La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 326 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (12:21 horas): Se abre la Sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo …(votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Muchas gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Comunicaciones. De los Congresos de los estados.
El Congreso del Estado de México, remite acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se considere un incremento en el Fondo Metropolitano.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Solicitud de licencia por tiempo indefinido del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Están a discusión los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la II Circunscripción plurinominal a partir del 19 de diciembre de 2006.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Comunicación de la Junta de Coordinación Política; cambios en las integraciones de comisiones solicitadas por el diputado Javier González Garza: que el diputado Ramón Almonte Borja cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social; que la diputada Aurora Cervantes Rodríguez cause alta como secretaria en la Comisión de Cultura; que el diputado Mario Enrique del Toro cause alta como secretario en la Comisión de Relaciones Exteriores; que el diputado Víctor Hugo García Rodríguez cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Pública; que el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza cause alta como secretario en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; que el diputado Santiago López Becerra cause alta como secretario en la Comisión de Transportes; que el diputado Fernando Mayans Canabal cause alta como secretario en la Comisión de Salud; que el diputado Celso David Pulido Santiago cause alta como secretario en la Comisión de Agricultura y Ganadería.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8o. tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio solicitado por el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que el diputado Juan N. Guerra Ochoa cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma diversas disposiciones del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y del senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se dote de mayores recursos en materia de educación a los estados de la República, presentada por el senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asigne una partida destinada al Programa 3x1 para migrantes, del Ramo 20, presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase igualmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen los recursos necesarios para que el gobierno subsidie el precio de la leche Liconsa que entró en vigor el 17 de noviembre de 2006, presentada por el senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se asignen los recursos necesarios a fin de construir un centro de readaptación social en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, presentada por los senadores Ludivina Menchaca Castellanos y Pedro Joaquín Coldwell.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase igualmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
Continúe la Secretaría en el apartado de proposiciones. Esta Presidencia informa que se recibieron cinco puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007. Proceda la Secretaría a dar lectura a los enunciados.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Primero, del diputado Carlos Armando Reyes López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía, destine recursos para la creación de consejos de competitividad y desarrollo regional en cada entidad federativa.
Segundo, del diputado Alfredo Barba Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se consideren recursos para que la SCT elabore un proyecto del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros entre México y Guadalajara.
Tercero, del diputado Joaquín Humberto Vela González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se consideren recursos para la construcción de una casa hogar en Ecatepec, Estado de México, así como para la creación e impulso de pequeños proyectos productivos de carácter social y para el rescate del río Totolica, de la misma entidad.
Cuarto, de los diputados integrantes de la Comisión de Marina. Proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se consideren recursos para la construcción de un buque tipo patrulla oceánica que vigile las instalaciones estratégicas de Pemex en la zona de Campeche.
Quinto, de los diputados integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se consideren recursos para llevar a cabo los programas prioritarios para el bienestar de los mexicanos en el extranjero.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados. Proceda la Secretaría a dar lectura a la iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, a 19 de diciembre de 2006. Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Presente.
Los suscritos diputados federales, coordinadores de los grupos parlamentarios constituidos en la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo final al artículo 6o. de la Constitución federal con el fin de fortalecer el derecho a la información y la transparencia, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
Exposición de motivos
La democracia es indispensable para el progreso cualitativo de nuestra nación. Ésta debe ser la base política del crecimiento económico y de una vida social regida por las garantías que están consagradas en nuestra Constitución general.
El consenso por adecuar el derecho a la información a una nueva realidad y pluralidad política existente en nuestro país ha generado consensos en todos los ámbitos de gobierno e inclusive de la propia sociedad, al grado que recientemente se ha presentado una propuesta proveniente de los gobernadores de las entidades federativas de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas, a la cual se sumó el de Veracruz y el jefe de gobierno del Distrito Federal, a efecto de establecer principios mínimos observables en todo el ámbito federal.
Ahora bien, esta iniciativa no sólo revela el avance democrático de un pueblo, sino también define de manera importante sus adelantos, en la medida en que la sociedad interviene, discutiendo, demandando y apoyando acciones para el desarrollo social y económico de nuestro país y coadyuvando en las soluciones que permitan una igualdad de oportunidades mediante el análisis y evaluación de la información generada por los órganos del Estado.
Para tal cometido se requiere de instituciones, principios y mecanismos que garanticen el acceso a la información pública de manera universal, confiable y sencilla.
En este sentido, la iniciativa que se presenta ante este órgano del Poder Legislativo federal pretende fortalecer y garantizar en todo el país, el ejercicio del derecho a la información pública, a efecto de afianzar la confianza de los ciudadanos en la obtención de información objetiva y expedita, generada por los órganos de los tres órdenes de gobierno y demás sujetos que obtengan o ejerzan recursos públicos, consolidando con estas acciones una sociedad mejor informada, con mayores elementos para evaluar el acontecer gubernamental y con mejores instrumentos para fiscalizar las acciones estatales.
Dicha iniciativa obligará a la generación de criterios uniformes en materia de acceso a la información pública y no solamente sobre aquella que está en poder de determinado órgano o ámbito de gobierno, con lo cual se buscará perfeccionar en nuestro sistema jurídico el derecho a la información.
Sobre este particular, cabe señalar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre de 1977, se reformaron y adicionaron los artículos 6o., 41, 51, 52, 63, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahorita continuamos con la lectura, diputada. Se encuentra en el salón de sesiones una delegación de diputados y funcionarios del Partido Comunista de la República Popular China, encabezada por el señor Wang Jiarui, Ministro del Departamento de Enlace Institucional del Comité Central de dicho partido y acompañado por el excelentísimo señor Rem Jingiu, embajador de China en nuestro país. Sean ustedes bienvenidos a la Casa del Pueblo Mexicano y les deseamos el mejor éxito durante su estancia en nuestro país. Muchas gracias. Continúe, diputada.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: El artículo 6o. constitucional fue adicionado en su última parte con la siguiente expresión: El derecho a la información será garantizado por el Estado, instituyéndose de esta manera el derecho a la información. La evolución histórica de esta libertad fundamental ha estado plagada de dificultades y el tránsito por caminos sinuosos.
Sin embargo, ha sido el desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como la suscripción por nuestro país de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los que le han dado su justa dimensión y alcance. De hecho, el derecho a la información en su vertiente de acceso a la información pública ha adquirido notoria importancia en el mundo de las ideas políticas, sociales y jurídicas del pensamiento contemporáneo, al grado de que se le considera como uno de los rasgos más distintivos de los estados constitucionales modernos.
De esta manera el fortalecimiento del derecho a la información se convierte entonces en un útil instrumento para consolidar el estado de derecho y encausar las acciones de los órganos del Estado hacia su evolución democrática.
Sin duda un Estado que defiende y fomenta las libertades fundamentales de los seres humanos es un Estado democrático que incide en la consecución de una sociedad participativa responsable.
La existencia y perfeccionamiento de un marco jurídico que brinde transparencia y rendición de cuentas de los actos de gobierno enriquecen el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática, para un ordenamiento de la conducta individual y colectiva del país, conforme a sus aspiraciones.
Por lo que en la sociedad democrática a que aspiramos los mexicanos, las acciones de gobierno no deben ser solamente ampliamente difundidas, sino también extensamente analizadas y evaluadas por la población aprovechando la producción de abundante información pública y de fácil acceso para todos.
Asimismo, de manera correlativa el acceso a la información pública y la transparencia de los actos de gobierno se convierten en herramientas eficaces para el combate de conductas ilícitas. En efecto, la falta de claridad en el manejo de los recursos públicos que con mucho esfuerzo el pueblo destina para el mantenimiento del Estado, históricamente ha menoscabado el pleno desarrollo democrático de nuestra sociedad, al convertirse en un incentivo perverso para la comisión de actos de corrupción.
Cabe recordar que el manejo y manipulación de información sobre determinado asunto ha sido el detonante para que se llevaren a cabo o se adjudicaran grandes negocios a favor de unos cuantos y en detrimento de la sociedad.
En este tenor se debe reconocer que en materia de derecho a la información sobre todo en el aspecto de transparencia y rendición de cuentas de los actos de gobierno en los últimos años, se han realizado esfuerzos importantes tendientes a definir y fortalecer estos derechos, así como dotar de instrumentos y medios de defensa eficaces en contra de la falta de garantías de su ejercicio pleno.
Al respecto el Congreso de la Unión aprobó y expidió en el año 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Tanto la iniciativa presentada bajo la asesoría del llamado Grupo Oaxaca, como la iniciativa elaborada por el gobierno federal, buscaban el mismo fin: permitir que todos los ciudadanos podamos acceder a la información en custodia del gobierno, para lograr la absoluta transparencia del actuar gubernamental y avanzar hacia la plena rendición de cuentas.
La ley cumple con los criterios internaciones sobre acceso a la información pública y es uno de los logros legislativos más reconocidos en la opinión pública por su trascendencia.
El principio que inspira todo el ordenamiento es que, como regla general, la información en poder del Estado es información pública; es decir, de libre acceso para todos los ciudadanos, salvo las excepciones que la propia ley señala.
No obstante, a la fecha, debido a la forma de organización del Estado mexicano con el carácter de federal donde existe una delimitación respecto de ámbitos de competencia, tanto de la Federación como de las entidades federativas y los municipios, no ha sido posible unificar en las legislaciones que al respecto han dictado los congresos locales y la Asamblea Legislativa, principios y mecanismos comunes para ejercer el derecho a la información. Por lo que esta garantía no se ha consolidado como el instrumento necesario para alentar el desarrollo político, económico y social de todos los mexicanos.
Al respecto, la experiencia nos ha demostrado que cuando las garantías no se actualizan y fortalecen se convierten en letra muerta que no cumple con su cometido. De ahí que surja la necesidad de revisar nuestro marco jurídico constitucional en materia de derecho a la información, con la finalidad de llevar a cabo los ajustes pertinentes, pues la protección y respeto de un derecho, no se logra únicamente mediante su consagración constitucional, sino que requiere de su revisión periódica; a efecto de que el deber ser y el ser se encausen por el mismo rumbo.
La propuesta de los gobernadores constituye una ejemplo de la vocación de los mexicanos por mantener el diálogo y el consenso en todos los ámbitos de gobierno como mecanismos insustituibles para la construcción de un proyecto de nación, a la altura de las aspiraciones de una sociedad que exige de sus gobernantes un compromiso cada vez mayor y más responsable con las causas ciudadanas.
Por lo que sin demeritar de modo alguno las propuestas que al respecto han presentado legisladores de diversos partidos políticos, mismas que deberán valorarse y dictaminarse de manera conjunta, se presenta ante esta soberanía la iniciativa de reforma constitucional que recoge el alcance y contenido de la propuesta señalada en el párrafo precedente.
Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la voluntad de este Pleno externada mediante la aprobación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 28 de noviembre del año en curso, por el que se expresa la voluntad de la Cámara de Diputados, por fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información y la transparencia.
Ahora bien, los principios en materia de acceso a la información que se propone sean observables en todo el territorio nacional, y que surgen precisamente de un análisis cuidadoso respecto de los ejes sobre los cuales debe girar toda legislación y normatividad que se expida al respecto, tienen que ver en primer lugar con precisar con claridad que toda información es pública y por excepción será reservada por las razones de interés público que establezcan las leyes.
El segundo principio tiene que ver con el entendido de que no existen derechos ilimitados, dado que éstos hallan su acotamiento en la protección de intereses superiores que para el caso concreto se refiere a la protección de la intimidad de las personas, por lo que la información que se refiera a la vida privada y los datos personales deberá considerarse como confidencial y será de acceso restringido, en los términos que fijen las leyes.
El tercer principio pretende darle efectividad al ejercicio del derecho a la información, a través de la obligatoriedad para establecer procedimientos sencillos y cuyo desahogo sea en un breve término, tanto para la entrega de la información como para la interposición de recursos contra la negativa por entregar la información.
El cuarto principio responde a establecer la obligación estricta de que, en caso de que exista un conflicto entre el principio de publicidad y la necesidad de guardar reserva respecto de la información pública se deberá resolver el mismo mediante la evaluación del daño que pudiera causar la difusión de la información o bien acreditando causas de interés público.
Otro principio que tenderá a dotar de eficacia el ejercicio del derecho a la información es el de establecer que las conductas de los servidores públicos que atenten contra el ejercicio del derecho a la información serán consideradas como graves, para efectos de las sanciones administrativas que al respecto se establezcan.
Asimismo, con la presente propuesta se pretende establecer como obligación activa de los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, el que pongan a disposición de la ciudadanía un mínimo de información sobre los aspectos más relevantes del actual administrativo.
Por último y como un aspecto complementario de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, se propone la existencia de archivos administrativos actualizados y confiables. Firman todos los diputados coordinadores de los ocho grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta Presidencia saluda a los directores, profesores y estudiantes del quinto año de preparatoria del Colegio Badenpowell, pertenecientes al municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México presentes en esta sesión.
Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Diputado Pacheco, está abierto el sistema, diputado, para que se pueda registrar. ¿Alguien más?
Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 459 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarla por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: La iniciativa que iban a presentar los diputados Carlos Navarro Sugich y Antonio Valladolid Rodríguez se retira.
Se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Roberto Mendoza Flores: Con su permiso, señor Presidente. Diputados y diputadas. El suscrito, diputado Roberto Mendoza Flores, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General presento a la consideración de la Honorable Asamblea la presente iniciativa que reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a la siguiente
Exposición de motivos
El mandato ciudadano expresado en las urnas el 2 de julio pasado obliga a los legisladores a impugnar con modificaciones a la legislación que tengan como fin el bien común de la sociedad mexicana.
El día de hoy acudo a esta soberanía a efecto de impulsar el reconocimiento de derechos políticos plenos de los hombres y mujeres que, por diversas razones, forman parte de la migración interna que existe en nuestra patria.
Uno de los grandes problemas que existen en las políticas que impulsamos a diario los actores que formamos parte del Estado mexicano, es el doble lenguaje que utilizamos ante el fenómeno migratorio, es decir, mientras por un lado nos hacemos eco de las protestas de nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos, aislados de la participación de procesos políticos, legales y derechos fundamentales, so pretexto de la seguridad nacional; del otro extremo de la frontera visualizamos en las legislaciones locales normas, reglamentos y principios de interpretación jurídica e inclusive usos y costumbres que distan mucho de nuestra posición de pronunciarnos a favor de los derechos de los migrantes internos.
En el marco de los temas de exclusión del reconocimiento pleno de los derechos de los migrantes internos encontramos la censura e imposibilidad de la participación de los ciudadanos que no siendo nativos de las entidades federativas en donde radican desean acceder a la titularidad del Poder Ejecutivo local.
Inclusive existen constituciones locales que disfrazan su xenofobia jurídica permitiendo este derecho pero considerándolo a márgenes de residencia, fuera de cualquier estudio serio de arraigo del estado.
Yo preguntaría a los gobernadores y legisladores promotores de normas de las anteriores características: ¿es necesario vivir más de 15 años en un estado para conocer sus problemas?
Ejemplo de la falta de un criterio en el informe en el país lo constituyen las Constituciones locales en materia que a continuación los enuncio.
La Constitución de Morelos no admite que ningún mexicano, fuera de los nacidos en el estado, pueda ser gobernador. Dicho sea de paso, esta entidad es una de las que más ciudadanos originarios de otras partes del país eligen para vivir. En tanto, las Cartas Magnas de Campeche y Chiapas exigen a los no originarios de estos estados, lazos de consanguinidad familiar para poder aspirar al cargo antes descrito.
De igual manera existe un grupo de legislaciones locales que esconden su trato desigual, otorgando la posibilidad de participar a los avecindados con residencias que van de un rango de 10 a 15 años. En este grupo de normas se encuentran los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo.
Cabe decir que el resto de los estados del país establecen un criterio apegado a la Constitución Política e inclusive algunos definen criterios más amplios y progresistas.
Caso aparte merecen los que determina la Constitución de Zacatecas ya que mientras por un lado se apega al criterio antes mencionado, sujeta a los aspirantes a la primera magistratura estatal, a un proceso de creación de calidad de ciudadanos, a través del Congreso estatal, que justo es decir escapa a toda lógica jurídica.
Compañeros legisladores. Es parte de nuestro trabajo consolidar el Estado mexicano como nación, fortaleciendo el funcionamiento de las instituciones y otorgando los mismos derechos al hombre del sur como a la mujer del norte, sin importar raza, origen étnico y mucho menos territorial.
Ante la nueva realidad de la democracia en el país, surge la necesidad de construir consensos que permitan la mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo de la República.
Acudo a esta tribuna a invitarlos a que juntos realicemos un ejercicio de reflexión sobre las demandas de abrir las candidaturas a los espacios de tutelaridad del Poder Ejecutivo estatal, siguiendo exclusivamente como requisitos los enumerados que para el Poder Ejecutivo federal dispone la Constitución Política de nuestro país.
Todas y cada una de las fases de reforma electoral en México coinciden en el fin de garantizar la participación de los ciudadanos en los mecanismos de transformación de poder político nacional.
Ante la solicitud por parte de muchos ciudadanos, a nivel estatal, de participar en los procesos selectivos como candidatos al Poder Ejecutivo en sus entidades, es conveniente establecer márgenes jurídicos de certeza para garantizar la expresión de ejercicio pleno de los ciudadanos de sus derechos de votar y ser votados.
Todos los mexicanos merecemos ser tratados como iguales por la ley. Con una reforma de estas características se daría confianza y aumentaría la participación de electores.
Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente proyecto de decreto que modifica el párrafo segundo de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el párrafo segundo de la misma fracción en su inciso b) para quedar como sigue.
"Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"Los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de seis años.
"La elección de los gobernadores de los estados y de las Legislaturas locales será directa en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los requisitos de elegibilidad en los casos de los gobernadores de los estados serán los que para este efecto prevé el artículo 82 de la Constitución en sus fracciones de la I a la VII".
a) y b) se derogan.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Roberto Mendoza. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, señor Presidente. La presente iniciativa fue confeccionada y diseñada con miembros de la Comisión de Hacienda. Prácticamente el contenido de la misma ha sido recogido en el dictamen que aprobamos ayer, sea de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de tal suerte que, sólo pretendo —con la misma— socializar con ustedes cuál es el espíritu y la intención de manejar un monto gradual más allá del 1.4 por ciento que aprobamos ayer y que hago de su conocimiento.
En el marco del federalismo, es necesario construir mecanismos de asignación de los recursos federales que fortalezcan las finanzas públicas de los gobiernos locales. En este sentido, la presente iniciativa tiene como propósito asegurar y transparentar las asignaciones de recursos federales que actualmente reciben las entidades federativas.
La iniciativa crea el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) con el objeto de establecer los presupuestos de los estados y el Distrito Federal, con lo cual se brinda seguridad jurídica en la asignación anual de recursos para este fondo, misma que se determinará por un monto gradual de 1.4 a 2.4, hasta llegar al equivalente de 2.5 por ciento de la recaudación federal participable.
Se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la responsable de entregar mensualmente los recursos del FAFEF a los estados y el Distrito Federal, de una manera ágil y directa, de conformidad con el porcentaje que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada entidad federativa.
En cuanto al destino del FAFEF, se privilegia la inversión en infraestructura física; el resto se asignaría, entre otros, al saneamiento de los sistemas de pensiones y modernización de los sistemas de recaudación locales y catastros, a la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, así como para diversas tareas de las administraciones públicas locales.
Por otra parte, se contempla una reforma al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que tiene por objeto agilizar el ejercicio de los recursos públicos. Para dicho efecto, se prevé que dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial, se deberá publicar la distribución de los recursos por entidad federativa.
Por otra parte, y con el objeto de fortalecer las finanzas públicas de los gobiernos locales, se prevé que a través de un mecanismo de garantías o de fuente de pago, las entidades federativas obtengan financiamiento y cubran obligaciones contraídas con el respaldo de las asignaciones que anualmente reciben por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS y del FAFEF.
Es importante señalar que las obligaciones que respalden dichos fondos no podrán ser diferentes a los fines que los mismos tienen previstos. Asimismo y, por razones de prudencia fiscal, este mecanismo de financiamiento solamente podrá operar hasta por 25 por ciento de los recursos que reciben las entidades federativas y municipios por ambos conceptos.
Finalmente, y con el propósito de que la sociedad tenga conocimiento de la aplicación de los recursos públicos por parte de sus autoridades, se prevé la entrega de información detallada sobre el ejercicio de los fondos de aportaciones federales, lo cual contribuye a la transparencia presupuestaria.
Las entidades federativas informarán trimestralmente al gobierno federal sobre el ejercicio y destino de los recursos que por concepto de aportaciones federales reciban del Presupuesto de Egresos de la Federación. La referida información se pondrá a disposición del público en general, a través de las páginas electrónicas de Internet y de las autoridades respectivas.
Conforme a las consideraciones expuestas anteriormente, y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de este Honorable Congreso el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Disposiciones —muchas de ellas— que se encuentran contenidas en el dictamen que fue presentado al Pleno de esta Legislatura por la Comisión de Hacienda, a la que felicito por supuesto por el contenido de la misma. Y que trae, entre otras cosas, el modo de reparto en las entidades federativas de los recursos y el fortalecimiento a temas como pensiones, que son tan importantes en muchas entidades de la República.
Por lo mismo, señor Presidente, hago entrega de esta iniciativa con el contenido del mismo y con modificaciones en el monto gradual de las participaciones federales, de la recaudación federal participable de 1.4 al 2.5 por ciento, para que se registre y se turne a la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Adolfo Mota Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se encuentra a las puertas de este recinto, la ciudadana Sara Shej Guzmán, diputada federal electa en la II Circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: diputada Beatriz Collado Lara, María del Pilar Ortega Martínez, Amador Campos Aburto, Horacio Emigdio Garza Garza, María Guadalupe García Noriega, Elías Cárdenas Márquez, Silvano Garay Ulloa, Manuel Cárdenas Fonseca y Eduardo de la Torre.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadana Sara Shej Guzmán, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?
La ciudadana Sara Shej Guzmán: Sí, protesto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenida.
Esta Presidencia saluda a los estudiantes del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, plantel Zitácuaro, Michoacán, aquí presentes.
Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el artículo 86 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Con su venia, diputado Presidente. Estimadas colegisladoras. Respetados colegisladores. El día de hoy quisiera, antes de iniciar la lectura de esta iniciativa hacer unos comentarios con ustedes.
Las selvas y nuestros bosques están amenazados. Una de las causas número uno porque se pierden selvas y bosques, es por los desarrollos inmobiliarios, legales e ileales; una segunda causa es por el cambio de uso de suelo, el cual se aplica a uso ganadero o a plantaciones; la tercera causa es la tala ilegal; una cuarta es los incendios forestales.
En México se están acabando los bosques. En México hace falta nuevas políticas en materia forestal. Por decirles un ejemplo, para que ustedes tengan una idea, al año en México se deforesta un equivalente a cinco áreas iguales a las del Distrito Federal; al mes se deforestan en nuestro país siete áreas iguales que el lago de Pátzcuaro; al día —y este dato es interesantísimo— al día se deforestan en nuestro país un equivalente de tres y medio bosques de Chapultepec, en sólo un día; en sólo una hora se deforesta el equivalente a 23 áreas iguales al Zócalo de la Ciudad de México y en un minuto se deforesta un equivalente a dos canchas de futbol. La verdad es preocupante y es por ello el motivo de esta iniciativa.
Sergio Augusto López Ramírez, diputado de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto; 71 fracción II; 72, 73 fracciones XXIX y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II; 56, 63, 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicito se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente
Exposición de motivos
Un tema sumamente importante para el país no sólo porque se trata de un recurso natural que ha sido catalogado como de seguridad nacional, sino porque aún se encuentra amenazado por múltiples factores, es el que motiva la presentación de la presente iniciativa y se trata de los bosques.
Los bosques proporcionan importantes servicios ambientales como la captura de carbono, la disminución del efecto invernadero, la regulación del clima, la recarga de los mantos acuíferos, la fijación de suelos, entre otros.
Asimismo proveen con materias primas como la celulosa y la madera que se utilizan en diferentes procesos productivos.
La pérdida de superficies boscosas es uno de los factores más importantes en el cambio climático global, toda vez que se alteran ciclos bioquímicos como el del agua y el carbono.
Es también una de las causas más importantes de la pérdida de la biodiversidad. El impacto es tal que se estima que la tasa actual de extinción de especies es hasta mil veces superior a las tasas típicas de la historia del planeta.
La conservación de los bosques representa una opción para que México contribuya al esfuerzo internacional de mitigación de los efectos al cambio climático, sobre todo si consideramos que de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la cobertura forestal de nuestro país es la tercera en importancia en el continente, después de Brasil y Perú.
De acuerdo al informe más reciente de la Comisión Nacional Forestal, del total de la superficie forestal de país, los bosques ocupan una superficie de 35.5 millones de hectáreas. Cabe agregar que los datos de emisiones y captura de carbono no han sido incorporados a dicho informe ni la superficie de terrenos con aptitud preferentemente forestal. Esos terrenos son nuestro principal objeto de propuesta.
Se sabe que los terrenos forestales son aquellos cubiertos por vegetación forestal; en terrenos forestales está prohibida la sustitución de vegetación forestal por plantaciones y sólo está permitida la reforestación con especies nativas, con propósitos de restauración, así como las prácticas de agroforestería.
Por otro lado, los terrenos con aptitud preferentemente forestal son aquellos que habiendo estado en la actualidad, no se encuentren cubiertos por vegetación forestal, pero por sus condiciones de clima, suelo y topografía resultan más aptos para el uso forestal que para otros usos alternativos, excluyendo a aquellos ya urbanizados.
Adicionalmente los terrenos temporalmente forestados son las superficies agropecuarias que se dedican temporalmente al cultivo forestal. Mediante plantaciones forestales comerciales, la consideración del terreno forestal temporal se mantendrá durante un período de tiempo no inferior al turno de la plantación.
El Programa Estratégico Forestal 2025 indica que 8.6 millones de hectáreas de superficie forestal están bajo manejo con fines productivos. La mayoría de esta superficie corresponde a bosques y selvas.
Nuestra propuesta va dirigida a promover la rehabilitación de los terrenos con aptitud preferentemente forestal a través de la incorporación de especies nativas, a fin de que proporcionen mayores servicios ambientales y su uso sea congruente con su vocación. Adicionalmente proponemos especies tecnológicamente y económicamente viables para los terrenos temporalmente forestales.
¿Por qué es importante incluir las especies nativas? Son cuatro puntos: el primero, porque de no hacerlo se aumenta la susceptibilidad de las especies o plagas y enfermedades, particularmente en plantaciones monocultivo, llevando a depender de pesticidias potencialmente nocivos; segundo, porque al reemplazar los bosques naturales con plantaciones se provoca la pérdida de alguna de las funciones ecológicas del bosque; tercero, porque para asegurar mayor resistencia a enfermedades y plagas se depende de la infusión de semillas provenientes de fuentes silvestre, y, cuarto, porque el potencial generador de ingresos se concentra en grandes entidades corporativas, frecuentemente alejadas del bosque y sus comunidades, causando mayores desventajas a los hogares pobres y minorías.
Por otro lado, es importante comprender que el uso de suelo está inherentemente ligado a la sustentabilidad de los recursos, a la luz de lo anterior se hallará que una plantación forestal comercial no es un bosque en sí mismo, el bosque no sólo está compuesto por árboles, éstos son sólo una pequeña fracción de las múltiples formas de vida que se desarrollan en el bosque.
El suelo, por sí mismo, es un organismo vivo que se conforma por miles de microorganismos protozoarios, bacterias, hongos, gusanos e insectos.
Las plantas cubren el piso del bosque, los líquenes, los troncos o ramas caídas nutren y protegen a múltiples organismos y a los animales. Esta es la comunidad que reconocemos como bosque, compleja e interconectada.
El más reciente informe de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que, aun cuando la tasa neta de pérdida de superficie forestal es menor a la que se registro en el período 90-2000 debido a la proliferación de plantaciones forestales, es alarmante que el área mundial de terrenos forestales continúe perdiéndose a un ritmo aproximadamente de 13 millones de hectáreas anuales.
Por lo expuesto, el legislador que suscribe, diputado de la LX Legislatura en el Honorable Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Artículo 1o. Se reforma el artículo 86 de la Ley General de Desarrollo Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 86. Las plantaciones forestales comerciales en terrenos preferentemente forestales deberán utilizar solamente especies nativas, asimismo las plantaciones en terrenos temporalmente forestales promoverán las especies que tecnológica, ambiental y económicamente sean viables. La autoridad tendrá en todo momento la facultad de supervisar el manejo de la plantación, evitando especialmente los posibles impactos ambientales adversos.
Transitorio
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de diciembre del año 2006.
Por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates y sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen correspondiente. Es cuanto diputado Presidente, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Sergio Augusto López Ramírez. Se toma en cuenta su petición. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con su permiso, señora Presidenta. Buenos tardes, haciendo eco del acuerdo que se presentó el día de ayer por los coordinadores de los grupos parlamentarios, de ponernos a trabajar en una reforma fiscal a partir del mes de enero.
En esa lógica, el día de hoy someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta iniciativa en su parte del Código Fiscal de la Federación pretende reformas y adiciones que tienen por objeto propiciar la adecuada justicia administrativa. Por otra parte, simplificar la aplicación de las normas fiscales y fortalecer las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.
En otro orden de ideas, en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente se propone adicionar el Título II, De los derechos y obligaciones de los contribuyentes, con un artículo 32-G que garantice la aplicación de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
En la parte Miscelánea, en su artículo 33, fracción I, inciso g) pretende facilitar la exacta observancia de las leyes fiscales expedidas por el Poder Legislativo, por lo que no se puede ir más allá de esas leyes. De tal forma que las leyes fiscales no puedan ser modificadas o emitidas por un órgano diverso al Legislativo y en tal virtud no puedan crearse obligaciones en la resolución Miscelánea.
Este punto es de trascendente importancia porque es de todos conocida la demanda, la exigencia que tiene el sector empresarial, los inversionistas, los generadores de empleo, para que su planeación y su proyección de negocio no esté acotada por actos de autoridad del Poder Ejecutivo vía el Sistema de Administración Tributaria y las disposiciones que en su carácter de autoridad le imponen en el transcurso de cada año. Así pues, se evitarán confusiones en la interpretación de las disposiciones y la normatividad fiscal.
Por otra parte planteamos la afirmativa ficta. Es de todos conocido que la autoridad en ocasiones se tarda de tres a ocho meses en contestar; sin embargo, en el transcurso de este uso de facultades se ha venido planteando más que una afirmativa ficta, una negativa ficta, dejando al contribuyente en estado de indefensión y de inseguridad, porque después tiene que recurrir para la interpretación del acto de autoridad que no le fue contestado y que lo deja en la incertidumbre jurídica.
En los casos en que no opere la afirmativa ficta el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente, porque para efectos estamos proponiendo un plazo perentorio y posterior a ese plazo, entonces, sucedido ello, el causante podrá recurrir ante la autoridad competente.
Por otra parte, es de todos conocido que existe la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, el Sistema de Administración Tributaria, no se guía y no se rige cuando la Corte ha emitido jurisprudencia. Y entonces esta autoridad fiscal en esa negativa sistemática de observar la jurisprudencia, lo que hace es que deja al causante en un estado jurídico en el que lo obliga a concurrir ante el amparo por una causa o una acción similar, que la propia Suprema Corte de Justicia ya asentó en jurisprudencia. Y la falta de observancia de la jurisprudencia de la Corte, evidentemente, aumenta las cargas de trabajo ya de por si excesivas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a diferencia del Sistema de Administración Tributaria sí observa la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así pues, en esta parte lo que estamos planteando es que el Sistema de Administración Tributaria actué con el mismo criterio en sus resoluciones, respecto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que reconocen y hacen propia la jurisprudencia de la Corte.
Y además no se trata de violar el principio de relatividad del amparo; simple y sencillamente se trata de que la autoridad fiscal observe cabalmente el principio unánimemente reconocido; tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia.
En la parte de delitos fiscales, aquí lo que pretendemos es aumentar las penas máximas. Ha sido recurrente y cuestionado el monto que se establecen para las penas por los delitos de elusión y evasión fiscal; asimismo, del fraude maquinado.
Sin embargo, la autoridad en los términos actuales tiene una banda de pena mínima y pena máxima y por lo general lo que está resolviendo es sobre la pena mínima. Lo que hace que aquellos que tienen todo un esquema de planeación fiscal para evadir al fisco, por el criterio de aplicar la pena mínima, tanto por cuanto a la prisión, como al daño pecuniario, a la multa pecuniaria, prefieren correr el riesgo que enterar al fisco sus impuestos.
Con esta suerte, lo que haríamos al modificar las penas, estaríamos obligando a que el causante verdaderamente sienta temor a incurrir en una conducta que gravite sobre la elusión y la evasión fiscal.
En la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquí pretendemos una reforma que tiene por objeto fortalecer los principios de equidad y de proporcionalidad.
En la parte de deducibilidad de las donaciones para la infraestructura de la educación que presten las escuelas públicas; éste es un punto que, correlativo de esta modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ayudará a que aquellos contribuyentes que quieran ayudar a mejorar la infraestructura educativa, tenga una aliciente de carácter fiscal y de esta manera coadyuven a que los estudiantes de este país tengan mejores espacios para el aprendizaje.
Por otra parte, hay una modificación en donde pretendemos hacer deducibles los medicamentos. Si por un lado reconocemos que los gastos médicos son deducibles; pero por otro lado no reconocemos que los medicamentos, en muchos de los casos, sean deducibles; y entonces aquí lo que se pretende es amarrar los tres puntos de contacto.
La deducibilidad procederá cuando exista el recibo del médico y la nota de venta del comercio, de tal suerte que también estaremos evitando la evasión fiscal por parte de muchos profesionistas.
Así pues, respetuosamente solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda para que sea tratada y analizada a la luz del compromiso de una reforma fiscal a trabajar a partir de enero del año entrante. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Manuel Cárdenas Fonseca. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra... disculpen. Se retira la siguiente iniciativa y tiene la palabra la diputada Rosario Ortiz Magallón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Gracias, señora Presidenta. Los suscritos diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del PRD, Miguel Ángel Solares, David Sánchez Camacho, José Luis Gutiérrez, José Jacques, José Antonio Almazán, Adrián Pedrozo; Ramón Pacheco, María Eugenia Jiménez y Daniel Dehesa presentamos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 y se adiciona el numeral 2, recorriendo el contenido de los numerales 2 y 3 del artículo 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, reglamentario del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 172 excluye a gran parte del personal al servicio del Instituto Federal Electoral del goce de garantías individuales de igualdad, de libertad de reunión y asociación, de seguridad jurídica y de garantías sociales, de permanencia en el empleo, de igualdad de salario, de profesionalización laboral, de escalafón y de libertad de asociación profesional que a favor de todos los habitantes de nuestra nación constituye, instruye, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1o., 9o., 14, 16, 123 y 133.
Esta situación afecta el estado de derecho en el país y debe subsanarse para consolidar al Instituto como garante de la democracia nacional, tutelar de los derechos políticos electorales de los mexicanos y también como ente respetuoso de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.
En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su parte dogmática, relativa a las garantías individuales y sociales en su parte orgánica, establece la prohibición explícita de toda forma de discriminación, lo que significa que no puede haber tratamientos diferenciales por los cuales se prive de derechos o prerrogativas a un determinado grupo de personas por su origen, género, condición social o cualquier otra que atente contra su dignidad.
De igual manera, el artículo 9o. de nuestra Ley Fundamental consagra el derecho a la libertad de asociación y de reunión, o sea la garantía para asociarse libremente para cualquier objeto lícito para la consecución de ciertos fines que no sea contrarios a las normas de orden público. Asimismo, la libertad de reunión alude al derecho humano de congregarse sin más limitación que el de hacerlo para cualquier objeto lícito y de manera pacífica.
Por su parte, el artículo 14 constitucional consagra el principio de certidumbre jurídica que dota de firmeza al conjunto de los derechos fundamentales de que se dota a las personas en nuestro marco jurídico, por lo que con esta garantía se protege a los individuos contra actos privativos de derechos, sin que medie juicio ante tribunales y con procedimientos contemplados en la ley.
En otro orden de ideas, el marco jurídico que rige las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal tiene su fundamento en el apartado B del artículo 123 de la Constitución. En este precepto, en su fracción XV, se determinan los derechos que tienen los trabajadores de confianza, así como la disposición de que sea la ley la que determine quiénes pueden ser considerados como tales.
Es relevante mencionar que tanto los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del apartado B como la definición de trabajadores de confianza no formaban parte de la Constitución de 1917, sino que se incorporaron a través de reformas constitucionales. De hecho, la figura de trabajo no aparece en el apartado A del artículo 123 y sólo se incorporó a nuestro marco jurídico a partir de la Ley Federal del Trabajo de 1931 y en la de 1970 se le consideró como un trabajo especial.
De acuerdo a esta disposición legal, los trabajos de confianza son los que realiza un trabajador con mayor grado de responsabilidad, en atención a la tarea que desempeña y que de alguna manera hacen presente el interés del patrón a través de las funciones que desempeña.
A su vez, la citada ley reglamentaria del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también reglamentaria del Apartado B del articulo 123 en lo que hace al personal al servicio del Instituto Federal Electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que el personal que integre los cuerpos de servicio profesional electoral sean considerados de confianza y sujetos al Apartado B del artículo 123 constitucional.
En atención a los preceptos constitucionales ya invocados y a los relacionados del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las y los diputados federales que presentamos esta iniciativa estamos convencidos de que el numeral 1 del artículo 172 del Cofipe es inconstitucional, al considerar como de confianza a todo el personal de los cuerpos del servicio profesional electoral y de las ramas administrativas del Instituto Federal Electoral y que, por tanto, es imperativo que se corrija para encuadrarlo a la normatividad de nuestra ley suprema en materia de derechos públicos subjetivos y específicamente en el entorno de las garantías sociales consagradas en beneficio de los servidores del Instituto Federal Electoral por su artículo 123, en el contexto amplio de la declaración del párrafo inicial de dicho numeral, así como a lo que hace al contenido del Apartado B en razón de que el sistema de derechos y condiciones de trabajo previstos en sus fracciones VII, VIII, IX y X no pueden disfrutarse por una parte del personal del Instituto por impedirlo el precepto secundario, cuya reforma se promueve.
En efecto, la fracción XV del Apartado B del artículo 123 constitucional dispone que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.
De la interpretación gramatical del dispositivo se desprende la facultad que en la ley secundaria determine cuáles de los cargos de la dependencia u organismo público sujeto a los preceptos del Apartado B del 123 constitucional se consideren de confianza, pero de ningún modo faculta al legislador a considerar a todos los cargos de la dependencia u organismo en cuestión como de confianza, como indebidamente se consideró así por el legislador secundario, conculcando los principios de la fracción citada, al establecer el texto, artículo 172 del Cofipe.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, diputados y diputadas federales, ponemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 y se adiciona el numeral 2, recorriendo el contenido de los numerales 2 y 3 del artículo 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo único. Se reforma el numeral 1 y se adiciona el numeral 2, recorriendo el contenido de los numerales 2 y 3 del artículo 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
El personal de servicio profesional electoral y de la rama administrativa con atribuciones de dirección de mando y supervisión serán considerados de confianza y quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución y al que consecuentemente le serán aplicables las disposiciones de sus fracciones de la I a la VI y la XI.
Dos. En la relación laboral del personal del Instituto que ocupe cualquier puesto fuera de los considerados en el párrafo anterior, se observará en lo conducente lo dispuesto en las fracciones I a la XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El personal del Instituto Federal Electoral será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores serán resueltos por el Tribunal Electoral conforme. al procedimiento previsto en la ley de la materia.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias a lo establecido en el presente decreto.
Es todo, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Rosario Ortiz Magallón. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se concede el uso de la palabra al diputado César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Gracias, señora Presidenta. Señoras, señores diputados. La inseguridad y la injusticia nos han llevado al límite. La procuración e impartición de justicia, lejos de satisfacer las necesidades de los mexicanos, han sido rebasadas por el número de delitos que se cometen, lo tortuoso de los procesos y las prácticas de corrupción e iniquidad, provocando que víctimas y acusados sufran indistintamente la incertidumbre jurídica y el atropello de sus derechos. La sociedad padece la impunidad con una rara mezcla de impotencia y de tristeza.
En un Estado democrático el derecho penal debe persuadir a los potenciales delincuentes para convencerlos de respetar la ley, advertirles que de lo contrario se les aplicará una pena y así prevenir los delitos y proteger los bienes jurídicos, al tiempo de maximizar las garantías a las que toda persona en calidad de víctima o de acusado tiene derecho.
En México la crisis por la que atraviesa el sistema de justicia penal tiene su origen en diversas y complejas causas; reducirlas a una sola resultaría simplista y real e ineficaz. Una transformación radical debe ser producto de una visión amplia, moderna y una actitud distinta de todos quienes tenemos que ver con el tema.
Innegablemente una de las razones principales radica en la obsolescencia del marco jurídico vigente, éste exige ser revisado sin demora y actualizado a la brevedad, para que la justicia —valor fundamental del Estado mexicano— recupere y cumpla su objetivo original: generar un clima de libertades, asegurar la tranquilidad de las personas, promover la convivencia armónica entre los grupos, brindar certidumbre, favorecer la competitividad y el desarrollo y ofrecer mayores oportunidades para todos.
Es imprescindible plantear de nueva cuenta la naturaleza y los alcances del sistema de justicia penal. El nuevo modelo además de trascender periodos sexenales y comprometer a los tres Poderes y a todos los ámbitos de gobierno, debe ser garantista, respetuoso de la dignidad humana, preventivo con base en una política criminal adecuada; minimalista, apenas percibido por una sociedad armoniosa; eficaz, con instituciones profesionalizadas que lleven a cabo sus funciones en estricto apego a la ley y de última racio, como dicen los especialistas, para que las sanciones se apliquen proporcionalmente y la privación de la libertad sea un recurso extremo.
Es imperativo dar paso a juicios abreviados con todas las partes presentes, lo cual implica que el juez conozca rostros y sopese actitudes que le aporten elementos de forma directa, que sin soslayar la utilidad de los documentos y las constancias de lo actuado le permitan finalmente determinar la autenticidad o falsedad de lo desahogado en su presencia para dictar sentencias más justas.
Los mexicanos hoy más que nunca somos sensibles a este tema. La ciudadanía no está dispuesta a mantenerse al margen en la toma de decisiones; quieren participar en ellas y por supuesto están en su derecho.
Una sobresaliente muestra de una sociedad comprometida con la transformación del sistema de justicia penal, es la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso Legal, integrada por una treintena de organizaciones civiles, académicas y empresariales que ha generado sinergia y ha dado paso a una propuesta concreta. Por cierto, destaco la presencia de algunos de sus integrantes aquí en San Lázaro. Muchas gracias.
Los legisladores —nadie lo duda— estamos obligados a escuchar a la sociedad. Hace menos de una semana en reunión de las Comisiones de Justicia y de la de Puntos Constitucionales de esta Cámara, la Red —como suele llamársele— entregó su propuesta de reforma constitucional que busca modificar a fondo el sistema de justicia penal mediante la implantación de los juicios orales y todo lo que éstos implican.
Ante el impedimento jurídico de los ciudadanos mexicanos de presentar al Congreso de la Unión iniciativas de ley o de reformas y adiciones a las mismas, pero sobre todo, persuadidos de las bondades de los propósitos que la Red persigue, los diputados Felipe Borrego, de Acción Nacional; Raymundo Cárdenas, del PRD; Javier Estrada, del Partido Verde; Miguel Ángel Jiménez Godínez, de Nueva Alianza y el de la voz, del grupo parlamentario del PRI, hemos decidido hacer nuestra esta propuesta ciudadana, refrendarla y presentarla ante esta soberanía en los términos en que se nos entregó.
Esta iniciativa, desde luego, se suma a otras más radicadas en estas comisiones de estudio y dictamen. La tarea, ahora, consiste en iniciar cuanto antes el análisis, las consultas y abrir paso a las discusiones para dictaminar en breve y darle vida a la norma.
El reto inmediato es lograr el orden y la coherencia para procesar éste y todos los planteamientos en la materia; evitar la disfuncionalidad en la que se incurriría si se resolvieran por separado.
Es importante subrayarlo, en este tema nadie debe medrar políticamente; por el contrario, los legisladores de todas las fracciones parlamentarias estamos obligados a ser congruentes con el compromiso que, por cierto, prácticamente todos los candidatos, no sólo los presidenciales, asumimos con nuestros respectivos electores.
Hoy es un día propicio. Ayer todas las fuerzas políticas demostramos ser capaces de construir consensos y dar buenos resultados al país. La cirugía mayor que requiere el sistema de justicia penal es una verdadera reforma estructural y por ello demanda no sólo talento jurídico, sino una gran dosis de responsabilidad política y que los Poderes Ejecutivo y Judicial también se involucren en la discusión.
Procuremos pues, compañeras, compañeros diputados, que la sociedad mexicana reciba uno más de los resultados que espera de este Poder Legislativo. Démosle motivos para sentirse orgullosa de sus representantes y contribuyamos para que el Estado mexicano recupere una de sus más importantes razones de ser: la tranquilidad de las personas. Gracias por su atención.
La Presidente diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado César Camacho Quiroz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Rubí Laura…
El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Señora Presidenta.
La Presidenta Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado ¿perdón?
El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Para rogarle respetuosamente ampliación de turno a la Comisión de Justicia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Que se turne también a la Comisión de Justicia, para su opinión.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Rubí Laura López Silva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 10 y 37 de la Ley General de Personas con Discapacidad.
La diputada Rubí Laura López Silva: Gracias. Con su anuencia, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Rubí Laura López Silva: Presento ante ustedes iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 10 y adiciona el artículo 37 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, mediante la siguiente
Exposición de motivos
Las personas con discapacidad están expuestas día a día a situaciones de discriminación y exclusión social que les impide ejercer sus derechos y libertades al igual que el resto de la población, dificultando su participación plena en las actividades ordinarias de las sociedades en que viven.
Durante décadas, uno de los grandes descuidos de los diferentes ámbitos de gobierno fue el constante abandono de la educación destinada a las personas con alguna discapacidad.
Afortunadamente los esfuerzos de las personas con discapacidad, de sus familias, de las organizaciones que los apoyas, de los maestros y maestras, del personal de educación especial han promovido cambios en las actitudes sociales, en la legislación, en las oportunidades para trabajo y en educación.
Sin embargo, subsisten problemas en cobertura y distribución de los servicios y en la calidad de atención que recibe la población infantil y adolescente con necesidades de educación especial.
En la anterior Administración, la atención hacia las personas con discapacidad ha dejado atrás sólo el enfoque médico, asistencial o caritativo para ser tomadas y tomados en cuenta como seres humanos y por supuesto, portadores también de derechos.
En este sentido, en el programa Nacional de Educación 2001-2006 se reconoce la necesidad de realizar acciones por las autoridades educativas para atender a la población con discapacidad, entre otras.
De este programa sectorial, se desprende el programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la integración educativa con el objetivo de garantizar una atención educativa de calidad para los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales otorgando prioridad a los que presentan discapacidad mediante el fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial.
De acuerdo a esta norma en el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos, y el artículo 41 establece que la educación especial está destinada a individuos con capacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con actitudes sobresalientes y que atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.
También especifica que tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos y para quienes no logren esta integración esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autonomía, convivencia social y productiva para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.
A diversas disposiciones, se suma la Ley General de Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2005, a través de la cual se busca establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.
Sin embargo, las leyes y los programas encaminados a fomentar la inclusión de la población infantil que padece necesidades especiales en el ámbito de la educación regular, no son suficientes.
Las cifras oficiales en el caso de la integración de personas con discapacidad a escuelas regulares, nos muestran que sólo uno de cada tres niños y adolescentes con discapacidad asiste a un centro educativo.
Debemos continuar impulsando la integración del Sistema Educativo Nacional de las Niñas, los Niños y los Adolescentes con Discapacidad y que están en condiciones de acceder a la educación regular. Las acciones en contra de la discriminación en el sector educativo de estos grupos de población deben ser permanentes.
Es un hecho que las personas con alguna discapacidad debe de iniciar su educación a tiempo con el objeto de terminar su preparación académica a la edad idónea que les permita aplicar las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos para lograr una vida más satisfactoria y con expectativas.
Las propuestas a favor de las personas con discapacidad deben estar dirigidas en todos los ámbitos: educativo, salud, vivienda, trabajo, pobreza, entre muchos otros, los cuales procuren incidir en acciones legislativas y de política pública tendientes a eliminar la discriminación y que la sociedad debemos asumir un papel proactivo en cualquier acción que se realice para la edificación de una cultura de respeto y apoyo a favor de las personas con discapacidad.
Contamos hoy en día con diversas asociaciones civiles, ONG, instituciones públicas y privadas, las cuales contribuyen aún en gran medida a que las personas con discapacidad puedan incorporarse a una mejor calidad de vida.
Es importante señalar que sólo en casos específicos no podrán ser integrados en una educación regular, cuando el grado de discapacidad sea tal que impida al menor la comprensión de los planes y programas que se utilizan en la educación regular, siempre y cuando sea esto declarado médicamente.
Compañeras y compañeros legisladores. Continuemos con la elaboración del marco legal, así como su adecuación para lograr la plena incorporación de las niñas y los niños con discapacidad a las actividades de la educación formal. Esto es indispensable para que procuremos la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje para su autónoma convivencia social de estos menores discapacitados.
Para nuestro partido es indiscutible que la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para incorporar a las personas con discapacidad, recae tanto en el gobierno de forma prioritaria, como en la sociedad.
No podemos negar que la inserción social en espacios educativos de una niña o de un niño con discapacidad, le abre la posibilidad de construir estilos de vida más independientes, gracias al acceso a la información y a los conocimientos que adquieren.
Cumpliendo con esa responsabilidad gobierno y sociedad, nuestra tarea a corto plazo es lograr una legislación acorde a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las facultades citadas, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 10 y adiciona el artículo 37 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Artículo único. Se reforma la fracción III del artículo 10 y se adiciona el artículo 37 a la Ley General de Personas con Discapacidad para quedar como sigue.
Capítulo Tercero. "De la educación". Artículo 10. La educación que imparte y regula el Estado deberá contribuir a su desarrollo integral para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes. Para tales efectos las autoridades competentes establecerán, entre otras acciones, las siguientes:
Fracción III. Admitir y atender a menores con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y guarderías públicas y privadas. La discapacidad de los menores no podrá ser motivo para condicionar su integración a la educación inicial o preescolar. En su caso, se procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social.
Título Cuarto. "De las responsabilidades y sanciones". Artículo 37. Las autoridades competentes en su respectivo ámbito, establecerán las sanciones pertinentes a las instituciones educativas que no cumplan con las disposiciones legales de integración a la educación básica regular, de las niñas y los niños discapacitados que sean susceptibles de ser admitidos, previa valoración médica y psicopedagógica.
Transitorio
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En virtud deque sólo di lectura a la iniciativa y que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito se inscriba en su totalidad en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Rubí Laura López Silva. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Esta Presidencia da un cordial saludo a los alumnos de la UNAM que se encuentran acompañándonos.
Tiene la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, aquí representantes del pueblo de México. La Organización Mundial de la Salud declaró el primero de diciembre de 1988 como el Día Mundial del Sida.
Este día se conmemora cada primero de diciembre en todo el mundo, con el fin de celebrar los progresos logrados en la lucha contra esta enfermedad así como para recordar los retos que están pendientes.
A unos días de haberse conmemorado este importante día no podríamos dejar de soslayar uno de los ocho objetivos del desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones, que se ha planteado para el año 2015 detener y comenzar a reducir la propagación del VIH Sida, reconociendo que aún cuando los nuevos tratamientos prolongan la vida no hay cura para el Sida, por lo que para cumplir este objetivo se deben intensificar las tareas de prevención en todas las regiones del mundo.
En el caso de México no desconocemos las acciones que se han efectuado para hacer frente a esta pandemia, que se considera un problema grave de salud pública. En 1986 se creó el Comité Nacional de Prevención de Sida, que dos años después se convirtió en el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida, el Conasida, cuyas actividades en su mayoría pudieron realizarse con financiamiento internacional, principalmente del programa global de Sida de la Organización Mundial de la Salud.
Durante el sexenio que abarca los años de 1994 a 2000 se puso en operación el programa Nacional de Prevención y Control del VIH Sida, a partir del ejercicio presupuestal del año 2000, el Conasida se transforma en el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH Sida, el Censida, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.
Para la administración pública federal que terminó 2000-2006 se formuló el programa de Acción para la Prevención y Control para el VIH Sida e Infecciones de Transmisión Sexual. Frente a estas acciones están las cifras que nos indican que hay que intensificar la diseminación de esta enfermedad.
Según la Organización Mundial de la Salud y el escaso uso del condón fue la principal causa por la que en el año 2005 por vez primera se superó la cifra de 40 millones de infectados del virus VIH Sida, datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que la cifra para 2006 alcanzó los 45 millones de infectados.
En el caso de México sabemos por información que proporciona el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida y el Consejo Nacional de Población, que hay 98,936 casos de Sida desde su aparición, que el 83.3 por ciento son hombres y el 16.7 por ciento mujeres. 50 por ciento de personas seropositivas son menores de 25 años y 77 por ciento son mujeres, de 15 a 44 años, así como el 22.2 por ciento menores de 15 años.
Asimismo 182 mil adultas son portadoras de VIH de las cuales, cuatro mil 963 son nuevos casos de Sida que se registraron en 2005, con la referencia de que el 21 por ciento, en su mayoría contagiadas por su pareja.
Según dato reciente proporcionado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH Sida, Censida, México es el segundo país en América Latina después de Brasil, con el mayor número de enfermos de VIH al tiempo que ocupa el lugar 23 entre los países de esta región.
Ante este diagnóstico podemos señalar que la tendencia en la transmisión del VIH no ha dejado de aumentar, y ello nos demuestra que hasta ahora no han sido lo suficientemente efectivas las políticas y medidas de prevención de la enfermedad.
No está por demás advertir que la última encuesta nacional de salud nos indica que cada hora 292 jóvenes mexicanos contraen el virus del sida por tener relaciones sexuales sin protección, es decir, siete mil infectados diariamente.
Un análisis realizado recientemente por investigadores del Colegio de México, en forma conjunta con el Centro Nacional para la Prevención y Control de Sida, Censida, mismo que se denomina: Uso del condón entre adolescentes mexicanos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, sostiene que existen múltiples obstáculos culturales que impiden o dificultan a los jóvenes llevar a la práctica lo que saben sobre el condón y otros métodos anticonceptivos.
De acuerdo con esa investigación los varones encuestados no usan condón porque aseguran no tener uno a la mano en el momento de la relación sexual, mientras que las mujeres no exigen a sus parejas que lo usen, por temor a ser rechazadas.
En el caso de los adolescentes menores de 15 años que ya iniciaron su vida sexual, se explica que no usan condón porque no saben como usarlo —y hay que llamarle condón, no es preservativo; preservativo es lo que preserva los alimentos.
Asimismo, se dice también que existen muchos prejuicios en torno del condón, sobre todo entre los varones jóvenes, pues casi el 70 por ciento de los encuestados sostuvieron que disminuye la sensibilidad.
Cabe decir que en el Programa de Acción para la Prevención y Control de VIH-sida y Enfermedades de Transmisión Sexual 2000-2006, no se estableció ninguna estrategia nacional de prevención que incluyera una campaña permanente para promover, masiva y selectivamente, el uso del condón, a pesar de que se reconoce que el uso correcto y constante del condón protege entre 90 y 95 por ciento. No hay vacuna el día de hoy para sida, compañeros.
Como se verá, uno de los factores que contribuyen a la propagación del VIH-sida es la falta de una política efectiva de prevención a través de la cual simplemente intensifiquen las acciones para informar y educar a la ciudadanía respecto al uso adecuado y constante del condón, como forma efectiva de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
Para controlar el crecimiento de estas infecciones, es urgente no sólo aumentar el uso adecuado del condón, específicamente entre los jóvenes a través de la promoción, suministro y distribución de condones a la población en general, sino también debemos enfocar, desde el ámbito parlamentario, nuestros esfuerzos para impulsar permanentemente la realización de campañas preventivas en los medios de comunicación, acciones centradas en educación y estrategias orientadas al tratamiento de esta enfermedad.
Como legisladores no podemos dejar de implementar las vías y mecanismos legislativos a nuestro alcance, para profundizar en las acciones de prevención, tal y como lo recomienda en su último informe la Organización de las Naciones Unidas.
Bajo ese espíritu, se propone incluir en el capítulo dos bis, dentro del título séptimo de la Ley General de Salud, que eleve a rango de ley el programa nacional de prevención, atención y control del VIH-sida e infecciones de transmisión sexual, con la finalidad de que se garantice eficacia en su aplicación y cumplimiento por las autoridades sanitarias federales y deje de ser una guía normativa para convertirse en un instrumento con fuerza de ley, que obligue a la unificación y coordinación de acciones entre los distintos niveles de gobierno, con absoluto apego y respeto al sistema de distribución de competencias en aras de consolidar una efectiva política nacional de prevención y control de esta enfermedad.
Considerando
Que el derecho a la protección de la salud tiene entre otras finalidades la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.
Que es materia de salubridad general la educación para la salud y la prevención y el control de enfermedades transmisibles, como el VIH-sida y otras enfermedades de transmisión sexual.
Que a la Secretaría de Salud, como coordinadora del Sistema Nacional de Salud, le corresponde, a través del Censida, establecer y conducir las políticas nacionales en materia de prevención y control del VIH Sida y de las enfermedades de transmisión sexual.
Que las acciones de prevención y control de tales enfermedades deben articularse en un programa nacional con fuerza de la ley que coordine los esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para garantizar resultados positivos en su ejecución y evaluación.
Por lo antes expuesto someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Único. Se reforman los artículos 13, apartado A, fracción II y XXVII en su fracción II, de la Ley General de Salud, se adiciona una fracción XX- bis, al artículo 3o, así como un Capítulo Segundo bis, al Título Octavo del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:
Artículo 3o. En los términos de esta ley es materia de salubridad general, del 1 al vigésimo igual.
XX Bis. El programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual.
XXI al XIX, igual.
El artículo 3o. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedarán distribuidas conforme a lo siguiente:
a) Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud.
2o. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XX-Bis, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, del artículo 3o de esta Ley. Organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí, o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud.
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
2o. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes. En el caso del VIH-Sida y de las infecciones de transmisión sexual los servicios básicos deberán presentarse, conformar a las acciones y metas que establezca el programa Nacional de Prevención, Atención y Control de VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual que se prevén en esta ley.
Título Octavo. Prevención y control de enfermedades y accidentes.
Capítulo Segundo Bis. Programa Nacional de Prevención, Atención y Control de VIH Sida e infecciones de transmisión sexual.
Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud elaborará un programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH-Sida, e Infecciones de Transmisión Sexual y lo ejecutará en coordinación con las dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.
En la formulación del programa participarán las dependencias y entidades del sector salud, del nivel estatal y municipal y se escuchará la opinión y propuestas de organismos e instituciones públicas, privadas y sociales, cuyas labor estén orientadas a la prevención, atención y control del VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual, a fin de impulsar su apoyo y participación en el desarrollo de estas acciones.
Artículo 157 Bis-1. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para la ejecución del programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, que comprenderá entre otras las siguientes acciones:
1.- De prevención en los siguientes aspectos:
De prevención sexual. Se desarrollarán e impulsarán prioritariamente acciones permanentes de prevención para el uso adecuado y constante del condón. Para tal efecto la Secretaría implementará los mecanismos adecuados de coordinación con el sector privado y social, a fin de que se garantice la instalación y mantenimiento de máquinas expendedoras de condones en hoteles, restaurantes, bares y lugares de diversión nocturna.
Asimismo, se desarrollarán estrategias preventivas específicas para la población con prácticas de riesgo y mayor vulnerabilidad para la adquisición del VIH-Sida, mujeres, jóvenes, hombres que tienen sexo con otros hombres, indígenas, poblaciones móviles, trabajadores y trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables y personas privadas de la libertad.
De prevención perinatal. Se desarrollarán acciones para incorporar los principios de prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual perinatal, de acuerdo a la norma oficial en el 100 por ciento de las instituciones del sector salud.
De prevención sanguínea. Se impulsarán acciones a fin de garantizar que el 100 por ciento de los órganos, tejidos y células hematopoyéticas para transplantes se apeguen a las normas de tamizaje de sangre y hemoderivados.
Que el 100 por ciento de las unidades del sector salud cuenten con información, capacitación, equipo e insumos necesarios para la prevención del VIH Sida, hepatitis B y C por exposición ocupacional y que el 100 por ciento de las instituciones gubernamentales que trabajan con usuarios de drogas inyectables incorporen la reducción del riesgo como eje central de prevención de la transmisión del VIH Sida.
De atención integral
Se emprenderán acciones dirigidas a la prestación de servicios de calidad para la consejería, detección y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en todas las entidades federativas, con el objeto de asegurar que el 100 por ciento de las personas y comunidades afectadas por el VIH Sida e infecciones de transmisión sexual tengan acceso a los servicios de atención integral de la salud con calidad y en la ampliación de la cobertura del tratamiento antirretroviral a toda la población requerida.
De control
Se llevarán a cabo acciones a fin de que el 100 por ciento de las personas y comunidades afectadas por el VIH Sida se les ofrezcan servicios de apoyo.
Artículo 157 Bis. En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones de prevención y control que se desarrollen en el Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, promoverá y organizará los servicios de salud necesarios e impulsará permanentemente la realización de campañas preventivas en los medios de comunicación, en particular sobre el uso adecuado y constante del condón, así como acciones centradas en materia de educación para la salud y estrategias orientadas al tratamiento de estas enfermedades.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.
Se concede el uso de la palabra al diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Gracias, diputada Presidenta. Espero cumplir totalmente con el Reglamento y con el tiempo asignado para todos y cada uno de nosotros en la presentación de las iniciativas.
El sistema fiscal mexicano ha sido objeto de un fuerte debate a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía política, de nuestra historia y de la historia constitucionalista. La Constitución de 1917 recoge el pensamiento de una vigorosa corriente nacionalista que está a favor de la intervención del Estado en la vida económica de la nación. Están ahí los discursos en el Diario de los Debates, de los Constituyentes de Querétaro, los pronunciamientos avanzados de los diputados Mújica y De Jara.
Cada año nuestra legislación fiscal es motivo de amplios debates que a la postre han producido misceláneas fiscales que para muchos no corresponden a las demandas actuales de nuestro país y no son acordes con las necesidades del México del siglo XXI.
Hoy en día todas las economías están en competencia, pero al mismo tiempo la sociedad demanda una mayor equidad, calidad y amplitud de bienes y servicios públicos. En este sentido, una reforma al sistema hacendario mexicano, que reestructure a fondo las finanzas públicas en todas sus vertientes y que atienda la gran demanda nacional en aras de un auténtico federalismo, será fundamental para el desarrollo nacional.
Los teóricos de las finanzas públicas han indicado que el Estado debe satisfacer tres funciones básicas fiscales: la estabilidad macroeconómica, la redistribución del ingreso y la asignación eficiente de recursos. Las dos primeras son funciones exclusivas del gobierno federal y la tercera puede ser función de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
El principal avance que se ha dado en México en materia de descentralización de gasto ha sido la creación en 1999 del Ramo 33, que contiene las transferencias de gasto etiquetadas en materia de salud, educación y seguridad y, por otra parte, las transferencias a los municipios sobre todo para sus gastos en materia de infraestructura social.
Este cambio tuvo su origen en las reformas adoptadas en los años 90 para descentralizar la educación, las cuales cristalizaron en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y los Servicios de Salud, pero también en los programas de solidaridad para apoyar a los municipios y compensarlos por los efectos sociales de los programas de ajuste, para así combatir la pobreza en forma focalizada.
Con la creación del Ramo 33 se dotó a las entidades federativas y municipios de mayor certeza jurídica y responsabilidad sobre el uso y vigilancia de los mismos que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal estos recursos son transferencias etiquetadas para cubrir las necesidades sociales relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y otras.
Es por todo esto que hago uso de esta tribuna para que, en forma complementaria a la reforma del artículo 74 constitucional, que establece como fecha máxima el 15 de noviembre para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y con motivo de la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de este año, considero oportuno elaborar esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal.
La actualización de los tiempos, el cumplimiento de la fecha, así como la publicación de la distribución de los calendarios de la totalidad de los recursos para las entidades federativas y municipios, permitirá a los legisladores conocer con precisión y oportunidad la distribución de los recursos aprobados por sus respectivas entidades.
Además, permitirá que los gobernadores conozcan con la debida anticipación su disponibilidad de recursos, lo que proporcionará una mayor certidumbre y podrán mejorar los procesos de planeación, programación y presupuestación, además de que les permitirá someter el proyecto de presupuesto con la debida antelación a la aprobación de los respectivos poderes legislativos estatales.
Esta iniciativa considera dos aspectos: primero, actualizar los tiempos para la publicación de los calendarios de los fondos y subfondos de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, el llamado Ramo 33.
En segundo lugar, establecer como mandato de ley la obligatoriedad para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumpla con la fecha establecida.
Compañeras y compañeros diputados. México es un país grande en términos territoriales y poblacionales, con más de 100 millones de habitantes, muy distinto al país de 15 millones de mexicanos que era en 1917, cuando los constituyentes de Querétaro diseñaron, desde el ideal constitucional de un país libre y soberano, la empresa extraordinaria de construir una nación económica y socialmente fuerte.
Es imperioso profundizar en el análisis de la distribución de competencias entre la Federación, los estados y los municipios, así como el Distrito Federal y sus delegaciones, sobre todo respecto a las atribuciones en las que se desglosa una materia dada para así asignarles con responsabilidad sus correspondientes recursos para ejecutarlos.
Por todo lo anterior, es imprescindible que las reformas hacendarias sean abordadas con madurez, voluntad política y espíritu de concordia y de participación.
Es menester que se abandonen las posturas particulares y/o de partido. Debemos buscar esquemas más justos y equitativos, debemos revisar nuestra manera de entender el desarrollo y atender las necesidades nacionales como el empleo, la alimentación y el bienestar en su conjunto.
Por eso es que presento esta iniciativa a esta soberanía, fundamentalmente para la actualización de los calendarios de la publicación de los fondos y los subfondos y de esa manera darle certeza a los municipios y a las entidades federativas para la planeación y programación del gasto.
Por último, diputada Presidenta, le solicito atentamente que esta iniciativa, así como mi intervención sean publicadas de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Samuel Aguilar Solís. Se toma en cuenta su petición de que sea publicada de manera íntegra su propuesta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Con su permiso, señora Presidenta. La riqueza que ofrecen a México nuestros pueblos indígenas, nos permiten colocarnos en octavo lugar a nivel mundial en cuanto a diversidad cultural.
El 12.7 por ciento de la población nacional es indígena. Existen 52 etnias que se encuentran asentadas en 20 mil localidades, tanto urbanas como rurales, ocupando una quinta parte de la superficie total del país.
En los últimos 15 años nuestro derecho positivo ha venido reconociendo la existencia de un derecho consuetudinario anteriormente ignorado.
El 14 de agosto del 2001 logramos concretar una serie de reformas constitucionales que modificaron la historia jurídica y política orientada a reconocer la pluralidad cultural y la diversidad de lenguas, usos, costumbres y sistemas de organización existentes en dichas comunidades originarias.
El objetivo fundamental de dicha reforma constitucional fue el de reconocer como nuevos sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas, así como a los individuos que los integran.
Uno de los preceptos que introdujo la reforma constitucional y que es materia de la presente iniciativa es precisamente la obligación de reconocer a los sistemas normativos indígenas.
El artículo 2 constitucional dice en el inciso a) y cito de manera textual: Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Fin de la cita.
Se entiende por sistemas normativos como el conjunto de normas jurídicas orales o escritas de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos, y sus autoridades autorizan para la resolución de los conflictos.
El reconocimiento de dichos sistemas normativos es un referente importante, que si lo que se busca es una condición mínima para concretar las demandas de autonomía y libre determinación, esto es así, porque la identidad indígena sobrepasa sus exterioridades. Es en su identidad cultural donde se encuentran las raíces de sus sistemas normativos, de tal modo que el derecho nacional resulta en muchos de los casos una modalidad lejana y ajena a la concepción de justicia de las comunidades indígenas.
No obstante, es de resaltar que las normas de regulación social consuetudinarias que los grupos sociales se dan para atender las exigencias de su vida y la conflictividad social están imbricadas con los sistemas legales.
Regularmente las costumbres y las leyes se encuentran traslapadas en los distintos ámbitos sociales, debido a que la respuesta de los grupos étnicos a los significados legales ha sido la de incorporarlos en su seno, traducirlos y reproducirlos al interior mismo de los pueblos y comunidades indígenas.
Una concepción de esta naturaleza permite avanzar en el planteamiento en torno a la autonomía y a las jurisdicciones indígenas, vistas como espacios amplios de gestión y toma de decisiones, en donde las autoridades tradicionales de dichos pueblos y comunidades tengan la facultad para redefinir y enriquecer sus sistemas normativos internos, considerando los referentes legales existentes en el derecho positivo.
En virtud de lo anteriormente señalado, el espíritu que animó la reforma constitucional del 2001 en lo referente al reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, es el de tomar en cuenta las costumbres de dichos pueblos al dictar resoluciones judiciales.
La propuesta que hoy pongo a consideración del Pleno de esta soberanía, es la de reformar el Código Penal Federal a efecto de que en los casos en que un hombre o una mujer indígena se vea involucrado en un delito que no fuera considerado como grave, los jueces y tribunales homologuen las disposiciones del Código Penal Federal con los sistemas normativos indígenas, siempre que no contravengan la Constitución General de la República.
En virtud de lo anterior, me permito decir:
Artículo 1°. Se adicionan los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 51. Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces, tribunales, aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiaridades del delincuente, particularmente cuando se trate de indígenas, se considerarán los usos y costumbres, así como los sistemas normativos indígenas de los pueblos y comunidades a los que pertenezca, entendiendo por sistemas normativos indígenas, como el conjunto de normas jurídicas orales o escritas de carácter consuetudinario mediante las cuales la autoridad indígena regula la convivencia, la prevención y solución de conflictos internos, la definición de derechos y obligaciones, el uso y aprovechamiento de espacios comunes, así como la tipificación y aplicación de las sanciones.
Artículo 52, fracción V. Al dictar sentencia el juez tomará en cuenta:
Del artículo primero al quinto…
5°. La edad, la educación, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir cuando el procesado perteneciera a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta además sus usos y costumbres, así como los sistemas normativos indígenas.
Artículo 2°, se adiciona un artículo 51 bis al Código Penal Federal para quedar como sigue: Tratándose de procedimientos en los que intervenga algún hombre o mujer indígena en calidad de activo de un delito menor, los jueces y tribunales aplicarán las disposiciones de este Código, homologándolas con los sistemas normativos indígenas, siempre que no contravengan la Constitución General de la República, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad y la integridad de las mujeres.
Por ello, los jueces y tribunales, se basarán en la información que en diligencia formal, les proporcione la autoridad comunitaria del pueblo o comunidad indígena correspondiente buscando en todo caso la apropiada articulación de dichas normas.
Señora Presidenta, le suplico se ponga en el Diario de Debates esto, más la propia iniciativa. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias a usted diputado Francisco Antonio Fraile García. Se toma en cuenta su petición. Túrnese a la Comisión de Justicia.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Le solicito la extensión de turno a la Comisión de Asuntos Indígenas.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Claro que sí diputado. Se hace extensión de turno a la Comisión de Asuntos Indígenas para opinión.
Tiene la palabra el diputado Neftalí Garzón Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona a los artículos 6 y 67 de la Ley General de Educación.
El diputado Neftalí Garzón Contreras: Estimados compañeros, compañeras diputadas:
La presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 6° y se deroga la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación, tiene como fundamento tres grandes principios:
Uno. Corregir lo que en su momento el Legislativo del año de 1993 consideró como oportuno y produjo una contradicción entre el artículo 3° y su reglamentaria, la Ley General de Educación.
Dos. Descargar un gravamen muy lesivo a la economía de los padres de familia, cuyos hijos asisten en las escuelas públicas.
Tres. De justicia y moral social, al tenor de los siguientes
Motivos
En México la educación pública, laica y gratuita, según el artículo 3o. constitucional constituye el fundamento de nuestra vida democrática. En ese reconocimiento jurídico se sustenta la exigencia social de alcanzar la equidad educativa, la distribución generalizada del bien público de educación que se traduce en la igualdad de oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos.
La vigente Constitución de 1917 contempla uno de los conceptos básicos de nuestro sistema educativo: la gratuidad, principio establecido en la fracción IV del artículo 3o. constitucional. El concepto de educación gratuita es el producto de la lucha histórica del pueblo mexicano. Éste ha estado cargado, desde el siglo XX, de indefiniciones y claroscuros, lo cual precisa corregir algunos de los obstáculos que todavía deben resolverse para lograr que se convierta en una realidad al momento de orientar la magnitud y destino de los recursos públicos.
La Ley General de Educación que se promulgó en el año de 1993 contempla el principio de gratuidad de la educación en el siguiente precepto legal: Artículo 6o. La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
Sin embargo este precepto no se cumple, puesto que el problema de la gratuidad de la educación en México es un aspecto que se debe dejar en claro dentro de la Ley General de Educación. No se deben admitir por ningún motivo cuotas voluntarias y obligatorias de cooperación, pues el artículo 3o. de nuestra Carta Magna establece el derecho a la educación gratuita y la obligación que tiene el Estado de proporcionarla de la misma manera.
Sin embargo, la Ley General de Educación presenta una ambigüedad cuando se habla de la gratuidad de la educación, por un lado; y por el otro, en su capítulo tercero, de la equidad en la educación, artículo 33 fracción XI, faculta a las autoridades educativas para promover mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares a su financiamiento.
Lo que en la práctica se traduce en un condicionante hacia los padres de familia para la inscripción de sus hijos en cada inicio de ciclo escolar, lo cual afecta a la clase más pobre del país, lo que contraviene con la función social de la educación, plasmada en el 3o. de nuestra Carta Magna.
A través de la figura llamada, entre comillas, "cooperaciones voluntarias", rubros como adquisición de papelería, mobiliario, equipos de oficina, construcción de anexos y de escuelas, pagos de servicios diversos, entre otros productos, son pagados directamente por los padres de familia.
Las cuotas voluntarias instauradas en todas las escuelas públicas de nivel básico del país de manera extraoficial, constituyen en la práctica una cuota obligatoria. Dicha aportación es exigida a los padres de familia al momento de la inscripción de sus hijos.
Asimismo, llegan a presentar una erogación de más de 500 pesos por alumno por ciclo escolar, lo que se traduce en un desembolso para las familias. Esta tergiversación se estableció en el sistema educativo nacional y fue implantado con la anuencia de las autoridades en turno de la Secretaría de Educación Pública desde hace quince años, hecho que contraviene el principio de la gratuidad.
Es de resaltarse que el propio gobierno federal reconoce el cobro de las inscripciones y otras cuotas en documentos oficiales, como circulares. De ahí la importancia de derogar la fracción III del artículo 67, pues las autoridades educativas utilizan de escudo a la Asociación de Padres de Familia para la aplicación de las llamadas cuotas voluntarias, en razón de que dicha fracción hace referencia a la aplicación de cooperaciones.
No hay razón para pedir cuotas de cooperación porque en nuestro país, desde el año de 1994, se destina a la educación, como proporción del producto interno bruto, alrededor del 5.6 por ciento.
Por otro lado, datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, muestran que, entre 1984 y el año 2004, se dio un incremento en la desigualdad de la distribución del ingreso en México al pasar del 0.53 por ciento en 1984 y 0.55 por ciento en el año 2004.
El 10 por ciento de los hogares más ricos que en 1984 concentraban 34.3 por ciento de la riqueza, aumentaron su participación a 36.5 por ciento en el año 2004, mientras que el número de pobres era en ese momento de 30 millones de mexicanos y hoy llega a ser de más de 50 millones.
En el año 2004 existían en México 48.9 millones de personas con pobreza de patrimonio; 25.6 millones con pobreza de capacidades y 18 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria.
Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares en el año 2004 muestran que el 78 por ciento de los alumnos de educación primaria en México provienen de familias cuyo ingreso promedio mensuales es inferior a un salario mínimo per cápita.
Por lo que respecta a los alumnos de secundaria, el 93 por ciento proviene de familias cuya disponibilidad para todos los gastos es de 140 pesos o menos, por día. Ante esta problemática económica que se vive en México actualmente y ante la disminución del poder adquisitivo de las familias con ingresos escasos que sólo alcanzan para subsistir, es importante tomar en consideración y no admitir bajo ningún pretexto las cuotas voluntarias.
De ahí la exigencia de aumentar al ocho por ciento del producto interno bruto el presupuesto destinado a la educación, como lo recomienda la UNESCO, con el propósito de facilitar el acceso a la educación de mejor calidad.
No es posible que dejemos en el olvido y en el atraso a alrededor de tres millones de niños y jóvenes que por causa de recursos económicos no pueden ingresar a las escuelas públicas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º. y se deroga la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación.
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º. y se deroga la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación para quedar en los siguientes términos:
La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación al servicio educativo. Queda prohibido a la autoridad educativa autorizar, promover, establecer o recibir cuotas por parte de los padres de familia.
Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto
1. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados, colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como el mejoramiento de los planteles.
Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es todo señorita Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado Neftalí Garzón Contreras. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se recibió del diputado Alfredo Barba Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de Vivienda. Túrnese a la Comisión de Vivienda.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de Ley General de Protección al Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Gracias. Acudo a esta tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección al Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2o. de nuestra Constitución Política, el Estado debe preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de las comunidades y pueblos indígenas.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece en sus artículos 2o. y 4o., que los gobiernos que están obligados al cumplimiento de dicho convenio, como es el caso de México, deben desarrollar acciones y tomar medidas para proteger, por una parte los derechos culturales de los indígenas y por la otra, para preservar las culturas indígenas.
Estamos conscientes de que nuestro orden jurídico vigente regula la propiedad intelectual en dos vertientes: la de derechos de autor y la de propiedad industrial; sin embargo, ninguno de estos ordenamientos hace referencia al conocimiento tradicional o a los derechos individuales o colectivos de los indígenas salvo en lo general, como tratándose del conocimiento y del derecho que tiene cualquier ciudadano.
Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son conocimientos desarrollados de manera colectiva, producto de la experiencia acumulada de generaciones en su estrecho contacto con la biodiversidad y transmitidas de generación en generación como producto de la colectividad, pertenecen a la comunidad o pueblo indígena en su totalidad y no a algún individuo en particular.
El principio rector de la protección al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas es que forma parte de su cultura y que por lo tanto, no puede ser sujeto de apropiación porque pertenece colectivamente a un pueblo o a varios.
En este sentido, cualquier apropiación indebida de un conocimiento tradicional debe de ser nula de pleno derecho.
Las comunidades indígenas desempeñan una tarea importante en la conservación de los recursos genéticos, de la biodiversidad y en la transmisión de los conocimientos tradicionales, lo que representa una enorme aportación para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria, y a la postre se traduce en una fuente importante de información para la investigación y la elaboración de nuevos productos que eventualmente son comercializados y generan ganancias para las empresas investigadoras.
Diversas organizaciones han señalado que los investigadores de grandes transnacionales y laboratorios farmacéuticos se han dedicado a preguntar en las comunidades para qué sirven determinadas plantas, conocimientos que después registran como propiedad de sus laboratorios.
Cuando las empresas farmacéuticas encuentran algún recurso genético de interés para fabricar un producto comercial tratan siempre de protegerlo con una patente, con el propósito de tener el monopolio de la comercialización; sin embargo, frecuentemente se otorgan las patentes sin cumplir con los requisitos de novedad y que expliquen una invención.
La apropiación indebida de los conocimientos y recursos de los pueblos indígenas con propósitos comerciales constituye un saqueo impune de la biodiversidad que debe de ser frenado.
La inexistencia de un marco jurídico que regule su situación y que establezca normas para acceder a ellos favorece las prácticas de biopiratería, que tienen su inicio en la libre recolección de muestras de bioprospección.
El libre acceso de bioprospectores a los territorios tradicionales indígenas atentan contra el conocimiento de ellos en la medida que dicho conocimiento es el resultado de prácticas ancestrales de las comunidades y de pueblos.
Por ello es necesario crear un marco regulatorio que posibilite la investigación, la negociación, la inversión en torno a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, que regule su protección en condiciones de equidad entre las partes y que permita la conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica, un régimen alternativo de protección especial distinto a los demás regímenes de protección a los derechos de propiedad vigente.
Establecer un marco jurídico para proteger los conocimientos tradicionales está directamente relacionado a su innegable valor económico, como materia prima indispensable para elevar productos de la industria alimentaria, la agrícola, farmacéutica, de alto valor comercial en el mercado, del cual los pueblos y comunidades indígenas no perciben ingresos. El Estado no puede renunciar a su obligación de tutelar este derecho.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección al Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas.
Señor Presidente, en virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito también se integre el texto íntegro en los diarios de los debates y no entrar ya en mayor detalle por su extensión.
Se lo agradezco mucho, a la vez que le solicito, a los 500 diputados, que les haré llegar la iniciativa, para que pregunten en sus comunidades y pueblos indígenas qué podemos hacer para proteger este patrimonio que es de México y de nadie más. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Francisco Fraile. Como ha sido solicitado insértese íntegra en el Diario de los Debates la iniciativa y túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Ramón Salas López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Ramón Salas López: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Preocupado por los acontecimientos de los últimos meses y atento a los comentarios de una sociedad que cada día es más participativa y nos reclama que cada quien nos ajustemos a la función que nos toca desempeñar en este panorama de gobierno nacional, presento ante ustedes:
Iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de erogaciones adicionales con cargo a excedentes y adecuaciones presupuestales. El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71 fracción II y 72 inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55 fracción II; 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de erogaciones adicionales con cargo a excedentes y adecuaciones presupuestales.
En cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 numeral 1 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a la Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reforma en términos de la normatividad vigente, para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, se realiza a continuación la siguiente
Exposición de motivos
El 27 de noviembre pasado los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso local del Estado de Nuevo León, presentaron iniciativa de reforma a la Ley de Administración Financiera de esa entidad.
El objetivo de la reforma propuesta es limitar la discrecionalidad del Ejecutivo local para el ejercicio del gasto, prohibiendo para tal efecto el asignar recursos adicionales a los presupuestados, con excepción de los federales; también las transferencias de partidas establecidas en la Ley de Egresos, sin la autorización del Congreso del estado.
Deseo informarles que el día de ayer esta iniciativa de reforma quedó aprobada en el Congreso del estado de Nuevo León, con la mayoría de los diputados del Partido Acción Nacional.
En concordancia de lo anterior, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74 establece como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal y una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo.
La esencia de este precepto tiene como propósito fundamental distribuir en dos Poderes, por un lado la propuesta, y por el otro, la aprobación del gasto público federal, evitando el monopolio del proceso presupuestal y otorgando la participación de la representación popular para no dejar al arbitrio del Ejecutivo la aplicación de los recursos públicos, estableciendo a favor del pueblo un sano equilibrio de Poderes en la materia.
Así, por un lado el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía el Presupuesto de Egresos que pretende ejercer en un año fiscal, para que el Poder Legislativo, por medio de la Cámara de Diputados, analice, en su caso, modifique y finalmente lo apruebe.
La atribución de la Cámara de Diputados de poder modificar el proyecto de presupuesto debe considerarse como un sano mecanismo de control que evite en todo momento la discrecionalidad de un solo Poder; no acomodar a modo los renglones y montos del gasto.
No obstante lo anterior, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los artículos 19 y 58 establecen reglas discrecionales en materia de erogaciones adicionales con cargo a excedentes y adecuaciones presupuestales.
La afirmación anterior es acreditable con la sola lectura del texto de los artículos 19 y 58, ambos en su primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el primer párrafo del artículo 19 se maneja una autorización discrecional y poco transparente que delega, por decreto, al Poder Ejecutivo federal para que disponga libremente de la aplicación de los recursos adicionales con cargo a excedentes que en su caso resulten de los ingresos autorizados por la Ley de Ingresos o de excedentes propios de las entidades.
Esta situación es inaceptable y un grave contrasentido en torno a un sistema legítimo de división de Poderes, debido a que la Secretaría de Hacienda reúne dos actos jurídicos presupuestales; uno por su función de carácter administrativo o del Ejecutivo, cuando se programan los recursos; y otro de carácter legislativo que es el de dictaminar el monto y entidad que ejercerá los recursos propuestos por el propio Ejecutivo.
Lo mismo sucede en el primer párrafo del artículo 58 al autorizar al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar libremente adecuaciones con la única restricción de permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.
Este precepto es discrecional toda vez que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a trasladar cuantiosos recursos de diversos rubros que pueden ser considerados prioritarios, a otros conceptos incluso de gasto corriente, con lo cual se vulnera una de las funciones principales de la Cámara de Diputados: la de analizar y aprobar la orientación del gasto, dejando al Legislativo al margen de esta distribución.
En virtud de lo anterior, la presente reforma pretende acotar la facultad-meta constitucional del Ejecutivo conferida por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, fijando como requisito para tal efecto, la autorización de esta Honorable Cámara de Diputados.
En el mismo sentido, se propone acotar la atribución discrecional-meta constitucional del Ejecutivo para realizar transferencias de recursos vía adecuaciones presupuestales entre ramos, dependencias, entidades, programas y demás conceptos de gasto; fijando también como requisito la autorización de esta Honorable Cámara de Diputados.
Por lo expuesto y fundamentado, señor Presidente, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:
Artículo 1. Se reforma el artículo 19 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:
Artículo 19. El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, previa autorización de la Honorable Cámara de Diputados, conforme a lo siguiente:
Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizaran siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, previa la autorización de la Honorable Cámara de Diputados y comprenderán:
Único. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2007.
Atentamente su servidor Ramón Salas López. Gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Salas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e insértese íntegro en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La Ley de Desarrollo Social es una aportación significativa de este Congreso al desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y comunidades.
Fue producto de un consenso—quiero destacarlo—promovido por el entonces senador Carlos Rojas, hoy diputado federal, por Josefina Vázquez Mota, entonces secretaría de Desarrollo Social, en una primera parte en la LVIII Legislatura y después retomada en la LIX Legislatura por todas las fracciones parlamentarias.
La aprobación de las nuevas leyes de carácter general que se han venido aprobando en los últimos años se han dado en este proceso de transición, no de régimen—vuelvo insistir—sino de alternancia de mayor pluralismo de un Congreso dividido y por lo tanto, aún reconociendo su aportación y su validez en términos de la pertinencia del momento que vive el país; también debemos reconocer que han sido sujetas de muchas ambigüedades.
Por eso, escuchamos propuestas, iniciativas de reforma a la Ley de Presupuesto, como la que ha hecho magistralmente el compañero diputado que me ha precedido en la palabra y es el caso de esta Ley de Desarrollo Social.
Ejemplo de ello es que los artículos 29, 30, 31, 32 que hablan de la declaratoria de zonas de atención prioritaria como una actividad concomitante a la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación no ha sido atendida por el gobierno federal.
Es decir, si ustedes analizan el Presupuesto que hoy estamos revisando, que está sujeto a la consideración de esta soberanía, resulta que no existe la propuesta de zonas de atención prioritaria tal y como lo dice la Ley y por lo tanto, no podría este Congreso o no podrá este Congreso, que además está sesionando en condiciones tradicionales, sin entrar al fondo de las cuestiones, sino en los acuerdos generales de las fracciones parlamentarias y casi —por así decirlo— firmando un cheque en blanco al titular del Poder Ejecutivo federal.
Este tema de las zonas prioritarias, quiero decirles, compañeras y compañeros diputados, que tiene varias motivaciones, por lo menos tres:
Hacer obligatoria la práctica de una política social integral de carácter territorial, que haga posible las acciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno, toda vez que mantenemos esta enorme dispersión. Vean ustedes el Presupuesto: programas, programas, programas; más de 20, 30 programas con una misma población objetivo, un mismo territorio y una enorme dispersión.
Segundo. Vincular las estrategias y acciones para la superación de la pobreza a la autorización del Presupuesto. Por eso la Ley dice que debe haber una declaratoria de zonas de atención prioritaria, que la deben resolver los legisladores.
Un tercer tema que tuvo toda la intención, cuando presentamos esa iniciativa, que los diputados federales como representantes populares cuenten con un mecanismo parlamentario que les permita incorporar en el Presupuesto de Egresos de una manera ordenada y sistemática —no en las negociaciones prácticamente de pasillo que andamos haciendo para que se incluya tal o cual obra en el Presupuesto de Egresos— que les permita incorporar y atender las cuestiones prioritarias, las justas exigencias de sus representados. Es decir, de tener un mecanismo parlamentario para poder materializar esta función de mediación social que —yo insisto— es parte sustantiva de la representación popular.
Cabe destacar que la administración pasada sí tuvo una estrategia territorial en dos vertientes: por un lado el programa Hábitat, por otro el programa de Atención al Desarrollo Local, programa de Desarrollo Local Microrregiones, a quien también reconozco el trabajo —creo que no está presente en la sala— de nuestro compañero diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, como subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social y este esquema, sin embargo, va dirigido más a atender el problema de dispersión de la población, más que a la urgencia de tener una estrategia de desarrollo integral que permita tener un vínculo entre los problemas estructurales de carácter nacional; los esfuerzos de los estados por superar ese tipo de problemas y de obstáculos y las necesidades locales de los pueblos de las regiones.
Ustedes saben además, que nuestras regiones históricamente están definidas: la zona de la costa; la sierra norte; la sierra sur; la Frailesca, etcétera; la Laguna. Históricamente la población producto de la conformación geográfica y de las peculiaridades que le son propias define cada una de las regiones, de modo que tendríamos que adaptarnos a esa división geográfica, natural de los pueblos, de los municipios y darle un sentido a las estrategias regionales que pretendemos llevar a cabo.
La pregunta es por qué el Ejecutivo federal no avanzó en los términos que ordena la Ley de Desarrollo Social. ¿Fue por falta de decisión política o por mantener una visión microrregional que atiende más a la dispersión que a las estrategias de cambio estructural? O fue más bien porque existe ambigüedad en la propia redacción de la ley, por un lado y, por otro, porque existen tensiones entre el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el gobierno federal y la subo también con el propio Congreso.
Tal tipo de tensiones —hay que recordar—, por ejemplo, se produjeron con la normatividad relativa a la publicidad en los programas sociales, que tuvo que llegar hasta la Corte en una controversia constitucional y ordenar la Corte al Ejecutivo federal que rectificara; lo cual hizo parcialmente.
De modo que, ante esa situación, una de dos: o vamos a una controversia constitucional en un tema que debía ser del mayor consenso, o buscamos una modificación a la ley para que sea esta Cámara de Diputados la que tenga la facultad precisa, clara y concreta de establecer, escuchando al Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social, y declarar cuáles son las zonas de atención prioritaria.
La iniciativa que hoy presentamos tiene este propósito. La premura del tiempo hace poco viable que sea aplicable para el ejercicio presupuestal de 2007, tal y como lo ordena la Ley General de Desarrollo Social, pero esperamos que sirva para que, en el seno de la Comisión de Desarrollo Social, se retome este tema y se busque una salida, de modo que si no hay posibilidad de un acuerdo político, parlamentario con el Ejecutivo federal, entonces busquemos el camino de perfeccionar la ley para poder cumplir este mandato, que me parece de la mayor importancia.
Debemos responder a las aspiraciones, exigencias —vuelvo a insistir— de los pueblos, de las comunidades, de los barrios, de los municipios, que están esperando decisiones más ágiles, que están esperando un mayor compromiso de todas las instituciones nacionales para que puedan superar el atraso, la marginación y el aislamiento.
Señor Presidente, dejo esta propuesta en sus términos y mucho le agradeceré se turne a la Comisión de Desarrollo Social. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Se concede el uso de la tribuna a los diputados Alfredo Ríos Camarena y Carlos Armando Biebrich Torres, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alfredo Ríos Camarena, Samuel Palma César y Carlos Armando Biebrich.
El diputado Alfredo Ríos Camarena: Con su permiso, señor Presidente. Tal parece que estamos en un mundo distinto en apenas 20 días. El 1 de diciembre se cometieron actos bochornosos por muchos de nuestros compañeros, que fueron condenados sin lugar a dudas por la sociedad que nos eligió. Y ayer se mandó un mensaje de unidad política, de talento y de inteligencia, al lograr por unanimidad aprobar el paquete tributario.
Estos hechos del 1 de diciembre nos hicieron reflexionar a mi compañero Samuel Palma y Carlos Armando Biebrich, la necesidad de reglamentar de alguna manera la conducta de los señores diputados.
Por supuesto no se trata en manera alguna de tocar el fuero constitucional del que estamos investidos; esto no está sujeto a discusión ni a duda. Pero sí creemos que deben dársele facultades al Presidente de esta Cámara, para que ejerza una autoridad responsable e impida actos francamente graves como es injuriar a un compañero, golpear a un compañero diputado, impedir el proceso legislativo.
Nos preguntamos cómo podríamos atacar este tema del que hay un clamor nacional de que no existe impunidad de quienes hemos sido electos para darle un rumbo adecuado al marco legislativo de la nación. Lo único que pudimos pensar es que era necesario reformar la Ley Orgánica, para que si bien se sanciona a los diputados que no asisten, también se sancione a los diputados que asisten y que con su conducta puedan avergonzar a este cuerpo legislativo.
No se trata de culpar a nadie, no se trata de perseguir a nadie, se trata de recuperar la dignidad de esta Cámara como conciencia crítica de la nación. Tenemos que tener la capacidad, queridos legisladores, de encontrar salidas que está esperando el pueblo de México. Necesitamos más allá del discurso y de la retórica, con nuestra conducta en el trabajo legislativo, con nuestra conducta personal, poder aportar un pedazo de esperanza a este pueblo que tanto la requiere.
En esa virtud, formulamos una iniciativa de la que sólo leeré algunas partes, ya que mi compañero Biebrich verá otras.
Pedimos una reforma al artículo 11 de la Ley Orgánica, para hacer un capítulo de la inmunidad y que diga:
1.- Los diputados y senadores gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ella, y que no se nos trate tampoco por la Mesa Directiva como si fuéramos escolapios de primaria. Que se respete ese derecho que tenemos los diputados de expresarnos con claridad y con valentía.
3.- Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal, hasta que, seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes.
Obligaciones de los diputados
a) Los diputados tienen como obligación ejercer la representación nacional y conducirse con el decoro y dignidad de miembros del Poder Legislativo.
b) Asistir invariablemente a las sesiones de la Cámara de Diputados y a las comisiones o comités de los que forman parte.
c) Ajustar su conducta a las disposiciones de esta Ley y del Reglamento del Congreso respetando el orden, la disciplina y la cortesía debidas a los demás parlamentarios y al recinto del Poder Legislativo.
d) No invocar ni hacer uso de su investidura en actividades privadas, mercantiles, económicas o profesionales.
e) Entregar junto con su constancia electoral de mayoría, la declaración patrimonial a que obliga a su conducción de servidor público.
f) No tener acciones o participaciones en el capital de empresas económicas o profesionales que impliquen influencia en sus decisiones y que sean parte interesada en los proyectos, grupos o comisiones legislativas en las que participe.
Esto es muy importante, señores diputados, no podemos tener diputados coyotes, no podemos tener diputados negociadores de sus propios intereses; la representación que nos dio la nación tiene otro sentido.
La iniciativa continúa, pero se me concluye el tiempo de cinco minutos que me otorgó esta Presidencia. Le pido a mi compañero Carlos Armando Biebrich que aborde esta tribuna para complementar esta iniciativa que tiene por objeto decirle al pueblo de México, que somos capaces de conducirnos con dignidad y que somos capaces de autocriticarnos y de tener una conducta ética, adecuada y congruente con la representación nacional que ostentamos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Ríos Camarena. Tiene la palabra el diputado Carlos Armando Biebrich Torres, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Armando Biebrich Torres (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Biebrich.
El diputado Carlos Armando Biebrich Torres (desde lau curul): Presidente, dado que el compañero diputado Alfredo Ríos Camarena ha expuesto con claridad y precisión los alcances y motivos de la iniciativa de la cual soy coautor -al felicitarlo por su intervención- declino mi participación, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Ríos Camarena.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Si declinó el diputado Biebrich, yo quiero terminar.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Ríos Camarena.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Agradezco al diputado Biebrich su opinión. Pero falta; en la proposición de esta iniciativa hay también una parte que se refiere al artículo 23. Lo que yo leí fue referente al artículo 11 y el artículo 23 se refiere a las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, que sugerimos las siguientes:
Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulte necesario. Sí, sí ordenar el defender la Cámara, pero no llenar de militares y de policías esta Cámara, que merece el respeto de todos. No podemos permitir que esta Cámara se convierta en cuartel, porque en ese momento se pierde la conducción de la democracia mexicana.
El Presidente de la Cámara es responsable de la continuidad y orden del trabajo en pleno. El Presidente deberá exigir el orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiese motivo para ello. Disponer todo lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones, para lo cual llamará al orden a los diputados que lo perturben.
Puede solicitar —al final de la sesión, dándole uso de la palabra— una explicación al diputado que no estando autorizado para hablar, haya sido llamado al orden.
Y vienen una serie de medidas: cuando un diputado se ha llamado al orden, cuando un diputado afecte a otro compañero, etcétera, deberá descontársele del 25 al 50 por ciento de su dieta.
Y finalmente, para no cansarlos —compañeros diputados— quiero referirme a un tema que traté aquí en las primera sesiones de esta Cámara, que tiene que ver con la facultad del Presidente de emitir el Bando Solemne, que es la fracción III de este artículo.
Dice: Asimismo, conforme a la declaración de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiera hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara presentar al Pleno para su aprobación el Bando Solemne.
No puede ser en automático, como lo dice ahora la Ley. Es una facultad que el artículo 74 fracción I, le otorga a la Cámara. El Presidente de la Cámara no encarna a la Cámara. La Cámara somos todos y en consecuencia, ese Bando Solemne —como lo dije en las primeras sesiones— debe ponerse a consideración de toda la Cámara para que, efectivamente, se convierta en una facultad en una facultad exclusiva, como lo dice la Constitución, de la Cámara de Diputados.
Estos y otros elementos más conforman una reforma mocha a la Ley Orgánica. Y digo mocha porque esta Ley tiene verdaderamente graves carencias. Es una Ley antigua, nos pone y nos sujeta a una burocracia apoltronada que a veces no corresponde a los intereses de los diputados. Tenemos la obligación de estudiar a fondo esta Ley y cambiarla radicalmente.
Cómo les agradezco, señores diputados, su atención, y que entiendan que esto no es una crítica a nadie, sino la necesidad de que le demos dignidad a este Congreso para servir al pueblo que representamos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alfredo Ríos Camarena. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta Presidencia saluda a los presidentes municipales de la sierra norte de Puebla aquí presentes, de Xochiapulco y de Xochiatlán de Vicente Suárez.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de la Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos César Horacio López González, Alvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente, publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley para el Uso y Protección de la Denominación y del Emblema de la Cruz Roja. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se le dispensa la lectura y en consecuencia está a discusión en lo general. Se ha registrado para hablar sobre este tema, hasta por cinco minutos, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del PRD.
No está solicitada la palabra para fundamentar el dictamen; si hay algún miembro de la Comisión que quiera hacerlo.
Adelante, diputado Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañeras y compañeros legisladores. Esta iniciativa, esta minuta que hemos recibido del Senado y que ha aprobado la Comisión de Gobernación sobre la Ley y Uso del Emblema de la Cruz Roja va a producir una nueva coincidencia en esta Cámara de Diputados y creo que va a reglamentar un tema que aparentemente es intrascendente, que se refiere al uso del emblema de la Cruz Roja internacional.
Ligado a esto hay un conjunto de temas en lo que se ha denominado el derecho internacional humanitario, que es preciso ligarlo a la aprobación de esta iniciativa, de este proyecto que estamos discutiendo el día de hoy.
En primer lugar tiene que ver efectivamente con el uso y abuso del emblema de la Cruz Roja internacional. Según funcionarios de la Cruz Roja internacional ha habido spots de televisión de alguna marca de tequila que dice: este tequila más el otro, etcétera; y usan el emblema de esta Cruz Roja.
Pero no sólo —también— en muchas farmacias, muchos establecimientos usan inadecuadamente este emblema y esto después nos remite a la Cruz Roja Mexicana. Y leyendo la exposición de motivos, resulta que fue creada por un decreto de marzo de 1910. O sea, todavía cuando Porfirio Díaz… en el Porfiriato fue creada y no ha habido una actualización del decreto que dio lugar a la Cruz Roja Mexicana, de tal modo que está un poco en el limbo su estatuto jurídico.
Se habla de que es una institución de asistencia privada ligada institucionalmente pero no ha habido una revisión del cuerpo de esta Cruz Roja Mexicana, del cuerpo legal, del cuerpo que le da sustento de tal modo que ahí tiene un conjunto de vacíos institucionales que entre otros problemas recordemos que hace unos años hubo problemas de corrupción, etcétera y ha habido problemas en el momento de nombrar a los directores de la Cruz Roja Mexicana.
Esto es lo que hace al ámbito interno. En lo que hace al ámbito externo, tenemos —tal como lo señala la minuta que nos envió el Senado— en materia de derecho internacional humanitario, tenemos serias deficiencias, serios retrasos.
México no ha firmado y por lo tanto el Senado no ha ratificado, dos protocolos adicionales de los convenios de Ginebra. Después de los convenios de Ginebra del 49, se han suscrito tres protocolos adicionales: uno que se refiere a la protección de civiles en caso de conflictos internacionales, en caso de conflictos entre Estados, léase un conflicto Perú-Ecuador, Honduras-El Salvador, etcétera, donde se faculta a la Cruz Roja Internacional para intervenir en protección de los civiles.
Después hay el Protocolo Dos, Protocolo Adicional Dos de los Convenios de Ginebra, que se refiere a la protección de civiles en caso de conflictos internos. Léase Chiapas, léase Oaxaca, léase un conjunto de conflictos internos en los países. Este es el Protocolo Dos Adicional de los Convenios de Ginebra.
Resulta que revisando esta legislación, México es el único país de América Latina que no ha firmado y por lo tanto el Senado no ha ratificado el Protocolo Dos de los Convenios Adicionales de Ginebra.
Luego hay un protocolo tercero que se refiere al uso internacional de este emblema, que tampoco ha sido firmado, este es más reciente y creo, compañeras y compañeros —y esto lo hemos conversado con el diputado Diodoro Carrasco, presidente de la Comisión de Gobernación—, que necesitamos hacer un exhorto al Ejecutivo Federal a fin de que se firmen estos convenios y sean ratificados por el Senado.
Pero aquí entra un tema adicional. Resulta que México en el 2003 firmó la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad.
Así se llama: Convenio Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, y resulta, compañeras y compañeros, que —claramente está estipulado en el título— que los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, o sea que no tienen prescripción.
Y resulta que se firma, se ratifica por el Senado, pero el gobierno mexicano le metió un candado que dice que empieza a funcionar siempre y cuando estos crímenes no sean atrás del 2003. Pero si justamente está diciendo el convenio que es imprescriptible, entonces compañeras y compañeros. Mientras ocurre esta manifestación, no sé, señor Presidente si me da un lapso de tiempo para que nuestros compañeros diputados puedan hacer esta manifestación de, no sé qué dice…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe, diputado Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Sí, lo que pasa es que se va a abrir un paréntesis aquí que…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Usted continúe.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: …se pierde la atención y yo le rogaría que detuviera el reloj, digo, para que se le ponga atención a lo que están planteando…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se le escucha, diputado, continúe, por favor.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Bueno, yo creo que esto es totalmente válido y digno de apoyar.
Termino, compañeras y compañeros. Lo que no se vale es que México… Yo también aplaudo desde esta tribuna. Lo que no se vale es que nosotros firmemos convenios internacionales y después les metamos candados que anulan las bondades, las virtudes de estos tratados internacionales.
Por lo tanto, quiero llamar la atención, quiero exhortar a este Poder Legislativo a que le metamos mano a todo este derecho internacional humanitario, que tenemos serios rezagos, serios retrocesos y si queremos entrar al siglo XXI con la frente en alto, México necesita ratificar en su conjunto estos tratados y convenios internacionales. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sandoval. Para fijar también posición sobre este tema que estamos discutiendo de la Ley para el Uso y Protección de la Denominación y Emblema de la Cruz Roja, tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen para crear la Ley para el Uso y Protección de la Denominación y del Emblema de la Cruz Roja, con el propósito de impulsar medidas que aseguren en nuestro país el uso adecuado del emblema, de forma que no se generen abusos como la imitación y el uso por parte de organizaciones que podrían inducir a confusión.
El uso de personas o entidades que no estén autorizadas para portar el emblema y por un uso perverso como utilizar el emblema en tiempo de conflicto armado con el fin de ocultar material bélico o proteger combatientes.
Quiero señalar que el antecedente de este dictamen fue la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley sobre Uso y Protección de la Denominación y Emblema de la Cruz Roja que presentó la diputada Esther Ortiz Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional.
En cuanto a la situación previa a la existencia de la presente ley, las ventajas de su aprobación pueden resumirse de la siguiente manera.
Primero. Provee un elemento identificador intransferible para quienes trabajan en la institución o que forma parte de ella.
Segundo. Es un símbolo protector inatacable.
Tercero. Es un símbolo o logo que no es susceptible de comercialización o suplantación.
Por otro lado, se cree oportuno proponer una ley que regule el uso y la protección del emblema de la Cruz Roja cumpliendo con la obligación contraída por el Estado mexicano al adoptar el contenido de los Convenios de Ginebra en 1949 y de sus Protocolos adicionales en 1977, en donde se establece que los Estados parte tienen la obligación de tomar las medidas legislativas adecuadas para impedir y reprimir en todo tiempo los abusos hacia el emblema.
Esta nueva ley viene a resaltar la importancia y naturaleza del emblema y denominación de la Cruz Roja como una figura y nombre que trasciende las fronteras de cualquier nación; además que implica el trabajo humanitario imparcial y desinteresado, no sólo en presencia de una conflagración bélica; también en los casos de desastre o eventualidades donde la salud y la vida humana se vean comprometidas.
En este proyecto de decreto aprobado por la Comisión de Gobernación se establece que la ley es de orden público y de observancia general en toda la República. Su objeto es el de regular el uso y protección del emblema de la Cruz Roja, así como la denominación Cruz Roja y las demás señales distintivas establecidas para su identificación.
Asimismo, se establece en el presente ordenamiento que el emblema de la Cruz Roja tendrá, conforme a los Convenios de Ginebra, dos usos: el uso protector y el uso indicativo. Como uso protector en tiempo de conflicto armado, se otorga a las personas, los bienes, las unidades, los medios de transporte y el material sanitario, cuando desarrollan cualquiera de las actividades que le son propias en el marco de un conflicto armado. Representa la inviolabilidad de la misión médica y recuerda a los combatientes que la misión médica está protegida, debe ser respetada y no debe ser atacada.
Por lo que respecta al uso indicativo en tiempo de paz, éste tiene como finalidad señalar a las personas y los bienes que tienen relación con algunos de los componentes del movimiento internacional de la Cruz Roja y su uso se limitará en el despliegue de sus actividades, mismas que se avendrán a lo establecido en la presente ley y en los Convenios Internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Compañeras y compañeros, diputadas y diputados. La protección del emblema de la Cruz Roja es indispensable para el respeto del derecho internacional humanitario, con la aprobación a la obligación de proteger el emblema, este emblema que es símbolo de esperanza y de humanidad en las situaciones más desoladoras y devastadoras.
Se trata pues de un signo indispensable para asistir a las víctimas, por lo que debe protegerse contra sus posibles abusos. Es cuanto señor Presidente, por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada María del Pilar Ortega.
Tiene la palabra el diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para posicionar sobre el mismo tema.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Señor Presidente. Con la idea de que no me vaya usted a corregir de no ingresar al tema inmediatamente, sólo quiero decir que mi grupo parlamentario coincide plenamente con lo expresado en esa manta que componen todos los diputados de los distintos partidos políticos. Estamos con ustedes.
Sólo tendría que decir que en la sesión de la Comisión de Gobernación no tuvimos ninguna objeción en participar y aprobar este decreto que expide la Ley para el Uso y Protección de la Denominación y Emblema de la Cruz Roja Mexicana, que tiene como antecedente —ya lo dijeron aquí mis compañeros diputados— una iniciativa presentada por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez el 12 de abril del 2005, y diría que es un logro que se pueda reglamentar el uso y protección de la denominación y del emblema de la Cruz Roja Mexicana.
Porque teniendo como referencia al Convenio de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales, podemos nosotros entender que es necesario, en nuestro país, tener la reglamentación correcta acerca del uso. Yo diría que en lo general este uso y protección del emblema de la Cruz Roja, así como la denominación Cruz Roja y las demás señales distintivas y la descripción del logo que el propio dictamen establece, conforme a los Convenios de Ginebra del 49, es conveniente porque se definen los conceptos: Convenios de Ginebra, protocolos, Movimiento Internacional de la Cruz Roja, Conferencia Internacional y el significado del Comité Internacional de la Cruz Roja Federación Internacional, Cruz Roja Mexicana, Derecho Internacional Humanitario y Principios Fundamentales, y se describe con detalle cuál es el emblema de la Cruz Roja y sus usos, así como la competencia que tiene la Secretaría de Gobernación para vigilar el cumplimiento de esta ley y a la Secretaría de la Defensa para autorizar el uso del emblema de la Cruz Roja en los casos que previene la propia ley. Incluso se establece una multa de cinco a 50 veces el salario mínimo general diario vigente para las infracciones a las disposiciones legales.
Mi grupo parlamentario fija su postura a favor de este dictamen de la Comisión de Gobernación, que ha sido discutido plenamente, con el que coincidimos a detalle y que creemos viene a reforzar la idea de reglamentar el uso del emblema, que es conveniente.
En muchos ocasiones se ha abusado del mismo, vemos que incluso al falsificar el mismo se han tomado medidas que no son altruistas y que tienen otros conceptos y reglamentarlo por unanimidad y en buen consenso la Comisión de Gobernación produce en mi grupo parlamentario una postura a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Adolfo Mota Hernández. No habiendo más oradores pregunte la Secretaría a la Asamblea si existe algún artículo que quieran reservar en lo particular.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a esta Asamblea si existe algún artículo que se quiera reservar. No existe ninguna observación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No habiendo artículos reservados pido a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
Si algún ciudadano diputado tiene algún problema para ejercer su voto, por favor comuníquelo antes de los 10 minutos.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Solamente la diputada Sara Shej Guzmán, va a ejercer su voto en propia voz.
La diputada Sara Shej Guzmán (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se emitieron 426 votos en pro y dos abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si algún diputado no emitió su voto páselo por escrito, por favor. Aprobado en lo general y en lo particular por 426 votos, el proyecto de Ley para el Uso y Protección de la Denominación y el Emblema de la Cruz Roja. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Junta de Coordinación Política se recibió el siguiente comunicado: Los suscritos diputados coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 4o. y 14o. del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a usted atentamente se sirva turnar a la Mesa Directiva de esta Colegisladora, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su incorporación al orden del día de la sesión del Pleno de la Cámara, del día 19 de diciembre de 2005, la siguiente
Proposición
Uno. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco de análisis, discusión y eventual aprobación del proyecto de Presupuesto Federal 2007 se contemple un aumento sustantivo a las partidas correspondientes al rubro de ciencia y tecnología.
Sin más por el momento agradecemos las atenciones que se sirvan dar a la presente. Firma diputado Emilio Gamboa Patrón, diputado Héctor Larios Córdova, diputado Alejandro Chanona Burguete, diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, diputada Gloria Lavara Mejía, diputado Ricardo Cantú Garza y diputada Aída Marina Arvizu Rivas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Continué la Secretaría.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante. Presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8º. tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que el diputado Martín Malagón Ríos sustituya a la diputada María Sofía Castro Romero, como integrante en la Comisión de Economía. Que la diputada María Sofía Castro Romero, sustituya al diputado Martín Malagón Ríos, como integrante en la Comisión de Comunicaciones. Que el diputado Ernesto Oviedo Oviedo, sustituya al diputado Arturo Flores Grande como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante. Presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8o, tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, las siguientes integraciones solicitados por el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que el diputado Rafael Plácido Ramos Becerril cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Social. Que el diputado Odilón Romero Gutiérrez cause alta como secretario en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Que el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales cause alta como secretario en la Comisión de Energía. Que el diputado Francisco Sánchez Ramos cause alta como secretario en la Comisión de Juventud y Deporte. Que el diputado Martín Zepeda Hernández cause alta como secretario en la Comisión de Vivienda. Que la diputada Lourdes Alonso Flores cause alta como secretaria en la Comisión de Recursos Hidráulicos.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante. Presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8o., tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguiente precisión solicitada por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que el diputado Isael Villa Villa sustituya al diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, como integrante en la Comisión de Derechos Humanos...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame, Secretario. Les pido guardar silencio para que se pueda escuchar lo que está leyendo el Secretario. Adelante, Secretario.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: ... lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante. Presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8o. tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que el diputado Emilio Ulloa Pérez causa alta como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.
Que el diputado Jesús Evodio Vázquez Aguirre causa baja en la Comisión de Juventud y Deporte y alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Que el diputado José Jacques Medina sustituya al diputado José Alfonso Suárez del Real como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.
Que el diputado Rutilio Cruz Escandón Cárdenas sustituye al diputado Fernando Mayans Canabal como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.
Que el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez sustituye al diputado Rutilio Cruz Escandón Cárdenas como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
Que la diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez sustituya a la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted atentamente diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado y esta Presidencia aprovecha para saludar al presidente municipal de la Ciudad de Córdoba, Veracruz, aquí presente, licenciado Francisco Portilla.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8º tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Que el diputado Alejandro Martínez Hernández cause alta como presidente en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
Que el diputado Juan Hugo de la Rosa García cause alta como presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8º tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del PAN:
Que la diputada María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero cause baja como secretaria y quede como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.
Que el diputado Gerardo Priego Tapia cause baja como secretario y quede como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.
Que el diputado Joel Arellano Arellano cause baja como secretario y quede como integrante en la Comisión de Vivienda.
Que el diputado Javier Martín Zambrano cause baja como secretario y quede como integrante en la Comisión de Economía.
Que el diputado Carlos Alberto Torres Torres cause baja como secretario y quede como integrante en la Comisión de Juventud y Deporte.
Que el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez cause baja como secretario y quede como integrante en la Comisión de Turismo.
Que el diputado Moisés Alcalde Virgen cause baja como secretario y quede como integrante en la Comisión de la Función Pública.
Que la diputada María Soledad Limas Frescas cause baja como secretaria y quede como integrante en la Comisión de Equidad y Género.
Que la diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez cause baja como secretaria y quede como integrante en la Comisión de Equidad y Género.
Que el diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez cause baja como secretario y quede como integrante en la Comisión de Juventud y Deporte.
Que la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, cause baja como secretaria y quede como integrante en la Comisión de Turismo.
Que el diputado Daniel Chávez Cuevas cause baja como secretario y quede como integrante en la Comisión de Vivienda.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8o. tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Que la diputada Aurora Cervantes Rodríguez y que los diputados Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Humberto Zazueta Aguilar causen alta como integrantes en la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y al Capítulo Agropecuario del TLC.
Que las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lourdes Alonso Flores y el diputado Raciel Pérez Cruz causen alta como integrantes de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos.
Que la diputada Mónica Fernández Balboa y los diputados Salvador Ruiz Sánchez y David Mendoza Arellano causen alta como integrantes en la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
Que la diputada Susana Monreal Ávila y los diputados Juan Hugo de la Rosa García y José Jacques y Medina causen alta como integrantes en la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros.
Que los diputados Moisés Dagdug Lützow, Juan Darío Lemaroy Martínez y Amador Campos Aburto, causen alta como integrantes en la Comisión Especial Encargada de Impulsar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.
Que los diputados Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Martín Cepeda Hernández y Armando Barreiro Pérez causen alta como integrantes en la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas para la Migración Interna.
Que los diputados Rafael Franco Melgarejo, Alejandro Martínez Hernández y Celso David Pulido Santiago causen alta como integrantes en la Comisión Especial de Ganadería.
Que la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez y los diputados Carlos Martínez Martínez y Othón Cuevas Córdova causen alta como integrantes en la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque.
Que los diputados Arturo Fernel Gálvez Rodríguez, Juan Darío Lemaroy Martínez y Benjamín Hernández Silva causen alta como integrantes en la Comisión Especial del Café.
Que los diputados Luis Sánchez Jiménez, Francisco Santos Arreola y Martín Cepeda Hernández causen alta como integrantes en la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala.
Que la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán y los diputados Luis Sánchez Jiménez y Victorio Montalvo Rojas causen alta como integrantes en la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.
Que la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez y los diputados Odilón Romero Gutiérrez y Miguel Solares Chávez causen alta como integrantes en la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos.
Que los diputados Victorio Montalvo Rojas, Gerardo Villanueva Almazán y Camerino Eleazar Márquez Madrid causen alta como integrantes en la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México.
Que los diputados Mario Enrique del Toro, Othón Cuevas Córdova y Camerino Eleazar Márquez Madrid causen alta como integrantes en la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución.
Que la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán y los diputados Faustino Soto Ramos y Víctor Hugo García Rodríguez causen alta como integrantes en el Comité de Competitividad.
Que el diputado Ramón Almonte Borja cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Que la diputada Aurora Cervantes Rodríguez cause alta como secretaria en la Comisión de Cultura.
Que el diputado Mario Enrique del Toro cause alta como secretario en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Que el diputado Víctor Hugo García Rodríguez cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Pública.
Que el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza cause alta como secretario en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Que el diputado Santiago López Becerra cause alta como secretario en la Comisión de Transportes.
Que el diputado Fernando Mayans Canabal cause alta como secretario en la Comisión de Salud.
Que el diputado Celso David Pulido Santiago cause alta como secretario en la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Que el diputado Rafael Plácido Ramos Becerril cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Social.
Que el diputado Odilón Romero Gutiérrez cause alta como secretario en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Que el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales cause alta como secretario en la Comisión de Energía.
Que el diputado Francisco Sánchez Ramos cause alta como secretario en la Comisión de Juventud y Deporte.
Que el diputado Martín Zepeda Hernández cause alta como secretario en la Comisión de Vivienda.
Que la diputada Lourdes Alonso Flores cause alta como secretaria en la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Perdón. Aquí hay un integrante del Partido Revolucionario Institucional. Que el diputado Juan Manuel Parás González sustituya como secretario al diputado Joel Ayala Almeida en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Atentamente, diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal del 2007.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 14 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que fue suscrita por integrantes de la Mesa Directiva el 14 de diciembre pasado, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente acuerdo.
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el Ejercicio Fiscal de 2007, con el objetivo de realizar diversas acciones encaminadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Segundo. Se instruye a las Comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados y se exhorta a la Comisión de Seguridad Pública y Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respectivamente, a que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos federal y en el procedimiento de aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007 se destinen 247 millones 143 mil 300 pesos en los rubros de mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con cargo al Ramo general 33, "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", en el Fondo de "Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal".
Tercero. Se solicita a las Comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que de conformidad con lo señalado en el resolutivo anterior; dichos recursos se destinen específicamente a: luminarias en calles, parques y jardines; instalación, operación y mantenimiento de cámaras en red, que cubrirán las zonas aledañas de la Cámara de Diputados; adquisición, operación y mantenimiento de unidades móviles que brinden el servicio de seguridad en la zona referida; llevar a cabo una campaña de información sobre prevención del delito y cultura cívica; incrementar el número de efectivos policiales pie tierra en la zona y fortalecer las acciones de mejoramiento urbano en la carpeta asfáltica, áreas verdes, guarniciones, banquetas y alumbrado público, así como de balizamiento y señalamientos que lleva a cabo la delegación Venustiano Carranza; fortalecimiento de las acciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial del Distrito Federal, así como de justicia cívica en la zona.
Cuarto. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, a que ejerza en tiempo y forma los recursos federales destinados a estas acciones.
Firman los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: La Honorable Cámara de Diputados reconoce al migrante en su día, que a seis años que la Organización Mundial de las Naciones Unidas decretó el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante.
En este día se hace un enorme reconocimiento a quienes por diversas causas deciden dejar su lugar de origen para en otro país buscar nuevas oportunidades. Lo anterior se hace más loable cuando para poder generar esta nueva oportunidad tienen que pasar por actos de discriminación, racismo e imbuidas en la xenofobia de diferentes grupos radicales para los cuales no existe diferencia alguna entre inmigrantes indocumentados o latinos nacidos dentro de la Unión Americana.
La Honorable Cámara de Diputados hace un llamado de unidad a favor del migrante, para que como grupos parlamentarios y como Poder Legislativo busquemos nuevas formas de fortalecer los derechos y garantías de los migrantes, quienes a través de su fuerza de trabajo contribuyen al desarrollo del país al que emigran y al bienestar de su familia y del país que dejan aquí, siendo de esta manera un motor importante de la economía nacional.
Finalmente, esta Honorable Cámara de Diputados se compromete a hacer lo necesario para que en México se desarrollen las oportunidades necesarias que coadyuven a impedir la salida de nuestros connacionales y generen el bienestar familiar y patrimonial que ellos nos demandan.
Lo signan: Diputado federal Héctor Larios Córdova, coordinador de la diputación federal del PAN; diputado federal Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la diputada federal del PRI; diputada federal Gloria Lavara Mejía, coordinadora de la diputación federal del PVEM; diputado federal Ricardo Cantú Garza, coordinador de la diputación federal del PT; diputado federal Alejandro Chanona Burguete, coordinador de la diputación federal de Convergencia; diputada federal Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora de la diputación federal de Alternativa; diputado federal Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador de la diputación federal del PAN; diputado federal Javier González Garza, coordinador de la diputación federal del PRD. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para fijar posición en relación con este comunicado del Día Internacional del Migrante se acordó que hasta por tres minutos hagan uso de la palabra la diputada Irma Piñeyro, el diputado Pablo Leopoldo Arreola, el diputado José Luis Aguilera Rico, la diputada Ana María Ramírez Cerda, el diputado Edmundo Ramírez Martínez, el diputado José Jacques y Medina y la diputada María Dolores González.
Tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Irma Piñeyro Arias: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La migración obedece a factores económicos, sociales, políticos, culturales y a desplazamientos causados por fenómenos naturales que se encuentran enraizados en los orígenes del proceso de desarrollo de las naciones.
La migración afronta condiciones de anarquía, abuso y violencia. El fenómeno migratorio ya no puede ser tratado solamente con un enfoque policiaco, tiene que ser visto como un problema de desarrollo para las naciones y para las regiones.
La principal aportación de los flujos migratorios es el dinamismo económico que generan con su trabajo responsable e intenso, así como el talento que aportan al país que lo recibe; sin embargo, en las estructuras de la globalización se ha marginado al renglón humano y lo han reducido a algo prescindible.
Todos los actores involucrados debemos entender que con diplomacia responsable, con negociación y diálogos permanentes podremos visualizar el tema migratorio como una tarea de responsabilidad compartida y llegar a acuerdos que beneficien a las partes.
Las condiciones de los migrantes, principalmente en los Estados Unidos, nos exigen actuar de manera urgente para resolver los problemas que enfrentan. Para Nueva Alianza es compromiso indeclinable garantizar el respeto de los derechos individuales y laborales de todas y todos los mexicanos, sin olvidarnos, en especial, de aquellos que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Irma Piñeyro. Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Pablo Arreola Ortega: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo expresamos nuestro respeto, solidaridad y reconocimiento a los trabajadores migrantes del mundo y en especial a nuestros connacionales y a mis paisanos, mujeres y hombres de Zacatecas.
En el mundo existen más de 150 millones de personas migrantes. Este fenómeno se produce en todas las partes de nuestro planeta, pero sobre todo, en las naciones más pobres cuya población tiene que buscar en otro país de mayor desarrollo económico el trabajo que en su patria se les niega.
La contribución económica que aportan por las remesas que envían a sus respectivos países, es una contribución enorme. Gracias a esas remesas las familias de esos trabajadores subsisten.
Por desgracia, los países receptores de migrantes no reconocen los derechos laborales de estas personas y se les persigue como si fueran criminales, cuando lo único que hacen es realizar un trabajo de manera eficaz y honrada.
México por desgracia se ha convertido en un país expulsor de migrantes hacia los Estados Unidos. Hoy viven en esa nación más de 11 millones de mexicanos indocumentados que no tienen ninguna garantía laboral ni respeto por sus derechos humanos.
De forma dócil, el gobierno mexicano protesta por el trato dado a nuestros paisanos en Norteamérica, pero de manera feroz e inhumana tolera la persecución que los cuerpos policíacos nacionales hacen contra los migrantes centroamericanos. En esta materia debemos dejar de ser candil de la calle y oscuridad en nuestra casa.
Las condiciones para lograr un acuerdo migratorio integral están dadas. La economía norteamericana necesita la mano de obra barata y productiva de los mexicanos; nosotros requerimos de los empleos que allá se generan. Es importante que se dé este tratado migratorio. En consecuencia, no existe ninguna limitación material para que esto se logre.
Es inconcebible que si tenemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá que permite el libre tránsito de mercancías y capitales, no seamos capaces de lograr la libre circulación de las personas. Este esquema de cooperación económica funciona sin trabas en la Unión Europea. ¿Por qué nosotros no lo podemos lograr?
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el Día Internacional del Migrante es una fecha muy importante, pero también es una fecha que debiera de dar vergüenza a los gobiernos del mundo que han sido incapaces de crear los empleos necesarios, para garantizar una vida digna al lado de las familias de todos los trabajadores migrantes. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado José Luis Aguilera Rico: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Ciento noventa y cinco millones de migrantes existen en diferentes partes del mundo. Nunca antes en la historia había dejado sus hogares tanta gente y tampoco tantos seres humanos habían buscado mejores destinos y mejores oportunidades de vida. Han enfrentado claras políticas racistas de los gringos o las políticas discriminatorias de quienes se sienten dueños de los territorios del mundo.
El reclamo de Convergencia, junto con diferentes organizaciones sociales del mundo, será en el sentido de exigir respeto a los derechos humanos por parte de los gobiernos y, en específico, del gobierno de los Estados Unidos de América. Exigir, sí; exigir la suspensión de la construcción del muro que pretende dividir más a los seres humanos.
Por eso, Convergencia apoya el reclamo de la ONU a los gobiernos que impulsan el maltrato a los migrantes y no sólo me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica; también me refiero a las diferentes autoridades mexicanas por el trato inhumano que han dado a nuestros hermanos de Centro y Sudamérica.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos recientemente declaró que la realidad de muchos migrantes se traduce en explotación, exclusión, discriminación, abuso y violencia que, en su conjunto, son amplias violaciones de los derechos humanos. Pero todas estas declaraciones son de poco consuelo para los cientos de niños que vieron desaparecer a sus padres en las redadas de seis estados en este país la semana pasada, donde casi mil 300 trabajadores migrantes fueron detenidos y tratados como delincuentes e inclusive como amenaza de seguridad nacional.
Convergencia no comparte la política antiinmigratoria de los Estados Unidos, porque sabemos que las redadas y los muros no resolverán el problema de los 12 millones de migrantes indocumentados en este país. Además, hay que ver el resultado de la economía gringa. Si las redadas continúan, ésta sería afectada.
Nos pronunciamos así y se lo exigimos al Poder Ejecutivo federal, que acuerde con sus iguales de Norteamérica una reforma migratoria comprensiva, porque ésta fortalecerá en buena parte ambas economías, ofreciendo a las empresas un acceso y una fuerza laboral.
Exigimos una política migratoria que, a los migrantes de todo el mundo, la tranquilidad y la paz, será suficiente para seguir siendo la fuerza laboral ejemplar en el mundo. Exigimos el respeto a los derechos fundamentales de todo emigrante, indistintamente de su país de origen.
Exigimos un pronunciamiento de rechazo por parte del Presidente Felipe Calderón en torno a la política de miedo y terror desatada por el gobierno norteamericano. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado José Luis Aguilera. Tiene la palabra la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Ana María Ramírez Cerda: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy celebramos el Día Internacional del Migrante, el cual nos brinda la oportunidad de llamar la atención sobre este importante fenómeno mundial y las grandes aportaciones que los migrantes hacen a nuestras sociedades, culturas y economías.
Empero, los migrantes tienen que lidiar con problemas como la xenofobia, discriminación, violación a los derechos humanos, entre muchos otros, debido a que son acusados de usurpar trabajos a los nacionales e incrementar la inseguridad, sólo por mencionar algunos prejuicios.
Este día tiene como objeto dar un reconocimiento a las personas que arriesgan su vida en el transcurso del cruce de fronteras con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Es por esto que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México exhorta a redoblar esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias.
Hay que recordar que sin las aportaciones de los migrantes nuestra sociedad sería aún más pobre. También se tiene que incrementar el interés en el alza de mujeres y niños migrantes que arriesgan sus vidas al tratar de cruzar las fronteras en busca de una mejor calidad de vida. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Ana María Ramírez. Tiene la palabra el diputado Edmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Edmundo Ramírez Martínez: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. En la actualidad, la migración —como nunca— enfrenta condiciones unilaterales, desproporcionadas, abusivas y violentas convirtiendo a la emigración en el más trágico síntoma de la iniquidad entre el privilegio de los grandes capitales y la explotación masiva de hombres y mujeres omitiendo sus derechos humanos.
En el PRI rechazamos enérgicamente las condiciones de desigualdad acentuadas por un trato discriminatorio. Lo rechazamos porque tolerarlo sería ir en contra de nuestras raíces, de nuestra identidad y de nuestra raza. Que les quede claro a los que nos discriminan: no estamos dispuestos a solapar el abuso en un entorno social ajeno que es indiferente e inútil.
Debemos, como representación nacional, ser firmes para que el fenómeno migratorio no se siga atendiendo con un enfoque policíaco. La emigración tiene que asumirse como un problema de desarrollo para las naciones y las regiones.
El compromiso de los priístas en esta LX Legislatura con nuestros hermanos migrantes, con los migrantes extranjeros que recibimos y que transitan por nuestro país y con los mexicanos que retornan, es el de trabajar de manera seria y comprometida.
Para ello, respaldamos el fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración y exigimos que los funcionarios migratorios mexicanos cumplan escrupulosamente la ley. Estamos impulsando por la vía legislativa la ampliación de la red consular, principalmente las que están en Estados Unidos y Canadá.
Estamos, junto con todos mis compañeros diputados priístas, promoviendo la asignación de más recursos para los programas de protección a mexicanos en el extranjero. En el PRI rechazamos enérgicamente, y nos preocupa, la visión superficial, carente de rumbo y de un compromiso claro del Ejecutivo federal para con este sector de la sociedad mexicana, que es fundamental y estratégico para el presente y futuro de México.
Prueba de ello es la propuesta del Ejecutivo en lo que tiene que ver con la asignación de recursos públicos para los programas de protección para los Mexicanos en el Exterior, el de Apoyo a Migrantes en Municipios Fronterizos, Apertura de nuevos Consulados, Becas para Jóvenes Migrantes Mexicanos, programa de Identificación de Cadáveres, Atención de Migrantes detenidos en la Frontera, Apoyo a Madres Solteras Migrantes, Atención a Repatriados, Visitas a Centros de Detención a Migrantes, entre otros programas.
Compañeras y compañeros diputados, la propuesta del Ejecutivo en estos programas que he comentado es de cero pesos con cero centavos. Ese es el tamaño y el compromiso de la voluntad y de la preocupación que hasta el día de hoy esta administración federal ha tenido para los compañeros migrantes mexicanos, cero pesos con cero centavos.
El PRI afirma que de ninguna manera debe pasar esta propuesta. Los diputados tendremos un total compromiso con el tema migratorio.
En el grupo parlamentario del PRI estamos proponiendo una reasignación de recursos en más de cinco mil 500 millones de pesos para el Presupuesto del año 2007. Desde aquí el mayor de los reconocimientos, compromiso, convicción y solidaridad del Partido Revolucionario Institucional con nuestros hermanos migrantes. Es cuanto, señor Presidente, gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramírez. Tiene la palabra el diputado José Jacques y Medina, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado José Jacques y Medina: Con su venia, señor Presidente. Hace seis años que se declaró este 18 de diciembre el Día Internacional de los Migrantes y hace 16 años que se aprobó esa convención internacional. Y aquí tiene mucho que ver la diplomacia mexicana. Debemos darle crédito al embajador Antonio González de León, que fue quien presidió esta convención y logró incluir, entre otras cosas, este concepto tan importante que no solamente habla de los trabajadores migratorios, sino también habla de sus familiares.
El embajador González de León, me acuerdo, me decía en Nueva York, cuando me invitaba a esas reuniones, que el único problema con estas convenciones es que para los que están dirigidas, que son los países que se benefician de la migración, nunca suscriben estas convenciones pero sí obligan a los países que las firman a que respeten los derechos y el lenguaje de esas convenciones.
Un ejemplo de eso es el caso de Estados Unidos. En 1990 se suscribió esta convención y para 1994 ya vino con su propuesta de la Ley 187, que ustedes se acordarán allá en California, promovida por Pete Wilson, y con claros objetivos electorales.
Hoy queda claro para todos que el tema migratorio en los Estados Unidos es un tema electoral. Lo acabamos de ver este año con la propuesta de Sensenbrenner para tratar de ganar los votos racistas-anglosajones para la elección del 6 de noviembre.
Pero las movilizaciones de primavera echaron atrás toda esa campaña xenófoba y racista y lograron anotarse una victoria el 6 de noviembre, logrando derrotar a esas políticas, que llamaban exclusivamente, por la represión y no por la legalización.
Hoy tenemos que tomar decisiones en este Congreso para tomar iniciativas que apoyen la lucha política que se está dando en los Estados Unidos.
A los norteamericanos, a los intereses creados no los vamos a convencer a través de organismos internacionales. Los tenemos que convencer, más bien les tenemos que ganar en la lucha política y es en donde nosotros tenemos que invertir.
Y al igual que se está hablando aquí de incrementar los presupuestos para ciencia y tecnología, hay que invertir fundamentalmente en la lucha política de los mexicanos en el exterior.
No somos un asunto migratorio, somos el sector social de la economía y hay que defenderlo, porque al defender la economía ya estamos defendiendo la economía de nuestros familiares en nuestros municipios, en nuestros pueblos, en nuestros estados, legislemos por ellos, compañeros, gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jacques. Tiene la palabra la diputada María Dolores González Sánchez, del grupo parlamentario del PAN hasta por tres minutos.
La diputada María Dolores González Sánchez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados. Como es del conocimiento de todos ustedes, el día de ayer 18 de diciembre, por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas es decretado como el Día Internacional del Migrante tomando en cuenta que existe un importante número de migrantes en el mundo y que su número continúa incrementándose, la migración es el signo de los tiempos.
En efecto, el Día Internacional del Migrante se proclamó considerando lo que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a su vez, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda la persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella sin distinción de ningún tipo en particular de raza, color u origen nacional.
En dicha Resolución se invita a los Estados miembros a que para conmemorar el Día Internacional del Migrante, entre otras cosas, difundan información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, que intercambien experiencia y formulen medidas para protegerlos.
En su camino los migrantes quedan indefensos y quedan a merced de traficantes de personas e incluso para vergüenza de servidores públicos que medran con la necesidad y condición de quienes se ven en la necesidad de abandonar su país, su familia y que generalmente van hacia los Estados Unidos.
Sin duda en México la celebración de este día debe ser un recordatorio de la deuda histórica que se tiene hacia los millones de personas que han abandonado su país, pero también un fuerte llamado a los legisladores para trabajar y solucionar cuanto antes las condiciones que siguen empujando a miles de personas a emigrar.
En efecto, no debemos claudicar en el esfuerzo permanente para lograr que se respeten los derechos de los migrantes en todo el mundo, incluidos los millones de mexicanos que viven en la oscuridad y bajo la amenaza permanente en los Estados Unidos; país donde trabajan arduamente y en el que muchos colaboran para su desarrollo y crecimiento.
La posición de México al respecto es clara y debe seguir siendo: el trabajador honrado no puede ni merece recibir trato criminal. Por ello debemos asumir plenamente el compromiso de trabajar para ofrecer soluciones al fenómeno migratorio, pues es el desafío además de urgente es inmenso, con un reto enorme para los legisladores.
De esta forma en el marco del Día Internacional del Migrante, el grupo parlamentario del PAN, reafirma su determinación para trabajar y dialogar de manera permanente para ofrecer mejores condiciones de vida a los millones de mexicanos, para garantizar el gozo de sus derechos, dentro y fuera de nuestras fronteras y para que sea reconocida siempre la enorme contribución que hacen para el desarrollo de nuestro país, e incluso, de aquel donde residen. El compromiso y determinación que asumamos todos deberá ser igual o mayor a las dimensiones del desafío.
Que no se nos olvide que más allá del abuso de que son objeto los migrantes por parte de traficantes de personas y funcionarios públicos, se da otro abuso, que es el oportunismo de aquellos que utilizan la migración como herramienta política. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Dolores González. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.... (Votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo..... (Votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Hay una solicitud de la Junta de Coordinación, donde me piden que se cite a sesión hasta el jueves, así se hará en el momento en que levante la sesión. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (16:46): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 21 de diciembre a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 09:30.