LVIII LEGISLATURA

COMISIÓN PERMANENTE DEL PRIMER  RECESO

DEL TERCER AÑO PERIODO  DE SESIONES ORDINARIAS  DE LA LVIII LEGISLATURA.

4 DE FEBRERO DE 2003

-EL C. PRESIDENTE: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los Integrantes de la Comisión Permanente.

(LISTA DE ASISTENCIA)

Hay una asistencia de 29 Legisladores.

Hay quórum, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE: Se abre la Sesión (A las 12:00hrs.)

-EL MISMO C. SECRETARIO: Se va a dar lectura al orden del día.

(LECTURA ORDEN DEL DIA)

-EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto DEL Orden del Día es la discusión del Acta de la Sesión Anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se proceda a su votación.

-EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Acta de la Sesión Anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se proceda a su votación.

Los Ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los Ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

-EL C. PRESIDENTE: Se dispensa la lectura.

Proceda la Secretaría a someter a discusión el Acta.

-EL MISMO C. SECRETARIO: Está a discusión el Acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los Ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los Ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

-EL C. PRESIDENTE: Aprobada el Acta.

Comunicaciones.

-LA C. SECRETARIA YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ:

(Invitación del Gobierno del Distrito Federal a la Ceremonia Cívica del 86 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917)

-EL C. PRESIDENTE: Para asistir en representación de esta Comisión Permanente se designa a los siguientes Ciudadanos Legisladores.

Diputado Ismael Estrada Colín Diputado José María Rivera CabelloSenador Rutilio Escandón Cadenas.

-LA MISMA C. SECRETARIA:

(Comunicación del Estado de Coahuila, solicitando revisión inmediata del Tratado de Libre Comercio)

-PRESIDENTE: Remítase a la Cámara de Senadores.

-SECRETARIA SENADORA YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ:

(Oficio del Congreso del Estado de Sinaloa)

-PRESIDENTE: De enterado.

-MISMA SECRETARIA:

(Oficio del gobierno del Estado de Colima, que remite informe sobre las

condiciones que guardan los Centros de Readaptación Social)

-PRESIDENTE: Remítase al promovente.

-MISMA SECRETARIA:

(Oficio del diputado Eric Eber Villanueva Mukul por el que solicita permiso para aceptar y usar la condecoración "Orden de Pedro Joaquín Chamorro", en grado de Gran Cruz que la confiere la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua)

(Oficio del diputado Eric Eber Villanueva Mukul por el que solicita permiso para aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Soberano Congreso de Guatemala" que le confiere el Congreso de la República de Guatemala. )

-PRESIDENTE: Consulte la secretaría a la Asamblea si se les dispensan todos los trámites, por considerarse de urgente resolución y se ponen a discusión y votación de inmediato.

-MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la presidencia, se consulta al Honorable Pleno, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento apra el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se les dispensan todos los trámites, por considerarse de urgente resolución y se ponen a discusión y en su caso a votación de inmediato.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

-PRESIDENTE: Se les dispensan todos los trámites por considerarse de urgente resolución.

En consecuencia, se pide a la secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.

-MISMA SECRETARIA: Está a discusión el proyecto de decreto.

- LA C. SECRETARIA SEN. YOLANDA EUGENIA GONZALEZ: Se concede permiso al diputado Eric Eber Villanueva Mukul, para aceptar y usar las siguientes Condecoraciones: De la "Orden Pedro Joaquín Chamorro, en Grado de Gran Cruz", que le confiere la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua; de la "Orden del Soberano Congreso de Guatemala", que le confiere el Congreso de la República de Guatemala".

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal del Proyecto de Decreto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación Nominal)

-LA MISMA C. SECRETARIA: Se emitieron 27 votos en pro y cero en contra.

-EL C. PRESIDENTE: aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

-LA C. SECRETRIA SEN. YOLANDA EUGENIA GONZALEZ:

(Oficio con el que remite el Congreso del Estado de Baja California, Iniciativa que reforma las fracción VIII del artículo 116 y reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativa al impuesto sustitutivo del crédito al salario, propuesta por el diputado Salvador Cosío Gaona, solicita se posponga para la siguiente sesión.

Para presentar una iniciativa que reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social suscrita por los diputados José María Rivera Cabello, y Manuel Orozco Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado José María Rivera Cabello.

EL C. DIP. JOSE MARIA RIVERA CABELLO: Con la venia de la Presidencia.

"En el informe que el Instituto Mexicano del Seguro social entregó en junio de 2002 al Congreso, se nos señala un importante racionamiento de la demanda del servicio de guarderías, debido a que los lugares disponibles son mucho menores a la demanda potencial.

"Para hacer frente a este problema, en 1995 nació el "Esquema Vecinal Comunitario". Con inversión privada de sociedades civiles se instalaron guarderías en inmuebles adaptados ex profeso con capacidad instalada de 65 a 200 niños.

"Estos esquemas han permitido al IMSS atender actualmente y por conducto de 14 mil prestadores de servicios, un total de 109 niños.

"Nos parece evidente que los mejores jueces del bienestar de un hijo, son los propios padres.

"Los varios años de operación de los esquemas subrogados en continuo crecimiento y sin que se reporte demérito en los servicios ofrecidos respecto a los estándares institucionales, suporta nuestra convicción de que ésta es una opción adecuada para el aumento de la cobertura de los derechohabientes del Seguro Social.

"Por si fuera poco la mejor cobertura de guarderías para los derechohabientes del IMSS tiene un beneficio extra para la nación respecto al buen cuidado de la niñez, aumenta el interés por la formalización de las relaciones de trabajo.

"El mismo informe que se ha citado, ilustra que la guardería vecinal comunitaria genera un costo promedio menor de atención a los niños derechohabientes y ha permitido la ampliación sustancial de lugares disponibles.

"Las tendencias de mayor incorporación de las mujeres a las fuerza de trabajo formal, y a su continuación en el empleo durante los primeros años de vida de sus hijos, claramente determinan un incremento de la demanda de las derechohabientes por espacios adecuados para el cuidado de los pequeños.

"Por tal motivo resulta claro que la asunción exclusiva de esta tarea por parte del Instituto, es incompatible con el ritmo de crecimiento de la demanda, a la que debe añadirse la necesidad de las madres que hoy no reciben esta prestación y que por tanto recurren a guarderías de paga o al apoyo familiar.

"Es en este tenor por lo que cobra más fuerza la importancia de aprovechar los buenos resultados de la guardería Vecinal Comunitaria para alcanzar el objetivo de este decreto. Más guarderías para más niños atendidos.

"Recientemente ha surgido un problema entre el Instituto y las guarderías con convenios de subrogación. Nuestra intervención al escuchar a las partes nos ha revelado un grave problema de comunicación como causa fundamental de las quejas. Sin embargo hemos advertido un problema subyacente, mucho más importante, que radica en la inseguridad jurídica que surgen las guarderías con este tipo de convenios.

"Desde el momento en que esta prestación tan importante puede estar a expensas del capricho burocrático o a una amenaza unilateral de desaparición, estamos poniendo en riesgo un servicio fundamental.

"La simple incomprensión registrada en los primeros días del año 2003 entre el Instituto y los prestadores del servicio, suscitó una reacción de gran molestia por parte de los padres de familia ante una simple sombra de amenaza. Es obligación de los legisladores escuchar este clamor social y dar plena legalidad y garantías a las guarderías que hoy responden a los padres de familia y todo indica que responden bien a sus necesidades, pues repetimos no puede haber jueces más severos del buen trato de los niños que sus propios padres.

"Los legisladores de Acción Nacional que suscribimos esta iniciativa de decreto nos basamos en ese juicio severo de los padres de familia que avala el éxito del esquema de guardería vecinal comunitaria, para plantear una modificación al artículo 213 de la Ley del Seguro Social, que tiene por objeto proveer esta seguridad jurídica y un camino certero para ampliar el número de guarderías de la esfera de la seguridad social y por ende la atención a la infancia.

"Nuestra propuesta considera ampliar los sujetos con los que el Instituto puede celebrar los convenios de subrogación del servicio. Nuestra propuesta incluye además de los patrones a los particulares y a las organizaciones sociales. Todos ellos deberán satisfacer los requisitos que el propio Instituto elabore para la operación de estos centros.

"A partir de esta reforma los padres de familia que tienen hijos en guarderías vecinales comunitarias, los proveedores del servicio y el público en general contarán con el punto de apoyo para la construcción de una relación en donde no quepa la discrecionalidad o la indefensión legal de la sociedad.

"Por eso, como los principios de doctrina de Acción Nacional señalan, esta reforma está inspirada por nuestro convencimiento que tenemos que alcanzar tanta sociedad como sea posible y solo tanto Estado como sea necesario".

Es cuanto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.

Túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el diputado César Horacio Duarte Jaquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de

Ley de Inscripción y Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera.

- EL C. DIPUTADO CÉSAR HORACIO DUARTE JAQUEZ (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

"El suscrito diputado federal, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar la iniciativa de Ley para la Inscripción y Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera.

" E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s :

"Se calcula que en el pais circulan cerca de 300 mil camiones de carga y pasajeros en las carreteras, en las ciudades, en los municipios y en las comunidades, generando condiciones de inseguridad para los ciudadanos que transitan en los mismos y el riesgo permanente para quienes los poseen y conducen.

"Desde hace mucho tiempo los sectores agropecuarios de transportes de carga, materialistas, de pasajeros y de carga en general, al carecer de apoyos y recursos necesarios como equipo para transportar sus productos optaron por adquirir en el país automotores de procedencia extranjera por su bajo costo, permitiéndose cubrir necesidades de transporte. Algunos grupos urbanos de las zonas fronterizas del país

adquirieron también vehículos de transporte de pasajeros para sus necesidades económicas tales como la transportación de personas a centros de trabajo, escuelas. También en los campos donde laboran los jornaleros agrícolas, etcétera.

"Estos automotores constituyen una parte importante del patrimonio de estas personas y a la vez la principal herramienta para realizar su trabajo, con lo cual se beneficia directamente la economía de nuestro país.

"La falta o el elevado costo de este tipo de automotores retrasa al sector agropecuario por lo que se ha tenido que allegar de éstos de otra manera o que el embargo de los mismos traería como consecuencia una descapitalización mayor a este sector.

"Que el estado ilegal de los vehículos en su mayor parte va aparejada de prácticas de corrupción, en la que participan desde autoridades municipales, estatales y federales, que a la vez generan inseguridad para todos los ciudadanos. Estas prácticas y sus modalidades podrán ser erradicadas siempre y cuando se produzca un marco normativo que garantice la estancia regular d estos vehículos que se encuentran ilegalmente en el país; ello traería consigo la seguridad y estabilidad del patrimonio de estas familias.

"Que en la Ley de Inscripción de Vehículos del 2001 se excluyó a todos los vehículos de carga y pasajeros que existían ya en el país.

"Es necesario garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias y de transporte de carga en general, en un marco de seguridad y legalidad, así como el transporte de carga y materiales y hasta el de pasajeros.

"Por lo anterior y en nombre de la Confederación Nacional Campesina y del Sindicato de Transportistas Materialistas del Estado de Chihuahua, propongo ante esta soberanía la siguiente Iniciativa de Ley para la Inscripción de Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera.

"Artículo 1º.- Para efectos de esta ley serán considerados propietarios de vehículos de vehículos automotores de carga de procedencia extranjera, los que se inscriban bajo los siguientes términos:

"a) Las personas que acrediten con el título de propiedad ese derecho con los documentos idóneos que demuestren la titularidad de dicho vehículo de procedencia extranjera.

"Artículo 2º.- Serán objeto de inscripción los vehículos automotores con las siguientes características:

"a) Los vehículos automotores pick-up’s, camionetas, camiones, quinta-ruedas, rabones, dompers, tractocamiones y autobuses y otros automotores de carga destinados a la actividad de carga o transporte de pasajeros.

"b) Los vehículos incluidos en el anterior artículo, siempre y cuando hayan sido internados al país antes del 31 de diciembre del 2002.

"c) Los destinados al servicio público de transporte y carga, con una capacidad mayor a los 3,500 kilogramos y de motores de gasolina, gas o diesel, según corresponda.

"d) De todas las marcas y modelos correspondientes hasta 1996, con excepción de los considerados de lujo.

"Artículo 3º.- Los interesados en inscribir los vehículos deberán pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a partir del ejercicio fiscal del 2003 y los subsecuentes.

"Se exime parcialmente del pago de los demás impuestos y derechos que deban pagarse con motivo de la importación, a efecto que se pague la cantidad única que se determine conforme a la siguiente tabla que hemos propuesto: hasta 1986, mil pesos; del ’87 al ’90, dos mil; del ’91, tres mil; del ’92, cuatro mil; del ’93, cinco mil; del ’94, seis mil; del ’95, siete mil y del ’96, ocho mil pesos.

"Artículo 4º.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía se coordinarán con las autoridades fiscales de las entidades federativas, para llevar a cabo la inscripción de los vehículos a que se refiere esta ley.

"Los pagos a que se refiere el artículo 3º de esta ley, se efectuarán ante las oficinas que designen las autoridades fiscales de las entidades federativas, mismas que informarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la recaudación que por este concepto se obtenga.

"Artículo 5º.- Los interesados deberán acudir a los lugares que señalen las autoridades fiscales, dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación de esta ley, a fin de presentar la solicitud de inscripción en los formatos aprobados por las autoridades fiscales de las entidades federativas, quienes les asignarán la fecha en que deberán de presentar:

"1.- El automotor y la acreditación de la propiedad del mismo, para que las autoridades fiscales de la entidad federativa correspondiente tomen los datos de identificación del automotor y se le adhiera la calcomanía que lo identifique como inscrito.

"2.- Licencia de conducir y una copia fotostática de la misma. En ningún caso se aceptarán permisos.

"Los pagos a que se refiere el artículo 3º de esta ley se efectuarán en la fecha que el interesado presente el vehículo, para que se coloque la calcomanía.

"Artículo 6º.- El pago de las contribuciones no obliga a las autoridades fiscales correspondientes a otorgar la inscripción en los siguientes casos:

"a) Si el vehículo no es presentado para la forma de datos dentro del plazo señalado por el Artículo 6º. Y si no cumple con alguno de los requisitos señalados en la Ley.

Artículo 7º. La inscripción de los vehículos conforme a a presente Ley no otorga reconocimiento de la propiedad de los mismos en ningún caso, una misma persona podrá inscribir más de un vehículo en los términos de esta Ley.

Transitorios: Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia no excederá a los 180 días naturales contados a partir de dicha fecha.

Artículo 2º.- Los poseedores de vehículos que no puedan ser objeto de inscripción, contarán con un plazo señalado en el Artículo anterior para sacarlos del país o donarlos al Fisco Federal o entidades Federativas. En todos los casos el interesado quedará liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del Permiso de Importación.

Artículo 3º. Procederá la inscripción de vehículos embargados cuando esta medida corresponda a créditos fiscales vinculados en función directa de la internación al país, en cuyo caso se levantará el embargo respectivo para que el propietario pueda llevar a cabo el trámite de inscripción. Una vez hecha la inscripción, quedará cancelado el crédito fiscal de referencia y por ende levantado definitivamente el embargo devolviéndose el automotor a su propietario.

Impulsemos el desarrollo nacional, generemos los ordenamientos que reclaman los sectores productivos.

Apoyan esta Iniciativa 30 firmas de compañeros Diputados Federales y Senadores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, así como del Trabajo.

Solicito a esta Presidencia publique en La Gaceta Parlamentaria íntegra esta Iniciativa así como si pudiera ser turnada a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados y para su conocimiento a la Comisión de comercio del Senado de la República puesto que algunos compañeros Senadores han firmado esta propuesta. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Publíquese íntegra en La Gaceta Parlamentaria igualmente en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.

Oficios del Gobernador del Banco de México.

-LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR GONZALEZ.

(Se remite la exposición sobre la PolíticaMonetaria que la institución se ha propuestoSeguir en el Ejercicio 2003 , el Informe sobre la inflación Octubre Diciembre de 2002 y el Informe sobre el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión de Activos Fijos de la Institución, correspondiente al Ejercicio de 2003, en cumplimiento del Artículo 51 Fracción I de la Ley del Banco de México).

--- EL C. PRESIDENTE: Recibo y túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- LA C. SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ: Oficio en contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados:

( En relación a la solicitud para que se aplique hasta marzo del 2003

la tarifa eléctrica residencial correspondiente a la temporada verano

en los Estados de Yucatán y Campeche )

- EL C. PRESIDENTE: Remítase copia al promovente para su conocimiento.

Oficios de la Secretaría de Gobernación.

LA MISMA C. SECRETARIA:

( Con el que se remite el informe de evaluación del 4º trimestre

el ejercicio fiscal del 2002 )

 - EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.

- LA MISMA C. SECRETARIA:

( Oficio que remite Informe trimestral del avance físico financiero

del programa de desarrollo institucional ambiental PDIA )

 - EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

- LA MISMA C. SECRETARIA:

( Oficio por el que comunica el Secretario de la Defensa Nacional

que se designó al general de división diplomado de Estado Mayor,

HUMBERTO ALFONSO GUILLERMO AGIULAR, como Jefe del

Estado Mayor de la Defensa Nacional )

 -EL PRESIDENTE: Recibo y túrnese a las Comisiones de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

-LA MISMA SECRETARIA: ( Tres oficios con los que se remite copia de oficios de Subdirectores de Petróleos Mexicanos, en relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores).

 -EL PRESIDENTE: Remítase a la Cámara de Senadores.

-LA MISMA SECRETARIA: (Cinco oficios con los que se remiten copias de los señores Secretarios Técnicos de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, del Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, del Director General del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación y del Director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Durango, en relación a Puntos de Acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados).

 EL PRESIDENTE: Remítase copia de los promoventes para su conocimiento.

LA MISMA SECRETARIA: ( 14 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de ciudadanos: Eduardo Guerrero Valenzuela, Guillermo Barney Zaragoza, Francisco Gustavo Ruíz Romero, Joel Ciprian Avíla, Manuel Martínez Vicente, Evodio Castillo Castro, José Guadalupe Ramírez López, José Sandoval Rodríguez, Juan Jacobo Resendiz, Lucio Alfaro Banda, Jorge Hernández Martínez, José Antonio Moreno Alvarado, Ricardo Flores Díaz y Gilberto Gutiérrez de Avíla, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 EL PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

Solicitudes de particulares.

-EL SECRETARIO JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS: Solicitudes de particulares.

( De Leonor Mónica Hammer Martínez).

 EL PRESIDENTE: Túrnese a la Primera Comisión.

 EL SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS:

(del ciudadano Carlos Hernández Muñoz)

 EL PRESIDENTE: Túrnese a la Primera Comisión.

Los siguientes puntos del orden del día son los dictámenes a discusión.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos.

EL SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

EL PRESIDENTE: Se autoriza.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

EL SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS: Punto de acuerdo:

Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de los ciudadanos: Licenciado Nicandro Gómez Alarcón; licenciada Nora Yolanda Molina Raygosa; licenciada Eva Montalvo Aguilar; licenciada María del Carmen Ramírez Morales; licenciado Jaime Romo García y el licenciado Jaime Jesús Saldaña Orozco, como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Sala Regional.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, México, D.F, a 23 de enero del año 2003. Firman por la Tercera Comisión, los diputados integrantes.

EL PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen con punto de acuerdo.

EL SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

EL PRESIDENTE: Aprobado, comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentran a las puertas de este recinto, los ciudadanos licenciados: Nicandro Gómez Alarcón, Nora Yolanda Molina Raygosa, Eva Montalvo Aguilar, María del Carmen Ramírez Morales, Jaime Romo García y Jaime Jesús Saldaña Orozco, cuyos nombramientos como Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acaban de ser aprobados por esta asamblea.

Para que los introduzcan a este Salón y los acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores:

Senador Ernesto Gil Elorduy,

Senador Esteban Angeles Cerón,

Diputado Alejandro Zapata Perogordo,

Diputado Julio Castellanos Ramírez,

Senador Raymundo Cárdenas Hernández,

Diputado Diego Cobo Terrazas

(La Comisión cumple con su encargo)

EL SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS: Se ruega a los presentes a ponerse de pie.

EL PRESIDENTE: Ciudadanos licenciados: Nicandro Gómez Alarcón, Nora Yolanda Molina Raygosa, Eva Montalvo Aguilar, María del Carmen Ramírez Morales, Jaime Romo García y Jaime Jesús Saldaña Orozco: "¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?".

LOS CIUDADANOS LICENCIADOS: NICANDRO GÓMEZ ALARCÓN, NORA YOLANDA MOLINA RAYGOSA, EVA MONTALVO AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MORALES, JAIME ROMO GARCÍA Y JAIME JESÚS SALDAÑA OROZCO: ¡SI, PROTESTO!

EL PRESIDENTE: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

-EL C. PRESIDENTE: Prosiga señor Secretario.

-LA C. SECRETARIA SENADORA YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ:

PUNTO DE ACUERDO: Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Héctor Rivas Valenzuela, Firma la Comisión.

Está a discusión el Punto de Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

Asimismo se informa al H. Pleno del

PUNTO DE ACUERDO: En favor de la ratificación del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Andrés Vicente Ruiz Celio.

Está a discusión el Punto de Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

Se informa al H. Pleno del

PUNTO DE ACUERDO: Ratificación del grado de Coronel de Infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roberto Núñez Guízar.

Está a discusión el Punto de Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

Se comunica a las señoras y señores Legisladores del

PUNTO DE ACUERDO: En grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Raúl Guereca Valenzuela.

Está a discusión el Punto de Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

Se informa de la ratificación del

PUNTO DE ACUERDO: En grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de l ciudadano José María Bernabé Martínez.

Está a discusión el Punto de Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

Se informa a las señoras y señores Legisladores de la ratificación con

PUNTO DE ACUERDO: En grado de Coronel del Arma Blindada, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Artemio García Flores.

Está a discusión el Punto de Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

Se ratifica con

PUNTO DE ACUERDO: En grado de Coronel del Arma Blindada, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Javier Quintero Anaya.

Está a discusión el Punto de Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

-SRIA. SENADORA YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ: La comisión remite para acuerdo del Pleno, la ratificación del grado de Coronel Ingeniero Constructor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rosendo López Gaytán.

Está a discusión.

No habiendo, se reserva para su votación en conjunto.

-MISMA SECRETARIA: Se da lectura al acuerdo de ratificación del Grado de Coronel de Zapadores, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Augusto Jiménez Aguilar.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva en los mismos términos de los anteriores.

-MISMA SECRETARIA: Se informa a las señoras y señores legisladores que la Comisión pone a su consideración la ratificación del Grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Alfredo Carlos Macedo Fajardo)

Está a discusión.

No habiéndola, se reserva para su votación en conjunto.

-MISMA SECRETARIA: Se informa de la ratificación del Grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Jesús Robles Peña)

Se reserva para su votación económica en conjunto.

-MISMA SECRETARIA: Asimismo se informa del Grado de Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Fernando Sosa Aguirre).

- LA C. SECRETARIA SEN. YOLANDA EUGENIA GONZALEZ: Está a discusión el Punto de Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

- LA MISMA C. SECRETARIA:

(Del C. Jesús Gabriel López Benitez)

No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en conjunto.

LA MISMA SECRETARIA

(Del C. José Antonio Romero Zamora)

Está a discusión el unto de Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

LA MISMA C. SECRETARIA:

(Del C. Carlos Domínguez Hernández)

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este Punto de Acuerdo y los anteriormente reservados.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

- EL C. PRESIDENTE: Aprobados los Puntos de Acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

- LA C. SECRETARIA SEN. MICAELA AGUILAR:

(Punto de Acuerdo para citar a comparecencia ante la Tercera Comisión

de Trabajo al director General de Petróleos Mexicanos)

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia están a discusión los Puntos de Acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

(No hubo registro de oradores)

- EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los Puntos de Acuerdo.

- LA C. SECRETARIA SEN. MICAELA AGUILAR: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los Puntos de Acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa,, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

- EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutidos los Puntos de Acuerdo.

- LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR GONZÁLEZ: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

- EL C. PRESIDENTE: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

- LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR GONZÁLEZ (PAN):

(Da lectura al punto de acuerdo en relación a la proposición para que comparezca el

Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, y el Presidente de CINTRA, S.A. de C.V.)

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Consulte la Secretaria a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

- LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR GONZÁLEZ: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

- EL C PRESIDENTE: Suficientemente discutido el punto de acuerdo.

- LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR GONZÁLEZ: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los decretos.

- LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR GONZÁLEZ: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Sulaiman Chagnon, Luis Ernesto Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres, Amanda Mireya Terán Munguía, José Armando Tamayo Casillas, Mariana Campillo Méndez y Jacques Robert Henri Marie Payén y Rubio, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de Tailandia, de la República Federativa del Brasil, del Reino de España y de la República Francesa, respectivamente.

- EL C. PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

- LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR GONZÁLEZ: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

- LA MISMA C. SECRETARIA: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandra Villanueva Tijerina, Fernando Rodríguez Rodríguez, Elio Sánchez Sánchez, Diana Rodríguez Peña y Carola Maríla Castellanos Bosch, para presentar sus servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León y en la Embajada de la República Argentina en México, respectivamente.

- EL C. PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

-SECRETARIA, SEN. YOLANDA EUGENIA GONZALEZ HERNANDEZ: Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN NOMINAL)

Se emitieron 30 votos en pro y 0 votos en contra.

-PRESIDENTE: Aprobados por 30 votos, en lo general y en lo particular los proyectos de decreto.

Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Efeméride.

El siguiente punto del orden del día es sobre el Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Han solicitado el uso de la palabra el diputado César Horacio Duarte Jaquez, el diputado Víctor Antonio García Dávila, el senador Raymundo Cárdenas Hernández y el diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca.

Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado César Horacio Duarte Jaquez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.  

-DIP. CÉSAR HORACIO DUARTE JAQUEZ: Gracias señor Presidente.

El 5 de febrero de cada año los mexicanos acudimos con puntualidad a una cita ineludible, la celebración de un aniversario más de la Constitución Política de la República.

En todo el país, desde la modesta escuela hasta la más elevada tribuna de la nación, los ciudadanos nos reunimos en este día para rendir homenaje a los diputados del Congreso Constituyente de Querétaro, que supieron enfrentar los desafíos de su tiempo con su voluntad y su sangre. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que la Constitución del ’17 es la culminación de la lucha de los mexicanos por alcanzar la justicia social.

La revolución, como todos lo sabemos, fue el movimiento social más importante del siglo XX y transformó las estructuras políticas y económicas del país. Después de haber sido destruido el injusto orden de la dictadura por el Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, su primer jefe, convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro. Acudieron a la cita más de 200 diputados procedentes de todas las regiones del país, representan todos ellos las demandas y anhelos del pueblo mexicano. Se reunieron para analizar, discutir y aprobar la nueva organización política del país y transformar los ideales del pueblo en normas jurídicas sin las cuales la vida sería desordenada y anárquica.

Este esfuerzo por constituirse legalmente, reconocer y respetar los derechos humanos, evitar los abusos del poder en la vida colectiva, cristalizaron en los principios de normas adoptadas en la Ley Fundamental.

El profesor Jesús Romero Flores nos recuerda, como último diputado del Congreso Constituyente de Querétaro, que los mexicanos tenemos sobrados motivos para sentirnos orgullosos de nuestra historia, de sus luchas por la adversidad, sus triunfos y derrotas, su voluntad permanente por buscar un orden que garantice la convivencia pacífica de los mexicanos.

Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército, convocó al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, que fue declarada previamente como capital de la República. Al Congreso concurrieron hombres resueltos, patriotas y muchos de ellos veteranos de la Revolución, miembros del Partido Antirreeleccionista, entre ellos Luis Manuel Rojas, Félix Palavicini, Francisco Mújica, Heriberto Jara.

La Constitución Política del ’17 sustenta importantes principios, sobre todo en materia sobre educación, propiedad, trabajo, rectoría económica del Estado y si bien es cierto que don Venustiano Carranza convocó al Cuarto Congreso Constituyente para reformar la Constitución del 57 herencia de Juárez durante los debates realizados las semana sy meses la aportación de os Diputados fue de tal modo importante que finalmente aprobaron una nueva Constitución.

Al comenzar los debates las Comisiones siguieron con puntualidad los proyectos enviados por el Ejecutivo pro al correr del tiempo el grupo radical de Diputados resolvió alzar más allá de los límites señalados, hubo objeciones a las propuestas radicales argumentando que nunca antes un Congreso Constituyente había ido tan lejos y había tocado asuntos y temas no considerados dentro del texto legal.

Fue en una sesión, la voz de Heriberto Jara, Diputado por Veracruz, sacudiendo el Recinto del Teatro del Pueblo con estas palabras: "¿Quién ha señalado los límites de la Constitución? ¿Quién ha señalado los centímetros que debe tener una Constitución? ¿Quién ha dicho cuántos renglones y cuántos capítulos debe formar una Constitución? Este pensamiento describe claramente el espíritu del Congreso Constituyente y fue así como el ejercicio del Poder Soberano se incorporaron a la Constitución de las Garantías Sociales al lado de las Garantías Individuales, los Derechos de la Nación sobre todo propiedad ordinaria del lado de los Derechos de la Propiedad Individual y la Propiedad Ejidal.

La Constitución Política de la República es a la vez la Ley fundamental del país y el programa de la Revolución Mexicana, establece el principio sobre la organización política, forma de Gobierno, origen y naturaleza de la soberanía, división de Poderes y fortalecimiento del Federalismo.

Sustenta los anhelos y demandas populares de tal modo, que con la Constitución del 17 se inicia la construcción de un nuevo orden político, pro a la vez la respuesta a la demanda popular para restituir la tierra a los campesinos, exigir mejores condiciones de trabajo a los obreros y garantizar la enseñanza laica , gratuita y popular.

La Constitución Política también designa el modo como el Ejecutivo debe conducir la Política Exterior sujeta a los principios emanados de la Revolución y señalado por el Artículo 89 Fracción X del Texto Constitucional.

A lo largo del proceso histórico han sido muchas y muy importantes las reformas al Texto original de la Carta de Querétaro, con estas reformas se han elevado a rango constitucional diversas instituciones que han permitido garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos y preservar el orden democrático en el país.

Entre ellos figura la reforma que considera a los partidos políticos como entidades de interés público, aquellas otras que permitieron la creación del Instituto Federal Electoral, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional del Fondo para la vivienda de los Trabajadores, INFONAVIT, instituciones que han fortalecido la vida nacional.

Sin embargo, el 40% de la población nacional, es decir 40 millones de mexicanos y mexicanas están viviendo debajo de los niveles internacionales de pobreza y de ellos 25 de ellos en extrema miseria en el campo y las comunidades indígenas de México.

Según la realidad cotidiana y las cifras del INEGI, revelan el alarmante grado de desigualdad económica y social de la población ha aumentado en los ultimos años y agudizado en los recientes.

Las contradicciones entre la docena de millonario y los millones de pobres son insultantes, además, la agudización del desempleo y la inseguridad pública , la falta de crédito popular para actividades productivas y viviendas, la caída de las oportunidades y la calidad de la educación pública, los niveles de salud y los apoyos sociales aunados a los pésimos resultados de las políticas nacionales e injustas cláusulas del Tratado de Libre Comercio en materia Agropecuaria que han arrojado socios campesinos mexicanos sojuzgados y una población mayormente rural y empobrecida que solo atina a emigrar hacia el Norte sin importar vejaciones infringidas en sus derechos humanos.

Este homenaje a los Constituyentes del 17 es también una condena a las políticas neoliberales y alas prácticas contemporáneas de un Estado Gobierno emprresarial y de Gerentes en lugar de hombres de Estado y servidores públicos.

Es una denuncia a la traición a la Revolución Mexicana de violación al espíritu social de la Constitución Política de los mexicanos, el país vive incredulidad y preocupacion cívica, la incompetencia administrativa y la nulidad política advierte el escapismo turístico internacional y la entrega de la política exterior, y lamenta la ausencia y la cancelación de la responsabilidad social.

Ante ello, en la celebración de los constituyentes de la primera Constitución Social y Política de México y el mundo, con la memoria de Benito Juárez, de Ricardo Flores Magón, de Madero, de Villa y de Zapata, todavía latente la marcha agrarista que salió a las calles porque el campo ya no puede esperar, reitera su compromiso y su entrega a la gran causa social de la tierra y la libertad contenida en la Constitución del 17, letra, manual de un buen gobierno y paradigma legislativo de justicia, bienestar, libertad, independencia y paz internacional; hay signos y señales que debemos atender, la insurgencia agraria que como un torito de pólvora en el pecho del campo y los barrios populares de las ciudades está creciendo.

La marcha campesina es una muestra recia, firme y de gran valor cívico que no debe confundirse ni subestimarse; gratitud y reconocimiento a quienes murieron como héroes y mártires en la etapa precursora, en la época armada y en la construcción de las instituciones revolucionarias. Un pueblo en armas tiró y sepultó la tiranía; un pueblo constitucionalista creó el nuevo régimen social de derecho y un pueblo uniformado y organizado en ejércitos, sindicatos, ligas y confederaciones de trabajos manuales, intelectuales del campo y las ciudades militantes de partidos revolucionarios crearon y fortalecieron las instituciones sociales, jurídicas y económicas de un nuevo, un gran país del México revolucionario.

Esto, como dice el corrido popular de Muñoz Cota, "habrá que repetirlo por si los nuevos no lo saben o los viejos lo olvidaron". México fue creado por la obra justiciera de la revolución mexicana y la Constitución Política del ’17; es por eso, cada año el pueblo mexicano celebra un aniversario más de su Constitución que ha permitido el desarrollo del país con estabilidad y paz social. Con ello celebramos el respeto a nuestras instituciones democráticas, a los poderes constituidos y a los derechos garantizados por el principio de legalidad.

Aspiramos a continuar mejorando nuestra organización política y dentro de la Constitución, abrir mayores cauces a la justicia de la democracia.

Sin duda alguna, la Constitución ha sido el cauce adecuado para propiciar los cambios que el país necesita, nunca ha sido obstáculo; no requerimos de una nueva Constitución como algunos lo pretenden, en todo caso lo que requerimos es honrar la cultura del respeto a las leyes y normas que nos rigen; inculcar esta actitud a las nuevas generaciones a partir del ejemplo, con eso estaremos más cerca de México, de justicia que anhelamos los mexicanos.

En esta fecha en que celebramos a nuestra Constitución, reafirmamos nuestro compromiso de defenderla y respetarla porque estamos convencidos de que es necesario concebir la Constitución de una manera distinta, sin excepciones, todos: ciudadanos, jueces, partidos y políticos, sometidos al imperio de la ley.

Ante el argumento de que sus preceptos no se cumplen, la respuesta es encontrar mecanismos para hacerla cumplir y exigir su vigencia. Nuestra Constitución ha probado, por encima de sus problemas, ser vínculo y punto de convergencias. Si se requiere adecuaciones, discutámoslo. Lo que no podemos aceptar es que su observancia se violente. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Víctor García Dávila, del Partido del Trabajo.

- EL C. DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.

¡El cambio en México nadie lo para! La reversa, también es cambio.

Conmemoramos LXXXVI Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

La Constitución que nos rige es producto de la lucha armada de nuestro pueblo y que dio lugar al nuevo pacto social que se expresa en nuestra Carta Magna. Las aportaciones de los diputados constituyentes se reorientaron a la modernización del aparato político y administrativo de nuestro país.

Entre otras aportaciones podemos destacar las siguientes: El sistema federal, la división de poderes, el reconocimiento de los derechos sociales consagrados en el artículo 3º y 123 constitucionales, el surgimiento del municipio libre y la propiedad originaria de la nación sobre nuestros recursos naturales que hasta ahora se han mantenido inalterables y así deben permanecer.

Nuestra Constitución ha sido objeto de infinidad de reformas, muchas de ellas han sido reformas profundas; otras, han sido pegotes que no han contribuido a mejorar la situación de las grandes mayorías marginadas de nuestro país y otras son altamente reaccionarías como la reforma salinista, al artículo 27 Constitucional en 1992.

Si bien es cierto que en nuestra Constitución están dadas las bases para establecer el proceso de reformas constitucionales, este mecanismo parlamentario no ha servido en la mayoría de las veces para mejorar nuestra vida institucional, sino para proponer reformas que han ido en contra de los intereses de nuestro pueblo y traicionando el espíritu de justicia social del texto original de nuestra Carta Magna.

Compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se manifiesta en contra de la intención del Titular del Ejecutivo Federal, por abrir a la inversión privada el sector eléctrico y petrolero. Para el Partido del Trabajo tanto electricidad, como petróleo deben seguir siendo y manteniéndose como áreas estratégicas de la economía tal y como lo establece nuestra Constitución.

Abrir el sector energético a la inversión extranjera constituiría un traición histórica a la gran gesta que el pueblo y el gobierno mexicano encabezó en marzo de 1938, bajo la Presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río, o desconocer e ignorar, que es peor, el proceso de compra por parte del Gobierno Mexicano de las empresas eléctricas privadas a las que únicamente alentaba la obtención de ganancias, sin importar la prestación del servicio en las zonas alejadas de los centros industriales, que culmina plenamente con su nacionalización el 27 de septiembre de 1960, durante la gestión del Presidente Adolfo López Mateos.

El Partido del Trabajo se pronuncia a favor de la búsqueda de mecanismos, que permitan la capitalización de las empresas del sector paraestatal, las que por el ramo de actividad económica en que se encuentran son ampliamente rentables. Sí así no fuera, los inversionistas privados no pretenderían apoderarse de ellas ¿Acaso alguien pensaría que con la privatización bajarían las tarifas y mejoraría el servicio? Esto, sólo es un ardid publicitario para justificar los cambios a la Constitución. Reiteramos, nuestro partido rechaza cualquier intento de abrir a la voracidad el capital privado, particularmente el del exterior del sector energético.

Otro ejemplo de cambio constitucional negativo para el país y altamente riesgoso, fue el haber permitido la participación del capital privado en el sistema bancario, lo que provocó que en la actualidad casi todos los activos bancarios sean extranjeros y lo que es peor el Gobierno Mexicano continúa apoyando con transferencias vía el IPAB.

El grupo parlamentario del Partido de Trabajo está convencido de la necesidad de impulsar propuestas de reforma constitucional, que alienten la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, que el pueblo sea factor fundamental de la determinación de su destino; en este sentido nosotros coincidimos en que es necesario que nuestra norma fundamental se incorpore al mecanismo de democracia semi-directa como la iniciativa popular y el referéndum, al igual que el plebecito y la revocación de mandato, tal y como lo propusimos en la Honorable Cámara de Diputados en la LVII Legislatura el 6 de noviembre del 1997.

Compañeras y compañeros legisladores.

Indudablemente el mejor homenaje que los mexicanos podemos rendir a la obra de los Constituyentes de 1916 y 1917, es cumplirla y velar por su cumplimiento, esto compete a los tres Poderes de la Unión, pero en este momento particularmente al Ejecutivo Federal, el cual debe cumplir la estricta observancia de las funciones que el pueblo le otorgó con su voto.

El Presidente de la República debe recordar que cuando el 1° de diciembre del año 2000, protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, la protesta suponía el cumplimiento irrestricto de la Ley, no la omisión y el desinterés en su cumplimiento en el que se incluye también a todo su gabinete. En el ámbito de la administración pública la ineficiencia es también una forma de corrupción. El Presidente Fox, no debe olvidar ni dar la espalda a una de sus promesas de campaña. Es cuanto.

EL VICEPRESIDENTE DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO:- Gracias señor diputado.

Para el mismo tema tiene la palabra hasta por diez minutos, el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

-EL SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNÁNDEZ: Gracias diputado Presidente.

Hace dos años el Presidente de la República, planteó la necesidad de la revisión integral de la Constitución. Ese día muchos mexicanos observamos que el Presidente tuvo el cuidado de recoger las demandas más importantes de las fuerzas políticas del país; las elaboraciones más lúcidas de los intelectuales mexicanos y especialmente recogía con esa propuesta las conclusiones de la Mesa para la Reforma del Estado que el propia Presidente Fox instaló bajo la coordinación de Porfirio Muñoz Ledo.

El Presidente de la República señaló ese día, entre otros temas, la necesidad de legislar para ratificar a los secretarios de Estado en el Congreso de la Unión; establecer el juicio político al Presidente de la República en caso de faltas graves a la Constitución; ampliar la capacidad de fiscalización del Poder Legislativo y fortalecer al Poder Judicial. También propuso la instauración de mecanismos que fomenten la democracia participativa, como el plebiscito, el referéndum o la iniciativa popular, sobre los grandes temas nacionales o reformas de ley; la promoción de un auténtico federalismo y el fortalecimiento del municipios libre; la redefinición del papel de México en el plano internacional en el contexto del respeto a la soberanía y la libre determinación de los pueblos ante la globalización mundial, así como la aceptación del voto de los mexicanos en el extranjero.

De todos estos temas ninguno se ha convertido en iniciativa por parte del propio Poder Ejecutivo ni por parte de su partido.

Por parte de la otra fuerza relevante en el Congreso de la Unión, por parte del PRI, lo que hemos tenido es simplemente silencio en torno a la reforma del Estado.

Hace muy pocos días tuve el honor de ser invitado por mi buen amigo Mauricio Rosell, a la presentación de un libro que contiene una buena parte de las propuestas que compartimos en aquella mesa de Reforma del Estado. A la presentación del libro concurrieron el Presidente y la Secretaria General de su partido, el PRI. Paradojas de la vida; ninguna, ni una sola de las propuestas contenidas en el libro de Rosell las ha presentado el PRI como suyas transformadas en iniciativas.

La reforma del Estado, la revisión de la Constitución sigue siendo un sueño en México, pero es necesaria hoy más que nunca, porque si no hacemos el esfuerzo serio, sistemático para abordar la problemática nacional y transformar nuestra Carta Magna, los problemas se nos van a acumular porque hoy tenemos que entender que los problemas en la gobernación del país tienen mucho que ver, sí con impericia, con falta de oficio y falta de compromiso, pero también tiene que ver con el hecho de que el diseño institucional ya no corresponde a la nueva sociedad mexicana. El régimen político y el sistema político en su conjunto contenido en la Constitución vigente, no corresponden a la moderna, compleja, activa sociedad mexicana.

Hoy, el titular del Poder Ejecutivo ya no es el jefe de las instituciones nacionales, como se le llamaba en el pasado; ya los gobernadores son provenientes de distintos partidos políticos; tres fuerzas políticas gobiernan centenares de municipios. Tenemos un papel muy importante hoy de los medios de comunicación en la vida social y política del país; tenemos además un mundo totalmente cambiante. Y mientras todo eso cambió, todavía se defiende al caduco sistema presidencial que está contenido en la Constitución y que funcionó bien, tal vez en las primeras décadas del siglo pasado, pero de ningún modo va a resolver los problemas de hoy.

Nosotros hemos señalado que conservando lo fundamental deberíamos ir a una nueva Constitución. ¿Qué debería preservarse de la Constitución que surgió en el 17 pero que se transformó por centenares de iniciativas del Presidente durante todos los 70 años anteriores?

Nosotros diríamos que hay que conservar las garantías y libertades individuales, la no reelección del Ejecutivo, la división de Poderes, el régimen representativo y federal, el concepto de soberanía nacional, el carácter laico del Estado, los derechos sociales plasmados en los artículos 3°, 4°, 27 y 123 constitucionales como la gratuidad de la educación, el acceso a la seguridad social y el derecho al trabajo.

La nueva Constitución que proponemos implicaría una serie de recuperaciones y rupturas respecto del pasado mexicano. Significa, en primer término, conservar del Constituyente de 1917 el valor de la equidad y la justicia social entendidas como protección legal de los más débiles y recuperar el aliento parlamentario de la Constitución de 1857 que dio al Congreso un control republicano del Ejecutivo.

Varios tratadistas certifican que la tendencia mundial de los regímenes políticos en los que impera la democracia han adoptado elementos del sistema parlamentario en sus más variadas expresiones: Francia con su sistema semipresidencial o España con una monarquía constitucional parlamentaria; incluso Rusia, después de la desintegración de la Unión Soviética creó un sistema presidencial parlamentario.

La nueva constitucionalidad que México necesita, conlleva también romper con el carácter excluyente de nuestra historia constitucional. Sin poner en duda la legitimidad histórica de nuestras constituciones, precedidas de revoluciones o alzamientos populares podemos, estar de acuerdo en que el único modo en el que hoy día México puede dotarse de un marco constitucional renovado, legítimo y viable, es mediante un consenso nacional suficientemente amplio.

España y Brasil son ejemplos de constituyentes recientes en los que la voluntad de consenso tuvo un lugar prioritario. No es casual que su vida institucional funcione razonablemente bien.

En México, la exclusión de muchas fuerzas políticas del proceso de reconstitución de las instituciones políticas en 1917, así como la mayoría de sus sucesivas reformas, propició de modo muy relevante las dificultades que hemos tenido y seguimos teniendo para implementar la noción de estado de derecho.

Actualmente es evidente que las deficiencias del sistema presidencial y la ausencia del entramado institucional que canalice el diálogo y la colaboración entre poderes, se expresen también en el errático desempeño del Ejecutivo Federal, porque con independencia de las capacidades personales de quien ocupe su titularidad, es evidente que la excesiva concentración de facultades formales en un solo individuo, sólo puede dificultar la solución de los problemas nacionales.

En general, el desempeño del actual gabinete presidencial es francamente reprobable, por lo que ése, constituye el mejor argumento en pro de un sustantivo acotamiento de las facultades presidenciales, así como de un incremento de las facultades de control del Congreso.

Nuestro grupo parlamentario ha hecho un conjunto de propuestas sobre lo que debería ser la reforma constitucional y sus puntos nodales, entre ellas destacan los mecanismos de democracia participativa, mayores atribuciones al Congreso como la ratificación de los Secretarios de Estado o la participación en la celebración de tratados.

Mecanismos para el caso de no aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Extensión de los períodos ordinarios del Congreso de la Unión.

Mayor control del Poder Ejecutivo por el Congreso.

Limitación de las facultades constitucionales del Presidente de la República por violaciones graves a la Constitución.

Reforma electoral para evitar la sobrerrepresentación partidaria y para regular las relaciones entre el dinero, los medios, la política y los partidos políticos.

Cambio de la naturaleza jurídica del Distrito Federal para que adquiera las características de un estado de la Unión.

Fortalecimiento del federalismo y el municipio libre.

Eliminación del principio de relatividad de las sentencias en el juicio de amparo.

Introducir en la Constitución la exigibilidad y ampliación de los derechos sociales.

Con independencia del curso que siga la propuesta que hizo el Presidente Fox hace dos años, nosotros creemos que la mejor forma de honrar a los Constituyentes del 17 en este aniversario, es avanzar en la reforma integral y democrática del Estado, y dar con ello un nuevo impulso a la transición democrática mexicana. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor senador.

Tiene la palabra el diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca del Partido Acción Nacional para el mismo tema hasta por diez minutos.

-EL C. DIPUTADO TARCISIO NAVARRETE MONTES DE OCA: Con permiso de la Mesa, señoras y señores, diputados y senadores. Hoy que celebramos un aniversario más de nuestra Constitución, una Constitución del siglo pasado tendríamos que decir hoy, una Constitución que se ha prestado a la retórica, a la demagogia, pero que también ha sido un instrumento de análisis, de revisión y de reforma, yo quisiera decir que si tuviéramos que señalar una virtud de esta Constitución y de su grupo Constituyente en Querétaro, yo diría que la mayor virtud y enseñanza que debemos resaltar en este momento, es la capacidad de generar acuerdos, de llegar finalmente a un proyecto de nación, que nos ha servido muchísimo para encontrarnos hoy en el México en el que transitamos.

Virtuosa, representativa, diría yo, civilizadora nuestra Constitución, lo es en la medida en que recoge las distintas perspectivas y enfoques de los grupos que conformaban nuestro país en este momento, ideales revolucionarios plasmados en un documento. La Constitución de 1917 significó la transmutación de la guerra civil en filosofía social y política, en un pacto social, y por lo tanto le dio sentido a ese levantamiento armado de Madero de 1910, y creemos que por esa misma razón, hoy no se requieren más levantamientos armados, no tienen justificación, porque existe un instrumento jurídico, supremo, central, que permite captar, recibir y generar respuestas a todas las demandas sociales.

Y quisiera decir, en esta ocasión, que ciertamente hay muchos avances desde la promulgación de nuestra Constitución. Pero también falta mucho por hacer: Citemos la división de poderes, la autonomía e independencia de cada uno de ellos, los pesos y contrapesos, el federalismo, la autonomía municipal y como se ha mencionado aquí, la Reforma del Estado.

Y créanme que cuando hablamos de Reforma del Estado, no lo podemos circunscribir a un mero programa de gobierno, ni siquiera a un trabajo de sexenio. Diría yo que la Reforma del Estado es una meta transexenal que nos compromete a todos; una misión colegiada de todos los partidos políticos.

Cuando éramos oposición hablábamos de Reforma del Estado, hoy que somos gobierno lo hacemos y mañana seguramente seguirá otro partido gobernando y seguirán hablando de Reforma del Estado, porque es una meta consecutiva que no se alcanza en un corto tiempo.

La Constitución es un documento vivo; es un documento vivo que nos concierne a todos. Pero es un documento vivo en cuanto se convierte en una actitud coherente y personal de los políticos, de los gobernantes y de los gobernados. Es un documento vivo en cuanto transmite confianza a los maestros, a los campesinos, a los sindicalistas, de que hay un Poder Judicial que puede resolver sus demandas. Hemos escuchado que se exalta constantemente una parte de la Constitución, una parte orgánica que habla de la defensa de la Soberanía.

Yo quisiera hoy junto con esto exaltar también la otra parte: la lista de derechos que es un límite, un escudo al servicio de la gente; un escudo para el ejercicio del gobierno que le da un mandato y le exige cuentas. Por eso tenemos que hacer hoy todos el esfuerzo para lograr una Constitución que sea real defensa de las libertades públicas, no una Constitución que esté justificando siempre al grupo gobernante; sino una Constitución accesible que no deje en estado de indefensión al ciudadano y que ponga tras las rejas cuando sea necesario, al funcionario que se corrompe; una Constitución que promueva desarrollo económico, que esté apoyando la inversión interna y la inversión extranjera para abatir el desempleo en el país.

Finalmente quisiera decir: Si en 1917 la Constitución nos da una enseñanza, porque los Constituyentes ceden sus puntos de diferencia y convergen en un proyecto nacional con tolerancia, sin predominio; sino sacando ese pacto social que ordenaba mínimamente a la nación, hoy, los grandes desafíos nacionales no se convertirán en problemas nacionales adicionales, si logramos expresar en el Congreso ese espíritu del Constituyente. Si logramos que en este año electoral coincida el legítimo interés parcial de los grupos que viven en el país, con el superior interés de la nación y que seamos capaces de expresar en los próximos meses que restan de esta Legislatura, como se hizo en el 17, un legado histórico que nos permita decir que esta Legislatura, la del 58, a pesar de que representaba opciones distintas, partidos políticos diferentes, lograron coincidir en un paquete de reformas económicas, sociales, culturales, que lanzaron a México al desarrollo económico y modernizaron nuestras instituciones.

Ojalá contribuyamos todos en este esfuerzo nacional para darle a los ciudadanos lo que se merecen: Un Congreso diligente, eficaz, ágil, que se pone al día de lo que está requiriendo nuestra nación.

Muchas gracias.

-PRESIDENTE Gracias señor diputado.

A esta presidencia ha llegado una comunicación del señor Senador Esteban Angeles Cerón, en el que solicita respecto al Punto de Acuerdo, sobre la relación México-Estados Unidos en materia de transporte, presentado por el suscrito en la sesión de la Comisión Permanente, del día 29 de enero del 2003, ruego a usted ampliar el turno a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores América del Norte de ambas Cámaras. Así como a las Comisiones Segunda y Tercera de la Comisión Permanente, por considerar que el asunto planteado es de su competencia e interés.

Se turna a las comisiones que han sido solicitadas.

Excitativas. Para hacer una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado César Duarte.

- EL C. DIP. CESAR DUARTE: Gracias, señor Presidente.

"Los suscritos legisladores integrantes de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 39 y 45 párrafo sexto, inciso "E" de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y Seguridad Pública, a efecto de que sea dictaminado el asunto correspondiente en razón a los siguientes antecedentes:

"Con fecha 4 de octubre del 2001 se presentó ante esta soberanía una iniciativa que contiene diversas reformas y adiciones a los artículos 52, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución General de la República. Asimismo se propone adicionar al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el libro noveno, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, como a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

"El 19 de marzo del 2002 se procedió a enviar la excitativa en los términos reglamentarios a ambas comisiones con la finalidad de que emitan su dictamen a la mayor brevedad posible.

"La presentación de esta iniciativa de reformas tiene la finalidad de establecer no solamente el derecho al voto de los mexicanos avecindados en una u otra nación, en una u otra región geográfica, sino de establecer las condiciones de su participación, organización y representación plenas, esto es, la realización de sus prerrogativas constitucionales.

"C O N S I D E R A C I O N E S

"El reconocimiento del voto de nuestros connacionales residentes en el extranjero es un reto para México, pues ningún otro país del mundo tiene una migración tan amplia y compleja. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, estima que sólo China podría registrar una migración al exterior mayor que la de México. Si bien los datos para el gigante asiático son impresionante, en el 2006 serán 12.5 millones los ciudadanos mexicanos en edad de votar que residan en otras naciones, abrumadoramente en los Estados Unidos y representarán una población de votantes mayor a cualquier estado de la República, serán 2.6 millones más que en el año 2 mil.

La suma de migrantes mexicanos durante la década completa de los años 60 equivale hoy a la migración de tan sólo un año. Tres cientos mil mexicanos cambian su residencia anualmente por diversos motivos y somos ya una gran nación de migrantes del exterior.

"De continuar las tendencias observadas durante el último cuarto del siglo XX, para el 2025 un grupo social de 25 millones de ciudadanos mexicanos en edad de votar tendrán su residencia principal en los Estados Unidos.

"Luego de la reforma constitucional del 96, el derecho para votar en el exterior ya no es debate. La discusión actual involucra a todos los actores y partidos políticos que reconocen este derecho pero que de inmediato señalan una larga lista de consideraciones técnicas y logísticas que aún se deben resolver.

"Lo que sorprende es que ninguna de las fuerzas políticas del país hayan hecho lo suficiente para que los mexicanos en el exterior puedan votar en los hechos.

"Reconocemos con toda honestidad que el voto de los mexicanos en el extranjero no sólo enfrenta problemas técnicos, administrativos y logísticos que deben superarse. ¡No! también existen escollo de otra índole y que dependen básicamente de las disposiciones que asumamos los diversos actores políticos e instituciones.

"Para sortear esos peligros, hay que evitar los temores que pueden recaer sobre nosotros y mantener la actitud de miras que ese proyecto nacional exige.

"Sólo si nos comprometemos plenamente con lealtad, con el éxito de la misión que el Congreso nos encomendó podremos cumplir satisfactoriamente este mando popular.

"Debemos encarar los problemas que plantea el voto de los mexicanos en el extranjero sin ceder a los prejuicios que cuestionan ese derecho infundiendo dudas sobre la capacidad cívica de los millones de compatriotas que han debido emigrar para realizar su propio destino y con sus remesas de dinero contribuyen económicamente a ensanchar el desarrollo de la patria.

"El compromiso republicano a favor del voto de los mexicanos que residen fuera del país, no puede ser entendido por nosotros como una evasión de responsabilidades políticas a quienes nos presidieron.

"Si como la proposición de un problema en esta institución sólo podemos asumir que el compromiso con el voto de los mexicanos en el extranjero fue un mandato preciso, integrando el pacto democrático nacional, se colocó sobre los sucesores de quienes así acordaron y esos somos nosotros. Por eso sería inmoral disimular nuestro compromiso y sería una deshonra tan siquiera pensar en eludir hoy que la República afirmó en el pasado.

"Nosotros debemos honrar esos compromisos legales, republicanos y democráticos porque conforman los cimientos sobre los cuales se asienta nuestra propia casa y que son de buena medida una de las razones políticas que explican nuestra propia presencia en este Congreso de la Unión.

" C o n s i d e r a c i o n e s d e D e r e c h o :

"Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento Interior del Congreso General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos presentan esta solicitud para que esta Presidencia formule excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública a efecto que se dictaminen, a la brevedad posible, respecto a la iniciativa en mención.

"Por lo anterior expuesto a usted, señor Presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, atentamente solicitamos:

"Unico. Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública para que presenten su dictamen respecto a la iniciativa de reformas del artículo 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Asimismo adicionar al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el Libro Noveno.

"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados".

Firman: Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado Jaime Larrazábal Bretón y su servidor.

Muchas gracias, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias, señor Diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para que emitan el dictamen correspondiente.

Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.

 - EL C. DIPUTADO RAMÓN LEÓN MORALES (PRD): Gracias, señor Presidente.

"El suscrito, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, del Partido de la Revolución Democrática, por este conducto respetuosamente solicito a la Presidencia de esta honorable Comisión Permanente tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes

" A n t e c e d e n t e s :

"1º Que con fecha 4 de octubre de 2001 el diputado Gregorio Urias Germán presentó ante esta soberanía iniciativa que contiene reformas y adiciones a los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución General de la República. Asimismo se propone adicionar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el Libro Noveno, misma que fue turnada tanto a la Comisión de Puntos Constitucionales como a la Como a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

"La iniciativa propone los mecanismos que hagan posible que nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero puedan hacer efectivo las prerrogativas que le conceden las fracciones I, II y III del artículo 35 constitucional: votar en las elecciones populares, ser votado para todos los cargos de elección popular, así como asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

"Como puede verse, la propuesta no se limita a que se les garantice su participación en la elección de Presidente de la República, sino también a que puedan formar parte del Poder Legislativo de la Unión, lo que será posible en la medida que se apruebe la Sexta Circunscripción Electoral Plurinominal en los términos que se plantea en la iniciativa in comento.

"No existe razón ni sustento alguno para seguir privando a tan significativo porcentaje de ciudadanos mexicanos del ejercicio de los derechos que les concede nuestra Carta Magna. El esfuerzo productivo que realizan más allá de nuestras fronteras, sometido frecuentemente a la violación de sus derechos humanos, representa una derrama económica para nuestro país solo superada por las divisas de la industria petrolera.

"Su amor por México y sus raíces, a pesar de la adversidad que los llevó a buscar oportunidad allende las fronteras, merece el más amplio reconocimiento del Estado mexicano. Lo menos que estamos obligados a hacer en este Poder Legislativo, es legislar para crear los mecanismos que les permita ejercer a plenitud sus derechos políticos.

"En las últimas elecciones presidenciales todos los candidatos, incluyendo desde luego al hoy titular del Ejecutivo, proclamaron su apoyo a esta vieja demanda. A más de dos años de distancia, tanto el PRI como el PAN no asumen un verdadero compromiso para sacar adelante las reformas legales necesarias para instrumentar la participación de millones de connacionales.

"Los legisladores debemos mostrar sensibilidad ante el legítimo reclamo de tan importante número de mexicanos que con gran fervor patrio desean participar en la vida política del país. No posterguemos más nuestro trabajo legislativo, ya se ha perdido tiempo muy valioso. Tengamos presente que los destinatarios de esta propuesta de reforma legal ya no podrán participar en las próximas elecciones federales y ante la ausencia de resultados en este espacio legislativo, crece la indignación de quienes con toda razón levantan su voz para que el Estado Mexicano les permita ejercer los derechos políticos que la Constitución General les concede.

"En razón de lo anterior y en virtud de que ha transcurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del "Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y Seguridad Pública, con la finalidad de que emitan su dictamen a la mayor brevedad posible".

Muchas gracias señor Presidente.

-PRESIDENTE, DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias señor diputado.

De conformidad con lo que establece la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para que emitan el dictamen correspondiente.

Hay un turno más para el señor diputado Ramón León, pero en virtud de que están haciendo consultas, se pasa para más adelante y le daríamos la palabra ya en proposiciones, al senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para impulsar la acuacultura.

-SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA: Con el permiso de la Presidencia.

"El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente propuesta de Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que diseñe e implemente programas y apoyos financieros a proyectos nuevos de acuacultura que sean técnicamente y socialmente viables, al tenor de las siguientes:

"CONSIDERACIONES

"Primero.- Que según el Informe sobre el Estado Mundial de la Pesca y Acuacultura, preparado en 1997 por la Organización de las Naciones Unidas para el Agricultura y la Alimentación, durante 1995 se alcanzó una producción total del orden de 21.3 millones de toneladas de producto derivado de la acuacultura, cifra que refleja el que la producción acuícola mundial ha venido en incremento.

"Que la acuacultura ha venido año con año experimentando y sosteniendo crecimientos.

"Durante 1999 contribuyó con 166 mil 337 toneladas, es decir, el 13 por ciento de la producción nacional. En ese mismo año la acuacultura en sistemas controlados aportó el 3 por ciento.

"El cultivo de camarón sigue hoy ocupando el primer sitio con un registro de cosecha del orden de las 29 mil 120 toneladas, que representó aproximadamente el 75 por ciento de toda la producción acuícola de los sistemas controlados, según el Anuario Estadístico de Pesca en 1999.

"El país contó con 347 granjas para la producción comercial de camarón, consistentes en 26 mil 291 hectáreas; el 97 por ciento de ellas se encuentran ubicados en los estados de Sinaloa, Sonora y Nayarit. En las entidades del Golfo de México y Mar Caribe se encuentran distribuidas 510 de ellas, principalmente en los estados de Tamaulipas y Campeche.

"Que mientras la acuacultura registró una cosecha récord de 22 mil 162 toneladas, las capturadas de camarón silvestre fueron consideradas regulares con 8 mil 277 toneladas extraídas en altamar y mil 849 toneladas en esteros y bahías.

Que en relación con la acuacultura, las mayores cosechas se obtuvieron en el Municipio de Cajeme, Son., con 15 mil toneladas , Bahía de Quino y las Granjas del Norte del Estado con 4 mil toneladas y Huatabampo con 2 mil 200 toneladas.

Que el problema más importante para el sector es el escaso financiamiento y la falta de programas y apoyos sustantivos para apoyar a este sector.

Que la Ley de Desarrollo Rural sustentable contempla la acuacultura como una actividad agropecuaria a través del fomento de las actividades productivas procurando el uso óptimo y la conservación y mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo incluída la No agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo en la población rural.

Que actualmente no se han propuesto programas acordes con la Ley de Desarrollo Rural sustentable en esta materia de acuacultura en la región y con el impulso del Frente Agrarista Sonorense someto a consideración el siguiente Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones,

1º. Fomente e impulse proyectos de acuacultura en los Estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit con fundamento en lo dispuesto en las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal , de Desarrollo Rural Sustentable, de Aguas Nacionales y de Pesca.

2º. La SAGARPA a través de la comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, diseñe y ponga en operación Programas Pilotos para el apoyo y financiamiento del Proyecto del Distrito de Desarrollo Acuícola del Litoral de Caborca, Estado de Sonora y como modelo industrial camaronícola sustentable y que reconvierta esta <zona de 4 mil hectáreas que han dejado de ser productivas para la Agricultura y pueda crearse un Parque Camaronícola Integral con expectativas de generación de 1.5 jornales por hectárea.

3º. Que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural sustentable establezca acciones y programas sectoriales de acuacultura y en especial para el proyecto planteado a efecto de disponer y ejercer el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2003 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los recursos necesarios para este fin.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 4 días del mes de Febrero del 2003. Es cuanto señor Presidente.

(aplausos)

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Senador.

Túrnese a las Comisiones de Agricultura y Ganaderia y Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores, y a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.

Tiene la palabra el Diputado Carlos Aceves del Olmo del Grupo ¨Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe del Gobierno del distrito Federal, proceda a la publicación inmediata del texto íntegro del Decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal.

-EL C. DIPUTADO CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias señor Presidente. Con fundamento en los Artículos 122 y123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 de su Reglamento Interior, los abajo firmantes solicitamos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobar el Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, proceda de inmediato a publicar íntegro el texto de Decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal, aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del pasado mes de diciembre del 2002.

La semana inmediata pasada en el seno de la Asamblea de Representantes se llegó a un acuerdo con el objeto de solicitar por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señor Jefe de Gobierno cumpla con este cometido y no siga violando o violentando la Ley a su arbitrio y solo para darse gusto a sus proyectos.

En virtud de que el documento que tengo es extenso y sería ocioso leerlo, yo pediría que le dé por favor la difusión adecuada, completo, en La Gaceta y en el Diario de los Debates.

Este documento, que me concretaré a leer únicamente el Punto de Acuerdo, dice:

Punto de Acuerdo. UNICO Que esta Comisión Permanente envíe un exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fin de que cumpla con las obligaciones establecidas para él en los distintos ordenamientos jurídicos aplicables y proceda a la inmediata publicación del texto íntegro del Decreto que contiene diversas reformas y adicionar al Código Financiero del Distrito Federal aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa.

Este documento lo firman Diputados y Senadores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México.

Suplico señor Presidente que sea íntegramente impreso en La Gaceta. Gracias.

- EL C. PRESIDENTE, DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Con mucho gusto señor diputado.

----- Túrnese a la Primera Comisión de la Comisión Permanente y publíquese íntegro el texto presentado por el diputado, en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

- DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO: Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la publicación del Código Financiero del Distrito Federal.

- EL C. DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias señor Presidente.

El pasado 29 de enero, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó por mayoría, una propuesta con punto de acuerdo para interponer una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal por publicar parcialmente el Código Financiero del Distrito Federal 2003.

Por su parte, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha hecho publica su determinación de ejercer su derecho a realizar observaciones a 30 artículos que reforman y adicionan el Código Financiero del Distrito Federal 2003, mismas que conforme a los tiempos que determinan las disposiciones aplicables, deberán ser comunicadas el primer día de sesiones del próximo período de reunión de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha manifestado que los artículos reservados tratan sobre la pretensión de los legisladores de oposición para limitar los programas de apoyos y subsidios para el desarrollo y la protección social y de otros relacionados con el impuesto predial, donde se incrementan los valores unitarios del suelo y de las construcciones, así como para imponer un transitorio que prevé el aumento de 5.4% en el cobro del impuesto predial.

Otra grave inconsistencia se dirige a fijar los montos de los ingresos que aporta la federación para entidades y municipios, como si esta atribución fuese competencia local pretendiendo rebasar el marco jurídico federal que les sirve de sustento y de facto favorecer con mayores recursos a las delegaciones gobernadas por la oposición, sin considerar los criterios propuestos por el Jefe de Gobierno que se orientan a beneficiar a los sectores sociales más desprotegidos.

Frente a este escenario, consideramos que al promover una controversia constitucional, los legisladores del Distrito Federal utilizan un recurso que la Carta Magna otorga a un órgano legislativo que considera ha visto vulneradas sus atribuciones, dado que la Asamblea Legislativa tiene el derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar este recurso, lo cual le da al Ejecutivo local el derecho de presentar los argumentos jurídicos a que haya lugar.

La última palabra sobre este litigio la tiene el máximo tribunal del país y a sus resolutivos se ceñirá el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Cabe señalar que los hechos comentados resultan inéditos en la relación de poderes locales, Legislativo y Ejecutivo, mismo que han rebasado el ámbito político y requieren de una determinación jurídica de la autoridad competente.

Ante tal eventualidad, el grupo parlamentario del PRD considera que no debe limitarse el derecho constitucional de la Asamblea Legislativa y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para acudir y presentar los alegatos y pruebas procedentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que conforme a derecho se determine la procedencia de vetar de manera parcial el proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal.

Sin embargo, en el caso de que esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión pretende emitir un exhorto o una opinión a cualquiera de las partes, consideramos que es indispensable contar con la más amplía y veraz información con el firme propósito de no violentar el marco jurídico que norma la relación entre dos poderes locales, en este caso la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ni emitir un acuerdo precipitado.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo:

UNICO:- La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar en forma respetuosa, a la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda información referente a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del Decreto, que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003, con objeto de que este Órgano Legislativo Federal tome las resoluciones pertinentes.

Asimismo, dicha información se hará del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, para los efectos a que haya lugar.

Por su atención compañeras y compañeros diputados, Presidencia. Muchas gracias.

-EL VICEPRESIDENTE CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias señor diputado.

Con Punto de Acuerdo sobre la publicación inmediata del texto íntegro del Código Financiero del Distrito Federal, tiene la palabra el diputado José Tomás Lozano Pardinas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.

-EL DIP. JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS:- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente, su intervención dentro de las facultades legales que le competen en torno a la actitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a la publicación y promulgación parcial del Código Financiero decretado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado José María Rivera Cabello y José Tomás Lozano y Pardinas, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente Punto de Acuerdo.

Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:

He querido subir el día de hoy a esta alta tribuna, en este día vísperas del 5 de febrero, día en que honramos la Constitución que nos rige, nuestra Constitución Política, para denunciar y lo haré mientras tenga voz en la garganta, el rompimiento del orden constitucional y jurídico que dicha Constitución nos garantiza., rompimiento de dicho orden que como paradoja corre a cargo de aquél, cuyo primer deber es cumplirla y hacerla cumplir.

Me estoy refiriendo compañeros diputados al Jefe de Gobierno de la ciudad de México Andrés Manuel López Obrador, quien en una actitud caprichosa y desmedida que no acierto calificar, como es, la promulgación y publicación parcialmente de una ley, el Código Financiero ya decretada por el marco jurídico competente del gobierno de la ciudad de México, es decir, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Quiero recalcar que una actitud así, no tiene precedente, ni siquiera en los regímenes que algún día se apreciaron de ser monarquías o imperios, situación como ésta no se ha presentado jamás ni siquiera en los más negros períodos de la historia política y legislativa de México. La resolución tomada por el actual Jefe de Gobierno de la ciudad de México, nos hace dudar no sólo de su capacidad de gobierno, sino aún de la entereza misma de sus facultades.

La publicación y promulgación parcial del Código Financiero, aunado al rompimiento del orden constitucional y jurídico del Gobierno de la ciudad de México, carece de valor y sustento alguno. En la ciudad de "la esperanza", se ha convertido en la ciudad "de la amenaza, vemos que no importa la fuerza de la ley, lo que vale es la fuerza de la amenaza para rechazar lo que el Cuerpo Legislativo ha decidido.

Que la Comisión Permanente, tome cartas en el asunto, a efecto de buscar la restitución del orden constitucional y jurídico de la ciudad de México, que ha sido violado por la actitud no diría yo prepotente, sino arbitraria y delictuosa del actual Jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Si revisamos lo que mutiló al gobierno de la ciudad, veremos que claramente, que su rechazo es a rendir informes periódicos a la Asamblea. El gobierno de esta ciudad rechazó que existan mecanismos para prever el caso de ingresos por encima del presupuesto. Este tipo de reglas ya existen para el Gobierno Federal sin que nadie los considere una ofensa, al contrario, rechazar estas reglas es una ofensa a la democracia. No es decir: "el que puede promulgar todo, puede promulgar una parte", al rato el Jefe de Gobierno sólo va a publicar el título de la ley.

La Asamblea Legislativa pidió claridad en el uso del dinero público, claridad en padrones de beneficiarios y criterios de selección. El Gobierno de la ciudad no quiere ese claridad en la información, tampoco quiere López Obrador que la Asamblea determine los impuestos; prefiere la justicia de califa, donde rige la amenaza del uso de la cimitarra para acallar al que no está de acuerdo. Tal vez por eso sus consultas tienen resultados de opinión parecidos a las consultas que ha hecho Sadam Husein, el Gobierno de Corea o las votaciones soviéticas.

En la "Ciudad de la Amenaza", las amenazas se cumplen y la cimitarra del califa ha sustituido a la espada de la ley y la misma ley ha sido mutilada, por eso, por lo anteriormente, solicito:

Unico. Se turne a la Primera Comisión de la Permanente del H. Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo, a efecto de solicitar su intervención dentro de las facultades legales que le competen, en torno a la publicación y promulgación parcial del Código Financiero, por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de febrero del año 2003.

EL PRESIDENTE: Gracias, diputado.

Túrnese a la Primera Comisión, igualmente el punto de acuerdo que presentó el diputado Ramón León Morales y que no se le había dado turno.

En el orden hay una intervención del diputado Cosío Gaona, con punto de acuerdo en relación con el uso de la papelería oficial del Poder Ejecutivo Federal, la cual no cumple con lo establecido por la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Cosío.

EL DIP. SALVADOR COSIO GAONA: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores:

El 2 de octubre del 2001 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo correspondiente a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, mismo que resolvió favorablemente las propuestas de punto de acuerdo que sobre el uso de los Símbolos Patrios, específicamente el Escudo Nacional, presentaron previamente el 14 de diciembre de 2000 y el 25 de diciembre de 2001, los diputados Alfredo Ochoa Toledo, del PRI y Enrique Herrera y Bruquetas, del PRD, respectivamente.

Dicho dictamen aprobado por el pleno, estableció que el logotipo que el Poder Ejecutivo Federal diseñó y tiene en uso papelería y otras impresiones de propaganda oficial, es una impresión incompleta del Escudo Nacional diseñado a partir de la impresión oficial del mismo, comprobado esto al cotejarse el Escudo utilizado en banderas y documentos oficiales permitidos, con la parte del mismo que se reproduce como un supuesto logotipo diferente al escudo oficial, como lo usa el Ejecutivo Federal.

En el dictamen de referencia quedó muy claro que con este hecho el Presidente de la República viola absoluta y contundentemente lo establecido en los artículos 2, 5, 6 y 55 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que señala que toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente a las características oficiales establecidas y que sólo deberán utilizarse en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial, similares, conteniendo invariablemente las palabras: "Estados Unidos Mexicanos", formando un semicírculo superior, cuestión que es sometida al utilizarse el escudo oficial por el Presidente de la República, sus dependencias, que como todos sabemos, lo cercena y lo mutila con una carencia absoluta de respeto, y utiliza la parte superior del Escudo incompleto, a que le sobreponen dos trazos en colores verde y rojo que pudieran parecen la banda presidencial estilizada, pero también pudieran apreciarse como las letras "F" y "S" correspondiente a los apellidos del Presidente y su cónyuge.

Lo cierto es que bajo cualquier óptica ha quedado claro en la discusión, que el Presidente viola constante y sistemáticamente la ley citada y más grave aún, viola en forma contumaz la Constitución General de la República, misma Carta Magna que protestó guardar y hacer guardar al asumir su alto mandato.

El Punto de Acuerdo aprobado en octubre a que he hecho referencia, es contundente. Acordó exhortar a la Secretaría de Gobernación como entidad responsable del Ejecutivo a vigilar el uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios por parte de dependencias federales y al considerar tajantemente como un hecho comprobado, sustentado debidamente en derecho, que el uso incompleto del Escudo Nacional de la imagen o logotipo que identifica al Poder Federal actual, es violatoria la ley correspondiente, exhortó a retirar dicha imagen ilegal de toda la papelería y propaganda e imágenes en que se utiliza.

En efecto, ocurrió la tozudez del Presidente de la República que en respuesta al acuerdo de la Cámara de Diputados se limitó a tratar de defender lo indefendible, negando el estar violando la ley y la Carta Magna mediante argumentos muy ligeros carentes de sustento y fundamento, limitándose a tratar de reivindicar el derecho de contar con un logotipo e imagen específica que identifique a la actual Administración Pública Federal, negándose rotundamente, quizá por indicaciones o consejos de quiénes la asesoran e imprimen excesiva influencia cercana, a ceder y aceptar los argumentos contundentes del Poder Legislativo de la Unión, que a través de la Cámara de Diputados le demostró claramente la ilegalidad que se comete y el Presidente permaneció ciego a las voces del pueblo, que en un muy amplio y que con una pluralidad casi absoluta, expresaron su rechazo a esta acción protagónica pero respetuosa e ilegal del Presidente.

El argumento de la Presidencia de la República, inatendible como fue, fue suficiente para ofrecer desdén al pueblo y a la soberanía legislativa, que en su afán de salvaguardar los símbolos de la República, emitió un juicio de valor con la autoridad moral y política que corresponde.

El Presidente, además de no atender el exhorto permaneció impávido y no aceptó, demostrando una absoluta carencia de humildad, que el pueblo, que el Poder Legislativo que lo representan, tienen razón; se empecinó e imbuido de un falso orgullo hizo lo que en lenguaje llano del pueblo señala: "se trepó en su macho". Y se aferró tenazmente a su capricho o quizá para poder llamarlo mejor, al posible capricho de quienes señalan la estrategia de comunicación social al inicio de su actual gobierno y que en los hechos es visto, ejercen en el Presidente una influencia mucho muy superior a lo que significa la voz del pueblo y la atención y respeto a las consideraciones que emanan de los poderes que conforman el poder público del Estado y que en conjunto son el gobierno.

No obstante lo anterior y en tanto aclaró el Presidente, por voz del Secretario Gobernación, que no por ello se sometía y aceptaba un actuación equívoca de su parte, el Ejecutivo Federal ofreció a manera de atenuar la ilegalidad en que incurre, que ordenaba en ese momento a todas las dependencias federales a su cargo, utilizar en toda papelería, propaganda e imágenes oficiales, la reproducción íntegra del Escudo Nacional como la ley lo establece, acompañando al citado logotipo respetuoso.

Dicha exposición que fue muy difundida, no fue considerada por ambas partes como incumplimiento al Punto de Acuerdo, sin embargo, sin menoscabo de continuar buscando el absoluto respeto al escudo, se pudo considerar como una posibilidad real de emprender una acción correctiva.

Dicho uso oficial se metió a Gobernación, indicaba que sólo se usaría el logotipo conteniendo el escudo oficial mutilado en comunicaciones internas, es decir, se entiende en toda comunicación oficial o que deba ser parte de difusión general, y que en toda papelería, propaganda o imágenes oficiales, se usaría invariablemente el escudo nacional completo, acorde al texto que lo norma.

En los hechos el presidente, aun sin afirmarlo, aceptó tímidamente el veredicto de culpabilidad, y de motu proprio, se determinó una sentencia, se autoimpuso realizar una acción a manera de paliativo, misma que es contundente no ha cumplido, pues en los hechos solamente la presidencia de la república, y no siempre, cumple la instrucción e incorpore papelería y propaganda oficial, aunque en forma diminuta, la imagen legal íntegra del escudo nacional, es no obstante empañada por la presencia conjunta de la negativamente famosa imagen mercadotecnia que ridiculiza al escudo nacional: la famosa águila mocha.

Por su parte, es público y notario, que casi todas las dependencias del Ejecutivo federal hacen caso omiso de la instrucción, la Secretaría de Gobernación evita incluir en papelería o propaganda oficial al escudo nacional íntegro.

Y, bueno, ni siquiera quien lo ordenó en Gobernación lo cumple, tengo en mi poder un documento, que es una solicitud para un permiso de sorteos, donde viene el logotipo del águila mocha. La Secretaría de Gobernación se carece del escudo nacional completo como está autorizado.

En los hechos es notorio que no hay un respecto, que este asunto sigue siendo motivo de capricho o desdén del presidente o de quienes cercanamente lo influencían. El asunto es que esta, la Cámara de Diputados sigue siendo motivo de desdén, como esta soberanía legislativa, el asunto es que el presidente sigue violando la ley, al utilizar el escudo nacional en forma grotesco, el asunto es que sigue imperando justo la personalidad por encima del interés nacional y respeto al pueblo en la república, el asunto es que aun no siendo una respuesta adecuada, al menos lo que ofrecieron no lo han cumplido.

Y por otra parte, en un tema análoga pero que se liga, en diversos impresos, en la mayoría de las imágenes de la república, se utiliza como firma, como rúbrica la leyenda: Gobierno de la República.

Aquí es el caso que pretende establecer con contundencia, que el presidente se siente monarca absoluto, está por encima de los Poderes de la Federación, del Legislativo, del Judicial y del Ejecutivo, los tres y no solamente este último el gobierno, la pregunta es: ¿con qué facultades se arroga el presidente la presentación total de la república, no es un monarca, no es una comunicación integral de la república.

Entonces la respuesta, o carece de cultura política o no conoce de derecho o no conoce la carta Magna, o en otro sentido tiene un cinismo por demás propicio a establecer, un convencimiento al pueblo de las obligación necesaria del gobierno, de los Poderes, cual monarca y su reina.

No se puede permitir esto, la respuesta no ha existido, la oferta ofrecida no se ha cumplido, yo creo que debemos trabajar, no permitirlo, exhortar al Ejecutivo federal por esta Comisión Permanente, para que atienda este exhorto inicial de la Cámara de Diputados para que evite, elimine esa águila mocha, irrespetuosa, ilegal, majadera y cínica que utiliza, y evite arrogarse la personalidad de todo el estado en un sola persona, porque nosotros no estamos firmando esos comunicados que en radio, en televisión, en prensa, emite el Presidente como Gobierno de la República.

En base a ello y considerando que además ya es prudente que la Cámara de Diputados debe tomar una acción legal, es que el Punto de Acuerdo establece el exhorto al Ejecutivo, el retiro del águila mocha, el retiro de la leyenda Gobierno de la República, cuando es solamente el Presidente que firma y el inicio de la acción por la vía legal que corresponda, de inmediato.

El Punto de Acuerdo versa así: "La Comisión Permanente del Honorable Congreso exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en los términos del artículo 55 de la Ley sobre el Escudo y la Bandera Nacionales, atienda el exhorto de fecha 2 de octubre, a fin que vigile estrictamente el uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios y medios (?) federales, entidades federativas, así como municipios del país, como lo establece la ley correspondiente.

"Asimismo que la imagen que identifica al Poder Ejecutivo Federal y que contiene parte del Escudo Nacional, sea retirada de la papelería, propaganda e imágenes del mismo.

"Segundo. Toda vez que no está facultado legalmente a arrogarse la representación absoluta de los tres Poderes que conforman el Gobierno Federal, se exhorta el Poder Ejecutivo Federal, para que de inmediato sea retirada de toda papelería, propaganda e imágenes del mismo la leyenda "Gobierno de la República", con la que inadecuadamente rubrica dichos elementos de comunicación.

"Tercero. Se solicita a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que previa revisión, estudio y aprobación del Pleno, se inicie de inmediato el procedimiento legal correspondiente a efecto de lograr que las acciones del Poder Ejecutivo Federal materia de difusión oficial y comunicación social, se respete la Constitución General de la República y la Ley sobre el Escudo, la Bandera, el Himno Nacionales y se evite a toda costa la utilización inadecuada de los símbolos patrios en especial el Escudo Nacional, en toda papelería, propaganda e imágenes oficiales".

Creo que es un Punto de Acuerdo que por dignidad tenemos que aprobar el exigir (?) respeto a la República y a los Poderes del Estado.

Muchas gracias.

-PRESIDENTE: Gracias diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

-DIP. SALVADOR COSIO GAONA (desde la curul) Si me permite una moción señor presidente.

Le estoy solicitando la atención a la propia Comisión Permanente. Me gustaría que procediera a turnarlo a la Primera Comisión.

-PRESIDENTE: Túrnese a la Primera Comisión ¿y a la comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara también?

-DIP. SALVADOR COSIO GAONA (desde la curul) Así es. Muchas gracias.

-PRESIDENTE: En turno seguiría el Senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del PRD, ha retirado su participación del Orden del Día.

Inmediatamente después el Senador Marco Antonio Fernández, en relación al Presupuesto del Estado de Nayarit. Se pospone.

Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que se canalicen recursos extraordinarios y urgentes para auxiliar a los damnificados del terremoto ocurrido el pasado 21 de enero del año en curso, suscrita por los diputados Rogaciano Morales Reyes y Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado León Morales.

-DIP. LEON MORALES: Gracias señor presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La semana anterior presentamos un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para atender las necesidades de los damnificados en los Estados de Colima y de Jalisco.

Con justa razón diputados federales del Estado de MIchoacán, nos han pedido que presentemos este Punto de Acuerdo también de urgente y obvia resolución, para que los afectados, los municipios afectados por el sismo del 21 de enero, reciban igual tratamiento en Michoacán, como estamos pidiendo que se dé en Jalisco y en Colima.

 Vendrá, si bien las consideraciones son distintas, los antecedentes, el Punto de Acuerdo es idéntico al anteriormente presentado a fin de que se pueda tramitar inmediatamente de urgente y obvia resolución.

Doy lectura al documento tal como se me hizo llegar:

"El suscrito diputado por el 13 distrito electoral federal con cabecera en Ciudad y Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como por los diputados Jesús Garibay García y Ramón León Morales, ante ustedes comparecemos con respeto para promover una proposición con Punto de Acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución a fin de que se canalicen recursos extraordinarios y urgentes para auxiliar a los damnificados del terremoto de que se trata, al tenor de los siguientes

"A N T E C E D E N T E S:

"Primero.- Como es del dominio público, el martes 21 de enero del año en curso, tuvo lugar un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter, con epicentro en las costas del hermano estado de Colima que desafortunadamente causó la pérdida de 21 vidas humanas, muchos heridos y destrucción de bienes, por lo cual por este conducto enviamos nuestras más sentidas condolencias.

"Segundo.- Entre los municipios del distrito 13 electoral federal fueron afectados por el mencionado terremoto, los municipios de: Aquila, Coagayana, Chinicuila y Coalcomán, Michoacán, en los que si bien afortunadamente no se tienen noticias hasta la fecha de bajas humanas, de acuerdo con informes de las autoridades municipales y la constatación personal de este diputado, los daños materiales no dejan de ser de consideración de acuerdo con la siguiente relación:

"En Aquila once edificios públicos dañados y 82 viviendas afectadas.

"En Coagayana: Siete edificios públicos presentan daños parciales, 32 viviendas destruidas totalmente y 242 viviendas dañadas parcialmente.

"En Chinicuila: Siete edificios públicos dañados y hasta la fecha contabilizadas 253 casas habitación destruidas y semidestruidas.

"En Coalcomán: Ocho edificios públicos sufrieron daños con coarteaduras, agrietamientos y fisuras, más 114 casas habitación que sufrieron daño por agrietamientos y fisuras de muros, desplome de cubiertas y tejadas, fractura de estructuras, hundimiento de pisos y fractura de los mismos.

"Tercero.- Es de reconocerse la diligencia con que tanto el Gobierno Federal a través de la ciudadana Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social, como el gobernador del estado de Michoacán, ciudadano Lázaro Cárdenas Batel, han acudido a la fecha a los lugares afectados y que es de destacarse la presencia del Ejército Mexicano en el municipio de Coagayana, que ha propiciado un clima de seguridad, según se puede observar y escuchar de los vecinos.

"La resolución observada en la Secretaría de Desarrollo Social del gobernador del estado, como de los ciudadanos presidentes de los municipios afectados para coadyuvar a liderar los males causados por el sismo, es indiscutible.

"Al respecto la ciudadana Secretaria de Desarrollo Social anuncio en la comunidad de Palos Marías del municipio de Coagayana el día viernes 24 de enero del año en curso, la disposición de hasta 5 millones de pesos a destinarse para la reconstrucción de viviendas y empleo temporal.

"Como sabemos que los apremios económicos por los que pasa el estado de Michoacán y en particular los municipios afectados, consideramos viable y plenamente justificado el asegurar una mayor generosidad del Gobierno Federal para que se adopten medidas que amplíen la capacidad de respuesta que los ciudadanos afectados esperan de manera urgente.

"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y relativos al Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

"Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recomienda al Ejecutivo Federal se amplíe progresivamente el derecho de aquellos ciudadanos afectados por el sismo, que perciban hasta cinco salarios mínimos y hasta agotar el fondo destinado por el gobierno a desastres naturales.

"Segundo.- Se agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus viviendas, solventar sus requerimientos y se amplíe lo suficiente para cubrir las necesidades de un mayor número de damnificados por el desastre natural en el estado de Michoacán.

"Tercero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a efecto de que se otorgue y publique de inmediato la declaración de zona de desastre natural para los municipios de Aquila, Coguayana, Chinicuila y Coalcomán, todos del estado de Michoacán.

"Se solicita otorgar a dicho estado una línea de crédito suficiente que permita a las autoridades municipales y estatales disponer de inmediato de recursos financieros para atender los gastos de emergencia, a fin de reembolsarse en cuanto se liberen los recursos del Fonden que les correspondan.

"Cuarto.- Se exhorte a los Ejecutivos Federal y Estatal para que implementen programas adicionales a los apoyos del Fonden, para que los afectados puedan acceder a uno o más programas que les permitan su más ágil recuperación".

Solicitamos a la Presidencia dar trámite de urgente y obvia resolución al presente punto de acuerdo.

Por su atención, muchísimas gracias.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias, señor Diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ TOMÁS LOZANO Y PARDINAS: En votación económica se consulta a la Comisión Permanente los que estén de acuerdo en que se tramite de urgente y obvia resolución.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

Tiene la palabra el Senador Héctor Larios.

- EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA (PAN): Con el permiso de la Presidencia.

Solamente para afirmar que el Partido Acción Nacional está de acuerdo y ha votado a favor de la urgente y obvia resolución de este punto, toda vez que ya fue hecha la declaratoria de zona de desastre de estos municipios de Michoacán. Solo que no podríamos aprobar en los términos que se plantea el punto de acuerdo, puesto que tiene que estar sujeto a las reglas de operación del Fonden; no podría darse un trato diferente al que se le ha dado a Colima o al que se le ha dado a los municipios de Jalisco.

Me parece que no podemos aprobar un punto de acuerdo en el cual se establecen reglas diferentes que las que se aplican para todo el país.

Es cuanto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, Senador.

El diputado Ramón León.

- EL C. DIPUTADO RAMÓN LEÓN MORALES (PRD): Gracias, señor Presidente.

La región afectada por el sismo del 21 de enero se dio particularmente en el estado de Colima, afectando varios municipios del estado de Jalisco, colindantes con Colima, y varios municipios del estado de Michoacán, también colindantes con Colima.

La semana pasada aprobamos de urgente y obvia resolución, en los mismos términos en que se está planteando en este documento, para hacer un llamado al Ejecutivo y atender a los municipios de Colima y a los municipios de Michoacán.

En mi anterior intervención yo plantee y dije: <<Con justa razón los diputados federales de Michoacán nos están pidiendo a nosotros que le demos el mismo tratamiento a estos municipios de Michoacán>>

Se aprobó aquí de urgente y obvia resolución. La mesa directiva, según nos informó el día de ayer, envió ya los escritos correspondientes sobre los municipios de Colima y sobre los municipios de Jalisco.

Cuando presentamos el día de hoy en iguales términos en que iba el anterior dictamen, es precisamente para que se siga el mismo trámite, es decir, que el día de hoy lo aprobemos de urgente y obvia resolución y la Mesa Directiva pueda enviar los comunicados correspondientes a las instancias del Ejecutivo a quien tenga que llegar.

Considero que si no hubo elementos para votar en contra de os municipios afectados, muy afectados quiero decir, de Colima y de Jalisco, tampoco pudiera el día de hoy haber un solo elemento para evitar hacer un llamado al Ejecutivo y se pueda atender en los términos en que se están atendiendo los municipios y los afectados en los dos estados antes mencionados, a estos municipios de Michoacán.

Yo pediría, y no me queda la menor duda compañeras y compañeros legisladores, que así como la sensibilidad la semana pasada nos llevó a aprobar un punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, el día de hoy también mostraremos esa misma sensibilidad y esa misma solidaridad con los municipios afectados del estado de Michoacán.

Estoy seguro de que votaremos a favor este punto de acuerdo y es por eso que anticipadamente, a nombre de los diputados de Michoacán, los diputados federales de Michoacán, y a nombre de los presidentes municipales de estos municipios afectados, y a nombre de los afectados y damnificados de Michoacán, les expresamos nuestro gran reconocimiento.

Muchas gracias.

(aplausos)

-PRESIDENTE. DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias señor diputado.

Y sólo para poner en contexto este problema, el día de ayer en la reunión previa de la Mesa Directiva se acordó por los grupos parlamentarios que estuvieron presentes, exactamente lo que se está diciendo aquí, que se le daría el mismo trato que se les dio a los otros municipios.

El diputado Garibay, que era el proponente de esto, estuvo de acuerdo y todas las fracciones quedaron de acuerdo. Lo que sucede es que el texto viene en una forma distinta, pero lo que se enviará, el contenido, al Ejecutivo, es el mismo trato exactamente que el que se dio a Colima o se está dando y a Jalisco.

El diputado Borbón tiene la palabra hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos. Y después el senador.

-DIP. BERNARDO BORBÓN VILCHES: Gracias señor Presidente.

Compañeros Legisladores: Creo que es muy importante no confundir el sentimiento o la sensibilidad con las desgracias que afectan a un pueblo, con lo que nos ordena el estado de derecho y el principio de legalidad. No todo lo que sintamos podemos transmitirlo en un acuerdo.

La ley de Protección Civil que creó el Congreso, establece los procedimientos muy claros. Los pasos están en primer lugar en la autoridad más cercana. El primer paso es de la autoridad local. El Ejecutivo debe declararse que no tiene los elementos para afrontar la situación. No es igual el caso de Colima que el de Michoacán, estamos hablando creo que de dos municipios en donde hay un desastre estatal. Cuando el desastre rebasa la capacidad del Estado debe declararlo el Ejecutivo, para que de acuerdo con el principio del federalismo, es decir, la subsidiaridad, la complementariedad escalonada, entren los recursos federales sin atropellar la soberanía del estado.

Yo creo que es muy diferente a lo que se está planteando, a lo que hicimos en la semana anterior, estaríamos de acuerdo en que fuera el mismo tratamiento, pero es muy importante que distingamos que hay una responsabilidad de la autoridad local en primer lugar, por lo que los Legisladores Locales debieran exigirle a su Ejecutivo que haga esta Declaratoria, si es que no la ha hecho, de que rebasa su capacidad estatal para que el Gobierno Federal no atropelle la soberanía estatal interviniendo sin que sea declarado incapaz para afrontar esta emergencia.

Creo que la Ley es muy, que la hará sobre un solo artículo que es el 5º de la Ley de Protección Civil, un solo artículo nos da la facultad para intervenir a los Legisladores que es el artículo que dice que los Legisladores, el Poder Judicial y el Poder Legislativo dice, podrán sumarse para ver que sea efectiva la ayuda en caso de desastre, lo dice con otras palabras pero la esencia es esta, solamente podemos sumarnos para ver que se haga efectiva la ascensión a la emergencia. Gracias.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Para el mismo tema tiene la palabra el Senador Antonio García Torres.

-EL C. SENADOR ANTONIO GARCIA TORRES. Gracias señor Presidente. Para sumarme a la posición del Diputado Ramón León Morales en cuanto a que debemos dar el mismo tratamiento a todos los hermanos que han sufrido esta desgracia en Jalisco, Colima y Michoacán. En Michoacán los Municipios de la Costa principalmente los colindantes con el Estado de Colima, Guaguayana, Chimicuila y Aquila son los más afectados y como ha presentado aquí los datos el Diputado Ramón León, son cientos de casas de edificios públicos los que se encuentran dañados.

Entonces yo no veo por qué puede haber oposición a que demos un tratamiento igual a todos os municipios afectados y en desgracia, cuando sabemos que los recursos de los Estados son insuficientes en estos casos, no hay necesidad de esperar a que vengan más declaraciones.

Por otro lado, nosotros hemos insistido también en que este Fondo para atender los desastres tiene mecanismos muy complejos que hacen que los recursos no bajen a tiempo a la gente que está verdaderamente urgida y necesitada de os apoyos federales.

Por esa razón, yo creo que salvo alguna aclaración que se tenga que hacer en el Comunicado que se dirija a la Federación, debemos unánimemente en esta Permanente apoyar a mis paisanos michoacanos en esta desgracia que están padeciendo. Muchas gracias. (aplausos)

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Senador. El Diputado Ramón León Morales para hechos y en turno el Senador Larios.

-EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES.- Gracias Presidente. Cuando presentamos la semana anterior, como en esta ocasión este Punto de Acuerdo, estamos por supuesto pensando en que hay una normatividad, no estamos solicitando al Ejecutivo que viole ninguna normatividad , estamos planteando que dentro de la normatividad que se dé la flexibilidad para que los afectados por el sismo puedan recibir más recursos digamos al cambiar de rango de 3 a 5 salarios mínimos así como que se pueda entrecruzar uno o dos programas en que un afectado pueda tener derecho

Y quiero decirles que 29 mil pesos que da el FONDEN no ayudan, es decir sí ayudan pero no son suficientes para poder reconstruir una casa totalmente destruida.

Esto ya lo aprobamos para Colima y por eso nuestro agradecimiento; y esto ya lo aprobamos para Jalisco y también nuestro reconocimiento.

Yo digo, cuál es el problema para que no se apruebe para Michoacán, yo no quiero pensar que porque en Michoacán hay un Gobierno distinto,… digo, yo no quiero pensar esto pero ya aprobamos para municipios de un Estado gobernado por el PRI; ya aprobamos para municipios de un Estado gobernado por el PAN, yo no quisiera pensar que hay reticencia para aprobar un punto de acuerdo para un Estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, sobre todo que los afectados no tienen color, son simplemente afectados por un fenómeno de carácter natural.

El declara zona de desastre requiere de todo un procedimiento, nosotros no estamos declarando zona de desastre a los municipios, le estamos pidiendo al Ejecutivo que sea él quien lo declare y es a quien compete. ¿Y cuándo va a ser esa competencia? Bueno, cuando realice los estudios correspondientes para que esto sea una realidad.

Es decir,… pero si ya lo aprobamos para Jalisco y si ya lo aprobamos para Colima, yo sí pregunto… o sea, ¿cuál es el problema para que se apruebe para el Estado de Michoacán? Y digo, no para el Estado de Michoacán, no estamos pidiendo que el Estado de Michoacán se declare en zona de desastre, estamos pidiendo que estos municipios mencionados, colindantes con costeros y colindantes con el Estado de Colima pues sean considerados y reciban igual tratamiento que los que aquí ya hemos aprobado para los municipios de Colima y de Michoacán (sic).

Reiteramos nuestra seguridad. Creemos que finalmente este punto deberá ser aprobado. Gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. El senador Héctor Larios, hasta por cinco minutos.

EL C. SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA: Con el permiso de la Presidencia.

Creo que en primer lugar debemos de dejar claro que estamos totalmente decididos a apoyar la propuesta de este punto de acuerdo en los mismos términos que se hizo para los Estados de Colima y los municipios afectados del Estado de Jalisco y precisamente me parece que ahí está la confusión.

Usted ha planteado, en la lectura de su punto de acuerdo, cantidades y mecanismos que contradicen las reglas que están establecidas en los programas; nosotros estamos por apoyar este punto de acuerdo que es un exhorto al Ejecutivo, por cierto un exhorto que se hace cuando hoy en la mañana, en el Diario Oficial de la Federación se publica la relación de los municipios que se declaran zona de desastre y que en consecuencia, a partir de esa declaratoria, se desencadena todo el procedimiento para que puedan aplicarse los recursos que se destinan a atender los desastres naturales.

De manera que este exhorto me parece que llegará un poquito tarde pero creo que vale dejar testimonio del Congreso de la Comisión Permanente de nuestra preocupación.

Simple y sencillamente nuestra insistencia ha sido que nuestra aprobación sea exactamente en los mismos términos, no podemos nosotros cambiar las normas aquí en la Comisión Permanente, lo tendría que hacer la Cámara a través de las leyes para aplicar diferentes normas a un Estado que a otro, a un municipio dentro de un Estado que a otro municipio dentro de ése Estado, para eso existen esas normas.

Me parece que se creó la confusión y ya lo aclaraba el Presidente, se acordó aprobar en los mismos términos solamente que en la redacción que usted hizo, que usted leyó aquí, se refería a cantidades y se refería a mecanismos diferentes y a nosotros nos parecería que eso no es lo más adecuado.

En consecuencia, proponemos nosotros se haga la misma redacción que se hizo en los puntos de acuerdo de la semana pasada o dejar aquí en la mesa una propuesta de punto de acuerdo en donde se exhorte al Ejecutivo a destinar recursos del FONDEN, de conformidad con lo que establecen las normas de operación vigentes para casos de desastre a los municipios del Estado de Michoacán que se encuentran en las circunstancias de zonas de desastre, en los mismos términos en que se apoya a los municipios afectados de los Estados de Colima y de Jalisco.

Dejó a la Presidencia la propuesta, para que se apruebe en los mismos términos que se aprobó con el respaldo como le dimos en objeto y obvia del Partido Acción Nacional.

EL PRESIDENTE CARLOS ACEVES DEL OLMO:- Gracias senador.

Por cinco minutos tiene la palabra el diputado Salvador Cosio.

-EL DIP. SALVADOR COSIO GAONA: Con su venia, señor Presidente.

A mí me parece entendible que en temas donde va de por medio el interés político o que va de por medio algún tipo de contraste ideológico, haya debate y se tenga sufrir para conseguir una aprobación de un Punto de Acuerdo que conlleva algún interés, alguna ventaja. Pero me parece, inatendible que en temas como éste, donde tiene que darse la solidaridad de todos, sin distingo de partido alguno, para con quienes tienen desgracia que, se ha pasado en cuanto ocasión se ha presentado, tengamos que hacer un trabajo intenso de cabildeo o de convencer a la gente de qué no todo lo que se propone es inadecuado.

Que bueno que el senador Larios, aclara que la idea es lograr un consenso y establecer un punto de acuerdo, que sea adecuado, atendible y que pueda aprobarse de inmediato, porque creo que nuestros hermanos michoacanos, como en su momento fueron atendidos y ustedes aprobaron puntos de acuerdo para mis paisanos de Jalisco y nuestros hermanos de Colima, puedan tener este respaldo moral y político de esta Soberanía.

En efecto, no es la Comisión Permanente, ni el Congreso en sí, la que tiene que determinar sí se decreta o no un área de desastre, zona de desastre; pero tampoco se tiene que tener un desastre en todo el estado, o un estado para que un municipio que está desastrado, valga la redundancia, que rebase su capacidad para tener la gracia y la emergencia, deba recibir esa declaratoria y los apoyos federales que están reglamentados en el FONDEN y esas partidas que están para eso.

Y no es nada del otro mundo, definitivamente hay que trabajar de fondo para reparar algunas cuestiones que están mal en la normativa, que son tortuosas, que son burocráticas, un reglamento que ya no funciona, que nos ha rebasado, que duda mucho en llegar los recursos, pero bueno, no es el tema ahora, el tema es que en lo posible esta Soberanía aquí representada pueda apoyar y hacer que se agilicen las cosas. Entonces yo creo que no está bien que algunos tomen lo que otros proponemos, porque somos de partido diferente como algo negativo- a priori y que simplemente hay una posición como el gallego "nomás por joder". Muchas gracias.

EL PRESIDENTE. Si me permite señor diputado. Para ver si podemos llegar al acuerdo que prácticamente está hecho. Pediría si me permite, había pedido la palabra ya antes el diputado Ramón León Morales. Yo le pediría a la Secretaría que leyera el comunicado que se envió al Ejecutivo en relación a Colima y Jalisco.

EL SECRETARIO JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS: Mesa Directiva. LVIII Legislatura. Oficio No. DGPL58II51394. Licenciado Santiago Creel Miranda. Secretario de Gobernación. Bucareli No. 99. Ciudad.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se aprobaron los Puntos de Acuerdo que a continuación se transcriben:

PRIMERO:- Se recomiende al Ejecutivo Federal, se amplié progresivamente el derecho de aquellos ciudadanos afectados por el sismo, que perciben hasta 5 salarios mínimos y hasta agotar el fondo destinado por el gobierno.

SEGUNDO: Se agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus viviendas y solventar así, sus necesidades.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que se otorgue y publique de inmediato la declaración de zona de desastre natural para los municipios de Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tonila y Pihuamo, del estado de Jalisco, que ya fueron declarados en su oportunidad en estado de emergencia, independientemente de continuar y resolver con diligencia extrema el trámite en relación al resto de los municipios afectados en la entidad, que en su conjunto conforma la solicitud de dicha declaratoria formulada oportunamente por el C. Gobierno del Estado de Jalisco.

Se solicita otorgar a dicho estado una línea de crédito suficiente que permita a las autoridades municipales y estatales disponer de inmediato de recursos financieros para atender los gastos de emergencia, a fin de reembolsarse en cuanto se liberen recursos del FONDEN que les corresponda.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo Federal y estatal para que implementen programas adicionales a los apoyos del FONDEN, para que los afectados puedan acceder a uno o más programas que le permitan su más ágil recuperación, lo que hacemos de su conocimiento para los efectos que haya lugar.

México, D.F, 29 de enero del año 2003.

Es cuanto, señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario.

No sé, señor diputado, si queda claro que agregaríamos los municipios de Michoacán en los mismos términos que está hecha la comunicación al Ejecutivo.

Senador, ¿todavía quiere hacer uso de la palabra?

EL SENADOR JORGE ZERMEÑO INFANTE: (desde la curul) Sí, señor Presidente.

EL PRESIDENTE: El senador Jorge Zermeño, hasta por cinco minutos.

EL SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE: Gracias, Presidente.

No podemos dejar pasar un señalamiento injurioso hecho en esta tribuna y sobre todo con un mal entendido, porque tal parece que el diputado Cosío no se ha dado cuenta que la posición de los legisladores del PAN ha sido de apoyar sin reservas este punto de acuerdo en los términos en los que aquí se ha planteado, que coincide exactamente con lo que ha dicho la Presidencia.

Nosotros consideramos que efectivamente las necesidades no tienen ni deben tener color ni partido político. La necesidad de ciudadanos que están en este momento padeciendo la posibilidad de ayuda que debe brindarle no sólo el Gobierno Federal, sino los gobiernos municipales y estatales, me parece que sería de la más mala intención pretender darle un cariz político partidista. Por supuesto que de ninguna manera nosotros hemos manifestado aquí ninguna posición de reserva a apoyar a quienes en este momento tienen necesidad y que el gobierno agilice de manera rápida recursos que están destinados precisamente para esto.

Por esta razón queremos simplemente decir que el PAN no ha venido aquí a proponer nada ni a negarse, como aquí se dijo en tribuna, a una propuesta hecha por algún legislador de otro partido. Nos sumamos sin reservas, nos sumamos a favor en los mismos términos de justicia y de equidad que la Comisión Permanente aprobó para los mismos casos en el estado de Jalisco y de Colima. Gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias, senador.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

EL SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

EL PRESIDENTE: Suficientemente discutida.

EL SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición de acuerdo a la sesión anterior, agregándole indicaciones solicitadas por el señor diputado, de acuerdo al punto de la orden del día en que se canalicen recursos extraordinarios y urgentes para auxiliar a los damnificados del terremoto ocurrido el pasado 21 de enero del año en curso, suscrita por el licenciado Rogaciano Morales Reyes y Jesús Garibay García, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

EL PRESIDENTE: Aprobada, comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Diego Cobo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo en relación a los buques petroleros de PEMEX.

EL DIP. DIEGO COBO: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, en uso de nuestras facultades constitucionales y legales, ocurrimos a esta tribuna para solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

El día 6 de diciembre del año 2000, la Subcomisión para el estudio del Estado que guarda la Marina Mercante Nacional de la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados, acordó encontrar mecanismos para la renovación de la flota de Petróleos Mexicanos.

El día 15 de mayo del año 2002, la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados tuvo una reunión de trabajo con el ingeniero Roberto Ocegueda Villaseñor, Director Corporativo de Planeación Estratégica de Petróleos Mexicanos, quien presentó el estado que guardaba para ese momento la flota petrolera de la paraestatal.

En dicha reunión se ofreció a proporcionar el programa para la reposición de barcos a más tardar del mes de junio del año 2002, mismo que no ha sido presentado a esa Comisión.

El 13 de noviembre del año 2002, el barco petrolero Monocasco Prestige, con 77 mil toneladas de hidrocarburos, sufrió en su costado de estribor una grieta por un posible impacto; 6 días más tarde, el 19 de noviembre del año 2002 se partió en 2, hundiéndose a 3 mil 500 metros de profundidad frente a las costas de Galicia en España, liberando más de 11 mil toneladas de hidrocarburos, obligando al gobierno español a vedar una franja de 555 kilómetros de costas para la pesca con una zona prohibida para la marisqueo de 307 kilómetros y un total de 128 playas afectadas en las costas de aquella nación, teniéndose que recoger hasta la fecha 2 mil toneladas de hidrocarburos de las costas y entre 5 mil 400 y 6 mil toneladas de residuos en el mar.

Se han desplegado 11 mil 750 metros de barreras de contención y existen en España más de 10 mil damnificados directos por pérdida de empleos secundarios a la contaminación de sus fuentes de trabajo sin contar con los graves y en muchos casos irreparables daños ambientales, principalmente por la muerte de mamíferos marinos, peces, crustáceos, quelonios y aves marinas y costeras.

El 14 de diciembre del año 2002, la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que se actualice la flota petrolera a fin de evitar accidentes con efectos ambientales, habiéndose turnado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Marina para su dictamen.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a partir de estos antecedentes, exponemos las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

Pemex cuenta con una flota de 23 barcos, 16 en el Océano Pacífico y 7 en el Golfo de México, de los cuales 4 son rentados, ninguno de ellos cuenta con doble casco de protección. La edad promedio de la flota mayor de Pemex es de 24 años, muy por arriba de la vida útil de los tanqueros, estos buques-tanque fueron armados en distintos países con tecnología heterogénea y por ello se ha dificultado su operación y mantenimiento además de encarecerlo.

Sabemos que para el año 2004 se darán de baja 7 de los 23 barcos de la flota mayor de la empresa.

Pemex busca incrementar la capacidad de los barcos de un promedio de 21 mil toneladas a uno de 44 mil toneladas, por lo que es indispensable que éstos reunan condiciones de seguridad, que reduzcan al mínimo los riesgos de sufrir un accidente, ya que al incrementarse la capacidad de carga, también se incrementa el daño potencial, en caso de un siniestro similar al que sufrió el buque Prestige frente a las costas españolas.

En México existen actualmente 26 áreas naturales protegidas dentro de la zona costera, insular, arrecifal y marina, donde se protegen a miles de especies, entre las cuales se encuentran mamíferos marinos, celonios y aves en distintos estados de conservación, que potencialmente se pueden ver afectados por el vertimiento de hidrocarburos, como el resultado de un mayor riesgo de sufrir un accidente por parte de los buques-cisterna de Petróleos Mexicanos, que no cuentan con doble casco.

Los principales puntos de embarque de hidrocarburos en México, se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, ya que forman parte de biorregiones marinas muy importantes por su diversidad biológica, como son el Golfo de California y el Golfo de Tehuantepec en el Océano Pacífico, y en Ciudad Madero y en el Mar Caribe, en el Golfo y en el Mar Atlántico.

En virtud de que las autoridades encargadas de elaborar y llevar a cabo el programa de reposición de embarcaciones mayores, no ha presentado a la Comisión correspondiente dichos avances, y de que dichas embarcaciones en la actualidad no cuentan con doble casco, lo que incrementa el riesgo de que sufran un accidente similar al sufrido por el Prestige frente a las costas de España, es urgente que se atienda con especial énfasis esta situación, para evitar los posibles daños ambientales y sociales que pudiera ocasionar un siniestro de esta magnitud en México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ponemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se remita a la omisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados, la información correspondiente al Programa para Reposición de Barcos, así como los avances y resultados obtenidos a la fecha, y se solicite la comparecencia ante esta soberanía del ciudadano Raúl Muñoz Leos, Director General de Petróleos Mexicanos, a efecto de que presente un informe pormenorizado sobre la seguridad en la operación, en lo referente a la protección ambiental de la flota de Petróleos Mexicanos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 4 días del mes de febrero del año 2003.

Dejo a la Secretaría el Punto de Acuerdo y solicito a la presidencia muy respetuosamente lo publique de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

-EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentario y en el Diario de los Debates.

Si, ¿Comisión de Marina?

-EL C. DIPUTADO JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS (desde su curul): Si, a la Comisión de Marina que se han referidos sobre los Puntos de Acuerdo que se han tramitado. Muchas gracias señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE: Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación a la huelga de Cananea en el estado de Sonora, suscrita por los diputados Petra Santos Ortiz y Ramón León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la tribuna el diputado Ramón León Morales.

-EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Gracias señor presidente. Cananea es en el cruce de caminos de nuestra historia, el momento fundacional del movimiento obrero y del México contemporáneo, la población sonorense representa como pueblo de frontera, el punto de origen de las luchas de la etapa moderna y contemporánea del pueblo mexicano.

Hoy, los herederos directos de las jornadas de junio de 1906, nuevamente se enfrentan a la voracidad del capital que al paso de 97 años no han podido terminar con la formidable veta de rebeldía del trabajador minero.

En la noche del último día de mayo de 1906, los 5 mil 360 trabajadores mexicanos de la Cananea Consolitated Coper Company, declaran la huelga; algo casi inconcebible ante una dictadura que llevaba 26 años en el poder, por tres demandas fundamentales: salario mínimo de 5 pesos, jornada de 8 horas e igualdad de condiciones de los trabajadores mexicanos con los estadounidenses. Mismas que fueron rechazadas por el Coronel William Green, gerente de la mina, por considerarlas absurdas.

La respuesta de la dictadura fue una sangrienta represión los días 1 y 2 de junio, en la que intervinieron los ejércitos mexicano y estadounidense. Se asesinaron a 23 trabajadores, 22 fueron heridos y 60 detenidos, mismos que fueron enviados a la siniestra prisión de San Juan de Ulúa y a la leva, para combatir a los yanquis. Para el 6 de junio se restablecieron las labores bajo vigilancia militar.

Sin embargo, esos precursores de la Revolución Mexicana, lograron plasmar en la Carta Magna sus principales demandas. Dirigentes de las jornadas de 1906 como Esteban Vaca Calderón, Manuel M. Dieguez, Luis G. Monzón, entre otros, se incorporarían al movimiento revolucionario y serían a la postre miembros del Congreso Constituyente de Querétaro, en el que se plasmarían el derecho a una jornada de 8 horas, el salario mínimo y derechos colectivos como la sindicalización y la huelga.

No olvidemos que décadas después el Ejército Mexicano volvió a presentarse en el municipio fronterizo, en agosto de 1989; el ejército entró a la población a petición de la Compañía Minera de Cananea, en momentos en que la representación sindical negociaba la revisión contractual.

Luego de más de dos meses de lucha bajo la ocupación de los cuerpos represivos que hostigaban a la población y realizaban detenciones selectivas, el movimiento finalizó con el reajuste de una cuarta parte del personal y la mutilación del contrato colectivo de trabajo. Un año después la empresa minera fue privatizada a un precio irrisorio.

Hoy, aun con las ataduras del corporativismo que impera en las organizaciones sindicales de importancia y tradición de lucha, los herederos del club liberal de Cananea y los sucesores del Coronel Green, vuelven a encontrarse a la vuelta de casi un siglo. Tradiciones de lucha tan arraigadas como las de los mineros del norte del país renacen una y otra vez.

Desde que el Grupo México, el principal productor minero del país, adquirió la explotación de Cananea en 1990, ha venido aplicando una política antisindical, cancelando una a una las conquistas históricas alcanzadas en décadas de lucha; redujo el contrato colectivo de trabajo en tres cuartas partes y fue recortando la plantilla laboral, hasta lograr el despido masivo de 175 trabajadores a raíz de la huelga de 1998-99.

En 2001 los trabajadores emplazaron a huelga por la revisión de su contrato colectivo. Sin embargo, el movimiento fue declarado inexistente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la revisión nunca se llevó a cabo. La revisión además, se complicó por la sucesión en la secretaría general del Sindicato Minero Metalúrgico, con el deceso de Napoleón Gomez Sada y un complicado proceso de toma de nota de Napoleón Gómez Urrieta.

Por dos años los trabajadores tuvieron las mismas condiciones de trabajo, mismas que fueron violadas por la patronal, por lo que el 3 de junio de 2002, los trabajadores impusieron la bandera rojinegra en el histórico fundo minero. Se demandó entonces un incremento salarial del 10.5%, el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y un bono de productividad que no se había entregado en los dos años anteriores, al argumentar la empresa una baja productividad. La huelga de junio pasado fue por esa revisión fallida.

 "Grupo México amagó con el cierre de la empresa pues sostuvo que de cumplirse las demandas obreras su viabilidad sería nula.

"Debe recordarse que el año pasado dicho consorcio que es el tercer productor de cobre del mundo, enfrentó movimientos huelguísticos en Nueva Rosita Coahuila, Minera San Martín, en Zacatecas, La Planta de Zinc Electrolítica de San Luis Potosí, la Mina Pasta Conchos y La Caridad, en Sonora.

"El 9 de junio los trabajadores formaron con la empresa un convenio para levantar la huelga, restituyendo prestaciones no cumplidas y un incremento salarial del 5.25 % al salario, así como una retabulación de 4.75 correspondiente a 2001.

"Dos días después los empresarios decidieron romper el acuerdo tomado e insistieron en el cierre de la minera.

"a fin de evitar el cierre definitivo de la planta, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el gobierno de Sonora, plantearon a las partes que durante doce meses se evaluaría la viabilidad del centro de trabajo.

"El hecho constituyó la conculcación del derecho de huelga, lo cual fue reconocido por un tribual colegiado que falló un amparo a favor del sindicato, por lo que los 2,260 trabajadores sindicalizados de la Compañía Minera de Cananea, volvieron a estallar la huelga el lunes 20 de enero a las tres de la tarde en demanda de aumento salarial de 5.3 %, el pago de bonos de productividad que no se han entregado en cuatro años, y por el cese a las violaciones al contrato colectivo de trabajo.

"Al día siguiente la empresa amenazó de nuevo con cerrar. Debe señalarse que el costo laboral de la minera es sólo del 10 % y que el hecho de que no se hayan alcanzado estándares de producción óptimos, obedece a que la empresa no provee de materiales y equipos necesarios a los departamentos de mina y tajo que concentra el mayor número de trabajadores.

"Los efectos de cierre serían catastróficos para la región, pues el 90 % de la actividad económica de los 35 mil habitantes de Cananea depende de la mina.

"Asimismo 150 mil toneladas de cobre dejarían de incorporarse a la producción nacional.

"Hoy la lucha sindical vuelve a enfrentar nuevos y viejos retos, a encarar a los enemigos de siempre en nuevas condiciones; la larga marcha de la resistencia, la inagotable historia del movimiento de los trabajadores vive un nuevo capítulo.

"El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática respetuoso de la autonomía sindical y comprometido con las mejores causas del pueblo de México, se pronuncia contra cualquier medida que pretenda conculcar derechos, contra cualquier chantaje que ponga en la mira las conquistas y las luchas legítimas del pueblo trabajador y hace un llamado a las autoridades laborales a conducirse en el marco de absoluta legalidad, respeto y prudencia, cumpliendo su deber de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

"Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que, en el ejercicio de sus atribuciones intervenga en el conflicto de la Compañía Minera de Cananea, para preservar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de dicha empresa establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo y demás ordenamientos aplicables".

Firmamos este Punto de Acuerdo los legisladores: Petra Santos Ortiz y un servidor.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, para leer un Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo para atender la petición de las organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán, relativa al gas doméstico.

- EL C. DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias, señor Presidente.

Con la comprensión de mis compañeros legisladores.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de lo siguiente:

El gas licuado de petróleo L. P., es no de los principales bienes de consumo en los hogares de la República Mexicana y ocupa uno de los primeros lugares en la ponderación de bienes de la canasta básica.

El gas LP es consumido principalmente por los hogares, 62 por ciento del total se destina al uso residencial, 12 por ciento al uso industrial y 26 por ciento a comercio, transporte y otros. Además, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en el uso residencial de este combustible.

Lo anterior queda de manifiesta si tomamos en cuenta que el volumen de ventas internas del gas LP se ha incrementado más de 50 por ciento desde 1997, para alcanzar cerca de 300 mil barriles por día; lo que refleja el papel central de este producto en nuestro país, lejos de que, al amparo del libre comercio, el incremento en la demanda se refleja en un precio menor. La tarifa por kilogramo observó aumentos constantes desde 1998, lo que demuestra la clara existencia de prácticas oligopólicas en la distribución y venta final.

Es del conocimiento público que la industria gasera se encuentra en manos de unos cuantos, por ejemplo, Vela Gas es dueña de las empresas Daniel Vela, Sociedad Anónima. Y las otras compañías que operan en el mercado son: Bello Gas, Sociedad Anónima; Gas Bustamante y Gas Presto.

El incremento en el gas LP provoca terribles desequilibrios en las economías familiares. Si el salario mínimo diario de un jefe de familia es de 40 pesos, debe destinar casi cinco días de percepciones para comprar un tanque de 30 kilogramos, relegando a segundo término otras necesidades básicas como electricidad, alimentación, salud, vestido y educación.

El argumento del gobierno federal en 1997 para regular el precio del gas doméstico fue la necesidad de estandarizarlo con el de los mercados internacionales, lo que es incoherente con el hecho de que nuestro país es uno de los principales productores a nivel mundial. Sin embargo, los gobiernos neoliberales no se han preocupado por destinar mayores recursos a la inversión productiva en Pemex y a la exploración de gas. Por lo que estas deficiencias se han trasladado al bolsillo de los trabajadores.

La industria de distribución, almacenamiento y venta del gas LP adolece de una serie de rezagos derivados de su carácter monopólico, como lo ha reconocido la Comisión Federal de Competencia que ante la presión popular se vio en la necesidad de detentar el incremento constante en los precios en 2001.

El freno que se impuso al crecimiento de los precios del kilogramo de gas LP en las distintas regiones del país no es suficiente para aliviar el deterioro que ha sufrido el poder adquisitivo de la familia, pues el precio de este bien creció 85 por ciento desde 1998, mientras que los salarios mínimos reales apenas observan un incremento del 0.18 en el mismo periodo. Pero además, por si fuera poco, el servicio que presta el oligopolio dista mucho de ser oportuno, seguro y de buena calidad. Tan solo el año pasado la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor realizó 8 mil operativos en materia de gas LP, verificando más de 171 mil cilindros y más de 2 mil 100 autotanques. Derivado de lo anterior impuso sanciones por más de 24 millones de pesos e inmobilizó alrededor de 33 mil cilindros por no ofrecer las condiciones de seguridad pertinentes.

El gobierno federal de la administración pasada y el presente se han preocupado más por mantener finanzas públicas sanas por encima de los intereses de millones de familias que dependen del gas LP para realizar actividades cotidianas tan importantes como la preparación de alimentos.

Es preciso contar con una política que incentive y fortalezca el consumo familiar para generar beneficios tangibles en el nivel de vida de la población. En su oportunidad, el 28 de mayo de 2002, al seno de la Comisión de Energía de esta Cámara se expusieron las razones y fundamentos por los cuales carecía de coherencia la política de precios de energéticos.

Ante funcionarios de la Secretaría de Economía y de Petróleos Mexicanos el diputado Jesús Garibay García hizo la propuesta para que de manera urgente se abordara el tema de las concesiones, distribución y precio de gas LP de manera coordinada entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero nada pasó.

Y como cada acción tiene su consecuencia, en este caso la inmovilidad de los responsables de fijar precios y tarifas desde el gobierno federal, organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán han emprendido una serie de movilizaciones y demandas al Ejecutivo, para que con propuestas concretas resuelva el problema de la distribución y costo del gas destinado a los hogares. Sus argumentos son válidos y contundentes, sus propuestas son viables. A continuación expongo algunos.

"Primero.- Que el precio del gas doméstico no exceda de 13 pesos, hasta en tanto no se otorgue un incremento al salario mínimo de los trabajadores que cubra sus necesidades primordiales.

"Segundo.- Que las empresas distribuidoras de gas doméstico subsidien el costo de los tanques estacionarios, así como su instalación, a fin de reducir los costos del producto.

"Tercero.- Que el incremento al costo del gas doméstico se dé en proporción al incremento del salario mínimo que se otorga cada año, pues ambos son regulados y autorizados por el gobierno federal, pues generalmente el precio del energético se da en una magnitud superior al incremento salarial, lo cual ha impactado de manera negativa al poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos.

"Cuarto.- Que la ciudadanía cuente con un espacio legalmente establecido, además de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde pueda presentar sus quejas y demandas en forma directa y sin intermediarismo burocrático, para que obtenga una respuesta satisfactoria y ágil en todo momento apegada a derecho.

"Quinto.- Que el gobierno federal, a través de la iniciativa privada o de las organizaciones sociales legalmente constituidas, promueva el uso de gas natural y se otorguen las facilidades necesarias para su utilización en el ámbito doméstico, con la finalidad de no dañar el poder adquisitivo de los trabajadores.

"Sexto.- Que se establezca como normatividad para las empresas de distribución de gas, la purga de los cilindros de manera permanente, a efecto de que siempre se entregue la capacidad y peso completo al usuario.

"Séptimo.- Que los repartidores de gas de las empresas estén capacitados para que en cada servicio que brinden verifiquen y sean los responsables de que las instalaciones sean seguras, a fin de evitar riesgos y que cumplan con los lineamientos establecidos por las autoridades competentes; en caso contrario, que no presten el servicio.

"Octavo.- Que la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con los ayuntamientos de Uruapan, Michoacán y la ciudadanía, realicen operativos frecuentes y permanentes para verificar que las empresas otorguen el peso exacto del combustible.

"Noveno.- Que el sello de garantía de los cilindros se imprima foliado y se entregue a cada consumidor, así como la nota de venta correspondiente conteniendo los requisitos fiscales.

"Como podemos apreciar, son un conjunto de propuestas asequibles y que puede esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión impulsar de manera inmediata.

"Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía el siguiente

"PUNTO DE ACUERDO

"Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo para que expida el decreto respectivo que permita atender la petición de las organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán y de todo el país en materia de gas LP para consumo doméstico.

"Firmamos este punto de acuerdo los legisladores Jesús Garibay García, precisamente del Distrito de Uruapan, Michoacán, y un servidor".

-PRESIDENTE, DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias diputado.

Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Está en turno el senador Raymundo Cárdenas Hernández, pero parece que no está en el salón.

El diputado Ramón León Morales tiene la palabra para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, revisen la situación presupuestal de las instituciones de educación superior sectorizadas a la SAGARPA.

 -DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias señor Presidente.

Yo solicito muy atentamente de todos ustedes su comprensión. En este momento soy el único diputado de la fracción que no está en funciones de Mesa Directiva y tengo que atender todas las peticiones de mis compañeros legisladores.

Desde la pasada sesión la Comisión Permanente del 22 de enero se propuso desde esta tribuna se atendiera el problema de la diferencia entre los montos del Presupuesto de Egresos de la Federación que se señalan por un lado, en La Gaceta Parlamentaria, por otro el Diario Oficial de la Federación y a su vez entre estos y lo que desde la tribuna se nos decía que estábamos votando.

Nuevamente queremos llamar la atención para plantear las consecuencias negativas de un proceso legislativo de aprobación presupuestal mal llevado. En este caso hablaremos del Ramo 8 que es el de la SAGARPA, este Ramo tenía un presupuesto programado por el Ejecutivo Federal de 33 mil 954 millones 900 mil pesos, el cual era 7% menor al del 2002.

La Cámara de Diputados decidió incrementar sus recursos e 8 mil 502 millones 600 mil pesos aunque al mismo tiempo le redujo el gasto en 774 mil 820 millones 328 mil pesos, en total se le asignaron 41 mil 682 millones 679 mil pesos según consta en el Anexo 1 de La Gaceta Parlamentaria del 15 de diciembre de 2002.

No obstante esta decisión de la Cámara de Diputados, el Diario Oficial del 30 de diciembre de 2002 consigna 100 millones de pesos más a lo acordado por el Legislativo para ese Ramo presupuestal.

La Cámara de Diputados no precisó en su momento ese monto sino hasta el 8 de enero cuando el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Luis Pasos envió un oficio al Titular de la SAGARPA a fin de, cito: "Prevenir que as partidas aprobadas por la Cámara de Diputados se transfirieran a rubros destinados distintos a los autorizados. Es en este oficio donde se señala un incremento de recursos a la SAGARPA, no por 8 mil 500 millones sino por 8 mil 602 millones de pesos.

Dentro de este desglose se señala el incremento de las partidas presupuestales de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" por 50 millones a cada una entre otros incrementos. Sin embargo y de manera inexplicable, tal y como lo sancionan los presupuestos definitivos por ramo presupuestal y unidad administrativa, que la Secretaría de Hacienda envió a esta Cámara de Diputados el pasado 31 de enero, el presupuesto que se reporta como definitivo para estas dos instituciones no contempla los incrementos señalados.

A pesar de que en los últimos tres años la Universidad Autónoma de Chapingo ha tenido un crecimiento presupuestal promedio de 6.3% en términos reales siendo el de 2003 de casi 942 millones de pesos. Este presupuesto le resulta insuficiente para atender la demanda de investigación y educación comprometida con los hombres y mujeres del campo.

De este modo, la incertidumbre presupuestal agrave las condiciones bajo las cuales se desarrollan dos de las instituciones de educación e investigación más importantes del país como lo son Chapingo y la Antonio Narro.

Chapingo es una institución clave en el desarrollo de nuestro campo que ha atendido de manera central las necesidades de educación agropecuaria de miles de jóvenes mexicanos, como otras instituciones públicas de Educación Superior. Desde hace varios años padece un estrangulamiento financiero que le hace destinar hoy en día el 80% de su presupuesto para servicios personales, cuando con la misma plantilla docente en los últimos años ha incrementado su matrícula en pos grado en 250% y en el nivel medio superior en 50%.

De casi 7 mil alumnos , 2 mil cien se encuentran internos y otro tanto son becarios externos, cabe resaltar que prácticamente el 10% de la matrícula de Chapingo son jóvenes indígenas de muy diversas etnias del país.

Caso similar vive la Universidad "Antonio Narro", el presupuesto que le programó la Secretaría de Hacienda, contempla el mismo monto para gastos de operación que en 2002 el cual agravará las presiones sobre las funciones sustantivas que actualmente no son financiables con el subsidio ordinario y que le hacen acarrear desde hace varios años, un déficit cercano a los 30 millones de pesos; es de destacar que con solo 411 millones de pesos, atiende a más de 3,500 estudiantes que provienen de todo el país.

No está de sobra decir que ambas instituciones, al igual que el conjunto de instituciones de educación superior que no están sectorizadas (sic) a la SEP, no reciben subsidios extraordinarios para apoyar proyectos de fortalecimiento institucional, mejoramiento del profesorado, etc., como sí lo reciben las universidades públicas estatales de tal forma que año con año estas instituciones solo cuentan con los recursos que la Federación les asigna mediante la SAGARPA.

En resumen, dado el abandono presupuestal que viven estas universidades en las condiciones actuales y de no clarificarse la ampliación presupuestal señalada, Chapingo corre el riesgo de irse a la huelga el próximo lunes; apoyar a estas universidades es apoyar a la educación superior pública y apostar por la recuperación del campo mexicano a partir de bases propias.

Es por ello, que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer a esta soberanía la suscripción del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.- Unico.- Que la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reúnan a la brevedad, a fin de que se aclare plenamente que los cien millones de pesos programados al ramo presupuestal 8 sean transferidos por partes iguales a la Universidad Autónoma de Chapingo y a la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro".

Solicito asimismo señor Presidente, que sea enviado este punto de acuerdo a la Comisión de Educación y Servicios Educativos.

Por su comprensión y su atención, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de Educación.

Vuelvo a preguntar diputado León, ¿usted va a hacer uso de la palabra para el asunto que tiene programado el senador Raimundo Cárdenas? Entonces lo sacamos del orden.

Pasamos a la agenda política.

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre la seguridad pública en México. Tiene la palabra el senador Orlando Paredes Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra, senador.

- EL C. SEN. ORLANDO PAREDES LARA: Con su permiso señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores.

El pasado 11 de enero, la opinión pública nacional conoció cómo elementos del Ejército Mexicano, de manera sorpresiva, realizaron un operativo argumentando una inspección de rutina para revisar el armamento con que contaban en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Al realizar esa verificación, en principio se informó que se habían encontrado en la delegación de esa institución a dos civiles que presuntamente habían sido detenidos por habérseles encontrado en la posesión de 1,897 paquetes, conteniendo un peso bruto de 4 toneladas, 800 kilos de marihuana.

Posteriormente se supo que ni los presuntos traficantes del estupefaciente ni las casi cinco toneladas de droga habían sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal, por lo que el personal del Ejército tuvo que proceder a efectuar el decomiso del decomiso y realizó el aseguramiento de siete funcionarios de la PGR adscritos a la FEAST, a la que de inmediato se le inició una averiguación previa a fin de aplicarles todo el rigor de la ley penal como presuntos responsables del ilícito de cohecho y delitos contra la salud, agravados por tratarse de servidores públicos de la PGR en activo.

Ello motivó que el Procurador General de la República ordenase operativos de revisión en las 17 sedes de la Fiscalía Especializada en delitos contra la salud, es en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada y en la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, por parte de visitadores y personal de la Contraloría Interna, para qué finalmente el titular del Ministerio Público Federal, ordenará la disolución de la FEATS y anunciara la creación de una nueva Subprocuraduría para el combate al narcontráfico.

Sin embargo, la escalada delictiva seguía su curso. Días después el viernes 24 de enero del presente año, a plena luz del día y en el interior del estacionamiento de un centro comercial, tres icarios realizaron 15 disparos para asesinar a Rubén Castillo Conde, Comandante de la Agencia Federal de Investigación, AFI, en Mexicali, Baja California. Este

homicidio se perpetró a traición, por la espalda y tiene el sello de las ejecuciones que son encargadas por la delincuencia organizada.

Con estos lamentables acontecimientos nos estamos percatando de cómo la delincuencia común, recurre a modus operandi cada vez más sofisticados.

Hace una semana una banda dedicada al robo de transporte de carga, fue detenida por policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con patrullas falsificadas, las cuáles contaban con equipo de radio-comunicación desconectado, equipadas con torretas del mismo tipo de las que utilizan las patrullas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, clonación de patrullas, fue el aviso de alerta que dieron muchos medios de comunicación social, falsos policías en patrullas apócrifas que cometían asaltos verdaderos.

Por otra parte, la semana pasada en el estado de Chiapas y a consecuencia de añejos conflictos religiosos e intra-comunitarios, la violencia y la sin razón cobró la vida de 7 personas en el municipio de San Juan Chamula.

Esta breve descripción de la comisión de Actos Delictivos, se está volviendo algo realmente preocupante en México, ya que la frecuencia y la violencia con que se comenten, nos brindan un claro panorama de que los factores socio-económicos se están convirtiendo en un caldo de cultivo para el avance del fenómeno delictivo. La pérdida de poder adquisitivo, la falta de empleo y de oportunidades, se torna en incentivo para el incremento del fenómeno delincuencial.

En el período que va del 31 de diciembre del 2000 al 15 de enero del 2002, la economía nacional ha acumulado una pérdida de aproximadamente 444 mil empleos. de acuerdo con cifras oficiales proporcionadas por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, con una visión reduccionista se esta viendo a la seguridad pública, como un problema de policías y ladrones y bajo esa concepción la política criminal, se ha traducido en el incremento de penas, aumento del número de efectivos policiales y más operativos conjuntos, todo con el único objeto de reducir el índice de denuncias y no con el fin de atacar el problema desde sus raíces.

Ante este panorama ,para los grupos parlamentarios del PRI en la Comisión Permanente, nos queda claro de que en México estamos ante una grave disociación de las políticas subsectoriales que componen la política nacional en materia de seguridad pública. Para muestra basta un botón, estamos ante un desfase de la política criminológica en relación con la política penitenciaria. Cada vez más, con decisiones legislativas se incrementa el catálogo de delitos graves, propiciando un índice de sobre población del 27% en promedio en penales. La falta de espacios penitenciarios se está traduciendo en sobre saturación y hacinamiento que dificulta aún más el propósito de la readaptación y la reinserción social del delincuente.

Adicionalmente, la procuración de justicia en el ámbito federal sigue cometiendo yerros que inclusive atentan contra la garantía constitucional de la libertad de expresión, al pretender dar un trato de informante del bajo mundo a auténticos informadores, esmerados en su quehacer periodístico y en el ejercicio que implica la elevada misión social de informar.

En síntesis. Los legisladores priístas sostenemos en esta tribuna que se vive una grave descomposición social del estado de derecho como nunca antes en nuestras calles, en las oficinas encargadas de brindarnos seguridad y de procurar justicia los ciudadanos nos enfrentamos a malos policías y a agentes del Ministerio Público convertidos en secuestradores con placa, informadores confundidos con informantes, perseguidos por tener la valentía de guardar el secreto profesional y no ser dóciles para rebelar sus fuentes; patrullas y policías clonados para la comisión de ilícitos que ante un gobierno que se va de vacaciones no falta quienes tratan de hacer justicia por su propia mano, aun sabiendo que en un estado de derecho, la justicia por mano propia no es justicia, sino que se convierte en venganza.

En el combate a la delincuencia persiste un desconcierto: subsiste descoordinación y desorganización que permiten que se siga deteriorando y descomponiendo el tejido social, lo cual nos da una señal inequívoca de que cada día el país se está dirigiendo hacia el callejón oscuro de la ingobernabilidad.

Es por ello que finalmente deseo reiterar un llamado de atención, y digo reiterar porque esto lo hemos hecho ya en no pocas ocasiones, a fin de que sumemos esfuerzos para que fortalezcamos la coordinación y para que, población y órdenes de gobierno unamos voluntades con la finalidad de preservar y robustecer al estado de derecho. Solamente en el marco de éste podremos encontrar las condiciones económicas y sociales que favorezcan el ascenso y la movilidad social que nos permita avanzar como nación en la búsqueda de un desarrollo compartido.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias, señor senador.

El siguiente punto del orden del día son comentarios en relación con las medidas de protección para el campo. Para tomar la palabra tiene el uso de ella el senador Rutilio Cruz Escandón, del Partido de la Revolución Democrática.

EL SEN. RUTILIO CRUZ ESCANDON: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Como todos sabemos, las manifestaciones populares cada vez toman un carácter más serio y propositivo, prueba de ello es que el pasado viernes 31 de enero miles de ciudadanos, en su mayoría campesinos e integrantes de grupos agropecuarios, salieron a las calles a expresar de viva voz lo que el clamor de la ciudadanía está demandando: la renegociación del Capítulo Agropecuario, el TELECAN, su restructuración arancelaria, aplicación efectiva de medidas de salvaguarda y más apoyo estructurado para el campo desde el punto de vista presupuestal y programático.

El proceso de liberalización que hoy nos toca vivir ha impactado negativamente a la economía agropecuaria de nuestro país, ya que se observan asimetrías sumamente claras con nuestros vecinos comerciales y con el resto de los países desarrollados, como ya se ha venido reiterando ante esta Honorable Tribuna por los diversos grupos parlamentarios; éstas asimetrías nos muestran un resultado desalentador, una real y verdadera desventaja económica.

En nuestro sector existe productividad insuficiente, desabasto alimentario, desproporción en los costos de los insumos y ausencias de los mecanismos de compensación para obtenerlos a precios competitivos, una baja generalizada de los precios internos ante la apertura del mercado provocada por la desmedida importación de productos subsidiados al amparo del TLCAN; además una eminente pérdida de competitividad, ya que en nuestro país del sector agropecuario depende más del 20% la generación de empleos, lo que ha dado como resultado que en el año del 2001 el déficit del agro haya sido de 4 mil 130 millones de dólares equivalentes al 42% del déficit nacional.

Por otra parte, a nuestro sector se le ha disminuido dramáticamente el flujo de recursos públicos a partir del año de 1995 al año 2002, así como los créditos al campo, experimentando con ello grandes pérdidas económicas para las familias del agro mexicano.

La situación del campo mexicano se debe observar desde la perspectiva más crítica posible, los diagnósticos están a la vista. Sin embargo, las soluciones gubernamentales no se encuentran al nivel de la problemática planteada; las políticas rurales asumidas que se han implementado por los diferentes gobiernos desde 1982 han tenido sus altibajos, pues no es posible comprender cómo es que a la luz de la firma de un Tratado de Libre Comercio de esta envergadura, las políticas presupuestales a partir de 1994 al año 2002 hayan experimentado una reducción del 52.8%, lo que nos prueba y manifiesta una falta de responsabilidad política.

En verdad, resulta preocupante la crisis que actualmente está enfrentando nuestro sector agrícola. Una de las alternativas que tenemos que llevar a cabo es reflexionar en torno a la modificación de los compromisos agrícolas del TLCAN, pues con éste, no se ha fortalecido el sector agropecuario y sí, por el contrario, lo ha debilitado, ya que a raíz de la competencia desleal de las importaciones extranjeras, el valor real de los productos del campo mexicano se ha derrumbado, ello ha empobrecido aún más a los que dependen de él; de los aproximadamente 25 millones de mexicanos que trabajan el campo, 8.2 millones se encuentran en pobreza extrema.

En 1992, el 35.6 de la población rural estaba en pobreza alimentaria, hoy, el 52.4. En 1992 el 41.8% estaba en pobreza de capacidades, ahora el 50%. El propio Banco Mundial reconoce que los índices actuales de indigencia en el agro nacional superan los prevalecientes de hace una década antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.

El gobierno debe aprovechar la oportunidad histórica que se le está presentando, de apoyar realmente al campo mexicano y también actuar con decisión y firmeza para plantear a sus socios comerciales la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN.

El sustento legal existe, pues nuestra Carta Magna en su artículo 131 prevé la facultad de tomar medidas de regulación a nuestro comercio internacional. Ahora bien, en el marco jurídico del TLCAN se contempla la posibilidad de que las partes signantes puedan realizar conjuntamente alguna enmienda al mismo cuando éste afecte de manera innegable algún sector de la producción nacional de uno de los estados parte.

De igual manera, el Tratado que da vida a la Organización Mundial de Comercio, del cual somos parte, lo permite, y es por todo ello que el Ejecutivo no debe negarse a la posibilidad de plantear la renegociación del tratado, independientemente de las medidas alternas e internas que haya que tomar, para impulsar, desarrollar y darle viabilidad a nuestro sector rural.

Es triste comprobar y afirmar, que si los diferentes gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas hubieran planeado destruir al agro mexicano, no lo hubieran logrado con más eficacia como hasta ahora.

En cuanto a la recuperación productiva del campo y la eliminación de su pobreza, es prioritario que el gobierno planeé de inmediato, políticas crediticias que efectivamente conduzcan a ese propósito, como las que se han de diseñar con la nueva financiera rural.

Es imprescindible realizar inversiones crecientes, para ampliar la infraestructura tecnológica, haciéndola más eficiente, promoviéndola, incentivándola para la evolución y desarrollo del campo mexicano, destinándola a proyectos regionales, a agro-industria, asistencia técnica, mejoramiento parcelario, desarrollo de economías de escala, investigación agrícola, forestal y pecuaria.

Los programas que se generen deben ser consistentes, con inversiones multianuales comprometidas, que se establezcan para integrar con racionalidad económica y social los ciclos productivos del campo, con la participación directa de los productores en sus distintas fases, así como para promover y fortalecer a las organizaciones de productores.

Es momento de que el Ejecutivo federal actúe, y no olvide ni desconozca la situación ancestral que aqueja a nuestros campesinos, así como el aumento y agravamiento de las condiciones sociales y económicas que ahora sufren, las cuales consideramos se hubieran podido evitar o al menos corregir a lo largo de todo este tiempo transcurrido, pero lamentablemente en aquel entonces no hubo, ni se ve que hoy haya voluntad política, por parte de nuestros gobernantes para hacerlo, por el contrario, es aberrante que prosiga a la baja , en términos reales, los incentivos gubernamentales y el crédito al campo.

El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, está comprometido a impulsar las medidas que en la materia se instrumenten y las reformas legales que tiendan a beneficiar la situación actual de nuestro campo, con el objeto de que éstas coadyuven a la reorientación de la política del gobierno en el sector agrario. Por su atención muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias senador.

Para el mismo tema tiene la palabra el diputado César Duarte Jaquez, y en turno el senador Héctor Larios.

-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Gracias señor presidente. No se puede desestimar ni minimizar las diferentes expresiones que se han venido dando a lo largo y ancho del país, respecto a la situación que se ha venido ahondando la crisis en el campo mexicano.

Es por eso que pedí hacer uso de la palabra, porque es importante recordar y reivindicar la posición que la Confederación Nacional Campesina ha venido planteando de manera seria y de manera concreta.

La CNC se ha pronunciado de manera clara, por la construcción de acuerdos alternos en materia agropecuaria, porque si debemos tener demasiado cuidado en hablar de abrir el Tratado de Libre Comercio en general, pero, por otra parte también nos pronunciamos por una ley de emergencia para el campo, que active y oriente los diferentes ordenamientos jurídicos que esta Legislatura ha puesto a disposición del Ejecutivo, y que requerimos en una medida temporal y de emergencia, como es lo que vive el campo en este momento, se active una política finalmente atienda el gobierno de la república, una política agropecuaria que está diseñada con estos ordenamientos, y que pueden empezar a encauzar este reclamo social que se ha venido generando en todo el país.

No han cesado las marchas, las manifestaciones, hay una columna de tractores caminando hacia la Ciudad de México que viene desde Ciudad Juárez, y las expresiones se mantienen de irritación, por la ligereza con la que se califica desde la Secretaría e Agricultura estos reclamos, y que desgraciadamente el Ejecutivo de repente lo asume pero de repente lo pretende ignorar. Es un asunto delicado y serio que nos debe ocupar a resolver de fondo y de una vez por todas sacudir las estructuras que hoy por hoy tienen de rodillas a los productores nacionales y que sobre todo, por dignidad, los campesinos de México no lo habremos de permitir. Muchas gracias.

-PRESIDENTE: Gracias señor diputado.

Tiene la palabra el Senador Héctor Larios Córdova.

-SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA: Con el permiso de la presidencia.

En primer lugar para afirmar nuestro acuerdo con el diputado que nos precedió en el uso de la palabra, de que lo importante es construir acuerdo alternos. Como hoy hace dos semanas construyeron un acuerdo alterno los productores de pollo tanto de este país de México como los de Estados Unidos y llegaron a términos que satisfacen a ambos lados.

Porque yo le preguntaría al Senador Rutilio Cruz Escandón, si tanta es la demanda de renegociar el capítulo séptimo, el capítulo agropecuario, quizá nos sabría decir con qué objetivos, qué se va a lograr, cuando tenemos un acuerdo y yo quiero hacer una renegociación, es que voy a obtener ventajas adicionales. Específicamente qué ventajas quisiera obtener de esa renegociación.

A mí me parece que el tema de la renegociación se ha abierto como una bandera y simplemente como sabemos, que a través de los diferentes actos de la sociedad y el gobierno, se ha hablado de perjudicar una renegociación, de que podría haber perjuicios en una renegociación.

Jamás se nos ha planteado qué se busca con esta renegociación. ¿Qué vamos a buscar? ¿que nos desgraven los productos que entran de México a Estados Unidos? están prácticamente todos desgravados. ¿Qué gravemos ahora los productos? ¿a qué nivel? ¿al nivel que tenían hace 10 años? ¿después de 10 años de no tener esos aranceles? ¿cambiaría la realidad del campo con esa renegociación? Y no podemos olvidar que una renegociación es una negociación entre dos actores, en donde ambos acuden a buscar una ventaja adicional.

Yo creo que la solución está por el lado de lo que planteaba aquí el diputado, de hacer acuerdos alternos y no tomar esta bandera que es prácticamente totalmente sin definición, indefinida, que simplemente enardece los ánimos.

El Ejecutivo ha convocado a un diálogo nacional para que establezcamos entre todos los actores políticos y sociales de este país con una convocatoria totalmente incluyente, para que acudan todas las organizaciones de campesinos, las de productores sociales, las de productores privados, los académicos, los universitarios, los legisladores; para que acudamos a definir una política de Estado. ¿Y qué es una política de Estado? una política permanente, que no varía con respecto al signo político del partido que postuló al Presidente de la República; que establece los programas, las acciones, los presupuestos multianuales; que logra el pleno consenso para dejar de ser tema de discusión y empezar a ser tema de ocupación; con políticas y programas que todos compartimos.

Porque hoy centramos nuestra discusión muchas veces si hay que renegociar la convocatoria; lo que tenemos que ponernos es a atender al campo. Yo decía la semana pasada que el campo no aguanta más. No aguanta más discusiones estériles. Pongámonos a platicar, sentémonos en las mesas de diálogos; atendamos a las convocatorias para poder construir esta política de Estado, que verdaderamente atienda y resuelva los problemas del campo.

Es cuanto señor presidente.

-PRESIDENTE: Gracias señor Senador.

El Senador Rutilio Cruz Escandón.

-SENADOR RUTILIO CRUZ ESCANDON: A mí me parece muy insensible señalar en qué va a beneficiar el campo el que se pueda renegociar el capítulo en materia agropecuaria, cuando 25 millones de mexicanos están en la pobreza; cuando 25 millones de mexicanos no tienen otra alternativa. Cómo es posible que usted venga a defender la posición del Presidente de la República, cuando no ha tenido ni siquiera la valentía de llamar a sus socios comerciales a sentarse a una mesa. Cuando hay posibilidades de que de manera conjunta puedan renegociar este tratado.

Yo no he escuchado que la voz del Presidente se levante, ni siquiera de que pueda solicitar a que sus socios comerciales puedan redefinir, reorientar este problema que tiene el país.

Yo creo que incluso al gobierno norteamericano le conviene que México fortalezca su campo, porque de otra manera...(Interrupción)

- EL C. SEN. HECTOR LARIOS (Desde su curul): Presidente, pregunte al orador si acepta una pregunta, por favor.

- EL C. PRESIDENTE: Senador, el senador Larios quiere hacerle una pregunta, ¿acepta usted?

- EL C. SEN. RUTILIO CRUZ: Sí.

- EL C. PRESIDENTE: Adelante, senador.

- EL C. SEN. HECTOR LARIOS (Desde u curul): Al margen de los adjetivos, yo le preguntaría, senador, qué ventajas adicionales o qué ventajas específicas se buscarían en una renegociación del capítulo 7º. del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; exactamente qué es lo que buscaríamos.

- EL C. SEN. RUTILIO CRUZ: Bueno, déjeme primero hacer algunos comentarios: Mire, senador, el campo mexicano desde hace mucho tiempo está abandonado, mucha gente del campo ya no tiene otra alternativa.

¿Cuáles son las ventajas que le podríamos dar en una renegociación? Usted dice aquí que la apertura o que la renegociación del Tratado de Libre Comercio total traería muchas desventajas para México. Sí es cierto, pero también se dice que hay muchas ventajas que el mismo Presidente ha dicho que el déficit comercial para México ha sido positivo en este Tratado de Libre Comercio. Pero positivo ¿para quiénes? Positivo para unos cuantos, positivo para aquellos que tienen la oportunidad de tener las relaciones con las gentes con las que pueden importar sus productos. Vemos nosotros que la gran mayoría de los mexicanos no tienen la posibilidad de tener un intercambio que les beneficie.

¿Cuáles serían los beneficios que le daría al campo mexicano o a los campesinos? A esos 25 millones que están en la miseria por culpa de los tratos irresponsables que han tenido los gobiernos mexicanos. Y no me refiero nada más a Fox, Fox es el último; tiene dos años eh el gobierno. Y sabiendo que iba a entrar el Tratado de Libre Comercio y que se iban a liberalizar los gravámenes de los productos, definitivamente no hizo nada en estos dos años para poder frenar esta miseria que se iba a venir con el deterioro del campo mexicano.

Sin embargo usted me pregunta cuáles son los beneficios. Pues hay muchos beneficios. Simplemente el que ahora entren los productos de los Estados Unidos subsidiados, productos que se dan el lujo de internar al país por debajo del costo de producción ¿usted cree que eso no afecta al campo mexicano? Y usted cree que si eso, si pudiera haber alguna regulación en la que se pudieran equilibrar los precios de los productos mexicanos para poder contener esa entrada de manera muy importante de importación de los Estados Unidos ¿no beneficiaria al campo mexicano?

Hay muchos beneficios; pero el Presidente de la República no solamente no ha exigido, como lo señala el mismo TLCAN cuando hay un comercio desleal por el blindaje económico tan grande que Estados Unidos ha hecho a sus productos, sino simplemente ni siquiera le ha pedido a su socio comercial, al gobierno norteamericano que platiquen de este tema porque tiene temor a herir susceptibilidades de los Estados Unidos.

Ya nos dimos cuenta que Vicente Fox no hace nada que no tenga el permiso ni la venia del gobierno norteamericano.

Muchas gracias,, señor Presidente.

- EL C. DIP. WISTANO OROZCO (Desde su curul): Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una pregunta.

- EL C. PRESIDENTE Senador, el diputado Orozco quiere hacerle una pregunta ¿acepta usted?

- EL C. SEN. RUTILIO CRUZ: Que se suba y después si hay necesidad subo yo.

- EL C. PRESIDENTE: No acepta, diputado.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el senador Héctor Larios.

- EL C. SEN,. HECTOR LARIOS: Vengo a la tribuna, en primer lugar, para dejar constancia que a la pregunta que hice no hubo respuesta concreta, simplemente adjetivos de insensibilidad, de que se beneficiarían 25 millones de mexicanos pero concretamente ¿con qué cambios al capítulo 7º. del Tratado de Libre Comercio?

Y esto afirma y confirma que no es más que una bandera que no se sustenta en ningún segundo, y no se sustenta en buena parte porque no manejamos la información correcta. En su primera intervención afirmaba el Senador que el presupuesto destinado al campo de 1995 a la fecha, y dio una cifra exacta, ha bajado el 52.8 por ciento.

Yo lo invitaría a que revisáramos las cifras de los presupuestos de egresos de este país, desde la fecha que usted indicó, y encontraríamos que esta información es totalmente incorrecta.

Yo le diría con números, si quiere ahorita se los afirmo, el presupuesto por ejemplo de la Sagarpa del año 2000 comparado con el de este año, considerando los incrementos que en los tres años hizo el Poder Legislativo a la propuesta presidencial, ha subido en 29 por ciento en términos reales. Le paso ahorita una copia del comparativo de los presupuestos.

A mi me parece que tenemos que poner las cosas sobre la mesa como son y no inventar información y luego nos creemos esa información inventada. El hablar de que gracias al Tratado importamos productos subsidiados o que tenemos prácticas desleales, me parece que es un tema totalmente al margen.

¡Ahora que tenemos un Tratado comercial tenemos reglas establecidas, podemos acudir a páneles, a árbitros independientes, en donde hemos ganado en varias ocasiones y también hemos perdido cuando no nos asiste la razón o así lo consideró el sistema de arbitraje, pero ahora tenemos reglas con las cuales sujetarnos en una relación comercial con un vecino mucho muy poderoso! ¡Antes de la vigencia del Tratado estábamos simple y sencillamente supeditados a la voluntad del más fuerte!

Yo me pregunto ¿si no es ventaja para un país tener definidas las reglas para dirimir las controversias o estar sujetos simplemente al más poderoso?

Usted afirma que la consecuencia de la situación del campo es culpa de los tratados comerciales. Yo creo que es otra afirmación que habríamos de revisar. La mayor parte de la pobreza en el campo mexicano está circunscrita a las zonas, fundamentalmente está en las zonas donde no se acude a los mercados, donde se cultiva y se cosecha para autoconsumo o para trueque y no se acude en todo caso a mercados muy locales, no tiene nada qué ver con el comercio internacional.

También creo que debemos de asentar que si vamos a emprender cualquier acción, esta acción tiene que ser consensar los programas y las políticas que este país tiene que poner rápido y de urgencia en consenso, en operación, para salvar al campo mexicano, sobre todo al campo que no tiene historias de éxito. Porque también hay que reconocer que hay agricultores, que hay productores del campo, que hoy tienen verdaderas historias de éxito.

Y también hablar de que el Tratado profundizó el déficit agropecuario, ciertamente el déficit agropecuario es la cifra que usted señalaba. Sin embargo, la balanza con Estados Unidos agrícola no agropecuaria, agrícola, es superavitaria: exportamos más en 114 millones de dólares de lo que importamos de productos estrictamente agrícolas, no agropecuarios. Pero como lo agropecuario tiene normalmente como insumo lo agrícola, bueno eso es parte de las cosas que hay que arreglar porque estamos en cadenas productivas. Por ejemplo, los productores de embutidos tienen como uno de sus insumos la pasta y el trozo de pavo. Si nosotros le ponemos un arancel a la pasta y al trozo de pavo, qué es lo que resulta. Como no tienen arancel de importación los embutidos, pues entonces lo que vamos a hacer es importar embutidos y hacer que nuestra balanza agropecuaria sea deficitaria. Y esto es lo que ha estado sucediendo en el país.

¿Me parece que hay que estudiar las cosas un poquito más a profundidad, en vez de hacer gala de muchos adjetivos, atender y ocuparse realmente por los programas del campo!

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias, Senador.

El siguiente...

 - EL C. SENADOR RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS (Desde su escaño): ¡Presidente!

- EL C. PRESIDENTE: Sí, Senador.

- EL C. SENADOR RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS (Desde su escaño): Para...

- EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra hasta por cinco minutos.

- EL C. SENADOR RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS (Desde su escaño): No, simplemente para comentar algo.

Mire, cuando el Senador Larios me señale las estadísticas de la Cámara o presupuestales, también yo le voy a enseñar las estadísticas de Sedesol, de su mismo gobierno. Estos números que yo comento aquí fueron sacados cuando la Secretaria de Sedesol habló de la pobreza en México y señaló, precisamente, esos porcentajes y esas cantidades.

Por eso no es posible que su mismo gobierno diga una cosa y los legisladores de su gobierno señalen lo contrario.

Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias.

El siguiente y último punto de la orden del día son comentarios sobre el Primer Parlamento de las Niños y de los Niños en México, a cargo del Senador Orlando Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional.

-DIP. ORLANDO PAREDES LARA: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Legisladores: En base a los puntos de acuerdo aprobados el 30 de abril del 2002 en el Honorable Congreso de la Unión, las Comisiones Ordinarias de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el Senado de la República y las de Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y UNICEF México, se acordó llevar a cabo de manera anual el Parlamento de las Niñas y los Niños a partir del 2003, con el objetivo de constituir un espacio de participación y encuentro de las niñas y los niños con el mundo de la política y sus instituciones, en el marco de lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que consagra el derecho pleno a la participación y opinión de ideas.

El objetivo general de dicho evento es abrir y propiciar el espacio para que las niñas y los niños de México, en ejercicio pleno de sus derechos, opinen, analicen, deliberen y discutan en un ámbito de pluralidad y respeto, los temas de su interés, bajo el esquema de organización y trabajo del Poder Legislativo, con el fin de fomentar la cultura cívica, considerando su entorno social, económico y cultural.

Sus objetivos específicos son:

-Generar la participación de las niñas y niños en la promoción y defensa de sus derechos ante las autoridades y la sociedad en su conjunto.

- Establecer compromisos con autoridades federales y locales, para garantizar el pleno goce de sus derechos.

- Establecer y apoyar la representación de la niñez mexicana ante las instancias internacionales análogas correspondientes.

Y tiene la misión de propiciar la reflexión y el desarrollo de la creatividad propositiva de las niñas y los niños representantes de todas las entidades federativas, enfocada en los asuntos de su comunidad y de su país, para proyectar a través de sus propuestas, el interés superior de la infancia en la construcción de un mundo más justo y equitativo, con la visión de fomentar los valores democráticos cívicos, sociales y culturales en la niñez mexicana, destacando la importancia del diálogo, discusión y consenso como instrumentos para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Se aprobó en los puntos de acuerdo de referencia, que la sede será alterna de manera anual entre las dos Cámaras del Honorable Congreso de la Unión; la primera sede será esta Honorable Cámara de Diputados.

De acuerdo al artículo 2º de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son considerados niñas y niños las personas de hasta doce años incompletos, por lo cual se estableció como edad de las niñas y los niños de 10 a 12 años que en su generalidad cursan quinto grado de primaria.

El Parlamento estará integrado por 300 niñas y niños. La selección de niñas y niños será en dos etapas: en las escuelas primarias rurales, urbanas y especiales, privadas y públicas, se realizará una votación nominal de los candidatos que se inscriban en la dirección de cada escuela.

Como requisitos para ser candidatos, las niñas y los niños que estén cursando el quinto grado de primaria. Las niñas y los niños que votarán serán del mismo grado de primaria.

Por cada escuela se seleccionará un representante infantil. Los representantes infantiles electos de cada escuela, se reunirán en su respectivo distrito electoral uninominal y se elegirá democráticamente un legislador infantil propietario y un suplente, mediante convención electoral conformada por los propios representantes.

De conformidad con la convocatoria expedida el día 31 de enero, fue el último que tenían las autoridades de las escuelas primarias de todo el país, para dar a conocer a la niña o el niño electo por sus compañeros para participar en la elección de legislador infantil.

Asimismo, las propias autoridades de cada escuela debieron registrar ese día ante la Junta Distrital del IFE correspondiente a la niña o niño que resultó efecto con lo cual concluyó la primera etapa de la Convocatoria respectiva.

En esta segunda etapa, que diríamos es definitiva para la elección, le corresponde al Instituto Federal Electoral a través de las Juntas Distritales Ejecutivas uninominales en el país, convocar a Convenciones Distritales a realizar entre los días 10 al 12 de febrero en curso en las que se reunirán todas las niñas y los niños que resultaron electos de las escuelas primarias ubicadas en cada Distrito Electoral Federal que corresponda, como consecuencia de la primera etapa del proceso.

En esta segunda etapa y de acuerdo con el número de niñas y niños electos, se organizarán en grupos que no superen los 10 integrantes para que pongan en práctica valores democráticos y exponga cada uno su tema ante los demás. En sus temas deberán identificar y reflexionar en torno a una problemática que afecte a su comunidad o a su ámbito escolar y analizarla junto con la Propuesta de una posible solución.

Con base en la misma dinámica niñas y niños dialogarán entre si exponiendo sus ideas, consideraciones e impresiones en relación con el desenvolvimiento de sus iguales para que mediante su voto directo y secreto elijan al Representante de ese grupo.

Finalmente los Representantes de grupo se reunirán para realizar un ejercicio similar y elegir al Legislador Infantil Propietario y Suplente.

Como ustedes podrán ver se trata de un proceso democrático para elegir a las niñas y a los niños que hubieran demostrado mayor capacidad analítica y argumentativa para comunicar la problemática presentada junto con una propuesta de una posible solución.

Vamos pues a motivar, a estimular y a apoyar a nuestras niñas y niños que aspiran a representar al país en este Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2003 quienes ya electos como Legisladores Infantiles y en ejercicio de los valaores de la democracia como son el diálogo, la capacidad de propuesta, el consenso y la tolerancia los llevará seguramente a buscar cambiar el rumbo de nuestra sociedad en la promoción y defensa de sus derechos ante las autoridades y la sociedad en su conjunto y el pleno goce de los mismos.

Será su aportación , esta aportación responsable a la sociedad de la que formarán parte como adultos. Muchas gracias. (aplausos)

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Senador. Consulte señor Secretario.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.

(Lectura de la Orden del Día de la próxima sesión)

-EL C. PRESIDENTE ( a las 16:36 hrs):’ Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 12 de febrero a las 11:00 horas.