El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 335 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:24 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El Congreso del estado de Jalisco remite la solicitud para que sea aprobada la Nueva Ley de Sanidad Animal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Iniciativa del estado de Tlaxcala que adiciona un artículo 47 Bis a la Ley General de Educación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a las diputadas que representarán a la LKX Legislatura como invitadas permanentes en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en torno a la situación de una connacional que radica en Estados Unidos. En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias de Marina, Reforma Agraria y de Participación Ciudadana de la LX Legislatura.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Comunicaciones de la Secretaría de Gobernación. Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se comunica la designación de los senadores Felipe González González, Jorge Mendoza Garza y René Arce Islas como integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica la designación de los senadores Marko Antonio Cortés Mendoza, Carlos Jiménez Macías y Carlos Sotelo García como integrantes de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica la designación de los senadores Eugenio Govea Arcos, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Minerva Hernández Ramos como integrantes de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores por el que informa sobre la designación de los de los senadores Andrés Galván Rivas, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Ramiro Hernández García, María Elena Orantes López, Manuel Velasco Coello, Gabino Cué Monteagudo y Alejandro González Yánez como integrantes de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el remite proposición para que se asigne una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, con el propósito de resarcir los daños económicos y reactivar la economía del estado de Oaxaca, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Cuenta Pública y Presupuesto, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores por el que exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en coordinación con el Congreso de la Unión, se convoque al análisis para una reforma integral del Sistema Nacional de Protección Civil y del Fonden.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 434 diputadas y diputados.
Los señores legisladores que hasta el momento no han registrado su asistencia dispondrán de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el capítulo de iniciativas de los ciudadanos diputados, se concede el uso de la palabra al diputado Antonio del Valle Toca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 261 de la Ley Federal de Derechos y 2 A de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Antonio del Valle Toca: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El suscrito Antonio del Valle Toca, diputado federal por la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos propongo a esta Cámara de Diputados la presente iniciativa, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Esta iniciativa que hoy presento en la máxima tribuna del país tiene como fin el destinar parte de los recursos económicos que se asignan a los municipios fronterizos por los que se realiza la salida de hidrocarburos a los municipios donde se extraen los mismos.
En la actualidad el régimen fiscal que regula a Pemex se encuentra contenido en dos ordenamientos legales, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación. Las reformas de la Legislatura pasada a estas leyes disminuyeron la fuerte carga fiscal a la que estaba sometida Pemex y establecieron un manejo eficiente a los recursos obtenidos por los derechos establecidos, definiendo y perfeccionando sus mecanismos de distribución a las entidades federativas y municipios.
En esa tesitura, para una mejor distribución de los recursos se estableció en el artículo 261 de la Ley Federal en la materia, un derecho adicional destinado a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realiza materialmente la salida del país de los hidrocarburos.
Con la reforma de este artículo se destinó un monto económico a los municipios donde se realiza la salida de los productos de Pemex. Esto fue debido a que el tránsito y paso de los hidrocarburos de la paraestatal por las poblaciones y comunidades de salida ocasionan costos para los municipios tales como la saturación en la demanda de servicios portuarios, contaminación en el medio ambiente y desgaste acelerado de las vías de comunicación, entre otros, por lo que es acertado destinar un monto a estas localidades para enfrentar este gasto ajeno que le produce la actividad de exportación material de los hidrocarburos.
Sin embargo, existen otros municipios, comunidades y poblaciones que también son afectados con la actividad que realiza Pemex y son las localidades donde se tienen los pozos petroleros, donde se extraen los hidrocarburos, que también enfrentan costos económicos producto de la contaminación del medio ambiente, elevación en el costo de vida, debido a que el ingreso promedio de los empleados de la paraestatal es mayor al ingreso promedio de los habitantes de esas comunidades, así como la falta de utilización de sus tierras por estar destinadas a la extracción de los hidrocarburos.
Tanto las poblaciones de salida como las poblaciones de extracción de hidrocarburos tienen derecho de que se les destinen recursos para afrontar los costos originados por la actividad de Pemex..
En el espíritu de la Convención Nacional Hacendaria y con los criterios de proporcionalidad y equidad en el pago de las contribuciones que contempla el artículo 31 de la Constitución, así como para el beneficio de nuestros representados, que tienen la esperanza y la convicción de que esta Legislatura logrará las reformas necesarias para hacer una política con valor es que someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
Decreto
Artículo único. Se reforman los artículos 261 de la Ley Federal de Derechos y 2 A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 261. Segundo párrafo. Asimismo, el 3.17 de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta Ley, se multiplicará por el factor de 0.133. El monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, así como a los municipios donde se realiza la extracción de estos mismos hidrocarburos.
Artículo 2 A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios en la forma siguiente:
Fracción II. 3.17 del derecho adicional sobre la extracción del petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos —y se agrega— así como a los municipios donde se realiza la extracción de los mismos.
Señor Presidente, solicito se turne esta iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Valle. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 38 y 175 A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas. Con fundamento en las atribuciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de decreto en materia de participación política de los pueblos y comunidades indígenas de México.
El fortalecimiento de nuestro régimen democrático ha sido un objetivo y una tarea permanente, tanto de los actores políticos como sociales, que hicieron posible la alternancia en el poder y, en consecuencia, el derrocamiento de un autoritarismo marcado por la discriminación y la exclusión de las minorías opositoras y de los grupos marginados.
A partir de ese logro histórico, tenemos la oportunidad invaluable e irrepetible de acercarnos al ideal de la democracia como proceso de inclusión, de pluralismo, de tolerancia, de apertura política, de legalidad, de justicia, pero sobre todo de reconocimiento y respeto de las diferencias de condición, de cultura y de pensamiento entre ciudadanas y ciudadanos iguales dentro de un estado de derecho.
A pesar de los avances en la renovación de nuestras instituciones y en la participación de organizaciones de la sociedad civil, existe un gran pendiente del Estado mexicano al que no se le ha puesto atención y que por lo pronto se refleja en una posible crisis de participación, de representación y, por lo tanto, de legitimidad: la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en los puestos de elección popular y de participación política.
El discutir y abordar el tema sin prejuicios, sin reticencias ni intereses que no sean más que los de la soberanía popular puede contribuir, precisamente, el fortalecimiento de nuestra democracia a la construcción de un estado de nación que incluya el reconocimiento de la diversidad de los pueblos y que garantice un mínimo de ciudadanía civil, social, política y étnica.
El levantamiento de un movimiento armado en enero del 94 en el estado de Chiapas puso en entredicho la estructura del diseño institucional y las políticas públicas del Estado mexicano. Fue evidenciada la impostergable defensa del reconocimiento de los derechos y la cultura indígena.
A pesar de sentar las bases mínimas para el diálogo, a través de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, el 18 de julio del 2001 se decretó una reforma constitucional limitada, parcial y contraria a los principios fundamentales que motivaron a miles de indígenas de nuestro país a recurrir a la lucha armada.
Sin embargo, a pesar de sus orígenes y de sus limitaciones, la reforma constitucional del 2001 reconoce una de las tantas deficiencias de nuestro sistema electoral y, por lo tanto, de los mecanismos de representación y participación política de los pueblos indígenas. Al respecto, en su artículo 2o. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como componente fundamental de nuestra nación y como agente externo a ella, la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, culturales y políticas o parte de ellas.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
En cuanto a las condiciones sociales de los pueblos indígenas, el mismo artículo de nuestra Constitución, en el inciso b) establece que la Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Es decir, en México se reconoce la contribución, las aportaciones y la importancia de los pueblos indígenas en la construcción de nuestra nación, pero no se ha contemplado en la legislación electoral ninguna regla o normatividad que garantice su participación en los puestos de elección popular ni en la ocupación de los escaños en el caso del Senado de la República o curules para el caso de la Cámara de Diputados.
Los dos únicos y limitados intentos por atender esta problemática no incluyen ninguna garantía de cumplimiento de lo establecido por nuestra Carta Magna, por lo que se convierten en letra muerta hasta el día de hoy. Me refiero primeramente a la reforma del 2001, que en su artículo tercero transitorio que a la letra dice: "Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales, deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política".
En segundo lugar, el IFE, en consecuencia de este mismo mandato constitucional y en coordinación con la Conadepi, aprobó el 11 de febrero del 2005 una nueva demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide el país, a fin de que, tal como lo argumenta el Instituto, se permita que el voto ciudadano tenga el mismo valor en cada uno de los distritos federales del país. De no haberse llevado a cabo, se correría el riesgo de distorsionar el peso del voto.
Como es de notarse, el objetivo principal de la nueva demarcación territorial es garantizar el equilibrio de los votos emitidos y no así garantizar que las personas con derecho a votar y ser votadas sean legítimas representantes de los distritos con mayor porcentaje de población indígena. Es decir, aun siendo mayoría no se garantiza que las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en esos distritos, participen en los puestos de elección popular y mucho menos que accedan a un puesto de representación política. Veamos este Congreso como muestra.
Es por ello que la propuesta de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que planteo, tiene como objetivo hacer tangibles —en nuestra legislación— los compromisos firmados por México ante organismos de incidencia internacional, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, así como una posible crisis en la participación, la representación y por lo pronto, en la legitimidad motivada por la exclusión de los pueblos y comunidades indígenas en los puestos de elección popular y de participación política.
Por tal motivo, propongo adicionar al artículo 38 del Capítulo Cuarto del Cofipe un nuevo inciso, a fin de que se garanticen la participación de mujeres y hombres representantes de los pueblos y comunidades indígenas, en lo que el propio Instituto Federal Electoral denomina: "distritos indígenas".
Así, se intentará de manera transversal cumplir con los principios de igualdad y equidad en los procesos electorales que el artículo 4, en su numeral primero, del Cofipe, considera como obligación y derecho.
Además, se propone la adición de un párrafo segundo al artículo 175-A, del Título II del Capítulo Primero del Cofipe, referente al procedimiento de registro de candidatos, con el objetivo de que los partidos políticos nacionales, garanticen la participación de mujeres y hombres representantes de la población indígena, en cuyos distritos electorales constituyan el 40 por ciento o más de la población total.
Las reformas y adiciones propuestas se fundamentan en los principios de representación y participación, una democracia incluyente de los sujetos de derecho, pero diferenciados en su identidad. Así como en el derecho internacional, la cuestión indígena ha ido tomando nuevas dimensiones, también tendría que tomarlo aquí en este país.
Legislar sobre temas como la multiculturalidad y la multietnicidad, nos permite avanzar hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. "La única ley verdadera es aquélla que nos conduce a la libertad".
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto
Por el cual se adiciona un inciso al numeral 1, del artículo 38, recorriéndose los demás, así como un segundo párrafo al artículo 175-A, del Cofipe, en materia de participación política de los pueblos y comunidades indígenas de México
Artículo 1º. Se modifica el inciso t) y se adiciona el inciso u) al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue —concluyo:
"Artículo 38, numeral 1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
t) Garantizar la participación de mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en cuyos distritos electorales constituyan el 40 por ciento o más de la población total; y el
u) Las demás que establezca este Código.
Artículo Segundo. Se modifica el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
"Artículo 175-A. En aquellos distritos electorales en donde los pueblos y comunidades indígenas constituyan el 40 por ciento o más de la población total, las solicitudes de registro para cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, deberán incluir mujeres y hombres indígenas representantes de sus respectivos pueblos y comunidades.
Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Solicito, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, turne la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Asuntos Indígenas y se publique el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Matus. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Asuntos Indígenas.
Esta Presidencia saluda a las alumnos del Instituto Pedagógico Anglo-Español, aquí presentes y también a los alumnos de la Universidad Privada del Estado de Morelos, campus Cuautla.
Se concede el uso de la palabra al diputado Yerico Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Yerico Abramo Masso: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. De conformidad con los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Yerico Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 25 y adiciona los artículos 46 y 47 y renumera el actual artículo 46 como artículo 48, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente
Exposición de motivos
Independientemente de las cuestiones teóricas que involucren a las diversas concepciones acerca del Estado, la realidad nos dice que el hombre ha creado instituciones estatales y ha sido para poder solucionar sus problemas, fundamentalmente de desarrollo y progreso. La crisis del federalismo centralizador manifiesta y precisa sus límites e impone hoy en día la obligación de formular un nuevo pacto federal, en el cual la dimensión política vuelva a ser significativa.
De acuerdo con Cabrero y José Mejía, en su libro "Marco Teórico Metodológico para el Estudio de las Políticas Descentralizadoras en México", la vinculación entre la descentralización a una diferenciación funcional y el desarrollo se expresa en el planteamiento de que una sociedad es más desarrollada en medida de que es capaz de diferenciar y especializar el mayor número de aspectos.
Así, un Estado moderno debe descentralizar responsabilidades y toma de decisiones en áreas de una mayor exigencia de la sociedad y una mayor complejidad social que la modernidad impone.
Cuando se habla de descentralización, se entiende, pues, la transferencia del poder de decisión y ejecución de políticas públicas del gobierno central a las entidades federativas y municipios, pero también a la sociedad que ahí habita; luego entonces es indispensable considerar al menos tres aspectos para que la descentralización pueda llevarse a cabo:
Uno. La transparencia de las competencias administrativas;
Dos. Los recursos para poder asumir las diversas competencias; y
Tres. La capacidad política para tomar decisiones acerca de cómo administrar las funciones y los recursos descentralizados.
Un verdadero federalismo no puede ser presidencialista porque su esencia misma es la división de Poderes, la división horizontal que es saludable porque evita que un Poder se corrompa, atendiendo exclusivamente las funciones para las que fueron creados.
Con la descentralización hasta ahora puesta en marcha, la Federación ha incrementado su capacidad de intervención en las economías locales, pero de lo que se trata es de trasladar recursos a los estados y municipios para que tengan un manejo autónomo de los mismos, como lo apuntamos líneas arriba.
Otro aspecto más de esta descentralización tradicional, es que se han incrementado los Poderes federales por incremento de sus burocracias en los estados; ejemplo, las delegaciones y representaciones federales que hay en los mismos, que han cumplido, entre otras, la función de verdaderos agentes de información para la Federación.
La participación de ingresos tradicionalmente ha sido la forma más debatida de interacción fiscal entre los estados y el gobierno federal en las federaciones latinoamericanas. El citado constitucional en Venezuela, la coparticipación en Argentina y la participación fiscal en México tienen características sustancialmente diferentes.
La participación de ingresos puede establecerse en la Constitución o en una ley secundaria, puede abarcar prácticamente todo en ingreso recaudado por el gobierno federal o disposiciones específicas impuesto por impuesto.
La distribución de fondos entre los estados puede caminar en repetidas ocasiones o puede seguir relativamente permanente; sin embargo, el rasgo común de todos esos sistemas es que la participación de ingresos les ha permitido a Argentina, México y Venezuela, concentrar la autoridad recaudatoria, lo que provoca que los estados dependan aún más de su gobierno federal.
Además de la participación de ingresos, los gobiernos federales transfieren recursos que no están directamente vinculados con la extracción de ingresos. Esas transferencias se refieren a una asignación de gasto o aportaciones que se han vuelto un tema central de debate de las políticas públicas en años recientes.
Gran parte de la discusión se ha centrado en cómo diseñar transferencias que puedan inducir el tipo del correcto comportamiento por parte de los gobiernos estatales, promoviendo la responsabilidad fiscal y evitando restricciones presupuestales suaves.
En este sentido, el programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), fue concebido como un subsidio federal para promover el fortalecimiento de las entidades federativas y así ser promotor del desarrollo equitativo y regional, dando a las entidades con menos recursos una partida que les permitiera invertir en infraestructura, saneamiento de sus finanzas, apoyo a los sistemas de jubilación y fortalecimiento a los proyectos de investigación científica y tecnológica.
Este programa aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2000, aunque ya había aparecido bajo otro concepto en el Presupuesto del 97, incorporándose al Ramo 23 y a partir del Presupuesto de 2003 se incorpora ya como un monto aprobado por la Cámara de Diputados.
Los excedentes petroleros y los derechos extraordinarios por la exportación de petróleo, éstos dos últimos son aplicados a través del fideicomiso para la infraestructura de los estados y el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se deriva de la distribución del Fondo General de Participaciones.
Esto le da su naturaleza de aportación del gobierno federal y no de apoyo, como se establece en la definición arriba mencionada, y mucho menos de subsidio.
De acuerdo con la tesis doctoral "La construcción del sistema de coordinación fiscal. Poder y toma de decisiones son una esfera institucional", del doctor Rigoberto Soria Romo, establece que para el 2003 se crea el Ramo 39 para el PAFEF, lo que le da un sentido de pertenencia e institucionalidad al interior del Presupuesto.
La propuesta adicional de la Conago continuó con la cita de hacer del PAFEF el octavo fondo del Ramo 33, con una asignación del 2.5 por ciento de la recaudación fiscal participable, lo que garantizaría su permanencia desde el punto de vista legal y se evitarían los vaivenes que se han presentado durante su corta existencia.
Esto tendría varias ventajas. Aseguraría en un nivel de inversión en el presupuesto de infraestructura necesario en las entidades federativas; impactaría positivamente el empleo, el nivel de vida y la competitividad de las economías estatales; ayudaría a la toma de decisiones de inversión en las economías locales y respondería a las necesidades, como fondos auditables directamente por la Federación.
Además de su monto y destino, en la importancia del PAFEF se pone en acción un nuevo actor en las relaciones fiscales intergubernamentales en México. Los gobernadores de las entidades federativas que hasta este año jugaron un papel marginal, el PAFEF muestra el rompimiento de una estructura tradicional de la interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo y la resistencia entre la irrupción de un nuevo actor en las relaciones fiscales intergubernamentales.
De los cuatro años en que ha estado en vigor el PAFEF, en dos años la Secretaría de Hacienda no lo ha incluido en su iniciativa; en otros tres ha recortado su asignación una vez aprobado por la Cámara de Diputados y en el presupuesto de 2006 tenía una asignación de cero pesos.
Prueba de esta resistencia es que el secretario de Hacienda tardó seis meses en recibir a los gobernadores para escuchar sus puntos de vista en relación con los problemas presupuestales que sufrieron durante los años 2001 y 2002.
En esta iniciativa se propone eso, precisamente para establecer la permanencia del programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como un fondo dentro del Ramo 33 de las aportaciones federales, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y el Decreto de Presupuesto en un monto asignable al 2.5 por ciento de las recaudaciones fiscales participables con los beneficios antes expuestos.
Por lo anterior presento a esta honorable soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto
Artículo primero. Se adiciona una fracción VIII al artículo 25, se adicionan los artículos 46 y 47 y el artículo 46 actual pasa a ser el artículo 48, todos de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 25. Del uno al siete y artículo ocho, que diga: Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Artículo 46. El Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente al 2.5 por ciento de la recaudación fiscal participable a que se refiere el artículo segundo de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.
Los montos de este Fondo se enterarán mensualmente de acuerdo al porcentaje de la participación a que se refiere el artículo segundo de esta Ley a los estados por conducto de la Federación de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo que las correspondientes a los fines que se establezcan en el artículo 47 de esta Ley.
Artículo 47. Los montos del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se destinarán: 1. Cuando menos el 50 por ciento de la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola y hasta un tres por ciento del costo del programa proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.
2. Saneamiento financiero preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción del principal al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior.
3. Asimismo podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas de los estados.
Apoyo para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas prioritariamente a reservas actuariales.
4. Modernización de los catastros con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya, por favor, señor diputado.
El diputado Jerico Abramo Masso: Concluyo, Presidente.
5. Modernización de los sistemas de recaudaciones locales.
6. Desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales.
7. Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, y
8. Para los sistemas de protección civil en las entidades federativas.
Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones, para este fin y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas o con el gobierno federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.
Por último, artículo 2o. Se deroga el Capítulo Tercero del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, del Título IV del Gasto Federal de las Entidades Federativas de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo transitorio.
Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas gracias por su atención, con permiso.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jerico Abramo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene la palabra el diputado Jorge Godoy Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado Jorge Godoy Cárdenas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Jorge Godoy Cárdenas, diputado a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 3, 40 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Nuestro país requiere un cambio genuino que permita avanzar hacia la democracia, cambio que en verdad es necesario para el progreso de la nación. Pero esto nunca será posible si la radio y la televisión operan bajo simulación comercial, al margen de la ley y de las demandas colectivas. Es así como los medios han generado inequidad, injiriendo en el avance político y democrático del país.
Se han convertido en difusores de penetración masiva. La radio y la televisión requieren conformar la base en donde intervengan todas las voces que integran el entorno social de una democracia en transformación, sin olvidar que los concesionarios, como todas las personas físicas y morales, deben cumplir con sus obligaciones tributarias.
Los informes que fueron publicados en algunos medios informativos, referente al tiempo fiscal utilizado por el Ejecutivo, en televisión, entre enero y septiembre del año 2002, quien acaparó una importante proporción de tiempo aire, de acuerdo con las siguientes cifras: Presidencia de la República, 12 mil 25 horas, equivalentes al 17.72 por ciento; Secretaría de Educación Pública, 10 mil 130 horas, 14.39 por ciento; Secretaría de Gobernación, ocho mil 718 horas, 12.85 por ciento y Secretaría de Salud, siete mil nueve horas, equivalente al 10.33 por ciento. Por sólo mencionar cuatro dependencias que gozaron de mayor presencia en televisión, en detrimento de otras dependencias menos favorecidas por los tiempos del Estado.
Además si sumamos el informe de las transmisiones en la radio podemos advertir que el tiempo fiscal de los medios electrónicos fue aprovechado mayoritariamente por el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación, en un desmesurado ejercicio discrecional de un servicio que en esencia pertenece al Estado y no al Ejecutivo federal.
Es evidente la pretensión del Ejecutivo para el aprovechamiento de los medios electrónicos, ya que las anteriores modificaciones al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión plantean un franco retroceso en los espacios que constituyan un derecho inalienable para la promoción y difusión de los mensajes emitidos por las diversas dependencias del Estado.
En su carácter de servicio público concesionado, la radio y la televisión representan uno de los mayores beneficios nacionales a favor de los gobernados y no de grupos de poder.
Son muchas las disposiciones que llaman —exigen— nuestra atención, porque hoy más que nunca es menester delimitar rigurosa y objetivamente los derechos, las obligaciones y la responsabilidad que deben regir las operaciones de los medios electrónicos.
Una notable reducción del impuesto especial del 12.5 por ciento de tiempo fiscal que debían de pagar en especie los particulares por hacer uso de la concesión contemplada en el decreto de 1968; impuesto que fue reducido a 18 minutos de transmisión al día en televisión y a 35 minutos diarios de transmisión en radio, anotados en el rubro de tiempo oficial.
Esto concede un privilegio discrecional a los gravámenes de los concesionarios de los medios electrónicos y una injusta parcialidad que el Ejecutivo ejerce sobre dichos espacios, ya que si bien éste ostenta el monopolio de los tiempos oficiales; también es beneficiario de una porción de tiempo de Estado.
El artículo primero del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión del decreto del 10 de octubre del 2000 no define el carácter federal y estatal de los tiempos fiscales otorgados por los medios electrónicos así como tampoco establece las instancias que deberían aprovecharlos, por ejemplo, la Secretaría de Salud, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México; sino que se ciñe única y exclusivamente a los materiales producidos por el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, dispone que las estaciones de radio y televisión deberán incluir gratuitamente en su programación diaria 30 minutos continuos o discontinuos de mensajes de interés educativo, social, cultural, político, deportivo y de otros asuntos de interés general, sin considerar que dicho espacio y difusión puede y debe ser un instrumento de impulso democrático, para dar una participación equitativa a todos los órganos del Estado.
De igual forma el transitorio tercero abrogó el acuerdo por el que se constituía una comisión intersecretarial para utilizar el tiempo de transmisión de que disponía el Estado en las radiodifusoras comerciales, oficiales y culturales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de agosto de 1969.
Es fundamental establecer que ante todo los tiempos programáticos del Estado, no pertenecen únicamente al Poder Ejecutivo sino a todos los sectores públicos de la nación, por lo que es preciso determinar parámetros justos y equitativos, para la programación y el uso de estos espacios en beneficio del Estado y de la sociedad, motivo por el cual me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 59 Bis, recorriéndose el actual sucesivamente como 59 Ter; se reforman los artículos 59, 65 y la fracción X del artículo 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Por efectos de tiempo solicito a esta soberanía se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley General de la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. "Vieja el último". "Aguántese como los hombres". "Lloras como niñita". "Corres como vieja". "Sé hombrecito y aguántate". Cuántas veces no hemos oído estas frases. Cuántas de ellas escuchamos desde nuestros primeros años. Cuantas más dejaron alguna huella en nuestra memoria. Cuántas son las que todavía y a pesar de los avances en materia de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, oyen y repiten nuestras niñas y niños.
Mujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características físicas y sexuales que nos diferencian desde que nacemos. Tomando en cuenta estas particularidades se han establecido funciones y roles distintos para ambos sexos, que han provocado en nuestro país discriminación y marginalidad, casi siempre en perjuicio de las mujeres mexicanas.
Por ejemplo, todavía debemos superar los rezagos educativos y mejorar las oportunidades de educación de las mujeres. En nuestro país aún persiste en la educación y en el ámbito laboral, la brecha de género en detrimento de la mujer.
Hay una pirámide invertida para las mujeres tanto respecto a la educación como a puestos y salarios devengados. Esto no sólo implica que se valúa menos el trabajo femenino, sino que se considera a la mujer menos apta que el hombre en cuestión laboral.
Asimismo, se debe garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, el derecho a gozar de plena salud es esencial para el bienestar y una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos.
La fuerte incidencia de la pobreza entre muchas mujeres, la violencia que se ejerce contra ellas y el control limitado que tienen sobre su vida sexual y reproductiva —por sólo mencionar algunos de los problemas que viven—, las hace más propensas y vulnerables a determinados padecimientos.
Es necesario también fortalecer los programas de formación gerencial y aliento al liderazgo; además de poner en marcha acciones orientadas a remover las barreras que obstaculizan la integración cabal de las mujeres a los distintos ámbitos y procesos de toma de decisión.
Esto nos lleva a cuestionarnos el porqué de la discriminación; qué es lo que en la actualidad lleva a gran parte de la sociedad mexicana a seguir tratando a las mujeres como desiguales, inferiores, objetos de desprecio y de maltrato, solamente por razón de nuestro sexo.
¿Qué es lo que conduce a negar todavía que somos iguales en derechos y que debemos tener las mismas oportunidades de desarrollo? ¿Por qué en la práctica ha sido tan difícil asumir la idea de que todas las personas somos iguales? Aceptar que la diferencia no debe implicar bajo ninguna circunstancia, desigualdad. ¿Por qué?
En México uno de los grandes avances para llevar a los principios de igualdad y equidad de la práctica e ir superando los obstáculos específicos para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto del año en curso.
De la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es reglamentaria del artículo 4º constitucional y responde a los compromisos internacionales adquiridos con la firma y ratificación de los instrumentos.
El objetivo de esta ley es el de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
México como Estado, parte de instrumentos y convenciones internacionales a favor de los derechos de nosotras. Asumimos el compromiso de modificar o derogar los instrumentos normativos que constituyeran un impedimento para alcanzar las metas propuestas o proponer, en su caso, las medidas necesarias para atacar la discriminación y la violencia. Todo ello con el fin de que todas se encontraran —o nos encontráramos— en condiciones de alcanzar nuestro pleno desarrollo.
Debemos hacer conciencia de la importancia del principio de igualdad. Una sociedad que excluye y discrimina no puede catalogarse como democrática. Debemos generar los cambios necesarios para hacer efectivas las leyes.
En Nueva Alianza creemos y estamos de acuerdo con que no es necesario formular nuestras promesas o nuevas promesas. Lo único que se necesita es dar cumplimiento a los compromisos ya asumidos y una de las formas para lograrlo es hacer leyes lo más claras posibles para que así cualquier ciudadano o ciudadana que desee consultarlas o hacer valer los derechos contenidos en ellas, sepa de qué habla y cuáles son los derechos que atañe.
Dado que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es uno de los pilares en la lucha por lograr una sociedad más igualitaria. Nueva Alianza considera que ésta debe contener las definiciones de los conceptos básicos que tienen que ver con la materia, género, discriminación, equidad, perspectiva de género.
Violencia, igualdad y transversalidad son conceptos que aunque se mencionan un sinfín de veces a lo largo del articulado de la ley, no se encuentran definidos. Y en un afán porque exista una concordancia y homogeneidad entre las leyes que rige la administración pública de nuestro país y con el objetivo de que la falta de definiciones de los conceptos básicos en leyes fundamentales en esta materia no susciten confusiones, someto a la consideración de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Por respeto al tiempo de mis compañeros omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y Túrnese a la Comisión de Equidad y Genero.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario Alternativa, para presentar iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Elsa Conde Rodríguez: Con su venía, señora Presidenta. Honorable Asamblea. Lograr una verdadera equidad entre hombres y mujeres es todavía una tarea pendiente de nuestra sociedad y de su sistema político. Discriminar a las mujeres por el hecho de serlo, tiene consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad y por supuesto, para el funcionamiento de sus instituciones.
Al hacerlo, nuestra nación desaprovecha un potencial inmenso de recursos humanos, al tiempo que retrasa el desarrollo general de la sociedad y la consolidación de una cultura verdaderamente democrática y equitativa para la ciudadanía mexicana.
La equidad de género supone que las mujeres accedamos a una igualdad real y sustantiva y que ésta considere las condiciones específicas del sexo femenino. Las acciones afirmativas, positivas o compensatorias, objetos de la iniciativa legal que presenta la fracción parlamentaria de Alternativa Social Demócrata y Campesina, son medidas temporales que han probado su eficacia en nuestro país y en muchas otras regiones del planeta.
En casos como Latinoamérica y África, las llamadas leyes de cuotas han tenido como resultado un promedio de cinco por ciento más de mujeres en parlamentos en los últimos diez años.
Gracias a este tipo de medidas en la actualidad la representación parlamentaria femenina ha aumentado significativamente en países como Suecia, con el 43 por ciento de mujeres en el parlamento. En Dinamarca que cuenta con 38 por ciento de legisladoras. En Finlandia con un 37.5 por ciento y un 36 por ciento en los países bajos.
Ruanda, en el extremo del desarrollo, es el mejor ejemplo de la aplicación de las acciones afirmativas para contrarrestar la discriminación en la participación política. En diez años, ese país africano pasó de contar con cuatro por ciento de mujeres en la Cámara baja a 49 por ciento de mujeres en los escaños, de acuerdo con el Informe de la Comisión del Estado de las Mujeres, elaborado por la ONU y presentado el 8 de marzo del presente año.
Si bien los logros obtenidos por las mujeres en las últimas décadas no han sido obra de un cambio repentino en la cultura, ni se garantizan mediante decretos, es de suma importancia tomar conciencia de la importancia que tiene el reformar aquellas disposiciones que en la práctica significan la marginación real de las mujeres en puestos de decisión y representación política.
En el caso particular de nuestro país y de esta Cámara, ninguno de los espacios de representación popular ocupados por mujeres son una graciosa concesión; son espacios ganados a través de muchos años de lucha para transformar paulatinamente a una sociedad empeñada en negar derechos y oportunidad a la mitad de la población.
En el caso de la Cámara de Diputados, la norma que rige la organización interna, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, carece de cualquier medida que garantice una mínima representación con base en la proporcionalidad de género en la integración de las comisiones ordinarias y especiales.
En ese contexto, las legisladoras se encuentran con una desventaja numérica que no les permite contender en igualdad de circunstancias para ocupar los espacios de dirección de tales instancias de operación de la Cámara de Diputados.
La Ley que proponemos reformar fue modificada por este Pleno para garantizar que en la integración de la Mesa Directiva de la Cámara se contase con un Secretario por cada grupo parlamentario, entonces como ahora, el fundamento esencial descansa en el hecho de que la tendencia democrática actual es a consolidar un régimen cada vez más participativo y plural, principio que rescata la propia ley, puesto que permite la participación de las diversas fuerzas políticas en la integración de los órganos de gobierno y la conducción de la función legislativa.
Con dicha reforma se prevé que la actual Legislatura pugna y pugnará por defender la proporcionalidad, la pluralidad y la debida representación de todas las fuerzas políticas en esta Cámara. En concordancia con ese espíritu, es menester garantizar que la proporcionalidad para la conformación de estas instancias tome en cuenta el criterio de la proporcionalidad de género.
La Ley que nos rige no contempla la representación equitativa de hombres y mujeres en la integración de las comisiones ordinarias. De hecho, en la actual integración de las comisiones de esta LX Legislatura contamos únicamente con siete mujeres presidentas de comisión, de las 43 comisiones ordinarias. Estas comisiones son, a saber: Atención a Grupos Vulnerables; Economía; Equidad de Género; Juventud y Deporte; Jurisdiccional; Radio, Televisión y Cinematografía y Ciencia y Tecnología.
Con esta distribución sólo el 16 por ciento de las presidencias de comisión son para las mujeres, contra un 84 por ciento para los varones.
El artículo 43 define un número de integrantes de las comisiones, mas no una regla de proporcionalidad de género que rescate el espíritu de todas las tendencias, tanto a nivel nacional como internacional, de dotar a las mujeres de acciones positivas que aseguren su participación en igualdad de condiciones con los hombres.
México está cambiando y lo hace con, sin, e incluso, a pesar de sus autoridades. Para todos aquellos que formamos la LX Legislatura en nuestro papel de representantes populares es imperativo trabajar para ponernos a la altura de las circunstancias de cambio que vive el país. Es preciso responder con acciones concretas a esa sociedad que nos demanda una verdadera política para toda la ciudadanía.
Por los motivos expuestos presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1º. Se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Fracción I. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura. Tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma.
Se propone adicionar: De la totalidad de integrantes de cada comisión, tanto ordinaria como especial, en ningún caso se incluirán más del 70 por ciento de integrantes de un solo género. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas. Para estos efectos no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.
Párrafo tres. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirla y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidarán que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representan en el Pleno y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.
Se propone adicionar: "asimismo, garantizará que se refleje la proporcionalidad de género, por lo que en ningún caso, tanto las comisiones ordinarias como las especiales, deberán ser presididas por más del 70 por ciento de un solo género".
Esta Legislatura tiene la oportunidad de dejar un legado para las mujeres que nos representen próximamente. Les extiendo una invitación a todas mis compañeras y compañeros legisladores a que se sumen a esta iniciativa.
Solicito respetuosamente a la Presidencia que esta iniciativa se turne a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género.
Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputada Presidenta. La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II de los artículos 71 y fracciones I y IV del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que faculta a las delegaciones del Distrito Federal a tener el manejo exclusivo del impuesto conocido como predial para el mejor ejercicio de sus atribuciones, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El Distrito Federal presenta características muy particulares en cuanto a su forma de gobierno. A diferencia de las entidades federativas, el Distrito Federal no cuenta con una Constitución ni con un Congreso.
Las referencias directas a éstas son el Estatuto de Gobierno y la Asamblea Legislativa. El estatus jurídico del Distrito Federal se encuentra definido en los artículos 44 y 122 constitucionales. En este último se señala que su gobierno estará regido por un Estatuto de Gobierno, el cual es aprobado por el Congreso de la Unión.
Con respecto al marco legal que rige actualmente, es importante señalar que las facultades legislativas y reglamentarias que tiene la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como el propio Poder Legislativo Federal, están definidas en el artículo 122.
Los ordenamientos jurídicos del Distrito Federal no son jurisdicción exclusiva de las autoridades electas del Distrito Federal, no obstante que las principales leyes a las que están sujetos los ciudadanos de la capital son emitidas por la Asamblea Legislativa.
Otro aspecto que marca una gran diferencia con respecto a las entidades federativas es que mientras los estados se encuentran divididos política y administrativamente en municipios, los cuales tienen personalidad jurídica conforme a lo establecido en el artículo 115 constitucional, el Distrito Federal está dividido en delegaciones.
Los órganos político-administrativos, genéricamente llamados delegaciones, a diferencia de los municipios, no disponen de un cabildo ni poseen facultades para emitir normas ni reglamentos. Todas las facultades reglamentarias recaen en el jefe de gobierno, mientras que los jefes delegacionales tienen poder de decisión solamente en aspectos meramente administrativos. El fortalecimiento financiero de las delegaciones es uno de los propósitos fundamentales de los diputados de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.
El presentar una reforma que apoye la autonomía financiera de estos órganos coadyuvaría al impulso de sus atribuciones para que, de manera integral, puedan satisfacer sus necesidades sociales a través de la promoción, el desarrollo y crecimiento sostenido de su productividad.
Bajo esta perspectiva, es imprescindible que el marco normativo financiero contribuya a consolidar la autonomía a las delegaciones, con el objeto de que mantengan las finanzas públicas sanas, proporcione mayor certidumbre en los ingresos, amplíe el padrón de contribuyentes, otorgue equidad y proporcionalidad al contribuyente y reoriente los ingresos hacia la atención de sus necesidades más apremiantes, procurando una menor dependencia de los recursos externos distribuibles.
Para el logro de los objetivos indicados, es necesario que la normatividad actual permita a la delegación un campo de acción más amplio, procurando que exista congruencia entre las diversas disposiciones y ordenamientos legales, de tal forma que esté reglamentado el ejercicio adecuado y oportuno de sus atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía.
Las delegaciones, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno, son órganos político-administrativos, que formalmente tienen asignadas tantas o más funciones de gestión del territorio local y de los servicios que los municipios, pero no reciben recursos por conceptos de participaciones federales y tienen competencias muy limitadas para generar recursos propios.
Las capacidades que tienen actualmente estas demarcaciones para actuar como gobiernos locales, en los hechos son extremadamente limitadas. Uno de los debates actuales se centra en si las delegaciones deben transformarse en municipios.
En el actual esquema de organización política del Distrito Federal, las delegaciones sólo reciben los recursos presupuestales que decide asignar el jefe de gobierno con aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
A diferencia de los municipios del país, la delegación no tiene derecho a participar en la distribución de recursos fiscales que le aseguren ingresos mínimos, como tampoco de obtener ingresos propios por vía del impuesto predial o de la operación de servicios públicos; fuentes de ingreso a las que sí tienen derecho los municipios del país.
Por las consideraciones anteriores, resulta injusto que una demarcación trabaje en la captación de recursos, cuando todos son concentrados de manera centralista por el gobierno de la ciudad y el reparto presupuestario a cada una de las demarcaciones, no es conforme a lo generado por cada una de ellas, lo que hace que la delegación esté supeditada a las bondades y a un presupuesto virtual que se le otorga para la satisfacción de sus necesidades.
Conforme al artículo 117 del Estatuto de Gobierno, señala que los jefes delegacionales tendrán competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones, en la materia de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y demás que señalan las leyes, lo que nos hace suponer que teniendo los jefes delegacionales tantas responsabilidades, es indispensable que también tengan facultades presupuestarias plenas, en donde manejen de manera integral un ingreso que les permita el mejor desempeño de sus atribuciones.
De lo anterior se desprende que toda vez que es reconocido en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, tienen competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones y toda vez que la fracción II del multicitado artículo señala que es atribución de los jefes delegacionales prestar los servicios públicos y realizar obras atribuidos por la ley demás disposiciones aplicables, dentro del marco de sus asignaciones presupuestarias, se requiere forzosamente que el jefe delegacional pueda ejercer el ingreso captado en su demarcación, lo que llevaría a una corresponsabilidad primera de preocuparse por lograr que el contribuyente pague sus impuestos y, por otro, saber que con los recursos recaudados pueda cumplir tareas fundamentales en la demarcación.
Más aún, en términos del artículo 112 del Estatuto, las delegaciones informan al jefe de gobierno del ejercicio de sus atribuciones presupuestales, para los efectos de la Cuenta Pública, de conformidad con lo que establece el propio ordenamiento y los ordenamientos aplicables.
También las delegaciones ejercen autonomía de gestión, más no del ejercicio pleno de los recursos captados, observando las disposiciones legales y reglamentarias, y pueden sin duda realizar transparencias presupuestarias que no afecten programas prioritarios, informando únicamente del ejercicio de esta atribución al jefe de gobierno en forma trimestral.
Sin duda son muchas las demandas que se requieren satisfacer en la ciudad de México, empero si no existe una real reforma administrativa financiera en la ciudad, las delegaciones quedan limitadas a facultades que les impiden el pleno ejercicio de gestión y de calidad en los servicios que prestan a la ciudadanía.
Son muchas las tareas que cada una de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal deben realizar. Sin embargo, si no se les faculta a éstas de la posibilidad de generar recursos y manejar sus ingresos, seguirán dependiendo del presupuesto que el gobierno central considere necesario para la realización de sus objetivos.
Esta reforma inspira la imperiosa necesidad de la autonomía financiera de las delegaciones, sin embargo consideramos que aunque todavía falten acuerdos para una reforma política integral en la entidad, es necesario que desde esta tribuna se realicen esfuerzos para comenzar la transformación del Distrito Federal.
Por ello, la presente iniciativa propone la captación de recursos a través del impuesto predial a las delegaciones políticas, otorgando a su titular la posibilidad de actuar en nombre de la institución a su cargo, según las necesidades de ésta y las de aquellas personas que viven dentro de la demarcación.
Por las consideraciones expuestas es que someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Artículo Único. Se adiciona la fracción II al párrafo tercero del artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como sigue:
Artículo 117, fracción II. "Percibir las contribuciones que establezca el Gobierno del Distrito Federal sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora; así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles".
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Esta Presidencia da la bienvenida y un cordial saludo a los alumnos y alumnas de la Universidad de León, Guanajuato, que nos honran con su presencia.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señora Presidenta. En virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable Asamblea, me permito dar lectura solamente a los principales aspectos de la iniciativa.
Ante el agotamiento del modelo agroexportador de crecimiento, el Estado transformó el lugar que ocupaba Pemex en el régimen de acumulación; de ser fundamentalmente un proveedor seguro de energía, Pemex se convirtió en la principal fuente de recursos fiscales.
La consecuencia ha sido una disminución dramática de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de petroquímicos y refinados, descapitalización de Pemex, un enorme endeudamiento y la disminución de su capacidad de inversión productiva. México se ha convertido en país exportador de crudo e importador de petroquímicos y gasolinas.
Las finanzas de Pemex se debilitan cada día más al punto que sus pasivos han llegado a superar el valor de sus activos. El rumbo que puede tomar Pemex en el futuro depende en buena medida de la naturaleza y orientación de los cambios que se introduzcan en el régimen fiscal, puesto que la normatividad jurídica en general y la fiscal muy en particular, son mucho más que simples ordenamientos legales. Ellas reflejan el papel que el Estado le confiere al sector petrolero en el modelo de desarrollo económico.
El objetivo de cualquier régimen fiscal petrolero debe ser extraer la renta económica que le corresponde a la Nación, en tanto que propietaria de los hidrocarburos, pero dejando a Petróleos Mexicanos ingresos suficientes para garantizar los aspectos siguientes:
Viabilidad financiera de Pemex y de cada una de sus empresas subsidiarias; aprovechamiento racional de los yacimientos que ya están produciendo y de los que serán puestos en explotación, considerando una complejidad geológica creciente.
La inversión en exploración suficiente no solo para reemplazar las cantidades extraídas sino para incrementar las reservas probadas, probables y posibles. La remuneración del capital invertido. Los incentivos necesarios para impulsar los métodos de recuperación mejorada. Incrementar la explotación de gas natural y permitir la explotación de yacimientos de costos elevados.
Las condiciones para fortalecer la investigación, el desarrollo industrial y tecnológico que permita reproducir la renta petrolera en el mediano y largo plazo.
Asimismo, un régimen fiscal menos oneroso para Pemex y sus organismos subsidiarios debe buscar que los nuevos recursos disponibles sean reinvertidos en el mismo organismo y hacer más precisa la planeación multianual, así como mejorar la gestión de los recursos humanos y financieros y, en general, de todos los instrumentos que propicien una mayor productividad de la empresa.
A partir en gran medida de este tipo de consideraciones, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Energía de la pasada Legislatura, de todas las fracciones parlamentarias, participaron activamente durante meses en la elaboración de una propuesta de reforma al régimen fiscal de nuestra industria petrolera.
Tras un arduo trabajo conjunto, se logró presentar al Pleno una primera iniciativa para reformar diversas disposiciones del capítulo doce, del título segundo de la Ley Federal de Derechos, las que en conjunto delineaban un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos. El objetivo fue dar un primer paso para restituirle a Pemex su vocación industrial, aliviando en algo una pesada carga fiscal que con el régimen vigente hasta el año 2005, representaba el 105 por ciento de su flujo neto de efectivo.
Aprobada prácticamente por unanimidad, la minuta correspondiente fue enviada al Senado donde también obtuvo un respaldo casi unánime. Sin embargo el Presidente de la República vetó la reforma aprobada por el Congreso y envió sus observaciones a la Cámara de Diputados.
Finalmente y tras arduas negociaciones, el Congreso adoptó el dictamen con el que se superaron de nueva cuenta casi por unanimidad, las observaciones hechas por el Presidente de la República y el nuevo régimen fiscal de Pemex pudo entrar en vigor el presente año.
Desafortunadamente, la complejidad e intensidad de la negociación realizada con una gran variedad de actores políticos al seno del Estado mexicano, dieron como resultado que la reforma quedara trunca o no fuera del todo coherente en valiosos aspectos. Precisamente son los que intentamos corregir en la presente iniciativa.
El objetivo fundamental es que nuestra empresa cuente con un régimen fiscal coherente y menos agobiante. En este sentido, las modificaciones específicas que se presentan en la iniciativa, estructuran seis aspectos que nos parece impostergable precisar en el régimen fiscal de Pemex en vigor.
Para concretar, los avances logrados en el tema de la Legislatura pasada, podemos señalar los aspectos siguientes:
Uno. Llevar a cabo una revisión del costo fiscal de producción del gas y el petróleo a más tardar en el año 2010, dado que el costo de producción se ira incrementando conforme lo haga la complejidad geológica de los nuevos yacimientos.
Dos. Modificar el piso para el pago del derecho para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Este derecho debe pagarse a partir del precio establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no como lo indica la ley actualmente, a partir de 22 dólares, independientemente del precio de referencia para el Presupuesto.
Tres. Incrementar la aportación para el Instituto Mexicano del Petróleo. Nadie puede dudar que la inversión en investigación y desarrollo tecnológico es un elemento imprescindible para el fortalecimiento de la industria.
Actualmente la aportación al Instituto está fijada al .05 por ciento del valor de la producción. Nosotros proponemos que sea el doble, es decir, 0.1 por ciento.
Cuatro. Realizar ajustes de técnica contable a fin de que no queden ambigüedades que puedan ser utilizadas por la Secretaría de Hacienda para elevar los montos de los derechos que debe enterar Pemex al fisco.
Cinco. Eliminar la obligación de Petróleos Mexicanos de producir un mínimo de barriles por año, ya que ello estimula la explotación irracional de los yacimientos.
Seis. Abrir la posibilidad de que los proyectos menos rentables como los de aguas profundas o el de Chicontepéc, puedan contar con un marco fiscal más flexible a fin de propiciar una mayor recuperación de los hidrocarburos.
En síntesis, de lo que se trata es de dotar a nuestra industria petrolera de un marco normativo que permita clarificar la naturaleza y monto de sus contribuciones fiscales, abrirle la puerta para una mayor autonomía y flexibilidad de gestión, así como facilitar el diseño de una adecuada política de planeación, inversión y desarrollo, fortaleciendo al mismo tiempo, la investigación e innovación tecnológica nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito solicitarle, señora Presidenta, se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta Honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se encuentran en este salón de sesiones los integrantes del Grupo de Amistad Finlandia-México, del parlamento finlandés, encabezada por su Presidente, el diputado Kauko Juhantalo, así como el diputado Klaus Hellberg, la diputada Anne Huotari, el diputado Kalevi Lamminen, y la diputada Aila Paloniemi, a quienes acompaña el excelentísimo señor Ilkka Heiskanen, embajador de Finlandia en México. Sean ustedes bienvenidos a la casa del pueblo mexicano y les deseamos el mejor de los éxitos durante su estancia en nuestro país que los acoge con muchísimo afecto. Gracias por su visita.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley de Seguridad Nacional.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El que hace uso de la voz, diputado federal por el distrito de Ahome, Sinaloa, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71 fracción II de nuestra Carta Magna vengo a someter a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente
Exposición de motivos
La seguridad nacional es una cuestión que no puede ser vista superficialmente o de forma aislada y menos cuando ocurren diversos actos violentos que vulneran la paz y la seguridad de la nación.
Los acontecimientos del pasado lunes 6 de noviembre, en los que se atentó contra el patrimonio de diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas mi partido el Revolucionario Institucional, son una muestra poco cuestionable de que los órganos de inteligencia encargados de la seguridad nacional han sido superados sin dificultad alguna.
En diversas ocasiones desde esta tribuna se han buscado soluciones a los problemas relacionados con la seguridad nacional, pues entendemos a ésta como un elemento que tiene relación directa con los principios rectores de la vida democrática en cualquier estado moderno.
Para ello, desde el 13 de diciembre del 2002, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión en materia de seguridad nacional y de que el propio titular del Poder Ejecutivo Federal pudiera garantizar que esta actividad, no vulnerasen los derechos de los gobernados. Dicha reforma fue aprobada en la Cámara de Senadores el 29 de abril del 2003 y publicada posteriormente el 5 de abril de 2004.
Durante la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, el 30 de octubre de 2003 se presentó una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Seguridad Nacional, misma que fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos. Para el 15 de abril la Cámara de Senadores aprobaría dicho dictamen remitiéndose a la Cámara de Diputados.
El estudio de esta minuta se realizaría durante los meses de octubre y noviembre de 2004 en las Comisiones de Gobernación y Justicia y Derechos Humanos de este órgano legislativo, para finalmente publicarse el 31 de enero de 2005.
La llamada Ley de Seguridad Nacional vigente a partir del primero de febrero de 2005 busca ser un instrumento para regular de manera clara y eficaz los tópicos relacionados con la seguridad nacional, al sentar las bases de integración y de acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de su preservación, así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán en dicha tarea.
El Legislador originario comprendió lo trascendental que es la participación del Congreso en esta materia y creó lo que la doctrina llamada en el derecho parlamentario comparado Comisiones Permanentes creadas por esta legislación legal, es decir, órganos de trabajo legislativo que tienen su origen en una ajena ley al marco normativo, que regula la organización y funcionamiento interno del Congreso.
Adicionalmente a su particular origen, encontramos que tal comisión es de tipo bicamaral, es decir, compuesta tanto por diputados como por senadores, siendo su presidencia rotativa.
Para el 26 de diciembre 2005 se publicaría en el Diario Oficial el decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 56 de la multicitada ley, para definir la rotatividad de la presidencia de la comisión bicamaral. Esta reforma impuso al Congreso General en su artículo segundo transitorio la obligación de reformar su Ley Orgánica para regular las atribuciones necesarias para el buen desempeño de la comisión bicamaral.
El precepto señala: "Al entrar en vigor el presente decreto y para los efectos del segundo párrafo en el artículo 56 de este decreto de reformas, en un plazo de un año deberán impulsarse las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para contar con las atribuciones necesarias para el mejor desempeño de la comisión bicamaral".
La intención fue generar un conjunto de normas para la organización y funcionamiento internos de la comisión bicamaral, tomando como base a las características de su presidencia rotativa, es decir, regular las atribuciones de quien la presida y, en consecuencia, conformar la integración de su mesa directiva, definir el número de integrantes, precisar el título y número de reuniones y lo relacionado con el personal de apoyo técnico.
No debemos perder de vista que el plazo fijado a esta soberanía para incorporar las reformas y adiciones a su Ley Orgánica está por llegar a su fin este próximo mes de diciembre, por lo que la presente iniciativa busca dar cumplimiento legal que la anterior Legislatura fijó en esta norma, tomando en cuenta que la seguridad nacional es un tema que merece la atención inmediata y directa de quienes integramos esta Asamblea representativa.
La técnica legislativa sugiere para estos casos la creación de un aparato específico en la ley a modificar, que desarrolle de forma precisa los supuestos propios del hecho o acto motivo de la reforma.
Por ello, proponemos en esta iniciativa la adición de un Título VI a la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, que contendrá específicamente las atribuciones necesarias para el buen desempeño de esta comisión bicameral.
El nuevo Titulo VI definirá puntualmente el plazo para la instalación de la comisión bicameral, el número de integrantes de la misma y de su Mesa Directiva, el método para integrar ambas, el período de duración de la Presidencia rotativa, las facultades que tendrá el legislador que la presida, el tipo de reuniones a celebrar, así como el apoyo de las áreas administrativas para su buen funcionamiento.
En cuanto a nuestra propuesta de reforma al primer párrafo del artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, se deriva de la necesidad de reflejar la pluralidad existente en nuestro Congreso.
La importancia de las actividades que realiza la comisión bicameral no puede estar limitada taxativamente a un número fijo de integrantes; por ello consideramos que dicho artículo debe contemplar la representatividad y pluralidad existente en esta Cámara.
La propuesta de nuestra iniciativa busca incorporar a la norma la utilización de dos principios de derecho parlamentario: la pluralidad representada en las Cámaras y la proporcionalidad en el número de integrantes por la fuerza política.
Asimismo, hacemos esta propuesta: Artículo primero. Se adiciona un Título VI a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Título VI. Del control y la evaluación de las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional. Para el control y la evaluación de las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional, el Congreso de la Unión contará con una comisión bicameral que tendrá las atribuciones que le confiera esta misma ley.
Artículo 137. La Junta de Coordinación Política de cada Cámara propondrá ante el Pleno la designación de los legisladores que integran la comisión, con el señalamiento de quienes se desempeñarán como presidente y secretarios de la misma.
Esta comisión deberá instalarse dentro de los 15 días posteriores a la aprobación del acuerdo que emita la Junta de Coordinación de cada Cámara para el nombramiento de los legisladores que la integrarán.
Artículo 139. La comisión bicameral se integrará por un mínimo de tres senadores y tres diputados y un máximo de 10 senadores y 10 diputados, tomando en cuenta los principios de pluralidad y proporcionalidad que rigen a las comisiones ordinarias.
Siguiente artículo. Para la integración de la Mesa Directiva de la comisión bicameral, la Junta de Coordinación Política de cada Cámara, tomará en cuenta la representatividad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios existentes.
Artículo 141. El presidente de la comisión bicameral durará un año legislativo en su encargo.
Artículo 142. Son facultades del presidente de la comisión bicameral: a) Enviar su programa anual de trabajo a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. b) Convocar a reuniones del Pleno de la comisión bicameral y de la Mesa Directiva por lo menos una vez al mes.
Remitir un informe anual de actividades a la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras que integran el Congreso de la Unión, el cual contendrá un dictamen relativo al control y evaluación de las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional y los acuerdos generados en las reuniones con el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Citar al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y demás autoridades relacionadas con el tema a la problemática y coadyuvar en el Consejo de Seguridad Nacional en la generación de proyectos y de iniciativas.
Artículo 2. Se reforma el primer párrafo del artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue: Las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo federal, por conducto de una comisión bicameral, la cual estará integrada por el número de senadores y diputados que señale la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Es cuanto señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación.
La siguiente iniciativa agendada por el grupo parlamentario Nueva Alianza y que presentaría la diputada Silvia Luna Rodríguez, a petición del grupo parlamentario se pospone.
Se concede el uso de la palabra al diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, misma a la cual pido la inserción íntegra de la presente iniciativa en el Diario de los Debates dado que por economía parlamentaria y por la publicación de la propuesta normativa en la Gaceta, sólo daré cuenta de una síntesis en tribuna.
Sin duda, la consolidación de la democracia trae aparejada la ineludible rendición de cuentas ya que los gobernantes, al ser electos libremente por la sociedad, llevan consigo la responsabilidad primaria de rendir cuentas en un marco de transparencia y objetividad sobre los gastos de su administración.
En este sentido, resulta necesario contar con instituciones sólidas y confiables, capaces de generar certidumbre y transparencia en el análisis del uso de dichos recursos, logrando que la ciudadanía tenga plena confianza sobre la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos.
La fiscalización que realiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deriva de las facultades conferidas constitucional y estatutariamente a la misma, que son el examen, discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
Por lo anterior, tiene una posición inmejorable para investigar que los egresos que ésta misma aprobó, se sujeten al marco normativo y examinar los resultados de la gestión gubernamental, desde la perspectiva de los propósitos, objetivos y metas establecidas por el Ejecutivo local, ante esa Asamblea Legislativa.
Desafortunadamente los alcances de la Contaduría Mayor de Hacienda resultan incompatibles con el proceso democrático mexicano. El modelo imperante en la citada Contaduría, puede llegar a convertirse en instrumento mediante el cual, el sistema legitime actos de corrupción en la administración pública del Distrito Federal.
Por ello, y atendiendo a la enseñanza práctica de que una institución no puede sobrevivir cuando sus procedimientos internos están encaminados a la impunidad; debe impulsarse un nuevo modelo que privilegie la apertura, la transparencia, el derecho a la información, el apartidismo, la prevalencia de la técnica y la responsabilidad en sus integrantes.
Por estas razones y ante los reclamos de una sociedad cada día más exigente, resulta impostergable reforzar la estructura legal que establece el manejo y control presupuestal del Distrito Federal.
El proyecto de iniciativa propone reformas a los artículos 122 constitucional y a los artículos 42, 43 y 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de fortalecer el actual esquema y órgano de fiscalización de la capital federal, dotándolo de mayores grados de autonomía, ampliando sus funciones sustantivas y cambiando su denominación.
Con ello, el grupo parlamentario del Partito Acción Nacional confirma su ardua tarea por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos como un elemento primordial de la transición democrática del país, pues a mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor democratización y competitividad del régimen.
En efecto, las instituciones federales y locales encargadas de controlar el ejercicio de los recursos públicos, deben consolidarse como los mecanismos óptimos, conjuntamente con la sociedad para la transparencia de los actos de gobierno.
En este tenor, la presentación de esta iniciativa de reformas, consisten en transformar a la actual Contaduría Mayor de Hacienda en un órgano de fiscalización superior de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Asimismo, se pretende fortalecer los ámbitos de autonomía institucional, tanto técnica, como de gestión financiera, ya que la autonomía es fundamental para conseguir la eficiencia y efectividad plena de los fiscalizadores.
La aprobación de la presente iniciativa redundará en el reordenamiento de las facultades del órgano técnico de fiscalización del Distrito Federal, que deben girar en torno a la revisión de la cuenta pública, en términos de los criterios previstos para el ámbito federal, por el artículo 74 de nuestra Ley Suprema.
También se amplían los sujetos sobre los cuales contará con facultad fiscalizadora, de entre los cuales quedarán comprendidos los órganos del Gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos; los que se han transferido a los particulares; los partidos políticos inscritos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México; los fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier acto jurídico que ejerzan recursos públicos.
De igual manera, dentro del cuerpo de reformas se determina en el Estatuto de Gobierno la inamovilidad de los miembros de su órgano de dirección, estableciendo el mecanismo para su designación y remoción, así como la duración de sus cargos y con la finalidad de garantizarles certidumbre e inamovilidad en las funciones que deberán desempeñar, los auditores superiores de fiscalización del Distrito Federal, se les incorpora en los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia previstos en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, se establecen dentro de los artículos transitorios, las disposiciones y mecanismos necesarios para dotar de certeza legal a la transición que necesariamente se da entre el órgano que desaparece y el que se pretende crear.
Al respecto se prevé lo relativo a la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros, la causahabiencia de los derechos y obligaciones, así como la resolución de trámites pendientes y un aspecto destacable como lo es la prohibición de que alguno de los auditores pueda ser nombrado para ocupar dicho cargo en el nuevo ente que se crea.
Es importante señalar en este sentido que el órgano responsable de la fiscalización interorgánica en la Ciudad de México debe ser objeto de un proceso de modernización y adecuación del marco jurídico en materia de fiscalización, en aras de que el cumplimiento de sus actividades se encuentre alejado de cualquier interés partidista, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y de transparencia que exige la sociedad. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.
Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea.
El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 fracción II, 72 inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 55 fracción II; 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Dentro del marco de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4º establece el derecho de todo mexicano a la protección de su salud. Es la salud uno de los bienes sociales más preciados que todo ser humano debería tratar de conservar y por el que día a día debería pugnar, ya que si se tiene salud cualquier proyecto o perspectiva de vida por sí mismo adquiere posibilidades de ser logrado.
En muchos casos nuestra salud, incluso nuestra propia vida, puede depender de la administración de uno o varios medicamentos, ya que la prevención, curación, rehabilitación o control de las enfermedades pueden ser tratadas mediante los efectos terapéuticos que conlleven los principios activos de las fórmulas farmacéuticas. Por ello, la evolución de la humanidad ha hecho que los medicamentos sean considerados artículos de primera necesidad, es decir, bienes básicos para cualquier sociedad y que al pasar el tiempo su consumo adquiera grandes proporciones.
Dicho sea de paso, somos un país cuya tendencia orilla al envejecimiento de la población, lo que de suyo implica el aumento en la demanda y consumo de medicamentos.
Respecto del consumo de medicamentos, podemos destacar los siguientes aspectos: México, Brasil y Argentina concentran actualmente 80 por ciento del consumo total de medicamentos en toda América Latina. Estos países, junto con Europa, Estados Unidos y Japón, concentran la principal fuente de consumo de la industria farmacéutica internacional.
Para el caso de los tres primeros países, el consumo de medicamentos asciende a los 12 mil millones de dólares anuales y para el caso de Europa, Estados Unidos y Japón el consumo en conjunto asciende a los 310 mil millones de dólares.
De acuerdo a la OCD, nuestro país destina 22 por ciento de sus erogaciones totales de salud a la compra de medicamentos, al mismo tiempo que el 91 por ciento de dicho gasto proviene del bolsillo de las personas.
Cabe decir que entrado el año 2005 ascendió a dos mil 800 millones de dólares el gasto de medicamentos en el mercado privado de nuestro país.
En lo que respecta a la producción de medicamentos es menester destacar lo siguiente: en Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia se concentra la producción farmacéutica a nivel internacional, al mismo tiempo que son pocos los laboratorios que concentran la producción de medicamentos. A saber: Pfizer, GlaxoSmith, Merck, Astra Zeneca y Novartis.
Cabe decir que hoy día el mercado farmacéutico en nuestro país ha alcanzado la novena posición a nivel mundial y el primero en América Latina en materia de producción de medicamentos.
De hecho, se espera que para el presente año la industria farmacéutica de México reporte ventas por nueve mil millones de dólares y siga aumentando su tendencia de crecimiento, el cual ha sido de 13 por ciento en los últimos cinco años, lo que ha significado ser un sector altamente rentable a los industriales del ramo, especialmente a los laboratorios transnacionales, que tienen concentrada la producción y comercialización de medicamentos a nivel internacional.
El hecho de que la producción y comercialización de los medicamentos a nivel internacional esté concentrada y manejada por una minoría de laboratorios ha derivado en la monopolización del sector farmacéutico, lo cual ha trascendido a nuestro país y cuyo resultado final lo sentimos en los elevados precios de los medicamentos patentados, afectando directamente el bolsillo de los consumidores y, lo que es peor, contribuyendo a la precarización e iniquidad de la salud de aquellas personas que requieren de algún medicamento para gozar de salud, incluso para salvar su propia vida.
En el mercado farmacéutico mexicano se encuentran establecidas alrededor de 250 empresas, de las cuales 10 por ciento son del gran capital y 90 por ciento del mediano y pequeño. Esta industria alcanzó en México, en el año 2005, ventas por seis mil millones de dólares, de los cuales la mitad se concentraron en 10 laboratorios de empresas transnacionales asentadas en nuestro país, entre los cuales se encuentran Pfizer, Roche, Glaxo Novartis, Shering Ploug y Johnson & Johnson.
Las ganancias multimillonarias de estas empresas en gran medida derivan del beneficio que actualmente les otorga la ley en materia de patentes, específicamente el prolongado lapso de vigencia establecido en la Ley de Propiedad Industrial de nuestro país que a la letra dice, en su artículo 23.
"La patente tendrá vigencia de 20 años, improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente", situación que se refuerza con la normatividad internacional, como es el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial de Comercio y que, en su artículo 33 establece:
"La protección conferida por una patente no expirará antes que haya transcurrido un período de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud".
Por ello hacemos un categórico y enérgico llamado al Ejecutivo federal a fin de hacer cumplir cabal y estrictamente el espíritu y la letra del Legislador respecto de la vigencia de las patentes establecidas en la normatividad nacional e internacional, a objeto de evitar que los titulares de patentes y autoridades incurran en prácticas que conlleven indirectamente a la extensión de dicha vigencia.
Ello porque si bien es cierto que las patentes tienen como finalidad incentivar económicamente a los creadores de productos para dar a conocer al resto de la sociedad los beneficios de sus innovaciones, así como estimular la investigación y desarrollo de nuevos productos, también es cierto, para el caso del sector farmacéutico, que no son suficientes para mantener una sana industria de medicamentos.
Como dice el maestro Santiago González Luna, tampoco significa que las patentes deban ser derechos absolutos e ilimitados, ya que la hipertrofia de las patentes no acarrea más innovación, por el contrario, facilita el abuso de derechos y disminuye la libre competencia, que es el otro motor de la innovación.
El hecho de que los medicamentos innovadores sean una creación humana científica de gran aporte, valor y beneficio a la sociedad, sin menoscabo del desarrollo y competencia industrial, no debe ser factor para que su producción y venta se desvirtúe del beneficio social y cause un gran daño a la comunidad en el momento en el que su valor se exagera, sale de control y se convierte en absoluto, como lo que ocurre en la industria de medicamentos en nuestro país, cuyos altos precios de venta merman el beneficio a la población, al padecer ésta día a día el alto costo económico y social de no poder pagarlos, anteponiendo el interés común sobre el privado.
La iniciativa que presento hoy pretende contribuir a la disminución de los precios de los medicamentos, por tanto, a flexibilizar el acceso a los mismos a través del fomento a la competencia industrial que la concesión de licencias de utilidad pública puede aportar mediante la explotación de ciertas patentes de medicamentos que atiendan a las exigencias de la propia transición epidemiológica de la que nuestra población mexicana es objeto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y considerando que los derechos exclusivos que confieren las patentes pueden incidir en el precio y la disponibilidad de los medicamentos y en apoyo al derecho de proteger la salud pública y promover el acceso a los medicamentos para todos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
"Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 77, se adiciona una fracción VII al artículo 223 y se reforma el artículo 224, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
"Ley de la Propiedad Industrial. Título Segundo. De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. Capítulo VI. De las licencias y la transmisión de derechos. Artículo 77. Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, y en caso de enfermedades consecuencia de la transición epidemiológica general del país, cuyos niveles de morbilidad y mortalidad demanden atención prioritaria, previamente autorizada por el Consejo de Salubridad General, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitirá la declaración correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinando que la explotación de las patentes que la misma declaración establezca, se hagan mediante la concesión de licencias de utilidad pública.
"Título Séptimo. De la inspección de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos. Capítulo Tercero. De los delitos. Artículo 223 fracción VII. La trasgresión por parte de los titulares de las patentes a lo dispuesto por el artículo 77 de esta ley.
"Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien cometa alguno de los delitos que se señalen en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta ley. En caso de los delitos previstos en las fracciones II, III y VII del mismo artículo 223, se impondrán de tres a 10 años de prisión y multa de dos mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
"Transitorios
"Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Morales. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, señor Presidente. Estimados compañeros diputados. México tiene una añeja tradición en juegos y sorteos, que forman parte de una convivencia familiar. Así, conocemos la lotería mexicana, carreras parejeras de caballos, peleas de gallos, otras como Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, Melate y otras muchas que existen con ánimos altruistas de apoyo a universidades, a patronatos, incluso a partidos políticos. Son manifestaciones populares muy propias de nuestra gente y de nuestro pueblo.
La ley que nos ocupa, si bien responde a legislar las manifestaciones antes descritas, también aborda un fenómeno novedoso en el que los sorteos y las apuestas son de carácter permanente y también el riesgo de que estas actividades estén distorsionadas.
Hace algunos días el PRD presentó una iniciativa para exhortar a la Suprema Corte sobre la resolución de una controversia constitucional que creó un Reglamento —el señor Presidente— y que está pendiente todavía de resolverse su constitucionalidad.
Ante estas actividades, mucho se ha hablado en qué lugar serían ubicados estos centros de apuestas o de diversión; centros turísticos, en playas. Son temas que todavía están por analizarse.
Sin embargo, para los municipios y para los estados, el establecimiento de este tipo de negocios provocan —de alguna manera— en algún tipo de negocios, violencia, tráfico de estupefacientes, comercio carnal, alteran la vida de la comunidad y por ello deben ser regulados adecuadamente.
Debemos de considerar que son las autoridades locales, municipales y estatales, las que reciben los principales impactos del establecimiento de estos centros. Y por lo tanto, pues deben también tener opinión y decisión en cuanto a su establecimiento.
Sabemos bien que muchos de estos negocios son especulativos, buscan beneficios mercantiles, muchas de dichas actividades son lícitas. Estos recursos pues también sirven para desarrollar el turismo para beneficiar a ciertas comunidades.
Sin embargo, considerando el grave impacto que de alguna manera se provoca en las comunidades, hemos considerado justo que los beneficios que se obtengan de estas actividades sean divididas en beneficio principalmente de los municipios y de los estados —y en última instancia— o compartidos con la Federación.
En este espíritu de federalismo y de respeto a nuestras comunidades quiero expresarles que para los municipios representa un grave problema el hecho de que se llegue, con permisos de Gobernación, por establecimientos que se asientan sin ninguna autorización de los cabildos ni del Estado y es hasta que ya están funcionando cuando se pueden tomar algunas medidas.
Esta iniciativa que pretende reformar la Ley de Juegos y Apuestas conserva precisamente una regulación para que haya un respeto a los municipios y a los estados. Precisamente el fortalecer las atribuciones de las entidades federativas, pugnar por una mayor cooperación, promover el establecimiento y normas de operación, este tema ya ha sido también discutido en la Conago; existe una comisión específica para esta regulación.
Es importante señalar que el problema se ha acelerado, se ha evidenciado cuando se han entregado recientemente —en el 2005— siete nuevos permisos con la posibilidad de instalar 198 nuevos centros de apuesta en nuestro país, todo ello con un grave perjuicio para las comunidades, para los municipios y para los estados.
Por esta razón, hemos elaborado esta iniciativa donde concretamente queremos regular algunos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, que para poder instalar un negocio de este tipo, previamente se consulta a los cabildos de los municipios, que se les dé la autorización previa, no que sea primero Gobernación y luego los cabildos o los estados quienes reciban el impacto, sino partir del lado opuesto. Primero solicitar ante la autoridad municipal esos permisos, porque son los que conocen perfectamente los problemas que se pueden generar.
Igualmente, también establecer responsabilidades para los propietarios de inmuebles que sin tener a la vista o a la mano los permisos autorizados por los cabildos o los municipios, den entrada a estos establecimientos que luego constituyen una verdadera lacra para poderlos sacar, violan los horarios de alcohol, provocan una serie de incidencias que molestan a las personas.
En igual forma, se establecen las posibilidades de sancionar a funcionarios estatales, federales y municipales que transgredan las disposiciones y hagan funcionar este tipo de establecimientos. En igual forma, prevemos la necesidad de que los recursos que se obtengan de esos negocios, puedan ser válidamente compartidos entre los estados y los municipios. Se considera igualmente, el imponer sanciones de naturaleza penal a quienes de alguna manera transgredan estas responsabilidades.
En realidad, este problema lo vivimos todos en todos los estados. Como alcalde que fue un servidor del municipio de Guadalupe, Nuevo León, nos tocó luchar con gente que se establecía sin contar con esos permisos y era una lucha de amparos, autorizaciones de aperturas, de cierres y sé que este mismo problema está prevaleciendo en todo el país.
Hace algunos momentos, compañeros míos diputados estaban tratando de establecer una comisión de investigación precisamente para que se indague cuántos centros de apuestas, cuántos negocios se abrieron en estos últimos meses en el año anterior y los dos últimos años, ver qué gente es la que está metida en estos negocios.
Yo creo que es muy importante que como diputados nos solidaricemos con este programa, sobre todo porque necesitamos desarrollar un país donde la diversión, donde se pueda compartir la diversión con el orden normativo. Yo creo que dadas las condiciones que vive nuestro país de inseguridad, estos centros, si no están regulados debidamente y vigilados, provocan muchas incidencias criminales.
Por tal razón, los estados y municipios necesitan tener recursos también para poder sostener a sus policías, para poder tener los centros de vigilancia y garantizar el buen desempeño de estos negocios.
¿Por qué no pensar en instalar los centros de diversión o de apuesta en lugares fuera de las zonas urbanas donde no provoquen problemas a las áreas municipales conurbadas? Buscar áreas donde se pueda desarrollar una empresa de este tipo y tratar de beneficiar de alguna manera a esas comunidades. La costumbre mexicana no puede abdicar de esa diversión, desde las loterías que no tienen un premio efectivo hasta las demás actividades de las cuales participan todos los mexicanos.
Pero sí debemos de vivir dentro de un orden cuidando la seguridad, cuidando los recursos y sobre todo, cuidando que se respete a los municipios y a los estados y que sean ellos los que determinen la posibilidad de instalar estos centros o negar en su momento. No que sea al revés, que primero nos los manden con libros de apuestas con autorizaciones y nos echan la carga para tratar luego de ordenar este tipo de problemas.
Por su atención, muchas gracias. Espero sea esto incorporado a la Gaceta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Francisco Rivera Bedoya. Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.
Esta Mesa Directiva saluda a los estudiantes de derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de la Anáhuac, de Tejupilco, Estado de México, aquí presentes en la sesión.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Madrazo Limón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de Ley Federal de Archivos, suscrita por el diputado Madrazo la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Carlos Madrazo Limón: Con su permiso, señor Presidente.
Los que suscriben, Carlos Madrazo Limón y Ruth Zavaleta Salgado, diputados federales en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, al tenor de lo siguiente.
En su paso por la tierra, el hombre siempre ha tenido la obsesión de dejar testimonio de sus actos, incluso de los más cotidianos. Esta necesidad de perpetuar su memoria histórica nos ha dado los elementos para la investigación puntual de su desarrollo en todos los aspectos de su coexistencia con la naturaleza y otros grupos humanos.
Los testimonios que ha dejado desde las etapas primigenias de la evolución de su pensamiento son los documentos que elaboró, utilizando los soportes que tuvo a su alcance. La trascendencia de los testimonios documentales es tan grande que con ellos nació la historia misma.
Sólo a partir de que el hombre deja documentos en sus actos se habla de historia; se habla de un pasado de la humanidad. Hoy en día la historia no se hace exclusivamente con documentos escritos; el pasado se reconstruye con los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas, con los testimonios que se conservan en los museos y en los laboratorios científicos; con encuestas y testimonios orales; con las imágenes trasmitidas por los más diversos objetos y más recientemente con las imágenes del cine, la televisión y por supuesto el Internet.
Sin embargo, puede decirse que estos cambios y enriquecimientos no han disminuido la importancia de los archivos como sus conservadores y trasmisores de la memoria histórica.
La riqueza documental acumulada en los archivos nacionales, provinciales, locales, eclesiásticos y privados; la secuencia histórica que los articula y la posibilidad de aplicar en esa cuantiosa información las nuevas técnicas de análisis que continuamente ensayan los investigadores, los mantiene como uno de los fondos más ricos, homogéneos y confiables para estudiar el pasado.
El documento es el registro, prueba y memoria de los actos del hombre y de los hechos de la naturaleza. De ahí la importancia de establecer criterios que nos resulten útiles para el manejo adecuado de los millones de documentos cuya conservación y acceso incumbe a los archivos del país.
La iniciativa que se presenta ante esta soberanía parte de la premisa de que es necesario replantear en forma sencilla y moderna el papel que deben de desempeñar los archivos no exclusivamente como guardianes del patrimonio sino como centros de información y cultura para así contribuir de manera eficiente al desarrollo de la cultura nacional.
Es importante destacar los siguientes elementos para la evaluación de la presente iniciativa: Primero. Que el Congreso de la Unión está facultado para legislar en la materia, como se desprende de la obligación de crear instrumentos legales que garanticen el derecho al acceso a la información, contenida en el 6o. de la Constitución General.
Segundo. Que la responsabilidad de esta soberanía para legislar en materia de regulación de archivos en posesión de los órganos inmediatos y mediatos de la Federación es impostergable, dado que debe crearse una política de Estado respecto a la protección, la preservación, conservación y difusión de los archivos en función de todos los órganos federales y no únicamente unos lineamientos sobre el manejo de los mismos en poder del Ejecutivo federal.
Debe hacerse notar la importancia que reviste el establecimiento de la definición del patrimonio documental de la nación, sin duda un instrumento legal del que podría hacer uso el Estado para poder custodiar de mejor manera los archivos tanto públicos como privados que por su relevancia deben de ser protegidos en términos de la ley.
Cuarto. Que la iniciativa es consistente, armónica y complementaria con las disposiciones existentes en el orden jurídico nacional, como las contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley General de Bienes Nacionales, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, entre otras más.
Quinto. Que si bien es cierto que la naturaleza jurídico-administrativa del Archivo General de la Nación es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se ha estimado pertinente brindar certeza jurídica y permanencia, vía ley, a este ente y convertirlo —con pleno respeto a los demás órganos federales y órdenes de gobierno— en el eje sobre el cual debe girar la política de Estado en materia de conservación y difusión de archivos.
Sexto. Que en todo caso, la iniciativa deja a salvo para su reglamentación por la vía de disposiciones generales o reglamentos, la conservación, difusión, acceso y consulta de archivos que detenten los demás órganos federales distintos al Poder Ejecutivo.
VII. Se reconocen los adelantos tecnológicos actuales y los que estén por venir, previéndose que los documentos pueden estar incorporados en cualquier forma o soporte.
VIII. Se dispone de la necesidad de preservar en territorio nacional aquellos documentos que no sean fácilmente sustituibles. Dicha medida deberá abonar a la conservación de nuestra memoria histórica, evitando así las ventas de diversos documentos históricos como ha acontecido en tiempos pretéritos.
IX. Un elemento básico de la presente iniciativa lo constituye el reconocimiento que le da la ley al Archivo General de la Nación.
Si bien se considera que la actual forma de organización administrativa del Archivo General de la Nación es la más adecuada para desarrollar sus actividades y por lo mismo se conserva ésta, el avance de este hecho lo podemos medir a través de dotar de permanencia y seguridad jurídica a dicho órgano desconcentrado al ya no depender su existencia de la voluntad y discreción del titular del Ejecutivo en turno.
X. Se instruye a Archivo General de la Nación, como el eje rector del Poder Ejecutivo Federal, para la administración de los archivos e incluso, dada su experiencia, sus brazos técnicos se expandirán en otros terrenos y ámbitos orgánicos, fortaleciendo de esta manera la política del Estado sobre la materia.
XI. Es creado un cuerpo colegiado que, además de los órganos de administración y de gobierno del Archivo General de la Nación, coadyuvarán de manera sería y razonada sobre las políticas a implementarse en materia de administración de archivos, dado que su conformación contará con servidores públicos, académicos y especialistas de las disciplinas vinculadas con las funciones del Archivo General de la Nación.
XII. Se pretende plasmar, vía ley, la obligación de registrar los archivos que los sujetos obligados posean, así como de manera potestativa las personas y organizaciones privadas y del sector social. Con esa medida deberá de tenerse certeza sobre el universo de archivos que deben protegerse, así como las medidas a instrumentarse para ello.
XIII. Por último, si bien es cierto y tal y como se ha señalado en este documento, operativamente ya existe un Sistema Nacional de Archivos, coordinado por el Archivo General de la nación, a través de este proyecto de cuerpo legal se pretende establecer las bases y su permanencia como requisito básico para hablar de una verdadera política de Estado en materia de administración de archivos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este órgano del Poder Legislativo federal, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos.
Agradecemos la disposición del personal del Archivo General de la Nación, y en especial al maestro Jorge Ruiz Dueñas, por su participación.
Señor Presidente, le solicito sea tan amable de integrar en el Diario de los Debates el documento íntegro. Asimismo le solicito turnarlo a la Comisión de Gobernación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Madrazo. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. En sesión celebrada el 18 de marzo de 2004, durante la LIX Legislatura fue creada la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México cuya función y objeto se circunscribió de forma exclusiva a la denominación, es decir, sólo una Comisión encargada de dar seguimiento a programas y desarrollo para esa región.
De conformidad con el resolutivo cuarto del acuerdo de constitución, la Comisión Especial ejerció la función que se le encomendó a partir de la fecha de su constitución y hasta el 30 de abril del 2006, por lo que en sesión del Pleno en la Cámara de Diputados celebrada el 5 de abril del 2006 se presentó una proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que dicha Comisión Especial tuviera vigencia hasta el término de la LIX Legislatura, recién fenecida.
En aquella ocasión se advirtió que la solicitud de ampliación del período de vigencia de la Comisión Especial respondía a la necesidad de dar continuidad a los compromisos y acciones de desarrollo regional que se han implementado entre dicha Comisión y los gobiernos de los estados que componen la región Sur-Sureste del país, por lo que la Junta de Coordinación Política consideró viable extender el plazo previsto para desarrollar las tareas que le fueron encomendadas a la Comisión Especial multicitada.
Bajo el argumento de que resultaba pertinente seguir avanzando en la construcción de políticas legislativas y de gobierno, sobre todo de carácter presupuestal, dirigidas a fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social de una región del país caracterizada por sus altos índices de pobreza y de marginación.
De esta manera el Pleno de la Cámara aprobó el 20 de abril de 2006 el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que en su numeral 1 establece: "Se amplía el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, hasta el 31 de agosto del año 2006. La Comisión Especial continuará desarrollando las funciones y tareas que le fueron encomendadas en el acuerdo de constitución".
Compañeras y compañeros diputados, una de las principales aspiraciones de todo Estado democrático es el de alcanzar y consolidar el desarrollo y bienestar social de sus ciudadanos. Nuestra Norma Suprema contiene como uno de sus principios fundamentales el de la democracia, concebida no sólo como una estructura o régimen de gobierno, sino como el constante mejoramiento de las comisiones sociales, económicas y culturales de la sociedad mexicana.
Hay que reconocer que en este propósito el Poder Legislativo ha contribuido a través de las actividades legislativas para consolidar un marco jurídico que permita la adopción de políticas de gobierno que atiendan y reviertan las condiciones de atraso y de marginación en las que se encuentran sumergidas algunas zonas del país como la región Sur-Sureste, que se integra con estados cuyas estadísticas advierten de su alto grado de marginación y olvido, tales como son los casos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado desde el ámbito de los Poderes Ejecutivo y Legislativo aún no han sido suficientes para dar respuesta a los reclamos sociales básicos de salud, educación, vivienda y creación de empleo bien remunerado, que nos permitan hablar de bienestar y desarrollo social sustentable e integral, por lo que es necesario implementar nuevas acciones que analicen y complementen el trabajo que durante la LIX Legislatura realizó la Comisión Especial para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste, para alcanzar tal derrotero.
Para ello, se propone que a partir de la creación de una comisión ordinaria se establezcan, con fundamento en los artículos 25, 26, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, los criterios básicos para la elaboración de un plan regional de desarrollo de la región Sur-Sureste del país a fin de que se incluya y considere en el Plan Nacional de Desarrollo y en el que participen los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como los Congresos estatales, en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal y el Congreso de la Unión sin olvidar la participación inevitable de la ciudadanía organizada.
Lo anterior con el objeto de que los programas y proyectos de desarrollo de dichas regiones, tengan en su conformación y aplicación, congruencia, articulación y eficacia, además de los mismos respondan a la formulación de una estrategia de desarrollo integral para la región Sur-Sureste del país.
No hay que perder de vista datos aprobados en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2006, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que indican que los niveles de desarrollo no han variado en México, por lo que lo ubican en el lugar 53 por debajo de Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba, que se ubican en los lugares 36, 38, 43, 48 y 50 respectivamente.
La búsqueda de mayores niveles de bienestar exige un crecimiento económico alto y estable. Pero éste no basta cuando los patrones de desarrollo generan tendencias distributivas desfavorables, como ha sido el caso de la región Sur-Sureste en la últimas décadas.
En efecto, los objetivos sociales no se pueden lograr si la agenda de desarrollo no los coloca en el centro de la política económica. Es necesario entonces, que los derechos humanos tanto los civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, constituyan el marco ético para la formación de la política de desarrollo.
Como bien lo ha sostenido la CEPAL, esta visión integral del desarrollo va más allá de la complementariedad de la política social, económica y ambiental y el reordenamiento democrático entre capital humano, bienestar social, desarrollo sostenible y ciudadanía. Debe interpretarse como el sentido mismo del desarrollo.
Esta nueva agenda debe permitir del reconocimiento de que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para reducir la pobreza y la desigualdad, por lo que también es necesario abrir nuevos espacios para la participación de la sociedad civil en este complejo proceso.
No le queda otro camino a esta Cámara del Poder Legislativo más que ser promotora del desarrollo económico y en particular de la formulación y aplicación de políticas públicas en el ámbito de su competencia, para reducir la inequidad y disminuir la pobreza de la región Sur-Sureste de México.
Indudablemente, para la consecución de tales metas y objetivos es preciso constituir una comisión cuya función sea permanente y no de carácter transitorio, a fin de lograr verdaderos resultados.
Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones existe razón para constituir una comisión ordinaria a partir de una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, que proponemos se denomine, por la trascendencia de su función, comisión par el desarrollo integral sustentable de la región Sur-Sureste de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, recorriéndose todas las fracciones en el mismo orden, hasta llegar a la fracción XL, para quedar como sigue:
Capítulo VI. De las comisiones y comités. Sección primera. Artículo 39 fracción IX. Comisión para el Desarrollo Integral Sustentable de la Región Sur-Sureste de México.
Artículo transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ojalá compañeros y compañeras diputados, volteen sus ojos a la región Sur-Sureste, la región más rica de México y a la vez en contraste, la más pobre, con una desigualdad social importante. Ojalá y nos apoyen. Así como tenemos la Comisión del Distrito Federal o la Comisión Metropolitana, así tengamos una comisión ordinaria del Sur-Sureste.
Por su atención, muchas gracias. Señor Presidente, solicito que lo inserten en el Diario de Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Mayans. Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la palabra a los diputados Carlos Armando Biebrich Torres, José Rosas Aispuro Torres y Víctor Leopoldo Valencia De los Santos, para que de manera conjunta presenten iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54, 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos Armando Biebrich Torres: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el mecanismo de elección de diputados federales está previsto en el artículo 54, donde estableció llanamente: ¨la elección de diputados será directa y en los términos que disponga la Ley Electoral¨. 46 años después se modifica el artículo 54 y se introduce adicionalmente a diputados electos por el voto directo, la figura de diputados de partido.
Esta nueva vía de acceso a la Cámara de Diputados fue concebida desde el mismo nombre como un elemento marginal a la representación nacional, como un factor de pluralización, más bien artificial de dicha representación.
La evolución de este concepto de 1963 que se instauró a la fecha, ha tenido constantes modificaciones, procurando alcanzar la representación proporcional y plural de las distintas corrientes ideológicas en la Cámara de Diputados; transitando de 20 diputados de partido entonces, a 200 diputados de representación proporcional en la actualidad.
La iniciativa puesta a su consideración que modifica y adiciona los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de buscar reducir la conformación del Congreso General, pretende darle gobernabilidad al Poder Legislativo, en particular a esta Cámara que se ha vuelto vulnerable por la composición de fracciones minoritarias, que aunado al exceso numérico de sus miembros impiden su funcionalidad operativa y consecuentemente su gobernabilidad.
Si en el pasado establecieron candados para impedir la sobre representación parlamentaria de un partido político y se precisó en el texto constitucional, que ninguno tendría más diputados que en números de distritos en que se divide la geografía electoral de la República; la cerrada competencia electoral que vivimos ha impedido desde hace una década que un partido político alcance la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que nos ha llevado a negociaciones y consensos que no siempre responden al interés nacional, ni cumplimos con el mandato popular de servir legislando para sustentar el desarrollo nacional y la paz social de la República.
La iniciativa propone limitar la sobre representación de un partido, reduciendo del ocho al cinco por ciento, la relación voto-escaños en la Cámara de Diputados y otorga lo que podríamos llamar: ¨premio electoral de gobernabilidad¨, que permite a un partido político alcanzar la mitad más uno de los miembros de la Cámara, con lo que se preserva al mismo tiempo, la pluralidad y proporcionalidad en la integración partidaria de la representación popular.
Si un partido político obtiene el mayor número de triunfos electorales logra la mayoría absoluta; que entre otras ventajas en esta Cámara daría eficacia a la actividad legislativa, resuelve con mayor facilidad asuntos de legislación ordinaria, que sólo requiere para ser aprobada de la mayoría absoluta de sus miembros presentes y no en el caso de modificaciones constitucionales que requieren el voto aprobatorio de dos terceras partes, que ningún partido por sí solo puede alcanzar. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Biebrich. Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Los que suscribimos la presente iniciativa, Carlos Armando Biebrich, Víctor Valencia y el de la voz proponemos modificar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reformar la integración del Poder Legislativo.
Es una demanda muy importante de la ciudadanía el que este Poder Legislativo pueda ser cada día más profesional, que responda más a las expectativas de la sociedad y para lograr ese objetivo nos parece muy importante que se pueda dar la reducción del número de sus integrantes, que eliminemos en el caso de la integración del Senado, el principio de representación proporcional, porque éste no obedece a las actuales circunstancias de un sistema federal, donde de inicio nuestra República —desde 1824—, una de las funciones más importantes del Senado de la República era precisamente el de representar al pacto federal y hoy en día hemos quebrantado y hemos violentado ese principio muy importante de los Constituyentes de 1824.
Por eso consideramos que el Senado de la República debe de eliminar en su integración la representación proporcional, para que de esa manera podamos tener a un Senado que responda realmente a los intereses de la nación y que, por otro lado, la lista de los senadores plurinominales debe ser eliminada para devolverle al Senado ese carácter federalista.
No podemos negar que los senadores de representación proporcional en realidad violentan el pacto y la representación federal. No hay que olvidar tampoco que la Cámara de Senadores es ante todo una institución en la que descansa la decisión política fundamental constitucional, de adopción del sistema federal, por lo que debe acercarse lo más posible a una integración paritaria de los estados que la forman.
En el caso de la Cámara de Diputados nos parece que se debe de eliminar, de los 200 diputados electos por el principio de representación proporcional, 100; para que sólo se elijan 100 por ese principio y bajo el principio, también de mayoría relativa, proponemos que se puedan reducir de 300 a 250 distritos para que la Cámara de Diputados pueda quedar integrada con 350 miembros y con 96 el Senado de la República.
Esto para hacer un Poder Legislativo más eficiente, un Poder Legislativo más profesional, que realmente responda a los intereses de la sociedad, porque hoy en día la sociedad lo que busca es que el Poder Legislativo logre acuerdos, ¿primero hacia dónde?, hacia el interior, pero también que pueda lograr los acuerdos necesarios con los otros Poderes de la Unión y particularmente con el Poder Ejecutivo Federal.
Por ello esta reforma, además de que podamos profesionalizar aún más al Poder Legislativo, estoy seguro que también la sociedad vería muy bien el que en el gasto público —el gasto financiero que hace el gobierno—, el costo del Poder Legislativo pueda ser menor.
Yo estoy seguro, compañeras y compañeros diputados, que si trabajamos en ésta, que es una demanda de la sociedad, vamos a lograr que el Poder Legislativo en un futuro no sólo le cueste menos al pueblo de México, sino lo más importante; que logre los acuerdos para que éstos se traduzcan en leyes, para que se traduzcan en beneficio a la sociedad. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rosas Aispuro. Para terminar esta presentación tiene la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos.
El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos: Gracias. Con el permiso de la honorable Asamblea. Sólo para efectivamente complementar la información de esta reforma que se pretende por parte de estos integrantes de la propuesta.
Hay que reconocer que esta Cámara de Diputados, del tamaño de la de ahora, no es un órgano legislativo eficiente; no permite el debate responsable; impide el procesamiento ordenado del trabajo de comisiones; dificulta la asignación de responsabilidades adecuadas y lo más grave, entorpece la formación de consensos necesarios a la definición de prioridades legislativas comunes a todas las fracciones ideológicas que la nación requiere con urgencia. Además, genera costos que, aun cuando no son lo más importante, también le preocupan a la ciudadanía y también desprestigian la tarea legislativa.
Un ejemplo que pudiera ubicar la presente propuesta es atendiendo al derecho comparado .En países cuya población es similar a la nuestra resulta fácil observar que sus órganos legislativos, en cuanto a su integración, son representativamente menores en comparación con el nuestro.
Por ejemplo, Argentina, 40 millones de habitantes. Se conforma la Cámara de Diputados por 256 miembros. En Brasil, con 285 millones de habitantes, la Cámara de Diputados no rebasa los 513. En España, un país con 44 millones de habitantes, el Congreso, la Cámara de Diputados, se compone con un mínimo de 300 y un máximo de 400. Actualmente son 350.
Una vez garantizada esta pluralidad de ideas y la fortaleza del sistema de partidos, es necesario también hacerlo con la organización legislativa para que el gobierno pueda ser conducido sin el obstáculo paralizador que significa la atomización política, como ha estado sucediendo en legislaciones recientes.
Se hace, pues, indispensable realizar una nueva forma y reforma constitucional que permita modernizar la composición del Congreso para que sea una institución más fuerte, eficaz y desde luego eficiente, acorde con la nueva realidad política del país y siga reflejando la pluralidad en que vivimos y constituya una expresión organizada de todos los sectores sociales y de todos los mexicanos, todo esto congruente con los nuevos tiempos que vive nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Valencia. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Francisco Dávila García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 A de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Francisco Dávila García: Con su permiso, señor Presidente. El de la voz, diputado Francisco Dávila García, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presento iniciativa de modificaciones al artículo 18 A de la Ley Federal de Derechos para la reasignación del pago por concepto de derechos de no inmigrante, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Compañeras y compañeros diputados, la actividad turística en México ha tenido en los últimos años políticas de gobierno tendientes a la planeación, crecimiento y desarrollo en los tres órdenes de gobierno, toda vez que el inicio de la derrama económica se da en el destino turístico, beneficiando en primera instancia, a los habitantes del lugar y éste a su vez al Estado y a la federación, generando también empleos que actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se encuentra en un promedio de un 30 por ciento por encima del ingreso de la media nacional, sin dejar de mencionar que en los últimos tres años se han generado anualmente alrededor de 100 mil nuevos empleos en este sector.
Así, de acuerdo con el reporte de ocupaciones remuneradas en la actividad turística actualizado al mes de junio del 2006, el número total de empleos por este concepto es de un millón 830 mil 732. Además, también se ha observado un crecimiento en la contribución para el producto interno bruto del país, alcanzando una aportación del 7.7 por ciento.
En esta generación de políticas tendientes al fomento del crecimiento y desarrollo sostenido de la actividad turística, el Poder Legislativo ha sido y es congruente y partidario con este objetivo, por lo que se creó el cobro del derecho de no inmigrante que se genera al turista internacional de visita en nuestro país, asignando la totalidad de lo recaudado por ese derecho a la promoción turística.
Sin embargo, al momento de establecerse estos recursos, se consideró necesario el destinar el 50 por ciento al Instituto Nacional de Migración, para que con este recurso se pudieran modernizar y eficientar los servicios migratorios, con el fin de hacerlos más ágiles y con ello el visitante no prolongue su estancia en las oficinas del servicio migratorio; situación que al día de hoy se ha logrado, por lo que se debe retomar la idea que dio origen al pago por el derecho de no inmigrante, destinándolo en su totalidad a la promoción turística.
Este derecho constituye la cuota a pagar por los extranjeros, por el permiso de estancia en México en calidad de turistas. Recordemos que el ejercicio del cobro de este derecho es una práctica que se lleva a cabo en otros países.
Con la modificación al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, se busca continuar con el crecimiento y desarrollo de la actividad turística, ya que se pretende que con los ingresos recaudados por este derecho se aumente la promoción de nuestros destinos turísticos, sin olvidar que México cuenta con una diversidad de ofertas y destinos.
Queremos que a través de la información recibida por todo aquel extranjero que esté próximo a realizar un viaje, tenga como primera opción el visitar a México. Esto no sólo se logra con la riqueza geográfica y cultural, gastronómica y el excelente servicio que brindamos a todo visitante, sino que es necesario también promover todos esos atributos por todo el mundo. Hagamos que el conocer y pasear por México sea un deseo constante de todo extranjero.
Como legisladores debemos continuar encauzando reformas o modificaciones en nuestro marco jurídico para lograr que el turismo expanda los beneficios económicos, laborales y sociales que permitan un bienestar de todos con una mejor calidad de vida.
Por ello, la reasignación del importe recaudado por el derecho de no inmigrante, cubriría la continua difusión y promoción de nuestro país como un destino turístico.
Por lo antes expuesto, se propone se modifique el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue.
Artículo Único. Artículo 18-A. "Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8 de la presente ley, se destinarán al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país".
Artículo 18-B. Queda como tal.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de noviembre de 2006. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Dávila. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que cese la censura de los programas de televisión del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral, para que —en el marco de la ley— garanticen y respeten la libertad de expresión a la que los partidos políticos tienen derecho en la difusión de sus ideas y mensajes contenidos en los programas que en ejercicio de sus prerrogativas, tienen derecho a que se transmitan en los tiempos oficiales del Estado.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de noviembre de 2006. Firman: Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Angel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
En votación económica, se pregunta si se aprueba…
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretario. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Nosotros suscribimos ese punto de acuerdo, sin embargo no corresponde al título. El título que se le está dando y que se le dio lectura, es al viejo punto de acuerdo que fue modificado por un acuerdo de todos los partidos políticos y que estamos suscribiendo por unanimidad.
El Partido Acción Nacional va a votar a favor, pero que se corrija el título y coincida con el contenido del punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tome nota la Secretaría y corríjase el título. Sométalo a votación.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día, es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Luis Alfonso Median Martínez, para aceptar y usar la condecoración "Medalla Especial" y la "Cinta de Junta Interamericana de Defensa", que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.
Conrado Aparicio Blanco, para aceptar y usar la condecoración "Legión del Mérito" en Grado Oficial que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América.
Demetrio Mújica Castro, Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, José Luis Cuevas y Novelo y Francisco Tortolero Cervantes, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Marco Antonio Peyrot y González, Jonatan Gutiérrez Morales, Pedro Madera Pelayo, José Antonio Cruz González, Erick Sánchez Flores, Damián Hernández Villa y Héctor Morán Rojo, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura a los dictámenes. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en la ciudad de Mérida, Yucatán.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de corbeta, cuerpo general, Luis Alfonso Medina Martínez, para aceptar y usar la condecoración "Medalla Especial" y la "Cinta de la Junta Interamericana de Defensa" que le otorga la Junta Interamericana de Defensa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretaria. Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Declino.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contralmirante, cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Conrado Aparicio Blanco, para aceptar y usar la condecoración "Legión de Mérito" en grado oficial que le otorga el gobierno de los Estados Unidos de América.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Demetrio Mújica Castro, Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, José Luis Cuevas y Novelo y Francisco Tortolero Cervantes, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, Jonatan Gutiérrez Morales, Pedro Madera Pelayo, José Antonio Cruz González, Erick Sánchez Flores, Damián Hernández Villa y Héctor Moran Rojo, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. Al no haber oradores, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por diez minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Presidente…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estamos en votación, diputado. Ya no se permite el uso de la palabra. Se la di antes, lamentablemente no estaba.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ábrase el sistema electrónico de votación, por diez minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Señor Presidente, se emitieron 396 votos en pro, 14 abstenciones y cero en contra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 396 votos a favor. Pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.
Se recibió un acuerdo suscrito por diputados federales, a nombre de los grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura. Proceda la Secretaría a dar cuenta de esto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de noviembre de 2006.
Acuerdo parlamentario.
Los suscritos diputados federales a nombre de los grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura, acuerdan sugerir que se incluya en la agenda política de la sesión del martes 14 de noviembre de 2006 el siguiente punto: Comentarios sobre el resultado de las elecciones legislativas del martes 7 de noviembre en los Estados Unidos.
Atentamente: Diputado Cristian Castaño, por el grupo parlamentario del PAN; diputado Javier Calzada Vázquez, por el grupo parlamentario del PRD; diputado Emilio Gamboa Patrón, por el grupo parlamentario del PRI; Gloria Lavara Mejía, por el grupo parlamentario del Partido Verde; diputado Alejandro Chanona, por el grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Ángel Jiménez, por el grupo parlamentario de Nueva alianza, y diputada Marina Arvizu, por el grupo parlamentario de Alternativa.
En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por los suscritos. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, para hacer comentarios sobre el resultado de las elecciones legislativas en los Estados Unidos de América, tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, diputado Presidente. Como todos sabemos, el pasado martes 7 de noviembre hubo elecciones en Estados Unidos. Se renovó totalmente la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los resultados le dieron la vuelta a la hegemonía política del Partido Republicano. Hoy el pueblo norteamericano le dio mayoría al Partido Demócrata en ambas cámaras.
Aparte de que debemos de examinar lo que eso significa para la política internacional en su conjunto, sobre la guerra de Irak, sobre las reformas a la ONU, sobre la posibilidad de que Estados Unidos finalmente sea responsable y firme convenciones como el Protocolo de Kyoto, sobre el medio ambiente y otros de esa envergadura, los mexicanos debemos examinar qué posibilidades se abren en la relación entre México y nuestro vecino del norte. A mi juicio compañeras y compañeros diputados, deberíamos valorar muy bien este significado, porque los diputados que van a tomar posesión el próximo mes de enero, van a convivir con nosotros los siguientes dos años. Esto es, vamos a tener una relación cercana, casi durante nuestra Legislatura.
¿Qué es lo que deberíamos impulsar, aprovechando la atmósfera de cambio que se produjo por la elección del primer martes de noviembre? A mi juicio, estimadas amigas y amigos, una primera decisión que deberíamos tomar aquí es renovar nuestro interés de mantener relaciones bilaterales con nuestros colegas norteamericanos y tratar de convencerlos de que de una vez por todas hablemos con los canadienses en reuniones trilaterales, ése es un primer tema.
Ya no sólo reuniones interparlamentarias separadas México-Estados Unidos, México-Canadá, sino reuniones trilaterales para hablar sobre el proceso de integración de América del Norte. Ése es un primer tema que hay que plantear de inmediato.
Yo coloco a su consideración la posibilidad de que la Junta de Coordinación Política nombre un equipo especial —como lo tuvimos en el Senado las dos Legislaturas anteriores— para darle seguimiento a la relación con el Capitolio norteamericano.
Se puede renovar —y debemos decírselo de inmediato— el interés sobre el tema migratorio; todos sabemos que los más duros en contra de nuestros paisanos en Estados Unidos son republicanos, neoconservadores y su política, en su conjunto, fue derrotada.
Yo creo que nuestra Legislatura debe mandar el mensaje rápido, con los nuevos liderazgos de Estados Unidos diciéndoles que estamos dispuestos a dialogar de inmediato, para revivir el tema de la reforma integral sobre el asunto migratorio. Hay que ir para que podamos aprovechar un año que no hay elecciones en Estados Unidos, que es el año próximo.
Creo que podríamos también, en ese mismo orden, revisar aquí el documento que aprobaron las dos Cámaras en la Legislatura pasada y que se llamó "México frente al fenómeno migratorio". Hay que renovarlo, hay que rediscutirlo, hay que actualizarlo.
Y por último, señor Presidente, creo que es necesario discutir con los norteamericanos la corresponsabilidad de los tres gobiernos de América del Norte en el desarrollo del "socio pobre", que es México.
Los republicanos nos impusieron la idea de que la prosperidad de México, pasa única y exclusivamente por el desarrollo de la empresa privada. Nunca quisieron aceptar la idea de los fondos compensatorios para la construcción de una infraestructura en México y para otras cosas.
Creo que con el cambio de hegemonía allá —con esto termino— podemos convencer al Congreso norteamericano que vayamos por la vía de los fondos de cohesión social o compensatorios, como en el caso de la integración europea. Muy amable, gracias señor Presidente por su tolerancia, y a todos los que nos chiflaron, igual, muy amables.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario de Alternativa.
En virtud de no encontrarse, tiene la palabra la diputada Irme Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza. Sonido a la curul de la diputada Irma Piñeyro.
La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias (desde la curul): Señor Presidente, quiero comentarle que el Partido Nueva Alianza ha declinado su participación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Piñeyro.
Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. Las elecciones del pasado martes 7 de noviembre para la renovación parcial de las Cámaras del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, en las que el Partido Demócrata obtuvo la mayoría de la Cámara de Representantes y en el Senado, representa un severo golpe a la ultraderecha de los Estados Unidos y al aparato militar de Los Halcones del gobierno norteamericano.
Esta elección demostró que la sociedad norteamericana repudia el belicismo de su gobierno, condena la injusta invasión que los Estados Unidos han hecho a Irak, así como la muerte de miles de jóvenes, muchos de ellos de origen latino, en aquel país, que han servido de "carne de cañón" en el Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica en esta invasión. Esta elección demuestra que sin la manipulación de la elección presidencial de 2004, George Bush no hubiera ganado la reelección.
Tan contundente ha sido la derrota de Bush que ha removido de la Secretaría de la Defensa a Donald Rumsfeld. Sin embargo, no puede ser considerado un triunfo de las fuerzas progresistas ya que el nuevo Secretario de Defensa Robert Gates, fue director de la CIA, por lo que no puede ser considerado un pacifista.
Perdieron los conservadores republicanos, pero ganaron los conservadores demócratas. El triunfo del pasado demócrata permite inferir que este partido obtendrá la Presidencia en la próxima elección presidencial del 2008.
Ahora bien, el triunfo del Partido Demócrata en el Congreso debe ser aprovechado por el gobierno mexicano para negociar y obtener, ahora sí, un tratado migratorio que reconozca el derecho —que nuestros connacionales en aquel país tienen— al trabajo y a la seguridad jurídica, para que no perciban salarios más bajos que otra persona cuya calidad migratoria es legal.
Además, es necesario discutir la renegociación del Tratado de Libre Comercio en su Capítulo Agropecuario para contener el daño que éste genera en el campo mexicano, toda vez que para el año del 2008 entrará de manera libre el maíz, el frijol y la leche en polvo, libre de todo arancel; y las importaciones se verán incrementadas.
Por eso es necesario que valoremos en su justa dimensión el triunfo del Partido Demócrata y que aprovechemos esta gran oportunidad para que México pueda hacer una relación más estable, pero también una relación que permita que el gobierno de México con Estados Unidos, pueda hablar de igual a igual.
Pero que también nos dé certeza a todos los mexicanos que tratados que se den de aquí en adelante sean recíprocos y que exista primeramente una igualdad entre los dos estados. Tenemos muchos problemas con ellos, ahora sabemos que la construcción del muro, que se está dando en Estados Unidos, abrirá la gran oportunidad para que podamos renegociar esa situación y que les digamos a ellos que ese muro no debe de construirse y que ahora, en estas nuevas condiciones de Estados Unidos, pueda haber una respuesta favorable a nuestro país, en éste y muchos más problemas. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Diego Cobo Terrazas: Muchas gracias, Presidente. Señoras y señores legisladores. Los resultados de las elecciones en Estados Unidos cambian el panorama político de ese país en materia del arreglo de fuerzas en el Congreso de aquella nación.
Los demócratas obtuvieron en la Cámara baja una ventaja al lograr 229 escaños de los 435 en disputa y en el Senado pudieron asegurar junto con dos candidatos independientes afines, una mayoría al lograr 51 de los escaños. Gracias a estos resultados, los demócratas recuperaron el control de ambas Cámaras, de los comités y de la agenda legislativa.
También vale poner en consideración la participación del Partido Verde de los Estados Unidos de Norteamérica, que si bien no logró ganar algún escaño porque en esa nación no existe el sistema de representación proporcional; sí logro ya votaciones cercanas al 30 por ciento en algunos distritos, lo que lo perfilan en los próximos comicios de aquella nación, como la tercera fuerza política de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual aplaudimos los verdes mexicanos.
Pero no echemos de este lado de la frontera las campanas al vuelo al creer que las causas que nos interesan serán aprobadas en automático. Hemos de comprender que el fracaso de los republicanos tendrá importantes consecuencias en la política interna y exterior de los Estados Unidos.
La existencia de un gobierno dividido impedirá que el Presidente Bush tenga las manos libres durante los últimos dos años de su mandato. No obstante, los demócratas serán en sumo cautelosos, pues estos dos últimos años del segundo período del Presidente Bush se perfilan hacia la próxima elección presidencial.
En este sentido y, dada la alta participación hispana en el proceso electoral, es que existen nuevas oportunidades para impulsar cambios en materia migratoria en los Estados Unidos, pues podría empezar a bajar la algidez del activismo antimigratorio en el Congreso y en el discurso utilizado por los candidatos republicanos que tuvo efectos contrarios que ya hemos observado.
Los demócratas han demostrado una mayor inclinación a impulsar una reforma migratoria integral. No obstante, hay miembros de esa opción política que son tanto o más opositores a ella. Ahí es donde nuestras habilidades políticas debieran centrarse.
Legisladores y diplomáticos, políticos y operadores gubernamentales, tenemos que unirnos para alentar a que ese liderazgo demócrata, proclive a la causa migratoria, considere iniciativas imparciales y eficaces en dicha materia; que apoyen una reforma migratoria equilibrada que contemple medios de control fronterizo, pero que considere seriamente la instauración de un programa de trabajadores temporales y la regularización de los indocumentados.
El gobierno que está por iniciar funciones debe encontrar nuevos espacios de negociación frente a esta nueva coyuntura de la relación entre México y Estados Unidos. Es por mucho la relación bilateral más importante, nos guste o no aceptarlo; y por ende, la más dinámica y compleja.
En ese sentido, los resultados de las elecciones en los Estados Unidos abren la puerta para que el nuevo gobierno abra estas puertas en una serie de temas importantes que significarán grandes beneficios para millones de mexicanos, de aquí y de allende en nuestras fronteras. Allá hay que aprovechar los nuevos espacios que se abren en el cambio legislativo de nuestro vecino país.
Entendamos que el cambio en el mapa político de los Estados Unidos nos permitirá nuevas márgenes de maniobra, pero no tengamos lecturas erróneas pues ese cambio no significará la desaparición de propuestas antimigratorias y antimexicanas en ese Congreso.
No olvidemos que 62 legisladores del Partido Demócrata votaron a favor de la ley que autoriza la construcción del muro en nuestra frontera. La discriminación y la xenofobia asociada a la inmigración indocumentada con las amenazas terroristas y su criminalización está muy arraigada en la opinión pública norteamericana.
Además, esperamos que dada la trayectoria que ha seguido el gobierno de Bush hasta ahora y de su carácter personal como gobernante, un giro como el que vimos electoralmente no lleve a una parálisis política que complique más las cosas.
Por todo ello insistiremos en que debemos seguir trabajando en un proyecto que logre consensos al interior de la opinión pública de Estados Unidos para lograr los objetivos que beneficien a nuestros connacionales. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cobo. Tiene la palabra la diputada María Oralia Vega Ortiz, del grupo parlamentario del PRI.
La diputada María Oralia Vega Ortiz: Señoras y señores legisladores. Queda claro que los resultados de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica merecen una profunda reflexión, en particular sobre aquellos asuntos que involucran a nuestro país tanto en las relaciones de corte formal que sostenemos con nuestros vecinos del norte, como con aquellos que nos institucionalizamos, pero en la realidad existen y trastocan nuestra economía y los mercados y también el desarrollo social.
Lo anterior sin lugar a dudas merece decisiones políticas de todas y cada una de las fuerzas que aquí representamos, pero desde luego implica también decisiones de Estado que incidan en el rumbo de nuestra nación.
Nunca como hoy, la política de Estados Unidos ofrece un elemento de análisis que quizá no se repita en los próximos años entre las agendas internacional y nacional. En tal virtud, la política internacional de este país no puede ser producto de decisiones unilaterales ni hegemónicas que se concentren sólo en el Poder Ejecutivo. La participación puntual y eficaz de ambas Cámaras del Congreso será fundamental para enfrentar los retos que en la materia se nos plantean.
Entender la política internacional desde la perspectiva de Estado es hacerlo no sólo desde la gobernabilidad democrática, sino además es hacerlo desde el espíritu de la República, teniendo como principal marco de referencia los mandatos constitucionales y el origen del mismo.
El muro y las medidas antiinmigrantes son resultado tanto de las presiones electorales de los Estados Unidos como de la debilidad de las relaciones entre los países. México necesita una mejor relación con los Estados Unidos y reconstruir los lazos y contactos, aprovechando la llegada del nuevo gobierno.
El Poder Legislativo debe tener un papel más activo con su contraparte de los Estados Unidos, por ello debemos reconocer que la renovación del Legislativo norteamericano es una oportunidad para tender nuevos nexos que será primordial para la construcción de nuestra agenda legislativa.
Bajo este orden de ideas, desde la Cámara de Diputados necesitamos construir con el Ejecutivo una nueva política exterior, recuperar el respeto hacia la integridad y los derechos humanos de los mexicanos. Es impostergable para salvaguardar nuestra soberanía.
Las elites americanas deben saber que la relación bilateral no puede basarse en la exclusión y en el racismo. Resulta a todas luces conveniente que el nuevo canciller esté cerca de este Congreso para contar con su apoyo en la construcción de un frente común por encima de diferencias partidistas y haga de los intereses de los mexicanos la principal preocupación del gobierno.
Los norteamericanos saben que es necesario tener una relación bilateral armónica, para que en temas tan importantes como el comercio, el narcotráfico y la migración podamos avanzar sustantivamente.
México debe cooperar en materia de seguridad bilateral, sin perder la dignidad del país y sin ceder soberanía. En este tema los diputados debemos ser vigilantes para evitar que se cometan excesos.
A partir del 1 de diciembre, el grupo parlamentario del PRI espera que el Presidente Electo retome el camino de una política exterior con rumbo para poder relacionarnos con Estados Unidos de manera diferente, sobre todo ahora que sus resultados electorales indican que apostarle a los muros del racismo y la exclusión, no rinden buenos frutos.
Compañeras y compañeros diputados. El diálogo, el consenso y el interés superior de la nación, han de ser los principios que nos legitimen y que nos unan en identificación social. Por ello, el grupo parlamentario del PRI está convencido que, para salvaguardar la soberanía nacional, la cual reside en el pueblo, debe encontrar su mejor garantía en este Palacio Legislativo, porque es precisamente aquí donde debemos destruir los muros de concreto, los muros ideológicos que nos impidan respetar a cabalidad los anhelos y aspiraciones de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Oralia Vega. Tiene la palabra el diputado Artemio Torres Gómez, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Artemio Torres Gómez: Con su permiso, señor Presidente. Antes que nada, quiero manifestar que el grupo parlamentario de Acción Nacional se pronuncia por el respeto a los procesos internos en otros países, como es el caso de Estados Unidos.
Honorable Asamblea. Compañeras y compañeros diputados. El acontecer político en los Estados Unidos de América es cada vez un asunto de mayor interés para México, dada la interdependencia que la relación bilateral entre ambos países ha generado a través del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en materia económica, así como el impacto y alcance de las políticas en materia de seguridad, migración, lucha contra el terrorismo y otras que se derivan de compartir poco más de tres mil kilómetros de frontera.
La coyuntura actual constituye una oportunidad con un gran potencial para ser aprovechada por el gobierno de México en sus diferentes instancias, para buscar el diálogo y la concertación en temas que son de vital importancia y de mutuo interés para ambas naciones.
En lo que se refiere al diálogo entre ambos Poderes Legislativos, un nuevo acercamiento es posible a través de foros como la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, así como el establecimiento de un cabildeo directo con legisladores, clave en los temas de mayor relevancia en la relación bilateral, con miras a crear y fortalecer vínculos que permitan una mayor comprensión de la visión y las condicionantes que llevan con nuestros homólogos del norte a impulsar o no, medidas que de manera directa o indirecta, nos afectan.
Así pues, la nueva composición del Congreso norteamericano, así como la de esta Legislatura, ponen de manifiesto la necesidad de generar acuerdos a través del diálogo, de evitar la polarización de las posturas en aras de soluciones integrales de largo plazo, además de poner a prueba la voluntad política de ambas naciones y las diferentes fracciones al interior de éstas, para enfrentar los temas que trascienden la frontera y que inciden de manera directa en el destino de los habitantes de ambas naciones, más allá del estatus migratorio o filiación política.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Artemio Torres. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, del grupo parlamentario del PRD.
Sonido en la curul del diputado Díaz Garibay.
El diputado Felipe Díaz Garibay (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Quizás un poco fuera de los tiempos que se marcaron en esas intervenciones, pero sí quiero solamente hacer un comentario al respecto.
Hace algunos días escuché de boca de algún compañero diputado de la fracción parlamentaria de Convergencia la situación específica en el sentido de que no había cosa peor que le pudiera suceder a un país que el aislacionismo internacional. Y ahorita escucho el hecho de que están preocupados sobre el hecho de que nuestro país tenga una sana política exterior sustentada también en una activa relación bilateral, trilateral y multilateral con algunos países, específicamente con Estados Unidos y Canadá.
Yo creo que sí, eso es digno de resaltarse, pero antes que otra cosa tenemos que llegar aquí, en el seno de este Congreso, a acuerdos sólidos, a acuerdos muy claros, sustentados en el proyecto nacional, lo que estamos buscando como país, y sí alejados también de situaciones concretas como ciertos odios histéricos que únicamente han hecho complicar más las cosas.
Yo conmino a los compañeros diputados a que en lo sucesivo de alguna forma u otra sepamos que el ir al exterior es en busca de fortalecer la posición geopolítica de nuestro país, es en busca quizás de rescatar liderazgos y tener una posición consolidada, pero eso implica evidentemente que internamente tengamos un poquito de amor a la patria, un poquito de amor a la República y sepamos lo que queremos. Muchas gracias, señor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se toma nota diputado. Gracias. Adelante diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente. El resultado de las elecciones legislativas del 7 de noviembre en los Estados Unidos es un hecho histórico de primera importancia, porque se trata de la derrota del conservadurismo norteamericano representado por George W. Bush, que en estos seis años que está en la presidencia de los Estados Unidos ha atentado contra la democracia al interior de su país y ha impuesto la ley de la fuerza a nivel internacional.
El atentado interno comenzó en el 2000. Recordemos las polémicas elecciones del año 2000, cuando el candidato demócrata, Al Gore, tuvo más votos de la ciudadanía, pero la elección —como ustedes saben— en los Estados Unidos se decide no por voto popular, sino por voto de los delegados de los estados, y en el estado de Florida, donde gobierna su hermano Jeff Bush, ahí se convirtió en un laboratorio típico de las mejores épocas del gangsterismo electoral.
Posteriormente la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dio un fallo absolutamente ideológico y no político y no apegado a las leyes electorales de ese país, y de esta manera Bush pudo tomar posesión en el año 2000.
Este inicio democrático de Bush posteriormente se vio reforzado con los atentados terroristas del 11 de septiembre, que los llevaron a plantear un conjunto de legislaciones como la famosa Acta Patriótica, como el permitir la tortura, como un conjunto de legislaciones anti inmigrantes que han estado impulsándose y cuya nota más relevante es la construcción del muro.
Hay muchos, muchos libros que se han editado en los Estados Unidos ya sobre la presidencia de Bush, pero hay uno en especial, que es éste, se llama: "El precio de la lealtad", que escribió nada más y nada menos, que su secretario del Tesoro, Paul O’Neill, que cuenta los inicios —porque él estuvo sólo dos años en la administración Bush— cuenta los inicios del gobierno, la forma absolutamente irresponsable de Bush para decidir un conjunto de temas como por ejemplo, el retiro de Estados Unidos de la firma del Protocolo de Kyoto, que se refiere a los gases de efecto invernadero y que están produciendo grandes cambios climáticos en el planeta.
Cuenta, por ejemplo, que iba a la cumbre del G-8, en aquél entonces G-7 en Génova, Italia, se llevó a algunos legisladores republicanos en el avión y llegando a Milano, en Italia, ahí mismo en el aeropuerto, dio una conferencia de prensa donde Estados Unidos retiraba la firma de los Protocolos de Kyoto.
También relata cómo la forma absolutamente irresponsable en que se retiró Estados Unidos de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, que mucho habían avanzado durante el Gobierno de Clinton.
Y nosotros ahora vemos que el panorama electoral en Estados Unidos estuvo influenciado por la catástrofe militar que tiene Estados Unidos en Irak, donde está habiendo bajas del ejército norteamericano y llamo la atención de este Congreso, que cientos, por no decir, miles de soldados alistados en el ejército norteamericano, son de origen mexicano y tenemos cientos de bajas ya, de mexicanos en esa guerra.
Hoy, en el periódico "La Opinión de los Ángeles" del día de hoy, en su edición matutina, nos cuenta, nos relata el caso de un soldado mexicano que ya obtuvo su naturalización, ya regularizó sus papeles migratorios, gracias a que estuvo en la guerra de Irak. Y muchos paisanos se están alistando en el ejército de los Estados Unidos y en la marina, para regularizar sus papeles.
Y el voto de los estadounidenses fue un voto de castigo a esta agresión militar contra Irak, también fue un voto de castigo por la negligencia de la administración Bush en relación a la catástrofe climática del huracán "Katrina" y también —concluyo, señor Presidente— por los escándalos sexuales de los congresistas republicanos que por un lado están criticando las leyes sobre las uniones entre el mismo sexo, y por otro lado, son pederastas, y por otro lado son acosadores sexuales.
El periódico "New York Times", decía…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Termine señor diputado.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: —Termino, señor Presidente. Que éste es un gobierno, el de Bush, "lame duck" que quiere decir "pato cojo", pero quiere decir "un gobierno inútil", "un gobierno incapaz" y ahora y lo vamos a tener que sufrir todavía dos años, lo cual exige que la nación mexicana tenga muy clara la situación interna de los Estados Unidos y enfoquemos nuestra atención en los organismos multilaterales en la ONU, en un conjunto de organismos internacionales que permitan detener la agresividad de este gobierno y permitan derrotar su política unilateral.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Sandoval.
Tiene la palabra el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario de Alternativa.
El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con el permiso de la Presidencia.
Hablar sobre las elecciones de Estados Unidos, es hablar sobre un hecho político. Son importantes los juicios morales, el relativismo; sin embargo, tenemos que evaluar las elecciones en los Estados Unidos con una perspectiva rumbo al nuevo gobierno que va a tener este país a partir del primero de diciembre.
Fundamentalmente, tenemos que reconstruir una agenda bilateral donde lo que prive no sea el asunto migratorio; si bien también es importante, tenemos que observar que en la nueva reconfiguración del Congreso estadounidense, las Comisiones de Asuntos Legales, de Migración, van a pertenecer a esta fracción política.
¿Qué es lo que podemos obtener de ello? En primera instancia, un diálogo político, un diálogo de tú a tú con el Congreso estadounidense. Las tareas del próximo gobierno son, en primera instancia, poner orden en la frontera norte: Tijuana, no solamente Juárez, también algunas ciudades del estado de Tamaulipas; pero también cuidar la frontera sur. Tenemos que darle otro trato también a los migrantes de Centro y Sudamérica; de lo que aquí se quejan muchos o nos podemos quejar, también se padece en la frontera sur.
Y lo más importante es mirar la nueva relación que vamos a tener con los Estados Unidos, con un país altamente pragmático y con una visión tan necesaria en este país de madurez política para los próximos años. Si bien está perneado de pragmatismo y de realismo, es una ventana, es una posibilidad, es una oportunidad de tener otro tipo de relación con los Estados Unidos, sobre todo de Congreso a Congreso.
Esto se podrá hacer única y exclusivamente cuando podamos plantear desde aquí, desde la casa de la política, consensos operativos. Consensos operativos que nos permitan construir no solamente políticas de Estado en diversos temas como educación, como salud, como vivienda y que podamos tener una cogobernabilidad con el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el debate ideológico, que si bien es importante, en muchas ocasiones nos desvía de los asuntos más importantes y más próximos, como fortalecer una economía del conocimiento en pleno retroceso o en plena pérdida de competitividad económica a nivel global.
La tarea de este Congreso es, en primera instancia, tener un diálogo profundamente inteligente, tener no solamente un análisis político, sino también empezar a crear nuevas instituciones dentro de la relación con Estados Unidos y por supuesto con Canadá.
Podemos hablar de historia, podemos hablar de muchas cosas el día de hoy; sin embargo, necesitamos ver a este país de manera prospectiva para los próximos 20, 30, 40 ó 50 años.
El papel de los congresistas mexicanos, fundamentalmente, es en tener otra visión de las relaciones internacionales y sobre todo, del papel que va a jugar el próximo gobierno en el nuevo contexto de la globalización y de una nueva fortaleza económica en el país y para eso es necesario tener una visión política mucho más amplia para los próximos años y en la cual no dudo que este Congreso va a aportar lo que tenga que aportar en los próximos años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado de la Torre. En el capítulo de proposiciones, se pospone la propuesta que iba a presentar el diputado José Antonio Muñoz Serrano, del PAN.
Tiene el uso de la palabra el diputado Joaquín Vela González, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Rescate, Preservación, Desarrollo y Aprovechamiento de la Cuenca del Valle de México.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Con su venia, señor Presidente. Los suscritos, diputados federales Joaquín Humberto Vela González y Ricardo Cantú Garza, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 42, numeral uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Que actualmente prevalece a nivel mundial una grave crisis en la disponibilidad de agua potable, producto de la sobreexplotación y del desperdicio de este vital recurso, de la deforestación desmedida y de la contaminación de los ríos, lagos, lagunas y mantos freáticos, principalmente por parte de las grandes industrias que están fuera de control.
En la República Mexicana, la crisis de agua potable se agudiza año con año y en el caso específico de la Cuenca del Valle de México y de las regiones que reciben sus cargas acuíferas, enfrentamos el umbral de un colapso ecológico con una contaminación o disminución alarmante de agua potable para una población de más de 20 millones de personas de los estados de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Hidalgo y el Distrito Federal.
En combinación con el gigantesco proceso de deforestación, el desmesurado crecimiento de las manchas urbanas, de su demanda de agua y de sus planchas asfálticas, ha representado sobre explotación de pozos y mantos freáticos índices de contaminación de agua en constante aumento y bloqueo de los canales de filtración de agua de lluvia.
Rotas las estructuras de filtración que la naturaleza construyó durante miles de años, los mantos acuíferos se secan rápidamente y la metrópoli prosigue su inexorable proceso de hundimiento con el correspondiente incremento de riesgos tectónicos.
Que la población de las zonas proveedoras de agua, desde los años 40 a la fecha, se encuentran afectadas o sin servicios públicos o sus mantos acuíferos ya se han secado como en las zonas altas del Distrito Federal y municipios del Estado de México como Temoaya, Santa Cruz Atizapan, Villa de Allende, Xilotzingo, Luvianos, entre otros.
Que sólo con una visión integral e interinstitucional e interdisciplinaria a través de acciones combinadas a corto, mediano y largo plazo, se puede enfrentar la problemática de la cuenca y subcuencas del Valle de México.
Que la población y algunos organismos ciudadanos, dependencias de gobiernos locales y federal, instituciones académicas y organismos internacionales, han cobrado conciencia de la problemática del patrimonio acuífero y han abierto espacios de debate, reflexión, coordinación e investigación para diagnosticar y enfrentar el posible colapso del conjunto del Valle de México y en particular, de su disponibilidad de agua potable.
La mayor parte de las propuestas para el rescate del patrimonio acuífero son viables y necesarias a corto plazo. La solución a esta problemática sólo es posible con el concurso de las diferentes áreas del gobierno federal, de los gobiernos locales, de los sectores social, privado y de la ciudadanía.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Se aprueba crear la Comisión Especial para el Rescate, Preservación, Desarrollo y Aprovechamiento de la Cuenca del Valle de México, con fundamento en las facultades que establece el artículo 27 constitucional para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de realizar una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar la condición de vida de la población.
Segundo. Hacer del conocimiento de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, de instituciones de educación y de salud, de los gobiernos estatales de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Morelos y el Distrito Federal, así como de los municipios de las regiones proveedoras.
Los trabajos de esta comisión especial para evaluar, exhortar o apoyar acciones o inversiones que puedan aplicar para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de las cuencas y de las subcuencas del Valle de México.
Tercero. Sustentar solicitudes al Senado y a la Presidencia de la República para la gestión de recursos financieros de organismos multilaterales, fundaciones de desarrollo e instituciones ecológicas internacionales para proyectos específicos en los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Morelos y el Distrito Federal, para el rescate del patrimonio acuífero.
Cuarto. Esta Comisión Especial estará integrada por dos miembros de cada grupo parlamentario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2006.
Firman, el diputado Ricardo Cantú Garza, Coordinador del grupo parlamentario del PT y el diputado Joaquín Humberto Vela González, que atiende esa lectura.
Le suplico al señor Presiente que por razones de tiempo no alcancé a leer todas las consideraciones, pero que sea integrado en su totalidad en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vela. Insértese en el Diario de los debates la versión completa y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Orden del día de la próxima sesión.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Secretario. Esta Presidencia les comenta a los diputados y a las diputadas, que han quedado pendientes 49 proposiciones, más otras excitativas, de tal manera que si colaboramos todos, si algunos diputados quieren que se turne a comisión alguna de sus propuestas, ayudaríamos a bajar el rezago.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado del Río Virgen.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente, tengo una excitativa al artículo 62 de la Ley del IPAB; para ayudar a este trámite, le pido que la turne a la Comisión de Hacienda y la Comisión de Hacienda sea excitada inmediatamente para que la resuelva. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna la excitativa del diputado del Río Virgen a la Comisión de Hacienda.
Sonido en la curul del diputado Espinosa.
El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (desde la curul): Declino. Ya no.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:33 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 16 de noviembre a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.