El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Meriodio Reza: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 342 diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: (11:29 horas) Se abre la sesión
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Meriodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
Esta Presidencia saluda a los visitantes del estado de Guanajuato aquí presentes. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa … (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Cuatro oficios de los Congresos de los estados Hidalgo, Nuevo León y Querétaro con los que remiten acuerdos para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 asignen mayores recursos para distintos rubros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Acuerdo de la Mesa Directiva para aplicar de manera permanente el principio ético en las actividades de la Cámara de Diputados.
Número 1. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que es el órgano responsable de velar porque el orden y respeto a las normas reglamentarias…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretario. Le voy a pedir a la Vicepresidenta, María Elena Álvarez Bernal, que dé lectura a este comunicado de la Mesa Directiva.
La diputada María Elena Álvarez Bernal: Con la venia de la Presidencia.
Acuerdo de la Mesa Directiva para aplicar, de manera permanente, el principio ético en las actividades de la Cámara de Diputados.
Considerando
Primero. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es el órgano responsable de velar porque el orden y el respeto a las normas sean una constante en el cumplimiento del trabajo parlamentario.
Que de conformidad con lo establecido por la fracción I del artículo 77 constitucional, cada Cámara puede, sin la participación de la otra, emitir acuerdos relativos a su régimen interior.
Que el actuar en base a valores y convicciones democráticas implica asumir, por quienes ejercen la elevada función de representar a su pueblo, las consecuencias y responsabilidades de sus actos.
Que es un órgano colegiado y que como tal tiene la responsabilidad que a veces se diluye, tanto por el número de legisladores que concurren, como por la diversidad de sus funciones.
Que nuestra institución representativa por excelencia, como lo es el Congreso, ha venido resintiendo la preocupación ciudadana, como consecuencia de descuidos en el manejo de los asuntos y recursos públicos encomendados.
Que en el inicio de una legislatura es un momento propicio de sumar esfuerzos e iniciar una nueva etapa de valores y elementos de integridad.
Que todos los involucrados deben conocer, respetar y promover para así generar una conciencia de legalidad, donde se pueda discernir lo que es deseable y benéfico para la comunidad entre aquello que beneficia sólo a unos cuantos.
Que la experiencia internacional muestra cómo nuestro país no es el único en resentir violaciones a la ética, pero la observación comparada nos indica también que las soluciones aplicadas en otras latitudes para lograr una ética pública que sea plena requieren atención permanente y de correspondencia.
Que los principios de honestidad, integridad, transparencia, liderazgo y rendición de cuentas son premisas básicas para determinar la aprobación o censura de un comportamiento o conducta dentro del Congreso.
Considerando además que hoy la ética es una condición indispensable si queremos recuperar plenamente la confianza ciudadana en esta Cámara y en la política en general, y que los diputados tenemos asignados un rol en el combate a la corrupción mediante el ejercicio de la adecuada vigilancia de la Cuenta Pública, donde actuando con imaginación hacemos uso de todos los instrumentos de control posible que eviten la desviación de recursos, programas o conductas de funcionarios públicos en demérito de una sana administración de los asuntos gubernamentales.
Que por ello proponemos la conformación de un grupo de trabajo permanente, encabezado por los Vicepresidentes de la Mesa Directiva, con el apoyo de los Secretarios de ésta y al cual podrán sumarse integrantes de diversos grupos parlamentarios que lo deseen y que tendrán como objetivo incidir positivamente en el cumplimiento de los principios mencionados y erradicar procedimientos parlamentarios que puedan presentar irregularidades, opacidad o que no cumplan con el principio de la rendición de cuentas.
El grupo de trabajo para desarrollar esas funciones formulará propuestas para hacerse allegar de información, así como de experiencias de otros parlamentos y congresos, sobre la manera en que resuelven y atienden sus asuntos legislativos, apegados a la ética.
Estos considerandos aterrizarán al tenor de los anteriores y se proponen los siguientes
Acuerdos
Primero. Constituir un grupo de trabajo que estudie y proponga las mejores prácticas éticas en estricto apego a la normatividad de esta Cámara de Diputados y sin que la conformación de este grupo signifique de ninguna manera una invasión de atribuciones legales de otros órganos de gobierno, comisiones, comités o áreas administrativas.
Segundo. El grupo actuará en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica a la Mesa Directiva, velando en todo momento porque las resoluciones o acuerdos internos tengan un carácter sobre todo preventivo y de opinión.
Tercero. Los integrantes de este grupo de trabajo, dentro de sus propias fracciones parlamentarias, buscarán e impulsarán los acuerdos necesarios a efecto de que cada uno de ellos respalde los esfuerzos encaminados a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Cuarto. El grupo realizará su labor durante toda la Legislatura y se renovará con las modificaciones periódicas que experimente la Mesa Directiva.
Quinto. Dentro de sus integrantes, la Mesa Directiva designará a un coordinador de grupo, quien presentará el plan de trabajo, coordinará y dará publicidad a las determinaciones que el grupo adopte, con la aprobación de la Mesa Directiva.
Sexto. El grupo de trabajo sesionará cada 15 días e irá trazando las metas que se proponga alcanzar.
Séptimo. El grupo de trabajo, para desarrollar estas funciones, formulará propuestas para hacerse allegar de información, así como de experiencias de otros parlamentos y congresos, sobre la manera en que resuelven y atienden sus asuntos legislativos, apegados siempre a la ética.
Acuerdo dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de noviembre de 2006. Y tiene las firmas del Presidente de la Cámara, diputado Jorge Zermeño; de los Vicepresidentes y de todos los Secretarios de todos los partidos. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Vicepresidenta. De enterado.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante de Comisión; que el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero sustituya a la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, como integrante de la Comisión de Salud.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante de Comisión; que el diputado José Nicolás Morales Ramos sustituya a la diputada María Dolores González Sánchez en la secretaría de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y que la diputada González Sánchez, quede como integrante de la misma.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte a la Asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante de Comisión; que la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, cause baja como secretaria de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte a la Asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la Secretaría de Gobernación.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Oficio de la Cámara de Senadores que remite iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Oficio de la Cámara de Senadores que remite iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados. Presentes. Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente
Punto de acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, a fin de que considere los recursos suficientes para el funcionamiento de los programas especiales para pueblos indígenas, equidad y género, medio ambiente y sustentabilidad.
Atentamente, senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados. Presentes. Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que contemple en la elaboración del Presupuesto Anual para el Ejercicio Fiscal 2007, una partida presupuestal para todos aquellos estados que cuenten con playa, a fin de poder cumplir a cabalidad con el Programa de Saneamiento Integral y Limpieza de las Playas, Lagunas y Ríos al que se ha adherido; y
Segundo. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a los gobiernos de los estados y los municipios costeros del país a que adopten las medidas y apliquen los recursos necesarios en infraestructura hidráulica y de gestión de residuos sólidos que permitan complementar las acciones del Programa de Saneamiento Integral y Limpieza de las Playas, Lagunas y Ríos.
Atentamente, senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados. Presentes. Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Senadores hace un respetuoso exhorto a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de manera coordinada conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación y dentro del marco del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, formulen y presenten un programa destinado a la atención y el desarrollo integral y articulado de los pescadores y comunidades pesqueras en el territorio nacional y que para este efecto estimen y propongan los recursos presupuestarios que sean necesarios para llevarlo a cabo.
Segundo. La Cámara de Senadores hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, se prevean los recursos necesarios una vez que el Poder Ejecutivo federal formule el programa destinado a la atención y el desarrollo integral y articulado de los pescadores y comunidades pesqueras en el territorio nacional.
Tercero. De igual forma se hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente se prevean los recursos necesarios para que en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se encuentre en posibilidades de generar la información estadística actualizada sobre los aspectos socioeconómicos del sector pesquero que permitan sustentar una mayor efectividad en el diseño y ejecución de acciones.
Cuarto. Se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que proporcione a esta soberanía la información correspondiente a su competencia sobre la situación económica de los pescadores en México.
Quinto. Se hace un respetuoso exhorto a los gobiernos de los estados con importancia pesquera a que en el ámbito de su competencia y en coordinación con el gobierno federal, implementen programas y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población vinculada con esta actividad productiva.
Atentamente, senador Manlio Fabio Beltrones Rivera. Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se considere un incremento sustancial en las partidas destinadas al sector hidráulico, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo, a nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen recursos suficientes para el funcionamiento del programa de apoyos a la competitividad por ramas de producción, presentadas por el senador Eduardo Nava Bolaños, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen mayores recursos a las universidades públicas y al financiamiento de la educación en el país, presentada por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se consideren y aprueben los recursos a los programas, obras y acciones del Presupuesto de 2006 que aun cumpliendo con los requisitos se verán afectadas total o parcialmente por el ajuste presupuestal realizado al Ejercicio Fiscal de 2006, presentada por el senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007, se considere una partida para el estudio del elasmobranquios en la zona sur de la península de Baja California Sur, presentada por el senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se considere una partida para obras de capacitación o cosecha de agua en el Valle de Santo Domingo, Baja California Sur, presentada por el senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Cámara de Senadores que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen mayores recursos para combatir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, presentada por el senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Escuela Primaria "Santos Cárdenas"; de la Escuela Secundaria "Gustavo Baz", del municipio de Almoloya del Río, Estado de México; y de la Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Domínguez", del municipio de Huehuetoca, Estado de México.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: De la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se considere la importancia del subsector cultura como factor de fortalecimiento de la identidad nacional, presentada por la senadora María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
En el capítulo de iniciativas, tiene la palabra el diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de Ley Reglamentaria de las fracciones II, III y IV del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la directiva. Compañeros diputados. Los grupos legislativos representados en esta Cámara tenemos la firme convicción de que este Poder Legislativo, a fin de cumplir con sus funciones constitucionales, debe abonar día a día al profesionalismo y eficiencia de su trabajo en la reforma y elaboración de leyes.
De todos es conocido que el trámite legislativo es, en su origen, un tanto complicado, ya que ver materializado en un decreto alguna propuesta —aun con el apoyo de la mayoría de los diputados—, resulta una labor que a veces nos ocupa varios años.
En ese sentido los legisladores debemos buscar formas para eficientizar nuestro trabajo con el fin de que las reformas sean aprobada oportunamente y se conviertan en herramientas de solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos.
Con base en las ideas antes expuestas, me permito presentar a su consideración, la siguiente iniciativa, la cual tiene como objetivo eficientizar el tiempo que esta Cámara invierte en la aprobación de permisos y licencias que algunos ciudadanos mexicanos solicitan, a fin de emplearse en embajadas o consulados de gobiernos extranjeros, o bien, para recibir condecoraciones de los mismos.
Compañeros, todos hemos sido testigos del tiempo que en este Pleno invertimos para aprobar los permisos mencionados, a fin de que algún ciudadano se desempeñe como chofer, mecánico, asistente, telefonista y otro largo número de cargos.
Este tiempo deberíamos utilizarlo en asuntos de mayor trascendencia para el bienestar de nuestro país, esto toda vez que aprobar los permisos mencionados resulta obsoleto, en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen.
Como todos ustedes saben, el texto del artículo 37 Constitucional tiene su origen en la Carta Magna de 1857, en ella se establecía que la calidad de ciudadanos se perdía por naturalización en país extranjero o por servir oficialmente al gobierno de otro país, admitir de él condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del Congreso federal. De esta última prohibición quedaban exceptuados los títulos literarios, científicos y humanitarios, los cuales podían ser aceptados libremente.
Obviamente, en el contexto político social de 1857 servir a un gobierno extranjero o aceptar de él títulos o condecoraciones militares o de otra índole era hasta cierta forma un riesgo para la seguridad y la soberanía nacional, a menos que previo análisis el Congreso determinara, mediante permiso o licencia, que podían aceptarse por ser inocuos para el interés nacional.
Hoy en día las condiciones políticas-sociales de México y el mundo son muy distintas a las de 1857, hoy a diferencia de entonces, las relaciones políticas, culturas, científicas, deportivas, económicas son importantes de muchas maneras para la viabilidad y el crecimiento de las naciones en un mundo globalizado.
En virtud de lo anterior resulta obsoleto que hoy en día dediquemos largas horas al análisis y aprobación de los famosos corcholatazos, máxime que desde 1997 el artículo 37 de nuestra Constitución Política ordena en el último párrafo del Apartado C que se emita una ley reglamentaria, a fin de que se establezcan los casos en que el permiso o licencia se entenderá otorgado en un breve plazo con la sola presentación de la solicitud respectiva, lo cual obviamente, nos ahorrará tiempo y esfuerzo de ambas Cámaras.
Dicha reforma se discutió en el Senado el cinco de diciembre de 1996 y ahí se determinó que era de suma importancia buscar una solución que pudiera resolver el problema y los trámites de los permisos y licencias que comúnmente se conocen como corcholatazos.
La solución en palabras de los senadores en 1996 fue establecer un supuesto en el propio artículo 37 para que el Congreso de la Unión, a través de una ley reglamentaria, pudiera establecer los casos de excepción mediante los cuales bastara la solicitud del interesado, para que se otorgue el permiso de manera automática, dejando reservados al Congreso de la Unión aquellos casos que considere excepcionales y solamente en esos casos podrá conocer y emitir su permiso o licencia.
Por su parte, la Cámara de Diputados expresó en el debate del 10 de diciembre de 1996, la razón por la que se apoyó la propuesta general del Senado, explica el Legislador: Apoyamos la propuesta de adicionar un párrafo final al inciso c) del multicitado artículo 37, con el propósito de suprimir la carga pesada y burocrática que implica conocer de los permisos y licencias de personas que solicitan autorización al Congreso para realizar en embajadas o en consulados extranjeros, cuyo desempeño no implica hoy ningún riesgo para la seguridad.
Señores legisladores, la intención primaria de la iniciativa que hoy presento es dar cumplimiento al texto constitucional, emitiendo la ley reglamentaria de las fracciones II, III y IV del Apartado C del artículo 37 de nuestra Carta Magna, a fin de establecer las excepciones a que se refirieron la Cámara de Senadores y la de Diputados en 1996.
Tratándose de la fracción II del Apartado C, dichas excepciones deben incluir la prestación de servicios ordinarios tales como asistentes, secretarios, recepcionistas, personal de mantenimiento, supervisores de área, choferes, técnicos y operadores telefónicos, entre otros, en embajadas, consulados y oficinas de representación de gobiernos extranjeros.
En el caso de la fracción III, apartado C, considero debe de excepcionarse la aceptación o uso de condecoraciones extranjeras que no sean de índole militar, en caso contrario debe seguirse el trámite por ambas Cámaras de este Poder Legislativo.
Por último, en el caso de la fracción IV del apartado C, las excepciones que deben contenerse en la Ley Reglamentaria son aquéllas relativas a las funciones ordinarias que no signifiquen ningún tipo de sumisión a algún gobierno extranjero o comprometan la soberanía de nuestro país, así como los títulos académicos, culturales o deportivos.
Compañeros diputados, por estas consideraciones expuestas en los párrafos anteriores someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Señor Presidente, no daré lectura al proyecto, le voy a pedir atentamente si puede insertarse la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Enrique Barrios. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.
Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de los diputados y las diputadas presentes.
El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 455 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 19 y 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. En virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable Asamblea, me permito dar lectura solamente a los principales aspectos de la iniciativa.
La aprobación en la pasada Legislatura de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria constituye un duro golpe para la urgente necesidad de realizar inversiones en infraestructura y exploración petrolera, al restringir los alcances y potencialidades del nuevo régimen fiscal de Pemex.
Incluso la Ley en comento ahora que se encuentra tan solicitada en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 es también una camisa de fuerza para todas las diputadas y diputados y además, se encuentra en contradicción con lo que establece el artículo 74 constitucional, en cuanto a nuestra facultad de analizar, modificar y aprobar el presupuesto.
De manera específica el artículo 19 de la mencionada Ley que norma el presupuesto, confunde hasta hacerlas equiparables, las circunstancias actuales del mercado petrolero internacional, con las condiciones de la infraestructura petrolera nacional, la cual sufre de grandes rezagos y de un severo deterioro.
En su fracción IV se señala que el remanente de los excedentes de ingresos, una vez cubiertas una serie de contingencias se repartirá de la siguiente forma: 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 25 por ciento al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, 40 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y el 10 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.
De ahí que en nuestra perspectiva se debe eliminar el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, puesto que las inversiones en esta industria tienen efectos a mediano plazo, por lo que deben hacerse cuando existe la liquidez para ello, máxime cuando en refinación somos importadores de gasolina y en petroquímica se enfrentan graves rezagos.
Por su parte la fracción V del mismo artículo 19 señala que una vez que los fondos a que se refiere la fracción anterior, alcancen el monto de la reserva determinando los excedentes de ingreso a que se refiere la fracción IV de este artículo, se destinarán conforme a lo siguiente:
Veinticinco por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades federativas.
Veinticinco por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.
Veinticinco por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos.
Veinticinco por ciento para el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones.
En este caso, nos parece que debió respetarse a Pemex el 50 por ciento de los excedentes contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. En contraste una idea que nos parece adecuada es la de emplear una parte de los excedentes petroleros para ir subsanando los problemas financieros de la seguridad social.
En nuestra opinión la distribución de estos excedentes debe ser de la manera siguiente; en eso consiste nuestra propuesta de reforma:
Veinticinco por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.
Cincuenta por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos.
Veinticinco por ciento para el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones.
Todavía más. La forma de construir los fondos implica congelar el uso de grandes sumas de dinero, como si no existieran urgencias en materia de infraestructura productiva en campo, en salud, en educación; así como a fortalecer urgentemente a la empresa de Petróleos Mexicanos.
Por otra parte y en referencia directa al artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no puede tener la pretensión de establecer una fórmula que implícitamente asume que las condiciones futuras y el mecanismo de funcionamiento del mercado internacional serán las mismas que las pasadas.
Establecer una fórmula para fijar por ley el precio estimado de la mezcla mexicana de exportación no tiene sentido, puesto que las condiciones estructurales del mercado petrolero internacional han estado variando significativamente.
Incluso la correlación que existía entre precios a corto plazo del petróleo y nivel de inventarios ha desaparecido desde mediados del 2004, como lo muestran diversos estudios hechos por el Instituto Francés del Petróleo o la transnacional del Petróleo Británico.
No está de más recordar, con base en ingeniosos modelos econométricos, el entonces secretario de Energía, Luis Téllez, hoy Secretario de Comunicaciones y Transporte, aseguraba que en estos años el precio de la mezcla mexicana de exportación rondaría los 6.50 dólares por barril. Nada más alejado de la realidad.
El Congreso no debe claudicar de su capacidad de análisis. La estimación del precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano de exportación debe determinarse anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda podría emplear la fórmula contenida en el artículo 31 para proponer un precio de referencia, pero el Congreso no debe renunciar a efectuar un mínimo análisis en función, no sólo del precio observado en la realidad sino también de las necesidades presupuestales del momento.
Es inaceptable sacrificar la inversión en salud o educación en el altar del culto a las estadísticas. Sólo como un ejemplo, compañeras y compañeros diputados. En este Presupuesto de 2007 que actualmente se discute, de no haberse usado la fórmula del artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto se obtendrían entre 50 mil y 70 mil millones de pesos extra si esta soberanía hubiera considerado un precio realista para el próximo año, de 48.5 dólares por barril de petróleo y no un precio bajísimo que propuso Hacienda, que fue de 42.5 dólares por barril.
Estos recursos excedentes hubieran podido ser etiquetados por todos nosotros y así cumplir con nuestra obligación de apoyar a la salud, la educación, al campo y a las entidades federativas, de manera firme y decidida. Por eso la propuesta que hacemos para reformar el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto tiene como propósito fundamental garantizar la facultad de este Congreso de análisis y decisión para la estimación del precio del petróleo, pero lo más importante; garantizar un techo presupuestal que pueda ayudar a aliviar en políticas sociales a la población de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito solicitarle, señor Presidente, se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta Honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alejandro Sánchez. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia saluda a los alumnos de la escuela técnica número 150, de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, aquí presentes.
Tienen la palabra los diputados Leticia Herrera Ale y José Rubén Escajeda Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para que ambos presenten iniciativa que expide la Ley Federal de Acciones Compensatorias a Favor de las Mujeres, suscrita por ellos mismos.
La diputada Juana Leticia Herrera Ale: Buenos días a todos. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Hablar de los derechos de las mujeres en México es hacerlo desde la historia de este país, en donde las mujeres seguimos luchando por la libertad, la cual se traduce en el ejercicio pleno de nuestros derechos, pues no basta con el reconocimiento legal de los mismos, sino que es necesario que éstos se traduzcan en calidad de vida y ejercicio cotidiano.
No podrán negar, compañeras y compañeros, que una gran cantidad de demandas y peticiones durante sus campañas electorales estuvieron relacionadas con las mujeres y seguramente también muchos de los compromisos que ustedes adquirieron fueron con ellas, porque queda claro que en nuestros días no podemos hablar de desarrollo, de democracia ni de justicia sin la plena participación de las mujeres en las diferentes esferas productivas para que las mujeres participemos plenamente en los procesos sociales, políticos, culturales y económicos.
De ahí la necesidad de vincular la gobernabilidad democrática al tema de género particularmente, porque hace referencia al cambio de las instituciones, las cuales delimitan por un lado las oportunidades y por otro, las restricciones que los individuos y grupos enfrentan en su relación con los demás en distintos ámbitos institucionales.
Es importante aceptar que aunque los avances legislativos han sido de gran importancia, las reformas constitucionales de los códigos de la normatividad del Estado, no eliminan directamente los mecanismos de discriminación presentes en la práctica social, laboral, institucional y jurídica. Por ello, es necesario abrir espacios para la generación de nuevas reglas y normas que regulen la interacción entre actores de manera más equitativa.
Sin embargo, si en el proceso de constitución de las nuevas normas las mujeres no tenemos la misma relevancia que otros actores, podemos permanecer excluidas en los procesos de construcción de nuevas institucionalidades.
La ausencia de políticas públicas, desde una perspectiva de género, explica el fracaso e ineficacia de las estrategias políticas que sólo se preocupan por perfeccionar los métodos para detectar y clasificar las carencias de las mujeres y nuestras dificultades de inserción.
Pero no se parte precisamente del presupuesto, de la existencia de una estructura diferenciada que genere relaciones asimétricas. Es claro que la conquista de los derechos de ciudadanía para las mujeres, entendida como su alcance efectivo, no sólo no está asegurada, sino que presenta serias limitaciones.
Aún reconociendo las potencialidades de las mujeres, especialmente las de sectores populares y sin desechar los efectos positivos de la solidaridad moral por estos caminos, no se resolverá el problema. Las mujeres seguiremos inhabilitadas para superar la situación si no se construyen instituciones que garanticen nuestra inserción y participación de forma permanente en los beneficios de la organización social.
En tal razón, la igualdad de oportunidades significa no sólo acabar con todos los tipos de discriminación existentes, sino además, promover las acciones necesarias para compensar aspectos discriminatorios de los que históricamente hemos sido objeto las mujeres.
Muchas gracias y cedo la palabra a mi compañero, el diputado Rubén Escajeda. Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputada. Tiene la palabra el diputado Escajeda.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso, señor Presidente.
Vengo a esta, la más alta tribuna de la nación, a proponer una ley que ojalá, por fin, les haga justicia a las mujeres de este país.
En un acto de congruencia republicana, convencido del importantísimo papel que en el ámbito de la vida cotidiana juegan las mujeres como parte sustancial de nuestra sociedad. Convencido de la fragilidad con tantas y tantas mujeres desamparadas y con hijos, en este país navegan en la vida sin la protección y el respaldo efectivo de las leyes.
En ésta, una ley de acciones compensatorias que busca favorecer a todas las mujeres de México, pero más a las más desprotegidas. Estas acciones van más allá del control de la aplicación de las leyes que desarrollan el principio de igualdad y son acciones tendientes a proporcionar ventajas concretas al colectivo marginado o en una situación de desigualdad social.
La acción compensatoria es el conjunto de medidas correctoras que, aplicadas con carácter temporal, producen un efecto benéfico sobre la condición y la posición, en este caso, de las mujeres.
En razón de lo anterior, es que hoy presentamos esta iniciativa, la cual tiene mejor justificación en la realidad que enfrentan las mujeres en este país y su sustento jurídico en lo mandatado por la Ley Fundamental, tratados internacionales suscritos por México y, desde luego, en la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Estamos proponiendo una ley especializada que señale específicamente las acciones positivas que por mandato de ley se deberán implementar en beneficio de las mujeres. Bajo este orden de ideas, el presente documento es la antesala para sellar un gran compromiso nacional de todas las fuerzas políticas aquí representadas para avanzar en torno al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en nueve temas fundamentales como lo son:
Educación. Se mandata la paridad para el beneficio de las becas y estímulos en general, evitando que cualquiera de los sexos se beneficien en más de un 50 por ciento.
Trabajo. Se propone la normatividad específica, con las sanciones correspondientes a quienes discriminen a las mujeres por estar embarazadas, soliciten el examen de gravidez y por un mismo trabajo paguen un menor salario a las mujeres.
Se propone que la administración pública federal tenga un mínimo porcentual de mujeres en cargos de decisión. Esta iniciativa considera sanciones hasta por 365 días de salarios mínimos a quien infrinja esta disposición.
Presupuesto. El cual nunca será menor al 0.27 por ciento del producto interno bruto.
Derechos políticos. Esta iniciativa de ley tiene la intención de brindar estímulos a los partidos políticos y plantea que una vez que se establezcan en sus estatutos cuotas de género o acciones positivas, ningún acuerdo posterior podrá eliminar dichas disposiciones.
Ciencia y tecnología. Contempla que los recursos destinados a ciencia y tecnología dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinen una partida, la cual estará etiquetada para investigación científica y desarrollo tecnológico, en lo concerniente a la atención ginecológica de las mujeres.
Se mandata al INEGI para diseñar indicadores de género, para valorar los aportes al producto interno bruto por parte de las mujeres, sin importar su actividad, así como indicadores de calidad del empleo con dimensión de género.
En la vivienda los programas y los recursos públicos destinados a la adquisición o remodelación de vivienda serán distribuidos de manera paritaria entre hombres y mujeres.
Esta ley busca elevar y ampliar las oportunidades de las mujeres y, en general, para erradicar la discriminación debe de ser una tarea por supuesto conjunta. No basta con que los temas de género se incorporen a las agendas, sino que es necesario un cambio cultural de largo alcance que dote de diferentes elementos a todas las mujeres de México.
Compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Los temas de las mujeres son también nuestros temas, porque ellas y nosotros conformamos la sociedad nacional y esta sociedad merece ser genuinamente libre e incluyente para alcanzar los más altos niveles de bienestar y desarrollo.
Pido, señor Presidente, se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Hagámoslo por todas las mujeres, por todas las mujeres divinas de este país. Hagámoslo por nuestros hijos. Hagámoslo por México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Será atendida su solicitud de insertarse en el Diario de los Debates de manera íntegra su iniciativa. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Francisco Elizondo Garrido: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. México destaca por ser uno de los 17 países que poseen la mayor diversidad biológica del mundo, además de ser el centro de origen y domesticación de ciertos cultivos vitales para el desarrollo de la humanidad.
Esta diversidad reviste singular importancia, debido a que proporciona una amplia gama de bienes y servicios ambientales. Este hecho sin duda alguna representa un motivo justificado para enorgullecernos, aunque también para concientizarnos de la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, toda vez que ello nos obliga a proteger y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales, no sólo para nuestro goce y usufructo, sino para el mundo.
La presión que aún ejerce el desarrollo de diferentes actividades productivas, de una y otra forma lesiona la riqueza natural del país. Lo anterior es de suma preocupación si consideramos que el desgaste o pérdida de los recursos naturales por su utilización en el proceso productivo representa casi el uno por ciento del producto interno bruto, mientras que los requerimientos monetarios para restaurar el deterioro ambiental ocasionado por las actividades económicas, ascienden a más del ocho por ciento de dicho producto.
A la luz de lo anterior y en un esfuerzo por revertir el deterioro de nuestra diversidad biológica, se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Actualmente México cuenta con 158 áreas naturales protegidas que resguardan una extensión de más de 20 millones de hectáreas; es decir, más del 10 por ciento del territorio nacional, en las que se encuentra representado el 95 por ciento de los ecosistemas del país.
Aun cuando la Conanp ha logrado importantes avances en materia de conservación y protección de la diversidad biológica mexicana, su favorable labor aún se ve frenada por la falta de recursos económicos, sobre todo si tomamos en cuenta que para el establecimiento, la administración y la vigilancia de las áreas naturales protegidas, requiere una serie de variables; además de invertir una cantidad importante de recursos humanos, materiales y económicos.
Por lo anterior, por mi conducto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la adición de un artículo 229 a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, el cual establece un estímulo fiscal consistente en acreditar contra el impuesto sobre la renta el 100 por ciento de las aportaciones que se efectúen para realizar acciones de conservación, mejoramiento, protección y vigilancia de las áreas naturales protegidas que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, principalmente aquellas consideradas como de baja capacidad de carga.
En el entendido de que para alcanzar la sustentabilidad es preciso involucrar al conjunto de la sociedad, consideramos que mediante la propuesta señalada se incentiva a las personas físicas o morales para que, con un sentido de responsabilidad compartida, contribuyan al mantenimiento y mejoramiento del capital natural del país.
Cabe señalar que el estímulo fiscal que nos ocupa, según la propuesta que adiciona la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tendrá un tope global en cada ejercicio fiscal de 250 millones de pesos, con el objeto básico de no incrementar en desmedida los gastos fiscales en los que ya incurre México, estableciendo al mismo tiempo el límite máximo de aportaciones por cada persona física o moral.
Por otra parte, como ya se señaló, no deja de preocuparnos la situación de alta vulnerabilidad en que se encuentran muchas especies de flora y fauna silvestres en el país como consecuencia de la pérdida de su hábitat, así como también el comercio ilegal; sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al igual que la Conanp, carece de recursos humanos, económicos e infraestructura para cumplir con su cometido.
Así, en esta iniciativa también se incluye la reforma al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, para que de los ingresos obtenidos de la recaudación por concepto de derechos por servicios migratorios que pagan los turistas y que en la mayoría de los casos disfruta del capital natural de México, se destine el 10 por ciento, en partes iguales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para actividades de conservación, mejoramiento, protección y vigilancia de las áreas naturales protegidas y para el Programa de Recuperación de Especies Prioritarias; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para acciones de inspección y vigilancia en los puertos marítimos, aeropuertos y en la red carretera nacional de las especies que establece la Norma Oficial NOM-059-Semarnat-2001, y para que también la Profepa combata, en su ámbito de competencia, la ilegal importación, exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero marino y primate, de sus partes y derivados, así como para combatir el aprovechamiento extractivo, sea de subsistencia o comercial de cualquier primate, conforme a lo dispuesto en los artículo 55 Bis y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Con el objeto de que el Instituto Nacional de Migración y el Consejo de Promoción Turística de México no resientan una disminución en los recursos que reciben por el derecho en comento y debido a que conforme a esta iniciativa se incluya en el destino de recursos a la Conam y a la Profepa, ese Instituto y Consejo recibirán respectivamente el 30 y 60 por ciento de la recaudación que se obtenga por el multicitado derecho, por lo que también se propone modificar la contribución a la cantidad de 250 pesos.
Es conveniente señalar que la modificación de la cuota para que quede en los ya mencionados 250 pesos, no incidirá de manera significativa en las decisiones de los turistas para visitar y disfrutar de las bondades que ofrece México, debido a que el incremento de 40 pesos son una parte proporcionalmente pequeña de lo que los turistas erogarían por un boleto de avión, hospedaje o alimento, entre otros, señalando que conforme a la Ley del IVA se les devolvería a los turistas el propio impuesto al valor agregado.
Esta iniciativa establece las condiciones en que las personas mediante aportaciones voluntarias coadyuvan a las tareas de protección y mejoramiento del medio ambiente y a través del pago de contribuciones de internamiento a México se fortalecerán las loables actividades que se requieren en las áreas naturales protegidas, así como en las de inspección y vigilancia para la protección de especies de flora y fauna silvestres, mamíferos y primates por parte de la Profepa.
Por último, señor Presidente, solicito que la iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Elizondo. Insértese la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Le damos la bienvenida a esta Cámara de Diputados a los estudiantes de la escuela primaria "Javier Villaurrutia", a los compañeros de la preparatoria "América Nueva", de Tlaxcala y a un grupo de invitados especiales de la delegación Coyoacán.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expida la Ley de Participación Ciudadana.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso del ciudadano diputado Presidente de la Mesa Directiva y sus integrantes. Esta iniciativa que hoy presenta el grupo parlamentario de Convergencia en voz de su servidor, tiene como propósito recoger una demanda histórica que se ha venido planteando en la sociedad mexicana en las últimas décadas.
Esta demanda es, el que se cuente con una ley federal de participación ciudadana. En muchos estados de la Federación, existen ya algunas disposiciones y figuras que se contemplan como una herramienta para darle al ciudadano posibilidad de opinar y de participar. Hay estudiosos que opinan que la representación no es suficiente, que los ciudadanos no encuentran en nosotros la posibilidad de ser representados en ocasión con dignidad.
Por eso es que muchas voces, incluidos los que fueron candidatos de todas las expresiones políticas y de las coaliciones, plantearon recientemente al país la posibilidad de dar un espacio mucho más dinámico y participativo al ciudadano de nuestro país.
Se ha elaborado un estudio comparativo que pueden ustedes encontrar en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha, en el que se hace una revisión, un estudio comparativo de lo que en otras latitudes de la sociedad internacional muchos países contemplan para la participación ciudadana.
Hay incluso un ejemplo en Suiza, en donde podemos encontrar que con 50 años de esta herramienta de participación ciudadana, se han efectuado 350 referéndum. Esto únicamente como un ejercicio de ejemplo y de posibilidad de recuperar de todas las sociedades modernas, el avance que se tiene en la materia.
He querido comentar esto antes de dar lectura a una síntesis de la iniciativa, porque creo que es prudente que veamos que aquí están contempladas las distintas propuestas que durante poco más de tres meses los grupo parlamentarios de esta LX Legislatura han presentado al Pleno. Y en estas propuestas debe de recuperarse no solamente el espíritu democrático y la participación del ciudadano, sino también debe considerarse el sentido estricto de la posibilidad de darle voz a quienes, se supone, representamos los que hoy estamos en esta Asamblea.
Y por eso es que también se recuperan las distintas leyes de participación ciudadana que se han acordado en los estados de nuestra Federación y se hace un comparativo de estas participaciones.
Van ustedes a encontrar también en la Gaceta Parlamentaria, cuáles son los antecedentes históricos y cuáles son las aportaciones que se han hecho en nuestro propio país desde tiempos de la construcción de la República con el presidente Benito Juárez.
Voy a dar paso entonces a lo más relevante de esta iniciativa que el grupo parlamentario de Convergencia quiere presentar a consideración de la Asamblea e iniciaría diciendo que en cumplimiento a lo que dispone lo ordenado en los textos constitucionales y legales, a los que nos debemos sujetar, a la propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a esta Presidencia de la Mesa Directiva que dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución federal, así como al proyecto de Ley Federal de Participación Ciudadana, en términos de la normatividad vigente.
Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, adición y creación de la Ley Federal de Participación Ciudadana, a continuación presento ante esta Legislatura los siguiente considerandos, solicitando que el texto completo de la iniciativa que se presenta sea inscrita en el Diario de los Debates y sea turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana.
En años recientes se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la sociedad en su conjunto en los temas de interés nacional a través de reformas al marco constitucional y legal.
La realidad social que actualmente se está viviendo en nuestro país nos conduce a que realicemos un urgente y necesario análisis de las políticas públicas y de estructuras jurídicas que dan sustento al Estado mexicano.
El ejercicio de las libertades implica el perfeccionamiento de nuestras instituciones de gobierno, así como de las formas y ámbitos de participación ciudadana, obligando a un esfuerzo permanente de las diferentes fuerzas políticas que todos representamos para lograr los consensos democráticos necesarios que respondan a los fines de actualizar nuestras instituciones y de garantizar ese ejercicio.
La alternativa para fortalecer nuestro sistema representativo se basa en instrumentos cuya premisa pueda incrementar el papel de los ciudadanos en los problemas de gobierno y las acciones que se instrumentan para resolverlos.
En el desarrollo de la investigación que precedió a esta propuesta que hoy Convergencia viene a exponer en este recinto legislativo, se realizaron diversos estudios en varios ámbitos como el marco conceptual, los antecedentes, el derecho comparado, opiniones especializadas, reforma del Estado, entre otros, relativos a la posibilidad de introducir mecanismos de democracia directa en nuestro sistema y que aquí se han planteado en los tres últimos meses.
Quiero comentar que la ley reglamentaria, la Ley Federal de Participación Ciudadana, contiene 71 artículos, independientemente de que se hacen las reformas a la Carta Magna.
Dentro de las conclusiones a las que llegamos, podemos advertir que la actual representación política no permite una participación ciudadana más activa y significativa en las cuestiones públicas y esto afecta de modo inmediato a la ciudadanía, ya que la ciudadanía en ciertos casos, algunas determinaciones que son tomadas por las autoridades, carecen de la aceptación general de la población, provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad y que muchas decisiones se tomen con un completo desconocimiento de la materia.
La atmósfera que rodea al país en este momento refleja una pérdida de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, la falta de una participación más directa por parte de ésta en los actos que dan vida al Estado mexicano, pone en peligro la representación legítima y eficaz de lo que resguardan, guían y vigilan los intereses de la sociedad.
México ha entrado en la etapa en que una participación de la ciudadanía real imposibilita el avance hacia una consolidación del Estado, es así como se ha abierto la puerta hacia la búsqueda de una democracia participativa.
Es de importancia mencionar que se realizó este estudio comparado con los países, tanto de América Latina como del viejo continente, que cuentan con estas figuras en sus respectivas constituciones, y es de especial atención para ustedes mencionar que a nivel mundial 98 países han adoptado estas herramientas y en más de la mitad de éstos su práctica es continua, citando como un ejemplo el que antes mencioné de Suiza.
Así también es importante mencionar que en nuestro país se presenta esta serie de herramientas de participación ciudadana como mecanismos específicos y que cuando menos en 23 entidades federativas están contempladas estas figuras.
En México los intentos de recurrir a procedimientos como el plebiscito y el referéndum han sido constantes. Al profundizar en la investigación de estas figuras, basta recordar la pretensión que el Presidente Juárez tuvo en las elecciones de 1876 para que los ciudadanos autorizaran, entre otros asuntos, la creación de la Cámara de Senadores y le otorgaran al titular del Ejecutivo federal el poder de veto suspensivo de resoluciones del Poder Legislativo.
Asimismo, durante los años de la transición política, organizaciones políticas y ciudadanas han recurrido a la realización de consultas populares, como la efectuada en marzo de 1993.
Solicitamos pues se incorpore el texto íntegro de nuestra propuesta y que sea revisada en las Comisiones que antes gestaron. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Esteva. Se atiende su solicitud de que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió de parte del diputado Ariel Castillo Nájera, del grupo parlamentario Nueva Alianza, iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Esta Presidencia agradece al diputado Castillo que, por economía de tiempo, pide que se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra. Se turna esta iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De parte de los diputados Carlos Navarro Sugich y Antonio Valladolid Rodríguez, piden se posponga su participación para presentar una iniciativa.
Se concede el uso de la palabra al diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 137, 138 y 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su venia compañero Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El suscrito diputado Octavio Martínez Vargas, diputado federal de la LX Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137 cuarto párrafo, 138 primer párrafo y 139 del Capítulo Segundo de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, Sección Tercera del régimen de pequeños contribuyentes, del Título IV de las personas físicas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Quisiera se me permitiera hacer una exposición de motivos y solicitarle, compañero Presidente, que el documento que está publicado en la Gaceta Parlamentaria sea incorporado de manera íntegra al Diario de los Debates.
El pasado 29 de septiembre desarrollamos en el municipio de Ecatepec, un foro denominado Reformas al Régimen de Pequeños Contribuyentes y éste se desarrolló tomando en cuenta una de las demandas más sentidas del Estado de México, y seguramente de todas las entidades federativas.
Un problema que en el 2006 se vino agravando porque la Secretaría de Hacienda había iniciado una serie de convenios que se firmaron con las entidades federativas para poder recaudar el recurso de los pequeños contribuyentes.
Sin embargo, no se resolvió; quedó incompleto. El tema de los pequeños contribuyentes es un tema singular. En el año de 1998 el sistema por el que tributaban era denominado "contribuyentes menores". Y en ese mismo año fue cambiado a "pequeños contribuyentes", pero con una gran ambigüedad, no se ha entendido este concepto y el término de pequeños contribuyentes. Y en este Foro que se desarrolló en el Estado de México, se escucharon las preocupaciones muy puntuales, en donde vienen comercializando productos agropecuarios los mercados públicos, los pequeños negocios instalados en cada comunidad, en cada región, en cada pueblo.
Los negocios que por cierto son atendidos en su gran mayoría por adultos mayores, por personas de escasos recursos que tienen una gran responsabilidad y buscan un sustento para llevarle mejor y mayor atención a su familia.
Sin embargo estos convenios que se firmaron con Hacienda, complicaron la situación; se empezaron a armar tablas de recaudación con montos distintos en cada entidad federativa. En unos se hablaba de 200 pesos bimestrales, en otros de 150, en otros de 300 pesos bimestrales. Y esto generó que los pequeños contribuyentes no pagaran y no transitaran por esta responsabilidad.
Por eso creo que esta soberanía debe de concebir con mucha claridad la definición de pequeño contribuyente, anteriormente llamado contribuyente menor. Es la persona física que viene desarrollando actos de comercio en los mercados públicos, en algunas instalaciones en muebles menores, con ventas por cierto, en muchos casos, menores a los 200, 300 pesos diarios; que únicamente les permiten lo más elemental para subsistir con sus familias.
Yo quiero llamar a la conciencia de las y los legisladores de esta soberanía, para que podamos transitar a conceptuar de manera distinta el término de pequeños contribuyentes. Por eso planteamos en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, reformas al artículo 137, 138 y 139 del ISR, para efectos de poder estar en condiciones a partir de esta discusión que se está dando ya en la Comisión de Hacienda y para el año 2007, que este régimen y este concepto de pequeños contribuyentes tengan claro cómo habrán de tributar y cómo habrán de contribuir al erario federal y no seguir construyendo y abonando en la ambigüedad de la Secretaría de Hacienda, de establecer montos distintos en cada una de las entidades federativas.
Dejo este documento, señor Presidente, para efectos de que sea publicado de manera íntegra en el Diario de los Debates. Y ojalá que los compañeros y compañeras legisladoras, que seguramente estoy ––que cuando hicieron campaña recorriendo sus distritos––, escucharon la demanda del sector de los pequeños contribuyentes. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Octavio Martínez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Se concede el uso de la palabra al diputado Edmundo Ramírez Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
El diputado Edmundo Ramírez Martínez: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar para su análisis y dictamen, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La red consular es la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, teniendo la obligación permanente de proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas y culturales, científicas, entre ambos países; así como expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en los términos de la ley y su reglamento, cuyos funcionarios tienen la alta responsabilidad de representar al Estado mexicano en el extranjero ejecutando la política exterior de conformidad con los principios normativos que establece la propia Constitución Política.
La política exterior mexicana a través de los años había ganado un indiscutible prestigio a nivel internacional, renombre que ha dado frutos a la nación y que redundan en la salvaguarda de los intereses de nuestros connacionales en el extranjero, el fomento de las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional, entre otros.
No obstante, los logros alcanzados resulta de gran preocupación que durante la pasada administración pareciera que la política exterior, cuya dirección compete al Presidente de la República en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción X de la Constitución Política federal, los consulados mexicanos fueron disminuidos sistemáticamente en sus funciones, debido a un criterio de promoción del comercio exterior, más que al ámbito de competencia de la política exterior, sustituyendo al oficio diplomático.
La protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y el despliegue de acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida son parte fundamental de la política interior del gobierno del República y tarea permanente de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El pasado histórico-jurídico demuestra que el arreglo institucional de nuestra política exterior ha pasado por un proceso de reformas de más de un siglo, que denotan el interés del Estado mexicano por lograr una política exterior basada en un cuerpo de diplomáticos profesional, sólido y leal a la nación; así como una red consular eficiente y cada vez más amplia y articulada.
La institución consular a lo largo de la historia siempre ha estado ligada inexorablemente al fenómeno migratorio.
Las migraciones constituyen un fenómeno natural desde el inicio de la historia de la humanidad y son en la actualidad, con mayor razón que nunca, parte del mundo globalizado. Desde la lógica del costo en beneficio individual, abarca también la movilidad de las personas.
En ese sentido, pretender un mundo humanamente inmóvil en el presente siglo XXI es verdaderamente impensable y en donde México presenta este fenómeno de manera creciente debido a la falta de oportunidades dentro de nuestro país que puedan propiciar un mejor nivel de vida para los mexicanos y sus familias.
En la actualidad la emigración mexicana hacia Estados Unidos constituye el día de hoy el flujo migratorio bilateral más importante del mundo, pasando de 30 mil personas por año en la década de los 60, a más de 500 mil por año en la actualidad. Esto significa un aumento de 14 veces más del fenómeno migratorio en nuestro país y representa la segunda fuente de ingresos del país, casi 22 mil millones de dólares al año; producto del esfuerzo, trabajo y sobre todo del sacrificio de millones y millones de mexicanos en Estados Unidos.
Es totalmente contradictorio y carente de responsabilidad del Estado mexicano que siendo la red consular mexicana quien es la que atiende, protege y garantiza diariamente los servicios más importantes para la integridad de nuestros connacionales, tenga limitaciones presupuestales para su fortalecimiento, mejora y ampliación permanente.
La red consular genera por el cobro de derechos y servicios más de 500 millones de pesos al año y en el 2006 la red consular tuvo un presupuesto de sólo 160 millones de pesos, desde luego insuficientes, pero paradójicamente por criterios administrativos poco claros y objetivos, los cobros de estos servicios y derechos no pueden aplicarse a los consulados para poder dar una mayor cobertura de estos servicios: eficiencia en su administración.
Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración, compañeros diputados, el presente decreto de reforma al artículo 2o. fracción XI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue el citado artículo:
Artículo 11: Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero, para integrar un fondo que sea integrado con la totalidad de los recursos que se cobren por los servicios y derechos de la red consular mexicana, cuyo objeto sea cubrir, fortalecer, desarrollar y ampliar, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se menciona, en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano:
El Programa de Repatriación de Personas Vulnerables; la atención y asesoría jurídica y de protección consulares; las visitas a cárceles y centros de detención; la atención telefónica; la campaña permanente de seguridad al migrante; los servicios de consulados móviles; la prestación de servicios consulares en general y la atención al público.
Los gastos a sufragar, de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública. Palacio Legislativo de San Lázaro, diputado Edmundo Ramírez Martínez.
Solicito, señor Presidente, sea publicado de manera íntegra este documento en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Edmundo Ramírez. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores e insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Damos una bienvenida a los alumnos de la Escuela Secundaria 150, de Atizapán de Zaragoza, quienes se encuentran en este momento en el salón de sesiones. Muchas gracias por su asistencia.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.
La diputada Lourdes Quiñones Canales: Con su permiso, señor Presidente. La suscrita, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Existe, desde hace tiempo, un grave problema que aqueja a casi todas y todos los ciudadanos del país, siendo un asunto que se ha vuelto tan común que, a pesar de la infinidad de denuncias y ante la falta de legislación aplicable en ese aspecto, pareciera que sólo queda el camino de la resignación, de la incertidumbre, de la inseguridad jurídica y de la vulnerabilidad ante el abuso.
Este problema se refiere específicamente a todo ese cúmulo de servicios que prestan empresas privadas sin que nunca se hayan solicitado, los cuales; sin embargo, se tienen que pagar si no se quiere enfrentar, primero, a una cobranza judicial y más adelante aparecer en el buró de crédito.
Cuántos miles y miles de ciudadanos y ciudadanas pagan en sus recibos telefónicos un seguro de vida que jamás solicitaron y cuya póliza ni siquiera ha llegado a sus manos, observando en caso extremo que la mayoría de las personas ni siquiera se ha dado cuenta de que eso es lo que está pagando.
Cuántas veces se escucha a familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que tienen adeudos en tarjetas de crédito que nunca solicitaron y que mucho menos recibieron y utilizaron.
Cuántas veces se pagan canales extras de televisión o un servicio adicional en Internet, que en un principio se ofrecieron de manera gratuita y que sin previo aviso y sin el consentimiento expreso del cliente de pronto ya tienen un costo.
Todos nosotros hemos escuchado o sido víctimas alguna vez de estos abusos, los cuales se agudizan cuando se intenta hacer alguna aclaración con la empresa respectiva.
Primero remiten al cliente a determinado número telefónico, en el que se debe interactuar con un autómata y después de una hora o más, con un poco de suerte, es posible hablar con algún asesor, el que lo mantendrá en la línea cuando menos otros 20 minutos.
Después de repetir todo este procedimiento al menos dos veces más, por fin se cancelará el servicio y se le liberará al interesado de realizar el pago. Pero también existe la posibilidad de que nunca se solucione este asunto y que las personas terminen pagando un servicio que no solicitaron y que a lo mejor tampoco utilizaron.
Simplemente por evitar mayores problemas, por carecer de tiempo suficiente para acudir personalmente a las oficinas de la compañía, o bien, por no estar dispuestos a perder tres o cuatro horas del día realizando telefónicamente las aclaraciones pertinentes, claro, si es que la empresa dispone de un departamento específico de atención al público; en caso contrario, lo más probable es que se tengan que enviar entre tres o cuatro faxes o cartas y esperar a que el personal de la empresa disponga de tiempo para realizar los trámites necesarios para la cancelación del servicio, lo que fácilmente significará entre dos o tres meses de preocupación para los interesados.
Otra opción es que el cliente se niegue a pagar o a perder el tiempo en complejos trámites, por lo que harto de aclaraciones decide no hacer caso a ningún aviso de cobro, esto le traerá como consecuencia —sin lugar a dudas— escritos y llamadas amenazantes, en el sentido de que si no paga procederá el embargo por parte de los despachos dedicados a la cobranza y, por supuesto, un antecedente negativo en el llamado buró de crédito.
No se puede negar que en los últimos tiempos en México estos asuntos ya son cotidianos y que por lo tanto se considere común y lamentablemente hasta normal que la mayoría de la población enfrente situaciones similares. La cultura del fraude, del robo y del abuso, disfrazado de servicio, ha permeado ya entre los miembros de nuestra sociedad.
También es necesario entender que no se trata de problemas de los clientes con el negocio de la esquina, del taller o la tiendita, o de un mal servicio entre un vendedor y un consumidor, cuyo estatus es igual o por lo menos parecido. Se trata de controversias entre grandes empresas, enormes complejos corporativos en contra de un ciudadano, en contra de un estudiante, de un profesionista, de una ama de casa, de un obrero o de un miembro de la tercera edad, para quienes acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, o ante cualquier otra instancia, implica mucho de su valioso y escaso tiempo.
Todos sabemos que desahogar audiencias es muy tardado y finalmente nada garantiza no aparecer en el buró de crédito.
Por otro lado, entablar una demanda civil o mercantil resulta prácticamente impensable, no sólo por el costo del juicio, el que seguramente rebasaría por mucho la supuesta deuda, sino también por la complicación de los tiempos procesales.
A pesar de que los ciudadanos se sienten robados, defraudados, violentados y en estado de indefensión, hasta la fecha no ha sido posible lograr la adecuación de la legislación en su beneficio y protección.
Puesto que los ordenamientos jurídicos siguen presentando lagunas que con urgencia deben de subsanarse, cabe destacar que no obstante que el problema es de millones de personas, en todo caso una de ellas tiene que enfrentarlo individualmente. Por ello es que se considera importante el poder llenar el vacío existente a través de una norma jurídica que por sí misma evite que se susciten este tipo de controversias y que erradique las prácticas monopólicas que contravienen incluso lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien es cierto que el contrato es el acuerdo de voluntades y que no necesariamente debe constar en documento alguno, esta reforma plantea que en el caso preciso de las convenciones de tipo mercantil, las cuales se refieren a la contratación de un servicio, éstas deben hacerse de manera expresa y en donde se señale claramente que el consumidor acepta adquirirlo, así como el tiempo y el costo exacto del mismo.
Si con el paso del tiempo a ese servicio se le pretendiera agregar otro o modificar las condiciones primarias del contrato, siempre será indispensable contar también con el consentimiento expreso del cliente. Y de no ser así, éste quedará exento de cualquier obligación frente a la empresa otorgante.
Si se analiza a la luz del derecho civil la problemática aquí referida, observaremos que en la gran mayoría de los casos en controversia la expresión de la voluntad creadora del acto jurídico, es decir, del contrato, se encuentra disminuida en su eficacia y objeto por contener vicios en la voluntad o consentimiento, a veces por error, en otras por violencia y en algunas más por dolo.
La voluntad con la que se celebra un acto jurídico, por simple o mínimo que éste parezca, debe ser cierta. Al celebrar el acto jurídico siempre debe existir certeza, tanto en los fines que se persiguen, como en los efectos que de él se esperan.
Por lo que me propongo leer la propuesta a los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.
"Artículo 1o. Se adiciona el artículo 78 del Código de Comercio para quedar como sigue:
Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezcan, que quiso obligarse sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o de requisitos determinados.
En el caso en el que una de las partes ofrezca servicios al público, el usuario o cliente deberá aceptar de manera expresa la adquisición del servicio o bien.
La modificación a las características o precios pactados originalmente, así como la ampliación de servicios o la adquisición de otros que sean diferentes o supletorios al primario, tales como servicios de comunicación, expedición de créditos, seguros de vida, ampliación de canales de televisión, servicios de Internet, etcétera, sin ser estos ejemplos limitativos sino simplemente enunciativos. En caso contrario, la validez del acto comercial será nula y para reclamar su validez, ésta dependerá de la aceptación expresa y por escrito de las partes en donde se deberá establecer claramente el tipo de servicio, el pago correspondiente y la duración de las obligaciones, así como las penalidades en caso de incumplimiento.
La realización de cobros indebidos en los términos del párrafo anterior sobre servicios o productos que el cliente o usuario no hubiese solicitado de manera expresa; las presiones de afectar su historial crediticio o de cualquier otra índole o la afectación del mismo serán equiparadas al delito de fraude y se penalizarán conforme a la legislación penal vigente.
Señor, solicito un minuto más, por favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada.
La diputada Lourdes Quiñones Canales: Gracias, Presidente.
El artículo 2o., que es el artículo 80, se adiciona el artículo 80 del Código de Comercio para quedar como sigue:
"Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuera modificada, salvo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 78 de este Código".
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre del 2006.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lourdes Quiñones. Túrnese a la Comisión de Economía.
Esta Presidencia saluda a los jóvenes del Centro Universitario de Ixtlahuaca, Estado de México aquí presentes.
Tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el mismo diputado y por Víctor Manuel Palma César y Luis Enrique Benítez Ojeda.
El diputado Jesús Ramírez Stabros: Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos, con fundamento en los artículos 70 párrafos primero, segundo y tercero; 71 fracción II y 72 inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El artículo 69 constitucional que especifica que el jefe del Ejecutivo debe presentar un balance administrativo ante la Cámara de Diputados y Senadores, reunidos en el Congreso para la apertura de sus sesiones ordinarias, ha pasado por varias modificaciones antes de ser lo que actualmente conocemos.
Como antecedentes del Informe presidencial mexicano se encuentran dos que influyeron, el español y el norteamericano. En lo que se refiere al de Estados Unidos de Norteamérica, la ley pide al Presidente presentar al Congreso un mensaje sobre el presupuesto y un informe económico, así como dar algunas recomendaciones de orden legislativo.
En España, en el artículo 121 de la Constitución de Cádiz se encontraban algunos comentarios en el sentido de que en la fecha de apertura de las Cortes, el rey leería un discurso de carácter propositivo y no estrictamente informativo. Así, en México, doce años más tarde, el artículo 68 de la Constitución de 1824 otorgó a la Presidencia del Poder Ejecutivo en la apertura del Congreso, un carácter simplemente protocolario, ya que su única obligación era la de pronunciar un discurso en este importante acto.
El Presidente Guadalupe Victoria ––1824-1829–– impuso la práctica de participar personalmente en el acto inaugural del Congreso pronunciando un discurso de carácter informativo, pues los Constituyentes de 1856-1857 establecieron este informe como medio para que el Congreso pudiese controlar y sancionar las actividades del Ejecutivo; sin embargo, entre 1857 y 1867 se impidió la práctica real de la influencia parlamentaria.
Posteriormente, con el Presidente Porfirio Díaz en el marco de los mensajes al Congreso, la respuesta del Presidente del Congreso al Jefe del Ejecutivo, llegó a ser una simple alabanza. El Informe presentado por el Presidente Venustiano Carranza el 1 de diciembre de 1916 aportó una serie de datos para justificar la necesidad de un Ejecutivo fuerte, por ello en el artículo 69 se estableció que asistiría el Presidente de la República y presentaría un informe por escrito.
En el año de 1923 hubo una reforma al artículo 69, estableciendo que a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistiría el Presidente de la República y presentaría un informe por escrito en el que manifestaría el estado general que guarda la administración pública del país.
La última reforma que se realizó a este artículo fue en 1986, y sólo contempló un agregado a la asistencia del Presidente de la República, mencionando que presentaría un informe por escrito en la apertura de sesiones ordinarias del primer período de sesiones ordinarias del Congreso.
Como puede observarse, las reformas que hasta el momento ha tenido el artículo 69 constitucional no abordan de manera directa la forma en que el Presidente de la República habrá de presentar su informe, ya que sólo establece que será por escrito y manifestará el estado general que guarda la administración pública del país.
También es relevante mencionar que el formato del Informe presidencial se encuentra regulado en la Ley Orgánica y en el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que han tenido diversos cambios en sus disposiciones legales.
En 1929, el Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 182 establecía que el discurso que el Presidente de la República pronunciaría, el Presidente del Congreso contestaría en términos generales, sin hacer apreciaciones en nombre de las Cámaras ni ofrecer programa para el porvenir.
Para 1934 el Reglamento se reforma y el artículo 182 cambia por el 189, suprimiendo la prohibición al Presidente del Congreso de hablar en nombre de las Cámaras y de ofrecer programas para el porvenir.
Con el objeto de dar cumplimiento a las reformas realizadas a la Constitución en 1977, en las que en el artículo 70 se otorgan al Congreso facultades para expedir su propia Ley Orgánica, éste la expide y la publica en el Diario Oficial el 25 de mayo de 1979.
El Informe de Gobierno se encuentra regulado en el artículo 8o. de la citada Ley Orgánica, que menciona que el Presidente de la República acudirá a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y rendirá un informe, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución. Además, menciona que el Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales y con las formalidades que correspondan al acto. El informe será analizado por las Cámaras en sesiones subsecuentes.
Con la reforma de 1994, conocida como la nueva Ley Orgánica del Congreso, el artículo 8o. permite que los parlamentarios, diputadas, diputados y senadores —representando a los partidos políticos que concurran en el Congreso— intervengan hasta por 15 minutos cada uno antes de que se rinda el Informe Presidencial, con lo cual aquí también opera el control sobre el gobierno porque se manifiestan las discrepancias además de realizarse el examen, comprobación, inspección, análisis y verificación de la actividad que ha desempeñado el Presidente de la República.
Montesquieu, en su libro Del Espíritu de las leyes, trazó las coordenadas de un diseño estratégico para evitar la concentración del poder político y garantizar la vigencia de lo que actualmente conocemos como derechos fundamentales. Con el tiempo, las ideas de Montesquieu fueron adquiriendo una traducción intelectual concreta en los estados constitucionales modernos, de manera que la división de poderes se convirtió en una exigencia mínima e indispensable para la existencia de una Constitución.
Pensadores como John Logman y Montesquieu establecieron la necesidad de separar el poder para que no se concentrara en una persona, garantizando de esta manera la libertad y la seguridad de los gobernados. En los estados democráticos el poder se divide para evitar su concentración.
La división tradicional de poderes es: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Constitución establece un Poder Ejecutivo fuerte pero no ilimitado. Los poderes Legislativo y Judicial están dotados de cierto mecanismo para contraponer su fuerza.
Lograr nuevas instituciones jurídicas y políticas para modernizar el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión es un imperativo para garantizar la gobernabilidad del país, el ejercicio democrático y una mayor capacidad de respuesta institucional. Este objetivo pasa necesariamente por el acotamiento del ejercicio unipersonal y absoluto del poder, que es por definición una amenaza contra la democracia.
Don Manuel Orozco y Berra señalaba que la principal característica de un sistema democrático es la dilución pública de los problemas. Aunque exista la mejor buena fe en una sola persona responsabilizada del ejercicio del poder, tenderá de manera natural a interponer sus intereses o el de su círculo pudiendo cortar de tajo la delicada semilla de la libertad.
Por ello, juristas, filósofos, politólogos e investigadores de los asuntos públicos tanto del país como del extranjero han sugerido que la mejor garantía para la democracia es la existencia de mejores controles en el ejercicio del poder.
Esta iniciativa propone reformar el artículo 69 de la Carta Magna para establecer un formato más democrático y constructivo del Informe Presidencial. En este sentido, preserva la presentación del Informe por escrito el día de la apertura de las sesiones ordinarias y la lectura de un mensaje a la nación.
Aquí se establece también la facultad para que el Congreso analice el contenido del Informe. La iniciativa propone que transcurridos 20 días hábiles se realice una sesión de trabajo a la que concurran tanto el Presidente de la República como los miembros del Gabinete.
Al Presidente de la República se le dirigiría una pregunta por cada grupo parlamentario, por conducto de su coordinador. A los integrantes del Gabinete se les dirigirían dos preguntas por cada grupo parlamentario, específicamente por sus coordinadores, con derecho a una réplica y a una contrarréplica.
Las preguntas podrán ser expresadas en un lapso de diez minutos cada una, con igual tiempo para la respuesta y la contrarréplica a cada una de ellas. Asimismo, estas preguntas deberán enviarse con una antelación de cinco días hábiles al Presidente de la República y simultáneamente publicarse en la Gaceta Parlamentaria.
—Termino. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 69. El día de la apertura de sesiones ordinarias del primer período, el Presidente de la República hará llegar al Congreso un informe escrito del estado general que guarda la Administración Pública del país y emitirá un mensaje a la nación. Posteriormente el Congreso, atendiendo a su organización y disposiciones reglamentarias, analizará el contenido del Informe.
Transcurridos 20 días hábiles, el Congreso de la Unión se reunirá en sesión con el Presidente de la República y con los miembros de su gabinete; por medio de sus coordinadores los grupos parlamentarios formularán cada uno una pregunta al titular del Poder Ejecutivo federal en un tiempo de 10 minutos, las cuales serán respondidas en un lapso similar.
Asimismo, los grupos parlamentarios realizarán dos preguntas cada uno a los miembros del gabinete que corresponda a la naturaleza de las mismas.
Por cada pregunta habrá una réplica y una contrarréplica, cada una de 10 minutos. Las preguntas que se formularan en esta sesión se enviarán por escrito al Presidente de la República con una antelación de cinco días hábiles y se publicarán en la fecha de su emisión en el órgano oficial de cada una de las cámaras.
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficia de la Federación.
Rúbricas: del diputado Samuel Palma César, del diputado Luis Enrique Benitez Ojeda y la del de la voz diputado Jesús Ramírez Stabros. Muchas gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramírez. Túnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Víctor Valencia de los Santos: Con el permiso de la Honorable Asamblea. El suscrito, diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo con la siguiente
Exposición de motivos
La presente iniciativa tiene por objeto ampliar el límite de lo que se puede deducir por los consumos en restaurantes realizados por los contribuyentes, esto como un medio para fortalecer la actividad de la industria restaurantera nacional.
La industria restaurantera es en México una de las de mayor importancia y es fundamental para el desarrollo gastronómico y culinario del país; principalmente tiene un impacto y trascendencia social muy significativa por el gran número de personas que emplea.
La Secretaría de Turismo reconoció en el año 2004 que es la industria número uno empleadora de gente. En México estaban registrados en el año 2004, 221 mil restaurantes, de los cuales el 96 por ciento correspondía a la micro y pequeña empresa. Generaron 800 mil empleos directos y más de dos millones indirectos. Participan con el 2.3 por ciento en el producto interno bruto y con el 23.8 por ciento en el producto interno bruto turístico.
Por estas consideraciones básicas no podemos admitir explicaciones graciosas o simplistas que pretenden ocultar el fuerte impacto que tendrá un incremento en la no deducibilidad de los gastos de restaurantes para efectos del impuesto sobre la renta. Por el contrario, nos orientamos categóricamente en disminuir la no deducción en esta materia, incrementando el porcentaje que puede deducirse de un 25 por ciento como está en la norma hasta ahora vigente, a un 75 por ciento como una fórmula para promover, impulsar y fortalecer el desarrollo de la industria restaurantera y turística nacional, en apoyo y beneficio de este sector tan importante de mexicanos y de sus familias.
Esta iniciativa responde al reclamo de millones de mexicanos que invierten y trabajan en el sector restaurantero y turístico nacional, así como sus familiares que se han visto todos ellos afectados por más de tres lustros por políticas restrictivas y de corto alcance.
A través de esta iniciativa nos pronunciamos en contra de tendencias recaudatorias insensibles, parciales, con objetivos exclusivamente fiscales y que carecen, por ende, de una visión de Estado nacionalista y de una proyección de desarrollo integral de nuestro país.
Invito a mis compañeros y compañeras diputadas a suscribir y a adherirse conmigo a esta iniciativa que no solamente es inquietud del Consejo Coordinador Empresarial, de las diferentes organizaciones a nivel nacional que se dedican a esta importante actividad y no solamente por ello, sino también por millones de empleados que estas empresas generan precisamente con esta actividad.
Y en mérito a lo expuesto someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión el siguiente
Proyecto de decreto
Se reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 32.
I a XIX...
XX. El 25 por ciento de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100 por ciento los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que, por su naturaleza, no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.
El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo a 14 de diciembre del 2006.
Solicito a la Presidencia sea tan amable de que incluya íntegramente el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Víctor Valencia de los Santos. Se toma en cuenta su petición. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta Presidencia a nombre de la plenaria hace un cordial saludo a la UAM-Azcapotzalco y a los líderes sociales del Estado de México que se encuentran presentes con nosotros.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: Con la venia de la Presidencia de esta Mesa Directiva, el suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del PRI de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal con base en la siguiente
Exposición de motivos
Uno de los problemas estructurales de nuestro país es el problema de la educación, del cual depende el futuro de nuestro país y en particular en la vertiente de su financiamiento, tanto en el monto que se destina para fortalecer la calidad y cobertura de los servicios de educación así como su distribución entre las entidades federativas.
El reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el panorama de la educación 2006, señala que el gasto por estudiante de primaria en México es de mil 656 dólares; ajustado por diferencias en la paridad del poder adquisitivo, aproximadamente un tercio del promedio de la OCDE, que es de 5 mil 450 dólares.
Asimismo establece que en primaria y secundaria sólo el 2.8 por ciento del gasto se destina a inversión, que comparado con el promedio de la OCDE de 8.2 por ciento, resulta claramente inferior.
Adicionalmente sólo el 6.4 por ciento del gasto corriente en la educación primaria se destina a materiales educativos. El promedio de la OCDE es de 19.8 por ciento.
En la República Mexicana los servicios educativos se financian principalmente con gasto público de los tres órdenes de gobierno, ello a través de aportaciones federales, recursos provenientes de ingresos propios de las entidades federativas y en su caso, de los municipios.
En 1992 con la firma del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y Normal, se transfirió a los estados la responsabilidad de operar esos niveles del sistema educativo federal junto con los activos, infraestructura y docentes. Dicha descentralización de las responsabilidades educativas tuvo como finalidad mejorar los servicios educativos considerando que las entidades federativas conocen mejor las necesidades y demandas educativas y por ello responden mejor a ellas, así como involucrar más a los estados en la provisión de estos servicios.
Algunos estados como Aguascalientes, Oaxaca o Hidalgo, no prestaban servicios de educación básica y otros como el Estado de México, Nuevo León y Baja California atendían entre el 40 y el 50 por ciento de la demanda.
Sin embargo, la descentralización no significó un cambio en la asignación de las transferencias a las entidades federativas, ni se acompañó de mayores potestades tributarias para los estados, por lo que en la actualidad éstos tienen poco control sobre el tamaño relativo de su sistema educativo, el cual está determinado históricamente y es difícil de cambiar, por no contarse con recursos adicionales significativos.
Actualmente, la distribución de los recursos se determina de una manera inercial a partir del gasto que la Federación ejercía en cada entidad, cuando el sistema estaba centralizado, sin considerar el gasto en educación que ejercían los estados con recursos propios y por lo tanto, la distribución original no reflejaba en su momento y mucho menos en la actualidad, las necesidades y requerimientos de las entidades federativas en materia de educación, por lo que la mecánica de distribución hoy en día es inequitativa e ineficiente.
En ese sentido la falta de recursos suficientes y la iniquidad en su distribución ha provocado que los estados atiendan con recursos propios los compromisos federales en educación, afectando la ejecución de obras y servicios de otros sectores prioritarios.
Adicionalmente, la falta de equidad en la distribución del gasto federal ha generado una desigualdad regional en las oportunidades educativas, causando diferencias en el aprendizaje de los alumnos entre estados; sumadas a las características socioeconómicas y demográficas de cada región, que también explican parte de estas diferencias.
En la distribución del "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal", del Ramo 33, FAEB, no se consideran las condiciones de los sistemas educativos federales y estatales; más aún, no se considera el número de alumnos potenciales, sino el número de profesores e instalaciones educativas que eran necesarias hace 14 años.
En 2002 la Secretaría de Educación Pública recabó información sobre el financiamiento educativo estatal, observando que la proporción de la contribución federal al gasto educativo se ubicaba en un nivel promedio de 79.6 por ciento, mientras que los estados aportaban el 20.4 por ciento restante.
Asimismo se demostró la existencia de una gran heterogeneidad en la carga educativa financiada por las entidades federativas con recursos propios; 14 estados presentaban márgenes de financiamiento por arriba de la media nacional, desde 21.5 por ciento, hasta 38.6 por ciento del gasto total.
Seis estados aportaron recursos en un rango de 12.3 por ciento a 20.2 por ciento, 10 estados participaron con niveles de 0.8 por ciento a 8.7 por ciento, mientras que Oaxaca y el Distrito Federal no aportaron recursos propios a su gasto educativo.
A partir del año 2003 entró en vigor la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, estableciendo que el monto anual que la Federación, entidades federativas y municipios deben destinar al gasto y servicios educativos, no puede ser menor al ocho por ciento del producto interno bruto, señalando que los presupuestos públicos deberían de incrementarse gradualmente para alcanzar en 2006 dicha meta.
Con la propuesta que se pone a consideración de esta Asamblea, se modifican los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer lineamientos más claros acerca del tamaño del fondo, mediante la regla general de que el mismo deberá incrementarse por lo menos un cuatro por ciento en términos reales respecto al del año anterior y se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, se actualizarían las reglas de distribución de los recursos del fondo entre los estados en razón directa al índice de población en edad escolar, al rezago educativo presente en las entidades y al porcentaje de gasto en educación básica y normal, financiado directamente por las entidades federativas.
Bajo el nuevo esquema, la distribución de los recursos del fondo, estará basada en la demanda efectiva de servicios educativos, proponiéndose que dicha distribución se oriente en un 45 por ciento en relación directa con la población en edad escolar, entre 3 y 15 años. Adicionalmente, a fin de reflejar correctamente las necesidades educativas, se propone distribuir el 45 por ciento por la población en edad escolar ponderada por el inverso de un índice de educación que refleja el rezago educativo.
Finalmente el diez por ciento restante, se propone se distribuya en relación directa al gasto en educación básica y normal financiado directamente por las entidades federativas, a fin de compensar el impacto financiero que esto ha generado sobre las propias entidades.
No obstante el avance que en términos de equidad y reconocimiento al esfuerzo educativo representaría la presente propuesta, es de considerar que las entidades federativas requerirían de un periodo de ajuste para la aplicación de la nueva distribución de recursos, basada en la demanda efectiva de servicios educativos.
Esto es, el mecanismo de distribución actual deberá ir desapareciendo gradualmente, por ello se propone que el nuevo mecanismo se aplique a lo largo de los primeros cinco años al 20, 40, 60, 80 y 100 por ciento del fondo, respectivamente en cada año.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Único. Se reforman los artículos 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 27. "El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, debiendo ser por lo menos cuatro por ciento mayor en términos reales al del año anterior.
Este Fondo se enterará mensualmente a las entidades federativas por conducto de la federación, de acuerdo con los siguientes porcentajes…" Y se anexa la tabla de acuerdo a lo que yo comentaba.
El Pafef se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo con lo siguiente:
Primero. El 45 por ciento del Fondo en proporción directa al número de habitantes entre 3 y 15 años, que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate. El número de habitantes de entre 3 y 15, años se tomará en la información del último Censo de Población y Vivienda o conteo de población, que hubiera dado a conocer el INEGI.
Segundo. El 45 por ciento se distribuirá de acuerdo con la población a que se refiere la fracción anterior, ponderada por el inverso del índice de educación de cada entidad federativa, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio de que se trate.
Tercero. El diez por ciento restante se distribuirá de acuerdo con la población a que se refiere la fracción I, ponderada por el porcentaje del gasto en educación básica y normal, financiado directamente por cada entidad federativa en el año 2005.
Artículo 28 —y termino. "Para tal efecto, los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, proporcionarán al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del sistema educativo nacional, correspondan a la federación".
Se agregan los transitorios para que paulatinamente se vayan incorporando.
Dado en la sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2006.
Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva, sea tan amable de insertar el texto completo y en original en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputado, no se retire de la tribuna porque el siguiente punto también lo presenta usted. Se le concede el uso de la palabra para presentar iniciativa que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El suscrito diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, integrante del grupo parlamentario del PRI de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Legislatura la siguiente
Iniciativa de reforma de ley a los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene por objeto establecer las reglas de asignación de recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, con base en la siguiente
Exposición de motivos
Primero. Considerando que el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Gobernación por una parte y las entidades federativas y el Distrito Federal por otra suscribieron, con fecha 4 de noviembre de 1996, el Convenio General de Colaboración en Materia de Seguridad Pública para coordinar políticas, estrategias y acciones legales y administrativas necesarias para el eficaz funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Segundo. Considerando que para el año 2006 se autorizaron cinco mil millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, cantidad insuficiente para cumplir las acciones convenidas, ya que de cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos del gobierno federal solamente se destinaron 25 —y lo digo así nuevamente— 25 centavos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a pesar de que más de 90 por ciento de los elementos policíacos corresponden a los estados y a los municipios.
Tercero. Considerando que es necesario eliminar la incertidumbre respecto de la asignación de recursos para esta importante función gubernamental coordinada, cuyo monto presenta un déficit lacerante que afecta a la población de todos los estados de la República y constituye un reclamo generalizado de los habitantes de todo el país, por lo que es fundamental incrementar los recursos asignados a las entidades federativas con el objeto de:
Primero. Permitir la cooperación y coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública de la Federación y los gobiernos estatales y municipales para homologar la actividad policial y profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública con acciones que requieran recursos económicos por más de un ejercicio fiscal.
Segundo. Permitir que los gobiernos estatales y municipales tengan cada vez más recursos y facultades para prevenir la comisión de delitos y combatir a la delincuencia, principalmente la relacionada con el narcotráfico, narcomenudeo y en general con el crimen organizado.
Con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en este acto me permito someter a la consideración de esta honorable Legislatura, la siguiente
Iniciativa de proyecto de reforma de ley o decreto de los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal que tiene por objeto establecer las reglas de asignación de recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33.
Artículo primero. Se reforman los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 44: El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente a 0.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas el fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal.
La distribución de los recursos se hará con base en criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal, la distribución que tenga que ver con la problemática criminal, la dimensión territorial y geográfica, el índice de ocupación penitenciaria, la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados, así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.
La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación, que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate.
Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán firmarse en un término no mayor a 60 días, contados a partir de la publicación antes mencionada.
Este Fondo se enterará mensualmente a las entidades federativas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros 10 meses del año, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo.
Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7 de esta Ley.
Artículo 45. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con las tareas de seguridad pública a complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los Ministerios Públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores, al establecimiento y operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones e Informática para la Seguridad Pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.
Las responsabilidades laborales que deriven de estos recursos estarán a cargo de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal. Dichos recursos deberán aplicarse conforme a los Programas Estatales de Seguridad Pública derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública acordado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Serán materia de anexos específicos entre la Federación, los estados y el Distrito Federal, los programas de la Red Nacional de Telecomunicaciones e Informática y el servicio telefónico nacional de emergencia del Sistema Nacional de Información.
Los estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la información financiera, operativa y estadística que le sea referida.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2006. Firma el suscrito, Luis Enrique Benítez Ojeda. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de Concursos Mercantiles.
El diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con su venia. En virtud de estar el texto completo en la Gaceta Parlamentaria, obvio la lectura de la iniciativa, la cual solicito se publique íntegra en el Diario de los Debates.
Compañeros y compañeras diputados. El marco jurídico de nuestro país tiene un papel fundamental en el establecimiento de las bases sociales y económicas, para generar el ámbito idóneo para atraer inversiones que se traduzcan en el motor de crecimiento de la economía. Por ello es fundamental modernizar diversos aspectos de dicho marco, para situarnos como un país innovador, acorde con las mejores instituciones y prácticas a nivel mundial.
Como Poder Legislativo es nuestro mandato crear instrumentos y ordenamientos jurídicos que den agilidad, eficacia y orientación a todos los sectores de la sociedad. En tal virtud, el día de hoy vengo a proponer la inserción en nuestro marco legal de la figura jurídica denominada "Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada", la cual traería diversas ventajas, entre las que brevemente puedo mencionar: eliminar la simulación jurídica y la creación de sociedades que no se deseaban constituir, permitir a las personas físicas o morales que de manera individual puedan limitar su responsabilidad frente a terceros con un capital determinado e incentivar la inversión, generando mayores posibilidades y facilidades para crear empresas que a su vez generen empleos en beneficio de todos.
Por lo anteriormente expresado y para implementar la referida figura jurídica, pongo a consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 3 y se incorpora un libro sexto al Código de Comercio denominado "De la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada", y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 4 de la Ley de Concursos Mercantiles. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Gildardo Guerrero Torres. Túrnese a la Comisión de Economía.
Se concede el uso de la tribuna al diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta Presidencia a nombre del Pleno da la más cordial bienvenida a los invitados especiales de la delegación Iztacalco.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar una iniciativa que busca fortalecer el federalismo, que busca fortalecer la solución de los problemas donde éstos se generan, que es básicamente en el ámbito de los municipios y de las entidades federativas.
El diseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal delimita la posibilidad de establecer impuestos o derechos estatales o municipales, por la suscripción de los convenios de adhesión de los estados a dicho Sistema.
El esquema del Sistema Fiscal Federal es altamente centralizado en la obtención de ingresos y en el ejercicio del gasto que éste realiza en los tres órdenes de gobierno, lo cual ha propiciado la dependencia financiera de estados y municipios. Los avances por dotar a las entidades federativas y municipios han sido escasos. El ejemplo más claro lo tenemos en el incremento que se ha dado en el Fondo General Participable, donde de hace aproximadamente 10 años a la fecha no ha tenido movimiento alguno y esto refleja la alta concentración del ejercicio del gasto público.
Los estados y los municipios enfrentan problemas financieros severos y por lo tanto, no han alcanzado la madurez económica que les permita cumplir eficientemente sus tareas constitucionales.
Diversas circunstancias de orden político y económico han propiciado que estos órdenes de gobierno enfrenten carencias de tipo financiero y jurídico en relación con los órganos de gobierno del ámbito federal, lo cual ha impedido su funcionamiento autónomo, porque dotar a los municipios de autonomía política, de autonomía administrativa, pero si no se da en el mismo sentido la autonomía financiera, ésta hace nugatorias el resto de las autonomías y no podemos hablar de una verdadera libertad de los ámbitos de gobierno del orden municipal.
Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones y gasto federalizado se han incrementado en los últimos años, pero más enfocados a la descentralización de los recursos que están establecidos en el Ramo 33 y en el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (PAFEF); pero recursos éstos —en el caso del Ramo 33—, donde los municipios y los estados no tienen la entera libertad para poder ejercer estos recursos en función de las demandas más sentidas de la población, porque estos recursos, en gran medida, van etiquetados. Lo único que va de manera libre para poder atender estas demandas es lo que se entrega por concepto de las participaciones federales a estados y municipios.
Por otra parte, la infraestructura actual de los gobiernos estatales y municipales no es suficiente en la mayoría de las entidades, municipios y del Distrito Federal, para satisfacer las demandas crecientes en la infraestructura; y un ejemplo de ello es que la inversión que hacen los estados en esta materia, no alcanza ni siquiera el uno por ciento del producto interno bruto.
Es común escuchar que se debe impulsar el papel estratégico de las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal, promoviendo su desarrollo económico y social con un enfoque local, a través de una verdadera descentralización responsable y ordenada de la política hacendaria.
Por ello, la iniciativa que ahora estoy proponiendo a la consideración de esta representación popular, busca que el 100 por ciento de la retención del impuesto al valor agregado derivado de la realización de obras públicas de los estados, municipios y el Distrito Federal, no se entere a la federación y que estos recursos, de acuerdo con la reglamentación que establezca el Sistema de Administración Tributaria, se participen directamente a las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal en sus respectivos órganos, sin formar parte de la Recaudación Federal Participable.
Esta medida contribuirá a aliviar las limitaciones de gasto en inversión que los gobiernos locales presentan, mejorando la distribución de los recursos y de la inversión pública, además de ser un aliciente para estados y municipios y el Distrito Federal para llevar a cabo más inversión en obras públicas que potencialicen el desarrollo local y alienten la equidad regional.
Esta propuesta lo que busca es que lo que se paga por concepto de IVA en la realización de la obra pública que realizan tanto los gobiernos estatales, municipales y el Distrito Federal, ese recurso no se entere a la Federación, no forme parte del Fondo General Participable y que se quede en el ámbito de estos gobiernos pero que vaya etiquetado sólo para la realización de obra pública.
Que quede claro que aquí no se abre ni siquiera la posibilidad de que estos recursos puedan ser utilizados para gasto corriente. Tendría que ser etiquetado, reitero, para que se aplique nuevamente la atención de las demandas en infraestructura más importante que tengan cada una de estas localidades.
Por lo anterior, se propone establecer en el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que las entidades federativas, municipios y Distrito Federal y sus respectivos organismos efectúen la retención del impuesto en el momento en el que se pague la contraprestación sobre el monto de lo efectivamente liquidado por la obra pública, no enterando el impuesto a la Federación, mismo que sería directamente participable.
Además, para concretar la propuesta, se plantea reformar el párrafo cuarto y adicionar un párrafo quinto al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de excluir de la recaudación federal participable la retención del impuesto al valor agregado que se traslade por la realización de obras públicas en las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y participar a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal sus respectivos organismos en el 100 por ciento de su recaudación.
En la iniciativa se faculta al Sistema de Administración Tributaria para que establezca las reglas, requisitos y características que los estados, municipios y el Distrito Federal deberán cumplir para transparentar el ejercicio de los recursos retenidos a que se refiere la presente iniciativa.
De aprobarse la propuesta que ahora estamos realizando, además de lo antes considerado se contribuirá a aliviar las limitaciones de gasto en inversión que los gobiernos locales presentan, mejorando la distribución de los recursos y de la inversión pública además de ser esto un aliciente para los estados, municipios y el Distrito Federal para llevar a cabo más inversión en obra pública que potencialicen el desarrollo local y fortalezcan realmente la equidad regional.
De esta manera, amigas y amigos legisladores, es como buscamos de una manera responsable hacer las modificaciones a nuestro marco jurídico para que fortalezcamos a los órdenes de gobierno que tienen el contacto más directo con la población y donde también hagamos corresponsables a estos órdenes de gobierno en la recaudación y sobre todo en la transparentación de la utilización de dichos recursos.
No se trata sólo de pedir más recursos para estados y municipios sin saber a dónde van estos recursos. Queremos que no vayan etiquetados esos recursos que se entregan mediante el gasto federalizado a los estados y municipios; pero que sean allá, en el ámbito de las legislaturas locales, en el ámbito de los ayuntamientos, estos cuerpos colegiados los que determinen cuál es el fin, cuál es el uso que se le va a dar a los recursos que por esta vía se puedan entregar a estos órdenes de gobierno.
De esta manera pues, estoy seguro que de encontrar una respuesta favorable de quienes ahora formamos parte de esta Legislatura vamos a contribuir de manera importante a fortalecer el federalismo y fortalecer el federalismo es apoyar en los hechos la solución de los problemas que se generan en cada localidad, en cada comunidad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rosas Aispuro. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra el diputado César Flores Maldonado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado César Flores Maldonado: Con su permiso, señor Presidente. Señores diputados. El suscrito diputado César Flores Maldonado, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en esta Legislatura a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción III y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 55 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, a fin de incorporar el ejercicio pleno de los partidos políticos del derecho constitucional de acceder a la administración de justicia impartida por los tribunales electorales del Estado mexicano, en relación a los juicios de inconformidad.
Conforme al artículo 51 de la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral, el escrito de protesta es un medio para acreditar posibles irregularidades suscitadas en las mesas directivas de casillas, instaladas éstas el día de la jornada electoral y deberán ser presentados al final del escrutinio y cómputo de la casilla o ante el consejo distrital correspondiente, antes de que se inicie la sesión de los cómputos distritales.
Y tiene la característica de ser un requisito que hace procedente al juicio de inconformidad contra los resultados de la votación recibida en una casilla, la declaratoria de validez de la elección y de la entrega de la constancia de mayoría relativa de las elecciones correspondientes; sólo cuando se hagan valer las causales de nulidad prevista en el artículo 75 de la ley de la materia, a excepción de la señalada en el inciso b) del párrafo primero de dicho precepto.
El juicio de inconformidad es el mecanismo de defensa idóneo para poder invocar las causales de nulidad de la votación recibida en casilla por irregularidades ocurridas en el día de la jornada electoral.
Asimismo, también el día de la jornada electoral los partidos políticos, a través de sus respectivos representantes, tienen conocimiento del resultado de la elección en la casilla; por lo tanto, han identificado debidamente el acto impugnado que da sustento legal a la demanda de inconformidad interpuesta, cuyo análisis compete a los tribunales electorales competentes.
Ahora bien, el incumplimiento de la presentación del escrito de protesta como requisito especial para que se haga procedente este juicio de inconformidad, tiene diferentes sanciones. Para el caso particular, debe decirse que la falta de presentación de algunos de los requisitos esenciales que deben acontecer en la demanda de inconformidad, provoca la improcedencia del medio de impugnación y consecuentemente el sobreseimiento del medio de impugnación.
En el año de 1999 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante jurisprudencia número J06/99 correspondiente a su tercera época, había declarado que dicha disposición era contraria al artículo 17 de la Constitución federal y por tanto no debe atribuírsele el requisito de que debe hacer procedente de los medios de impugnación electorales, toda vez que constituye una limitación al ejercicio del derecho constitucional, de acceder a la administración de justicia impartida por los tribunales electorales del Estado mexicano.
Voy a rogarle al Presidente que se inserte en el Diario de los Debates íntegra esta iniciativa y voy a concluir con el tema fundamental.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 55 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General des Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.
Artículo 51
Primero. El escrito de protesta por los resultados contenido en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral.
Dos. No habrá formalidad alguna en la presentación del escrito de protesta, pero deberá identificar los requisitos señalados en las siguientes fracciones:
III.- El escrito de protesta deberá contener
a).- El partido político que lo presenta.
b).- La mesa directiva de la casilla ante la que se presenta.
c).-La elección que se protesta.
d).-La causa por la que se presenta la protesta.
e).-Cuando se presente ante el consejo distrital correspondiente, se deberán identificar además individualmente cada una de las casillas que se impugnan, cumpliendo con lo señalado en los incisos c) y d) anteriores, y
f).-El nombre la firma y el cargo partidario de quien lo presente.
IV.- El escrito de protesta podrá presentarse ante la mesa directiva de casilla al término del escrutinio y cómputo o ante el consejo distrital correspondiente antes de que se inicie la sesión de los cómputos distritales, en los términos que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
V. De la presentación del escrito de protesta, deberá acusar recibo o razonar de recibida una copia del respectivo escrito, los funcionarios de la casilla del consejo distrital ante el que se presenten.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la fecha que debe de llevar el decreto. Atentamente, César Flores Maldonado. Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado César Flores. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América. Publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Dictamen de la Comisión de Pesca para exhortar a la Sagarpa, defina la entrada en vigor de la NOM-029-PES-2006, para que la pesca de tiburones y rayas sea específicamente para su aprovechamiento.
Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para exhortar al Ejecutivo federal expida el reglamento para de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores para solicitar al Ejecutivo federal envíe a esta soberanía la posición del gobierno mexicano sobre el restablecimiento de la caza comercial de ballenas para el gobierno de Islandia y a su vez condene dicho acto.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se emite una comunicación oficial al Parlamento Canadiense, reconociendo la solidaridad de los legisladores que participaron en la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá-México en la firma de la Declaración Conjunta, signada por ambas delegaciones.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores para exhortar al Senado de la República ratifique la enmienda de Beijing que modifica el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan a la capa de ozono.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados ratifica su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad y se compromete a promover una cultura de respeto, tolerancia e inclusión a través de los instrumentos a su alcance.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo, con excepción del relativo a la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 02 /PEZ 2006, para la pesca de tiburones.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo a los que se dio lectura, con excepción del dictamen de la Comisión de Pesca, para exhortar a la Sagarpa defina la entrada en vigor de la NOM 029/PEZ 2006, para que la pesca de tiburones y raya, sea específicamente para su aprovechamiento.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Con respecto al dictamen de la Comisión de Pesca han solicitado la palabra el diputado Luis Enríquez Martínez, del PAN y la diputada Guadalupe García Noriega, del Verde Ecologista y el diputado Carlos Morales. Tiene la palabra el diputado Luis Enríquez Martínez.
Esta Presidencia saluda a los ciudadanos del municipio de Cotzintla, Veracruz, aquí presentes en la sesión. También a los jóvenes del colegio Condado School, de Irapuato, Guanajuato.
El diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez: Con su permiso, diputado presidente. México cuenta en sus litorales y aguas nacionales, con grandes riquezas naturales, específicamente de tiburón, existen aproximadamente 115 especies distintas de las 350 que hay en el mundo.
Los tiburones y las rayas constituyen grupos biológicos que son objetivo de la pesca comercial, produciéndose anualmente más de 30 mil toneladas en México, siendo este país uno de los primeros productores a nivel mundial y generándose alimento de bajo precio y alto valor nutricional, así como varios miles de empleos directos o indirectos.
Sin embargo, a nivel mundial muchas de las especies de tiburones y rayas presentan signos de aprovechamiento intensivo y sobrepesca, poniéndose en riesgo las pesquerías y la seguridad de su permanencia en el largo plazo.
En México los esfuerzos de investigación y análisis que se han llevado a cabo han permitido ratificar la necesidad de atender en forma inmediata la problemática del aprovechamiento de los tiburones y rayas. Así como establecer medidas que mitiguen los efectos colaterales de la pesca de estos recursos sobre otros organismos pelágicos.
Considerando la importancia económica, alimentaria, social y biológica de las pesquerías de tiburones y rayas en México, se hace necesario expedir una norma oficial mexicana con la finalidad de inducir un aprovechamiento racional y sostenible en conservación., mediante la regulación pesquera.
La Norma Oficial Mexicana NOM 029/PSC-2006, pesca responsable de tiburones y rayas, especificaciones para su aprovechamiento, es un proyecto de regulación que ha elaborado la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Sagarpa, con la colaboración de grupos de investigación, sectores productivos de la pesca comercial, organizaciones no gubernamentales y otras dependencias de la administración pública federal.
El proceso de elaboración y aplicación de la NOM 029 forma parte de la política de pesca responsable, a nivel internacional y especialmente se relaciona con la aplicación del plan de acción internacional para el manejo y conservación de los tiburones que han acordado los países en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, para la agricultura y la alimentación.
La NOM 029 mantiene la captura de tiburón y rayas a niveles sustentables de manera que el recurso podrá seguirse aprovechando a mediano y largo plazo, manteniendo o mejorando sus niveles de rentabilidad, protege a las especies de tiburón a través de vedas por zonas y temporadas, prohibición del aleteo, limitación del esfuerzo pesquero, mejora de la selectividad de los sistemas y artes de pesca, protege zonas de alta diversidad de especies en los arrecifes coralinos y desembocaduras de ríos y lagunas.
Protege otras especies como las tortugas y los lobos marinos, incluye un sistema nacional de información científica que ayudará en la investigación al conjuntar los datos de las bitácoras de pesca, aviso de arribo, observadores a bordo e instituciones de investigación.
Beneficia la pesca deportiva al prohibir la pesca de tiburón en una franja marina, de acuerdo al tipo de embarcación y equipo de pesca, lo que evitará la captura incidental de especies destinadas a la pesca deportiva en esas zonas. Prohíbe utilizar los palangres y redes de enmalle, con el fin de proteger también a las ballenas.
Con la NOM-029 se apoya al sector social ya que con la protección de recursos derivan las regulaciones; la pesquería tendrá mayor oportunidad de permanecer en niveles sustentables y podrá seguirse aprovechando ya que induce a mantener o mejorar los niveles de rentabilidad al prohibir el incremento al esfuerzo pesquero.
La sustentabilidad de la NOM-029 protege al tiburón y rayas en períodos críticos de su ciclo de vida, como la reproducción y nacimiento. Al prohibir la pesca en zonas y temporadas de veda no permite la pesca indiscriminada al prohibir —reitero— el aleteo.
Contribuye a la protección de las especies de tiburón, rayas en peligro de extinción o sujetas a protección especial al prohibir su captura. Mejora la selectividad de los sistemas de arte y de pesca de tiburones y rayas—como mencioné hace un momento—prohíbe las redes de enmalle.
La contribución de la NOM-029 no sólo beneficia a la pesca de tiburón y raya, sino que protege zonas de alta diversidad de especies al prohibir la pesca en arrecifes coralinos y desembocaduras de ríos y lagunas. Protege otras especies al prohibir la pesca en playas de anidación de tortugas marinas y cerca de colonias, también, de los lobos marinos.
Actualmente no existe una zona de exclusión para la pesca comercial de acuerdo con el marco jurídico actual, por lo que dentro de las 50 millas náuticas se puede realizar las actividades de pesca comercial, de consumo doméstico, pesca de fomento y acuacultura.
La Norma 029 estable una franja costera de restricción para la pesca del tiburón de acuerdo al tipo de embarcación y equipo de pesca; situación ajena a lo dictado por el artículo 13 de la Ley de Pesca vigente.
Para la pesca deportiva contribuye el establecer disposiciones como la restricción para la pesca de tiburón en una franja marina de 10, 15, 20 o 50 millas, de acuerdo al tipo de embarcación y de pesca, uso de anzuelos que reduzcan la pesca incidental de especies protegidas y las destinadas a la pesca deportiva, sistemas de información para determinar cuotas de pesca incidental —y con esto concluyo.
Para tal motivo con la entrada en vigor de la Norma 029 asegurará de manera contundente al control de la pesca, el fortalecimiento de programas de investigación, la creación de un sistema de información para dar seguimiento a las operaciones de captura de tiburones, rayas y especies asociadas.
Se propiciará la creación de comités estatales o regionales de manejo pesquero, incluyendo la participación de los sectores académicos y productivos y en síntesis, contribuirá al uso sostenido de largo plazo de estos importantes recursos biológicos y a su conservación. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Rodolfo Enríquez. Tiene la palabra la diputada Guadalupe García Noriega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy hago uso de la tribuna para hacer una reflexión de la importancia que reviste la aprobación del punto de acuerdo presentado por la Comisión de Pesca en el sentido de exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a diferir la entrada en vigor de la Norma Oficial 029-PECS-2006, "Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento".
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, preocupado por el cuidado y conservación de nuestros recursos marinos y acuáticos, consideran que la aprobación del presente dictamen, nos permitirá por un lado, corregir las diferencias que en materia de cuidado conlleva la entrada en vigor de disposiciones aplicables a este tipo de pesquerías .
Y por otro, que los pescadores y actores directamente afectados por estas actividades económicas, conozcan las implicaciones de la norma. Entre las cuales se encuentra el fomento de la pesca deportiva con base en criterios de conservación de las especies citadas; así como aquellos que se verán afectados de manera incidental.
Compañeros legisladores, es nuestro deber comenzar a asentar las bases que nos permiten elaborar instrumentos de política ambiental tendientes a un desarrollo sustentable que se traduzcan en beneficios ambientales y sociales derivados de actividades económicas, en este caso de la pesquería del tiburón y raya.
Como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, es menester cuidar nuestros ecosistemas pesqueros mediante la toma de medidas y acciones que permitan su conservación, lo que implica llevar a cabo un aprovechamiento que se base en criterios de sustentabilidad y que cuente con un sustento legal, debido a la importancia de la actividad pesquera y acuícola nacional que necesariamente conlleva un impacto económico y social que genera un promedio de 350 mil empleos directos y dos millones 300 mil empleos indirectos, con un valor promedio anual de la producción, de más de 12 mil millones de pesos, incluyendo exportaciones por más de 600 millones de dólares al año y una balanza comercial históricamente superavitaria en el sector; cerca de 400 millones de dólares.
Es por ello que en aras de continuar con este promedio y de conservar la riqueza de nuestros recursos, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen ya que consideramos que es necesario el desarrollo sustentable del sector, tomando en cuenta que gran parte de nuestra soberanía alimentaria depende la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas.
Compañeras y compañeros. Reconocemos que es necesario continuar con el esfuerzo realizado, ya que el espíritu de este dictamen mejora el marco jurídico en materia pesquera. Por su atención, gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Guadalupe García. Tiene la palabra el diputado Carlos Morales Vázquez, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez: Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Bien han dicho mis compañeros diputados que me antecedieron en la palabra. El compañero Luis y Lupita hicieron un recuento importante de las bondades de esta norma 029, que tiene como propósito proteger al tiburón y a la raya.
La Comisión de Pesca —y lo hemos manifestado todos los compañeros que somos miembros de ésta— tenemos como objetivo fundamental la conservación y el aprovechamiento sustentable. Esos son los objetivos que rigen nuestra tarea.
El dictamen que hoy presentamos a consideración de ustedes es resultado de la petición que hicieran en esta tribuna los diputados Víctor Manuel Lizárraga y Juan Adolfo Orcí, para que revisáramos en el seno de la Comisión de Pesca y se hiciera una valoración adecuada de las ventajas y el impacto que podía tener en el sector la aplicación de la Norma 029.
¿Qué es la Norma 029? Es un reglamento que tiene facultades el Ejecutivo para emitirlo —en este caso mediante la Sagar— para que se norme la explotación y el aprovechamiento de ciertos recursos, entre ellos el sector pesquero. Por eso se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en meses pasados, esta Norma 029 y se interpretó en algunos sectores, fundamentalmente en quienes promueven la pesca deportiva, que era dañino, que iba a afectar a la pesca deportiva.
Después de un análisis minucioso que hizo la subcomisión que creó la Comisión de Pesca, en la que participaron funcionarios públicos —que son quienes están promoviendo esta Norma— y especialistas en la materia quedamos plenamente convencidos de las necesidades de que normemos el aprovechamiento del tiburón y de la raya y se concluyó pensando en los razonamientos que aquí hicieron mis compañeros cuidadosamente de esta necesidad y acordamos en la Comisión de Pesca someter a consideración de ustedes el que apoyemos la entrada en vigencia de esta Norma, que va a ser de gran beneficio para la pesca y fundamentalmente para que preservemos este recurso natural que tenemos en nuestro país.
Se concluyó que es necesario que se haga un estudio de impacto de la Norma 029 para que podamos, en un momento dado, atender sus efectos. Se concluyó también que la Norma entre en vigor 90 días después de su publicación; una vez que se publique que nos den 90 días, porque necesitamos hacer una amplia campaña de información en la que se conozcan las ventajas que esta Norma tiene, el impulso que le va a dar al sustento y a la preservación.
Compañeras y compañeros diputados. El que aprobemos hoy este dictamen va a mandar un mensaje muy importante al sector pesquero: que esta Cámara está consciente y que está trabajando en la preservación de nuestros recursos naturales, sin dejar de lado el aprovechamiento sustentable.
Por el apoyo que den a este dictamen, compañeras y compañeros diputados, los miembros de la Comisión y el sector pesquero y quienes pensamos en la conservación de los recursos naturales vamos a agradecerles. Por su atención, gracias. Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Morales. Tiene la palabra el diputado José Luis Blanco Pajón, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado José Luis Blanco Pajón: Con su permiso, señor Presidente. Con el permiso de las compañeras diputadas y compañeros diputados. La fracción parlamentaria del PRI reconoce que los recursos naturales, el medio ambiente en su conjunto son nuestra herencia más importante para las futuras generaciones. Podemos heredar a nuestros hijos un importante patrimonio o condenarlos a pagar nuestras deudas.
Compartimos la visión de la Comisión Mundial del Medio Ambiente que define al desarrollo sustentable como aquél que satisface las necesidades del presente, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
Los priistas reconocemos que nuestro país posee una basta biodiversidad. En tal sentido, queremos un país que sea capaz de preservar su patrimonio nacional y que estimule su seguridad ambiental.
En razón de lo anterior es que manifestamos nuestro apoyo al proyecto de dictamen que nos ocupa para exhortar a la Sagarpa a diferir la entrada en vigor de la Norma Oficial 029 relativa a la pesca responsable de tiburones y rayas por un plazo no menor de 90 días, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como a realizar el estudio correspondiente dentro del plazo previsto, sobre las repercusiones económicas que la entrada en vigor de dicha norma tendrá en las actividades comerciales y deportivas de dichas especies marinas.
El grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor de la difusión y de la sensibilización sobre nuestra biodiversidad, por considerarlas estrategias fundamentales para concientizar y crear una cultura de la conservación y la preservación de nuestras especies.
Actualmente, con la pesca del tiburón miles de organismos como son las ballenas, delfines, focas, lobos marinos, rayas, tortugas marinas y tiburones son capturados indiscriminadamente, pese a que muchas de esas especies se encuentran clasificadas como amenazadas en peligro de extinción.
Las artes de pesca empleadas actualmente en la captura del tiburón no son selectivas. Por ejemplo, las redes de malla y palangre; las redes de deriva tienen hasta mil 800 metros de longitud y 50 metros de profundidad. De hecho, se les conoce como paredes de la muerte.
Los tiburones y las rayas son especies que tienen baja fecundidad y largos períodos de gestación; es decir, un escaso potencial reproductivo, bajo ritmo de crecimiento y gran longevidad.
Los tiburones están en gran peligro no sólo por la forma en que son capturados sino debido a las prácticas, como por ejemplo el aleteo, en el que se aprovechan únicamente las aletas y en ocasiones los tiburones son atrapadas, se le cortan las aletas y se devuelve el resto al mar, donde mueren desangrados.
Debido a esto se hace necesario aprobar la Norma 029, la cual contiene entre sus lineamientos la prohibición del uso de redes de deriva a las embarcaciones de mediana altura y de altura, permitiendo no sólo la utilización de redes de fondo a las embarcaciones artesanales, sino que prohíbe el aleteo de tiburones, la pesca en aguas marinas localizadas frente a las desembocaduras de ríos y lagunas costeras, hasta 2.5 kilómetros a cada lado de los extremos de la boca y establece 10 zonas de refugio para tiburones y rayas; áreas fundamentales para la alimentación, reproducción y crecimiento de tiburones, protegiendo así el futuro del recurso.
Obliga a los pescadores también a participar en talleres de capacitación sobre las medidas de conservación de las especies en riesgo, así como la protección de sitios, anidación y alimentación de las tortugas marinas.
Bajo la anterior orden de ideas, nos pronunciamos los de la fracción parlamentaria del PRI, a favor de un desarrollo sustentable y responsable. Estamos convencidos que las políticas públicas y las normas oficiales deben de ser congruentes con el cuidado del medio ambiente y con la realidad económica y social de los sectores productivos, así como incluir los elementos educativos necesarios para impulsar una nueva cultura que genere riqueza y que conserve los recursos no renovables.
Es importante señalar que —como dijimos— la Norma 029 tiene un espíritu muy válido para la preservación de las especies, pero al diferir la aplicación de esta Norma en 90 días, que es la esencia de este dictamen, es para que se pueda en ese lapso llevar a cabo un programa de difusión de información y de concientización sobre los beneficios futuros de esta Norma.
En este sentido es que el PRI solicita su apoyo y solidaridad para el presente dictamen, porque al hacerlo nos solidarizamos también con las comunidades ribereñas que viven en esa actividad y con el medio ambiente, que es patrimonio de todas y de todos los mexicanos, no solamente de los que estamos aquí, sino de las generaciones futuras que merecen vivir en un país próspero y desarrollado que brinde oportunidades. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Blanco. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición del dictamen relativo a la Comisión de Pesca.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo a discusión. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, del grupo parlamentario del PRD, para comentar respecto del punto de acuerdo ya aprobado sobre la comunicación oficial del Parlamento canadiense.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañeras y compañeros. El día de hoy ha pasado a esta soberanía un punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se refiere a la realización, a fines de octubre, en Ottawa, Canadá, de la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá-Estados Unidos.
Como se recordará, México —el Congreso mexicano— tiene interparlamentarias con países vecinos; con Estados Unidos destacadamente —ya llevamos 45 reuniones interparlamentarias—, con Canadá tenemos 14, con Cuba hay alrededor de ocho o 10 reuniones interparlamentarias; falta una con México y Centroamérica. Pero esta Reunión Interparlamentaria México-Canadá tiene cada vez mayor importancia en la medida en que ha habido puntos de coincidencia entre el Parlamento canadiense y el Congreso de la Unión de México.
Por eso, solicité el uso de la palabra para expresar que es muy importante este punto de acuerdo que se refiere a la implementación de los acuerdos de la Interparlamentaria México-Canadá, ya que en muchos temas hemos venido coincidiendo.
En las primeras reuniones interparlamentarias coincidimos en el tema de la paz en Centroamérica y de situaciones como la Condena de la dictadura militar en Chile, el Apartheid en Sudáfrica y hoy, en esta declaración, en la cual participó una destacada delegación tanto de senadores como diputados mexicanos, se aprobaron dos temas que son de la mayor importancia:
Uno, una condena del Parlamento canadiense y del Congreso de la Unión de México a la construcción del proyectado muro en la frontera México-Estados Unidos. Esto es importante porque Canadá es el tercer socio comercial del Tratado de Libre Comercio de América y es un vecino en términos comerciales y políticos que requiere que le pongamos más atención, y por eso es destacable que el Parlamento canadiense haya expresado este repudio a la construcción del muro fronterizo.
Y dos, hay el acuerdo para que se instale, que se promueva más bien, una trilateral entre el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento de Canadá y el Congreso de la Unión de México. Nos parece que esto es importante —ayer lo vimos en la Comisión de Relaciones Exteriores— y lo que acordamos es que se le dé seguimiento a estos trabajos; vamos a integrar, con la Mesa Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, un grupo de trabajo que le dé seguimiento a estos acuerdos y tenemos ya proyectada una ocasión propicia, que es que en mayo o junio del 2007 se va a realizar la XLVI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.
La XLV Reunión Interparlamentaria se realizó en mayo de este año en Valle de Bravo, Estado de México y —es un año en México y otro en Estados Unidos— por lo que la Interparlamentaria México-Estados Unidos se va a realizar en mayo del 2007 en alguna ciudad de la Unión Americana.
Y hemos visto ahí, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que es necesario que con motivo de esta próxima que en mayo se va a realizar —la XLVI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos— ya veamos un mecanismo para concretar esta reunión trilateral parlamentaria, sobre todo porque después de la reunión de Ottawa ocurrieron las elecciones del 7 de noviembre en los Estados Unidos, donde fue derrotada la mayoría anterior republicana y por primera vez los demócratas, desde hace 20 años, tienen ya mayoría en ambas cámaras del Capitolio.
Por lo tanto, creo que retomamos una idea que expresó aquí el diputado Raymundo Cárdenas cuando analizamos el resultado de las elecciones del 7 de noviembre, sobre la necesidad de que ahora el Congreso de la Unión tome iniciativas conjuntamente con el Senado de la República; esta Cámara de Diputados conjuntamente con el Senado, que nos permitan entrar en diálogo directo con nuestros colegas de Estados Unidos y Canadá y concretemos esta trilateral, aprovechando los nuevos vientos legislativos que soplan en la Unión Americana.
De tal modo, pues, que es de congratularse que aprobemos de manera unánime este punto de acuerdo y que facultemos a la Comisión de Relaciones Exteriores para que implemente estos resolutivos. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Cuauhtémoc Sandoval. El punto de acuerdo y el dictamen ya estaba aprobado por el Pleno.
Esta Presidencia recibió de los integrantes de la Mesa Directiva proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno del Distrito Federal, a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el Ejercicio Fiscal 2007. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Pido a la Secretaría dar lectura a los puntos de acuerdo que serán turnados a la Comisión de Presupuesto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con punto de acuerdo para que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se consideren recursos para llevar a cabo la obra de rectificación y encauzamiento del Río Turbio en el Estado de Guanajuato. Diputado Ramón Landeros González, PAN.
Con punto de acuerdo para crear la pensión alimenticia de carácter universal para los adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad. Diputado Martín Zepeda Hernández, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se destine una partida para la creación de un Fondo Nacional para la Investigación Oceanográfica. Diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, PRI.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se destinen recursos para la construcción del puente Vado sobre el Río San Juan en el estado de Nuevo León. Diputada Ana María Ramírez Cerda, PVEM.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se destinen recursos para garantizar la aplicación de programas permanentes para la lucha y reducción de la tasa de muertes maternas. Diputada Martha Angélica Tagle Martínez, Convergencia.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se destinen recursos para implementar un programa emergente para atender los efectos colaterales provocados por el huracán "Stan" en el estado de Chiapas. Diputado Anuario Luis Herrera Solís, PT:
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se destinen recursos para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario. Diputada Irma Piñeyro Arias, Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se asignen recursos suficientes y etiquetados para mujeres. Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Alternativa.
Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no prevea ningún aumento a la dieta de los diputados en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, PAN.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se considere un aumento para la Conagua. Diputada Lourdes Alonso Flores, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se asignen recursos adicionales a la Conade y al Instituto Mexicano de la Juventud. Diputada Elizabeth Morales García, PRI.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se destinen recursos para programas de prevención de la violencia contra las mujeres. Diputada Martha Angélica Tagle Martínez, Convergencia.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se asignen recursos para la Universidad Autónoma de Guerrero. Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Alternativa.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la terminación de la construcción del Museo El Trompo Interactivo en la Ciudad de Tijuana. Diputado Ricardo Franco Cázarez, PAN.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para reactivar el complejo industrial de Ciudad Sahagún, Hidalgo. Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se incrementen los recursos para el financiamiento de la educación media y superior del Instituto Politécnico Nacional. Diputado Alberto Amador Leal, PRI.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para crear la Fiscalía Especializada para Esclarecer los Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres. Diputada Martha Angélica Tagle Martínez, Convergencia.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para los pensionados por invalidez menores de 60 años. Diputado José Inés Palafox Núñez, PAN.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para el fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal. Diputado Benjamín Hernández Silva, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinen recursos para el aumento de las prestaciones, la capacitación y promoción de ascensos a las mujeres militares de México. Diputada Martha Angélica Tagle Martínez, Convergencia.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para el Fondo para Pensiones de los Trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Diputado Jorge Quintero Bello, PAN.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la ampliación de los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas urbanas y rurales en el estado de Tabasco. Diputado Francisco Sánchez Ramos, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para incrementar la infraestructura de las centrales de abasto del país. Diputado Octavio Martínez Vargas, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la Conagua a efecto de realizar diversos proyectos en la zona oriente del Valle de México, suscrito por los diputados Silva Oliva Fragoso, Lourdes Alonso Flores, Efraín Morales Sánchez y David Mendoza Arellano, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la construcción y ampliación del tramo carretero Tizayuca–General Felipe Ángeles. Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se establezcan criterios de eficiencia y transparencia administrativa a fin de evitar el subejercicio de los recursos públicos destinados al campo. Diputado Irineo Mendoza Mendoza, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la construcción del arco norte del distribuidor San Juan Ixhuatepec, Estado de México. Diputado Raciel Pérez Cruz, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la modernización de los sistemas estatales del registro civil, municipales de registro catastral y para solicitar a Pemex la donación del material asfáltico para mejorar la infraestructura carretera de los municipios. Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para la ejecución de un proyecto regional de tratamiento y valorización de los residuos sólidos urbanos para la zona oriente del Estado de México. Suscrito por los diputados Jaime Espejel Lazcano y Rafael Ramos Becerril, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se consideren recursos para el desarrollo y la promoción del turismo en el estado de Zacatecas. Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, PRD.
Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 se incrementen los recursos para la Universidad Autónoma Metropolitana. Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, PRD.
Con punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se incorporen recursos para el desarrollo rural sustentable en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Diputado Amador Campos Aburto, PRD.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal asigne recursos suficientes para el debido cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Justicia para Adolescentes. Diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, PRD.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense todos estos puntos de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de la misma.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del 2006. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura. Presente.
Con fundamento en el artículo 20 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al Pleno, en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente a las siguientes proposiciones.
1.-Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, la creación de un fondo de prevención de riesgos de desastres naturales, orientado a la inversión en infraestructura y mantenimiento en zonas de desastre; a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa. Sólo turno a comisión.
2.- Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se revisen los criterios de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de incrementar las participaciones federales que se transfieren a los gobiernos municipales, así como garantizar a los ayuntamientos la entrega directa de estos recursos; a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa. Sólo turno a comisión.
3.-Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que se complemente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, que la partida correspondiente a las pensiones de los ex Presidentes de la República Mexicana sean reasignados a la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente al programa de Adquisiciones de Leche, a cargo de Liconsa, S. A., de C. V., y al programa de Abasto Social de Leche; a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa. Sólo turno a comisión.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente. Atentamente. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Pido a la Secretaría dé cuenta de los asuntos turnados también.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con punto de acuerdo relativo a los problemas de contaminación del río Sedeño en el estado de Veracruz; del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con punto de acuerdo para el desarrollo del municipio de Tlacuilotepec, en el estado de Puebla, suscrita por los diputados Alberto Amador Leal, Mario Mendoza Cortés y Wenceslao Herrera Coyac, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Nayarit, emprenda medidas para detener los altos índices de feminicidios en dicha entidad.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría superior de la Federación realice una auditoría a fin de transparentar el manejo de los recursos utilizados en la organización y operación del Foro Universal de las Culturas, Monterrey 2007, presentada por el diputado José Martín López Cisneros, del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Tiene la palabra la diputada la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar… Perdón, ésta ya está turnada.
Tiene la palabra el diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que solicita que la afiliación al Seguro Popular Familiar en el estado de Veracruz sea ágil.
El diputado Nemesio Domínguez Domínguez: Con su permiso señor Presidente. Compañeras diputadas. Compañeros diputados. El suscrito diputado federal Nemesio Domínguez Domínguez, con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se someta a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo sustentada en los siguientes
Antecedentes
El Seguro Popular es público y voluntario dirigido a las familias de bajos ingresos que están excluidas del Sistema de Seguridad Social; preserva la salud de las familias aseguradas, fomenta la atención oportuna en salud, garantiza el acceso a medicamentos, fortalece el sistema público de salud, reduce el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos catastróficos de salud y otros.
De acuerdo con la Secretaría de Salud hasta el año 2010 el Seguro Popular tiene como meta asegurar a 11 millones 898 mil 254 familias que están excluidas del Sistema de Seguridad Social, lo que representa una población no derechohabiente de 57 millones 577 mil 295 habitantes.
Específicamente para el estado de Veracruz se estimó que hasta el año 2010 se podrían afiliar a este programa un millón 44 mil 612 familias; es decir el 8.78 por ciento de los hogares del país que están excluidos de la seguridad social.
Con base en la información proporcionada por el Anexo Seis del VI Informe de Gobierno 2006 y de la Secretaría de Salud, se observó que hasta el primer semestre del 2006, Aguascalientes, Tabasco, Nayarit, Colima y Guanajuato han cubierto y rebasado su meta de afiliación de hogares. Por el contrario, Veracruz forma parte de las tres entidades del país, junto con el Estado de México y el Distrito Federal, que registran los más altos déficits de afiliación de familias al Seguro Popular.
En el estado de Veracruz al cierre del 2006 se han afiliado 343 mil 861 hogares, que si se compara con el número de hogares sujetos de afiliación para la entidad, se traduce en un déficit de afiliación de 700 mil 751 hogares; lo que implica que únicamente el 32.92 por ciento de los hogares sujetos de afiliación están cubiertos por el Seguro Popular, aun cuando, de acuerdo con la información proporcionado por la Conapo en el año 2005, esta entidad federativa registró un alto grado de marginación, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional en este rubro y el lugar número 29 del país en lo referente al índice de desarrollo urbano, superado únicamente por Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Para cubrir la meta de hogares sujetos a afiliación para el estado de Veracruz es necesario que durante el año 2007 el gobierno federal autorice la incorporación de 279 mil familias al Seguro Popular para el período 2008-2009; se incorporen 210 mil 876 familias por año para que en el 2010 las autoridades de salud de la entidad lleven a cabo un proceso de reidentificación, con el objetivo de perfeccionar el Padrón de Beneficiarios de este programa social.
Con base en la información proporcionada por el Anexo del VI Informe de Gobierno 2006, Veracruz es de las entidades del país que registra los más altos índices de infraestructura en salud, ocupando los primeros lugares en número de médicos, número de enfermeras, número de camas y número de consultorios por cada 100 mil hogares.
Esta situación permitirá a las autoridades de salud de la entidad prestar a los derechohabientes que se incorporen al Seguro Popular durante el período 2007-2009, un seguro, un servicio eficiente y de calidad.
Por las razones expuestas anteriormente, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara de Diputados, acelerar el proceso de afiliación al Seguro Popular de las familias localizadas en el estado de Veracruz, dándole cobertura a 279 mil familias en el año 2007 y 10 mil 876 familias por el año, durante el período 2008-2009. Es cuanto señor Presidente.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Armando Reyes López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo a fin de que las entidades federativas permitan la fiscalización de los recursos federales.
El diputado Carlos Armando Reyes López: Con el permiso de la Presidencia. El suscrito diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Representamos los intereses de los estados y por consiguiente somos voceros de las demandas presupuestales que requieren nuestras entidades para desarrollar infraestructura y generar crecimiento económico, además de buscar proveer de mayores recursos a nuestras entidades federativas. Debemos colaborar para garantizar la vigilancia, la auditoría y la fiscalización de los recursos para que se aplique correctamente y cumplan el fin social para el que fueron asignados.
Hoy en día la sociedad reclama claridad en el manejo de los fondos público. La información ya no es secreto inviolable al permitirse su revisión y fiscalización. Los avances en este rubro son significativos, fortalecen los pilares de la democracia y vislumbran una sociedad más informada y más participativa.
Sin embargo, pese al esfuerzo que se ha gestado a lo largo de los últimos años aún encontramos resistencia por parte de algunos gobiernos en el seguimiento y fiscalización del presupuesto y en la aplicación de una política de transparencia y rendición de cuentas.
Ha quedado demostrado que a mayor transparencia, mayores son los beneficios sociales generados. Por el contrario, en los estados donde aún no se tienen avances en la materia, el uso discrecional de los recursos y las viejas prácticas administrativas de gobiernos antidemocráticos no permiten que el gasto y la inversión de los recursos se realicen eficientemente, se genere el impacto positivo que se requiere para lograr disminuir los rezagos y distribuir en forma más justa y equitativa los beneficios a la sociedad. Así pues, a menor transparencia, mayor corrupción e impunidad, mayor injusticia y rezago social.
Compañeras y compañeros legisladores. Les invito a que en un acto de corresponsabilidad, sumemos esfuerzos para demandar que en todas las entidades federativas actualicen sus leyes de transparencia, se creen los institutos que aplicarán la ley. Creen los reglamentos para el funcionamiento de dichos institutos, diseñen aquellos mecanismos prácticos de objetivos para que la ciudadanía reciba en forma oportuna la información que solicite.
En virtud de lo anterior y por considerarse de urgente u obvia resolución, me permito presentar ante el Pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a los gobiernos estatales a coadyuvar con los órganos de gobierno correspondientes para facilitar la fiscalización de los recursos federales aplicados en cada entidad federativa.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos de los estados, así como a sus congresos locales, a que actualicen sus ordenamientos en materia de transparencia y acceso a la información, para establecer mecanismos prácticos y más eficientes en la rendición de cuentas.
Asimismo se les exhorta a llevar a cabo la creación de reglamentos y convenios en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, que establezcan la aplicación de dichos mecanismos.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que informe semestralmente a esta Asamblea, sobre el avance en la fiscalización de los recursos federales aplicados en cada estado y sobre el nivel de transparencia y rendición de cuentas en cada uno de ellos.
Cuarto. Se exhorta el Ejecutivo federal para que desarrolle programas que estimulen y promuevan la transparencia y fiscalización de los recursos otorgados a las entidades federativas. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Tiene la palabra el diputado Erick López Barriga... Perdón está prevista de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores que hayan solicitado hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Erick López Barriga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo sobre el funcionamiento irregular de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
El diputado Érick López Barriga: Muchas gracias. Con permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados. Quiero abordar este tema; está el texto en la Gaceta Parlamentaria, a nombre de mis compañeros integrantes de la Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorios, que signamos este documento y lo hago con todo respeto para las compañeras, para los compañeros legisladores; con todo respeto para la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para esta Cámara de Diputados y sobre todo, con el respeto que merecen nuestros connacionales migrantes y sus familias.
Este documento es un exhorto y también es una reflexión para todas las Comisiones que han retardado el trabajo que les fue conferido. En este caso la Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorias, que fue instalada el día 17 de octubre del presente año, no ha convocado una reunión plenaria para analizar los temas que son de su competencia; los temas que son en este momento, sumamente importantes y relevantes para los trabajos propios de esta Comisión y tal y como lo marca la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Me parece que la responsabilidad que aquí tenemos cada uno, cada una de las legisladoras, con respecto a las Comisiones y a los trabajos legislativos, los tenemos que asumir con toda seriedad.
Hoy tenemos en el caso de esta Comisión que tiene tres temas sumamente fuertes, sumamente importantes y relevantes, como es el de la población, como es el tema de nuestras dos fronteras y como es el tema de los asuntos migratorios.
En este momento —solamente por citar algunos de los temas que requieren de una urgente atención— tenemos el tema del Programa Paisano, el tema de la revisión de la Ley General de Población, el tema del muro fronterizo, que parece que se nos está quedando atrás y olvidando; el tema del envío de remesas, el tema de las estaciones migratorias, de los derechos humanos.
Nada menos hace unos días detuvieron en Estados Unidos a alrededor de mil 200 inmigrantes en aquel país, de los cuales cerca de 600 son de origen mexicano y que se les están imputando cargos graves y donde no hemos tenido ni siquiera una posición al respecto.
Sobre todo, los tiempos se nos vinieron encima, no hemos analizado el tema presupuestal que compete a esta Comisión y en el cual debemos, por el acuerdo que tomó esta misma Cámara, tenemos que emitir una opinión a la Comisión de Presupuesto a más tardar el día lunes y no tenemos ni siquiera una reunión de trabajo donde podamos nosotros integrarnos a las subcomisiones respectivas.
Lo hago a nombre de mis compañeros, de quienes firmamos. Esto va más allá de los partidos políticos o de las posiciones políticas; es una posición de responsabilidad con la tarea para la cual acudimos ante esta representación. Por lo tanto me permito leer únicamente la parte del punto de acuerdo, que dice como punto único:
Que el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un severo extrañamiento al diputado Andrés Bermúdez Viramontes y se le exhorta para que, en su calidad de presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, dé cumplimiento a las normas que nos rigen, las que nos comprometimos a cumplir, y a la brevedad convoque a una reunión de trabajo de la citada Comisión ordinaria.
Le pediría a la Presidencia que por favor incluyera esta comunicación —este exhorto— en el Diario de Debates y también mi intervención. Gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Está agendado de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, solicito que se abra el sistema de votación electrónico para tener certidumbre en esta votación.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos. Diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Conforme a la Ley Orgánica, todas las atribuciones para integrar las Comisiones y para hacer ese tipo de trámites como lo ha solicitado el orador que me antecedió en el uso de la palabra corresponden a la Junta de Coordinación Política. Yo le suplicaría que ése sea el turno y así podamos obviar levantar la votación y poder proseguir con el orden del día.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado, pero vamos a hacer la votación para que haya claridad en la voluntad de los señores legisladores. Por cinco minutos solamente.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Hágase el aviso a que se refiere el artículo 161 del Reglamento….
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Perdón. Sonido en la curul del diputado Erick López Barriga.
El diputado Erick López Barriga: Gracias a la Presidencia. Yo quiero reiterar que este punto a lo que nos invita es a que le demos curso y trámite a los trabajos respectivos. Yo acepto la proposición del diputado Rodríguez Prats y me parece que lo importante aquí es que hagamos la reflexión, que el exhorto se atienda y que nos pongamos a trabajar en las Comisiones respectivas.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra a la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a los grupos parlamentarios a crear una agenda legislativa para la reforma del Estado.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señora Presidenta. Me permito señalar algunas de las consideraciones del punto de acuerdo que se presenta hoy en este Pleno.
El Partido Acción Nacional, en congruencia con sus 62 años de participación política, reitera su compromiso con México y asume la responsabilidad de responder ante los mexicanos, que en las urnas se pronunciaron por un cambio que fuera más allá de la alternancia, para ser factor de rectificación profunda, a partir del fortalecimiento de las instituciones fundamentales de la nación mexicana.
Con el impulso y aprobación de leyes y reformas constitucionales, desde 1946 en la Cámara de Diputados, así como en el Senado, y con la obtención de gobiernos municipales y estatales desde 1989, se aplicaron nuevas formas de gobernar. Hasta donde la tradicional resistencia gobiernista lo permitió, fue elemento esencial para el avance gradual de la reforma del Estado.
Acción Nacional ha contribuido en el diseño de las instituciones del Estado que hoy son valuarte de nuestra democracia y de nuestro ser social. Así por ejemplo citamos la libertad de cátedra y la consolidación de la autonomía universitaria como una de las contribuciones más importantes de nuestro fundador, Manuel Gómez Morín.
Fue también Manuel Gómez Morín, en 1927, quien siendo asesor en la Secretaría de Hacienda propuso la creación del Seguro Social. Fue Acción Nacional, compañeros y compañeras legisladoras, quien puso en la mesa de discusión el tema del derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
Contribuimos también en la creación de nuestras instituciones electorales independientes y autónomas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre no ejercicio y desistimiento de la acción penal, la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la judicialización para dignificar el Sistema Penal para Adolescentes.
Ejemplos como los anteriores son prueba del compromiso del PAN con el fortalecimiento de nuestras instituciones y del Estado.
Compañeras y compañeros, diputados y diputadas. Entendemos que una reforma del Estado no estará completa sin las reformas en materia económica y social. También reconocemos que hay rezagos dentro del perfeccionamiento de algunas instituciones políticas. Sin duda es tiempo de abordar las estructuras que había sostenido al viejo régimen para determinar, de una vez por todas, las bases institucionales de lo que debe ser en el país la legalidad y la justicia y que éstas sean motor pasa un desarrollo democrático incluyente.
En efecto, la consolidación de las instituciones democráticas reclama la redefinición de normas constitucionales y legales que se ajusten a los preceptos previamente integrados, con el fin de hacer efectiva su función, delimitando y definiendo ámbitos y competencias, atribuciones y facultades; así como organizar los procesos democráticos y determinar los derechos y los deberes de los ciudadanos.
Entendemos también que debe ser a partir de la misma Constitución Política donde habremos de abordar los cambios para fortalecer nuestras instituciones y nuestro sistema de gobierno.
En este sentido, debemos definir cuál será ese sistema y dotarlo de condiciones para que sea un sistema equilibrado mediante el ejercicio pleno de los otros poderes públicos: federalista, municipalista, democrático y constitucional.
Se trata, señoras y señores legisladores, de que la reforma política o —también llamada por otros— del Estado, avance y se procese dentro de los cauces constitucionales, considerando siempre que no estamos empezando de cero y que si bien las instituciones, muchas de ellas son perfectibles, también las mismas han dado sustento a la gobernabilidad.
Por tanto, se trata de encontrar nuevos instrumentos o mecanismos, sin dejar de lado los ya existentes y que sólo requieren reformarse a fin de ser eficaces. Es precisamente éste el contenido de la reforma política o —como otros la llaman— la recuperación constitucional.
Hoy más que nunca, señoras y señores legisladores, México necesita acuerdos. Por eso invito a todas y todos los diputados de cada una de las fracciones parlamentarias de esta Honorable Cámara, para que fijemos una agenda legislativa en común, donde se plasmen los aspectos fundamentales sobre los cuales debe versar la reforma del Estado y que con el punto de vista de todos los partidos políticos enriquezcamos las propuestas de los otros y así, desde las comisiones de las cuales formamos parte construyamos los consensos que la hagan posible.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de acuerdo
Se exhorta a todas y cada una de las comisiones ordinarias de esta Honorable Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia y de manera urgente incluyan dentro de su plan anual de trabajo los temas relativos a las reformas institucionales o de Estado que habrán de abordarse en su análisis, estudio y aprobación, mismas que deben contribuir al desarrollo económico, político, social y cultural que requiere nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta. Por su atención, gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución, como fue agendado.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución al propuesta. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. Para hablar en pro de la propuesta ha solicitado el uso de la palabra y se le concede, al diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señora Presidenta. Como ustedes podrán apreciar, señores diputados, este punto de acuerdo que ha sido votado por obvia o urgente resolución por ustedes, es muy similar al que en días anteriores presentó aquí el diputado Juan N. Guerra haciendo algunas imputaciones a mi fracción parlamentaria, que procedo a responder lo más puntualmente que sea posible.
Yo creo que para avanzar en las reformas que requiere el país, tenemos que focalizar la discusión. Si nos enfrascamos en una discusión sobre el proyecto nacional o sobre el pacto social o sobre un nuevo pacto social, va a ser difícil que encontremos coincidencias; pero si empezamos a analizar puntualmente los temas y ya están aquí iniciativas o en el Senado de la República, yo creo que el avance puede ser notable. Ahí está nuestra primera diferencia, una diferencia de método.
Bien decía un gran pensador del siglo XX, Carl Potter, que cuando el diablo no quiere que se haga lo bueno, pasa ante Dios exigiendo lo excelente. Y, efectivamente, un debate sobre el proyecto nacional podría ser muy interesante, pero yo creo que aquí debemos focalizar y yo plantearía los siguientes temas.
¿No hay acaso aquí una iniciativa para disminuir la Cámara de Diputados? Yo creo que toda la ciudadanía coincide en que tenemos una Asamblea que no es adecuada para el trabajo y que simplemente se incrementó en su número en un momento en el que se le imputaba al gobierno de la República el famoso fraude patriótico del 86 y se consideró que aumentando 100 diputados de representación proporcional se podía aliviar el problema.
¿Cómo entendería, cómo aceptaría, cómo tomaría el pueblo de México una iniciativa a disminuir a 400 o a 300 diputados? O bien ¿qué acaso no ya está presentada en el Senado de la República la propuesta de los juicios orales? Hay coincidencia en muchos mexicanos, en muchos juristas, que este procedimiento sería mucho más eficaz que el vigente y que nos llevaría a una justicia más pronta y expedita y, sobre todo, aproximaría al acusado y al juzgador.
Podríamos mencionar la minuta que está aquí del artículo 124, que fue aprobada en el Senado para descentralizar auténticamente la vida nacional. O como la reforma que llegó a plantearse con el acuerdo de varios partidos políticos en el Senado, en donde se le daban atribuciones al Instituto Federal Electoral para revisar las finanzas de los partidos y en donde inclusive se contemplaba que en la elección intermedia no tenían por qué percibirse mil 200 millones de pesos, y que éstos deberían de devolvérselos los partidos al pueblo de México; reforma que estaríamos perfectamente en tiempo para realizar antes de la elección intermedia de 2009. Y podríamos referirnos a muchas otras reformas que ya están en las iniciativas.
Tenemos un gran rezago en la Comisión de Puntos Constitucionales. Prácticamente no hay un artículo de los 136 donde no haya una iniciativa de cambio o una reforma propuesta.
Yo creo que en nuestra historia es evidente que la realidad demanda nueva legalidad; así surgió la independencia. Primero se logró la Independencia, y después, en 1824, nos dimos una Constitución. En 1853 surgió la Revolución de Ayutla y en 1856 surgió la Constitución, que tal vez haya sido uno de los documentos más completos en la historia jurídica de México.
Después de la Revolución Mexicana surgió la Constitución del 17. Y hoy que tenemos, sin duda, una nueva realidad, cuando hemos trascendido el sistema del presidencialismo exacerbado y del partido hegemónico, cuando tenemos que analizar de nuevo el equilibrio para mejorar la relación entre Poderes, cuando tenemos que ir a fondo en una reforma del Estado, sin lugar a dudas hay el compromiso de todos los partidos políticos por asumir decisiones.
La Unión Interparlamentaria dice que un Congreso es adecuado cuando logra cumplir las siguientes metas:
Ser representativo. Creemos que nosotros somos representativos. Éste es un mosaico de lo que es la opinión pública nacional.
Ser accesible. Siento que podríamos mejorar.
Ser transparentes. Sin duda aquí tenemos algunas tareas por realizar.
Ser responsables de sus actos. Aquí tenemos que esmerarnos.
Y fundamentalmente, ser eficaz. Y sin duda, no somos eficaces.
El primer debate que se dio en el Congreso mexicano en 1824 —termino, señor Presidente— entre Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe, cuando un diputado sugería que se saliera a hacer alguna consulta en los cuatro millones de kilómetros cuadrados que teníamos de territorio nacional y ante los seis millones de mexicanos; Fray Servando Teresa de Mier respondió: "Yo aquí —y su nombre está precisamente en estas paredes— yo aquí vine a tomar decisiones. Yo no soy lacayo; yo soy representante popular y vamos a hacer las reformas que México requiere".
Yo creo que lo que espera el pueblo de México de este Congreso son decisiones. Tomemos decisiones con voluntad política sobre las iniciativas que ya están presentadas, demandando desde luego otras, si éstas fueran necesarias. Muchísimas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: El diputado Juan Guerra Ochoa solicitó la palabra para alusiones personales.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Muchas gracias. La vehemencia del diputado Rodríguez Prats de convocar a trabajar es buena; el problema es que a cada cosa hay que ponerla en su lugar. La verdad es que ha estado parado por ustedes. Lo que no hemos resuelto es por ustedes. Nosotros les hemos entregado agenda tras agenda y ese punto de ayer, como la iniciativa, tenemos rato que la presentamos y que la subimos a la Junta de Coordinación, y queremos que nos tomen la palabra para ver cómo le entramos.
La parálisis que haya habido en la Cámara se debe, en primer lugar, a la primera minoría. Yo espero que haya sido un exhorto a su propia bancada, porque ganas de trabajar evidentemente es lo que tiene que haber.
Ahora, nosotros no vamos a desechar, a descartar ninguno de los temas que nos propongan. Absurdo sería de nuestra parte. Podemos no compartirlo. Por ejemplo si su preocupación es cómo se reduce el número de bancadas, eso es muy discutible. Inglaterra tiene más bancadas; Francia anda muy cerca de aquí con mucho menos poblaciones; como Estados Unidos tiene menos bancadas con más poblaciones.
Eso se puede discutir pero no es eso lo que le da la fortaleza a un Congreso. No es un problema cuantitativo sino cualitativo la forma en que se planta ese Congreso. Los cuántos los podemos discutir pero el fortalecimiento del Poder Legislativo, si ésa es su propuesta me parece que es muy pobre el asunto de reducir que por demás en el mundo hay experiencias para una cosa u otra.
También la agenda y al asunto que no mencionaron, incluso le entramos y discutimos otra sobre el Poder Legislativo. También la agenda sobre la reforma en materia de justicia, estamos dispuestos a discutirlas. No tenemos ningún problema. Es más, pedimos que todas las bancadas no nada más ustedes, propongamos una agenda común. El gran problema es que ustedes se creen con el derecho de imponer sólo la agenda a partir de sus únicos puntos de vista.
Si están abiertos a entender que en un parlamento plural —y ustedes sólo son la primera minoría— la agenda la tenemos que consensuar entre todos. A ustedes les preocupan estas cosas; qué bueno. Hay además otras cosas que preocupan. A nosotros nos preocupa mucho y lo vamos a insistir, lo económico. Y lo vamos a seguir reiterando.
En México, no se pagan impuestos. Sólo es comparable Haití. Se cobra de acuerdo al jefe del SAT, 9.5 y la mayoría del impuesto sobre la renta es de cautivos, de las personas cautivas. Las empresas no llegan ni al 50 por ciento del impuesto sobre la renta. Aquí el poder de los monopolios, no hay mercado, hay monopolio o duopolio; ustedes que presumen el libre mercado, no hay. Es monopolio o duopolio y los gobernantes terminan siendo empleados de los grandes monopolios o duopolios. Éste es el problema.
Por supuesto que nos interesa por eso discutir lo económico. Nos interesa lo político. Nosotros no queremos que baje cualquier cosa el financiamiento a partidos. Nosotros queremos que baje drásticamente pero queremos que desaparezca la contratación de spots como ocurre en Europa, como ocurre en Brasil.
No tenemos por qué recurrir a los spots ni a las trampas que se hacen a través de las televisoras que sí aceptó la contratación del Consejo Coordinador Empresarial y la contratación de mil 750 millones por Fox. Saquemos eso. Si no ocupan bules para nadar ni muletas para caminar, saquemos los spots de los medios y bajemos drásticamente el financiamiento, porque los medios masivos se llevan el 70 por ciento de los ingresos que tienen los partidos.
Si queremos ser congruentes y no hipócritas, hay que decir las cosas como son y entrarle y no andar queriendo decirle a la nación: "Bajemos a los partidos", que es muy popular, pero que las televisoras, a ver de dónde se consigue dinero para seguirlo pagando.
Hay que prohibir ya los spots y no haya este tipo de publicidad. Hay que prohibir incluso el financiamiento privado y atenernos cada partido a sus recursos, por bajos que éstos sean.
Requerimos discutir, y este es el asunto, cuando Rousseau —dijo— y escribió El Contrato Social, la lógica que lo llevó es muy sencilla. En lugar de la ley de la selva, en lugar de la ley de la guerra de imponer las razones del que gana la guerra, lo que se requiere en la sociedad son acuerdos.
Si en México han habido revoluciones —las que usted cito— es porque no han habido acuerdos. Lo que una sociedad requiere es construir un nuevo pacto para definir las reglas que ustedes, que nosotros y que todos —no te me desesperes, cita a tu Comisión, "Tomate"— para definir las reglas que ustedes y que todos nosotros vamos a aceptar porque la democracia es eso: son reglas procesales pero que todos aceptemos.
Y termino diciendo: no sigamos hablando de reglas jugando al básquetbol, donde ustedes quieren tener un larguirucho, la canasta abajo, salirse cuando quieran, haciendo trampa. El pacto es que todos nos sometamos a la misma regla y ese es el verdadero estado de derecho. Por eso qué bueno que hayan avanzado, pero fijemos la agenda entre todos. Gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodríguez Prats, para rectificación de hechos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Hombre, demos altura al debate. Con su permiso, señora Presidenta. El único discurso que pronunció Manuel Gómez Morín en un inútil esfuerzo por defender su caso en 1946 ante el Colegio Electoral, decía que los mexicanos hemos sacado un lenguaje y hemos procurado, palabras más, palabras menos, un discurso en el que nos agredimos inútilmente y que buscamos palabras que nos dividen y que nos separan; palabras como "izquierda" o "derecha", "reaccionario", "revolucionario", "liberal", "conservador", que muchas veces cuando se concretizan los temas, y ésta es mi insistencia, señores diputados, no escaparnos del debate, no salirnos de lo que se está fijando como agenda. Y yo aquí les puedo decir que hay 206 votos del Partido Acción Nacional y hagamos esa primera reforma para simplemente disminuir la Cámara de Diputaos.
Vean ustedes en la opinión pública, cómo hay un enorme clamor por propiciar un ahorro del Poder Legislativo. Cada diputado le cuesta a la nación ocho millones de pesos anuales, cada diputado federal. Dividiendo el presupuesto entre los 500 diputados, le cuesta ocho millones de pesos. Cada senador cuesta 15 millones de pesos…
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí, diputada Batres.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Sí, Presidenta, diputada, quisiera ver si me acepta una pregunta el diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con muchísimo gusto, diputada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí la acepta.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): De repente creo que le creo sobre su preocupación del presupuesto y lo que genera el gasto de los diputados, de los 500 diputados; pero después me acuerdo que el PAN votó hace poco un aumento verdaderamente grosero en comparación a las necesidades de este país, y no vi que usted se levantara para decir que la Cámara no necesitara un aumento.
Entonces si su preocupación, diputado, es el gasto que generan 500 diputaos, haciendo su trabajo legislativo, por qué no empezamos con lo más práctico, lo que nos queda a la mano, y le reducimos el aumento que acaba de aprobar la Cámara al presupuesto de la misma.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Coincidiría con usted plenamente, diputada, puede usted revisar hoy en el orden del día cómo fue turnado a comisiones un punto de acuerdo de un compañero de mi bancada precisamente en el sentido de no aumentar prestaciones a los diputados.
Aquí el diputado Abel Cuevas explicó que simplemente se estaba buscando aumentar partidas para mejorar el edificio y mejorar algunas cuestiones que era ya un gasto comprometido; pero yo suscribiría perfectamente ese acuerdo y puede usted revisar el orden del día cómo está un punto de acuerdo presentado por un diputado de la bancada panista, precisamente en el sentido que usted expone. Muchas gracias.
Yo creo que no sabemos discutir. Yo creo que evadimos las cuestiones fundamentales; tenemos que mejorar nuestro discurso político, tenemos que esmerarnos en encontrar coincidencias.
Octavio Paz decía que la democracia es saber discutir. Y vamos a los puntos concretos, podemos discutir sobre todas las tesis económicas.
Yo aquí escuché al diputado Raymundo Cárdenas decir que el PRD está de acuerdo en la economía de mercado; sin embargo, se opone a que haya inversiones de los particulares en el sector eléctrico, por ejemplo, y señalo esta contradicción; pero lo más importante es que busquemos, porque el trabajo que hagamos en el futuro y yo creo que la LVIII y LIX Legislaturas fueron un enorme desperdicio por culpa de todos, porque si hacemos la excepción de la Ley de Transparencia, de la interpretación que se le dio a los acuerdos de San Andrés Larrainzar y algunas modificaciones en el aspecto financiero, de la modificación del artículo 21 constitucional que ha sido muy criticada en materia de la Corte Penal Internacional, la LVIII y LIX Legislaturas dieron muy pobres resultados en lo que la nación esperó para dar una nueva realidad, una nueva legalidad a una nueva realidad, empezando por el texto constitucional mismo.
Entonces evitemos dispersarnos, evitarnos simplemente irnos con el viejo esquema de hablar de otras cosas y procuremos concretizar, y yo les garantizo que el debate se va a enaltecer, se va a levantar y con toda certeza podremos encontrar coincidencias, para darle un nuevo marco jurídico, como lo requiere el pueblo de México. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, el diputado Cortés, pide la palabra, ¿con qué objeto?
El diputado Gustavo Santiago Pedro Cortés (desde la curul): Para hacer una pregunta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta la pregunta, diputado?
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con muchísimo gusto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante, diputado Cortés.
El diputado Gustavo Santiago Pedro Cortés (desde la curul): Señor diputado, los partidos que integran el Frente Amplio Progresista le hicieron una propuesta de agenda a esta Cámara, entregaron un documento a las diferentes fracciones parlamentarias, hasta hoy no hemos tenido una opinión de su fracción respecto a esta agenda, ¿les parece innecesario discutir la propuesta del Frente Amplio diputado?
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con mucho gusto, señor diputado. Mire, el Partido Acción Nacional desde que surgió ha pugnado por la reforma del Estado, yo le puedo mencionar muchísimos textos, Christlieb Ibarrolla posiblemente fue el que arrancó en 1962 lo que fue la reforma con los famosos diputados de partido y posteriormente, Abel Vicencio Tovar, don Luis H. Alvarez, las reformas constitucionales que se hicieron en la LV Legislatura.
Entonces de nuestra parte estamos abiertos, si quieren comenzar por la agenda del PRD, comenzamos por la agenda del PRD, pero quiero decirle, quiero decirles que todos los partidos políticos tenemos una agenda, tan es así que esta agenda por disposición de ley se inscribió en el Registro Federal Electoral y el pueblo de México votó y votó mayoritariamente por la agenda del Partido Acción Nacional.
Pero, repito, en ánimo de llegar a acuerdos, no tenemos ningún inconveniente en comenzar con discutir la agenda de ustedes. Muchas gracias, señora Presidente.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para responder alusiones personales indica el señor diputado.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, estimada diputada Presidenta. Compañeras y compañeros. Yo creo que es muy importante que la primera minoría de esta Legislatura ya se disponga a hacer con seriedad una agenda para la reforma del Estado, es muy importante porque hasta ahora no había habido más que silencio e indiferencia frente a las propuestas que la izquierda de esta Cámara ha propuesto.
Creo que es fundamental que pensemos en qué cosas son las importantes para el pueblo de México, hay cosas que suenan bien para la opinión pública que le dan bolita a aquellos que han tomado como deporte nacional, pegarle a los partidos, pegarle al Congreso, pegarle a la política, y ese tipo de propuestas son como la que aquí se nos viene a recordar, de disminuir el número de legisladores, como si eso fuera realmente a resolver un grave problema de disfuncionamiento del Poder Legislativo y de la relación de éste con el Ejecutivo.
Miren, si disminuimos el número de legisladores ¿va a bajar el gasto de mantenimiento de este edificio? ¿va a disminuir el gasto en la diplomacia parlamentaria? ¿va a disminuir el gasto de muchas cosas? No es así. No es así. Lo que seguro va a disminuir son las dietas, ¿cuánto es eso? Supongamos que bajamos a 100 el número de diputados, en dietas yo creo que ha de andar por unos dos millones de pesos al año, cuando mucho; 100 menos son 200 millones al año lo que se ahorraría.
Es absurdo compañeros, poner estas propuestas como la respuesta al pueblo de México a su exigencia. Miren...
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Perdón un momento. El diputado Ríos Camarena, sonido en su curul, ¿con qué objeto diputado?
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Para que me haga usted favor de preguntarle al señor diputado Cárdenas si me acepta una pregunta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta la pregunta señor diputado?
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Con todo gusto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí la acepta.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Señor diputado, subió usted a la tribuna con el propósito de responder alusiones personales. Yo me quedé muy preocupado porque aquí dijo el señor diputado Prats que usted había aceptado de alguna manera la globalización, no dijo la globalización neoliberal, son términos distintos, pero que eso afectaba el tema del mercado libre en materias que son exclusivas para el Estado, como lo señalan algunos artículos constitucionales, 26, 27 y 28, sobre la energía eléctrica.
Entonces para mí era muy importante que las alusiones personales a que se refirió el señor diputado Prats las abordara usted y que fuéramos concretos en ese tema que para mí es muy interesante. Muchas gracias.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias. Con todo gusto. Miren ustedes, la globalización es un hecho, lo que no es un hecho es que la que se ha conducido por parte de la potencia del norte sea justa y equitativa para todos los pueblos del mundo.
México tiene que luchar en los organismos multilaterales del mundo por abrirle paso a una globalización distinta, a una en la que los avances científicos y tecnológicos beneficien a todos los pueblos del mundo y no sólo a los poderosos, a las multinacionales.
Ese tema de cómo México se inserta en la globalización, es un tema que nos divide a los mexicanos. Desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Zedillo y Fox, se ha impreso a la política exterior de México un rumbo de subordinación. Y creo que ahí tenemos unas graves diferencias que hay que discutir, porque de otro modo, a la chita callando, van a continuar con este proceso y lo único que les queda ya por entregar son los energéticos, es la electricidad y es el petróleo.
Ya vender el Palacio Nacional yo creo que no les interesa porque no han de dar mucho dinero por ello, si no lo vendían.
Creo, estimado compañero diputado, que entonces tenemos que encontrar la manera de que el pueblo de México tenga la fortaleza necesaria como para que los norteamericanos nos respeten; como ellos respetan a China, a Vietnam, que no han abierto su sistema financiero. Los chinos y los vietnamitas han hecho lo que han querido con su sistema político y los gringos están invirtiendo en esos países.
¿Por qué aquí nos exigen de a tiro por viaje en cada reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos que abramos el petróleo?, ¿por qué lo hacen?, ¿por qué va Fox a las reuniones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte a decir que se va a abrir el sector energético?, porque en México ya hay un sector de la población que no se respeta como pueblo. Ese es el problema.
Creo que esto hay que discutirlo, compañeras y compañeros—termino la pregunta— y voy a continuar con mi turno...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Cárdenas. .¿Con qué objeto diputado Carbajal?
El diputado Rogelio Carbajal Tejada (desde la curul): Saber si el orador acepta una pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted otra pregunta, diputado Cárdenas?
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández : Con todo gusto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Carbajal.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada (desde la curul): Gracias, Presidente. Todos estamos de acuerdo, y aquí se ha discutido, que un trabajo fundamental para desahogar las agendas de todos los grupos parlamentarios es el trabajo en las comisiones. De hecho, hace unos minutos hubo un punto de acuerdo que ha sido turnado a la Junta de Coordinación.
Yo quisiera preguntarle al señor orador que, en virtud de que él preside la Comisión de Puntos Constitucionales, toral para el debate que estamos sosteniendo de la reforma del Estado, quisiera preguntarle ¿por qué no ha citado a la sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, más allá de la sesión de instalación que tuvimos el pasado mes de octubre?
En la Comisión de Puntos Constitucionales hay, en la Comisión de Puntos Constitucionales más de 600 iniciativas, 13 minutas—si mal no recuerdo— del Senado de la República, muchas de las cuales abonarían a la reforma del Estado, a la que tanto ustedes y nosotros y todo este Pleno estamos apelando. Quisiera saber, señor Presidente, si el diputado me pudiera contestar ¿por qué razón no ha citado, para ver ese trabajo, a sesión de Puntos Constitucionales?
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, le contesto con todo gusto. En la reunión a la que usted asistió se acordó que íbamos a instalar seis o siete subcomisiones y eso se ha estado haciendo. Todavía antier nuestra compañera diputada Mónica Fernández cito a la subcomisión para la reforma electoral. Eso está en marcha; en el momento en que estén todas las subcomisiones, muy pronto estará, y será usted convocado a la siguiente reunión del pleno. Con todo gusto, lo vamos ha hacer.
Entonces, vuelvo al tema. ¿Cuál es la agenda, compañeras y compañeros?, ¿es la agenda puntual de pequeñeces, como esto de disminuir el número de legisladores, o vamos a discutir el papel de México en el mundo; o vamos a discutir el régimen político?.
Compañeros ¿por qué no hay colaboración entre este Poder y el Ejecutivo? Porque el sistema presidencial no lo promueve, no promueve la colaboración, sino el choque. Yo escuché a Felipe Calderón decir durante su campaña que iba a ser un gobierno de coalición para promover la construcción de una mayoría. Eso se llama ir en el camino de semipresidencialismo y eso a mi juicio es inevitable. ¿Dónde está la propuesta?
Ya hizo una Comisión monocolor, perdón, un gobierno, en donde hay alianzas vergonzantes. ¿Por qué no publican y dicen frente a la nación que hay una alianza para gobernar bien este país entre el PAN y Elba Esther Gordillo? Sí, ahí están los cargos importantes que se le están dando a esa corriente política.
Yo diría: ¿hay responsabilidad de los legisladores que corresponden a esa corriente para darle la mayoría que requiere el PAN?.
Ésos son los acuerdos que necesitamos, no alianzas por debajo de la mesa ni compromisos que no se pueden sostener de cara a la nación. Hay que discutir entonces el régimen político.
Tenemos que discutir los derechos humanos, cómo todos los instrumentos del mundo se integran a nuestra Constitución. Tenemos que resolver el federalismo; tenemos que ver muchas cosas y eso implica revisar integralmente la Constitución y eso implica un nuevo pacto social, querámoslo o no.
Si queremos un Congreso que le sirva a México, estimados compañeros, compañeras, hagamos una buena agenda. Creo que aquí se dijo que había en la Comisión de Puntos Constitucionales reformas propuestas para todos los artículos —voy a terminar, señor Presidente. Ojalá que a algún panista ya le den la chamba de relojero o de medidor de tiempo, porque sólo eso les gusta—; entonces ojalá que hagamos, estimado Presidente, una agenda, porque efectivamente hay reformas para casi todos los artículos constitucionales, excepto cinco. Eso nos indica la insatisfacción que hay en relación con nuestro pacto social.
Por eso, si no les gusta la palabra que hagamos un nuevo pacto social, revisemos integralmente la Constitución o revisemos todas las iniciativas que ahí están, porque a fin de cuentas equivalen a lo mismo. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Esta Presidencia saluda a los integrantes del Comité Ejecutivo Federado del Partido Alternativa Socialdemócrata; a la licenciada Patricia Mercado, ex candidata a la Presidencia y al maestro Alberto Begné, que se encuentran aquí presentes.
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Solís Parga, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Rodolfo Solís Parga: Con la venia de la Presidencia. Consideramos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por el Creador, de ciertos derechos inalienables.
Que entre éstos están el derecho a la vida y la libertad y a la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos cuyos poderes legítimos derivan del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno se haga demoledora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus Poderes en la forma en que juzgue más conveniente para lograr su seguridad y felicidad.
Es uno de los primeros párrafos de la Declaración de Independencia de las 13 colonias, escrita por Thomas Jefferson, y habla de algunas otras razones y causas que obligaron a las 13 colonias a declarar su independencia respecto del régimen legal de la administración de la justicia, de la burocracia onerosa y pesada sobre las espaldas del pueblo, de las alianzas para someter a una nación a jurisdicciones ajenas, vía leyes y tratados, de la revocación de los derechos constitucionales —y hoy hablamos de derechos humanos— y de las formas en que aquellos pueblos colonizadores se dirigían al Rey Jorge; un libro que batallé para encontrar y tuve que acudir a las librerías de viejo; 20 pesos cuesta.
Evidentemente, este país está dividido, pero no es una división política o una división de la llamada clase política la que ocurre y la que debe preocupar, porque finalmente la división política es producto de una profunda división social.
Hemos planteado —en anteriores intervenciones y en anteriores Legislaturas— la necesidad de la reforma del Estado. Hemos hecho planteamientos concretos, tales como la afirmativa ficta para proteger el derecho de los ciudadanos respecto de la omisión de las autoridades.
Hemos planteado la revocación de mandato como parte de reformas importantes y, sin embargo, cosas como éstas, muy concretas, simplemente están en "el cajón del olvido".
Proponemos, efectivamente, reformar el Estado y una nueva relación de la sociedad con el Estado. Proponemos que el Parlamento mexicano —que es el último reducto institucional de la discusión política en este país— sea en efecto una autoridad política para toda la nación.
Proponemos la abolición del régimen presidencialista y pasar al régimen parlamentario. Proponemos la separación de funciones entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Proponemos también la independencia del procurador de la República, del Fiscal.
Esto es parte de la agenda que hemos planteado; es parte de la agenda que tenemos que construir entre todos los legisladores y las fuerzas políticas.
El espanto que hoy causan los asuntos del Congreso, implican —y termino con esto, señor Presidente— que lo que realmente está ocurriendo hoy es que el Congreso empieza a ser un poder constitucional real del Estado, que significa que aquí están representadas fuerzas políticas y fuerzas económicas de la nación completa.
Eso implica, entonces, la necesidad de construir una nueva relación para darle viabilidad al país, para darle futuro a este país, para construir una nueva nación. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodolfo Solís. Tiene la palabra el diputado Narciso Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Narciso Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente. Todos quisiéramos, compañeras y compañeros diputados, que el estado de la nación fuera de normalidad, por la seguridad de nuestras familias, por el bienestar y el progreso de la nación, pero tenemos que enfrentar la realidad.
El país enfrenta una encrucijada, el país está polarizado, los problemas sociales si los pusiéramos hoy en un mapa, los conflictos pequeños y grandes a lo largo y ancho de la geografía nacional, quizás nos alarmaríamos de los focos rojos en todas las entidades federativas.
De modo que el primer compromiso para poder salir adelante tiene que ser un compromiso político, de determinación política, real, para dentro de esa situación tan compleja poder construir acuerdos. ¿Por qué? Porque los problemas coyunturales y también los de fondo están ahí.
Se dice aquí hemos superado el régimen de presidencialismo exacerbado. El régimen es el mismo, el régimen no ha cambiado. Ha habido alternancia en el gobierno, hay mayor pluralismo producto de un avance democrático que todos hemos construido, pero el régimen político es presidencialismo puro.
¿Hay equilibrio de Poderes en México? Yo he preguntado en esta tribuna. Y yo he planteado que no hay equilibrio de Poderes, pese —estoy de acuerdo con el compañero diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra— a la fortaleza que da la pluralidad representada en esta Cámara de Diputados.
Para que haya equilibrio de Poderes necesitamos esa reforma del Estado, necesitamos revisar la facultad de veto del ciudadano Presidente de la República, del titular del Poder Ejecutivo, y que éste se resuelva con la mayoría simple.
Necesitamos que la entidad de Fiscalización Superior de la Federación asuma plenamente las facultades de control y de fiscalización; que hoy tiene más peso la Secretaría de la Función Pública.
¿Tiene sentido que exista la Secretaría de la Función Pública, compañeras, compañeros diputados? ¿No podía ser una comisión del Servicio Civil de Carrera y transferir los recursos a esta Cámara de Diputados, para que ese órgano tenga representación en cada uno de los distritos que nosotros representamos ahí mismo, en una oficina de la Cámara de Diputados? O sea, no estamos realmente tocando los temas de fondo.
Y el tema, por último, de la organización de la Cámara. El problema no es si son 400 o 500 o 300, más allá del problema pecuniario presupuestal, que comparativamente es mucho menor a otras partidas presupuestales, el tema es cómo está organizada esta Cámara y cuáles son las condiciones en las que el representante popular puede ejercer a plenitud su función. Y, compañeras y compañeros diputados, lo sabemos todos, esas condiciones no están dadas.
Ni siquiera tenemos acceso a los medios, por lo menos en condiciones de igualdad al Poder Ejecutivo, en nuestros distritos. Hay spots, hay programas de la Cámara a nivel general, pero no hay una representación en los medios; no tenemos capacidad de acceso a los medios para poder equilibrar, por lo menos en términos de opinión pública, y por eso nos apabullan ante la imagen de la ciudadanía.
Quiero decir por último lo siguiente. La fracción del Partido Revolucionario Institucional ha dado muestras de seriedad y consistencia en la búsqueda de una salida al laberinto en el que se encuentra la nación.
Y el punto de acuerdo que hoy se discute y el que presentó el diputado Guerra tienen que ver con el método. Por eso el senador Manlio Fabio Beltrones presentó en la Cámara de Senadores —justamente por la complejidad del problema— una propuesta de ley para la reforma del Estado.
Yo los llamo, compañeras, compañeros diputados, a que encontremos la lucidez, la serenidad y la determinación política necesaria para construir los acuerdos que está demandando la nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Narcizo Amador Leal. Después de los dos oradores que faltan, consultaré a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.
Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Ya basta de rasgarnos las vestiduras aquí en la tribuna. Ya basta de la simulación del trabajo. Ya basta de la política de decir algo y hacer otra cosa.
Se han hecho muchas propuestas desde que iniciamos esta Legislatura en el afán de ir construyendo inicialmente ideas que vayan dando una salida a la construcción de una reforma del Estado. Y no ha sido una, han sido varias propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, lo mismo se ha hecho en la Cámara de Senadores, ¿y qué encontramos? Lo que encontramos es una inercia del trabajo de los legisladores.
Mi grupo parlamentario hace pocos días hicimos la propuesta de la afirmativa ficta parlamentaria, que permite que en menos de tres meses tiene que haber soluciones, tiene que haber dictámenes por todas las comisiones legislativas y en caso de que no sea así, pasar al Pleno y aquí el Pleno tome la decisión correspondiente y así terminaríamos con todo el rezago legislativo que se encuentra desde Legislaturas anteriores.
¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está la voluntad política? Yo les pregunto a las compañeras y compañeros de Acción Nacional, ¿dónde está esa verdadera voluntad política para discutir los problemas nacionales?
¿Qué está pasando en este momento? Cuestiones fundamentales del presupuesto. Ahí es donde deberíamos de estar discutiendo la finalidad de si realmente va a haber un cambio de rumbo económico social de nuestro país. ¿Qué nos encontramos con un presupuesto recesivo, un presupuesto que va fundamentalmente a mantener las cosas como están, a administrar la pobreza de este país y ayudar a los grandes grupos financieros internacionales a mantener su rentabilidad económica en este país?
Los programas que vayan encaminados a fortalecer proyectos productivos vienen a la baja. Es donde vemos la incongruencia de lo que se dice y se hace. Felipe Calderón dijo que iba a ser el Presidente del empleo, ¿qué es lo que estamos encontrado en este proyecto? Estamos encontrando migajas y no estamos encontrando ningún instrumento de política económica para fortalecer el empleo en nuestro país.
Es de preocupar la situación en la que nos encontramos. Hay diferentes iniciativas, ahí está la propuesta de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional para tener ya reglas mínimas para poder llevar y desarrollar la reforma del Estado; caso omiso.
Entonces yo creo que sí, si hay intención de discutir a profundidad los problemas reales de este país, vayámosle entrando y no hablemos de minucias y de esconder las cosas con aparentes cuestiones que son de trascendencia en lo medios de comunicación.
Fíjense nada mas, el presupuesto de nuestra Legislatura para este año son cuatro mil 700 millones de pesos. ¿Saben cuánto le vamos a aportar, a pagar a la deuda externa, a los usureros internacionales? 267 mil millones de pesos. Es decir, que nosotros no tenemos ni el uno punto cinco por ciento de lo que representa el pago de la deuda externa.
¿Qué hay en el IPAB? Se le están asignando este año 27 mil 500 millones de pesos. Hay un estudio de parte de los mismos compañeros de Acción Nacional, del PRI y de las demás fracciones de la Legislatura anterior, donde nos hacen recomendaciones, que si revisamos a conciencia técnicamente y legalmente el asunto del IPAB, bajaría sustancialmente el apoyo de parte de nosotros, de parte del Presupuesto de Egresos. ¿Por qué no se ha hecho? Falta voluntad política.
Yo sí les hago un llamado a todos ustedes y no nada más a nosotros como diputados, también a los otros Poderes, a que nos pongamos a la altura de lo que está pidiendo México. México lo que está pidiendo es un cambio en el rumbo del trabajo de las instituciones; que le pongamos más atención al asunto económico y social que está prevaleciendo en nuestro país. Ojalá que lo hagamos por el bien de México y por el bien de todos. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Finalmente tiene la palabra el diputado Eduardo de la Torre, del grupo parlamentario de Alternativa.
El diputado Sergio Eduardo de la Torre Jaramillo: Con el permiso de la Presidencia.
El proceso de relegitimación que necesita esta Cámara de Diputados —después de los últimos acontecimientos— la tenemos que asociar con la agenda legislativa y un proceso de rediseño institucional del Estado o de reforma del Estado. Sin embargo, también lo tenemos que asociar con el momento histórico que estamos viviendo.
Desde 1997 este país está experimentando una democracia. Si ven una democracia débil, una democracia frágil, la mayor evidencia es un gobierno dividido, un gobierno compartido, que esto ha hecho mucho más complejo el funcionamiento del viejo régimen político. Es decir, el viejo régimen político hoy es disfuncional ante el nuevo entorno no solamente nacional, regional e internacional.
Por eso —y traigo a la memoria a Octavio Paz cuando ubicaba que el proceso de independencia, reforma y revolución eran procesos de ruptura y continuidad—, hoy, en estos tiempos de la democracia, tenemos que construir la institucionalidad de un régimen democrático.
Para Alternativa, en la propuesta de agenda legislativa, el primer eje fue la reforma al poder; la reforma al poder en sus tres niveles.
Al Poder Ejecutivo. Efectivamente, como aquí se mencionó, la propuesta nuestra es dirigirnos hacia un semipresidencialismo, pero también aquí en septiembre ya presentamos una propuesta para modernizar al Poder Legislativo. La reforma al artículo 65 y 66 de la Constitución, donde propusimos ampliar los períodos de sesiones de seis punto cinco meses a 10 meses, es un proceso de modernización, como lo han hecho otras fracciones parlamentarias en cuanto a los dictámenes, en cuanto a lo que ha realizado no solamente el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional.
Pero el trabajo está en comisiones. Aquí podemos plantear las ideas, pero el trabajo legislativo se va a desarrollar en las comisiones; y es allí donde no solamente la Comisión Especial para la Reforma del Estado va a tener un rol fundamental, sino también en Puntos Constitucionales, y también es un trabajo de todos. Tenemos que hacer un ejercicio de reconstrucción de la política.
La ciudadanía —basta leer cualquier periódico-— tiene la peor imagen de esta Cámara de Diputados no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Nuestra ética de la responsabilidad es responderle a esos ciudadanos, a los cuales nos debemos y por quienes estamos aquí.
Por eso la posición de Alternativa va a ser no solamente contribuir para la reforma del Estado sino también vamos a apoyar no el método, el método me parece equívoco, el método no es una ley. Ese es el error de copiar modelos teóricos rebasados, como España o Argentina. España no tenía una constitución, nosotros hemos tenido una transición votada. Hemos tenido una serie de leyes electorales que nos han permitido estar aquí, la nueva pluralidad política.
Es ahí donde sí tenemos que discutir cuál es el método. Las leyes, con todo respeto para los compañeros del PRI en el senado y aquí, en el PRD, el método no es una ley para la reforma del Estado.
Hemos tenido, y lo hemos platicado, diversos procesos de reforma del Estado. Desde el redimensionamiento del Estado, con Miguel de la Madrid; los procesos de modernización económica y política con Salinas; los procesos de modernización administrativa con Ernesto Zedillo y tenemos siempre el discurso de la modernización de la reforma del Estado; ya hemos tenido varios caminos.
Hoy en día, el único camino es construir el nuevo régimen democrático y no con las instituciones zombis que tenemos del viejo régimen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Eduardo de la Torre. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido y se pone a votación de inmediato.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la propuesta del punto de acuerdo por el que se exhorta a los grupos parlamentarios a crear una agenda legislativa para la reforma del Estado.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.
Y esperemos que esto se traduzca en una voluntad de los grupos parlamentarios para realmente sentarse a negociar la agenda legislativa. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobado. Comuníquese.
Se retira la propuesta que estaba inscrita del diputado Evodio Velázquez Aguirre, del grupo parlamentario del PRD, y se recibió de la Junta de Coordinación Política un punto de acuerdo que a la letra dice lo siguiente:
Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, dentro del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se destinen 500 millones de pesos etiquetados al fideicomiso 1928 para la realización del proyecto de entubamiento del Canal Nacional del Desagüe en la parte que corresponde al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez. Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.
Se recibió también de la Junta de Coordinación Política un comunicado que crea las comisiones especiales. Pido a la Secretaría dé lectura a las mismas. … El trámite de este asunto se hará el próximo lunes.
Igualmente la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el inciso a), numeral uno del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Mesa Directiva lo siguiente:
Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el ámbito de las facultades que le confiere el inciso b), numeral uno del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cite a la Asamblea a sesiones ordinarias los días 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre del año en curso, a efecto de desahogar los asuntos relacionados con el paquete económico 2007 y otros temas de interés.
Se comunica a la Asamblea esta cita para los días 18, 19, 20, 21 y 22 de este mes de diciembre. Tiene la palabra la diputada Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar punto de acuerdo por el que requiere al Consejo General del IFE reduzca los costos de campaña.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Con su permiso, señor Presidente. El pasado 30 de noviembre el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó su presupuesto para el año 2007. De acuerdo con tal documento el financiamiento total a los partidos políticos nacionales, ascenderá a un total de dos mil 899 millones de pesos. De esta cifra el más importante rubro lo integra el financiamiento por actividades ordinarias permanentes, el cual asciende casi a dos mil 700 millones de pesos.
Comparada con el año anterior esa cifra es equivalente a un incremento cercano a 35 por ciento, es decir, 700 millones de pesos adicionales, no obstante que 2007 no será año de elecciones federales.
De continuar esta tendencia, para el 2009, año en que habrá de renovarse esta Legislatura, el financiamiento a partidos alcanzará una cifra de al menos cinco mil 400 millones de pesos. Los partidos políticos no podemos gastar tales cantidades de dinero en nuestra actividad; digámoslo con todas las letras. Tales montos son injustificables ante la enormidad de carencias y necesidades del país y es un agravio para la ciudadanía.
También es cierto que éste es el resultado de un diseño constitucional ilegal que requiere ser modificado a la brevedad y que es una asignatura pendiente de esta Legislatura. Acabamos de escuchar a los diputados hablar de la reforma del Estado y en ese tema se inscribe.
Pero mientras tanto, sí hay algo que podemos hacer. En efecto no se requiere de una reforma constitucional para atender esta demanda ciudadana. Lo podemos hacer aquí y ahora con los propios instrumentos que hoy nos provee la normatividad electoral.
El artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I del Cofipe, establece que "el Consejo General determinará anualmente, con base en estudios que presente su consejero presidente, los costos mínimos de campaña para diputado, senador y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando como base los costos aprobados en el año inmediato anterior, actualizándolos mediante el índice nacional de precios al consumidor, así como los demás factores que el Consejo determine".
En razón de lo anterior, el Consejo General puede determinar, tomando como base el punto de acuerdo que ahora se propone, una reducción de 20 por ciento de los costos mínimos de campaña para diputado, senador y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
La reducción señalada a los costos mínimos de campaña tendrá por efecto que el incremento del presupuesto a partidos políticos correspondiente a este rubro sea cercano a cuatro por ciento en relación con el año pasado. Esto es similar a la inflación proyectada en el paquete económico presentado por el gobierno federal para 2007.
En números redondos implicaría un ahorro de 538 millones de pesos. Con tal determinación el financiamiento a los partidos crecerá en un monto mucho menor al proyectado, apenas superior al ejercido por este mismo concepto durante 2006, sin perjudicar los compromisos contraídos con terceros, por los propios partidos políticos, así como independientemente de otros rubros de su financiamiento.
La plataforma que prácticamente todos los partidos políticos presentamos a los ciudadanos en la pasada contienda electoral incluía, como uno de los aspectos más importantes, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Por ende no necesito convencerlos de esta necesidad ni dudo de la sinceridad y la altura de miras que prevalece en cada uno de los integrantes de la Cámara de Diputados.
538 millones de pesos son sólo 50 por ciento de la dimensión presupuestal que se pretendía para la UNAM, un poco más de 100 por ciento del recorte al Politécnico. Y en esta danza de cifras, quizás no represente gran cosa, en cambio sí puede impactar en el resultado del trabajo y la vida de los partidos políticos. Esta reflexión se vale.
Pero hágamonos cargo, el debate de la pasada sesión dio cuenta de la preocupación que todos en este recinto manifestamos por la disminución en el presupuesto a la Educación, lo que yo les presento, quiero planteárselos como una oportunidad real y concreta de hacer ahorros para apoyar justo este rubro de educación.
Pero fundamentalmente quiero convencerlos de que es un buen momento para decirles a los ciudadanos y ciudadanas de este país que la Cámara de Diputados sí le da vuelta a la página de los agravios del primero de diciembre con un acto de congruencia y voluntad política.
Señoras y señores legisladores, este debate no sólo se coloca en el marco del presupuesto, está inscrito en el marco de la ética política, hechos son amores. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración, perdón…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputada Marina Arvizu. Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval, ¿con qué objeto diputado?
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Para ver si la diputada Marina acepta una pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta del diputado Sandoval?
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: No señor Presidente, no la acepto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante diputada.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.
Primero. Que esta Cámara de Diputados requiera al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 49, párrafo 7, inciso a) fracción I apruebe los costos mínimos de campaña de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que incluyan una reducción de 20 por ciento a los costos mínimos aprobados para 2006.
Segundo. Que se informe a la Comisión de Presupuesto a efecto de que la misma considere, para la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 la reducción motivo del presente punto de acuerdo y destine los recursos que del mismo se deriven al rubro de ciencia y tecnología del citado Presupuesto de Egresos de la Federación.
Finalmente solicito que el presente punto de acuerdo se integre de manera completa en el Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Marina Arvizu. Insértese íntegra en el Diario de los Debates la propuesta. Han solicitado a esta Mesa Directiva, antes de dar el trámite de la votación si el asunto se considera de urgente resolución, de fijar posición diputados de diversos grupos parlamentarios. En consecuencia tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, de Nueva Alianza. Y esta Presidencia saluda afectuosamente a los presidentes municipales del estado de Querétaro aquí presentes. Permítame, diputado Godínez. Sonido a la curul del diputado Oviedo.
El diputado Ernesto Oviedo Oviedo: Presidente, ¿sería tan amable de rectificar el quórum?
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia considera que sí hay quórum diputado. Adelante, diputado.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez: Con su venia señor Presidente. Honorable Asamblea. El Partido Nueva Alianza apoya decididamente el punto de acuerdo sometido a esta soberanía por el grupo parlamentario de Alternativa.
El sistema de financiamiento predominantemente público a los partidos políticos y campañas, que se adoptó a partir de las reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el año de 1996, ha contribuido a mejorar la organización, competitividad y transparencia de las elecciones.
La mejor prueba de ello es la aceptación de los resultados por los partidos políticos, los ciudadanos, la opinión pública nacional y por supuesto la comunidad internacional. No obstante los avances registrados y reconocidos en los cuatro procesos electorales que bajo su amparo se han realizado, las elecciones de 1997, 2000, 2003 y 2006, se han podido comprobar las deficiencias que hay que corregir con urgencia para legitimar a la política y a los políticos y aumentar así la participación y la vigilancia ciudadana.
Todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara hemos coincidido ampliamente en la urgencia de una nueva reforma electoral haciendo eco al clamor popular del desprestigio y la poca credibilidad de sus políticos. Esto es urgente, tenemos que hacer que la democracia cueste menos y represente mucho más.
En los últimos procesos electorales se ha podido observar que aún con los avances por la vía de las precampañas se hicieron gastos que condicionaron todo el proceso y expusieron la autonomía de las decisiones políticas; que los procesos de selección de candidatos se prestaron a la utilización de métodos arcaicos y resultaron a tal punto inicuos y onerosos que debilitaron a los partidos al momento de la competencia electoral; que el dinero se volvió el factor determinante de los resultados y que la competencia pasó a descansar crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y el reconocimiento de los posicionamientos de los políticos y de los candidatos.
Pero aún sin considerar los casos de violaciones a la ley en lo que toca al financiamiento de las campañas, la competencia para la selección de los candidatos, los márgenes estrechos entre la primera y segunda fuerza en prácticamente todas y cada una de las elecciones federales y locales, la duración de las campañas y el alto costo de la publicidad comercial en la televisión y la radio han llevado a un verdadero círculo vicioso, que es mejor ejemplificado por el circo que vive la política en México el día de hoy.
Para ganar se depende enteramente de la publicidad y no hay dinero que alcance. Es la hora de dar un golpe de timón y poner un hasta aquí. El alto costo de la política y los aún insuficientes controles al financiamiento, requieren de una nueva reforma electoral que se lleva con los principios de austeridad, equidad, protección del interés público, transparencia y prevención de la corrupción, así como del fortalecimiento de las prácticas democráticas y la rendición de cuentas en la vida de los partidos políticos.
Como parte de una nueva reforma electoral que reduzca el costo de la competencia y mejore las condiciones de la competencia es indispensable revisar particularmente la fórmula de financiamiento de los partidos políticos, en particular esta fórmula de asignación de financiamiento público de los partidos, para que se considere únicamente el número de diputados de mayoría y se reduzca porcentualmente, como se ha propuesto en este punto de acuerdo, el costo mínimo de campaña.
Es urgente dar pleno sustento a la reforma electoral que reduzca el costo de la política, proteja el interés público y transparente la vida de los partidos y las actividades que se realizan antes, durante y después de las elecciones.
Estas reformas han sido reclamadas por los ciudadanos que urgen a sus representantes populares, una mayor austeridad y transparencia en la utilización de los recursos que les pertenecen, los recursos públicos.
Sin las enmiendas electorales anteriores lograron el objetivo de aumentar la confianza de los ciudadanos en las elecciones, este punto de acuerdo es un punto de partida para iniciar una reforma que deberá legitimar la vida política y asegurar la independencia de las autoridades de los intereses económicos. Estas mejoras legales constituirán la parte central de una urgente e impostergable reforma del Estado.
Es por ello que los legisladores del grupo parlamentario Nueva Alianza nos sumamos plenamente a favor del punto de acuerdo en discusión. Es cuanto, señor Presidente, le ruego se incluya íntegra mi participación en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Se insertará en el Diario de los Debates. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Partido Convergencia.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso señora Presidenta. Honorable Asamblea. Convergencia ha propuesto una serie de medidas que permitan reformar el sistema electoral y de partidos, vigente.
La idea es propiciar más equidad en la competencia electoral y más responsabilidad por parte de los partidos políticos ante la sociedad.
Adicionalmente se busca bajar los costos del sistema electoral y de partidos, que actualmente es muy caro, contrastando con una sociedad de grandes carencias. Por supuesto, se busca privilegiar la discusión de propuestas y la construcción de acuerdos por encima de la lucha electoral. Las propuestas de Convergencia respecto de estos son de fondo.
Primera. Reducir el número de procesos electorales que se celebran a nivel nacional. Para ello se debe hacer empatar las fechas de las elecciones federales y las locales, en la medida de lo posible. De esa manera se podrían reducir las más de las 70 jornadas electorales que se celebran actualmente a todo lo largo y ancho del país durante un período sexenal, a solamente dos o cuatro por sexenio. Con ello se reducirían los costos de campaña.
Se tiene un cálculo aproximado de que con esto se reducirían 50 mil millones de pesos. lo cual es de suma importancia para dar respuesta a la sociedad que nos califica como que los partidos somos quienes más gastamos en esto. Después se verá que los beneficiarios terminales no son tanto los partidos, sino algunos medios de comunicación.
Otra propuesta de Convergencia es reducir el tiempo de las campañas electorales. No hay ninguna necesidad de que las campañas se desarrollen con tanto tiempo de antelación a las elecciones. Si se reduce el tiempo de campaña, se disminuyen automáticamente los costos; no es lo mismo sostener campañas de seis meses, que de tres meses.
Por otra parte, Convergencia ha venido planteando desde hace más de siete años la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. La sociedad tiene la percepción correcta de que se les da un financiamiento excesivo a los partidos políticos.
La mayor parte del dinero que se da a los partidos es para campañas; así que sí se disminuyen, tanto éstas como su duración, es posible eliminar el financiamiento público a los partidos a cambio de normar, clara y estrictamente, sobre cómo se financiarían.
La homologación de tiempos en los medios. La mayor parte del dinero que se utiliza en campañas es para la difusión de ideas y candidatos en medios. Esto ha provocado que los precios que cobran los medios se aumenten y que, además, ellos utilicen criterios discrecionales para cobrar o para dar tiempo a los distintos partidos.
La propuesta es que para compensar la disminución de financiamiento a los partidos se les dé a todos igualdad de acceso a los medios. Además, el pago a estos lo deberá hacer directamente el IFE, en lugar de entregar estos recursos al Partido. El Instituto deberá concertar con los medios criterios de aplicación general y un precio justo para la difusión, en igualdad de condiciones, de las propuestas de todos los partidos políticos.
Esto es justamente lo que plantea Convergencia, pero eso debe verse en un paquete integral, no solamente con motivo de las campañas. Todo eso va directamente a reducir el financiamiento de los partidos políticos, que es el clamor general de la sociedad y con lo que nosotros estamos de acuerdo.
Pero también planteamos que sea en un paquete integral donde se vean todas estas reformas, para no tener más parches en nuestra legislación electoral. Muchas gracias, a todos ustedes.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Las propuestas quedan reservadas para el momento de la votación. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara consideramos necesario el destino de mayores recursos a éste y otros rubros, así, consideramos apoyar el presente punto de acuerdo no sólo por compromiso con la juventud mexicana y su desarrollo, sino por convicción de que México requiere un impulso en este sentido para lograr un avance en todos los rubros; sin embargo, diputados y diputados, me permito hacer a nombre de mi grupo parlamentario las siguientes
Consideraciones
Primero. Quiero manifestar que no quedan claras las motivaciones a fin de que los recursos que se pretenden para ciencia y tecnología sean erigidos única y exclusivamente a este rubro. En esta virtud, consideramos que es necesario el estudio a profundidad de este punto de acuerdo a fin de que sea evaluada con mayor precisión y profundidad la propuesta, a fin de no sólo beneficiar con estos recursos a un solo aspecto de las necesidades nacionales, sino que además sean beneficiados otros temas como los ambientales y sociales.
Recordemos, ciudadanas y ciudadanos diputados, que nuestro país como megadiverso y signatario de diferentes convenios en materia ambiental tiene la encomienda de tomar las medidas que permitan preservar los recursos naturales que conforman la riqueza biológica nacional.
Es así como el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera fundamentalmente, priorizar las siguientes áreas que han sido castigadas mediante la reducción presupuestal prevista por el Ejecutivo, a saber: el Instituto Nacional de Ecología; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
En segundo lugar, me permito señalar que es necesario llevar a cabo una propuesta encaminada a que sea esta soberanía, en el ejercicio de su derecho y cumplimiento de su obligación constitucional, el de determinar a través de la Comisión de Presupuesto los montos destinados a cada uno de los rubros del gasto público a ejercer en el próximo ejercicio fiscal.
Cabe mencionar que para lograr niveles óptimos de competitividad en el escenario mundial debe llevarse a cabo un importante esfuerzo en el fortalecimiento, en la educación; pero también lo es que otro de los sectores determinantes es el manejo sustentable del medio ambiente, toda vez que en el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2007 se ha planteado una disminución a los recursos en esta materia; por tanto, invertir también en este rubro permitirá que nuestro país genere oportunidades reales de inversión y desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, es necesario considerar un equilibrio en la inversión en ambos factores. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña: Con su permiso, señora Presidenta. A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional vengo a posicionar y a justificar que estamos plenamente convencidos y apoyamos este punto de acuerdo.
En nuestro país se registran bajos niveles de aceptación de la política, de los políticos y de las instituciones de representación popular. La Secretaría de Gobernación encargó una encuesta para medir el nivel de cultura política entre los mexicanos, cuyo resultado estableció que tan solo el 20 por ciento de los mexicanos están satisfechos con el sistema político y participan, de una u otra forma, en actividades relevantes a la política.
Debemos reconocer que los mexicanos se sienten poco representados por las instituciones democráticas y tienen escasa confianza en que pueden influir, de alguna manera, sobre la marcha de los asuntos políticos e institucionales de este país.
Para el Partido Revolucionario Institucional es una asignatura pendiente, por lo que nuestro grupo parlamentario no descansará hasta concretar las modificaciones a nuestro sistema electoral, que consideren desde el modelo de financiamiento hasta los partidos políticos, sus precampañas y de los candidatos, hasta la reducción de los períodos electorales y, por supuesto, la supervisión estricta de la aplicación de los recursos.
Sin embargo, la revisión debe ser integral, que forme parte de la reforma del Estado, en la que debemos de trabajar en esta Legislatura. Ésta tendrá que versar sobre el actual sistema de representación política y la forma de integración de los Poderes, que incluya la reelección inmediata de legisladores y se introduzca un modelo de incompatibilidades para quienes desempeñen la representación popular, entre otros aspectos.
En el PRI estamos de acuerdo en que es necesario propiciar el fortalecimiento de los partidos políticos, transparentando sus decisiones, clarificando el origen y destino de sus recursos, disminuyendo los tiempos y por tanto, los costos tan elevados de los procesos electorales y, por supuesto, los gastos de las continuas y prolongadas campañas políticas.
Debe prevalecer la idea que, mediante elecciones libres, legítimas, equitativas y transparentes, integremos instituciones y poderes idóneos, lo que es exigido para todos los niveles y ámbitos de representación porque, al fin y al cabo, éstos serán los órganos que prueben y apliquen las leyes que puedan cambiar realidades sustantivas en beneficio de todos los mexicanos.
En todo país democrático el sistema jurídico político-electoral es de suma trascendencia para la estabilidad social, más aún cuando la actuación de los sujetos de derecho electoral se someten al supremo principio de constitucionalidad, de legalidad, objetividad y transparencia.
Es importante que contemos con los mecanismos institucionales que mantengan el equilibrio de Poderes, que existan los controles y la necesaria solidez de los instrumentos para hacerlos operar, sin introducir falsos discursos en aras de reivindicar una imagen de un solo grupo o un sector en particular.
Estas modificaciones deberán ir a la vanguardia política y establecer la agenda de los asuntos públicos más relevantes de que dan cuenta los medios de comunicación.
Es necesario resaltar que en la existencia de problemas de división social y política en el país, debemos consolidar las instituciones políticas partidos e instituciones electorales para que reivindiquemos ante la sociedad el ejercicio de la política.
Es imprescindible contar con instituciones políticas altamente especializadas y especificadas, con una administración profesional, con una organización sólida de los partidos políticos que incluya una ampliación considerable del concepto de ciudadanía.
La falta de reglamentación o de una ley de partidos políticos en México incide en los actuales niveles de abstencionismo, ya que la mayoría de la gente no desea participar en los distintos partidos políticos ni en los procesos electorales, por lo que el punto de acuerdo que hoy se pone a consideración deberá ser motivo de un estudio profundo que considere su relevancia en un marco de discusión mucho más amplio.
El objetivo básico es mantener las condiciones suficientes de equidad e imparcialidad y dotar de plena legitimidad a los procesos y sus resultados, reafirmando así la existencia de una democracia electoral eficaz, producto del consenso de los partidos, ya que como ha quedado de manifiesto en el último proceso electoral, la desconfianza sigue existiendo.
En el México plural de hoy deben prevalecer los consensos sobre los profundos disensos articulados por un tejido de organizaciones cívicas y políticas que entiendan la necesidad de convivir y la vía electoral que es necesario reformar, y ofrezca muchas más de sus virtudes. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática..
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros. El PRD sí quiere que disminuya el costo de la política en México; de las campañas políticas. El PRD sí quiere que disminuyan las prerrogativas de los partidos políticos. El PRD está convencido de que el pueblo de México quiere todo ello. Pero ahora haría algunas preguntas.
Si nosotros le pedimos al IFE que disminuya, como se nos solicita, el costo mínimo de la campaña, tenemos que decirle exactamente en cuál de sus componentes va a haber reducción real, porque eso no es un capricho. El problema es que el costo mínimo de campaña tiene que disminuir en algún rubro y el PRD propone varios rubros, y aquí lo han hecho algunos otros.
¿En qué debe disminuir el costo mínimo de campaña? Uno, medios de comunicación. Que el tiempo del Estado que los medios están obligados a entregar sea del que se disponga para toda la propaganda electoral. También proponemos que disminuyan el tiempo de campañas. También proponemos que hay que resolver el problema del gigantismo de nuestras estructuras electorales.
Les doy un dato. El IFE sólo dedica hacia los partidos políticos un tercio de su presupuesto. Dos tercios se dedican al funcionamiento de una estructura que sólo funciona hasta el óptimo cada tres años. Y eso ya se volvió norma para todas las estructuras estatales y locales.
Por esas razones, compañeras y compañeros, nosotros estamos de acuerdo con lo que han dicho casi todos los oradores, de que este tema hay que abordarlo globalmente, porque tendríamos que responder las siguientes preguntas.
Si hoy a los partidos que dependen básicamente del financiamiento público, les disminuimos éste y no baja el costo de la propaganda en la televisión y en el radio. ¿De dónde van a sacar los partidos y los candidatos el dinero? Porque sólo hay de dos, o entras a la televisión y al radio pagando o estás fuera de la competencia.
Y si no hay dinero público, entonces la respuesta es: Vamos a buscar los patrocinadores legales o ilegales. Nosotros decimos que no se requieran patrocinadores, vamos a disminuir en serio el costo de la política, pero hagamos la reforma electoral.
Hace un ratito acordamos aquí iniciar de inmediato la construcción de la agenda electoral y se nos dice que en el Senado ya van aprobando la Ley para la Reforma del Estado. Hagamos ese compromiso. El primer tema a discutir estos días —hagamos el compromiso, insisto— de que sea el tema de la reforma electoral y el costo de las campañas.
Ojalá que podamos eliminar esta duplicidad de estructuras electorales. No tiene por qué haber un IFE y estructuras electorales en cada estado. Fundamos las dos estructuras para hacer una sola que le cueste menos al país: un Instituto Nacional Electoral. Es una propuesta específica del PRD.
Y vamos a ahorrar mucho dinero. Y les sugiero de una vez a dónde se vaya ese dinero: a crear un fondo compensatorio para cumplir los objetivos del milenio de Naciones Unidas y que vaya destinado a los estados y regiones más pobres del país. Hagamos un paquete fuerte de financiamiento.
No está bien, compañeras y compañeros, que digamos que se disminuya el presupuesto —con esto termino, Presidente— a los partidos y que no digamos que disminuyamos el costo de la propaganda electoral en medios de comunicación.
Termino diciendo: los medios que han dado hoy tanta difusión a esta propuesta ¿la habrían dado si la propuesta fuera "disminuyamos el presupuesto a los partidos por la vía de hacer gratuita la propaganda electoral, por la vía de la reducción de ese gasto que es el más oneroso"?
Yo creo que no le habrían dado este tiempo que hoy le han dado en casi todos los noticieros, porque es una propuesta —permítanme que lo diga— que alimenta esta campaña en contra de todos los partidos políticos mexicanos. Gracias, muy amables.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra la diputada Dora Alicia Martínez Valero, del grupo parlamentario del PAN.
La diputada Dora Alicia Martínez Valero: Con su venia, señor Presidente. Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo presentado por el Partido Alternativa.
El debate suscitado en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación nos abre la posibilidad para que, frente a la ciudadanía y sin rodeos, las fuerzas políticas aquí representadas nos manifestemos por un tema que ya es un justo reclamo de la sociedad, como es la disminución de los costos de campaña y el financiamiento a los partidos y agrupaciones políticas, recursos que bien podrían utilizarse en seguridad, en programas sociales, en salud, en programas educativos o en todo aquello que hace falta.
El respaldo de nuestra bancada en este punto de acuerdo no es oportunismo político, ni una postura inevitable; por el contrario, se inscribe en la congruencia y el determinismo de avanzar por una propuesta que hemos sostenido desde que se creo el Partido Acción Nacional.
Permítanme recordarles que en 1997, el Comité Ejecutivo Nacional —de mi partido— criticó el excesivo financiamiento asignado y decidió que sólo haría uso de 61 por ciento de dicho presupuesto. Por eso, el 23 de enero de ese año devolvimos, entregamos un cheque a la Secretaría de Hacienda por 29 millones de pesos.
Les recuerdo también que quien cumplió, quien hizo eso, era entonces el presidente de Acción Nacional —y hoy es el Presidente de México— Felipe Calderón Hinojosa. Pero no sólo hicimos eso, además en 1996 presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra del financiamiento excesivo de los partidos políticos, y hace dos semanas —en el Senado— también en congruencia, el senador Federico Döring presentó un punto de acuerdo similar al que se está presentando hoy y que en el punto tercero de su punto de acuerdo señalaba que exhortaba a los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que se revisara precisamente el presupuesto de los partidos políticos y que se hiciera una reasignación a los mismos.
Coincidimos en que esta Cámara de Diputados se ha convertido en elemento idóneo para demostrar a la ciudadanía que existe voluntad de todas las fuerzas políticas de sobreponer los intereses de la nación por encima de los propios; en ese sentido, respaldamos esta proposición.
Pero no sólo eso, además creemos que tenemos que hacer reformas que ya lo han planteado aquí otros grupos parlamentarios y nosotros particularmente, respecto al financiamiento decimos que se tienen que acotar los tiempos de campaña. Sería la forma más rápida de poder acotar el costo de las mismas y disminuir en un 25 por ciento el financiamiento público de los partidos para las elecciones en las que se renueva el Congreso y hay elección de Presidente, y reducir en un 50 por ciento para las elecciones intermedias.
También consideramos que es necesario reducir del dos por ciento al uno por ciento a las asociaciones políticas.
Por lo anterior, queremos dejar de manifiesto nuestro compromiso y nuestra determinación por hacer realidad permanente la reducción del financiamiento de los partidos políticos.
Yo solo les digo, para concluir, que no solo exhortemos a una autoridad autónoma a que realice algo que en principio es nuestra responsabilidad. Asumamos nuestro compromiso de legislar; asumamos nuestro compromiso de responder al mandato de la ciudadanía. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Dora Alicia Martínez Valero. Dígame, diputado. Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Velasco.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Quisiera solicitar una adición a este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): En base al artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía que se incluya que la reducción de los costos mínimos de campaña para los cargos de representación popular, no sólo sea para el Instituto Federal Electoral sino también lo sea para las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión.
Me parece que este tema debe ser incluido. El monto y el uso que hacen las fracciones parlamentarias del financiamiento que recibimos en esta Cámara de Diputados, motivo por el cual solicito que mi petición sea adicionada al punto de acuerdo. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Vamos a dar el trámite que corresponde. En primer lugar está la propuesta hecha por la diputada Marina Arvizu que había solicitado de obvia o urgente resolución, y una vez votado esto le damos trámite.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa. No hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La propuesta hecha por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, la turnamos también en los mismos términos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Túrnense ambas. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (17:15 horas): Se cita a todas las ciudadanas y ciudadanos diputados a la sesión que tendrá lugar el próximo lunes 18, a partir de las 12:00 horas. Se levanta la sesión y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10:30 horas.