tenía que haberse esmerado en ser eficaz; el Poder Ejecutivo y el Legislativo, las instituciones de la República, el gobierno del PRI y de los otros partidos tendrían que haber mostrado su eficacia y su solidaridad para actualizar la justicia. Lamentablemente no hemos podido ser eficaces, no hemos podido salvar nuestras desavenencias partidarias en el contexto de una problemática mayor que se debe imponer al mero logro del poder pública en las alianzas o en las componendas más inconfesables.
Por la ineficacia hemos perdido todos y sólo han ganado los que detentan el poder porque ante la dificultad entre partidos que no cesa y la polarización social en Chiapas que cada vez es mayor, ellos –los del poder gubernamental- han encontrado la impunidad de sus individualidades, la oportunidad para crear pequeñas opciones políticas personales que no tienen compromiso con nadie, ni con la ideología, ni con la religión, mucho menos con la gente, sólo alrededor de las satisfacción de sus apetitos y en la perversa intención que ojalá no se vuelva costumbre, de pretender manipular a la gente.
Hace una semana aquí en esta Comisión Permanente se aprobó para crear una Comisión Especial, ahora ya no sé si quedó en grupo de trabajo o finalmente en una entelequia de estas que salen en los periódicos pero que no sirven para nada. De aquella fecha, muchos otros sucesos han ocurrido señor Presidente: la muerte de los niños se ha complicado con la violencia reiterada en las comunidades indígenas; las visitas a las instituciones hospitalarias han mostrado el abandono y el desprecio en los asuntos de salud; han puesto en evidencia que frente al potencial de la entidad, sólo hay abandono, conflictos potenciales, desatención y miseria.
Falta de eficacia otra vez porque el Gobierno, confiando en que después de la algarada publicitaria todo se olvidará para seguir en las mismas, ha respondido con dispendio, desplegados en la prensa nacional que cada uno de ellos cuesta 260 mil pesos en días ordinarios; anuncios en la televisión y pretendidos manipuleos mediáticos para disimular sus excesos, pasar el trago amargo y regresar a la impunidad política, a los excesos al disfrute del poder annímodo, porque los otros poderes tampoco quieren ser eficaces.
La prensa local chiapaneca y luego la nacional han dado cuenta del folcklorismo gubernamental, que pronto ha asimilado la intentona de gobernar por la diversión y la mistificación. Más interesados parecen en las alineaciones de sus equipos deportivos, en la adquisición de "patas largas" extranjeros, en salvar los negocios del señor Murillo, asociado a las televisoras, en formular chascarillos de mal gusto y sentarse en la mesa de los reyes, de las visitas presidenciales, que en el compromiso serio de gobernar para la gente, que fue estrictamente para lo que fueron elegidos.
Pero señoras y señores de la Permanente, si estás conductas exageradas de quienes están en la política sin entenderla, son reprobables para los fines de la democracia en condiciones más o menos normales, por favor ubiquen la magnitud de esas acciones, el pago de los desplegados, los comerciales de la tele, los viajes internacionales y toda la parafernalia futbolera, en una entidad donde los niños se mueren en los hospitales públicos, donde la violencia resuelve a muertes lo que el gobierno no puede conciliar, en una entidad agobiada por los problemas económicos, dada su precaria situación agrícola, en una entidad donde no hay industria, con magras comunicaciones, con productos exportables sin precio, con una rebelión en sus montañas.
¿Qué vamos ha hacer, señoras y señores integrantes de la Permanente?¿ Defender al gobernador, defender al Secretario Frenk, para no lastimarle sus aspiraciones internacionalistas, insistir en nuestro interés partidario pretendiendo que nadie pierda en los próximos comicios electorales? ¿Qué vamos ha hacer?, ¿formular declaraciones, puntos de acuerdo que no prosperan, salir del paso y contribuir al espectáculo?, o nos decidimos como cuerpo, como políticos serios, como senadores de la República y diputados de la nación, a honrar la buena política que busca la eficacia.
Tiene que ser el Congreso de la Unión, el que dé muestras de sensatez y produzca acciones ejemplares, la frivolidad debe tener un hasta aquí, cuando arremete vidas humanas, polariza la sociedad y destruye la confianza de la gente. Ya no debiéramos aceptar que frente a cada problema, la única respuesta sea una andanada publicitaria para llamar la atención, pretendiendo que el olvido sea la única respuesta de la política.
Señoras y señores, más allá de las diferencias políticas entre nosotros, propongo prestigiar a la política y a honrar a los políticos que estén de acuerdo. Ya llegó el tiempo de tomar acuerdos que resuelvan y respondan a la realidad de Chiapas, que aquí esta todos los días en lo que le da a la República y en lo que la República no le otorga en reciprocidad.
Por eso pido que el grupo de trabajo constituido se traslado inmediatamente al Estado de Chiapas, para visitar las instituciones hospitalarias de la entidad y rendir un informa a esta Soberanía Nacional. Pido que el grupo de trabajo abrá una sesión de audiencias públicas, para conocer con precisión los alcances y la gravedad del problema. Finalmente propongo que con la mayor seriedad, el grupo de trabajo se constituya en un foro de investigación y análisis jurídico, para que en absoluto respeto a la soberanía de las entidades federativas, pueda proponer reformas legales o constitucionales necesarias a efecto de normar la intervención del gobierno en negocios de profesionales y en el pago, uso y abuso de la publicidad oficial.
No se trata señores, de dictar sentencias antes de tiempo, ni de iniciar debates intrascendentes, se trata de buscar que las acciones del Legislativo sean eficaces y sirvan para que la gente sepa que el Poder Legislativo sí está en la defensa de sus intereses.
Eso es todo, señores. Muchas gracias.
EL VICEPRESIDENTE, DIP. BERNARDO BORBÓN VILCHES: Se turna el asunto al grupo de trabajo que recién ha sido integrado en esta Comisión Permanente.
También con una propuesta de punto de acuerdo en relación con los niños fallecidos en el Centro de Salud en Comitán, Chiapas, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL DIP. RAMON LEON MORALES: Muchas gracias, señor Presidente.
El Hospital General de Comitán, Chiapas, cuenta con 90 camas y en su área de influencia viven 506 mil personas. La planta laboral está integrada por 5 pediatras, 2 ginecólogos, médicos generales y enfermeras. Según el Secretario de Salud de Chiapas, los recién nacidos que fallecieron entre diciembre y enero en dicho hospital tuvieron complicaciones severas, como haber nacido prematuros, que las madres padecían desnutrición y muchas de ellas eran menores de edad, lo que los acercaba al riesgo de no poder salvarles la vida. Además, el funcionario negó que los decesos hayan ocurrido por presunta negligencia médica y que fue la escasez de recursos económicos la única causal.
Familiares de los recién nacidos que perdieron la vida en dicho hospital, rechazaron los resultados que emitió la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre estas muertes y exigen que se les haga justicia.
El Gobernador, Pablo Salazar, dijo que las familias serían indemnizadas, pero funcionarios del DIF sólo hablan de que a los padres les darán una ayuda económica y que serán atendidos por la Procuraduría General del Estado. LOs cuerpos de los recién nacidos que murieron en el Hospital de Comitán fueron exhumados como parte de las investigaciones que buscan esclarecer las causas de los decesos de los menores.
En este sentido, el informe de resultados de los análisis bacteriológicos realizado por el propio Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chiapas, confirman el aislamiento de bacterias coliformes en el interior de incubadoras y catéteres de oxígeno. La presencia de Clepsiella pneumonie –disculpen, no sé pronunciar estos términos- en la tarja de pediatría y en el agua de garrafón; Pseudomona aureoginosa en una sonda de aspiración y en la llave de agua, entre otras bacterias causantes de la sepsis neonatal, pero lo más grave es que de las manos de enfermeras y pediatras se aislaron cepas de Stafilococcus, clepsiellas y Escherichia coli, probablemente porque no les daba tiempo ni de lavarse las manos antes de manejar a los menores.
También los padres de familia pidieron que la Contraloría del Gobierno estatal intensifique la investigación sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo del personal de salud que ahí presta sus servicios, pues según ellos no cumplen con el horario estipulado. Esta exigencia no terminará hasta que se vea restituido el derecho a una vida digna del pueblo de Comitán.
Por otra parte, cabe destacar que mujeres y hombres, en su mayoría indígenas tojolabales, tomaron el hospital de la Secretaría de Salud de las Margaritas, Chiapas, demandando medicinas y médicos las 24 horas del día para la población de escasos recursos y la salida de la Directora, Maribel Torres Cancino. Denuncian que médicos y enfermeras les dan malos tratos a las mujeres, niños y ancianos de este municipio.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a que se apliquen y hagan efectivas en todos los hospitales de los distintos niveles del país, las medidas para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales con apego a la norma oficial 026.
Segundo.- Esta soberanía acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, programe recursos extraordinarios del orden de 600 millones de pesos para la Secretaría de Salud, a fin de que se destine a las áreas de atención hospitalaria materno-infantil de todo el país, particularmente en el estado de Chiapas.
Tercero.- Asimismo, que el Congreso de la Unión solicite a la Procuraduría General de la República haga público el dictamen de cuáles fueron las verdaderas causas que provocaron los decesos de los infantes, para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve a su propia solución.
Cuarto.- Esta soberanía solicita a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo que lleve a cabo una Auditoría Médica para fincar, en su caso, responsabilidades con objeto de darle una solución justa a la problemática establecida en el presente Punto de Acuerdo.
Firmamos este Punto de Acuerdo la diputada federal Química Adela del Carmen Graniel Campos y un servidor.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Túrnese al grupo de trabajo integrado el día de hoy para atender el asunto de salud en Comitán, Chiapas.
Se ha pedido posponer el siguiente punto que era en relación al Presupuesto del Estado de Nayarit.
Tenemos también, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para demandar que se investigue al Servicio Postal Mexicano y se finquen responsabilidades en contra de quien resulte responsable por la desaparición de 15 mil cheques, suscrita por los diputados Sergio Acosta Salazar y el diputado Ramón León Morales. La presentará el diputado Ramón León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL DIP. RAMON LEON MORALES: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Los que suscribimos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta Comisión Permanente una propuesta con Punto de Acuerdo.
CONSIDERACIONES
La migración mexicana hacia los Estados Unidos tiene como antecedentes históricos el Programa Bracero que dio inicio en 1942 y concluyó en 1964. Uno de los objetivos principales del gobierno del entonces Presidente Norteamericano Franklin Roosevelt, era contratar mano de obra mexicana para los granjeros de aquel país, ya que sus trabajadores se habían enrolado en el ejército de su país que combatía en la Segunda Guerra Mundial.
La migración trae consigo un elemento de interdependencia en el mercado laboral de México y Estados Unidos, las empresas estadunidenses se benefician al pagar sueldos bajos y la economía mexicana, se libra de presiones laborales, puesto que no puede prever suficientes empleos para satisfacer la demanda de trabajo.
Este tema ha sido abordado infinitamente en esta H. Cámara de Diputados, pero pocas veces ofreciendo respuestas a nuestros hermanos que se encuentran del otro lado de la frontera, así como a sus familiares que se encuentran en territorio nacional.
Todos sabemos que nuestros connacionales en Estados Unidos, envían a sus familias entre 8 y 9 mil millones de dólares cada año por medio de remesas y que sirven para solventar en cien por ciento los gastos de necesidades básicas, como alimentación, educación, salud y mejoras de vivienda, entre otras, accediendo por ellos mismos a servicios que van mejorando su calidad de vida.
Este recinto ha sido testigo de una variedad de denuncias hechas por las diferentes fracciones parlamentarias, en torno a las violaciones y vejaciones que sufren nuestros nacionales, tal ha sido el caso de las empresas Western Junior y Money Gram (?), dedicadas al envío de remesas a nuestro país, el cual cobran porcentajes mayores al que prometen en su publicidad.
Nuestros connacionales, después de haber brindado su trabajo a las empresas norteamericanas, tienen en sobremanera merecida una pensión, que les permite a llevar a buen término el resto de su vida. El día de hoy, en esta tribuna, queremos expresar nuestra indignación y preocupación, por la desaparición ocurrida en el Servicio Postal Mexicano SEPOMEX, de casi 15 mil cheques.
Esos cheques los envía el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país por el concepto de pago de pensiones a los trabajados inmigrantes que prestaron servicios en aquel país, y cuyas cantidades oscilan entre 300 y 800 dólares.
Los pensionados afectados por esta situación pertenecen principalmente a los estados de Zacatecas, Jalisco y Michoacán. En el caso de este último, el día 14 de enero en la Parroquia de La Merced, ubicada en Morelia, Mich., hicieron fila, cientos y cientos de pensionados, para corroborar el cobro de sus cheques ante Mary Helen de la Torre, Cónsul de Estados Unidos en nuestro país.
Funcionarios del gobierno norteamericano, confirmaron esta situación, calificándola de preocupante, ya que la pérdida de los documentos de valor, se dio en un período de tres meses: julio, agosto y septiembre del año pasado.
Fue así como nos dimos cuenta del desvío de estos cheques, y es por ello que no podemos dejar impune tal hecho. No es posible que el Servicio Postal mexicano permita que ocurran este tipo de actos delictivos, que sólo evidencían su ineficiencia y la corrupción que existe al interior el mismo.
Si los directivos de SEPOMEX, habla de eficientar cada vez más esta institución y donde en el período de 1998 a 2001 han reportado pérdidas operativas de 726 millones de pesos y la caída en un 54% de sus ingresos desde 1995 hasta el año pasado, deberían de empezar por clarificar dónde se encuentran los responsables de la sustracción de estos cheques.
Es necesario que nos manifestemos en contra de este tipo de actos, que lesionan cada día a nuestra población. No debemos de ser insensibles ante la voz de nuestros representados que nos demandan justicia.
Por lo anteriormente expuesto los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la intervención de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que cada una de ellas, de acuerdo a sus atribuciones, procedan inmediatamente al esclarecimiento del destino que tuvieron los pagos de las pensiones de los extrabajadores braceros mexicanos, deslindándose las responsabilidades en contra de quien resulte responsable por la desaparición de los aproximadamente 15 mil cheques. Y de ser el caso dar parte a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus facultades integre la averiguación previa correspondiente.
Firmamos este punto de acuerdo los diputados Sergio Acosta Salazar y un servidor.
Muchas gracias señor presidente.
-PRESIDENTE DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice una prórroga en la tramitación de la doble nacionalidad, ha solicitado el uso de la palabra y se le concede, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
-DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN: Con su permiso señor presidente:
-PRESIDENTE: Adelante diputado.
-DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN: Hago uso de la palabra en nombre y representación del ciudadano diputado don Oscar Alvarado Cook, quien es sustituto en esta Comisión Permanente y hoy honra el Reglamento y los principios que nos rigen y los acuerdos a los que nos sometemos. Lo hago también en la representación de los ciudadanos diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, comprometidos con la causa de los mexicanos que viven en el exterior.
Cuatro y medio millones de mexicanos señoras y señores, cuatro y medio millones de hombres y mujeres, jóvenes muchos de ellos, que optaron algunos hace muchos años, por la dura, la muy difícil decisión de abandonar sus tierras y adentrarse a costumbres extrañas y muchas veces hostiles, con tal de sacar adelante lo que es principal y vital para cualquier hombre: la supervivencia de su familia.
Hace unos años cuando se anunció que se abriría el Programa de Naturalización y el Programa para Tramitar la Nacionalidad de los mexicanos que viven fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en otros países, se hicieron urgentes dos medidas que hasta la fecha no han podido concretarse: Primero, hacer una muy intensa campaña de difusión por parte de las autoridades de Relaciones Exteriores, a fin de que estas personas conozcan con detalle cuáles son los requisitos a través de los cuales pudieran acceder a los derechos nacionales.
No se trata de acceder corrijo, para recuperar sus derechos nacionales. Por eso, señoras y señores, hoy tiene carácter fundamental que hagamos de este Punto de Acuerdo una cosa común. Es cierto que ha existido una preocupación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; pero es verdad también que por distintas razones esta campaña no ha podido penetrar a los principales lugares y concentraciones de mexicanos que podrían aspirar a estos derechos.
Por eso y apelando a nuestro sentido común, le pedimos a ustedes sumarnos en este Punto de Acuerdo que consiste fundamentalmente en lo siguiente:
Primero: Se urge a la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciar una campaña de difusión sobre los requisitos para recuperar los derechos nacionales de nuestros compatriotas.
Segundo.- Se solicita y en este momento hacemos un amplio reconocimiento a los dirigentes de las organizaciones de migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, se solicita que laS Secretaría de Relaciones Exteriores prorrogue el plazo programado para tramitar la doble nacionalidad de los mexicanos que viven fundamentalmente en Estados Unidos y en otros países, por 365 días más contados a partir del 20 de marzo.
Esto, señores, es un reconocimiento a quienes hacen todos los días ese esfuerzo y enriquecen desde donde se hallan, a nuestro país. Ese es un reconocimiento a su trabajo, a las organizaciones que los agrupan y esas organizaciones que en muchas ocasiones como las de Colima, como las de Yucatán, como las del Distrito Federal en alguna ocasión, no dudan ocurrir presurosas, a ayudar a sus compatriotas.
Es por ello que es merecido y es justo. Un año más de prórroga para obtener la doble nacionalidad. Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Ramírez Marín.
Han solicitado el uso de la palabra,, para el mismo asunto, los senadores Felipe Vicencio, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene la palabra el senador Felipe Vicencio.
- EL C. SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores: Coincidimos en Acción Nacional plenamente en la afirmación de que las fronteras de la patria claramente definidas en el mapa de nuestra geografía, se extienden más allá de las fronteras y alcanzan a cualquier rincón del mundo en donde los mexicanos con orgullo con trabajo y con la energía que se obtiene por haber tenido raíces en nuestro país, viven, trabajan, producen y hacen del mundo un lugar más digno.
Creo yo que nunca será suficiente el reconocimiento que podamos hacer a los mexicanos que viviendo en el extranjero y particularmente en los Estados Unidos, contribuyen, repito, con su trabajo, con su esfuerzo, con su sudor, al desarrollo de una nación que de alguna manera les abre las puertas pero que al mismo tiempo aprovecha de manera ventajosa en muchas ocasiones, este esfuerzo. Y creo yo que en esta circunstancia México no puede olvidarlos.
Por ello en Acción Nacional creemos que es importante ampliar la posibilidad de que los connacionales puedan hacer valer este derecho a la doble nacionalidad, en virtud de que nuestra nación tiene el compromiso de seguir protegiendo, el compromiso de tutelar los derechos de quienes no tienen por qué dejar de ser ciudadanos mexicanos porque la ley así lo establece. Y esta Ley de la Doble Nacionalidad que establece un transitorio con una fecha perentoria, en efecto puede ser modificado.
Sin embargo, también habría que señalar que esta disposición legal no podrá ser ajustada con un punto de acuerdo simplemente, se requerirá de un esfuerzo legislativo importante para que esta iniciativa sea algo más que una buena intención, para que esta iniciativa sea algo más que un pronunciamiento que al poco tiempo se lleve el viento.
Como Poder Legislativo, compañeras, compañeros, tenemos que ser muy responsables y por lo tanto tendremos que encontrar juntos, más allá de los muy legítimos intereses de los partidos, la fórmula que permita hacer de este legítimo deseo, de este legítimo interés, una realidad eficaz.
Nosotros seguramente recibiremos el turno de este punto de acuerdo en la comisión correspondiente y ahí tendremos que construir juntos la fórmula que nos permita encontrar el mejor resultado. En ello Acción Nacional pondrá su parte y en ello estamos comprometidos.
Muchas gracias.
(Aplausos)
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias, Senador.
Para el mismo tema tiene la palabra el senador Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
- EL C. SENADOR RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Gracias diputado Presidente.
Compañeras y compañeros:
Yo quiero iniciar mi intervención saludando a una comisión de paisanos nuestros, que forman parte de un esfuerzo muy importante de organización de los mexicanos en el exterior, que se reunieron hace muy poco tiempo en el estado de Nevada, en Estados Unidos, y que están impulsando con la mayor de las fuerzas toda la temática de los mexicanos en el exterior.
Su presencia aquí es muy bienvenida y yo espero que nos veamos muy frecuentemente porque deberán ustedes ser testigos de la congruencia de todas las fracciones parlamentarias para resolver este problema especifico de la doble nacionalidad, pero sobre todo para impulsar sobre todo el derecho de voto, los derechos políticos de los mexicanos en el exterior.
Quisiera referirme rápidamente al tema que nos ocupa. Miren ustedes, en el artículo 4º fracción I, artículo 4º transitorio de la Ley de Nacionalidad se establecía que los mexicanos que adquirieran la nacionalidad norteamericana recuperaran la nacional, se requería, leo:
"Fracción I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría, Embajadas o Consulados de México dentro de los cinco años siguientes al 20 de marzo de 1998".
Eso significa que el 20 de marzo de este año vence el plazo para presentar por escrito.
¿Cómo resolver este problema? El 6 de noviembre se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma a la Ley de Nacionalidad para eliminar estos plazos. No tiene sentido poner plazos, es mejor dejarlo abierto para que cualquier ciudadano mexicano pueda recurrir a los beneficios de esta ley y adquirir la doble nacionalidad en cualquier momento.
Bueno, creo que las manifestaciones expresadas aquí por los compañeros que me antecedieron en la palabra, indican que todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, mostrémoslo modificando la ley rápidamente.
(aplausos)
Entonces yo sugiero que los compañeros del PRI accedan a que esto vaya a la Comisión correspondiente y que dictaminemos en el sentido que debemos dictaminar. Creo que nos veríamos mal pidiéndole al Ejecutivo que prorrogue algo cuando la ley establece taxativamente las fechas.
Yo estoy de acuerdo en el Punto de Acuerdo presentado, en el sentido; creo que eso refleja el compromiso de los proponentes con la solución de este problema. Pero sin embargo encontrémosle la fórmula para que sea eficaz nuestro acuerdo.
Entonces, bien podemos aprobar el Punto de Acuerdo, de todas maneras hay que exhortar al Ejecutivo para que también sea solidario con esta intención. Entonces, sugiero que aprobemos eso y que nos comprometamos con nuestros paisanos en Estados Unidos a que muy pronto se modifique la Ley de Nacionalidad -debe modificarse antes del 20 de marzo- y que mientras tanto la Secretaría pueda actuar de un modo que no entorpezca la intención mostrada por todas las fuerzas políticas representadas aquí en la Comisión Permanente. Muchas gracias.
-PRESIDENTE, DIP. BERNARDO BORBÓN VILCHES: Gracias senador.
Ha solicitado la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI, para rectificación de hechos sobre el mismo tema.
-DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN: Con su permiso señor Presidente.
Honorables miembros de la Mesa Directiva; senadores, diputados: Suelo coincidir con la forma siempre respetuosa y talentosa del senador Cárdenas y muchas veces con el fondo. Hoy coincido también con el senador Vicencio y es la expresión también de los señores senadores integrantes de la fracción parlamentaria del PRI y los diputados en esta Comisión Permanente, por lo que nos permitimos solicitar a usted, señor Presidente, la rectificación de este turno de la siguiente manera.
Con respecto al pronunciamiento y punto número 1: "Se urge a la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciar una campaña de difusión sobre los requisitos para recuperar los derechos nacionales de nuestros compatriotas", le pedimos lo turne a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.
Y en relación al segundo punto, que se refiere en sí a la prórroga, por supuesto, ese es el sentido de nuestro planteamiento y haciendo caso de la sugerencia que nos hace el señor Presidente de la Comisión respectiva en el Senado, solicitamos se turne a la Comisión de Población de la Cámara de Senadores, donde la expresión de las fracciones aquí vertidas nos aseguran que será una realidad antes del 20 de marzo.
(aplausos)
-MISMO PRESIDENTE: Agotada la lista de oradores inscritos, se turna de la forma en que ha sido solicitado. El primer punto a la Segunda Comisión Permanente. Se refiere a Relaciones Exteriores, Defensa y Educación.
En cuanto al Punto 2, túrnese a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores.
¿Se tiene ya el acuerdo sobre el tema de Damnificados en los Estados de Colina y Jalisco? ¿Lo presentará el Diputado León?. Tiene la palabra el Diputado León Morales para presentar el Punto de Acuerdo convenido con los grupos parlamentarios. Adelante Diputado.
-EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES. Gracias señor Presidente. Quiero informar a ustedes que en la propuesta de este Punto de Acuerdo se consensó con todas las fuerzas políticas que hubo la mayor disposición y voluntad política para que saliera en estos términos, lo cual se les agradece.
Punto de Acuerdo.
1º.- Se recomiende al Ejecutivo Federal se amplíe progresivamente el derecho de aquellos ciudadanos afectados por el sismo que perciban hasta cinco salarios mínimos y hasta agotar el Fondo destinado por el Gobierno.
2º.- Se agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus viviendas, solventar sus necesidades y se amplíe y sus necesidades lo suficiente para cubrir las necesidades de un mayor numero de damnificados por el desastre naturales en el Estado de Colima.
3º.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a efecto de que se otorgue y publique de inmediato la declaración de Zona de Desastre Natural para los Municipios de Zapotitlán de Badillo, Tolimán, Tonila y Piguamo en el Estado de Jalisco que ya fueron declarados en su oportunidad en estado de emergencia, independientemente de continuar y resolver con diligencia extrema el trámite en relación al resto de los municipios afectados en la entidad que en su conjunto conforman la solicitud de dicha declaratoria formulada oportunamente por el C.Gobernador del Estado de Jalisco.
Se solicitar otorgar a dicho Estado una línea de crédito suficiente que permita a las autoridades municipales y estatales disponer de inmediato de recursos financieros para atender los gastos de emergencia a fin de reembolsarse en cuanto se libren recursos del FONDEN que les corresponda.
4º.- Se exhorte al Ejecutivo Federal y Estatal para que implementen programas adicionales a los apoyos del FONDEN para que los afectados puedan acceder a uno o más programas que les permitan su más ágil recuperación.
Estos son los cuatro puntos que se proponen.
-EL C. PRESIDENTE. Sí, a petición del Diputado Ramírez, ¿si es posible repetirlo diputado León Morales?
-EL C. DIPUTADO ROBERTO LEON MORALES. "Se agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus viviendas y solventar sus necesidades lo suficiente para cubrir las necesidades de un mayor número de damnificados por el desastre natural en el Estado de Colima".
Quiero hace aquí una aclaración, que es parte del consenso, agradezco la oportunidad que se me da. Quedaría de esta manera: ""Se agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus viviendas y solventar así sus necesidades". Hasta ahí queda.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si considera suficientemente discutida la proposición.
-LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR GONZALEZ. Por instrucciones del señor Presidente se consulta a la Asamblea si está suficientemente discutida la proposición.
Los señores Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los señores Legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
(votación)
-EL C. PRESIDENTE. Bien, se considera suficientemente discutida. En ese caso se solicita a la Secretaría, en votación económica, preguntar si se aprueba la Proposición.
-LA MISMA C. SECRETARIA. En votación económica se pregunta si se aprueba la Proposición.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
- EL C. PRESIDENTE: Aprobada la proposición. Comuníquese en los términos acordados.
Ha solicitado el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, posponer la proposición con punto de acuerdo que pretendía exhortar el Jefe del Gobierno del Distrito Federal a la publicación inmediata del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones del Código Financiero del Distrito Federal y se ha pedido posponer el punto de acuerdo en relación a la papelería oficial del Poder Ejecutivo Federal que no cumple con lo establecido por la Ley sobre el Escudo y la Bandera y el Himno Nacionales que había inscrito el diputado Salvador Cosio Gaona, del Partido Revolucionario Institucional.
Para presentar un punto de acuerdo sobre la relación México-Estados Unidos de América en materia de transporte, ha solicitado la palabra el senador Esteban Angeles Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, senador.
- EL C. SEN. ESTEBAN ANGELES CERON: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras, compañeros legisladores.
En nombre de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional en esta Comisión Permanente, vengo a presentar un punto de acuerdo sobre la relación México-Estados Unidos en materia de transporte.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos, históricamente ha estado definida por la asimetría entre ambos países. Dada la frecuente falta de reciprocidad en el trato y cumplimiento de lo acordado, este componente ha sido motivo de incertidumbre y desencuentro; sin embargo, resulta inaceptable que México deba permanecer como espectador ante las constantes vicisitudes de una agenda bilateral a todas luces compleja. Los acontecimientos recientes, sin duda reclaman alzar la voz ante la imposición de voluntades caprichosas.
Muestra evidente de la intransigencia de nuestro vecino ha sido el reciente fallo de una corte de apelaciones en la ciudad de San Francisco el 16 de enero del presente año, el cual determinó que Estados Unidos de ninguna manera puede abrir sus fronteras en forma indiscriminada a los autotransportes mexicanos, no obstante que con ello reitera la falta de compromiso de ese país para respetar y cumplir las obligaciones contraidas con la firma del Tratado de Libre Comercio en donde claramente se estipula que los camiones mexicanos podrían ingresar a territorio estadounidense sin ninguna restricción desde el 18 de diciembre de 1995.
El pasado 27 de noviembre, el presidente George Bush autorizó que los transportistas mexicanos podrían ingresar a territorio de Estados Unidos más allá de las 20 millas permitidas y pudieran programar servicios regulares de transporte desde y hacia destinos de México y Estados Unidos.
A pesar de que dicha decisión no eliminaba todos los procesos de inspección en la frontera y que se trataba de una medida temporal ya que exigía nuevas revisiones después de 18 meses, representó sin embargo una acción que sentaba un importante precedente en las relaciones comerciales entre los dos países.
Sin embargo, haciendo evidente una vez más la práctica común de la doble agenda y del doble discurso, la Corte concluyó que la decisión ejecutiva, la decisión de Bush no entraría en vigor porque violaba la normatividad en materia de ambiental al no haber promovido antes la realización de un estudio sobre el impacto que dicha medida tendría en el medio ambiente de ese país; más aún, el fallo añadió que el Gobierno del presidente Bush actuó de manera arbitraria y caprichosa al decidir abrir las fronteras.
Compañeras y compañeros legisladores.
Hoy en día los transportes mexicanos, al igual que su personal operativo, son sometidos a largas revisiones y sin embargo el compromiso compartido que se ha ido construyendo a ambos lados de la frontera en esta materia, lejos de cimentar un escenario de cooperación que encauce a ambas sociedades a ser partícipes comunes de los beneficios del tratado comercial bilateral, al parecer ha sido tomado como el consentimiento del Gobierno Mexicano, de las políticas y prácticas evidentemente discriminatorias que ponen en marcha en ese país.
Aunque la propia Legislación Norteamericana, en particular la Ley del Medio Ambiente, establece que el gobierno antes de pronunciarse por una decisión, debe de realizar una evaluación sobre el impacto ambiental de la misma, este tipo de acciones transgrede los principios de derecho internacional más básicos, al justificar a través de una argumentación doméstica la violación de una obligación internacional.
La Corte de San Francisco concluyó explícitamente, que las obligaciones que impone el TELECAN, no privan sobre las leyes medio ambientales de ese país, por lo que la decisión del Presidente Bush, de ninguna manera es válida. Este tipo de acciones legaloides, definitivamente no pueden ser aceptables ya que van en contra de la letra y el espíritu del tratado.
Honorable Asamblea, el devenir de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos no puede estar sujeta a los intereses políticos y posiciones gremiales como las que han sido evidentes en la adopción de esta medida, mucho menos debemos aceptar que las presiones de organizaciones de transportistas trasnacionales, sean punta de lanza para continuar vulnerando los compromisos pactados en el acuerdo comercial bilateral.
No es válido convertir el Tratado de Libre Comercio firmado de buena fe, en el tratado del embudo, ancho para los transportistas norteamericanos y angosto para los transportistas mexicanos, no es justo, no es legal, no es moral. México solicitó hace más de cuatro años, en septiembre 22 de 1998, la conformación de un panel para resolver la controversia, en vista de las múltiples restricciones que a todas luces violaban el tratado. Su decisión, la decisión de este panel, fue favorable a México, sin embargo las determinaciones de este panel no fueron aceptables para Estados Unidos, ya que sus conclusiones no sólo han sido ignoradas del otro lado de la frontera. En los hechos respondieron el 16 de marzo del 2002, imponiendo una serie de reglas que pretenden regular técnicas, aspectos técnicos, operativos y de seguridad, inaceptables para México por ser unilaterales, discrecionales, discriminatorios y proteccionistas.
En todo momento México ha tratado de encontrar fórmulas satisfactorias, que permitan seguir dándole continuidad y vigencia a los propósitos que dieron origen al Tratado de Libre Comercio, no obstante ante la falta de compromisos serios por alcanzar un acuerdo en esta materia, las fracciones parlamentarias del PRI en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, no pueden dejar de pronunciarse sobre este nuevo ardid, que sólo busca mantener en el letargo obligaciones ya convenidas.
Consideramos que México ha hecho esfuerzos por tratar de preservar el respeto al espíritu y letra del Tratado Comercial con Estados Unidos y como respuesta, sólo tenemos su trasgresión sistemática, que para los transportistas mexicanos significa en los hechos, quedar limitados a circular solamente en las zonas comerciales fronterizas de Estados Unidos, donde nuestros camioneros están obligados a transferir su carga a sus homólogos estadounidenses, para que la llevan a su destino final.
Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a su amable consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:
1º.- Se solicita a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, en su carácter de administradora del TLCAN, de conformidad con las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, informe a esta soberanía de las actuaciones realizadas con motivo del informe final del panel arbitral establecido en términos del Capítulo 20 del TELECAN, de fecha 6 de enero del 2001, en el caso de las restricciones de Estados Unidos en materia de servicios transfronterizos e inversión en el sector transporte de carga, toda vez que las partes contendientes deberán convenir la solución de la controversia y notificar a sus secciones del secretariado toda resolución acordada en virtud de lo establecido por el artículo 2018 del TELECAN.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, informe al H. Congreso de la Unión la relación, el número y las características de las solicitudes presentadas por transportistas extranjeros interesados en prestar el servicio en territorio nacional y la de connacionales presentadas a Estados Unidos, con el propósito de prestar servicios en ese país, y
Tercero. Toda vez que se han excedido el plazo de 30 días de la recepción de la resolución final del panel, esto es el 6 de enero del 2001, no se ha convenido la solución de la controversia, inacción del Gobierno Federal que está afectando de manera grave a los transportistas mexicanos, hacemos un exhorto al Ejecutivo Federal para que suspenda la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la parte demandada y se impida el ingreso de transportes estadounidenses a nuestro país hasta en tanto no se asuma por parte de Estados Unidos una actitud de respeto a lo señalado en el Tratado de Libre Comercio, o en su caso nos informen de los inconvenientes de tomar esta medida a la que tenemos derecho.
Señor Presidente, dejo un ejemplar del punto de acuerdo leído para que se sirva por favor ordenar se incluya en la Gaceta Parlamentaria. Gracias.
EL VICEPRESIDENTE, BERNARDO BORBÓN VILCHES: Con mucho gusto. Gracias senador.
Pasamos al capítulo de agenda política, en donde está registrado un punto por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y tiene la palabra el diputado Ramón León Morales para exponerlo: comentarios sobre la situación económica y presiones al tipo de cambio.
EL DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias, señor Presidente.
El 2003 inicia con un alto grado de incertidumbre, el ambiente financiero nacional e internacional se ha estado deteriorando, impulsado por las presiones que genera la cercanía de una posible guerra en el Medio Oriente. El tipo de cambio ha sufrido un deslizamiento en los últimos días hasta llegar a venderse en las ventanillas a 11.05 pesos por dólar.
Los actores externos en este momento son determinantes, tanto por la posible guerra Estados Unidos- Gran Bretaña con Irak y la apreciación del Euro frente al dólar norteamericano.
Desde hace varios meses hemos estado advirtiendo lo sobrevaluado que se encontraba el peso, restándole competitividad a nuestros productos frente al exterior. Ahora la devaluación se enmarca en un contexto de tremenda volatilidad financiera, por ello para nosotros hubiera sido más conveniente deslizar nuestra moneda en un momento en que los mercados financieros no estuvieran tan frágiles como ocurre actualmente.
En el corto plazo el gobierno tiene margen de maniobra, por ejemplo tenemos que las reservas del Banco de México han crecido, ubicándose en 48 mil 537 millones de dólares, es decir, un poco más de 511 mil millones de pesos, recursos que son suficientes para hacer frente a la eventualidad de un deslizamiento pronunciado. Ahora la apreciación de nuestra moneda a una paridad más realista no es totalmente negativa para la economía, sobre todo en un marco donde los procesos electorales son una tentación para seguir manteniendo artificialmente un tipo de cambio perjudicial para nuestras exportaciones.
Las posiciones contrapuestas entre los titulares del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han generado una incertidumbre en los mercados financieros nacionales. Si no se aclaran completamente las medidas a tomar, la inestabilidad permeará en el ambiente.
El PRD no está apostando por este problema, por el contrario, exhortamos a las autoridades del gabinete económico a que se pongan de acuerdo.
El gobernador del Banco de México señaló el pasado jueves 23 de enero en curso, que se utilizarán todos los instrumentos de política monetaria para estabilizar el tipo de cambio; mientras, por otro lado, el Secretario de Hacienda señalaba en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que el gobierno no intervendrá en el mercado de cambios y que dejará que las fuerzas de la oferta y la demanda sean las que equilibren el peso frente al dólar.
El riesgo que se corre es de si el tipo de cambio se deprecia drásticamente, afectará terriblemente el escaso poder adquisitivo de los mexicanos. La expectativa del comportamiento del dólar para los próximos meses es incierta.
Sin embargo, se puede sostener que un nivel de 11 pesos es factible siempre y cuando las autoridades manejen con cuidado las variables macroeconómicas como las tasas de interés y la entrada de divisas por concepto del incremento del precio del petróleo.
Si tomamos en cuenta las reservas internacionales del Banco de México y el ingreso de recursos adicionales, hay suficiente margen de maniobra para desactivar la especulación que se da en torno al peso. Por el momento, no tenemos de qué alarmarnos, el deslizamiento que sufre el peso es moderado y manejable.
Al mismo tiempo, el manejo oportuno de las tasas de interés por parte del Banco de México, fue una medida necesaria para evitar fluctuaciones. Las expectativas de crecimiento de la economía mexicana para este año, se ven condicionadas a la evolución de los conflictos políticos internacionales que afectarán los mercados financieros globalizados.
Si el conflicto en el Medio Oriente se agudizara, esperamos que el crecimiento sea superior al 3%. En cambio, si esto no ocurre, el crecimiento será moderado como una alta restricción para evitar que se dispare la inflación esperada de 3%.
El crecimiento esperado probablemente será viable si las autoridades hacendarias en cumplimiento con el ordenamiento del artículo 21 inciso J), que condiciona los ingresos petroleros una vez descontado, en su caso, el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, destinar un 50% para el gasto de inversión en infraestructura, en las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001.
El manejo y entrega de esos recursos marcarán la posibilidad de crear y poder alcanzar la meta de crecimiento económico planteado en el marco macroeconómico.
En este contexto, el reciente Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, muestra que las políticas neoliberales siguen siendo el credo predominante a pesar de que no han podido evitar las crisis, éstas, por el contrario, se hacen más recurrentes.
Los grandes problemas mundiales como la pobreza y el hambre, no son tomados en cuenta al momento de diseñar las políticas públicas; en la elaboración de las mismas se privilegian las variables macroeconómicas como la inflación y la austeridad en las finanzas públicas en detrimento de las políticas sociales.
Por ello, el Partido de la Revolución Democrática ha propuesto que para reactivar la economía, se debe privilegiar el mercado interno a través de incentivos a la producción nacional, apoyar la producción en el campo y que el Estado siga siendo el promotor de la actividad económica en aquellas áreas prioritarias para el desarrollo económico nacional.
Por último, creemos que todo crecimiento económico debe estar acompañdo de una mejor calidad de vida para todos los mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado.
Para corregir una omisión y solicitándole una disculpa al senador Angeles, se turna el punto planteado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.
Para presentar comentarios sobre la problemática del campo mexicano, está inscrito el senador Antonio García Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a quien se le concede la palabra.
-EL C. SENADOR ANTONIO GARCIA TORRES: Gracias señor presidente. La realidad que vive hoy el campo mexicano, merece acciones rápidas y también de largo plazo, sin embargo, las acciones de gobierno no son claras, más bien resultan contradictorias, y las posturas de los miembros del gabinete, generan más irritación en la gente del campo.
Nosotros, subrayamos que una revisión del Tratado de Libre Comercio, sin ir acompañada de una verdadera política agropecuaria, no resolverá el problema.
Desde la primera semana de enero se han endurecido las manifestaciones campesinas en contra de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio. La petición más importante de la Confederación Nacional Campesina, es que se declare al campo mexicano en estado de emergencia, que se negocie un presupuesto multianual y medidas de emergencia para auxiliar a los campesinos, productores, trabajadores agrícolas, ejidos y comunidades agrarias e indígenas.
Sin embargo, la actual administración ha señalado que el tratado no es el culpable de la situación del campo, y que se está exagerando en las percusiones que tendrá la entrada en vigor del capítulo agropecuario, además que se podría perder más por lo menos.
Debemos puntualizar que mucho se ha hablado de las asimetrías entre la situación del campo mexicano con el de nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá y de otros países, pero quiero recordar con ustedes algunas de estas asimetrías para entender la desesperación de los campesinos.
Los subsidios por persona en el campo en los Estados Unidos por año son de 20 mil dólares por persona, en Japón de 23 mil, en la Unión Europea de 15 mil dolares y en México sólo llegan a 750 dólares.
En Estados Unidos se dispone de 1.6 tractores por trabajador agrícola, en Canadá 1.8 y en México sólo hay dos tractores por cada 100 trabajadores. Este año 2003 Estados Unidos tendrá un presupuesto de 117,900 millones de dólares, en tanto que en México es sólo de 3,042 millones.
En mayo de 2002 se decretó una nueva ley agrícola en los Estados Unidos, que aumenta un 44% los subsidios agrícolas y agranda las desventajas competitivas del sector agropecuario, pues esta ley prevé apoyos extraordinarios por 180 mil millones de dólares para los próximos diez años, en el campo de los Estados Unidos.
En México la unidad promedio por cada trabajador agrícola es cercana a las 3 hectáreas, en tanto que en los Estados Unidos es de 52 hectáreas por trabajador.
El 25% de la población en México es rural y de éstos el 49% están en una situación de pobreza y el 24 en una situación de miseria, en contraste con Estados Unidos donde sólo el 2% de su población es rural y no viven en condiciones de pobreza.
Otra diferencia la marcan las tasas de interés. En México el año pasado fueron del 12.6% , mientras que en Estados Unidos fueron del 3.8 y en Canadá del 4%. En la situación actual el agro mexicano, sus campesinos, no podrían competir ni en el mercado interno.
La rentabilidad en el campo mexicano ha sido recurrentemente sacrificada para no alterar los objetivos macroeconómicos. Es cierto que en el campo mexicano ha habido ganadores con el Tratado de Libre Comercio. Pero han sido los menos. Los perdedores, quienes han tenido ventajas con el acuerdo comercial, son 4 millones, mientras que los ganadores suman apenas 180 mil productores.
Los triunfadores en esto ocupan apenas una superficie de 1 millón 830 mil hectáreas, pero los afectados siembran más de 14 y medio millones de hectáreas. No podemos medir a nuestra gente del campo sólo por su aportación al Producto Interno Bruto Nacional, tenemos que estar conscientes que México necesita a sus campesinos hoy y en el futuro.
Es indispensable la persistencia y el florecimiento de un modo rural de vida, digno y satisfactorio. Esta es una necesidad mundial, lo entienden bien los países ricos que apoyan cada vez más a sus campesinos y aprecian su aportación social y cultural. Pero aquí un pequeño grupo en el poder parece no tener eco de esa sensata preocupación.
Los legisladores del PRI insistimos en la inaplazable expedición por el Congreso, de una ley de emergencia para el campo, no sólo con mira a los impactos comerciales del 2003, sino para darle viabilidad y sustentabilidad de mediano y largo plazo, a este sector.
Esta ley trata de conjuntar todos los esfuerzos gubernamentales existentes en el sector, con las iniciativas aprobadas por el Congreso, en ese mismo sentido.
La fracción del PRI en la Comisión Permanente, cree tajantemente que el apoyo que la gente del campo requiere en el presente, deberá de ir acompañada con acciones caracterizadas por la prontitud, la eficacia y los recursos necesarios para aminorar los grandes rezagos productivos, comerciales, pero sobre todo sociales.
Paralelamente debemos atacar la raíz con políticas públicas de corto y mediano y largo alcance. Se deben de sentar las bases, por eso el término de emergencia de un campo de mayor oportunidad con acciones de alto impacto en la protección del productor ante la adversidad comercial nacional, como internacional, imperan.
No obstante, debemos de ser claros que esta propuesta no puede ser una decisión unilateral del Poder Legislativo, la ley de emergencia deberá ser producto del acuerdo con el Ejecutivo Federal. Esta Legislatura ha aprobado leyes que mucho apoyarán para las decisiones que se tengan que tomar. Estas leyes son las que dan vida a una nueva financiera rural.
Aquí cabe hacer el comentario que ésta deberá funcionar con una estructura burocrática pequeña, de costos bajos, para poder destinar la mayor cantidad de recursos en créditos a los productores agrícolas. Flexibilizar los trámites para la aprobación de estos créditos, ya que en muchos casos no se contará con historial crediticio.
Otra ley es la del Desarrollo Rural Forestal, otra, la Ley del Desarrollo Rural Sustentable y el Nuevo Proyecto de Ley de Aguas Nacionales que durante su proceso de formación ha dado lugar a intensas discusiones.
En el corto plazo, aquel que engloba la emergencia que hemos propuesto, debemos considerar que debido a que los precios del petróleo están por encima de lo propuesto en el Presupuesto, hacer uso de los excedentes para conformar un fondo de apoyo a la producción nacional, algo similar a los apoyos que los norteamericanos han dado a sus productores a través de la Farm-Bill.
Debemos tener presente que el propio Tratado de Libre Comercio señala en su artículo 2202 los mecanismos para su revisión.
Primero.- "Las partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Tratado".
Segundo.- "Las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben, según los procedimientos jurídicos de cada parte, constituirán parte integral de este Tratado".
De igual manera el artículo 704 del Tratado dice lo siguiente: "Las partes reconocen que las medidas de apoyo interno pueden ser de vital importancia para sus sectores agropecuarios".
Todo lo anterior nos llama a considerar reformas estructurales de fondo. El concurso de todas las organizaciones campesinas, los partidos políticos, el Poder Legislativo, los congresos y gobiernos locales, así como los responsables de las políticas gubernamentales, deberán ser parte de un solo equipo que reorganice, priorice y siente las bases de una política de estado para el campo mexicano. Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, senador.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
- LA C. SECRETARIA SENADORA YOLANDA EUGENIA GONZALEZ: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Se da lectura al orden del día)
- EL C. PRESIDENTE (A las 16:09 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes cuatro de febrero de 2003 a las 11:30 horas.
Igualmente se invita a la ceremonia solemne que el mismo día se realizará a las diez horas con motivo del 150 aniversario del natalicio de José Marti, en cumplimiento de Acuerdo de esta Comisión Permanente, y se realizará en el Salón Legislativo.
Precisando: a las diez horas del martes cuatro de febrero, la ceremonia solemne en honor de José Martí y a las 11:30 del mismo día, martes cuatro, la sesión de la Comisión Permanente.
Muchas gracias, señores legisladores, buenas tardes.
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