El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 328 diputados; por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:25 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta ala Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicaciones.

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos sobre el formato de la sesión de Congreso General del 1 de diciembre de 2006.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: De los congresos de los estados. Del Congreso del estado de Sonora.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: De la Comisión de Salud.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Del Congreso del estado de Colima.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: De la Secretaría de Gobernación relativo al ciudadano Edgar Alonso Ramírez Vázquez.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Graciela Adriana Natalia Zubikarai Porras, José Andrés Soto Ruiz Barroeta, José Antonio Martínez Vargas, Miguel Adrián Chaparro, Oliva Islas Islas, Nelia Alicia Flores Hinojosa, José Guillermo Palacios de la Peña, Mónica Lucía Sánchez García y Sandra Eugenia Lozano de la Fuente, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Humberto García Enríquez, María Luisa Bringas Espinoza y Domingo Sánchez Martínez, puedan prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y Matamoros, Tamaulipas. Y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Ernesto Antonio Miranda Beltrán, Irene Cerillo Zurita y José Antonio Ricardo Licona Martínez, a gobiernos extranjeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

En el capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados, se concede el uso de la palabra al diputado Victorio Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: Con su venia, señor Presidente. Me voy a permitir, por economía de tiempo, leer una síntesis de la presente iniciativa, rogándole, señor Presidente, se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la misma.

Compañeras diputadas y diputados. El suscrito, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente

Exposición de motivos

La renovación de dos de los Poderes de la Unión se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Para ello se ha determinado en la misma Constitución que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordena la ley.

El surgimiento del Instituto Federal Electoral y su consolidación ha estado apegado a procesos electorales sumamente competidos y de desconfianza en los órganos dependientes del titular del Poder Ejecutivo.

Es por ello que la autonomía de este órgano se ha visto impulsada por una necesidad política e histórica de depositar en una autoridad independiente, la organización de las elecciones federales como una función de Estado. Ejemplo de ello son los cambios realizados por el poder revisor de la Constitución.

Así, con la reforma de 1990 se introdujo una nueva concepción con la creación del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo que organiza las elecciones, en las que por primera vez participaron ciudadanos con importantes funciones. Ello, sin lugar a dudas, constituyó un avance sustancial hacia la consolidación de la imparcialidad como principio rector de la organización electoral.

En 1994 el Constituyente Permanente afianzó la imparcialidad del órgano electoral y creó la figura de los consejeros ciudadanos designados por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios.

En el año de 1996, el Constituyente Permanente realizó modificaciones constitucionales a efecto de transformar la naturaleza de sus instituciones político-electorales, las cuales se sustentaron en la intención de fortalecer y consolidar valores fundamentales para la vida democrática del país, la pluralidad partidista, la participación ciudadana, la certeza, la legalidad, la transparencia y la imparcialidad en la organización de los comicios y la solución de las controversias, así como la equidad en las condiciones de la competencia electoral.

Sobre la elegibilidad e idoneidad del consejero presidente y de los consejeros electorales del IFE, debemos señalar que la designación que realizó la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2003, sobre las y los consejeros electorales que integran actualmente el Consejo General del IFE debió garantizar que se cubrieran todos los requisitos que el artículo 76 del Cofipe establece para la designación de los mismos.

La Junta de Coordinación Política en su momento no elaboró una propuesta que diera cuenta del cumplimiento de los citados requisitos y tampoco se conocieron los currículos de los consejeros electorales.

No dejamos de señalar que en la elección del consejero presidente y los ocho consejeros electorales del IFE prevaleció el sistema de cuotas partidistas, desnaturalizando y pervirtiendo su origen ciudadano de manera irresponsable, con lo que se abonó la falta de probidad de la autoridad electoral.

Debemos recordar que el Partido de la Revolución Democrática ante el legal nombramiento de los consejeros electorales, impugnamos el procedimiento y el incumplimiento de los requisitos que la ley establece para la elección del consejero presidente y consejeros electorales a través de una acción de inconstitucionalidad.

Con lo anterior, el órgano responsable de organizar las elecciones en nuestro país se integró en el año 2003 por consejeros que no tienen prestigio, que en algunos de los casos no cuentan con la preparación académica necesaria ni el perfil ético y moral que requiere un consejero electoral para desempeñar la alta responsabilidad de organizar elecciones sin cuestionamientos por parte de ciudadanos y de los partidos políticos con registro nacional.

A manera de ejemplo, Marco Antonio Gómez Alcázar —hoy consejero electoral— no tenía conocimiento, experiencia ni estudios en materia político-electoral, tal y como lo reconoció el día 3 de noviembre de 2003.

La consejera Luisa Alejandra Latapi Rener fue de las aportantes a la campaña electoral del PRI en el año 2000 y tampoco cubrió los requisitos legales, excepción hecha de un diplomado con lo que pretendió cubrirlo.

El consejero Virgilio Andrade Martínez fue presentante del PRI en la campaña electoral del 94 y en noviembre de 2003 aceptó su militancia y se negó a renunciar a su partido; el consejero Rodrigo Morales Manzanares reconoció que no tenía título profesional, pero sí que tenía otros estudios. Dio cuenta de ello el diario "El Independiente" del 10 de noviembre de 2003.

Diputadas y diputados, estamos ante un grave retroceso en el país, donde la institución hasta hace poco más prestigiada, el IFE, se ve hoy disminuida y despierta serias dudas respecto de su actuación debido a que no está a la altura y al nivel que tuviera el anterior Consejo General del IFE.

No obstante lo anterior, en el reciente proceso electoral, el Consejero Presidente y ocho consejeros electorales han asumido una conducta a todas luces omisa en detrimento de los principios rectores en materia electoral. Lo cual quedó demostrado al permitir la participación ilegal y abusiva del actual titular del Poder Ejecutivo federal, Vicente Fox, a favor del entonces candidato presidencial Felipe Calderón. Es por ello que planteamos la remoción del presidente consejero y de los ocho consejeros electorales del IFE, así como de sus suplentes.

Por otra parte, proponemos que sean elegidos por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, previa comparecencia de los mismos; lograr que los grupos parlamentarios, por consenso y con una votación calificada, elijan al consejero presidente y a los consejeros electorales del Consejo General del IFE; y que previa comparecencia de los mismos demuestren su aptitud y conocimiento en la materia electoral. Es el objetivo de la presente iniciativa.

Asimismo se establece la obligatoriedad de los consejeros electorales de acudir a comparecer las veces que sean necesarias y requeridos por la Cámara de Diputados, con la clara intención de sujetarlos al principio de rendición de cuentas ante el órgano que los ausculta y elige.

De prosperar la presente iniciativa de reforma a la Constitución y la ley secundaria permitirá por un lado restablecer la legalidad y la imparcialidad del órgano electoral federal y por el otro —quizá más importante aún— la credibilidad y el respeto de la ciudadanía a la que nos debemos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Víctor Montalvo Rojas. Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes de la Preparatoria Motolinía de San Luis Potosí, aquí presentes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Un servidor, diputado federal por el distrito de Aome, del estado de Sinaloa e integrante de la LX Legislatura a la Cámara de Diputados y en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución General de la República, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de nuestro Estado mexicano, cuenta con una dualidad en sus funciones:

Por un lado actúa como Tribunal Supremo Federal y por otro concede los medios de control constitucional entre los que destacan el juicio de amparo, las controversias constitucionales, los procesos jurisdiccionales en materia electoral, la facultad investigadora de la Suprema Corte, las acciones de inconstitucionalidad, entre otros, los cuales devienen de las reformas de 1994 a la Constitución Federal, todos ellos en defensa de nuestra Carta Magna actuando en este caso como tribunal constitucional.

De lo anterior nos damos cuenta que el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rompe no sólo cuando se violan las garantías individuales de los gobernados, sino también cuando los órganos legislativos emiten normas de carácter general contrarias al pacto federal, con la finalidad de restablecer el orden constitucional.

Por ello, la propia Constitución prevé los llamados "medios de control o defensa constitucional", cuya finalidad es preservar el orden creado por la Ley Suprema.

La intención de la presente participación es destacar la importancia que representan las acciones de inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico mexicano como medio de control del sistema constitucional, siendo ésta la figura más importante de protección a los preceptos consagrados en nuestra Carta Magna, pues según el artículo 105, fracción II del ordenamiento en mención, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General de la República, lo que significa que es el medio jurídico más valioso que tenemos y mediante el cual se protege que ninguna ley secundaria contravenga las estipulaciones de la Constitución Federal.

Ahora bien, estas se pueden ejercitar dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma. Lo que resulta inconcuso, que si es el medio más eficaz e importante de protección a la Constitución Política, se le otorgue un término tan reducido para interponerlo pues ni al juicio de amparo en contra de las leyes se le otorga tal tiempo ya que cuando un particular se ampara contra una ley, cuenta con 30 días hábiles para promover esta acción.

Resulta ilógico e injusto que para la acción de inconstitucionalidad se cuente con 30 días, y lo que es peor, que sean naturales y no hábiles pues en este tipo de procesos se requiere de análisis de un estudio exhaustivo de la misma norma que se impugna para que nada más y nada menos lo que se defiende y protege es a nuestra Constitución.

Ya que mientras en el juicio de amparo se protegen intereses que puedan afectar a particulares y los efectos de la sentencia son sólo para éste, en la acción de inconstitucionalidad se protege el interés de respeto al irrestricto cumplimiento de los preceptos jurídicos contenidos en nuestra Constitución federal, afectándose de esta manera a todo el dispositivo jurídico de nuestra máxima ley y por lo tanto a la que se afecta es a la Constitución, y por ende a la sociedad en general, pues los efectos de la sentencia son erga homes.

Por ello, la presente iniciativa propone modificar el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 a fin de ampliar el término para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, de 30 días naturales a 45 días naturales a la fecha siguiente de la publicación de la norma.

De tal manera que se intenta equiparar el mismo plazo que se tiene para promover el juicio de amparo contra leyes, que es de 30 días hábiles en donde no se cuentan sábados ni domingos, así como tampoco los que señala el artículo 23 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna.

De lo que se deduce que convirtiéndolos, serían aproximadamente de 38 a 40 días naturales para interponer este juicio de amparo por lo que con motivo de lo anterior, para la acción de inconstitucionalidad, se proponen 45 días naturales para ejercitar dicho derecho.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero. Se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la Ley reglamentaria, de los asuntos siguientes de las acciones de inconstitucionalidad que tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución".

Las acciones de inconstitucionalidad, podrán ejercitarse dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma.

Por ello, señores diputados, manifiesto la necesidad de ampliar el término para promover la acción de inconstitucionalidad pues nada más y nada menos que lo que está en juego es nuestra Carta Magna y es que los entes legítimos para interponerla, como es el ejemplo del 33 por ciento de esta Cámara, resultaría ser bastante cruel que permitamos que se aplique una ley inconstitucional.

Por ello, se requiere tiempo suficiente de estudio y análisis y no sólo de la acción de inconstitucionalidad, requiere ampliación de término sino también el propio juicio de amparo.

Es prudente decirlo que en septiembre pasado, se facultó a las comisiones de Derechos Humanos para interponer acción de inconstitucionalidad en materia de derechos humanos, siendo bastante pesada la tarea para analizar qué leyes resultan contrarias a la Constitución. Por ello es que propongo que sean 45 días naturales anteriores obviamente, a consideración por supuesto, de las comisiones respectivas.

Solicito respetuosamente a la Presidencia, se inserte integro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante Gracias, diputado Vargas. Como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Una de las grandes causas de la deforestación y depredación de especies de flora y fauna en nuestro país, lo constituye el comercio clandestino. El tráfico de especies silvestres representa una de las más importantes formas de transacción comercial ilegal en el mundo. De hecho se considera el tercer negocio ilegal superado sólo por el tráfico de drogas y el tráfico de armas.

La demanda de ejemplares o de sus subproductos para ser utilizados como: vestido, alimento, medicamento, ornato o mascota, se ha incrementado a ritmos descomunales en las últimas décadas. Esta actividad se realiza a través de dos vertientes. Por un lado la extracción de especies de flora y fauna realizada por individuos o familias para subsistencia; y por la otra, a través de verdaderas redes o grupos de personas que se asocian para llevar a cabo la explotación de esta actividad ilícita, de forma constante.

En América Latina, países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, México, Argentina y Paraguay se han convertido en las principales fuentes del tráfico de especies hacia los países de la Unión Europea. Ello por la rica diversidad de especies de flora y fauna silvestre que albergan estos ecosistemas.

Cada año a nivel mundial se comercializan aproximadamente cuatro millones de aves, cinco millones de reptiles vivos, 50 mil primates, 20 millones de peces tropicales, 10 millones de pieles de reptiles y 15 millones de pieles de mamíferos; diez millones de cactus silvestres y un millón de orquídeas.

De acuerdo con un informe de la Unión Internacional para la Conservación, excluyendo a los productos maderables, a las pesquerías a nivel mundial; el comercio ilegal de especies silvestres genera ganancias entre los cinco y 50 mil millones de dólares anuales. A nivel nacional estas mismas ganancias oscilan en alrededor de los 10 millones de dólares anuales.

Nuestro país es uno de los más ricos en especies vegetales y animales en el mundo, lo que lo coloca en un estado de peligro constante en cuanto a las especies y el número de especimenes existentes.

Desgraciadamente nuestro sistema penal, como instrumento inhibidor de conductas delictivas en materia de protección ambiental no ha podido ser lo suficientemente eficiente y eficaz. En el mismo sentido, existen en nuestro país diversos grupos de personas que se organizan de forma permanente y reiterada para aprovecharse ilícitamente de nuestros bosques obteniendo anualmente, en forma ilegal, alrededor de siete millones de metros cúbicos de madera; una cifra muy similar a la cantidad de madera que se produce legalmente en nuestro país.

De hecho la actuación de estos grupos y redes debe de recibir un tratamiento penal específico, toda vez que el nivel de asociación y organización para aprovecharse ilícitamente de nuestros recursos naturales, supone acciones cada vez más complejas y estructuradas, como es la extracción, transportación, acopio, así como las redes para comercializar recursos forestales y una gran diversidad de especies extraídas ilícitamente.

Por ello el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta Cámara de Diputados ha considerado necesario dotar a la Procuraduría General de la República de instrumentos legales suficientes a fin de que, en el ámbito de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pueda actuar y perseguir a las bandas de traficantes de especies y así combatir el tráfico de especies de flora y fauna en nuestro país.

Por lo anterior, el suscrito y el Partido Verde Ecologista, consideramos que el incluir dentro del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada los tipos penales previstos en los artículos 417, 419 y 420 fracción IV del Código Penal Federal, la Procuraduría General de la República en el ámbito de su competencia y con las reformas que proponemos con la presente iniciativa, la PGR tendrá los instrumentos suficientes para que este ilícito sea debidamente perseguido a fin de combatir eficazmente esta industria ilegal y que va claramente en contra de la sociedad mexicana y de la sustentabilidad por supuesto.

Solicito, señor Presidente, que sea íntegramente contemplada en el Diario de los Debates mi intervención así como la iniciativa. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado López Adame. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia. Se informa ciérrese el sistema electrónico. Diputada Arely Madrid. Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 445 diputadas y diputados, quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarla por cédula.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo del grupo parlamentario del PRD para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Dentro de las facultades esenciales del Congreso de la Unión podemos citar la de constatar, verificar, inspeccionar, registrar y examinar las funciones de los órganos del Estado, particularmente de la administración pública federal. Es decir, ejerce entre otras una función, que es la del control político, esta facultad es la capacidad de informar e investigar, criticar y fiscalizar el conjunto de las actividades del gobierno y otras entidades de orden público.

Esta función es hoy una de las más importantes y representativas del Congreso, ya que el gobierno aplica políticas públicas y el Congreso las controla y fiscaliza. Uno de los temas que mayor control requiere es el de los actos de gobierno en materia de protección y defensa de los derechos humanos.

Esto es, que todas y cada una de las actividades de la administración pública sean realizadas de conformidad con los criterios y estándares establecidos, tanto en la Constitución Política, como en el del derecho internacional de los derechos humanos, al que México se ha obligado ante la comunidad de naciones.

También sabemos que el desastre que padece la sociedad en materia de derechos humanos es desolador. De conformidad con el informe de Amnistía Internacional y de otros organismos civiles, México aún brilla como uno de los países en donde se cometen graves atropellos en contra de las libertades y de los derechos humanos fundamentales de la persona humana.

Al respecto es necesario recordar que el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México de la ONU ha determinado que México requiere con urgencia realizar los cambios idóneos para garantizar los principios y derechos establecidos en conjunto, de normas existentes en materia de derechos humanos, como también sabemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aun no ha logrado realizar las acciones de contundencia, rapidez y eficacia que la situación de emergencia que vivimos amerita.

Por decir un ejemplo, sobre el caso Atenco, seis meses después de acontecidos los hechos que toda la opinión pública conoció, sobre múltiples y graves violaciones a los derechos de mujeres, niños y personas de la tercera edad, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, que debió tener mayor celeridad y contundencia en su emisión.

Pero aun con asombro, nos enteramos que las autoridades tanto federales como locales, al ser ratificadas de la resolución del "ombudsman" sólo informaron que revisarían el caso, lo que se traduce en un caso paradigmático de no cumplimiento de la recomendación; y por tanto, de evidente impunidad.

Nosotros no podemos conformarnos con este estado de cosas y seguir sosteniendo un sistema de protección a los derechos humanos endeble, en el que las resoluciones del Comisionado hacen evidentes innumerables y graves violaciones a los derechos humanos; así como la comisión de delitos por parte de autoridades sin que se generen consecuencias jurídicas ni se cumplan con las recomendaciones de esta Comisión.

Ese círculo vicioso tiene que ser fracturado; por ello, proponemos generar los mecanismos adecuados para que el Poder Legislativo federal contribuya a eliminar esa perversa impunidad, latente en una administración pública sin controles parlamentarios eficaces.

El incumplimiento y desdén hacia las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin duda, debilita a esta instancia y con ello retrasan nuestro avance hacia una cultura de pleno respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano.

Los actos omisos, evasivos e irresponsables de autoridades que simulan cumplir con sus responsabilidades legales, cuando en realidad sirven a intereses distintos de los que ordena nuestra Constitución, sin duda lesionan el bienestar de la sociedad.

Pareciera que en México el verbo que mejor se sabe conjugar quienes violan los derechos humanos es el de simular. Porque las autoridades formalmente aceptan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero luego éstas se diluyen en el incumplimiento y en falta de compromiso para iniciar los procedimientos administrativos y penales que proceden de acuerdo a la ley.

Por ejemplo hoy en día la PGR, ante los señalamientos en la materia de tortura de la Comisión, reacciona promoviendo descalificaciones y denostando a este organismo, por mostrar solo un ejemplo.

En el Informe de actividades de este organismo corresponde al año 2002 se desprende que de las 49 recomendaciones emitidas en ese año, sólo cinco se cumplieron de manera total y satisfactoria.

Ante esta situación inaceptable proponemos adicionar un artículo 9 Bis a la Ley Orgánica de la Administra Pública Federal y reformar la fracción V de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dotar de facultades de control al Congreso de la Unión y hacer comparecer a los servidores públicos por el incumplimiento o la no aceptación de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cabe precisar que cualquier acto de poder público que no esté fundado y motivado es, por ese solo hecho, arbitrario. Por ello, la autoridad o servidor público que injustificadamente no acepte o incumpla una recomendación, promueve la arbitrariedad y fomenta con ello la impunidad.

Por ello, proponemos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que éstos al aceptar o desechar una recomendación del Ombudsman deben fundarla y motivar las razones de su cumplimiento u omisión.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en su jurisprudencia: Que todo acto de autoridad debe estar adecuado y justificadamente fundado y motivado, entendiéndose por fundado que se debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivado, que deben de señalarse con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad. Siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

Pero además, lo fundado y motivado de los actos de autoridad debe darse también para los actos discrecionales ya que cuando la autoridad realiza estos actos, no lo hace con una potestad limitada en virtud de que el servidor público debe sujetarse a determinados principios o límites; aún más tratándose de los derechos de la persona humana.

Los poderes públicos deben actuar al servicio de los intereses de los individuos que conforman la sociedad a la cual se deben.

En tanto eso no ocurra y no existan mecanismos adecuados de rendición de cuentas seguiremos abonando el crecimiento de la impunidad y del deterioro social e institucional. Es todo, señora Presidenta y lo dejo para la inscripción íntegra en el Diario de Debates.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos. Se concede el uso de la palabra al diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En base a la facultad constitucional y a la ley reglamentaria en la materia legislativa me permito someter a la consideración de esta soberanía popular, iniciativa con proyecto de decreto que contiene adiciones, derogaciones o reformas a los artículos 21, 76, 78, 108 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a los artículos 1º, 4º, 6º, 16, 17 y 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para exponer las razones por las cuales consideramos que es necesaria la transformación de una institución que hoy en día la sociedad reclama que sirva realmente a los intereses de la sociedad, que garantice el pleno ejercicio de estas libertades, de estos derechos que tienen los gobernados.

Corresponde al Estado el ejercicio de su potestad punitiva sobre aquellos gobernados que con sus conductas rompan el orden armónico de las relaciones sociales. Ese atributo del Estado es fruto de una serie de conceptos fundamentales que dan origen al sistema de justicia como medio encargado de prevenir la transgresión del orden establecido.

El ejercicio de esta potestad punitiva debe sujetarse a un orden jurídico en el que prepondere la protección de los derechos del hombre , característica propia de todo estado de derecho.

El estado de derecho se apoya en dos pilares fundamentales, la legitimidad y la legalidad, en el que la división de poderes entre los órganos de gobierno proporciona el control mutuo de su actuación. El estado de derecho prevé una distribución de competencias entre los órdenes públicos y bajo este contexto de distribución funcional del Estado se ubica a la institución del Ministerio Público.

Los procesos de reforma de la administración de justicia penal exigen la discusión acerca del papel que debe desempeñar en la actualidad el Ministerio Público y cómo se ve influenciado en su quehacer por la autonomía o dependencia de los Poderes del Estado. Las opciones que se han tomado en América Latina y en otras partes del mundo con respecto a la independencia del Ministerio Público son dos básicamente:

Considerarlo como un órgano autónomo, es decir desligarlo de cualquier relación de dependencia de cualquiera de los tres Poderes tradicionales o bien, regularlo como inserto en el Poder Ejecutivo o Judicial, pero otorgándole autonomía funcional a través de la autonomía e independencia del Ministerio Público, la cual ha sido adoptada por numerosos países.

Lo que se persigue en este esquema es combatir la corrupción política y administrativa, así como evitar la propagación de la figura del juez instructor, la cual presenta, como principales riesgos, el otorgamiento a los jueces de funciones persecutorias y de su falta de independencia cuando se realizan investigaciones que comprometen a altas autoridades y, en este caso, se puede limitar o coaccionar su actividad, impidiendo el desarrollo coherente y objetivo de la misma.

Entre las ventajas que se pueden mencionar de la autonomía del Ministerio Público se encuentra el hecho de que esta característica puede aminorar algunos problemas creados por la excesiva intervención de los poderes Ejecutivo y, en algunos casos, del Legislativo, además del surgimiento de casos de impunidad vinculados a la corrupción política y administrativa.

A pesar de que se han realizado diversas reformas constitucionales y legales en la materia de procuración de justicia en nuestro país, a la fecha no se ha materializado ninguna que otorgue autonomía constitucional al Ministerio Público.

La situación jurídica que guarda la figura del Ministerio Público en nuestro país toma real importancia si consideramos que el sistema de justicia debe ser el instrumento para salvaguardar los derechos y garantías, de tal forma que tanto los gobernados como las autoridades deben someterse al imperio de la ley, sobre la base de un esquema de confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

A fin de conseguir los objetivos anteriormente señalados, es necesario que el Ministerio Público realice sus actividades y dicte sus resoluciones en forma autónoma para garantizar a la ciudadanía la imparcialidad que debe de existir en su actuación por la tendencia que se tiene en nuestro país que se ha dirigido a transformar a esta institución por un reclamo de la sociedad, que cada día se ve más agraviada, que cada día hay más denuncias a las que no se les da el seguimiento correspondiente ni se integran siquiera las averiguaciones respectivas. Y eso a lo que nos ha llevado es a que la sociedad cada día tenga menos confianza en la procuración de justicia y, por ello, no tiene la oportunidad o no confía en la presentación de las denuncias.

Las estadísticas son muy claras y eso nos debe llevar a una preocupación real a todos los legisladores. Por eso el interés de trabajar en este tema, que considero de la mayor importancia.

De acuerdo con los diversos razonamientos expresados a lo largo de esta exposición estimo que la evolución del sistema de justicia nacional e internacional reclama que se fortalezca la figura del Ministerio Público en México, mediante una reforma legislativa que le otorgue autonomía constitucional.

Es decir, que las facultades de investigar y perseguir los delitos del orden federal, vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, promover la procuración e impartición de justicia y atender los asuntos jurídicos del gobierno federal se ejerzan a través de un órgano constitucionalmente autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión y presupuestaria.

Es conveniente precisar que el establecimiento de la Procuraduría General de la República como un organismo constitucionalmente autónomo no constituye una ruptura al principio de división de poderes, ya que hay quienes argumentan que los organismos constitucionalmente autónomos forman parte de un cuarto poder, que la existencia de organismos constitucionalmente autónomos —desde nuestro punto de vista— no transgreden el principio de separación de poderes, sino que favorecen la realización de determinadas funciones, que deben ser ejecutadas de forma independiente y ajenas a cualquier interés político.

Asimismo, resulta oportuno señalar que al igual que los otros poderes, los organismos constitucionalmente autónomos están sujetos a un sistema de pesos y contrapesos.

En este orden de ideas, resultaría necesario realizar las siguientes modificaciones que garantizaran realmente la autonomía plena de esta institución, como lo es el Ministerio Público.

Las cuestiones que considero fundamentales para garantizar esta independencia son que la remoción del titular de esta institución, dicha facultad actualmente pertenece al titular del Poder Ejecutivo, lo que hace dependiente al Procurador General de la República de este último; la propuesta es que la remoción sea únicamente por causas de responsabilidad, de conformidad con la legislación en la materia.

Otro aspecto muy importante sería la autonomía financiera, la cual debe de elaborar su propio proyecto de presupuesto de egresos, para que se incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda realizar cambios a este proyecto que presente.

De esta manera, compañeras y compañeros diputados, dejo este proyecto de reformas a diversos artículos a la Constitución y a diversas leyes que tienen que ver con la institución del Ministerio Público, para que la analicemos, para que ese reclamo de la sociedad pueda ser atendido por el Poder Legislativo.

Yo estoy seguro que si hacemos el esfuerzo de dotar de esta autonomía a esta institución, la sociedad verá que este esfuerzo será en su beneficio. Por ello les pido su apoyo, su respaldo, para que hagamos realidad este proyecto, que es de muchas diputadas y de muchos diputados, respaldados por un buen número de mexicanas y de mexicanos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Rosas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos. Esta Presidencia saluda afectuosamente la presencia de los alumnos de la Universidad Iberoamericana.

Tiene la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Por razones de tiempo voy a leer solamente algunas partes de la iniciativa.

El espíritu de esta iniciativa que presento el día de hoy es buscar que los trabajadores informales gocen de plenos derechos como los gozan otros trabajadores y además fomentar e impulsar su inclusión en la economía informal y por lo tanto su regularización.

La expansión masiva del trabajo informal no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, es una actividad de carácter mundial que traspasa nuestras fronteras y es una alternativa que encuentran millones de personas que han sido excluidas de las oportunidades del proceso productivo.

Tratar de combatir la informalidad con métodos represivos es no entender la complejidad que representa esta problemática. Debemos hacer frente a este fenómeno regulando a las personas que se encuentran bajo este esquema y suprimir el carácter anárquico que tienen actualmente.

Es imposible hablar de un proyecto de nación que excluya de su tutela e integración a los millones que viven de la actividad económica no estructurada. Esto no sólo pone en riesgo la legitimidad de las actuales instituciones, sino que incide en problemas sociales como la integración familiar, la salud, la educación, el desarrollo económico y, en general, pone en jaque a la supervivencia de toda la sociedad.

Resulta una obviedad que la crisis económica que impacta al jefe de familia acaba golpeando a todos sus dependientes económicos, niños que dejan la escuela o que bajan su rendimiento escolar, que tienen que trabajar a muy temprana edad, aumentando los riesgos de caer en la drogadicción o de incorporarse a actividades delictivas.

Lo que significa, en suma, que se reduce a grados intolerables el bienestar, la libertad, la felicidad y el poder de decisión de la inmensa mayoría de la comunidad, la cual busca formas alternativas para sobrevivir, es decir, sale a la calle, a la selva urbana y por la libre se erige en comerciantes de mercancías o prestador de servicios o incluso en micro productor.

Desde este punto de vista, esas actividades indudablemente resultan estar al amparo de nuestra Constitución Política, al consagrarse en nuestra Carta Magna el derecho a la vida, a la salud, desarrollo de los niños y de la familia, el derecho al trabajo, entre otros.

Los raquíticos recursos obtenidos de la informalidad responden en una autoorganización de comunidad ante el vacío en el cumplimiento de las atribuciones del Estado en materia de empleo, educación, salud y demás, por lo que el pueblo asume las facultades originarias y su lucha por su propia sobrevivencia.

Lo ilícito no es que el pueblo busque algún camino para acceder a medios para su existencia, sino que el Estado no otorgue el suficiente empleo formal y demás requerimientos sociales; incluso al desarrollar el pueblo estas formas de autoempleo y autoproducción, equivale a subsidiar al Estado que omita hacer los desembolsos sociales necesarios.

Además el ambulantaje, asumiendo todos los riesgos, cumple el importantísimo servicio de hacer llegar productos necesarios a la sociedad de manera accesible, tanto geográfica como económicamente.

Más que combatir la informalidad por medios represivos, lo que se debe hacer es utilizarla como una base para el despegue económico que exige el país, basado en el poder de iniciativa de amplias masas contemplando con la protección laboral y de seguridad social que debe darse a este tipo de trabajo, esto bajo el reconocimiento de la utilidad social que representa esta forma de comercio como forma de empleo, como apoyo para la supervivencia de la familia, como base económica eficiente de comercialización y producción, lo que redundará en la legalización y la dignificación de este tipo de trabajo.

A estas alturas del país, concretamente conforme a la información del INEGI, el primer trimestre de 2006, 11.8 millones de jefes de familia se dedican a la actividad informal, lo que representa un mayor número que los trabajadores permanentes del IMSS y casi ya ha alcanzado el total de trabajadores inscritos en el Instituto que rondan los 13 millones de afiliados.

Es imposible hablar de justicia laboral si éste enorme universo de trabajadores queda fuera de su tutela e incluso son perseguidos como infractores de la ley. Imposible que las instituciones de seguridad social busquen cualquier viabilidad financiera y humana hacia el futuro si dejan fuera de la actividad informal, es decir, a un universo potencial de casi 50 millones de personas, si computamos el núcleo familiar, perseguidos como extranjeros en su propia tierra y por el gobierno que los debería tutelar.

El gobierno federal debe buscar las alternativas a esos trabajadores porque no se trata de una situación que derive de caprichos personales, sino de un conjunto de circunstancias objetivas, económicas y sociales que el propio Estado ha provocado de manera directa o indirecta.

Nos encontramos que durante el sexenio que fenece, la economía apenas creció un 2.2 por ciento anualmente frente al siete por ciento prometido y más del 10 por ciento que nuestra población exige, que apenas crece 893 mil empleos formales frente al mínimo de ocho millones que debió crear de acuerdo a las promesas, aunque en realidad nuestro pueblo exige al año un mínimo de un millón 200 mil empleos.

Frente a esta realidad urge que a la actividad informal se le reconozca como una cuestión importante para la economía; se le legalice en el marco de la Ley Federal del Trabajo y que se les entreguen a estos mexicanos los derechos que tienen como trabajadores en beneficio de ellos y de sus familias.

Hay que enfatizar que la mayoría de las personas dedicadas a la informalidad son mujeres, por lo que la esencia de nuestra propuesta en esta iniciativa implicaría la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Al respecto no podemos olvidar que más de la tercera parte de los hogares en nuestro país están encabezados por una mujer.

En el marco de la reforma a la Ley Federal del Trabajo tendrán el derecho especial a no ser penalizados por el Estado por el desempeño de su sola actividad; a que se respete el lugar público en que realizan su trabajo, siempre y cuando se compruebe tener el permiso administrativo correspondiente expedido por la autoridad local y observar la norma que implica este permiso en cuanto a ubicación, giro, extensión y condiciones de seguridad e higiene, de ser el caso.

Los trabajadores informales que observen la norma administrativa correspondiente que expida la autoridad local tendrán el derecho a reclamar el auxilio del Estado en caso de siniestro, a fin de enfrentarlo adecuadamente para la preservación de su vida.

Para llevar a la práctica el precepto que se propone el presente marco jurídico es indispensable la creación de un registro público nacional de los trabajadores informales que dé transparencia y certeza a esta actividad. Esta instancia expedirá credenciales gratuitas a los trabajadores informales para su acreditación ante las autoridades.

En las obligaciones especiales de los trabajadores informales, éstos deberán respetar los lugares que se hayan ordenado como libres de ambulantaje, mantener limpios sus lugares de trabajo, evitar actividades ilícitas y registrarse ante el registro público antes aludido.

Con algunas modalidades, se propone la incorporación de los trabajadores informales al Instituto Mexicano del Seguro Social, suprimiéndose en el listado del artículo 13 de la Ley del Seguro Social a las y los trabajadores domésticos, ya que éstos son a plenitud trabajadores sujetos a una relación de trabajo subordinada, debiendo ser inscritos en el régimen obligatorio de este Instituto.

Por otro lado, no hay que olvidar que conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las personas que prestan sus servicios de manera independiente pueden abrir su cuenta individual para obtener una pensión al final de su vida laboral o por lo menos un ahorro al momento de dejar su vida laboral. De ahí que no se propondrá ninguna reforma a esta Ley.

Se propone la incorporación voluntaria de los trabajadores informales al Infonavit, mediante el pago de la aportación del cinco por ciento.

En materia de seguridad social estas reformas representan un paso importante para poner fin a la escasa cobertura de instituciones como el IMSS e Infonavit, permitiéndose no sólo extender sus beneficios a favor del pueblo trabajador, como lo exige la justicia social, sino que serán pieza clave para poner fin al crónico desequilibrio financiero de éstas.

Con base en lo expuesto y con fundamento es que he venido a someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que por razones de tiempo solicitaría a la Presidencia que sea inscrita íntegramente como está publicada en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado David Mendoza. Túrnese a la Comisión de Vivienda.

Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El diputado Alberto Narcizo Amador Leal: Muchas gracias, diputada Presidenta. Presentamos hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable bajo el criterio que la propia Ley vigente establece, de coordinación y de gradualidad en el proceso de descentralización de la vida nacional.

Cabe destacar que la facultad de establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de bosques que se establece a favor de las autoridades del país en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, ha estado presente desde 1986. Pero tiene claros y marcados antecedentes en las profundas reflexiones políticas y sociales de Molina Enríquez.

Desde su nacimiento, nuestro artículo 27 constitucional tuvo entonces una acertada orientación hacia la preservación del medio ambiente, orientación que en atención al texto del artículo 73, fracción XXIX, inciso g), se empalma hoy por hoy con la necesidad de descentralizar la vida del país.

Se trata, compañeras y compañeros diputados, de algo más que una mera disputa por el ejercicio de los recursos públicos entre los tres órdenes de gobierno, que pudiera asumirse como natural en un momento en que la transición democrática está sujeta a enormes presiones y en el que la fragilidad de las instituciones podría generar mayores tensiones y hasta rupturas entre los órdenes de gobierno.

Por el contrario, nuestra propuesta pretende al mismo tiempo fortalecer la rectoría del Estado nacional en temas cruciales como el desarrollo forestal que hoy tocamos; garantizar el orden interno de los estados y fortalecer su capacidad de respuesta, al tiempo que se alienta el potencial de los municipios a partir del ejercicio pleno del principio de la libertad que la Constitución les otorga.

De modo que la iniciativa que hoy se presenta de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal propone dar nuevos pasos en la descentralización. Nuestro país —se ha dicho reiteradamente— es rico en recursos forestales. En efecto contamos con 141.7 millones de hectáreas forestales; 141.7 millones de hectáreas de las cuales el 72.1 por ciento son forestales que corresponden a bosques y selvas.

Somos, entre diez países, el noveno en hectáreas de bosques per cápita, con 7.9 hectáreas por persona, ligeramente arriba del 6.6 que es el promedio nacional.

El gobierno federal ha incrementado sustantivamente la inversión al pasar de 254 millones en el año 2001, a 2 mil 376 millones en el año 2006, destinados a la Comisión Nacional Forestal. Y eso ha permitido avances que tenemos que reconocer. Si bien las plantaciones de árboles se redujeron de 297 a 149 millones del 2000 al 2006, el número de superficie creció al pasar de 243 mil 591 a 290 mil y de acuerdo al Informe del gobierno federal, el logro más importante en la materia tiene que ver con que la tasa de deforestación pasó de 401 mil hectáreas durante la década de los 90, a 314 mil hectáreas en el período 2000 al 2004.

Sin embargo cabe también mencionar que la producción forestal maderable ha disminuido de 9 mil 430 miles de metros cúbicos en el 2000, a 7 mil 143 en el 2006, en tanto que el consumo ha aumentado de 16 mil 200 a 29 mil 950.

Hay entonces, compañeras y compañeros diputados, un déficit en la balanza comercial que crece día a día y que constituye también un obstáculo a vencer. Podríamos mencionar otros indicadores que están en la iniciativa definitiva que estoy presentando.

En todo caso son muchos los retos que tenemos que enfrentar: la insuficiencia de recursos, el crecimiento de la población, el ordenamiento urbano e industrial, la expansión de la superficie agrícola y ganadera, la falta de ingreso y empleo en las comunidades, y las dificultades para lograr una coordinación eficaz y oportuna entre los tres órdenes de gobierno.

Por esta razón la iniciativa que hoy presentamos busca contribuir, insisto, en los términos de la Ley Forestal vigente, que fija criterios de gradualidad, que fija algunas condiciones de carácter presupuestal, para que esa coordinación de los tres órdenes de gobierno pueda ser armónica, pueda ser eficaz y pueda constituir un factor determinante de descentralización y de fortaleza de los estados y de los municipios en esta actividad de cuidado de los bosques que estimamos de la mayor trascendencia.

La propuesta, compañeras, compañeros diputados, consiste en modificar el artículo 20 de la Ley para que los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal se incorpore a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal. Actualmente sólo son las dependencias federales y la Comisión Nacional del Agua las que están representadas en este órgano que es de la mayor trascendencia para la ejecución de acciones eficaces y oportunas que nos permitan preservar nuestros bosques.

La incorporación de los titulares de los gobiernos de las entidades federativas permitiría, además, la complementación de recursos que la propia ley vigente propone para el financiamiento de los programas forestales, que como ya vimos, es cierto, han crecido pero no significan ni el 0.2 por ciento de la recaudación federal participable.

La segunda reforma consiste en modificar el artículo 24 que deja actualmente a discreción de la Semarnat y de los propios estados la transferencia de recursos y de facultades en la materia.

Se propone entonces que este artículo sea más determinante, más definitivo, más indicativo de modo que este proceso se acelere y que los estados y en su caso los municipios asuman este tipo de funciones básicamente operativas en materia de dictámenes, de usos y aprovechamientos, en materia de control y de vigilancia.

Y finalmente, proponemos modificaciones al artículo 25 para que el mismo establezca un procedimiento presupuestario que deberá considerarse en la presentación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en cada uno de los ejercicios fiscales.

Compañeras, compañeros diputados, insisto en que tenemos que ver el proceso de descentralización de la vida nacional en efecto, con una visión de Estado, sino lo asumimos así y lo vemos como una disputa en la competencia por los recursos, como reflejo de la competencia del poder, no avanzará este país en cuestiones vitales como el cuidado de los bosques.

Yo les pido que lean, que analicen esta iniciativa y que busquemos un acuerdo razonable, que nos permita fortalecer a la República, garantizar el orden interno de los estados y alentar la libertad de los municipios en este rubro transcendental para la vida nacional. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Amador. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene el uso de la tribuna la diputada Mónica Arriola del grupo parlamentario Nueva Alianza para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La grave situación de inseguridad que azota a nuestro país y sobre todo los pobres resultados en la lucha contra la delincuencia hacen urgente una revisión integral de cómo estamos enfrentando el problema.

Y me refiero a una revisión de fondo, a un enfoque humanista, que ponga al individuo en el centro de nuestros esfuerzos, no se trata de descuidar las modificaciones a todos los procedimientos de procuración e impartición de justicia que hoy no funciona, pero debemos hacerlo poniendo énfasis precisamente en esa palabra: justicia. Para ello, centremos nuestra atención ahí, a donde hemos menos volteado, en las personas.

No basta con castigar el delito, nuestro reto como sociedad es generar oportunidades y para ello ciudadanos libres, capaces de integrarse a la comunidad y de abrirse paso de forma productiva con los instrumentos y hábitos para crecer en lo individual y generar valor para la comunidad.

Como hemos olvidado al hombre, hemos descuidado aquellas etapas de nuestro sistema de justicia que salvan al hombre en lugar de condenarlo, me refiero a la prevención del delito y a la readaptación social. Seamos una sociedad con menos delincuentes, no con más cárceles, por supuesto que hay que enfrentar y castigar a la delincuencia, pero debemos sobre todo dedicar recursos y energía, para que nuestros ciudadanos no se conviertan en delincuentes o bien que aquellos que delincan puedan rectificar el rumbo.

Por eso es nuestra propuesta para una readaptación social de verdad, que haga de la pena en prisión no sólo un castigo sino una oportunidad para que el interno se inserte a la legalidad. La reinserción no se garantizará nunca con el simple cumplimiento de la sentencia sino cuando los internos adquieran conductas y herramientas que les permitan ganarse la vida dignamente y respetando la ley.

La reinserción de los presos es también una segunda oportunidad para toda nuestra sociedad, que muchas veces por no abrir oportunidades ni saber encauzar a los ciudadanos, es en parte culpable de la propia delincuencia que la azota.

Finalmente, la reinserción social es un eficaz instrumento —actualmente no utilizado— para combatir, para bien de todos, el crimen. Toda vez que en nuestro país es alto el porcentaje de quienes pisan una cárcel y vuelven a cometer algún delito cuando salen de ella, debemos actuar ya frente a uno de los retos sociales más significativos en el proyecto humanista de México.

Por eso es pertinente mencionar que nuestra Constitución, en su artículo 18, establece que la readaptación social de los reos será, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Y aunque el trabajo y la educación han sido ejes históricos del desarrollo nacional, son elementos ausentes en las cárceles de nuestro país; en donde en consecuencia, la reinserción social está sólo en el papel.

Nuestras cárceles son en realidad academias del crimen, en donde muchos reos se conectan con redes criminales y aprenden a delinquir, en lugar de que se les enseñe a valerse por sí mismos de forma honesta. Raramente los prisioneros reciben una educación o tienen la oportunidad de trabajar mientras se encuentran en prisión.

Por el bien de todos, la readaptación social del preso debe ser una realidad. La educación, las actividades laborales y la capacitación para el trabajo deben ser obligatorias en nuestras cárceles. La reforma que se propone parte de que el trabajo, en contraposición con la ociosidad, genera autoestima, sentido de vida y la oportunidad de aprender oficios; por lo que debe ser obligatorio, sea en ejecución de sentencia o incluso en prisión preventiva.

Para todos los internos que se encuentren en las distintas cárceles del país, federales o estatales, recordemos que actualmente existen más de 80 mil detenidos en prisión preventiva; lo cual representa casi el 43 por ciento de la población total del sistema penitenciario.

La educación —por su lado— es un eje rector del desarrollo de los seres humanos y de las naciones. En ese sentido y retomando la garantía establecida en el artículo 3º de nuestra Constitución, que a la letra dice: "... La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia". Vemos en la educación un instrumento para la readaptación social que hoy no hemos sido capaces de conseguir.

La propuesta de reforma que sometemos a su consideración asume que el proceso educativo es obligación compartida entre las autoridades y el preso, porque en primera instancia corresponde al Estado, de manera precisa, proporcionar el acceso al conocimiento por medio de la educación.

En segunda, habrá que asegurar que el procesado o penado, atienda la instrucción académica de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, con la finalidad de que supere armónicamente y eleve su nivel cultural y de entendimiento; y con ello tenga mayores elementos de readaptación.

No se omite mencionar que en la actualidad el trabajo que realizan algunos presidiarios en los Ceresos es sólo a iniciativa propia, de carácter voluntario. Hagamos que la enorme inversión del Estado en la manutención de los presos sea productiva, confiriendo mediante la educación y la práctica de oficios, una mayor productividad para quienes algún día se enfrentaran de nuevo a su libertad.

Lo anterior generaría, además, una terapia ocupacional para que el reo que podría contribuir a alejarlo de posibles inclinaciones a la delincuencia. Para que se alcance el objetivo buscado con la readaptación, resulta indispensable que el régimen carcelario adopte procedimientos que se sustenten en el respeto a los derechos humanos de los reclusos.

Es así que la modificación al artículo constitucional en comento está relacionado con la prisión preventiva y con el cumplimiento de las sentencias y ello debe darse en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos.

El penitenciarismo moderno establece que la pena impuesta por un juez o tribunal, no debe ser un castigo, sino un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de reestructurar su personalidad dañada o insuficiente para vivir en sociedad y no sólo no vuelva a causar daño, sino además haga el bien y sea productivo. Hagamos de este principio una realidad.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, que quedaría como sigue: "Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social, serán obligatorios parar los individuos que se encuentren en prisión".

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Les agradezco su atención. Por favor, pido que se inserte en la Gaceta Parlamentaria y le agradezco.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Mónica Arriola. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se rectifica el trámite de la iniciativa del diputado David Mendoza a la Comisión de Seguridad Social.

Esta Presidencia da un atento saludo al personal docente y estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Veracruz.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa, en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de corbeta, Luis Alfonso Medina Martínez, para aceptar y usar la condecoración "Medalla Especial"y la "Cinta de la Junta Interamericana de Defensa", que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contralmirante Conrado Aparicio Blanco, para aceptar y usar la condecoración "Legión de Mérito", en grado oficial, que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Demetrio Mújica Castro, Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, José Luis Cuevas y Novelo y Francisco Tortolero Cervantes, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, Jonatan Gutiérrez Morales, Pedro Madera Pelayo, José Antonio Cruz González, Erick Sánchez Flores, Damián Hernández Villa y Héctor Morán Rojo, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.

En el capítulo de proposiciones, la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de 2007 se asignen recursos para la construcción de un aplanta de tratamiento de aguas residuales en Tepic, Nayarit. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó proposición con punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de 2007 se asignen recursos para la construcción de un tramo carretero en Tepic, Nayarit. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca.

El diputado Jorge Toledo Luis: Compañeras y compañeros legisladores. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, con base en los siguientes motivos:

El progreso, el desarrollo, el bienestar y la seguridad son indispensables para la convivencia y la superación de todos los pueblos. Nadie, absolutamente nadie, debe estar exento de estos derechos.

El estado de Oaxaca ha transitado a lo largo de su historia por la senda de la marginación y el rezago, sin embargo, ha contribuido a la construcción democrática y a la grandeza de nuestro país.

Me bastaría mencionar sólo las obras y los legados de Benito Juárez, Matías Romero, los maestros Margarita Maza, José Vasconcelos, los hermanos Flores Magón, Abraham Castellanos o artistas como Rufino Tamayo y Rodolfo Morales, sólo por mencionar algunos.

Contamos en Oaxaca con una gran riqueza cultural y geográfica. Muestra de ello es la división política de 570 municipios diseminados en siete regiones. Poseemos en Oaxaca un extraordinario bagaje pluriétnico, donde convergen 16 grupos, cada uno de ellos con sus expresiones culturales que le dan identidad a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños, pero también que abonan a la unidad nacional.

Oaxaca, a pesar de la adversidad y gracias a su historia, a su cultura, tradiciones, sus mujeres y sus hombres, sigue viendo hacia delante, avanza con paso firme para alcanzar y lograr el camino del progreso.

Lamentablemente, en la actualidad Oaxaca ocupa el último lugar en materia educativa. Oaxaca es el estado que ocupa el tercer lugar con el más alto índice de marginación en el país. Oaxaca, al igual que muchos de los estados del sur, tiene el menor porcentaje de población con acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, servicios educativos y salud de alta calidad.

De hecho, los índices de analfabetismo y esperanza de vida en Oaxaca son semejantes a los países de bajo ingreso, como Argelia, Servia y Túnez.

Otra muestra de ello es que, durante los últimos cinco años Oaxaca registró ingresos ínfimos en materia de ingreso per cápita del orden del 0.6 por ciento, mientras que estados como Nuevo León y Coahuila observaron crecimientos entre cinco y ocho veces más elevados, respectivamente.

Sin embargo, no hace falta revelar muchas estadísticas para percatarnos de la situación de Oaxaca, pues ocupa el último lugar en materia de desarrollo.

Como es del conocimiento de todos ustedes, hace ya más de cinco meses Oaxaca vive un conflicto que lo perfila hacia el abismo cada vez más profundo, cinco meses que han pasado de que las oaxaqueñas y los oaxaqueños han perdido su tranquilidad y bienestar para convivir.

Tenemos muy presente que la problemática se origina por la insatisfacción de la demanda de rebonificación salarial por más de 70 mil maestras y maestros, pero también la demanda de organizaciones que reclaman la deuda histórica en Oaxaca.

En la actualidad se ve con agrado que el gremio magisterial está volviendo a las aulas para reafirmar su compromiso con la educación de más de un millón 300 mil niñas y niños oaxaqueños. Han comenzado clases en el 80 por ciento de las escuelas del estado, cifras que se irán incrementando con el paso de los días hasta lograr que el 100 por ciento de los niños estén en las escuelas.

Igualmente resulta alentador que en las últimas fechas más del 80 por ciento de los negocios instalados en el centro histórico de la capital oaxaqueña han reabierto sus puertas al público, no obstante que han existido pérdidas económicas por más de cuatro mil millones de pesos, que fue reconocido por la parte del gobierno federal y el secretario de Economía. Esas pérdidas se reflejan en la economía de los artesanos, restauranteros, hoteleros, pequeños comerciantes, locatarios, mercados, transportistas y otros sectores.

También es imprescindible el apoyo a los centros turísticos que se encuentran en el interior del estado y en donde se ha reflejado una baja en la afluencia.

Las pérdidas mencionadas debemos resarcirlas con el trabajo y el esfuerzo de todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas, de todos los mexicanos, porque la solución para Oaxaca somos todos.

Debemos abandonar los rencores, el encono, los actos de revanchismo; tenemos que actuar en un sentido propositivo de compromiso y unidad. Se debe ver a Oaxaca como la entidad que aún tiene mucho qué dar, aún tiene mucho qué entregar para el engrandecimiento de la nación.

La recuperación de Oaxaca urge a todos. Como mexicanos y oaxaqueños debemos ser solidarios, tendernos la mano y juntos transitar por la vía del progreso y el desarrollo. Oaxaca tiene derecho al desarrollo y a la justicia, tiene derecho a recuperar lo que es suyo.

Por lo antes expuesto, propongo a esta Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Solicitar al gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para llevar a cabo la coordinación, estructuración y desarrollo de las dependencias federales tales como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y los demás que para el caso se requieran, con la finalidad de impulsar un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca, para destinar recursos económicos necesarios para resarcir las pérdidas millonarias en los sectores productivos.

Suscribimos el acuerdo el diputado Jorge Toledo Luis, la diputada Patricia Villanueva Abraján y el diputado Ismael Ordaz. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Perdón, diputado, no le escuché que lo había solicitado de urgente u obvia resolución. Permítame por favor. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Sí, diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Diputada Presidenta, en términos del Reglamento solicitamos que se vuelva a hacer el conteo, porque no nos queda claro que sean dos terceras partes. El Reglamento establece que se pueden poner de pie los diputados que lo apoyen y, enseguida, de pie los diputados que estemos por la negativa. Solicitamos el procedimiento si es tan amable, señora Presidenta, que contempla el Reglamento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Tonatiuh, se ha votado la propuesta y a vista también de esta Presidencia existe la mayoría para turnarse como de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Tenemos registrado al diputado Alberto Esteva Salinas, de la fracción parlamentaria de Convergencia, y al diputado René Lezama Aradillas, de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia. Y solicitamos a quienes van a hacer uso de la palabra, suban a este lugar para inscribirse.

El diputado Alberto Esteva Salinas: Con su permiso, ciudadana diputada Presidenta de la Mesa Directiva. Desde luego que no podemos, como oaxaqueños y como mexicanos, oponernos a la autorización de un programa de emergencia que recupere la belleza del centro histórico de la capital y la economía tan lastimada en el estado de Oaxaca. Sin embargo, creo que es importante hacer algunas consideraciones.

Hemos escuchado al diputado que nos antecedió en el uso de la palabra, de los argumentos que expone a este Pleno, en el sentido del rezago estructural que tiene Oaxaca. Ciertamente es así, pero sería un despropósito dejar de mencionar en la más alta tribuna del país, qué es lo que ha motivado este atraso y qué lo ha acentuado.

Durante los ocho últimos años hemos tenido en Oaxaca gobiernos corruptos y en el momento actual no es una excepción. Voy a citar algunos ejemplos:

El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca fue diputado federal en la LIX Legislatura y después titular del área de Comunicación del Gobierno del estado. Se construyó una modesta casa de cerca de 25 millones de pesos en la zona residencial de la capital del estado.

Lo mismo ocurrió con quien hasta hace unos días fue Secretario General de Gobierno, con una casa similar en valor y en la misma ubicación en la zona residencial. Así podemos revisar a cada uno de los que han sido funcionarios, incluidos, por cierto, un neopanista, hoy vuelto priísta, que fue regidor y lo hicieron presidente municipal en contubernio con quien fue gobernador en la administración pasada y que hoy premiado, lo hacen titular del Instituto del Patrimonio Edificado en la capital del estado y le han autorizado recursos sin presentar proyectos, sin presentar presupuestos, modificaron el Zócalo de la capital que fue uno de los orígenes del conflicto y de la indignación del pueblo oaxaqueño.

Hoy nosotros vemos publicado en los medio nacionales que el Gobierno del estado está pidiendo —bueno todavía no pide, pero ya nosotros estamos enterados— está pidiendo dos mil millones de pesos para la recuperación, a la que hace alusión el diputado priísta que me antecedió en el uso de la palabra.

Y están pidiendo este recurso —y eso para mis compañeros de Acción Nacional para que cuando se revise puntualmente cómo se va autorizar ese monto, veamos la cantidad— están pidiendo dos mil millones de pesos adicionales, pero además lo están haciendo en función de las mismas obras que ya el titular del Patrimonio Edificado ha efectuado por tres ocasiones.

Está hablando de 238 millones de pesos para reactivar los daños que se ocasionaron en la economía: un Programa de Empleo Temporal de 238 millones de pesos, pero no puntualizan en qué; están pidiendo un apoyo de 360 millones de pesos para actividad artesanal.

Lo único que yo quiero rescatar en la atención de este Pleno es que ciertamente se requiere ese recurso, pero aquí mi llamado respetuoso y atento a mis compañeros de Acción Nacional es, antes de que se autorice tenemos que establecer mecanismos de fiscalización. Se tiene que revisar con lupa porque no podemos permitir que dos mil millones de pesos más, más 124 mil millones que pretende que le autoricen para el Presupuesto del 2007, sirvan para volver a saquear a Oaxaca.

Creo que tenemos que ser cuidadosos y no podemos exponernos al nuevo saqueo en Oaxaca. ¿Quién va a revisar esos recursos? Por eso es importante que le demos formalidad a una comisión de fiscalización especial dentro de la Comisión de Hacienda de esta Cámara, que vaya a Oaxaca y que revise cómo se va a adjudicar cada una de las obras de remodelación o de recuperación del Centro Histórico y los distintos programas sociales que se pretenden. Es todo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Esteva.

Tiene el uso de la palabra el diputado René Lezama Aradillas, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional.

El diputado René Lezama Aradillas: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras diputadas, diputados. Agradezco la oportunidad de fijar claramente la postura de la fracción parlamentaria de mi partido, Acción Nacional, en relación a esta propuesta de Programa Emergente de Apoyo Económico para la entidad de Oaxaca, dados los conflictos de los que todos hemos sido testigos.

Pero este apoyo, este respaldo que estamos dando a esta iniciativa, no es de ninguna manera una carta en blanco, un cheque en blanco. Sirve mi participación para reiterar una vez más el interés que tenemos de hacer sentir nuestro respaldo a los grupos sociales que han quedado atrapados en medio de este conflicto.

Es grande nuestra preocupación por el millón 300 mil alumnos que están prácticamente ya perdiendo o han perdido su ciclo escolar. Nos preocupa grandemente la planta laboral de los 25 hoteles que han debido cerrar sus operaciones durante este tiempo que ha durado el conflicto. Estamos muy preocupados por los trabajadores y propietarios de los más de 30 comercios cerrados ya hoy en día allá en Oaxaca.

También nos produce angustia pensar en las familias de los 20 mil empleados que han sido ya dados de baja en el Seguro Social; y qué decir de las mil 500 familias de locatarios de los mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez que también se han visto seriamente afectados por la ocurrencia de este conflicto.

Debemos tener presente que esta crisis económica también tiene como consecuencia la pérdida cada día, cada día que pasa, de cinco millones de pesos en el sector hotelero y de nueve millones de pesos que dejan de circular a través del sector comercio; pero demandamos —a la vez también de que damos nuestro apoyo— una política de aplicación responsable y estrictamente transparente de este presupuesto, sin soslayar que dependerá del estricto análisis que se haga de esta petición en la Comisión precisamente de Presupuesto.

Quisiera agregar, compañero diputado Alberto Esteva, que me precedió en la palabra, que el auditor mayor de la Federación tiene facultades para supervisar la aplicación de estos recursos y enterarse de todos esos cuestionamientos que él está haciendo y dar su visto bueno para la creación de un fondo de este tipo.

Compartimos, junto con el pueblo de Oaxaca, la percepción de que ha habido irregularidades en el manejo de los recursos del Ramo 33 que, efectivamente, han sido excepcionales para esta entidad federativa y lo que no queremos es que la creación de estos programas emergentes de apoyo para entidades se conviertan o se interpreten como un premio a la ocurrencia de éstos alarmantes sucesos, que el desencadenar una crisis de este tipo no tenga de ninguna manera, como consecuencia, el premio de mayores aportaciones federales.

Entendemos por un lado la seria problemática que están viviendo los oaxaqueños. Queremos ser solidarios y subsidiarios con la problemática que están viviendo, pero exigimos que de crearse este programa, que de existir los recursos suficientes para su aplicación, para su creación, éstos sean aplicados directamente por el gobierno federal y supervisados estrictamente con toda transparencia. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado René Lezama. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Altamirano Toledo, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Alberto Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Ciudadana Presidenta, para aclaración de hechos, le solicito me otorgue el uso de la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado, si nos permite la intervención del diputado que está en la tribuna y terminando el diputado, usted pueda pasar para hechos.

El diputado Carlos Altamirano Toledo: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores diputados.

Los diputados oaxaqueños del Partido de la Revolución Democrática, ante esta tribuna hemos insistido, hemos dicho que Oaxaca vive una crisis política y social de gran trascendencia.

Hemos dicho que la toma de la Policía Federal de la ciudad de Oaxaca es un hecho gravísimo para todo el país y no hemos aceptado que ahora se piense que la situación en Oaxaca es de normalidad. Sigue Oaxaca con graves problemas. No hay gobernabilidad. No tenemos gobernador.

Nosotros no nos oponemos, de ninguna manera, a que se le destine a Oaxaca más recursos federales. Los diputados oaxaqueños de la fracción del PRD, desde luego que queremos más dinero para Oaxaca. Nosotros queremos, como muchos mexicanos, que nuestro estado salga de la pobreza, de la marginación y del abandono en que lo han tenido por más de 70 años los gobiernos del PRI.

Queremos que los oaxaqueños tengan una vida productiva. Que tengan empleos bien remunerados. Que tengan salud y que tengan educación de calidad. Pero para eso, para que a Oaxaca se le destinen más recursos, primero hay que resolver la crisis política en que se vive actualmente. Más recursos para Oaxaca en estos momentos significa avalar a Ulises Ruiz y a los sistemas administrativo y de manejo de recursos que han sucedido en Oaxaca.

Queremos más recursos para Oaxaca, pero antes queremos una reforma profunda del estado. Queremos que haya en Oaxaca verdadera democracia. Queremos en Oaxaca que haya transparencia, que haya rendición de cuentas. Nada garantiza que los recursos que hoy se destinaran a Oaxaca se vayan a emplear de manera diferente a como lo han hecho los gobiernos que ha tenido Oaxaca.

Los recursos en Oaxaca se han utilizado mal y no han rendido los frutos para los cuales fueron autorizados. La prueba son los índices de pobreza y de marginación que aquí se han comentado. Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado Carlos Altamirano. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Toledo Luis, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jorge Toledo Luis: Compañeros diputados. Sólo para dejar constancia de que los oaxaqueños tenemos coincidencias. En esta tribuna ha habido muchas situaciones de divergencia, situaciones que nosotros respetamos mucho: las diferencias. Pero creo que en esta situación es momento de que tengamos puntos de coincidencia. Anteponer lo mucho que nos une por Oaxaca por encima de lo que nos separa. Este es un momento para que los diputados en esta Cámara podamos determinar apoyar a quienes han estado lastimados.

Quiero decirles que no hay ninguna situación en el punto… —incluso se plantea que se audite—; de acuerdo en que se reviese con lupa; de acuerdo en que se revisen todas las situaciones institucionales y jurídicas que el estado tiene para poder transparentar los recursos.

Lo que le urge a Oaxaca ahorita es restablecer las situaciones; restablecer el orden y solamente quise volver a estar en esta tribuna para poder decirle a los diputados que han subido, que tenemos coincidencias y que si en el seno de este Congreso fortalecemos nuestras coincidencias y nos vamos en una situación de amor, de cariño, de respeto y de respaldo a Oaxaca, seguramente el destino de Oaxaca va a ser otro. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jorge Toledo. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Esteva, para hechos.

El diputado Alberto Esteva Salinas: Muchas gracias, ciudadana Presidenta, con su permiso. Quiero referirme a lo que el ciudadano diputado —nuestro amigo René Lezama— del Partido Acción Nacional ha comentado en relación a la Auditoria Superior de la Federación.

Ciertamente ese es el camino, pero yo quiero compartirle a usted y a quienes integran la fracción de Acción Nacional, que durante la administración pasada la Auditoria Superior de la Federación ordenó revisar las cuentas de quien fue gobernador, el gobernador del autoatentado, por si no lo ubicamos.

Este personaje impuso una controversia constitucional; y hoy forma parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. Por eso es que también habría que preguntarnos dónde está el código de ética, dónde están los principios y los valores de todos los que integramos este Pleno, al permitir que sea alguien juez y parte en el asunto. Creo que es una arista que hay que revisar.

También decir que el asunto del autoatentado es parte también de los agravios pendientes al pueblo de Oaxaca y que sí sería importante que cuando se revisen los ocho años de ejercicio de los últimos gobiernos en Oaxaca se pueda hacer de manera puntual.

Porque decía yo en mi intervención pasada —diputado René Lezama— que quien hoy es titular del patrimonio edificado del estado de Oaxaca ha sido beneficiado. Él fue regidor —insisto— del Partido Acción Nacional, lo volvieron presidente municipal al destituir o al darle un cabildazo al ayuntamiento del que él formaba parte y que había ganado el Partido Acción Nacional en la capital.

Lo premiaron con obras durante lo que restaba de la administración de quien fue gobernador —el del autoatentado— y hoy continúa siendo parte del gabinete del actual gobernador. Por cierto es otro de los funcionarios que está terminando de construir una residencia también de cerca de 25 millones en la zona residencial de la capital del estado.

Entonces, si este presupuesto que están elaborando para el plan de emergencia en Oaxaca, que además está elaborado por este personaje que hoy entiendo ya no es panista sino es neopriísta o ciudadano, no sé, está solicitando y quiero corregir, no dos mil millones, el monto que están solicitando son seis mil 711.20.

Es decir, si no puntualizamos, si no establecemos un mecanismo adecuado para que se permita al auditor Superior de la Federación proceder a revisar, entonces estamos nuevamente dándole a la clase política en Oaxaca, que tiene el control, la llave de las arcas para que vuelvan a saquear a un estado que está rezagado.

Y por eso es importante que ustedes conozcan —y me voy a permitir entregarle a su fracción parlamentaria, de parte de la fracción parlamentaria de Convergencia— los datos para que ustedes sean cuidadosos y vean de qué tamaño es la infamia que se está construyendo para Oaxaca. No nos oponemos a que le demos recurso a Oaxaca, somos oaxaqueños, somos mexicanos. Lo que no podemos permitir es el saqueo descomunal.

Vean nada más la desproporción, por cierto hoy publica un diario que están pidiendo 200 millones de pesos para tanquetas antimotines, entre otras cosas, eso en el rubro de los 124 mil millones de pesos que quieren que se autoricen a Oaxaca y representa 350 por ciento adicional del presupuesto que tuvo el año pasado el estado de Oaxaca. Creo que sí es importante que se autorice, pero que establezcamos los mecanismos.

Y cuando vemos los montos, por ejemplo, cito el caso del Congreso del estado —la sede del Congreso del estado— piden 30 millones para reparar vidrios, pintas que hizo el movimiento popular en Oaxaca. Yo no dudo que hay daños, pero creo que estos 30 millones de pesos no significarían ni siquiera —digo— significaría cerca de 50 por ciento para la construcción de una nueva sede del Palacio Legislativo.

Entonces hay que revisar si el Gobierno del estado hizo esta estimación. Veámoslo puntualmente para que no se les otorgue lo que no se va a ejercer con transparencia. Es todo, gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se encuentra en el Salón de Sesiones el señor Alan Bryden, Secretario General de la Organización Internacional para la Estandarización, quien ha participado en reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Fortalecimiento al Federalismo y de Economía. Sea usted bienvenido señor Bryden y le deseamos el mejor de los éxitos durante su estancia en nuestro país.

No habiendo más oradores consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidents, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena, del grupo parlamentario de Convergencia para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal crear una partida para el sector turismo en Oaxaca en el Presupuesto 2007.

El diputado Humberto López Lena: Gracias. Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Oaxaca es reconocida en el mundo entero por su pueblo, su gente, su cultura, costumbres y tradiciones, por su rica tradición culinaria, por sus hermosas playas, por la arquitectura colonial de la ciudad capital, por la majestuosa construcción de los pueblos zapotecos como Monte Albán y Mitla.

Oaxaca es un estado cuya economía depende en gran medida del subsidio de la Federación, con un presupuesto raquítico de casi 26 mil millones de peso anuales; más del 90 por ciento proviene precisamente de las participaciones federales. Depende de igual manera del turismo y en los últimos años de las remesas de miles de oaxaqueños radicados en los Estados Unidos.

Oaxaca es un estado con población mayoritariamente indígena y campesina. Un pueblo de usos y costumbres, el campo oaxaqueño hoy es un desastre. El conflicto que hoy cumple 172 días ha representado para los prestadores de servicios turísticos, de los distintos ramos, pérdidas millonarias difíciles de cuantificar.

Se han cerrado más de 20 hoteles, se han perdido más de tres mil empleos y se habla de que las pérdidas en este sector ascienden ya a tres mil millones de pesos. El daño en México y en el extranjero que se ha causado a la imagen de Oaxaca como destino turístico, por un lado; y como patrimonio cultural, por otro, es y debe ser motivo de preocupación para quienes tenemos la responsabilidad de representar en esta Cámara de Diputados, a nuestro estado y a nuestro país.

La demanda turística se ha desplomado en un 70 por ciento. Sin duda alguna éste es el mayor daño que se ha causado a la débil economía de Oaxaca. Oaxaca nos demanda toda la atención, celebramos el anuncio que en días pasados realizó el secretario de Turismo Rodolfo Elizondo, en el sentido de que terminando el conflicto impulsaría un plan emergente para promocionar y difundir turísticamente a Oaxaca.

El secretario Elizondo ofreció 50 millones de pesos para difundir y promover turísticamente en el país, en Europa y en Estados Unidos y Canadá. En virtud de que estamos a escasos 20 días de que concluya este gobierno, estamos solicitando de igual manera que esos recursos ofrecidos se etiqueten para que puedan ser ejercidos en los días posteriores a que el conflicto se resuelva.

Es necesario que los recursos para la entidad sean etiquetados desde aquí, desde la Cámara de Diputados, que sean fiscalizados, porque no podemos seguir despilfarrando los recursos y tampoco que éstos sean desviados para pagar campañas políticas, para favorecer amigos y familiares. Que Ulises Ruiz deje ya de engordar su "cochinito".

Si bien es cierto que el Presidente Fox no quita ni pone gobernadores; sí debe exigir a que se auditen los recursos del pueblo de Oaxaca. Ahí están los señalamientos del Director de Operaciones Regionales de la Secretaría de la Función Pública, Alejandro Luna; quien señaló que al auditarse parte de los fondos federales entregados a Oaxaca durante el 2005 se encontraron anomalías para comprobar estos recursos; o los 5 millones de pesos entregados de manera irregular a 2 mil oaxaqueños, dentro del Programa de Desempleo, como lo señala la delegada de la Secretaría del Trabajo; o como los casi 93 mil millones de pesos que se recibieron en los últimos ocho años y todavía no son justificados.

Solicitamos que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se aboque a esta investigación. Oaxaca requiere mayores recursos, pero también de una mayor fiscalización y transparencia de los recursos asignados desde la Federación.

Por todo esto, señora Presidenta, solicito que se integre en el Diario de Debates mi proposición de punto de acuerdo, por falta de tiempo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Lena. Túrnese a la Comisión de Turismo.

Tiene el uso de la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales a fin de que no se violen las garantías individuales en Oaxaca.

El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su venía, señor Presidente. Compañeros y compañeras. Celebro la sensibilidad de los diputados del PAN y diputados del PRI, que ante el conflicto oaxaqueño han aprobado como de urgente u obvia resolución, la solicitud presentada a efecto de apoyar económicamente a Oaxaca, después de este conflicto que aún estamos padeciendo.

Requiero de ustedes la misma sensibilidad para entender que el problema de Oaxaca no es solamente de carácter económico; justamente por interpretarlo así, tenemos hoy las consecuencias que estamos padeciendo.

El artículo 99 constitucional tiene gran relevancia para la conformación del estado de derecho y para sustentar la seguridad jurídica de la sociedad mexicana. Los elementos expresados en este artículo consagran la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar entre los miembros del Poder Judicial de la Federación, uno o varios comisionados para que averigüen hechos que constituyan varias violaciones a alguna o algunas garantías individuales establecidas en nuestra Carta Magna.

Esta facultad de nuestro máximo tribunal, sólo puede ser ejercida a petición del Ejecutivo Federal, de algún gobernador o de algunas de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Con base en este precepto y ante los graves acontecimientos que han sucedido en el estado de Oaxaca, los cuales han sometido a la sociedad oaxaqueña al desamparo del estado de derecho durante más de 170 días y que han dejado como resultado al día de hoy, 17 personas fallecidas, más de 20 desaparecidos, más de 157 heridos y lesionados, cinco de ellos representantes de medios de comunicación y 47 de gravedad, más de 80 detenidos en diferentes cárceles del estado y del país y convertido el centro de la capital en un cuartel de la Policía Federal Preventiva como un ejército de ocupación.

Proponemos a esta Pleno solicitar a la Suprema Corte a ejercer esta facultad constitucional, en virtud de que en tales acontecimientos se puede apreciar la sistemática violación a las garantías individuales que privan en el estado de Oaxaca.

Ya el propio Senado de la República, el pasado 20 de octubre, discutió el dictamen de la Comisión de Gobernación por el cual se analiza la desaparición de Poderes en el estado de Oaxaca y en el capítulo relativo a las consideraciones políticas, sociales y económicas señala lo siguiente:

"Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se ha incrementado, al grado que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad. La autoridad local desplegó una operación política tardía e ineficiente y alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y en la desesperación".

Además del reconocimiento que hace la Cámara de Senadores de la crisis que vivimos en Oaxaca, compañeros y compañeras, el viernes 27 de octubre se dieron enfrentamientos violentos en diversos municipios del estado, en los que fallecieron el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de Losicha; el comunero Esteban Ruiz y el camarógrafo estadounidense Bradley Roland Will, además de 23 personas heridas por arma de fuego. Entre otros se encontraba el fotógrafo Osvaldo Ramírez, del periódico "Milenio".

El propio titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en ese operativo se detuvo de manera arbitraria a 22 personas, a las cuales ubicaron en los separos de una cárcel cercana a la zona militar número 28.

Apenas el día de ayer, señores diputados, señoras diputadas, fueron detenidos arbitrariamente por elementos policiacos vestidos de civil, en el barrio de Xochimilco, de la ciudad de Oaxaca, los jóvenes Benito Pereda Fernández, René Trujillo Martínez y Mauricio Marmolejo Rivera.

Es por estos hechos y otros más, como los del 14 de junio y el 2 de noviembre, y que por la brevedad del tiempo los omito señalar, que proponemos la siguiente proposición como de urgente u obvia resolución —permítaseme el tiempo para leer éstos cinco renglones:

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de investigación y nombre a alguno, o algunos de sus miembros, comisionados especiales para que investiguen sobre los hechos suscitados en el estado de Oaxaca, que constituyan graves violaciones a las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside, habita o transita en dicha entidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Othón Cuevas. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, no hay dos terceras partes y no hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva.

Esta Presidencia saluda a los ciudadanos del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, que se encuentran aquí presentes, ah, y a los diputados del Congreso local del estado de Coahuila que nos visitan en esta sesión.

Se concede el uso de la palabra al diputado José Jacques y Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

El diputado José Jacques y Medina: Con el permiso de la Presidencia. Me permito someter a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares con base en los siguientes

Considerandos

La República Mexicana es esencialmente un país expulsor de mano de obra, pero su ubicación geopolítica también la define como país de destino y tránsito de un creciente número de migrantes que proceden, en su mayoría, de Centroamérica.

Las fronteras de México se han convertido en ruta de corrientes migratorias de temple mundial. Las medidas de terror no han frenado el flujo migratorio hacia los Estados Unidos; han logrado, en cambio, que las muertes evitables y los peligros del cruce fronterizo se hayan incrementado exponencialmente en los últimos años y que la reunificación familiar sea más difícil.

Es evidente que sus medidas de contención sí les han producido los resultados esperados. La agenda oculta de los estrategas de la economía estadounidense han determinado endurecer sus políticas y apareció en el horizonte electoral el muro fronterizo que, más que frenar la migración indocumentada, buscaba la obtención del voto racial anglosajón, además de impedir la circularidad de los trabajadores migratorios.

Este diseño perverso aumenta el costo financiero y humano del regreso a casa y obliga a los migrantes a cambiar su patrón de temporal a permanente, con lo que aseguran el más eficiente de los mercados laborales: el mercado ilegal.

La circularidad impedida es factor importante en los cambios de parámetros constatados a partir de la Operación Guardián y de las subsecuentes medidas de seguridad nacional que nos han impuesto al amparo de la lucha contra el terror, que sólo son acciones encubiertas para lograr la permanencia de industrias básicas, ya que los Estados Unidos dependen del valor agregado extraído de la explotación inhumana y descarada; es decir, de la mano de obra indocumentada.

Los derechos humanos de la población migrante han pasado a segundo plano y están muy lejos de ser respetados. Estos derechos son, entre otros, el derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y su comercio, prohibición de detenciones arbitrarias prolongadas, la tortura o cualquier otro trato inhumano o degradante, prohibición de penas con efectos retroactivos, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a salir de cualquier país y regresar al propio.

Es impostergable y obligación de todo gobierno democrático velar por la unidad familiar, por la integridad física y patrimonial de los migrantes y sus familias y garantizar el respeto de los derechos humanos, sin importar su nacionalidad, sexo, estado de salud, condición y situación jurídica o estatus migratorio.

Es urgente que México reconozca su nacionalidad y actúe en apoyo de los ciudadanos que expulsa, exigiendo que los derechos de los mexicanos sean respetados y modificada la normatividad en México con la adopción del lenguaje acordado por la Convención Internacional, desdeñada por los países receptores a los que va dirigido y justo es donde más se presencian estas violaciones. Debemos hacer cumplir lo acordado en la Convención Internacional desde hace 16 años por las Naciones Unidas.

Ya nadie puede sentirse alejado al fenómeno migratorio en México, por ello la misión y propósito de esta Comisión especial será atender la problemática del migrante y sus familiares, ante una realidad que se ha agravado.

Esta Comisión tendrá en su primer gran intento, unificar los criterios en torno al marco jurídico de la Convención, para su adaptación local en la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias.

El punto de acuerdo que se propone es el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Segundo. Esta Comisión Especial tendrá por objeto, además de los arriba mencionados, lo siguiente: Proponer las reformas a la política migratoria mexicana y a su marco jurídico, adoptando el lenguaje de la Convención Internacional ratificada desde 1999 por el Senado mexicano, para que se refleje transversalmente en el derecho positivo vigente de nuestra nación.

Le pido a la Presidenta que se inscriba ésta en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Ramírez. Sonido al diputado Ramírez, por favor.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Presidenta, considerando este punto que el diputado Jacques ha expuesto, solicito a usted muy respetuosamente, con base en el artículo 59 y 60 del Reglamento, consulte a la Asamblea si este asunto puede ser de urgente y obvia resolución; por favor, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Antes de someterlo, solicito sonido a la diputada González, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional.

La diputada María Dolores González Sánchez (desde la curul): Gracias, señora diputada. Me sumo al proyecto del diputado Pepe Jacques; es a favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Señores diputados, el diputado José Jacques pidió que se turnara a la Junta de Coordinación Política el punto que acaba de mencionar. Esta Presidencia lo turnará a la Junta de Coordinación Política para que se procese y pueda presentarse a este pleno.

Sí, diputado. Sonido al diputado Ramírez, por favor.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Presidenta, estoy solicitándole a usted muy respetuosamente, con base al artículo 59 y 60, por considerar que este asunto que el diputado José Jacques ha expuesto a esta Asamblea, que es un asunto prioritario para los mexicanos, en este momento poder consultar a la Asamblea para que este asunto sea de urgente y obvia resolución. Esa es mi petición, Presidenta. Y estoy escuchando que la diputada González, de Acción Nacional, se está sumando a mi petición. Muchas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado. Escuché a la diputada pidiendo sumarse a la petición del diputado Jacques; sin embargo, a petición de usted vamos a proponer a esta Asamblea si se considera de urgente resolución.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. ¿Los diputados que estén por la negativa?... (votación). Gracias. Señora Presidenta, no hay las dos terceras partes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado Edmundo Ramírez. ¿Le dan por favor sonido a su curul? Sí, permítame que hable primero el diputado Ramírez que pidió la palabra primero, por favor diputado.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Diputada Presidenta, le reitero la petición —y para que los compañeros de Acción Nacional vayamos en ese mismo orden de ideas—, la petición que le estoy haciendo muy atentamente a usted es que solicite a la Secretaría sobre el punto que el diputado José Jacques acaba de enumerar ante esta Asamblea, de hacerlo de urgente u obvia resolución, con base en que es un tema prioridad de prioridades para la nación, la atención a los migrantes y a sus familias.

Creo, Presidenta, con mucho respeto, que los compañeros de Acción Nacional no tuvieron el tiempo necesario para hacer el análisis en su dirección del voto. Por eso, Presidenta, gracias por esta última intervención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Por favor, el diputado Rodríguez Prats, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, si le dan sonido.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señora Presidenta, las disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno son muy claras en que es función de las Juntas de Coordinación Política y de la Conferencia analizar la creación de comisiones. Nosotros podemos coincidir en que esta comisión pudiera crearse, pero es facultad y función de la Junta de Coordinación Política el ver su viabilidad. Por lo tanto, creo que ha sido adecuado el turno y ya se votó. Pido que se continúe con la sesión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Prats. El diputado Ponente.

El diputado José Jacques y Medina (desde la curul): Sí, Presidenta, la petición original fue que se turnara a la Junta de Coordinación para que se discutiera, sostengo esta petición y que se tramite hacia la Junta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco mucho, diputado José Jacques. Túrnese a la Junta de Coordinación Política el punto en discusión. Se concede el uso de la palabra al diputado Jacinto Gómez Pasillas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo sobre la determinación de diversas entidades federativas, de prorrogar el mandato de sus representantes de elección popular.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El suscrito, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia o urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El Poder Constituyente originario creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro el 5 de febrero del 17.

Segunda. En los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 constitucionales se estableció la decisión política fundamental del pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación.

Asimismo, que la duración del mandato de los gobernadores de las entidades federativas no podrá exceder de seis años y en lo concerniente al mandato de los diputados a las Legislaturas de los estados, de los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, el mismo tampoco puede prolongarse más tiempo del establecido en cada entidad federativa, pues existe prohibición expresa de reelección para el período inmediato posterior.

Tercera. Al haberse creado la Constitución, el Constituyente originario desapareció, pero en la misma Norma Suprema se dio origen al Constituyente Permanente, que sería el encargado de reformar y adicionar la Constitución, evitando con ello la violación de la misma.

Cuarta. En términos de lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Federal, la Cámara de Diputados integra el Poder Constituyente Permanente.

Quinta. Diversas entidades federativas, en contravención de lo establecido en la Carta Magna, han prolongado el mandato de los representantes de elección popular, haciendo nugatorias las disposiciones establecidas por el Constituyente originario y el Permanente en la Norma Suprema, pasando por alto la inviolabilidad de la Constitución y que la única vía mediante la cual se pueden dejar de observar los preceptos contenidos en la Carta Magna es exclusivamente la reforma o adición de la Constitución hecha por el poder constituyente permanente.

Por estas consideraciones y otras que se asientan, fundado en los principios esenciales de un Estado democrático y federal, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados toma conocimiento el día de hoy, de la indebida prolongación del mandato de los representantes de elección popular en algunas entidades federativas y por lo tanto, se ostenta sabedor de tales actos.

Segundo. Se exhorta a las siguientes autoridades para que presenten los medios de control constitucional que en el ámbito de su competencia procedan:

a) Al Procurador General de la República para que presente acción de inconstitucionalidad; y,

b) A los partidos políticos con registro ante el IFE, así como a los partidos políticos con registro en las entidades federativas en que se haya aprobado la prolongación del mandato con objeto de que a través de sus dirigencias presenten acción de inconstitucionalidad.

Tercero. Se instruya a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para que previo estudio del asunto, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el medio de control constitucional que resulte pertinente.

Lo presentamos solicitando el apoyo de todos ustedes para la proposición y punto de acuerdo y reitero a la Presidencia que se ponga a consideración que sea de urgente u obvia resolución.

Aparte del que habla, suscriben en apoyo del mismo el diputado Emilio Gamboa Patrón; el diputado Héctor Larios Córdova; el diputado Javier González Garza; el diputado Alejandro Chanona Burguete; por autorización, el diputado Ricardo Cantú Garza; el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez y la diputada Aida Marina Rivas, más compañeros diputados que a título personal suscriben en apoyo también. Por su atención, gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se ha inscrito a esta Mesa la diputada Dora Martínez Valero, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, quien tiene el uso de la palabra, por favor.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero: Con su venia, señora Presidenta. El grupo parlamentario de Acción Nacional se suma a la propuesta hecha por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, sobre la determinación adoptada en diversas entidades federativas en el sentido de prolongar el mandato de sus representantes de elección popular particularmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Giovanni Sartori señala "Que la democracia es base del consenso verificado y no presunto de los ciudadanos. Que la misma no acepta ante investiduras y que con ella el poder está legitimado por elecciones libres y recurrentes". Cierro la cita.

Compañeros legisladores. Siete de 32 estados han realizado reformas constitucionales y legales en sus estados, pero tres de ellos han decidido ampliar el período para permanecer en el cargo para el que fueron electos.

Siendo respetuosos de la soberanía estatal, manifestamos nuestra disidencia por las reformas hechas en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, que con el pretexto de buscar la concurrencia con el proceso electoral federal, realizaron una reforma electoral a modo de los legisladores y de los ayuntamientos en funciones que permitió la prolongación de su mandato.

Estamos conscientes de que estas reformas vulneran nuestra Carta Magna y también los principios rectores de legalidad y certeza. Los ciudadanos de esos estados votaron únicamente para que los legisladores y los alcaldes duraran tres años y en ningún momento fueron requeridos para refrendar la posible ampliación del período.

Para nuestro grupo parlamentario es de suma importancia que haya concurrencia en los procesos electorales y por eso es que en esta tribuna en días pasados se presentó un punto de acuerdo y también hemos sido promotores en los congresos locales que se lleven a cabo reformas en ese sentido, porque estamos conscientes de que la sociedad demanda procesos electorales menos costosos y simplificados. Pero no estamos de acuerdo en que estas reformas sean a modo de los legisladores y de los ayuntamientos que están en este momento en funciones.

Sabemos también que esas reformas fueron acuerdos políticos de los estados. Sin embargo al momento de llevarlos a la práctica, dichos acuerdos no se respetaron, caso particular el caso de Michoacán.

Las reformas también han sido severamente criticadas por la sociedad civil y por organismos empresariales, incluyendo la ampliación del período de gobernador en el caso de Michoacán.

Sabemos que los partidos políticos cuentan con la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad en este sentido y por eso es que Acción Nacional en breve estará presentando diversas acciones de inconstitucionalidad para que la Corte declare inconstitucionales estas reformas, pero sobre todo, para que obligue a dichos estados a realizar las modificaciones a la legislación.

Somos todos los mexicanos depositarios de nuestra democracia; expresamos nuestras convicciones con nuestro voto y en las urnas. Suplantar ese derecho sienta un peligroso antecedente que viola la constitucionalidad. No lo permitamos. Hacerlo nos volvería cómplices del pasado y México necesita un futuro próspero digno y plenamente democrático. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Mucha gracias, diputada Dora Martínez. Tiene la palabra el diputado Victorio Montalvo.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: Compañeras y compañeros diputados. El tema que ha traído el grupo parlamentario de Acción Nacional en este caso, nos hace llegar a la convicción, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de estar de acuerdo con él toda vez que no estamos de acuerdo en que si hay una elección popular que define fechas de inicio y de término, se pueda, por un acto legislativo acomodaticio, ampliar el período. Eso equivaldría a una reelección.

Nosotros recordemos, tenemos una controversia constitucional para el caso de Michoacán y estamos esperando la resolución. En consecuencia manifestamos nuestro acuerdo con este tema y seremos congruentes a la hora de debatirlo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado. Muchas gracias, diputado Victorio Montalvo. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Aprobada. Comuníquese.

Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo para que el Banco de México atienda la situación de la aceptación y canje de billetes no aptos para circular.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En reciente fecha, que nadie puede precisar con exactitud, los diferentes bancos comerciales en nuestro país han adoptado una política muy estricta en lo que se refiere a la aceptación de los billetes de curso legal.

Ha dejado de provocar sorpresa el hecho de que los bancos no quieren aceptar billetes, algunos de los cuales son rechazados solamente por traer el sello de alguna institución bancaria, aunque muchas veces dicho sello corresponde a la misma institución que ahora lo rechaza. Ha dejado de provocar sorpresa, pero el malestar de la población y el caos y el desconcierto va en aumento.

Si a esto le agregamos que muchos cajeros automáticos al momento de dispensar el efectivo solicitado por el cliente entregan billetes sellados e inclusive billetes deteriorados o bien rotos, los cuales son rechazados no sólo por los bancos sino por el comercio en general, ya que una especie de psicosis ha crecido en todos lados ante la negativa de las instituciones bancarias de recibirlos, ocasionando pérdida de tiempo, quebrantos y desconcierto entre la comunidad en general, situación que debemos de evitar de inmediato.

Investigando un poco sobre el uso y el destino de los billetes de curso legal en la República Mexicana, encontramos en la página de Internet del Banco de México, de acuerdo con el numeral 2.1 de la circular 2026/96 de fecha primero de julio de 2005, que una de las obligaciones de las instituciones de crédito es precisamente —y cito textual—: "...canjear por billetes aptos para circular o por monedas metálicas los billetes no aptos para circular, así como los billetes y monedas metálicas en proceso de retiro y/o desmonetizados".

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo a su consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Exhortar al Banco de México para que solicite a las diversas instituciones bancarias se apeguen a lo establecido en el numeral 2 "Obligaciones de las Instituciones de Crédito", de la circular del mismo Banco de México 2026/96, del primero de julio de 2005, para que se resuelvan de manera inmediata las situaciones irregulares en los bancos relacionadas a la aceptación y/o canje; así como la entrega en cajeros automáticos de billetes deteriorados. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Felton González. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se concede el uso de la palabra al diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación actualice la base de datos sobre juegos y sorteos en el sitio de Internet.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El de la voz, con fundamento en el artículo 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 27 de octubre del 2004 se propuso al Pleno interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de actos del Poder Ejecutivo Federal, consistente en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La LIX Legislatura creó la Comisión Especial encargada de revisar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos y en particular los relativos a centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, solicitando a la Secretaría de Gobernación la información siguiente:

Copia certificada de los permisos otorgados a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; así como la copia certificada de los permisos expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento; relación de las sociedades mercantiles que obtuvieron permiso para operar dichos establecimientos.

Y fue el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el 3 de agosto del 2005, que emitió acuerdo por el cual se establecían los lineamientos para la clasificación-desclasificación de la información enviada por la Secretaría de Gobernación, en materia de juegos y sorteos.

Desde 1973 al año 2000 se otorgaron diversos permisos para instalar y operar establecimientos relacionados con centros de apuestas remotas. En mayo de 2005, reanudó la Secretaría de Gobernación —por el entonces Secretario— reanudó la entrega y otorgó permisos de manera discrecional de esta naturaleza a varios amigos, conocidos por la empresa de Televisa y de todos conocidos también, por los "Amigos de Fox", a diversas sociedades mercantiles; estableciendo condiciones que no cumplieron con los permisos, sin olvidar que Carlos Abascal informó que ya no se otorgarían nuevos permisos hasta conocer el resultado de la controversia constitucional; misma que después de dos años no ha resuelto.

De igual manera el VI Informe de Gobierno de Vicente Fox, omitió el tema y ocultó la información respectiva.

Recientemente se ha publicado en diversos medios de información, la existencia de casas de apuestas y casinos clandestinos, salas de sorteos de números; así como, establecimientos con máquinas tragamonedas.

El artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos dispone que la dirección integrará y mantendrá actualizada una base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos, cosa que en los hechos no sucede.

De igual forma, el artículo 19 dispone que la Secretaría mantenga debidamente actualizada esta base de datos —que tampoco lo está— y no presenta la información que permita identificar con claridad quiénes son los funcionarios y empleados de los permisionarios.

Por lo expuesto anteriormente, señoras diputados y diputadas, propongo el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Para garantizar el derecho de acceso a la información a los ciudadanos sobre la autorización de estos permisos para operar juegos con apuestas y sorteos, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se actualice la base de datos, que se difunda en su sitio de Internet en términos señalados por los artículos 17 y 19 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Gobernación para que en el uso de la atribución que le otorga la fracción XII, del artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publique en la página de Internet la mecánica de operación del sistema de apuestas, las reglas de juego, la infraestructura, los sistemas de seguridad tecnológica e informática —entre otra información—, que garantice a los usuarios o participantes, la seguridad y certeza en los eventos en los que decida participar...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ... Concluya, por favor.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid: ... de conformidad a lo previsto en los artículos 22, fracciones relativas.

Finalmente, concluyo. Se informe a la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobernación, para determinar la responsabilidades de las omisiones señaladas en el punto primero.

Solicito se inserte en el Diario de Debates íntegramente, toda vez que esta propuesta ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria.

También rectifico el procedimiento de la votación, solicitando se remita a la Comisión de Gobernación y de Turismo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Márquez. Túrnese a las comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo a fin de solicitar a la Cofetel suspenda el programa "El que llama paga".

El diputado Eduardo Sánchez Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El 11 de octubre de este año, representantes de los principales operadores de telefonía fija y móvil de México notificaron al pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones un acuerdo en el que manifiestan estar en condiciones de ofrecer a sus usuarios la modalidad "El que llama paga nacional"

En este documento se establece que estos operadores que representan a más del 90 por ciento de los usuarios de telefonía, tanto fija como móvil, iniciarían la aplicación de esta modalidad de servicio a partir del primer minuto del 4 de noviembre de 2006, en donde los operadores de larga distancia que suscribieron el acuerdo pagarán a los operadores móviles por el servicio de terminación de la llama, una tarifa de 1.54 pesos por minuto o fracción en cada llamada.

Para instrumentar lo anterior se estableció una nueva marcación 045 más el código de área de servicio local más el número de destino y en el caso de las llamadas originadas desde otros países, quien realice la llamada deberá marcar 52 más uno más el número de área más el número del teléfono móvil.

Pareciera que quienes diseñaron este esquema no pensaron en la necesidad de hacerlo simple y funcional. En nuestro país existen cerca de 50 millones de teléfonos móviles y de esta cantidad, más del 90 por ciento funciona con tarjetas de prepago a precios unitarios mucho más altos que los usuarios de postpago. Por lo visto en México no hay nada más caro que ser pobre.

Otra de las condiciones acordadas por los signatarios del acuerdo es que los operadores de larga distancia no permitirán que sus usuarios finales utilicen el prefijo 01 para originar llamadas de larga distancia nacional, cuyo destino sea un usuario de las redes móviles del tipo "El que llama paga".

Cabe destacar que este acuerdo no incluye a la totalidad de las redes de larga distancia y esto, desde luego, complica aún más el asunto. Es del dominio público que compañías como Alestra, Avantel, Axtel y Maxcom cuentan con una suspensión a su favor otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativa y Federal, lo que ha generado una dualidad de marcación y cobro que confunde todavía más a los usuarios.

En consideración al nuevo servicio, en donde los usuarios requerirán de tiempo para familiarizarse con las marcaciones, el acuerdo estableció un período de 45 días naturales a partir del 11 de octubre, para que los operadores que lo suscribieron hicieran sus mejores esfuerzos con el fin de difundir entre sus usuarios la nueva modalidad, así como concluir los convenios de interconexión correspondientes y sus respectivos anexos de precios y tarifas.

Hoy queda claro que estos esfuerzos han sido insuficientes para difundir entre los usuarios las nuevas modalidades, por lo que las posibles ventajas del nuevo servicio se han convertido para muchos usuarios, en graves problemas de comunicación, viéndose afectados en sus negocios, relaciones laborales, familiares y personales.

En tal virtud y con el propósito fundamental que quienes hacen uso de los servicios telefónicos cuenten con información suficiente y adecuada, que les permita contar con los beneficios del nuevo programa someto a su consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Solicitar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones revise el programa denominado "El que llama paga nacional", a efecto de que se lleve a cabo una campaña de difusión adecuada que informe a los usuarios sobre las nuevas modalidades de marcación y las tarifas correspondientes.

La acción de la Cofetel deberá orientarse a promover la adecuada difusión del programa y no afectar a los millones de usuarios que hoy encuentran en el mismo una metodología más justa para el pago de sus tarifas, así como el beneficio de recibir llamadas de larga distancia, encontrándose en sus lugares de origen.

En virtud, señor Presidente, que el presente punto de acuerdo ha sufrido algunas modificaciones que se realizaron en aras de conseguir el consenso de mis compañeros diputados de las demás fracciones parlamentarias solicito que el texto íntegro de esta proposición se inserte en el Diario de los Debates. Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sánchez Hernández. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Ha solicitado la palabra el diputado Antonio Vega Corona, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Antonio Vega Corona: Con su permiso, señor Presidente. El grupo parlamentario de Acción Nacional apoya este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por considerar que es responsabilidad de la Cofetel y de las empresas telefónicas la rápida restauración del sistema de interconexión telefónica del programa. "El que llama paga nacional", ya que consideramos que fue muy escaso el tiempo e insuficiente en los medios de comunicación la difusión de dicho programa.

Suscribimos este punto de acuerdo por considerar que la inadecuada información y problemas de interconexión lesionan la economía de este país y causan molestia a los usuarios.

Reconocemos que el programa es de beneficio para el usuario. Es preciso ponderar el beneficio que tendrían los usuarios de todos los sectores, sobre todo aquéllos de escasos recurso económicos. Por ejemplo, el caso de los migrantes, que son usuarios frecuentes, sin soslayar otros que igualmente se benefician de este programa.

Es necesario, pues, hacer notar que en la actualidad la telefonía móvil ha rebasado en mucho la telefonía convencional fija, lo cual es un indicador relevante en la solicitud de este punto de acuerdo. Por eso se debe acelerar la respuesta técnica, sin lugar a dudas, para resolver este problema de comunicación. Ojalá y la Cofetel atienda. Esa es la razón por la que nos sumamos a este punto de acuerdo. Muchas gracias, señor Presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vega. Tiene la palabra el diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Muchas gracias, ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros. El grupo parlamentario del PRD votó en contra de que se revisara este programa "el que llama paga" no porque consideremos que se ha difundido suficientemente. Es más, nuestra intención era que se diera mayor difusión para evitar confusiones.

Pero este punto de acuerdo pasó de rechazar el programa, como estaba inscrito, al asunto de revisarlo, que para el caso viene a ser lo mismo. Y la pregunta que yo le hago a los legisladores de todos los grupos es ¿cuáles son los derechos que vamos a buscar tutelar o a apoyar? ¿Lo de los consumidores o lo de los empresarios de estas compañías? ¿Qué tutelamos nosotros? ¿Qué buscamos?

Actualmente a cualquier persona —y los que menos tienen lo sufren más— que paga con tarjeta recibe una llamada y le cuesta cinco pesos el minuto. Sale más barato a veces hablar de Europa hacia aquí; y te cobran menos el minuto que lo que te cobran aquí en una llamada nacional; eso es lo correcto. Y además de que pagas la llamada, tú que estás llamando, al agente que aparece ahí con una tarjeta también le van a cobrar la llamada.

Entonces, por eso les pregunto, ¿cuál es el derecho que se busca tutelar como Poder Legislativo, el de las grandes corporaciones o cuál? ¿Acaso en México tenemos de las telefonías más baratas del mundo o de las más caras? Claro, el servicio telefónico de México es más caro incluso que en países como Estados Unidos. Es de los más caros del mundo, no sólo domiciliario, también el de telefonía celular.

Siguiente pregunta, ¿acaso pagan impuestos y no se van por el régimen consolidado la mayoría de estas empresas telefónicas? Porque la Legislatura anterior les permitió consolidar el 100 por ciento. Ahora lo que te dicen es: sabes qué, de lo que me tocaba pagar de impuestos, abrí el Prodigy o abrí otras empresas y allá se fue lo que te iba a pagar de impuestos y ya está invertido, porque en aquella otra empresa se perdió.

Sólo por eso, por los beneficios cuantiosos que se tienen aquí y porque no se protege al consumidor es por lo que ocurre que, a partir de 18 millones de teléfonos domiciliarios en México se tenga más riqueza por alguien —incluso que la AT&T— tenga más ganancias. Por eso mi pregunta vuelve a ser, ¿qué derecho estamos tutelando? ¿Somos diputados para proteger los intereses de unos cuantos que más tienen o para proteger a la gran mayoría de los ciudadanos y los que menos tienen?

Por eso entiendo que se quiere informar. No entiendo que se quiera revisar y que el Poder Legislativo siga viendo cómo ayuda a los que más tienen y no ver a los que menos tienen. Si nos hacen una propuesta de revisar para que la telefonía en México se adecue a los precios que existen en Europa o en Estados Unidos, si nos hacen una proposición para revisar cómo apoyamos más a los ciudadanos y a los consumidores los vamos a apoyar.

Mientras nos hagan propuestas de proteger a los que más tienen, ciudadanos legisladores, les digo: apoyenlos si quieren, pero esta Cámara no está tutelando a los más desprotegidos, sino a los más poderosos, que de pilón ni impuestos pagan. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado. ¿Con qué objeto? ¿Quiere pasar a la tribuna? Adelante, diputado José Díaz.

El diputado José Antonio Díaz García: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea. Me parece que es muy importante aclarar que el Partido Acción Nacional se ha sumado a esta propuesta que ha iniciado el diputado Eduardo Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, porque consideramos que sí tutela los derechos de los usuarios.

Y precisamente aquí venimos a velar por los intereses de todos los mexicanos, pero principalmente de los que menos tienen. De manera que esta medida "el que llama paga nacional" es una medida positiva que favorece a los que menos tienen.

De manera que nos sumamos al punto de acuerdo, considerando que la medida hace más justo el cobro, favorece la comunicación, sobre todo de aquellos que tienen planes de prepago, que son los que menos tienen; los artesanos, las amas de casa, los estudiantes. Favorece también a los que por necesidad han migrado al extranjero o dentro del país y necesitan comunicarse con sus familiares. Favorece también el desarrollo regional al hacer accesible la comunicación, para favorecer relaciones comerciales y de negocio de los pequeños comerciantes, de los artesanos.

Desgraciadamente la aplicación técnica ha sido ineficiente e inadecuada. La información y comunicación a los usuarios ha sido insuficiente. Por lo tanto, exhortamos a la Cofetel y a las empresas de telecomunicaciones que prestan el servicio, a que realicen una campaña de información y comunicación suficiente, y lleven a cabo las adecuaciones técnicas necesarias para que la medida "El que llama paga nacional", funcione eficientemente en el menor tiempo posible y así no se vulnere la comunicación de los que menos tienen. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente.

En el proceso de cabildeo para este punto de acuerdo, en nuestro grupo parlamentario evaluamos la posibilidad de apoyarlo, pero sugerimos al ponente una modificación básica. Si el interés real, verdadero, es impulsar una campaña de difusión adecuada para que los usuarios estén informados de estas modalidades de marcación y las tarifas correspondientes, obviamente que nuestro voto es a favor, en ese sentido.

Sin embargo, el punto de acuerdo tiene un señalamiento que puede ocultar en el fondo la verdadera intención de este punto de acuerdo. No compartimos —y por eso votamos en contra— porque se habla de revisar el programa denominado "El que llama paga nacional", y éste es el segundo concepto, revisar, porque el inicial en ese punto de acuerdo, era suspender.

En realidad, todo indica que este punto de acuerdo lo que persigue en el fondo es abrir la puerta trasera para algunos sectores empresariales. No es ajeno el siguiente dato: la Comisión Federal de Telecomunicaciones reporta que sólo dos empresas de telefonía local han solicitado la suspensión definitiva y otras empresas la suspensión provisional de este programa. Lo que se traduce en que las cuatro empresas de telefonía celular están advirtiendo a sus usuarios de que las llamadas provenientes de esas empresas que están bajo el proceso de una suspensión o un amparo, no se aplica dicho esquema.

Estamos hablando de las siguientes empresas: Alestra, Avantel, Maxcom y Axtel. Ellas interpusieron un juicio de nulidad en contra de la aplicación de este sistema; por lo tanto, los clientes que reciban llamadas de larga distancia desde las redes de esas empresas, sí tendrán que pagar. ¿No será que acaso este punto de acuerdo en el fondo está abriendo la puerta para que estas empresas se vean beneficiadas?

Por eso nosotros propusimos que a este punto de acuerdo se le quitara "revisar el programa denominado El que llama paga nacional". Como no se quitó este párrafo, es nuestro voto en contra.

Y más aún, debemos sospechar; porque precisamente el ponente de este punto de acuerdo —al menos la información que hay en Internet de la página del Congreso de la Unión— el ponente es vicepresidente de la Coordinación de Radio y Televisión y también vicepresidente de Multivisión. No se vale que se quieran meter por la puerta de atrás los beneficios a las grandes empresas.

Sí, una campaña de difusión; sí, que se explique a la gente las tarifas y la manera de marcación. Pero no nos quieran tomar el pelo, que abajo de eso, quieren beneficiar a los grandes empresarios. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández (desde la curul): Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: ¿Con qué objeto, diputado Eduardo Sánchez?

El diputado Eduardo Sánchez Hernández (desde la curul): Para alusiones personales, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra, diputado.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero hacerle la aclaración a mi compañero diputado de manera muy respetuosa, que nunca he sido vicepresidente de la Coordinación de Radio y Televisión; y efectivamente, hasta el 31 de agosto tuve el alto honor de ser vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la empresa Multivisión.

Lamento mucho también que encuentre usted alguna intención oculta. Desafortunadamente la buena fe parece brillar por su ausencia cuando alguien hace una propuesta por aquí. No hay ninguna cuestión oculta, señor diputado.

Es lamentable que no haya sido yo probablemente lo suficientemente explícito para explicar a usted el fondo del proyecto; y el fondo del proyecto, efectivamente, es que haya una mayor difusión, como usted lo mencionó. De manera, señor diputado, que celebro mucho que estemos de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobada. Comuníquese. Saludamos a los alumnos de la Escuela de Derecho del Complejo Educativo "Leonardo da Vinci", de Irapuato, Guanajuato. Bienvenidos.

Tiene el uso de la tribuna el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex dé mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias, señor Presidente. Quiero rogarle Presidente, que este punto sea de urgente u obvia resolución, toda vez que diputados de diferentes partidos lo signan. Los ocho partidos. Diputados de los ocho partidos firman este punto de acuerdo.

Está fundamentado básicamente en que el estado de Veracruz tiene siete mil 600 kilómetros que atraviesan su territorio de ductos de Pemex. Buscan los diputados, la inmensa mayoría de ellos veracruzanos y de otros estados, que Petróleos Mexicanos destine una partida para poderle dar el mantenimiento correspondiente.

Pemex en algunas regiones de Veracruz ha tenido graves, graves derrames de petróleo. Lo mismo ha pasado en la Huasteca, en el Totonacapa, en Tecolutla, en Pajaritos, en Coatzacoalcos, en Nanchital, en todos lados. Requerimos que los siete mil 600 kilómetros de ductos que pasan en el estado de Veracruz tengan mantenimiento.

Por otro lado, en el documento señalamos los 282 diputados que firman este documento, señalamos todos, absolutamente todos los accidente que han habido. Lo mismo en Nogales, lo mismo en Veracruz, lo mismo en Boca del Río, lo mismo en Gutiérrez Zamora. Requerimos ese mantenimiento con carácter de urgente.

Quiero destacar que el gobierno del estado de Veracruz, en voz del licenciado Fidel Herrera Beltrán, tomaron la decisión también de solicitar que el adeudo por daño ambiental pueda ser cubierto por Pemex. Por eso los diputados del Partido Verde Ecologista firmaron este documento; se sumaron a él porque les preocupa el daño ambiental y su firma razonada va en el sentido de que el daño ambiental que se está ocasionando en Veracruz cuando hay derrames pueda ser resarcido por la institución Petróleos Mexicanos.

Nos anima, compañeras y compañeros diputados, nos anima el hecho de que se exhorte a Petróleos Mexicanos, con el poder de este Congreso, de los diputados, para que se haga caso al llamado del gobernador; pero también de todos los presidentes municipales que han sufrido los derrames de petróleo.

Nos sumamos a este punto de acuerdo, compañeras y compañeros diputados, porque Veracruz —que es un gran productor de petróleo— no ha recibido el apoyo que requiere de Petróleos Mexicanos. Con la fuerza de todos los diputados y diputadas, estoy convencido de que Pemex va a voltear sus ojos a Veracruz, va a dar el mantenimiento que se requiere y hará los estudios correspondientes para el pago, si procede, del daño ambiental correspondiente.

Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, y aquí están las firmas de todos los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional; del Partido de la Revolución Democrática; del Partido Revolucionario Institucional; del Partido Verde Ecologista de México; del Partido Convergencia; del Partido del Trabajo; del Partido Nueva Alianza; del Partido Alternativa; de todos los partidos y también del señor diputado Félix Castellanos, que es diputado federal independiente. Gracias, señor Presidente. Está puesta mi solicitud de que sea de urgente u obvia resolución. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Del Río. De acuerdo a la petición del diputado Del Río, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadano diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes y es mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Fernando Moctezuma Pereda, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda: Con su permiso, diputado Presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados: El punto de acuerdo solicitado por nuestro compañero José Manuel del Río Virgen, es de mucha relevancia para quienes tenemos en nuestros estados ductos de Pemex y refinerías.

Son seis las refinerías del país, pero los ductos atraviesan muchas comunidades. Algo para considerar este punto de acuerdo: 80 por ciento de los ductos instalados en el país están fuera de norma, cumplieron su etapa de calidad y hoy este porcentaje tan alto pudiera generar nuevos siniestros en el país.

Además de ello es inconcebible que Petróleos Mexicanos y particularmente la Secretaría de Hacienda, del gasto programable estimado en el 2006, solamente para el mantenimiento destine el 3.07 por ciento del presupuesto. Solamente de esta manera se sostienen las cuatro subsidiarias de Pemex: Pemex-Refinación, Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Gas y Pemex-Petroquímica.

¿Qué pueden hacer los trabajadores de Pemex ante tan raquítico presupuesto? Hoy necesitamos los representantes populares exigir a la Secretaría de Hacienda libere en tiempo y en forma los recursos para que el mantenimiento se dé con oportunidad.

Así como los tanques de almacenamiento de gas en los domicilios de los mexicanos tienen una fecha de caducidad, quiero decirles que también así son los tanques de almacenamiento de las refinerías del país, algunas de ellas ya rebasaron los 25 años de desgaste y quiero decirles que si no se hace de inmediato una auditoria a todo este mantenimiento en general, estaremos lamentando en muy poco tiempo que alguna refinería del país pueda tener el más alto siniestro que genere decesos de muchos mexicanos.

Por eso la fracción del Partido Revolucionario Institucional se suma a este punto de acuerdo y ojalá pudiera quedar adicionado que no solamente Veracruz, sino todas las entidades que cuentan con ductos y refinerías pudieran contar con este presupuesto.

No podríamos tolerar un siniestro más y lo más importante: quienes viven en las áreas de los ductos demandan de los representantes populares su atención.

Cuando todos anduvimos en campaña, queríamos ser escuchados. Estas personas están siendo escuchadas.

Yo les pido a todos pudieran sumarse a ese punto de acuerdo y que se hicieran las revisiones urgentes para evitar en muy corto plazo, lamentablemente, la ruptura de ductos e inclusive el estallamiento de algunas refinerías.

Estamos en apoyo a este punto de acuerdo, ojalá escuchemos a la gente, ojalá hoy no nos distraigamos un momento más, cuando andamos en campaña sí les pedimos a todos que nos escuchen, hoy escuchen esta petición que es de muchos mexicanos. Hoy escuchen esta petición de los familiares de la gente que ha muerto y que quieren hablar por ellos.

Yo les pido su absoluto respeto al mantenimiento de las plantas, sólo 3.07 por ciento del presupuesto destinado a Pemex se destina a mantenimiento, ojalá lo tengan muy presente y sean respetuosos con el pueblo mexicano en votar por destinar estos recursos. Es cuanto diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Moctezuma. Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del grupo parlamentario del Verde Ecologista. Sonido a la curul de la diputada Soledad López. Dígame, diputada.

La diputada Soledad López Torres (desde la curul): Si, señor Presidente, para sumarme al punto de acuerdo que presentó el compañero diputado José Manuel del Río Virgen, ya que yo pertenezco al estado de Guanajuato y tenemos la refinería "Ingeniero Antonio M. Amores", de Salamanca, Guanajuato, y es nulo el mantenimiento que hay en las plantas de la refinería. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada. Adelante diputado Sergio Augusto López Ramírez.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Gracias, con la venia Presidente. Compañeros colegisladores, compañeras colegisladoras. En esta ocasión hago uso de la palabra para manifestar el apoyo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México al punto de acuerdo que presente el diputado José Manuel del Río Virgen, mediante el cual se exhorta al gobierno federal y a Pemex a dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz y a liquidar sus compromisos ambientales en dicha entidad.

Es de resaltar la preocupación que existe con respecto al estado que guardan sus instalaciones, sus buques-tanques de Petróleos Mexicanos así como las condiciones de los trabajadores, como lo han evidenciado los diferentes accidentes que en los últimos años se han presentado, con los consecuentes impactos ambientales sobre los ecosistemas y recursos naturales.

La proposición con punto de acuerdo busca cuidar el medio ambiente de las afectaciones que han causado sobre los ecosistemas y recursos naturales del estado de Veracruz, la explotación de hidrocarburos en la entidad, mismos que han contribuido al desarrollo nacional, aunado a la explotación de los hidrocarburos no debe dejarse de lado los accidentes relacionados con derrames petroleros, fracturas en los oleoductos y explosiones registradas en las instalaciones de Pemex.

Es por ello que el Partido Verde Ecologista de México se suma a la petición hecha en el sentido de que la paraestatal asuma su responsabilidad en materia ambiental y que asuma el compromiso de restaurar el daño ecológico que ha causado y prevenga el que pudiera derivarse de todas y cada una de sus actividades.

Cabe recordar que en materia ambiental el que contamine está obligado a reparar las afectaciones que causa sobre el medio ambiente y a cada uno de los recursos naturales. Es así como nos congratulamos de la presentación del punto de acuerdo, ya que asumir nuestro compromiso con el medio ambiente constituye una de las principales tareas que debemos cumplir como ciudadanos y como legisladores, toda vez que del cuidado y aprovechamiento sustentables de nuestra riqueza natural pende nuestra supervivencia y desarrollo.

Consideramos básico apoyar el punto de acuerdo presentado por nuestro compañero y aprovechamos la oportunidad para instar a todos nuestros compañeros legisladores de las ocho fracciones, a no permanecer impávidos ante una problemática que nos afecta de manera directa y que es nuestra obligación impedirlo, por ello, votaremos a favor del mismo.

No se nos olvide cualquier acción que contribuya a asegurar el cuidado del medio ambiente actúa en realidad como un seguro de vida comunitario. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado López Ramírez. Tiene la palabra el diputado Agustín Mollinedo Hernández, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Agustín Mollinedo Hernández: Con su permiso, señor Presidente. Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a sumarme a este punto de acuerdo propuesto por mi compañero diputado del estado de Veracruz, Manuel del Rió Virgen. Ya que consideramos que su propuesta es de interés nacional y coincide sustancialmente con la visión de nuestro Partido Acción Nacional, que impulsa un ambiente limpio y transparente. Por eso este asunto es vital para todos los mexicanos y nos preocupa.

Quiero señalar por ello que nuestro partido ha impulsado siempre y dentro de su plataforma de protección al medio ambiente, el fortalecimiento y la transparencia de las exportaciones de la paraestatal —como lo es Petróleos Mexicanos— ya que independientemente de los lamentables accidentes que ha padecido la población veracruzana y la mayor parte del territorio mexicano. La paraestatal, dentro de sus capacidades técnicas y financieras, ha cumplido con el profesionalismo y responsabilidad ante estos siniestros expuestos por el compañero convergente.

Por ello, compañeros y compañeras diputados, exhorto a sumarse a este punto de acuerdo, para que se exhorte al Gobierno federal y también a Pemex, para dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz y en el territorio nacional, para que se liquiden sus compromisos ambientales en estos daños; pero además quiero exponer:

1. Que se autorice el mantenimiento propuesto, pero que éste esté soportado presupuestalmente por un programa técnico financiero que permita a la paraestatal, poder solventar los gastos referentes.

Que es impostergable asimismo se integre estratégicamente la política energética, exploración, explotación; pasando irremisiblemente por la administración de Pemex.

De lo que se trata es que de una vez por todas se dé mantenimiento a los siete mil 600 kilómetros de ductos que pasan y atraviesan la entidad veracruzana, pero también a los ductos en todo el territorio nacional, que están catalogados por la misma paraestatal, como ductos que requieren un mantenimiento. Con ello queremos apoyar a trabajadores, a la paraestatal, a las subsidiarias, pero también a todo el pueblo mexicano.

Quiero precisar ante este pleno también que los lamentables accidentes en territorio veracruzano y nacional no han sido producto de la falta de profesionalismo o responsabilidad técnica, ya que Pemex siempre ha tenido una relación clara y transparente; además de ser una empresa orgullosamente mexicana. Lamentablemente, lamentablemente estamos conscientes que sí se requiere un mantenimiento urgente.

Éste es el momento, compañeros diputados, para exhortarlos a que sumemos esfuerzos con espíritu republicano y apoyemos este punto de acuerdo. Mi propuesta, amigos diputados, la concluyo manifestándoles que nuestro acuerdo parlamentario sea a favor de Veracruz, de Pemex y de todo México. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mollinedo. Tiene la palabra el diputado Celso David Pulido Santiago, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Celso David Pulido Santiago: Con su permiso, señor Presidente. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos sumamos en toda la totalidad de este punto de acuerdo y como legislador veracruzano sé que Pemex es el pilar de la economía de nuestro país, pero también es una de las ramas de donde más exprimimos para nuestro presupuesto.

Queremos decir que Pemex debe de cumplir donde pasan sus ductos con los municipios; afectan también a los ecosistemas, tiene impactos ambientales en ríos y en muchas cosas del mar también.

Necesitamos que Pemex se actualice, darle mantenimiento a sus refinerías, por eso creo que es una forma viable y siempre que sea algo a favor del pueblo y el bienestar de todos los mexicanos y en este momento de los pobladores del estado de Veracruz, nos sumamos en los términos que ha presentado el diputado José Manuel del Río Virgen. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pulido. Tiene la palabra el diputado Joaquín Vela, del grupo parlamentario del PT.

El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señor Presidente. Compañeras legisladoras, compañeros.

Como Partido del Trabajo venimos a sumarnos al punto de acuerdo que propone nuestro compañero José Manuel de Río Virgen, de Convergencia, por una razón básica y fundamental: México tiene características naturales para poder tener en el costo de extracción del petróleo un precio adecuado, que nos permite año con año —hasta ahora afortunadamente— tener un excedente petrolero.

Ese excedente petrolero en términos estrictos se debe denominar renta energética o renta petrolera, que es el diferencial entre el costo de extracción y a cómo se vende en el mercado mundial cada uno de los barriles de petróleo.

Ese excedente tiene que ser una parte importante destinada al mantenimiento de las instalaciones, porque si no se hace eso —como ha venido pasando— las instalaciones van a sufrir un deterioro y va a traer efectos tanto para la población —como señala el punto de acuerdo— como también para la viabilidad de la empresa en el futuro.

Es fundamental que esta Cámara de Diputados, entre sus puntos centrales de debate, sea discutir qué se debe hacer con ese excedente petrolero y una de ésas sin duda es apoyar el mantenimiento para que nuestra población no corra ningún peligro. En función de eso venimos a sumarnos a este punto de acuerdo. Gracias. Muy amables.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vela. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Consulte ahora si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.

Tiene la palabra la diputada Dolores De María Manuell-Gómez Angulo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo a fin de que se investigue el mal funcionamiento de los medidores de luz en el municipio de Mexicali, Baja California.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: Con su venia, señor Presidente. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado de la administración pública federal que tiene como objeto la planeación del sistema eléctrico nacional y, entre sus funciones están las de generar, conducir, transformar, distribuir y la venta de energía eléctrica, teniendo como obligación cumplir con lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás ordenamientos aplicables.

Con fundamento en lo anterior, es importante destacar que la Comisión Federal de Electricidad comprendida en la zona de Baja California y parcial de Sonora, emplea medidores de luz que no cumplen con los estándares de calidad indicados en la Norma Oficial Mexicana que al respecto se publicó en el Diario Oficial y por lo tanto se está faltando a lo dispuesto en la normatividad.

Los problemas que enfrentan estos medidores se deben a las condiciones meteorológicas de esta zona causadas por las altas temperaturas, provocando que estos instrumentos de medición no cuenten con las características adecuadas y, por consiguiente fallen en su funcionamiento; disparándose con ello las mediciones y los costos, con la respectiva afectación a los consumidores domésticos y de comercios.

Tras un estudio detallado a estos aparatos se puede desprender que los mismos presentan diversas irregularidades o deficiencias. Como primer punto, podemos indicar que las especificaciones de los medidores no están diseñadas para operar correctamente por encima de los 40 grados centígrados, por lo que al menos cuatro meses del año se encuentran fuera del rango.

Para un correcto funcionamiento, los medidores deberían enfrentarse a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados, ya que en el interior del medidor ésta se incrementa en un 25 por ciento respecto a la temperatura ambiente, lo cual está afectando a miles de consumidores en el municipio de Mexicali y algunos municipios fronterizos del estado de Sonora.

Asimismo, los medidores no cuentan con la leyenda de la Norma Oficial Mexicana, cuestión que ya de por sí es una falta a la misma.

También es pertinente indicar que la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de tener obligación de adquirir este tipo de equipos mediante licitación pública, es de extrañar o cuando menos requiere claridad en su contratación puesto que todos los medidores pertenecen a una sola marca comercial a la que parece dar preferencia.

De igual manera podemos señalar también la deficiencia en la toma de lecturas. Según lo indica la propia Comisión Federal de Electricidad, el estándar de lecturas debe de ser de mil lecturas por operador en turno, lo que equivaldría a tomar una lectura cada 17 segundos, cuestión que de por sí es imposible.

En suma, podemos indicar que ya han sido levantadas varias voces señalando estas irregularidades durante muchísimos años, entre las que se encuentran sociedad civil, distintas organizaciones sociales, la Cámara de Comercio de Mexicali, así como su servidora, quienes hemos señalado que es indispensable que la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Federal de Electricidad investiguen estas inconsistencias en el cumplimiento de la ley.

Es importante transparentar y responder a los usuarios y consumidores sobre esta situación. Por eso vinimos a esta alta tribuna, en vista de que no hemos recibido atención y una respuesta clara por parte de la Comisión Federal de Electricidad en la zona correspondiente a Baja California y parcial de Sonora.

La situación no es menor, pues las situaciones a las que se enfrentan los mexicalenses por las altas temperaturas se relacionan íntimamente con el empleo de la energía eléctrica y por ello contar con los instrumentos adecuados para enfrentar estas características climatológicas es indispensable y que tengan un buen funcionamiento.

Por ello, con fundamento en lo anterior es que vinimos a solicitar que las inquietudes de los pobladores de Mexicali, que durante décadas han hecho sentir en las diferentes Legislaturas, sean atendidas y, en su caso, se deslinden responsabilidades.

Por todo lo anterior expuesto, someto a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que investigue acuciosamente las faltas en que la Comisión Federal de Electricidad hubiera podido incurrir por incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad en los medidores de luz en el municipio de Mexicali y San Luis Río Colorado.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que envíe a esta Honorable Cámara de Diputados un informe detallado del resultado de la investigación.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para, que con estricto apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, se inicien las acciones correspondientes para llevar a cabo las visitas de verificación necesarias respecto al mal funcionamiento en los medidores de luz y el cobro excesivo de luz, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad, del municipio de Mexicali.

Es cuanto, señor Presidente. Le pido que sea insertado en el Diario de los Debates tal como fue expuesto por su servidora en esta tribuna.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Manuell. Sonido a la curul del diputado Moisés Dagdug.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (desde la curul): Sí, señor Presidente, para adherirme al punto de acuerdo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo. Y para pedir que no sólo se circunscriba a Mexicali, sino que se agregue también todo el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco padecemos y sufrimos de estas ineficiencias por parte de la Comisión Federal de Electricidad, con respecto a los medidores. Le pido atentamente, señor Presidente, que se agregue también todo el estado de Tabasco. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Diputado Dagdug. Se toma nota y se turna a la Comisión de Energía. Sonido a la curul de la diputada Maciel Ortiz.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz (desde la curul): Presidente, para sumarnos de manera íntegra al punto de acuerdo que está proponiendo la diputada Dolores de María Manuell. Es un grave problema para los mexicalenses que sufren año con año los problemas sobre las tarifas eléctricas.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Mercedez Maciel. Sonido a la curul de la diputada Layda Sansores y también del diputado Ramos.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Con la petición, señor Presidente, de que en la propuesta sea incluido Campeche.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Sansores. Sonido a la curul del diputado Ramos.

El diputado Martín Ramos Castellanos (desde la curul): Gracias Presidente. De igual manera, creo que esta problemática de Comisión Federal de Electricidad, nosotros también nos anexaríamos a la propuesta de la compañera diputada ponente y que se agregara el estado de Chiapas, pero estamos seguros que esa problemática la tenemos en todo el país. Aquí la propuesta nuestra sería que el exhorto fuera para que se cubriera toda la República Mexicana. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese esta parte de la versión estenográfica a la Comisión, porque el punto de acuerdo es de manera específica para una región y, tal como lo han solicitado los demás diputados, que se turne también la versión estenográfica de sus propuestas.

Sonido a la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (desde la curul): También al estado de Tamaulipas. Y creo que es una petición por parte de todas las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, del PRD y del propio Partido Acción Nacional. Nos sumamos a esto también.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Sonido a la curul del diputado Juan Victoria Alva.

El diputado Juan Victoria Alva (desde la curul): Señor Presidente, también me uno a esta iniciativa de mi compañera del Partido Acción Nacional, no solamente para pedirle a la Comisión Federal de Electricidad, sino a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que es la que más nos ha hecho daño, sobre todo en el Estado de México.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Túrnense todas las intervenciones a la Comisión y les pido que siendo plural la Comisión, evidentemente cuando discutan el dictamen, podrán hacerle todos los agregados que quieran dentro de la Comisión. Gracias.

Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Procuraduría General de la República informe el resultado de las investigaciones respecto de la denuncia presentada por diputados de la LIX Legislatura.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente. En la prensa escrita trascendió la noticia de que la oficina del Ejecutivo federal prepara un decreto presidencial que establece el retiro de una parte sustancial de la sede de la Universidad Claustro de Sor Juana, Asociación Civil, con el objeto de cumplir una exigencia a la Iglesia Católica, consistente en regresarle el ex Templo de San Jerónimo y la Casa Cural.

Afortunadamente este agravio al Estado mexicano no se ha consumado y a pesar de las declaraciones de varios funcionarios, aún no se cuenta con ninguna garantía de parte del gobierno federal de que no se intentará firmar el mencionado decreto presidencial y así consumar esta infamia.

Utilizo este término porque me preocupa la manera en que desde el poder presidencial se puede destruir, de un plumazo, el esfuerzo que durante décadas ha permitido consolidar un proyecto educativo y cultural, como acertadamente lo han reivindicado cientos de escritores, creadores, investigadores y un conjunto amplio de personalidades de la cultura nacional que suscribieron el desplegado titulado "Reconocimiento a la Universidad del Claustro de Sor Juana", mismo que fue publicado en la prensa escrita.

Si ya es preocupante la sola intención de desaparecer una institución educativa con un gran proyecto cultural, además se conocen versiones también publicadas por la prensa, de que tres inmuebles más estarán en espera del decreto presidencial correspondiente, para que de manera directa o enmascarada, se concedan éstos a la Iglesia Católica.

Este tipo de acciones ilegales han representado gran parte de los diferendos y conflictos del Poder Legislativo con el gobierno expirante del Presidente Vicente Fox. Baste recordar a esta soberanía que el comodato otorgado a una asociación civil con estrechos vínculos a la misma Iglesia Católica del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri, provocó que el PRD y el PRI en la LIX Legislatura, en particular la entonces senadora Dulce María Sauri y el grupo parlamentario de mi partido, denunciaran la ilegalidad del comodato por el que se cedió este inmueble.

Adicionalmente a lo expuesto, en su última comparecencia ante esta soberanía el día 30 de octubre del año en curso, el Secretario de Educación Pública defendió el comodato del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri; ante el cuestionamiento directo, justificaba tal proceso afirmando que no se había otorgado al clero tal comodato, sino a la Asociación Civil Manuel Tousand, sólo que omitió —el señor secretario— que la citada Asociación Civil es presidida por el Cardenal Rivera y que tiene registrado por domicilio el mismo del Episcopado Mexicano.

Es inconcebible que se llegue al poder por la vía de procesos democráticos para socavar sus instituciones y la consolidación de la democracia misma va contra la naturaleza de esta misma Cámara, que se permita la vulneración del estado laico.

Es imperdonable para nosotros permitir que se revierta un proceso histórico que ha costado tantas vidas de mexicanos. Es impensable que esta institución democrática acepte que se pervierten las instituciones políticas al ponerse al servicio de un credo religioso.

En suma, por todo lo anterior, conmino a esta soberanía a pronunciarnos a favor de esta propuesta al tenor de los siguientes puntos:

Uno. Pedimos que la Procuraduría General de la República informe acerca del resultado de sus investigaciones sobre la denuncia presentada por el otorgamiento del comodato del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri.

Dos. Exhortamos a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, que investigue la existencia de procesos de concesión o comodato de más inmuebles históricos, artísticos o arqueológicos.

Tres. Exhortamos respetuosamente al Presidente Vicente Fox Quesada a respetar el espíritu laico que rige nuestra Carta Magna; a revocar el comodato del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri; a impedir cualquier otra concesión de esta naturaleza como sería la firma de decretos a favor del clero sobre la Capilla de Santa Teresa y los ex conventos de San Antonio Abad y de Montserrat, y a respetar el histórico uso y destino como centro de educación y de cultura del Claustro de Sor Juana.

Firman esta propuesta de punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, el suscrito, el diputado Emilio Ulloa Pérez, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla y el diputado Miguel Ángel Solares Chávez. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, no hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame diputado Fernel Gálvez, sonido en su curul, por favor.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): Sí, diputado. Para pedirle aquí a la compañera. Yo creo que tenemos que ser con la visibilidad importante y que seamos totalmente imparciales en este sentido y que tomemos en consideración esta situación de la votación de los compañeros en ese sentido, de que fuera aprobado de urgente u obvia resolución.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de dos terceras partes, diputado. La Secretaria ha dado certificado que no están las dos terceras partes. Sonido a la curul del diputado Aguilera.

El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): Señor Presidente. Quisiera solicitarle, ya que siempre ha sucedido en estos casos, que se pudiera abrir por tres minutos el sistema electrónico y decidir en las dos terceras partes ante la duda. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para que no exista duda, ábrase hasta por tres… El diputado Muñoz Serrano, sonido a su curul.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Creo que se trata de un asunto de interés de todos, por eso los diputados del PAN estamos pidiendo que pase a Comisión para que sea revisado debidamente y podamos emitir un voto con suma responsabilidad ya que se trata de dos instituciones muy importantes y creo que vale la pena revisar el tema. Además está siendo revisado por la Procuraduría y me parece que vale la pena que lo podamos revisar con sumo cuidado. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado. Para que no haya ninguna duda, ábrase el sistema hasta por tres minutos.

(Votación)

Faltan 45 segundos para concluir la votación. Se les recuerda que no se admitirá ningún voto después del cierre del sistema de votación.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Ciérrese el sistema electrónico. Señor Presidente, se emitieron 201 votos en pro, 167 en contra, 3 abstenciones. No hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Justicia.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Quisiera que pudiese usted valorar la posibilidad de turnarla también a la Comisión de Cultura, toda vez que se trata de patrimonio cultural.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Cultura.

Esta Presidencia recibió de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables.

También se recibió de la diputada Nohelia Ibarra Franquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

También se recibió excitativa del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario de Acción Nacional, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Otra excitativa de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones antes señaladas para que emitan el dictamen correspondiente.

Tiene la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo a que en el Presupuesto del 2007 incremente recursos a la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, me da mucho gusto que tengamos quórum.

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 estableció que la educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos, para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y tecnologías y para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento.

La educación superior en nuestro país enfrenta graves rezagos y serios retos debido en parte a las difíciles circunstancias económicas que enfrenta nuestro país y a la falta de recursos necesarios para su desarrollo y expansión.

Uno de los aspectos que se tienen que atender es el del financiamiento. Nuestro país ha encomendado y sido objeto de externas evaluaciones de un sistema de educación superior por diversos organismos internacionales como el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación, el CIDE, el Banco Mundial o los solicitados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE; mientras instituciones como el Banco Mundial en 1995 recomendaban la privatización de las universidades, la CEPAL, y la UNESCO proponen el desarrollo e implementación de políticas educativas que incorporen los requerimientos del crecimiento económico y de la equidad social, desde la óptica del desarrollo humano sostenido, señalando la obligación del Estado de fortalecer la educación pública.

Con la posición asumida por la UNESCO, queda clara la función social de la educación y la obligación del Estado. El Estado debe considerar la inversión en la educación como una inversión social a mediano plazo y exhortar a los países en desarrollo, como el nuestro, a reforzar el financiamiento para permitir el crecimiento de su matrícula.

La Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, como muchas otras universidades estatales, atraviesa por una crisis financiera a partir del abandono a la que le han sometido los gobiernos federal y estatal, en distintas y reiteradas ocasiones las universidades no han recibido ningún presupuesto adecuado y las autoridades, en especial de la UABJ, han solicitado a las autoridades correspondientes un incremento presupuestal a los recursos otorgados que durante el año de 2006 ascienden a 501 millones de pesos, lo que representa un costo total promedio por alumno de 14 mil 601 pesos, muy por debajo del promedio nacional que según datos de la ANUIES es de aproximadamente 34 mil 20 pesos.

El costo actual por alumno en el 2006 que tiene presupuestada la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, es del orden de 14 mil 601 pesos, mismos que constituye la cifra más baja presupuestalmente hablando a nivel nacional y es que la crisis política, social y económica que enfrenta el estado de Oaxaca obliga a la Federación y a esta representación nacional, a ustedes, señores diputados, que voy a esperar me pongan un poco de atención, porque veo, bueno, casi todos están platicando…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame diputado. Solicito respeto al orador y pongan atención a sus palabras. Adelante, diputado.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Muchas gracias, señor Presidente. El costo anual por alumno en el 2006 que tiene presupuestada la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, es del orden de 14 mil 601 pesos, misma que constituye la cifra más baja presupuestalmente hablando a nivel nacional, y que la crisis política, social y económica que enfrenta el estado de Oaxaca, obliga a la Federación y a esta representación nacional —espero muy bien representada— a mirar hacia el desarrollo de nuestra entidad.

Yo les pediría y les pido a todos mis compañeros diputados atender esta petición, porque nuestra Universidad, la Benito Juárez, ya no puede seguir en el abandono.

Por todo lo anterior se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fin de que en la integración del presupuesto destinado a las universidades públicas del país para el Presupuesto de Egresos del 2007 se establezca que el presupuesto destinado a la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, se haga sobre la base del costo promedio anual por alumno que reporta a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Superiores (ANUIES), que asciende a 34 mil 20 pesos.

Segundo. Se solicita a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública a revisar de manera detallada el presupuesto destinado a las universidades de educación superior de nuestro país para el Presupuesto de Egresos del 2007, para que en el marco de sus atribuciones asignen el presupuesto que demanda la Universidad Autónoma Benito Juárez , de Oaxaca.

Por su atención, muchas gracias, y créanme que les agradezco su atención. Tengan ustedes muy buena tarde.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Varela. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría. A ver, diputado Varela, ¿la solicitud es de urgente resolución? Consulte la Secretaría si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa y es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Ha pedido la palabra el diputado Antonio Vega Corona, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Antonio Vega Corona: Con su permiso, señor Presidente. Por mi conducto, el grupo parlamentario de Acción Nacional apoya la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para el incremento del monto de recursos destinados a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. Y consideramos además a las demás universidades públicas para que entren dentro de estos aumentos en el presupuesto.

Las consideraciones expuestas en relación con las políticas y recomendaciones de los organismos internacionales a favor de implementar políticas educativas que promuevan la equidad social y el desarrollo humano sostenido son por sí mismas fundamento suficiente para que se atienda a esta proposición.

Es cierto que nuestro país en su condición emergente, de emergente económico, debe considerar como prioritario el incremento en la asignación presupuestal para inversión en la educación pública. La situación de crisis financiera, no es con seguridad exclusiva de esta universidad.

El incremento al presupuesto es urgente, sin embargo, no debemos pasar por alto algunas cuestiones, pues no basta asignar recursos frescos. Sí se hace necesaria una profunda reforma de la forma de organización de las universidades públicas.

La historia y los datos duros sobre las formas de operar de las universidades nos muestran claramente que toda institución que no posea y dé seguimiento a un plan de crecimiento y desarrollo, que tenga como base la modernización y optimización de su estructura administrativa estará destina a vivir en la eterna crisis.

Tenemos casos en que los montos derivados de los costos fijos son mayores que los aplicados al desarrollo e incremento del patrimonio de las universidades. Un país con grandes problemas, debe proponer grandes soluciones y hoy es posible llevar educación a más personas, sin que ello demerite la calidad educativa. Como ejemplo tenemos algunas universidades de este país.

Es tarea de este Honorable Congreso no sólo asignar los recursos públicos, es también su responsabilidad vigilar que se apliquen con oportunidad y pertinencia. Para ello debe existir un proyecto que permita asegurar que la asignación financiera cumplirá con su cometido.

Manifestamos pues nuestro apoyo total al incremento de la asignación presupuestal de la educación superior. Pero también nos pronunciamos como grupo parlamentario por asegurar que este dinero que es de propiedad pública se aplique en forma adecuada y que para ello se establezca un ágil mecanismo de ejercicio. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Vega. Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola, del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está totalmente de acuerdo con este punto, que es de suma importancia para la vida académica de las universidades.

Yo sí les pediría a las compañeras y compañeros diputados, y en especial a nuestro Presidente de la Mesa, de que este punto, más otros más que hemos tratado, que ya son como cuatro puntos relacionados con este tema, sean realmente ejecutados, que sean instrumentados. A veces creo que estos puntos de acuerdo son como llamadas a misa, no hay la atención suficiente.

Más de la mitad de las universidades de nuestro país en este momento tienen problemas financieros fuertes, no van a poder cubrir sus necesidades financieras de fin de año.

Si no atendemos esto de manera inmediata, así como se hizo un punto de acuerdo donde se proponía que de inmediato se reunieran varios rectores con el secretario de Hacienda y a la fecha no ha habido solución a ese problema.

Yo les puedo poner un ejemplo. La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene ahorita un problema muy grave, se acerca diciembre y no hay capacidad financiera para resolver las contingencias que se tienen para ese mes. Y así están la mayoría de las universidades.

De ahí la solicitud —de nuevo, señor Presidente— para que este punto de acuerdo, junto con los demás que se han acumulado respecto al problema de las universidades se pueda atender de inmediato y así podamos ver una solución por lo menos para que de aquí a diciembre todo el problema financiero pueda salir adelante. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del grupo parlamentario del PRI. Sonido a la curul del diputado Camerino Márquez, del PRD.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid (desde la curul): Para sumarme al punto de acuerdo y también reiterar que hay un punto de acuerdo para que reciban al rector de la Universidad de Zacatecas, de Sinaloa y Guerrero, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública.

Solicito a la Presidencia de esta Mesa Directiva requiera en lo inmediato la cita acordada, porque han transcurrido ya prácticamente dos meses y no se ha concretizado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Permítame diputada. También sonido a la curul del diputado José Guillermo Fuentes Ortiz, del PAN:

El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz (desde la curul): Con su permiso, señor Presidente. Quiero poner también a la consideración de la honorable Asamblea que también sea anexado en esta petición mayores recursos al campus universitario de Geohidráulica, en la ciudad de Teziutlán, Puebla y también al Instituto Politécnico Nacional.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Adelante, diputada Patricia Villanueva.

La diputada Patricia Villanueva Abraján: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Los diputados del estado de Oaxaca del Partido Revolucionario Institucional con el respaldo de nuestra fracción, apoyamos este punto de acuerdo para mayor presupuesto para la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca.

El destino de nuestros pueblos está en la educación, sin educación no tenemos rumbo ni tampoco proyecto de futuro. Es importante poder incrementar el presupuesto para las universidades de los estados del sur-sureste, que son los que tienen el mayor rezago no solamente para abrir la currícula educativa y poderla perfeccionar a través de sus docentes, sino también para poder albergar al mayor número de las y los adolescentes y de nuestros jóvenes en adultez que puedan ingresar para poder cursar la educación superior.

Es importantísimo no solamente retomar todos los puntos de acuerdo que han sido sometidos a la consideración de esta honorable Asamblea de otros estados. Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán viven severas condiciones económicas en sus universidades.

Apoyemos este proyecto. Esta honorable Asamblea tiene la facultad suficiente para poderlo impulsar en el Presupuesto de 2007 y también —como lo dijera acertadamente el compañero diputado de la fracción parlamentaria del PRD— convocar a los rectores para poder hacer una verdadera planeación y con ello mayor presupuesto en bien de nuestros jóvenes mexicanos. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Villanueva. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo, del grupo parlamentario del PRD y mientras, sonido a la curul.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Señor Presidente. Yo creo que todos los que somos parte de los estados somos coincidentes en la necesidad que hay de que todas las universidades del país sean apoyadas.

En reiteradas ocasiones ha habido algunos puntos de acuerdo tendientes en lo particular a las universidades de algunos estados. Yo hablo por la Universidad Juárez del estado de Durango, que está en las mismas circunstancias.

Solicito que ojalá a este punto de acuerdo se le pueda agregar que sea genérico, que sea para todas las universidades del país y que se pase la versión estenográfica a la comisión correspondiente. Muchas gracias

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Escajeda. Permítame, diputado Bravo. Sonido a la curul del diputado Sergio Hernández.

El diputado Sergio Hernández Hernández (desde la curul): Señor Presidente. Es innegable que si preguntáramos a cada uno de los diputados que estamos aquí, todos vamos a pedir por las universidades de nuestros estados.

Es importante que no lo pasemos por alto y ojalá todos, en el momento en que tengamos que votarlo asumamos nuestro papel como diputados federales. La Constitución, nuestra Constitución, en el artículo 74, fracción IV es muy precisa.; es nuestra facultad, cuando tengamos que examinar el proyecto de presupuesto para analizar o reformar, en su caso, dicho presupuesto.

Es ahí donde todos tenemos que asumir nuestro papel porque de esta manera nos pasaríamos toda la tarde para sumarnos a este punto de acuerdo. Yo creo que nadie estaría en contra de asignar más recursos a cada una de las universidades de nuestro país. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Por último, sonido a la curul del diputado Leobardo Curiel, del PAN.

El diputado Leobardo Curiel Preciado (desde la curul): Nada más para decirles que todas las universidades ocupan dinero de la Federación. Necesitamos que en la medida de las posibilidades se les reintegre a todas ese servicio.

Yo, por mi parte pido para Puerto Vallarta, el campus de la Universidad de Guadalajara, que le den porque hay en Pino Suárez, en Tomatlán muchas instituciones que necesitan ese servicio.

Me uno al esfuerzo y a la opinión de los compañeros diputados y que le echemos para adelante para que haya lana para que se hagan las universidades donde haya necesidad. Es todo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Diputado Tonatiuh Bravo, adelante.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, Presidente. Efectivamente, como aquí ha sido comentado, yo quisiera referirme a tres puntos muy concretos.

El primero de ellos es que la Comisión de Educación ha turnado a todos sus integrantes los puntos de acuerdo que han sido planteados aquí por ustedes en torno a las distintas universidades. Pero no sólo eso.

Ya se ha tenido la oportunidad de plantear directamente a la Secretaría de Educación Pública los temas de cada una de estas universidades y, además de ello, ustedes recordarán que en la comparecencia del secretario de Hacienda se solicitó en una de las intervenciones que se destrabaran recursos por 549 millones de pesos que estaban presupuestados en el Anexo 19 C y que estaban asignados al modelo adicional, al subsidio federal ordinario acordado por la fórmula del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines.

Me ha sido comunicado por parte del secretario de Educación Pública que ya está siendo comunicada a cada una de las universidades la asignación de estos 549 millones de pesos, pero que evidentemente, al ser más de 35, 36 instituciones estatales y al asignarse por el porcentaje de alumnos, de acuerdo a la fórmula y de acuerdo a programas acreditados y otros indicadores son insuficientes para dar la respuesta que las universidades están requiriendo.

Por otro lado, hay que recordar que el año pasado bajó la asignación a educación superior a .67 por ciento del producto interno bruto, cuando en el año antepasado había ocupado un porcentaje superior al .75 por ciento. De esta manera es imposible que pueda el recurso ser suficiente para atender a las universidades públicas. De tal manera que no solamente nos sumamos y hacemos nuestro el punto planteado aquí por el diputado de Convergencia, sino además hacemos eco de las necesidades planteadas por todos los rectores de las universidades públicas y en particular por algunas de ellas, que están sufriendo una crisis por el cierre presupuestal del año.

Y además de ello, adelantamos nosotros que en los acuerdos subsiguientes que esta Comisión tenga a bien tener a través de su mesa directiva con la Secretaría de Educación Pública, insistirá en los temas que aquí han sido tocados, para que cada uno de ellos pueda tener una resolución específica.

Pero el problema de fondo ha sido planteado aquí por el diputado Sergio Hernández, en el sentido de que al concretarse la aprobación del Presupuesto 2007, todos nosotros tenemos que sumarnos para convertir a la educación en una prioridad del Presupuesto 2007, una prioridad que no solamente vele por mayores recursos, sino también por su ejercicio transparente y por el compromiso con la calidad de los servicios que las instituciones que los reciben pueden proporcionar a la población.

De tal manera que, en mi carácter de presidente de la Comisión de Educación, simplemente les señalo a todos ustedes que en breve tendrán la dictaminación de estos puntos de acuerdo y que paralelo a ello tendrán el seguimiento de la gestión puntual de todo lo que ustedes han estado planteando aquí en forma expedita. Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Bravo. Sonido a la curul del diputado Juan Victoria. Adelante diputado.

El diputado Juan Victoria Alva (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Me congratula que todos los diputados aquí en la Cámara estemos preocupados por la educación, en especial la de las universidades de todo el país. Pero también solicitaría, señor Presidente, y a todos los diputados, que también tomemos en cuenta a todos los institutos tecnológicos del país, que realmente por ahí no los estamos tomando en cuenta. Y eso, señor Presidente, que quede en la versión estenográfica, porque queremos hacer énfasis en este aspecto educativo y en especial el Instituto Tecnológico de Toluca, ya que soy diputado por el Estado de México y del distrito 40.

También quería agregar que no nada más estas universidades y tecnológicos, sino los CBTIS y en especial las secundarias, señor Presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Victoria. Esta Presidencia remitirá la transcripción de estas peticiones, pero les recuerdo que cuando se quiere agregar al punto de acuerdo, deben presentarse por escrito.

Sonido a la curul de la diputada Dolores Manuell.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Sí, señor Presidente, aunque aquí en este punto de acuerdo se ha hablado de dar mayor presupuesto a todas las universidades, yo sí quiero dejar asentado que la Universidad de Baja California necesita también recursos. Es un estado, Baja California, receptor de miles de mexicanos que diario que van a radicar a este estado. Y también a los institutos tecnológicos del estado. Está calificada la Universidad Autónoma de Baja California como una de las mejores universidades que tiene el país. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada. Sonido a la curul del diputado Joaquín de los Santos, del PRD.

El diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina (desde la curul): Señor Presidente, a nombre de los diputados del estado de Oaxaca, también me sumo a esta propuesta. Y quisiera pedirle al diputado Varela que nos permita firmarla.

Si bien es cierto que en la mayor parte de las universidades públicas se necesitan recursos, creo que no podemos comparar a una universidad del norte del país con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hay un rezago histórico y creo que todos estamos de acuerdo que la Federación tiene una deuda con nosotros.

Por la situación en la que está atravesando nuestro estado es importante atenderla, ya que las cifras que está manejando el diputado Varela creo que son reales y en este momento no podemos negarle a Oaxaca un apoyo económico, sobre todo en el sector educativo, ya que de ahí dependen estudiantes de muy, muy bajos recursos, que viajan desde la sierra de pueblos de alta marginación y sí es importante reactivarla, sobre todo por la situación por la que estamos atravesando.

Yo le solicitaría que el punto, si bien es cierto tiene mucho para dar, que quede para que esta solicitud sea atendida de manera urgente como fue aprobada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado De los Santos. Sonido a la curul del diputado José Luis Aguilera, de Convergencia.

El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): Para solicitarle, señor Presidente, que se pudiera ya votar el punto de acuerdo del diputado José Luis Varela debido a que si tenemos la intención todos y cada uno de los diputados de apoyar a nuestros estados y en específico universidades, hiciéramos el mismo procedimiento que hizo el diputado Varela, de presentar un punto de acuerdo. Entonces, solamente pediría que ya se pudiera votar, agotar la discusión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Sonido a la curul del diputado Andrés Bermúdez.

El diputado Andrés Bermúdez Viramontes (desde la curul): También nada más para unirme ya que en mi municipio de Jerez se está construyendo, o se empezó a construir, una universidad y también solicito recursos para terminarla.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Bermúdez. Sonido a la curul del diputado Gilberto Ojeda, del PRI.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho (desde la curul): Aunque esta película ya la vimos el mes pasado, desde luego que apoyamos la propuesta del punto de acuerdo que acaban de presentar los compañeros de Oaxaca.

Únicamente recordar que en este mismo tema se votó aquí en el Pleno y decidimos, entre todos, unánimemente, apoyar ese punto de acuerdo que tiene que ver con el apoyo a todas las universidades del país. En esta ocasión yo aprovecho para ratificar que Sinaloa está también ubicado dentro de las universidades que tienen severos problemas financieros, por lo cual me uno a ese punto de acuerdo.

Pero además aprovecho, señor Presidente, para informarle que en unos momentos le va a llegar —si no le ha llegado— un oficio que enviamos todos los diputados federales de Sinaloa, de todos los grupos parlamentarios, pidiéndole una explicación acerca de qué se hizo o en qué paró ese punto de acuerdo que ya fue votado por el Pleno y del cual no supimos hacia dónde llegó. Porque es importante que le demos seguimiento a los puntos de acuerdo y que no únicamente queden en discurso. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ojeda. Sonido a la curul del diputado Jesús Flores Morfin, del PAN.

El diputado Jesús Vicente Flores Morfín (desde la curul): Nada más hacer una consideración. Debemos estar apoyando este punto de acuerdo y también apoyar a aquellas instituciones que por su desempeño, por el bajo costo por alumno, se tenga esta consideración. Creo que los tecnológicos tienen esta característica al igual que otras universidades, especialmente el Tecnológico de La Laguna.

Pero específicamente pido, con todo respeto a todos los diputados, compañeros y compañeras, que abonemos a esto. La cobija es la misma y va a estar muy restringida. Este Presupuesto del 2007, tenemos la oportunidad de realmente presentar el ocho por ciento del PIB para educación y además las reformas estructurales necesarias para tener la riqueza necesaria que tanto se está pidiendo para estas universidades. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Flores Morfín. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo, una vez agotada la lista de oradores.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese. Se recibió de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México a no intervenir en los procesos de elección de autoridades auxiliares en dicha entidad. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día de la próxima sesión)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (16:04 horas): Gracias señor Secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 14 de noviembre a las 11:00 horas y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.