El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado de la asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:28): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Ciudadano Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Comunicaciones de los Congresos de los estados. Tres oficios de los Congresos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, con los que remite acuerdos para que en el Presupuesto de Egresos de 2007, se asignen mayores recursos para distintos rubros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que comunica la toma de protesta del licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, como jefe de gobierno del Distrito Federal, para el período de 2006-2012.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Dos oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con los que remite acuerdos para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen mayores recursos en diferentes rubros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de noviembre de 2006.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Secretaría de Gobernación. Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cesar Horacio López González, Álvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en sus Consulados en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California; y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Susana Guadalupe González Escobedo y José Alonso Mezquita, a gobiernos extranjeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso, túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores, que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen recursos adicionales a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores, que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen recursos para el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores, que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se ajuste la partida asignada a partidos políticos con registro nacional a través del IFE.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores, que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen mayores recursos a la educación náutica.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se considere una partida especial que apoye la cadena agroalimentaria del sistema producto mango.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se den reglas aplicables a la distribución de los excedentes petroleros y se disponga participación de los municipios.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 sea considerado un incremento en partidas destinadas a infraestructura de servicios educativos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen mayores recursos al Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Frontera Sur.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen recursos a fin de desarrollar un proyecto para completar la carretera fronteriza norte número dos, ubicada entre Ciudad Acuña, Coahuila y Ojinaga, Chihuahua, presentada por el senador Ernesto Saro Boardman, a nombre de los senadores José Guillermo Anaya Llamas y Jesús María Ramón Valdés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por la senadora Amira Griselda Gómez Tueme —a nombre propio— y del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el senador Gustavo Madero Muñoz, a nombre propio y de los senadores María Rojo e Incháustegui, Carlos Sotelo García y Raúl Mejía González, de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En el capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados tiene la palabra el diputado José Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputados. Hoy vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto se presenta con el afán de buscar una mayor productividad en el trabajo legislativo y esto tiene que ver con los antecedentes que hoy tenemos, y para esto quiero referirme a las anteriores Legislaturas, la LVIII, la LIX que si sumamos lo presentado por estas dos Legislaturas y sus diputados y senadores podemos encontrar que hay más de seis mil iniciativas presentadas por los ciudadanos diputados.

Del total de éstas, muy pocas han sido dictaminadas. Esto tiene que ver con el trabajo tan importante que traen las comisiones y para hablar también del trabajo de estas comisiones tendremos que hablar de las agendas parlamentarias.

Y cada grupo parlamentario tiene una agenda que luego ésta se convierte en una agenda común y esta agenda parlamentaria tiene prioridades y muchas de las iniciativas que se reciben como herencia o como rezago de las anteriores legislaturas, no vienen a formar parte de los intereses, de los grupos y de sus agendas. Por este motivo creo que es obligación nuestra el buscar agilizar el trabajo de las comisiones.

El rezago que podemos tener nosotros como Poder Legislativo se convierte en un rezago para este país y evitamos así el mejor desarrollo de nuestro país. Necesitamos entonces agilizar este trabajo, necesitamos buscar que las iniciativas se puedan dictaminar. Y lo que hoy vengo a proponer es buscar que estas iniciativas puedan ser del conocimiento de las comisiones.

Y la modificación que hoy vengo a proponer tiene que ver con el buscar que las iniciativas que no han sido dictaminadas en el período de la Legislatura se consideren rechazadas. Y esto es para que haya la oportunidad de los grupos parlamentarios de retomar aquellas iniciativas que guardan interés en los propios grupos parlamentarios y pueda ser retomado ese trabajo, pero que esto no detenga el trabajo del Poder Legislativo ni el trabajo de las comisiones.

Por lo tanto la adecuación que vengo a proponer es un decreto que adiciona un párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice así

Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Las iniciativas presentadas y no dictaminadas en la Legislatura en que se presentaron, se tendrán como no aprobadas".

Como transitorio único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esto es para buscar la mayor eficiencia del Poder Legislativo y desde luego, el progreso oportuno de este país.

Es cuanto, diputado Presidente y por obviedad de tiempo, pido se inserte íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado José Antonio Muñoz. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Quiero pedirles un momento su atención para comentar a todas las diputadas y diputados que el día de hoy tenemos inscritos 121 puntos de acuerdo y 21 iniciativas y se ha acordado que la sesión dure hasta las ocho de la noche. Quiero pedirles también su mayor comprensión para que aquellas diputadas o diputados que puedan agilizar la presentación de iniciativas o de puntos de acuerdo, nos ayuden para que podamos ponernos al corriente en todo el cúmulo de trabajo que tenemos para estas sesiones.

Igualmente pedirles a los presidentes de las comisiones su colaboración para que no convoquen a reuniones de comisiones mientras estén las sesiones ordinarias de este Pleno. Gracias.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La diputada Silvia Oliva Fragoso: Gracias, diputado Presidente. Diputadas y diputados. Escuchando la solicitud del diputado Presidente, únicamente les diré que la iniciativa que se presenta es una adecuación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en algunas cuestiones que se refieren al Código Penal Federal y al Nuevo Código Penal del Distrito Federal. Por lo tanto, solicito que se inscriba íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputada Silvia Oliva Fragoso y gracias por su colaboración. Túrnese a la Comisión de Justicia. Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade del grupo parlamentario del PRI para presentar iniciativa que expide la Ley Reglamentaria de la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señor Presidente. La ley que presento a nombre de mi grupo parlamentario, que es la Ley Reglamentaria al 71 Constitucional a la capacidad e iniciativa del Presidente, lo que está haciendo el PRI, después de ver en varias Legislaturas que no había el instrumento legal ni hemos encontrado una solución a poder sentar al Ejecutivo con el Legislativo.

¿Qué busca esta iniciativa? Ordenar preferentemente las iniciativas del Presidente, transparentar el procedimiento, generar un estudio técnico legislativo mucho más profundo a través de condicionar al Presidente de la República a que fundamente sus iniciativas de una mejor forma, con estudios económicos de impacto social, impacto económico, de referentes internacionales.

No estamos buscando modificar la Constitución ni tampoco estamos buscando modificar nuestra Ley Orgánica sino estamos generando un instrumento de coordinación entre dos Poderes. Celebraríamos todos y cada uno del grupo parlamentario, que los demás grupos apoyaran esta iniciativa, para encontrarle soluciones a México que demanda la sociedad de manera urgente y encontrar en transparencia de la sociedad, el generar nuestro proceso legislativo mucho más eficaz y la relación con el Ejecutivo.

En aras del respeto del tiempo de este Pleno y la capacidad de trabajo que tenemos en este último mes, pido al Presidente que se inserte plenamente la iniciativa en el Diario de los Debates y que se turne a la comisión correspondiente, para poder generar el estudio y pronto esto sea ley. Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Raúl Cervantes. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Gracias, diputado Presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La existencia en nuestro país de los fueros fue sin duda una de las causas que originaron la desigualdad social, arrojando una sociedad dividida por estancos, teniendo por un lado unos pocos privilegiados y por el otro, una inmensa mayoría que no gozaba de ninguna prerrogativa.

Al alcanzar nuestra vida independiente se conservaron varios de ellos, entre los que se contempla el privilegio de la inmunidad legislativa, pero desde entonces existía una tendencia a su acotación, a su acotamiento y desaparición, lo que es significativo puesto que la transición política que se llevó a cabo producto del movimiento independentista, reconoció en los fueros uno de los vestigios más claros del orden colonial, que debía ser eliminado para dar paso al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, primicia fundamental de las proclamas de Hidalgo y Morelos y de innumerables pensadores y libertadores.

El espíritu del Constituyente al establecer esta figura, la del fuero, fue únicamente de proteger a los servidores públicos, incluido los legisladores, de persecuciones, de presiones económicas, atropellos e incluso del encarcelamiento.

En Nueva Alianza consideramos que la interpretación, uso y abuso de la figura del fuero ha causado una gran molestia en la sociedad que sólo ha visto cómo se utiliza para burlar la acción de la justicia o para satisfacer con beneficios y preferencias los intereses particulares de quienes lo detentan bajo el manto de la impunidad.

México ha avanzado en su democracia, por lo que podemos afirmar que hoy existe una verdadera división de poderes, lo que nos permite arribar hacia los planteamientos como la presente iniciativa, para proponer mejoras a las disposiciones constitucionales que regulan el procedimiento de declaración de procedencia.

La credibilidad en los políticos y en las instituciones públicas se ha demeritado. La sociedad se muestra totalmente escéptica respecto a que la justicia se aplique con exactitud en contra de los altos servidores públicos que han cometido algún ilícito penal.

Ello se debe al actuar irresponsable y deshonesto de algunos funcionarios gubernamentales que han quebrantado reiteradamente el principio democrático elemental que es el estado de derecho.

El fuero constitucional es visto como un instrumento de exagerada protección para los servidores públicos de alto rango, muchos de los cuales al amparo de este privilegio o prerrogativa han desvirtuado la noble tarea del servicio público, distorsionándolo en cuanto a su fin y pervirtiéndolo en cuanto a su contenido y alcance; evadiendo así responsabilidades de carácter penal que merecen el reproche de la sociedad y sus sanción mediante la imposición de una pena.

En este sentido es urgente replantear cuales son los alcances de esta figura y para esto es preciso atender, actualizar y acotar el concepto del fuero constitucional, para que retome su verdadera naturaleza y esencia y se utilice en los términos en los que fue concebido, para que realmente sea una herramienta de protección para el mejor desempeño del servicio público y no una situación de privilegio.

En algunos países como Brasil, España, Panamá, Bélgica, entre otros, se ha establecido que la inmunidad o fuero constitucional no aplica cuando se trata de delitos cometidos en flagrancia, traición, crimen contra la paz y delitos graves. Incluso las legislaciones más avanzadas sólo otorgan inmunidad en los trayectos a la Cámaras y durante el tiempo que duran las sesiones.

Esta prerrogativa o privilegio se ha venido limitando porque inmunidad no significa ilegalidad y mucho menos impunidad. El problema actual es la incorrecta interpretación del sentido primigenio del fuero, al llevarlo al extremo de amparar al individuo que no al cargo, respecto de delitos de los fueros común y federal. Por lo que hoy su existencia, considerando también las fallas administrativas, antes que fortalecer al servicio público lo debilita. De ahí la urgencia del acotamiento de esta figura jurídica.

En un sistema jurídico-político realmente republicano no existe necesidad de que los altos servidores públicos gocen de inmunidad aun cuando ésta por la compleja aplicación de la ley, conlleva frecuentemente a la arbitrariedad, porque deben desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia y de lo contrario deberán ser responsables por sus actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

En el año de 82 se realizó la última reforma significativa al artículo cuarto constitucional relativo a las responsabilidades de los servidores públicos. La declaración de procedencia constituye una determinación de la Cámara de Diputados que implica la separación del cargo del servidor público imputado, suspendiéndolo de su función y sometiéndolo a la autoridad que conozca del asunto.

No obstante, es necesario ubicar en su justa dimensión el alcance de esta institución constitucional, debiendo interpretar al fuero con la más completa responsabilidad a efecto de evitar excesos que en determinados casos propician impunidad.

Cada vez es más común escuchar a la sociedad demandando serios castigos a los servidores que han hecho mal uso del ejercicio del poder público, dejando de lado la función que se les encomendó.

Las disposiciones contenidas en la norma fundante de nuestro sistema jurídico y político, quedan incompletas si no se aterrizan en la Ley Secundaria que le da operatividad, como es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo contenido contempla el procedimiento del juicio político y el de declaración de procedencia.

Por ello es preciso adecuar la norma secundaria mediante la adición de un párrafo cuarto al artículo 25 de la aludida ley, para establecer que no es necesaria la declaración de procedencia cuando se actualicen los supuestos previstos en el correlativo artículo 111 constitucional.

Cuando se trate de delitos graves cometidos por los servidores públicos, sean éstos del fuero común o federal o en flagrancia; es decir, que se sorprenda al funcionario público en el momento mismo de la perpetración del delito. Se entienden como delitos graves aquellos que afectan de manera importante los valores fundamentales de la sociedad.

Por lo antes expuesto, se propone a la aprobación de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En virtud del tiempo permitido, solicito a la Presidencia se publique íntegra la presente iniciativa y exposición en el Diario de los Debates de la Cámara. Por su atención, a todos ustedes, muchas gracias. Es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gómez Pasillas. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y de Justicia.

Tiene la palabra el diputado Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y de la Ley de Planeación, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y expide la Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad, Ley Reglamentaria del 27 constitucional en materia de energía eléctrica.

El diputado Antonio Soto Sánchez: Con su permiso, señor Presidente. Por mi conducto la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presenta a esta soberanía un conjunto de iniciativas que buscan actualizar la legislación en materia de electricidad.

En México la legislación en materia eléctrica inicia en la década de los treinta. Durante ese período se crea también la Comisión Federal de Electricidad como una acción del Estado mexicano para impulsar la electrificación del país y abrir la puerta a la modernidad y a las nuevas posibilidades de confort de la iluminación eléctrica a los hogares y promover la industrialización acelerada del país. Esta tarea ha sido cubierta con creces por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

Hoy, en los albores del siglo XXI, los esfuerzos de la sociedad mexicana requieren consolidar los logros de la electrificación, pero ahora la electricidad se ha convertido en vehículo e insumo insustituible para una gran variedad de actividades sustantivas de la civilización contemporánea.

Qué sería de las comunicaciones, de las extensas redes de datos de Internet, de los sistemas telemáticos de los bancos, transportes, educación, enlaces de procesos industriales automáticos o de los medios de comunicación que aportan más que confort a los hogares, sin la electricidad.

En general, los procesos de mundialización tecnológica y la globalización de las comunicaciones dependen de los suministros eléctricos confiables y de óptima calidad.

Por esa razón la definición fundamental de nuestra legislación, del servicio público de energía eléctrica respecto a la responsabilidad indelegable del Estado para garantizar que todos los habitantes del país, sin importar condición socioeconómica o actividad de aplicación económica dispongan por igual del fluido eléctrico, es ahora, más que nunca vigente.

Si antes la función de la electricidad fue considera estratégica para la iluminación o como fuerza motriz para la industria, hoy ese carácter es aún más central pues de ese servicio simple y llanamente depende el funcionamiento de la sociedad contemporánea.

Hoy el carácter estratégico del servicio público de electricidad que establece el artículo 28 constitucional adquiere toda su vigencia.

La sociedad mexicana también ha cambiado de manera extraordinaria desde que se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica en los años 60, pero quizás hoy las desigualdades sociales se han acentuado, por eso consideramos que el servicio público de electricidad como facultad exclusiva de la nación, tal y como lo define el artículo 27 de la Constitución, es una atribución esencial de los derechos sociales que el Poder Legislativo debe preservar.

El papel de la industria ha evolucionado cualitativamente y la función de las empresas públicas de electricidad también se ha ido transformando sin que las estructuras jurídicas que las organizan y norman hubiesen acompañado esta transformación.

Desde finales de los años 80 y de manera más intensa durante la segunda mitad de la década pasada, una gran cantidad de países desregularon sus sistemas eléctricos a través de privatizaciones y de construir mercados mayoristas de electricidad, pero de manera prácticamente simultánea, muchos de estos sistemas eléctricos han registrado crisis de desabasto como resultado de haber transformado el suministro eléctrico en una mercancía objeto de la especulación financiera.

La crisis de desabasto eléctrico del estado de California en los Estados Unidos y el escándalo que acompaña a la bancarrota de Enron, el mayor corredor de los mercados eléctricos en el mundo, son el parteaguas de la caída del paradigma de los mercados mayoristas de electricidad en el mundo.

Por eso la propuesta que presentamos a consideración de esta soberanía pretende aportar un nuevo esquema de autonomía a las empresas eléctricas, preservando el mandato constitucional de servicio público y manteniendo la integralidad de las empresas públicas.

El Partido de la Revolución Democrática, congruente con los principios plasmados en sus documentos básicos, presenta una iniciativa con el objeto de asegurar la soberanía en materia de energéticos, el desarrollo y aprovechamiento sustentable, así como la explotación racional y planificada de los recursos naturales.

La iniciativa propone reformas a los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Planeación, Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por otro lado, se pretende la creación de los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Comisión Reguladora de Energía, Ley de la Comisión Nacional de Energía, Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica.

La reforma energética requiere la adecuación del marco jurídico del sector estableciendo una serie de medidas que garanticen a mediano plazo, así como a largo plazo, que el rendimiento obtenido sea el óptimo para responder a los retos del futuro.

Cada una de las reformas, adiciones, derogación o creaciones de instrumentos normativos mantiene una coherencia con el sistema legal, a fin de asegurar su plena aplicabilidad en el orden jurídico nacional. El desarrollo armónico del sector requiere de disminuir al máximo cualquier conflicto de leyes que puedan generar contradicción en las facultades de los órganos o inconsistencias en su naturaleza jurídica.

El fortalecimiento de las acciones del Estado en la planeación energética; la dotación de mayor autonomía a la Comisión Reguladora de Energía; la garantía del abasto del sector público de energía eléctrica, así como la corresponsabilidad del Poder Legislativo y Ejecutivo en el sector, hacen de la presente iniciativa una propuesta que enriquece y amplía las visiones que se pretenden para el sector energético.

En este sentido, las reformas que se presentan a diversos ordenamientos en materia del sector eléctrico proponen fundamentalmente la estructuración de un sistema jurídico especial para la actividad energética nacional.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y crea diversos ordenamientos en materia del sector energético.

Dada la importancia de la electricidad para el desarrollo del país y en virtud de que no se ha logrado ningún avance sustancial en la materia consideramos de la mayor importancia plantear a esta soberanía este conjunto de iniciativas para que, a la brevedad posible, se aboque a su análisis y discusión la Comisión de Energía de esta Cámara con el fin de que podamos llegar a acuerdos en este fundamental tema para el país.

Solicito a la Presidencia que la presente propuesta y el contenido íntegro de las iniciativas que se han publicado en la Gaceta Parlamentaria queden consignadas en el acta de la sesión de hoy. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Antonio Soto Sánchez. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación, de la Función Pública y de Energía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la palabra a los diputados Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui y Sara Latife Ruíz Chávez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, suscrita por ellos mismos.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

La idea es dejar en claro y analizar los alcances del artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor en relación con las sociedades autorales respecto del derecho de cobro por la transmisión de ciertos servicios electrónicos, toda vez que dicho precepto resulta excesivo y confuso al pretender cobrar regalías hoteleros y comerciantes, en razón de establecer con claridad que sólo procederá el pago de regalías cuando la persecución pública persiga un fin de lucro.

Actualmente, el artículo en comento dice: "No se causarán regalías por ejecución pública cuando concurran de manera conjunta las siguientes circunstancias:

"Primero. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente de un aparato monorreceptor de radio o televisión del tipo comúnmente utilizado en domicilios privados.

"Segundo. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión o no forme parte de un conjunto de servicios.

"Tercero. No se retransmita la transmisión recibida con fines de lucro y el receptor sea un causante menor o una microindustria".

Como queda claro, es injusto el pago de regalías considerando las condiciones de imprecisión de este ordenamiento legal, lo que provoca un encarecimiento de los bienes y servicios de los hoteles y comercios, agravando la situación económica que se vive en el país actualmente y muy en particular, en la industria turística.

De esta manera se procede a derogar la parte final de la fracción II, que establece como requisito para no pagar regalías que la ejecución pública no forme parte de un conjunto de servicios, condición que se constituye al lado de otra totalmente distinta relativa a que no se efectúe un cobro para ver u oír una transmisión, pero separadas por la confusión, o que expresen separación, diferencia entre dos o más personas, cosas o ideas.

De tal manera que, de acuerdo con el texto de la citada fracción II, se comprende que puede cumplirse con cualquiera de las condiciones que se han mencionado, pues si la intención del legislador hubiera sido que se cumpliera con ambas, en el texto de la fracción II se hubiera usado la conjunción copulativa "y".

En este sentido, al proponerse en el proyecto la derogación de la segunda condición alternativa contenida en la parte final de la multicitada fracción II, se logra una mayor claridad del texto del artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor, cuyo espíritu sin lugar a dudas es exceptuar del pago de regalías, la ejecución pública sin fines de lucro.

En efecto, en la fracción I del citado artículo 150, se establece como primer requisito para que la ejecución pública no dé lugar al pago de regalías, que la misma se haga mediante la comunicación recibida directamente en un aparato de radio o televisión, de los que comúnmente se utilizan en el domicilio privado; añadiendo en su fracción II, que no se cobre por ver u oír la transmisión. Por lo que resulta inexplicable y sorpresivo que, al lado de esta última condición, se establezca además que dicha difusión no forme parte de un conjunto de servicios, ya que da la impresión de que esta última condición se agregó con el único fin de ocultar el verdadero espíritu del artículo 150 de la ley.

En este sentido, la derogación que se propone de la condición atinente a que dicha ejecución no forme parte de un conjunto de servicios, resulta muy conveniente, acaba con la ambigüedad de dicha disposición, lo que ha permitido a las sociedades de gestión hacer un uso abusivo de su derecho.

La derogación de la fracción IV del artículo 150 no sólo es conveniente sino necesaria, pues en dicha fracción se hace referencia a causante menor, que ya desapareció de nuestro régimen fiscal desde al año 1997, fecha en que la Ley del Impuesto Sobre la Renta se reformó para acabar con los llamados causantes menores, por lo que en su referencia en la Ley Federal de Derechos de Autor es letra muerta y por tanto es necesaria la derogación.

Lo mismo sucede con la referencia que se hace de las microindustrias, ya que no se establece en la ley el sentido y alcance de este término, ni se menciona la ley a la que habrá de transmitirse para lograr su comprensión, razón por la cual su derogación es muy conveniente.

Por último, es importante destacar que en el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor se define la ejecución o representación pública como la presentación de una obra por cualquier medio oyente o espectadores, sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar de acuerdo con esta disposición, para que exista la ejecución pública de la música en un establecimiento de hospedaje. Es claro que el hotelero debe poner que no se da con la simple instalación de aparatos de radio o televisión y mucho menos cuando se utilizan comúnmente en un domicilio privado, tal como se determina en su artículo 150 fracción I de la ley que se comenta.

Cedo la palabra a mi compañera Sara Latife. Muchas gracias.

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeros legisladores. Resulta paradójico que se pretendan cobrar regalías por una supuesta ejecución pública que de ninguna manera se da con los establecimientos comerciales. En este sentido resulta evidente que procederá el pago de regalías cuando se promueva en cualquier establecimiento un espectáculo deportivo o musical, en los cuales inclusive se cobre para poder presenciar dicho espectáculo, caso en el cual sí se da el lucro y por lo tanto deben pagarse los derechos de autor.

Pero pretender el cobro de regalías por el hecho de instalar un aparato de radio o televisión en un establecimiento comercial es pretender exigir el cumplimiento de una obligación por la conducta que realiza un tercero, en este caso el huésped, que es quien determina si conecta o no la radio o la televisión.

La Ley Federal del Derecho de Autor observa en su capítulo II la normatividad para la limitación a los derechos patrimoniales, es decir, para regular los alcances y límites que puede tener la protección de los derechos de autor hacia terceros, que bien pueden ser los que hacen un uso parcial con fines no lucrativos o los que son usuarios indirectos, es decir, que si bien consumen el producto protegido quien se los provee ya realizó el pago correspondiente y por tanto, éste no tiene una obligación jurídica pecuniaria ante el autor beneficiado.

Es el caso de cuando se hace uso de una empresa privada para que provea el servicio televisivo, es decir lo que se conoce como televisión privada o cerrada. Es esta empresa la que debe de pagar por los derechos de autor correspondientes, pues los usuarios del servicio realizan ya un pago por concepto de renta de la transmisión recibida, donde van incluidos todos los gastos que de ellos se derivan.

En un afán de aclarar el espíritu de la norma, que se debe delimitar de formas más exactas las acotaciones al cobro de regalías por ejecución pública cuando no haya un afán de lucro directo con dicho servicio o producto.

A manera de conclusión puede sostenerse que sólo procederá el pago de regalías cuando exista el ánimo de lucro, quedando excluida de este pago la ejecución pública de la música, que cumpla con los requisitos que se mencionan en el artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor en los términos de la reforma que se propone que, de aprobarse, acabaría con un ancestral problema cuya fuente se encuentra precisamente en la falta de claridad de la Ley.

Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración el siguiente

Decreto

Único. Se reforman y adicionan el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 150 de la Ley Federal de Derechos de Autor y se deroga la fracción IV, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 150. "No se causarán regalías por ejecución pública cuando no exista lucro en las siguientes circunstancias:

I.- Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente de un aparato monorreceptor de radio o televisión.

II.- No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión.

III.- No se retransmita la transmisión recibida.

IV.- Se deroga".

Transitorio

Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Elías Abuxapqui y la de la voz, diputada Sara Latife Ruiz Chávez.

Si me lo permite la Mesa Directiva, quisiera felicitar a todas las Lupitas en su día. Muchas felicidades.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Cultura.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento existe un quórum de 470 diputadas y diputados. Los diputados que hasta el momento no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Octavio Martínez, está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto? Sonido en la curul del diputado.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Muchas gracias, compañera Presidenta. Únicamente para solicitar que el punto antes expuesto sea de igual manera turnado a la Comisión de Turismo.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se corrige el turno y se aumenta con opinión de la Comisión de Turismo. Gracias, diputado.

Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones legales de las Leyes del Instituto Mexicano de la Juventud; para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la de Información Estadística y Geográfica.

El diputado José Antonio Arévalo González: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas.

La importancia de conocer la estructura por edades de una población, radica en su utilidad para la planeación de políticas de desarrollo. En este sentido, para cumplir con los objetivos de una ley es indispensable conocer las características y necesidades propias de su población objetivo.

De acuerdo con varios estudios de psicología, las etapas del desarrollo humano son: niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad, aunque es difícil designar edades exactas para determinar el límite entre una y otra.

Dado que el desarrollo en cada individuo es variable y multifactorial, dichos estudios psicológicos concuerdan en que la niñez se sitúa entre el nacimiento y alrededor de los 12 años. La adolescencia es la etapa en la que el individuo deja de ser niño pero sin haber alcanzado la madurez del adulto, que inicia aproximadamente a los 12 años y dura hasta los 18 años.

La juventud es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 29 años. La adultez es la faceta de los 29 a los 60 años en la que se espera que los individuos asuman cierto grado de compromiso social. Y por último, la ancianidad es la etapa degenerativa del ser humano en que se espera que sus expectativas hayan sido cumplidas y en que la sociedad debe solidarizarse hasta el final de sus días.

Dichas etapas del ciclo de vida humano contienen características y dinámicas propias, por lo cual es necesario que la normatividad vigente tenga precisos los rangos de edad para diseñar, aplicar y evaluar apropiadamente las políticas públicas que de ella se desprendan. De lo contrario se corre el riesgo que un segmento de la población no reciba atención diferenciada en ningún rubro ni a través de política sectorial alguna o incluso, que duplique dicha atención.

Al consultar el marco jurídico internacional, federal y estatal, se encontró que no existe una homogenización en los rangos de edades para enmarcar a los niños y jóvenes, sin contar que no es generalizado el empleo del concepto "adolescente".

En el ámbito internacional, actualmente no existe un convenio internacional en materia de juventud y por lo tanto, México no se encuentra jurídicamente vinculado. No obstante, la Asamblea General de las Naciones Unidas define a los jóvenes como las personas entre los 15 y 24 años de edad.

Esta definición se hizo para el Año Internacional de la Juventud celebrado alrededor del mundo en 1985. Se respaldaron las directrices para la planificación de las medidas y para el seguimiento adecuado en materia de juventud, que fueron significativas por el enfoque dado a los jóvenes como una categoría amplia, integrada por diversos subgrupos en lugar de considerarlos como entidad geográfica única.

Todas las estadísticas de las Naciones Unidas están basadas en esta definición, como se puede ver en el libro anual de estadísticas publicado por el Sistema de las Naciones Unidas sobre demografía, educación, empleo y salud.

Esta definición, por lo tanto, considera niños a las personas menores de 15 años; sin embargo, se requiere observar que el artículo 1o. de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que si jurídicamente es vinculante ante nuestro país, los define como personas hasta la edad de 18 años.

Esto fue internacional pues era esperado que la Convención proporcionara protección y derechos a un grupo de edad tan grande como sea posible, ya que no existía convención similar de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Juventud.

Al respecto, muchos países dibujaron la línea de juventud a la edad en que una persona recibe el mismo tratamiento bajo la ley, usualmente referida como "la mayoría de edad"; sin embargo, la definición y los matices operacionales del término "juventud" varían a menudo de país a país, dependiendo de los factores socio culturales, institucionales, económicos y políticos específicos.

Otro organismo internacional que establece categorías de edades, es la Organización Mundial de la Salud, quien al grupo de 14 a 18 años de edad le llama "adolescente" y al de 19 a 24 "joven".

En el ámbito federal la Ley General de Población sólo hace referencia a "menores de edad". La Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 2o. menciona: "Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos; y adolescentes, los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos". Y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud sitúa a los jóvenes como la población cuya edad queda comprendida entre los 12 y 29 años, por lo que se traslapa el rango de edades de los jóvenes con el de los adolescentes en ambas leyes.

Respecto a menores infractores, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos diferencia las edades entre niños y adolescentes. Y el artículo 123 constitucional trata el rubro laboral en menores de edad.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para el desarrollo de la información que maneja y distribuye, asume rangos de edades diferentes a los mencionados. Define como "niño" a las personas de cero a 14 años; "joven", al grupo comprendido entre los 15 y los 29 años; a los "adultos", como a los individuos de entre los 30 y 59 años, y a las "personas de la tercera edad", a las personas de 60 años y más. Además puede observarse, no maneja un rango específico para los adolescentes.

En el ámbito estatal podemos citar algunos ejemplos de disparidad en los rangos de edades. La Ley de las y los Jóvenes del estado de Chiapas define "joven" al sujeto de derecho cuya edad comprende el rango entre los 12 y los 29 años de edad. La Ley de las y los Jóvenes del estado de Durango define como "joven" al ser humano cuya edad comprende el rango entre los 18 y 30 años. La Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños del estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 10 señala que un niño o niña "es el ser humano menor de diez años de edad".

Lo anterior deja clara necesidad de establecer una homogeneidad en los rangos de edades. Actualmente existen grandes dificultades para definir y medir resultados de las políticas públicas en esta materia e incluso en términos presupuestales, pues no existe una cifra única para cuantificar a estos sectores de la población. No obstante, es menester considerar otros factores.

En el caso específico de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que es la ley específica para regular a la Institución que establece la categoría y las políticas públicas sobre juventud, el rango de edad establecido para los jóvenes es muy extenso y las diferencias en cuanto a necesidades y estilo de vida entre un individuo de 12 y uno de 29 años son notorias.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud vigente, por el rango de edad que maneja, hace referencia a los jóvenes menores y mayores de edad implícitamente, considerando lo establecido en el artículo 34 constitucional donde se asientan por el concepto y los requisitos para alcanzar la ciudadanía.

Sin embargo la Ley del Instituto no especifica que existían ciertas diferencias en su aplicación con respecto a los jóvenes mayores o menores de 18 años, como por ejemplo en cuestiones laborales, académicas, de derechos civiles, familiares, entre otros, por lo que esta distinción debe precisarse.

Por otra parte, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista considera que dada la importancia y utilidad de la estadística en el país, ésta debe generarse de manera homogénea, y tal y como se establece en la Ley de Información Estadística y Geografía. Las estadísticas deben de estar basadas en una definición única de edades, por lo que el INEGI como institución encargada de generar y difundir la información estadística de México y como coordinador de sistemas nacionales estadístico y de información geográfica, también debería apegarse a rangos de edad específicos; en este caso a los de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para la generación de sus estadísticas de niños y jóvenes e incluso para los adultos mayores en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta soberanía, sometemos a la consideración de este honorable Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de Información Estadística y Geografía. Señora Presidente, solicito la iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables y de Gobernación. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. El asunto a tratar el día de hoy, y que contiene esta iniciativa de decreto, se refiere a lo comúnmente conocido como el perdón fiscal. Ha sido de todos conocido que en distintas épocas y tiempos no está regulado el sobreseimiento en materia penal y ha dado pauta para que el Ejecutivo maneje de manera caprichosa, con amiguismos, el otorgar el sobreseimiento que se traduce en el perdón fiscal.

Así pues, es sabido, también, que cuando el Poder Ejecutivo no atiende los principios de generalidad, de imparcialidad, de abstracción de la ley genera exclusiones que dan incertidumbre y que trastocan la sana convivencia entre los gobernados.

Es por ello que se considera que no puede haber y no puede mantenerse la disparidad entre el Código Fiscal y el Código Penal, porque propicia un trato desigual e inequitativo entre los contribuyentes objeto de un proceso penal, y si el actual Presidente de la República juró cumplir y hacer cumplir la ley, aunque haya dejado de lado el artículo 25 de la Ley de Educación, no podemos ser proclives ante actitudes como esas, a dejarle el sobreseimiento penal a su entero capricho y conveniencia, porque entonces cae en una política y en una actitud persecutoria, errónea y contraria al esquema de la recaudación y, además, no propicia reglas simples para obtener del gobernado el cumplimiento fiscal correspondiente.

La solicitud del gobernado para dicha petición en muchos de los casos, simplemente no se atiende, por el contrario, deja en el ambiente empresarial y en el ambiente de los causantes el pésimo sabor de boca de no haber tenido un esquema de componenda, de amistad o de cambio de baraja o excluido de la posibilidad del trato equitativo y de igualdad de condiciones.

Para evitar una facultad discrecional, caprichosa y problemas de interpretación y aplicación entre lo consignado por el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y el 93 del Código Penal Federal, es por eso que, y a la petición de sobreseimiento del ofendido, la autoridad deberá de atender la petición del mismo en los términos que hoy se proponen si esta soberanía en su momento así lo aprueba.

Y es por ello que a efecto de que los delitos fiscales continúen cumpliendo con las funciones de ejemplaridad respecto de los demás y a la vez se logre un impacto recaudatorio concreto y que las contribuciones omitidas no se han de pagar simple y llanamente y sólo ellas, sino que también y además lleven una pena pecuniaria trascendente, es que también proponemos recargos aplicables de manera automática, que sean 1.5 veces lo que se aplicaría normalmente. Esta modificación, de aprobarse, evitará el uso arbitrario de la facultad de mérito; tendrá un impacto positivo en la recaudación; no permitirá a la autoridad fiscal solicitar el sobreseimiento sin que se haya cubierto la totalidad de las contribuciones omitidas.

Para prevenir las dilaciones que pudiera acarrear el esquema de la petición que actualmente reglamenta el párrafo objeto de esta iniciativa, se propone el sobreseimiento de la causa o proceso penal aun suspendido por estar pendiente la aprehensión del inculpado o por cualquier otra razón.

Por todo lo antes expuesto, me permito someter ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación:

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este artículo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Los procesos por los delitos fiscales a que se refiere el presente artículo, se sobreseerán siempre que:

a).- El procesado o el apoderado facultado expresamente para ello mediante el otorgamiento previo ante notario, dé un poder especial, promoviendo incidente de sobreseimiento por reparación del daño en el proceso respectivo o ante su superior en tratándose de recursos de alzada y, antes de que dicte sentencia ejecutoriada, exhiban en billete de depósito a favor de la Tesorería de la Federación el importe de la contribución cuya omisión se les impute, con sus actualizaciones y recargos, sin deducción por cualesquiera beneficio fiscal y multiplicando los recargos correspondientes por 1.5 veces, expresando su renuncia al ejercicio de cualesquiera acción de devolución por pago indebido u otra causa análoga.

b).- En la vista de tres días que se dé con la promoción del incidente al órgano de acusación, éste o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como su coadyuvante no manifiesten su inconformidad y en el caso de hacerlo fundadamente, indiquen el motivo de ésta.

c).- El incidente sea declarado procedente por el juez o tribunal del conocimiento, poniendo a inmediata disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el billete de depósito exhibido por el procesado o su apoderado.

d).- La sentencia interlocutoria que lo declare procedente haya quedado firme por no haberse interpuesto recurso en su contra o se renuncie a la interposición del mismo o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya recogido el billete de depósito, aceptando el pago. El sobreseimiento a que se refiere este párrafo, beneficiará a todos los inculpados y, en su caso, al encubridor.

Transitorios

Primero. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las modificaciones contenidas en este decreto, serán aplicables a los procesos que actualmente se ventilen, y en los que no se haya dictado sentencia ejecutoriada que los resuelva en definitiva, cuando se encuentren en los supuestos previstos. Al efecto, a petición del procesado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestará si se han cubierto las contribuciones, con sus actualización y recargos, multiplicados estos últimos por 1.5 veces.

Compañeros legisladores: No es un asunto menor la inequidad con la que se ha venido aplicando caprichosa, amistosamente este criterio. Es por ello, que con esta iniciativa se trata de que el Ejecutivo federal por sí mismo o por la Secretaría de Hacienda deje de manejar con amiguismos el sobreseimiento en la causa penal.

Pido a la Presidencia que se turne a la Comisión de Hacienda y se inserte en el Diario de Debates esta participación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

Se encuentra en este salón de sesiones una delegación de diputados y funcionarios de la región autónoma de Ningxiahui, de la República Popular China, encabezada esa delegación por el señor Chen Shouin, vicepresidente de la Asamblea Popular de dicha región autónoma.

Sean ustedes muy bienvenidos a esta Casa del Pueblo. Esperamos que tengan éxito en el propósito de su visita y les deseamos una muy grata estancia en nuestro país.

Tiene la palabra el diputado Faustino Soto Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo.

El diputado Faustino Soto Ramos: Con el permiso de la Presidencia. El suscrito, Faustino Soto Ramos, diputado federal de esta LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan un párrafo a los artículos 4o., fracción I, artículo 5-A, pasando el segundo y tercer párrafos actuales, a ser el tercer y cuarto párrafos. El artículo 7, séptimo párrafo y el artículo 9, cuarto párrafo. Se derogan los seis renglones últimos del artículo 6o., fracción VI y el artículo 7-B de la Ley del Impuesto al Activo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El Impuesto al Activo es una contribución federal complementaria del Impuesto sobre la Renta. Es el impuesto mínimo que deben de pagar los contribuyentes sujetos al mismo, personas morales y personas físicas por los activos netos de su propiedad para el desarrollo de sus actividades empresariales y de arrendamiento, entre otros casos.

Es mínimo porque está profundamente relacionado con el Impuesto sobre la Renta, debido a que éste es acreditable contra el Impuesto al Activo; en caso de que sea mayor el Impuesto sobre la Renta, obviamente, no se causará el Impuesto al Activo y en sentido contrario será el mínimo a pagar.

Adicionalmente se puede acreditar el Impuesto sobre la Renta pendiente de acreditar; es decir, la diferencia entre el ISR causado y el IMPAC causado, cuando el primero es mayor, de los tres últimos ejercicios anteriores. No obstante que el mecanismo de acreditamiento puede generar la oportunidad de recuperar el Impuesto al Activo pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores, es un impuesto que sirve de medio para garantizar que los activos se obtengan con fines de ser rentables y no sólo como una estrategia de planeación fiscal para disminuir los impuestos, ya que se convierte en un anticipo del impuesto de futuras utilidades, además de que un contribuyente que recién inicie su negocio se encuentra cuatro años exento del pago del mismo y el promedio de vida de un negocio puede ser de cuatro o cinco años para saber sobre su rentabilidad.

Sin embargo, su regulación se ha ido actualizando en su reglamento, en la resolución Miscelánea Fiscal y en criterios del SAT, para lo cual se deben incorporar a la Ley las consideraciones que se enuncian a continuación, para dar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes:

Se propone incorporar a la fracción I del artículo 4º, en este momento derogado, como concepto de activo financiero, las inversiones y depósitos en el sistema financiero, actualmente mencionados en el artículo 13 del reglamento del impuesto al activo, por una omisión desde la creación de la Ley.

También se pretende incorporar una aclaración necesaria al artículo 5 A, que regula la opción de considerar el impuesto al activo con base en el cuarto ejercicio anterior actualizado, pero que en caso de ser un ejercicio irregular menciona que se considerará regular sin que medie objetivamente la forma en que se deberá proceder, dando lugar a interpretaciones que pueden convertirse en actos de elusión fiscal por no especificar las operaciones aritméticas a realizar.

Asimismo, se propone incorporar la regla 121 de 2004 del Impac, de la compilación de criterios normativos del SAT en el artículo 7, referente a los pagos provisionales para regular lo relativo al artículo 5 A, ya que para el caso del Impac optativo tampoco menciona la Ley en cuestión qué hacer para los pagos provisionales.

Es necesario reconocer en la Ley la posibilidad de compensar el monto del impuesto al activo pagado de los 10 ejercicios anteriores y por los cuales se tiene derecho a solicitar devolución, conforme al cuarto párrafo del artículo 9, ya que la compensación se ha reconocido en la resolución Miscelánea Fiscal de cada año en las reglas 4.8, 4.10 y 4.9 de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, respectivamente.

Se propone derogar seis renglones de la fracción VI del artículo 6 referente a las exenciones, debido a que se está considerando como exento a quienes se dediquen a la enseñanza, siendo que realicen una actividad económica que puede ser con fines de lucro o de obtener un beneficio económico, aunque la ley no lo considere lucro, como pueden ser las sociedades civiles, pero que debido al mecanismo de acreditamiento son beneficiados con el impuesto sobre la renta retenido por los anticipos o rendimientos pagados y en caso de no ser contribuyente del impuesto sobre la renta, ya los considera la fracción I del mencionado artículo.

Asimismo, se propone derogar el artículo 7 B, que regula el pago provisional acumulado del impuesto al activo o ajuste del impuesto sobre la renta, lo que resulte mayor, pero que desde el ejercicio fiscal del año 2002 ya no se realiza tal ajuste en el impuesto sobre la renta, por lo que el mencionado artículo ya no aplica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 4º, fracción I; artículo 5 A, pasando el segundo y tercer párrafos actuales a ser tercer y cuarto párrafos; el artículo 7 séptimo párrafo y el artículo 9 cuarto párrafo; se derogan los seis renglones últimos del artículo 6º fracción VI y el artículo 7 de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar como se presenta y se entrega por escrito. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia extiende un cordial saludo a los presidentes municipales del estado de Morelos que se encuentran con nosotros en este recinto. Les agradecemos su visita.

La siguiente iniciativa agendada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pospone.

Igualmente se pospone la iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática.

Se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Pérez Valdés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Sustentable.

El diputado Daniel Pérez Valdés: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados, diputadas.

Iniciativa de decreto que adiciona al artículo 69 los incisos a), b) y c) de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de otorgar certidumbre al blindar y asegurar los recursos mínimos necesarios para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable de los recortes presupuestales, al tenor siguiente:

De acuerdo a los mandatos constitucionales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Planeación, una de las obligaciones del Ejecutivo federal es la de presentar un proyecto de Presupuesto de Egresos conteniendo un programa de gasto público ante la Cámara de Diputados, quien analizará los términos en que se presenta dicho proyecto.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable mandata al Ejecutivo la obligación de formular, junto con la Comisión Intersecretarial, el Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable, el conjunto de programas sectoriales relacionados con esta ley.

Aunque en apariencia el Ejecutivo federal ha cumplido con las exigencias jurídicas, el 17 de junio de 2002 el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la aprobación del Programa Especial Concurrente; no crea el catálogo de programas o acciones que obliguen a la Intersecretarial a comprometerse a lo dictado en la Ley porque la Cámara de Diputados ha dado respuesta a los problemas que aquejan al campo, al convocar para su consulta a los sectores económicos y cadenas productivas y sociales.

Es necesario recordar que los apoyos gubernamentales recibidos por los productores rurales de nuestro país han sido por demás insuficientes para competir con los productos de importación, mismos que son mucho más baratos que los que producimos en nuestro campo.

La competencia que enfrentan las cadenas productivas agropecuarias mexicanas con los productos de allende las fronteras son de altos subsidios a los programas de desarrollo productivo que les ofrecen sus respectivos gobiernos, lo cual les ha redituado una alta competitividad en los mercados del exterior.

La situación de los precios internacionales bajos se explica no sólo en función de los subsidios porfiadamente canalizados por los Estados Unidos y la Unión Europea a sus cadenas agroalimentarias, sino también por el cambio tecnológico promovido en varios países, aprovechando el incremento de rendimientos de los cultivos.

Según nuestra balanza comercial, por lo menos el 80 por ciento del intercambio comercial se realiza con los Estados Unidos. Ello nos obliga forzosamente a ver una cruda realidad. Nuestro principal socio ha implementado una serie de programas de amplio apoyo a sus productores mediante una regulación especial llamada Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002, "Farm Bill", la cual contempla una bolsa de 183 mil millones de dólares para beneficiar a sus agricultores por un período de 10 años, del 2002 al 2012, debiendo recordar que 10 años atrás fue precedida por una ley similar que les otorgó 110 mil millones de dólares.

Encima de ello, la inversión extranjera que por tradición había sido una fuente dinámica de inversión en México y que a su vez era generadora de empleo rural ha caído estrepitosamente, como se puede apreciar en los balances presentados por la Secretaría de Economía, en los que se muestra cómo la inversión extranjera directa en el sector agropecuario se ha desplomado este año en por lo menos el 96 por ciento con relación a los años 2002 al 2005.

El 28 de abril del 2003, el gobierno federal y las organizaciones campesinas de productores suscribieron el Acuerdo Nacional para el Campo. Uno de los numerales de dicho acuerdo señala que para impulsar el desarrollo rural de manera integral y elevar el nivel de vida de la población se reconoce el valor estratégico del sector en la economía nacional y la importancia de la definición de una política de Estado que impulse su cambio estructural.

En ese tenor, los firmantes de ese acuerdo, en coordinación el Poder Legislativo se comprometieron a procurar el establecimiento de un presupuesto creciente en términos reales al desarrollo rural integral, para ir reduciendo las asimetrías del sector de conformidad con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Mientras el Ejecutivo federal decida de manera central los ajustes presupuestales que a su arbitrio juzgue convenientes, no sólo violará el orden jurídico nacional sino que además contravendrá el trabajo de planeación realizado conjuntamente con el Legislativo y la sociedad civil, perjudicando la división y el equilibrio de los Poderes de la Unión en perjuicio de la política pública en atención al campo sustentable en la federalización presupuestal.

Es tiempo de retomar el espíritu de la Ley de Desarrollo Sustentable y de promover transformaciones reales, que por el bien del campo mexicano evitemos que la población rural migre en busca de oportunidades que en su lugar de origen hemos sido incapaces de brindar.

Basta de hacer cuentas alegres con las remesas que desde el vergonzoso nivel que —según el Banco de México— se ha equiparado en los últimos años con los ingresos provenientes del petróleo, superando por mucho los ingresos derivados del turismo; ese dinero que nuestros compatriotas envían a sus familiares.

Es imperativo e impostergable asumir con responsabilidad la búsqueda de mecanismos que nos permitan respaldar nuestro sector para hacerlo productivo, haciendo los principios de la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de modo que los ajustes presupuestales estén sujetos al artículo 21 de dicha ley.

Actualmente el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dispone a la letra: "Artículo 69. El titular del Ejecutivo federal, al enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales en que se encuentre en vigor el presente ordenamiento, establecerá las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley".

Por tanto, como mecanismo de blindaje para el fomento agropecuario y el impulso al desarrollo rural integral sustentable, se propone adicionar tres incisos a dicho artículo, con la finalidad de que el presupuesto que la Cámara de Diputados aprueba sea íntegramente aplicado y además, el que se asigne al ramo no será inferior en términos reales al año fiscal anterior y no será susceptible de ningún recorte a los programas, proyectos y objetivos consagrados por la misma Ley y a los compromisos que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

"Artículo Único. Se adicionan los incisos a), b) y c) al artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue.

"Artículo 69, inciso a) El presupuesto federal destinado al cumplimiento del presente ordenamiento, deberá incrementarse cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto.

"b) Los recursos asignados por los programas establecidos por esta Ley y los establecidos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrán destinarse a otros fines.

"c) No serán susceptibles de recortes presupuestales la partidas destinadas a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y lo que contempla esta ley".

Es cuanto, señor Presidente. Le pediría que se inscribiera en el Diario de los Debates, por favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

Tiene el uso de la palabra el diputado Amador Campos Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Amador Campos Aburto: Con su permiso, señora Presidenta.

Iniciativa de ley con proyecto de decreto que modifica el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.

El suscrito diputado federal Amador Campos Aburto, integrante de LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto que modifica el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En el año 2005 ingresaron al país un total de visitantes internacionales de 103.1 millones de turistas, de los cuales 21 mil 915 millones fueron turistas y 81 mil 231 fueron excursionistas; de los cuales 6.7 son pasajeros en crucero.

El número de personas que han entrado al país va en crecimiento. Durante el período comprendido de 2001 al 2005 pasó de 100.71 millones a 103.14 millones de turistas. El ingreso por visitantes internacionales fue de 11 mil 803 millones de dólares en el 2005, con una tasa de crecimiento promedio anual entre 2001 y 2005 de 8.87 por ciento.

Del total de los ingresos, nueve mil 146 millones de dólares, corresponden a ingresos por turistas internacionales; sin embargo, no representa el ingreso total posible de recaudación de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos. El derecho de no inmigrante es aquél que pagan los turistas al ingresar a nuestro país. Actualmente sólo lo pagan aquellos que lo hacen por vía aérea.

Con la presente iniciativa se busca que dicho derecho lo paguen todos los turistas que ingresen al país, con la finalidad de que las autoridades migratorias puedan realizar un adecuado control sobre la calidad migratoria de los extranjeros al país y fomente la derrama económica generada en el rubro de turismo.

El derecho de no inmigrante se cobra a los extranjeros que se internan al país como turistas, hombres de negocios o transmigrantes. Dado que es un cobro vinculado al ingreso de extranjeros al país, el Instituto Nacional de Migración es el responsable de recaudarlo.

El Instituto Nacional de Migración reportó en lo que va del 2006, un monto recaudado de mil 832 millones de pesos por concepto de derecho de no inmigrante. Este derecho, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, se debe dividir en partes iguales entre el Instituto Nacional de Migración y el Consejo de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo.

La Ley Federal de Derechos establece que la cuota para otorgar la calidad de turista es de 210 pesos; sin embargo, dicha cuota sólo es recaudada en los turistas que ingresan vía aérea al país. En cuanto a los turistas extranjeros que ingresan por vía marítima, terrestre y pasajeros de cruceros, dicho cobro no se realiza, entre otras razones, por evitar desalentar el turismo carretero de Estados Unidos a México; una razón más, es que los turistas que llegan por cruceros tienen una estancia muy breve y la competencia entre los destinos mexicanos y los centroamericanos aumenta cada día.

El segmento de turismo de cruceros tiene actualmente la segunda tasa de crecimiento mundial con un 8.7 por ciento después del de grupos y convenciones, que tiene el 10.1 por ciento. La zona más importante en el mundo para este tipo de turismo es El Caribe con el 53. 8 por ciento del mercado mundial.

México recibe anualmente más de seis millones de cruceristas, cuyos niveles de ingresos son mayores a la media en sus respectivos países de origen. Hoy ha sido superada la falsa idea de que el turismo por cruceros compite con la hotelería local y se ha reconocido como complemento a las ofertas de viajes, sumando los beneficios económicos al diversificar la oferta del segmento turístico.

Durante el año 2005 arribaron a las costas mexicanas 6.7 millones de pasajeros en cruceros, lo que significó un incremento del 15.22 por ciento anual del 2001 al 2005. Por otra parte, el ingreso de divisas por concepto del gasto de dichos excursionistas creció en 20.4 por ciento promedio anual en el mismo período, al sumar 453 millones de dólares. Asimismo, el segmento de cruceros contribuye al desarrollo regional al generar fuentes de empleo, compras de los viajeros, consumos diversos y compra de combustibles, entre otros.

Por otra parte, los turistas de los Estados Unidos han hecho de los cruceros una de sus más importantes opciones en viajes, ya que desde el 11 de septiembre de 2001 se ha mantenido el temor a viajes largos por vía aérea, además de que nuestro país es una alternativa para quien tiene temores a los atentados terroristas. A partir de 2003 se ha visto un creciente arribo de buques al país.

Se debe retomar el cobro del derecho de no inmigrante a los turistas que arriban vía marítima con una visión que no desaliente al turismo extranjero, pero que permita recaudar mayores fondos para ser distribuidos entre el Instituto Nacional de Migración y el Consejo de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo y que estemos en condiciones de competir con los países centroamericanos que han incrementado sus inversiones para captar un mayor número de embarcaciones.

El pago por calidad de turista comprende un derecho migratorio hasta por seis meses. El Manuel para la Internación del Turista establece que están exentos de este pago los pasajeros en conexión o tránsito, cuya estancia sea menor a tres días en México; los diplomáticos con visa oficial o de servicios y los miembros de una tripulación.

En el caso del turismo por crucero, la estancia en el país es tan breve que se cuenta en días; por esta razón han sido las constantes quejas planteadas por las empresas dedicadas a estos rubros, en el sentido de evitar en un futuro el establecimiento de otros derechos a los pasajeros, sumado a la tarifa establecida en la Ley.

Sin embargo, actualmente los municipios que reciben pasajeros de cruceros se enfrentan a la problemática que deben garantizar los servicios públicos, así como la seguridad mientras están en el puerto, por lo que representa un gasto oneroso y no cuentan con un ingreso que les permita hacer frente a éstos. Por eso, en la presente iniciativa se propone que los pasajeros que ingresan vía cruceros realicen dicho pago.

El cobro del derecho de no inmigrante por vía aérea no representa problema alguno, pues su cobro es puntualmente recaudado al ingreso del turista. En el caso de los turistas que ingresan por vía terrestre, aún a pesar de que el Manual para la Internación del Turista, editado por la Aduana Mexicana, Banjército y el Instituto Nacional de Migración, establece la cuota por el derecho de no inmigrante, en la realidad dicho derecho no se cobra.

Lo anterior obedece en buena medida a que la propia Ley Federal de Derechos, en su artículo 8, último párrafo, permite que el pago del derecho lo puedan realizar los extranjeros al momento de salir del país, cosa que tampoco sucede y que de cambiar el sentido de la norma estableciéndose la obligatoriedad de pagar al ingreso, estaremos otorgando al Instituto Nacional de Migración herramientas que permitan una mejor recaudación y un mayor control sobre los extranjeros que ingresan al país.

Por lo anterior, en vista del desánimo turístico carretero, se debe buscar fomentar y alentar el ingreso al país de visitantes terrestres como lo fue en la década de los 80. Por ello se plantean cuotas diferenciadas de ingreso al país: en primer lugar, disminuirla considerablemente ya que de los segmentos aéreo, marítimo y carretero éste último es el que ha tenido la caída más importante.

En segundo lugar, sujetar este cobro al principio de reciprocidad que refleja nuestra Ley General de Población, es decir que de acuerdo con este ordenamiento podemos exentar a ciertos extranjeros.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultades constitucionales señaladas al inicio de esta iniciativa, el suscrito diputado federal, somete ante esta honorable Asamblea la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.

Artículo Único. Se adicionan los incisos a), b), c) a la fracción I y se modifica el último párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

"Artículo 8. Por la expedición de autorización a la que se otorga calidad migratoria de No Inmigrante a extranjeros por las prórrogas correspondientes, en las diversas características migratorias, se pagará el derecho por servicios migratorios conforme a las siguientes cuotas:

I. Turista, cuya vía de ingreso al país sea: aérea, 215 pesos; marítima, 175; terrestre, 115.

De igual forma los visitantes que ingresan vía crucero tendrán que realizar el pago correspondiente al derecho por vía marítima.

II a VIII...

El pago del derecho previsto en las fracciones I, III y VIII de este artículo, deberá efectuarse cuando el extranjero ingrese al territorio nacional, debiendo satisfacer lo previsto en los artículos 13 y 62 de la Ley General de Población.

Transitorios

Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. El Ejecutivo federal en un plazo no mayor de 90 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia recibió de los señores diputados Horacio Garza Garza y Carlos García González, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso. Compañeras diputadas, diputados. Por razones de tiempo, como se ha expuesto, solamente voy a enunciar algunas partes de la exposición de motivos y las modificaciones que estamos proponiendo.

Durante los últimos años la democracia representativa ha sufrido críticas severas y reiteradas por parte de la sociedad, respecto al sistema presidencial y a la representación política. El sistema representativo resulta insuficiente porque limita la participación de las mayorías a la sola emisión periódica del sufragio en las elecciones.

El andamiaje institucional no está delineado para tomar realmente en cuenta a los ciudadanos, tampoco vincula el proceso de toma de decisiones a la sanción ciudadana de manera permanente, cuando así lo demanda el interés de la nación, lo cual se traduce en un obstáculo para la formación de ciudadanía y para el proceso político en su conjunto.

Por ello vengo a esta tribuna a proponer que se incluyan en nuestra Constitución los instrumentos de democracia participativa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato, porque aunque mucho se ha hablado de ellos, aún no están consagrados en el marco jurídico federal de nuestro país.

Propongo reformar el artículo 35 de la Constitución a fin de que se considere la democracia participativa como una prerrogativa adicional para el ciudadano.

La propuesta pretende que los ciudadanos participen en los procesos de consulta, de plebiscito y de referéndum, y por otro lado, se le reconozca explícitamente el derecho de iniciar leyes a nivel federal ante el Congreso de la Unión.

De manera correlativa propongo que el artículo 36, que enmarca las obligaciones del ciudadano de la República, reconozca el derecho a votar tanto en los plebiscitos como en los referendos y que de esa manera quede integrado tanto el derecho de participar en las decisiones públicas como también el derecho a votar en las consultas que para tal motivo se convoquen.

La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público proviene del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Por ello proponemos que en el artículo 39 se reconozca como parte fundamental de los instrumentos de la democracia participativa, el derecho que le asiste al pueblo de revocar el mandato de los titulares electos de los órganos del poder público, en particular del Presidente de la República y de los legisladores cuando su actuación omisa, negligente o negativa, redunde en perjuicio de la institución que representan y por tanto del conjunto de la nación.

En el artículo 40 reconocemos a la democracia como uno de los principios fundamentales de nuestra República, tanto representativa como participativa, porque de esta forma enriquecemos dicho principio y evitamos que se impongan los rasgos de una partidocracia o de una democracia censataria, en la que el ciudadano queda marginado de todas las decisiones y sólo exista la facultad de aprobar todos los temas a través de la asamblea del pueblo, como sucedía en la historia clásica antes de que sucumbieran las ciudades-Estado en el año 320 antes de Cristo, frente al poder hegemónico de la época.

Proponemos también la creación de un instituto federal de participación ciudadana que funja como un órgano autónomo encargado de organizar los procesos de referéndum y el plebiscito. Este instituto tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para convocar a estas consultas, teniendo la obligación de comunicar sus resultados a los Poderes de la Unión y a la ciudadanía en general.

Con el fin de preservar el espíritu de la Constitución como la Ley Suprema que está por encima de todo ordenamiento secundario, y en el que se contienen principios generales, consideramos que las normas para procedencia, convocatoria y organización de referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, deben establecerse en la ley reglamentaria correspondiente.

Sin embargo, quiero enfatizar que el derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá a los ciudadanos, cuando lo soliciten, al menos el dos por ciento de los inscritos en el padrón electoral y pertenezcan al menos a una tercera parte de estados de la Federación, incluido el Distrito Federal, una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y al Presidente de la República, y a modo de guía para la toma de decisiones que el plebiscito se convoque en tantos y plantee consultar a la ciudadanía de decisiones o actos del Presidente de la República, que se expresen en propuestas de políticas públicas que se consideren trascendentes para el orden público o el interés social de la nación.

Asimismo el artículo 71 debe consagrar la facultad de los ciudadanos de presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión bajo los principios de democracia participativa.

Se propone que el artículo 73 se adicione con una fracción al 29 a fin de que se le otorgue al Congreso la facultad de legislar en materia de democracia participativa, tomando en cuenta que este concepto es mucho más amplio y de mayores alcances que el referéndum y el plebiscito, y que es necesario darle un soporte parlamentario a una república democrática, representativa y participativa, con el fin de que los estados cuenten con un marco constitucional adecuado a la realidad política, que ya viven cotidianamente y que ya existen en una legislación local.

En materia de democracia directa en diversas entidades federativas, proponemos que en el artículo 115 se reconozca el sentido y el propósito original de esta iniciativa, es decir, que esta república se funda en los principios de la democracia y participativa.

Se deberá realizar el referéndum constitucional por mandato de ley cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto reformar nuestras garantías individuales, cuando se afecte nuestra soberanía nacional, cuando se pretenda modificar el dominio de la nación sobre los recursos naturales, la división de poderes o la forma de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Unico. Se reforma la fracción I del artículo 35, la fracción III del artículo 36, el artículo 39, el artículo 40, el segundo párrafo del artículo 71, el artículo 115 y el artículo 135. Se adicionan el artículo 35 con una fracción VI, el artículo 41 con una fracción V y el artículo 71 con una fracción IV.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

Fracción I. Votar en las elecciones populares y en los procesos de plebiscito y referéndum.

Fracción VI. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

Fracción III. Votar en las elecciones populares y en los procesos de plebiscito y referéndum en los términos que señale la ley.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de revocar el mandato de los titulares electos de los órganos del poder público.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa y participativa federal, compuestas de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41 fracción V. El Instituto Federal de Participación Ciudadana será el órgano autónomo responsable de promover programas de generación y consolidación de ciudadanía a través de los medios de comunicación y de los programas educativos del sistema federal de educación pública y organizar los procesos de referéndum y de plebiscito, estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, y tendrá la obligación de comunicar sus resultados a los poderes de la Unión y a la ciudadanía en general.

Las normas para la procedencia, convocatoria y organización del referéndum y plebiscito y la revocación de mandato serán establecidas en la ley reglamentaria correspondiente.

El derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá a los ciudadanos cuando lo soliciten al menos el dos por ciento de los inscritos en el padrón electoral y pertenezcan al menos a una tercera parte de estados de la federación, incluido el Distrito Federal, a una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y el Presidente de la República se someterá a plebiscito en los términos que disponga la ley, propuestas de decisiones o actos del Presidente de la República, considerados trascendentales para el orden público o el interés de la nación.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

Fracción IV. A los ciudadanos.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República o las Legislaturas de los estados, por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presenten los ciudadanos seguirán los requisitos que marque la ley correspondiente, las que presenten los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.

Artículo 73. El Congreso tiene la facultad para legislar en materia de democracia participativa.

Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, participativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa y del municipio libre conforme a las bases siguientes:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada, para que las ediciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados.

Se realizará el referéndum constitucional de manera obligatoria cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto la derogación, adición o reforma a esta Constitución, que versen sobre las garantías individuales, los derechos políticos, la soberanía nacional, el dominio de la nación sobre los recursos naturales, la división de Poderes y la forma de gobierno.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La siguiente iniciativa agendada por el Partido Revolucionario Institucional, se pospone. Igualmente la que sigue en el orden del día, agendada por el Partido de la Revolución Democrática.

Tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Samuel Aguilar Solís: Gracias, diputada Presidenta. Honorable Asamblea. En México por fortuna, se ha abatido la mortalidad por infecciones comunes, reduciendo considerablemente la probabilidad de morir en los primeros años de vida e incrementando la esperanza de conservarla.

En torno a ello, el sistema de salud de nuestro país ha realizado esfuerzos importantes para lograrlo. Sin embargo, esos logros han provocado que cada vez más gente llegue a edades avanzadas.

Al menos 80 por ciento de las personas nacidas en 2005 llegarán a ser adultos mayores de 70 años. Si bien esto ha representado un avance en nuestros sistemas de salud pública, también genera nuevos retos para nuestro país.

Lo que hoy significa una creciente esperanza de vida en beneficio de los mexicanos se ve opacada con la adopción de conductas no saludables, con el sedentarismo, la mala nutrición y el consumo de productos nocivos para la salud.

En los últimos años hemos visto que se han desarrollado enfermedades no transmisibles, que son de más difícil control y tratamiento que las infecciones comunes y en consecuencia, mucho más costosas. Estas enfermedades que alguna vez se consideraron emergentes se han establecido de manera plena en México y representan una enorme carga para el sistema de salud.

Quiero comentarles y cada uno de ustedes sabe, que de nuestros sistemas de seguridad social, el sistema de pensiones es sin duda el sistema más adelantado desde el punto de vista financiero. Pero el segundo fondo, después del fondo de pensiones es el fondo de salud.

De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud denominado Salud México 2001-2005, publicado el pasado mes de julio, existen cuando menos nueve padecimientos considerados como desafíos para el sistema mexicano de salud para el próximo gobierno.

La mayoría de estos padecimientos, aún cuando se consideren como desafíos para los próximos años, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud se cuenta ya con estrategias claras que muy probablemente tendrán éxito en reducir su incidencia.

De los principales desafíos, los que la Secretaría de Salud ha calificado como epidemia y ha declarado no tener el control sobre ellos son: la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y el alcoholismo.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2005-2006 indica que más del nueve por ciento de adultos en México son diabéticos y que la mortalidad por esa causa crece a un ritmo acelerado. Esta enfermedad pasó de la octava a la primera posición como causa de muerte en un período no menos de 20 años y en los últimos cinco ha seguido creciendo a un ritmo superior al tres por ciento anual. La diabetes es quizás el mayor reto que enfrenta el sistema de salud mexicano en términos de atención médica y salud pública.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, con un crecimiento mayor al tres por ciento entre 2001 y 2005 es la única causa de muerte, entre las principales, que no ha podido ser controlada.

Considerando que la probabilidad de padecer diabetes se incrementa si existe sobrepeso y que ésta ha alcanzado proporciones alarmantes en el país, el panorama de la diabetes no es optimista.

La complejidad del problema requiere de esfuerzos conjuntos del sistema de salud con las autoridades educativas y la sociedad civil, no sin dejar de considerar al propio Poder Legislativo.

La ausencia de diagnostico es particularmente preocupante en adultos jóvenes, ya que el 43 por ciento de los diabéticos menores de 40 años no conocen ni siquiera su propia condición de diabético. Por lo tanto, es claro que las políticas públicas de salud aplicadas para el combate a este tipo de padecimientos no han tenido éxito.

Otro de los principales factores de riesgo a los que se enfrenta la población y el sistema mexicano de salud es el sobrepeso y su expresión extrema, la obesidad.

Las cifras más recientes muestran que 39 por ciento de la población adulta sufre de sobrepeso y otro 30 por ciento de obesidad. La obesidad se asocia a varias de las principales causas de muerte en el país, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las cerebro-vasculares y el cáncer de mama, entre otras.

También incrementa el ausentismo, disminuye la productividad e incrementa el riesgo de enfermedades de la vesícula biliar, una de las principales causas de intervención quirúrgica en el país. En torno a ello, las implicaciones económicas no son despreciables.

Debido a la relación directa con los efectos negativos, la obesidad se asocia a casi 50 mil muertes anuales, lo que significa el 10 por ciento del total de las defunciones, constituyéndose en el principal riesgo por muerte prematura en la población mexicana y el segundo para años de vida saludable perdidos, sólo por debajo del consumo de alcohol.

La propia Secretaría de Salud ha sostenido que la magnitud que ha alcanzado este problema permite calificar la situación de la obesidad en México como una epidemia que requiere de acciones inmediatas, como la promoción a nivel poblacional de la actividad física y restricciones al consumo, en todos los lugares posibles, de alimentos de calidad nutricional inadecuada que conocemos en el leguaje común como alimentos chatarra.

Es importante destacar el crecimiento del porcentaje de población con sobrepeso u obesidad, entre los años 2000 y 2005; que ha llegado al siete por ciento; incluso es relevante la alta frecuencia de este factor de riesgo en las comunidades rurales.

Otra de las epidemias que la propia Secretaría de Salud ha declarado no tener resueltas y, como tal, ha declarado entre los desafíos para los próximos años por los padecimientos que provoca, es el consumo de alcohol.

De acuerdo con información de la propia Secretaría de Salud, el abuso en el consumo de alcohol en hombres en México es el principal factor de riesgo para muerte prematura y ocupa el mismo lugar en discapacidad.

Las cifras indican que casi 11 por ciento de todas las muertes de hombres en México están asociadas al consumo del alcohol. Por lo que hace a las mujeres las cifras son menores, pero de cualquier forma se asocia a más de cinco mil muertes cada año.

El alcohol también se asocia a padecimientos crónicos que pueden llevar a la muerte o producir altos niveles de discapacidad, como la cirrosis, algunos tipos de cáncer y ciertas alteraciones mentales.

Como se puede observar, los dos principales factores de riesgo para la salud de la población mexicana son el consumo de alcohol y la obesidad, los que sumados se asocian a más de 40 por ciento de todas las muertes en el país, superando por mucho a cualquier otro riesgo y siguiendo sobre todo en los padecimientos como la diabetes.

Considerando el alto costo que representa para el sistema de salud la atención de los problemas derivados de la obesidad, como la diabetes y las enfermedades cardíacas y el consumo de alcohol, como las lesiones, es urgente intensificar las acciones destinadas a reducir la prevalencia de otros factores de riesgo en la población mexicana.

Compañeras y compañeros legisladores, el sistema de salud mexicano está enfrentando un nuevo perfil epidemiológico que le impone cargas inéditas. Para poder encararlo será necesario que el propio Poder Legislativo promueva reformas a la ley que coadyuven con el esfuerzo que nuestro sistema de salud debe de continuar realizando.

Por todo lo expuesto, la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta honorable Asamblea propone establecer medidas restrictivas al consumo de alimentos considerados de calidad nutricional inadecuada, conocidos en el lenguaje común como alimentos chatarra y también restricciones para las bebidas alcohólicas.

Propone establecer, como materia de salubridad general, un programa para sobrepeso y la obesidad, en el cual se establece la obligación de coordinarse los tres órdenes de gobierno para la ejecución del mismo, a fin de garantizar la prevención y el tratamiento de padecimientos originados por el sobrepeso y la obesidad y la educación sobre los efectos en la salud.

La propuesta define el significado de los alimentos de calidad nutricional inadecuada, atribuyendo a la Secretaría de Salud definir cuáles serán dichos productos, garantizando en todo momento que el consumo de esos productos no provoque sobrepeso u obesidad.

Se establece la obligación de colocar en el empaque o envases de los productos, una de tres leyendas precautorias, considerando tamaños y tipos de letra. Asimismo, se establece la obligación de incluir inserciones con leyendas para orientar al consumidor hacia programas de tratamiento sobre el sobrepeso o la obesidad.

Se establecen restricciones en materia de publicidad para los productos considerados de calidad nutricional inadecuada o chatarra, prohibiendo incluso los patrocinios de estos productos.

Se adicionan tres leyendas precautorias para advertir de los riesgos de salud por el consumo del producto, por el sobrepeso o la obesidad.

En materia de bebidas alcohólicas se establecen restricciones adicionales en materia de publicidad y se adicionan otras dos leyendas precautorias para el control de su consumo, disponiendo el incremento del tamaño de las etiquetas en las que haya impresas dichas leyendas.

Quiero destacar que las bebidas alcohólicas ya tenían algunas restricciones específicas, no obstante ello, el consumo y sus efectos negativos no han disminuido, por lo tanto es necesario endurecer las regulaciones para este producto.

Asimismo, quiero decirles que de contar con el apoyo de ustedes, esta reforma permitirá que la autoridad de salud cuente con los instrumentos legales para realizar un combate frontal contra las epidemias que aquejan la salud de los mexicanos y con ello también estaremos permitiendo que se disminuya el gasto público generado por la atención de estos padecimientos.

Finalmente solicito respetuosamente a la Presidencia se inserte íntegramente este texto de mi intervención con la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Se inserta íntegramente el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.

Se concede el uso de la palabra al diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, compañera Presidenta. Agradezco la oportunidad, ahora en estos días de tantísimo desahogo de iniciativas, puntos de acuerdo, el trámite legislativo que en esta Cámara se ha acumulado en vísperas naturalmente del trabajo con el que cerramos el año, que es el Presupuesto federal y fundamentalmente el desahogo previo al cierre del primer período de sesiones de esta Legislatura.

Por lo tanto, hago este marco respecto a una iniciativa que naturalmente hemos venido trabajando y ha sido un compromiso como diputado por Chihuahua, una iniciativa que propusimos, que escuchamos de la gente y lo hicimos compromiso de campaña y hoy hacemos el cumplimiento, primero en presentar esta iniciativa y buscar que finalmente la podamos desahogar. Esta iniciativa tiene que ver con dar de una vez por todas un cambio radical a la política de Estado en el tema del agua.

Todos, absolutamente todos… no conozco un solo ciudadano que no esté consciente de la importancia de atender el tema del agua como un tema fundamental y prioritario, pero sólo se queda y se ha quedado, desgraciadamente, en buenas intenciones, en buenas ideas, en planteamientos, pero el tema del agua es fundamental y sin duda el más importante que podemos nosotros resolver, ya que la crisis en el tema del agua es vital, primero por su escasez y segundo por su calidad.

Datos de la Organización Mundial de la Salud plantean de manera seria y concreta que más del 80 por ciento de las enfermedades que sufrimos los seres humanos tienen que ver con la mala calidad del agua, por usar agua insalubre, mal tratada y aún más; una cantidad importante de enfermedades mentales y sobre todo de retraso en los niños, tiene que ver con las aguas pesadas que beben en muchas zonas del país, fundamentalmente en las zonas indígenas y tiene que ver con aguas que contienen metales pesados y que esto no permite un desarrollo óptimo de los seres humanos.

Desde ese punto de vista, nuestro compromiso es establecer —y en eso se basa mi iniciativa— que no habré de dar lectura al legajo, porque sin duda quiero llamar la atención de los señores diputados, que si vamos únicamente a la lectura y nos encuadramos en todo el ordenamiento jurídico que me permite, con la facultad como legislador federal que tengo y que la Constitución me otorga, presentar esta iniciativa al Pleno, pero sobre todo sensibilizar a la Legislatura de que el tema del agua es un tema que tenemos que, de una vez por todas, asumir.

Planteamos elevar a rango de Secretaría de Estado el agua para establecer con ello una política distinta a la que tradicionalmente se ha venido dando.

Desde que la Secretaría de Recursos Hidráulicos manejaba el tema del agua, sin duda fue efectiva en el manejo del agua respecto a inundaciones, respecto a canalización de la misma para la utilización agropecuaria.

Pero el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico en distintas zonas y sobre todo los rezagos que se acumulan y se siguen acumulando en las zonas indígenas, insisto, en los ejidos del país, tienen que ver naturalmente con la falta de un manejo debido del agua.

Es por eso que planteamos la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y con esto establecer y elevar a rango de Secretaría de Estado.

No quiere decir que sólo por el hecho de elevar el tema del agua a una dependencia directa, tenga que ver naturalmente con resolver sus problemas, pero sí llamar la atención porque, insisto, todos tenemos la buena fe o el interés de asumir el tema del agua como un tema fundamental o un tema prioritario; pero a la hora del ejercicio y en la realidad, poco hemos hecho en el tema del agua y todavía no es tan tarde. El tema del agua es un tema que debemos de asumir fundamental y principalmente, de cualquier otro tema.

Por tanto, compañera Presidenta, le entrego esta iniciativa, la cual pido se transcriba tal cual en el Diario de los Debates y solamente leeré finalmente el articulado que pretendemos sea reformado en la reforma al artículo 26 y adición al artículo 32 Ter, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 26. Secretaría del Agua.

Artículo 32 Ter. A la Secretaría del Agua le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Elaborar políticas públicas encaminadas al mejoramiento de la calidad del agua potable;

II. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos referentes al agua potable;

III. Ejecutar las obras públicas y promover el desarrollo de la infraestructura hidráulica de la nación;

IV. Ejecutar las obras de reparación, adaptación, operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica nacional;

V. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los estados;

VI. Establecer el lineamiento para la realización de estudios y proyectos referentes al agua potable;

VII. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de plantas tratadoras de agua;

VIII. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de una infraestructura para canalizar el agua de lluvia;

IX. Fomentar y promover la cultura y cuidado y buen aprovechamiento del agua a nivel nacional;

X. Vigilar el buen uso, aprovechamiento del agua potable, y

XI. Las demás que atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como el cultivo mismo del agua.

Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación.

Firma, diputado César Horacio Duarte Jáquez, coordinador del sector agrario del grupo parlamentario del PRI.

Es cuanto, compañera Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado César Duarte Jáquez. Tome nota la Secretaría respecto a la petición del diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación…

Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Jesús Ramírez Stabros: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de nuestra Constitución, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conforme a la siguiente

Exposición de motivos

En septiembre de 2004 el Ejecutivo federal presentó ante esta Cámara la iniciativa de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales y se establecen subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso, aprobada y publicada por el Ejecutivo federal, entrando en vigor el 1 de enero de 2005.

No obstante las disposiciones vigentes relativas a regímenes fiscales preferentes, resultan ser muy complicadas y desfavorables para los contribuyentes mexicanos, porque no proporcionan reglas claras para su aplicación ni se evita la doble imposición, exceden los propósitos de gravar por anticipado aquellas operaciones efectuadas a través de esquemas artificiales que erosionan la base del impuesto sobre la renta en México, por lo que se obliga a los contribuyentes a acumular de manera anticipada los ingresos que no constituyen una deducción para el propio contribuyente o cualquiera de sus partes relacionadas, residentes en México, lo que a su vez propicia que pueda darse una doble imposición a los ingresos que se consideran de territorios fiscales preferentes.

El hecho de anticipar el pago de impuesto sobre la renta por las operaciones en el extranjero, incrementa de manera considerable los costos de operación para los grupos multinacionales mexicanos, dejándolos en clara desventaja competitiva respecto a los grupos empresariales extranjeros, principalmente con los ubicados en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que no gravan conforme al régimen actual de México los ingresos que se generan en el extranjero.

Bajo las condiciones que se están dando en la economía internacional es imperativo que el régimen de territorios fiscales preferentes permita que el impuesto se pague en México hasta el momento en que efectivamente se obtenga el beneficio de los citados ingresos, el cual se materializa cuando los accionistas residentes en México obtienen los dividendos o utilidades.

Esta reforma permitirá tener una adecuada fiscalización por parte de las autoridades y definitivamente evitará los posibles abusos, principal objetivo que las disposiciones en materia de los regímenes fiscales preferentes pretenden regular.

El segundo párrafo del artículo 212 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75 por ciento del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los términos de los Títulos Segundo o Cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, según corresponda.

Al efecto se propone la presente reforma para establecer este tributo, siempre y cuando se haya originado un gasto deducible en México por parte de personas morales o personas físicas con actividad empresarial, a fin de eliminar cualquier efecto negativo en la recaudación del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 212. Para los efectos de esta ley, se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75 por ciento del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los términos del Título Segundo o Cuarto de esta ley, según corresponda.

Los contribuyentes del Título Segundo o Título Cuarto, Capítulo Segundo de esta ley, considerarán dichos ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, siempre y cuando tales ingresos den lugar a una deducción autorizada en México.

Los ingresos a que se refiere este Título son los generados en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito y los que hayan sido determinados presuntamente por las autoridades fiscales, aun en el caso de que dichos ingresos no hayan sido distribuidos a los contribuyentes de este Título.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2007.

Solicito atentamente se turne esta iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Por su atención compañeras, compañeros, muchas gracias. Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jesús Ramírez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Con la venia de la Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez: En junio del año de 2004 el gobierno federal celebró con las tabacaleras un convenio mediante el cual, entre otros aspectos, se establecía el mecanismo, las características, la temporalidad y el destino de la aportación temporal que cubrirían al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

En dicho convenio se establecía que las aportaciones de las tabacaleras se realizarían conforme a las disposiciones que emitiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en torno a la exención del IEPS e IVA, así como de la deducibilidad para realizar dichas aportaciones.

En efecto, a finales de julio del año de 2004, el gobierno federal, con una celeridad que no vemos en otras ocasiones en la emisión de decretos que en realidad sí benefician a la sociedad mexicana, expidió sorpresivamente un decreto en el cual se exentaban del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y al Valor Agregado por la enajenación de cigarros, puros u otros tabacos labrados, correspondientes al incremento de hasta cinco centavos que se dé por parte del productor o importador de dichos bienes al precio de enajenación de cada cigarro, puro u otro tabaco labrado.

En esta ocasión es que el Partido Verde Ecologista de México reafirma su compromiso y su lucha que hace nueve años iniciara en esta misma tribuna. Es entonces que ahora, mediante la presente iniciativa se propone nuevamente, por una parte, incorporar a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios el convenio celebrado entre el gobierno federal y las tabacaleras, relativo a las aportaciones de éstas al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Para estos efectos, mediante la adición de un último párrafo al artículo 2o. de la Ley del IEPS, se establecería que de los ingresos que se obtengan por la recaudación de impuestos a los cigarros, puros y otros tabacos labrados, una vez disminuidas las aportaciones que le correspondieran, en su caso, a las entidades federativas y a los municipios, se destinará al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos el equivalente a cinco centavos por cada cigarro, puro u otro tabaco labrado enajenado o importado; esto con el objeto de establecer políticas y programas para prevenir y disminuir el consumo de tabaco en nuestro país, así también como para el combate de las enfermedades relacionadas con el propio.

Por otra parte, considerando que los impuestos son un medio eficaz para desincentivar el consumo de los bienes nocivos que se intercambian en la economía y para apuntalar la recaudación fiscal en beneficio de la Federación, estados y municipios, se propone la reforma al numeral primero del inciso c) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para aumentar la tasa del impuesto a los cigarros del actual 110 por ciento a 160 por ciento.

Con dicho incremento del impuesto se esperaría una disminución considerable en el consumo de cajetillas de cigarros, así como un aumento en la recaudación fiscal. Es decir, obtendríamos un doble dividendo: se reduciría el consumo y se recaudarían mucho más impuestos.

El aumento a la tasa del impuesto a los cigarros se debe a que el diferencial entre la tasa que se propone y la actual, se utilizaría para destinar los recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para que de esta manera los estados o, en su caso, los municipios pudieran recibir mayores recursos conforme a las disposiciones aplicables.

Es conveniente señalar que con la reciente iniciativa de ley que establece la aportación de seguridad social para atender las enfermedades originadas por el tabaquismo, que provocan gastos catastróficos, presentada por el Ejecutivo federal el martes pasado, las entidades federativas no recibirían directamente ingresos por concepto de las cuotas que señala dicha ley. Sin embargo, con esta iniciativa así sería.

Con la iniciativa que este día presentamos, el diputado Carlos Puentes Salas, el diputado Jorge Estefan Chidiac y la de la voz, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos primordiales:

Uno. Disminuir el consumo de cigarros tanto para la población joven como la de la población adulta y principalmente en las niñas y niños que son potenciales consumidores de cigarro.

Segunda. Asimismo incrementar la recaudación fiscal para contar con los recursos suficientes y así poder combatir el tabaquismo y las enfermedades derivadas del mismo y que las entidades federativas puedan entonces recibir mayores recursos públicos.

De esta manera, la recaudación fiscal no se vería afectada de forma negativa existiendo mayores recursos para las federaciones, las entidades federativas, los municipios y para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Señora Presidenta, solicito que la iniciativa que en estos momentos le hago entrega —toda vez que sufrió una modificación— se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria. Les agradezco mucho su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Verónica Velasco. Tome nota la Secretaría de la petición de la ciudadana diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la defensa…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No, diputado, permítame. Permítame diputado. Sí, diputado Navarro Quintero.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): Que la iniciativa presentada por la diputada que anteriormente expuso en tribuna, pudiera también enviarse a la Comisión de Salud.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está bien, diputado. Se turna también a la Comisión de Salud para emitir su opinión esta Comisión. Continúe por favor, diputado Secretario.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la defensa de la educación pública superior.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 34, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la consideración del Pleno de la Cámara el siguiente acuerdo con arreglo a las subsecuentes

Consideraciones

Primera. La educación de un pueblo es la base de su desarrollo, por esa razón es una obligación del Estado garantizar que cada uno de los habitantes del país tenga acceso a la educación de calidad, de manera que le permita acceder a mejores niveles de vida.

Segunda. La educación superior tiene las enormes virtudes de elevar el nivel educativo del conjunto de la sociedad, proveerle del instrumento técnico y humanístico para su propio desarrollo al tiempo que permite que cada uno de sus miembros adquiera conocimientos y habilidades que le hagan posible acceder a mejores niveles de bienestar y transformar en un sentido positivo su realidad y la de la comunidad a la que pertenece y, por ende, a su país.

Tercera. Las universidades públicas han demostrado ser el mejor vehículo para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación superior y para promover la vinculación de estudiantes, maestros, investigadores y egresados, con la sociedad y para hacer realidad la movilidad social.

En un país con los niveles de pobreza y desigualdad como los que tiene México, las universidades públicas son la única posibilidad para millones de jóvenes de acceder a la educación superior.

Cuarta. En las universidades públicas se concentra el mayor porcentaje de la matrícula escolar en educación superior, así como la mayor parte de la investigación científica que se desarrolla en el país. Las instituciones públicas de educación superior son un patrimonio de nuestro país. Nadie tiene derecho a menospreciarla, más bien debemos comprometernos con su fortalecimiento.

Quinta. Millones de mexicanas y mexicanos han egresado de estas universidades, lo que sin duda ha redundado en beneficios para ellos mismos, para sus familias, para sus comunidades y para el país…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ciudadano Secretario, ¿me permite, por favor? Ha habido una confusión y esta lectura la debió haber hecho el diputado Chanona, si le permiten al diputado Chanona que haga la lectura, por favor. Si pasa usted, por favor, diputado Chanona.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sonido en la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Tengo entendido, con todo respeto para mi estimado colega, el diputado Alejandro Chanona, que lo que se estaba leyendo es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y posteriormente todos los partidos políticos nos posicionaríamos en relación al tema. Entonces me parece que ese podría ser un mejor método, si lo tiene a bien así el señor diputado Chanona.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, aquí nos llegó el acuerdo por la Junta de Coordinación, de que lo leería el diputado Alejandro Chanona, por un error de organización aquí de la Mesa, no lo hicimos así. Sin embargo si gusta que le explique el diputado Chanona, quizá. ¿Se queda así? Es que me estaba pidiendo el diputado Chanona si le podría contestar a usted. No sé si con esto que le he respondido yo queda…

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Está bien, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la voz el diputado Chanona, por favor.

El diputado Alejandro Chanona Burguete: Bueno, con la venia de la Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. No importa quién lea qué, no importa quién lo presente, lo importante es la causa, que es la defensa de la educación superior de este país, que en estos momentos necesita de las 500 diputadas y diputados, y más que secuencia, yo quisiera disertar un poco, con base en la lectura que llevaba mi compañero de la Mesa Directiva, para comentar a ustedes que el ánimo de la defensa de la educación pública en México está ligado a los retos de la democracia en México.

Yo no podría concebir en los próximos días, meses y años la reforma política y la reforma del Estado de este país, el que no reconociéramos como un eje toral de la reconstitución del tejido social y del tejido político, el que reconociéramos el vínculo indisoluble entre democracia y educación pública.

Pero además, esto me concita a una reflexión mucho más amplia. Voy a desviar un poco el texto lineal, para fundamentar el acuerdo que hoy me parece será histórico, porque hemos logrado el consenso del Pleno, de los 500 diputadas y diputados, de las ocho fracciones, en relación a un viejo dilema que nos querían inculcar visiones distintas de lo que se refiere a educar a las mexicanas y mexicanos para serles útiles a su sociedad. Es decir, no existe en México esfuerzo alguno, público o privado que no tenga como objetivo honrar el compromiso de generar un bienestar general para todas y para todos y que tenga como objetivo sacar adelante a esta gran nación.

Yo creo que las instituciones de educación superior, los centros de investigación, hoy merecen nuestra particular atención. Si no tenemos una revolución educativa en lo inmediato, desde ayer, mucho o poco intentaremos hacer para sacar adelante a este país, pero fracasaremos porque o habremos generado una construcción generacional que nos saque del —yo diría— bache político, económico y social, en particular, si aspiramos a cambiar a este país.

Yo creo que gran parte de eso se generó por un incidente en relación a la Universidad Nacional Autónoma de México: que no se nos permite regresar al punto de partida de lo que hoy representa la Universidad Nacional y la pirámide educativa, de educación superior, como cascada, se desdobla a partir de ella y que nos lleva al reconocimiento de que hoy el sistema de educación pública de este país, básica —ya lo veremos con nuestros compañeros de Nueva Alianza en unos momentos—, pero en particular, en las universidades estatales de toda la República, que merecen el mismo trato que la Universidad Nacional al igual que la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, etcétera, etcétera.

Me permito hacer un llamado global, para decirles que en nombre de todas las instituciones de educación superior de este país, hoy en este recinto no es una casualidad que esté inscrito con Letras de Oro el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso creo que es muy importante porque es un honor a la educación pública de este país.

Dicho esto yo quisiera nada más señalar que hay razones de fondo, por las cuales se haya consensuado en la Junta de Coordinación Política los siguientes

Puntos de acuerdo

Uno es que no podemos sino reconocer la posibilidad de que el escamotearle los recursos a las universidades, centros e institutos de educación superior constituiría un retroceso no solamente para el desarrollo de México, sino para su democracia.

Entonces si estamos en cuenta que hoy nos une una causa tan noble como es la defensa de la educación pública de este país, yo quisiera comentar que por todo este conjunto de razones de la totalidad de la educación pública en el tejido social de este país, no hay razones que puedan fundamentar y que nos permitan entender por qué la propuesta del Ejecutivo federal para el paquete económico 2007, asuma que puede proponer reducciones muy importantes a las asignaciones a estas instituciones torales de la sociedad mexicana.

El proyecto de presupuesto 2007 para la función educación, es de 356 mil 486 millones de pesos, monto inferior en 2.5 por ciento en términos reales al aprobado el año pasado.

Para la educación superior que es tema del punto de acuerdo que pongo a su consideración, se proyectaba con recursos de alrededor de 44 mil 755 millones de pesos, cifra inferior en alrededor del seis por ciento real en relación a lo aprobado en el año 2006.

Quiero comentarles que tanto el 2.5 por ciento para la educación en su conjunto, pública, como el seis por ciento para impactar a la educación superior, son cifras esencialmente divorciadas de las aspiraciones universales de la educación pública; es decir, cifras muy lejanas al ocho por ciento que recomienda la UNESCO.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración de este Pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso con la educación pública superior, así como con los centros de investigación de todas las disciplinas y reconoce su contribución al desarrollo de México, en particular la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fundamental,

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no asumir la reducción al Presupuesto 2007 propuesta por el Ejecutivo federal a las instituciones de educación superior; y a que analice y dictamine las fórmulas para incrementar, en términos reales, sus asignaciones para el año 2007 con respecto al Presupuesto del año 2006.

Es cuanto, señor Presidente. Le ruego atentamente incorporar mi intervención de manera íntegra al Diario de los Debates. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se agradece, diputada Alejandro Chanona. Para fijar posición se le da el uso la palabra al diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, de la fracción parlamentaria del PT.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, señora Presidenta. Es importante y fundamental el punto de acuerdo que acaba de leer nuestro compañero diputado Chanona.

Y es de importancia tal porque en este punto, en el ámbito de la educación superior, media superior, ciencia y tecnología e innovación hemos coincidido todas las fracciones, todos los grupos parlamentarios que estamos representados en esta Cámara.

La corrección que estamos a tiempo y que espero sea sustancial por parte de este Poder Legislativo, ayude a paliar una situación crítica que tiene la educación superior en nuestro país.

Hemos estado en comunicación con casi todos los rectores de las universidades públicas de nuestro país, con directores de centros de estudios científicos y tecnológicos y con otras personalidades encargadas de la educación superior y nos hemos dado cuenta que a partir de la propuesta que nos llega a esta Legislatura hay un rubro que es importante señalar, la cuestión del manejo del desarrollo de las actividades académicas y de investigación estarían en peligro si aprobamos el presupuesto tal y como nos ha hecho llegar el Ejecutivo.

Requerimos un cambio sustancial. Ya basta de que en estos últimos sexenios se trate a las universidades como una parte de la vida política y educativa del país en un nivel de segunda. Requerimos ponerle toda la atención.

Bien sabemos que los países que se dedican y que invierten en educación, ciencia y tecnología e innovación son los países que tienen más posibilidades de salir adelante en el desarrollo económico social de su población.

Por eso creemos nosotros que este punto de acuerdo que esperemos sea aprobado por unanimidad dé un cambio importante en las bases que debemos de sentar de aquí en adelante en la educación superior de México.

Por eso, ojalá que después de este punto de acuerdo la Comisión de Presupuesto y a la vez las comisiones que tienen que ver con el asunto educativo hagan lo propio para que podamos decir que para el 2007 vamos a contar, por lo menos, con la base mínima del desarrollo de la educación superior de nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Pablo Leopoldo Arreola. Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, por el grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias, señora Presidenta.

Hoy esta misma soberanía nacional tiene la potestad, la gran potestad de poder, de tener la reducción de analizar el dictamen y particularmente de buscar un incremento para que las diferentes universidades de este país, tengan mayor número de recursos.

Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, a producido el 70 por ciento de todos los ingenieros de este país, ha hecho en los últimos cuatro años, un elevado esfuerzo por alcanzar mejores condiciones que permitan darle a los 175 mil estudiantes que diariamente van a su Campus, mejores condiciones en tecnología y mejores técnicas de estudio.

Cincuenta mil más se capacitan a distancia y además ahí trabajan 25 mil maestros diariamente poniendo su mejor esfuerzo y además, poniendo toda su capacidad y todos sus conocimientos.

Soy un legislador que admira profundamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene todo el acervo bibliotecario de este país, que ha producido destacados profesionistas que con una gran conciencia social, han defendido a la patria.

Como veracruzano, admiro y quiero a la Universidad Veracruzana y así podríamos hablar de cada una de las universidades de este país. Cada legislador podría hablar por cualquier universidad de este país y decir que esa universidad habría que apoyársele. Y como no, apoyar a una universidad pública, laica y gratuita y con calidad, si lo que este país requiere es educación.

Por eso Convergencia como partido, ha tomado la decisión, la decisión de apoyar que los recursos que requieran las universidades, permitan que se les acerque, para que todas las universidades de este país; desde la Universidad de Aguascalientes, hasta la Universidad de Zacatecas, pasando por Oaxaca, por Veracruz y por todos los estados de la República y particularmente el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y la UAM, tengan los recursos que se requieren.

Estoy convencido que no hay un solo diputado o diputada, que le quiera escatimar un solo peso a una universidad pública. Estoy convencido que el acuerdo que hoy vamos a tomar para reacomodar recursos en el rubro de la educación, va a estar dentro de las potestades que tienen todos los diputados, sin echarle la culpa a nadie, solamente señalando claramente para qué se quieren los recursos.

Si estos recursos llegan a las instituciones públicas de educación superior y se utilizan con toda transparencia, tendremos mejores mexicanos, tendremos mejores mexicanas, tendremos mejores políticos y tendremos la oportunidad de que este Congreso se siga nutriendo con legisladores bien preparados, que permitan defender los intereses de este país.

Lo que ustedes como legisladores puedan hacer en el proyecto de presupuesto que van a aprobar en unos días más, por el Instituto Politécnico Nacional, por la UNAM, por la UAM y por todas las universidades estatales; va a quedar grabado, como quedó grabado aquél 26 de noviembre del 2002, que esta soberanía aprobó el 8 por ciento del PIB, como lo recomienda la UNESCO, para que tengan recursos las universidades de este país.

Estoy convencido que van a votar a favor de un acuerdo por más, más recursos para todas las universidades. Gracias compañeras y compañeras, muy amables.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel del Río Virgen. Tiene el uso de la palabra el diputado Faustino Javier Estrada González, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Faustino Javier Estrada González: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconoce la trascendencia de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como instrumentos para el desarrollo de nuestro país.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 31 de octubre de 2006, la creación e integración del grupo de trabajo pluripartidista de diputados para la realización del Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México, efectuándose los días 22, 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Colima, teniendo como sede la Universidad de Colima.

Se convocaron a las comunidades académicas, científicas, tecnológicas y empresariales, así como a los legisladores federales y estatales y a las autoridades federales en la materia, para analizar los temas referidos a presentar sus propuestas. Con lo anterior se lograron consensos que se plasmaron en la Declaración de Colima 2006.

Entre los acuerdos, los más importantes son contar con una política de Estado en materia de educación media superior, superior, ciencia, tecnología e innovación, a fin de convertirlas en las principales palancas de desarrollo de nuestro país; definir una política de largo aliento a fin de garantizar el financiamiento suficiente para la educación media superior y superior, la ciencia y tecnología y la innovación.

Crear sistemas de incentivos para la vinculación entre la academia y el sector productivo y llevar a cabo las reformas legales necesarias que permitan una más amplia y efectiva vinculación; generar las condiciones necesarias para que en el mediano plazo se establezcan para la educación media y media superior.

El grupo de trabajo ha entregado hasta el momento a la Presidencia de la República, a la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política, la Declaración de Colima 2006. Hoy celebramos la buena disposición mostrada por el Presidente Felipe Calderón y de la Secretaría de Educación Pública al interesarse por continuar con los trabajos que lleven a concretar las demandas recogidas por el sector educativo y científico.

A pesar de los avances de los últimos días en esta materia, es inadmisible el presupuesto asignado a la educación. Debemos evitar el recorte de casi 900 millones de pesos para la UNAM. El proyecto de Presupuesto 2007 para la fundación de educación es inferior al 2.5 por ciento, en términos reales, al aprobado en el 2006. Los recursos para educación superior son inferiores al 5.9 por ciento con relación a lo aprobado en el 2006, lo cual está muy lejos del ocho por ciento que recomienda la UNESCO. La UNICEF ha advertido que de aprobarse el recorte presupuestal a educación, frenará el desarrollo de nuestro país.

Exhortamos a los demás grupos parlamentarios a comprometerse con que nuestros discursos sean congruentes con nuestras acciones. Apoyemos la educación superior a través de la aprobación de mayor presupuesto a este rubro y continuemos con los trabajos para construir una política de Estado a largo plazo en educación superior. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Faustino Javier. Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Daniel Amador Gaxiola: Con su permiso, señora Presidenta. El fortalecimiento y consolidación de la educación pública son un asunto de primer orden para el Partido Revolucionario Institucional.

En el Partido Revolucionario Institucional creemos que si México quiere ser un país moderno es impostergable el desarrollo de la educación, la ciencia y la innovación tecnológica para alcanzar más libertad, justicia social y equidad.

La educación de calidad se inscribe en el cumplimiento del artículo 3o. constitucional. Históricamente la educación ha sido el principal motor del desarrollo del país y compromiso fundamental del Estado mexicano.

Hoy vemos con gran preocupación que el partido en el gobierno pretende relegar la educación pública a un segundo plano. Es importante saber si Felipe Calderón comparte los puntos de vista de su compañero de partido, el actual presidente de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara.

Es importante determinar si existe un afán privatizador detrás de los recortes propuestos por el Poder Ejecutivo en lo relativo a las instituciones de educación superior.

Es importante que hoy, sin dejar dudas ni suspicacias, esta soberanía haga un compromiso concreto y claro a favor de un presupuesto adecuado y suficiente para nuestra educación.

El entendimiento y la búsqueda de soluciones a los problemas en el mundo en el siglo XXI requieren de la concurrencia y participación, preferentemente colegiada, de las ciencias, las humanidades y la innovación tecnológica.

Es claro que una política educativa debe enmarcarse en la búsqueda del desarrollo, la productividad, la competitividad y la mejora del bienestar social y de la calidad de vida de los mexicanos.

Debemos trabajar intensamente y alcanzar un acuerdo nacional para la mejora continua de la educación, que incluya la actualización de las agendas de investigación, la búsqueda de nichos de oportunidad, la creación de nuevos centros de educación media y superior, la investigación de desarrollo científico y tecnológico para concretar una mayor descentralización de estas actividades.

En el Partido Revolucionario Institucional estamos trabajando por mayores recursos presupuestales en términos reales para el año 2007, con el compromiso de que los fondos públicos y privados que podamos vincular a un programa agresivo de desarrollo en materia educativa deberán incluir una rigurosa supervisión de su aplicación y la evaluación de los resultados.

El presupuesto es la mejor expresión del compromiso que tiene el Estado mexicano con el país. El presupuesto debe reconocer las necesidades de las diversas regiones del país, mismas que nos demandan implementar fórmulas para garantizar una educación pública de calidad.

No podremos contar con la educación pública que el país necesita si utilizamos criterios neoliberales que desprecian la contribución social de nuestras universidades públicas y minimizan su contribución al desarrollo del país.

El Partido Revolucionario Institucional no permitirá que se enarbolen banderas clasistas que desprecian la fortaleza de nuestras instituciones públicas.

Que quede claro: la Universidad Nacional Autónoma de México es motivo de orgullo para todos los mexicanos. Por décadas la UNAM ha demostrado ser una institución crucial para el desarrollo del país y no merece adjetivos y comentarios que se basan seguramente en prejuicios ideológicos y complejos políticos.

La UNAM y todas las demás instituciones de educación superior merecen un esfuerzo adicional por parte de todas las diputadas y diputados de esta Legislatura.

El país necesita de la educación superior para superar sus rezagos. Gastar en educación es la mejor inversión que podemos hacer los mexicanos.

Estamos seguros de que todas las fuerzas políticas con representación en esta Cámara haremos un esfuerzo por corregir el presupuesto en materia de educación pública.

El nuevo gobierno debe entender que si quiere dar muestras de que le interesa verdaderamente crear empleos y generar condiciones de competitividad debe comprometerse con un presupuesto de profundo contenido social. Un presupuesto social comienza con suficientes recursos para la educación pública.

Reiteramos nuestro apoyo invariable para que los mexicanos sigan teniendo acceso a una educación de calidad que los prepare para asumir los retos de la globalización y de la competitividad, por lo que los diputados del PRI cumpliremos con nuestra tarea. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Daniel Amador. Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Compañeras y compañeros. Como hemos visto y escuchado, ya es común señalar que si el pueblo de México no mejora rápidamente su nivel educativo, no mejorará su inserción en el mundo globalizado del siglo XXI, pues no tendrá la capacidad para utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación, ni podrá participar en las redes mundiales de producción y utilización del conocimiento y la tecnología.

Si no mejoramos la educación básica, si no aumentamos ya la cobertura de la educación media superior, de la superior y de los postgrados, los mexicanos estaremos condenados a profundizar la brecha cognitiva que ya existe y en general, a profundizar el actual camino de dependencia científica y tecnológica y, en última instancia, de subordinación política a nuestro vecino del norte.

También parece que está claro que la relación de dependencia entre educación y desarrollo es efectivamente en ese orden. Si queremos desarrollo sostenido y sustentable hay que invertir en educación. Afortunadamente ya nadie defiende públicamente el razonamiento contrario, el de que primero hay que desarrollarse y luego hay que gastar en educación, como si ésta fuera un lujo de los ricos y no una condición para el crecimiento.

Aunque todo el mundo coincide en este discurso, en estos planteamientos, el presupuesto enviado por el Ejecutivo no integra los aumentos necesarios sino un inaceptable recorte. Este hecho sólo tiene una explicación, los autores del proyecto de presupuesto, el titular de Hacienda cree que los cambios cualitativos y cuantitativos que urgentemente requiere el sector se van a producir no por el impulso a la educación pública, sino por la inversión en educación privada.

A quienes piensan así se les olvidan los tremendos niveles de pobreza y desigualdad que existen en el país y que paradójicamente son también un obstáculo objetivo a la visión de la educación como mercancía.

La pobreza y el hecho de que las familias no tengan recursos para pagar colegiaturas es un obstáculo al proyecto de considerar a la educación como mercancía.

En el PRD insistimos en la tesis de que la educación es un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado. No estamos de acuerdo en la educación como mercancía sujeta a las reglas del mercado. En el PRD aceptamos la economía de mercado, pero no queremos una sociedad aplastada por las reglas del mercado.

Por ello exigimos un presupuesto educativo suficiente para iniciar el nuevo camino de crecimiento de la calidad y la cobertura. Más calidad en educación básica, aumento inmediato en el bachillerato, en la cobertura del bachillerato, aumento inmediato en la cobertura de la educación superior y de los postgrados, que haya más doctores, que haya más tesis de doctorado y más patentes registradas en México, especialmente demandamos el presupuesto suficiente a toda la educación superior, que no se les rebaje el presupuesto a la UNAM, pero especialmente y con esto quiero terminar estimadas compañeras y compañeros, necesitamos ya sacar del ahogo económico a las universidades de los estados más rezagados en es país.

Si en realidad creemos en el desarrollo de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Tlaxcala, de mi estado, el de Zacatecas, ya resolvamos el ahogo económico de sus universidades, permitámosles a sus autoridades y a sus académicos dejar de lado la preocupación por la quincena y por el aguinaldo y meterse ya a desarrollar conocimiento para el desarrollo de esas entidades.

Yo invito a los legisladores de los estados más atrasados, a que ya no admitamos más el autoritarismo y el engaño de la Secretaría de Hacienda sobre nuestras universidades. Vamos a sacarlas de una vez por todas del ahogo económico, vamos a reconocerle a la UNAM todos sus valores, lo mismo al Politécnico, pero entendamos que las entidades más pobres de México no van a salir del atraso si no tienen universidades de calidad pujantes metidas a la innovación y al desarrollo del conocimiento. Gracias por todo, muy amables.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Raymundo Cárdenas. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Borrego Estrada, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Ríos Camarena ¿con qué objeto?

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Para hacer una moción en relación a este debate.

Estamos debatiendo —y creo que todos estamos de acuerdo, todas las fracciones parlamentarias, así es el punto de acuerdo que se presentó— pero yo quiero afirmar que el artículo 74 constitucional expresa claramente la facultad de elaborar el presupuesto para esta soberanía de esta Cámara.

No creo que sea conveniente que simplemente hagamos una exhortativa a una comisión que depende de este Pleno. Lo que debemos hacer es una orden a la Comisión de Presupuesto para que incorpore el ocho por ciento de aumento en toda la educación superior.

Es una facultad nuestra, no es suficiente una exhortativa, tenemos que estar de acuerdo todos en ordenar y así borrar ese error grave, catastrófico, que hizo el presidente de la Comisión de Presupuesto, que poco sabe de lo que necesitan los mexicanos, cuya única ventana de esperanza es la educación pública superior.

Por eso pido yo que se vote en este Pleno con todos los diputados que de veras quieran aumentar el presupuesto, que se aumente el presupuesto en un ocho por ciento de la educación superior en México. No tenemos que pedirle permiso a la Secretaría de Hacienda, es nuestra facultad y es esta soberanía. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradecemos la intervención al diputado. Queda integrado en esta Secretaría su participación, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Borrego Estrada de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Felipe Borrego Estrada: Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, permítame diputado. Diputado, le solicito presentar por escrito la solicitud que está presentando en este momento. Por favor para incluirla en este punto, porque no la tenemos inscrita en el orden del día, toda vez que sale del acuerdo que ha presentado la Junta de Coordinación a la Mesa.

El diputado Felipe Borrego Estrada: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Felipe Borrego Estrada: El presente es un tema donde no pueden existir discrepancias, donde la unanimidad de los diputados y más aún, de la sociedad en general, tenemos un mismo punto de vista y un consenso real. ¿Cuántos de nosotros de todos los partidos y grupos parlamentarios hemos egresado de instituciones educativas, de universidades públicas? La mayoría. El suscrito, con mucho orgullo realicé mis estudios en la universidad de mi estado y con satisfacción le digo mi alma máter.

El Partido Acción Nacional está ligado no sólo desde su fundación, sino desde su concepción, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra presente en nuestra historia, forma parte de nuestra misma naturaleza, es esencial hasta en puntos doctrinarios y filosóficos, en sus principios e ideología.

Nuestro fundador, Manuel Gómez Morín, fue un digno rector en 1933, ejerciendo una cuidadosa administración de sus recursos. Echó a andar una exitosa campaña para allegarse fondos privados. Por su labor y aportación a la institución, fue reconocido con el doctorado Honoris Causa —fue el primero.

De todos es conocida su lucha constante y, por fortuna, fructífera para que con otros distinguidos universitarios, obtuvieran en jornadas memorables la libertad de cátedra, pilar de la universalidad de pensamiento y de libertad de la enseñanza.

Gómez Morín decía: "La Universidad está constituida para un fin perenne, trascendental, no ligado a la liga de un individuo o de grupo ni a la difusión o defensa particular de una teoría, sino a la realización de un propósito nacional permanente de cultura".

Acción Nacional concibe a la educación como un fin que enaltece a la persona y en sus principios establece que es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad para lograr ciudadanos plenos. Que nadie quede fuera y que nadie sea excluido o segregado del disfrute de bienes.

Por ello, el PAN se ha conducido congruente bajo este principio y concibe la gratuidad de la educación pública como un mecanismo eficaz para brindar y llevar a toda la población la función educativa tan necesaria para el pleno desarrollo de las personas y de la nación misma.

Las acciones legislativas del PAN en el Congreso de la Unión protegen y dan vida a las propuestas de las diversas corrientes ideológicas. El Partido Acción Nacional está consciente y respalda que la UNAM y todas las universidades e instituciones de educación públicas tengan un presupuesto digno acorde a sus necesidades. Lo decimos por convicción y porque sabemos que sólo así este país puede avanzar en muchos y variados aspectos y temas nacionales.

La educación es un eje donde convergen no sólo los valores de los pueblos, sino el desarrollo, la democracia, la transparencia y la igualdad.

El PAN ha tenido como cualidad y distintivo la congruencia y hoy lo queremos refrendar: somos conscientes de nuestra historia, de nuestro nacimiento, de nuestra aportación a México y queremos ser congruentes no sólo con nuestros fundadores, sino con nuestra doctrina, con nuestros principios.

Por eso apoyamos que con el esfuerzo responsable de los diputados, otorguemos lo que a la UNAM y a las demás universidades requieren y les corresponde. El PAN ahora, como desde 1939, sigue y seguirá siendo un partido que con su filosofía humanista, apoye a la educación pública, y en este momento, a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Felipe Borrego Estrada. Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, por favor.

La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. En México, son las instituciones de educación superior públicas las que concentran las tareas de formación de docentes, de profesionistas y de investigadores para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Ha sido una exigencia de la sociedad el fortalecimiento de estas instituciones al reconocerse que es la educación uno de los medios fundamentales para lograr la movilidad social y el desarrollo, con el fin de que los mexicanos podamos acceder a mejores niveles de vida.

Una de las metas que nuestro actual Presidente se planteó en su campaña fue la de alcanzar en el 2012 una cobertura del 30 por ciento en educación superior. En Nueva Alianza nos preguntamos cómo pretende alcanzar esta meta si en su primer proyecto de presupuesto reduce casi un seis por ciento los recursos a la educación superior.

El pasado 24 de noviembre en la ciudad de Colima, los principales representantes de las instituciones de educación superior de nuestro país y de todas las fracciones parlamentarias que integran esta Legislatura ratificamos el compromiso de elevar el financiamiento para la educación superior, la ciencia y la tecnología hasta alcanzar las metas fijadas en la ley.

Quienes hemos asumido la responsabilidad de legislar, tenemos que ratificar con hechos el compromiso con la educación superior y debemos demostrarlo rechazando la reducción al presupuesto propuesta por el Ejecutivo federal y realizando las reasignaciones presupuestales que la educación en su conjunto reclama.

Hacemos un llamado al gobierno a que cumpla con los compromisos hechos y convocamos a esta soberanía a trabajar juntos para ofrecer a las universidades públicas, en todas sus modalidades, a los institutos tecnológicos y a las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, los recursos necesarios para que sigan brindando a las y los mexicanos la oportunidad de prepararse para ser parte del desarrollo de México.

El futuro de la educación superior está nuevamente en debate. En Nueva Alianza creemos que es necesario dar pasos sólidos para alcanzar una educación equitativa, eficiente y de calidad y sólo se logrará esta demanda y aspiración social si todas las instituciones públicas de educación superior cuentan con los recursos necesarios.

Por ello, Nueva Alianza ha suscrito conjuntamente con todas las fracciones parlamentarias este compromiso con la educación superior, que es un compromiso con México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Luna. Tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Vengo en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, para reiterar el compromiso que aquí se ha expresado y que se ha expresado en el punto de acuerdo, de apoyar y respaldar con presupuesto a las universidades públicas y a las instituciones de educación superior del país, así como a la educación básica y media superior de nuestra nación.

Lo dijo aquí el diputado Felipe Borrego. Creo que a ningún grupo parlamentario ni a ninguno de los que nos encontramos en esta sala nos resulta ajeno el compromiso con la educación pública del país.

Si a ninguno de nosotros nos resulta ajeno ese compromiso, el debate debe ser cómo fortalecer nuestras instituciones de educación superior, cómo fortalecer la educación.

La educación, como todos ustedes saben y lo comparten, es el medio fundamental para alcanzar el desarrollo del país. La educación, al mismo tiempo de ser medio para alcanzar el desarrollo del país, es un fin en sí mismo y un valor de toda la sociedad.

En las escuelas de México se concentra la participación más amplia de la sociedad; son los maestros, los investigadores, los académicos, los padres de familia, los empresarios, la sociedad en general, los que se encuentran día a día en las escuelas de nuestro país y que constituyen de esta manera la célula del Estado mexicano. Es por ello que no nos debe de ser ajeno el compromiso con la educación.

Particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido una pieza fundamental en toda la historia de nuestro país. La UNAM tiene un compromiso y tiene una presencia, sobre todo, en el ayer, en el hoy y seguramente en el mañana de la nación.

En la UNAM se desarrollan las principales investigaciones científicas, en la UNAM florece el humanismo, en la UNAM tenemos día a día la expresión de la cultura y del arte. Es por eso que quienes egresamos de esta máxima casa de estudios tenemos un compromiso inquebrantable con ella y con todas las instituciones de educación superior.

Es por ello que cuenten con la bancada del PAN como firmes aliados en la consecución de mayor presupuesto y sobre todo, en la búsqueda de fórmulas que permitan mayor calidad a la educación pública, porque es ahí donde se debe de expresar una mejor calidad; porque es con mayor calidad en las escuelas públicas como podremos hacer justicia social a quienes menos tienen, acercándoles el saber, acercándoles ese saber con calidad, para que puedan insertarse al mercado del trabajo y para que sean los mexicanos que menos tienen, los que puedan también tener la posibilidad de generar arte, cultura, conocimiento, ciencia y tecnología en el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Roaro. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del grupo parlamentario el PRD.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La UNAM está inscrita en Letras de Oro en este recinto, no solamente por su historia, no solamente por su aportación científica y cultural al país, sino por la vida cotidiana que incorpora al desarrollo social de México.

Más de 285 mil alumnos, casi 30 mil profesores, 76 carreras y 146 planes en 22 facultades y escuelas de educación superior y 14 planteles de bachillerato, dan cuenta del trabajo cotidiano; 48 programas de doctorado, 82 de maestría, así como 156 especialidades, agrupan a más de 20 mil estudiantes de posgrado.

En la función sustantiva de investigación, 52 institutos, centros y programas universitarios, dan cuenta del trabajo de 4 mil 270 investigadores, de los cuales la UNAM participa con un 43.8 por ciento del gasto federal en ciencia y tecnología, y representan sus investigadores nacionales al 26 por ciento del SNI, cubre todos los campos del conocimiento y aborda los grandes problemas nacionales.

De igual forma en lo que tiene que ver con la cultura, su aportación a la actividad de música, literatura, teatro, danza, artes visuales y cine representa una invaluable aportación al campo de la difusión cultural.

Tiene el centro de cómputo académico más importante de Latinoamérica y administra 556 convenios académicos firmados del 2000 a la fecha, con más de 349 de carácter internacional.

Por eso es muy importante defender el nombre, la trayectoria que por sí misma se plasma de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pero al defender a la UNAM también tenemos que defender a las universidades estatales, cuyo clamor ha sido manifiesto por muchos de ustedes al evidenciar la situación precaria en la que se encuentran desde el punto de vista académico y desde el punto de vista económico, por no contar con los recursos suficientes para la cobertura y para el desarrollo de sus planes y programas de trabajo.

Por eso defender a la UNAM es defender a la universidad mexicana, es defender a la educación pública superior. Es defender, y esto lo digo con mucho sentimiento, es defender a un proyecto de país y a un proyecto de nación, frente al cual la universidad y la educación pública es precisamente un bien de carácter público.

No podemos aceptar la privatización silenciosa, no podemos aceptar que los servicios educativos se pretendan dar a través de vouchers o a través de subsidios a la educación privada. La educación privada es un complemento de la educación pública, pero la educación pública asume un papel rector y central en la vida del Estado mexicano, es una conquista irrenunciable del pueblo de México y hoy el debate es precisamente entre los proyectos de país.

Yo aquí concluyo señalando que si en verdad es una prioridad la educación pública superior, no se debió haber mandado una iniciativa, un proyecto que baja del 3.9 por ciento del PIB al 3.8 por ciento en gasto educativo. No se debió de haber mandado un proyecto que baja del 0.55 por ciento del PIB en educación superior al 0.51 por ciento.

Por eso es cierto lo que aquí se ha señalado, esta Cámara como soberana, tiene que aprobar y plasmar en el proyecto de presupuesto lo que ya dice la ley: ocho por ciento del gasto del PIB para gasto educativo y uno por ciento para ciencia y tecnología si queremos ser congruentes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputado Tonatiuh Bravo. Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Muñoz del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Con su permiso Presidente. Entre los preopinantes que hemos escuchado dijeron que en este Muro esta soberanía puso con letras de oro el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí es cierto, y la iniciativa fue del Partido Acción Nacional. Para quien lo dude, ahí está el Diario de los Debates.

En esta ocasión quiero hacer precisiones de algunos comentarios que aquí se han hecho. Primero, página 68 de la iniciativa. Vamos a leer esa página del presupuesto, página 68, que supongo todos leímos:

"Hay un incremento del 4.2 por ciento real, en educación". Ahí está en la página 68 que ya todos leímos. No vengamos a decir aquí, que hay decremento. Veamos la iniciativa señoras y señores diputados.

Y también hay que decir aquí, que tenemos que ser responsables al analizar el paquete económico del 2007, porque la Ley es muy clara, el espíritu de la Ley señala que primero tenemos que analizar los ingresos y después cómo los gastamos.

Perdónenme señoras y señores diputados, estamos empezando al revés; ya hay aquí propuestas, y por supuesto que vamos a apoyar la propuesta de darle más recursos a la educación superior. Pero tenemos que iniciar como marca la Ley, no como vean los señores diputados. Y la Ley dice que primero tenemos que entrarle a la Ley de Ingresos, para después analizar los diferentes rubros del gasto.

Y también quiero aquí decir, compañeros diputados, el mes de septiembre tuvimos la comparecencia del secretario de Educación, en dicha comparecencia todos los diputados que asistimos nos dimos cuenta que de la educación básica, la educación media superior y la educación superior, el sector más desprotegido en eficiencia terminal y en cobertura, es la educación media superior.

Y si analizamos la iniciativa del presupuesto nos damos cuenta que hay un incremento de más del 10 por ciento en la educación media superior. También tenemos que decir los incrementos dentro del gasto educativo.

Pero no hay debate, no hay debate señoras y señores diputados, porque Acción Nacional ya reafirmó aquí su compromiso de buscar revertir el recorte en educación superior. Ya lo dijimos; ya nos comprometimos y lo vamos a hacer. Pero de manera responsable, viendo de donde van a salir los recursos, porque si le aumentamos a un rubro tenemos que quitarle a otro rubro.

Y también, claro, vamos a entrarle a quitarnos recursos los partidos políticos. Vamos a entrarle. Y también no debo dejar pasar otro dato del análisis de la iniciativa del presupuesto. Sí hubo recorte en educación superior, que lo vamos a revertir con análisis de la Comisión. Hubo recorte en educación superior por aproximadamente 900 millones de pesos; pero hubo un aumento de mil 258 millones de pesos en el programa Escuelas de Calidad. Hubo un incremento en becas de mil 500 millones de pesos.

Señoras y señores diputados, dediquémonos primero a ver cuáles son los ingresos y de manera conjunta vamos a decidir en qué rubros los gastamos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan de Dios Castro. Tiene la palabra el diputado José de Jesús Solano Muñoz, del grupo parlamentario...sí, permítame

El diputado Tonatiuh Itzcoátl Bravo Padilla (desde la curul): Diputado Presidente, quiero hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estamos en el rubro de hechos, diputado Tonatiuh, lo anoto después de dos oradores que están inscritos, con mucho gusto.

El diputado Tonatiuh Itzcoátl Bravo Padilla (desde la curul): Pido la palabra por alusiones personales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No fue aludido, discúlpeme, pero lo anoto después de dos. Perdón, está anotado después de dos oradores.

El diputado José de Jesús Solano Muñoz: Con su venia, señor Presidente. En Acción Nacional estamos convencidos que la educación no sólo es el motor del desarrollo de un país, sino que además es la única tabla de salvación para un país en vías de desarrollo.

Por ello, el día de hoy queremos manifestar nuestro apoyo total a las universidades públicas de este país. Pero no sólo debemos preocuparnos por no recortar los ingresos de nuestras universidades o de nuestra educación. Debemos preocuparnos además de dónde vamos a obtener los ingresos suficientes para cubrir todos los rubros que necesita nuestro país y nación, cubrirlos de tal manera, que no desprotejamos rubros, además de importantes, como lo es la salud y como lo es la seguridad pública.

Porque definitivamente nuestro partido le reconoce a las universidades su enorme esfuerzo por la enseñanza, por la investigación, por la extensión y por la difusión de la cultura. Reconocemos también, el que hayan hecho de estas instituciones entes totalmente transparentes y competitivos a nivel internacional. Pero además, les reconocemos la enorme capacidad política para llegar a acuerdos y sacar adelante proyectos en beneficio de toda la comunidad.

Por todo lo anteriormente dicho nos manifestamos en nuestro Partido Acción Nacional total y absolutamente a favor de un mayor presupuesto, pero no sólo para la universidad pública, sino para todo el rubro en materia educativa y lo vamos a ver en los hechos. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Solano. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros. La realidad es que este debate es consecuencia de las declaraciones desafortunadas del diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco.

Los egresados de las instituciones de enseñanza superior nos sentimos agravios, pero también sería injusto no tratar de defender a las instituciones que hicieron posible lo que ahora somos. No podemos esconder, por otro lado, que el debate político no solamente es presupuestal, también es un debate conceptual. Hoy un debate también de ideologías y en esas circunstancias tenemos que analizar a profundidad y hacer a un lado la hipocresía del discurso.

De nada sirve que se incrementen los presupuestos, si los presupuestos no están destinados a construir infraestructura y aumentar la cobertura de la educación pública.

Hoy debemos de entender que lo mismo en salud, que en educación se pueden incrementar los presupuestos, en algunos como es en el caso de educación para becas, pero becas que están destinadas a ir a subsidiar la educación privada, la cual debe de ser únicamente complementaria.

La falta de aumento en la cobertura de educación pública ha dado como consecuencia que se estén multiplicando las escuelas de educación privada, que carecen en gran parte de la calidad que el pueblo de México necesita y en este rubro, yo quisiera leerles una entrevista que le hicieron a Felipe Calderón después de una discusión que tuvo en el año 2000 con el hoy rector Juan Ramón de la Fuente. Él mencionaba: "Defendí el programa de becas del gobierno y que se implementen de tal manera que se garantice a todo estudiante el apoyo económico suficiente para que estudie donde quiera". En contraposición con la tesis que se manejaba ahí de que los recursos públicos sólo son para destinarse a apoyar a las universidades públicas.

El exabrupto que hizo el diputado simplemente refleja inconscientemente lo que se pretende. Los egresados de la educación pública queremos presupuestos que se incrementen, sí, pero para aumentar la cobertura de la educación pública, no para ir a subsidiar a empresarios de la educación o a empresarios de la salud.

Tenemos un compromiso de origen que no podemos nosotros desdeñar. Es por eso que el esfuerzo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México es enorme, es considerada así una de las 100 primeras universidades del mundo, pero con una matrícula de 290 mil estudiantes, mientras que las otras universidades que tienen los primeros lugares, no van más allá de 25 mil o 30 mil estudiantes. Esto habla de cantidad y de calidad educativa y es por eso que el día de hoy debemos de hacer un reconocimiento.

De nada sirve venir a decir que busquemos de dónde tenemos que buscar el Presupuesto. Es mejor tener una deuda económica que tener una deuda social. En materia educativa tenemos un compromiso con el pueblo de México para impulsarlo al desarrollo. Ése es el compromiso de los que egresamos de la escuela pública y nuestra ideología la sesgamos hacia partidos que comprometan nuestro compromiso con la identidad nacional y sobre todo con el laicisismo de las instituciones de la República. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Miguel Ángel Navarro. Tiene la palabra para rectificación de hechos el diputado Tonatiuh Bravo, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, señor Presidente. Solamente me quiero referir a los datos que han sido dados aquí y con gusto los debatimos en la mesa directiva o en la Comisión de Educación.

En 2006 el Presupuesto de Egresos de la Federación fue de dos billones 200 mil millones de pesos; el gasto educativo fue de 365 mil millones de pesos. Eso corresponde casi al cuatro por ciento. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, la propuesta 2007 es de dos billones 234 mil millones de pesos y el gasto educativo es de 386 mil millones de pesos. Eso significa un poco más del 3.8 por ciento. Es una disminución en términos porcentuales y relativos. Primera consideración.

Segunda. Le doy los datos puntuales. El Presupuesto de entrada de 2006 para educación superior fue de 49 mil 984 millones de pesos, eso representa 0.55 por ciento del PIB; el 2006 de salida —porque hay los incrementos salariales— es de 52 mil 157 millones y es el 0.57 por ciento del PIB. ¿Cuál es el presupuesto que se propone en 2007?, 49 mil 826 millones de pesos, ¿cuánto representa?, el 0.51 por ciento del PIB. Así que claro que en el proyecto de Presupuesto hay una disminución real y las disminuciones reales se comparan en términos relativos y porcentuales.

Daré otro dato muy puntual para que no haya equívocos aquí. Si dividimos el gasto educativo entre el número de estudiantes que tiene, vamos a tener una cifra por estudiante.

En el 2000 se recibían por estudiante 36 mil 939.5 pesos. En el 2001, 38 mil 479. En el 2002, que fue el presupuesto más alto, se recibió 39 mil 215. Pero a partir del 2003 la baja es permanente, 36 mil 822 por estudiante. En el 2004, 35 mil 242. En 2005 se tiene una leve recuperación de 36 mil 655. Pero en 2006 se baja a 33 mil 582 y en el proyecto de presupuesto a 32 mil 186 el gasto por estudiante.

Por último señalar que si esta soberanía aprobó la modificación a la Ley General de Educación para decir que el Estado debe invertir el 8 por ciento del PIB, lo que nosotros creemos que debe hacerse como esfuerzo es encaminarnos y aproximarnos paulatinamente a eso, no lo contrario. No es explicable lo contrario.

Y termino señalando lo siguiente. Lo que diga la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no es lo que hicieron los países desarrollados. Los países que han logrado el desarrollo primero invirtieron en educación y después obtuvieron el desarrollo y el crecimiento económico como resultado de esa inversión, no al revés. Aquí lo que se nos dice es que primero debe haber un excedente económico consignado en la ley, para que después se invierta en educación y es al revés.

La prioridad número uno, la palanca del desarrollo nacional, la clave estratégica multiplicadora y redistributiva realmente de la equidad social, es primero invertir en educación y después obtener el crecimiento económico. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Bravo. Tiene la palabra la diputada Laura Rojas, del grupo parlamentario del PAN.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señor Presidente. Que quede bien claro, el Partido Acción Nacional ha estado siempre y está a favor de la universidad pública, a favor de la educación pública gratuita, laica y universal.

Hoy las diputadas y los diputados del PAN, congruentes con nuestros orígenes universitarios, reconocemos la invaluable aportación de las universidades públicas en la formación de todas las generaciones de mexicanos que han formado nuestra nación.

Los 138 diputados del PAN egresados de universidades públicas y particularmente los 19 diputados egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el respaldo de nuestros compañeros refrendamos nuestra voluntad para que de manera responsable y, en consecuencia, con la Ley de Ingresos que aprobemos, sea asignado el mayor presupuesto que sea posible para nuestra universidad, la Universidad de México.

Estamos orgullosos y agradecidos por haber sido formados en la mejor universidad de América Latina.

Señores del PRD, señores del PRI, compañeros diputados de todos los partidos. El día de hoy el PAN quiere dejar clara esta posición. No engañen a la opinión pública: el PAN está a favor de la universidad pública y de la educación pública.

Este año el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de Shangai, que publicó una lista con las 500 mejores universidades del planeta, sólo una institución mexicana se colocó en esta lista, la UNAM.

Los criterios aplicados para esta clasificación permitieron a la UNAM figurar entre las primeras 100. Entre los aspectos evaluados se consideraron cuántos Premios Nobel han salido de sus aulas, como …

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputada Rojas. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido a la curul del diputado Octavio Martínez.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Gracias, Presidente. Para efecto de que le pregunte a la oradora si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputada Rojas, ¿acepta una pregunta?

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Acepto la pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Muchas gracias. Me gustaría conocer la opinión de la oradora, a efecto de las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto, que por cierto, es de Acción Nacional. ¿Qué opina usted de la declaración del presidente de esta Comisión respecto a la UNAM?

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Ese tema ya fue aclarado en su oportunidad en los medios por el coordinador del PAN, y en este momento el PAN está fijando su posicionamiento sobre el punto de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política.

Como decía, entre los aspectos evaluados se consideraron cuántos Premios Nobel han salido de sus aulas, como Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina; cuántos reconocimientos por sus investigaciones, la cantidad de artículos publicados en todos los campos de la ciencia, la frecuencia de citas alusivas a sus publicaciones y al desempeño de sus académicos.

Con ello, la UNAM superó no sólo a todas las universidades privadas y públicas del país, sino también a todas las de América Latina, pues la siguiente, La Universidad de São Paulo, se colocó en el lugar 188 de la lista; y la tercera, la Universidad de Buenos Aires, se posicionó en el lugar 330.

La UNAM atiende para este año a 290 mil estudiantes, realiza el 50 por ciento de la investigación total del país, cuenta con el mayor acervo bibliográfico y sus servicios comunitarios están presentes en todos los estados de la República.

La UNAM ha diversificado las fuentes de su financiamiento para la educación. Este año facturó dos mil 500 millones de pesos por concepto de servicios, contratos y convenios. Ninguna otra universidad en América Latina genera tantos recursos propios: ocho veces más de lo que se iba a recabar en aquel intento de aumentar las cuotas. La UNAM ha rendido cuentas públicas durante los últimos años. Fue la primera institución autónoma en hacerlo y todas las auditorías externas que se le han practicado han sido satisfactorias.

Por esas razones, las diputadas y los diputados de Acción Nacional creemos que la UNAM merece no sólo nuestro reconocimiento y apoyo a este punto de acuerdo, sino un esfuerzo de todos los que integramos esta Cámara por consensuar las reformas fiscales que son necesarias para garantizar la educación pública, laica, gratuita y universal.

Recordemos que el año que viene tendremos menos ingresos excedentes por concepto del petróleo y que para que un alumno llegue a la Universidad, es necesario que recorra un camino previo que pasa por completar la educación básica y la educación media superior. En estos pasos previos, el Estado mexicano requiere hacer un esfuerzo de cobertura y calidad que no permite demora, para lo cual hacen falta más recursos.

Compañeras y compañeros diputados, no politicemos este asunto del Presupuesto. La educación, la educación es una prioridad y de eso dependen las nuevas generaciones de mexicanos. Demostremos nuestra capacidad de coincidir en temas trascendentes para México. Construyamos juntos estos consensos a favor de todos. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Laura Rojas. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si el asunto está suficientemente discutido. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Susana Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, nada más si es tan amable de leer el Secretario diputado cómo quedó el acuerdo, porque hubo una moción donde se modificaba; entonces sí quisiéramos escuchar…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le voy a dar trámite. El acuerdo es el que envió la Junta de Coordinación. ¿Quiere que se lea? Estamos votando el acuerdo de la Junta de Coordinación. La propuesta hecha por el diputado Ríos Camarena se va a turnar a la Comisión de Programación y Presupuesto.

Túrnese a la Comisión de Programación y Presupuesto la propuesta hecha por el diputado Ríos Camarena. Sonido nuevamente a la curul de la diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Lamento mucho que le incomoden, señor Presidente, las preguntas de su servidora, pero aquí el diputado hizo una moción que se presentara aquí en el Pleno y se votara en este momento su moción y su propuesta. Le solicito que la ponga a consideración del Pleno en este momento y no se turne a la Comisión.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. No me molesta lo que me pregunte. Ya se habló con el diputado Ríos Camarena y está él de acuerdo en que se turne a la Comisión de Programación y Presupuesto. Ese es el turno que le hemos dado. Sonido a la curul del diputado Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): No he tenido ninguna consulta respecto a que se mandara a la Comisión. Mi propuesta tenía como sentido darle fuerza al aspecto constitucional y a la soberanía de esta Cámara.

Entiendo, entiendo con claridad que hay una serie de procedimientos burocrático-legislativos que impiden que la Cámara pueda estar por encima de la Secretaría de Hacienda o por encima de las propias comisiones.

Veo que no hay realmente el interés, cuando menos de la Mesa Directiva, de seguir un procedimiento que tendría que ver con la Constitucionalidad que tiene esta soberanía. No estoy alegando el aspecto de la Ley Orgánica ni del Reglamento.

Como en otras ocasiones, vuelvo a insistir, una Cámara como esta no puede funcionar, no puede tener verdadero peso en la opinión nacional si solamente estamos siguiendo las líneas cupulares que se nos vienen marcando.

A mí nadie me consultó que se fuera a ninguna comisión. Yo pedí, como bien dijo la diputada Monreal, que se votara. Ustedes no lo quieren hacer así, bueno pues entiendo cuál es el papel de la Mesa Directiva. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Gutiérrez Calzadilla.

El diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla (desde la curul): Señor Presidente. Para solicitarle de forma comedida, que también se turne este acuerdo a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, para su conocimiento.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese también a la Comisión de Educación. Sonido a la curul de la diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente. Si el diputado ya no insistiría en que se votara en el Pleno, su servidora sí le pide —con el uso de mis derechos como legisladora— se ponga a consideración de esta Asamblea y se vote en este momento.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente. Para orientar a la Asamblea, me aboco a leer la fracción IV del artículo 74: "Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior".

Sin duda la propuesta del diputado Ríos Camarena cuando está hablando de un ocho por ciento en educación superior, cuando la recomendación de la UNESCO es ocho por ciento en todo lo que es educación, implica muchos miles de millones de pesos que tiene que ser analizado por la Comisión de Presupuesto y precisamente modificarse.... muchos miles de millones de pesos que tiene que ser analizado por la Comisión de Presupuesto y precisamente modificarse las partidas correspondientes al proyecto que está enviando el Ejecutivo. Por lo tanto creo que el turno que le ha dado la Presidencia, es el adecuado y el correcto, no podemos aquí pasar sobre una comisión cuando ni siquiera hay dictamen y ni siquiera sabemos de dónde se va a obtener porque no se ha discutido la Ley de Ingresos y las correspondientes contribuciones.

Por lo tanto mi grupo parlamentario pide que se ratifique el turno que ha dado la Presidencia.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, señor Presidente. En torno a esta intervención que hace el diputado Prats creo que con ánimo de conciliación se pueden hacer las cosas. El acuerdo dice:

"Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso con la educación pública superior, así como con los centros de investigación de todas las disciplinas y reconoce su contribución al desarrollo de México, en particular la participación de la UNAM".

"Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no asumir la reducción al Presupuesto 2007, propuesta por el Ejecutivo federal y a las instituciones de educación superior y a que analice y dictamine las fórmulas para incrementar en términos reales sus asignaciones para 2007 con respecto al presupuesto 2006".

Y se le puede agregar perfectamente "en el marco de lo que establece la Ley General de Educación de llegar a un ocho por ciento de inversión en educación, como porcentaje del producto interno bruto". Si se agrega eso están conciliado el punto de vista del punto de acuerdo y el del compañero del Partido Revolucionario Institucional que habló y que como se sometió a debate el punto, pues él adhirió eso, y me parece que es legítimo que se pueda poner eso en el acuerdo y no modifica sustancialmente nada de lo que aquí se ha discutido.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Quiero aclarar que ya fue votado el punto de acuerdo y aprobado por unanimidad, ésta es una nueva proposición, que se le ha dado el turno a la Comisión de Educación y a la Comisión de Programación y Presupuesto.

No estamos discutiendo todavía el Presupuesto, que es lo que ha señalado el diputado Rodríguez Prats, no estamos en el momento de la discusión presupuestal. Yo creo que lo conveniente es que se le dé este turno tal como se ha hecho para que en el momento de elaborar el dictamen y discutir el presupuesto, entonces si se tomen en cuenta estas propuestas.

Sonido en la curul de la diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente, está el video donde su servidora le pidió el uso de la voz antes de que usted sometiera a votación, precisamente porque en otras ocasiones usted argumenta que ya fue votado.

Está el video donde yo le pedí antes de que se sometiera a votación, me diera el uso de la voz para que a este punto de acuerdo pudiera agregársele la moción que hizo el diputado respecto a que considerara el ocho por ciento para educación.

Entonces no hay voluntad seguramente de su parte, porque cuando usted cree conveniente sí nos voltea a ver a los legisladores y cuando no, sigue el proceso de votación y como en este momento pasó con su servidora deja que pase el procedimiento de la votación y después dice que ya no se puede regresar el procedimiento. Ahí está el video, señor Presidente donde su servidora le pidió el uso de la voz antes de la votación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Solís Parga.

El diputado Rodolfo Solís Parga (desde la curul): Señor Presidente, estamos de acuerdo en que se pase a la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto debe entender más allá del lenguaje parlamentario que se utiliza, en término de exhortos, que hay un mandato de esta Asamblea, para que se promueva suficiente presupuesto para el desarrollo de la actividad educativa y de la educación superior en lo particular.

Estableciendo además, que existen antecedentes tanto de esta Cámara, en el pasado, en el sentido de que el monto presupuestal debe llegar al orden del ocho por ciento del producto interno bruto conforme a las recomendaciones de la propia Organización de las Naciones Unidas, su departamento especializado que es la UNESCO. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Javier González Garza:

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Señor Presidente. Creo que la intervención del diputado Rodríguez Prats es pertinente. No podemos votar en este momento el asunto del Presupuesto. Lo que es muy importante es no dejar pasar lo que es un consenso, que es el que en este país se cumpla el ocho por ciento, que el ocho por ciento del producto interno bruto sea para educación.

Y yo lo que propongo en este momento para zanjarlo, es que se envíe a las comisiones, como ya está dicho, pero que solicitemos un acuerdo con el Ejecutivo que nos diga un planteamiento de cómo vamos a llegar en este sexenio al ocho por ciento del producto interno bruto. Ésa sería propuesta señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para ilustrar a la Asamblea, voy a pedir a la Secretaría que lea el artículo 25 de la Ley Federal de Educación, en donde establece precisamente la obligación de fijar en el Presupuesto el ocho por ciento del producto interno bruto para la educación. La ley no está a votación. Dé lectura, por favor, la Secretaría.

El Secretario diputado Gildardo Guerrero Torres: Artículo 25. Ley General de Educación. "El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado-federación, entidades federativas y municipios destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto al menos el uno por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior pública".

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante. Es cuanto, Secretario. Sonido a la curul del diputado González Garza y después el diputado Murat.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Efectivamente tenemos esa Ley, como esa Ley no se ha cumplido, lo que hoy vemos en esta Cámara es un consenso para que esa Ley se cumpla, señor Presidente, lo que estoy proponiendo es que pidamos al Ejecutivo federal que nos diga cuál va a ser el procedimiento para cumplir esa Ley, en otras palabras, en cuánto tiempo vamos a estar en ese nivel, pero que nos lo informe, porque ya tenemos esa Ley que fue votada en esta Cámara, lo que necesitamos es que se cumpla y necesitamos por lo tanto que nos diga el Ejecutivo cómo lo piensa hacer en este sexenio.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Yo creo que la pregunta sería para las comisiones, diputado, el Ejecutivo ya presentó el Presupuesto, la Ley de Ingresos, y corresponde a esta Cámara, corresponde a las comisiones en su dictamen hacer la propuesta correspondiente. Sonido a la curul del diputado Murat.

El diputado José Murat (desde la curul): Presidente de la Mesa Directiva, solamente para hacer algunos planteamientos rápidos. Primero, este debate se da desgraciadamente por unas declaraciones muy lamentables que hizo el presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, el diputado Padilla. Después vino todo el señalamiento para los que somos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones de enseñanza superior que se dio el pueblo de México, solamente un señalamiento a la Mesa Directiva, con el respeto que merece este honorable cuerpo legislativo.

El diputado Ríos Camarena hizo una propuesta y se le señaló que fuera por escrito, lo hizo en esos términos. Por procedimiento se debería de haber pasado a votación la propuesta que hizo el diputado Ríos Camarena. Le pido que retomemos el procedimiento, en base al Reglamento y a la Ley Orgánica, y que pasemos a dejar claro lo que ya escuchamos de los distintos oradores, de los distintos grupos parlamentarios que estamos pensando que la Universidad Nacional Autónoma de México debe tener un planteamiento de futuro.

Queremos dar presupuesto para que siga creciendo y para que entre en la definición de ciencia y tecnología y que haya egresados que den su aportación para el crecimiento con visión de futuro para México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias señor Presidente. En términos de los artículos 124 y 125 del Reglamento, le he enviado a la Presidencia una propuesta de adición al resolutivo segundo del acuerdo.

En nada es adelantar el dictamen de Presupuesto ni votar. Es simplemente contextualizarlo en el marco de lo que ya dice la Ley y en el marco de la meta establecida por esta soberanía. Le pido la pueda someter a la consideración del Pleno, si es tan amable.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a dos proposiciones: A la que hace el diputado Ríos Camarena y a la que hace el diputado Tonatiuh Bravo, para que la Asamblea decida si se incluyen a discusión, para agregarse o no a la propuesta que hizo la Junta de Coordinación, ya votada.

Sonido a la curul del diputado Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul) En relación a la propuesta que hice, fue una propuesta que repito tiene una base constitucional. El diputado Tomatiuh Bravo está haciendo una propuesta más completa. Por lo tanto, yo retiro mi propuesta que hice por escrito y me adhiero a la propuesta del diputado Tonatiuh Bravo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta que está haciendo el diputado Tonatiuh Bravo, primero para ver si se acepta a discusión.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación si se somete a discusión la propuesta del diputado Tonatiuh Bravo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No, dé lectura a la misma.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento Interior, le solicito adicionar el acuerdo segundo, sujeto a discusión, del siguiente párrafo.

Quedaría: "Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no asumir la reducción al Presupuesto 2007, propuesta por el Ejecutivo federal, a las instituciones de educación superior, y a que analice y dictamine las fórmulas para incrementar en términos reales, sus asignaciones para 2007 con respecto al Presupuesto 2006, en el marco de la Ley General de Educación que establece como meta de gasto en educación, el ocho por ciento del producto interno bruto". En votación económica se pregunta a los ciudadanos diputados si es por aprobar.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se requieren dos tercios de la votación. Es una solicitud de urgente resolución, si se acepta a discusión. De no ser así, aclaro, de no ser dos tercios, pasaría a la comisión. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se acepta a discusión como propuesta de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame antes de votar. Es el procedimiento. Diputado Bravo, sonido a su curul.

El diputado Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): El debate es sobre el mismo asunto. El asunto que se votó señor Presidente, es un asunto de mayoría simple y entonces como tal, dice el artículo 124 textualmente: "En la sesión que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley —en este caso es una proposición— podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados".

Aquí ya se aprobó el artículo y yo estoy haciendo una adición o modificación al ya aprobado. Por lo tanto, es el mismo asunto, procede y es mayoría simple señor Presidente, si es tan amable.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dé lectura al artículo 125 del Reglamento, Secretario.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida, se pasará a la comisión respectiva. En caso contrario se tendrá por desechada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta a discusión la propuesta hecha por el diputado Tonatiuh Bravo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se admite la discusión de la propuesta del diputado Tonatiuh Bravo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se aprueba la propuesta del diputado Tonatiuh Bravo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Comuníquese. Se recibió de la Junta de Coordinación una propuesta. Proceda la Secretaría a dar lectura a la misma.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de diciembre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados

Presente.

Con fundamento en el artículo XX del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, la discusión de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación; solicitamos a usted— atentamente— que se sirva consultar al Pleno en el primer turno posible, la modificación al orden del día, para incorporar el siguiente punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el marco de análisis, discusión y eventual aprobación del proyecto de Presupuesto federal 2007, se contemple un aumento sustantivo en las partidas correspondientes al rubro de educación básica.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Atentamente

Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador de Convergencia; diputado Miguel Ángel Jiménez Codines, coordinador de Nueva Alianza; diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora de Alternativa.

En votación económica se consulta a la Asamblea, si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez Codines, para dar lectura al acuerdo a nombre de la Junta de Coordinación Política.

El diputado Miguel Angel Jiménez Codines: Con su venia, señor Presidente. A nombre de la Junta de Coordinación Política.

Con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el marco del análisis, discusión y eventual aprobación del Proyecto de Presupuesto federal 2007, se contemple un aumento sustantivo en las partidas correspondientes al rubro, educación.

Manifestamos que el proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 no refleja la voluntad del Ejecutivo de cumplir con el mandato legal establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación, de destinar el ocho por ciento del PIB, al gasto público federal, ya que en el proyecto —lejos de incrementar la inversión educativa con porcentaje de éste— disminuye de 4.2 a 4.1 por ciento.

Ante esto, nosotros —los coordinadores parlamentarios de todos los grupos representados en esta Cámara— consideramos que el gasto en educación, visto como inversión en capital humano, debe verse como un concepto de gasto que da rendimientos mucho más favorables que cualquier otro tipo de inversión.

Para nosotros la educación es el mejor medio para alcanzar la libertad y garantizar la justicia social y detonar el desarrollo. La educación es un compromiso y una responsabilidad que debe ser compartida por la sociedad en su conjunto y por Estado. En este sentido debemos tomar en cuenta que en las relaciones sociales debe existir una redistribución lo más equitativa posible de los recursos mediante la educación.

El proyecto de Presupuesto 2007 para educación es de 356 mil 486 millones de pesos, monto inferior en 2.5 por ciento en términos reales en comparación al del Presupuesto 2006.

Dentro del Presupuesto de la función educación, los ramos que representan una mayor proporción son el Ramo 33, correspondiente a las previsiones y aportaciones para el sistema de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, con 52.3 por ciento, equivalente a un monto de 186 mil 636 millones de pesos y la Secretaría de Educación Pública, Ramo 11, con una participación de 37.3 por ciento, que representa recursos por 132 mil 918 millones de pesos. Cabe destacar que ambos ramos registran una caída respecto al Presupuesto aprobado en 2006, de 3.2 y dos por ciento en términos reales, respectivamente.

En cuanto al gasto en educación: en educación básica se propone un monto por 223 mil 699 millones, lo cual representa una caída de 5.1 por ciento real respecto al año anterior. Para la educación superior, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se proyectan recursos por 44 mil 775 millones de pesos, cantidad insuficiente para alcanzar los objetivos del Instituto Politécnico Nacional y las entidades educativas homologadas.

En cuanto a la educación media superior, se estima un presupuesto de 39 mil 301 millones de pesos, cantidad que estimamos insuficiente por lo que solicitamos un mayor presupuesto en este rubro. Por las consideraciones anteriores solicitamos un incremento sustantivo en términos reales en las partidas correspondientes a la educación básica, educación media superior, educación superior y para todos aquellos niveles educativos homologados y transferidos a los estados de la República.

Se debe reconocer que el Presupuesto de Egresos de la Federación no refleja un compromiso con las necesidades reales de la educación pública. La distribución de recursos no atiende aspectos fundamentales para elevar la calidad de la educación. La propuesta del Ejecutivo no responde a las necesidades básicas del sector, toda vez que el presupuesto no cubre las necesidades ni siquiera para mantener el sistema educativo en sus condiciones actuales.

Por todo lo anterior manifestamos nuestro rechazo al proyecto de Presupuesto de Egresos en materia educativa presentado por el Ejecutivo federal y solicitamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública inicie un trabajo intenso para que se corrija el citado proyecto a favor de la educación en nuestro país, en todos sus niveles.

Un buen gobierno es, entre otras cosas, el que tiene la capacidad gubernamental de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad por medio de soluciones políticamente articuladas, por medio del apoyo de los diferentes niveles de gobierno. Gobernabilidad implica también mantener las condiciones mínimas indispensables para posibilitar el desarrollo económico, político y social en un contexto estable y democrático.

Esta solicitud, al ser reconocida y autorizada, confirmaría la importancia que tiene para el Legislativo la educación. Esperando siempre una respuesta positiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Artículo único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a contemplar un aumento sustantivo y suficiente en las partidas correspondientes a educación básica, educación media superior y superior homologada y transferidas a las entidades de la República, así como al personal de apoyo y de asistencia a la educación. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Miguel Ángel. Tiene la palabra la diputada Mónica Arreola, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Mónica Tzansa Arriola Gordillo: Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras legisladores. Todo Presupuesto, desde la presentación del proyecto, debe reflejar su intencionalidad. Lo que estamos discutiendo en esta tribuna no son solamente números, es el futuro de la educación en nuestro país en todos sus niveles, es el futuro de la enseñanza desde las primeras etapas que son fundamentales en la formación de valores y principios. Hasta nuestros investigadores que tanto aportan al desarrollo científico y económico de nuestro país.

La reducción presupuestal evidente en el rubro de educación, implica un retroceso. ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde queda la importancia de que va destinado a todos nuestros estudiantes y a nuestros niños en México?

En la actualidad la población estudiantil en nuestro país es de aproximadamente 30 millones, una población que se encuentra en una encrucijada, sin un futuro seguro, inmersos en una crisis de valores y creencias. Todo ello resultado de la crisis social, política y económica existente en México.

Ante esta situación las y los estudiantes de nuestro país necesitan esperanza, necesitan apoyos, insumos para seguir estudiando y poder insertarse al desarrollo. No necesitan reducciones, debemos elevar la cobertura educativa, la calidad y la eficiencia.

Pero parece no ser prioritario en estos momentos. Las buenas finanzas y una economía estable son las prioridades y parece no importar a costa de que se logre; números más, números menos.

En Nueva Alianza nos preguntamos cómo alcanzar finanzas públicas sanas condicionando la educación y el futuro de nuestras niñas y niños. ¿Qué es más importante para nuestro gobierno? Sabemos que las prioridades son varias, nuestro país enfrenta procesos de grandes cambios que implican enormes retos, pero creemos firmemente que no podemos dejar al lado el apoyo prioritario y estratégico que debe representar la educación.

Debemos tener una economía estable, pero sin afectar a uno de los sectores más importantes de nuestro país: la educación, eje de desarrollo y detonante de movilidad y permeabilidad social. Ya no queremos los mismos resultados, debemos avanzar y para ello se deben cubrir las necesidades que tienen las instituciones educativas.

La educación es un arma de defensa que promueve los valores, estimula la tolerancia, refuerza las creencias y permite actitudes de mayor compromiso y participación, con el fin de formar personas libres y responsables que coadyuven a elevar el bienestar y mejorar la calidad de vida en nuestro país.

Difícil expresarlo mejor que Carlos Fuentes: "Digo educación y pienso en capital humano. Digo educación y pienso en iniciativas ciudadanas. Pienso en educación y pienso en liberación de la mujer, protección del medio ambiente. Pienso en educación para eliminar la injusticia, el abuso, la discriminación, la falta de respeto a nuestros conciudadanos, la corrupción. Pienso en educación y pienso en una cultura de la legalidad, que despida para siempre la incultura de la arbitrariedad. Pienso en educación y pienso en tolerancia, en experiencia. Pienso en experiencia y pienso en destino. Porque la tarea de educar exige coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos".

Nueva Alianza promueve este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Gracias, diputada Arriola. Tiene la palabra el diputado Abundio Peregrino García, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

El diputado Abundio Peregrino García: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. La privatización silenciosa en la educación por la disminución del Presupuesto, no debe pasar por esta Cámara. El Presupuesto que el Ejecutivo federal propone para la educación en todos su niveles para 2007, es un presupuesto con claros tintes de seguir golpeando a la educación pública en aras de impulsar la privatización de la educación en nuestro país.

Proponer una reducción de más del 2.5 por ciento en términos reales para el próximo año, es un claro mensaje de que la educación pública no es bien vista por el gobierno de Calderón. Es una clara señal de que la formación educativa de los mexicanos no será una prioridad en los seis años que nos esperan de este gobierno.

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo pensamos que el monto de los recursos para el ramo educativo debe ser ampliado sustancialmente año con año, hasta alcanzar la meta del ocho por ciento con relación al producto interno bruto y del uno por ciento para ciencia y tecnología.

Sin embargo éste es un aspecto del problema, porque el verdadero fondo para que transitemos a un sistema educativo de alto rendimiento y de resultados tangibles, tiene que pasar por una reforma integral de la educación en nuestro país.

Esta reforma pasa por volver obligatoria la estimulación temprana y la educación inicial, por articular la educación básica y la educación media superior mediante su conversión en obligatoria. También impulsar la formación de lectores tempranos y construir un sistema de investigación científico y tecnológico para formar cuadros de alto nivel profesional.

En este contexto, el tema del Presupuesto es fundamental para formar los recursos humanos que requiere el país y el sistema educativo que esté a la altura de las nuevas exigencias de la realidad nacional y mundial.

Por estas razones no vamos a permitir que el presupuesto para educación se reduzca y vamos a luchar en todas las comisiones legislativas que correspondan, porque el presupuesto para el ramo educativo se incremente sustancialmente para 2007.

Esta Legislatura no puede postergar la ampliación del presupuesto para la educación integral de todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Peregrino. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Pinete Vargas, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas: Muchas gracias, diputado Presidente. Compañeros legisladores. Considero muy importante el posicionamiento que cada una de las fracciones representadas en este pleno y que con mucho respeto hemos estado escuchando, sobre todo porque el tema es fundamental y es básico; básico desde el propio ser, básico desde que hablamos de que la educación va a formar y va a apoyar el desarrollo humano. Va a ayudarnos a que ese desarrollo impacte en la sociedad en general y en la comunidad educativa.

No podemos nosotros mantener un paquete económico ni por supuesto aprobarlo de ninguna manera, dejando al margen y dejando a un lado lo que es la prioridad para todos los seres humanos que habitan este país.

Para que podamos vivir mejor, para que podamos tener seguridad, para que podamos tener tranquilidad, para que podamos competir, para que podamos nosotros realmente estar a la altura de la globalización y de las expectativas necesitamos estar bien preparados. Que nuestras niñas y que nuestros niños realmente tengan esa educación de calidad que merecen y no solamente en las capitales de nuestras entidades, sino también en todas las regiones de nuestra patria.

Recordemos que estamos aquí como representantes de la nación y para ello, compañeras y compañeros, yo les pido que este paquete económico…, porque dicen: ¿De dónde va a salir? Vamos a incrementar los impuestos. Por supuesto que no. Aquí estamos los que tenemos imaginación, aquí estamos los que fuimos electos por voluntad del pueblo, aquí estamos los que realmente vamos a tomar las decisiones sabias e inteligentes que van a ayudarnos a cumplir con esos compromisos de quienes abanderaron este proyecto de nación que ahora tenemos que articular todas las fuerzas políticas aquí representadas y que los legisladores de México tenemos la gran oportunidad de dignificar con nuestro quehacer político, con nuestras decisiones, con el respeto a la palabra que tenemos que dignificar esta envestidura que ha sido orgullo por muchas décadas y por muchas generaciones. El sistema educativo nacional merece ser fortalecido.

En el mes de noviembre una servidora presentó un punto de acuerdo para revisar precisamente ese acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, ¿por qué? Porque no podemos estar esperando que nos rebasen las necesidades en cuanto a cobertura y en cuanto a servicios, pero tampoco podemos estar esperando para que en el 2007 tengamos los resultados en calidad y en evaluación educativa que recibimos este año.

Por eso, compañeras y compañeros, en representación no solamente de mi partido, el Revolucionario Institucional, sino de todos los maestros, las maestras, los niños, las niñas, las madres de familia y todos los que realmente, realmente queremos mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen y de los que más necesitan, necesitamos invertirle a la educación, que sea pues la inversión en educación la que nos dé mayor rentabilidad social.

Es cuanto, compañeros diputados. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Carmen Pinete. Tiene la palabra el diputado Cruz Pérez Cuellar, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Cruz Pérez Cuellar: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Para el Partido Acción Nacional, una de las principales metas en materia de educación es la de formar cuadros profesionales con las suficientes habilidades y capacidades técnicas y científicas para que constituyan la principal plataforma de despegue para el desarrollo nacional.

Esta formación sólo puede llevarse a cabo y rendir los frutos necesarios por medio de una efectiva federalización educativa en donde se precisen mejor las atribuciones de cada orden de gobierno, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas y otorgando mayor flexibilidad a nivel regional de los contenidos mínimos sujetos a normatividad nacional.

Por consiguiente, la sociedad civil y el gobierno deben seguir apostando por una educación pública de alto nivel en donde se formen las y los mexicanos que sacarán adelante a nuestra nación en el presente milenio, generaciones que desde luego tendrán nuevos retos y circunstancias propias de un mundo globalizado.

En este sentido, no podemos arriesgar ni poner en entredicho la calidad de la educación pública, por el contrario, el grupo parlamentario del PAN lo que busca es que en esta parte tan medular del sistema educativo y al que acuden millones de mexicanos cuente con las características y niveles que la competitividad internacional demandan.

Para ello, nuestro grupo parlamentario ha propuesto e integrado dentro de su agenda legislativa para esta LX Legislatura en materia de educación pública, diversas propuestas. Además hay que decirlo, la gran mayoría —estoy seguro— de los diputados y diputadas no solamente del PAN sino de todos los grupos parlamentarios, debemos nuestra formación a la educación pública. Estudiamos desde la primaria hasta profesional en las escuelas públicas de este país y debemos de tener un compromiso con nuestro origen y con los beneficios que recibimos y responderle así a las futuras generaciones de mexicanos.

En pocas palabras y además de los avances que ha habido en este gobierno con el programa Enciclomedia, el programa Escuelas de Calidad, en pocas palabras está claro ––y lo hemos escuchado de todos los grupos parlamentarios–– que no podemos ir a favor de una reducción en el presupuesto en materia educativa. Se requieren más recursos, eso está claro y todos le hemos apostado y hoy nos hemos comprometido con la nación en ese sentido.

Lo que creo que falta, y espero que los diputados y las diputadas de todos los grupos parlamentarios nos hagamos responsables, es de dónde van a salir los recursos para apoyar a la educación. Está claro que necesitamos más recursos, está claro que no se debe reducir el presupuesto. Lo que nadie ha venido a proponer aquí, hasta ahorita, es cómo obtener esos recursos.

Ahorita escuchaba la intervención de un diputado que decía que valía más una deuda económica que una deuda social. Puede que tenga razón; sin embargo, hay que recordar que las deudas económicas luego se van a convertir ––en un futuro–– en deudas sociales y así hemos venido arrastrando muchas deudas sociales que primero fueron deudas económicas en nuestro país y hoy tenemos que pagar los mexicanos.

Por eso, obviamente, el grupo parlamentario del PAN está a favor de este punto de acuerdo, pero yo quiero hacer un exhorto respetuoso a todos los grupos y a todos los diputados: que pensemos no solamente en venir a pedir más recursos, sino de dónde vamos a sacar esos recursos, porque esos millones de mexicanos que hoy están estudiando en escuelas públicas se merecen certidumbre ––es cierto–– pero no solamente en el presupuesto del año 2007, sino en lo que va a pasar en su futuro.

Ojalá y no por una actitud demagógica queramos hipotecar el futuro de millones de mexicanos. Ya lo hemos vivido y nos ha costado muy caro.

El grupo parlamentario del PAN apoya este punto de acuerdo y los exhorta a que pensemos, a que imaginemos cómo lograremos darle más recursos a esos mexicanos que tanto lo demandan. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Pérez Cuellar. Tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Partido Nueva Alianza.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Todo el diseño de política económica tiene en el presupuesto un brazo fundamental de operación.

En este sentido, la política presupuestal tiene en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 un instrumento trascendental; pero su perfil restrictivo y pro cíclico que se nos presenta tiene consecuencias graves, en especial en la educación, en todos sus niveles.

El Ejecutivo federal presenta una reducción en todos los niveles de educación, justificándose, entre otras razones, por la pretensión de anular el déficit con el fin de alcanzar finanzas públicas sanas. Esto último, lo hablé como objetivo general, pero a condición de no afectar áreas de servicios estratégicos o prioritarios.

Pero los resultados de esta política restrictiva tendrían consecuencias graves de aplicarse como está propuesto, presentado el proyecto de Presupuesto para 2007. Seguiríamos con una economía que no crece lo suficiente, no hay empleo y si aceptamos la estructura del presupuesto a educación que se nos presenta en el proyecto de egresos para 2007, la educación iniciará un camino de deterioro y estancamiento por no estar habilitada presupuestalmente ni siquiera para mantenernos en la situación actual.

Creemos que debemos pasar de las políticas pro cíclicas a instrumentar una política fiscal contra cíclica, cuidadosamente dirigida como parte o preámbulo a una necesaria planeación de Estado que cuide y fomente, en especial, el rubro de educación en todos sus niveles; que incremente el capital humano y que vea el presupuesto en dicho rubro no como gasto, sino como inversión en educación; que se constituya en factor de rentabilidad social, fundamental en el logro de la equidad social y el desarrollo económico.

Recordemos que la educación es un detonante de movilidad y permeabilidad social, además, de desarrollo en este contexto invitamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también desde luego y fundamentalmente a la Comisión de Educación, a atender seriamente este punto de acuerdo para contemplar un aumento sustantivo y suficiente en las partidas correspondientes a las subfunciones de educación básica, media superior y entidades homologadas de educación superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, así como al personal de apoyo y asistencia a la educación del Sistema Educativo Nacional.

No atender esta petición implicaría que no habría voluntad política para abastecer de recursos suficientes a todos y cada uno de los niveles educativos y dejar de lado el necesario avance para lograr que se dedique el equivalente al ocho por ciento del PIB, del producto interno bruto para educación como ha sido aprobado precedentemente por el Honorable Congreso de la Unión.

En Nueva Alianza sostenemos la tesis de que las finanzas públicas deben ser un instrumento estratégico del Estado, deben utilizarse con perspectiva integral tomando en cuenta siempre la política social y en especial la educación, insisto, en todos sus niveles y que no puede disociarse el presupuesto para educación de la aplicación de las políticas para elevar la cobertura educativa con equidad y la elevación de la calidad del servicio educativo.

Una respetuosa solicitud a todas y todos los compañeros diputados para que aprobemos todos este punto de acuerdo y sea un elemento más que fundamente y refuerce las decisiones que se analizarán en las comisiones de Programación y Presupuesto, de Hacienda también, y de Educación Pública. Diputado Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Jacinto Gómez Pasillas. Tiene la palabra el diputado Sergio Hernández Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Sergio Hernández Hernández: Celebro en mucho el que finalmente hace unos momentos, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias podamos llegar a acuerdos sobre todo en la columna vertebral de nuestro país, que es la educación.

La fracción parlamentaria del PRD ha expresado su profunda preocupación por apoyar la educación superior de nuestro país pero no podemos olvidar que la educación es un proceso continuo, un proceso integral y que de ninguna manera podríamos pasar por alto el apoyo, los recursos que necesitamos destinar a la educación básica.

Yo creo que todos los que estamos aquí no desconocemos las condiciones tan difíciles que tenemos en nuestras escuelas a lo largo y ancho del país. Escuelas que a veces no tienen los elementos indispensables para que los maestros puedan realizar su trabajo educativo. Escuelas sin laboratorios. Escuelas sin microscopios. Escuelas sin mapas. Escuelas sin planisferios. Escuelas sin los mínimos elementos para que el maestro pueda realizar su trabajo.

Tal vez muchos dirán en este momento que de qué México estoy hablando. Estoy hablando del México de carne y hueso que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo en los estados con mayores problemas económicos.

Por eso, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, vengo a esta tribuna a expresar nuestro apoyo a este punto de acuerdo, para que se canalicen recursos a educación básica, para que podamos atender la infraestructura educativa, para que los niños puedan disfrutar de más becas, para que podamos atender la actualización del magisterio, para que no quede en nuestro país un niño o una niña sin la oportunidad de educarse para mejorar sus condiciones de vida. No podemos olvidar que en educación no gastamos; en educación invertimos.

Pero creo que es mucho muy importante que aquí hagamos una reflexión porque veo muchas veces en los medios de comunicación cómo se ataca, cómo se señala al magisterio cuando con pocos recursos realiza su trabajo el maestro con mucho orgullo, con mucha voluntad, con mucho sacrificio.

Siempre se nos compara en las evaluaciones con los países que integran la OCDE, pero ellos no invierten el cuatro por ciento cuando mucho de su producto interno bruto; ellos invierten mucho más. Nosotros llevamos muchos años tratando de hacer esta inversión que está plasmada en la Ley General de Educación.

Ojalá que lo que acabamos de acordar hace unos minutos, realmente lo llevemos a la práctica y que no el próximo año estemos nuevamente discutiendo una décima o una centésima más para el presupuesto educativo.

Los trabajadores de la educación, el personal de apoyo lo habrán de reconocer y estoy seguro de que con su esfuerzo, con su trabajo, nuestro país seguirá saliendo adelante.

¿Qué de dónde van a salir los recursos? Indudablemente hay de dónde; ahí está el IPAB, ahí están los que no pagan impuestos. Sí tenemos de dónde sacar recursos para educación, simplemente hagámoslo, decidámoslo hacer por México. Es cuanto.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Hernández. Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presiente. Hago uso de la palabra para rectificar hechos respecto del financiamiento a la educación en particular, pero también en relación al contenido, a la tendencia del Presupuesto de Egresos presentado a esta soberanía, por las siguientes razones:

El paquete que hemos recibido es claramente inercial, no sólo en cuanto a las cifras y al marco macroeconómico, sino también respecto a una visión, a mi juicio excesivamente dogmática en relación a la estabilidad financiera y al imperativo de equilibrar las necesidades de gasto social con la estabilidad macroeconómica.

Ha habido un esfuerzo del titular del Poder Ejecutivo, en efecto, al presentar con oportunidad un decreto de presupuesto de austeridad, pero hay que reconocer que ese esfuerzo de austeridad ha recaído no sólo en el propio Ejecutivo, al considerar el 10 por ciento de reducción del ingreso salarial, sino en parte también en las universidades.

Entonces, compañeras, compañeros diputados, el problema es de fondo y no sólo atañe al sector educativo, que es el más sensible, como lo hemos visto, sino que el problema de fondo es el enfoque y el diseño del paquete fiscal que está puesto a consideración de esta soberanía.

¿Cómo obtener más recursos? En efecto, necesitamos una reforma tributaria que habremos de abordar el próximo año, pero hay otras decisiones que no se han planteado y yo he presentado aquí por lo menos seis iniciativas que están turnadas a las Comisiones respectivas; menciono algunas de ellas: necesitamos oficinas redundantes en los tres órdenes de gobierno; una Secretaría de Desarrollo Social federal, una estatal y una oficina municipal ¿o es en el municipio donde deberemos atender los problemas y radicar los recursos?

¿Necesitamos un aparato público en la Secretaría de la Función Pública, superior al aparato que tiene el 0rgano de Fiscalización de la Cámara de Diputados? ¿No hubiese sido aplaudible y razonable el que en este decreto de racionalidad del Ejecutivo federal planteara la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y transferir esa función al órgano que constitucionalmente tiene esa competencia y que es justamente esta Cámara de Diputados?

¿No hubiese sido aplaudible y entendible y razonable plantear la desaparición de la Secretaría de Energía y sólo reducir sus facultades a la Comisión de Energía?

Pregunto sólo algunas cuestiones que no han sido abordadas con rigor, con seriedad para realmente encontrar un razonamiento, un uso racional de los recursos públicos que siempre son escasos.

Por lo tanto, compañeras, compañeros diputados, estamos llamados en estos días a hacer un ejercicio de reflexión de fondo respecto al contenido, a la forma y al fondo del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos; de otra forma no encontraremos respuestas satisfactorias para la ciudadanía que nos ha dado un mandato ante esta Asamblea.

Por lo tanto, sí hay propuestas, compañero diputado que hizo la pregunta, están las iniciativas, están en las comisiones y yo espero que haya voluntad política para encontrar soluciones de fondo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias. El último orador registrado es el diputado Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Gracias, Presidente. Sólo para ser muy breve, se han argumentado aquí muy diversas razones por las que la educación, invertir en la educación básica es muy importante y una más se llama competitividad.

La capacidad de un país para atraer y retener inversiones, así ha definido la competitividad el Instituto Mexicano de la Competitividad, en el que han creado una serie de factores que a nivel internacional está comprobado que favorecen la capacidad precisamente de nuestro país para que se queden las inversiones.

Uno de esos factores es una sociedad incluyente, preparada y sana, y cierto es que aquí se ha expresado recurrentemente la responsabilidad que debemos tener los diputados federales, para que en la aprobación del presupuesto identifiquemos las razones y los argumentos y de dónde pueden provenir los recursos. Sin embargo, se subestima que en la educación e invertir en la educación, es precisamente uno de los factores que nos permitirá seguir desarrollando este país a través de la promoción de inversiones que vengan de otros lados.

Por lo tanto, a nombre del Partido Verde, nos sumamos evidentemente a este punto de acuerdo y lo hacemos también a favor de la competitividad. Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Muchas gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación. Muchas gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se aprueba el punto de acuerdo. Se aprobó el punto de acuerdo. Aprobado. Adelante diputado Santos Arreola.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Diputado Presidente, en uso de sus facultades, toda vez que es evidente la falta de quórum, le solicito dé concluida la sesión.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Ciudadano Secretario, los instruyo para que abran el sistema electrónico de votación, para que rectifique el quórum, 10 minutos para que pueda verificar el quórum de esta sesión.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para la verificación del quórum.

(Registro de quórum)

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Señor Presidente están registrados 349 diputados, por lo tanto hay quórum. Sigue abierto el sistema electrónico de asistencia.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es de primera lectura.

En virtud de que se encuentra publicado… sonido a la curul de la diputada Rodríguez Vizcarra.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (desde la curul): Gracias señor Presidente, solicitar la disculpa de la segunda lectura, por acuerdo de la Mesa Directiva y por la premura que amerita este caso la modificación. En caso de que así sea, de que nos autoricen la dispensa, que se me permita hacer uso de la tribuna para fundamentar el dictamen.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. En virtud de encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...(votación) Los diputados que estén por la negativa...(votación) Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de segunda lectura. En consecuencia está a discusión y para fundamentar el dictamen, tiene la palabra la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre de los integrantes de la Comisión de Economía, acudo a esta tribuna a poner a consideración el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.

México, como promotor del comercio internacional y congruente con los principios de competencia y legalidad, participa en acuerdos comerciales internacionales, a fin de fortalecer y promover el mercado nacional, para potenciarlo y posicionarlo a nivel internacional.

En este sentido, México es miembro de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, desde el 1 de enero de 1995. Como país miembro de la OMC, México está obligado al puntual y fiel cumplimiento de los compromisos generados ante esa comunidad internacional. En virtud de que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, implicando la celebración del Tratado por parte del Poder Ejecutivo Federal y su ratificación por el Senado de la República.

México, como país promotor del comercio global y de las condiciones de competencia internacional, ha venido adoptando una serie de obligaciones en materia comercial internacional, plasmadas en los acuerdos antidumping y el de subvenciones, entre otros.

Por lo anterior, para nuestro país es muy importante cumplir con las obligaciones y convenios internacionales a favor y en apoyo de la competencia económica interna y del fortalecimiento y posicionamiento de nuestros productos a nivel nacional.

El 13 de marzo del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, situación que motivó que los Estados Unidos de América impugnaran ante la OMC algunos de los artículos modificados en esa legislación, invocando que existían contradicciones con las obligaciones contraídas por nuestro país, contenidas en el acuerdo antidumping originado en esa OMC.

Dicha controversia suscitó que las autoridades acreditas de la OMC concluyeran el 6 de junio del 2005, que existían discrepancias ante la Ley de Comercio Exterior Mexicana y los acuerdos internacionales previamente aceptados y reconocidos por México.

Nuestro país impugnó dicho informe ante el órgano de solución de controversias, el 20 de julio del 2005, quien confirmó su resolución favoreciendo a los Estados Unidos de América.

Finalmente, la Organización Mundial del Comercio recomendó a México modificar su Ley de Comercio Exterior de manera que sea compatible con el Acuerdo Antidumping y el de Subvenciones.

El plazo para que nuestro país —y aquí la importancia y la premura— atienda dicha recomendación vence el próximo 20 de diciembre. En caso de no atenderla, los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, podrá solicitar autorización a la OMC para imponer sanciones como represalia contra nuestro país, afectando el comercio internacional con diferentes sectores de nuestra economía.

De esta manera, la reforma a la Ley de Comercio Exterior que se propuso desde el Senado de la República, en donde se votó a favor por unanimidad y que se plantea el día de hoy para su discusión ante este honorable Pleno, pretende evitar sanciones económicas a nuestro país.

La premura del tiempo hace esta reforma fundamental, pues de no publicar las modificaciones a la Ley de Comercio Exterior en el Diario Oficial de la Federación antes del 20 de diciembre, el comercio de nuestro país podría estar sujeto a represalias comerciales impuestas por nuestros principales socios comerciales, dando lugar a nuevas controversias ante la OMC.

Dicha situación afectaría las prácticas de comercio leal y competitivo que nuestro país ha llevado por años, no solamente con Estados Unidos sino con otros países, afectando nuestra economía, nuestra capacidad exportadora, sin mencionar el precedente negativo en el sistema multilateral de comercio en cuanto a la disposición de México a cumplir con sus compromisos internacionales.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Economía solicitamos su apoyo para cumplir con la recomendación de la Organización Mundial del Comercio evitando así la potencial medida de represalia comercial por parte de nuestro principal socio comercial y manteniendo con ello nuestra posición como promotores del comercio internacional y del respeto a la ley.

Compañeros, es por esto que hoy es tan importante la determinación y sobre todo el voto a favor de ustedes, para que nuestro país continúe dentro del mercado internacional y dentro, sobre todo, de las leyes que debemos de estar, para no afectar de ninguna manera ningún tipo de transacción comercial y mucho menos tener ningún tipo de represalia económica. Es cuanto. Muchas gracias a ustedes. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Adriana Rodríguez Vizcarra. Ciérrese el registro electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 428 diputadas y diputados. También solicitamos se cuente la asistencia de la diputada Cecilia Rincón Vargas, que por una falla del lector no está considerada. Ciérrese el sistema.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para fijar posición sobre este dictamen tiene la palabra el diputado Fluvio Mendoza Maldonado, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y diputados.

El objetivo de esta iniciativa que ya se ha dictaminado favorablemente en la Comisión de Economía y que en estos momentos discutimos, tiene como objetivo central el adecuar diversas normas de la Ley de Comercio Exterior a las normas internacionales que hemos contraído con la Organización Mundial de Comercio (OMC) a la luz de las transacciones comerciales que realizamos con diversos países.

Resulta que la norma vigente de comercio exterior con nuestro país estaba en contradicción jurídica con lo establecido en la OMC, de tal forma, los Estados Unidos presentaron su inconformidad al marco jurídico en la materia. Posteriormente se conformó un grupo especial para analizar la similitud y afinidad de la Ley de Comercio Exterior con las obligaciones de nuestro país ante la OMC.

Las conclusiones observaron que existían inconsistencias jurídicas en nuestra normatividad, aunque México impugnó la resolución por segunda ocasión, el órgano revisor falló nuevamente en contra de nuestro país.

Finalmente, dentro de este proceso, México y Estados Unidos acordaron el día 20 de diciembre del año 2005, que al término de un año quedarían subsanadas las inconsistencias jurídicas que ocasionaron el desencuentro legal entre ambas naciones.

Para resolver de una vez por todas la inconsistencia jurídica, la mesa directiva de la Comisión de Economía y sus propios integrantes, coincidimos en la necesidad de aprobar esta iniciativa que viene del Senado de la República con la aprobación de una mayoría de 95 senadores, incluyendo a nuestros compañeros de la fracción del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.

La iniciativa modifica la normatividad aplicable en comercio exterior en materia de dumping, de subvenciones y de cuotas compensatorias, asuntos técnicos que al aprobarlos pueden evitar una confrontación comercial con el vecino del norte.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor. Sin embargo, nuestra posición no implica un reconocimiento a la política comercial con el exterior, emprendida y profundizada desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN); por el contrario, varias son las razones para evitar represalias comerciales de Estados Unidos y con ello afectar aún más a nuestros productores nacionales.

Las bondades del TLCAN, a más de una década de entrar en vigor, así como los múltiples tratados comerciales firmados, no han arrojado los resultados prometidos de bonanza económica y de bienestar social para todos los mexicanos.

Y reiteramos, el grupo parlamentario de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, no dejará un espacio vacío para denunciar y convencer la liberación comercial y en específico, del maíz y del frijol en el año 2008. No es conveniente ni para los productores nacionales, ni para la mayoría de los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fluvio Mendoza. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa…(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Por cinco minutos.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Votación electrónica. Se emitieron 388 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 388 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: "Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.

"Con fundamento en el inciso b) del artículo décimo primero del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, aprobado el 26 de septiembre del presente año, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, solicitamos prorrogar la segunda lectura, discusión y votación del siguiente dictamen.

"De la Comisión de Pesca con puntos de acuerdo para exhortar a la Sagarpa defina la entrada en vigor de la NOM0029PES2006, para que la pesca de tiburones y rayas sea específicamente para su aprovechamiento.

"Sin más por el momento reciba un cordial saludo. Atentamente firman diputado Emilio Gamboa Patrón, diputado Javier González Garza, diputado Alejandro Chanona Burguete, diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, diputado Héctor Larios Córdova, diputada Gloria Lavara Mejía, diputado Ricardo Cantú Garza, diputada Aída Marina Arvizu Rivas".

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a solicitar la votación de este trámite.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Aprobado, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se pospone la discusión de este asunto.

Proceda la Secretaría a dar lectura a otro comunicado de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día de las sesiones, referentes al paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2007.

"La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 numeral 1 inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el último párrafo del artículo décimo tercero del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, aprobado por la Asamblea el 26 de septiembre de 2006, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

"Consideraciones

"Primera. Que en el orden del día de las sesiones se encuentren registradas diversas proposiciones con puntos de acuerdo, las cuales presentan resolutivos relacionados directamente con los temas referentes al paquete económico 2007.

"Segunda. Que en virtud de que el Ejecutivo federal remitió el 5 de diciembre del presente a esta soberanía los proyectos e iniciativas que componen el paquete fiscal para el año 2007, mismos que han sido turnados a las comisiones correspondientes, resulta pertinente turnar de igual manera a las comisiones competentes y a efecto de que se consideren en tiempo y forma todas aquellas proposiciones con punto de acuerdo que tengan relación con dichos temas.

"Tercera. Que en sesión del 7 de diciembre de 2006, el pleno conoció el acuerdo que establece el mecanismo de participación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto de Egresos por sectores, el cual señala que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recibirá y considerará a más tardar el 18 de diciembre del año en curso, las propuestas que al respecto se formulen.

"Con base en las consideraciones expuestas, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día de las sesiones, referentes al paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2007.

"Único. Todas las proposiciones con punto de acuerdo inscritas en el orden del día por los grupos parlamentarios, así como las que en lo sucesivo se registren referentes al paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2007, serán turnadas de manera directa a las comisiones competentes, previa lectura de los enunciados por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva.

"Transitorio Único. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

"Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 2006. Lo signan el diputado Emilio Gamboa Patrón, presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza; diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa Social Demócrata y Campesina".

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunte la Secretaría en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, aprobado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Dé lectura la Secretaria a todas las proposiciones que en materia económica van a ser turnadas.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, considere recursos suficientes para el Programa Especial de Seguridad Pública en el estado de Hidalgo.

De la diputada Irma Piñeyro Arias, del Partido Nueva Alianza, punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados y el gobierno federal otorguen recursos para implementar un programa que reactive la economía en el estado de Oaxaca.

Del diputado José Luis Blanco Pajón, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, el subsidio al diesel y gasolinas para actividades agropecuarias y del sector pesquero.

Del diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se asigne una partida para el impulso de la producción del cine regional.

Del diputado Isael Villa Villa, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destinen recursos para el sector rural a través de un Fondo de Apoyo para la Adquisición de Fertilizantes.

Del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya y suscrita por los diputados Gustavo Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Rodrigo Medina de la Cruz, Juan Manuel Parás González y Ramón Salas López, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, recursos para la obra del Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad y para el fortalecimiento operativo de la red de hospitales en el estado de Nuevo León.

Del diputado José Armando Orihuela Trejo, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo a la problemática y solución de la cartera vencida de los abastecedores de caña del ingenio Emiliano Zapata en el estado de Morelos.

Del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, sean asignados mayores recursos a la Conagua, a efecto de atender las demandas de las entidades federativas en materia hidráulica.

Del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Partido Convergencia, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se incrementen a través del Instituto Mexicano de la Juventud, los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud.

Del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados promueva la asignación de recursos adicionales a la Universidad Juárez en el estado de Durango.

Del diputado Ángel Humberto García Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incremente la partida destinada a promover la conservación de los bosques y selvas de México.

Del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y suscrita por los diputados Javier González Garza y Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en su programa de trabajo 2007 considere los recursos necesarios que permitan fortalecer y desarrollar la operación del vivero de Coyoacán.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Del diputado Pablo Trejo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos federales adicionales al municipio de Coyotepec, Estado de México.

De la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del PRD, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se considere un incremento a la Sedesol para el programa de Adquisiciones de Leche de Liconsa.

De la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se considere un incremento en los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Del diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2007 recursos generales para los braceros del Estado de México.

Del diputado José Luis Blanco Pajón, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos para cubrir el apoyo social de los extrabajadores migrantes del estado de Yucatán.

Del diputado Jorge Godoy Cárdenas, de Convergencia, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la creación de un corredor eco-turístico y un museo en el pueblo de Santiago Tepaxtlaco y San Francisco Chimalpa, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Del diputado Gabriel Varela López, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que se destinen los recursos fiscales necesarios para mantener el precio de la leche subsidiada y distribuida por Liconsa.

Del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Educación Pública remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma de Zacatecas para terminar el Ejercicio Fiscal 2006 y éstos se consoliden en el subsidio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

De la diputada Arely Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para concluir la construcción de caminos y carreteras en el estado de Chiapas.

Del diputado Yericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se garantice la continuidad del programa Apoyo Directo al Ingreso Objetivo.

Del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para continuar con la ampliación de la Línea Dos del Metro, en el estado de Nuevo León.

Del diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para fortalecer las finanzas universitarias y elevar la competitividad educativa de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Del diputado Alberto Amaro Corona, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 considere recursos para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, estado de Tlaxcala.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con punto de acuerdo para que se autorice un monto presupuestal por única vez, a los Poderes Judiciales y a las entidades federativas que permita el apoyo para los gastos que genera la integración e instalación de los tribunales especiales para los adolescentes, del diputado Yericó Abramo Masso, del PRI.

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se destinen recursos etiquetados al Comité Olímpico Mexicano. Diputado Francisco Sánchez Ramos, del PRD.

Con punto de acuerdo para el fortalecimiento de la Red Consular Mexicana, diputado Edmundo Ramírez Martínez, PRI.

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la asignación de recursos necesarios para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en diversos municipios del estado de Hidalgo; diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, PRD.

Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere la asignación de recursos necesarios para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en diversos municipios del estado de Hidalgo. Diputado Joel Guerrero Juárez. PRI.

Con punto de acuerdo por el que se solicitan recursos adicionales para ampliar el alcance de los fondos mixtos que operan los estados con la Federación en materia de desarrollo cultural. Diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar. PRI.

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se consideren recursos para construir y rehabilitar caminos rurales y alimentadores, del estado de Sinaloa. Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña. PRI.

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinen recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal (FASP). Diputado Rodrigo Medina de la Cruz. PRI.

Con punto de acuerdo en relación con los recursos presupuestales en materia agropecuaria, silvícola y minera del estado de Chihuahua. Diputado César Duarte Jáquez. PRI.

Con punto de acuerdo en relación a la defensa de la educación pública superior, diputado Alejandro Chanona Burguete, Convergencia.

Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, se contemple un aumento sustantivo en las partidas correspondientes al rubro de educación. Diputada Mónica Arriola, Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se solicita un incremento en el presupuesto destinado a los grupos vulnerables y al combate a la pobreza. Diputado Jorge Quintero Bello. PAN.

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se etiqueten recursos para la Secretaría de Marina, a fin de que pague al gobierno de Veracruz recursos utilizados para la construcción de la base de adiestramiento para tripulaciones de vuelo. Diputado José Manuel del Río Virgen, Convergencia.

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la ampliación de la carretera Guadalajara-Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco. Diputado Nicolás Morales Ramos. PAN.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades correspondientes el diseño, elaboración y ejecución de un plan de desarrollo regional del Pacífico Sur, así como un fondo de contingencia económica para dicha región. Diputado Modesto Brito González. PRD.

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la construcción de la carretera Manzanillo-Tolimán, en el estado de Colima. Diputado Víctor Manuel Torres Herrera. PAN.

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para el relleno de las minas de arena en las colonias América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y 16 de Septiembre. Diputada María Gabriela González Martínez. PAN.

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se asignen recursos dirigidos a la ampliación al sistema de abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado de San Luis Potosí, diputado Antonio Medellín Varela. PAN. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense todas las propuestas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia recibió del diputado Miguel Angel Peña Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto para 2007 se consideren recursos para la construcción del tramo carretero Zempoala-Ciudad Sahagún-Emiliano Zapata en el estado de Hidalgo. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

También se recibió del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo en relación al financiamiento para el desarrollo integral del estado de Puebla. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió del diputado Octavio Martínez Vargas del PRD, Punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos 2007 se considere una partida especial a la Secretaría de Economía. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Del diputado Joaquín de los Santos Molina, del PRD, punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos para garantizar el pago de los beneficiarios del Fondo de Apoyo a Exbraceros. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

De la diputada María Elena Torres Baltazar del PRD, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos mayores para los programas de vivienda de interés social y popular. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

De la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del PRD, punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos 2007 se consideren recursos mayores para el programa de Protección, Conservación y Restauración de Suelo y Agua de Tláhuac. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

De la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del PRD, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos se consideren recursos para la construcción de un hospital en Tláhuac. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se entregó también por parte del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Hacienda entregue los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 2006 a la Comisión Nacional de Pesca. Túrnese a la Comisión de Hacienda.

Tiene la palabra el diputado, sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóal Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Señor Presidente, recibimos una comunicación que fue votada hace un momento por parte de la Comisión de Presupuesto, nos señala a las comisiones ordinarias el procedimiento por el cual debemos de hacer llegar las propuestas de variación y de cambios presupuestales a más tardar el día 18.

Entonces creo que sería oportuno que los puntos que se acaban de leer, no solamente fueron turnados a la Comisión de Presupuesto sino a las comisiones ordinarias, porque de otra manera no los vamos a poder tomar en cuenta en nuestro proceso de elaboración que tenemos que presentarle a la Comisión de Presupuesto el día 18.

Simplemente le solicitaría, señor Presidente, de estar de acuerdo en esta proposición, que todos los puntos que ya se leyeron sean turnados también a las comisiones ordinarias que correspondan según la materia a la cual se refieran, para que nosotros podamos priorizar e incluir o no en nuestras propuestas que entregaremos el día 18.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Todos los asuntos que han sido turnados son competencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin embargo, vamos a entregarle una copia de todos los puntos de acuerdo y si alguna Comisión está interesada en que alguno de éstos también serán turnados para la opinión de otra Comisión, con mucho gusto la Presidencia concede el trámite.

De la propuesta del diputado Juan Adolfo Orci Martínez, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Hay tres puntos de acuerdo que los propios diputados solicitaron que no se turnaran de manera económica como se hizo hace un momento, sino que habrán de presentarlo en tribuna. Uno del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, otro de la diputada Marina Arvizu Rivas y otro del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.

Tiene la palabra el diputado Francisco Dávila García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal implementen acciones en materia de seguridad pública.

El diputado Francisco Dávila García: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de esta tribuna como integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, para presentar con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, a través del cual se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, para que de inmediato tomen acciones en materia de seguridad, para que no incida en la economía y la imagen del país a nivel mundial, afectando el flujo de turistas internacionales y la inversión extranjera, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México siempre se ha distinguido por ser un país amigo; por su hospitalidad y calidez en el trato a quienes nos visitan. Esto hace que goce de una imagen con gran prestigio, motivando con ello a que millones de personas tengan deseos de visitarnos y que por sus comentarios animen a otros más a viajar y a disfrutar de nuestro México. Este México que es de todos los mexicanos y no de unos cuantos.

Los acontecimientos que afectaron a nuestro país vecino el 11 de septiembre de 2001, ya por todos conocidos, provocaron una disminución de visitantes. Esto impactó a la economía nacional con la baja demanda de servicios turísticos. No obstante, la imagen de nuestro país se mantuvo como un destino turístico seguro en el extranjero.

Nuestro país en la última década ha afrontado diversos movimientos sociales que pudieron haber dañado en mucho la imagen como destino turístico seguro. Pero la acertada toma de decisiones del gobierno de la República y en particular de la Secretaría de Turismo, han contrarrestado las afectaciones económicas a este sector e incluso es la actividad que ha presentado un continuo crecimiento en la aportación al Producto Interno Bruto de este país.

Sin embargo, señoras y señores diputados, las circunstancias actuales nos obligan a pedir desde esta tribuna el que no únicamente se investiguen las causas o los causantes de los actos terroristas suscitados en la ciudad de México la madrugada del pasado 6 de noviembre, así como la problemática que se vive en el estado de Oaxaca. Acontecimientos que están generando a nivel internacional, una imagen negativa e insegura de México, lo cual se comprueba con los pronunciamientos que han hecho países como Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, de solicitarles a sus compatriotas que se abstengan de visitar las zonas que presentan conflicto, por el riesgo al que pueden exponerse.

Debo mencionar que esta situación nunca antes se había presentado. Por lo que es la hora de solicitar a los gobiernos federal y del Distrito Federal que implementen programas de difusión e información acerca de cómo se está atendiendo los conflictos aislados que en mucho están dañando la imagen de nuestro país, frenando inversiones en materia económica y afectando el flujo de visitantes internacionales.

Por ello, se deberá hacer saber con base en los resultados que se obtengan en materia de seguridad que México es y será un destino turístico seguro, preocupado por acrecentar y conservar sus bellezas naturales, tradiciones, cultura, gastronomía y sobre todo, la fraternidad para quienes nos visiten.

Diputadas y diputados, les solicito pensando en el bien de México se apruebe el presente punto de acuerdo para lograr que la imagen turística de México no se vea afectada.

Único. Proposición punto de acuerdo de urgente resolución a través del cual se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal para que en lo inmediato tomen acciones en materia de seguridad, para que ésta no incida en la economía y la imagen del país a nivel mundial, afectando el flujo de turistas internacionales y la inversión extranjera.

Se solicita respetuosamente que informen a esta soberanía de las acciones y programas y resultados para contrarrestar el deterioro de la imagen de nuestro país. Solicito respetuosamente a esta Presidencia que el presente punto de acuerdo sea insertado en el Diario de los Debates en forma íntegra. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Dávila. Como ha sido solicitado consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato y además que se inserte íntegro en el Diario de los Debates.

La Secretaría diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... (votación). Señor Presidente, hay dos terceras por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica consulte la Secretaría si es de aprobarse la proposición.

La Secretaría diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Esta Presidencia informa a ustedes y agradece el trámite y la colaboración de muchas diputadas y diputados se ha dado trámite a más de 50 puntos de acuerdo, pero todavía nos quedan alrededor de 70. Les pido su mayor comprensión para que podamos avanzar en estos trámites.

Se concede el uso de la tribunal al diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobernador del estado de Querétaro y al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.

El diputado José Antonio Almazán González: Con su permiso, Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Como integrante del grupo parlamentario del PRD y con fundamento en lo que establece el Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución con el objeto de que se exhorte al gobernador del estado de Querétaro, el licenciado Francisco Garrido Patrón y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, licenciado J. Jesús Lomelí Rojas, a efecto de que no continúen violentando la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado de Querétaro y en consecuencia, extiendan la toma de nota a su comité ejecutivo electo legalmente y en forma democrática, en apego a derecho presento esta solicitud conforme a las siguientes

Consideraciones

Uno. Que la autonomía sindical es un derecho constitucional de todo sindicado para decidir con libertad su vida interna y poder así cumplir su tarea en defensa de los intereses de sus agremiados, tal y como lo establece la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dos. Que una de las manifestaciones concretas de la autonomía sindical es la organización periódica de sus elecciones internas para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, de acuerdo al artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 3o. del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

Tres. Que el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado de Querétaro fue electo legalmente por medio del proceso electoral calificado por su asamblea general el 15 de agosto de 2006 y ratificado por dos asambleas generales más, donde los trabajadores ya externaron su libre voluntad de elegir y ratificar a sus dirigentes sindicales, todo lo cual se llevó a cabo en apego al marco jurídico aplicable y concretamente en respeto a sus estatutos sindicales.

Cuatro. Sin embargo, como ya es costumbre tanto del gobierno federal como local, en una ilegal intromisión en la autonomía sindical, el gobernador del estado de Querétaro apoyándose en las acciones de su Tribunal de Conciliación y Arbitraje y sin mediar procedimiento alguno, les ha negado con diversos pretextos legaloides la toma de nota al Comité electo legalmente por los trabajadores del Sindicado mencionado.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorte al gobernador del estado de Querétaro, licenciado Francisco Garrido Patrón y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, licenciado Jesús Lomelí Rojas, para que no continúen violentando la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado de Querétaro y en consecuencia extiendan de manera inmediata la toma de nota a la mesa directiva electa en forma democrática y en apego a derecho, por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado de Querétaro. Palacio Legislativo. Firma un servidor.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Almazán. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado José Guillermo Fuentes Ortiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice estudios de viabilidad para la construcción de accesos y retornos en los tramos de la autopista Oriental-Teziutlán y Amozoc-Entronque Perote.

El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz: Con su permiso, diputado Presidente. Apreciables compañeros legisladores, vengo en esta ocasión a someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la problemática que se origina en comunidades pequeñas cuando se construyen autopistas o carreteras de cuota.

Por economía de tiempo directamente cito las consideraciones

Considerando que la vocación natural de los suelos donde existen comunidades pequeñas es de uso agrícola principalmente, con la construcción de las autopistas y carreteras de cuota, esta vocación se ve afectada, debido a que no se hacen estudios necesarios para que se lleve a estos pequeños pueblos la aportación de los beneficios económicos que trae consigo a la población flotante que visita estas pequeñas comunidades, cuando éstas participan en los beneficios de una carretera.

En el entendido de que la inversión de los recursos de los ciudadanos de este país es y deberá priorizar la intención y atención de llevarles el desarrollo e inclusión a los pueblos pequeños del país, donde las carreteras significan ser una bolsa de oportunidades para el acceso al bienestar y al desarrollo.

No hay que perder de vista que las autopistas son una oportunidad que se debe aprovechar para que sea una de las mayores inversiones que involucre a las comunidades con diversos rezagos en las zonas económicas, mejorando con esto la conectividad de dichas comunidades a la región.

Cito el artículo 11 de la Carta Magna: "Todo hombre tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes", termino cita.

Además de que es de conocimiento de todos que la tenencia de la tierra en México va desde la propiedad de algunos surcos a extensiones de hasta 100 hectáreas, de acuerdo al uso y la vocación del suelo.

En la construcción de una autopista o carretera de cuota, varios pueblos pequeños, además de perder su libertad de acceso a la única fuente de empleo que tienen y su vocación de identidad con la tierra, se les mutila de tajo al perder esta fuente de empleo, la libertad de acceso a la misma, produciendo un desarraigo de su lugar de origen y además, los lanza violentamente a la migración, olvidando sus pocas pertenencias, arraigo y sobre todo, a su familia.

Todos hemos oído que las carreteras son la herramienta para acceder al desarrollo de la población, porque es cierto que la economía de los pueblos camina sobre ruedas.

Por ello, no tenemos derecho, por jugosa que parezca la rentabilidad de hacer carreteras, que incuben el criterio del principio y fin de arrebatar a los pueblos la oportunidad de acceder a las vías de comunicación, que por un lado los discrimina a una flagrante violación y a la dignidad de la persona humana, consagrado en el artículo 1o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la prioridad que tenemos como país de combatir en la paz del territorio nacional, la lacerante marginación que trae la pobreza, produciendo en la persona una automarginación y el decaimiento de la autoestima. Por ello, nunca será un gasto de dotar a las autopistas los accesos, salidas y retornos para la libre determinación del individuo y respetando su libre albedrío de transitar por las mismas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Punto de acuerdo con carácter de pronta u obvia resolución que pongo a su consideración, apreciables compañeros legisladores.

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en el ámbito de su competencia se realicen los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de acceso, salidas y retornos en las comunidades de Nuevo México, San Andrés Payuca y la cabecera municipal de Ocotepec.

Así como también a la comunidad de Xonocuautla, municipio de Tlatlauquitepec, en el tramo de la autopista Oriental Teziutlán y en la comunidad de Guadalupe Sarabia, en el tramo de la autopista de nueva construcción Amozoc, entronque Perote-Veracruz, comunidades ubicadas en el estado de Puebla y que quedan fraccionadas por las vías de comunicación, inhibiendo su desarrollo social y económico.

En caso de ser positiva su viabilidad, se insta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su aplicación.

Solicito, señor Presidente, se publique íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se atiende su solicitud, ciudadano diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Carlos Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación su intervención en relación con las transmisiones de las radiodifusoras Radio Universidad y Radio Ciudadana en el estado de Oaxaca.

El diputado Carlos Roberto Martínez Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Las y los suscritos, diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Gobernación presenten denuncia ante la Procuraduría General de la República, a efecto de que finquen las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda e informen a este Honorable Pleno los resultados de sus investigaciones en relación a las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana transmitidas durante los pasados meses en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante el conflicto social que se vive en Oaxaca, el gobierno del estado sacó al aire de manera ilegal las transmisiones de una radio en frecuencia modulada, la cual se denominó Radio Ciudadana, en el 99.1 de frecuencia modulada. Esta estación ha sido un factor que ha alentado la polarización del conflicto que se vive en Oaxaca.

En sus transmisiones se incitó a la violencia y al linchamiento de aquellos que no piensan igual que el gobernador Ulises Ruiz. Como ejemplo está la transmisión donde a través de su frecuencia, dando dirección y ubicación exacta convocaron a la población simpatizante de esta emisora, a presentarse en domicilios y oficinas de Flavio Sosa, a la oficina de Asociación Civil Educa y a algunos domicilios de diputados y senadores de otros partidos distintos al de Ulises Ruiz y a representantes de la iglesia, para su linchamiento y quema de dichos domicilios.

Ni esta soberanía ni las autoridades federales debemos ser omisos ante este factor de tensión que se vive en Oaxaca, porque es una flagrante violación a las disposiciones legales vigentes, puesto que esta radiodifusora operaba de manera ilegal, sin los permisos correspondientes y lo más grave es que incitaba a la violencia.

Mientras se utilizaba ilegalmente el espacio radiofónico, en contraste, una radio que sí es legal y que cuenta con el permiso correspondiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es Radio Universidad, ha sido víctima de distintas agresiones, las cuales denuncio ante esta soberanía.

Debe señalarse que la radio universitaria inició sus transmisiones el 2 de octubre de 1964, durante la gestión del licenciado Alberto Canseco Ruiz, rector de la máxima casa de estudios oaxaqueña. Transmite con el distintito XEVJAM, en el 1400 de amplitud modulada, con 1000 wats de potencia, cuya permisionaria es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, como lo publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su sitio Web.

Esta frecuencia concesionada a favor de la Universidad Autónoma Benito Juárez, a partir de junio del 2006, ya sido víctima de múltiples atentados contra sus instalaciones y sus locutores por las opiniones que ahí se expresan, hechos que atentan flagrantemente contra la garantía constitucional de la libertad de expresión.

Desde la Radio Ciudadana se dirigieron varias agresiones hacia los simpatizantes de la APPO, organizaciones civiles y a la radiodifusora universitaria como el sufrido sábado 22 de julio de 2006, cuando un grupo fuertemente armado entró a las instalaciones de transmisión, donde accionó varios disparos sin que nadie resultara herido.

Posteriormente, el 8 de agosto del 2006, recibió otra agresión más, ya que vaciaron ácido a sus transmisores, paralizando su funcionamiento durante mes y medio. Finalmente sale fuera del aire a mediados de noviembre por las constantes interferencias y ataques, en tanto, Radio Ciudadana recibía la protección del gobierno del estado.

Otro de los acontecimientos que se dirigió desde Radio Ciudadana es la detención de César Mateos y Jorge Sosa Campos, al hacerle llamado a los radioescuchas a reportar la ubicación de estas personas a los paramilitares y ministeriales para que acudieran a su captura, al mismo tiempo que llamaban al linchamiento de los dirigentes y a ofrecer 100 mil pesos por la cabeza de cada uno de ellos.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación presenten denuncia ante la Procuraduría General de la República a efecto de que dentro del marco de sus atribuciones finquen las responsabilidades correspondientes.

Segundo. Se informe a este honorable Pleno, los resultados de sus investigaciones en relación a las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana, transmitidas durante los pasados meses en el 99.1 de frecuencia modulada en la Ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los doce días del mes de diciembre del año de dos mil seis.

Solicito a la Presidencia se integre este punto de acuerdo en el Diario de los Debates y se considere de urgente u obvia resolución.

Firman este punto de acuerdo aparte del de la voz, el diputado Othón Cuevas Córdova, el diputado Carlos Altamirano, la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán, el diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina, el diputado Benjamín Hernández Silva y la diputada federal Aleida Alavez Ruiz. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. Está a discusión el punto. No habiendo oradores consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficiente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada, comuníquese. Tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y de Agricultura sigan otorgando el subsidio de apoyo a diesel para actividades agropecuarias.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado José Varela, le dan sonido por favor, a la curul del diputado.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul): Nada más solicito que sea tan amable de hacer el recuento, porque parece que no hay quórum.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado. La diputada Aleida Alavez, por favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Más bien, diputada Presidenta, es para que se corrija el procedimiento del punto de acuerdo que acabamos de aprobar, ya que fue enunciado y no vaya a quedar así, en versión estenográfica, que fue suficientemente discutido y no aprobado. El asunto es corregir que fue aprobado el punto de acuerdo por obvia y urgente resolución.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se atiende la petición que usted dio, diputada, sin embargo la Secretaria hizo los dos procedimientos en la participación que dio en el micrófono.

El diputado Armando García Méndez (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Armando García. Si le dan sonido a la curul.

El diputado Armando García Méndez (desde la curul): No quedó clara la votación anterior, señora Presidenta, porque usted anunció —o la Secretaria dijo— que estaba suficientemente discutida. Nunca se mencionó la aprobación. Para que quede en la versión estenográfica, yo creo que hay que corregirla. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De hecho en la versión estenográfica, si usted la revisa, aparece que yo di la indicación de "aprobado. Comuníquese". Por favor continúe, diputado Felton González.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Gracias, diputada Presidenta. Compañeros diputados y diputadas. La pesca es un sector productivo sumamente importante para nuestro país, ya que atiende no sólo la parte alimentaria y nutricional de las familias mexicanas, sino que además tiene la posibilidad de convertirse en una actividad determinante para impulsar el desarrollo nacional.

Durante la Presidencia de José López Portillo se crea el Departamento de Pesca, constituyendo así un solo organismo para la administración pesquera. En 1982 se dio paso a un importante crecimiento en esta actividad, transformando este Departamento en la Secretaría de Pesca y para el 6 de febrero de 1984, el Instituto Nacional de la Pesca fue considerado como un organismo desconcentrado.

En 1994, bajo la administración de Ernesto Zedillo, hubo un retroceso significativo pues el sector pesquero es convertido en una Subsecretaría dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, denotando una gran ignorancia sobre la importancia que tiene la pesca en el ámbito alimenticio y económico para nuestro país.

Para el año 2000, bajo la administración del Presidente Fox el sector pesquero es revalorado, pasando a ser una Subsecretaría de la recién creada Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Aquí la pesca es administrada en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con sede en Mazatlán, Sinaloa.

De esta Comisión dependen la administración general, la administración de pesquerías y el Instituto Nacional de la Pesca; de igual forma, en cada uno de los estados subdelegaciones de pesca dependientes estructuralmente de las delegaciones de la Sagarpa y operativamente de la Conapesca.

El interés que se ha retomado en este campo se refleja en la misión de la Conapesca que expresa ser una institución integrada por profesionales comprometidos con la legalidad, la calidad y la transparencia, que conduce al desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola para incrementar el bienestar de los mexicanos.

Quiero mencionar, en lo particular, que dentro de los programas de apoyo de Conapesca existe uno de gran importancia, el cual corresponde al otorgamiento del subsidio al diesel marino…

El diputado Daniel Amador Gaxiola (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Discúlpeme, diputado, la interrupción. ¿Con qué objeto, diputado Amador?

El diputado Daniel Amador Gaxiola (desde la curul): Para un comentario al diputado Felton, si me lo permite, porque estamos aquí cruzados con la agenda.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Con todo gusto, diputado.

El diputado Daniel Amador Gaxiola (desde la curul): Es que aquí estaba leyendo el punto que es sobre el diesel para actividades agropecuarias y estoy escuchando que está usted leyendo sobre pesca. ¿Cuál de los dos puntos es?

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Yo creo que hubo un error, es sobre el diesel, el apoyo al diesel marino en pesca. Hubo un error en la transcripción de la Gaceta. Yo pido a la Presidenta que haga la corrección correspondiente publicando íntegro el texto que estoy leyendo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma nota en la Secretaría, diputado.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Retomo. Quiero mencionar en lo particular que dentro de los programas de apoyo de Conapesca existe uno de gran importancia, el correspondiente al otorgamiento del subsidio al diesel marino.

Según la experiencia en este sector, y por lo reducido del presupuesto que se le asigna, queda prácticamente fuera del alcance el presupuesto designado al apoyo del energético, apoyo que significa la diferencia para muchos pescadores entre salir a pescar o dejar las embarcaciones fondeadas esperando mejores tiempos.

México tiene actualmente una producción anual de 1.5 millones de toneladas con un valor promedio total de 14 mil millones de pesos. Asimismo, México ocupa el lugar 16 a nivel internacional en cuanto a producción en el sector pesquero y esto es posible gracias a las más de cien mil embarcaciones ribereñas y cerca de tres mil 500 embarcaciones de altura.

Es de suma importancia valorar la colaboración de instituciones que reconozcan los logros de la pesca a lo largo del tiempo y el gran papel que este sector puede jugar en la solución de problemas de pobreza y hambre de los actuales mexicanos, así como la generación de nuevas fuentes de empleo y de riqueza que repercutan en las finanzas de la economía pública.

Que para un país como México, con una extensión de litorales de cerca de 11 mil 500 kilómetros y un mar patrimonial de aproximadamente tres millones de kilómetros cuadrados, esta actividad significa —además de un ejercicio de la soberanía nacional— una importante cantidad de empleos, divisas y medio de sustento de poblaciones costeñas y ribereñas, que aún cuando la pesca es una actividad basada en la explotación de recursos renovables, es también impulsora de otras actividades industriales relacionadas, que implican a miles de personas en una actividad económica que debe virar hacia su propio crecimiento e independencia.

El sector pesquero en su conjunto tiene dificultad para planear a largo plazo, debido a la escasez de financiamiento similar al que gozan sus competidores extranjeros.

Que la actividad pesquera nacional debe ser independiente de los tiempos administrativos gubernamentales para lo que los apoyos no deben estar sujetos en la medida de lo posible, a recortes presupuestales y que además estos se encuentren diluidos en las diversas áreas de la Sagarpa, en donde es evidente que para el secretario de la misma, me refiero al anterior, la pesca no tenía la misma importancia que la agricultura o la ganadería.

Por lo anterior, considerando que el sector pesquero constituye una actividad determinante por su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la población y preocupado por defender los intereses de los habitantes, particularmente los sujetos que se dedican a la actividad pesquera en todo el país, es que somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se mantenga el otorgamiento del subsidio a través de Sagarpa al diesel marino, exhortando a la Comisión de presupuesto para que este subsidio sea etiquetado al presupuesto del gobierno federal, independiente del contemplado para Sagarpa con la finalidad de no disminuir el presupuesto ya de por sí insuficiente de Conapesca con el que se busca atender adecuadamente al sector pesquero del país.

Y segundo, convoco al titular del Poder Ejecutivo federal a que, con base en sus atribuciones y facultades constitucionales, envíe al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que reforme y adicione la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Pesca, que operaría dentro del catálogo de dependencias que integran la administración pública central, otorgándole a esta actividad el impulso que requiere para llegar a ser parte importante del desarrollo económico de nuestro país. Es tanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución… Sí, perdón diputada. ¿Con qué objeto?

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, hasta donde sé hay un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación donde todos los puntos de acuerdo que impacten en el Presupuesto 2007 se irán directamente a Comisión y aquí quiere poner usted a consideración de esta Asamblea un punto de acuerdo que va a impactar en el Presupuesto, entonces yo solicito que se les dé el tratamiento a todos los puntos de acuerdo igual o que rectifique porque unos pareciera que sí van a la Comisión y otros se pongan aquí a aprobación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene razón, diputada. Nada más que el punto a que hizo referencia el diputado Zermeño hace un momento, era sobre el Presupuesto 2007 y por eso se turnó a la Comisión de Presupuesto, en este caso el diputado presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y de Agricultura, por eso se va a consultar a la Asamblea si es de aprobarse el punto que está presentando.

El diputado Elías Cárdenas, de Convergencia.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Muchas gracias. Era únicamente para hacerle una pregunta al diputado orador, en el sentido de cuál era su fuente de información al decir que México cuenta con 3 mil 500 embarcaciones de pesca de altura. En realidad el sector pesquero ha sido destruido al, los últimos gobiernos de México, atacar el sector social y destruirlo totalmente. Es decir, de dónde salen estas 3 mil 500 embarcaciones de pesca de altura. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado; sin embargo el diputado ya bajó de la tribuna, no se hizo en su momento la pregunta.

Sí, diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Diputada, quizás escuché mal, pero el diputado hizo referencia a que se le pidiera a la Comisión de Presupuesto se programe para este ejercicio 2007 nuevamente ese subsidio de diesel a la pesca. Tengo entendido que ese es uno de los planteamientos que hizo el diputado en su punto de acuerdo. Como sí impacta al Presupuesto 2007, yo solicito que se le dé el tratamiento que se le ha estado dando a todos los puntos de acuerdo en referencia al análisis del Presupuesto 2007, que el diputado nos diga si es así, que hace alusión al Presupuesto 2007.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Feltón, hay una pregunta que precisaría si usted nos la pudiera contestar para saber si se le da turno a comisión o se puede ser votado el punto.

El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la curul): Que se turne a comisión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muy bien, diputado. Antes de turnarlo a comisión, el diputado Cárdenas, de Convergencia.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Diputada Presidenta, por qué pregunta usted al diputado en este caso y en el mío no quiso hacerlo. Es únicamente lo que pregunto, parece ser que no es pareja. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No, diputado, me apena lo que le voy a contestar, sin embargo lo voy a hacer, no queríamos hacerlo aquí en la mesa, pero el punto que presento el diputado efectivamente no coincide con el que tenemos nosotros registrado. Ese es el problema, que nosotros estamos consultándole al diputado que nos aclare cuál es el punto que él está presentando respecto a presupuesto, por eso el propio ponente está pidiendo que se pase a comisión. Creo que es lo más correcto para salir de este punto.

Túrnese a las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público… túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió del diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública incluya en el programa de formación de recursos humanos basada en competencias al periodismo.

El diputado Francisco Antonio Fraile García (desde la curul): Si quisiera obsequiar la Presidencia que se leyera nada más la resolución, los puntos de acuerdo, sin que pase yo a la tribuna, sino que directamente se leyera ahí para que conozcan los medios de comunicación el objeto de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Claro que sí, con mucho gusto, diputado. Se instruye a la Secretaría precise.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Punto de acuerdo. Primero. Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que incluya en el programa de formación de recursos humanos basada en competencias Profor Com, al reportaje, la edición, la locución y la programación en los medios de comunicación masiva como una actividad susceptible de evaluación y certificación profesional, en base al reconocimiento de las competencias y experiencias de los reporteros, locutores, periodistas y comunicadores que han adquirido sus conocimientos a través de la práctica.

Segundo. Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Educación Pública, para que incluya la licenciatura en Periodismo en la lista de licenciaturas susceptibles de acreditación, a través de conocimientos correspondientes a niveles educativos adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se recibió del diputado Víctor Manuel Torres, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud emprenda las acciones para evitar una epidemia de dengue en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa. Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Othón Cuevas Córdova, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo federal instruya a la aceptación de la Recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación a las violaciones cometidas en San Salvador Atenco, Estado de México.

El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su permiso Presidenta. Las y los legisladores del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

El pasado 4 de mayo, en el poblado de San Salvador Atenco, Estado de México, se realizó un operativo represivo denunciado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que derivó en diversas violaciones, algunas de ellas reconocidas como de lesa humanidad, como la tortura enmarcada en el abuso sexual a mujeres en calidad de detención, a las garantías y derechos humanos de cientos de ciudadanos y ciudadanas mexicanas e incluso de cinco extranjeros.

En estricto cumplimiento a sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió la Recomendación 38/2006 al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en ese entonces, Eduardo Medina Mora, actual Procurador General de la República; al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Hipólito Treviño.

En ella determinó la participación de autoridades estatales y federales en la comisión de violaciones a la dignidad de las personas en cuanto a la vida, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la integridad física.

Dicha recomendación ha sido rechazada por el titular en ese entonces, Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, a través de un documento dirigido al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el doctor José Luis Soberanes, en el que niega que los elementos de la Policía Federal Preventiva hayan cometido abuso de fuerza o tortura.

En una defensa inaceptable, señala que los agentes policíacos respondieron en legítima defensa a las agresiones que les infligían los manifestantes y que salvaguardaron la seguridad de la población en general y de ellos mismos.

Llama la atención el cinismo de negar lo que vimos los mexicanos y el mundo a través de las imágenes difundidas por la televisión comercial, la negativa a aceptar la recomendación supone que no hubo retenciones ilegales, abuso y violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, tortura, violación al debido proceso, allanamientos de morada y la muerte de un joven a causa de la explosión de una granada de gas lacrimógeno.

El propio gobierno federal a través de la Fiscalía Especializada contra la violencia hacia las mujeres dependiente de la Procuraduría General de la República, denunció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que se cometieron actos de tortura y no sólo de abuso sexual contra 26 mujeres agredidas por los elementos policíacos.

Hasta en los momentos postreros de la administración foxista y en lo que va de este nuevo sexenio, la contradicción entre sus funcionarios quedará como una marca distintas de su ineficiencia.

Pareciera ser que el extitular de Seguridad Pública Federal, desearía que esta historia de impunidad y corrupción se repitiera y que hemos visto durante décadas y cuyo saldo más dramático es el que dejó el terrorismo de estado durante las décadas de los 60, 70 y 80 en nuestro país.

Se le olvidó al señor secretario que cualquier sistema democrático debería investigar, juzgar y sancionar a quienes ejercen la función pública y el monopolio de la fuerza, violentando los principios constitucionales e internacionales de respeto a las garantías y derecho de las personas. Más aún cuando a nivel internacional se pregonan los avances que en materia de derechos humanos se han logrado supuestamente en México.

Es imperativo que las palabras se correspondan con los hechos y que el Ejecutivo Federal dé una muestra de voluntad política y democrática al atender una de las más graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos meses y se acepte la Recomendación 38/2006, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e investigue y sancione conforme lo establezca la ley, a los responsables intelectuales o materiales que desde su función pública federal violentaron las garantías y derechos protegidos por nuestra Constitución.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Honorable Congreso de la Unión en su artículo 58, se somete a su consideración la siguiente

Proposición de punto de acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en cumplimiento de los tratados internacionales signados y ratificados por México y a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire instrucciones para que se acepte la Recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público federal en San Salvador Atenco, Estado de México. Por el grupo parlamentario, su servidor Othón Cuevas Córdova. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Othón Cuevas. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Diputados, esta petición que han hecho a la Mesa es una petición que está fuera de la tradición que tenemos aquí de respetar el orden que llevamos de los puntos tratados. En el orden del día aparece inscrito el diputado Humberto López Lena, para presentar un punto de acuerdo por el que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de Periodistas.

Y el diputado Del Río Virgen nos pide consultemos a esta Asamblea General si se puede cambiar este punto por un punto que él ha traído aquí a la Mesa, que al parecer tiene el consenso, eso es lo que iba a aclarar, al parecer tiene la mayoría de un número importante de diputados, más de 120 firmas, solicitando se pueda subir este punto que es una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentada por Infored, de José Gutiérrez Vivó.

Esto tendríamos que consultarlo a ustedes porque es una cuestión irregular cambiar el orden del día. No está inscrito este punto; tendría que darse de baja el que corresponde del diputado Humberto López Lena y dar de alta este punto o pasarlo al día jueves para su discusión.

Por eso pido a la Secretaría se pueda consultar en votación económica si se hace el cambio del punto o no se hace. Se tendría que modificar el orden del día para sustituir este punto por el que están haciendo la petición.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se modifica el orden del día. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Del Río Virgen, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por Infored, SA de CV y José Gutiérrez Vivó.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias, señora Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Un grupo de diputados de diferentes partidos, entre otros los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, el diputado Héctor Larios; del Partido de la Revolución Democrática, Javier González Garza; del Partido Verde Ecologista, la diputada Gloria Lavara; de Convergencia, Alejandro Chanona; del Partido del Trabajo, el diputado Cantú; del Partido Nueva Alianza, el diputado Miguel Angel Jiménez y del Partido Alternativa han suscrito junto con 122 diputados una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por Infored, SA de CV y el señor José Gutiérrez Vivó.

Voy a dar lectura con todo respeto a nombre de estos diputados, de las consideraciones que tienen para solicitarle al Poder Judicial federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se resuelva en estricto derecho lo que corresponda a cada uno de los que están involucrados en este juicio de revisión constitucional. Las consideraciones que tienen los diputados son las siguientes:

Primero. En el año 2002 se planteó un juicio arbitral por Infored y el señor José Gutiérrez Vivó, del grupo Monitor, en el que reclamaron de Radio Centro la resolución de un contrato de prestación de servicios de producción de noticiarios, programas informativos y eventos especiales que celebraron a finales de 1998, más el pago de daños y perjuicios.

Después se dio un panel de arbitraje bajo los auspicios de la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, teniendo como sustento la cláusula arbitral incluida en el contrato y en la que se acordó entre otras cosas que los tres árbitros que compondrían el tribunal arbitral deberán ser expertos en la materia en cuestión. Después el juicio arbitral se llevó a cabo y el tribunal arbitral quedó constituido por destacados juristas mexicanos.

En el año 2004 el tribunal arbitral decidió por mayoría de votos el laudo definitivo, después el Grupo Radio Centro se inconformó. En noviembre de 2004 se dictó interlocutoria en la que se consideró adecuada la vía incidental y se declaró la nulidad del laudo arbitral con el argumento de que los árbitros no acreditaron ser peritos en la materia. En mayo de 2005 se dictó sentencia.

Estos recursos, compañeras y compañeros legisladores, dieron lugar a un amparo que se concedió la protección de la justicia federal a Monitor, para el efecto de que se dejará insubsistente la sentencia interlocutoria y se dictará una nueva en que se declarara infundado el incidente de nulidad del laudo planteado por Radio Centro, por tratarse de un juicio de amparo e instancial Radio Centro interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo que conoció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Estos recursos, como se encontraban subjúdice, los ministros de la Suprema Corte José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossio Díaz, integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitaron desde el ejercicio de la facultad de atracción o de avocación, debido a la trascendencia e importancia del tema para el orden jurídico nacional. Es de destacar que la ministra Olga Sánchez Cordero se declaró impedida por la estrecha amistad que la unía con una de las partes.

Dicho tribunal, cuya composición suscitó controversia, ha tenido el asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo tanto un grupo, el grupo de diputados que firman esta proposición con punto de acuerdo, solicitan lo siguiente:

Primero. Con pleno respeto a la división de Poderes que establece nuestro marco constitucional, respetuosamente se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el recurso de revisión constitucional interpuesto por el grupo Monitor, de José Gutiérrez Vivó, con el objeto de que el laudo cumpla en estricto derecho con los resolutivos que la Constitución y la Ley de Amparo otorgan a todos los que acuden al Poder Judicial federal.

Compañeras y compañeros, el documento completo lo entregaré a la Secretaría para que se publique tal cual. Muchísimas gracias y le ruego, señora Presidenta, sea usted tan amable de enviarlo a la Comisión correspondiente de Radio, Televisión y Cinematografía. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco, diputado. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Tiene la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo por el que condena el recorte presupuestal hecho por la Secretaría de Hacienda a diversos ramos administrativos durante el ejercicio fiscal de 2006.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El 3 de noviembre del presente año la Secretaría de Hacienda dio a conocer el recorte al programa de apoyo y fortalecimiento a las entidades federativas por cuatro mil 922 millones de pesos. Este recorte generó un gran debate en el país porque afectó directamente a las finanzas de los diferentes estados de la República. Sin embargo, con la presencia del propio secretario, en la Cámara de Diputados nos enteramos que el recorte anunciado no fue de casi cinco mil millones de pesos; fue de 27 mil 282.7 millones de pesos.

Con estos recortes se afectaron ramos administrativos donde está la Secretaría de Educación Pública por cinco mil 621 millones; la Secretaría de Agricultura por dos mil 541 millones; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por dos mil 82 millones de pesos. Entre ésos también están los ramos generales donde se encuentra Seguridad Social, con mil millones de pesos; previsiones salariales, con 292 mil millones de pesos, entre otros recortes.

Posteriormente, y después de la comparecencia del secretario, se hizo el anuncio de que se regresaría a los estados 50 por ciento de los recursos recortados, sin embargo el resto de los recursos no regresaron a las dependencias y con esto se afectó gravemente programas como el de agricultura, como el de educación, como el de salud, entre otros.

Quiero decirles que con estos recortes el gobierno federal dejó de cumplir su responsabilidad de atender sus compromisos en programas sociales tan importantes para el campo, como el caso del Progan. El Progan, que fue un programa de apoyo a los ganaderos, es un recurso que no ha llegado a los estados y con este recorte menos. Ya no se diga las afectaciones que sufrieron las universidades.

Hoy el tema de las universidades, el tema de la educación pública, ha sido un tema que se ha debatido en esta Cámara, porque se han visto afectados gravemente por los recortes que unilateralmente ha decidido realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por estas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo para considerarlo de urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados condena el recorte presupuestal que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 27 mil 282.007 millones de pesos a diversos ramos administrativos generales y entidades de control directo para el ejercicio fiscal 2006 y exige la liberación de dichos recursos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Gustavo Pedro Cortés ¿había solicitado usted turnar a la comisión de manera ordinaria y siendo esto una observación al recorte presupuestal, vamos a solicitar si se considera de urgente resolución. Sin embargo, tendría que turnarse, si no fuera aprobada, de manera ordinaria a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Así es, lo tenemos de turno, por eso lo vamos a consultar.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señora Presidenta, no hay dos terceras partes; no hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda.

Tiene la palabra el diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y a la Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas, a fin de que implementen políticas públicas en materia de recaudación de impuestos vehiculares.

El diputado Luis Alonso Mejía García: Con su venia, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Luis Alonso Mejía García: El suscrito, diputado Luis Alonso Mejía García, a la LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Asamblea punto de acuerdo razonado en las siguientes

Consideraciones y antecedentes

Entre personas, bienes económicos y recursos, no se da una relación de indiferencia u oposición, sino de relación, congruencia, derecho y bien común. Todo proceso económico o social que se designe para cualquier orden de gobierno, tiene la finalidad de animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos con la administración de sus autoridades.

Si bien es cierto que las entidades federativas necesitan más presupuesto para ser competitivas, también es cierto que hay millones de familias que sobreviven con bajas remuneraciones, que bien apreciarían la eliminación o disminución de cargas impositivas.

El presente punto de acuerdo surge a raíz de las demandas realizadas por gran parte de los ciudadanos tamaulipecos, quienes en espera de beneficios que faciliten la seguridad de una vida más digna y equitativa, solicitan la correspondencia del gobierno del estado de Tamaulipas y una respuesta viable por parte del señor gobernador, ingeniero Eugenio Hernández Flores.

Actualmente el proceso de emplacamiento vehicular se realiza cada tres años, hecho que genera un gasto que categóricamente atenta contra la economía de los tamaulipecos y al mismo tiempo crea incertidumbre en la regularización y registro de los automóviles fronterizos.

Haciendo el comparativo con otras entidades federativas del país, encontramos que en Nuevo León, como estado fronterizo, el canje de láminas se realiza cada cinco años, en Jalisco cada 10 años, en el Estado de México y en el Distrito Federal no tienen vigencia. Lo que nos refiere que existiendo voluntad es posible coadyuvar con el patrimonio de los tamaulipecos.

En Acción Nacional consideramos que hablar sobre desarrollo es efectivamente preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico. Por esta razón, exponemos la siguiente proposición a esta honorable Asamblea, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes para no sobreponer el interés privado sobre el de la sociedad demandante.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, me permito presentar ante esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se solicita a esta Honorable Cámara de Diputados exhortar al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, para que de manera afín a su ofrecimiento del pacto social con las familias tamaulipecas, decrete que el proceso de renovación de placas vehiculares se realice cada seis años.

Segundo. Se exhorte a la honorable Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas, para que se establezca en el renglón de los derechos del proyecto de Ley de Ingresos que envía el señor gobernador, para que se elimine el cobro por concepto del emplacamiento para el año 2007, exceptuando los vehículos nuevos y se revalide éste cada seis años. He dado cuenta, diputada Presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se concede la palabra al diputado Martín Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se consideren recursos para la creación del Programa de Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores.

El diputado Martín Zepeda Hernández: Con su venia, compañera diputada Presidenta.

El que suscribe, diputado Martín Zepeda Hernández, integrante del grupo parlamentario del PRD en esta Honorable Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los legisladores suscritos, sometemos a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se crea en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, el Programa de Pensión Alimenticia para los Adultos Mayores, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La política social de un país debe estar sustentada en derechos sociales, los cuales se desprenden de la legislación de cada Estado-nación de acuerdo a su historia, idiosincrasia y necesidad específica, se da para sí desde la izquierda.

Proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos sociales. Las políticas actuales de seguridad social demuestran cada vez sus limitaciones ante el mercado de trabajo, las tendencias poblacionales y epidemiológicas y la situación financiera de los gobiernos, los modelos de seguridad social basados en la contribución y en la condición de existencia de una relación de trabajo subordinado son cada vez menos efectivos para alcanzar la cobertura universal de riesgos como la vejez y la discapacidad.

México carece de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población, cuyas necesidades no son atendidas prácticamente por ninguna institución o cuya atención es muy reducida.

Lo anterior es una realidad reconocida socialmente, así lo demuestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuyo objetivo fue investigar la percepción que en conjunto tienen los ciudadanos en México con respecto a la discriminación hacia algunos grupos poblacionales específicos, uno de los cuales fueron los adultos mayores.

Las tendencias del mercado laboral y las tendencias demográficas sugieren que en los años venideros aumentarán las filas de los ancianos pobres y esto sucede mientras que en países como el nuestro no existen sistemas básicos de protección social para los ancianos. Vivimos la paradoja de tener una proporción de personas adultas mayores, comparable con la de las naciones desarrolladas, pero sin recursos para enfrentar esta situación.

Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica en que la presencia de personas mayores de 60 años es cada vez mayor. Según el Consejo Nacional de Población, este grupo es el que crece de manera más rápida desde hace 20 años y en proyección duplicará su tamaño en menos de dos décadas.

El envejecimiento demográfico provocará en el largo plazo un desequilibrio ante la población trabajadora y la de las edades avanzadas, lo que impondrá fuertes presiones en el sistema de jubilación a los servicios de salud.

Mientras la población nacional crece en una tasa anual del 1.02 por ciento, las personas con 60 años o más se incrementarán en 3.6 por ciento. En 2005 residían en territorio nacional ocho millones 188 mil 898 adultos mayores, que representan el 7.7 por ciento de la población total. Esta proporción llegará a 15.8 por ciento en 2025 y a 28.0 por ciento en 2050.

De la población adulta mayor 29.1 por ciento participa en la PEA; ocupada, sólo 19.5 por ciento desempeña actividades en el sector formal de la economía; de los adultos mayores solamente 20.1 reciben una pensión en el caso de los adultos mayores; la situación de pobreza en las ciudades, esta proporción es del siete por ciento y de uno por ciento en el medio rural.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007 enviado por el Ejecutivo federal a esta soberanía, no considera un programa de esta naturaleza, ni la Comisión de Grupos Vulnerables ha dictaminado la iniciativa que presentamos en la materia el 14 de septiembre de 2006, por lo que el grupo parlamentario del PRD congruente con una política social comprometida con los más pobres y desvalidos de este país, somete a consideración del Pleno la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda incluir en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 un Programa de Pensión Alimenticia para los Adultos Mayores en carácter universal y destinar los recursos suficientes en el ramo XIX de Seguridad Social.

Atentamente, diputado Juan Guerra Ochoa, diputado David Sánchez Camacho, diputado Isidro Pedraza Chávez, el de la voz, Martín Zepeda Hernández. Y le pido que sea turnado a la Comisión de Seguridad Social. Por su atención, gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado Martín Zepeda. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la opinión de la Comisión de Seguridad Social.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno del estado de Chiapas dé solución al conflicto agrario.

El diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El inmediato 13 de noviembre pasado, ocurrió un enfrentamiento en la selva de Chiapas entre lacandones y grupos invasores con motivo de la disputa por la propiedad de un predio.

Según reportes oficiales, ocurrieron dos muertos y resultaron dos personas heridas por arma de fuego aunque organismos no gubernamentales señalan que pudieron haber muerto 11 personas y que es mayor el número de heridos, incluyendo también los daños a los derechos territoriales, la integridad, la paz y la vida de las comunidades enteras.

Estos hechos reflejan la lamentable situación en que viven los indígenas de nuestro país y en este caso, de los habitantes de Chiapas. El abandono, el olvido y la pobreza, se suman a los engaños por parte de las autoridades que predican la solución de sus problemas pero faltan frecuentemente a su palabra, sin considerar que el valor de la palabra está unida al honor entre nuestros pueblos indígenas.

Indudablemente que la falta de certeza jurídica con relación a la propiedad, además de otros temas importantes como el registro civil, devienen en el debilitamiento del estado de derecho, el conflicto, el rencor y el encono entre pueblos que pretenden resolver por propia mano los conflictos que por décadas han dejado inalterables el paso de múltiples autoridades locales, estatales y federales.

Señalamos que las comunidades indígenas no atentan contra la riqueza de nuestros recursos naturales. Al contrario, la etnia lacandona guarda un respeto reverente hacia la naturaleza, por ello es quien se ha encargado de vigilar y preservar la flora y la fauna de la reserva de la biosfera y de montes azules, resintiendo un proceso largo de invasiones y amenazas tanto de otros grupos como de las autoridades en un clima de inseguridad y temor permanentes.

Los hechos de la madrugada del 13 de noviembre no son aislados, son una expresión de un problema agrario que tiene más de 30 años, derivado del decreto presidencial de 1972 que dotó a 60 familias de lacandones de alrededor de 614 mil hectáreas, muchas de las cuales ya estaban ocupadas por otros grupos.

Como consecuencia de la larga inseguridad agraria, la comunidad lacandona ha sufrido múltiples despojos. En el año de 1989, se afectó la reserva de la biosfera y de montes azules con 52 mil hectáreas, lo que no sólo no solucionó el problema, sino que permitió más invasiones desoyendo las propuestas de la comunidad lacandona.

Además de las frecuentes invasiones y despojos, han suscitado múltiples agresiones físicas, secuestros y asesinatos, dañando gravemente la armonía y la seguridad de estos pueblos ancestrales, de los que se han ocupado mucho los intelectuales y los artistas, pero muy poco nuestras autoridades y nuestras instituciones.

Después de años de tensión, conflicto y de gestiones interminables por los interesados y por sus organizaciones, los gobiernos estatal y federal firmaron el 21 de noviembre de 2005 un acuerdo con 28 poblados de la zona, entre ellos el Viejo Velasco Suárez, en el que se otorgó reconocimiento y regularización agraria; no obstante a los ojos de los indígenas, se develó el engaño y la falta de cumplimiento de la palabra empeñada.

Cuatro meses después los gobiernos federal y estatal desconocieron los compromisos suscritos y presionaron a dicho poblado y a otros como Ojo de Agua, Tzoltzil, Flor de Cacao y San Jacinto Lacanjá, para obligarlos a su reubicación forzosa, llegando al extremo de amenazarles con el despojo por medio de la fuerza pública. A todas luces es evidente la responsabilidad de las autoridades estatales y federales que perdieron la confianza de las comunidades indígenas.

Como consecuencia de esas anomalías, los indígenas lacandones intentaron desalojar a los habitantes del poblado Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, resultando el lamentable enfrentamiento en el cual fue hecho prisionero de modo injusto y arbitrario el señor Felipe Díaz López.

La denuncia que se formula en esta alta tribuna, también tiene el propósito de señalar el estado de indefensión e incumplimiento y ambigüedad jurídica hacia los indígenas de Chiapas, situación común a muchos grupos indígenas en todo el país, lo que amerita un pronunciamiento claro, contundente, para que no se alargue más la solución a estos conflictos en el que están en riesgo la vida, el patrimonio y la estabilidad política de nuestras regiones indígenas.

Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se hace un exhorto al gobierno del estado de Chiapas para que continúen las medidas precautorias necesarias para que se evite la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre comunidades indígenas en el municipio de Ocosingo, derivadas del conflicto agrario por el decreto presidencial de 1972.

Segundo. Asimismo se solicita que las autoridades agrarias, estatales y federales, intervengan para delimitar en definitiva, con los documentos legales pertinentes, la propiedad agraria en esa zona y poner fin a un conflicto que tiene más de tres décadas, así como para detener los continuos despojos de que son objeto las comunidades lacandonas.

Tercero. Instamos a las autoridades de ambos niveles para que eviten represalias de cualquier tipo contra las autoridades de la comunidad lacandona y que se suspenda el arraigo ordenado contra el señor Felipe Díaz López.

Cuarto. Exhortamos a los tres niveles de gobierno a sumar esfuerzos para dar una mayor atención a las necesidades económicas y sociales de los pueblos indígenas del estado de Chiapas, ya que éstas son las que originan los conflictos por la marginación y la pobreza…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano: ¿Me permite tantito, señora Presidenta? Concluyo.

…por la marginación y la pobreza. Es necesario atender el origen de los problemas y no reprimir sus consecuencias. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y del estado de Chiapas instalen una mesa institucional para la atención integral de la Selva Lacandona y Montes Azules.

La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, señora Presidenta. Quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con el debido respeto someto a la consideración de esta soberanía como de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Selva Lacandona es un bosque tropical lluvioso, considerado como patrimonio de la humanidad. A lo largo del tiempo ha experimentado una fuerte transformación. De una extensión forestal de más de 1.3 millones de hectáreas, sólo se conserva el 37 por ciento de la vegetación original.

En esta región las invasiones y los problemas agrarios han sido una constante, desde el año de 1950 diversos actores, indígenas y no indígenas, organizaciones e incluso instituciones de gobierno han promovido la ilegalidad a través de invasiones, de declaraciones, de decretos presidenciales sin deslinde oficial y la justificación de colonizaciones, mediante la técnica de rosa-tumba y quema que justificaron asentamientos irregulares.

Esto ha sido una anarquía total en donde intervienen la multiplicidad de factores y también la multiplicidad de intereses institucionales y no institucionales. Recientemente han sido reconocidas varias colonizaciones y se ha reducido la superficie de la Selva Lacandona, en la actualidad el 97 por ciento de la superficie total de la Selva Lacandona presenta algún tipo de propiedad social o privada, y solamente el tres por ciento se ha destinado como terreno federal para la conservación.

A pesar de las invasiones, del deterioro ambiental y de la inestabilidad social, las diversas instancias de gobierno, tanto federal como estatal, fueron poco eficientes en la resolución de la problemática, la justificación fundamental es que era un problema ambiental más que agrario y no fue hasta el 2003 que se instala la Comisión Interinstitucional para la Atención Integral de la Selva Lacandona y Montes Azules cuando se logran cuantiosos avances.

Se ha obtenido una declaratoria de terrenos propiedad de la Semarnat para su conservación de una superficie de más de 22 mil hectáreas en el centro de la reserva y se ha dado certeza actualmente agraria, a grupos que no la tenían, disminuyendo los focos rojos.

Esta ha sido una acción interinstitucional, pero a pesar de estos avances se vive actualmente una crisis de fin de sexenio, en donde las secretarías de gobierno de ambos niveles y la Reforma Agraria a nivel federal, no manifiestan la voluntad expresa para intervenir en la resolución de los conflictos agrarios relacionados con la Selva Lacandona y Montes Azules.

Actualmente se han presentado enfrentamientos entre grupos indígenas, por disputas de tierra en la parte norte de los bienes comunales lacandones y no por aspectos ambientales y que son resultado de la ingobernabilidad y de la falta de acuerdos sociales en el marco de la ley.

Como medidas de presión se secuestra y se asesina, a pesar de ello las instituciones responsables de la gobernabilidad eluden su responsabilidad a través de la omisión, sobre todo por el fin de sexenio, en donde nadie quiere pagar los costos de estas muertes.

Considerando que para generar desarrollo y lograr la conservación de nuestros recursos naturales es necesario asegurar la gobernabilidad en la zona, se requiere concretar el proceso de transversalidad entre instituciones de los tres niveles de gobierno, para la aplicación del estado de derecho y promover la integralidad de proyectos que promuevan el desarrollo integral y sustentable de la zona.

Por lo anteriormente expuesto someto respetuosamente a la consideración de esta soberanía como urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal y del estado de Chiapas, una vez que han asumido los cargos respectivos a mantener instalada la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral de la Selva Lacandona y Montes Azules.

Segundo. Una vez instalada la Mesa Interinstitucional deberá incorporarse activamente la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Social de ambos niveles, para contribuir a la solución integral y sustentable de la selva. Es cuanto, señora Presidenta, por su atención gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Holly Matus. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Permítame diputada, ¿no? Continué por favor, diputada.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: ...con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución.

Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo, de la fracción parlamentaria del PAN.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo: Buenas noches. Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo: Compañeros y compañeras diputadas y diputados.

En la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional compartimos la preocupación que ya expresaron los compañeros Elmar Díaz Solórzano y la compañera Holly Matus, que me antecedieron, en relación a la necesidad de atender la problemática social, agraria y ambiental, que prevalece en la región de la zona conocida como zona lacandona.

Al respecto es necesario hacer algunas precisiones: En la administración del Presidente Vicente Fox Quesada, se advirtió la urgencia de atender añejos conflictos rurales que afectaban derechos colectivos y ponían en riesgo la paz social, en diversas regiones del país.

En consecuencia, en junio de 2003, se creó el Programa de Atención a Focos Rrojos, para resolver 14 asuntos complejos, entre cuyas principales características se señalan las siguientes: La antigüedad del conflicto en más de 39 años cada uno; la existencia de enfrentamientos violentos con pérdidas de vidas humanas, poniendo en riesgo la paz social y la estabilidad en el medio rural, factores sociales, agrarios, políticos, religiosos y económicos; la incidencia de conflictos que involucran límites interestatales, la existencia de población indígena y su ubicación en micro regiones de las de mayor pobreza y marginación.

Para la atención de este Foco Rojo, fue necesario abordar los aspectos agrarios, ambientales, demográficos, sociales, étnicos, involucrando a los actores políticos que inciden en el desarrollo de la región.

Entre estos asuntos, se incluyó la atención integral a la comunidad zona lacandona y a la reserva de la biosfera de los Montes Azules. En este conflicto se identificaron 183 casos: 22 acciones agrarias anteriores a la resolución y titulación de los bienes comunales de la comunidad zona lacandona; 47 acciones agrarias anteriores al reconocimiento y titulación de bienes comunales de la zona lacandona; 71 pequeñas propiedades y 43 grupos con posesiones irregulares dentro de tierras comunales y de protección ambiental, lo cual representaba una superficie en conflicto de 163 mil hectáreas.

¿Qué quiero decir con ello? La resolución presidencial de los bienes comunales zona lacandona que se emitió en 1971 por el Presidente Echeverría, que otorga una superficie de 614 mil hectáreas a 66 comuneros lacandones, se emite no tomando en consideración resoluciones que se habían emitido con anterioridad y con posterioridad a la resolución y que se genera como conflicto. Es decir, 30 años de conflicto de más de 183 grupos involucrados con la comunidad zona lacandona.

Al termino del sexenio la Secretaría de la Reforma Agraria reporta un avance del 90 por ciento en la solución de la problemática general de la región. Independientemente de la numeralia; resultante por supuesto, al término de este programa se lograron—creemos nosotros—algunos avances cualitativos que creemos importantes que queden asentados en esta exposición.

1.- Se logró incorporar a la agenda de desarrollo éste que era un asunto de la agenda de seguridad nacional.

2.- Se detuvo el proceso de invasión de tierras de la comunidad zona lacandona y a las áreas naturales protegidas de la zona, lográndose inclusive la recuperación de áreas a su vocación natural.

3.- Se comprobó la eficiencia de los procesos de concertación con los actores rurales que se vieron involucrados y sobre todo, de la coordinación intergubernamental.

4.- Se logró un avance relevante en la regularización de la tenencia de la tierra en la zona, a través de mecanismos como la expropiación, la reubicación de poblados y las desocupaciones voluntarias a posesiones irregulares, lo cual ha redundado en un ambiente de paz social, no exento de casos de excepciones.

En el contexto anterior debe entenderse que la instalación de una mesa de coordinación interinstitucional perse; tal como existía hasta el año 2003 en el estado de Chiapas, no garantiza una atención eficaz a los asuntos que estuvieran en proceso de solución en esta zona. Es importante entonces, retomar procedimientos que han probado su utilidad bajo diagnósticos, planes y presupuestos específicos. En tal sentido, nos permitimos proponer el siguiente

Punto de acuerdo

Solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Semarnat, informe del estado final en la atención a la problemática social...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo: ...—ya termino señora Presidenta—a la comunidad zona lacandona y reserva de la biosfera de Montes Azules; así como los saldos de atención y el encausamiento legal que en esos casos se hayan determinado, a fin de que pueda acordarse el esquema de seguimiento al caso que convenga. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Señora diputada, muchas gracias. Es necesario hacer la aclaración a este Pleno, que la señora diputada ha presentado otro punto de acuerdo cuando se inscribió en pro del punto que se había presentado. Por lo cual vamos a solicitar que lo inscriba como otro punto ordinario, para que pueda ser tomado en cuenta en la agenda que se realizará el día jueves en adelante.

Vamos a pasar a votación de la propuesta presentada por la diputada Holly Matus, si no hay más oradores. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaría diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En votación económica consulte la Secretaría si queda aprobada la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta, si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Combate a la Pobreza y Pobreza Extrema en México.

El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Vengo a esta tribuna para llamar su atención y he escogido la figura de punto de acuerdo para crear la Comisión contra la Extrema Pobreza, con el objeto de abrir una discusión que nos permita crear condiciones de alianzas entre los diferentes partidos y que, más allá de nuestras diferencias, podamos atender uno de los problemas que laceran nuestro país. Para ello agradezco su atención a las siguientes

Consideraciones

En México la pobreza tiene raíces históricas y culturales muy arraigadas. En nuestro país, debido a la dinámica de fomento industrial que adoptó el gobierno a partir de los años 40, se generó un paulatino crecimiento urbano que atrajo a cientos de campesinos a las capitales de los estados, fomentando la migración campo-ciudad. A pesar de esa tendencia urbanizadora, una buena parte de la población del país continúa viviendo en espacios rurales.

El fenómeno de la pobreza toma importancia a partir de la crisis del Estado interventor a finales de los años 60, donde muchas naciones, entre ellas México, corrigieron sus cifras macroeconómicas sólo con la intervención condicionada de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las cuales impusieron modelos de desarrollo ajenos a la organización social del trabajo, del capital y de la dinámica social en general de región, beneficiando principalmente a los grandes inversionistas dueños del dinero.

En el caso del campo mexicano, depositario de la mayor cantidad de gente en condiciones de pobreza y marginación, la crisis se vivió de manera letal, pues la liberación económica y la privatización de la banca nacional condujeron al sector hacia una parálisis productiva ya que sin recursos, sin capital y ante la inundación de productos chatarra, maíz transgénico, leche contaminada, frijol agorgojado, México entró en una espiral de requerimientos agropecuarios crecientes, sin contar con un adecuado sistema de financiamiento para el desarrollo de las posibilidades productivas del microproductor rural y, claro, sin tomar en cuenta los factores socio-culturales de cada región.

Debido a este contexto de libre mercado, entre el año 2000 y 2004 la pobreza integrada, incluida la moderada, en México ha crecido debido a los factores estructurales antes mencionados y pasó de 79 a 85 millones de personas, un aumento de 5.8 millones que equivale a un aumento porcentual del 7.4.

Durante el mismo período, la población total del país aumentó en 6.5 millones de personas, la mayor parte de la cual se tradujo en crecimiento de la pobreza, ya que los no pobres aumentaron en sólo 657 mil personas. En los espacios rurales el 28 por ciento de los habitantes se encontraba en niveles de pobreza extrema y el 57 por ciento en situación de pobreza moderada.

Si hablamos de grupos vulnerables, actualmente en México hay ocho millones y medio de ancianos, de los cuales la mitad se encuentra en situación de pobreza y casi dos millones de ellos en pobreza extrema o miseria. Frente a este desolador panorama, los programas de asistencia social llevados a cabo en diversas instancias no hacen mas que propiciar una codependencia entre los grupos en extrema pobreza y la ayuda asistencial del gobierno.

Probablemente por ello la CEPAL, cuestionando las cifras oficiales sobre reducción de la pobreza en México, claramente ha establecido que nuestro país no se aparta de las características de la región más desigual del mundo y lo cual es más impactante; México, junto con Brasil y Colombia, concentran el 51 por ciento de los pobres extremos de América Latina, además —como es sabido— la pobreza urbana no ha sido atacada por los programas oficiales, Oportunidades en el mejor de los casos ha impactado a la población rural, pero hay poca atención a lo que ocurre en las grandes ciudades del país.

Actualmente la mayor parte de los pobres extremos y moderados queda fuera del sistema de protección social y enfrenta riesgos significativos, como crisis de salud, desempleo o falta de ingresos en la vejez.

Por todo ello, considerando que la pobreza en México ha alcanzado niveles alarmantes y que las instituciones internacionales han recalcado la importancia de combatirla; que México es uno de los 139 países firmantes de los objetivos de desarrollo del milenio; que es materia de la Cámara de Diputados y en general del Honorable Congreso de la Unión, generar comisiones de trabajo según sus necesidades; que de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que someter ante el Pleno de la Cámara la creación de comisiones especiales o bien, la inclusión de nuevas comisiones ordinarias.

Que ni en nuestra Constitución Política ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento Interno de la Cámara está contemplada una comisión de combate a la pobreza y que las existentes no resarcen a plenitud la creación de iniciativas de ley ni los debates o discusiones en torno a este problema.

Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, el siguiente

Punto de acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión resuelve integrar una comisión especial para combate a la pobreza extrema en México, de carácter plural, en la que estén representados los diferentes grupos parlamentarios que integran esta Cámara y cuyo mandato consiste en generar iniciativas de ley que permitan erradicar la pobreza y pobreza extrema en nuestro país, al tiempo que ejerza la vigilancia correspondiente de los programas del gobierno federal, encaminadas a dicho fin.

Por su paciencia y comprensión, compañeros, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Othón Cuevas. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Se recibió de la diputada Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que exhorta a la secretaría de Comunicaciones y a la Cofetel, disminuya las claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

Se recibió del diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa, aumente los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Se recibió de la diputada Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario Alternativa, punto de acuerdo por el que solicita a la secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración garanticen el trato de los extranjeros en las estaciones migratorias del país. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se recibió del diputado Mario Alberto Salazar Madera, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes atienda la conservación de la autopista Guadalajara-Colima. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Se concede la palabra al diputado Mariano González Zarur, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la secretaría de Comunicaciones y Transportes ajuste el costo en las tarifas de la Autopista del Sol.

El diputado Mariano González Zarur: Ciudadana Presidenta, a petición de mis compañeras y compañeros diputados, solamente voy a leer el punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se apresuren los trabajos de mantenimiento correctivo y reparación de la Autopista del Sol.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Caminos y Puentes Federales, a reducir cuando menos en 50 por ciento las tarifas de la Autopista del Sol, en tanto se terminan los trabajos de reparación y mantenimiento y la homologación de las cuotas en las autopistas, para tener peajes justos y equitativos por cada kilómetro recorrido a nivel nacional. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Mariano González Zarur, túrnese a la Comisión de Transportes. Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Gabriel Varela López… Sí diputado, ¿cón qué objeto? … Si le dan sonido a la curul del diputado Sandoval, por favor.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: (desde la curul) Si, Presidenta, para solicitarle que la propuesta que ha leído el diputado González Zarur se considere de obvia o urgente resolución y se vote en este momento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Sandoval, el ponente no lo ha pedido de esa forma y no estaba tampoco agendado de esa manera. Si el ponente nos quiere aclarar si lo… Ya se dio el turno, ciudadano diputado Cuauhtémoc Sandoval.

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Gabriel Verela López, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que solicita se incluya en el programa legislativo el análisis, discusión y votación del dictamen de la minuta que reforma y adiciona los artículos cuarto y 27 constitucionales.

El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Gabriel Varela López: El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica de este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que en la sesión del día 15 de diciembre de 2003 en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es establecer el derecho a la alimentación.

Segunda. Que en la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2003, la Cámara de Diputados dio trámite de recibido a la referida minuta y el Presidente ordenó turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente, la cual conformó una subcomisión que quedó integrada el 27 de enero de 2004.

Tercera. Que el 21 de abril de 2004 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen elaborado por la Subcomisión con las modificaciones que ésta propuso a la minuta recibida del Senado, misma que fue aprobada el 29 de abril de 2004 y, en consecuencia, la minuta fue devuelta a la colegisladora, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarta. Que el 14 de diciembre de 2004 el Pleno de la Cámara de Senadores resolvió rechazar las modificaciones realizadas por su colegisladora y ratificar en sus términos la minuta que establece el derecho a la alimentación.

Quinta. Que en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de esta Cámara turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la minuta proyecto de decreto que nos ocupa, que fuera remitida por la Cámara de Senadores.

Sexta. Que en sesión celebrada el 22 de junio de 2005, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó una opinión favorable a la aprobación de la minuta en los términos que fue remitida por el Senado.

Séptima. Que establecer el derecho constitucional a la alimentación es un asunto de urgente resolución, toda vez que la situación que enfrenta nuestra nación es extremadamente preocupante.

En México la desnutrición es un fenómeno endémico, pasa de generación en generación; las cifra son contundentes. Según información oficial, uno de cada cuatro mexicanos no cuenta con ingresos suficientes para alimentarse. Es necesario ser claros, una cuarta parte de los mexicanos y mexicanas vive en hambre y marginación.

Octava. Según la última Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, la anemia atribuible a deficiencia de hierro afecta al 50 por ciento de los niños en el segundo año de vida y al 33 por ciento en el tercer año. El 20 por ciento de las mujeres en edad reproductiva la padecen.

Por otro lado y muchas veces combinado con desnutrición, alarma la incidencia de los problemas de sobrepeso y obesidad que afectan al 52.5 por ciento de las mujeres en el país.

Noveno. Que el problema de soberanía alimentaria no es menos grave. Hoy México importa el 39 por ciento de los productos básicos. El 30 por ciento de frijol que consumimos los mexicanos se compra en el exterior. Nuestro país es el principal importador de leche en polvo del mundo. El 30 por ciento de la carne de res y cerdo con la que nos alimentamos la importamos de Estados Unidos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para que incluya en el programa legislativo correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio, el análisis, discusión y votación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer el derecho a la alimentación.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Varela. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva. Tiene la palabra el diputado Juan N. Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se propone realizar un diálogo nacional para la Reforma del Estado.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias ciudadano Presidente. Compañeras, compañeros. Revueltas, en uno de sus libros más memorables, dice —cuando escribe el prólogo— que en vano esperó comentarios o algo que se dijera del libro y que, en vano, viene de vanidad.

Esto viene a cuento porque yo creo que éste es el punto o el acuerdo que más se ha paseado, ya tiene como mes y medio inscrito en distintos órdenes del día. Incluso, nuestro compañero Rodríguez Prats me dijo: "Pásalo para después del día primero, a efecto de ver si en la Junta podemos, entre todos, discutir qué es lo que vamos a hacer". Pero no ha habido nada.

O sea, ustedes saben que la propuesta de este punto es muy sencilla, es más allá de nuestras coincidencias y diferencias como grupos parlamentarios, es que convoquemos a todos los sectores, a los empresarios, a los sindicatos, a los organismos productivos, a la sociedad civil, a los intelectuales, universitarios. Convoquémoslos a discutir los problemas que nos aquejan como país. Vamos viendo qué consensos se construyen entre todos, más allá de lo que queramos como PRD, de lo que quiera el PAN, el PRI, los grupos parlamentarios, etcétera, más allá, ¿qué podemos construir?

Nosotros seguimos insistiendo en que requerimos renovar el pacto, el pacto social en México, requerimos definir las reglas a las que todos nos vamos a someter. Requerimos lograr acuerdos. La democracia es ésa, son reglas procesales —finalmente— que todos compartimos, se puede agarrar el símil hasta de un juego de básquetbol o lo que sea.

O sea, son las reglas que todos vamos a respetar, que en México no hay. Están subvertidas, pero no por la gente, por las propias instituciones. Es muy común aquí que se le pida a la gente estado de derecho, que se hable de pensiones y, por ejemplo, la Corte tenga sus cochinitos y tenga sus jubilaciones a los siete años.

Es muy común que en la Cámara le pidamos al pueblo austeridad, aunque nosotros no la tengamos ni en el Senado. Es muy común que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, haya dicho, prometió un gobierno plural y no importa si no lo cumple; prometió generación de empleos, se llamó a sí mismo "el candidato del empleo" y no importa si no lo cumple. Ofreció apoyar a los jóvenes con educación y no importa si no lo cumple. Este pacto está roto porque no hay reglas que todos respetemos. Aquí se hace demagogia para engañar a la población y la población se polariza más y los datos del INEGI nos hablan de cerca de 25 por ciento donde la gente no tiene para comer y una pobreza patrimonial de la mitad de la población.

Entonces yo quiero preguntarle, aprovechar esto que resta, directamente a Acción Nacional ¿qué es lo que están pensando? O sea, no presentan iniciativas, tienen hasta prohibido ahora que podamos convocar a la sociedad a discutir para ver si construimos consensos. ¿Cuál es el ánimo? Son sólo la primera minoría.

Claro que sí, porque en el Senado el PRI presentó una iniciativa, igual que yo la presenté aquí, para hacer una Ley para la Reforma del Estado. Los que no dicen absolutamente nada son los de la bancada de Acción Nacional. Son la primera minoría, ¿van a seguir construyendo una gobernabilidad sobre la base de acuerditos, chantajes y todo eso? ¿A qué le tiran? ¿Cuál es el temor de construir acuerdos de cara al país, de cara a la nación?

Y repito: nosotros tenemos claro propuestas, les entregamos una agenda, les entregamos una agenda mínima. Hemos incluso querido discutir esto, que se discuta en la Junta. ¿A qué le tiran, a estar como primera minoría a ver si compran a algunos legisladores o a ver cómo le hacen en lugar de discutir los grandes problemas? ¿Cuál es el interés esperado?

Evidentemente me dirijo mucho a la bancada de Acción Nacional, porque tanto en el Senado como aquí es quien está hasta ahorita obstaculizando que se pueda hacer una Ley para la Reforma del Estado o que pueda haber un diálogo nacional para darle curso a trabajos y pueda este país recomponerse y hacer reglas que todos respetemos.

Finalmente eso es la reforma del Estado. Es construir nuevos consensos que quizá no sea lo que quiere un grupo o quiere otro, pero que finalmente todos compartamos. Pídanle tiempo a la historia porque les hace falta. No hacen nada, están demasiado lentos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del grupo parlamentario del PAN...

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente, me parece que hizo una serie de alusiones el señor diputados hacia el Partido Acción Nacional que deseamos responder. Estaba registrado como de obvia o urgente resolución. Yo le pediría que lo someta de obvia o urgente resolución, pero de no ser así, pediría yo la palabra para alusiones personales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No está a discusión el punto de acuerdo, diputado Rodríguez Prats. No se presentó un punto de acuerdo específico y al no estar a discusión no le puedo dar la palabra. No le puedo dar la palabra, no está a discusión.

Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la próxima administración federal a que impulse el consumo de la sardina en México.

El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada: Diputado Presidente, con su permiso. Sería a la presente administración federal. En la actualidad se producen en México alrededor de 580 mil toneladas de sardina por año; sin embargo, más de 90 por ciento de esa sardina es prácticamente quemada y transformada en harina para alimentar ganado vacuno, porcino, bovino, entre otros.

Por lo anterior, en este país con altos índices de desnutrición, obesidad, hipertensión y falta de una alimentación adecuada, cada año se queman alrededor de 500 mil toneladas de un alimento tan saludable y rico en nutrientes como la sardina, todo ello para alimentar animales.

Parte primordial del desperdicio de estas casi 500 mil toneladas de sardina, se debe a la falta de cultura para su consumo, lo que a su vez propicia una escasez en la demanda y, por lo tanto, un obstáculo en su industrialización y su comercialización.

Compañeros legisladores, es por ello que no es difícil de entender por qué en nuestro país estemos importando cada vez más alimentos bajos en nutrientes y que los mismos, en la última década, estén formando parte de la dieta básica de los mexicanos, incluso desplazando al fríjol y a las tortillas y me refiero, señoras y señores diputados, a alimentos como éste. Esto, compañeros legisladores, es lo que está consumiendo el pueblo mexicano y los mexicanos más humildes, nuestros niños e incluso nuestros jóvenes.

Sólo a manera de ilustración daré el siguiente dato, según una investigación. En 1998 se consumían en nuestro país cerca de mil 500 sopas instantáneas al día. No obstante para el año 2004, el crecimiento fue —diríamos— relevante, ya que el consumo alcanzó los 31 millones de sopas a la semana, esto es cuatro y medio millones de sopas al día y sin tener aún el dato preciso, se puede concluir que para 2006 se están consumiendo cinco millones de sopas al día.

Esto no es un problema menor, sobre todo cuando el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Desnutrición, muestra que nuestras necesidades diarias de sodio son dos gramos al día, elemento que si se consume en exceso propicia enfermedades como la hipertensión, enfermedad que en los últimos años se ha incrementado 37 por ciento en los casos de mortandad en México.

En el caso de las citadas sopas instantáneas, su contenido abarca casi la totalidad de sodio que se requiere de un día, sin considerar que el consumo excesivo de este producto incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la afectación al riñón.

Por el contrario, la sardina se incluye dentro de los pescados azules o grasos y posee casi 10 gramos de grasa por cada 100 gramos de porción comestible, donde además, por la calidad de su grasa concentrada en ácidos grasos omega 3, así como en su elevado contenido en proteínas en torno al 17 por ciento y por la variedad de vitaminas y minerales que contiene este producto, interviene en numerosos procesos de gran importancia funcional para nuestro cuerpo, tales como la formación de glóbulos rojos, la síntesis de material genético, así como el crecimiento óseo y en la producción de enzimas de hígado y suprarrenales.

En cuanto a los minerales, la sardina contiene fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc y yodo, todos indispensables para nuestro desarrollo.

Si realizamos un comparativo acorde a información revelada por la Norma Oficial 051, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas pre envasados, la sardina contiene el punto uno por ciento de calorías con respecto a la sopa instantánea; 25 por ciento menor a las grasas, 79 por ciento menor a los carbohidratos y un 85.5 menor al sodio, sin mencionar químicos y saborizantes artificiales.

Los ácidos grasos poliinsaturados y en concreto los omega 3, abundantes en la sardina, contienen muchas de las propiedades saludables que presenta este pescado y lo más importante, están relacionadas con la prevención y el tratamiento de enfermedades cardíovasculares, como el infarto al miocardio y accidentes cerebro-vasculares.

Tenemos la necesidad, tenemos el producto y la cantidad y la red de distribución para brindar a la población mexicana un recurso nutritivo que mejorará los índices de salud, nutrición y desarrollo económico del país.

Por ello, solicitamos se implemente una política de Estado integral para el fomento al consumo de la sardina, implicando con ello su promoción, difusión y apoyo para su comercialización.

Concluyo, Presidente. Una política de Estado para la sardina para que se convierta en un platillo básico de los mexicanos, sobre todo de los que menos tienen. El Gobierno mexicano debe de fomentar la nutrición de los mexicanos, sobre todo con un producto que cuesta 70 centavos el kilo.

Finalmente, este punto de acuerdo está muy alejado de pretender comprometer a esta administración en la erogación de un gasto más a diestra y siniestra. Por el contrario, la lógica económico-social que nos motiva es muy clara: invertir para poder generar mayor bienestar social.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados se sume, como parte integral y fundamental para el presupuesto 2007, el apoyo irrestricto para el impulso al consumo de la sardina.

Segundo. Que esta H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la administración pública federal a que, por su alto valor nutricional, asuma como política de Estado el impulso al consumo de la sardina de origen nacional.

Tercero. Que la H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la administración pública federal para que dentro de esta política de Estado y a través de la red de distribución de tiendas Diconsa fortalezca la distribución en el territorio nacional de la sardina de origen nacional, a efecto de que haya un abasto suficiente para el consumo de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Fernando Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Economía. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo relativo al pago de derechos por el cambio del nombre del ejido Luis L. León, en el municipio de Arriaga, Chiapas.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez: Con su venia, diputado Presidente. Los conflictos políticos de la década de 1930, tuvieron una resonancia muy particular en el municipio de Arriaga, Chiapas, específicamente en la colonia Azteca, antes denominada Luis L. León.

El ejido en mención surgió como parte de la expropiación que estaba en auge en esa época. En ese sentido los pobladores de la ex Hacienda La Punta solicitaron con apego a las leyes agrarias vigentes y con fecha 26 de marzo de 1930 la dotación de tierras para la constitución de un ejido.

La Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen técnico y en consecuencia, les dio posesión definitiva el 28 de mayo de 1934, otorgándoles una extensión de terreno de 1,120 hectáreas en terreno de temporal de segunda, quedando en poder del pueblo beneficiado.

Sin embargo, los acontecimientos políticos de 1936 en la vida política de nuestro país, cambian el rumbo de la nación y por supuesto, también de este ejido.

En este año la confrontación entre el jefe máximo de la Revolución y el presidente Lázaro Cárdenas llegó a límites tan extremos que como todo mundo sabe, Plutarco Elías Calles fue expulsado del país junto con muchos de sus ex colaboradores más cercanos, entre ellos incluso Luis L. León, su ex ministro de Industria, de Comercio y de Trabajo.

¿Qué relación tiene esta ruptura política en el ejido en mención? El 6 de agosto de 1936, tal y como aparece en el registro del Diario Oficial de la Federación en el mismo año, los habitantes de la colonia Azteca, antes Luis L. León solicitan ante el Departamento Agrario la ampliación de tierras del ejido, pero antes de proceder a llevar a cabo dicho trámite, llevaron a cabo una asamblea ejidal para tratar como único punto la necesidad de optar por un nombre distinto al original, para conseguir de manera exitosa esta solicitud.

Creían que los acontecimientos políticos nacionales tendrían un efecto directo en sus vidas, por llevar un nombre que en ese momento era políticamente incorrecto. Es así como surge el conflicto que les vengo a exponer en este momento.

No fue necesario ningún trámite burocrático más que un acuerdo de asamblea ejidal. Es así como el 27 de diciembre de 1939, de nueva cuenta la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen otorgándole la ampliación de tierras de 1,286 hectáreas a favor de la colonia Azteca, municipio de Arriaga, Chiapas.

Tal como se encuentra asentado en el Diario Oficial de la Federación del mismo año. Esto significa que las autoridades agrarias reconocen también el nombre de colonia Azteca. Sin embargo actualmente la Procuraduría Agraria les notifica que ante esa instancia aún se conserve el registro del ejido Luis L. León cuando pasaron muchos años sin tener en cuenta que existía este problema.

Esta instancia de gobierno les ha ofertado sólo una vía para resolver el conflicto. Realizar un pago de derechos por la cantidad de 250 pesos por documento que acredite la posición de la fracción parcelaria, esta medida elevaría el volumen del pago en aquel ejidatario que tiene fraccionada su hectárea de terreno, circunstancia que presentan la mayoría de los pobladores. Asimismo no está de más señalar que los pobladores de este ejido son personas de muy bajos recursos económicos que viven al día y que esto se debe a que carecen de las garantías mínimas que consagra nuestra Constitución Política de brindar seguridad jurídica a los bienes de los ciudadanos.

Si bien es cierto que el presupuesto para nuestro país se construye con estos impuestos, éstos deben de ir de acuerdo a las condiciones económicas de las familias, porque no podemos seguir sangrando a los más amolados. Compañeras y compañeros diputados, por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Condonar el pago de derechos por el cambio de nombre del ejido Luis L. León, antes La Punta, por el de Colonia Azteca como primera opción, o bien, que el cobro del pago de derechos sea por ejidatario, evitando pagar por fracción parcelaria. Como segunda opción en el Municipio de Arriaga, Chiapas. Es cuanto, diputado Presidente, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez. Túrnese esta proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y pido a la Secretaría que vaya dando lectura al primero de los tres acuerdos que se recibieron de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración complementaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c) y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

Segunda. Que de acuerdo con lo previsto en la reforma de los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 5 de diciembre de 2006, establece que las Comisiones Ordinarias de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública podrán tener más de 30 miembros, a efecto de que todos los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados tengan representación en dichos órganos legislativos.

Cuarta. Que es atribución de la Junta de Coordinación Política prevista en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas.

Quinta. Que para configurar las comisiones señaladas, la Junta de Coordinación Política ha considerado la pluralidad y proporcionalidad representada en la Cámara, tanto para realizar su integración así como para realizar las propuestas de los diputados que deban presidir y fungir como secretarios de dichos órganos legislativos, de tal suerte que se refleje la proporción a la que se hace referencia en el artículo 43 del citado ordenamiento.

Con base en las consideraciones señaladas y con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a consideración del Pleno el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración complementaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Artículo 1o. La Comisión de Hacienda y Crédito Público se integra con 35 diputados, 14 diputados del PAN, nueve del PRD, siete del PRI, un diputado del Partido Verde, un diputado de Convergencia, un diputado del Partido del Trabajo, un diputado de Nueva Alianza y un diputado de Alternativa, quedando de la siguiente manera:

Comisión de Hacienda y Crédito Público:

Figueroa Ortega David, secretario

Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro, secretario

Rodríguez Jiménez, Ricardo, secretario

Aguilar López José Alejandro, integrante

Ceja Romero Ramón, integrante

Martínez Díaz María de Jesús, integrante

López Cisneros José Martín, integrante

Ludlow Kuri Lorenzo Daniel, integrante

Minjares Jiménez José Manuel, integrante

Padilla Orozco Raúl Alejandro, integrante

Parra Jiménez Dolores María del Carmen, integrante

Salum del Palacio Jorge Alejandro, integrante

Maawad Robert Luis Xavier, integrante

Calzada Vázquez Francisco Javier, integrante

Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh, integrante

Márquez Madrid Camerino Eleazar, secretario

Saavedra Coronel José Antonio, secretario

Soto Sánchez Antonio, secretario

Trejo Pérez Pablo, integrante

Guerra Ochoa Juan, integrante

Soto Ramos Faustino, integrante

Pendiente, del PRD

Estefan Chidiac Charbel Jorge

Garza Garza Horacio Emigdio

Ordaz Jiménez Ismael

Murat Casab José

Chaurand Arzate Carlos

Aguilar Solís Samuel

Aispuro Torres José Rosas, integrante

Guerrero García Javier, integrante

Puente Salas Carlos Alberto, secretario

Samperio Montaño Juan Ignacio, secretario

Vela González Joaquín Humberto, secretario

Cárdenas Fonseca Manuel, secretario

Arvizu Rivas Aida Marina, secretaria.

Artículo segundo. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se integra con 35 diputados, 14 diputados del PAN, nueve diputados del PRD, siete diputados del PRI, un diputado del Partido Verde, un diputado de Convergencia, uno del Partido del Trabajo, uno del Partido Nueva Alianza, un diputado de Alternativa, quedando de la siguiente manera:

Padilla Orozco Raúl Alejandro, presidente

Ramírez Pech Édgar Martín, secretario

Aguilar López José Alejandro, integrante

Alcalde Virgen Moisés, integrante

Arredondo Velázquez Jesús, integrante

Cuevas Melo Abel Ignacio, integrante

Delgado Oscoy Alejandro Enrique, integrante

Iragorri Durán Enrique, integrante

Rueda Gómez Francisco, integrante

Ruiz Velasco de Lira Ernesto, integrante

Salazar Madera Mario Alberto, integrante

Torres Gómez Artemio, integrante

Minjares Jiménez José Manuel, integrante

Altamirano Toledo Carlos, secretario

Monreal Ávila Susana, secretaria

Flores Maldonado César, integrante

López Barriga Érick, secretario

Orci Martínez Juan Adolfo, integrante

Ramos Castellanos Martín, integrante

Soto Ramos Faustino, integrante

Trejo Pérez Pablo, integrante

Pendiente del PRD, integrante

Guerrero García Javier, secretario

Ayala Almeida Joel, secretario

Estefan Chidiac Charbel Jorge, integrante

Duarte Jáquez César Horacio, integrante

Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio, integrante

Ramírez Stabros Jesús, integrante

Rojas Gutiérrez Carlos, integrante

González Martínez Jorge Emilio, secretario

Elizondo Garrido Francisco, integrante

Chanona Burguete Alejandro, secretario

Cantú Garza Ricardo, secretario

Arreola Gordillo Mónica, secretaria

Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe, secretaria.

Artículo tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Firman, diputado Emilio Gamboa Patrón, presidente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza y diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Someta en votación económica si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.

Dé lectura al siguiente acuerdo, Secretario.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de las Comisiones Ordinarias de Derechos Humanos y la de Justicia de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, numeral primero inciso c) y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de acuerdo con base en las siguientes consideraciones.

Primero. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 39 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones son órganos constituidos por el pleno que contribuyen a que la Cámara de Diputados, cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

Segunda. Que de acuerdo con lo previsto con la reforma de los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 5 de diciembre de 2006, el conjunto de Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados ha sido modificada de tal manera que se da origen a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.

Tercera. Que es atribución de la Junta de Coordinación Política, prevista en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica, proponer al Pleno la integración de las Comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas.

Cuarta. Que para configurar las Comisiones señaladas, la Junta de Coordinación Política ha considerado la pluralidad y proporcionalidad representada en la Cámara; tanto para realizar su integración; así como para realizar las propuestas de los diputados que deban presidir y fungir como secretarios de dichos órganos legislativos.

De tal suerte, que se refleje la proporción a la que hace referencia el artículo 43 del citado ordenamiento.

Con base en las consideraciones señaladas y con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno, el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de las Comisiones Ordinarias de Derechos Humanos y de Justicia, de la LX Legislatura y la designación de sus Mesas Directivas.

Artículo primero. Se integran las Comisiones Ordinarias de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura de la siguiente manera:

Comisión de Derechos Humanos.

Diputada López Reyna Omeira, presidenta; Flores Grande Arturo, secretario; González Sánchez María Dolores, secretaria; Dávila Fernández Adriana; De Gante Romero Silvia Emilia; Díaz Gordillo Martha Cecilia; González Betancourt Jorge Justiniano; Limas Frescas María Soledad; López Silvia Rubí Laura; Manuel Gómez Angulo Dolores de María; Navarro Sugich Carlos Alberto; Rivera Rivera José Guadalupe; Almazán González José Antonio; Cruz Santiago Claudia Lilia; Suárez del Real José Alfonso; Flores Lourdes Alonso; Valentina Batres Guadarrama, Rosa Elba Soriano; Víctor Aguirre; Fernando Mayans Canabals; Gebhardt Garduza Yary del Carmen Domínguez Domínguez Nemesio; Medina de la Cruz Rodrigo; Ramírez Martínez José Edmundo; Flores Sandoval Patricio; Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda; Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio; Larregui Nagel Erika, y Romero Guzmán Rosa Elia.

Comisión de Justicia.

Borrego Estrada Felipe, secretario; Lagunes Viveros Violeta del Pilar, secretaria; Navarro Sugich Carlos Alberto, secretario; Carbajal Méndez Liliana; Carbajal Tejada Rogelio; De León Tello Jesús; Flores Grande Arturo; López Reyna Omeira; Moreno Alvarez Mario Eduardo; Ortega Martínez María del Pilar; Parra Noriega Luis Gustavo; Tamayo Herrera Yadhira Yvette; Arellano Pulido Miguel Angel, secretario; Oliva Fragoso Silvia; Batres Guadarrama Valentina Valia; Bautista Bravo Alliet Mariana; Lozano Lozano Andrés; Montalvo Rojas Victorio Rubén; Zazueta Aguilar Jesús Humberto, Escandón Cadenas Rutilio Cruz; Camacho Quiroz César Octavio, presidente; Lescieur Talavera Jorge Mario, secretario; Rivera Bedoya Juan Francisco, secretario; Cervantes Andrade Raúl; Villanueva Abraján Patricia; Ríos Camarena Alfredo Adolfo; Estrada González Faustino Javier, secretario; del Río Virgen José Manuel; Garay Ulloa Silvano; Arriola Gordillo Mónica.

De las comisiones de Derechos Humanos: Gebhardt Garduza Yary del Carmen, es secretaria; y Romero Guzmán Rosa Elia, es secretaria.

Artículo segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, México D.F., a 12 de diciembre de 2006. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobado. Comuníquese.

Dé lectura la Secretaría al tercer acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de diciembre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el inciso b), numeral I del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a trabajar en Conferencia, a efecto de conocer de los asuntos relacionados con su competencia, en cuanto al paquete económico 2007.

Segundo. Comuníquese al Senado de la República.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Atentamente, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Orden del día de la próxima sesión, número 32.

(Lectura del orden del día de la próxima sesión)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (19:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 14 de diciembre a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30.