El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
Aguilar Coronado Humberto, Legorreta Ondorica Jorge, Amador Leal Narcizo Alberto, Anaya Llamas José Guillermo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretario. Solicito a los señores de los medios, nos hagan favor de pasar a sus lugares para permitir el inicio de la sesión. Adelante, Secretario.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Andrade Quezada Humberto, Bolaños Aguilar Javier, Calzada Rovirosa José Eduardo, Cantú Garza Ricardo, Castro Muñoz Juan de Dios, Cervantes Andrade Raúl, Corichi García Claudia Sofía, Cue Monteagudo Gabino, Gamboa Patrón Emilio, García Cervantes Ricardo Francisco, Godoy Cárdenas Jorge, Godoy Rangel Leonel, Gonzáles Carrillo Adriana, González Garza Javier, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Lagunes Viveros Violeta del Pilar, Larios Córdova Héctor, López Adame Antonio Javier, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Luna Rodríguez Silvia, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Martínez Rodríguez Lorena, Martínez Vargas Octavio, Monreal Ávila Ricardo, Moreno Cárdenas Alejandro, Muñoz Serrano José Antonio, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, presente; Peña Sánchez Miguel Angel, Rodríguez Prats Juan José, Zavaleta Salgado Ruth, Zermeño Infante Jorge. ¿Falta algún legislador de pasar lista? Cue Monteagudo ¿Falta Algún señor legislador de pasar lista? Juan de Dios Castro.
Hay una asistencia de 29 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:16 horas): Gracias, Secretario. Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a disposición el acta.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.
Continúe la Secretaría.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Comunicaciones. De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Oficio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y servicios conexos, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remite acuerdo relacionado con el Presupuesto de Egresos de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco que adiciona los artículo 87 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Oficio de la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Jorge Flores Chacón, pueda prestar servicios en la Embajada de Panamá, en México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame Secretario. Solicito a las señoras y señores de los medios de comunicación hagan favor de tomar los lugares que tienen asignados y permitan que la sesión continué en orden. Adelante Secretario.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos César Horacio López González, Álvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en sus Consulados en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la primera comisión de trabajo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Hurtado Ochoa, pueda aceptar y usar las Condecoraciones "Distinción al Mérito", y "Orden a los Servicios Distinguidos", que otorga la Fuerza Aérea y el Ejército de la República Argentina, respectivamente.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rogelio Armando Patiño Canchota, pueda aceptar y usar la Condecoración Orden del Mérito Militar "General José María Córdova" en grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Armando Onésimo Flores Morales, pueda aceptar y usar la Medalla "Fraternidad Combativa", que le otorga el Gobierno de la República de Cuba.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Eduardo Jiménez Macotela, para aceptar y usar la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, que le otorga el gobierno de la República de Chile.
Del ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco que le otorga el gobierno del Reino de España.
Del ciudadano Jesús Hernández Pérez, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Monja Blanca, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.
Del ciudadano Marco Antonio Álvarez Reyes, para que pueda aceptar y usar la medalla especial, el medallón y la cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa con sede en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos de América.
Del ciudadano Sergio Alejandro Villalobos López, para aceptar y usar la medalla especial, el medallón y la cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa con Sede en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos de América.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Primera Comisión de Trabajo.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: De los ciudadanos Miguel García Decena, Joaquín Flores Ortiz, Cruz Isaac Muñoz Navarro, Martín Hernández Bastar, Fermín Isabel Sastre Reynaga, Cuauhtémoc Martínez Sánchez, Hernán Cortés Hernández, David Méndez García, Enrique Rancel Carvajal, David Mejía Guzmán, J. Alfredo Moreno Ruiz y Fidencio Flores Lizaola.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Segunda Comisión de Trabajo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores. En el apartado de iniciativas se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Muñoz Serrano del grupo parlamentario del PAN para presentar iniciativa que adiciona los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A solicitud del grupo parlamentario del PAN se retira del orden del día.
Se recibió también iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Minerva Ramos Hernández del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 suscrita por el mismo diputado del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores y diputados. Parecería poco oportuno presentar una iniciativa de reforma al decreto de Presupuesto, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, hemos recibido observaciones de secretarios, de Desarrollo Social, de gobiernos de los estados, de municipios, de diversas partes del país, que nos obligan a hacer ese planteamiento, desde luego, reconocemos que el esfuerzo realizado al aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación se significó por el consenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas que ha tenido un amplio reconocimiento dentro y fuera del Congreso.
Pero también tenemos que reconocer, es prudente hacerlo, que la rapidez de tal proceso de dictamen y la premura de discusión en el Pleno, no permitieron un análisis suficientemente ponderado del contenido de los instrumentos puestos a la consideración del Senado y de la Cámara de Diputados.
Y así lo acreditan, compañeros senadores, compañeros diputados, las contradicciones que han venido surgiendo, algunas ventiladas en la prensa, otras en las propias comisiones y que no tendría sentido dejar de abordar y ventilar en esta Asamblea.
Es por ello que proponemos hoy abordar alguno de estos temas, concretamente el que se refiere a la forma en que se va a operar el programa de desarrollo humano Oportunidades, considerando, entre otro, los siguientes antecedentes.
En diciembre de 1997, la Cámara de Diputados, a propuesta del Ejecutivo federal, tomó la decisión en materia de política social que ha trascendido al paso de tiempo y que hoy tiene un impacto decisivo en los afanes de igualdad y de justicia.
En efecto, fue en esa época en que se incorporó a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal del 98, a Ramo de Aportaciones Federales, el Fondo para la Infraestructura Social, destinado en un 80 por ciento a los municipios, en un 20 por ciento a los estados.
Asimismo, se inició formalmente el Programa de Educación, Alimentación y Salud, Progresa, hoy Oportunidades. La perspectiva de ese entonces aspiraba que en ese importante paso, dado para fortalecer a los municipios, se desatara un proceso gradual de descentralización de facultades y recursos, de la federación a los estados y de los estados a los municipios. Este propósito, sin embargo, en la realidad de los hechos no ha podido cumplirse, dado que no se mantuvo la decisión federalista y municipalista que dio origen a tales reformas.
En cuanto a Progresa, hoy Oportunidades, cabe mencionar que los principios básicos de operación fueron inicialmente establecidos en el cuerpo del decreto del presupuesto, manteniendo una estructura y control centralizados, con la idea de que posteriormente se procedería a su desconcentración, a su transferencia a los estados y los municipios.
Es así que a propuesta de la Cámara de Diputados, el programa fue retomado por la administración del Presidente Fox, ampliando sus beneficios a estudiantes de educación media superior, y posteriormente, modificando su nombre a Oportunidades, pero manteniendo exactamente la misma estructura normativa y operativa centralizada. Lo anterior, no obstante que dos de los tres componentes del programa Educación y Salud están a cargo de los gobiernos de los estados y de que es en los municipios en donde finalmente concurren los múltiples programas sociales y productivos que buscan igualar Oportunidades.
En este contexto, el decreto que aprueba Presupuesto de Egresos para el 2007 establece en su artículo 28, como lo ha hecho desde el decreto de 1998, noten ustedes que no ha cambiado, desde que inició el programa es la misma estructura, prácticamente la misma redacción en un decreto que es… que tiene una temporalidad, que es anual, que es el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Anticipamos que es necesaria una iniciativa de ley para centrar, darle un sentido de integralidad a los programas sociales y productivos, más de 132 que aparecen en el propio decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Dejo a su consideración el grado de racionalidad o no de esta estructura que mantiene los programas sociales, particularmente el programa Oportunidades. Dos temas concretos, motivo de esta iniciativa.
En la última parte del párrafo cuarto, se dice que la coordinación nacional del programa realizará acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del programa. La cuestión es, no constituye este párrafo una disposición para legitimar acciones más bien contrarias a los principios democráticos en el contexto de las elecciones locales.
Más aún, ¿qué nos garantiza que los funcionarios federales, a diferencia de los municipales o locales —como se asume en el texto de este artículo, de este párrafo— no tengan también la presunta debilidad de utilizar el programa para fines distintos al desarrollo social? Por ello proponemos que este párrafo sea suprimido.
El otro tema es el tema de la participación de los estados y los municipios. El texto del decreto remite a un comité técnico —digamos de bajo nivel en la operación de los estados, insisto— cuando son los estados los que tienen a su cargo dos de los componentes del programa: educación y salud, que están descentralizados.
Por ello proponemos que en lugar de un comité técnico se establezca un consejo estatal presidido por el titular del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades, responsable de la coordinación de las dependencias federales y estatales y proponemos que en el mismo orden se establezca un comité municipal presidido por los presidentes municipales con un enlace, tal y como lo dice el proyecto de decreto, nombrado por los cabildos de cada uno de los ayuntamientos.
Compañeras, compañeros diputados y senadores, la iniciativa que hoy sometemos a su consideración tiene antecedentes que hemos propuesto tanto a la Comisión de Presupuesto, en el proceso de dictamen de la iniciativa de decreto de Presupuesto, que lamentablemente no pudo ser considerada, como no fue considerado un conjunto de propuestas en el proceso de dictamen, por un lado.
Y por otro lado, en este imperativo de dar pasos hacia delante en programas que se han quedado prácticamente petrificados en el tiempo —insisto— desde el decreto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del 2008.
De modo que si bien pudiera parecer inoportuno presentar una iniciativa de reforma a un instrumento jurídico recientemente aprobado, me parece que es oportuno y, en consecuencia, solicito, señor Presidente, que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto que sea reconsiderada esta disposición, una vez que la Comisión ordinaria entre en funciones en el próximo período de sesiones. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Se pospone la iniciativa que había sido agendada por el senador Francisco Agundis, del grupo parlamentario del Verde Ecologista. Se concede el uso de la palabra a la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 196 del Código Penal Federal.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su permiso, señor Presidente. Una de las acciones que deben implementarse para combatir el problema del narcomenudeo es aumentar las agravantes en aquellos casos de delitos contra la salud para la población que se encuentra más expuesta.
Por esta razón, compañeros diputados, la suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someto a este cuerpo colegiado la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 196 del Código Penal Federal; por lo que me permito leer en lo conducente su parte expositiva que establece:
"La cultura física y el deporte constituyen elementos integrantes de la sociedad moderna, al tiempo que para el individuo es un medio que contribuye a su salud psicofísica y a la interacción social.
"Nuestro país, desde tiempo atrás, ha sido consciente de la importancia que constituye contar con problemas deportivos y de cultura física, pues incluso es considerado como uno de los primeros países del mundo que incluyó a la cultura física como una asignatura escolar, continuando en la actualidad en sus tres niveles de gobierno en la ardua labor de planear, desarrollar, fomentar y coordinar los programas deportivos y de cultura física, auxiliándose de organismos especializados.
"Sin embargo, hemos observado que algunos deportistas han empleado mecanismos deshonestos como lo es el uso de estupefacientes, con el fin de obtener un mejor nivel de competitividad y la mayoría de las veces le son ofrecidos por un agente extraño en el lugar donde practican deporte e inclusive por el personal que participa en su formación deportiva, pues los agentes activos son conocedores de la relevancia que los deportistas le atribuyen al desempeño exitoso en su actividad física.
"Si esta circunstancias las entrelazamos con la problemática que vive el país en materia de narcóticos, podremos advertir que en las últimas décadas el fenómeno de las drogas se ha vislumbrado cada vez más complejo, pues se manifiesta a grandes escalas y con una mayor incidencia y violencia hasta llegar al hecho de convertirse en un problema de seguridad nacional por atentar en todo momento contra la salud de las personas, la integridad de nuestras instituciones y la conformación del tejido social sobre el cual descansa la estructura y organización del Estado mexicano.
"Asimismo, pese a que por mucho tiempo México figuró únicamente en el mapa delictivo como un país de paso de drogas, dicha situación se ha transformado al considerársele actualmente como un país consumidor de estupefacientes.
"Esta situación ha propiciado que las diversas organizaciones delictivas hayan dirigido y reforzado sus acciones hacia la formación de mercados locales a lo largo y ancho de la República Mexicana".
Es por ello que preocupados no sólo en fomentar en nuestra sociedad la cultura física, el deporte y la competitividad entre los deportistas, interesa proteger la salud y bienestar de todos los sujetos considerados vulnerables o potencialmente futuros consumidores de drogas como lo son los deportistas, pues debido a que su desempeño siempre es medido y calificado de forma rigurosa, se convierten en un grupo potencialmente consumidor de estupefacientes, los cuales la mayoría de las ocasiones les son ofrecidos en los centros deportivos donde realizan su entrenamiento o acondicionamiento físico e inclusive lo que resulta aún más grave: les son proporcionados por la persona que tiene a su cargo su entrenamiento o tutoría deportiva, pues es sabido que el éxito del deportista lleva consigo de forma paralela el éxito de su equipo de entrenamiento, lo que incluso se torna más grave, pues dichas personas por su condición de custodia o cuidado que ejercen sobre la gente pasiva, logran con mayor facilidad que el deportistas consuma estupefacientes.
Es así como consideramos de gran importancia implementar acciones que permitan proteger un bien jurídico de vital importancia como es la salud de grupos con mayor vulnerabilidad o considerador potencialmente como futuras víctimas del delito a través del perfeccionamiento de nuestro marco jurídico a operar.
Estimamos necesario proponer una reforma de índole legal que dé lugar a sancionar con mayor rigor a aquellos sujetos que trafiquen, comercien, suministren aun gratuitamente o prescriban narcóticos sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.
Pretendemos que esta medida se inscriba como una acción importante que contribuya hacia el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico penal, tendiente a evitar la problemática que sufren los deportistas por su equipo de entrenamiento o custodia, como son los maestros o entrenadores y dentro del lugar de su entrenamiento o acondicionamiento, como lo son los centros deportivos.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de justicia penal, presentamos con todo respeto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las fracciones IV y V del artículo 196 del Código Penal Federal.
Primero. Se reforman las fracciones IV y V del numeral 196 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Fracción IV. Se cometa en centros educativos, asistenciales, deportivos, policiales o de reclusión o en sus inmediaciones, con quienes a ellos acudan.
Fracción V. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualquiera de sus ramas, así como por persona que tenga a cargo la educación, inscripción o cuidado de la víctima y se valgan de esa situación para cometerlo. En este caso se impondrá además suspensión de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Se recibió iniciativa que adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos suscrita por la senadora Minerva Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD. Se va a turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Segunda Comisión de Trabajo con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2007, con el propósito de realizar una gira que comprende una visita de trabajo a la República Federal de Alemania; la participación en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, así como visitas de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al Reino de España, publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es de primera lectura.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario senador Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa… (votación). Los que se abstengan… (votación). Señor Presidente hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de Decreto.
El Secretario senador Guillermo Anaya Llamas: Único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2007, con el propósito de realizar una gira que comprende una visita de trabajo a la República Federal de Alemania del 25 de enero; la participación en la reunión anual del foro Económico Mundial de Davos, Suiza 26 y 27 de enero; así como visita de trabajo al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 27 a 29 de enero y al Reino de España 29 y 30 de enero.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, Salón de Comisiones de la Comisión Permanente, México, DF a 9 de enero de 2007, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, firman la mayoría de sus integrantes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia esta a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a tomar la votación nominal del proyecto de decreto.
El Secretario senador Guillermo Anaya Llamas: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior… (Votación).
Se registraron 27 votos a favor, 8 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el proyecto de decreto por 27 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional con el propósito de realizar una gira que comprende una visita de trabajo en la República Federal de Alemania, 25 de enero; la participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, 26 y 27 de enero; así como visitas de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 27 a 29 de enero y al Reino de España, 29 y 30 de enero. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
En el capítulo de proposiciones tiene la palabra el diputado José Antonio Muñoz Serrano, a nombre de los integrantes de la Segunda Comisión, para presentar punto de acuerdo relativo al nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra, como Subsecretaria General de Administración de la Organización de las Naciones Unidas.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame senador Monreal. Sonido al senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Dado que hemos iniciado el capítulo de proposiciones a desahogarlas, le sugiero Presidente, de manera respetuosa, que de manera coordinada con los grupos parlamentarios, pudiéramos reagrupar los temas que se encuentran en este capítulo de proposiciones, en virtud de que hay temas que son similares y le pongo el ejemplo del tema de la tortilla, en donde me parece que los tres o los cuatro grupos parlamentarios lo tocaremos; sólo que en la agenda, en las proposiciones aparecen en distinto orden, lo que generaría es que se regresara al tema y eso me parecería ocioso.
El otro tema es el de la seguridad pública con los operativos y la comparecencia tanto del Secretario de Seguridad Pública por parte del grupo parlamentario del PAN, del Procurador General de la República, por parte del grupo parlamentario del PRI y la nuestra que agregamos al secretario de la Defensa Nacional y al Secretario de Marina.
Y el otro tema también, es el relativo al cargo que ostenta el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, que aparece enlistad en el capítulo de proposiciones en dos o tres ocasiones. Le sugiero de manera respetuosa que agrupemos los temas para dar un debate único en cada uno de ellos, antes de iniciar este tema.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Así ha sido considerado en la Mesa Directiva siempre y cuando los proponentes de los puntos de acuerdo se pongan también de acuerdo en las propuestas que están haciendo.
Vamos a agruparlos por temas, una vez que se toque el tema del ex secretario de Hacienda, el tema de la tortilla, les iremos dando la palabra a los proponentes de esos temas. Adelante, diputado José Antonio Muñoz Serrano.
El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Muchas gracias Presidente, con su permiso.
Compañeros legisladores, hoy vengo a presentar un punto de acuerdo relativo al nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra, como subsecretaria general de administración de la Organización de las Naciones Unidas y esto es a cargo de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente.
Esto tiene que ver con el reconocimiento que esta Comisión le hace a los mexicanos y mexicanas que han logrado sobresalir en el proceso de su desarrollo, y nuestro país ha mantenido en los últimos años, un papel activo en el impulso de iniciativas en relación con las reformas de la Organización de las Naciones Unidas y en particular con la democratización del Consejo de Seguridad.
México ha sostenido que la reforma permitirá al organismo tener fuerza moral, revitalizarse, consolidarse y tener una amplia presencia mundial para superar los males como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
En el año 2004 a iniciativa del Ejecutivo se formó un grupo de amigos para la reforma de las Naciones Unidas y con esto se conformó un grupo para contribuir al ejercicio de la reflexión sobre las reformas de la Organización de las Naciones Unidas e impulsar la toma de decisiones en el tema.
Siendo México un país muy activo en el fortalecimiento al multilateralismo, también nuestro país cree que es un privilegio para nosotros que el entonces secretario de las Naciones Unidas haya mandado llamar a una mexicana y hoy el secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon, el pasado 3 de enero haya nombrado a la maestra Alicia Bárcenas Ibarra, para ocupar el puesto más importante en materia administrativa dentro de dicho organismo.
Alicia Bárcenas se ha orientado fundamentalmente en las políticas públicas dirigidas al desarrollo sustentable, con particular interés en los temas de medio ambiente, economía y ciudadanía.
En marzo de 2006 fue nombrada jefa de Gabinete del entonces secretario. Hoy ocupa un cargo importante y para nosotros es motivo de orgullo que una mexicana pueda ocupar un espacio como éste.
Por tal motivo hacemos un reconocimiento y esta Segunda Comisión propone este punto de acuerdo, donde queremos plantear que es importante el reconocimiento a las mexicanas y mexicanos que han logrado un desarrollo importante y sobre todo, que le dan representación a nuestro país en organizaciones tan importantes.
Dice así el punto de acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce el trabajo realizado por la maestra Alicia Bárcenas Ibarra y la felicita por su nombramiento como subsecretaria general de la Administración de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo hace votos para que su contribución en el proceso de reforma permita a este organismo tener fuerza moral, revitalizarse y consolidar una amplia presencia mundial para superar la amenaza como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
Pido a la Presidencia que se anexe el texto íntegro del punto de acuerdo que aquí se ha presentado. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates. Y como fue solicitado de urgente resolución, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión y sobre el mismo tema está inscrita la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI. Tiene el uso de la palabra.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. En virtud de la economía procesal que busca esta Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PRI había registrado un punto de acuerdo en el mismo sentido. Por tal motivo deseamos expresar, a nombre del grupo parlamentario del PRI, el beneplácito al nombramiento que recibió la señora Alicia Bárcenas Ibarra del señor secretario General de la ONU, el señor Ban Ki Moon, el pasado 3 de enero.
Sin duda este es un reconocimiento a los mexicanos, es un reconocimiento a la política internacional que nos ha ganado pleno reconocimiento en el mundo. Es un reconocimiento también sin duda al talento y a la creatividad y a la experiencia que la señora Alicia Bárcenas ha demostrado en las tareas administrativas de la función pública y en el ámbito internacional a lo largo de una fructífera carrera.
Constituye también un hecho relevante, el hecho de que en los últimos años distinguidos mexicanos y mexicanas han sido reconocidos con altísimos cargos dentro de la Organización de las Naciones Unidas, de manera muy especial recordamos nosotros a nuestra compañera senadora Rosario Green, quien también ocupó recientemente una alta responsabilidad en la Organización de las Naciones Unidas.
Un motivo adicional —en mi caso— es sin duda la razón de género, porque la presencia de la señora Alicia Bárcenas corresponde definitivamente al esfuerzo que durante muchos años las mexicanas hemos venido haciendo por lograr un reconocimiento pleno al empeño de construir una sociedad más equitativa, una sociedad en donde logremos eliminar las barreras de género que a lo largo de la historia nos han venido impidiendo un desarrollo pleno, integral en diferentes áreas de la vida política, académicas y profesional.
Por tal motivo únicamente queremos dejar reiterado el reconocimiento del grupo parlamentario a esta distinguida mexicana, haciendo votos, puntuales votos, para que en la labor que hoy hace frente, pueda contribuir a la construcción de una agenda orientada a distender las regiones como la del Medio Oriente o la de Asia, para que podamos avanzar en una agenda puntual y precisa, en temas muy importantes, como es el tema del medio ambiente, en donde ella se ha distinguido por ser una experta.
Sin duda es un tema que a todos nos debería de ocupar y de preocupar, como es la protección del medio ambiente, la pérdida acelerada de bosques y selvas y el rápido calentamiento global que estamos ya padeciendo en diferentes modificaciones del clima en las diferentes regiones del mundo.
Estoy segura, plenamente segura, que nuestra connacional Bárcenas pondrá en alto el nombre de México y muy en especial de las mujeres mexicanas. Así es que enhorabuena, le enviamos una felicitación a nombre de todas las diputadas y diputados y seguramente de todos los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Lorena Martínez. No habiendo más oradores consulte a la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo en votación económica, sírvanse manifestar lo que están a favor… (votación) Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las abstenciones… (votación). Se aprueba, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade del grupo parlamentario del PRI para presentar punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal la aplicación de un subsidio de 50 centavos al litro de leche que distribuye Liconsa.
El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias Presidente. El punto de acuerdo está publicado y no les voy a consumir su tiempo sobre lo que se está buscando, el tema de fondo es —y de lo que se va a jugar— es qué tipo de negociación sobre el presupuesto se va a tener en los siguientes años con el actual gobierno.
¿Por qué digo lo siguiente? En las negociaciones, como saben bien los legisladores, la única que puede fijar subsidio en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es la Cámara de Diputados.
Se discutió un tope específico para Liconsa, en el cual estaba incluido el subsidio, para poner un tope al precio y bajar los 50 centavos a la leche, específicamente Liconsa. Indebidamente el dictamen no ha sido publicado y curiosamente el responsable que preside esa Comisión es el grupo parlamentario del PAN. En la exposición de motivos tiene que estar en la negociación, el alcance del rubro específico por el monto que se le dio a Liconsa, en la teoría y en la interpretación también de la Suprema Corte de Justicia, habla de dos tipos de facultades: Primera, facultades discrecionales; segunda, facultades regladas.
¿En qué se aplica al presupuesto? Al presupuesto se aplica el principio de legalidad. Sólo puede ejecutar el gobierno federal lo que le autoriza la Cámara de Diputados. Y si la Cámara de Diputados señaló en forma discrecional su aplicación, tiene un piso y un techo en su aplicación y cumple con la norma.
Y si es reglada, quiere decir que se le dice la conducta específica que tiene que hacer, no está en su voluntad, no tiene nada que ver con la fijación de precio en la facultad del Ejecutivo, si no, también tendría que ser revisada, sino en la ejecución de un subsidio que se dio aquí en la forma e interpretación en la exposición de motivos.
Si el tema va a ser lo que se ha declarado en los medios por parte de Liconsa y lo que nos ha informado el gobierno federal, en específicamente esos servidores públicos, es que la Cámara de Diputados no lo puso expresamente, no entiendo estos dos tipos de facultades y no entiendo la interpretación, lo que tendremos que discutir aquí, compañeros diputados y senadores, es que el nuevo presupuesto tendrá que ser con la visión de la interpretación de la doctrina de la Suprema Corte con facultades regladas.
En todos los rubros, en todos los ramos y en todos los manejos presupuestales, les vamos a etiquetar uno por uno en cómo se ejecuta. Y no vuelvan a decirnos que necesitan facultades discrecionales para la ejecución del presupuesto y la movilidad de la economía nacional.
Como muestra basta un botón, dice la filosofía popular y ésta es una. La unanimidad de presupuesto no se logró por casualidad, se logró por tener alineados los objetivos, los grupos parlamentarios que subsisten en el Congreso, y tener una sola visión: La sociedad.
Y este subsidio tiene sólo una visión: La sociedad. Y curiosamente en una forma precaria de interpretación en la que no se ha profundizado cuál de los dos tipos de facultades y cómo lo iban a ejecutar, se ha basado esta autoridad administrativa en que no se etiquetó y curiosamente el presidente de la Comisión, del grupo parlamentario del PAN no ha publicado el dictamen en donde la exposición de motivos es preclara.
El que incumpla la disposición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el que el artículo 2º, fracción LIII señala que el único que fija los subsidios es aquí, no estamos hablando de fijación de precios, de facultades del Ejecutivo y la responsabilidad de los servidores públicos de no cumplir, para empezar, está poniéndose en el supuesto el presidente de la Comisión Hacendaria. Habremos que discutirlo primero en casa.
Y después, a los funcionarios que no quieran ejecutar en interpretación de una facultad discrecional que se les dio etiquetada, la interpretación de la norma por la exposición de motivos como una facultad reglada, sí ahí no estamos de acuerdo.
El punto de acuerdo lo que busca es que los grupos parlamentarios de urgente u obvia resolución hagan una exhortación de la interpretación de la norma al Ejecutivo y si no es así, compañeros diputados, por ser facultad exclusiva, reflexionemos que el siguiente presupuesto sea exclusivamente y al 100 por ciento con facultades regladas, porque se ve que el privilegio de los objetivos para la sociedad mexicana no fue cumplido en este presupuesto. Es cuanto, señor Presidente.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, no hay dos terceras partes por la afirmativa, no se considera de urgente u obvia resolución.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo. Tiene la palabra el diputado Javier González Garza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar el punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República inicie una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz, por el delito de ejercicio abusivo de funciones en términos del Código Penal Federal.
El diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Antes de abordar el punto, sólo quiero decir una cosa. Si el punto anterior no es de urgente u obvia resolución, sobre todo de urgente, no sé qué sería de urgente. Porque resulta que es un tema que todavía no está publicado y para el próximo miércoles ya estará publicado, realmente, perdón, pero no entiendo que no se vea la urgencia del tema.
El suscrito Javier González Garza, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolución Democrática de esta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 2 de enero del año en curso, la empresa HSBC Holdings con sede en Londres, Inglaterra, mediante un comunicado informó que el que fuera responsable de la política hacendaria de México y durante la administración de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, se integró como director al consejo de esta institución crediticia.
En dicho comunicado, también se señaló que Gil Díaz es actualmente miembro del consejo asesor de la empresa JE Roberts, relacionada con la compra de cartera vencida, lo que hace sospechar que el exfuncionario público ocupaba este puesto durante su gestión como secretario de Hacienda, lo cual explicaría que esta empresa, como según ella misma informó, recibió en 1991 uno de los contratos de gerencia más grandes de activos concedidos por una entidad de gobierno para recuperar cuatro mil 800 millones de dólares en cartera vencida de Bancrecer.
Como consecuencia, en el 2000, Gil Díaz fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público, como todos sabemos, entre sus responsabilidades se encontraba la de ser presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro, IPAB, así el señor Gil Díaz se desempeñaba como presidente de la Junta de Coordinación Política de Gobierno del IPAB y a su vez, consejero miembro de la Junta de Gobierno de la empresa JE Roberts Coss.
Otra cosa que debe señalarse es que de 1997 al 2000, Gil Díaz fue director de Avantel, de la cual Banamex posee el 51 por ciento de sus acciones, institución a la que privilegió durante su gestión como secretario de Hacienda.
Lo anterior no es un conflicto de intereses, es la práctica corrupta de un servidor público que aprovechándose de su cargo favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito pone a su consideración de este Pleno la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo, no de urgente u obvia resolución, porque no entienden el asunto de la urgencia.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Procuraduría General de la República para que, en el cumplimiento de sus atribuciones inicie una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz por el delito, en virtud de que ya hay una denuncia penal, por el delito de ejercicio abusivo de funciones en términos del Código Penal Federal.
Y segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos inicie un procedimiento administrativo en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz y en su caso aplique la sanción correspondiente por las violaciones cometidas a la misma.
Quiero decirles compañeras y compañeros que el asunto de Gil Díaz no sólo es que se haya ido a trabajar a HSBC, el asunto de Gil Díaz tiene que ver con una cantidad de transferencias y con una cantidad de información y de privilegios a una serie de empresas, sobre todo Holdings y empresas extranjeras.
Nos preocupa enormemente que este asunto sólo vaya a quedar como un asunto administrativo, requiere de una investigación de carácter penal. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo. Tiene la palabra…
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Dígame, señor.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Solicito la palabra para constatar que…
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: El compañero diputado Javier González retiró la urgente u obvia. ¿Sí?
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): …sí, pero estaba la otra propuesta y lo acabamos de pactar con Ricardo Monreal…
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: En el siguiente punto del orden seguirá el turno de Ricardo Monreal y en ese momento podrá usted posicionar. Tiene la palabra el senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar punto de acuerdo relativo a la extracción de arena de la isla de Cozumel, Quintana Roo.
El senador Jorge Legorreta Ordorica: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, es una de las más hermosas de nuestro país. Gran parte de esta isla sufrió daños incalculables debido al huracán Wilma de octubre de 2005.
Con fecha 3 de mayo de año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales exentó un promovente de la obligación de realizar la manifestación de impacto ambiental para realizar extracción de arena en la isla de Cozumel, Quintana Roo, por un total de un millón 100 mil metros cúbicos con el objetivo de formar playas artificiales.
La extracción se inició el 2 de noviembre para lo cual se utilizó una draga con el nombre de Teresa III. Sin embargo dicha autorización se hizo bajo supuestos falso, ya que la solicitud se realizó para llevar a cabo actividades de modificación de bancos pétreos para luego convertirlos en arena y, de esta forma, proveer la demanda de arena para playas, cuando en realidad lo que se está haciendo es extracción de arena de un banco marino.
La extracción se está realizando en el llamado Banco Norte, a una distancia de la línea costera de aproximadamente 200 metros y a menos de 600 metros del arrecife Barracuda. A menos de mil metros de la zona de extracción se encuentra otro arrecife con más de 10 cabezas de coral. Dicha extracción se está haciendo prácticamente sobre los pastos marinos más importantes y representativos de la isla.
Asimismo, de acuerdo a los informes proporcionados por los isleños, así como testigos y medios de comunicación, la arena extraída se está depositando en zonas de manglares que fueron talados y cortados para dar espacio a recibir dicha arena. En conjunto el ecosistema formado por playas, manglares, arrecifes y pastos marinos se verá seriamente afectado, así como la producción de algunas especies.
Para realizar dicha obra se debió presentar una manifestación de impacto ambiental a las autoridades correspondientes. Dicha manifestación debió contemplar la distancia real de los ecosistemas y los efectos que provocará la pluma de dispersión de sedimentos de dicha extracción que inevitablemente modificará los ciclos biológicos y ecológicos de muchas especies. Por lo que una modificación de tal magnitud provocará la migración definitiva de muchas especies, el desequilibrio ecológico y daños locales irreversibles para los ecosistemas costeros.
No obstante todo lo anterior, posteriormente también resultó el hecho de que el barco draga, que estaba haciendo la extracción de arena del Banco Norte, se hundió alrededor del 22 de noviembre justo sobre los pastos marinos mencionados, con el inminente riesgo de derrame de combustible y lubricante que representaría una amenaza extra para los ecosistemas marinos.
Por todo lo anterior es que se presenta necesario hacer una revisión de las actividades de extracción de arena que ya se están llevando a cabo en la zona. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo siguiente
Primero. Que de manera precautoria ordene inmediatamente la suspención de extracción de arena que se está llevando a cabo en el Banco Norte de la costa noroeste de la isla de Cozumel, así como para que se verifique la autenticidad de los datos asentados por el promovente en la solicitud de exención de manifestación de impacto ambiental en términos de la legislación vigente sobre el impacto ambiental.
Segundo. Que ordene el rescate inmediato de la embarcación draga de nombre Teresa III, para evitar un mayor impacto en el ecosistema marino.
Tercero. Que de acuerdo a la verificación realizada en la costa noroeste de Cozumel, en caso de encontrar irregularidades, ya sea en contravención de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o del problema ecológico de Cozumel y su área marina de influencia, procedan conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables y, en su caso, se dicte la suspensión definitiva de dicha obra.
II. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República lo siguiente:
1.- Que, en su caso, dentro del procedimiento legal sobre impacto ambiental, ordene la realización de una manifestación de impacto ambiental, así como la realización de una consulta pública y de información acerca de la obra propuesta por el promovente.
2.- Que a la brevedad informe a esta soberanía sobre la inspección realizada al área respectiva, así como de las resoluciones tomadas conforme a derecho en el mismo asunto.
Finalmente, solicito que se integre el texto en el Diario de los Debates, diputada Presidenta. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar medidas para garantizar la seguridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca.
El senador Gabino Cué Monteagudo: Muchas gracias, señora Presidenta. En virtud de que en el punto de acuerdo que he de presentar al Pleno de esta Comisión Permanente guarda algunas diferencias con lo que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria correspondiente, le agradeceré se sirva instruir a quien corresponda, a efecto de que esta intervención sea incluida íntegra en los ajustes que contienen la misma.
Compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta Comisión Permanente. Por octava ocasión en lo que va de la actual legislatura subo a ésta, la más alta tribuna de la nación, para exponer la necesidad de darle cauce legal y político definitivo a la grave crisis que azota al estado de Oaxaca.
Ocho meses después del inicio de un conflicto político-social, que jamás debió haber alcanzado las peligrosas proporciones que ha atestiguado la nación entera, el ambiente que prevalece en Oaxaca es por demás triste y desconsolador.
En muchos centros escolares de la entidad, por ejemplo, los maestros no han podido iniciar clases, a pesar de que el gobierno del estado había ofrecido no patrocinar persecuciones de ninguna especie en contra de los mentores, con la idea de no perjudicar más el ciclo escolar de las niñas y los niños oaxaqueños.
En diversas oficinas públicas se sabe el acoso gubernamental en contra de quienes se identifican con los grupos sociales que integran la APPO y en colonias, barrios y agencias municipales de diversos puntos del estado se vive una clara ofensiva contra todo aquel que no comulgue con el actual gobierno.
Por otra parte, la economía del estado continúa en declive; muchos comerciantes y empresarios honestos de la capital y varias regiones de la entidad siguen esperando la ayuda que el gobierno ofreció y que no ha llegado.
La situación es desesperante para la gran mayoría de los oaxaqueños y, por si eso no fuera suficiente, el gobierno tomó la decisión de criminalizar el movimiento social que su propia torpeza propició; no sólo persiguiendo a los que creen sus contrarios, sino que aplicando la ley del embudo protegiendo y deslindando de toda responsabilidad a quienes se sienten de su lado.
Mientras tanto, más de una quincena de muertes, producto de la lucha popular, siguen impunes. De esos delitos no hay responsables, nadie está en la cárcel; al contrario, quienes han pisado el presidio es gente que participó en el movimiento popular.
La urgencia de criminalizar la lucha social en Oaxaca, llevó al gobierno al exceso de involucrar a gente que ni siquiera era parte de este movimiento social y popular. Ahora el problema es diferente: la nueva etapa de la crisis política que vivimos en Oaxaca, pasa por la persecución a los defensores de los derechos humanos que han hecho de la mencionada criminalización social, su propia lucha. Eso es algo que no podemos permitir, pues la defensa de los derechos humanos que se hace en Oaxaca no es para descalificar a las instituciones, sino señalar conductas de presuntos servidores públicos que no honran esa denominación.
Oaxaca quiere y debe y puede ser un estado de leyes en el que se concilie la justicia con el ejercicio de las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos. Un estado unido por la ley e integrado por las oportunidades de superar para todos.
Según informes preliminares sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones de derechos humanos que no quisiera en este momento sintetizar todos los señalamientos que han hecho, pero han dicho que en Oaxaca se ha hecho un uso indebido de la fuerza pública. Se han dado detenciones arbitrarias, se ha incomunicado a los detenidos, desaparecido a algunas personas, daños, lesiones, amenazas, entre otros.
Ante dichos acontecimientos, los observadores internacionales también han constatado que la mayoría de las detenciones se hicieron de manera arbitraria, pues no sólo fueron dirigidas contra integrantes del movimiento social, sino que en la mayoría de los casos se trataba de personas que estaban en la vía pública; incluso había un menor de 17 años.
No obstante ello, se ha desatado una guerra sucia contra más de 40 organizaciones civiles de derechos humanos en el estado por la intolerancia, impunidad y autoritarismo que aún permanece en Oaxaca, además de no respetar los derechos y libertades fundamentales que garanticen el pleno desarrollo de su actividad.
No quisiera extenderme en mi intervención, pero quisiera, en tanto, decirles, amigas y amigos, compañeras y compañeros legisladores: hacemos un severo reclamo a las diversas instituciones tanto locales como federales, por las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido y que se están cometiendo en el estado de Oaxaca, entre ellas el uso indebido de la fuerza pública, las detenciones arbitrarias, la incomunicación, la desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales.
Como oaxaqueño y legislador, levanto la voz ante esta alta tribuna de la nación para que se reconstruya la capacidad del diálogo, entendimiento y convivencia en el estado de Oaxaca.
Por lo anterior expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Que esta Comisión —la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión— exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física, sicológica y jurídica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, salvaguardando lo dispuesto por nuestra Carta Magna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos ratificados por México.
Es cuanto, señor Presidente. Yo simplemente quisiera —no lo solicité de esa manera, pero por la serie de denuncias, el foro que hubo precisamente el día de ayer aquí en este espacio y muchas notas que han venido saliendo sobre esta persecución— que este punto se considerara de urgente u obvia resolución y que si no hay problema por la Mesa Directiva, se les preguntara a los integrantes de esta Permanente si se considera este tema de urgente u obvia resolución. Por su atención, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Gabino Cue. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario, senador José Guillermo Anaya Llamas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación)… No esta muy claro, no encuentro claridad en la votación, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Nuevamente.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Los legisladores que estén a favor, por favor sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén en contra, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, no hay dos terceras partes para la afirmativa, por lo que no se considera de urgente u obvia resolución.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats para hacer una proposición.
El diputado Javier González Garza (desde la curul):… siguiente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con las facultades que tiene la Mesa Directiva y consultando con los señores coordinadores…
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Es que estaba dormido…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pido respeto. La Presidencia tiene la facultad de dar la palabra en un tema específico y ha sido consultado también con los coordinadores de varios grupos parlamentarios. Dígame, diputado.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias, señor Presidente. Y con todo respeto … no son las reglas, nada más.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Voy a respetar lo que usted me está pidiendo, voy a consultar a la Asamblea si se acepta que el diputado Rodríguez Prats presente una propuesta de un minuto de silencio por el fallecimiento del licenciado Mario Trujillo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el diputado Rodríguez Prats puede hacer esta propuesta. Dígame, diputado.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Le quiero decir, en cuanto se informa a la Asamblea; porque yo lo único que pedí es ¿para qué? Lo que no podemos, es de pronto decir que en el transcurso de lo que vaya a decir nos va a informar porqué… es lo que está ocurriendo. Por supuesto nadie se va a oponer; pero lo que no puede ser es el método.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A mí se me informó que había sido consultado con todos los grupos parlamentarios, supongo que a ustedes no los consultaron y ésa es la razón.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano Presidente, no es usual en la práctica parlamentaria, se quitó del artículo y de… la Cámara, del Congreso ,de la Permanente según sea el caso. Me parece que nadie va a oponerse a la propuesta que haga el diputado Rodríguez Prats, se pudo haber evitado.
¿Cómo? Cuando usted, como Presidente, tiene el conocimiento del fallecimiento de un legislador y solicita de un minuto de silencio, no es necesario que intervengan para tal propósito. Usted dentro de sus facultades pudo haber dicho: Solicito un minuto de silencio, porque me he enterado que ha fallecido uno de los integrantes del Congreso de la Unión y no hay necesidad de generar este ruido innecesario. Creo yo, se lo digo de una manera respetuosa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta que el diputado Rodríguez Prats haga esta propuesta.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se acepta la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Aprobada la propuesta señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Gracias, señor Presidente. Le agradezco a los integrantes de la Comisión Permanente que me hayan permitido alterar un tanto la orden del día para rendir homenaje a un gran mexicano, a un gran tabasqueño, fue gobernador de Tabasco, diputado federal; director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera y quien falleciera hoy a las 4:00 de la mañana.
Es mi convicción personal que fue un ejemplar padre de familia, que trabajó por Tabasco y que trabajó por México. Por lo anterior si ustedes me permiten, les solicitó un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y autoridades de los estados y del Distrito Federal, celebren convenios con los clubes privados de las diferentes disciplinas.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su venia, señor Presidente. Nuestros jóvenes están muy preocupados por la falta de espacios deportivos. Este problema ha derivado de una indebida planeación territorial, así como la precaria situación económica de algunos mexicanos y la poca asignación de recursos públicos en la materia.
Es por esta razón que contando con el apoyo de diversas organizaciones públicas y privadas de jóvenes, tales como el Instituto Poblano de la Juventud, Conciencia Activa, AC y los chavos-banda de los barrios de la ciudad de Puebla, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo que en su parte considerativa establecen lo conducente.
El deporte es una basta fuente de beneficios para la ciudadanía. Lo mismo ayuda a la prevención del delito que a la convivencia social; integra a las familias y estimula en lo colectivo y en lo individual el desarrollo de los mexicanos.
En nuestro país, de acuerdo al diagnóstico elaborado en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006, los hábitos de la población para realizar actividades físicas o deportivas, se reducen a menos de una hora, un solo día a la semana, considerando a la ejercitación física o a la práctica del deporte como eventos de fin de semana y no como una práctica sistemática que contribuye a mejorar la aptitud física y, en consecuencia, a conservar la salud.
Aún más preocupante, un análisis realizado por especialistas demostró que el 90 por ciento de los niños y jóvenes no realizan actividades físicas suficientes que les permitan desarrollar su óptima capacidad física y, como consecuencia, no tienen un adecuado crecimiento y desarrollo físico e intelectual.
Por otro lado, la mayoría de las escuelas de nuestro país carece de instalaciones adecuadas para practicar el deporte y sólo el 30 por ciento cuenta con profesores especializados en disciplinas deportivas, las cuales se mantienen lejos del alcance de la población en general debido a que las mismas permanecen cerradas y con restricciones para su uso, como son los horarios y días de entrenamiento; peor aún existe una gran cantidad de personas que no cuentan con los recursos para pertenecer a alguna institución educativa o club deportivo.
Ante este panorama es justo reconocer que los avances en la materia durante el anterior sexenio permiten observar que la cultura por la práctica deportiva ha ido en ascenso, motivada en la tradición ancestral de que el deporte es factor fundamental para el crecimiento y mejor desarrollo de las sociedades.
No obstante los avances presentados, es necesario seguir emprendiendo acciones desde nuestros ámbitos de responsabilidad y competencia para motivar y apoyar la cultura física y la práctica del deporte, difundiendo entre ella sus bondades e impulsando su desarrollo.
En Acción Nacional estamos convencidos que es necesario crear cauces en el ámbito deportivo en los cuales se manifiesten y propongan objetivos de interés público, vinculados a los reconocidos valores asociados al deporte, la cultura física y la recreación, que van más allá de la convivencia sana y el esparcimiento, de por sí valiosos en la preservación de la salud para convertirse en la actualidad en elementos integradores de la familia, de apoyo a la educación, promotores de la salud individual y de la comunidad y como instrumentos para la prevención de conductas delictivas.
Por ello, además de emprender acciones para mejorar las unidades deportivas debemos fomentar el compromiso y colaboración de los diferentes niveles de gobierno y la iniciativa privada para impulsar la práctica deportiva, permitiendo a través de convenios el uso de las instalaciones deportivas que se encuentren tanto en los clubes privados como en instituciones de educación de todos los niveles, abriendo las puertas a asociaciones, ligas organizadas de algún deporte, deportistas en lo individual y en lo colectivo, a efecto de ampliar el número de mexicanos que practiquen un deporte que tenga como consecuencia mejorar la calidad de vida, y sobre todo, enarbolando la dignidad de la propia persona con el cuidado propio.
Compañeros, apoyemos a todos aquellos que se aferran al sueño de convertirse en deportistas, permitamos que hagan posible su preparación escolar con su acondicionamiento físico para competir en diversas disciplinas deportivas. Abramos las puertas de las instalaciones deportivas ya existentes y abriremos las puertas a mejores mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las autoridades de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, celebren convenios con los clubes deportivos de las diferentes disciplinas y con las instituciones de educación pública y privada que cuenten con instalaciones para la práctica de algún deporte, con el objeto de que los integrantes de los clubes deportivos y el público en general interesado en la práctica de algún deporte puedan utilizar las instalaciones de las escuelas públicas y privadas en horarios no escolares y los alumnos de educación pública y privada reciban instrucción de los miembros de los clubes en lo relativo a las reglas y técnicas del deporte de que se trate y en su caso tengan acceso a sus instalaciones deportivas. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Violeta Lagunes. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.
Los siguientes tres puntos del orden del día tienen que ver con el mismo tema, de tal manera que habremos de darles la palabra, en primer lugar, al senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el alza en el precio de la tortilla, suscrita por el senador Carlos Aceves del Olmo, del grupo parlamentario del PRI. Posteriormente hablarán sobre el mismo tema, la senadora Claudia Corichi García y el senador Gabino Cué.
El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente, compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Los suscritos, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a su consideración para su discusión y en su caso aprobación, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el alza en el precio de la tortilla al tenor de los siguientes
Considerandos
La importancia del maíz en la alimentación del pueblo mexicano va más allá de la contribución a su dieta, que por cierto, a decir del Instituto Nacional de Nutrición, la tortilla suministra el 47 por ciento de las calorías a la población. Es también origen de nuestras tradiciones y costumbres, además que representa una derrama económica de 89 mil 634 millones de pesos al año, siendo la industria del maíz la más grande para el sector agropecuario, ya que el 50 por ciento de la superficie sembrada en México se destina a dicho grano.
Como antecedente, en 1990, cuando desaparece Conasupo, se puso fin a los precios de garantía para los productores de maíz y terminó con las compras gubernamentales, tanto en el país como en el mercado externo, dando como resultado un incremento sostenido en el precio del kilogramo de tortilla hasta en 62 por ciento durante los seis años anteriores, reduciendo en consecuencia la capacidad de consumo de la población, ya que en 2000 con un salario mínimo se compraban 9.5 kilos de tortilla frente a 7.8 a finales de 2006.
Han sido los últimos años de un liberalismo a ultranza, en donde una vez más ha quedado demostrado que las políticas a las que éste se ajuste no son suficientes para asegurar el bienestar de la población en general ni de los trabajadores en particular, por el contrario está visto que sólo ha propiciado pérdida en la calidad de vida, porque el salario mínimo actual promedio apenas alcanza para adquirir el 20 por ciento de la canasta básica.
La obsesión por el control inflacionario y la estabilidad macroeconómica del país se ha basado en gran medida en una política de contención salarial, siendo la clase trabajadora quien absorbe la mayoría del costo económico, dado que la política neoliberal generó un crecimiento desordenado de los precios, por la ausencia de políticas específicas de apoyos a la comercialización, que junto con el maneo restringido de los cupos de importación han creado un mercado altamente especulativo.
Reconociendo que el incremento en el precio de la tortilla se debe principalmente al aumento generalizado de los precios del maíz, del gas y de la energía eléctrica, siendo el primero el que más ha subido, debido a que desde hace tiempo se utiliza no solamente como alimento sino también como insumo en la producción de etanol y de sustitutos de azúcar, sobre todo el que consume la industria refresquera.
Esta situación ha permitido que el maíz sea cada vez más apreciado y demandado en el mundo entero, lo que es una buena noticia para los productores de maíz pero no así para los millones de mexicanos consumidores de tortilla.
Ante esta situación y en un contexto en que noviembre, diciembre y enero han sido meses fatales para los trabajadores del país que han visto mermadas sus posibilidades de adquirir productos indispensables, los incrementos definitivos e irreductibles en leche, huevo, diesel, gas y el consecuente incremento en el transporte privado, aunados a los aumentos temporales que se registran en algunos productos agropecuarios como el tomate y la cebolla, tienen como resultado una disminución en el consumo de la población con menos recursos.
Es previsible que en el mediano y largo plazo se mantenga la tendencia alcista de los precios de insumos de la tortilla, porque el gas y el maíz, que son importados en una gran proporción, no bajarán de precio.
Compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRI nos queda claro que el mercado no es en si de redistribución de la riqueza, por el contrario, si los estados nacionales sólo se atienen a sus reglas, está comprobado que sólo aumenta la polarización en su distribución, haciendo como se dice, más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, jamás provocan niveles de pobreza mayores y demás porcentajes de pobres.
Por tanto, la responsabilidad social de los gobiernos aumenta para con sus clases desprotegidas y debe promover y poner en marcha programas que alivien los agravios que el mercado les impone.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie en contra del alza de la tortilla.
Segundo. Se solicite al secretario de Economía establecer un programa emergente de apoyo a productores de tortilla que amortigüe el incremento del gas y del maíz.
Tercero. Se solicite al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación instrumentar esquemas de apoyo a los productores de maíz para que incrementen la producción.
Cuarto. Se solicite al secretario de Trabajo y Previsión Social establecer un programa emergente de fortalecimiento del salario que ayude a compensar el incremento de los precios de leche, tortilla y otros productos de la canasta básica, así también como a presentar un estudio sobre la viabilidad de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues consideramos que no cumple con la finalidad con la que fue creada, pues no observa lo previsto en el artículo 123 apartado A de nuestra Carta Magna en su fracción IX, inciso b). Muchas gracias. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Ricardo Fidel Pacheco. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. Hay sobre el mismo tema inscritos la senadora Claudia Corichi García, a nombre del senador Lázaro Mazón Alonso y del grupo parlamentario del PRD. Posteriormente el senador Gabino Cué y está inscrita también la diputada Silvia Luna. Tiene la palabra la senadora Claudia Corichi García, del grupo parlamentario del PRD.
La Senadora Claudia Corichi García: Gracias, a la Presidencia de la Mesa Directiva. Quien suscribe junto con el senador Lázaro Mazón, pero, sobre todo, por parte del Partido de la Revolución Democrática, queremos hacer varias consideraciones con respecto a este tema.
Como sabemos y como se ha mencionado ya, el incremento de la tortilla ha lastimado sobre todo a aquellas personas de un consumo menor, aquellas que están entre los cinco deshiles de más bajo ingreso, destinan más de la mitad de su salario a dedicarlo al consumo de alimentos de canasta básica. Ésta es una preocupación muy grande la que tenemos en el PRD, porque rechazamos tajantemente que sigan los incrementos en los precios, tanto del diesel, de la gasolina, de la leche Liconsa, como lo hemos denunciado permanentemente y ahora de la tortilla.
Nuevamente estamos frente al poder de los grandes oligopolios, ahora en el caso de la industria del maíz. La masa y sus distribuidores que aprovechan la especulación y la inexistencia de contrapesos para usufructuar el hambre y la necesidad de la población de menos recursos, bajo la bandera de libre mercado.
Aunque nos argumenten que es un problema de oferta y demanda, lo que nosotros en el PRD decimos: es un problema de hambre, es un problema de Estado, es un problema de fondo. Mientras el precio del maíz en 2006 subió 11 por ciento, los precios de la tortilla se incrementaron entre 60 y hasta 200 por ciento.
Por el momento no hay ninguna garantía de estabilización en el precio de la tortilla. No hay ninguna evidencia de que en el corto plazo se solucione el rezago del campo mexicano, debido a la falta de apoyos y de inversión que eleven la productividad y que reduzca las importaciones de maíz de Estados Unidos. Se trata también de un tema, como lo decíamos, de Estado, que tiene que ver también con la dependencia alimentaria.
Durante la vigencia del TLC, pasamos del punto cinco millones de toneladas importadas en 1993, hasta 7.5 millones de toneladas en 2005. Se ha incrementado 15 veces el monto de las importaciones de un país que goza además de subsidios al productor. La política alimentaria es un asunto de Estado, así debería ser visto.
A partir del gobierno de Fox, se liquidó cualquier subsidio al precio de la tortilla, pero además, sobre todo, cualquier respaldo y cualquier apoyo a aquellos que menos tienen. Antes, por lo menos tenían la garantía de que no como a través de Oportunidades se les daba un apoyo económico, con el cual se puede especular y jugar políticamente, sino que les llegaba en especie, como tortilla.
Me llama la atención —y nos llama la atención como grupo parlamentario— que, incluso en un estudio realizado por la UNAM —leo algunas consideraciones que han sido graves para nosotros—. Mientras el control de precios de tortilla y de subsidios agrícolas ayudaron al grupo Gruma Maseca —al margen de haber mantenido pasivos, incluso en el Fobaproa por casi 12 mil millones de pesos— acumular una gran fortuna, los pequeños productores de maíz no se han visto beneficiados, se han visto empobrecidos y la población no ha visto de ello ningún beneficio.
Incluso las fuentes cercanas a Gruma Maseca dicen que actualmente el consorcio ya no recibe subsidios directos y efectivamente los recibió durante mucho tiempo, pero sí indirectos a través de los beneficiarios de Procampo, en los cuales ellos acumulan de manera ligopólica los beneficios.
Profesores de la UNAM incluso han destacado que la arinización del consumo ha afectado las prácticas agrícolas y las variedades de maíz. Son Maseca y algunas otras transnacionales las que se favorecen y se benefician de manera desmedida de este tema. Por eso en el PRD creemos que esta soberanía debe exhortar al titular del Ejecutivo federal a implementar una política de estado de mediano y largo plazo para incentivar la productividad de la siembra de maíz en México y para ejercer controles antimonopólicos asociados a la producción y venta de este bien de consumo socialmente necesario.
Por eso quisiéramos que en cualquier documento que salga como producto de esta discusión, señor Presidente, se haga este exhorto contundente al Presidente de la República, a que se frene la especulación comercial derivada en la alza en el precio de la tortilla para minimizar el impacto que tendrán los sectores vulnerables, a que se exija a nuestra soberanía a que exhortemos al Presidente de la República a que implemente esta política de estado de mediano y largo plazo, para incentivar la productividad, pero también para tratar el tema de la seguridad alimentaria como un asunto de Estado.
Le pediría, señor Presidente, que estos sean temas dentro de un punto de acuerdo en el que podríamos —estoy segura— llegar de consenso la mayoría de los grupos parlamentarios. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias senadora. Al final de la discusión habremos de poner a votación el punto de acuerdo, si es posible un consenso de todos los grupos parlamentarios o bien las distintas propuestas.
Tiene la palabra el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo a que emita un decreto de congelamiento del precio de kilo de tortilla de maíz.
El senador Gabino Cué Monteagudo: Muchas gracias, señor Presidente. En este ánimo de poder sumarnos a un acuerdo en todos los grupos parlamentarios, yo quisiera fijar el punto, la posición del grupo parlamentario de Convergencia en relación con este tema y que sea el punto de acuerdo aquí acordado, el que todos apoyemos.
Yo quisiera en nombre del grupo parlamentario de Convergencia, decía, sumarme a la preocupación ya expresada en estos últimos días, el debate que ha generado este incremento en el precio de la tortilla. Creo que todos coincidimos que en los últimos meses, en los últimos años, esta brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más grande, es preocupante y alarmante el revisar que han sido precisamente estas políticas de corte neoliberal, muchas de ellas basadas precisamente en ordenamientos de organismos internacionales, las que pudieran estar incidiendo precisamente en que se haga cada vez más grande esta brecha entre ricos y pobres.
Más preocupante es el ver cómo nuestros salarios, el salario mínimo, el salario de las clases más desprotegidas, no está creciendo al mismo ritmo de los incrementos en aquellos bienes y servicios de este grupo más vulnerable. A finales del año pasado terminábamos el año con la noticia de que se incrementaba el precio de la leche, un insumo fundamental para la canasta básica del pueblo de México, sobre todo de las niñas y los niños más pobres de nuestro país.
Ahora arrancamos este año, viendo cómo de nueva cuenta, producto de una estrategia equivocada de haberle apostado a la importación del maíz como insumo fundamental de la tortilla y producto de variables externas o decisiones de otros países, pareciera que esto viene a impactar también en este producto básico para nuestra canasta.
Y eso significa que el apostarle a no buscar invertirle y jugárnosla con el campo, a no apostarle a buscar ser más eficientes, más productivos en la producción de nuestro campo, y hoy nuevamente lo vemos con tristeza, que el Presupuesto que acabamos de aprobar a finales del año pasado, también hay una ausencia y una política de Estado que vaya encaminada precisamente a seguir apoyando a nuestro campo mexicano.
Y en ese sentido queremos expresar nuestra preocupación de que nuevamente sean las clases marginadas las que sigan soportando esta situación y estas decisiones que se han venido tomando en los últimos días.
Nos preocupa también pensar que se piense que considerar la posición que se ha venido manejando, en el sentido de que pareciera que el precio de la tortilla es simplemente producto de una burbuja, que tarde o temprano el precio va a bajar, yo difiero un poco de esa visión, porque no estamos hablando de un servicio financiero, como podría ser el tipo de cambio que en función de la oferta y la demanda del maíz, que pudiera incidir en el precio de la tortilla en este caso.
Entonces yo quisiera, en ese sentido, sumarme a la preocupación de que de esta soberanía salga una propuesta muy concreta al Ejecutivo federal para que se tome con mucha seriedad y que se adopten las medidas necesarias para que en tanto se toman las decisiones para impactar en esta oferta necesaria de maíz para que no siga incidiendo en el precio de la tortilla, se tomen medidas que permitan no el abuso en el precio de la tortilla y que no se piense que por sí mismo el precio va a bajar.
Cuando un bien de primera necesidad ya se pone en las tiendas, en los lugares específicos de venta, cuando se determina el precio, difícilmente al paso del tiempo, los que venden esos productos estarían dispuestos a bajar su precio. En ese sentido, nosotros habíamos planteado la posibilidad de que se tomaran acciones para que este precio se controlara.
Si bien es cierto, a veces el hablar de controles, sobre todo a la iniciativa privada, los pone un poco en alerta pensando que es regresar al pasado, pero en temas fundamentales como éste, cuando hay un origen de una definición y una estrategia de política económica definida y siendo éste un bien fundamental en la canasta básica que incide en la gente más necesitada de nuestro país, nos vamos a sumar el grupo parlamentario de Convergencia a esas decisiones que se tomen, que vayan precisamente a tener la posibilidad de que este precio no vaya, en los próximos días, a seguirse incrementando, que no haya una especulación en torno a la falta de definición de este precio que pudiera, sin duda, afectar la economía de la gente más necesitada.
En este sentido, yo fijaría esta posición sin dejar de insistir en que el grupo Convergencia se va a sumar a la decisión que aquí se tome. Muchas gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Gabino Cué. Tiene la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente, compañeros legisladores. El Banco de México nos informa que durante el sexenio pasado se registraron considerables aumentos en alimentos, transporte público y medicamentos. Sólo en ese período la tortilla subió 70 por ciento, el pan blanco 47 por ciento, el transporte se incrementó 33 por ciento y el gas doméstico que encareció 54 por ciento.
La Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos 2005, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reporta que las personas que menos ganan destinan cerca del 45 por ciento de su ingreso en alimentos y 13 por ciento para transporte público.
En este contexto iniciamos este gobierno con un incremento del 25 por ciento al precio de la tortilla. Éste es un signo preocupante, ya que representa un duro golpe a la economía familiar y en especial a las familias de menores ingresos. El incremento al precio de la tortilla de ocho a 10 pesos impacta en las familias más pobres y exige una respuesta de las instituciones responsables de vigilar el desempeño del mercado interno, como son la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Se deben efectuar acciones efectivas para proteger a los estratos más pobres en esta coyuntura y prever, en el mediano y largo plazo, medidas que impidan fenómenos de alza como el que hoy enfrentamos.
La Secretaría de Economía debe garantizar el pleno abasto del mercado interno y propiciar una política de precios que no vulneren la economía familiar. La Secretaría de Economía debe cumplir con la promesa de que el gobierno hará su parte en este problema.
El grupo parlamentario Nueva Alianza manifiesta que el incremento en el precio de los alimentos de primera necesidad es contrario a lo prometido en el programa económico de la presente administración. ¿Dónde quedaron las intenciones de alcanzar la estabilidad de precios? ¿Cómo pretenden abatir la pobreza e impulsar a los sectores detonadores del empleo, como el agropecuario?
Este incremento en la tortilla es una señal negativa, que refleja que los agentes económicos están incorporando desconfianza en la conducción de las políticas públicas encargadas de vigilar el desempeño del mercado interno y de la evolución de los precios.
Nueva Alianza rechaza las medidas económicas que llevan a los incrementos de los productos básicos, porque repiten medidas imprácticas, como las que se dieron al final del sexenio pasado con la leche Liconsa, la gasolina y el diesel, en donde se argumentó que el aumento de precios era sólo marginal.
Para Nueva Alianza no existe mejor manera de combatir la violencia que aquélla que nos permita garantizar a todos los mexicanos el real ejercicio a los derechos consagrados en la Constitución, y que el Presidente y nosotros como legisladores, protestamos cumplir.
El grupo parlamentario Nueva Alianza percibe el bienestar general como el objetivo primordial de la política económica, por lo que convoca de manera respetuosa pero enérgica a las instituciones a tomar medidas como el incremento de la producción nacional, el fortalecimiento de las políticas de atención al campo, el ataque a los monopolios de la distribución de este producto y a depender menos del mercado norteamericano; medidas necesarias para que este incremento no sea un fenómeno recurrente y sujeto también a factores externos.
En Nueva Alianza reconocemos la existencia de imperfecciones en los mercados, pero también exigimos que sean subsanadas con la ineludible e irrenunciable participación del Estado, con políticas que fortalezcan la cadena de producción y distribución del maíz.
Es urgente que el gobierno federal aplique a la brevedad posible un esquema de apoyo hacia los productores, para garantizar el abasto del maíz blanco que se utiliza para la producción de tortilla y garantizar este producto para todos los mexicanos a precios accesibles a sus limitados ingresos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Luna. Tiene la palabra el senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, para hablar sobre el mismo tema.
El senador Carlos Lozano de la Torre: Muchas gracias, señor Presidente. En el ánimo de encontrar un punto común para las diferentes bancadas he platicado con mi compañero senador, Ricardo Fidel Pacheco, con el propósito de que pudiéramos hacer una propuesta de punto de acuerdo que sumara a las diferentes posiciones que como grupos parlamentarios tenemos.
Nos parece que la posición que asumió la Secretaría de Economía el día de ayer, nos parece un tema muy simplista el decir que las reglas del mercado, oferta y demanda deberán resolver este problema.
Nos parece que estamos tocando un tema sumamente sensible, como es el tema de la alimentación de todos los mexicanos: el tema de la tortilla. Creo que las señales que vimos en el Senado de la República, al no haber aceptado la propuesta que se hacía precisamente del aumento al impuesto en los refrescos, tiene que ver con el tema que hoy estamos tratando, precisamente para la protección de las economías populares de nuestra gente.
Hemos integrado una propuesta entre tres bancadas y hemos invitado a otras a que se sumen en esta propuesta que hacemos, que consideramos nos ayudaría prácticamente a tener involucrados los diferentes criterios que cada una de las bancadas aquí ha expresado. Dice: Proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que instruya de manera urgente a los secretarios de Economía y de Agricultura, Ganadería y Pesca y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a establecer mecanismos que alcancen la estabilidad de los precios de los granos en nuestro país.
Segundo. En tanto se establezcan los precios de los granos, se implementen los mecanismos provisionales para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo, afecten la economía familiar de los más necesitados y, que las medidas que se tomen, de ninguna manera afecten a los productores nacionales de maíz.
Tercero. Que se establezcan mecanismos que impidan el acaparamiento y las prácticas monopólicas en la cadena de la producción, distribución y comercialización del maíz, la harina y la tortilla que lucren con el desabasto y con la gran demanda popular de estos productos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Lozano. Tiene la palabra el senador Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del PAN.
El senador José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, señor Presidente. El grupo parlamentario del PAN, conscientes de la grave problemática por la que atraviesan millones de mexicanos; conscientes también de la necesidad de coadyuvar para evitar que las clases más necesitadas de nuestro país sufran abusos; sensibles de la necesidad urgente de tomar medidas tendientes a evitar —como lo dice el punto de acuerdo— incrementos desmedidos en los consumos básicos y elementales en la mesa de los mexicanos como es la tortilla, el huevo, el pollo, la carne.
Por ello, estamos de acuerdo en suscribir el punto de acuerdo presentado hace un momento para que se tomen las medidas necesarias urgentes por parte del Poder Ejecutivo, para evitar el alza de estos precios y también coadyuvar, pues, a la solución de esta grave problemática. Por ello es que el grupo parlamentario del PAN está a favor de la suscripción de este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Anaya Llamas. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al mismo tema.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores. Este asunto que hoy nos tiene ocupados en esta deliberación, es un asunto de Estado; es un asunto de la mayor importancia para el país; es un asunto que tiene que ver con el principal alimento de la dieta de la mayoría de los mexicanos.
En los últimos cuatro días, hemos visto cómo en entidades federativas el precio de la tortilla se ha incrementado de manera desproporcionada, de manera injusta. Ha quedado anulado ya el raquítico aumento a los salarios mínimos y ha quedado rezagado el poder adquisitivo de los trabajadores.
No debe de quedar este asunto en meros exhortos al Ejecutivo federal, gobierno de facto al que no reconocemos. No debe de quedar esto en una mera actitud de pronunciamiento sobre buscar mecanismos que busquen compensar el desequilibrio por el aumento de la tortilla, porque no es un asunto aislado. No podemos caer en la ingenuidad de creer que se trata de una medida aislada. Es parte de un proyecto económico neoliberal que han decidido continuar a costa de la pobreza y el sufrimiento de millones y millones de mexicanas y mexicanos.
Inició con el aumento a la leche, continuó con el aumento a la gasolina, al diesel, al gas doméstico, a las tortillas y hoy mismo el pollo, el aceite, el huevo, las lentejas y muchos otros productos ya están reetiquetados con un 20 y hasta un 40 por ciento de aumento; es grave lo que está pasando.
Por eso me parece muy desafortunada la intervención de ayer del secretario de Economía, en donde prácticamente acude a la política pilatesca "yo me lavo las manos, no es un asunto mío, es un asunto del mercado, los tiempos de la regulación ya pasaron y no puedo hacer nada sino dice él, permitir mayor importación de maíz barato del extranjero".
¿Qué es lo que sucede en el fondo y no podemos separarnos de lo que está aconteciendo en el país? En este asunto hay un trasfondo. Recuerden ustedes que en el 2008, 13 años después de entrada en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se desgravarán los aranceles, es decir, que todos los aranceles a los productos agropecuarios serán eliminados.
Entrarán de manera libre, maíz, frijol y trigo. 13 años que se otorgaron en las cláusulas del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con un fin y un propósito, que pudieran emparejarse las asimetrías que se reconocían desequilibradas en el campo canadiense norteamericano y mexicano, que lograsen una competitividad y una transferencia de tecnología y una política de reconversión productiva aumentando la productividad, aumentando los subsidios y mejorando la tecnología y el apoyo al campo mexicano.
Nada de esto sucedió y hoy nos encontramos ante una triste situación. El próximo año pretenden que se aplique esta cláusula de dar desgravación arancelaria de estos productos básicos, lo que les dará el golpe de muerte definitivo a los campesinos de México; ése es el tema de fondo. Están anticipando la libertad de gravamen arancelaria, no aplicar ningún arancel al maíz en los próximos días y será negocio millonario de los intermediarios.
No es un problema de los productores ni siquiera de aquellos propietarios de molinos y de tortillerías…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila: … de la industria del —concluiré Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias.
El senador Ricardo Monreal Ávila: …de la industria d el nixtamal o la tortilla o la masa; es un problema más profundo y nosotros insistimos en que el 2008 no podemos admitir que esta cláusula del Tratado de Libre Comercio ingrese, será la quiebra definitiva del campo mexicano en este gobierno de derecha neoliberal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. Tiene la palabra el diputado Xavier López Adame del Partido Verde Ecologista.
El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venía, señor Presidente. En el Partido Verde de México alertamos sobre la tentación de grupos empresariales y sectores económicos para abrir las fronteras indiscriminadamente al maíz y con ello supuestamente abatir los costos de comercialización.
Debemos recordar, que al menos la tercera parte del maíz que se produce en Estados Unidos de América es genéticamente modificado, y México es el principal importador de maíz que produce la Unión Americana.
Ya se han detectado en México procesos de contaminación genética en estados como Oaxaca y Puebla principalmente, y esto nos obliga a tomar medidas de bioseguridad para evitar la pérdida de las validades de maíz nativo, pese a que nuestro país está considerado como centro de origen de esta planta, de la cual depende la alimentación y la cultura de muchos mexicanos.
A juicio del Partido Verde, el problema actual en los precios de maíz obedece más a intereses económicos de algunos grupos empresariales que controlan los mercados y a una mala política del gobierno federal en la comercialización del producto. Es importante por ello, que en esta coyuntura no se sacrifique el tema de salud pública y ambiental de los transgénicos en aras de buscar el abaratamiento en el precio de la tortilla.
Los mexicanos, sobre todo los de menores recursos, tienen derecho no sólo a una tortilla económicamente accesible, sino de calidad y alto valor nutricional. Nosotros proponemos fortalecer el sistema de comercialización del maíz a través de Diconsa, ya que el 92 por ciento de los productores son de pequeña escala al no superar las cinco hectáreas de propiedad; de esta forma se lograría canalizar adecuadamente la producción nacional y establecer un precio base, que no fijo, manteniendo la estabilidad en el mercado interno.
En el ámbito internacional es necesario que México diversifique sus fuentes de importación de maíz, ya que actualmente dependemos de las importaciones de Estados Unidos en un 99 por ciento. Esta situación bloquea una competencia internacional que podría ser más flexible en los precios internacionales de este producto. Asimismo, demandamos la certificación del maíz de importación para evitar la entrada en territorio nacional de maíz transgénico. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Adame. Pido a la Secretaría dé lectura al punto de acuerdo que ha sido consensuado para someterlo a votación.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya de manera urgente a los secretarios de Economía, de Agricultura, Ganadería y Pesca y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer mecanismos que alcancen la estabilidad de precios de los granos de nuestro país.
Segundo. En tanto se establezcan los precios de los granos, implemente los mecanismos provisionales para evitar incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo, siempre en apoyo a la economía familiar de los más necesitados y que las medidas que se tomen no afecten a los productores nacionales de maíz.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Consulte ahora la Secretaría si la propuesta es de aprobarse.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los que estén por la negativa… (votación). Los que se abstengan… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada, comuníquese. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo a fin de solicitar a la Secretaría de la Función Pública investigue el probable conflicto de intereses por el nuevo empleo del ex secretario de Hacienda.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano Presidente, en razón de que el tema fue tocado por el diputado González Garza, que considero amplio, declino mi participación y sólo le pediría que se mantenga el punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. Inscríbase en el Diario de los Debates la propuesta del senador Monreal. Tiene la palabra el senador Guillermo Anaya Llamas, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Federal Electoral garantice el cumplimiento de las metas del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral, suscrito por el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del grupo parlamentario del PAN.
El senador José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, señor Presidente. A nombre del senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán y del mío propio, integrantes de esta LX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo conforme a los siguientes
Considerandos
Primero. Que durante la revisión del proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, representantes del Instituto Federal Electoral, expusieron a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que entre los proyectos institucionales contemplados en su presupuesto se privilegiaba la actualización y depuración del padrón electoral que entre los objetivos de éste se encuentran los siguientes: contar con un padrón electoral actualizado y de mejor calidad que garantice y consolide la organización de las elecciones federales y la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos en los comicios de 2009 y 2012; revertir las tendencias negativas y los riesgos de la desactualización del padrón electoral mediante medidas adicionales y extraordinarias en los próximos tres años.
El padrón electoral tiene un 95.4 por ciento de cobertura, la más alta en su historia. La dinámica demográfica de los últimos años, así como el envejecimiento físico de una porción considerable de credenciales electorales que se registraron hace tres lustros, hace necesario afrontar el fenómeno de la desactualización del padrón.
En los últimos tres años el cambio de domicilio dentro del país, no reportado, creció del 14.7 al 16.7. El cambio de domicilio a otro país se ha incrementado de 3.0 por ciento a 4.5 y el número de fallecidos no reportados se ha mantenido en 2.6 por ciento. Esto representa una oportunidad histórica y un reto de superar mediante la construcción de compromisos conjuntos, el escenario a mediano plazo.
Segundo. Que se expuso que los recursos presupuestales requeridos para este proyecto en los próximos tres años ascienden a mil 926 millones de pesos, de los cuales para el ejercicio 2007 se requieren de 685 millones de pesos, recursos, con los cuales lograrían consolidar cualitativamente los datos del padrón electoral e incrementar su índice de actualización en 19.8 por ciento, puntos porcentuales, hacia 2009.
Tercero. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó recursos para el Instituto Federal Electoral para el ejercicio 2007 por un monto total de siete mil 434, 388 607 mil millones de pesos.
Cuarto. Que en el artículo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se establece que los entes autónomos deberán implantar medidas en lo conducente, equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades respecto a la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro. Asimismo reportarán las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos en los informes trimestrales.
Quinto. Que el Instituto Federal Electoral realiza ajustes a su presupuesto con base en las cantidades aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que a la brevedad presentará al Consejo General de dicho instituto para su aprobación, por lo que resulta urgente exhortar al mismo para que garantice los recursos señalados para la primera etapa del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral implementando economías en áreas y proyectos no prioritarios.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Para exhortar al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que en el ajuste de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2007, garantice el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de actualización y depuración del padrón electoral del Registro Federal de Electores de dicho instituto. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Guillermo Anaya.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sí dígame, senador.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Pido la palabra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No está a discusión, senador. No lo pidió de urgente resolución. Se turna a la Primera Comisión de trabajo. Discúlpeme, senador Godoy.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Bueno, señor Presidente, pregunte al senador si puedo suscribir esa solicitud, porque me parece oportuna.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con mucho gusto. Senador Anaya, el senador Leonel Godoy quiere suscribir el mismo punto de acuerdo. Aceptado. Entonces se suscribe también por el senador Leonel Godoy. El siguiente punto de acuerdo tiene que ver con otros dos similares presentados por otros dos legisladores, tiene la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas del grupo parlamentario del PRI para presentar punto de acuerdo para que comparezca el Procurador General de la República e informe sobre estrategia de seguridad pública que piensa implementar a partir de la explicación pormenorizada de las operaciones que actualmente realiza en Michoacán y Tijuana. Posteriormente le daré la palabra…
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Señor Presidente, hay un punto registrado previamente a este punto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Así es el orden que tengo.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Ahorita le verifico.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con mucho gusto. Adelante.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas: Gracias Presidente, con su permiso. Señoras legisladoras y legisladores. Con anterioridad en una intervención ante el Pleno del Senado de la República realizada el 19 de septiembre de 2006 expuse a mis compañeros, senadoras y senadores, la enorme preocupación personal y del grupo parlamentario del PRI por el clima de inseguridad pública que se vive prácticamente en todo el país, desde hace años no ha pasado un día con saldo blanco o que no se haya cometido algún delito de cualquier clase.
Encendemos la radio o la televisión y lo más relevante es el número de asesinatos y muertes en condiciones no claras que se viven cotidianamente, más aun el balance preliminar sobre muertes asociadas a la violencia contra el narcotráfico y del narcotráfico que ronda en las nueve mil ejecuciones en el sexenio que recién concluyó. Esto es, un promedio de más de cuatro muertes por cada uno de los días de ese sexenio.
Al respecto, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, Icesi. Sostiene que los delitos en general han aumentado en números absolutos desde el año 2000 a la fecha, en ese año dicha asociación señala que hubo mil 349 delitos por cada 100 mil habitantes, y esta cifra aumentó consistentemente hasta mil 491 delitos por cada 100 mil para el año 2004.
A la luz de los acontecimientos, la tendencia en aumento parece confirmar el 16 de noviembre pasado en el marco de la glosa del VI Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, quien —subrayo— es hoy el procurador general de la República, del Presidente Felipe Calderón, se reunió con miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia del Senado de la República, para exponer las actividades realizadas en la materia.
Cabe decir que días antes se había reunido con la Comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, entonces señaló que del año 2000 a la fecha el índice delictivo en el fuero común había disminuido en un 5.8 por ciento, por lo cual si bien podía considerarse como un avance en términos absolutos, tomando en cuenta el crecimiento poblacional, en realidad significa un estancamiento absoluto.
Peor aún respecto de los delitos del orden federal, en los que no se informó de algún avance, si se tuvo la tácita concesión en esos días del procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, considerando que el programa estelar de fin de sexenio denominado México Seguro, había sida rebasado por no decir derrotado por la delincuencia organizada.
Pero no sólo eso, compañeros legisladores, como justificación por todo lo que no se logró en materia de seguridad pública, se presentó un diagnóstico francamente desalentador. Primero, se señaló que existía un problema de mal diseño de debilidad institucional. Segundo, que la óptica conceptual del sistema de seguridad no había sido integral, es decir, desde la prevención hasta la rehabilitación de delincuentes. Tercero, que la coordinación está a punto menos que imposible, porque además de existir más de mil 650 cuerpos policíacos a coordinar, se tenía la percepción de que las policías municipales constituían el principal foco de corrupción, provocado este fenómeno principalmente por la falta de asignación de recursos al tercer nivel de gobierno.
Cuarto. Porque como siempre, el presupuesto no resulta suficiente.
Y quinto. Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública no había estado a la altura de las expectativas, ya que no se había cumplido el objetivo central de la administración, es decir, la unificación de la policía preventiva y de la de investigación, total, un desastre absoluto.
El caso a que hoy nos enfrentamos, al continuismo de políticas efectistas que parecen tener objetivos políticos y electorales, objetivos que no han dado resultados perceptibles en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, flagelo que creció desmesuradamente al amparo de la ineficacia de los gobiernos de Acción Nacional.
Seis años de palos de ciego, del presidente Fox y 18 años de la administración del panel en Baja California han sido el caldo cultivo propicio para el crecimiento de la delincuencia organizada en gran escala.
Resulta paradójico que ahora el responsable de procurar justicia en el nivel federal esté distribuyendo responsabilidades políticas, cuando la responsabilidad política del crecimiento del narcotráfico y la inseguridad pública está a la vista en el país y en Baja California, en donde el Partido Acción Nacional está al frente de los gobiernos federal y estatal.
Si hay responsabilidad política, es de quienes no cumplieron su deber, de las autoridades responsables, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio anterior. Y que ahora ocupan los puestos de asesor jurídico de la Presidencia, procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública, respectivamente, cuyos nombres de todos son conocidos y son quienes por la ineficacia y la ineficiencia propiciaron el flagelo que hoy tanto nos atañe.
Me pregunto, si como resultado observable se detiene a dos integrantes de la Policía Ministerial Estatal destacamentados en Mexicali y a un subcomandante de la Policía Municipal, también de Mexicali. Por qué se llama operativo-Tijuana y no operativo Baja California, como en realidad es. Presidenta, concluyo. Nada más me permito, el mismo respeto y el mismo trato que a mis compañeros legisladores.
Si se actúa en Guerrero, se debe llamar operativo-Acapulco, más grave aún, cuando la sociedad exige resultados, tenemos que estar trabajando para desempeñar y desarrollar las políticas estratégicas para darle seguridad a los ciudadanos. Será porque es más fácil gobernar con los medios y no con los hechos concretos.
Por eso, Presidenta, le pido, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates el texto de mi intervención. Y concluyo haciendo la propuesta del punto de acuerdo a esta honorable Comisión Política Permanente.
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, llame a comparecer a una reunión de trabajo al procurador General de la República, para que se informe sobre la estrategia de seguridad pública que piensa implementar a partir de la explicación pormenorizada de las operaciones que actualmente realiza en Michoacán y Tijuana.
Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al titular del Poder Ejecutivo federal, que a través de la Procuraduría General de la República envíe un informe detallado a esta soberanía sobre la violencia, la inseguridad y la delincuencia en este país.
Y tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extienda un exhorto al Ejecutivo federal parar que se abstenga de utilizar recursos del Estado y de la información privilegiada con que cuenta, con fines políticos electorales. Por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Alejandro Moreno Cárdenas. Esta Presidencia tendrá que ser justa con todos, respecto al tiempo como se reglamentó. Consulte la Secretaría si es de urge resolución el punto.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, señor senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Hace un rato convenimos con el Presidente en turno, el diputado Zermeño, de que se iba a agrupar el tema con dos puntos de acuerdo similares. Uno, presentado por el grupo parlamentario de Acción Nacional, que solita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, y el nuestro, en done se amplía la comparecencia al secretario de la Defensa Nacional y al secretario de Marina, ese fue el acuerdo que antes de que usted asumiera la presidencia que ahora ostenta, el Presidente Zermeño y yo habíamos convenido de común acuerdo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador, por esta aclaración; sin embargo, no podría yo tomar la decisión de que estos dos temas se fusionaran si no fuera consultado a la Asamblea. Si gusta podemos consultar a la Asamblea si están de acuerdo en que se presente el otro punto y se puedan fusionar los dos, con muchos gusto lo haríamos así.
No, serían dos puntos aunque hubiera más de tres participantes, porque hay más de tres participantes. Consulte por favor la Secretaría a la Asamblea, si están de acuerdo en que se pueda presentar el otro punto de acuerdo para poder fusionar los dos puntos al mismo tiempo de discusión. Sí, es el planteamiento que dio el senador, el senador plantea que hizo un acuerdo con el presidente para que se presentara otro punto de acuerdo diferente al del compañero senador que presentó en esta tribuna. Permítame por favor, sí, senador.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): El asunto, en mi opinión, es el siguiente, señora Presidenta. Hay tres proposiciones…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Cuatro.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Bueno, cuatro, con mayor razón, que tienen puntos de acuerdo, el tema es similar y los puntos de acuerdo son… en todo caso podrían ser complementarios, por eso en mi opinión, lo que debe de consultar a la Asamblea, aquí a la Comisión Permanente si se discuten los cuatro y se vota al final. Esa sería la… o con votaciones separadas pero discusión conjunta.
O sea que se tome una decisión al respecto, pero el acuerdo era discutir los temas de manera conjunta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Me permite, quizá lo que yo les proponga va a salvar esta situación. Yo les propongo que se voten cada uno de los puntos, puesto que los cuatro son diferentes e incluyen a diferentes administradores para su ponencia, o sea, no están iguales los puntos.
Si les parece sometemos a votación este primer punto que se ha presentado en la tribuna, si la Secretaría consulta si es de urgente resolución, si fuera de urgente resolución, daríamos la palabra a quienes quieran tomarla respecto a este punto que se ha presentado. Gracias.
El Secretario diputado José Guillermo Anaya Llamas: En votación, económica, por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, no hay dos terceras partes, no se considera de urgente u obvia resolución.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo. Consulto a la Asamblea lo siguiente. Existen otros tres puntos referentes al tema, que no quiere decir que sean lo mismo, como lo he expuesto anteriormente, vienen en turno normal, con un orden que se les presentó al inicio de la Asamblea y fue aprobado por esta Asamblea.
La pregunta es, ¿se sigue con el orden del día, como la teníamos, o se va a modificar para agrupar este tema y continuar con los oradores del mismo tema? Por favor consulte la Secretaría si modificamos el orden del día para agrupar este tema o si nos continuamos con el orden del día que habíamos aprobado.
El Secretario diputado José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidenta, consulto a la Asamblea si es de aprobarse…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame por favor, Secretario, dígame, señor senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Mire, Presidenta, por razones lógicas, antes de tomar la votación hago una reflexión, son cuatro puntos de acuerdo, que si bien es cierto, no son los mismos, es la misma naturaleza, es operativos y seguridad pública.
Lo lógico sería que los tratemos aunque se dé trámite de uno por uno, según esté planteado el punto de acuerdo, porque de lo contrario si no fuese así, dentro de tres turnos, cuando ya se tocaron otros temas de naturaleza totalmente distinta, regresaremos al tema de seguridad pública y después otros tres y cuatro temas de naturaleza distinta, regresaremos al mismo tema y así estaremos en una actitud —me parece— ilógica. Antes de que tome la votación, sólo quería hacerle esa reflexión para los legisladores.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco, señor senador, sin embargo, en mis atribuciones no son cambiar el orden del día, tengo que consultar a la Asamblea. Lo lamento. Quisiera consultarlo a la Asamblea y podernos ceñir en lo que la Asamblea decida. Entiendo que el Presidente sí está en esta lógica, sin embargo no queremos ningún reclamo de ningún senador, porque está reglamentada la forma en que estamos llevando a cabo esta Asamblea y fue votado el orden del día en principio. Consulte la Secretaría, por favor.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidenta, consulto a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para agrupar estos temas que se han hecho mención con anterioridad. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación). Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Se aprueba la modificación, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo para solicitar al secretario de Seguridad Pública federal comparezca ante esta soberanía para informar sobre los operativos en Michoacán y Tijuana.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Con el permiso de la Presidencia. Uno de los principales problemas sociales que aquejan a la sociedad mexicana es sin duda la inseguridad pública provocada ésta por el crimen organizado y el crecimiento del narcotráfico en todas sus modalidades. Prueba de ello son el aumento de las ejecuciones en varios estados de nuestra República como Michoacán, Baja California, Guerrero, Nuevo León, entre otras.
Si bien es cierto que estadísticamente el 95 por ciento de la comisión de delitos corresponden al fuero común, el incremento en la comisión de delitos del fuero federal se demuestra no sólo cuantitativamente sino cualitativamente, como son la decapitación de elementos de agentes policiacos y los homicidios con violencia, lo que demuestra un momento alarmante en los homicidios con violencia y el poder de los cárteles y células criminales que actúan de manera organizada en nuestro territorio.
Tercera consideración. Que el Ejecutivo federal desde el arranque de su sexenio advirtió el compromiso del Estado de combatir y enfrentar a la inseguridad pública como una de sus principales prioridades de gobierno, prueba de ello fueron las operaciones Michoacán, en el mes de diciembre y la operación Tijuana en el estado de Baja California, llevada a cabo en el mes de enero con elementos de la Armada, Marina, Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, lo que demostró contundencia en las acciones de este gobierno.
Cuarta. Que esta soberanía aprobó por mayoría el Presupuesto de Egresos de la Federación, atendiendo no sólo las prioridades del Ejecutivo, sino las inquietudes que las diferentes fracciones parlamentarias impulsaron en diversos sectores sociales, siendo una de las mismas la seguridad pública, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, lo que se reflejó en un incremento presupuestal sin precedentes en la historia legislativa de esta soberanía.
Quinta. Que no podemos omitir que las comparecencias de funcionarios federales de primer nivel ante el Poder Legislativo —por costumbre— son solicitadas por legisladores de un partido distinto al que pertenece el Presidente de la República y en muchos de los casos son empleadas como caja de resonancia a la crítica y en ocasiones, lamentablemente, al vituperio, no siendo éste el propósito auténtico de dichas asambleas.
Sexta. Que es de importancia para nosotros como legisladores y representantes populares conocer los alcances, procedimientos, recursos y resultados de la situación actual que guardan los estados de Baja California y Michoacán en cuanto a la seguridad pública, respecto de los operativos implementados por el gobierno federal a solicitud de los respectivos gobiernos estatales, así como conocer también el grado de colaboración de los mismos y el comportamiento de los índices delictivos durante dichos operativos.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales ya citadas, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente del primer período de la LX Legislatura la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para el miércoles 30 de enero del presente año, para que informe sobre los operativos Michoacán y Tijuana llevados a cabo en días pasados.
Este resolutivo, en comentario con las propuestas que vienen agendadas en el orden del día, puede tener una modificación con el alcance correspondiente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan José Castro Muñoz. Adelante, senador Godoy.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Presidente, quiero hacerle una pregunta al diputado.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Le permite una pregunta?
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Cómo no, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, senador Godoy.
El senador Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Señor diputado Juan de Dios Castro, tengo dos dudas de su intervención porque, evidentemente, su propuesta es absolutamente procedente, pero hay dos comentarios en su intervención que quisiera que nos aclarara.
En la primera usted menciona que el incremento en los delitos relacionados con el crimen organizado son de la naturaleza del fuero común. Ésa sería mi primera pregunta porque yo considero que son del orden federal, porque incluso para eso existe la facultad de concurrencia en materia penal.
La segunda tiene que ver con su afirmación de que los gobernadores son los que solicitaron estos operativos en los estados que se mencionan, independientemente de que dichos operativos eran necesarios; pero a mí me preocupa mucho su afirmación de que fue a petición de los gobernadores y que por eso se hizo.
Yo creo que era necesario y que su fundamento constitucional está en que son delitos federales, por eso mi pregunta sería: ¿en dónde está el fundamento constitucional para que los gobernadores soliciten esta intervención de las autoridades federales? Porque a mí me parece que lo correcto es que el gobierno federal asuma su obligación, lo haga como debe hacerlo y no se invoque —en mi opinión, por eso es la pregunta— una inexistente facultad constitucional de pedir esta intervención. Ésa sería la pregunta. Por su respuesta, gracias, diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Cómo no, senador. En relación con la primera pregunta que me hace, yo quisiera referirle en las consideraciones que en el tercer considerando señalé que el 95 por ciento —esto en base con las estadísticas que tenemos de Seguridad Pública— de la comisión de delitos son del fuero común. Fue una referencia nada más.
En relación con el incremento de la comisión de delitos de índole federal, estoy planteando la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, independientemente de que lo hayan o no —como fue el caso— solicitado los gobernadores.
Todos sabemos que la naturaleza del delito, como son el narcotráfico, el crimen organizado y otras, como es el lavado de dinero o como pueden ser otro tipo de delitos, son con concurrencia federal; pero eso no obsta a que los gobernadores pidan apoyo a las fuerzas federales sin que yo afirme que esto sea sustento jurídico. Espero que haya sido contestada su pregunta, senador. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan de Dios Castro. Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para citar a comparecer ante la Comisión Permanente al secretario de la Defensa Nacional, al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente. La situación de crisis y emergencia en materia de seguridad pública que padecen Michoacán y otras entidades del país como Baja California, como Sinaloa, como Guerrero, como Nuevo León, como Tamaulipas, como Quintana Roo, como Sonora y como Chihuahua hace inevitable la aplicación de medidas urgentes y perentorias para contener el avance de este cáncer que es el narcotráfico.
Un mal que amenaza por igual a la seguridad nacional, a la seguridad ciudadana, a la salud pública, a las finanzas nacionales, al desarrollo empresarial sano, a la vigencia del estado del derecho, a la convivencia del interior de las familias que, de manera directa o indirecta, sufren las consecuencias de estas actividades ilícitas.
El gobierno de facto decidió involucrar y movilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia, delincuencia organizada. Se confirma la gravedad y la urgencia del problema, así como sus consecuencias.
Gracias a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, podemos conocer la herencia del gobierno anterior: nueve mil ejecuciones en seis años; nueve mil ejecuciones en seis años. La mayoría vinculadas con el narcotráfico. Pocos gobiernos en el mundo pueden presumir este récord mortal.
Por ejemplo, la guerra en Irak ha costado entre tres mil 500 y cuatro mil norteamericanos muertos y ha costado un castigo electoral al partido en el gobierno que ofreció una intervención rápida, incruenta y eficaz y resultó lo contrario.
Colombia en los peores años de la lucha entre narcotraficantes, reportó dos mil muertos en 1997. Nosotros ya lo superamos. El año pasado sumamos dos mil 100 narco-ejecutados. Lo peor de todo es que no se trata de un problema cuantitativo que se mida en número de muertos, sino que impacta en aspectos cualitativos de nuestra vida pública como el incremento de la impunidad, la violencia criminal-sádica y las adicciones entre la población, especialmente los jóvenes.
A un mes del operativo en Michoacán, podemos hacer un balance de sus resultados, de acuerdo con el informe presentado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, el pasado 3 de enero en Apatzingán. Hoy se cumple exactamente un mes de ese operativo que, por cierto, la imagen más difundida fue del señor Calderón con una chamarra verde olivo desabotonada, grande y de una gorra bordada con cinco estrellas en fondo negro.
Veamos la evaluación de este operativo: siete mil efectivos de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública y de la PGR; policía ministerial de Michoacán y policías municipales. 80 personas detenidas: 35 narcotraficantes de nivel medio y bajo. 87.5 efectivos por persona detenida.
246 vehículos terrestres, 38 helicópteros, 19 aviones, tres patrullas de intercepción aérea, una patrulla oceánica, 29 unidades caninas. Vehículos, 35 vehículos incautados. 127 armas largas y cortas, 41 granadas y 32 mil 800 cartuchos. Siete vehículos terrestres por vehículo incautado.
Siete mil efectivos de los tres órdenes de gobierno. Marihuana: 540 hectáreas de plantíos destruidos. 6.2 toneladas aseguradas; 151 kilogramos de semilla asegurada y cuatro kilos de amapola. Es decir, mil 129 efectivos por tonelada y mil 750 efectivos por kilogramo.
Pero vean esto más grave: tres millones de pesos al día cuesta aproximadamente sostener el operativo. Sueldos, gasolinas, alimentación, hospedaje. En 30 días o en 25 días que duró el operativo 75 millones de pesos. ¿Sabe cuánto decomisaron? 19 mil 341 pesos y dos mil 321 dólares …
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pido que concluya senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Dos mil dólares. Sí señor Presidente. La relación costo-beneficio fue deficitaria y honerosa.
Por eso creo, señores senadores y diputados integrantes de la Permanente, que es urgente que comparezca el secretario de la Defensa Nacional, él de Seguridad Pública, el Procurador General de la República y él de Marina.
Sé que hay tabú porque venga el secretario de la Defensa Nacional en la Permanente. No debiera haberlo. En los regímenes democráticos también el secretario de la Defensa rinde cuentas. Todos tenemos la obligación de la rendición de cuentas. Nosotros respetamos al ejército, no vamos a vulnerar su integridad porque es de las instituciones más calificadas y mejor calificadas por la población; pero es urgente que comparezcan estos funcionarios. Y por tanto ciudadano Presidente, Asamblea; solicito, me permito proponer a ustedes el siguiente.
Punto de acuerdo
Solicitar la comparecencia ante esta representación de los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Procuraduría General de la República. Y le pediría ciudadano Presidente, en algunas anotaciones que hice a mano pudieran incorporarse al Diario de los Debates de manera íntegra para su turno a Comisión.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias senador Monreal. Insértese integro la propuesta del senador Monreal en el Diario de los Debates y túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra sobre el mismo tema, la senadora Claudia Corichi García, a nombre del senador Lázaro Mazón Alonso del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo y solicitar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de Marina, de la Defensa, de la Procuraduría General de la República, informe pormenorizado de los operativos en contra del crimen organizado.
La senadora Claudia Sofía Corichi García: Gracias señor Presidente. Nada más aclarando que quien suscribe soy solamente yo por parte del grupo parlamentario del PRD. Y le pediría una modificación para que fuera con fundamento en el artículo 58 también, para que simplemente sea turnado a comisiones porque se ve que no hay disposición de que vengan como en cualquier democracia a comparecer los secretarios.
Considerando que la realidad mexicana es desoladora como ya se ha comentado aquí, y que más allá de la creciente ola de violencia México vive un drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez más incontrolable, las múltiples secuestros perpetrados como violencia extrema, sangrientas guerras de los distintos carteles de la droga, grupos paramilitares, el encono político, la debilidad de las instituciones, el hartazgo de la sociedad y marginalidad que componen un rompecabezas complejo al que no se le ve salida.
El crecimiento de los índices delictivos, los ajustes de cuentas, así como las revelaciones de corrupción y complicidad de algunos funcionarios públicos con el crimen organizado, fueron algunas de las estelas que heredamos desde hace cerca de tres décadas; aunado a ello, resulta particularmente preocupante el desarrollo del narcotráfico, sus redes de protección, la corrupción interna que pone de manifiesto en los niveles de combate a dicho delito, el crecimiento de sus ganancias, su peso económico en las economías nacionales y locales, su penetración en las comunidades y en la vida económica y política.
Ahora sin duda, el rostro más visible del narcotráfico en México es la violencia. Lo cruento de sus operativos lo hace aparecer como el agente protagónico de todos los informativos; así en 40 minutos pueden batirse en batalla campal con armas de alto poder y granadas, en menos de 24 pueden lograr 10 ejecuciones en cuatro distintos estados y en un año como el 2006 atribuirse más de dos mil asesinatos.
Pero más allá de sus acciones violentas, es perceptible que el narco cuenta con una vasta y compleja estructura sostenida y auspiciada por las enormes ganancias que percibe. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto y cómo se distribuyen las riquezas que entran a sus arcas, pero nadie duda que son fortunas inimaginables.
El narco…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, permítame senadora. Les pido a los señores legisladores poner atención y guardar respeto a la oradora. Adelante, señora senadora.
La senadora diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, señor diputado, es que estoy acostumbrada a algunos de mis compañeros senadores.
El narco casi todo lo puede. En muchos casos corrompe a funcionarios mexicanos y estadounidenses; intimida y asesina a periodistas; soborna a policías municipales, estatales o federales; reclutas a sicarios; compra favores, adquiere armas y tecnología de punta y un sin fin de complicidades más.
El narco es poder puro y duro; poder que se ejerce y que se moviliza, poder concreto; el narco es una red de relaciones de económicas y humanas tan grande y extendida que se ignora a sí misma. Nadie conoce bien a bien todos los nudos que la conforman.
El narco se ha convertido en muchos casos en cultura e idiosincrasia, ha penetrado en la psique del mexicano hasta la costumbre; vivimos con él y sus íconos de sangre y opulencia grotesca con su jerga y todo a ritmo de corrido. El narcotráfico ha irrumpido en la vida nacional, en nuestras vidas, y hoy los ciudadanos y el estado mismo tenemos que lidiar con su nefasto poder para evitar ser devorados.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo —como lo dije ya— que no sea de obvia y urgente resolución porque en esta democracia mexicana se tiene miedo a las comparecencias.
Primero. La Comisión Permanente solicita a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, de Marina, de la Defensa, así como de la Procuraduría General de la República, un informe pormenorizado de los operativos y sus resultados, que con motivo de la lucha contra el crimen organizado se desarrollan en varios estados de la república.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que a la brevedad posible cite a comparecer al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, para que con base en el artículo 58 de la Ley de Seguridad Nacional, presente y explique el informe semestral sobre la materia.
Suscribe, Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del PRD.
Le pediría que se insertara íntegro en el Diario de los Debates, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias senadora Corichi. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
A esta Presidencia ha llegado un oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación que me voy a permitir dar lectura:
"C. Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Presentes:
"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha comunicado a esta dependencia, el interés de otorgar al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la "Medalla de la Unidad Latinoamericana Nicaragua Libre 2007", que será entregada esta tarde a los Jefes de Estado y de Gobierno, asistentes al acto de transmisión del mando presidencial de la República de Nicaragua.
"Acompaño al presente copia del decreto número 02-2007, por el que se crea la Medalla de Mérito, así como copia simple del escrito al Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Ministro de Relaciones Exteriores, designado de este país, Samuel Santos, por el que comunica la intención de otorgar la Medalla de referencia y en la que cita que la misma es una Medalla exclusivamente conmemorativa y de ninguna manera se trata de una condecoración.
"Hago de su conocimiento lo anterior para que en el caso de que esta Honorable Comisión Permanente lo estime procedente, se otorgue el permiso al que se refiere el inciso c), fracción III del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Firma, el licenciado Armando Salinas Torre, Subsecretario".
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensan los trámites y se pone a votación esta solicitud.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Abstenciones… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensan. Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la entrega de esta medalla "conmemorativa" al Presidente Felipe Calderón.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de la Asamblea si se concede permiso al Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para aceptar y usar esta medalla "conmemorativa" de la Unidad Latinoamericana Nicaragua Libre 2007. Los…
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, dígame, diputado González Garza.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): La única duda es que si es una medalla "conmemorativa", no tiene que votarse nada. Si es una condecoración es otro asunto; pero dentro, como usted lo dijo, si es una medalla conmemorativa, no tendríamos por qué votarla.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado, pero para evitar cualquier mala interpretación, y tratándose de la entrega de una medalla y para aceptarla y usarla, se somete respetuosamente a consideración de todos el que el Presidente de la República pueda aceptar y usar esta medalla "conmemorativa".
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación nominal)
(Durante la votación nominal el senador Leonel Godoy Rangel, dice: Señor Presidente, en nuestro grupo parlamentario íbamos a abstenernos, pero nos parece que es una violación flagrante a las facultades de la Comisión Permanente, porque se está votando, en virtud de que siempre que va un dignatario a otro país, recibe distintos obsequios. Ahora resulta que la Comisión Permanente va a votar cuando le entreguen un calendario o algo así. Por lo tanto nosotros hemos decidido votar en contra. Leonel Godoy, en contra)
(Continúa la votación nominal)
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Señor Presidente, se emitieron 25 votos a favor y ocho votos en contra. Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado este decreto que autoriza a utilizar la medalla de la Unidad Latinoamérica Nicaragua Libre 2007 al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Y para que quede constancia en el Diario de los Debates de la calidad de esta medalla, pido al Secretario dé lectura al decreto 02-2007 del Presidente de la República de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, por el que crea esta medalla.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Presidencia de la República. Decreto número 02-2007 el Presidente de la República de Nicaragua en uso de sus facultades que le confiere la Constitución Política ha dictado el siguiente decreto.
Artículo 1o. Por el presente decreto se crea la medalla de la Unidad Latinoamericana Nicaragua Libre 2007, símbolo de honor y reconocimiento otorgado por el Estado de Nicaragua a personalidades nacionales e internacionales por su compromiso por la unidad y el fortalecimiento de la solidaridad entre los pueblos y particularmente de los países de América Latina.
Artículo 2o. Otórguese la medalla de la Unidad Latinoamericana Nicaragua Libre 2007 a los jefes de Estado y de gobierno asistentes al acto de mi transmisión del mandato presidencial realizado el día 10 de enero del año 2007.
Artículo 3o. La medalla de la Unidad Latinoamericana Nicaragua Libre 2007 se impondrá por primera vez a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde del día 10 del enero del año de 2007.
Artículo 4o. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta del Diario Oficial en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, a los 10 días del mes de enero de 2007. Daniel Ortega Saavedra, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Secretario. Pido a la Secretaría también dé lectura a un punto de acuerdo relativo al tema del incremento a la tortilla, que no se leyó en tribuna, para que quede constancia también en el Diario de los Debates, y se pide la votación de este punto que no fue leído.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Si, señor Presidente. La proposición con punto de acuerdo…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Perdón, Secretario… Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
El Secretario senador José Guyillermo Anaya Llamas: Proposición con
Punto de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya de manera urgente a los Secretarios de Economía, de Agricultura, Ganadería y Pesca y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer mecanismos de alcancen la estabilidad de precios de los granos en nuestro país.
Segundo. En tanto se establezcan los precios de los granos, se implementen los mecanismos provisionales, para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo, afecten la economía de los más necesitados y que las medidas que se tomen, no afecten a los productores nacionales de maíz.
Tercero. Que se establezcan mecanismos que impidan el acaparamiento y las prácticas monopólicas en la cadena de producción, distribución y comercialización del maíz, la harina y la tortilla que lucran con el desabasto y la gran demanda popular de estos productos. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Someta a consideración, y en votación económica, si se aprueba en estos términos ese punto de acuerdo.
El Secretario senador José Guillermo Anaya Llamas: Por instrucciones del Presidente, se somete a consideración el punto de acuerdo que se ha leído con anterioridad, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Se aprueba por unanimidad, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretario. Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas del grupo parlamentario del PRD para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno y al Congreso del Estado de México, den solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecamac- Ecatepec y Acolman-Ecatepec.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Quiero comenzar reconociendo la labor que han venido desarrollando las autoridades de las comunidades en conflicto que se encuentran aquí presentes, José Ramírez Bautista, Hermilo Sandoval López, Aristeo Duarte Romero, Blanca Patricia Oropeza y Esteban Sánchez, director de Tenencia de la Tierra del municipio de Ecatepec.
Proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Estado de México y al Congreso del Estado de México, para que den solución al problema de límites territoriales entre los municipios de Tecamac, Ecatepec, Acolman Ecatepec, a cargo de su servidor Octavio Martínez, integrante del grupo parlamentario del PRD de la Legislatura vigente.
Quiero solicitar a la Mesa que este documento sea incorporado al Diario de los Debates de manera íntegra, como fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, y se me permita hacer una exposición de este documento.
En Ecatepec se está viviendo un grave problema. Se nos pretende despojar de más de dos mil hectáreas al municipio de Ecatepec. Más de 100 mil familias que viven en este municipio tienen un grave problema porque no se les puede dotar de servicios públicos. No cuentan con abasto de agua, con energía eléctrica. No tienen los elementos más necesarios de seguridad pública.
No existen actos de autoridad en estas comunidades, porque el gobierno del Estado de México determinó, en años pasados, generar un conflicto de límites territoriales. Y esto, por cierto, tiene que ver con un complejo habitacional que se empezó a desarrollar en el Estado de México, que se denomina Las Américas, Los Héroes. Complejos, por cierto, con altos grados de muchas dudas y grados de corrupción, cómo se otorgaron las licencias de construcción.
Uno de los pueblos originarios de este municipio, el pueblo de Santo Tomás Chiconautla, hoy se determina que pertenece a otro municipio, al municipio vecino de Tecamac. Un conjunto de comunidades del municipio de Ecatepec, pertenecientes a otro pueblo originario de este municipio, al pueblo de Santa María Chiconautla, determina o pretende —más bien— determinar que pertenece al municipio de Acolman.
Qué culpa tienen todas las familias que viven en esas comunidades, qué culpa tienen los que están llegando a vivir de manera periódica a estas unidades habitacionales nuevas, porque existe un conflicto de intereses y un problema de límites territoriales.
Y luego, entonces, los gobiernos municipales no pueden ejercer actos de autoridad, hay un alto grado de inseguridad en éstas mismas. No existe dentro de los planes de gobierno, acciones encaminadas o actos de servicios públicos encaminados para mejorar la condición de vida de muchas de estas comunidades.
Por eso creo que este punto de acuerdo es necesario que se exponga aquí en la tribuna más alta de la nación. Para exhortar al gobierno del Estado de México y al Congreso del Estado de México, a que resuelvan este conflicto de límites territoriales lo antes posible.
De tal suerte que sometemos, el grupo parlamentario del PRD, en esta Comisión Permanente, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del Estado de México y al Congreso del Estado de México para que se dé pronta y justa solución al conflicto de límites que existe entre los municipios de Ecatepec, Tecamac y Ecatepec Acolman. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Octavio Martínez Vargas. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo. Tiene la palabra la diputada Violeta del Pilar Lagunas Víveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Puebla y al procurador general de la República, pongan en funcionamiento las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a través de la suscrita diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por lo que me permito dar lectura a su parte considerativa, que en lo conducente señala.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público. Labor que tiene como propósito primordial, el mantener el estado de derecho garantizando así el respeto de las garantías individuales de los gobernados.
La Ley General que establece las bases de coordinación, del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa en sus artículos 3o, 4o, 10, 11 y 13 que las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstas en la citada ley, tienden al cumplimiento de objetivos tales como los de una adecuada administración y procuración de justicia, y que las políticas, lineamientos y acciones de coordinación, se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios con base en los acuerdos y resoluciones que se asuman en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Debido a que la delincuencia en sus diversas manifestaciones destacadamente la organizada, opere en los ámbitos estatal, nacional e internacional, es imprescindible generar acciones de coordinación y colaboración interinstitucional para el combate eficiente y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas, especialmente el narcomenudeo, fenómeno que en los últimos años se ha incrementado y que afecta a todos los grupos de la población, particularmente a la niñez y juventud.
En la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se desarrollan acciones conjuntas en la materia con apego a los acuerdos asumidos en las sesiones que periódicamente celebra, y en la reunión del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se tomó el acuerdo CNPJ/XIV/01/2003, mediante el cual sus integrantes convinieron en la creación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo llamadas "UMAN".
Por esta razón, el 23 de septiembre de 2004, la Procuraduría General de la República y el gobernador constitucional del estado de Puebla, celebraron un convenio que tiene por objeto establecer las bases y lineamientos de coordinación para la colaboración técnica y operativa que deberán brindarse en el ámbito de sus respectivas competencias. Con la finalidad de coordinar la realización de acciones conjuntas e integrales tendientes a combatir el narcomenudeo en el estado de Puebla; así como para fortalecer la cultura de legalidad, dignidad y salud de las personas, y de respeto a sus derechos humanos.
Estableciendo el gobierno al estado de Puebla como enlace para la realización de los compromisos adquiridos, al entonces procurador General de Justicia del estado, para que fuera el encargado de llevar a cabo las acciones tendientes a la materialización e íntegro cumplimiento del mencionado acuerdo de voluntades, quien podía delegar la citada responsabilidad en el servidor público que designara.
Asimismo, el Procurador General de la República designó para los efectos referidos, al delegado estatal de la propia institución o al servidor público que señalara, y para el caso de sustitución o suplencia de los enlaces establecidos, se acordó que la formalización correspondiente se haría mediante la adenda respectiva.
Ambos niveles de gobierno se comprometieron a proveer lo necesario para instalar en los locales o edificios que determinaran conjuntamente a propuesta del gobierno del estado de Puebla, las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, UMAN, conforme a los lineamientos aprobados en la decimocuarta reunión del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
En la ciudad de Puebla y poblaciones, en la que resultaba pertinente hacerlo, conforme a la valoración de la problemática existente de narcomenudeo y la capacidad institucional de atención y respuesta.
Se estableció un plazo de 90 días para la entrada en funcionamiento de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y dicho convenio entraría a surtir efecto un día después de su suscripción, es decir, dichas unidades debieron iniciar operaciones a más tardar el 24 de diciembre del propio año de 2004, lo que no ocurrió en la especie.
Amigos legisladores, me queda claro que la instalación de las citadas unidades UMAN, va a implicar un costo grande para la Federación y para los estados, pero aunque respeto la consideración de uno de los compañeros que me antecedió a la palabra respecto al análisis costo-beneficio en materia de combate al narcotráfico, considero que no es en forma económica como debe hacerse este análisis, sino tomando en cuenta la protección a los bienes jurídicos tutelados por nuestro Estado mexicano.
En este caso se está protegiendo, entre otros, la vida, la salud, la seguridad y la integridad de nuestra población. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada, permítame. Sí senador Leonel Godoy.
El senador Leonel Godoy Rancel (desde la curul): Si me permite la oradora una pregunta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Violeta, si le permite al senador Leonel Godoy hacerle una pregunta.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con todo gusto, senador.
El senador Leonel Godoy Rancel (desde la curul): Diputada, evidentemente el tema es muy importante, yo diría que en este momento en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, el tema de narcomenudeo es la columna vertebral para poderlo resolver, atacarlo debidamente.
Estaba consultando con algunos compañeros que ahora son senadores, que hay una ley al respecto que fue observada por el Ejecutivo anterior. Yo, la consulta que le haría es que aparte de los operativos —y si usted estuviera de acuerdo y yo suscribiría el documento con usted— que exhortáramos a la Cámara de Diputados a que ya le diera facultades a los estados de la Federación en esta materia, para que no sean sólo operativos policíacos, sino como usted muy bien lo dice, pueda actuarse sustantivamente con facultades legales y no sólo de operación policíaca.
Ésa sería la pregunta para —si a usted le pareciera— que elaboráramos un segundo punto de su exhorto y poderlo suscribir con usted.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Sí, estoy de acuerdo, señor senador. De hecho considero que se debe de establecer una reforma en materia de seguridad pública para que más que facultades de colaboración y coordinación, debieran de existir facultades concurrentes en la materia. Probablemente a nivel municipal no porque existen muchos municipios que no contarían con los recursos humanos, técnicos y materiales, pero sí a nivel de gobiernos de los estados y Federación que se establecieran actividades concurrentes en la materia. Gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo. Tiene la palabra la senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia por una reunión interparlamentaria entre el Congreso mexicano y el Congreso de la República de Guatemala.
La senadora Adriana González Carrillo: Muchas gracias, Presidenta. Quienes suscribimos, Adriana González Carrillo, senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, también del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por la pronta realización de una reunión interparlamentaria entre el Congreso mexicano y el Congreso de la República de Guatemala, bajo las siguientes
Consideraciones
El contacto cultural y social de México con Guatemala se remonta a la historia antigua de nuestras sociedades mesoamericanas, empero las relaciones entre México y Guatemala datan de hace aproximadamente 182 años. Fueron establecidas las relaciones diplomáticas el primero de septiembre de 1824. Las relaciones entre mexicanos y guatemaltecos entraña una importante historia de vecindad y cooperación de la mayor importancia para nuestro país.
México y Guatemala compartimos una frontera de 967 kilómetros a lo largo y ancho de la cual conviven más de un millón de mexicanos y medio millón de guatemaltecos que ahí habitan. Compartimos las oportunidades y los desafíos de nuestra vecindad y compartimos, sin duda, intereses comunes de relevancia para el futuro de la región centroamericana.
Guatemala es la economía más grande de Centroamérica y, al mismo tiempo, nuestra puerta natural de entrada a diversos mecanismos de cooperación con esa región. Gracias a distintas iniciativas puestas en marcha en la administración anterior, México y Guatemala estamos cada vez más cerca. Es el caso de nuestra participación en el Plan Puebla-Panamá, Mecanismo de Tuxtla, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y del establecimiento de diversos mecanismos de cooperación y diálogo, tales como la Comisión Binacional México-Guatemala, el Grupo Binacional de Puertos y Servicios Fronterizos, el Grupo Binacional sobre Asuntos Migratorios, el Grupo ad hoc México-Guatemala de Trabajadores Agrícolas Temporales Guatemaltecos, mediante el cual cada año 250 mil migrantes temporales guatemaltecos cruzan la frontera mexicana para trabajar en la cosecha del café, del cacao y del azúcar.
También está el Comité Mexicano México-Guatemala de Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Guatemala, la Comisión de Salud Fronteriza México-Guatemala y la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica.
Con estas acciones México busca avanzar en el diálogo político y cultural, el desarrollo de la infraestructura física de integración, el seguimiento de los acuerdos comerciales suscritos con dicho país, el fortalecimiento, consolidación e integración de los sistemas financieros y de comunicaciones y, en general, en aportar a la definición de una estrategia común para el desarrollo económico e institucional de la región.
Ésta es la intención fundamental del Poder Ejecutivo, quien junto con el Legislativo hemos venido identificando en la región centroamericana un espacio importante de cooperación para nuestra política exterior y en Guatemala un país prioritario para México.
Al igual que en materia comercial, Guatemala es un importante destino de la inversión mexicana. Lo anterior, toda vez que importantes empresas se han establecido en Guatemala con recursos por un monto alrededor de mil 800 millones de dólares.
Ahora bien, una prioridad de la política exterior de México es el fortalecimiento del mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, cuyos objetivos se dirigen a consolidar una asociación privilegiada entre los ocho países del área.
Guatemala desempeña un papel fundamental en este proceso y es necesario multiplicar nuestros encuentros con esta nación. Desde luego la frontera sur de México es un espacio de vecindad económica, cultural, física y comercial entre los pueblos, comunidades y regiones, que tiene una enorme importancia para la seguridad y el bien común de la región mesoamericana.
Desde el río Suchiate, que separa a Guatemala y a Chiapas, hasta el río Bravo, que separa a México de Estados Unidos, se ha vuelto más frecuente el paso de migrantes documentados e indocumentados provenientes de otras naciones que intentan llegar a territorio estadounidense. Se calcula que cada día un promedio de 200 guatemaltecos cruzan la frontera sur de México buscando mejores oportunidades en aquel país.
En este contexto, el tema de la seguridad es también primordial. Las maras, la trata de personas, el tráfico de drogas, de armas y de automóviles robados, así como el lavado de dinero son desafortunadamente fenómenos constantes en nuestra región fronteriza.
Por ello, hoy más que nunca se requiere de una agenda de seguridad regional específica y de una estrategia de cooperación transfronteriza que reconozca la responsabilidad compartida entre México y Guatemala. Necesitamos una frontera sur segura, humana y próspera.
Es preciso garantizar un trato digno a quienes transitan por nuestro país, puesto que la migración en sí misma es una oportunidad para el desarrollo nacional. No obstante, requerimos de una estrategia integral de cooperación bilateral en materia migratoria que garantice la seguridad humana y el bienestar de las personas.
Para discutir todos los temas antes mencionados y aportar al diseño de un esquema de cooperación parlamentaria en estas materias con nuestros vecinos de la frontera sur, es que resulta indispensable recuperar las reuniones interparlamentarias periódicas con Guatemala, que hace varios años no se celebran.
Lo anterior, y concluyo, toda vez que existen comisiones en ambas Cámaras del Congreso mexicano que abordan este tema, una reunión interparlamentaria con sus pares del Congreso guatemalteco podría significar un importante cúmulo de información e intercambio de experiencias para las labores legislativas.
Por ello, se presenta el punto de acuerdo con un resolutivo primero que dice así: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por una pronta realización de una reunión interparlamentaria entre el Congreso mexicano y el Congreso de la República de Guatemala.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe del Senado de la República, para que emprenda los contactos necesarios con el Congreso guatemalteco, para acordar a la brevedad posible el relanzamiento de la reunión interparlamentaria México-Guatemala.
Señora Presidenta, le pido este asunto sea turnado a comisión, dado que está solicitado de obvia o urgente resolución.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, señora senadora Adriana González Carrillo. Túrnese a la Segunda Comisión de trabajo.
Tiene la palabra el senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de Hacienda, de la Función Pública y al Procurador General de la República, investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México.
El senador Carlos Lozano de la Torre: Con su permiso, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.
El senador Carlos Lozano de la Torre: Hace casi 14 años fue creada la empresa ISOSA, con el objeto de prestar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el servicio de procesamiento electrónico de datos.
Como es del conocimiento público, la operación de esta empresa ha sido abiertamente impugnada con motivo de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los años 2001, 02 y 03 efectuada por la Auditoría Superior de la Federación, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación muchos de los ingresos generados por derechos de trámites aduaneros. Estos recursos presumiblemente habrían sido destinados de manera irregular a la mencionada empresa.
Como consecuencia de las irregularidades detectadas, el gobierno federal procedió a la liquidación de la controvertida empresa privada, más como medio de obstruir cualquier investigación sobre la ilicitud de sus actividades, como remedio para sancionar una serie de latrocinios cometidos en contra del erario de la nación. Sin embargo, a las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador, debemos de sumar otras derivadas de la operación de esta empresa en las aduanas de nuestro país.
Entre los múltiples contratos obtenidos por la empresa Hildebrando, S.A. de C.V., cuyo socio principal es el señor Diego Hildebrando Zavala, relacionados con estas áreas estratégicas del gobierno federal, sobresalen tres de software y servicios informativos para el Servicio de Administración Tributaria al amparo del Fideicomiso Aduanas 1 y de ISOSA. En conjunto, el importe de los contratos obtenidos es de casi 13 millones de pesos, pero uno, el SL171, tuvo como objeto la prestación de servicios de mantenimiento y desarrollo del sistema denominado Júpiter.
Según versiones periodísticas que citan documentos oficiales del SAT, el sistema Júpiter integra desde 1998 todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica de un sistema de información que apoya la toma de decisiones y a la operación diaria. A través de este sistema, las administraciones locales y centrales jurídicas realizan el inventario, control y seguimiento de los juicios de nulidad, consultas, autorizaciones, recursos administrativos, asuntos penales, amparos contra actos y asistencias legales, entre otros.
De acuerdo con el contrato referido, entre los trabajos encomendados a la empresa figuran algunos que muestran la capacidad de Hildebrando para introducir datos claves para eliminar secciones de aplicación o agregar viables en los sistemas de captura de software.
De resultar cierta la información publicada en los medios de comunicación, el sistema instaurado por Hildebrando tendrá acceso abierto a la información relacionada con los amparos contra actos, asuntos penales, asistencia legal, mesa de trámites, agenda de abogado, catálogo de contribuyentes, donativos deducibles, reportes de requerimientos generales y reportes de servicios al contribuyente, así como de juicios de nulidad, situación que resulta a todas luces contraria al interés general, toda vez que la información que obra en el Registro de Autoridades Federales debe de quedar a resguardo de éstas y no de particulares.
Sin embargo, éste no es el único caso reciente en el que la información pública se encuentra de manera ilícita en manos privadas. Cabe recordar que un tribunal federal resolvió que el Instituto Federal Electoral sufrió un daño superior a los mil 600 millones de pesos ante la venta ilegal del padrón electoral mexicano a la empresa estadounidense "Choice Point" en 2003, por lo que sentenció a una mujer a pagar esta cantidad al organismo por concepto de reparación del daño ante la comisión del delito de revelación del secreto.
En las pesquisas realizadas se determinó que empleados de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos que prestan su servicio al Instituto Federal Electoral, sustrajeron la información del padrón electoral que contiene los datos de 60 millones de mexicanos que cuentan con credencial de elector.
También es importante recordar que con fecha 14 de septiembre de 2004, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en que le fue solicitado al SAT se abstuviera de proporcionar información de los contribuyentes morosos al buró de crédito, así como para que se retire la información que había proporcionado a esta institución de información crediticia. Esto, en virtud de que el SAT anunció que los adeudos fiscales exigibles formarían parte del historial crediticio de las personas, por lo que se hace énfasis en la impartición de cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.
Aunado a lo anterior, es válido traer a la memoria la experiencia del Registro Nacional de Vehículos, cuya operación era un servicio a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el cual tenía como fin la identificación de los vehículos que se fabricaban, ensamblaban, importaban o circulaban en el territorio nacional, así como de brindar el servicio de información al público.
Si bien es cierto que la Ley del Registro Nacional de Vehículos buscaba llenar el hueco que dejó la derogación de la antigua ley que regulaba el llamado Registro Federal de Automóviles, ayudando a combatir el robo y tráfico de vehículos de manera más eficaz, ya que permitiría establecer un control nacional por parte de la autoridad, no lo es menos que tal situación devino en fracaso cuando fue licitado a favor de la empresa propiedad de Ricardo Miguel Cavallo, oscuro personaje probablemente ligado con la comisión de delitos de lesa humanidad de su natal de Argentina y lo que es peor, con el robo de automóviles en El Salvador.
En tal virtud, expresamos nuestra inconformidad con tales formas de operación, pues en el fondo lo que subyace es la pretensión de seguir privatizando irresponsablemente los servicios relacionados con el despacho aduanero, dejando de lado que las aduanas no son un punto sensible de nuestra seguridad nacional.
De seguir adelante esta clase de prácticas voraces, no sería de extrañar que en un futuro cercano los servicios del Registro Civil, las licencias de manejo o el Registro Federal de Electores cayeran en manos de gente presuntamente ligada al tráfico de influencias como Diego Hildebrando.
Por lo anterior expresado es necesario que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública dediquen sus esfuerzos a investigar la posible fuga de información cometida por la empresa Isosa, durante su larga operación en las aduanas mexicanas y al mismo tiempo, que la Procuraduría General de la República asigne a personal especializado en delitos cometidos por servidores públicos, a fin de que se investigue la posible comisión de ilícitos derivados de los desfalcos cometidos por esta empresa en contra del fisco federal y de aquellos particulares que tienen en su poder datos derivados de los despachos aduaneros.
Por las razones y fundamentos antes planteados solicito a esta soberanía sea aprobado con el carácter de punto de acuerdo único; se insta al secretario de Hacienda y Crédito Publico, secretario de la Función Pública y procurador General de la República, a efecto que se investiguen en el flujo de información generado por las operaciones de la empresa Isosa en las aduanas mexicanas. Atentamente, senador Carlos Lozano De la Torre.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Carlos Lozano De la Torre. Túrnese a la Tercera Comisión de trabajo. Se recibió del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo para solicitar una auditoría especial en los recursos federales destinados a la educación en el estado de Puebla. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI para presentar punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal presente a la Cámara de Diputados previo a la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo décimo transitorio del Presupuesto de Egresos de 2007, la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritarias a que aluden los artículos 29, 30, 31, 32 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras, compañeros senadores y diputados: La materia de esta propuesta de punto de acuerdo ha sido ya referida en una iniciativa de modificaciones a la Ley de Desarrollo Social.
Una Ley que fue producto del consenso, con la participación activa de la entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, de la hoy secretaria de Desarrollo Social, entonces diputada, Beatriz Zavala; del hoy diputado y entonces senador, Carlos Rojas Gutiérrez; de la entonces senadora, Leticia Burgos. Y bueno, es una ley que fue ejemplo de cómo si ponemos por encima el interés de la nación y la visión de Estado, es posible construir instrumentos jurídicos para el beneficio generalizado.
Esta Ley, sin embargo, no ha sido cumplida a cabalidad, ha sido motivo de controversias constitucionales, del Legislativo con el Poder Ejecutivo en materia de la difusión de los programas sociales y puede ser motivo de otra controversia si el Ejecutivo federal no cumple lo establecido en los artículos 29, 30, 31, 32 y 43 de la citada ley.
El tema pudiera parecer intrascendente, pero quiero decirles que es —compañeras, compañeros diputados— de la mayor importancia. Estos artículos establecen que a iniciativa del gobierno federal deberá —la Cámara de Diputados— declarar cuáles son las zonas de atención prioritaria para la superación de la pobreza, con el objeto de asignar recursos para elevar los índices de bienestar, establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo, generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas, desarrollar obras de infraestructura social, etcétera.
¿Por qué se estableció esta disposición en la Ley de Desarrollo Social? Bueno, entre otras razones porque la política social requiere una estrategia territorial; hay varias formas de atacar territorialmente el problema de la pobreza, ha sido una discusión, ya por lo menos de tres décadas en México, una discusión que pensábamos había acabado, había terminado al establecerse en ley el criterio de zonas de atención prioritaria.
El día de ayer el señor Presidente de la República, justamente en Puebla, mi estado, ratificó el programa iniciado en Guerrero hace unas semanas, de combate territorial a la pobreza con el nombre de 100 acciones en 100 municipios.
Es decir, no se ha considerado esta visión de zona de atención prioritaria, tampoco el Ejecutivo federal presentó en la iniciativa de proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritaria.
¿Cuál es la diferencia entre una estrategia a microrregiones o de municipios prioritarios con el concepto de zonas de atención prioritaria? Justamente la visión de la naturaleza estructural de los problemas.
Ayer mismo en la reunión del ciudadano Presidente, el presidente municipal de Hueytlalpan, hizo notar al Ejecutivo federal que estaban bien las acciones, eran bien recibidas y así lo reconocemos todo lo que se ha canalizado a los municipios marginados es bien recibido, así los reconocemos lo poblanos, así lo reconoció el gobernador del estado de Puebla y los presidentes municipales de los 10 municipios involucrados, pero se tocó el tema del café, se tocó el tema de las zonas erosionadas, se tocó el tema de los bosques y estos problemas tienen que ser justamente abordados en un contexto regional, en una estrategia regional y con instrumentos de carácter productivo.
Por eso es que la Ley de Desarrollo Social establece el concepto de "zonas de atención prioritaria", de modo que nos parece que hay tiempo de hacer compatible la estrategia de microrregiones o de municipios de atención prioritaria, con lo que dicta la Ley de Desarrollo Social o en su caso, modificar la Ley de Desarrollo Social, para efectos de cumplir en términos de ley y cumplir los propósitos legítimos que tenga el titular del Poder Ejecutivo para desplegar su estrategia de gobierno en condiciones difíciles a nivel nacional.
Por esa razón he pedido que este punto paradójicamente sea de urgente u obvia resolución; no habría necesidad de dictaminarlo, de estudiarlo, en tanto que se trata de exhortar a que el Ejecutivo federal cumpla lo que establecen los artículos mencionados de la Ley de Desarrollo Social.
Por tanto, compañeras, compañeros senadores y diputados, pido a ustedes que hagamos esta respetuosa petición: exhorto al Ejecutivo federal para que se dé cumplimiento a los artículos mencionados de la Ley de Desarrollo Social, en su caso, siguiendo la práctica parlamentaria, de urgente y obvia resolución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Presidente, hago uso de la palabra porque en la Gaceta Parlamentaria, el turno asistía a su servidor, es decir, mi compañero legislador que acaba de exponer su punto de acuerdo, estaba después del mío, que tiene que ver con el asunto de un punto de acuerdo con la presión de Guantánamo en Cuba. Todavía no son las tres de la tarde y le solicito que no vaya usted a levantar la sesión y que me permita exponer este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene usted la palabra, diputado Martínez, a nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se une a la petición mundial respecto al cierre de Guantánamo.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Con el permiso de la Mesa. Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Guantánamo se ha convertido en un símbolo de ausencia de la ley. El día de mañana se conmemora el "día internacional para cerrar Guantánamo", con lo cual se enmarca el quinto aniversario de la detención del primer prisionero acusado de terrorismo, por Estados Unidos.
Centenares de personas de 30 nacionalidades permanecen recluidas en este arbitrario lugar. Muchas sin acceso a tribunal de ningún tipo o asistencia jurídica. Muchos de los detenidos afirman haber sido objeto de tortura u otro trato cruel, inhumano y degradable.
Tres detenidos han muerto por suicidio durante su estancia en esta cárcel. Otros han iniciado prolongadas huelgas de hambre y siguen vivos porque les están aplicando dolorosos métodos de alimentación forzada.
Alrededor de 775 personas han permanecido recluidas en la base militar estadounidense de la bahía de Guantánamo, desde el 11 de enero del 2002.
A finales de 2006, alrededor de 430 detenidos de más de 35 nacionalidades siguen recluidos en la base de Guantánamo. Los recluidos fueron aprehendidos en al menos diez países antes de ser trasladados a la base de Guantánamo, sin ningún proceso judicial. Entre estos países se encuentran: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Indonesia, Mauritania, Pakistán, Tailandia y Zambia.
Entre las personas recluidas en la Base de Guantánamo, al menos 17 tenían menos de 18 años de edad cuando fueron detenidas, cuatro de ellos continúan en la base militar a finales de 2006. Alrededor de 345 detenidos han sido trasladados desde las bases de Guantánamo a países como: Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Irán e Irak.
Ningún proceso de Guantánamo ha sido declarado culpable de ningún delito penal por Estados Unidos, 14 detenidos fueron trasladados a la base de Guantánamo en septiembre de 2006, después de haber permanecido hasta cuatro años y medio, detenidos en régimen de incomunicación y bajo la custodia secreta de la Agencia Central de Inteligencia CIA.
Permitir que la base de Guantánamo continúa sin cumplir las declaraciones universales de los derechos humanos, los convenios de Ginebra y la declaración de los niños, entre otras, nos convierten en cómplices de estas atrocidades, por lo que debemos exigir que los detenidos de Guantánamo sean puestos en libertad de inmediato, a menos que sean acusados y juzgados de acuerdo con las normas internacionales sobre los juicios justos.
Que ningún detenido liberado sea enviado por la fuerza a un país, en el que pueda sufrir abusos graves contra los derechos humanos, que las personas que vayan a ser juzgadas deban ser acusadas por un delito común reconocible y tener un juicio sujeto ante un tribunal independiente e imparcial. No debe considerarse admisible ninguna prueba obtenida mediante tortura u otro trato o pena cruel, inhumana degradante.
Muchos son los casos de denuncia, aquí sólo recordamos el de Iasen Arani, quien tenía 17 años cuando fue detenida y luego murió en junio de 2006, cuando decidió ahorcarse tras sufrir meses de abusos físico y psicológico.
El Congreso de la Unión se une al cierre de Guantánamo, no sólo porque varias organizaciones internacionales en materia de derechos humanos y Amnistía Internacional han constatado la violación a los derechos humanos sino porque simboliza el desprecio de Estados Unidos por el derecho internacional en el contexto de la guerra contra el terrorismo. Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante esta Comisión Permanente el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se une a la petición mundial respecto al cierre de la cárcel ilegal de Guantánamo.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar una nota diplomática al Congreso norteamericano, informando que el Congreso mexicano se une a la petición mundial respecto al cierre de la cárcel de Guantánamo, por considerar que en ella se tienen detenidas a más de 400 personas de más de 30 nacionalidades sin juicio y muchos de los detenidos afirman haber sido objeto de tortura u otro trato cruel, inhumano y degradante. Firman la presente, la diputada federal Alliet Bautista Bravo y su servidor. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martínez. Como ha sido solicitado consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario senador Jorge Guillermo Anaya Llamas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Segunda Comisión de trabajo. Les recuerdo a las señoras y señores legisladores que el día de mañana, las comisiones de cortesía que habrán de asistir a la Suprema Corte de Justicia y a Los Pinos será a las diez de la mañana en la Suprema Corte y a las cinco de la tarde en Los Pinos. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado José Guillermo Anaya Llamas: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 17 de enero a las 11:00 horas. Gracias.