El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 340 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:31 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Comunicaciones de los congresos de los estados. El Congreso del estado de Nayarit remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 sea privilegiado el ramo de la administración en materia educativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: El Congreso del estado de Nuevo León remite acuerdo para que la Comisión de Seguridad Social analice la implementación de los mecanismos legales y económicos necesarios para ampliar a 24 horas el horario de funcionamiento de las guarderías pertenecientes o subrogadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: De la Junta de Coordinación Política en relación con cambio de integrante en la Comisión de Salud.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Informe del grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Del Poder Judicial de la Federación. Oficio del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles con el que remite el informe semestral de actividades correspondiente al período del 21 de mayo al 20 de noviembre de 2006.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la Secretaría de Salud. Oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite el Informe de Resultados del Fondo de Prevención Presupuestal, de conformidad con lo que establece el artículo 77 Bis 18 de la Ley General de Salud.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Iniciativa del Congreso del estado de Baja California Sur que reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Justicia, en tanto se integra consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la Cámara de Senadores. Oficio con el que remite escrito del Congreso del estado de Guerrero, por el que solicitan mayores recursos públicos para ese estado en el Presupuesto Fiscal 2007.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite oficio del presidente y secretario del ayuntamiento de Tecate, Baja California, para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se considere una partida especial única para rescatar su situación financiera.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición para que, de manera urgente y coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas, se implementen acciones concretas y definitivas para el rescate financiero de esa institución, presentada por el senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se priorice a la población más vulnerable, especialmente las personas con discapacidad, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, a nombre propio y de los senadores Alfredo Rodríguez y Pacheco y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se constituya el Fondo de Compensaciones del Sector Agropecuario para enfrentar los daños causados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada por el senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se dé un incremento al subsidio federal ordinario correspondiente al gasto de la Universidad Autónoma de Guerrero, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se apruebe una partida especial que apoye el rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
Pasamos al apartado de iniciativas de ciudadanos diputados. Esta Presidencia recibió de la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia recibió igualmente de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que conforman la Trata de Personas. Túrnese a la Comisión de Justicia, en tanto se integra la Comisión; consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La iniciativa agendada por la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se reserva al último lugar, en virtud de que no se encuentra en este recinto.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por él y por el diputado Emilio Gamboa Patrón.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los diputados Emilio Gamboa y un servidor, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentamos, sometemos a la consideración de ustedes, de esta honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los primeros párrafos de los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Con el propósito fundamental de evitar la doble tributación y lograr una mayor eficiencia en la recaudación se estableció como sistema nacional a partir de 1980 la Coordinación Fiscal Federación-estados. Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal actualmente vigente, fue resultado de numerosas reuniones de los funcionarios fiscales desde la década de los 70, así como de los convenios firmados entre la Federación y las entidades federativas para la armonización del sistema tributario, además de buscar fortalecer las haciendas públicas de los diversos órdenes de gobierno.
En esta virtud, el Sistema de Coordinación Fiscal constituye el principal medio para regular las relaciones fiscales intergubernamentales, las que hoy enfrentan nuevos retos debido a las presiones financieras y a la urgencia de mayores ingresos, así como para una mejor colaboración administrativa bajo los criterios de transparencia y de rendición de cuentas. Con ese objeto, de coordinar el Sistema Fiscal de la Federación con los estados y municipios y establecer la participación y distribución que de los ingresos federales les corresponden con reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, además de buscar una distribución más equitativa de los recursos, sin los cuales la implementación del federalismo se convertiría en una utopía.
Por ello se expidió la Ley de Coordinación Fiscal. Este ordenamiento fue publicado el 27 de diciembre de 1978 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1980, excepto el capítulo cuarto que se refiere a los organismos en materia de coordinación, cuya vigencia fue a partir del 1 de enero de 1979.
Desde esa fecha, compañeras y compañeros legisladores, no ha habido cambios sustanciales que nos lleven realmente a tener en los hechos un sistema tributario y hacendario con características totalmente federalistas, como se ha dicho mucho, hasta el cansancio, de que somos un sistema federal y en materia fiscal se nos dice que año con año los gobiernos estatales y municipales están recibiendo más recursos de la recaudación federal participable.
Pero vemos que si bien es cierto se ha avanzado en la transferencia de recursos de la Federación hacia los estados y los municipios, éstos no se han dado necesariamente a través del fondo general participable, que es el instrumento que jurídicamente nos puede llevar a hablar de un verdadero federalismo.
Porque los recursos que se transfieren a través del Ramo 33 a los estados y municipios, estos recursos van etiquetados; estos recursos, no tienen la libertad ni los estados ni los municipios, para atender las principales necesidades que se tienen allá. Y no olvidemos que la pobreza, que la miseria donde la vivimos, donde se encuentra, es en el ámbito sobre todo de los municipios. Por eso es bien importante que podamos avanzar en esto.
Cuando originalmente se crea el Sistema de Coordinación Fiscal y particularmente el Fondo General Participable se inicia con un 13 por ciento de la recaudación federal participable.
A partir del año de 1992 se incrementa éste al 18.5 por ciento y a partir de 1996 se da un incremento al 20 por ciento y que es el que actualmente está vigente. ¿Qué quiere decir? Que de la recaudación federal participable, 80 centavos se siguen quedando con ellos la Federación y que en promedio, llegan a los estados sólo 16 centavos y cuatro centavos de cada peso que se recauda en cada municipio o en cada entidad federativa va a dar a los municipios.
Por eso se explica el grado de atraso que se tiene en el ámbito de las municipalidades, porque no tienen éstos los recursos para atender las necesidades más indispensables, más prioritarias.
Por eso, se hace necesario un cambio a la Ley de Coordinación Fiscal con un gran sentido de responsabilidad. No sólo se trata de buscar dar más recursos a estados y municipios; se trata también de establecer una corresponsabilidad que nos lleve realmente a que podamos hacer viable este sistema y que el Sistema de Coordinación Fiscal ayude realmente a atender las necesidades más importantes, sobre todo, donde éstas se originan que es en los estados o en los municipios, que es el orden de gobierno que tiene el mayor contacto con la sociedad, que es el que mejor conoce cuáles son los problemas que se viven allá.
Ésa es la preocupación que estamos manifestando ahora, los integrantes del grupo parlamentario, que es producto de una serie de análisis, de una serie de discusiones, que inclusive en la I Convención Nacional Hacendaria que se desarrolló en el año 2004, donde participaron los gobiernos federal, estatales, municipales y el propio Congreso de la Unión, indudablemente que ese trabajo de la Convención Nacional Hacendaria nos da la base para poder llevar a cabo una serie de acciones, de cambios en materia hacendaria.
Particularmente quiero decirles que de las 322 propuestas que fueron acordadas por unanimidad en la Convención Nacional Hacendaria, una de ellas tiene que ver con el compromiso que en su momento estableció tanto gobierno federal, estatales y municipales de poder modificar la Ley de Coordinación Fiscal, para que de manera gradual podamos ir transfiriendo más recursos; pero también más atribuciones a las entidades federativas y a los municipios, haciéndolos más corresponsables de la recaudación, para que de esa manera podamos tener los recursos suficientes para atender las necesidades que se tienen en cada uno de los municipios.
Por ello la propuesta que hacemos el día de hoy consiste en lo siguiente: en modificar del 20 al 25 por ciento el Fondo General Participable aumentándolo un punto por año hasta llegar al 25 por ciento, pasando —como reitero el día de ahora— en el 20 por ciento, que vaya gradualmente aumentándose año con año, hasta llegar al 25 por ciento, y que en la misma medida también las legislaturas de los estados puedan establecer en su legislación que las entidades federativas deben de transferir en la misma proporción ese porcentaje a los municipios.
Se trata aquí de una reforma con un gran sentido federalista. De una reforma que nos lleve realmente a darles a los estados y a los municipios la posibilidad de cumplir con la obligación que tienen ellos con los gobernados y que son los órdenes de gobierno quienes mejor conocen los problemas que se tienen en cada localidad.
Amigas y amigos legisladores. Una reforma de esta naturaleza, indudablemente que va a ser aplaudida por no sólo las autoridades estatales y municipales; va a ser aplaudida fundamentalmente por la sociedad que es la que espera de este Poder Legislativo que actúe con un gran sentido de responsabilidad.
Ciertamente alguien podrá decir aquí "no tenemos más recursos". Habrá que ver qué gastos debemos de eliminar, no sólo del Poder Ejecutivo, sino también de los otros dos Poderes para que de esta manera podamos contar con los recursos suficientes y poder hacer realidad esta demanda, no sólo de los gobiernos estatales y municipales, sino una demanda fundamentalmente de la sociedad. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Carlos Puente Salas: Compañeras y compañeros legisladores. Son de todos conocidos los problemas que enfrenta nuestro país con relación a la elusión y evasiones fiscales.
Se estima que en nuestro país el nivel de evasión en el impuesto sobre la renta, únicamente en personas morales, es mayor al 1.5 del producto interno bruto. De la misma forma, la economía subterránea en México se ubica entre el 25 y el 30 por ciento de dicho producto.
Según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, entre 300 y 400 billones de cigarros fueron contrabandeados en 1995 a nivel internacional, lo que equivalió a más de un tercio de todos los cigarros importados de forma legal en todo el mundo. Ese organismo internacional ha propuesto como medidas para controlar el contrabando de cigarros, hago la cita: "La impresión del número de serie en cada empaque o cajetilla de cigarros y el incremento en las sanciones".
Ya el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha presentado diversas iniciativas para que en los empaques o cajetillas de cigarros se adhiera el signo de control fiscal y sanitario denominado "marbete", con el objeto básico de reducir el comercio ilegal de cigarros, incrementando al mismo tiempo la recaudación mediante un mejor control fiscal en el mercado de tabaco, desincentivando conductas de evasión y elusiones fiscales, el contrabando, la piratería y la adulteración de cigarros que inciden negativamente en la salud pública y en especial, en la de niñas, niños y jóvenes.
Consideramos que dichas propuestas presentadas ante esta soberanía son necesarias, más no suficientes. De esta forma se propone la reforma del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer que cuando las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir marbetes a las cajetillas que contengan los productos que se adquieran, la deducción con dichas mercancías sólo se podrá efectuar cuando las cajetillas de cigarros tengan adheridas el marbete correspondiente.
En otras palabras, para los efectos del impuesto sobre la renta sólo se podrán disminuir de los ingresos acumulables, aquellas deducciones relacionadas con —entre otros— las materias primas y la mano de obra que se utilizaron en el proceso productivo de fabricación de cigarros o aquellos costos de venta, cuando se importen dichos cigarros, siempre y cuando las cajetillas de cigarros tengan adheridas el respectivo marbete.
Esta iniciativa complementa las demás que ha presentado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; iniciativas que reforman y adicionan el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Salud, en materia de adhesión de marbetes en las cajetillas de cigarros, como un medio de control sanitario y fiscal para minimizar la elusión y evasiones fiscales, la piratería, el contrabando y la adulteración de cigarros.
Compañeros y compañeras legisladores, el marbete en las cajetillas de cigarros contribuirá para que las personas perciban qué cajetillas son genuinas y legales y cuáles son de contrabando o piratas o falsificadas; es decir, se disminuirá la información asimétrica sobre el reconocimiento de cuáles cajetillas se encuentran en el mercado formal de la economía y cuáles provienen del contrabando, están falsificadas o son piratas.
Asimismo si aumentan los impuestos al cigarro y si llegara a existir contrabando de dicho producto nocivo, como lo argumentan las tabacaleras, el marbete es el medio idóneo para atacar el comercio ilegal de cigarros, sin perder de vista la minimización de los efectos perjudiciales que ya de por sí causa el tabaco a la salud pública.
Así se someten a la consideración de esta Asamblea acciones legislativas concretas, que beneficiarían a la sociedad en su conjunto y no sólo un grupo de personas o intereses, que buscan expandir sus mercados para satisfacer su espíritu de ganancia en detrimento de la salud pública y de los recursos escasos que se necesitan para financiar el desarrollo que requiere nuestro México.
Señor Presidente, solicito que la iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates de esta sesión. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia extiende una cordial bienvenida, un saludo y agradece su visita, a los alumnos de la escuela primaria "Licenciado Benito Juárez García", del municipio de Santiago Tianguistengo en el Estado de México.
Tiene la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y en virtud de que no se encuentra en el recinto pasa al final de este apartado.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como no se encuentra en el salón de sesiones, pasa también al final de este apartado.
Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola, tampoco, pasa al final.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gilberto Ojeda Camacho del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gilberto Ojeda Camacho: Con el permiso de la Asamblea. Con el permiso de la Mesa Directiva. El que suscribe diputado federal, Gilberto Ojeda Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan los artículos 18, 41, 42, 106, 107 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los artículos 46 Bis, 47, 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el más firme propósito de contribuir a la profesionalización de los servicios de apoyo parlamentario, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, órgano de apoyo técnico al proceso de análisis y realización de estudios relacionados con la economía y las finanzas del sector público, entró en funciones a partir del 13 de septiembre de 1999 y se ha convertido en una instancia de asesoría y auxilio fundamental para el trabajo legislativo.
Como parte de sus funciones primordiales, el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas lleva a cabo el análisis de los informes oficiales que el Ejecutivo presenta a lo largo del año, particularmente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo en sus funciones el proceso de análisis del paquete económico, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos y criterios generales de política económica.
Adicionalmente a las funciones consultivas, el Centro de Estudios realiza investigaciones que por su relevancia y trascendencia en la agenda legislativa, merecen una mayor profundización, o bien son proyectos de mediano plazo que constituyen herramientas de análisis para el seguimiento de las finanzas públicas.
Entre los principales se encuentra lo relacionado con la política energética, régimen fiscal de Pemex, seguridad social, política tributaria, análisis del gasto público y de las finanzas públicas estatales. Promueve, además, actividades de vinculación institucional y mejora continua, lo que le permite desarrollar un trabajo de calidad. Esto incluye la realización de cursos, presentaciones y conferencias.
Actualmente y por mandato de ley, el Centro debe prestar los servicios de apoyo técnico a las comisiones del Congreso para la realización de los impactos presupuestarios, de iniciativas de ley y participar de manera integrada en el proceso de análisis y aprobación del paquete económico; con las atribuciones de solicitar información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los contenidos de los proyectos de Presupuesto de Egresos y de los datos estadísticos e informes trimestrales y mensuales, con relación a la situación económica, finanzas públicas, balance fiscal, ingresos, gasto y endeudamiento, así como información complementaria de fondos y disponibilidad de recursos.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria retomó estos antecedentes y acentúa la tendencia a la profesionalización de los servicios de apoyo parlamentario,. por lo que se enfatiza la necesidad de consolidar cuerpos de asesores efectivamente profesionales, con permanencia en sus puestos y con experiencia para el análisis, estudio y evaluación institucional de los temas legislativos, por un periodo de cinco años en sus mandos, logrando así un escalamiento entre los cambios de legislaturas, retomando el antecedente de otros organismos cuyo personal está profesionalizado, como es el caso del Banco de México, el Instituto Federal de Acceso a la Información y otros más.
La nueva Ley consideró útil dotarle de mayor capacidad al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Para ello se le reconocieron funciones en la Ley que norma el proceso presupuestal. No quiso este legislador dejarlo únicamente en la normatividad interna, sino que lo posicionó como instancia de apoyo técnico, pero con incidencia en el proceso legislativo y en específico en lo que se refiere a la Ley de Ingresos de la Federación y al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En consecuencia, el marco legal y normativo que regula las actividades del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas requiere adecuarse a las circunstancias que impone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se tienen que normar por los órganos de gobierno los nuevos procedimientos, en los que por ley está involucrado el Centro de Estudios, haciendo la concordancia de ese ordenamiento legal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que hasta ahora sigue pendiente.
Resulta determinante que para la dirección y vigilancia de la operación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se constituya con carácter permanente un comité con funciones de órgano de gobierno; de tal forma que se aparte la situación que se presenta como una amalgama de mandos entre la autoridad administrativa y a la que se adscriben los centros de estudio.
En tanto que son unidades de estructura orgánica de la Cámara y los legisladores, que fungen en los órganos de gobierno de los Centros, ya que los lineamientos de ambas instancias en algunos puntos están en función de criterios distintos: unos en atención a perspectivas administrativas y otros conforme al pulso del quehacer parlamentario, por lo que es necesario erradicar esta situación.
La presente iniciativa busca subsanar esa falta de concordancia entre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a los servicios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, fortaleciendo su capacidad de gestión ante los ejecutores del gasto público, dando las bases para la profesionalización de su personal e instituyendo su órgano de gobierno, con permanencia y atribuciones suficientes para el cumplimiento de las funciones de esta área técnica. De tal forma que se pueda aportar a los mecanismos de control parlamentario hacia el Ejecutivo federal.
Me permito hacer un paréntesis, para comentar que la presente iniciativa se originó durante una reunión de trabajo en la Comisión de Pesca el pasado 22 de noviembre. En la cual, luego de una amplia exposición del director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, nos percatamos —los asistentes a esa reunión— que a pesar de la importancia que reviste para el trabajo legislativo este Centro tiene acotadas sus facultades para el cumplimiento de su propósito; derivado de que no existe una reglamentación de la ley correspondiente para llevar a cabo la coordinación de actividades al interior de los órganos de Cámara y con el Senado de la República.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Ruego a esta Honorable Asamblea me disculpe por no continuar con la lectura del presente documento y en virtud, de que el mismo ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Presidencia, turne a las Comisiones correspondientes la presente iniciativa y se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La siguiente iniciativa, agendada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pospone.
Tiene la palabra el diputado Mauricio Ortiz Proal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Mauricio Ortiz Proal: Con la venia de la Presidencia…
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Un momento, señor diputado. Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 457 diputadas y diputados.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante, señor diputado.
El diputado Mauricio Ortiz Proal: Con su permiso, Presidenta. Honorable Asamblea. El que suscribe diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito presentar a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Uno de los principales valores que debe de resguardar la función judicial en cualquiera de sus ámbitos es el respeto a los principios generales del derecho que rigen en materia procesal. Entre estos principios destaca por su importancia el de publicidad.
La transparencia en el quehacer de los jueces es indispensable para que exista claridad y certeza en torno a su respetable actuación. La dignidad de la función jurisdiccional exige de una conducta clara y absolutamente ajena a cualquier clase de opacidad, más aún en la materia electoral, en la que se dirimen controversias de índole jurídica de la mayor importancia y trascendencia para la nación, algunas relacionadas con los derechos fundamentales político-electorales de los ciudadanos y otras con los diferendos relativos a los partidos políticos que son, como señala nuestra Carta Magna, entidades de interés público.
Es necesario denunciar que en la actualidad existe una lamentable falta de apego a lo dispuesto por la ley en relación con este tema, ya que con absoluta precisión la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala en su artículo 185, refiriéndose al trabajo de las salas del Tribunal Electoral, que sus sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas.
Asimismo, en concordancia con lo ya referido, el artículo 24 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral confirma el deber que tienen los magistrados de sesionar públicamente cuando se trate de emitir resoluciones. Dicho precepto señala a la letra:
"Las salas del Tribunal Electoral dictarán sus sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Reglamento Interno del propio Tribunal".
La ley no autoriza expresamente la realización de sesiones privadas, es más, simplemente no las prevé; sin embargo, existen y en ellas se votan resoluciones jurisdiccionales en franca contravención de la Ley.
No cuestiono el derecho e incluso la necesidad que tienen los magistrados de trabajar en el estudio de asuntos fuera de sesión, todo lo que se requiera, pero es absurdo ver que los promoventes deambulen por los pasillos del Tribunal indagando —como si se tratara de algo prohibido— sobre las resoluciones que se acuerdan en las llamadas sesiones previas o privadas, que más bien parecen a veces sesiones secretas.
Con la mejor buena fe de la que soy capaz, yo me pregunto, ¿qué será lo que tienen que deliberar los magistrados en privado? Esa práctica es un penosísimo resabio que debe de ser eliminado de manera definitiva.
Compañeras y compañeros diputados. Por respeto a un principio elemental de transparencia y de certeza, todas las sesiones de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral deben ser públicas. No existe una sola razón que justifique que esto deba tener otro sentido.
Siendo tan clara la disposición que el Poder Legislativo les ha dado a los magistrados electorales, por qué razón no se ha respetado este principio del derecho.
Es paradójico que el juzgador no siga las indicaciones de la ley, pero más aún lo es cuando ha sido el Tribunal Electoral uno de los órganos jurisdiccionales que mayor empeño ha puesto en respetar los principios constitucionales por encima de todo, siguiendo las tesis del garantismo jurídico.
Por todo lo señalado, la presente iniciativa propone adecuar el marco jurídico que ya previene la publicidad de las sesiones de resolución en las salas del Tribunal Electoral para que, en lo sucesivo, si es que la soberanía de este Honorable Congreso de la Unión lo aprueba, todas las sesiones del citado Tribunal, sin excepción, se realicen de manera pública para que los magistrados trabajen de cara a la ciudadanía y a los partidos políticos, para que se consolide nuestra democracia y para que prive la transparencia en la resolución de las controversias electorales.
Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que me concede el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter, por su conducto, a la consideración de esta soberanía para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Artículo 1º. Se reforma el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 185. "El Tribunal Electoral funcionará con una sala superior y con cinco salas regionales. Todas sus sesiones serán públicas".
Artículo 2º. Se reforma el párrafo dos del artículo 24 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:
Artículo 24, párrafo segundo. "Todas las sesiones de las salas del Tribunal Electoral serán públicas y se desarrollarán de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Reglamento Interno del propio Tribunal, así como las reglas y procedimientos siguientes:
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.
Tercero. Las áreas competentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adecuarán su normatividad interna para implementar las medidas derivadas del presente decreto, dentro de los 45 días siguientes a su entrada en vigor".
Por su atención, gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y, en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Olivares Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Alejandro Olivares Monterrubio: Con el permiso de esta soberanía, con el permiso de la Mesa Directiva.
El que suscribe, diputado federal Alejandro Olivares Monterrubio, integrante del grupo parlamentario del PRI en la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en la siguiente
Exposición de motivos
En abril de 2006 se publicó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que entre otros aspectos establece nuevas reglas en materia de ingresos excedentes.
De acuerdo con dicho ordenamiento jurídico, en el Ejercicio 2007 los ingresos excedentes se destinarán a distintos fondos, uno de los cuales se destinará para afrontar una posible caída en la Recaudación Federal Participable o en los ingresos derivados de la actividad petrolera.
El artículo 19 de la citada ley señala que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos, o de excedentes de ingresos propios de las entidades.
Y según el mismo artículo, en el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecida para tal efecto.
Por su parte, el artículo 21 del citado ordenamiento indica que la disminución de los ingresos petroleros del gobierno federal, asociada a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el Ejercicio Fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en los términos de las reglas de operación que emita la Secretaría.
En caso de que conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de los recursos del Fondo sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los ajustes a los conceptos relativos a comunicación social, gasto administrativo y servicios personales.
En otro aspecto, la misma ley indica que la disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.
Lo anterior significa que los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas dejarán de ser líquidos, a diferencia del presente Ejercicio Fiscal, en que se han entregado íntegramente a las entidades federativas y al Distrito Federal.
Lo anterior representaría un impacto negativo en las finanzas públicas de los estados, ya que significa menores recursos para las entidades federativas para cubrir el gasto de infraestructura, en caso de que se presenten excedentes petroleros durante el Ejercicio Fiscal 2007.
En tal contexto, la presente iniciativa propone posponer la aplicación de lo establecido en el artículo 19 en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para no afectar las finanzas de las entidades federativas, debiéndose incorporar para tal efecto un artículo transitorio en la mencionada ley.
El propósito de lo anterior es que durante el Ejercicio Fiscal 2007 los recursos provenientes del derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo a que se refiere el artículo 257 de la Ley Federal de Derechos, se destinen en su totalidad a las entidades federativas para programas de inversión en infraestructura de las mismas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones, reportado en la Cuenta Pública más reciente.
De igual manera, los recursos excedentes a que se refiere la fracción IV inciso d) del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se destinarán en su totalidad a las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.
Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo único. Se reforma el inciso d) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 19, fracción IV, inciso d). "Con un 10 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán directamente a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente. Las entidades federativas deberán informar trimestralmente a la Secretaría sobre la aplicación y destino de los recursos a que hace referencia el párrafo anterior".
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007.
Segundo. Durante el ejercicio fiscal, los recursos provenientes de derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo a que hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de Derechos se destinarán en su totalidad a las entidades federativas para programas y proyectos de inversión en infraestructura de las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.
Dado en este honorable salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de diciembre del actual. Agradezco su atención.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia envía un cordial saludo a los alumnos de la Universidad de Nayarit y les agradece el que nos hayan visitado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jesús Ramírez Stabros: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeras. El que suscribe, Jesús Ramírez Stabros, diputado de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo en la siguiente
Exposición de motivos
Es una realidad, México requiere una nueva forma de dividir y ejercitar el poder entre los miembros del Pacto Federal, entre los Poderes de la Unión y en el conjunto de relaciones del Estado con la ciudadanía.
Las dimensiones de la pobreza y el lento crecimiento económico que hemos vivido por casi una década tiene que encontrar respuesta en un nuevo diseño de gobierno que eficientice y mejore la cantidad, el contenido, la calidad, la viabilidad, la oportunidad y el éxito de las políticas públicas para el desarrollo nacional.
Extensos sectores de la nación mexicana contemplan hoy día con preocupación y desaliento, la interacción de los representantes a quienes han confiado el ejercicio del poder político. Esta creciente incapacidad demerita no solamente a los hombres y mujeres de la política, sino que afecta la credibilidad en las instituciones y aún más grave: puede gestar paulatinamente la desconfianza en la democracia misma. Éste es, sin duda, el problema más importante a resolver para la consolidación de la democracia en México.
El presente proyecto de reformas constitucionales tiene la intención de contribuir al diálogo político y legislativo para que México alcance una reforma del Estado, la cual percibimos como una necesidad inaplazable para actualizar nuestras instituciones y procedimientos de gobierno, para consolidar nuestra democracia y la capacidad de respuesta de las instituciones públicas.
Dos son los objetivos centrales del conjunto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se proponen. El primero, la transformación de nuestro régimen de gobierno del actual, caracterizado por una preponderancia del Presidente de la República a otro que responda a las exigencias de una nueva configuración y distribución del poder confiado por el pueblo soberano a sus órganos de representación, cuyo rasgo principal es la división del Poder Ejecutivo en dos instancias unipersonales: un jefe de Estado elegido por el voto popular y un jefe de gobierno surgido del partido o coalición con mayoría en el Congreso.
El segundo, la inclusión en nuestra Constitución de los procedimientos de participación ciudadana de iniciativa popular, plebiscito, referéndum y referéndum constitucional, los cuales configuran una renovada y ampliada esfera de derechos políticos a favor del depositario originario de la soberanía.
Con el fin de no hacer exhaustiva la serie de propuestas que aquí estoy presentando, enunciaré algunas que me parecen de suma importancia.
Se establece una nueva configuración en cuanto a las funciones que el Presidente de la República asumiría a partir de este nuevo esquema de gobierno.
Asimismo las nuevas funciones del jefe de gobierno federal. Se propone establecer constitucionalmente la posibilidad de contar con una segunda vuelta electoral en caso de no contar con mayoría absoluta de los votos emitidos mediante un esquema efectivo y claro.
También se busca establecer claramente en nuestra Constitución el orden de prelación en caso de ausencia definitiva del Presidente de la República, estableciendo siempre que será un Presidente interino, en tanto se convocan nuevas elecciones y se elige a uno nuevo en un plazo muy breve.
En materia del Informe presidencial, cuyo actual formato es a todas luces anacrónico, el proyecto propone superar el diseño de esta ceremonia republicana para convertirla en un nuevo ejercicio de diálogo entre poderes, teniendo como base la pluralidad, además de propiciar que no quede en un mero intercambio de opiniones entre sus actores.
También se establece un período para permitir el análisis de las Cámaras y de sus comisiones, del contenido de sus documentos que lo integran. Transforma la sesión principal en un encuentro de diálogo que produzca acuerdos mínimos para afirmar o reorientar el rumbo del gobierno.
Con la presente iniciativa de reformas constitucionales, también buscamos instaurar los derechos de participación ciudadana como el referéndum constitucional, el plebiscito y la iniciativa popular, entre otros, puntualizando cuáles serían las instancias facultadas para solicitar su realización, así como los límites para su ejecución.
Compañeras diputadas y compañeros diputados. El distanciamiento y la consiguiente inefectividad no habrán de superarse mediante fórmulas que hagan falsos los avances de a democracia en México. En el despuntar del siglo XXI buscamos y habremos de obtener que los términos pluralidad y efectividad no sean antónimos sino elementos armónicos de un binomio solidamente sustentado en una nueva arquitectura constitucional del poder político en México, al servicio y para la construcción de una sociedad mejor.
Con base en lo establecido en la ley, someto a la consideración de esta soberanía, esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y solicito respetuosamente a la Presidencia e la Mesa Directiva, inscriba íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia extiende un saludo cordial a los invitados, ciudadanos que nos acompañan del municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo.
Igualmente saluda al profesor director Alfonso Ramírez Parra y a sus alumnos, de la "Escuela Primaria Fernando Montes de Oca", del municipio de Querétaro.
Saludamos también cordialmente a los alumnos del "Instituto Tecnológico de Estudios Superiores" de los Reyes, Michoacán, que nos visitan en esta ocasión. Muchas gracias a todos por habernos visitado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Rodrigo Medina de la Cruz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Rodrigo Medina de la Cruz: Con su venia, diputada Presidenta. Buenas tardes a todos. El suscrito Rodrigo Medina de la Cruz, diputado federal electo por el distrito II con cabecera en Apodaca, Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 constitucional en su fracción II y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propongo a esta honorable Asamblea, la aprobación de la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en los siguientes
Razonamientos
Uno de los problemas sociales que más afectan a la ciudadanía, es el de la delincuencia. Este fenómeno lesiona la integridad física y el patrimonio de las personas, deteriora el estado de derecho, promueve la corrupción entre quienes integran las instituciones públicas, desalienta la inversión y debilita la base competitiva del sector productivo nacional, disminuyendo el potencial de crecimiento económico de nuestro país.
Uno de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sido el de fortalecer la coordinación de los tres órdenes de gobierno y hacia el interior de las propias agencias del gobierno federal.
No hay duda de que han intentado avances en el fortalecimiento de las instituciones policiales y de la propia Coordinación; sin embargo, la sola apreciación de los hechos que cotidianamente dan cuenta los medios de comunicación y los propios ciudadanos, nos muestran que el saldo general es francamente negativo.
La delincuencia generalizada, el crimen organizado y las nuevas expresiones del delito como el narcomenudeo han generado ya un clima de inestabilidad e incertidumbre que está poniendo en riesgo la seguridad nacional.
El incremento de los hechos violentos en diversas entidades del país nos obliga a establecer como prioridad, el revisar todos los aspectos normativos relacionados con la función de brindar seguridad pública al Estado mexicano.
Los recursos económicos destinados a este fin, así como los requisitos de distribución también deben ser analizados y modificados, y aunque por sí solo el presupuesto no representa la solución al problema significa una parte importante e indispensable para combatir este fenómeno. Pero los esquemas vigentes de asignación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública no han dado los resultados esperados.
Por lo tanto, es necesario promover nuevos criterios que permitan destinar los recursos federales a los rubros que se han identificado como los que mayor impacto positivo tendrían en su aplicación en pro de la seguridad pública.
Por lo que hace a la evolución de la distribución de los recursos federales para las entidades federativas y el Distrito Federal, en 1997 fue incorporado un Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, en el que fueron establecidos los fondos de aportaciones federales.
En diciembre de 1998 se reformó nuevamente la Ley de Coordinación Fiscal para crear dos nuevos fondos; uno para la atención a la educación tecnológica y adultos; y otro para la seguridad pública, que es el que hoy nos ocupa.
En esa modificación se adicionaron los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer las reglas del fondo que distribuirá el gasto en materia de seguridad pública.
El artículo 44 de la Ley citada establece las bases para la constitución del Fondo así como las atribuciones que correspondan a las dependencias del Ejecutivo federal en la materia, específicamente en lo relativo a la integración del citado Fondo y a los criterios para su distribución.
En los artículos que hoy se propone reformar, se dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, sería determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que a diferencia de otros fondos que tienen una asignación previa determinada establecida en la ley, el monto de los recursos destinados al Fondo para la Seguridad Pública tiene que proponerse, definirse y aprobarse en cada ejercicio presupuestal.
En el artículo 45 de la citada Ley se establece el destino primordial que los recursos federales habrán de tener, que es el atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura de las entidades federativas y el Distrito Federal.
No obstante la importancia del mismo, si se analiza la evolución de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, vemos que éste ha sufrido variaciones que a todas luces son insuficientes para cubrir las necesidades de inversión de los estados y municipios y que generan año con año un clima de incertidumbre. Si analizamos la evolución de los montos de asignación del Fondo, podemos concluir que la tasa media de crecimiento anual es de menos 6.7 por ciento.
Aunado a lo anterior, si revisamos la evolución del Fondo de Aportaciones dentro de los primeros cinco estados que reciben mayores recursos, no se encuentran estados como Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Michoacán o Nuevo León, entre otros, que en los últimos meses han registrado un incremento importante en la comisión de delitos de alto impacto correspondientes al fuero federal.
Los estados con mayor incidencia delictiva no son los que reciben mayores recursos; esto se puede explicar porque la fórmula de distribución de los montos beneficia a las entidades con mayor población y con más reos y no a los estados con mayor incidencia delictiva, tanto local como federal.
Si a la falta de reglas eficientes le sumamos la disminución constante en términos reales de los presupuestos asignados a la coordinación de la seguridad pública en los últimos años, las conclusiones son desalentadoras, pocos recursos y con una distribución que no atiende la realidad de los problemas que se sufren en las entidades federativas y en los municipios.
La presente iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, propone establecer un parámetro objetivo a fin de integrar el monto anual del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para que los recursos federales destinados al mismo se determinen anualmente tomando como base la cantidad equivalente al uno por ciento de la Recaudación Federal Participable, según estimación que de la misma se realice en la Ley de Ingresos.
La Recaudación Federal Participable, desde su implementación en 1980, ha sido un elemento importante en la distribución de recursos para las entidades federativas y municipios, en los casos del Ramo General 28 y en lo relativo al Ramo 33.
En este sentido, los fondos del Ramo General 28 se calculan en proporción de la Recaudación Federal Participable y de igual forma tres de los siete fondos que integran el Ramo 33, tales como el Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal; y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal ya se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiendo este criterio.
De lo anterior se desprende que este método ha sido aceptado, en ocasiones anteriores, como una herramienta efectiva para eliminar la discrecionalidad y la incertidumbre que se generan cuando se deja al arbitrio del Ejecutivo federal la asignación anual de los recursos al Fondo de Seguridad Pública.
El segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece que la recaudación federal participable será la que obtenga la Federación sumando sus ingresos por todos los impuestos, aunque hay algunas excepciones y por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.
Como ejemplo de lo anterior, derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio 2006, la Ley de Ingresos estima una recaudación fiscal participable por un monto de un billón 139 mil 400 millones 400 mil pesos, cantidad que al dividirse entre 100 a fin de calcular el uno por ciento de la misma, como se propone en esta iniciativa, representa alrededor de 11 mil 394 millones de pesos que en contraste con los cinco mil millones que se aprobaron para el 2006, se percibe una gran mejoría.
Actualmente el monto que se destina al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública depende en gran medida del monto que el Ejecutivo federal desee plasmar en el proyecto de presupuesto que se envía a la Cámara de Diputados, sin que esté establecido cuando menos un monto mínimo.
Por citar un ejemplo, en el caso del ejercicio fiscal de este año 2007, el Ejecutivo federal ha propuesto disminuir de manera importante estos recursos en 1500 millones de pesos; hecho que de no corregirse por esta soberanía dejaría en peores condiciones a los estados de la República y al Distrito Federal.
Cabe señalar que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal es el único rubro por el que los estados y el Distrito Federal reciben dinero de la Federación, para destinarlo a las tareas de seguridad pública. De ahí su trascendencia y la importancia de dotarlos de recursos suficientes para abatir los índices de criminalidad a lo largo de nuestro país.
Complementando esta propuesta y por último, propongo también que el índice delictivo por entidad, tanto de los cometidos en relación al fuero federal como los locales, quede incorporado como uno de los criterios a observar para la distribución de los recursos entre las entidades federativas y que en los rubros de gasto se adicione un programa especial para los estados con mayor incidencia de crimen organizado. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Intégrese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La siguiente iniciativa agendada por la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD se pospone.
Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a proponer la inclusión de la figura afirmativa ficta parlamentaria en nuestra Norma Fundamental y en el Reglamento del Congreso de la Unión, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Desde 1997, la conformación de la Cámara de Diputados es plural, ya que rompió con la armonía del partido en el poder y ningún partido por si solo logró la mayoría absoluta, lo cual generó la búsqueda de acuerdos de todos los partidos políticos y la conformación de nuevas mayorías.
Hay que recordar que el pueblo delega su representación en cada uno de los legisladores, tal como lo expresa el artículo 41 constitucional y son éstos, los diputados y senadores quienes trabajan para proponer leyes que reflejen los intereses del pueblo.
Como una conquista de nuestra democracia, el artículo 71 establece los sujetos que tienen derecho a presentar iniciativas de ley ante las Cámaras del Congreso de la Unión; sin embargo, es necesario reconocer que de estas iniciativas presentadas ante las Cámaras y que fueron turnadas a las comisiones ordinarias de dictamen legislativo existe un gran rezago legislativo, mismo que Legislatura a Legislatura se ha ido incrementando.
En esta coyuntura de enorme crispación política, el Poder Legislativo está sujeto a un sinfín de críticas entre las que se encuentra la impresión de que no hay trabajo legislativo. Sin embargo, el cúmulo de iniciativas y puntos de acuerdo presentados en la Legislatura que concluyó y en la que iniciamos, demuestra que sí hay trabajo legislativo por parte de las diputadas y diputados, para resolver los distintos problemas que aquejan a la población.
Por ejemplo, en la Comisión de Gobernación existen 234 iniciativas, 150 puntos de acuerdo y 13 minutas pendientes por dictaminar y así nos encontraremos en todas las Comisiones este cúmulo de trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema? La falta de acuerdos políticos.
Por eso, la presente iniciativa pretende elevar a rango constitucional la obligación de las Comisiones Ordinarias de que si en un plazo de tres meses las iniciativas turnadas no se dictaminan por la Comisión, pasarán de inmediato al Pleno de la Cámara para su conocimiento, análisis y discusión de todos los diputados y decidan, si es o no de aceptarse tal iniciativa.
La figura de la afirmativa ficta parlamentaria, sin lugar a dudas revolucionará el trabajo de las Comisiones y del Pleno de la Cámara, la cual se aplicará en la hipótesis de que, transcurridos tres meses a partir de que se turne el expediente a la Comisión y ésta no dictamine, será turnada directamente al Pleno de la Cámara, para que ahí se discuta y sea votada por todos los diputados presentes en la sesión.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está plenamente convencido de incluir en nuestro marco jurídico la afirmativa ficta parlamentaria, para que se dinamice el trabajo legislativo y ya no exista pretexto para que la Comisión no emita un dictamen y que el Pleno no conozca sobre el contenido de la iniciativa.
Actualmente la función de las Comisiones Ordinarias de dictamen legislativo es analizar las iniciativas, dictaminarlas y en sus caso, aprobarlas o rechazarlas; pero en la práctica, esto no se da.
En consecuencia, la afirmativa ficta parlamentaria servirá como mecanismo de sanción a las Comisiones que no trabajen, ya que se permite que ante la omisión o descuido de una Comisión, sea el órgano máximo, la Cámara, el Pleno, el que discuta y el que vote el contenido de la iniciativa de ley.
Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que es importante establecer un plazo adecuado para que las Comisiones emitan su dictamen. Este plazo lo consideramos de tres meses.
Por eso proponemos la aprobación de la afirmativa ficta, mecanismo ampliamente democrático y que permite la discusión de las iniciativas en el Pleno de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión.
Solicito, señora Presidenta, se inscriba de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Y yo solicito a todas nuestras compañeras y compañeros diputados, que pongamos mucha atención a esta iniciativa, a esta figura que nos puede permitir el agilizar los trabajos que en muchas de las Comisiones se quedan congelados, por cuestiones —a veces— de acuerdo político.
Es cuanto, señora Presidenta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su permiso, diputado Presidente. La que suscribe la presente iniciativa, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Es evidente que los ciudadanos de nuestro país se enfrentan cada día a nuevas situaciones y problemas que no están regulados por el derecho positivo, pues es también sabido que primero suceden los hechos y después las leyes que los regulan. Lo anterior ha provocado un incremento en la carga de trabajo que recae sobre los legisladores integrantes de este Honorable Congreso de la Unión, responsabilidad que de obviarse o descuidarse pondría en peligro la eficiencia de la función legislativa.
Es asimismo importante mejorar la valoración negativa que los ciudadanos tienen sobre el trabajo legislativo y el desempeño de sus representantes. Como ilustración, el documento número 28 del Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública de esta Cámara de Diputados, en donde señala la confianza depositada en diversas instituciones, con la iglesia y el Ejercito en primer lugar, con 67 por ciento de las opiniones favorables y en la parte baja de la lista la Cámara de Diputados, con apenas 37 por ciento, seguido de los partidos políticos, los sindicatos, la policía y la burocracia con apenas ocho puntos porcentuales de diferencia respecto al último lugar, de 29 por ciento.
Es por tanto necesaria la realización de acciones afirmativas que contribuyan a afirmar, a mejorar la labor del Poder Legislativo entre la sociedad. Establezcamos que la motivación para intensificar los trabajos legislativos es el compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida; es el deber fundamental del legislador. Un Congreso vigoroso, productivo, es lo que la sociedad espera; actuemos en consecuencia.
En este sentido es viable ampliar el número de sesiones ordinarias por semana que actualmente se llevan a cabo en este recinto legislativo. A pesar de que la presente Legislatura tiene poco de iniciada, todos hemos sido testigos de las sesiones donde el orden del día consta de un número elevado de iniciativas, comunicaciones, proposiciones, lo que provoca que sea complicado darle la atención necesaria a cada uno de los asuntos presentados y a su vez conlleva a un detrimento de la calidad de la función legislativa.
En comisiones, de igual forma hemos constatado la gran cantidad de iniciativas o propuestas ya dictaminadas y que por falta de tiempo no han sido presentadas al Pleno. Al momento que la nueva Legislatura los atiende, en muchos casos estos dictámenes han perdido interés o vigencia.
Debido a las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente
Proyecto de decreto
Primero. Se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 38: La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:
a) Establecer el programa legislativo de los períodos de sesiones, teniendo como base las agendas presentadas por los grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo, considerando por lo menos tres sesiones ordinarias por semana, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y las deliberaciones.
Segundo. Se reforma el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 28: Son ordinarias las que se celebren durante los días hábiles de los periodos constitucionales. Deberán llevarse a cabo cuando menos tres sesiones ordinarias por semana. Serán públicas, comenzarán por regla a las 11:00 horas y durarán hasta las cuatro horas, pero por disposición del Presidente de la Cámara o por iniciativa de alguno de los individuos de ella aprobada en términos de este Reglamento, podrán ser prorrogadas.
Serán extraordinarias las que celebren fuera de los períodos constitucionales o los días feriados dentro de ellos. Serán permanentes las que celebren con este carácter por acuerdo expreso de los miembros de cada Cámara y a efecto de tratar un asunto previamente determinado.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sí me gustaría invitar a todos los diputados y diputadas a que analicemos muy detenidamente, con mucha responsabilidad esta propuesta, ya que ha habido ocasiones en las que los miércoles se ha estipulado como un día en el que podamos establecer o una sesión ordinaria o también la atención a todo el público que se acerca a la Cámara, pero que haya esa obligación de los diputados de permanecer en ella durante este día para poder desahogar no solamente los trabajos en las comisiones, sino también la atención a todos los ciudadanos que se acerquen a la Cámara para presentar diferentes problemáticas en sus estados o municipios.
De ahí pues que espero la pronta aprobación de esta iniciativa, a efectos de que podamos desahogar todos los trabajos rezagados en comisiones y traerlos a pleno para su aprobación.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Aleida Alavez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta Presidencia saluda respetuosamente a los jóvenes alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí presentes.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos:
Rafael Primitivo Tiburcio Chávez Martínez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.
Xavier Cortés Rocha, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Magdalena Suberville Tron, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República francesa.
Jorge Dipp Murad, para aceptar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante, que le otorga el gobierno libanés.
Héctor Octavio Cedillo Guerra, José Trinidad Fuentes Chaparro y Dina Ariadna Alcocer Martínez, para prestar servicios en las embajadas de Belice e Irlanda, en México.
Ferdusi Bastar Mérito, Alma Patricia Soria Ayuso y Emilio Zilli Debernardi, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se les dispensa la lectura.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación).. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rafael Primitivo Tiburcio Chávez Martínez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Xavier Cortés Rocha, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Isabel la Católica en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Magdalena Suberville Tron, para aceptar y usar la condecoración de la orden de la Legión de Honor en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Dipp Murad, para aceptar y usar la condecoración de la orden del Cedro Nacional en grado de Comandante, que le otorga el gobierno libanés.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Héctor Octavio Cedillo Guerra, José Trinidad Fuentes Chaparro y Dina Ariadna Alcocer Martínez, para prestar servicios en las embajadas de Belice e Irlanda, en México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo…
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Para hablar sobre un tema.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañeras y compañeros. Señor Presidente. Me llama la atención el dictamen de la Comisión de Gobernación que otorga permiso al ciudadano Jorge Dipp, para usar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional en grado de comandante, que otorga el gobierno libanés. Yo no sé si ésta es una orden militar, una orden …, pero me llama la atención el título de comandante que le otorga el gobierno libanés.
Yo creo que necesitamos estudiar mejor este dictamen y propongo que éste se reserve y se regrese a Comisiones, a fin de examinar si no es una orden de carácter militar. Aprovecho la ocasión, compañeras y compañeros, para dar a conocer una situación bochornosa en relación con órdenes que otorgan otros gobiernos extranjeros.
El día de ayer en la ciudad de Guatemala, el gobierno de la República de Guatemala otorgó la orden Quetzal en grado Cruz —que es la máxima condecoración que otorga el gobierno de Guatemala— al ciudadano Porfirio Muñoz Ledo, por haber contribuido a fortalecer las relaciones de amistad entre México y Guatemala.
Fue otorgada por el canciller de Guatemala, Gert Rosenthal, que es un distinguido académico. Él fue secretario ejecutivo de la CEPAL. Tuve oportunidad de acompañarlo el día de ayer en la cancillería de Guatemala; una ceremonia muy bonita. Se reunieron cerca de 100 académicos, dirigentes de partidos políticos de izquierda, de centro, de derecha y la única ausencia en esta ceremonia fue la de la embajadora de México en Guatemala, la embajadora Rosalba Ojeda.
Esta es una señal muy mala, porque o bien solicitó autorización de la cancillería mexicana para no ir, porque se trataba de un dirigente de un partido opositor o bien actuó por cuenta propia, pero el resultado es el mismo. Estamos retrocediendo en que nuestras embajadas se convierten, no en instituciones representativas de la nación y del Estado mexicano, sino en embajadas de partidos políticos.
En la época del salinismo también hubo una guerra contra los dirigentes del Frente Democrático Nacional y me llama la atención la ausencia de esta embajadora que cree que la embajada de México en Guatemala es embajada del PAN y por lo tanto no puede asistir a una ceremonia que le otorga un gobierno amigo de México, como es el gobierno de Guatemala, a un destacado diplomático mexicano que hoy es dirigente del Frente Amplio Progresista y por lo tanto lo consideran un dirigente de la oposición, el cual no merece la atención de la embajadora de México en Guatemala.
Creo, compañeras y compañeros, que es preciso denunciar este tipo de actitudes de la embajadora de México en Guatemala. Me he comunicado esta mañana con la señora secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para manifestarle esta preocupación nuestra. Me parece que no debemos aceptar que este clima de hostilidad y de confrontación se traslade a las embajadas de México en el exterior y se conviertan en reducto de partidos políticos.
Finalmente quiero pedir, señor Presidente, que este proyecto de decreto que se refiere al grado de comandante que otorga el gobierno libanés, se regrese a comisiones a fin de hacer un estudio pormenorizado de esta orden que se otorga al señor Jorge Dipp y a la vez, alertar a esta Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, sobre este tipo de conductas inadecuadas que lastiman el prestigio de México en el exterior. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si la solicitud del diputado Sandoval para devolver este proyecto de decreto del ciudadano Jorge Dipp Murad, cuya condecoración le ha sido otorgada por el gobierno del Líbano con esa denominación de la orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante, es de devolverse a comisiones. Consulte en votación económica si se mantiene el proyecto o se devuelve a comisión.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica, se consulta a este Pleno sobre la propuesta de que se devuelva a comisiones el dictamen para que el ciudadano Jorge Dipp Murad pueda aceptar y usar la condecoración de la orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante que le otorga el gobierno libanés.
Quienes estén por la afirmativa –es decir, en el sentido de que se regrese- sírvanse manifestarlo… (votación)…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A favor, sería la propuesta del diputado Sandoval que se devuelva a comisiones el dictamen que establece el permiso para usar la condecoración que le otorga el gobierno libanés al ciudadano Jorge Dipp Murad, con esa denominación de la orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante.
Quienes estén a favor de la propuesta hecha pro el diputado Sandoval, sírvanse manifestarlo… (votación).
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Hay mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se mantiene el dictamen en conjunto para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, una vez que ya ha sido discutido en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo se reserva para su votación nominal el conjunto. Adelante, Secretario.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ferdusi Bastar Mérito, Alma Patricia Soria Ayuso y Emilio Zilli Debernardi para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Actívese el micrófono de la diputada Pinete Vargas.
La diputada María del Carmen Pinete Vargas (desde la curul): Diputada María del Carmen Pinete Vargas, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Señor Presidente, se emitieron 384 votos en pro…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tomen la votación de los diputados que están pidiéndola. Sonido por favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono del diputado Orci Martínez.
El diputado Juan Adolfo Orci Martínez (desde la curul): Juan Adolfo Orci, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono del diputado Lizárraga.
El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (desde la curul): Víctor Lizárraga Peraza, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono del diputado Enrique Benítez.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (desde la curul): Enrique Benítez, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono de la diputada Alma Alcaraz.
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (desde la curul): Alma Alcaraz, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono del diputado Adrián Pedrozo.
El diputado Adrián Pedrozo Castillo (desde la curul): Adrián Pedrozo, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono del diputado José Ramón Pacheco.
El diputado José Ramón Félix Pacheco Llanes (desde la curul): Pacheco, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono del diputado Héctor Padilla.
El diputado Héctor Padilla Gutiérrez (desde la curul): Héctor Padilla, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono del diputado Samuel Palma.
El diputado Víctor Samuel Palma César (desde la curul): Diputado Samuel Palma, aparezco en el tablero en contra, pero mi voto es a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono del diputado Alejandro Sánchez.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho (desde la curul): Mi voto es a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono de la diputada Rosario Ortiz.
La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón (desde la curul): Rosario Ortiz, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Actívese el micrófono del diputado Talavera.
El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera (desde la curul): Jorge Mario Lescieur Talavera, a favor.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Se emitieron 395 votos a favor; dos en contra y siete abstenciones. Hay mayoría, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 395 votos. Pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia recibió de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal que en el Presupuesto de Egresos de 2007 considere recursos a fin de atender la problemática generada por el virus del papiloma humano, en el estado de Durango. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente incluya a la Secretaría de Salud en la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió del grupo parlamentario del PRI punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Hacienda informe sobre el incremento del precio de la gasolina y el diesel. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo en relación con el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió de la diputada Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo sobre la Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
De la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde, punto de acuerdo en relación con la importación de árboles de Navidad naturales. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde, punto de acuerdo relativo al Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de La Huasteca en el estado de Nuevo León. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De la diputada Guadalupe García Noriega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente publique la Norma Oficial Mexicana en relación a la conservación y protección de tortugas marinas. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos para la construcción de carreteras y puentes en el municipio de San Gabriel, en el estado de Jalisco. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos para la construcción del tramo carretero Villa Chilapa de Díaz - Yolomécatl. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se consideren recursos para el aprovechamiento de las aguas residuales en el estado de Zacatecas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En la sesión del pasado 28 de noviembre, el diputado Héctor Padilla Gutiérrez presentó proposición con punto de acuerdo para que los titulares de las dependencias competentes informen de las acciones realizadas sobre la protección de la porcicultura nacional; se consideró de urgente resolución e hicieron uso de la palabra los diputados Rafael Villicaña García, del PRD y Gerardo Antonio Escaroz Soler, del PAN.
En consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición. Pido que lea el acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Proposición con punto de acuerdo.
Primero. Solicitar al Presidente de la Comisión Federal de Competencia, explique a esta Asamblea cómo las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica podrían facilitar a la comisión a su cargo investigar la depredación de precios en la cadena de comercialización porcina y de qué manera se puede prohibir o compensar el efecto de esas prácticas, y, asimismo, que informe si existe en la Comisión, el grado de especialidad requerido para la efectiva investigación de los mercados agropecuarios.
Segundo. Solicitar al titular de la Secretaría de Economía que exponga ampliamente a esta Asamblea el programa de la Secretaría a su cargo, para la revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas, para asegurar que se cuenta con la información suficiente para garantizar que los procedimientos e ingredientes para la elaboración de los alimentos no son nocivos para la salud y para asegurar que los consumidores mexicanos tengan la información suficiente y clara respecto a la composición de los alimentos elaborados.
Tercero. Solicitar al director de Senasica que explique a esta Asamblea el análisis sustentado de riesgo a la salud pública y sanidad animal bajo las condiciones actuales de inspección y verificación sanitaria en puertos y fronteras, y que informe detalladamente el estado que guarda el personal calificado, su capacitación, la infraestructura y equipamiento para la realización de las tareas que tiene encomendadas y que exponga con claridad sus alcances, fortalezas y debilidades. Diputado Héctor Padilla Gutiérrez.
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Escuela Secundaria "Jerónimo Mariano Valera" del Distrito Federal que se encuentran aquí presentes y a las personas que nos visitan del municipio de Tihuatlán, del estado de Veracruz, aquí en esta sesión. Gracias.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política para dar cuenta del acuerdo que establece el mecanismo de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen, discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación por sectores y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Proceda la Secretaría a dar lectura de esta comunicación.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Junta de Coordinación Política. Siete de diciembre del 2006. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en el artículo 5o. de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación electrónica de votación, solicitamos a usted, atentamente, modificar el orden del día de esta sesión, para incluir en el primer turno posible el siguiente asunto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acuerdo que establece el mecanismo de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación por sectores y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Sin otro particular, quedamos de usted. Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del Partido de Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse en el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que establece el mecanismo de participación de las Comisiones Ordinarias, en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos por sectores y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo establecido en los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 44 numeral 4 y 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción VIII, inciso f) y 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Considerando
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto respectivo presentado por el Ejecutivo federal.
2. Que en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en términos del artículo 45, numeral 6, inciso g) de dicha Ley tiene la facultad de emitir acuerdos para realizar las actividades que se establecen en la misma y en otros ordenamientos aplicables.
3. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 42, fracción VIII, inciso f) establece
f) en el caso de Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias, en el examen y discusión del presupuesto por sectores.
Los legisladores de dichas comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas, la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.
4. Que en adición a la obligación legal de prever un mecanismo de participación de las comisiones ordinarias de esta Honorable Cámara de Diputados, en el proceso de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es fundamental la concurrencia de las comisiones en dicha labor, aportando sus observaciones y propuestas relativas a los presupuestos de los sectores que tienen encomendados cada una de ellas, haciendo más plural y especializado el examen y la discusión sobre los presupuestos de los mencionados sectores, siendo con ello el proceso de elaboración del dictamen correspondiente por parte de esta comisión.
5. Que tomando en consideración que en términos de los artículos 66 y 74, fracción IV párrafo tercero de la Constitución, el proceso de examen, discusión y en su caso modificación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 deberá realizarse en un muy breve período de tiempo y antes de que inicie el ejercicio fiscal 2007.
Se vuelve apremiante contar con un procedimiento que ordene tanto la participación de las diversas comisiones que integran esta Honorable Cámara de Diputados en el proceso de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como labor de esta comisión en los trabajos para elaborar el dictamen correspondiente.
Por lo antes expuesto y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42, fracción VIII, inciso f) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se emite el siguiente
Acuerdo
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que establece el mecanismo de participación de las Comisiones Ordinarias, en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos por sectores y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Primero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública conforme a lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria recibirá a más tardar el día 18 de diciembre del año en curso, las propuestas de las comisiones ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados, respecto a los presupuestos de los sectores que se ubiquen en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a lo siguiente.
Las propuestas de cada comisión deberán entregarse a la secretaría técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el documento integral entregado por ésta, el cual reúne los requisitos señalados en los artículos 18 y 42, fracción VIII de dicha Ley, que establece que los legisladores observarán lo siguiente.
a) A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingresos distinta al financiamiento a compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
Cuando propongan un nuevo proyecto, deberá señalarse el ajuste correspondiente de programas y proyectos vigentes, si no se proponen nuevas fuentes de ingreso.
Para tal efecto, se deberán identificar los programas susceptibles de ajuste por el equivalente al monto propuesto. Dichos ajustes deberán realizarse dentro del mismo ramo administrativo al que se le está aumentando o creando gasto adicional.
b) Las propuestas serán congruentes con las estimaciones de ingresos, incluyendo aquélla del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley citada; así como observando los criterios generales de política económica.
c) Las propuestas deberán tomar en cuenta la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.
2. Será responsabilidad de la comisión ordinaria respectiva que el documento integral que elabore y presente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la fecha señalada, haya sido aprobado por la mayoría de los legisladores integrantes de la comisión ordinaria respectiva, para lo cual anexará la hoja de firmas correspondientes.
En caso contrario, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no tomará en consideración el documento remitido durante la elaboración del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
3. A efecto de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pueda elaborar en tiempo y forma el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación, no incluirá modificaciones al documento remitido por las comisiones ordinarias en fecha posterior a la fecha limite establecida ni incluirá propuestas individuales de los legisladores que no sean incorporadas a los documentos integrales, elaborados por las respectivas comisiones.
Segundo. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública establecerá, conforme a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos de trabajo siguientes para el análisis de las propuestas de las comisiones ordinarias y la integración del dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
1.- Grupo de trabajo para la redacción del dictamen, incluyendo el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
2.- Grupo de trabajo para la integración de los anexos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya labor será determinar las asignaciones finales de recursos que se incluirán en el dictamen.
Tercero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por conducto de los grupos de trabajo, verificará que las propuestas de las comisiones ordinarias cumplan con lo previsto en el numeral primero de este acuerdo; a efecto de que sean consideradas en el proceso de elaboración del dictamen correspondiente.
Cuarto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública celebrará cuando menos dos reuniones plenarias para que, con base en las recomendaciones de los grupos de trabajo, se determine la inclusión de aquellas propuestas de las comisiones ordinarias que reúnan los requisitos previstos en el numeral primero de este acuerdo y que sean compatibles con la disponibilidad final de recursos que hayan sido aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Quinto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitará al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda la información necesaria para el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, inciso c) y 106, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 62 y 63 de su Reglamento, estará obligada a proporcionar a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados toda la información que le sea solicitada respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo toda la información correspondiente a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como deberá prestar la colaboración que le sea solicitada en los términos de la fracción IX del artículo 42 de dicha Ley.
Sexto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la facultad de interpretar el presente acuerdo y establecer las consideraciones necesarias para su aplicación.
Séptimo. El presente acuerdo se turnará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que se dé lectura ante el Pleno y se publique en la Gaceta Parlamentaria, para la debida observancia y cumplimiento de los diputados integrantes de la LX Legislatura. Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de diciembre de 2006.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Se concede el uso de la tribuna al diputado Jorge González Betancourt, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal considere mayores recursos para la Secretaría de la Defensa Nacional en el Presupuesto 2007.
El diputado Jorge Justiniano González Betancourt: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras, compañeros diputados.
Los suscritos Jesús Arredondo Velázquez, Alejandro Landero Gutiérrez y el que habla, Jorge Justiniano González Betancourt, diputados a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos son instituciones armadas permanentes que, de conformidad con su Ley Orgánica tienen las misiones generales siguientes:
Defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior por medio de la aplicación de las siguientes actividades: contra el narcotráfico; apoyo a la seguridad pública y mantenimiento del orden interno; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso de la nación mediante actividades de reforestación y servicio militar nacional; auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas por medio de labor social y campañas diversas de vacunación y salud.
En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas afectadas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas por medio de la aplicación del Plan DN-III-E.
El gobierno federal asumió como objetivos rectores en el área de orden y respeto, el defender la independencia y soberanía y la integridad del territorio nacional y diseñó un nuevo marco estratégico de seguridad nacional en el contexto de la gobernabilidad democrática y el orden constitucional, en los cuales se encuentra cimentada nuestra democracia.
Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional tiene definidos y detenidos varios programas de inversión que le permitirían cumplir con mayor eficacia y eficiencia las misiones asignadas, así como proporcionar mejores condiciones de vida para sus integrantes que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional, empeñados en una lucha permanente contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y proporcionando apoyo a la población civil en áreas afectadas por fenómenos naturales y los originados por el hombre.
Dentro de dichos programas ubicamos entre los más importantes la adquisición de mantenimiento de aeronaves, vehículos y armamento; la construcción de estructuras que los protejan; construcción de instalaciones hospitalarias y de alojamiento de tropas y familiares y la adquisición de materiales que incrementen la capacidad operativa de los elementos, para entregar mejores resultados a la nación.
En este sentido es necesario que, como representantes populares, estemos conscientes de que en lo interno vivimos en forma permanente los efectos nocivos de la delincuencia organizada, principalmente el narcotráfico que, por la magnitud de recursos económicos que administra y las carencias de las instituciones que los combate, en esas circunstancias hemos tenido recursos favorables, gracias a los principios éticos y morales de nuestros soldados.
No obstante lo anterior, desde el año 2001 a la Secretaría de la Defensa Nacional se le ha disminuido su presupuesto en un 12.4 por ciento, en términos de relación a lo propuesto por el Ejecutivo federal, que ya de principio era limitado, a excepción de 2006, en el que esta soberanía autorizó 700 millones de pesos adicionales al monto presentado en el proyecto de Presupuesto de Egresos.
Sin embargo, el promedio de los últimos seis años ha sido deficitario en relación con las necesidades de gasto corriente y de inversión de esta institución, por lo que es urgente compensar la balanza de los recursos asignados en este ramo estratégico.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal que en el Presupuesto de Egresos para el año 2007 se considere dotar de recursos adicionales al Ramo 07, relativo a la Defensa Nacional, a efecto de que el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos cuenten con mayores elementos para servir adecuadamente a la población. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Betancourt. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos 2007 asigne recursos para que se construyan comedores en las escuelas de tiempo completo.
El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. El que suscribe, diputado por el VIII distrito en el Distrito Federal, y en representación de las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco, pone a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Los niveles de desarrollo de una sociedad se miden y se evalúan, entre otros factores, por el grado de desarrollo social que ésta alcanza en relación directa con la satisfacción de sus necesidades básicas, como lo son la alimentación, la salud, vivienda digna y por supuesto el acceso a la educación, la cual en cualquier país debe ser considerada como palanca para el desarrollo económico, político y social.
Para la administración concluyente, las políticas aplicadas en este rubro no reflejaron esta prioridad, lo que puede apreciarse por los recursos federales destinados para este fin, mismos que no llegaron en ese sexenio ni siquiera al uno por ciento del producto interno bruto, que es el mínimo recomendable por la UNESCO.
Esto es importante señalarlo debido a que el punto que nos ocupa tiene que ver con la educación, entendida ésta de manera integral, en donde no sólo basta con impartirla sino además indispensablemente el generar las condiciones y la infraestructura necesarias para su impartición.
Además de proporcionar el servicio educativo con profesores preparados, son necesarios modelos de atención que consideren el aprovechamiento escolar, las actividades creativas y de investigación, así como espacios para actividades específicas tales como laboratorios, o para la educación física y —en el caso concreto— de los comedores escolares para las escuelas de tiempo completo que funcionan de las 8:00 a las 16:00 horas.
En nuestro país funcionan este tipo de escuelas desde la década de los 70 del siglo pasado y hoy, más de 30 años después, una cantidad considerable de escuelas con esa modalidad de atención, no cuentan con un comedor escolar en sus instalaciones.
Las escuelas con este modelo surgieron bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Pública, por la necesidad de impartir educación en horarios con mayor amplitud; esencialmente como un apoyo a las madres trabajadoras y para un mejor aprovechamiento de las y los educandos en sus tiempos libres, se ha venido reproduciendo en los diferentes niveles, tanto de preescolar, primaria, secundaria y en el sistema de educación especial.
En la actualidad y de acuerdo con la evolución y cambios que ha experimentado nuestra sociedad, se pretende que también sean un apoyo en la generación de espacios que asuman la responsabilidad de proteger a la población escolar de riesgos sociales y como una forma de prevención de conductas antisociales.
Por otra parte, desde el punto de vista pedagógico, este modelo pretende aprovechar la extensión del horario escolar para promover y realizar actividades lúdicas, creativas y de investigación.
Asimismo, integrar la educación física como uno de los ejes vertebrales en el proceso educativo. Y, por supuesto, también para la ampliación de la infraestructura necesaria que permita tener comedores adecuados dentro de los planteles, que propicien una cultura nutricional, con menús balanceados y el consumo de alimentos en un espacio digno y decoroso.
Deseo reiterar que la educación debe ser integral y considerada como una prioridad para el desarrollo de nuestro país y ésta debe impartirse con una visión social que considere sobre todo la convivencia armónica, basada en una nueva forma de relación más humana y más social, desde los primeros años de la educación básica.
Sin embargo, en nuestro país hay un sinnúmero de escuelas de tiempo completo que no cuentan con un comedor para atender esta necesidad en la población escolar que asiste a ellas. Todas estas escuelas deberán de contar con uno expresamente concebido para tal fin y no todos lo tienen. Algunas habilitan salones de usos múltiples para la hora de la comida; otras lo hacen intercambiando salones y la gran mayoría toman sus alimentos a la hora de la comida, en el mismo salón de clases y en el pupitre donde realizan su trabajo escolar.
Es indigno que nuestras niñas y niños no tengan un espacio específicamente construido para tal fin. Este hecho denigra a la educación que se imparte e impide lograr el objetivo de no alcanzar solamente una educación integral, sino la cultura nutricional a la que nos hemos referido.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente.
Único. Se solicita al Ejecutivo federal que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2007, mayores recursos para la construcción de comedores escolares en todas las escuelas de tiempo completo del sistema educativo nacional oficial que operan en el territorio nacional.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Barreiro. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia saluda a los jóvenes universitarios del estado de Puebla aquí presentes, a los jóvenes de la Asociación Civil "Siglo XXI" del estado de Puebla, también presentes, y a los líderes campesinos del Estado de México, aquí presentes. Bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Cofetel, otorguen permiso para el uso de la banda radiofónica en el Canal del Congreso.
El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Esta propuesta de punto de acuerdo pretendía ser más ambiciosa y hacer todavía más amplia la cobertura de las transmisiones que el Canal de Congreso —ahora que, para bien o para mal— ha venido alcanzando mejores ratings en el conjunto de nuestra sociedad y que busca que a todos los lugares y en todos los rincones de nuestro país, llegue el acontecer diario de los trabajos que se desarrollan en esta LX Legislatura.
Por lo tanto y con las siguientes consideraciones, y además teniendo conocimiento que en el presupuesto para este año sea destinada una partida especial —precisamente destinada al mejoramiento de las transmisiones del Canal del Congreso— esperamos que las comisiones correspondientes lo puedan hacer valer y podamos hacer realidad lo siguiente.
En septiembre de 1999, cuando se creó el Canal del Congreso, se estableció en la Ley Orgánica del Congreso General que éste sería el medio de comunicación del Poder Legislativo federal.
A través de los últimos siete años, la importancia del Canal del Congreso ha ido en aumento, caracterizado por transmitir la información de la actividad legislativa en un marco de objetividad y pluralidad. Se ha posicionado como un referente en la comunicación política.
En este marco y reconociendo el papel que juega la información y difusión del trabajo legislativo que día a día se realiza, es necesario que se fortalezca al Canal del Congreso para que se consolide como un medio público de Estado.
Tal como lo establece la Ley Federal de Radio y Televisión, corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas.
Actualmente existen muchos distritos en los que se desconoce el trabajo que se realiza por parte de los legisladores a favor de la población mexicana. Esto es debido a que hoy día el Canal del Congreso únicamente se transmite en el sistema de televisión de paga.
En estos términos, se niega a un amplio sector de la población el derecho a estar informado sobre el trabajo que realizan los legisladores que ellos eligieron, violentando lo que establece la Ley de Radio y Televisión en el artículo 4o. y en las fracciones III y IV del 5o. artículo.
Por otra parte es importante señalar que el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sólo podrá hacerse previa concesión o permiso del Ejecutivo federal.
Por ello, y objeto del presente punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 6o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, es exhortar tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes como al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que asignen y otorguen el permiso de la banda radiofónica para que se transmita tanto por radio como por televisión abierta la señal del Canal del Congreso.
De igual forma el artículo 21-A de la multicitada ley establece que la Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a dependencias de la administración pública federal centralizada, a entidades paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas. De igual forma que es importante destacar que buscamos cumplir con la fracción I que ustedes conocerán de esta ley y por lo que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política y de su colegisladora, para que realicen el trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la asignación del espectro de banda radiofónica tanto para radio como para televisión abierta para el Canal del Congreso.
Segundo. Se exhorte al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de Cofetel, para que se otorgue permiso y asigne el espectro de banda radiofónica, tanto para radio como para televisión abierta para el Canal del Congreso, para que se transmitan las sesiones del Congreso.
Tercero. Que se transmita lo más importante del programa "Noticias del Congreso" dentro de los tiempos oficiales en canales de televisión abierta y en cobertura nacional.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Barreiro. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la tribuna el diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que dentro del ámbito de sus competencias, cree un Juzgado de Distrito en San Miguel de Allende, Guanajuato.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea.
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, el que suscribe, diputado federal Martín Stefanonni Mazzocco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que, en el ámbito de su competencia, proceda a la creación de un Juzgado de Distrito en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, solicitado por diversos presidentes municipales, colegios de abogados, establecidos en la demarcación noreste de la citada entidad federativa, a fin de facilitar el acceso a la administración de justicia de los habitantes de dicha región.
Consideraciones
En la región noreste del estado de Guanajuato —en la cual se encuentran incluidos 13 municipios— se instruyen múltiples procesos en materia federal, los cuales son del conocimiento de las autoridades de administración de justicia ubicados en la capital del estado por ser éstas las más cercanas, lo que en obvio representa para la población involucrada en el procedimiento federal que reside en dichos municipios y que en su mayoría es de escasos recursos, un difícil acceso a la administración de justicia, pues aunado al hecho de lo complicado que resulta en sí un proceso jurisdiccional, debe trasladarse a una distancia lejana que implica un gasto económico considerable, pues continuamente deben asistir a dichos recintos federales.
Ante esta situación, diversos colegios de abogados y presidentes municipales establecidos en dicha localidad solicitaron en el mes de febrero del año 2005 al Consejo de la Judicatura Federal la creación de órganos jurisdiccionales federales con una ubicación más cercana, exponiendo para ello los infortunios que sufren los habitantes de todos los municipios de la zona noreste del estado.
Dicha solicitud fue recibida por el licenciado Adolfo Aragón Mendía, consejero de la Judicatura Federal y presidente de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, quien a su vez remitió dicha solicitud a la licenciada Margarita Ortiz Blanco, secretaria ejecutiva de carrera judicial, adscripción y creación de nuevos órganos del Consejo de la Judicatura, a fin de que ordenara la elaboración del análisis correspondiente y se remitiera al citado consejero para así poder presentar la propuesta ante la Comisión, documento del cual se remitió copia a los interesados para efecto de su conocimiento.
Cabe mencionar que a fin de colaborar con la creación del Juzgado de Distrito, las autoridades municipales y los colegios de abogados gestionaron ante el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, la donación de un predio a fin de que la autoridad federal contara con un espacio físico para la constitución del recinto judicial.
Para ello, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, en sesión celebrada en el mes de enero del año 2005, emitió un acuerdo a través del cual autoriza los procedimientos correspondientes para tramitar la donación de un lote propiedad municipal denominado "Casco de Landeta", a fin de dotar de mayor viabilidad el requerimiento hecho, circunstancia que a su vez se hizo del conocimiento del Consejo de la Judicatura federal con el objeto de hacer latente la preocupación e imperiosa necesidad de crear un juzgado de distrito en dicha zona.
Sin embargo, pese a la solicitud legal y formal realizada por diversos colegios de abogados y presidentes municipales, así como la cooperación de las autoridades del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, cuya única intención es beneficiar a la población residente en la zona noreste del estado con el fin de lograr un efectivo acceso a la justicia, que se erige como una garantía constitucional prevista en el artículo 17, el Consejo de la Judicatura de la Federación a la fecha, y habiendo transcurrido más de un año, no ha dado respuesta alguna.
Por consiguiente no ha instaurado el solicitado órgano judicial en dicha demarcación, continuando desafortunadamente dichos municipios con la citada problemática, pues muchas de las veces impide la obtención de la justicia por parte de la ciudadanía, a quien le asiste el derecho por falta de recursos y posibilidades para continuar un proceso legal.
No puede ser que el acceso a la justicia quede supeditado a cuestiones administrativas respecto de la organización y funcionamiento por el Poder Judicial. Es necesario que el sistema de impartición de justicia se adecue a las necesidades actuales que demanda la sociedad.
Por ello, los legisladores de Acción Nacional consideramos necesario exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a fin de que den respuesta oportuna a la solicitud de creación de un órgano judicial en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, hecha por diversos colegios de abogados y los presidentes municipales a fin de que sus pobladores cuenten con un adecuado acceso a la administración de justicia federal.
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores de Acción Nacional presentamos a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo de urgente resolución
Primero. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a fin de que, en la elaboración de su presupuesto para el ejercicio 2007, prevea recursos para la partida correspondiente, la creación de un juzgado de distrito en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y a su vez le sea remitido al presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segundo. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a fin de que, una vez determinada la viabilidad y aprobada la partida presupuestal correspondiente, proceda a implementar las medidas necesarias para la constitución y funcionamiento del juzgado de distrito en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Martín Stefanonni. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Victorio Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a los titulares de las secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social su intervención en relación con la problemática de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración.
El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: Con su venia, señor Presidente. El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de obvia o urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que se exhorte al secretario de Gobernación, al secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en la esfera de sus respectivas atribuciones intervengan de inmediato ante el comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Hipólito Treviño Lecea, a fin de que se detenga la política de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de este instituto, bajo las siguientes
Consideraciones
Primero. El 19 de octubre de 1993 se creó el Instituto Nacional de Migración como un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, teniendo como objeto la planeación, ejecución, control y supervisión de los servicios migratorios, así como las relaciones de coordinación con las diferentes dependencias de la administración pública federal, que concurran en la atención y solución de los asuntos en la materia.
Segundo. El Instituto Nacional de Migración señala como su visión el ser un órgano respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, que facilite a los extranjeros el ejercicio de sus derechos.
Tercero. Lo paradójico es que a sus propios trabajadores, el Instituto Nacional de Migración no les respeta su dignidad ni sus derechos humanos y les pisotea sistemáticamente el ejercicio de sus derechos laborales.
Esto ha venido sucediendo durante todo el sexenio foxista, especialmente a partir de que el cargo de comisionado es ocupado por el licenciado Hipólito Treviño Lecea.
Cuarto. Los trabajadores de este instituto, con base en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sufren —entre otras— las siguientes arbitrariedades: las trabajadoras embarazadas, son hostigadas laboralmente y cambiadas de área sin previo aviso; no son recibidas las licencias médicas de los trabajadores para levantarles actas administrativas; sufren cambios de adscripción, por ejemplo de Veracruz a Oaxaca y de Oaxaca a Veracruz o de México a Veracruz y/o México a Oaxaca, sin que justifique en necesidades del servicio; a las madres trabajadores se les cambia su horario de labores para que ya no puedan estar con sus hijos ni apoyarlos en sus actividades escolares o se les transfiere a oficinas más lejanas, lo que les acarrea mayores gastos y más tiempo en el traslado; se ha suprimido el tiempo para ingerir alimentos o para el descanso durante la jornada laboral; se niegan o condicionan las vacaciones, días económicos y otros permisos.
Todas estas aberrantes violaciones que están debidamente documentadas agraden al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a las condiciones generales de trabajo vigentes en la Secretaría de Gobernación.
Además los trabajadores que han denunciado estas irregularidades ente la autoridades superiores del instituto, el órgano de control interno o incluso ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje son víctimas de diversas represalias, como el ser obligados a desarrollar actividades que no concuerdan con su nivel de calificación, cambios de horarios o de adscripción, por mencionar algunas.
Todo este panorama de ilegalidad no sólo pisotea los derechos humanos laborales de los trabajadores, sino pone en riesgo el buen funcionamiento del Instituto Nacional de Migración, esencial para la soberanía y seguridad nacionales, y a la tutela de los migrantes, lo que incluso nos debe llevar a pensar en la necesidad de refundar a este instituto en un organismo descentralizado o incluso en un organismo público autónomo, que le permita desempeñar sus atribuciones con mayor dignidad y autonomía.
Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Se exhorte al secretario de Gobernación y al secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en la esfera de sus respectivas atribuciones intervengan de inmediato ante el comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Hipólito Treviño Lecea, con el objeto de que se ponga fin a la política de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de este Instituto, restituyéndole, en su caso, en el goce de los mismos.
Al propio tiempo inicien las investigaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados, ejerciéndose las acciones legales que procedan. Dejo en la Secretaría más documentos entregados por los mismos trabajadores para este exhorto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la propuesta. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución.
En virtud de que no hay registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de aprobarse la proposición.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (Votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (Votación) Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Aprobada. Comuníquese. Tiene el uso de la palabra el diputado Rolando Rivero Rivero del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes impulsen programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila.
El diputado Rolando Rivero Rivero: Con su permiso señora Presidenta. Con punto de acuerdo en el que pedimos exhortar a las autoridades federales, estatales y municipáles, a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila a cargo de un servidor, Rolando Rivero Rivero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El suscrito diputado federal Rolando Rivero Rivero del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a lo siguiente:
La región centro de Coahuila y carbonífera representan el punto neurálgico de dicho estado por considerar estratégicas las áreas con un potencial económico que hasta la fecha no se ha realizado, principalmente por la falta de infraestructura de desarrollo industrial que durante muchos años ha sido promesa de campañas de gobernadores anteriores, que han faltado a esa promesa y dejado a las regiones, en condiciones que les impide el acceso a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras y principalmente por no tener las suficientes áreas industriales debidamente equipadas con agua, energía eléctrica y pavimentaciones como para crear seguridad, certidumbre y las condiciones apropiadas para el desarrollo de estas regiones de Coahuila.
La región centro de Coahuila es punto de intersección de carreteras como son el norte de Coahuila hacia la frontera sur de los Estados Unidos sur, con la capital de nuestro estado y centro también de la República; oriente con Nuevo León y principalmente con la ciudad de Monterrey, así como punto de partida con el estado de Chihuahua al norte-centro de la República Mexicana y hacia sur-poniente con la región lagunera. Asimismo, a 200 kilómetros se encuentra la frontera de Laredo, Tamaulipas, con la parte sur de Texas.
Sin embargo, este detonante no ha sido aprovechado por los gobiernos estatales que no le han dado la atención debida para la consecución del empleo, creando desde luego, bases firmes que sean sustento de un desarrollo económico e industrial.
Monclova, la ciudad más grande en un área conurbada, formada por ciudades como Frontera, Castaños e incluyendo San Buenaventura, Coahuila, forma un núcleo de población de más de 450 mil habitantes, mismos que por año han sido cautivos de una sola actividad económica en la producción del acero, considerando que en ella está establecida la empresa siderúrgica Altos Hornos de México, SA, misma que ha representado diferentes variaciones por estar sujeta a los movimientos macroeconómicos con respecto a precios, oferta y demanda.
La gran industria establecida no ha sido aprovechada al máximo, al no haberse diversificado empresas que tengan asentamientos firmes y de valor representativo del empleo, por la falta de infraestructura que no se desarrolló originando desequilibrios en esas estructuras económicas, sociales, por falta de empleos remunerados que consoliden la economía de esta región.
Del mismo modo la carbonífera ubicada a 125 kilómetros al norte de la ciudad de Monclova, región que está conurbada con las ciudades de Sabinas, Nueva Rosita y pueblos que lo rodean como son Múzquiz y Palau, los cuales prácticamente dependen de una sola actividad económica considerada como única y primordial fuente de empleo: la minería, en la extracción de carbón.
Esta conurbación urbana ya representa más de 100 mil habitantes y la falta de desarrollo —igualmente— e infraestructura industrial, ha dejado prácticamente en condición difícil la obtención de empleo, ocasionando al mismo tiempo poco atractivo a la instalación, la inversión, que podía tener mejores condiciones de empleo y diversificación de la economía en esta región.
La existencia de estas dos zonas con óptimos desarrollos han sido dejados por los últimos tres gobiernos estatales en condiciones desiguales para incorporarlas al desarrollo industrial que tiene zonas más privilegiadas como son la zona sur que corresponde a Saltillo y Ramos, y la zona lagunera, en donde la gran cantidad de desarrollos industriales ha propiciado un crecimiento que no ha ido de la mano con el desarrollo industrial del estado de Coahuila.
En este sentido, es de suma importancia la implementación de acciones coordinadas con los distintos órdenes de gobierno, con el fin de facilitar el desarrollo industrial sustentable de estas regiones, impulsando programas, proyectos, que tengan como objetivo mejorar las condiciones sociales y económicas.
Como dato principal les hago saber a este Congreso que estas regiones siempre han representado un alto índice de desempleo, así como la fuga de profesionistas que no han encontrado el empleo y se quedan en la ciudades de Nuevo León y de Saltillo, Laguna, y en casos más seguros emigran hacia los Estados Unidos, desperdiciando la mano de obra especializada.
Punto de acuerdo
Único. Por el que se exhorta a las autoridades en el ámbito de su competencia, a impulsar programas y proyectos de desarrollo industrial en la región centro y carbonífera de Coahuila, con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y económicas de la localidad. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y a Conaculta cuantifiquen los daños causados al Centro Histórico de Oaxaca.
El diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo: Con su venia, señora Presidenta.
Los suscritos, diputados federales María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones necesarias para cuantificar los daños causados al Centro Histórico de Oaxaca en los conflictos habidos en los últimos meses. Así como se proceda a salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Oaxaca posee una diversidad cultural de gran riqueza. En sus valles, hace casi tres mil años, las manos de zapotecos y mixtecos labraron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica.
Posteriormente la conquista, la Colonia y la época independiente contribuyeron a enriquecer y fortalecer una herencia invaluable que hoy se expresa en sus magníficas construcciones, sus tesoros artísticos, zonas arqueológicas, piezas prehispánicas, en las tradiciones y las costumbres de sus pueblos y barrios; así como en sus trabajos artesanales, su gastronomía, su folclore y su arte.
En la ciudad de Oaxaca encontramos sitios, monumentos históricos y manifestaciones artísticas, de los siglos XVI, XVII y XVIII, que poseen condiciones y cualidades únicas de tal belleza y estado de conservación que llevaron a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) en 1987, a declarar al Centro Histórico de Oaxaca como patrimonio cultural de la humanidad.
Sin embargo, en los últimos meses el conflicto existente ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de proteger el patrimonio cultural de la ciudad. Tenemos conocimiento de los daños que han sufrido diversos inmuebles del Centro Histórico, así como el acervo cultural que posee.
Por ello, es fundamental que el INAH, el INBA y Conaculta, en el ámbito de sus atribuciones, realicen a la brevedad una revisión completa de cada uno de los sitios y monumentos afectados que permita obtener un balance real de los daños causados por el conflicto. a fin de que puedan determinarse las acciones para su rehabilitación o recuperación.
Las instituciones a cargo del patrimonio cultural deben asumir su responsabilidad de proteger los testimonios de las antiguas civilizaciones y culturas. No podemos ni debemos permitir que siga sufriendo daños el patrimonio cultural; herencia de México y del mundo.
En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, por las características y circunstancias en que se presenta el problema, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorte al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a fin de que cuantifiquen los daños causados al Centro Histórico de Oaxaca y se proceda a su rehabilitación; asimismo, para que se lleven a cabo las acciones pertinentes para la protección y preservación del patrimonio cultural de la ciudad.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Cultura.
Se recibió de la diputada Margarita Arenas Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos 2007 se asignen recursos para que se dé cumplimiento a los proyectos del programa de la Comisión Organizadora del Bicentenario del Movimiento de Independencia y de la Revolución Mexicana. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Narcía Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la colegisladora dictamine la minuta que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
El diputado Héctor Narcía Álvarez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
Proposición
Con punto de acuerdo para solicitar se tomen las determinaciones correspondientes para que la Cámara de Senadores formule excitativa a sus comisiones de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos II del honorable Senado de la República, a que presente el dictamen sobre proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, remitida a la Cámara de Senadores a la sesión del día jueves 30 de marzo de 2006.
Presidente de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados, presente. El que suscribe, Héctor Narcía Álvarez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del PRD de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 inciso c), 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI y LVIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se solicita se tomen las determinaciones correspondientes para que la Cámara de Senadores formule excitativa a sus comisiones de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos II del honorable Senado de la República, a que se presente el dictamen sobre el proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, remitida a la Cámara de Senadores el jueves 30 de marzo de 2006, al tenor de las siguientes
Consideraciones.
El jueves 30 de marzo de 2006 la Comisión de Agricultura y Ganadería presentó en el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, la cual fue dictaminada y aprobada con 328 votos en pro, cinco en contra y seis abstenciones.
Es importante señalar que ante el proceso que vive el campo mexicano, el cual se enfrentará a la apertura comercial total con los Estados Unidos y Canadá, es necesario impulsar las leyes que apoyen y den certidumbre a los productores agrícolas de este país, que actualmente no existe política de Estado a largo plazo para alcanzar y mantener la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional y lo que se establece en la incertidumbre es inestabilidad, indiscrecionalidad en políticas, programas, reglas de operación y presupuesto para el sector agroalimentario.
El proyecto en cuestión es el resultado de una demanda generalizada del sector, recogida en el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo, que a la letra dice que se deben de realizar reformas jurídicas que permitan contar con una Ley Federal de Planeación Agropecuaria y Soberanía y Seguridad Alimentaria y presentar la iniciativa para su dictaminación y en su caso aprobación en el presente año, que contemple instrumentos de planeación, de programación y presupuestación multianual, que otorgue certidumbre y protección a los productores y que tenga como sustento el concepto de soberanía y seguridad alimentarias.
El proyecto establece una política de Estado a largo plazo para alcanzar y preservar soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional; un sistema nacional de planeación específico y especializado en programas multianuales clave de apoyos, marco de certidumbre y estabilidad para el sector agroalimentario y nacional.
Señor Presidente. Por lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:
Único. Sírvase comunicar a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la presente solicitud a efecto de que el debido ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, tenga a bien excitar a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos.
Segunda. Para que presente a la brevedad el dictamen correspondiente del proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobada en esta Cámara de Diputados en la sesión del jueves 30 de marzo del 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre del 2006. Suscribe el diputado federal Héctor Narcía Álvarez. Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Remítase a la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social investiguen el cumplimiento de la concesión otorgada al Grupo Aeroportuario del Pacífico.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados. Someto a su consideración la proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a las comisiones de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social para que se investiguen las condiciones del otorgamiento de la concesión de parte del Sistema Aeroportuario Mexicano, a fin de determinar los términos en que se otorgaron las concesiones al Grupo Aeroportuario del Pacífico, encargada de la operación y administración de 12 aeropuertos mexicanos, el cumplimiento de dichas condiciones y los efectos en los derechos laborales de los trabajadores de los aeropuertos concesionados, al tenor de las siguientes consideraciones.
La privatización del Sistema Aeroportuario Mexicano no sólo no ha cubierto las expectativas, sino que le ha costado y le seguirá costando a los mexicanos, ya que la creación inicial de empresas fue pagada con presupuesto federal.
Se les paga a los concesionarios millones de dólares anuales por asistencia técnica y transferencia de tecnología, y por el solo hecho de tener la concesión reciben el uno por ciento de comisión por venta de combustible.
Los cambios en materia de depreciación otorgaron a los concesionarios de este grupo, por concepto de devolución de impuestos, recursos casi suficientes para cumplir con sus compromisos de inversión en el año 2002.
Igualmente significó, por la entrega de la recaudación por concepto de uso de aeropuerto, pérdidas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por miles de millones de pesos por este cobro ahora entregado a este grupo de españoles.
Al otorgarse las concesiones no se incluyeron en los paquetes los aeropuertos menos desarrollados y no se ha invertido lo comprometido ni en montos ni en tiempos, ni hay señales de modernización. En todo caso, no hay autoridad que se responsabilice de la observancia del cumplimiento de los compromisos contraídos por el operador.
Por otra parte, hasta la fecha se ha recortado el 50 por ciento del personal que laboraba en ASA, contraviniendo el compromiso de generar nuevos empleos.
A la suma de irregularidades, habrá que agregar que no se pagan las contribuciones locales como derechos de conexión e impuesto predial. Sólo al municipio de Tijuana se le adeudan más de 120 millones de pesos por este concepto al negarse el Grupo Aeroportuario del Pacífico a pagar dicho impuesto, originándose un litigio que se ventila en un juzgado de distrito local.
Una muestra más del manejo poco claro de los aeropuertos concesionados a este grupo lo acredita el hecho de que el Grupo Aeroportuario mexicano ha presionado y amenazado a los locatarios, cortando el servicio de energía eléctrica y obstruyendo las entradas a los negocios e intentó aumentos de hasta el 500 por ciento de los arrendamientos, propició más de 60 juicios civiles, mercantiles y penales en contra de los locatarios para someterlos y obligarlos a que desalojaran o firmaran contratos de arrendamiento leoninos.
Además, ha provocado la competencia desleal y ha promovido juicios en Guadalajara y la Ciudad de México para afectarlos económicamente.
A meses de haber obtenido la concesión, el director comercial del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el español Carlos Porrón, amenazó a los comerciantes del aeropuerto de Tijuana, alardeando de las múltiples y cercanas relaciones con autoridades en todos los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipales.
Hasta la fecha ha sido claro que las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de los términos de la concesión han eludido su responsabilidad de comprobar el cumplimiento de los compromisos propios de la concesión, aún cuando ya desde esta misma tribuna se ha planteado la necesidad de revisar esta situación.
Por lo antes expuesto y con la firme voluntad de terminar con los abusos del mencionado Grupo Aeroportuario del Pacífico, condenamos que un instrumento legal que pretende contribuir a resolver los problemas del Sistema Aeroportuario Mexicano, como es la figura de la concesión, sea utilizado para vulnerar los derechos de terceros, su otorgamiento se traduzca en un daño al patrimonio nacional y la consecuencia inmediata, es decir, la privatización, sirva para desplazar a inversionistas nacionales, así como para que las autoridades responsables omitan verificar el cumplimiento de las obligaciones que el beneficiario adquiere.
Por constituir los aeropuertos mexicanos un sector estratégico y en virtud de las irregularidades mencionadas, me permito someter a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social, para que se analice, investigue e informe, para aclarar ante esta representación nacional los términos en que se otorgaron las concesiones al Grupo Aeroportuario del Pacífico, S. A. de C. V., encargado de la operación y administración de 12 aeropuertos mexicanos; las agresiones a los locatarios; el cumplimiento de dichas condiciones y los efectos en los derechos laborales de los trabajadores de los aeropuertos concesionados.
Firma este punto de acuerdo, aparte del de la voz, la diputada María Mercedez Maciel. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social.
Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y de Economía, especifiquen la sustentabilidad y calidad de las playas.
El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Con su licencia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Como es sabido por todos, las normas mexicanas junto con las oficiales, forman parte del proceso de normalización, teniendo como principal objeto proveer para uso común y repetido, reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto.
Con respeto a las normas mexicanas éstas se constituyen como instrumentos autorregulatorios que no son jurídicamente vinculantes y que su aplicación depende de la voluntad de quien decide adherirse a ellas; mientras que las normas oficiales mexicanas sí lo son.
En materia ambiental permiten el establecimiento de estándares o límites para evitar consecuencias negativas para la salud humana y cada uno de los ecosistemas en general, como resultado del desarrollo de alguna actividad o de un proceso productivo, por lo cual su formulación no debe ni puede encontrarse sujeta a ningún tipo de interés en particular.
En esta ocasión acudimos a esta tribuna, en virtud de que la autoridad recientemente expidió la Norma Mexicana NMXAA20SCFI2006, relativa a los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de la calidad de todas las playas.
Dicho instrumento busca que las playas sean certificadas con base en ciertos requisitos que permitan evitar riesgos para la salud humana y para la supervivencia de los ecosistemas en nuestras zonas costeras.
En nuestro país la problemática asociada a la calidad de nuestros ecosistemas marinos se evidencia con las condiciones en que se encuentran playas como las de Jalisco, Chiapas, Veracruz y también Campeche, que presentan un alto grado de contaminación, no obstante la existencia del Programa Integral que se nombra Playas Limpias. Dicha circunstancia ha sido denunciada por mi grupo parlamentario en diferentes ocasiones, ya que estamos seguros que debe garantizarse la conservación de nuestros recursos costeros al representar gran parte del potencial turístico nacional.
Es por ello que ante la expedición de la Norma en comento y la problemática asociada, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que no obstante el esfuerzo que se ha hecho en materia de certificación de playas, éste queda corto al expedirse una Norma Mexicana.
Es por ello que con el presente punto de acuerdo nos permitimos solicitar a la Secretaría de Economía a que cambie la naturaleza jurídica de la Norma en comento, para que la misma sea expedida como Norma Oficial Mexicana y no como Norma Mexicana, lo que permitirá exigir su cumplimiento forzoso.
De esta manera, el instrumento de la certificación, al ser obligatorio, permitirá que los prestadores de servicios turísticos introduzcan mejoras en sus operaciones, tendentes a una mayor sustentabilidad ambiental, económica y social, facilitando incentivos de asistencia técnica para lograrlo.
De igual forma, este instrumento permitirá a los usuarios y consumidores elegir entre aquellos productos o servicios turísticos que satisfacen requerimientos medioambientales, sociales y económicos, más allá de lo exigido por la legislación vigente y aquellos que no lo hacen. Más aún: con la certificación de playas, se logrará la formación de capacidades de las comunidades locales, generándose nuevas formas sustentables para la prestación de servicios turísticos, así como mejoras en materia de cuidado y conservación de recursos naturales, lo que permitirá revertir el deterioro ambiental que presentan.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, a nombre de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo en materia de certificación de playas, y solicita se inserte íntegro en el Diario de los Debates y se turne a las comisiones correspondientes.
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Economía, a que la Norma NMXAASCFI 2006, que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad a las playas, sea expedida como Norma Oficial Mexicana, a efecto de que sea vinculante y obligatoria.
Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sergio Augusto López. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía.
Se pospone la presentación de la propuesta con punto de acuerdo de la diputada Mónica Arriola, inscrita en el orden del día.
Tiene la palabra el diputado Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud implemente mecanismos para la revisión de los productos cárnicos importados.
El diputado Francisco Domínguez Servién: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas.
Con fundamento de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a implementar un mecanismo efectivo de revisión para los productos cárnicos importados, a fin de garantizar que su consumo no constituye un riesgo a la salud de la población mexicana e informe de ello a la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes
Antecedentes y consideraciones
En este país el nivel de importaciones de cárnicos para consumo humano, ha crecido de manera exponencial y sin sujetarse a verificación alguna que garantice la salud pública. Existe evidencia de que diversas empresas exportadoras de cárnicos hacia México, incurren en prácticas inadecuadas de mezclas de calidad de producto, de reempaque y de refacturación, confundiendo con ello a la autoridad mexicana, lo cual no ocurre en el mercado norteamericano, donde este tipo de prácticas son severamente sancionadas.
Los incrementos de las importaciones son alentados por los precios deprimidos de productos de dudosa calidad e inocuidad, ya que por no cumplir la norma de calidad en su país de origen, son castigados en los precios. Ello les permite competir con los productos nacionales en condiciones inequitativas y con el riesgo de producir graves daños a la salud dado que no somos aptos para el consumo humano.
Por eso, a su consideración presento que la Secretaría de Salud es la responsable de garantizar la salud de la población mexicana, evitando cualquier riesgo de contaminación por productos de dudosa calidad tanto de origen nacional como —y en particular— el importado.
Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene entre sus responsabilidades la instrumentación de prevención y control de enfermedades, así como la vigilancia epidemiológica cuando estos son relacionados con riesgos sanitarios derivados de los propios productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades.
Que esta H. Cámara de Diputados en diversas ocasiones, ha dado cuentas de las denuncias públicas por parte de productores nacionales ante hechos reales de productos importados, con serios riesgos de contaminación ante la importación masiva de productos no aptos para consumo humano.
Que las importaciones de productos sin la verificación efectiva representan un serio riesgo para la salud de la población mexicana, al exponerla a la ingesta de productos que carecen de una calidad idónea para su consumo.
Que cada año el erario federal destina una gran cantidad de recursos públicos para el tratamiento de diversas enfermedades de la población mexicana, cuya prevención a través de la verificación efectiva representa gran ahorro.
Que la omisión de verificaciones es conforme a la normatividad vigente, entre los puntos de entrada al país; afectan en su totalidad al sector agropecuario y en particular al pecuario poniendo en serio riesgo a la salud de los mexicanos, la de la propia producción nacional al ser un agente detonante de enfermedades.
Que es urgente adoptar medidas de verificación en frontera para preservar esta actividad y otras agropecuarias, garantizando la soberanía alimentaria del país evitando la dependencia de productos de importación cuya calidad es inferior a la comercialización en su mercado de origen.
Por lo antes expuesto y fundado pongo a su consideración, compañeros de esta honorable soberanía, como obvia y urgente resolución el siguiente
Punto de acuerdo
Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Salud para que de manera inmediata implemente un mecanismo efectivo de revisión para los productos cárnicos importados, a fin de garantizar que su consumo no constituya un riesgo para la salud de la población mexicana.
Dos. Que dicha dependencia presente a esta Cámara de Diputados un informe de los resultados obtenidos de medidas realizadas, en un plazo de 15 días naturales a partir de la aprobación de este punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de noviembre del 2006. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Francisco Domínguez. Túrnese a la Comisión de Salud. Tiene la palabra el diputado Alberto Amaro Corona, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo en relación al programa de difusión y publicidad que realice el IFE para tramitar la credencial de elector.
Permítame, diputado. ¿Lo solicitó de urgente resolución?… Permítame, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto anterior se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la propuesta.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los Ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría si es de aprobarse la propuesta.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada, comuníquese.
Ahora sí tiene la palabra el diputado Alberto Amaro Corona, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Alberto Amaro Corona: Con su venia, señor Presidente. El que suscribe, Alberto Amaro Corona, diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Los resultados del proceso electoral del 2 de julio muestran que la participación ciudadana descendió un 5.42 por ciento respecto a la elección presidencial del 2000, que tuvo un porcentaje de participación del 63.97 por ciento y en el 2006 se observó un nivel de participación del 58.55 por ciento, según los resultados del IFE.
Este aumento en el abstencionismo se debió a múltiples factores. Uno de ellos sin duda fueron las campañas del miedo y la polarización que incidió por la incipiente y frágil cultura política. Asimismo por la condescendiente actuación del IFE.
Como parte de las responsabilidades del Instituto Federal Electoral, está la de llevar a cabo los procesos de educación cívica y la promoción de la participación ciudadana en el ámbito público. Por ende, concibe a los ciudadanos como actores fundamentales de la democracia y se propone, a través de sus programas y de su trabajo institucional, dotarlos de conocimientos que consoliden una cultura cívica que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía.
De igual forma, el IFE debe cumplir con el espíritu del artículo 69 del Cofipe respecto a contribuir al desarrollo de la vida democrática. Sin embargo, vemos que los espots donde se solicita tramitar la credencial de elector, que se ven y escuchan en los medios masivos de comunicación, en los cuales por ejemplo aparece un personaje denominado "Camaleón de Oro", para solicitar su trámite, y otro caso donde habla la credencial de elector al señor Casillas para que la recoja, muestran los absurdos de los espots que en nada contribuyen con la idea de consolidar la democracia o de vivirla como argumentan.
Por otra parte, cabe recordar que el IFE tiene un presupuesto anual de 186 millones de pesos para el rubro de publicidad y que durante los meses de marzo y junio se erogó sólo un rubro, el rubro de reproducción y multiplicación, por 47 millones de pesos. Estos recursos deberían enfocarse a la construcción del espacio público que requiere de ciudadanos conscientes y capaces de tomar sus propias decisiones políticas, como base en el análisis de las diferentes propuestas y alternativas.
El pasado 20 de septiembre el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Felipe Solís Acero, criticó el gasto hecho en medios de comunicación a partir del 3 de julio, que sumó ocho millones de pesos.
Por su parte, el representante del PRD ante el IFE, Horacio Duarte, argumentó su desacuerdo por la contratación de inserciones en medios impresos y tiempos en radio y televisión que difunden una actividad que no tiene como objetivo promover los principios del IFE.
Como hemos visto, la mayor parte de las inserciones en medios de comunicación que realiza el Instituto Federal Electoral no cumplen cabalmente con la promoción de una cultura política entre la ciudadanía; por el contrario, después del 2 de julio se dedicaron a justificar y legitimar su actuación durante el proceso electoral.
Los resultados de la tercera encuesta nacional de la cultura política arrojan que al 55 por ciento de la población le interesa poco la política y al 33 por ciento no le interesa la política, y si a esto le agregamos que los comentarios de los promocionales del IFE no contribuyen a la formación de la cultura política sólida, esta situación se torno grave ante el estancamiento o retroceso del proceso de transición democrática que vive nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorables Congreso de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Federal Electoral para que revise y en su caso modifique los contenidos de las inserciones y espots de los medios masivos de comunicación que no cumplan con los elementos esenciales para el fomento de la cultura cívica, política y la promoción de los valores de la democracia, sobre todo los que últimamente se vienen difundiendo para invitar a los ciudadanos a tramitar la credencial de elector. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Amaro. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Oralia Vega Ortiz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo con relación al nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de Salud.
Corrijo el título del punto de acuerdo, es en relación con los precios de los medicamentos.
La diputada Oralia Vega Ortiz. Honorable Asamblea. La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La disminución y dispensación de medicamentos en nuestro país es el eslabón más importante para la prevención y tratamiento de las enfermedades que, a través de la prescripción médica, requiere adquirir los medicamentos necesarios para preservar y restaurar la salud de los mexicanos.
Hoy en día se están dando posturas por diferentes actores con relación a la distribución de los medicamentos de nuestro país. Nuestra visión sobre este particular se concibe en diferentes escenarios de acuerdo al entorno económico, laboral y social.
En el entorno económico, en nuestro país existen diferentes empresas dedicadas a la distribución de medicamentos para surtir a las farmacias, boticas y droguerías a lo ancho y largo del territorio nacional.
La industria farmacéutica en nuestro país se ha convertido en un negocio multimillonario; la gran mayoría de los medicamentos recetados indispensables para el tratamiento de graves enfermedades que padecen está fuera del alcance de las personas que lo necesitan.
Por lo tanto, se requiere bajar el precio de las medicinas a las familias mexicanas que son víctimas de los padecimientos, aun más los relacionados con las enfermedades crónico-degenerativas. El enriquecimiento de las empresas farmacéuticas a la sombra de la malversación y distribución de los medicamentos, desde la salida de los laboratorios que los fabrican y los intermediarios aumentan y logran así en el mercado una gran desventaja para el consumidor.
Conforme el marco legal en el cual se constituyen las empresas para llevar actos de comercialización y distribución de los medicamentos, dichas empresas deben cumplir y aceptar el mercado de la oferta y la demanda, esto es, la prestación de un servicio comercial de distribuir medicamentos entre laboratorio, fabricante de los productos y los dispensadores de dicho medicamento.
Por lo anterior, debo concluir que las empresas reconocidas en la distribución de los medicamentos en nuestro país tienen y cumplen lo señalado por las disposiciones aplicables para llevar a cabo dicha prestación de servicios, la distribución de los medicamentos.
Así, vemos que seis empresas dedicadas a la distribución de medicamentos en nuestro país, de acuerdo con los datos de este sector, controla 75 por ciento del mercado de la distribución de los medicamentos, a saber: Almacén de Drogas, Casa Saba, Promesa, Fármacos Nacionales, Nadro y Marsam.
El restante 25 por ciento se concentra en otras distribuidoras propietarias de cadenas de farmacias como son las Farmacias del Ahorro, Benavides, Guadalajara y las Farmacias Similares —principalmente— y otras más pequeñas que operan regional y localmente.
Desde el punto de vista laboral me queda claro que son empresas que proporcionan empleo a un gran número de mexicanos y mexicanas y que cada vez más abren espacios para nuevos ingresos de personal, que en el marco legal, laboral, se rigen y deben cumplir con cada una de sus obligaciones establecidas por la ley.
En el plano social, debemos reconocer que el precio de algunos medicamentos es elevado. Esto es un reclamo de la sociedad en su conjunto y sin duda condición al cumplimiento con los esquemas de tratamiento, indicados por los médicos tratantes.
Es importante señalar que las familias pobres, en particular en áreas rurales, no pueden afrontar los altos costos de un medicamento, enfrentar la agónica elección entre alimento o medicina. O alimento a mis hijos o curo mi enfermedad, pero no ambas. En nuestro país no podemos permitir que ésta sea una alternativa ya que ninguna familia merece vivir el sufrimiento de alguno de sus miembros. Con la salud de los mexicanos no debemos lucrar.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea con el carácter de urgente u obvia resolución, el presente punto de acuerdo al siguiente tenor
Primero. Se solicita al Ejecutivo para que, por conducto del Sistema Nacional de Salud, emprenda acciones eficaces para disminuir de manera significativa los precios de medicamentos para prevenir y combatir las enfermedades crónico degenerativas, entre ellas el cáncer y el VIH Sida, con énfasis en las zonas con mayor pobreza en el país, como una estrategia de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Segundo. Que se incorporen al cuadro básico de medicamentos los que corresponden al tratamiento de dichas enfermedades y que ejerciendo sus facultades legales, mediante la concertación, licencias, estímulos fiscales y los subsidios, se logre la disminución del precio de dichos medicamentos para que sean accesibles a las familias más pobres.
Se solicita que en materia de salud se mantengan siempre en alto los principios de la justicia social para los que menos tienen y tienen el derecho universal a una vida sana y digna.
Por lo tanto, señor Presidente, éste es mi punto de acuerdo y es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Oralia Vega Ortiz. Túrnese a la Comisión de Salud. Continúe… permítame.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la propuesta de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario Alternativa, respecto al punto de acuerdo en el Presupuesto de Egresos 2007 para que se asignen recursos en los ramos 09, 12 y 20 para el municipio de Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Perdón, lo había solicitado de urgente resolución. Me devuelvo. Consulte la Secretaría en votación económica si se considera de urgente resolución la propuesta de la diputada Oralia Vega Ortiz.
El Secretario diputado Eduardo de la Torres Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación)... Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la negativa. Perdón, señor Presidente. No hay dos terceras partes por la afirmativa, perdón.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se mantiene el turno a la Comisión de Salud y también el turno del siguiente asunto de la diputada Guadalupe Conde Rodríguez, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continué la Secretaría.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Orden del día de la siguiente sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 12 de diciembre a partir de las 11:00 horas.