El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 304 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:33 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputada. Sonido a la curul del diputado Esteva.
El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Yo quisiera, ciudadano diputado Presidente de la Mesa Directiva, antes de aprobar el orden del día…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es el acta, no el orden del día.
El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Entonces espero para la aprobación del orden del día.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya se dio cuenta del orden del día, estamos ya en el acta, diputado. Consulte la Secretaría si se aprueba el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, cambio de integrantes de comisión. Que el diputado Diego Aguilar Acuña cause baja como integrante en la Comisión de Agricultura y Ganadería, que el diputado Ramón Barajas López cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Ganadería.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Comunicación sobre la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, llevada a cabo el día 13 de noviembre. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará en posibilidad de adelantar las participaciones de noviembre y diciembre de los ingresos adicionales no petroleros, a las entidades federativas que lo soliciten para que puedan disponer de liquidez y poder hacerle frente a los compromisos de gasto en los que se hayan comprometido.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De entrado.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de octubre de 2006, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2005.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicaciones de la Secretaría de Gobernación. Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: De la Cámara de Senadores. Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición para exhortar a la Sagarpa y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que en el Presupuesto de Egresos para 2007 se proyecten recursos que representen una cantidad igual o superior a la destinada en el 2005 al sector pesquero y acuícola en el estado de Guerrero, presentada por el senador David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, asigne recursos suficientes a los programas de verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias y al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado del Pacífico (Delfín), presentada por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición sobre la Fiscalía Especial de Delitos contra las Mujeres, presentada por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de Equidad y Género, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición en relación a la construcción del tramo carretero El Ceibo-México-Lagunillas, Guatemala, presentada por el senador Francisco Herrera León.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición en relación con la situación en la que viven los campesinos indígenas del país y particularmente en el estado de Oaxaca, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario del Convergencia.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite solicitud para que se dictamine la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo por el que se solicita que se dictamine la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, del Servicio Público de Energía Eléctrica, y de la Comisión Reguladora de Energía.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Por lo que se refiere al primer punto, túrnese a las Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Energía. En relación al segundo punto remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Xavier Cortés Rocha, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Magdalena Suberville Tron, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Dipp Murad para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante, que le otorga el gobierno libanés.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ferdusi Bastar Mérito, Alma Patricia Soria Ayuso y Emilio Zilli Debernardi para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Arredondo Ibarra, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley de Amparo.
El diputado Salvador Arredondo Ibarra: Con su permiso, señor diputado.
El suscrito, Salvador Arredondo Ibarra, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, sujetando la misma al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Hoy en México, cientos de miles de mexicanos viven en asentamientos humanos irregulares que se ubican en tierras que en un tiempo fueron comunales o ejidos y su obligación es, como ejidatarios alrededor de una relación fundamental, cultivar personalmente y disfrutar del producto de una parcela individual.
El desarrollo urbano sí ofrece atractivos económicos a la venta de parcelas ejidales que se transforman en lotes de colonias habitacionales que disuelven el ejido y, por otra parte, la transformación se vino dando al grado de que esas transacciones al margen de la ley originaron los asentamientos urbanos irregulares.
Para frenar la irregularidad y compensar adecuadamente a los ejidatarios, la reforma de 1992 autorizó la urbanización de las parcelas mediante el cambio de dominio decidido en la Asamblea de la Propiedad Ejidal a la Modalidad Privada. La mayoría de las decisiones de cambio de dominio tomadas desde 1992 tienen la urbanización como objetivo.
Por último, afirma dicho autor que se autorizó el cambio de dominio de tierras ejidales y su venta a personas ajenas al ejido o para aportarlas a una sociedad sujeta, en su caso, a la aprobación de la Asamblea. También se consagró la libertad del ejido y los ejidatarios para arrendar la tierra o trabajarla mediante cualquier forma de asociación. Algunos de esos arreglos eran práctica común.
Antes de la reforma de 1992 habían surgido como una respuesta a las restricciones de la propiedad ante condiciones nuevas y cambiantes, pero estrictamente eran ilegales, lo que originaba simulación y precariedad que debilitaban al ejido. La reforma al artículo 27 incorpora relativamente poco, pero reconoció, legalizó e hizo público mucho de lo que pasaba en la propiedad rural.
Es decir, la creación de los ejidos tuvo como finalidad la protección de una parte de la población menos favorecida, con la intención de que los campesinos carentes de tierras en nuestro país tuvieran la oportunidad y el derecho de trabajar las tierras que les fueron concedidas, pudiendo vivir así de la explotación de las mismas en el ámbito agrícola, forestal, ganadero, etcétera.
En este tenor, con el paso del tiempo si bien los ejidos estaban destinados a hacer espacios de siembra, de cultivo y de conservación de granos, así como los lugares de protección familiar, lo cierto es que han transitado en convertirse poco a poco en asentamientos humanos, lo cual sin duda nulifica inmediatamente el fin principal para lo cual fueron creados estos ejidos.
Como podemos observar, con el paso del tiempo los ejidos van perdiendo irremediablemente la función social para lo cual fueron creados y en su lugar, los mismos se han ido convirtiendo en asentamientos humanos irregulares, los cuales, al tratar de ser regulados por la instancia respectiva, en el caso de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Coret).
Los mismos promueven una serie de recursos legales incluyendo al juicio de amparo, a fin de combatir el decreto expropiatorio con el cual se pudiera dar regularización de la tenencia de la tierra precisamente de estos asentamientos humanos, basando su actuación en ser supuestos ejidatarios aunque materialmente ya no lo sean, pretendiendo gozar así de la protección especial que el estado federal concede en beneficio de los verdaderos ejidatarios.
Ahora bien, es prudente manifestar que si bien es cierto, actualmente de manera formal existe la figura del ejido, también lo es que materialmente muchos de ellos han dejado de cumplir la función social para lo cual fueron creados; es decir, si en dichos ejidos ya no se siembra ni se cosecha más, ya no se satisfacen necesidades de proporcionar alimento a través de los frutos cultivados, ya no se satisface necesidades colectivas o de uso común y ya no se utilizan las tierras para poder vivir de los productos del campo a manera de protección de los campesinos y de sus familias.
Entonces al perder por completo dicha esencia social y de beneficio familiar y al dejar de ser por ende ejidos, entonces no debe seguir existiendo una protección especial por parte del estado. Una protección paternalista o sobre protectoras a personas o propiedades que materialmente han dejado de necesitar dicha protección y por lo tanto, por estricta equidad y justicia, no merecen más seguir gozando de una protección especial.
Es por lo anterior que con la presente adición se pretende limitar la protección otorgada por el Estado, establecida en el libro segundo de la Ley de Amparo que regula la tramitación del juicio de garantías en materia agraria, limitando así dicha protección hacia los ejidatarios o supuestos ejidatarios que promueven el juicio constitucional en contra de expropiaciones que sean decretadas con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra.
La adición de un párrafo segundo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo que se pretende establecer, en el sentido de excluir del capítulo único y especial de la tramitación del amparo, en materia agraria a las demandas de amparo que sean interpuestas en caso de expropiación para la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos irregulares, encuentra su razón de ser en el hecho de que un sinnúmero de demandas de amparo que son presentadas en este sentido — expropiación— son precisamente instauradas por personas que no son ejidatarios ni comuneros, razón por la cual ni cuidan, ni mucho menos se dedican a trabajar la tierra sino que son personas que se han asentado de manera irregular en los ejidos o han adquirido por cualquier medio la propiedad de los mismos.
Es decir, no se trata ya de ejidatarios o comuneros sino de personas físicas, morales, de carácter industrial o comercial que se ubican asentadas en los predios ejidales.
Ahora bien. Si la condición que se pretende realizar excluye del capítulo especial de la tramitación de amparo agrario el reclamo de los actos de expropiación para la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos, entonces al ser excluida dicha causal de amparo esto nos llevará al extremo de que en el caso de una expropiación para regularizar la tenencia de la tierra, no será posible interponer una demanda de amparo fundamentándose por ello en los beneficios que concede la tramitación especial del juicio de amparo en materia agraria regulada en el libro segundo de la ley de la materia sino que sería necesario intentar la tramitación ordinaria del juicio de amparo, lo cual nos parece lo más justo.
Alejada de la protección y del cuidado que el legislador le obsequió precisamente a dicha tramitación agraria al señalar en el artículo 212 de la ley en comento, que con la finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, se observarán las disposiciones del libro segundo de la Ley de Amparo, tratándose de los propios juicios de amparo.
Por lo anterior, con la intención de otorgar una mayor certidumbre jurídica respecto a la tramitación de los juicios de amparo que sean presentados en contra de los decretos de expropiación tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra, de asentamientos humanos irregulares, se propone:
Adicionar un párrafo segundo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, con la finalidad de aclarar de manera específica que los juicios de amparo que se presenten en contra de las expropiaciones para la regularización de la tenencia de la tierra, han sido excluidos del libro segundo que regula la tramitación especial de la materia agraria y por lo tanto, en su substanciación se aplicarán las reglas generales de origen de tramitación del juicio de amparo.
Con fundamento en lo anteriormente señalado y hecho valer, me permito presentar ante esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo:
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo para quedar como sigue:
Se exceptúa de este capítulo la tramitación de juicios de amparo que se presentan en contra de los actos de expropiación que sean decretados con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra, los cuales se tramitarán conforme a las diversas reglas establecidas en la Ley de Amparo.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente. Le pido sea remitida a las comisiones de Justicia y Reforma Agraria. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Salvador Arredondo. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos con opinión de la Comisión de la Reforma Agraria.
Sonido en la curul del diputado Murat.
El diputado José Murat (desde la curul): Señor Presidente. Su servidor y varias diputadas y diputados, quisiéramos saber quién tomó la decisión de tomar con los cuerpos policíacos este recinto legislativo; es una moción con todo respeto a la Mesa Directiva y a usted, señor Presidente.
Nos preguntamos quién tomó la decisión, con qué motivo y con qué objetivo de tener secuestrado este edificio del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, y por supuesto, es inaceptable la situación que está aconteciendo. Está afectando los derechos de los trabajadores, está afectando el derecho de tránsito y está afectando a este honorable cuerpo legislativo.
Le pido, con todo respeto, le dé una explicación a este Pleno, a las diputadas, a los diputados con los que estuvimos platicando, quién tomó esta decisión y con qué objetivo. Por su respuesta, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Del Río.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente, queremos sumarnos al comentario del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Al entrar a este recinto recibí de parte de un general —que se hizo llamar Jorge Cuevas— una serie de agresiones porque tan sólo no portaba mi credencial de diputado ni tampoco el pin que me identifica como tal.
Exijo de parte de este señor, por supuesto, un trato responsable para todos los legisladores. Y no estamos de acuerdo en la militarización de la Cámara de Diputados. Exijo respeto para las legisladoras y legisladores, señor Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Suárez del Real y después de la diputada…
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente. En el mismo sentido también quisiéramos preguntar si la suspensión de la exposición en honor al general Francisco Villa que se retiró el pasado viernes, se circunscribe en estas medidas de seguridad excesivas que estamos viviendo en la Cámara de Diputados, o existe otro tipo de argumento para haber impedido que el día de hoy se inaugurara la referida exposición. Por sus respuestas, gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Claudia Cruz, del PRD, y después del diputado Arreola, del PT, y después del diputado Héctor Larios.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): En el mismo sentido, señor diputado. Hace un momento que llegábamos aquí a la Cámara de Diputados pregunté al personal que está afuera quién era el responsable, quién había dado la orden de poner otra vez este cerco militar que estamos viviendo en este recinto legislativo; me decían que era el capitán Carlos Sargueta.
Yo quisiera preguntar si él tiene facultades para estar haciendo ese tipo de cerco alrededor de la Cámara, y poder plantear un asunto que no es simplemente el cuestionamiento de qué está haciendo el cerco militar afuera de la Cámara de Diputados; sino el retiro inmediato de ese cerco.
No podemos otra vez permitir que la Cámara sea violentada, no solamente en nosotros como legisladores y legisladoras, sino la ciudadanía alrededor de este recinto, violentando todos sus derechos de libre tránsito para poder vivir de una mejor manera este principio de libertades dentro de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Si, señor Presidente. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo no está de acuerdo con estas medidas, son medidas represivas, son medidas que van en contra de los principios elementales de libre tránsito, ¿cómo en nuestra propia casa vamos a tener aquí este cerco militar? Estamos en contra de él y que se retiren de manera inmediata, esa es la propuesta del Partido del Trabajo.
Y quién puede tener atribuciones legales, señor Presidente, respecto a esta situación, pero lo fundamental está en nosotros. Creo que primero tiene que estar el principio de equidad. Y no se preguntó a ningún grupo parlamentario sobre esta situación. Por lo tanto, creo que lo más conveniente es que se retire todo este cerco militar.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Héctor Larios.
El diputado Héctor Larios Córdova (desde la curul): Sí, Presidente, los coordinadores de los grupos parlamentarios hemos acordado que terminando el capítulo de iniciativas pueda fijarse posición por cada uno de los grupos parlamentarios con un orador, de tal forma yo sugeriría que esperáramos a este espacio, para que concluyendo la presentación de iniciativas, pueda cada grupo parlamentario fijar su posición.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia no tiene inconveniente en que antes de que se acabe el capítulo de iniciativas dada la inquietud de todos los legisladores y que esta Presidencia no tiene nada que ocultar, se abra este posicionamiento por cada grupo parlamentario. Sonido a la curul del diputado Gálvez y después el diputado Solís Parga.
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): Con tu permiso, diputado Presidente, con lo que han comentado mis compañeros, yo creo que incluso antes de iniciar esta sesión debimos haber tocado como punto primordial este atropello prácticamente que está haciendo la PFP, donde no nada más están afectando al cuerpo de legisladores sino también a una multitud de ciudadanos que viven alrededor.
Nosotros tenemos prácticamente que cuidarnos en parte de la delincuencia y por otro lado, ahora de esta actitud tan represiva de parte de la PFP. Déjame platicarte, diputado Presidente, que el día de ayer tuve que entrar aquí a mi oficina por adelantar unos trabajos que tengo pendientes de esta semana y venía con otras personas que me acompañaban, y dice una de las personas que me acompañaba que estábamos bien cuidados, pero que ahora te vamos a robar nosotros me dijeron lo de la PFP, aunque sea de broma es una situación muy abusiva de parte de ellos.
Yo sí, también quisiera refrendar la petición que están haciendo mis compañeros, hacerte la pregunta, diputado Presidente, ¿quién tomó esa determinación? Porque yo les preguntaba que con qué trabajo me dejaron entrar ahorita como legislador. Y déjame decirte que venimos también, como varios de aquí de los compañeros de la vía uninomal, donde tenemos muchos derechos al igual que todos, al igual que tú Presidente, aún cuando tú presides esto tenemos los mismos derechos y las mismas dificultades.
Y déjame decirte que con qué trabajo me dejaron entrar, a veces uno duda de llevar, con los antecedentes que ha habido de secuestros allá afuera, a veces no pueden ni llevar tus identificaciones personales, donde te pueda acreditar como diputado federal, por el temor que hay allá afuera. Y aun así no nos dejan entrar a este recinto legislativo.
Así que yo sí, con todo el respeto que tú te mereces, diputado Presidente, yo sí te pido que si tú eres el responsable o tú pediste esa presencia de la PFP, que en su momento más oportuno hicieran lo correspondiente para que hagan la retirada, porque yo creo que está violentando un Poder, que es el Ejecutivo, violando a este cuerpo Legislativo. Muchas gracias por la oportunidad que me diste de la palabra, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Solís Parga y le pido antes de hablar que apague su cigarro.
El diputado Rodolfo Solís Parga (desde la curul): Está apagado desde hace rato, señor Presidente. La verdad es que se vive un estado de sitio no declarado en la Ciudad de México. Varias calles de la Ciudad están bloqueadas por fuerzas federales, no solamente alrededor de este Palacio Legislativo.
Siendo ésta la situación yo pediría o que se declare de una vez el estado de suspensión de las garantías constitucionales o que se retiren las fuerzas federales de la vía pública y regresen a sus cuarteles. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia ha asumido con toda seriedad las expresiones que son del conocimiento de todos ustedes. Expresiones públicas que han sido repetidas de manera reiterada y que buscan a toda costa impedir la ceremonia del día 1 de diciembre.
Bajo esta responsabilidad y tomando en cuenta estas expresiones reiteradas, esta Presidencia asume su responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los legisladores, de garantizar el fuero constitucional de los legisladores diputados y senadores.
Y siendo una atribución del Presidente de la Mesa Directiva lo hemos hecho con toda responsabilidad, como se ha hecho a lo largo de muchos años, solicitando la colaboración de distintas corporaciones para que colaboren en la seguridad de los legisladores, de los visitantes que estarán el día 1 de diciembre.
He hecho del conocimiento de todos los coordinadores, les he entregado copias de los oficios que se han girado desde el día 15 de noviembre, a las distintas corporaciones y a las distintas secretarías para que contribuyan y colaboren en la buena marcha de este evento.
Eso es lo que hay y yo les pido a todos su comprensión y solidaridad y que nos hagamos cargo como legisladores de la seguridad de todos dentro y fuera de este recinto.
Sonido a la curul del diputado Javier González Garza y después del diputado Santiago, del diputado Pulido.
El diputado Celso David Pulido Santiago (desde la curul) Gracias, señor Presidente. Fíjese que lo que voy a comentar no es reiterativo. Hace ocho días a unas cuadras de aquí, del recinto de la Cámara de Diputados fui objeto de un asalto a mano armada. Creo que la seguridad no debe estar aquí, debe estar en las calles. Creo que se debe retirar la PFP.
Nos asaltaron a unos compañeros y a mí. Yo solicitaría a los demás grupos parlamentarios del PRI, de Convergencia, del PT, si no sale la PFP que no haya sesión porque lo que está pasando fuera de la Cámara no es mínimo, señor Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Adrián Pedrozo. Después el diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Adrián Pedrozo Castillo (desde la curul) Yo quiero en primer lugar, señor Presidente, informarles que en tiempo y forma hicimos trámites para llevar a cabo un foro con universitarios. Se nos autorizó el uso de las instalaciones, los servicios parlamentarios y el día de hoy se impidió la entrada a todos los universitarios que fueron convocados.
Esto quiero dejar constancia porque además de contravenir ya el procedimiento que nosotros habíamos seguido de hacer uso de estas instalaciones, también se impidió la entrada de estos universitarios y de tal manera que nos obligó a suspender este foro que tenía como interés la defensa de la educación pública y gratuita.
Dejar constancia también, sumarnos a todas las inconformidades que se han presentado de manera particular, de esta situación que vivimos el día de hoy. Gracias
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Con todo respeto, señor Presidente, pero la Ley Orgánica y la Constitución no le otorgan a la Presidencia de esta Cámara facultades para suspender de facto garantías individuales a cinco kilómetros del recinto legislativo.
Las facultades que tiene el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara solamente se refieren al recinto legislativo del Palacio de San Lázaro, no a la suspensión de garantías constitucionales a todas las personas que viven alrededor de todas las cuadras, en las que de facto están suspendidas estas garantías, por un lado.
Por otro lado, señor Presidente, tampoco la Mesa Directiva ni su Presidencia tiene facultades para autorizar que la fuerza de un poder constitucional —como es el Poder Ejecutivo, concretamente el Estado Mayor Presidencial— tome las instalaciones de otro poder constitucional que tiene igualdad de rango constitucional ante la ley.
Este poder, el Poder Legislativo tiene el mismo rango, constitucionalmente hablando como Poder de la Unión, que el Poder Ejecutivo. De tal manera que no puede ser sometido este poder por las fuerzas policiacas y las Fuerzas Armadas del Poder Ejecutivo.
Por eso, es muy claro el artículo 12 de la Ley Orgánica en el que se señala en qué casos efectivamente la Presidencia de la Cámara puede solicitar el arribo de la fuerza pública y son solamente dos: garantizar la inviolabilidad del recinto y proteger el fuero de sus legisladores.
Las demás atribuciones —vuelvo a repetir—no le permiten la suspensión de garantías individuales en ninguna parte, ni tampoco el asalto de un poder por otro. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con todo respeto, diputado, no hay ninguna suspensión de garantías individuales. Nadie las ha decretado. Sonido a la curul del diputado Gamboa.
El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, ha hecho del conocimiento de este cuerpo colegiado que el jueves en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos nos hizo llegar a cada uno de los coordinadores todos los oficios para dar garantías para el 1 de diciembre, para la ceremonia de la toma de posesión del Presidente Electo, Felipe Calderón.
No se nos hizo ver en qué magnitud iban a ser tomados estos oficios, enviados por el Presidente de la Cámara a esas dependencias. Yo le solicito ahorita, señor Presidente, que convoque a la Conferencia para la Dirección y la Programación de los Trabajos Legislativos y veamos los alcances de los oficios. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gamboa. Está convocada la Conferencia —la reunión de Conferencia— terminando la sesión ordinaria del día de hoy. Sonido a la curul del diputado Gamboa.
El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Señor Presidente, lo que sentimos es que es un exceso lo que está aquí en las calles. Quisiéramos que continúe la sesión y que usted convoque a la Conferencia —no tiene que levantarse la sesión— y nos pongamos a trabajar de inmediato los coordinadores con usted.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con mucho gusto. Convoco a todos los coordinadores a que podamos reunirnos en 15 minutos en las oficinas de la Mesa Directiva. En las oficinas de la Mesa Directiva se convoca a todos los coordinadores a esta reunión de Conferencia. Pido a la Secretaría se instruya el cierre del registro de asistencias.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 463 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra en el capítulo de iniciativas, el diputado José Alfonso del Real Aguilera, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, inscrita por el mismo diputado y por Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez.
Continúa la sesión y estoy convocando a los coordinadores a esta reunión en este momento. La sesión continúa. Sonido a la curul del diputado Pedraza.
El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): Señor Presidente, yo nada más quisiera en el marco de esa disposición que ha tenido, de convocar a la Conferencia, para que los trabajos puedan fluir con responsabilidad; se pueda convocar a un receso que también inicie en este momento, que estemos en espera de lo que ustedes allá, en la Conferencia, van a resolver y que esto dé las condiciones para continuar…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Les pido silencio para que termine el diputado. Les pido silencio para escuchar la opinión del diputado Pedraza.
El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): …y que esto permita tener ya la información y condiciones para desarrollar los trabajos.
Ustedes deben saber que estas fuerzas que están allá afuera dan terror, están acusados de violación, son los mismos que violaron a las mujeres en Atenco, son los mismos que atropellaron los derechos de los campesinos en Oaxaca y valdría la pena que los retirase de este recinto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Nada más les recuerdo a todos que hay 80 puntos de acuerdo inscritos, que hay 11 iniciativas de ley y que cada sesión se va acumulando.
Sí hay seguridad afuera, sí hay seguridad afuera, diputado y nada más les pido a quienes nos han estado amenazando y nos siguen amenazando de que no van a permitir; que esta Presidencia se hará responsable de la seguridad de ustedes y de todas las personas que vengan el día 1 de diciembre y que esta Presidencia no acepta ni amenazas ni presiones ni chantajes de nadie y que asumirá su responsabilidad para resguardar la seguridad de todos. Continúe.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Suárez del Real, continúe con… Cuando termine quien estaba en el uso de la palabra, por favor.
Les ruego a los diputados que estaban arriba de la curul, manifiesten su respeto al recinto. Guarden silencio. Estamos en el rubro de iniciativas, en cuanto termine el uso de la palabra, se le concederá. Estamos desahogando el orden del día y tiene la palabra el diputado para presentar su iniciativa. Adelante, señor diputado.
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): Están coartando mi libertad de expresión en el Pleno. Me tengo que subir a la curul para que me tomen en cuenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado Alfonso del Real espere un momento, porque van a hacer una propuesta. Diputado Gálvez.
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): Con su permiso, diputada Presidenta. Para empezar, lamento mucho que nos quieran coartar el derecho de poder participar, porque tenemos todo el derecho y eso lo marca el Reglamento Interno de este Congreso.
Número dos. Te pido, diputada Presidenta, que la propuesta que están haciendo mis compañeros, que creo que … y hoy que estamos celebrando el día de la tolerancia, que pudiéramos nosotros empezar por lo siguiente: de que tú pidieras proponer un receso correspondiente y en lo que terminan mis compañeros coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios, que pudiéramos dar continuidad, dado que no hay condiciones correspondientes; porque lo que está ocurriendo allá afuera, la fuerza pública de la PFP, no es para menos, compañera diputada Presidenta. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias. El diputado Juan José Rodríguez Prats, pidió hacer uso de la palabra. Cristián Castaño, ¿con qué objeto? Adelante diputado Cristián Castaño, para una moción.
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Hay un orden del día que fue aprobado por este Pleno. Cualquier modificación, cualquier interrupción a este orden del día tendría que ser aprobado por el pleno y ser propuesto en este sentido. Hasta que no se cambie el orden del día, señora Presidenta, estamos sujetos al que ya aprobó este Pleno, por lo cual solicito que sigamos en el desarrollo del orden del día que ya fue aprobado.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias. Diputado Rodríguez Prats, había pedido la palabra. ¿Ya no?
Ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 105 del Reglamento.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: "Artículo 105. No se podrá reclamar el orden, sino por medio del Presidente en los siguientes casos: para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo; cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación, o cuando el orador se aparte del asunto a discusión".
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Como han escuchado ustedes nuestra norma, no hay razón para suspender la sesión. Podemos continuar desahogando el orden del día que fue aprobado y nuestros coordinadores están discutiendo el asunto que les inquieta. Esperemos responsablemente en este salón, continuando con el orden del día que se aprobó y que no hay condiciones reglamentarias para suspenderla y en cuanto los coordinadores hayan dialogado, vendrán a informarnos los acuerdos a que llegaron.
Yo los exhorto a manifestar su responsabilidad y congruencia con nuestras normas y continuemos, porque en este salón no se está alterando el orden —excepto por lo que interrumpen— y si continuamos con la sesión, daremos tiempo a que los coordinadores discutan el tema que ustedes han expresado aquí, sus inquietudes y volverán en cuanto tengan una respuesta, a dárnosla.
Voy a pedir a los señores diputados que cuando pidan hacer uso de la palabra fundamenten el mecanismo que van a proponer, porque esta Cámara, la única fuerza que tiene es la fuerza de la ley. Entonces fundamenten las propuestas que quieran hacernos en los reglamentos, en la Ley Orgánica, pero si no encuentran esa fundamentación, yo les ruego que permitan que esta sesión continúe.
El diputado Javier Hernández Manzanares (desde la curul): Señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Hernández Manzanares.
El diputado Javier Hernández Manzanares (desde la curul): Señora Presidenta, primero que nada, en términos del artículo invocado por usted misma, el Presidente de esta Cámara injurió a quienes estamos en contra de su señalamiento.
Por tal motivo solicitamos a usted que si es un problema legal lo que estamos invocando, se ponga a consideración de esta honorable Asamblea nuevamente el orden del día para continuar con los trabajos.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Le ruego al Secretario dé lectura nuevamente al artículo 105 porque no ha lugar, no se refiere a ese artículo lo que usted está mencionando, diputado, con todo respeto. Dé lectura al artículo 105 del Reglamento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Artículo 105, Reglamento para el Gobierno Interior. "No se podrá reclamar el orden, sino por medio del Presidente, en los siguiente casos; para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo; cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación, o cuando el orador se aparte del asunto a discusión". Es cuanto, Vicepresidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias. Le ruego al Secretario dé cuenta del artículo 23 de la Ley Orgánica, el inciso f).
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Artículo 23. "Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
"f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara".
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: En virtud de este artículo, yo les ruego, compañeros diputados, que permitan a la Presidencia continuar como es su responsabilidad, con el desahogo del orden del día que fue aprobado. Y posteriormente vendrán los señores coordinadores a informar el asunto que están tratando.
Continúe la Secretaría con el orden del día. A ver, perdón, había pedido anteriormente el uso de la palabra el diputado, y con esto damos por concluido y continuamos con el orden del día. Adelante, diputado. Sonido en la curul del diputado Carlos Navarro, por favor.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López (desde la curul): Presidenta, con todo respeto y en base al artículo que acaba de leerse dele trámite a una reiterada petición: someta a consideración del Pleno la propuesta de un receso, por el tiempo que ya falta muy poco para que concluya la reunión de los coordinadores. No le veo mayor dificultad que se apegue usted al Reglamento, a la Ley Orgánica, al artículo 23 que acaba de leer, para que le dé trámite a una propuesta y que los diputados, con su voto, decidan si hay sensibilidad para tener un receso aquí mismo, estar dentro del Pleno, porque hay una situación extraordinaria, Presidenta: está militarizada la Cámara de Diputados.
Eso no puede ser. Si los compañeros diputados de Acción Nacional están acostumbrados a ver imágenes de golpes militares con los que simpatizan, nosotros no. No vamos a continuar la sesión, Presidenta. No vamos a continuar la sesión, no la vamos a continuar si no se apega usted al Reglamento y someta a consideración, por favor, la propuesta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, mire: es facultad exclusiva de la Presidenta suspender, continuar con las sesiones, pero en atención a las inquietudes, pido a la Secretaría se abra el tablero electrónico y se ponga a votación si la mayoría acepta la propuesta de que haya un receso. Que se abra el registro por 10 minutos.
Lo que se va a votar es si la sesión continúa o se acepta un receso. El voto a favor quiere decir que se acepta el receso. A favor por el receso y en contra querría decir que continúa la sesión.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la votación.
(Votación)
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ciérrese el registro electrónico.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se han registrado 128 votos en pro, en contra 285 y 6 abstenciones; por tanto, no hay mayoría.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. El Pleno se ha pronunciado mayoritariamente porque continúe la sesión. Como les decía anteriormente, compañeros diputados, esta Presidencia no cuenta con ningún otro recurso ni argumento que el que le da la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso.
Con el mismo respeto que la Mesa Directiva ha permitido las intervenciones de todos ustedes que pidieron el uso de la palabra, yo les pido el mayor respeto para la conducción de esta sesión, a fin de que nos permitan desahogar, como estaba aprobado, el orden del día.
Se le había ya concedido la palabra y pido continuar haciendo uso de ella, al señor diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Bienes Nacionales y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señora Presidenta.
Las diferentes concepciones de los bienes propiedad de la nación y la protección de los bienes culturales han tenido un desarrollo histórico ligado a la construcción de la nación mexicana. Ya en el México virreinal, en siglo XVIII, registramos la primera querella sobre patrimonio cultural emprendida por el virrey Pedro de Cibrián y Agustín, en 1743 en contra de don Lorenzo Boturini y Benaduci, a quien le expropia su valiosa colección de códices y antigüedades mexicanas.
El México liberal cuenta entre sus prioridades políticas el financiamiento de la Hacienda Pública y la identidad de la nación. En esta circunstancia, la Ley de Desamortización de Miguel Lerdo de Tejada, entonces primer ministro de Hacienda, atenderá a la creación de la Hacienda Pública que consecuentemente conducirá a la posterior expropiación de bienes del clero promovidas por el Benemérito de las Américas, Benito Juárez.
Estas iniciativas definirán el horizonte desde el cual se establece la propiedad de bienes nacionales y la legitimidad de las acciones de Estado en su custodia y administración.
Cabe señalar que la intención de esta ley no era privar a la iglesia de su riqueza material sino tan sólo modificar el carácter de una parte de tal riqueza. Las razones eran económicas y financieras, no políticas ni antirreligiosas.
He de señalar, que implícitamente los bienes culturales de culto religioso así como la mayoría de los inmuebles que ocupaban las iglesias han quedado, hasta la fecha, en custodia de los ministros de culto religioso. Sin embargo, es necesario que se promuevan políticas definidas para su protección debido al permanente riesgo del saqueo.
Este complejo proceso histórico, lleva al establecimiento del marco en el que se desarrollan dos leyes: la Ley de Libertad de Cultos de diciembre de 1860 y la Ley Bienes Nacionales origen de la actual Ley General de Bienes Nacionales. Esta última contiene disposiciones relativas al destino de los bienes nacionalizados al clero y en poder de la nación, la cual prohíbe expresamente que estos sean cedidos de manera alguna por el Estado en su artículo 84.
Sin embargo, aún no está asegurado el registro adecuado ni el resguardo de gran parte del patrimonio de los bienes culturales.
La Ley Federal sobre Monumentos y Sitios Arqueológicos, Artísticos e Históricos, definirá hasta 1972 el marco normativo del resguardo e investigación de nuestro patrimonio cultural.
Las diferentes leyes que preceden a la Ley Federal de Monumentos, son significativas para armar el complejo conjunto que han definido las políticas de patrimonio, resguardo e investigación de las culturas que componen la pluralidad de nuestra civilización.
El 19 de enero de 1934, se promulga la Ley sobre Protección y conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural. Tiene el carácter de ley federal y dispone expresamente en su artículo 2o y en el 4o, el dominio de la nación de los bienes arqueológicos.
"Son del dominio de la Nación —dice— todos los monumentos arqueológicos inmuebles.
La presente ley tendrá aplicación federal en sus preceptos relativos a: Primero, monumentos arqueológicos".
Es así que gran parte de estos preceptos productos de un proceso histórico, se integran en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del año de 1972, definiendo por vez primera los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural.
Esta ley asimismo establece los mecanismos fundamentales de la protección de bienes culturales, muebles e inmuebles y lo diferencia en el ámbito de políticas, acciones y competencia de instituciones específicas, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, del concepto de monumentos en arqueológicos, artísticos e históricos y se derivan las facultades de ambos institutos.
En el país existen 100 mil sitios arqueológicos, de los cuales se encuentran registrados poco más de 35 mil y 120 mil inmuebles considerados monumentos históricos, de los cuales 17 mil son de carácter religioso.
Este catálogo es un instrumento fundamental por su precisión y certeza para identificar los bienes culturales, muebles e inmuebles que hayan sido robados o productos del saqueo o del tráfico ilícito.
Los bienes muebles e inmuebles sobre los que se documenta un delito, se publicarán en las páginas de la Procuraduría General de la República, de las procuradurías locales, de agencias aduanales y de la página "E" Cultura. Todo galerista, subastador o negociante de bienes muebles e inmuebles estará obligado a investigar la no procedencia ilícita de los bienes culturales negociados, de la misma manera que los compradores.
Por tal motivo, con esta iniciativa de ley queremos hacer expresa la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en financiar el catálogo de bienes nacionales, de manera armónica con las facultades que otorga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricos y Artísticos a los institutos federales.
El resguardo del patrimonio cultural se encuentra plasmado jurídicamente en la Ley Federal de Monumentos, pero falta la consideración acerca del vínculo orgánico con la Ley General de Bienes Nacionales y con la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
Por lo anterior someto a consideración de Pleno la siguiente iniciativa de proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley General de Bienes Nacionales en los siguientes términos:
Articulo 1°. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 30, una fracción XI al artículo 81 y un segundo párrafo al artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar los recursos financieros necesarios al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en los términos previstos por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para consolidar y actualizar el catálogo de bienes inmuebles culturales, arqueológicos, artísticos e históricos".
En el artículo 81 la fracción que se adiciona es la XI, quedando como sigue: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar los recursos financieros necesarios para la consolidación y actualización del catálogo de bienes culturales, muebles, utilizados para fines religiosos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional del Bellas Artes y Literatura llevarán a cabo todas las acciones de acuerdo a las facultades que les otorga la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos".
En el artículo 150 se adiciona un segundo párrafo que a la letra dice: "Se aplicará esta misma pena a quien robe, saqueé o trafique ilícitamente con bienes muebles o inmuebles de la nación".
El artículo 2°, se modifica el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue. "Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública, a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, propiedad de la nación.
Las mismas estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de su salvaguarda y restauración en los términos previstos por las leyes. Para este efecto documentará todos los bienes recibidos y tendrá el compromiso de responder por su integridad mediante un acta de recepción y entrega a sus sucesores.
La omisión o deliberada pérdida o sustracción, será sancionada según lo establece la Ley General de Bienes Nacionales". Se contempla la introducción de artículos transitorios. Es cuanto tenemos que informar. Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Se concede el uso de la palabra por cinco minutos a los señores diputados Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena, para presentar de parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por cinco minutos a cada uno.
El diputado Víctor Samuel Palma César: Con su permiso, señora Presidenta. Hago la presentación de una iniciativa que plantea reformas al artículo 5º de la Ley de Planeación y adiciona una fracción VII al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Toda vez que ya está en la Gaceta esta iniciativa, haré algunos comentarios para ajustarme a los cinco minutos que me han conferido.
Ha sido un tema regular dentro de distintos grupos parlamentarios —y el propio gobierno— el hablar de la agenda legislativa; distintos documentos hablan de las coincidencias y también desde luego de las diferencias que existen entre los distintos partidos políticos y desde luego el tema que nos anima en esta materia es cómo construir una democracia de consensos.
En opinión de algunos tratadistas indican que México está ubicado en este momento, ya no en un sistema de democracia de mayoría sino en una democracia consensual. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden construir esos consensos cuando estamos en un sistema plural de partidos y en una conformación compleja de los grupos parlamentarios en su participación en el propio Congreso, y desde luego ustedes estarán de acuerdo conmigo que la experiencia que tenemos es de que la posibilidad de llegar a acuerdos no ha sido totalmente favorecida.
De tal manera que la propuesta que estamos presentando a través de esta iniciativa, pretende que el Plan Nacional de Desarrollo sea aprobado por la Cámara de Diputados. Actualmente la Cámara de Diputados conoce del Plan Nacional de Desarrollo y emite opiniones al respecto, pero no la aprueba; consideramos que la posibilidad de aprobación del mismo por parte de la Cámara de Diputados habrá de propiciar y facilitar las posibilidades de los acuerdos, a través de un mecanismo institucional y de esta manera también, hacer seguimiento al cumplimiento del propio Plan Nacional de Desarrollo.
Cabe hacer mención que nuestra Constitución precisamente refiere al Plan Nacional de Desarrollo como un instrumento ordenador y programático de las acciones de gobierno. El hecho de que esté referido en la Constitución precisamente implica que lo ha considerado como un instrumento ordenador, integrador y de perspectiva estratégica sobre el desarrollo del país. Adicionalmente el propio artículo 26 constitucional, establece que los programas del gobierno federal deberán de ceñirse precisamente a las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo.
Si todo esto es así, la pregunta es, ¿por qué no aprobamos en la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo y de esta manera encontramos un mecanismo que pueda propiciar, que pueda alentar la posibilidad de los acuerdos?
Esta iniciativa es totalmente consecuente con el espíritu que establecen los artículos 25, 26 y 27 constitucionales, como todos sabemos el 25 habla de la rectoría del Estado, el 26 del Plan Nacional de Desarrollo y el 27 del dominio de los recursos de la nación por parte de ella misma. Entonces la posibilidad de tener un Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso habrá de dar expresión al propósito que anima la acción del Estado.
Así pues proponemos que el artículo 5º de la Ley de Planeación quede como sigue:
El Presidente de la República remitirá el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión para su aprobación, y en su caso, modificación. El titular del Poder Ejecutivo incluirá en su informe anual de actividades los avances del Plan Nacional de Desarrollo y explicará las razones por las cuales pudiera haber objetivos y metas parcialmente logradas.
El Poder Legislativo, para emitir su dictamen, se allegará de información documental y personal de integrantes del Poder Ejecutivo.
La Cámara de Diputados dispondrá de 20 días hábiles para aprobarlo; de no aprobarlo en ese término, se aplicará la afirmativa ficta del proyecto remitido por el titular del Poder Ejecutivo. Además en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y a las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.
Segundo. Se adiciona una fracción VII y se recorren las actuales al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 39 fracción I. Se tendría que establecer el numeral 36, la comisión del Plan Nacional de Desarrollo.
Es cuanto señora Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarios.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Faustino Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, perdón, faltan los otros cinco minutos del diputado Alfredo Ríos Camarena. Perdón.
El diputado Alfredo Ríos Camarena: Con su venia señora Presidenta. Qué difícil poder realizar la tarea legislativa para la que fuimos electos, en medio de un ambiente de confrontación permanente. En medio de un ambiente difícil de transitar y en el momento mismo en que van a cambiar los Poderes federales.
A pesar de ello, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por cumplir la tarea para la que fuimos electos. Tenemos que buscar las salidas y transitar por ellas parar encontrar denominadores comunes que le den a este cuerpo legislativo la dignidad que requiere y el camino para el que fue electo. Por eso este proyecto de iniciativa tiene que ver con la planeación y el desarrollo.
El artículo 26 constitucional tal parece que le dejó al Ejecutivo federal toda la planeación. La Ley Reglamentaria también. En cualquier país civilizado la planeación para el desarrollo, por el que transitan los presupuestos de egresos y de ingresos, tienen que ser aprobados por la Cámara de Diputados o por el Congreso.
Por eso esta propuesta a la legislación secundaria que puede hacerse sin modificar el 26 constitucional, tiene por objeto que el Plan Nacional de Desarrollo sea conocido por la Cámara de Diputados. Pero no solamente sea conocido, sino pueda aprobarse y modificarse por esta soberanía.
Lo que venimos a tratar en esta iniciativa es fundamental para el destino de México en los próximos años y no tiene que ver con colores partidistas. Tiene que ver con un trabajo serio, responsable en el desarrollo nacional.
Por eso mi compañero César Palma, ya les planteó a ustedes en términos generales lo que representa esta iniciativa. Se requiere también reformar la Ley Orgánica del Congreso, para crear una comisión que trate del Plan de Desarrollo.
El Plan de Desarrollo es el corazón mismo; es el cerebro, la columna vertebral de lo que va a suceder en el país. Está obligada la Cámara a conocer en marzo el camino de ese plan y el Ejecutivo a dárnoslo a conocer. Pero desde su nacimiento desde hace muchos años, ha habido simulación en la construcción de un sistema democrático de planeación. Han sido sólo organismos técnicos y fríos desde lo que era la Secretaría de Programación, los que han manejado esto.
Es necesario que la representación popular conozca a fondo hacia donde están los programas, a donde están los programas regionales, como se van a entregar los recursos a los estados. Todo esto transita señores diputados, por el Plan Nacional de Desarrollo, que alguien dijo un día en esta Cámara, que era un Plan de todos con la nada, porque era un Plan de simulaciones. porque era un Plan en el que no se compartía a este Legislativo realmente la responsabilidad de la conducción de la planificación en México.
Tenemos que entender que el Estado tiene responsabilidad que le asignan los artículos 25, 26, 27 y 28, en la conducción económica del Estado. Éste no es un país de oferta y demanda; éste es un país que hizo una revolución que ayer se conmemoró y que le dio una estrategia, que le dio todo un equipo constitucional nuevo en el mundo a este país, para que tuviéramos objetivos sociales, de equidad nacional, de responsabilidad colectiva y sobre todo, de acortar los grandes márgenes de la pobreza en México.
Por eso, esta iniciativa que pasará a Comisiones, deseo, exhorto, pienso que todos los señores diputados tienen que entender con claridad lo que es la programación democrática del desarrollo y lo que debe ser, en un país civilizado y democrático, un plan de desarrollo. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Alfredo Ríos Camarena. Se concede el turno que se había dado a Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Faustino Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Faustino Javier Estrada González: Con su permiso, señora Presidenta. En nuestro país, así como en muchas naciones de Latinoamérica, el combate a la delincuencia se encuentra limitado. En muchas ocasiones por la deficiencia o imposibilidad física de atender el gran volumen de asuntos denunciados.
Las carencias operativas de las autoridades persecutorias de los delitos se traducen en la mayoría de las ocasiones en impunidad. Nuestro sistema penal, al igual que en otros de los países occidentales, faculta al Estado para que en ejercicio del derecho, sancione o castigue a aquellos que trastoquen el orden legal.
Así, dentro de la teoría penal se ha hablado del monopolio de la acción penal del Estado, ejercida a través de órgano constitucionalmente establecido para ello. Nuestro Máximo Ordenamiento reconoce en el Ministerio Público federal al órgano encargado de velar por la legalidad de las actuaciones que autoridades y ciudadanos realicen en la convivencia pacífica.
De ahí que se reconoce por el Estado como entidad soberana, que el derecho penal debe y es el último recurso para la solución de conflictos cotidianos entre los gobernados. Desgraciadamente la teoría penal ha sido superada por la realidad social.
Hoy día los índices delincuenciales se han incrementado alarmantemente en todo nuestro país. La corrupción e ineficiencia en la actuación de la autoridad ministerial han colaborado con la impunidad y el incremento casi incontrolable en la comisión de delitos, sobre todo patrimoniales o que implican al crimen organizado.
En los últimos años se ha buscado por los conductos institucionales, soluciones que aunque en la teoría deberían funcionar, en la práctica implica un problema para la solución del fenómeno social. La colaboración de diversos niveles de gobierno, Federación, estados y municipios, ha servido al reconocimiento de éstos, del gran problema en que se ha construido el problema que hoy nos ocupa.
Pero no ha sido suficiente la apatía de la sociedad en cuanto a la presentación de denuncias penales por razones diversas, como la pérdida de tiempo, de desconfianza de las autoridades ministeriales y policiales, la nula participación de las víctimas u ofendidos dentro de los procedimientos penales, se ha traducido en la falta de una claridad del problema.
Pero en cuanto a operatividad en la persecución de los delitos, debemos señalar que dada la magnitud del fenómeno, las autoridades se han visto superadas, no sólo en la prevención, sino más gravemente en el combate y en la persecución de los delitos.
En la persecución, en donde hoy los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara centramos la presente propuesta. Ésta pretende que las víctimas o los ofendidos de los delitos, cualquiera que fuere su naturaleza, puedan actuar en coadyuvancia con el Ministerio Público federal a fin de integrar debidamente la indagatoria y que ya dentro del proceso penal puedan participar activamente durante todo el procedimiento.
Con ello —sostenemos— el Ministerio Público podrá contar con el apoyo en la integración de los expedientes a través de las pruebas que se aporten por parte de la víctima o del ofendido del delito o acelerando la conformación de aquellos y garantizando que las causas penales se lleven a buen término.
Hoy día es cierto que se reconoce la facultad a las víctimas o los ofendidos de los delitos, de coadyuvar o colaborar con el Ministerio Público, pero esta participación se encuentra siempre supeditada a la voluntad de los agentes que conforman la representación social.
Por ello se propone establecer como un derecho de los ciudadanos que sufran en su persona o patrimonio las consecuencias de los delitos, el participar como un derecho constitucionalmente reconocida en todas y cada una de las diligencias o actuaciones, tanto en la indagatoria como dentro del procedimiento penal a través de la aportación de pruebas, solicitud de diligencias.
En suma, actuando activamente en la secuela procesal no como mero espectador o por un acto de venganza, sino como alguien que tiene derecho, uno de los más altos, a que le sea impartida justicia.
Nuestra propuesta en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un catálogo de derechos, tanto del delincuente como de la víctima u ofendido. He aquí que hemos considerado establecer la inclusión del derecho de éstos últimos a coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la indagatoria como en las distintas etapas del procedimiento ante el juez del conocimiento.
Así, nuestra propuesta faculta de forma clara el derecho irrestricto y en todo momento para que pueda colaborar con el Ministerio Público a que le sea reconocida personalidad jurídica dentro del proceso, consecuentemente podrá promover en todas las etapas pre y judiciales, ofreciendo pruebas, interrogando testigos y en suma, poder participar activamente en la persecución de la justicia.
Coadyuvar es contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. Así las víctimas u ofendidos de los delitos asistirán como una especie de auxiliares al Ministerio Público, diferenciándose esta facultad con la ya existente en el Código Federal de Procedimientos Penales, en que nosotros proponemos la coadyuvancia obligatoria, dejando a un lado la facultad o potestad del Ministerio Público para permitir esta participación.
En cuanto a la reforma de los artículos 2o, 4o, 86, 113, 123, 136, 141 y 306 del Código Federal de Procedimientos Penales, se busca aterrizar dentro de este dispositivo dicha facultad. Es cuanto, señor Presidente.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos. Se concede el uso de la palabra al diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La democracia y la justicia social son dos demandas fundamentales del pueblo de México. Las pasadas elecciones, que fueron las más competidas de la historia de este país quedó de manifiesto que un importante número de mexicanos no votó, porque no se sienten representados por los partidos políticos.
La democracia representativa, formal y de mercado está agotada y es necesario transitar hacia otras formas de democracia más evolucionadas que respondan realmente a los intereses del pueblo de México.
La democracia representativa y formal exige la participación de la ciudadanía en la elección de los representantes a los cargos de elección, pero no permite la participación del pueblo en la toma de las decisiones fundamentales que tienen que ver con el rumbo que toma la nación.
Está claro que las pasadas campañas electorales se han convertido en un espectáculo mediático, donde prevalece el dinero privado de los poderes fácticos que se apropian de la democracia y el derecho a decidir, pisoteando la voluntad del pueblo de México.
En las pasadas elecciones federales más del 45 por ciento del electorado no votó, entre otras razones, porque sienten que los partidos políticos no tienen interés en los problemas que padece de manera cotidiana la población mexicana, porque éstos están fuera de la solución de sus problemas.
En esas elecciones el porcentaje de los que sufragaron lo concentraron fundamentalmente entre las tres principales fuerzas políticas del país. El resultado fue que cada una de ellas no obtuvo más de un tercio de la votación nacional emitida, por lo que la fuerza política que se adjudicó la mayoría de los votos no representa la voluntad de México y mucho menos de aquellos que no votaron.
Es el caso de Calderón Hinojosa, que con las irregularidades y todas las agravantes cometidas obtuvo apenas 15 millones de votos, con lo que sólo alcanzó alrededor del 30 por ciento de los sufragios emitidos, es decir, el 70 por ciento de los votantes no lo apoyaron y votaron por otras opciones, por lo que no representa a la mayoría de los electores, menos aún a los que viven en este país.
¿Cómo puede una fuerza política gobernar siendo un gobierno de minoría? Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que dado el atraso democrático que vive México en comparación a otras naciones de América Latina y del mundo es necesario que transitemos hacia nuevas formas de participación ciudadana.
El impulso a la democracia directa y participativa, forma parte de la agenda legislativa del Frente Amplio Progresista, porque es la única forma de romper con la simulación de los representantes a cargos de elección popular que traicionaron la voluntad de los mexicanos.
El artículo 339 de nuestra norma fundamental reconoce el inalienable derecho del pueblo para alterar o modificar su forma de gobierno. En consecuencia y con pleno fundamento en la soberanía popular, sometemos a la digna consideración del Pleno de esta Asamblea, las figuras de democracia directa.
Compañeras y compañeros diputados. Para que el nivel de desarrollo industrial que ha alcanzado México, esté en concordancia con las exigencias del pueblo mexicano en materia de democracia, es fundamental que elevemos a rango constitucional las siguientes figuras de la democracia participativa y directa, para dar lugar a una nueva era de democracia en nuestro país.
Las figuras que proponemos son: la afirmativa ficta, para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de petición y si la autoridad no responde en un tiempo de cuatro meses se entenderá que la respuesta de la autoridad es a favor del demandante; la iniciativa popular, para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante las Cámaras del Congreso de la Unión; referéndum, para que la ciudadanía exprese su aprobación o rechazo respecto de la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes, de reglamentos y decretos, así como de cuestiones que afecten sus intereses;
Plebiscito, para que los ciudadanos manifiesten su aprobación o rechazo a las determinaciones administrativas de importancia para la vida pública de los tres niveles de gobierno;
Revocación de mandato, para que el pueblo tenga la facultad para separar de su cargo a un servidor público de elección popular por no haber cumplido sus compromisos de campaña electoral o las obligaciones que la ley le impone;
Voz ciudadana en los ayuntamientos, para que la problemática y las peticiones de los ciudadanos sean escuchados en los municipios, ya que es el orden de gobierno más cercano a la gente.
Los diputados del Partido del Trabajo hacemos un llamado a las diferentes fracciones parlamentarias, particularmente a los diputados de Acción Nacional y del PRI, a debatir estas propuestas y que acepten el reto de la democracia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La siguiente iniciativa que estaba agendada por la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, a petición de la misma, se retira.
Tiene uso de la palabra el diputado Juan N. Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de ley para la Reforma del Estado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Muchas gracias ciudadana Presidenta.
Compañeras y compañeros, quiero —al presentar esta iniciativa— comentarles los criterios que la motivan, pero también quiero hablar de una propuesta de acuerdo mínimo que hemos estado insistiendo se concrete aquí en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados. Y esto me va a llevar también a comentar estos últimos acontecimientos que estamos viviendo, por supuesto todo esto en el marco de la iniciativa que estamos presentando.
Esta iniciativa tiene un antecedente, está inscrito todavía, si lo revisan en el orden del día, como un punto de acuerdo, el que la Cámara de Diputados pudiera convocar a un diálogo nacional, es decir, a todos los sectores del país, para construir acuerdos que la propia sociedad requiere y necesita y se armarán consensos para darle estabilidad al país para ponerle fin a esta polarización que vive la sociedad y al deterioro también que se está sintiendo en todos los órdenes, no sólo político, sino económico y social.
Ese punto de acuerdo está ahí, se lo entregué personalmente a los coordinadores de los grupos parlamentarios, no sólo del Frente sino también de las otras bancadas. Creo que mereció el comentario en la Junta Directiva, de que estaba interesante, de que lo iban a revisar y todavía es asunto que lo siguen revisando. Por lo mismo y por la forma como se presenta aquí en el orden del día, lo hemos hecho hoy como iniciativa.
Como iniciativa es muy similar, también lo quiero señalar, a la que presentó ya en el Senado el senador Manlio Fabio Beltrones. Tiene algunas diferencias. Nosotros ponemos mucho énfasis en lo que ya estaba en el punto de acuerdo y que está todavía ahí.
Más allá de las propuestas que tenga el PAN, de las que tenga el PRI, de las que tenga el Frente, de las que tengan otras bancadas, el asunto es: ¿qué pueden todos los sectores y la sociedad mexicana construir como consensos para hacer reformas e iniciativas de ley o constitucionales reformas que consensuemos en lo que se podría llamar "un nuevo acuerdo nacional" para darle perspectiva de futuro a nuestra nación? Seguimos insistiendo en este diálogo. Hemos además agregado otros temas que no fueron considerados en la iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones: él no toca el asunto fiscal ni económico.
Hemos colocado el asunto fiscal por una razón: es una verdadera vergüenza que México sólo cobre impuestos más que Haití, que Guatemala y que esté abajo de todo el resto del mundo; que mientras en Estados Unidos se cobra el 22 por ciento ––es más, en Sudamérica–– en Argentina el 17, 18 por ciento igual que en Chile, aquí nos digan el SAT que se cobra el 9.5 por ciento de impuestos.
Es una verdadera vergüenza que siempre que nos lleve a discutir presupuesto, nos va a hacer depender del petróleo en gran medida y de estar sangrando a esa empresa y nos va a llevar, por supuesto, también a que no haya recursos para programas sociales. Por eso hemos agregado este tema.
Otro tema que no venía considerado es el del desarrollo social que también lo incluimos. Además, hemos puesto que no sea tan largo de un año sino que este proceso con el diálogo, toda la construcción de acuerdos vaya a siete meses a partir de que se convoca y se publica en el Diario Oficial esta iniciativa ya como ley.
En la iniciativa del Senado todo se cargaba a la Junta Directiva del Senado; es más, el Senado absorbía todos los temas. Hemos hecho una división de temas para que unos se puedan dictaminar en la Cámara de Diputados y otros en el Senado y además, pensamos que son las comisiones de dictamen ordinario las encargadas de tomar los acuerdos que se construyan en la sociedad y de convertirlos en iniciativas y no las Juntas Directivas ni del Senado ni de la Cámara, porque su naturaleza es otra: dirigir. La naturaleza de las comisiones es la que se adapta a esto precisamente.
Mi pregunta es esta: ¿Vale la pena que el senador Manlio Fabio Beltrones haya presentado esa iniciativa allá y vale la pena que nosotros la hayamos presentado aquí? Vamos a amarrar cuando menos un mecanismo para dialogar en la sociedad y hacer una reforma del Estado. ¿O estamos hablando a oídos sordos o simplemente se trata de hacer como que legislamos y como que consultamos a la sociedad y seguir autistamente encerrados en resolver otro tipo de dinámicas?
En esto me dirijo mucho a la bancada mayoritaria de esta Cámara. No hay acuerdos sin la bancada mayoritaria, y si la bancada mayoritaria, que tiene más de un tercio, suficiente para bloquear cualquier adición o reforma constitucional, no va a haber acuerdos. Dígannos ustedes si tienen interés en construir acuerdos para la sociedad o si ya se les olvidó todo aquello que plantearon alguna vez.
Sinceramente los emplazamos a eso, porque de igual forma hemos presentado en este marco, ahora con motivo de ingresos, de la Ley de Ingresos y también del Presupuesto de Egresos hemos presentado un acuerdo mínimo donde se incluyen temas que aprobó la bancada del PRD, pero que tienen que ver con lo que ya aprobó el frente.
En esos temas estamos planteando precisamente que en ingresos incrementemos la tributación vía derogar estas excepciones fiscales, estos paraísos fiscales que nos podían dar cuatro o cinco puntos más del producto interno bruto en captación, y que nos permitiría también hacer programas como el de Adultos Mayores, que nos permitiría hacer un programa para el Combate a la Pobreza, que todo mundo tenga alimentos o garantizar que los jóvenes permanezcan en la educación, ya que no tienen empleo y no se vayan a la delincuencia, al narcotráfico y quizá al rato a las "maras salvatruchas" y a la guerrilla.
Estos programas se podrían hacer si hay más, pero además si hay más tributación podríamos darle la autonomía a Pemex, que es una empresa que hemos estado sangrando y que merece hacerle frente a sus propias circunstancias.
La pregunta nuevamente es ¿se puede hacer algún acuerdo o no se puede? Frente al primero, cualquier persona con oficio político busca construir acuerdos, porque si hacemos acuerdos y distendemos el país, esto se va a resentir en la Cámara; pero si no hay acuerdos para distender, si no hay acuerdos que condensemos para sacar cosas a favor de la población ¿cuál es la única dinámica que queda?
Yo insisto y soy muy reiterativo ¿se pueden hacer acuerdos aquí y ahora se pueden hacer acuerdos en la Cámara de Diputados, en el Congreso, o no se van a hacer acuerdos?
El Presidente Zermeño nos amenaza… les voy a decir una cosa, no nos van a parar las amenazas y pueden cercar lo que quieran; pero tampoco lo vamos a permitir. Y puede haber la ira que quiera y se puede encorajinar pero eso no nos va a parar. Finalmente es un exceso lo que están haciendo… Sí le acepto la interpelación, pídala por el conducto… Bueno, si no quiere, entonces cálmese.
No nos va a parar eso. Lo que sí decimos cuando se hace acuerdos en una Cámara, en un Congreso, eso trae distensión. ¿Quieren distensión? Vamos por la ruta de los acuerdos si no, ni nos digan nada, nosotros solo vamos a, si estamos dispuestos a hacer acuerdo, también sólo vamos a tener una opción y es la de no sólo impedir la toma de protesta de Calderón, sino boicotear todo lo que sea necesario para que no saquen sus nefastas reformas a favor de unos cuantos amigos que ilegalmente hicieron posible el triunfo de este señor.
Hay una mano para acordar, pero también hay una firme decisión nuestra: que no nos para el Presidente ni con sus rabietas para actuar en consecuencia. Ésa es la situación. No sé si iba a haber alguna pregunta, si no, por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Arely Madrid Tovilla para presentar iniciativa que viene signada por el diputado Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola.
Esa iniciativa fue cambiada de lugar con la número diez, en atención al acuerdo que los dos proponentes tuvieron. La iniciativa que estaba en el número diez pasa al ocho y la ocho pasa al diez y se refiere a una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Arely Madrid Tovilla: Muchas gracias, diputada Presidenta. Compañeras. Compañeros. La de la voz, Arely Madrid Tovilla, Édgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, en nuestro carácter de presidenta y secretarios de la Comisión Jurisdiccional, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa que reforma y adiciona el artículo 40 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente
Exposición de motivos
Las instituciones democráticas requieren de instancias de control, de vigilancia y sanción para perfeccionarse y mantener su vigencia, garantizando así el desarrollo armónico y equilibrado de la sociedad.
Una de las mayores responsabilidades que tiene esta soberanía es garantizar un marco jurídico eficaz, siendo urgente su actualización para facilitar así el cumplimiento de las atribuciones y deberes del Poder Legislativo a través de las Comisiones.
Ante este desafío el Poder Legislativo está obligado a impulsar reformas legales que contribuyan a erradicar la percepción negativa de la función legislativa y del trabajo de Comisiones.
En consecuencia, la Comisión Jurisdiccional de acuerdo con su objetivo jurídico, requiere una plataforma legal que le permita enfrentar nuevos retos no previstos en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
A partir de ello, consideramos necesario que se debe de otorgar facultades a la Comisión Jurisdiccional a efecto de que se le permita con las tareas que debe de desarrollar como responsable de velar por el buen funcionamiento de los mecanismos de juicio político y de declaración de procedencia, ya que hasta ahora se han querido subsanar las deficiencias procesales de la ley mediante acuerdos parlamentarios.
Conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Comisión Jurisdiccional ejerce sus atribuciones a través de la Sección Instructora; sin embargo, al no existir atribuciones expresamente a ella conferidas, dicha Comisión está limitada en sus actuaciones.
La Comisión Jurisdiccional se constituye al inicio de cada Legislatura observándose un procedimiento similar al resto de las comisiones ordinarias, por lo que por su naturaleza jurídica está debidamente justificada.
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos contiene un capítulo sexto denominado "de las comisiones y de los comités", donde se señala en su artículo 39 que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones legales.
La Comisión Jurisdiccional establece que dentro de sus integrantes se nombra a quienes deben de integrar la Sección Instructora.
De conformidad con la actual Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Jurisdiccional tiene las siguientes facultades. El artículo 40 en su numeral 5 dice: "La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16 a efecto de que dentro de ellos se designen a los que la habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos".
En consecuencia es necesario dotar de facultades expresas a la Comisión Jurisdiccional, ya que de esa manera se crearán las condiciones para que en el futuro se puedan expedir leyes que constituyan un marco jurídico eficiente.
La presente iniciativa buscará resolver las lagunas de la ley y por ello se propone facultar a la Comisión Jurisdiccional con funciones que actualmente tiene pero como ya se dijo, son mediante acuerdos: dictaminar iniciativas de ley, realizar estudios, emitir opiniones, presentar informes semestrales y anuales, constituirse en instancia para resolver las controversias que se den al interior de la Sección Instructora.
Con esas atribuciones se fortalece la naturaleza jurídica de la Comisión Jurisdiccional dando certeza y objetividad a sus actuaciones.
Con la presente iniciativa se consolida una parte fundamental de la base legal que requiere la Comisión Jurisdiccional para el fiel cumplimiento de su encomienda.
Por lo anteriormente expuesto y fundado presentamos ante esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 40 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.
Artículo único. Artículo 40: "Las comisiones ordinarias que se establecen en el artículo desarrollarán las tareas específicas que en el caso se señalan…" Quedando de igual manera del 2 al 4 y en el 5: "La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que dentro de ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
La propia Comisión tendrá las siguientes facultades:
a) Dictaminar, opinar y realizar estudios relacionados con iniciativas de ley que se presenten en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
b) Conocer y dirimir las controversias que surjan al interior de la Sección Instructora e
c) Informar y recibir los informes semestrales, en este caso, de la Sección Instructora.
Para la integración de esta Comisión, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta el perfil profesional de los diputados electos, preferentemente a quienes gocen de experiencia jurídica.
Artículo transitorio.
Único El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de noviembre del presente año. Y signan presidente y secretarios de la Comisión Jurisdiccional. Muchas gracias y esperamos que sea de urgente u obvia resolución.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Gracias diputada Arely Madrid Tovilla. Túrnese a la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se rectifica el turno que se dio a la iniciativa presentada por el diputado Juan Guerra Ochoa, para que quede turnada a petición suya a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la palabra al diputado Álan Notholt Guerreo, del grupo… se pospone esta iniciativa que está agendada por el Partido Verde Ecologista de México.
Tiene la palabra el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez para presentar iniciativa que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta iniciativa —además del diputado Edgar Maurio Duck Núñez— está suscrita por la diputada Arely Madrid Tovilla y el diputados Francisco Santos Arreola de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente. Diputada Arely, sonido en la curul.
La diputada Arely Madrid Tovilla (desde la curul): Yo pedí el trámite de urgente u obvia resolución y se pasó directo. Le pido por favor que considere el trámite, por favor.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: El turno está agendado en el orden del día para turnarse a las Comisiones que señalamos. No fue registrado así el turno. Diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Le recuerdo a mi distinguida colega y amiga que es una iniciativa y las iniciativas no pueden someterse a trámite de obvia o urgente resolución, tienen que turnarse a Comisión.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Gracias, diputado Rodríguez Prats. El diputado Chaurand tiene el uso de la palabra.
El diputado Carlos Chaurand Arzate (desde la curul): Sin lugar a dudas se trata de una iniciativa, pero no hay ninguna disposición que prohiba el turno de urgente u obvia resolución a una iniciativa, nuestro Reglamento es muy claro diciendo que ningún asunto podrá resolverse si no es turnado a Comisiones, salvo los asuntos que las dos terceras partes consideren de urgente u obvia resolución.
También es cierto que existe un acuerdo en el sentido de que si el asunto no se registra como de urgente u obvia resolución no habría por qué turnarlo, sin embargo, un acuerdo no puede estar por encima del Reglamento. Y el Reglamento en sus artículos establece la posibilidad de que un legislador solicite el turno de urgente u obvia resolución, no quiere decir con esto que yo, en mi carácter de Presidente de la Comisión a la que fue turnado el asunto estuviese de acuerdo, lo único es que sí estoy señalando es que el legislador tiene la facultad de solicitar el turno de urgente u obvia resolución aun tratándose de una iniciativa. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta María Elena Alvarez Bernal: Si, tiene razón el diputado. Yo insistiría en que no fue agendado con el carácter de urgente u obvia resolución y por ese motivo fue turnada a la Comisión. Está en el uso de la palabra el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez.
El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia señora Presidenta. Arely Madrid Tovilla, Francisco Javier Santos Arreola y el de la voz, Mauricio Duck Núñez, en nuestro carácter de presidente y secretario de la Comisión Jurisdiccional, respectivamente, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Las leyes deben perfeccionarse y mantener su vigencia, garantizando así el desarrollo armónico y equilibrado de la aplicación de justicia en la sociedad.
Uno de los compromisos que tiene esta institución es proporcionar un régimen jurídico eficiente; siendo apremiante su actualización para suministrar mayores elementos para su cabal cumplimiento.
Este Poder Legislativo tiene como objetivo fundamental actualizar el marco jurídico que permita estar a la altura de los nuevos paradigmas en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
De conformidad con la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el artículo 3, fracción II menciona a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, como una de las autoridades competentes para aplicar dicha Ley.
El artículo 10 señala que la Subcomisión de Examen Previo se integra de dos comisiones: de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia.
El artículo 12, inciso e) expresa que la resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia será remitida al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
El artículo 11 menciona a la Gran Comisión como órgano de gobierno para intervenir en los procedimientos de juicio político.
La primera figura legal tiene hoy en día nueva denominación: Secretaría de la Función Pública. En la segunda y tercera, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ha cambiado de nombre en la Ley Orgánica de este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y pasó de Gobernación. Y la cuarta tiene una nueva denominación: Junta de Coordinación Política.
Actualmente esos dos artículos a la letra dicen:
Artículo 3. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán primero, las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión.
Primero Bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Segundo. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Tercero. Las dependencias del Ejecutivo federal.
Cuarto. El órgano Ejecutivo local del Gobierno del Distrito Federal.
Quinto. Derogado.
Sexto. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
Séptimo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Octavo. Los tribunales de trabajo en los términos de la legislación respectiva y
Noveno. Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.
Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político actuando como órgano instructor y de acusación y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.
La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas, para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión integren la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.
Artículo 11. Al proponer la Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprobada la propuesta que hace referencia al párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las comisiones cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de enjuiciamiento en la de Senadores.
Las vacantes que ocurran en la sección correspondiente de cada Cámara serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión de entre los miembros de la comisiones respectivas.
Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:
a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación.
b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que corresponda para la tramitación correspondiente. Si se trata de una denuncia presentada en la lengua indígena ordenará su traducción inmediata al español y lo turnará conforme al procedimiento establecido.
c) La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos, a que se refiere el artículo 2º de esta ley; así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7º de la propia ley; y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación del procedimiento.
En caso contrario, la Subcomisión desechará la denuncia presentada. En caso de la presentación de pruebas supervenientes, la Subcomisión de Examen Previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por insuficiencia de pruebas.
d) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el Pleno de las Comisiones Unidas, a petición de cualquiera de los presidentes de las Comisiones o a solicitud de cuando menos el 10 por ciento de los diputados integrantes de ambas Comisiones; y
e) La resolución que dicta la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia será remitida al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Justicia, para efectos de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.
En un contexto de creciente y profunda exigencia ciudadana, se necesitan reformas sólidas y eficaces para el cumplimiento de la norma jurídica. Por esta razón, se propone la actualización que permita atender y resolver problemas sobre las responsabilidades de los servidores públicos.
La presente iniciativa busca resolver las imprecisiones de la ley; por ello, se propone actualizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A su vez, con la presente iniciativa se consolida una parte fundamental de la base legal que se requiere para el fiel cumplimiento de la encomienda con leyes que constituyan un marco jurídico actual y eficiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 fracción II; 10, 11 y 12 inciso e), de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como el texto lo señala y lo omito, señora Presidenta.
Ruego a usted que se incluya en la Gaceta y en el Diario de los Debates, con el texto que originalmente fue entregado por economía del tiempo. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública, de Justicia y de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con el permiso de la Presidencia. Hoy aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, en el tercer Anexo, la propuesta de iniciativa que presentamos ante este Pleno el día de hoy.
En primera instancia quiero comentar que es una iniciativa que busca legislar para las próximas generaciones. Es decir, no solamente una visión prospectiva del trabajo legislativo —que es el que tenemos que realizar desde mi punto de vista—, sino también ir ubicando el rol del Congreso de la Unión que tiene que jugar en estos momentos y en particular la Cámara de Diputados.
Dentro del artículo 73 en sus 30 fracciones, no existe una fracción en particular que legisle sobre las niñas y los niños de este país. La inquietud de un servidor proviene de que el Estado mexicano ha signado tratados, declaraciones para defender y apoyar a la niñez desde 1989, ratificados por el Senado de la República en 1990.
Sin embargo, existe un vacío constitucional que nos impide a los diputados federales poder legislar sobre este tema en específico.
Esto, desde nuestro punto de vista, como las niñas y los niños son un grupo vulnerable en este país, más allá de las cifras que puedan dar todas nuestras instituciones sociales en el país, la Comisión del Niño de la ONU, desde 1996, le ha realizado observaciones al Estado mexicano en sus incumplimientos, en sus fallas, no solamente en los acuerdos sino también ha sugerido realizar modificaciones a la Constitución y a las leyes secundarias de este país.
Sin embargo, es importante para nosotros —y esto de acuerdo al último libro del diputado Rodríguez Prats que me voy a permitir realizar una cita— dice el diputado Rodríguez Prats: "El escenario de los retos para construir un Congreso útil sería incompleto si no se consideran las repercusiones de la globalización".
Tiene toda la razón el diputado Rodríguez Prats. No solamente en una visión económica de la globalización, sino también en la vertiente del rostro humano de la globalización, que es la defensa de los derechos humanos y en particular de los derechos humanos de las niñas y de los niños.
Partiendo de este hilo conductor del diputado Rodríguez Prats sobre la utilidad del Congreso puedo decir —junto con el filósofo y jurista Luigi Ferrajoli— que el primer problema a enfrentar dentro del debate entre el derecho y la democracia, sobre el garantismo o este paradigma constitucional del cual ha desarrollado largas tesis Luigi Ferrajoli, está la separación entre el deber ser externo o ético político y el ser de los sistemas jurídicos en su conjunto. Es decir, entre derecho y moral, entre justicia y validez; entre legitimación externa y legitimación interna.
Sin embargo, siguiendo a Ferrajoli, la democracia constitucional que tenemos que instrumentar en este país estaría constituido por cuatro dimensiones: la dimensión política, la dimensión civil, la dimensión liberal y la dimensión social, fundamentalmente.
Por eso —sigo citando a Ferrajoli— la Constitución misma en cuanto a pacto de convivencia, mediante el cual se estipula la igualdad en derechos fundamentales y por lo tanto, la igual identidad y dignidad de cada uno de sus miembros como persona y como ciudadano, en este contexto de la teoría jurídica y la teoría política va insertada esta iniciativa.
Por supuesto tiene un sólido sustento teórico y responde a una necesidad de satisfacción de los derechos humanos de las niñas y de los niños. En estricto sentido jurídico y moral, podríamos afirmar que en la sociedad los únicos privilegiados deben ser las niñas y los niños. La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle.
Es así como nosotros, no solamente rescatando la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño, reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos proponiendo en la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo VI del artículo 4o. y se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73, ambas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 1º. Se reforma el párrafo VI del artículo 4o. constitucional, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 4o. "El Estado garantizará en todo momento el interés superior de las niñas y los niños, los cuales tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo regional".
Artículo 2º. Se adiciona la fracción XXIX-N al artículo 73 constitucional, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 73: "El Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de derechos de las niñas y los niños, atendiendo en todo momento el interés superior de éstos últimos". Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Está publicado en la Gaceta Parlamentaria y queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día se refiere a los dictámenes a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Diputada Vicepresidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se autoriza.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública sobre los avances generales en el cumplimiento de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que informe a esta soberanía sobre los avances generales en el cumplimiento de la Ley Federal de Seguridad Privada y en específico en los rubros siguientes:
a).- Avances en los procedimientos de registro y verificación de las empresas de seguridad privadas, en cuanto a contratación y selección de personal administrativo y operativo, así como en los procedimientos de operación.
b).- Establecimiento y operación del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.
c).- Convenios de coordinación institucional que se han celebrado entre los estados y la Federación.
d).- Comprobación de la capacitación y adiestramiento del personal operativo de los prestadores del servicio de seguridad privada.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicita atentamente que la información solicitada sea remitida a esta soberanía dentro de un término de 30 días naturales contados a partir de la notificación del presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de noviembre de 2006. La Comisión de Seguridad Pública.
Es cuanto, señora Vicepresidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. Se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Diputada Vicepresidenta, hay mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, por los que se solicita a las autoridades el gobierno del estado de Baja California realice acciones para garantizar la seguridad pública en esta entidad.
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Eugenio Elorduy Walther, gobernador constitucional del estado de Baja California, y al XVIII ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a continuar realizando sus mejores esfuerzos, a fin de abatir los índices de criminalidad en el estado.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Jorge Hank Rhon, presidente municipal de Tijuana, Baja California, a que informe a esta soberanía sobre las acciones que se llevan a cabo para profesionalizar, capacitar y hacer más efectiva la actuación de la Policía municipal.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al XVIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que informe a esta soberanía si se ha iniciado alguna averiguación previa o se desarrolla algún proceso penal y, en su caso, en qué estado se encuentra; a servidores públicos municipales con motivo de actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita atentamente que la información solicitada sea remitida a esta soberanía dentro de un término de 30 días naturales contados a partir de la notificación del presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de noviembre de 2006.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor Secretario, sírvase dar lectura a la fe de erratas enviada por la Comisión.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Como indica.
Fe de erratas. Debe decir: "Acuerdo tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al XVIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que informe a esta soberanía si tiene conocimiento de que se haya iniciado alguna averiguación previa o se desarrolla algún proceso penal y, en su caso, en qué estado se encuentra; a servidores públicos municipales con motivo de actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos". Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no se ha anotado registro de oradores, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Hay mayoría por la afirmativa, diputada Vicepresidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Pasando al capítulo de proposiciones, se concede el uso de la palabra al diputado Sergio Hernández Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el Presupuesto de 2007 se incluyan recursos para concluir la construcción de las carreteras en el estado de Hidalgo.
El diputado Sergio Hernández Hernández: Con su venia, señora Presidenta.
México es un país con serios problemas de subdesarrollo, atraso y marginación. En los estados del centro y sur la marginación y estancamiento económico se acentúan, principalmente por la falta de servicios públicos que permitan a las comunidades más pobres subsistir y por otra parte, derivado de la insuficiente infraestructura carretera que une a las comunidades más apartadas y de difícil acceso, con las principales vías de comunicación.
Actualmente la pobreza de nuestro país se concentra en estas regiones. En las zonas rurales más apartadas y con menores posibilidades de acercamiento con las grandes concentraciones urbanas. Es con estas comunidades con las cuales debemos establecer nuestro mayor compromiso, nuestro mayor trabajo, nuestro mejor esfuerzo.
El estado de Hidalgo es una de las entidades más pobres de México; su índice de marginación es muy alto, ocupando el quinto lugar respecto del resto del país. En mi estado aún existen comunidades aisladas que viven en extrema pobreza, en donde la gente aún muere por la falta de servicios médicos, en donde la gente aún necesita caminar entre cerros y brechas para llegar a un hospital y ser atendido, en donde un alto porcentaje de la población habla su lengua indígena y no tiene oportunidad alguna de acceder a los servicios más elementales para su subsistencia.
En este sentido, es importante comentarles que los caminos rurales y las brechas constituyen la mayor parte de la infraestructura carretera en la entidad, en donde sólo el 30 por ciento de ésta se encuentra cubierta de asfalto, dejando descubiertas las zonas con mayor índice de marginación.
Dicho fenómeno ha sido un factor determinante para el atraso de las comunidades que se encuentran en la sierra del estado, en donde el ejemplo de marginación extrema lo constituyen los municipios de Juárez Hidalgo y Tlahuiltepa, en los cuales más del 70 por ciento de la población mayor de 15 años no concluyó la primaria, el 80 por ciento de ésta no tiene acceso a energía eléctrica y el 75 por ciento aún vive en casas con pisos de tierra.
Es por esto que paradójicamente a lo anterior, mi estado tiene una posición geográfica estratégica a nivel nacional que derivada de su excelente ubicación, se constituye en un vínculo obligado entre el sur y el norte del país al ser un paso forzoso para el traslado de mercancías y personas a los principales puertos marítimos del Golfo y del Pacífico.
Sin embargo, encontramos que toda comunicación terrestre en la entidad implica necesariamente el paso por la capital del estado, obligando a los transportistas a hacer recorridos innecesarios ocasionándoles pérdidas económicas y el tiempo valioso para la entrega de sus mercancías.
Ejemplo de lo anterior es la falta de conexión que existe entre el Valle del Mezquital con la huasteca hidalguense, misma que puede solucionarse con la construcción de una carretera que va del municipio de Actopan al de Atotonilco, ahorrando más de dos horas de recorrido.
La construcción de caminos en estas regiones debe ser considerada como prioritaria para su desarrollo, ya que traería consigo diversos beneficios permitiendo una efectiva comunicación con otros centros poblacionales, el fomento al turismo y al empleo, deteniendo los altos índices de migración y finalmente integrando a las comunidades rurales con los servicios públicos que debe proporcionar el Estado. Tal es la importancia de dichos proyectos, que ambos fueron considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
En el caso de la carretera de Juárez Hidalgo a Tlahuiltepa, solamente fueron aprobados 27 millones de pesos, suficientes para la construcción de sólo seis kilómetros con respecto a los 40 que abarca la totalidad de la obra.
En relación a la construcción de la carretera de Actopan a Atotonilco, los 160 millones de pesos que fueron incluidos en dicho Presupuesto, fueron cancelados debido a la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal en diciembre de 2004, eliminando con esto un proyecto indispensable para el desarrollo de la entidad y del país que permitirían la conexión estratégica de los estados del centro con el puerto de Tampico.
Es importante hacer mención que ambos proyectos cumplen con los criterios para la asignación de recursos al atender a las comunidades más necesitadas y con mayor grado de marginación, y al mismo tiempo garantizar el costo-beneficio de la obra por tratarse de proyectos estratégicos que permitirán el desarrollo de comunidades.
Diputadas y diputados, la apertura de nuevos caminos es un factor esencial para el desarrollo económico y de cohesión territorial, que le permita a la población local mejorar permanentemente sus condiciones de vida y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo, por lo que fortalecer y modernizar nuestras vías de comunicación deberá ser una prioridad estratégica que nos permita luchar contra la pobreza y transformar así los medios de existencia de las poblaciones rurales.
Como legisladores debemos impulsar puntos de acuerdo que ayuden a sacar adelante a las comunidades más atrasadas; por eso
Único. Solicito al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluya en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007 la asignación de recursos para concluir la carretera que va del municipio de Juárez Hidalgo al de Tlahuiltepa, así como para la construcción de la carretera del municipio de Actopan a Atotonilco en el estado de Hidalgo.
Es importante destacar que este punto de acuerdo cuenta con el respaldo de todos los diputados federales de las diferentes fracciones parlamentarias del estado de Hidalgo. Debido a las modificaciones que he hecho a este documento, pido que sean publicadas en el Diario de los Debates.
Y finalmente, no podría concluir sin decirles lo siguiente: Hace un momento, un diputado expresaba aquí que debemos ver el rostro humano de la globalización. Yo les diría que también debemos ver el rostro humano de la política. Todos cuando fuimos en campaña pedimos a la gente que nos ayudara y prometimos que ayudaríamos. Ojalá seamos congruentes y hagamos más por los que menos tienen. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Hernández Hernández. Túrnese a la Comisión de Transportes. Por acuerdo de los proponentes, el punto de acuerdo que estaba agendado en el lugar 28, pasa al dos y el dos pasa al lugar 28. Tiene el uso de la tribuna el diputado Adrián Pedrozo Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Procuradurías de Justicia del Estado de México y General de la República investiguen la violencia porril del Colegio de Bachilleres del plantel Naucalpan.
El diputado Adrián Pedrozo Castillo: Con su permiso, diputada Presidenta. El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, numeral uno, inciso f) de la Ley Orgánica, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al siguiente tenor.
Antecedentes
Uno. El pasado 26 de octubre, a unos metros de las puertas del plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, se produjeron hechos vandálicos de tipo porril en los que resultó con heridas de gravedad que causaron su muerte al alumno del plantel, David Hernández Lorenzo, así como que otros jóvenes resultaron con lesiones de consideración.
Dos. Autoridades universitarias han intervenido directamente desde la noche de los hechos, presentando oportuna denuncia de la cual se deriva una averiguación previa radicada en la Procuraduría General de la República, así como la investigación abierta por parte del Ministerio Público con folio LBHT/3/684/2006 del hospital de traumatología de Lomas Verdes.
Han solicitado a las autoridades del Estado de México que agilicen sus investigaciones y resuelvan a la brevedad posible.
Tres. Esa misma noche, funcionarios de la Dirección General de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan junto con profesores y trabajadores intervinieron directamente para que los estudiantes se resguardaran en las instalaciones de la escuela así como en la atención directa para el traslado de los heridos al hospital.
Cuatro. El 30 de octubre autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Dirección General del Plantel Naucalpan y del Estado de México sostuvieron una reunión de trabajo para que el gobierno del Estado brinde las condiciones de seguridad que se requieren para el buen funcionamiento de la unidad académica y para la tranquilidad de la comunidad estudiantil y de sus familias.
Considerando
La situación de inseguridad en la que se encuentra el plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y el no esclarecimiento de quienes fueron los responsables de estos actos violentos genera incertidumbre en la comunidad estudiantil y también en los vecinos de la zona.
En virtud de lo anterior y por considerarse de urgente u obvia resolución me permito presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la Honorable Cámara de Diputados respetando en todo momento el principio de la división de Poderes y la soberanía de los estados exhorte al procurador de Justicia del Estado de México y al procurador general de la República para que se agilicen las investigaciones respectivamente y a la brevedad posible concluyan esta averiguación y se castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales de estos hechos.
Dado en el Palacio Legislativo, el 21 de noviembre de 2006 y firman varios diputados de los partidos políticos, entre otros, Juan Guerra, Andrés Lozano, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Tomás del Toro, Alejandro Sánchez Camacho, Cuauhtémoc Sandoval, José Luis Varela, José Luis Aguilera Rico, Alejandro Chanona, Ricardo García Cantú, Joaquín Vela, Pablo Arreola Ortega, Joel Ayala Almeida, Héctor Burgos, Juan Carlos Velasco, Alfredo Barba, Patricio Flores, Juan José Rodríguez Prats y diputado Raymundo Cárdenas.
Solicitando su apoyo de todos los diputados, les agradecemos mucho su atención. Gracias, es cuanto, diputada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Pedroza. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. No habiéndose registrado oradores, se considera suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa… (votación). Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.
Por acuerdo de los proponentes, el punto de acuerdo que estaba en el lugar 84, pasa al lugar tres y el que estaba en el punto tres pasa al lugar 84. Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de la República atraiga el caso del asesinato de Walter Herrera Ramírez, presidente municipal de Huimanguillo, Tabasco.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señora Presidenta.
Los suscritos diputados Fernando Mayans Canabal, Moisés Dagdug Lützow, Gerardo Priego Tapia, Alberto Esteva, Pedro Landero López, Mónica Fernández Balboa y el de la voz, integrantes de diversos grupos parlamentarios de esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para nuestro gobierno interior, solicitamos de esta Asamblea la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el último semestre los habitantes de Tabasco han sido víctimas de un proceso de intimidación social, hechos que por su naturaleza escapan del comportamiento del ciudadano de nuestra entidad.
Ante la violencia inusitada es evidente la incapacidad de los órganos de procuración e impartición de justicia estatales para hacer frente a estos acontecimientos que tanto preocupan a la sociedad.
Ejemplo de lo anterior y de la necesidad de la intervención de la Procuraduría General de la República en el estado, son los siguientes:
El 15 de enero individuos atacan la delegación estatal de la PGR con la intención de rescatar a dos detenidos en el municipio de Nacajuca. El 12 de julio un grupo delictivo asesina a Carlos Mario de la Cruz, mejor conocido como el "Kiti" al interior del Hospital General del municipio de Cárdenas; el 16 de julio un comando armado asalta la casa de justicia de Cunduacan, con armas de alto poder. Podemos enumerar múltiples secuestros como los de los empresarios Aquiles Reyes Quiroz, en Centla; Salvador Suárez y Emilio Juárez en Villahermosa y Arturo Romero Rosique en Cárdenas.
Hay que recordar el asesinato del director administrativo del municipio de Nacajuca, David Rivera, el 21de octubre pasado, el cual fue encontrado dentro de una bolsa en el río Colochero en la Villa de Tamulté de las Sábanas, con 10 puñaladas en el cuerpo; quien participó activamente en procesos electorales.
En la Avenida Luis Donaldo Colosio del municipio del Centro, fue emboscado el subdirector de la Policía Judicial y el 27 de noviembre, en las inmediaciones de la colonia Atazcap, perecieron tres policías estatales en un enfrentamiento armado y dos más resultaron heridos de gravedad.
La SIEDO inspeccionó y resguardó hace cinco días el rancho del director de Seguridad Pública del Estado, no podemos omitir que hace dos meses trasladó sus instalaciones al subdirector de Prevención y Readaptación Social del Estado de Tabasco, en donde permaneció más de tres semanas.
Hace algunos días, en un hecho lamentable, inédito en la vida pública de Tabasco, fue arteramente asesinado a tiros el alcalde de Huimanguillo, Walter Herrera Ramírez.
Compañeros legisladores, la preocupación sobre la violencia en nuestro país no es poca cosa; merece nuestra principal atención ya que lejos de privilegiar los cauces pacíficos de la legalidad y los medios del diálogo para solucionar nuestras diferencias, estamos haciendo del crimen el común denominador de la forma de hacer política, esto tiene que tener un fin, no podemos creer que México ha cambiado y vive una democracia, cuando se cometen asesinatos y desapariciones.
Por eso exigimos que este crimen artero se castigue, se busque a los responsables, caiga quien caiga, y que sobre todo se respeten los derechos individuales que nuestra Constitución nos confiere, seamos o no servidores públicos o representantes populares.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución.
Único. La LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que atraiga la serie de asesinatos y secuestros ocurridos en el estado, a fin de que se consigne a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, en particular a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Walter Herrera Ramírez, presidente municipal de Huimanguillo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de noviembre de 2006. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Suárez del Real.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Jíménez Valenzuela: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. No habiendo registro de oradores se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada. Comuníquese.
Se concede el uso de la palabra al diputado David Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se instrumente el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.
El diputado David Sánchez Camacho: Con su permiso, señora Presidenta.
Quien suscribe, diputado federal David Sánchez Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de constituir el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia, con las siguientes bases
Consideraciones
Primera. Sin lugar a dudas los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, todavía pertenecen a un sector de la sociedad que por siglos han sido discriminados, extorsionados y humillados. Muchos han sido quemados vivos, expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados o en el peor de los casos, asesinados.
Cientos de adolescentes han decidido quitarse la vida por miedo a ser rechazados por sus amigos, vecinos o incluso sus padres. Por el solo hecho de ser personas no heterosexuales se les ha estigmatizado, calificado de enfermos, depravados, desviados, antinaturales, delincuentes; se les ha condenado a ocultar sus sentimientos y a vivir en la clandestinidad.
Es más, se ha permitido que la sociedad, los jerarcas religiosos, los medios de comunicación y los grupos conservadores fomenten la discriminación, el odio y la violencia contra las personas que tienen una orientación distinta a la heterosexual. Es decir, se ha permitido fomentar la homofobia.
Segunda. En nuestro país aproximadamente mil personas han sido ejecutadas por homofobia de 1995 a 2003, sin contar a los ejecutados en los últimos tres años.
En la primera encuesta sobre discriminación en México realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la Agencia de Noticias sobre Diversidad Sexual, señalan que el 36 por ciento son discriminados en el hogar, de los cuales 59 por ciento asegura haber recibido agresiones verbales; el 23 por ciento indiferencia ante su orientación sexual; 13 por ciento fue corrido de su casa, mientras que el 6 por ciento llegó a recibir agresiones físicas. Para casi el 70 por ciento de los homosexuales la discriminación en contra de ellos ha aumentado en los últimos cinco años. Por otro lado, 48.4 por ciento de los mexicanos no estaría dispuesto a convivir en su casa con un homosexual.
Tercera. Por lo antes expuesto, se propone que el 17 de mayo de cada año se instituya como el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia, debido a que fue ese día del año de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la palabra "homosexualidad" de la lista de enfermedades mentales, considerando que la orientación sexual por si misma, no debe ser considerada como un trastorno.
Cabe señalar que la Secretaría de Salud a través de Sensida, implementó en el mes de marzo del 2005 una campaña temporal contra la homofobia en 14 ciudades de México, con la finalidad de erradicar la discriminación por orientación sexual.
Cuarta. Porque el objetivo de instituir ese día nos remitirá a la reflexión y a la articulación de acciones de lucha contra todos los tipos de violencia ligadas a la orientación sexual o a la identidad de género, además de contribuir a la igualdad de derechos de todas las personas y sumarnos al concierto internacional de los más de 30 países que a través de la sociedad civil celebran ese día.
Compañeras y compañeros diputados, si con el solo hecho de aprobar este punto de acuerdo cada uno de nosotros que conformamos esta Asamblea puede contribuir a salvarle la vida a una sola persona, con orientación sexual distinta a la heterosexual a manos de asesinos homófobos o bien, influir hasta gritar que algún joven homosexual desista de quitarse la vida, bien vale la pena que este punto de acuerdo sea aprobado.
En virtud de lo anterior y por considerarse de urgente y obvia resolución, me permito presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se instituya el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo en sus respectivos ámbitos: federal, estatal y municipal, a instituir y celebrar el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.
Tercero. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que, en uso de sus atribuciones, adopten las medidas conducentes para promocionar el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado David Sánchez Camacho. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto es de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Pido a la Secretaría dé lectura al comunicado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva. Comunicado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo a la sesión del 1 de diciembre de 2006.
Primero. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se integra, de acuerdo con lo señalado por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el Presidente de la Mesa Directiva y los miembros de la Junta de Coordinación Política.
Segundo. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se reunió el día de hoy, a efecto de expresar las inquietudes con respecto de las medidas de seguridad.
Tercero. Que la Presidencia de la Mesa Directiva ha actuado conforme a derecho en términos de las propias atribuciones que la Ley Orgánica le confiere y que ha compartido con los integrantes de la Junta de Coordinación Política las medidas de seguridad adoptadas para salvaguardar la integridad de cada uno de los legisladores de la LX Legislatura.
Al tenor de los considerandos anteriores, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. Queda claro que el próximo 1 de diciembre del año en curso la rendición de protesta constitucional del Presidente electo, licenciado Felipe Calderón Hinojosa es un acto del Congreso de la Unión que mandata la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 83 y 87.
Segundo. Que se han girado oficios al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para que nombre al representante de la Cámara de Senadores, para conformar el comité de organización de dicho evento.
Tercero. Que el Pleno de esta soberanía conoció el orden del día para dicha sesión, mismo que fue remitido a la Cámara de Senadores para su conocimiento.
Cuarto. Que esta Conferencia, a través de su Presidente, entablará hoy mismo comunicación con las dependencias federales y locales —PFP y las del DF—, a efecto de que se comprometan a disminuir el número de elementos que resguardan los alrededores de este recinto legislativo, hasta el 29 de noviembre.
Quinto. Que la Presidencia de la Cámara de Diputados girará instrucciones a la Secretaría General para que hoy mismo se tomen las medidas necesarias, a efecto de facilitar el acceso a todos los integrantes de la LX Legislatura. Asimismo, les hará de su conocimiento los accesos por los cuales podrán ingresar a la Cámara de Diputados.
Sexto. Las sesiones de la próxima semana serán los días martes 28 y miércoles 29 de noviembre, a las 11 a.m.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de noviembre.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario.
La Comisión de Desarrollo Social ha entregado a esta Presidencia el dictamen relativo al exhorto al Ejecutivo federal, para revocar el incremento en el precio de la leche que distribuye Liconsa. Se consulta a la Asamblea si se modifica el orden del día para su discusión de inmediato.
Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se modifica el orden del día para su discusión de inmediato.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se modifica el orden del día para su discusión de inmediato. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se incluye en el orden del día y, en consecuencia, tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Antes de iniciar la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social quisiera hacer un comentario breve.
Hemos estado hablando en nuestra Legislatura de la posibilidad de que se llegue a acuerdos importantes por parte de todos los grupos parlamentarios. Hoy podemos decir que no es una posibilidad, que es una realidad. Poniendo como parte fundamental de elementos en la discusión de los dictámenes, la seriedad, la profundidad en la discusión y la posibilidad de que los acuerdos que se toman al interior de las Comisiones y que sean debidamente respetadas se ha podido el día de hoy llegar a un acuerdo sustancial importante por unanimidad por parte de la Comisión de Desarrollo Social.
Con su permiso, señor Presidente.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revocar el incremento en el precio de la leche que distribuye Liconsa.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LX Legislatura le fueron turnadas para su estudio y dictamen las proposiciones con punto de acuerdo siguientes.
1. La que planteó el diputado Jorge Toledo Luis, integrante del grupo parlamentario del PRI ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con fecha 16 de noviembre de 2006, relacionado con el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa.
2. A su vez la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante este Pleno, con la misma fecha, un segundo proyecto por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo de Liconsa, para que suspenda el incremento establecido a la leche del programa Liconsa.
3. Ambas proposiciones se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 16 de noviembre del 2006.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable Asamblea el dictamen relativo a las proposiciones mencionadas.
Antecedentes
1. El diputado Jorge Toledo Luis, integrante del grupo parlamentario del PRI presentó la proposición con punto de acuerdo ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con fecha 16 de noviembre de 2006, relacionado con el incremento del precio de la leche que distribuye Liconsa.
2. La diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con fecha 16 de noviembre de 2006, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo de Liconsa, para que suspenda el incremento establecido a la leche del programa Liconsa.
Las proposiciones con punto de acuerdo citadas fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva a esta Comisión de Desarrollo Social el mismo día 16 de noviembre de 2006, para efecto del análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficios números DGPL60115221 y DGPL601153 respectivamente.
Consideraciones
1. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron a analizar cuidadosamente las dos proposiciones con punto de acuerdo que se dictaminan y encontró que ambas tienen el objetivo común de que se suspenda la decisión de incrementar el precio de la leche que distribuye Liconsa entre la población del país. Por ello, la Comisión Dictaminadora consideró analizar y dictaminar en un solo instrumento las dos proposiciones con punto de acuerdo citadas.
2. En la proposición con punto de acuerdo del diputado Jorge Toledo Luis se manifiesta fundamentalmente lo siguiente:
a) Que el diputado proponente del grupo parlamentario del PRI manifiesta su más enérgico rechazo a la medida de referencia que atenta en contra de las familias mexicanas más desprotegidas argumentando que elimina una de las pocas ayudas que reciben los grupos tradicionalmente excluidos de la economía y de la política social formal.
b) Se destaca que Liconsa abastece principalmente a familias rurales y a las urbanas marginales, lo que representa 5.8 millones de personas beneficiadas con la distribución de este producto lácteo. Estas personas se encuentran incluidas en el 42 por ciento de la población del país que viven con menos de dos salarios mínimos al mes y que forman parte de la economía informal.
c) Que los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son los que tienen más altos índices de marginación, el instrumento representaría a sus pobladores, la restricción a sus niños a tener una formación y crecimiento adecuado. Este efecto se extenderá a todo nuestro territorio nacional y afectará a las familias más desamparadas.
d) Que el aumento del 28 por ciento en la leche traerá como consecuencia un índice mayor de desnutrición y severos riesgos en la salud, por los valores nutrimentales que aporta a los consumidores de este importante producto lácteo.
3. La diputada Irma Piñeyro Arias sustenta su propósito en lo siguiente:
a) Invoca el Informe presidencial del 2006 para señalar que la estabilidad económica no se ha reflejado suficientemente en la generación de empleos y fuentes de ingreso para atender sobre todo las aspiraciones de nuestros jóvenes.
b) El ritmo de crecimiento de la economía ha sido de alrededor del 1.9 por ciento en promedio anual de 2001 a 2005. Y ese promedio ha tenido también el crecimiento poblacional por lo que se vive una situación de estancamiento grave.
Cita diversos datos indicadores de nuestra economía para destacar el crecimiento de la desocupación abierta que ha generado un déficit en la generación de empleos de aproximadamente cinco millones de mexicanos, sin abatir la línea de la pobreza.
c) Menciona que el objetivo del programa de leche Liconsa consiste en contribuir a la nutrición y desarrollo de capacidades, garantizando un beneficio en el ingreso de las familias en condiciones de pobreza, con vitaminas y minerales, a un precio accesible determinado por el Consejo de Administración de la paraestatal citada.
d) En este tenor concluye proponiendo que el Ejecutivo federal y las autoridades de Liconsa revoquen el incremento señalado.
Por su parte la Comisión Dictaminadora invoca en el contenido del documento observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al tercer informe de México sobre Niñez, entregado a este órgano legislativo por medio de la Comisión de Desarrollo Social el día 13 de noviembre pasado por el señor Noberto Liwski, relator para México por parte del Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, que subraya la importancia estratégica del programa de abasto de leche subsidiada. Este documento señala, entre otras cosas, la importancia de mantener este programa en todo nuestro país.
Es necesario que ambos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo asuman el compromiso de analizar y adoptar las medidas necesarias para prever las asignaciones y mecanismos presupuestales para garantizar la fortaleza financiera de Liconsa —ya voy a terminar—, así como la participación que corresponda a los gobiernos estatales y al Distrito Federal y con ello siga prestando los servicios de industrialización y distribución de leche de calidad a precios accesibles a los sectores más vulnerables y necesitados de nuestra población.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Desarrollo Social se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de acuerdo
Primero y único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal en el ámbito de la colaboración entre Poderes, para que se instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público y al Consejo de Administración de Liconsa, a efecto de que, conforme a sus respectivas competencias, revoquen el incremento al precio de la leche que distribuye esa empresa paraestatal, de 3.50 a 4.50 pesos, que entró en vigor el 17 de noviembre de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2006. Firman por la Comisión los integrantes de la misma. Esto es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se hace un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en relación con los estudios y mediciones de la pobreza.
El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputado Presidente. Quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante esta LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un órgano público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto evaluar la política de desarrollo social revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Segunda. Que este órgano también es responsable de emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatorios para la definición, identificación y medición de la pobreza.
Tercera. Que la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 36 que los lineamientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza en México deben considerar necesariamente los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, accesos a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
Cuarta. Que el proceso de integración del Consejo y la emisión de las normas jurídicas específicas que regulan su funcionamiento fue retrasado inexplicablemente por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, toda vez que la Ley estableció un período máximo de 180 días naturales para su constitución e instalación contados a partir de la entrada en vigor del decreto, hecho que ocurrió el 19 de enero de 2004.
Pero fue hasta el 24 de agosto de 2005 que se produjo el primer acto jurídico orientado a conformar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con la expedición del decreto que regula a este órgano y que hasta febrero de 2006 que se nombran a los seis investigadores académicos que refiere la Ley. Es decir, más de dos años después de la entrada en vigor de este ordenamiento jurídico.
Quinta. Que incluso durante este proceso, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó interponer controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal toda vez que el decreto de creación del Consejo invadía la esfera exclusiva de competencia del Poder Legislativo federal al contener disposiciones que modificaban, contradecían o limitaban el texto de la ley exhibiendo con ello la facultad reglamentaria del titular del Poder Ejecutivo federal.
Sexta. Que la Cámara de Diputados se desistió de presentar este recurso al lograr el compromiso escrito, por parte de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de modificar los artículos 5º fracciones I, VIII, X, XI y XXIV; el párrafo primero del sexto y la fracción I párrafo tercero del 8º; primer párrafo del décimo, fracción I y de suprimir las fracciones VIII y IX del artículo 11 y la fracción I del 12, del decreto por el que se regula el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado el 24 de agosto de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
Dicho acuerdo no fue cumplido por parte del Ejecutivo federal y el decreto aludido nunca fue modificado a pesar del reconocimiento explícito de que dicha norma transgredía a la Ley.
Séptima. Que esto permitió que el Ejecutivo federal implementara mecanismos discrecionales de evaluación y medición de la pobreza para utilizarlos como instrumentos de propaganda política.
Octavo. Que para nuestro grupo parlamentario, la consolidación de este órgano es un paso fundamental para la transparencia, evaluación objetiva e imparcial del impacto cualitativo que tienen las políticas públicas de desarrollo social sobre la población.
Noveno. Que hasta la fecha el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, no ha cumplido con sus obligaciones legales referidas a la evaluación y medición de la pobreza. Hasta ahora no ha expedido ninguno de los documentos normativos que les mandata la ley y ha permitido que continué la autoevaluación, y por tanto, la autocomplacencia en cuanto al reto de disminución de la pobreza.
Décima. Que nos resulta preocupante que el único documento emitido por el Consejo es el boletín de prensa difundido el primero de octubre del presente año, donde con base en los datos de la Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto de los Hogares 2005, refieren algunos de los datos de la evolución de la pobreza en México, con base en una metodología distinta a la que expresamente señala la ley.
Décimo primero. Que este hecho en sí constituye una transgresión al objeto y mandato legal del Consejo toda vez que su función en relación de la pobreza es emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública con base en los indicadores establecidos por la propia ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión emite un atento llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que se conduzca con apego a la Ley General de Desarrollo Social en la elaboración de los estudios y estimaciones relacionadas con la pobreza.
Segundo. La Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a que emita a la brevedad los documentos normativos referidos a la evolución y medición de la pobreza que manda la Ley General de Desarrollo y que presente a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Consejo.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Varela. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno federal crear un fideicomiso que permita la acreditación del municipio de Cuetzalan, en Puebla, como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Gracias, señor Presidente. Éste es un asunto de pueblos indígenas, de un pueblo indígena enclavado en la sierra norte de Puebla que tiene una belleza excepcional y el pasado 27 de septiembre la UNESCO aceptó la inscripción del municipio de Cuetzalan del Progreso, del estado de Puebla, así como su entorno histórico, cultural y natural, en la lista indicativa mexicana.
De acuerdo al procedimiento estipulado por la Convención del Patrimonio Mundial y la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, la inscripción de un bien en la lista indicativa nacional representa el primer paso para que la UNESCO acredite a la ciudad de Cuetzalan y su entorno histórico, cultural y natural, como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.
La inscripción del municipio de Cuetzalan del Progreso en la lista indicativa mexicana está precedida por la convocatoria que para tal efecto hizo la Fundación Humbert para el Desarrollo Social y de la Biodiversidad, en la colaboración con el H. Ayuntamiento Constitucional de dicho municipio, así como del gobierno del estado de Puebla a través de la Secretarías de Gobernación, Turismo, Cultura, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Social y Desarrollo Rural.
El Centro Regional del INAH, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en Zacapoaxtla; de Conaculta, Culturas Populares e Indígenas, Unidad Regional Puebla, de Semarnat y delegación Puebla, también. Cada una de estas instituciones en su momento aportó sus puntos de vista para integrar el expediente que da cuenta del valor universal excepcional de Cuetzalan, que acompañó a la solicitud del 29 de septiembre del 2005 y su ratificación el 11 de septiembre del año en curso.
La iniciativa conlleva el propósito de un desarrollo integral mediante el equilibrio de variables de sustentabilidad. Los indicadores de tales variables apuntan al rescate y preservación de los valores propios de la comunidad, a la generación de empleos e impulso de la micro, pequeña y mediana empresa sin que pierda esta región sus recursos naturales y sin que pierda sus tradiciones y cultura.
El propósito es sentar las bases para un desarrollo integral que redunde en beneficio para Cuetzalan y para toda la región, contribuyendo con ello a la superación del rezago social en una región de alta marginalidad.
Insertar a Cuetzalan como destino turístico enfocado a las ciudades patrimonio propiciará una rápida generación de recursos vía turismo y la restauración para su aprovechamiento integral del medio ambiente.
Por estas razones —y por otras— me permito poner a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la H. Cámara de diputados exhorte al gobierno federal para que en coordinación con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cree un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, del estado de Puebla, como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Por razones de que se trata de los pueblos indígenas y en especial éste que tiene una belleza excepcional me gustaría, señor Presidente, dado que este punto de acuerdo lleva esperando cerca de dos meses pueda ponerse de urgente u obvia resolución y que creo que podemos ponernos de acuerdo todos por los indígenas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fraile. Esta Presidencia ha recibido la adhesión del diputado Alfonso Suárez del Real para que se tome nota en la Secretaría de que también suscribe este punto de acuerdo y como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente u obvia resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Señor Presidente, hay dos terceras partes, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez del grupo parlamentario del PRD para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconsidere el permiso otorgado a la Minera San Xavier en San Luis Potosí. Permítame diputado Barreiro. Sonido a la curul del diputado Beltrán.
El diputado Israel Beltrán Montes (desde la curul): Rectificación del quórum, señor Presidente, sea tan amable en hacer la verificación del quórum correspondiente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para esta Presidencia es evidente que si hay quórum, señor diputado. Continúe diputado Armando Barreiro.
El diputado Armando Barreiro Pérez: El que suscribe diputado Armando Barreiro Pérez integrante del grupo parlamentario del PRD en esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
A lo largo de los últimos tres años hemos presenciado la valiente lucha que libran los pobladores y ejidatarios del municipio de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí en contra de una minera de capital canadiense y estadounidense perteneciente al consorcio Metálica Reasurces, que en San Luis Potosí está registrada bajo la denominación de Minera San Xavier.
Integrados en el Frente Amplio Opositor los habitantes de Cerro de San Pedro han luchado por la preservación del patrimonio histórico, cultural, natural y ecológico de las potosinas y potosinos y sobre todo para evitar el riesgo por severos daños a la salud de los miles de habitantes de ese municipio y de la propia capital potosina.
El fondo del asunto es la naturaleza del proyecto minero que pretende explotar la zona mediante dos técnicas combinadas que son completamente depredadoras, bajo cielo abierto la lixiviación. La lixiviación es un procedimiento que consiste en la aplicación de una solución de cianuro de sodio, que es sumamente tóxico y que se emplea para la recuperación de oro y plata, de minerales a través del uso de soluciones acuosas a las que se aplica tal sustancia tóxica.
En el mismo estado existen este tipo de explotaciones donde se ha registrado alta contaminación de plomo y cianuro en la sangre de los niños.
El Tajo es una excavación a suelo abierto para obtener mineral, para lo que se tendrán que emplear 25 toneladas de explosivos diariamente. Esta explotación carece de permisos para operar, en virtud de que la Asociación Pro San Luis Ecológico mediante la instauración de un juicio de nulidad logró anular el permiso de uso de suelo otorgado en 1999 por el Instituto Nacional de Ecología a la trasnacional Minera San Javier.
La sentencia fue emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa el 5 de octubre del 2005. La inatacable sentencia que implica la anulación total e irreversible del permiso se dio en base a que dicho permiso era totalmente violatorio al decreto estatal del 24 de septiembre de 1993, que define que Cerro San Pedro, es una zona de preservación de la vida silvestre, con una política de restauración que deberá implementarse durante 20 años, la protección del manto acuífero y que además violaba la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Sin embargo, la Semarnat emitió el 10 de abril del 2006 un supuesto nuevo permiso que resulta ilegal y desacata la sentencia del 5 de octubre de 2005 que ordenó la nulidad de cualquier actividad de Minera San Javier en Cerro de San Pedro.
A pesar de ello, la empresa Minera San Javier ha iniciado desde hace tres semanas las detonaciones con las consecuentes afectaciones que esto implica, ante la pasividad del Ejército y de las autoridades federales y estatales, propiciando una mayor movilización y resistencia de los potosinos en defensa de su patrimonio histórico.
Ante el embate de la minera en contubernio con la autoridad ambiental, el Frente Amplio Opositor organizó una consulta de la cual resultó que más de 19 mil 608 ciudadanos se manifestaron, más del 97 por ciento en contra de esta actividad. Los resultados serán entregados en este momento a esta soberanía. Ya se han entregado al gobernador del estado Marcelo de los Santos Praga.
Por todo lo anterior me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo, de obvia o urgente resolución.
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reconsiderar el permiso otorgado el 10 de abril pasado, a la Minera San Javier, toda vez que ha sido evidente no sólo para los diversos tribunales, sino también para la sociedad, la naturaleza altamente contaminante y contra la salud, que significa esta explotación.
Segundo. Por otra parte, exhortamos respetuosamente a las autoridades federales y estatales involucradas en esta explotación a que consideren los resultados de la consulta organizada el pasado 22 y 23 de octubre, por el Frente Amplio Opositor.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante Gracias, diputado Barreiro. Como ha sido solicitado... bueno, primero quiero señalar que el diputado Diego Cobo y el diputado Sergio Augusto López Ramírez, ambos del Partido Verde Ecologista, se adhieren a esta propuesta presentada por usted.
Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación)… Señor Presidente, no hay dos terceras partes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente. Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo del Plan Puebla-Panamá.
El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui: Con su permiso, diputado Presidente. Honorable Legislatura.
El 12 de septiembre del 2000, el entonces Presidente Electo de México, Vicente Fox, durante una gira por los países de Centroamérica, planteó la posibilidad de un Plan de Desarrollo Regional desde Puebla hasta Panamá, que cubriera los estados del sur-sureste de México y los siete países del Istmo Centroamericano.
El Plan Puebla-Panamá fue propuesto el 30 de noviembre del 2000, a los presidentes de los países centroamericanos y al Primer Ministro de Belice, basándose en una nueva concepción de la planeación regional que busca adecuarse a un nuevo contexto nacional e internacional de democratización, fortalecimiento institucional y participación de la sociedad civil organizada, en la formulación de políticas públicas.
A principios de octubre en una conferencia de prensa, junto a Óscar Arias, Presidente de Costa Rica; el Presidente Electo, Felipe Calderón, manifestó su interés de replantear el horizonte del Plan Puebla-Panamá y replantear los proyectos de desarrollo regional que unan a México y a Centroamérica.
En un mundo globalizado donde cada día estamos expuestos a economías agresivas, la necesidad de realizar trabajos conjuntos de beneficios regionales con los países vecinos, debe ser una prioridad. El Plan Puebla-Panamá es un ejemplo que debemos continuar y consolidar.
Es importante señalar que son 64 millones de habitantes que integran Mesoamérica, 28 millones en la región Sur-Sureste en México de los estados, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y mi estado Quintana Roo; 36 billones en Centroamérica, en los países de Guatemala, Costa Rica, Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua y Panamá.
La creación de esta nueva Comisión Especial pretende impulsar y coadyuvar en el Sur-Sureste de México y Centroamérica, un desarrollo integral basado en un crecimiento económico sustentable; que sea a la vez, socialmente incluyente, ambientalmente sostenible y territorialmente ordenado.
Dentro de los objetivos del Plan Puebla-Panamá, destacan: desarrollo urbano y social de la región; participación de la sociedad civil mexicana en el Sur-Sureste de la República; cambio estructural en la dinámica económica de la zona; aprovechamiento de vocaciones y ventajas comparativas de la región; promoción de las inversiones productivas; manejo sustentable de los recursos naturales regionales; concertación de planes y estrategias conjuntas con Centroamérica; modernización y fortalecimiento de las instituciones en la región.
Estos objetivos son un primer planteamiento que incluía una cartera de proyectos compuestos, principalmente por infraestructura. Sin embargo, el tema más importante del Plan es fortalecer los aspectos sociales y ambientales del mismo y en general la estrategia integral del desarrollo regional sustentable de la región.
Por ello, a fin de que todas las áreas señaladas no queden sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo estimo que es conveniente crear en este cuerpo legislativo una Comisión Especial del Plan Puebla-Panamá, para que el nuevo gobierno federal lo agende y el Congreso de la Unión lo contemple e impulse desde una perspectiva global, por ser un tema de interés para nuestras regiones. Esta aportación de la LX Legislatura será al enriquecimiento de las funciones legislativas y podría llevar más adelante a darle permanencia a través de la modificación de la Ley Orgánica.
Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía la aprobación del siguiente.
Punto de acuerdo
Primero. Se propone la creación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento al Plan Puebla-Panamá, la cual se integrará conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá una vigencia durante toda la presente Legislatura.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados.
Tercero. La Comisión Especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, los programas y proyectos prioritarios de desarrollo para el Plan Puebla-Panamá, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Señor Presidente, respetuosamente solicito se publique en el Diario de los Debates, tal y como fue entregado este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Eduardo Elías Espinosa. Insértese en el Diario de los Debates el texto íntegro y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Antonio Vega Corona, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se crea una subcomisión que investigue el daño ecológico en la ciudad de Salamanca, Guanajuato.
El diputado Antonio Vega Corona: Gracias, señor Presidente. El diputado Antonio Vega, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, y los diputados abajo firmantes, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de motivos
Considerando que la proposición se encuentra en la Gaceta Parlamentaria del día 7 del mes presente, de manera sucinta en ésta, la más alta tribuna de la nación, presentaré ante ustedes el caso del deterioro ecológico generado por tres empresas de orden federal en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Estas empresas son la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, la Central Termoeléctrica de Salamanca y la empresa privada Tekchem.
El daño deriva de las actividades productivas de estas tres industrias y afecta en forma permanente a los habitantes de la ciudad de Salamanca, así como a sus recursos naturales e infraestructura.
El gravísimo caso de contaminación atmosférica es consecuencia de la forma obsoleta de operación en los procesos productivos y de la forma en cómo sus pasivos ambientales son expelidos al aire o expuestos a cielo abierto en forma de dióxido de azufre o trióxido de azufre y partículas suspendidas que —como ladrones de la vida— se esparcen clandestinamente cada noche, aniquilando el sueño tranquilo que todo ciudadano debería de tener, pues pestilentes olores rodean esta ciudad y negro es el panorama. Y para agregarle una rayita más al tigre, los derivados de la producción de plaguicidas y fungicidas como el malation y el paration.
Los efectos que en la salud ocasionan estos contaminantes son descritos en múltiples documentos y el problema no es nuevo, lleva mucho tiempo y ha sido atendido en Legislaturas anteriores: en la LVIII y LIX y no han sido suficientes estos esfuerzos, dado que no se ha cumplido con la función para la que fueron creadas, como tampoco se ha resuelto el problema.
No han sido suficientes las leyes y normas, como tampoco han asumido su papel en forma cabal instituciones como la Profepa y la Semarnat. La preocupación es tan grande y el daño es mortal. El hecho de que no se hayan investigado los efectos en la salud, no desaparece el dolor de cabeza, de garganta, de picazón en la nariz y el ardor en los ojos de los niños salmatinos, los cuales reportaron y obligaron a suspender las actividades al aire libre hace un poco más de un mes, durante cuatro días.
Como tampoco puede esconder el deterioro permanente en la calidad del aire que respiran. Algunas autoridades piensan que "poco veneno no mata", pero su suman ya más de 25 episodios de precontingencia en lo que va del año, cuando la normatividad vigente solamente permite un episodio al año.
Organizaciones civiles con la finalidad de medir el problema que se ha creado en la desesperada lucha por resolver el problema ha implementado acciones en el orden estatal y se han establecido, por ejemplo, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, que ha contribuido únicamente a verificar que el problema existe.
La magnitud del problema es tal que no obstante la falta de empleo del H. Ayuntamiento de Salamanca, el 12 de mayo del presente año, se exigió a Profepa y a Semarnat el cierre definitivo de la plata de Teckchem, así como la reubicación correcta de sus pasivos ambientales.
Los salmatinos no hemos olvidado el trágico accidente registrado el año 2000 por la fuga de malation, en donde esta planta es una de las únicas que existen en este país y solamente hay una en la ciudad, en el país hindú.
Estimados legisladores, seguir respirando un aire de mala calidad es un precio que los salmatinos no podemos pagar más. Como representante del pueblo no podemos mantenernos indiferentes ante esta situación. Nuestro deber es legislar así como vigilar que la ley se cumpla. En este sentido propongo este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Único. Se propone la creación de una Subcomisión en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que investigue los efectos a la salud causados por las elevadas concentraciones de contaminantes en aire, agua y suelo en la ciudad de Salamanca.
La existencia de pasivos ambientales generados y confinados en las industrias paraestatales y privadas de la ciudad de Salamanca y sus alrededores, así como la opción para su adecuado manejo, el impacto que generan y el depósito de estos pasivos ambientales.
Solicito, señor Presidente, se incluya íntegro el documento de la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución en el Diario de los Debates e intervenciones. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Antonio Vega.
Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. Adelante, diputado Cobo.
El diputado Diego Cobo Terrazas: Gracias, Presidente. Buenas tardes compañeras, compañeros legisladores.
Acudo a esta tribuna a manifestar el apoyo al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nuestro apoyo a esta proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Antonio Vega Corona.
Me causa tristeza llegar aquí a esta tribuna y volver a tratar un asunto que aquí mismo hace seis años presenté y que a la luz de este tiempo no se le ha dado resolución y, por el contrario, ha empeorado la situación en la ciudad de Salamanca.
Como sabemos, Salamanca se ha visto afectada por múltiples episodios de precontingencia y contingencia ambiental en los últimos seis años. Recientemente la situación se tornó alarmante al registrarse la precontingencia ambiental número 22 en lo que va del año. Este episodio duró más de cuatro días, afectando negativamente la salud de la población más sensible, como son los niños y las personas adultas mayores.
Es cierto que la autoridad ambiental ha llevado a cabo algunas acciones, no obstante dichas acciones no se han traducido en resultados concretos que muestren algún avance; por el contrario, persisten las elevadas concentraciones de contaminantes atmosféricos, producto de las actividades de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en esa zona, así como por el inadecuado manejo de pasivos ambientales, particularmente de fertilizantes por industrias como "Tekchem".
Muestra irrefutable de ello, son los datos del más reciente inventario de emisiones que indican que la ciudad de Salamanca registró dióxido de azufre por 111 puntos 09 megagramos por año y de material particulado por cinco mil 866.9 megagramos por año, siendo éstas las más altas emisiones registradas en todo el estado de Guanajuato y unas de las más altas de todo el país. Inútiles han resultado los reclamos de los habitantes de Salamanca a las autoridades.
Compañeras y compañeros legisladores, si tan solo estuviésemos un día en el lugar de los salamantinos, entenderíamos la desesperación de las madres de familia que ven a sus pequeños padecer enfermedades respiratorias que seguramente en el mediano plazo se tornarán agudas; esto, además de representar un costo al estado, representa un daño al futuro del país.
Si además de lo anterior tomamos en cuenta que la recurrencia de los frentes fríos dificultará aún más la dispersión de dióxido de azufre y del material particulado en esta temporada, es innegable que desde nuestro ámbito de competencia tenemos que tomar cartas en el asunto y esto lo haremos mediante la creación de una subcomisión que investigue los efectos en la salud causados por las elevadas concentraciones de contaminantes en el aire, el agua y el suelo en esa ciudad; la existencia de pasivos ambientales confinados en las industrias paraestatales y privadas en la ciudad de Salamanca y sus alrededores, así como las opciones para su adecuado manejo y el impacto que el depósito de estos pasivos ambientales ha tenido en suelo y en los mantos acuíferos de la región.
Con base en lo anterior, los insto a que sumemos esfuerzos y mediante nuestro voto apoyemos la proposición del diputado Vega Corona. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Chaurand, para hablar en favor del punto de acuerdo.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Sin lugar a dudas la propuesta que viene a hacer aquí a esta tribuna nuestro compañero diputado Antonio Vega Corona, es una propuesta digna de tomarse en cuenta que pueda ser atendido, investigado por esta Cámara de los Diputados a través de sus comisiones, el problema de contaminación ambiental en Salamanca, Guanajuato. Es un problema grave que ya ha tenido consecuencias para la población, especialmente para los menores; sin embargo, con todo respeto vengo a precisar lo siguiente:
El artículo 44 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso, establece que las subcomisiones podrán crear las subcomisiones necesarias para el desarrollo de su trabajo. Esto es, que en todo caso no podríamos votar una atribución que ya tiene –en este caso- la Comisión de Medio Ambiente. Yo, con todo respeto, creo que el exhorto debería de ser a la propia Comisión para que cree la subcomisión y que sea al interior de la Comisión, que definan su modo de operar de la subcomisión y definan quienes la han de integrar respetando la pluralidad y el equilibrio que debe de haber en todas las comisiones.
Esto es así para no violentar nuestro marco legal, que el Pleno no asuma situaciones que ya están determinadas en nuestra legislación. Y es cierto, la Comisión tiene que ir a ver el problema grave que se presenta en Salamanca.
Felicito a mi compañero diputado Vega Corona por esta propuesta que debe de llamar la atención de todos los legisladores para poder contribuir, coadyuvar, con las instancias del Ejecutivo federal encargadas de la protección del ambiente y poder hacer frente a esta grave problemática que él acertadamente el día de hoy trae a la tribuna.
Por su atención, muchas gracias. Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Chaurand. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo y tomando en consideración lo dicho por el diputado Chaurand, se turnaría esta solicitud a la propia Comisión de Medio Ambiente.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese a la Comisión de Medio Ambiente, con fundamento en el artículo 44, fracción IV.
Pido a la Secretaría dé lectura a un comunicado del diputado Marco Antonio Peyrot Solís.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Palacio Legislativo, a 21 de noviembre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados. Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, el que suscribe, diputado federal Marco Antonio Peyrot Solís, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de solicitar tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al Pleno de esta soberanía mi reincorporación a partir del 21 de noviembre de 2006.
Agradezco de antemano la atención que a la presente se sirva brindad y sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente. Marco Antonio Peyrot Solís. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Comuníquese. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Díaz Contreras, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda, remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma del estado de Morelos.
La diputada Adriana Díaz Contreras: Con su permiso señor Presidente. Honorable Asamblea. Diputadas y diputados. Quienes suscriben, diputadas y diputados federales pertenecientes a los grupos parlamentarios del PAN, del PRD, del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos a bien someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones.
La propuesta que hoy vengo a presentar a nombre de los legisladores de diversos partidos representados en esta Cámara, tiene como origen una problemática que cada día crece, a la cual debemos poner soluciones urgentes y que es del financiamiento de las universidades públicas.
Ya en esta Legislatura, algunos legisladores han planteado esta inquietud. Como recordarán, a partir de la discusión del caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se declaró en franca quiebra, muchos legisladores y legisladoras expusieron ante este Pleno la situación de la penuria financiera que viven las universidades públicas de las entidades que vienen a representar ante esta soberanía.
Frente a este tema todos hemos coincidido en la necesidad de ampliar el gasto educativo y el diseño y aprobación del Presupuesto de Egresos del próximo año. Pues bien, apoyándonos en ese interés es que hoy traemos a esta alta tribuna de la nación la lamentable situación que vive la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la idea, desde luego, de buscar canales de solución a dicha problemática.
Desgraciadamente ésta no es una situación exclusiva de la UAEM en el contexto nacional, sino es generalizable al conjunto del subsistema de educación superior pública.
Los recursos públicos destinados a este rubro descendieron considerablemente en los años posteriores a la crisis económica de diciembre de 1994 y sólo recuperaron el nivel que tenían antes de la crisis en 1998, a partir del cual crecieron a una tasa del tres por ciento anual entre este año y hasta el 2006.
En contraste, el gobierno del estado de Morelos incrementó en seis años los recursos transferidos a esta institución educativa en un 125 por ciento; no obstante, el crecimiento de los recursos experimentados al final de la década de los 90 no repercutió favorablemente en el sistema de educación superior, pues resulta claramente insuficiente.
Se aprecia que el gasto federal por alumno disminuyo 49 por ciento entre 1996 y 2001, lo que significó que durante este período las instituciones tuvieron que hacer frente a sus actividades con menos recursos.
De manera particular, como cada año, la universidad de nuestro estado enfrenta un déficit que impide terminar el presente ejercicio solventando todos sus compromisos y que en este 2006 es cercano a los 70 millones de pesos.
Queremos adelantar que de no tomar medidas urgentes se estaría condenando a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a una eventual quiebra financiera. Deudas considerables con distintos acreedores la desvían de su objetivo principal, que es el desarrollo de la ciencia, la investigación y la difusión cultural para la generación de profesionistas capaces de transformar no sólo a la entidad sino a todo el país.
La UAEM cuenta en la actualidad en el nivel superior, con 41 programas de licenciatura en ingeniería y siete en profesional asociado, en programas de postgrado, seis son especialidades, 24 maestrías y 12 doctorados. Destaca el esfuerzo que implica asegurar la calificación del personal académico.
En los últimos años se ha incrementado el número de profesores de tiempo completo, desde 352 con que contaba en el 2003, hasta llegar a 454, incluido el nivel medio superior al día de hoy.
En suma, el esfuerzo de consolidación académica que busca la UAEM como otras universidades está ligado al hecho de que se quiera o no. Se debe sostener una estructura docente y administrativa que es precisamente el recurso humano fundamental en un reto de esta naturaleza.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados hace un exhorto a la Secretaría d Hacienda y Crédito Público para que en lo inmediato emitan recursos financieros a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por un monto aproximado los 70 millones de pesos, a fin de que dicha institución pueda concluir el ejercicio fiscal 2006 sin deudas.
Asimismo se exhorta a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 incrementen la partida correspondiente al presupuesto federal destinado a esa casa de estudios.
Segundo. Asimismo se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y Hacienda y Crédito Público a incrementar los recursos fiscales al gobierno del estado de Morelos, a fin de que éste cuente con mayor disponibilidad financiera y pueda con ello emplear los subsidios que canaliza la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2007.
Solicito se inserte en el Diario de los Debates con las consideraciones y agregados que he señalado.
Firman este punto de acuerdo por parte del grupo parlamentario del PAN, el diputado federal Javier Bolaños Aguilar; el diputado federal Enrique Iragorri Durán; el diputado federal Demetrio Román Isidoro Durán; el diputado federal Demetrio Román Isidoro; el diputado federal José Víctor Sánchez Trujillo; la diputada federal Adriana Rebeca Vieyra Olivares; por parte del grupo parlamentario su servidora la diputada Adriana Díaz Contreras; el diputado Rafael Franco Melgarejo; por el grupo parlamentario del PRI el diputado federal José Amado Orihuela Trejo y el diputado Víctor Samuel Palma César. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Adriana Díaz. Como ha sido solicitado consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia tiene la palabra el diputado Enrique Iragorri Durán del grupo parlamentario del PAN para hablar a favor del punto de acuerdo.
El diputado Enrique Iragorri Durán: Con su permiso diputado Presidente. Honorable Congreso de la Unión. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El tres de mayo de 1953 el Instituto de Educación Superior se transforma en la Universidad del Estado de Morelos, creada por la ley constitutiva y reglamentaria de fecha siete de abril de ese año, expedido el decreto por el Congreso del Estado y publicado en el período oficial el día 15 del mismo mes y obteniendo su autonomía el día 22 de noviembre de 1967.
Desde su creación la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se ha construido día a día gracias al impulso de maestros, alumnos y empleados, cuyos esfuerzos han hecho aportaciones importantes para conformar una institución de educación superior sólida y trascendente, acorde a su tiempo y atenta a las necesidades y exigencias sociales y con amplia apertura hacia las nuevas características del mundo moderno y los avances de la ciencia.
Actualmente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se encuentra asentada en siete localidades de nuestro estado y en medio siglo ha experimentado un crecimiento exponencial, mientras que en sus primeros años atendía a una población estudiantil de 675 estudiantes, su matrícula actual es de aproximadamente 18 mil alumnos, distribuidos en nivel medio superior y superior.
Cuenta con postgrados y con 91 opciones educativas en 27 unidades académicas, considerado el personal académico y administrativo la comunidad universitaria está compuesto por poco más de 20 mil integrantes. Las funciones sustantivas que le impone su ley orgánica son las académicas, las investigaciones y la extensión de la cultura.
La universidad tiene entre sus responsabilidades, el lograr una amplia colaboración con los sectores sociales públicos y privados, para consolidar vínculos permanentes a través de poner la ciencia, la cultura y la tecnología al servicio de la comunidad.
La distribución de los estudiantes por área de conocimiento se ha concentrado en ciencias sociales, administrativas y en las de educación y humanidades, por contraste las áreas de menor matrícula son las de ciencias agropecuarias y las ciencias naturales. En los rangos intermedios de distribución, están el área de salud y de ciencias exactas e ingeniería.
De 42 programas de postgrado que oferta actualmente la universidad, 11 son de doctorado, 24 maestrías y siete de especialidad de los cuales nueve, están inscritos en el antiguo Padrón de Excelencia del Consejo Nacional y Tecnología Conacyt, hoy Programa Internacional de Fortalecimiento al Postgrado PIFOP, tres de doctorado que son ingeniería en ciencias aplicadas, estudios poblacionales y desarrollo regional y en ciencias con terminales en física, biofísica y química.
Con el objeto de asegurar la calidad de dichos programas, la UAEM, ha hecho suyas las acciones que eviten perder dicha acreditación y mas bien aumentarla, con la inscripción de los posgrados en el Padrón Nacional de Posgrados.
La Universidad Autónoma del estado de Morelos, es reconocida como una de las instituciones educativas de nivel superior, con mayor nivel académico. Es una institución moderna, diferente, que despliega sus funciones sustantivas y el apoyo a cuatro campus bajo una normatividad actualizada e integral.
Es una institución que hace uso eficiente de sus plataformas tecnológicas. Tiene un sistema de educación media superior, cuya calidad es la más alta en el estado de Morelos. Tiene grupos y líneas de investigación que ha dejado prestigio nacional en su relevancia, calidad, pertinencia, investigación, docencia y formulación.
Se encuentra estrechamente vinculada en los niveles de licenciatura, maestría y posgrado. Tiene instalada una variada gama de redes de cooperación e intercambio en los contextos regional, nacional e internacional.
En los últimos seis años, como ya lo dijo mi compañera, el gobierno del estado ha incrementado en un 125 por ciento el presupuesto otorgado a la Universidad. Sin embargo, éste ha sido insuficiente.
Por todo esto, reiteramos nuestra convicción de que la educación superior pública es derecho de todos los mexicanos. Por eso debe de ser laica y gratuita y que para cumplir sus fines el estado debe aportar el financiamiento suficiente y oportuno. Igualmente, exhortamos a la Universidad a que responda a las expectativas sociales y a la responsabilidad moral de rendir cuentas claras en el uso de los recursos otorgados. Consideramos que es preciso revalorar la función transformadora de nuestras universidades.
Por ello manifestamos que las políticas públicas deben otorgar a la educación la más alta prioridad. Esperamos del nuevo gobierno federal una política basada en el respeto a la autonomía y la equidad de la distribución del financiamiento. Por su atención. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Iragorri.
Desde su curul sonido al diputado Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul) Gracias Presidente. Con todo el apoyo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a este punto de acuerdo, y de nuevo nos damos cuenta que se suma otra universidad más a la petición de que de urgencia haya una reunión de trabajo de todos los rectores de las universidades públicas del país con los responsables de Hacienda y Educación Pública.
Quiero aprovechar la oportunidad de exhortar e invitar a todos los compañeros y compañeras diputados, el día de mañana, pasado mañana y el viernes, se va a llevar a cabo el primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología, en México, que se va a realizar 22, 23 y 24, en Colima, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Colima.
Aprovecho esta situación porque también yo tengo un punto de acuerdo que va a ser difícil que pase el día de hoy señor Presidente y va en ese sentido de que los titulares de Hacienda y Crédito Público y Educación Pública, asistan al foro y que en el marco de las mesas de trabajo, se reúnan con todos los rectores de las universidades públicas del país y sienten las bases de los acuerdos que se tengan que tomar respecto a los problemas financieros y también administrativos de las universidades.
Ese sería mi comentario y estamos a favor de este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Arreola. ¿Quiere que su punto de acuerdo que ya lo comentó, se turne a la Comisión de Educación?
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul) Sí, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Educación.
Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...(votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativas, sírvanse manifestarlo...(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante Aprobado. Comuníquese y túrnese el punto de acuerdo del diputado Pablo Arreola, a la Junta de Coordinación Política, en donde se invita a los titulares de la secretarías de Hacienda, Educación Pública, al primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional del Agua se desazolve el río Tecolutla en el estado de Veracruz.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias, señor Presidente, con su autorización. Compañeras, compañeros legisladores. Vengo a presentar un punto de acuerdo para solicitarle a la Comisión Nacional del Agua atienda una solicitud de diferentes ciudadanas y ciudadanos que viven en los márgenes del río Tecolutla, desde el municipio de Espinal, hasta el municipio de Tecolutla.
Se trata, compañeros y compañeros, de que en la comunidad de Entabladero del municipio de Espinal y otras comunidades como Sabaneta y municipios como el de Gutiérrez Zamora y Tecolutla, en la temporada de lluvia que va del mes de septiembre, octubre y parte importante del mes de noviembre, el río Tecolutla siempre crece, se ensancha su cauce, se desborda e inunda a grandes comunidades.
La preocupación de los ciudadanos y las ciudadanas que viven al margen del río Tecolutla, radica en la vida de sus hijos, radica en que sus hijos, sus pertenencias, su esfuerzo de muchos años, cada vez, cada vez que el río Tecolutla crece, ellos se ven verdaderamente lastimados en una economía, que por cierto está depauperada y en una situación difícil, porque los recursos del Fonden no alcanzan y si no alcanzan los recursos del Fonden para poderles pagar las pérdida de sus cosechas o la pérdida de las pocas pertenencias que tienen, pues ellos se encuentran realmente muy lastimados.
Nosotros venimos con su representación del distrito 06 con cabecera en Papantla—que por cierto también por este importantísimo municipio pasa el río Tecolutla— venimos a rogarles, diputadas, diputados; venimos a rogarles a los compañeros de todos los partidos políticos que su generosidad alcance a los habitantes de la comunidad de Entabladero, de la comunidad de Sabaneta, de la comunidad Del Morro, de todas las comunidades que están asentadas en el margen del río Tecolutla.
Y lo único que solicitamos, señoras y señores diputados, es que ustedes puedan obsequiarnos de urgente y obvia resolución, la siguiente solicitud, la solicitud de que la Comisión Nacional del Agua realice un estudio y una vez que lo haya terminado, programe el desazolve del río Tecolutla.
Nosotros no lo queremos para mañana, queremos que sea lo más rápido posible y podamos contar con la generosidad de los legisladores veracruzanos que conocen perfectamente bien, que el río Tecolutla es el séptimo río más caudaloso del país; que es un río muy importante, pero que si no está desazolvado en ese momento, nuestros pobladores tienen grandes problemas.
Pedimos su generosidad, señoras y señores diputados, y quiero rogarle al señor Presidente, ordene que el punto de acuerdo para solicitar que la Comisión Nacional del Agua, atienda la solicitud de desazolvamiento del río Tecolutla en el estado de Veracruz, se publique íntegro para que sirva de referente a esta importante institución y pueda realizar el desazolve de este río tan caudaloso, tan importante, pero tan peligroso para la sociedad que vive en sus márgenes.
Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias compañeras y compañeros diputados y está en potestad autorizar que sea de urgente u obvia resolución para que nos lo pueda autorizar la Comisión Nacional del Agua. Gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Muchas gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa y es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión.
No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de aprobarse.
El secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene el uso de la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda realice el pago del bono sexenal a pensionados, jubilados y trabajadores de la educación.
El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito, diputado federal a nombre del grupo parlamentario Nueva Alianza y con el respaldo solidario de los coordinadores de las nueve fracciones parlamentarias, así como de un grupo distinguido de compañeros de este Pleno, con fundamento en los artículos respectivos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga extensivo el pago extraordinario complementario a las medidas de fin año, que otorga el gobierno federal a los Trabajadores al Servicio del Estado para pensionados, jubilados y a todos los trabajadores de la educación, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció las disposiciones para el otorgamiento del pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año que se otorgarán a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Es conveniente señalar que de acuerdo con los lineamientos para el pago de dicha medida, es aplicable únicamente a los trabajadores ubicados en los niveles salariales I a VIII del tabulador de percepciones para los servidores públicos, por lo que sólo beneficia a personal operativo de las dependencias y entidades de la administración con la curva salarial del sector central.
Es por ello que el estímulo que otorga el gobierno federal, como símil del tradicional bono sexenal, debe ser extensivo a todos sus trabajadores, incluidos los de la educación y a cada uno de los pensionados y jubilados, porque es gracias a ellos que el gobierno ha realizado la gestión pública que le es propia.
Este reconocimiento ha sido desde hace muchos sexenios, más que una tradición, una retribución, que en el caso de los trabajadores de la educación representa, además, valorar la labor social de quienes a lo largo y ancho del territorio nacional hacen realidad el proceso educativo, en condiciones que son —ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones— con frecuencia, verdaderamente difíciles.
El antecedente de su aplicación es verificable desde hace varios sexenios, pero para recordar únicamente los más cercanos, basta con revisar los correspondientes a las dos últimas administraciones, que más allá de la filiación política a la que correspondieron, contaron con una situación económica menos estable que la que vivimos en la actualidad.
El compromiso del Estado y del Ejecutivo federal con todos los servidores públicos de base en activo y pensionados y jubilados, sin excepción, debe hacerse explícito en la aplicación del pago extraordinario, como complemento a las medidas de fin de año, sin distingo de la remuneración que perciben por su labor cotidiana, como reflejo de una política social incluyente y de amplio respeto a los trabajadores.
Señoras y señores legisladores, un buen gobierno es aquel que reconoce que sus logros han sido alcanzados gracias a quienes trabajaron por ellos. Omitir este reconocimiento no ayuda a otorgar credibilidad y certidumbre a la población. La gobernabilidad es también el reflejo de las tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce la autoridad en un país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos respectivos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la respetuosa solicitud de que sea considerado de urgente y obvia resolución —y aprobado en su caso—, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones y competencias, disponga lo necesario para que de inmediato se haga extensivo el pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año, a todos los trabajadores al servicio del Estado, a todos los de la educación, así como a todos los pensionados y jubilados de la administración pública federal.
Respetuosamente —y confiamos en ello— solicitamos la aprobación de este Pleno, tanto para la urgente resolución como para la aprobación del punto como tal.
Suscriben, aparte de los diputados que integramos el grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI; la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del PAN; el diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD; el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del PT; la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa, y el diputado Miguel Ángel Jiménez Godinez, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza; además de un grupo de compañeros de los cuales su nombre y firma quedarán asentados en este documento, del cual, señor Presidente, solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates.
Por su atención y su consideración, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jacinto Gómez Pasillas. Insértese íntegro en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Tiene la palabra el diputado Sergio Hernández.
El diputado Sergio Hernández Hernández: Con su permiso, señor Presidente. Pienso como profesor, cuando estudiaba en la escuela Normal y veía las condiciones precarias en que vivían muchos maestros, pienso en la esperanza de aquellos que ejerciendo la docencia esperan con mucho entusiasmo que quienes toman las decisiones puedan hacer algo que retribuya el enorme esfuerzo que todos los días realizan en las aulas de nuestros estados de nuestro país.
Hace falta sentir en carne propia el duro batallar de un maestro que recorre la sierra, los llanos, el valle, para poder llegar muchas veces a su escuela y poder entregarle a nuestro país niños y jóvenes educados, niños y jóvenes bien formados. Esa es nuestra aspiración siempre como maestros y eso es lo que queremos como padres de familia.
Hoy, a nombre de la fracción del grupo parlamentario del PRD, nos sumamos a este punto de acuerdo, pero queremos que sea extensivo para los trabajadores de la Educación por su esfuerzo, por el enorme esfuerzo que realizan a lo largo y ancho del país, pero también para los jubilados y pensionados que han entregado su vida, su esfuerzo, su trabajo al servicio del gobierno de la República en cada una de las diferentes secretarías.
Dije hace un momento, cuando pudimos hacer uso de esta tribuna, que los diputados de los diferentes partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo que nos ayude a lograr acuerdos de esta naturaleza que realmente beneficien a las mayorías. Felicito a quienes han tenido esta iniciativa, pero sobre todo felicito a los diputados y diputadas de los diferentes partidos políticos por sumarse tan generosamente a este punto de acuerdo; que sea para bien de los trabajadores de la Educación de nuestro país, que sea para bien de los pensionados y jubilados de nuestro país.
De esta manera cumplimos uno de los compromisos que hicimos todos en campaña: legislar, exhortar, llegar a acuerdos en beneficio de los que menos tienen; todos ellos lo merecen. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sergio Hernández.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición de punto de acuerdo.
El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretaria. Sonido a la curul del diputado Lizárraga.
El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente.
Fiel al origen nuestro como maestro de la sierra, del desierto y de las ciudades, creo que lo menos que debemos de hacer es solidarizarnos con el punto de acuerdo que acaba de presentar el maestro Jacinto Gómez Pasillas, fundados en la premisa de que en las escuelas se construye la unidad nacional y en las aulas se siembra el germen de una nueva sociedad, tarea que los maestros y maestras, a lo largo y ancho del país, desarrollan con enorme responsabilidad cívica y gran visión social.
Por ello, le expresamos nuestra amplia solidaridad a este punto de acuerdo e invitamos a los diputados y diputadas de esta Legislatura, a sumarnos en respaldo a los maestros en activo y a los maestros jubilados, que bien merecen una respuesta en este sentido.
Muchas gracias diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Lizárraga.
Tome la votación. Consulte a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría absoluta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
Se recibió de la diputada Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe al Senado de la República para su ratificación, la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se recibió también del diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que solicita se elimine del Presupuesto 2007, la clave de proyecto 0518T0Q0043, de la entidad TOQ, Comisión Federal de Electricidad, Sector 18 Energía. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura al orden del día)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (16:14 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 23 de noviembre a las 11:00 horas. Se comunica que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.