El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito respetuosamente a los señores de los medios de comunicación pasen a tomar los lugares que tienen asignados. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 389 diputados y diputadas, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:28 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Solicito nuevamente a los representantes de los medios de comunicación, respetuosamente, pasen a los lugares que tienen asignados. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Comunicaciones de los Congresos de los estados. El Congreso del estado de Chihuahua remite acuerdo para que se cree un nuevo capítulo en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que regule la planeación y la soberanía de la agricultura en el campo mexicano.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Desarrollo Rural, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: El Congreso del estado de Chihuahua remite acuerdo para que, por conducto de los puntos de inspección fitosanitarias, se fomenten las medidas de control sanitario en el transporte de material agropecuario a través de programas de difusión y apoyo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Del Congreso del estado de Michoacán que solicita recursos al sector turístico.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Del Instituto Federal Electoral que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras con el que remite informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al período enero-septiembre de 2006.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaria de Gobernación con el que remite el informe de resultados del tercer trimestre de 2006 de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el remite iniciativa que reforma los artículos 110, 110-A, 113, 114 y 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma el artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal presentada por el senador Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, en el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para 2007 se consideren mayores recursos al "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" dentro del Ramo 33.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. En el capítulo de iniciativas tiene la palabra el diputado Jorge Quintero Bello, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El diputado Jorge Quintero Bello: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito, diputado federal Jorge Quintero Bello, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4, 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo III, artículo 33, fracciones IV y VIII de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México vive actualmente un proceso de transición demográfica que se expresa en un drástico descenso en la tasa de mortalidad y una clara disminución del índice de natalidad, así como del número de hijos por mujer; todo esto como consecuencia de la anticoncepción, los servicios de salud y la consolidación de una cultura de planificación familiar.
No obstante, a pesar de todas estas políticas de salud reproductiva, en nuestro país cada año se registran más de 400 mil embarazos en mujeres adolescentes; es decir, de 100 partos diarios, 60 corresponden a adolescentes en edades de 13 a 19 años siendo 320 mil de ellos no deseados. Así, a nivel nacional se calcula que entre el 17 y 20 por ciento de las mujeres que tienen un nacimiento son menores de 20 años, llegando hasta el 25 por ciento en algunos estados.
Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, el 92.5 por ciento de las y los adolescentes conocen al menos un método anticonceptivo, mientras que solamente alrededor del 60 por ciento de quienes ya tienen relaciones sexuales los usan.
En esta problemática concurren una serie de factores como los patrones culturales y los roles de género; las condiciones socioeconómicas de origen; las opciones de vida de los adolescentes en sus contextos sociales; y el marco valorativo vigente respecto a las relaciones sexuales premaritales.
Esto fue confirmado recientemente por el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud al sostener que el bajo nivel socioeconómico en poblaciones marginadas, indígenas o rurales se relaciona con el hecho de que las mujeres suelan embarazarse a muy temprana edad por la desinformación respecto a los anticonceptivos o métodos de prevención, además que no todas tienen la oportunidad de asistir a la escuela.
En el mismo sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas afirmó que está comprobado que la relación directa entre poca o baja escolaridad y escasos recursos con frecuencia da como resultado embarazo en las adolescentes y, al mismo tiempo, quienes tienen más educación se embarazan menos, o quienes tienen menor nivel adquisitivo tienen menor acceso a métodos anticonceptivos.
De esta forma la educación se convierte en un aspecto fundamental tanto para la prevención del embarazo temprano, como para el apoyo a las madres adolescentes, ya que en ambos casos las coloca en posibilidades de tomar decisiones sobre su futuro, sobre cuidar su salud, pero sobre todo, contribuye al mejoramiento de las oportunidades y expectativas de vida de estas jóvenes, así como de sus hijos.
En cuanto a la planeación familiar, la paternidad responsable y la educación sexual, la legislación mexicana contempla ya los elementos suficientes como para que las y los adolescentes cuenten con información adecuada y oportuna.
Tal es el caso de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud que especifica las actividades que deben realizarse en materia de planificación familiar, en cuanto a información y orientación educativa, poniendo especial énfasis en los adolescentes y los riesgos asociados al embarazo temprano; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que plantea la prevención de embarazos tempranos; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el Estatuto orgánico del DIF que prevé programas y proyectos sobre el embarazo adolescente; y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que contempla programas y cursos, orientación e información sobre educación sexual y salud reproductiva.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el nivel educativo juega un papel importante en el embarazo adolescente. La Encuesta Nacional de Juventud 2005 revela que para ambos sexos la edad entre los 15 y 17 años es crucial para la deserción educativa.
Por tanto, si consideramos que a menor escolaridad mayor riesgo de embarazo y que la mayor parte de las jóvenes que se embarazaron en la adolescencia ya había abandonado sus estudios, resulta entonces clara la necesidad de promover el acceso y la permanencia de las jóvenes en el sistema escolar como un mecanismo de prevención.
A su vez, el embarazo conlleva en muchas ocasiones la deserción escolar de la joven. Esto limita sus posibilidades de desarrollo personal, sus oportunidades de un empleo remunerado y, en consecuencia, la disminución de su calidad de vida y la de su hijo, sobre todo si se considera que muchas de ellas se convierten en madres solteras. Por tanto, la reincorporación de estas jóvenes al sistema educativo constituye, también en este caso, un factor fundamental para apoyar y brindar mayores oportunidades a las madres adolescentes y un mejor futuro para sus hijos.
En esta materia existen diversas políticas públicas; sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos y asegurar el apoyo a las mujeres adolescentes para su ingreso, permanencia o reinserción en el sistema educativo.
Por otra parte, es importante considerar que además del embarazo adolescente existen otros factores importantes que derivan en el abandono e interrupción de los estudios, entre ellos problemas económicos, familiares, de salud, etcétera; por lo que si bien deben de realizarse acciones particulares para prevenir el embarazo y que es el principal motivo de presentar esta iniciativa, la legislación, por su carácter general, debe atender la problemática expuesta de manera integral a fin de que el Estado brinde oportunidades a todas las mujeres para continuar y culminar su educación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación.
Artículo primero. Se adiciona la fracción IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 33. "Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las siguientes…
Fracción IV. Tal y como dice: "Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que faciliten la terminación de la educación preescolar, primaria y la secundaria…". Agregando su servidor "otorgando facilidades de acceso, permanencia y egreso a las mujeres".
Fracción VIII. Dice originalmente: "Desarrollarán programas…". Agrego "con enfoque de género". Continúa: "…para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos".
Transitorios
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Artículo segundo. Las autoridades educativas realizarán las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a lo que establece la fracción IV y VIII del artículo 33 de la presente Ley, a los 90 días de la entrada en vigor del presente decreto y presentarán un informe al respecto a las Comisiones de Educación y de Equidad y Género, de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006. Diputado Jorge Quintero Bello. Presidente diputado, solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Quintero. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados. Permítame, diputado.
La diputada María Esperanza Morelos Borja (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Morelos.
La diputada María Esperanza Morelos Borja (desde la curul): Solicito se amplíe el turno a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Educación y a la Comisión de Grupos Vulnerables. Adelante.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 447 diputadas y diputados. Aquellos que hasta el momento no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para hacerlo por medio de cédula. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amaro Corona, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Arvizu.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Sí, señor Presidente; en la iniciativa anterior, solicito que se amplíe el turno también a la Comisión de Equidad y Género.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El problema, diputada, de turnarla a muchas Comisiones es que se vuelve más difícil el dictamen. Que se turne a las comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Equidad y Género, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Adelante, diputado Amaro.
El diputado Alberto Amaro Corona: Con su permiso, señor Presidente. El que suscribe, Alberto Amaro Corona, diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En diciembre de 1999, la H. Cámara de Diputados autorizó la incorporación del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2000, con el propósito de realizar acciones relacionadas con la infraestructura pública.
Esta propuesta tiene, al mismo tiempo, fundamento en las demandas de la Asociación de Gobernadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Los recursos del Ramo 39, "Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" tiene por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones.
Desde su inicio hasta el 2002, este programa formó parte del Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas". En el 2003 dejó de ser un programa para obtener el estatus de Ramo 39, "Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas".
Cabe señalar que numerosas propuestas realizadas en el marco de la Convención Nacional Hacendaria, celebrada en el mes de febrero a julio del 2004, se solicitaba que el PAFEF se convirtiera en un fondo.
Sabemos que la Convención fue un gran esfuerzo del Estado mexicano con la finalidad de fortalecer el federalismo, pero los objetivos y planteamientos se han quedado muy cortos y no se han cumplido.
En el Ejercicio Fiscal 2000, los apoyos que los estados recibieron de la Federación a través del PAFEF fueron al orden de seis mil 870 millones de pesos que se canalizaron para fortalecer el gasto en obra pública y para infraestructura educativa en los sistemas públicos de educación de las entidades federativas.
Para los Ejercicios Fiscales 2001 y 2002 se destinaron exclusivamente para saneamiento financiero de las entidades federativas, apoyo a sus sistemas de pensiones, prioritariamente a las reservas actuariales, así como a la inversión en la infraestructura de las entidades federativas.
Para el Ejercicio Fiscal 2003, los ingresos ascendieron a 30 mil 171 millones de pesos, los que se canalizaron para el saneamiento financiero de las entidades federativas, inversión a infraestructura y para fiscalizar el gasto federalizado.
Aquí podemos observar con respecto al año 2000 un incremento de alrededor del 380 por ciento en materia de ejecución del PAFEF.
Para el Ejercicio Fiscal 2004, el Ejecutivo federal propuso un presupuesto para este Ramo por 10 mil millones de pesos. Si la Cámara de Diputados hubiera aprobado este presupuesto, este Ramo tendría una asignación presupuestal inferior en siete mil millones de pesos respecto al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2003.
Su descenso en términos reales se preveía por el orden del 58.82 por ciento respecto al 2003. Finalmente la propuesta se autorizó con 49 mil millones de pesos, fruto de la presión de la Cámara de Diputados, observando con lo anterior que el ramo comenzaba a sentir su manejo político más que económico por parte del Ejecutivo federal y de la Cámara de Diputados.
Posteriormente la H. Cámara de Diputados autorizó al PAFEF en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, por el orden de 46 mil 580 millones de pesos, mostrando una disminución de aproximadamente tres mil millones de pesos.
Pero debemos de observar una reducción drástica. Por ejemplo, en el 2004 se presupuestaron 49 mil 500 millones de pesos; en el 2005, 45 mil 580 millones de pesos y —como lo observamos— en el 2006 se autorizaron 22 mil 500 millones de pesos.
Como podemos darnos cuenta, el objetivo del PAFEF conlleva al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y los alcances de estos recursos deberían promover el federalismo hacendario. Sin embargo, tenemos casos en los cuales el PAFEF se utiliza, por parte de los gobiernos estatales, con fines políticos y electorales, lo que desafortunadamente rompe con el espíritu con el que se creó este Ramo 39.
De ahí nuestra preocupación en este programa de aportación de recursos económicos, cumpla con la idea de fortalecer el federalismo y que la variable política no tenga que ser el elemento de mayor influencia para la determinación del monto presupuestal en las entidades federativas, el Distrito Federal y sus municipios.
Si bien el PAFEF surge de las propuestas de los gobernadores, no se debe quedar ahí e ir más allá, por lo que con la misma intención federalista es necesario que los recursos también lleguen a los municipios; de ésta se desprende nuestra propuesta.
Por otra parte, retomando el análisis anterior del comportamiento cuantitativo de los recursos observados, un comportamiento atípico, puesto que del 2003 en comparación con el 2005, tiene un incremento de un 50 por ciento y del Presupuesto 2005 al 2006, disminuye aproximadamente un cien por ciento.
En estos momentos observamos que se prevé un crecimiento de casi un 100 por ciento para el 2007, por lo que la propuesta que se maneja oscila en el orden de 30 mil millones de pesos, a diferencia del 2006 que es de 22 mil 500 millones de pesos.
Estas someras consideraciones aunadas al número de controversias y debate que ha generado el Ramo 39 y con la intención de dar certidumbre, transparencia a los recursos públicos y al mismo tiempo retomando la propuesta de la Conago, que este Ramo se fortalezca y beneficie a las entidades federativas y a los municipios, dando un gran avance al federalismo y fortalecimiento de las finanzas públicas, estatales y municipales.
Lo anterior evitará los jaloneos en las discusiones presupuestales, como se ha venido dando en los últimos años respecto a este Ramo, y que a discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda, se afecte con recortes sin previo aviso. Esta postura del Ejecutivo federal va en detrimento de fortalecer el federalismo. Prueba de ello es el recorte anunciado al PAFEF por parte de la Secretaria de Hacienda.
Por lo anteriormente expuesto me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Primero. Se modifica el párrafo primero, la fracción I y el último párrafo del articulo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 85. Los recursos correspondientes al programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se integrarán anualmente al presupuesto considerando un equivalente del 0.25 por ciento de la recaudación federal participable.
La distribución entre las entidades federativas se realizará de acuerdo con la proporción que resulte del reparto de las participaciones federales del año fiscal anterior al ejercicio presupuestal que corresponde. Los recursos se destinarán a:
I.- A los municipios en cuando menos el 50 por ciento de los recursos transferidos, los que se aplicarán en la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura vial primaria, agua potable y alcantarillado, salud, educación, cultura, recreación y deporte, conservación del ambiente y conservación ecológica, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola y hasta un tres por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.
Fracción VIII. Los recursos del programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Para este fin y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas o con el gobierno federal la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones en obras públicas no prioritaria y de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.
Artículos transitorios
Primero. El programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas tendrá un incremento anual de 0.01 punto porcentual durante cinco años de la Recaudación Federal participable hasta llegar al 0.30 del mismo, dicho incremento del 0.01 porcentual se aplicará a partir del Presupuesto de 2008.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amaro. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente. La presente iniciativa enfatiza nuevamente, compañeras, compañeros diputados, el imperativo de la descentralización de la vida nacional, motivo de cinco iniciativas que preceden a la que hoy presentamos.
Una nueva etapa en la descentralización de las políticas públicas y de las competencias y recursos debe considerar:
Primero. La redistribución de potestades tributarias entre la Federación, los estados y los municipios.
Segundo. La distribución equitativa de la recaudación federal participable.
Tercero. La reforma al rubro de "Aportaciones federales" en materia de educación y salud.
Cuarto. La ampliación sustantiva del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública", incluyendo la participación de los municipios.
Quinto. La inclusión del programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el rubro de Aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, motivo de la iniciativa que mi compañero diputado ha presentado hace unos momentos y otras más que han sido ya presentadas y la descentralización de los programas sociales y productivos, incluyendo el correspondiente al gasto federalizado que hoy en día está bajo la responsabilidad de las dependencias federales y de sus delegaciones en los estados.
En este último eje estratégico hemos presentado recientemente una reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con vistas a descentralizar este servicio a estados y municipios y evitar duplicaciones y conflictos que están obstaculizando la conservación y reforestación de los bosques y selvas.
Cabe destacar compañeras, compañeros diputados que al agotarse el modelo de desarrollo estabilizador fue evidente que el crecimiento económico por si mismo y aun la extensión del sistema de bienestar que aspiraba a la universalidad, así como las medidas de protección al salario no fueron suficientes para garantizar por lo menos una tendencia igualitaria en la distribución del ingreso, la superación de la pobreza extrema y el acceso a una mejor calidad de vida.
La respuesta fue la expansión al sistema de bienestar a través de programas de apoyo a los trabajadores y la ampliación de los servicios de aspiración universal, al tiempo que se ordenaron las dependencias administrativas hasta llegar a la integración de la Secretaría de Desarrollo Social bajo un concepto de política social integral.
En este contexto surge el programa Nacional de Solidaridad, como instrumento para integrar los esfuerzos institucionales acumulados y abrir una nueva etapa en la política social fundada en la participación de las propias comunidades en comités de obra, y en torno a acciones específicas de ayuda mutua y de progreso colectivo.
La magnitud que alcanzó el programa y el interés en los temas urbanos y ecológicos, fortaleció a la entonces Secretaría de Desarrollo Social, insisto, como una estructura de apoyo institucional bajo una visión integral de política social.
En diciembre de 1997 se inicia una nueva época de la política social al aprobar esta Cámara de Diputados que los recursos integrados en Solidaridad se canalizaran fundamentalmente a tres vertientes: El programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), hoy Oportunidades.
El "Fondo de Infraestructura Social Municipal", Ramo 33, que fue descentralizado, hay que decirlo, con generosidad y visión de Estado del entonces gobierno federal, que no tuvo inconveniente en ceder de esta forma, poder también descentralizar el poder en aras de darle vida y fuerza a las iniciativas de los pueblos, de las comunidades, en cada uno de los municipios.
Esta estructura se mantiene en la actualidad con el programa Oportunidades, el propio Ramo 33 y un conjunto de programas compensatorios que están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
El gasto total para los programas competencia de la Secretaría de Desarrollo Social pasó de 61 mil 122 millones en el 2000, a 146 mil 376 en el 2006 o sea, creció un 139 por ciento. De este total, el 186 por ciento corresponde al asignado al gobierno federal, 90 por ciento a los municipios y 56 por ciento a los estados.
Cabe mencionar por último, que la Ley General de Desarrollo Social publicada el 20 de enero del 2004 constituye un marco regulatorio producto del esfuerzo riguroso y plural de los legisladores y la disposición política del gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
La ley constituye, sin duda, compañeras, compañeros diputados, un avance para ordenar las políticas sociales, siendo sus efectos graduales. En tal virtud, se percibe aún una fuerte dispersión de programas y recursos; escasos avances en el Padrón Único de Beneficiarios, indefinición respecto de las horas de atención prioritaria y estructuras administrativas redundantes en los tres órdenes de gobierno.
Tales circunstancias —a mi juicio— impiden que la concurrencia sea real y efectiva. Esta situación se agrava ante la evidencia de que las decisiones primordiales sobre los programas, no se asumen en el espacio que es el propio para atender directamente a la ciudadanía, que es el municipio.
Por esa razón, presentamos esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de Desarrollo Social, con el siguiente propósito.
Primero. Que la descentralización sea uno de los principios rectores de la política de desarrollo social.
Segundo. Que la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en la que participan los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social de los estados o sus equivalentes, asuman un papel más activo en la conducción de los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Que sea el municipio el ejecutor de los programas sociales, realizados en su circunscripción territorial. Y finalmente,
En los artículos 1º y 2º transitorios se proponen los programas que deberán ser descentralizados y los plazos y condiciones para la fusión de las delegaciones estatales de la Sedesol, con las estructuras análogas de los gobiernos de los estados.
Compañeras y compañeros diputados, hemos reiterado que el afán por descentralizar facultades y recursos a estados, y a través de éstos a los municipios, trasciende la mera disputa en sí misma, natural en cuanto a su vínculo con el poder, por el presupuesto entre los tres órdenes de gobierno.
El tema adquiere hoy relevancia y prioridad, en tanto que enfrentamos el riesgo de que surjan tendencias concentradoras bajo el argumento de que los estados y los municipios no están preparados para hacer frente a los retos de su entorno, y más aún, que no existen las condiciones jurídicas, institucionales y políticas para que se ejerzan a plenitud sus facultades.
Por el contrario, la convicción que anima a las iniciativas presentadas y la que hoy se somete a su consideración, se sustentan en la confianza, en la solidaridad y la determinación de los pueblos, de los barrios y las comunidades, para construir sobre la base misma de la sociedad, el futuro de la nación.
Señor Presidente, suscribimos esta iniciativa, además de su servidor, el diputado Mario Mendoza Cortés, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, los diputados Mauricio Ortiz Proal, Carlos Ernesto Zatarain, Ismael Ordaz Jiménez, Roberto Martínez Martínez, Carlos Rojas Gutiérrez, Lourdes Quiñones y el diputado Samuel Palma.
Suplico a usted, señor Presidente que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Por su atención, muchas gracias.
El diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador. Túrnese a Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social.
Se recibió del diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 3º de la Ley de Aguas Nacionales. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Se recibió un oficio de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dar cuenta de este oficio.
El diputado Antonio Xavier López Adame: Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 8o. tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios en Comisiones, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez sustituya al diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco en la secretaría de la Comisión de Defensa Nacional.
Que la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez sustituya al diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.
Que la diputada María de Jesús Martínez Díaz sustituya al diputado José de la Torre Sánchez como integrante de la Comisión de la Función Pública.
Que la diputada María de Jesús Martínez Díaz sustituya al diputado José de la Torre Sánchez como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Que la diputada María de Jesús Martínez Díaz sustituya al diputado José de la Torre Sánchez como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Que el diputado Armando Enríquez Flores sustituya a la diputada Laura Angélica Rojas Hernández como integrante en la Comisión del Distrito Federal.
Que la diputada Laura Angélica Rojas Hernández sustituya como integrante al diputado Armando Enríquez Flores en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted, atentamente diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Hago uso de esta tribuna en mi carácter de diputada federal por el grupo parlamentario de Convergencia, de la LX Legislatura, para someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo el tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Los estudios de teoría del Estado desde la perspectiva del derecho y la ciencia política han demostrado que para lograr una transformación exitosa de las instituciones sociales, las naciones deben establecer políticas de desarrollo congruentes con el principio de soberanía, propiciando a su vez la pluralidad; la intervención ciudadana en un margen de respeto a la diversidad de pensamiento; el Estado laico; el género y la aplicación eficiente de políticas sociales que garanticen el desarrollo de las entidades federativas y la inclusión de los municipios.
En el México del siglo XXI aún hay tareas pendientes para fortalecer el federalismo. Éste será posible mediante la construcción de acuerdos entre las fuerzas gubernamentales en sus tres niveles de gobierno, con el acuerdo del titular del Poder Ejecutivo federal.
El aspecto de la programación y la planeación de las políticas públicas y sociales es de suma importancia para lograr una adecuada distribución de los recursos con la participación armónica de la federación, los estados y los municipios para cumplir de manera eficaz, incluyente y equitativa las exigencias de la actividad agrícola, ganadera y pesquera, base de la satisfacción de las necesidades colectivas por cada una de las regiones del país.
Debemos subir los ideales al plano del desarrollo social para que la dinámica del ejercicio del poder público sea de forma coordinada para hacer realidad el orden constitucional, toda vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no faculta al Presidente de la República para que, a través de las dependencias competentes a su cargo, colaboren de manera seria, comprometida y directa con los gobiernos de los ayuntamientos en la formulación de los planes.
En los hechos, los municipios no han podido ejercer sus facultades relativas al ejercicio de autogobierno en la aplicación de los programas dictados por el gobierno federal, o bien en la planeación de los mismos, sin que para ello las autoridades estatales deban intervenir directamente como intermediarias.
Es importante impulsar criterios de subsidiariedad debido a la reiterada práctica de políticas concebidas en estrategias dirigidas a una operación de carácter transitorio y de orden centralista que aminoran los rangos de posibilidades de éxito en todas las zonas del territorio nacional, donde la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la iniquidad laceran el tejido social armado en virtud de la falta de sensibilidad de las autoridades de las entidades federativas, que no toman en cuenta las verdaderas prioridades de los municipios; las cuales se traducen en la ineficiencia gubernamental que todos observamos.
Basta ver cómo aún en todas las regiones del país existen, dentro de un mismo estado, extensiones territoriales donde se asientan varios municipios con graves diferencias entre sí, acentuando las exigencias del reclamo de los ayuntamientos.
En México se carece de modelos funcionales, razón por la que los presidentes municipales de los dos mil 439 municipios de la República Mexicana han pretendido sumar voluntades para promover reglas de operación de corte federalista que propicien el desarrollo en apego al respeto de la soberanía estatal y consumar los objetivos de abatir la pobreza, creando condiciones de crecimiento con calidad, equidad e igualdad entre mujeres y hombres.
Debemos asumir, por otra parte, que desde el punto de vista estrictamente normativo gran parte de la existencia de los retos que aminoran la capacidad de respuesta de los presidentes municipales a los habitantes, en materia de salud, se deben precisamente al centralismo.
La generación de acciones públicas eficientes, de inclusión de las mujeres, el trato digno a la niñez, a los adultos mayores y las personas con discapacidad radica en el limitado rango de operatividad de sus facultades, se deben en general a un vacío de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para propiciar que el Poder Ejecutivo preste atención directa a los estados, escuchando a los ayuntamientos en opiniones e inquietudes que se expresen en la formulación de los planes de desarrollo regional de corte federal a partir de elementos gerenciales para vincular al gobierno federal en el compromiso de resolver los asuntos y conflictos internos del país, con una visión de orden regional.
Por lo tanto, no existe causa justificada para continuar desvirtuando contextos normativos secundarios al espíritu de los argumentos vertidos en la Ley Fundamental, que nos obliga a ser responsables en la generación de las leyes que erradiquen la desigualdad municipal, fomenten el desempeño de sus tareas con la libertad y la autonomía que la voluntad popular desea ver en los hechos.
Esto permitirá impulsar un ejercicio del servicio público transparente, basado en la democracia sustantiva a través de la reforma que hoy propongo, involucrando a la Secretaría de Gobernación en forma obligada a fin de que asuma, con actividades concretas, su responsabilidad de hacer frente a su consigna de dirigir la política interna, escuchando a los ayuntamientos y evitar, en el futuro, conocer nuevos conflictos, como es el caso de Oaxaca, donde las desigualdades y la falta de atención a sus problemas es el ejemplo más claro derivado de esta laguna legal, que podemos, los diputados de la presente Legislatura, evitar en beneficio de México.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Y pido atentamente a la Presidencia sirva publicar la presente intervención en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la tribuna el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional del Agua cancele la concesión a la empresa Acueducto Pánuco al Norte, S. A. de C. V., para extraer agua del río Pánuco.
Como no se encuentra en el salón, lo dejamos para el final. Ah, ya llegó el señor diputado. Pase por favor a la tribuna, señor diputado.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias señora Presidenta, por su tolerancia. Y a mis compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias, les agradezco mucho esta oportunidad de plantearles un punto de acuerdo que para nosotros es muy importante.
Los diputados del estado de Veracruz, como ustedes saben, de los ríos más caudalosos que tenemos son el Pánuco, el Tecolutla, el Papaloapan, y hoy quiero tratarles un tema sobre el río Pánuco.
Diputados de diferentes partidos se han sumado a este punto de acuerdo, porque ellos están conscientes —como todos ustedes— de que las aguas del río Pánuco benefician básicamente al estado de Veracruz, también a Nuevo León y una pequeña parte de Tamaulipas.
Por eso diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza, también del Partido Alternativa, del Partido Convergencia, de todos los partidos, han firmado este punto de acuerdo donde les quieren pedir a ustedes lo siguiente.
Les quieren pedir que la concesión que se le otorgó a un particular para explotar las aguas del río Pánuco, esta concesión sea retirada por la Comisión Nacional del Agua. ¿Por qué motivo? Porque ha pasado ya un tiempo perentorio de más de dos años y el artículo 29-bis 3, fracción VI, tercer párrafo de la Ley de Aguas Nacionales, señalan que una concesión, cuando se le entrega a un particular, compañeras diputadas, compañeros diputados, tiene dos años para explotarla y si esa concesión no se explota en dos años, entonces la Comisión Nacional del Agua tiene todo el derecho de retirar esa concesión.
Y entonces, el gobierno del estado de Veracruz está pidiendo que esa concesión también sea retirada, para que en todo caso la pueda explotar el gobierno del estado de Veracruz, los municipios y, con acuerdos cabales, reales, serios, puedan estas aguas beneficiar también incluso a Nuevo León o a Tamaulipas.
Así es que compañeras y compañeros, vengo a rogarles, a suplicarles que le pidamos a la Comisión Nacional del Agua a través de este exhorto, que revise el artículo 29 bis, fracción VI, tercer párrafo, en donde solicitamos la cancelación de la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua a los particulares que están en la empresa Acueducto Pánuco al Norte, S. A. de C. V., para explotar un volumen de 315 mil 360 millones de metros cúbicos de agua.
La solicitud que hacemos los diputados y las diputadas para que esta concesión la retome la Comisión Nacional del Agua va en el sentido estricto de que como no se explotó durante los dos años y han pasado más de tres años ha vencido el tiempo y en todo caso, se quede en el gobierno del estado de Veracruz, a través de la CAEV, como lo ha solicitado el gobernador del estado, el licenciado Fidel Herrera Beltrán.
Así es que, señora Presidenta, si usted lo considera, le ruego someta a consideración si es de urgente u obvia resolución y se vote para darle esta oportunidad al estado de Veracruz y a la Comisión Nacional del Agua.
Muchas gracias compañeras, compañeros diputados. Le ruego, señora Presidenta, ordene usted también que mi proposición con punto de acuerdo se inscriba completa en el Diario de los Debates, como si se hubiera leído aquí. Gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. No estaba agendado de urgente resolución.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Pero si el Pleno lo autoriza y está firmado por todos los partidos, a la Comisión de Recursos Hidráulicos solamente, en todo caso.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Tiene el uso de la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas, integrante de la Comisión de Turismo, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública contemple en el Presupuesto de Egresos para 2007 recursos para el Ramo 21 de "Turismo".
El diputado Octavio Martínez Vargas: con su venia, diputada Presidenta. Quisiera solicitarle de manera respetuosa sea incorporado al Diario de los Debates el documento que motiva el presente punto de acuerdo y se me permita, de manera muy breve, hacer un resumen sucinto del presente. A nombre de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Turismo, participamos en esta tribuna para exponer el siguiente
Punto de acuerdo
Compañeras y compañeros, hace más de 30 años y después de dos décadas se dejaron de construir y de planear en nuestro país centros integralmente planeados; y me refiero desde luego, a la construcción, planeación de Cancún, de Huatulco, de Ixtapa, de Loreto y de Los Cabos. Más de 20 y más de 30 años que estos desarrollos finalmente se construyeron y se consolidaron.
En nuestro país hemos venido de manera permanente disminuyendo los recursos públicos para la Secretaría de Turismo. Pongo un ejemplo: En el año 2000, al inicio del gobierno que está terminando, el presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo fueron dos mil 67 millones de pesos ––dos mil 67 millones de pesos–– y terminamos la administración con un presupuesto para ejercer en el año 2006, de mil 227 millones de pesos para el Ramo 21, de turismo.
Decreció en un 44.5 por ciento el recurso para la Secretaría de Turismo, y sin embargo, siguió existiendo crecimiento. Viene aportando la actividad turística al producto interno bruto alrededor del 8 por ciento, cuando solamente se le designó el 00.6 por ciento del Presupuesto Federal a este rubro.
Basta con voltear los ojos a otras naciones y observar cómo han tenido grandes éxitos en materia turística, cómo han desarrollado grandes ciudades, grandes provincias, para generar empleos, para generar riqueza y el secreto ha sido invertir recursos en el turismo. Ése ha sido el secreto y en México no se ha observado.
Debemos de aprovechar todas las riquezas que tiene nuestro país en cada una de las entidades federativas para potenciar y diversificar los atractivos turísticos y ofertar otros productos. Ojalá que en la próxima discusión de los días que tenemos en puerta podamos estar reflexionando por el tema del turismo.
Muchas legisladoras y legisladores aquí presentes, vienen de entidades federativas con grandes oportunidades de desarrollo turístico y que sin embargo, no se han podido potenciar ni desarrollar porque no existen los recursos necesarios.
Es una de las quejes más apremiantes de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales, que se requieren recursos federales para potenciar estos atractivos, generar empleos y que la derrama económica llegue a toda la población.
Por eso, los 30 integrantes de la Comisión de Turismo, solicitamos el presente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que considere en su propuesta de Presupuesto de Egresos del año 2007, la cantidad de cinco mil millones de pesos para el Ramo del Turismo, con objetivo de fortalecer al sector, incrementar la inversión, fomentar y proporcionar la actividad, además de generar empleos y una importante derrama de recursos en la zona de su influencia.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Intégrese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal de Electricidad, informen sobre la nueva metodología relativa al cálculo de tarifas eléctricas.
El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, señora Presidenta. Diputadas y diputados de esta Legislatura. De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo también 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando a la Secretaría de Economía y con base en la propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar o reestructurar y ajustar las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica.
Así, el 7b de febrero de 2002, el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda, emitió un acuerdo por el que se propuso la modificación de las tarifas eléctricas y la creación de la tarifa doméstica de alto consumo, la reducción de los subsidios a este sector disminuyéndolo parcialmente a los usuarios con consumos intermedios y eliminándolo por completo a los usuarios que registran los mayores consumos.
Como resultado de lo anterior y en virtud de la grave afectación a la economía de las familias asentadas en regiones de altas temperaturas en verano, se expidió otro decreto el 8 de abril del 2002 para crear una nueva tarifa, la 1-F. Sin embargo, para regiones con altos niveles de humedad, este nuevo acuerdo no tiene impacto positivo y los importes por consumo de energía eléctrica son altos.
Esa situación se presenta debido a que los consumos domésticos menores a 140 kilowatts, el subsidio a la tarifa no ha cambiado. Sin embargo, el escenario se complica cuando se dimensiona el consumo de la electricidad que representa mensualmente 140 kilowatts se agotan con el uso muy racional de un radio, un refrigerador, 3.5 focos de 100 watts, una televisión, una plancha, una licuadora y un aparato de sonido.
Esta restricción evidencia la imposibilidad del uso de un sistema de enfriamiento ambiental, a menos que se acceda al siguiente nivel tarifario con el que consecuentemente se incrementa de hasta un 83 por ciento para consumo de 200 kilowatts en la tarifa por electricidad.
Por otro lado y de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, la estructura de las tarifas para el servicio público de energía eléctrica, está constituida por dos categorías de tarifas: las tarifas específicas que son determinadas en primer lugar por el uso de la energía, y las tarifas generales, que se determinan por el nivel de tensión en que los usuarios reciben el servicio y su nivel de consumo.
Así las tarifas específicas vigentes, son más de 15 y las tarifas generales vigentes, son cerca de 20. En ambos casos son aplicables en función de la ubicación del voltaje de suministro de la demanda contratada, del horario de uso y si el suministro es continuo o interrumpible, también.
Tan solo para el sector industrial existen ocho regiones tarifarias y hasta cuatro temporadas de consumo en el año. Para el caso del sector doméstico la diferencia se realiza por nivel de consumo, división de regiones y temperaturas.
Lo anterior muestra que la estructura tarifaria vigente es altamente compleja. Sin embargo, a pesar de esta complejidad, deja de lado factores importantes que influyen en el consumo de energía eléctrica en las entidades federativas con temperaturas cálidas.
De manera específica tendría que considerarse en esta metodología, el factor de humedad relativa como un criterio para la fijación de precios, debido a que la tensión del vapor de agua, aumenta sensiblemente con la temperatura.
Éste es el claro ejemplo del estado de Veracruz, cuya humedad relativa promedio anual es de un 79 por ciento y en verano alcanza temperaturas superiores a los 30 grados centígrados.
Finalmente y de acuerdo al VI Informe de Gobierno, el consumo de energía eléctrica del estado de Veracruz, para el 2005, fue de más de nueve mil gigawatts, esto es, un consumo mayor que en estados del norte del país, cuyas temperaturas son superiores como Coahuila, Chihuahua, Baja California y Sonora.
Así resulta necesaria la inclusión del criterio de humedad relativa para la fijación de tarifas eléctricas y realizar una rezonificación basada en este criterio para la adecuada aplicación de las mismas.
Por todo lo anteriormente expuesto me permito presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a que presenten ante esta soberanía el informe sobre la nueva metodología tarifaria.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que con la opinión de la Comisión Federal de Electricidad realice una revisión de la metodología para el cálculo de tarifas eléctricas e incorpore el concepto de humedad como criterio en dicha metodología.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con la opinión de la Comisión Federal de Electricidad realice una rezonificación para el apropiado establecimiento de las tarifas eléctricas.
Ruego a usted, señora Presidenta, que se inscriba de manera textual todo el documento en el Diario de los Debates.
Y quiero aclarar que este tema no es por ningún momento ni intenta ser una división o una reyerta entre los estados hermanos del norte y los estados del sur, principalmente el Sur-Sureste. Es simple y sencillamente parte del adeudo histórico que el Pacto Federal y que la Federación tiene con los estados más marginados y más pobres que casualmente son los estados del Sur-Sureste y entre los que se encuentra Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Martín Ramos Castellanos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales, a fin de que reparen la carretera Las Choapas-Ocozocuatla del sureste del país.
El diputado Martín Ramos Castellanos: Con su permiso, señora Presidenta. El suscrito diputado federal de la LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo estipulado en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución bajo las siguientes
Consideraciones
Chiapas se integró a México en septiembre de 1824 hace 182 años y fue hasta el año 2003 que la Federación se acordó de nosotros, al construir una vía de comunicación digna en la que se incluye el flamante puente Chiapas, para que los chiapanecos y Centroamérica estuviéramos comunicados con la República Mexicana, con el centro.
La autopista Las Choapas-Ocozocuatla fue habilitada bajo el esquema de concesión durante la presente administración, esta carretera de 198 kilómetros de longitud que abarca parte de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas y es operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos CAPUFE y está concesionada a Banobras.
Pese a que esta carretera es la principal vía de comunicación, entre el centro del país y el estado de Chiapas, el sur de Veracruz, Tabasco y Centroamérica, y que une a los estados mencionados, en la actualidad presenta un grave deterioro a lo largo de su recorrido, lo cual hace que se presente el riesgo de accidentes que ponen en peligro a los usuarios y a sus familias, considerando el uso continuo y el intenso tránsito que esa vía presenta.
La región que comunica esta autopista es rica en recursos naturales y posee una capacidad productiva extraordinaria en materia agrícola, pecuaria y forestal, abastece de esos productos al centro de nuestro país, a su vez, se provee de bienes manufacturados a los estados mencionados. La región abarca importantes zonas turísticas del sureste, es decir, esta ruta tiene un gran significado económico.
Por otra parte, es bien sabido por todos, que el Plan Nacional de Desarrollo, el programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 y el Plan Puebla Panamá, se plantean entre sus principales objetivos el desarrollo de nuestra estructura carretera de la zona Sur-Sureste, por ello resulta inadmisible que una vía como la autopista Las Choapas-Ocozocuatla no se le dé el mantenimiento adecuado y se le tenga en un real abandono, como actualmente se encuentra.
De por sí una cuota de peaje es muy elevada, al igual que todas las autopistas del país, pero dadas las condiciones de deterioro en la que se encuentra, el actual peaje resulta simplemente abusivo.
Es por todo lo anterior que no se entiende el descuido en el que se tiene a esta vía de comunicación tan importante. Es imposible no observar la problemática ni el riesgo existente para todos los usuarios de esta vía, sobre todo para trasladarse a los estados del sur del país.
Por tal motivo y en consideración a lo antes señalado someto a esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al director general del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que lleven a cabo a la brevedad posible las reparaciones pertinentes de la carretera Las Choapas-Ocozocuatla, a fin de que operen en óptimas condiciones de tránsito y brinde seguridad de vía a todos los usuarios.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades citadas en el punto resolutivo anterior, para que informen en un período máximo de 45 días sobre las acciones que se llevarán a cabo para solucionar la problemática planteada y los proyectos que implementarán para dar mantenimiento continuo a esta carretera.
El presente punto de acuerdo los respaldan el diputado Héctor Narcia Álvarez, Rutilio Escandón Cadenas, Holly Matus Toledo, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD. La compañera Martha Cecilia Díaz Gordillo, del grupo parlamentario del PAN.
Andrés Carballo Bustamante, Arnulfo Cordero Alfonso, Antonio de Jesús Díaz Athié, Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Jorge Mario Lescieur Talavera, Arely Madrid Tovilla, Víctor Ortiz Del Carpio, del grupo parlamentario del PRI. Así como los compañeros Anuario Luis Herrera Solís y Abundio Peregrino García, de la fracción parlamentaria del PT.
Todos los diputados federales que representamos al estado de Chiapas en esta LX Legislatura. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Enrique Serrano Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se sancione a Ferrocarril Mexicano por las irregularidades en las vías en el estado de Chihuahua.
El diputado Enrique Serrano Escobar: Con su permiso, diputada Presidenta. Diputados y diputadas. Con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 13 de abril pasado un tren de 110 vagones se descarriló, provocando el desprendimiento de siete vagones con toneladas de sorgo poniendo en riesgo la vida de una familia acampada en un sitio cercano.
Las pérdidas se registraron en más de 100 metros de líneas de ferrocarril destruidas por el arrastre de las pesadas estructuras, siete vagones volcados de los cuales dos cayeron al canal de aguas residuales y la carga de sorgo que se transportaba. El 27 de julio del presente año, nueve vagones de un tren que cargaba toneladas de trigo se descarrilaron atrás del conservatorio quedando dañados y atravesados sobre las vías, desde la avenida de las Industrias hasta la calle 53, lo que ocasionó congestionamiento en todo el sector. La causa del reblandecimiento del terreno y a la mala condición de los durmientes. Los daños ascendieron a la pérdida total de nueve carros y 180 toneladas de trigo.
El lunes 6 de noviembre se descarrilaron 11 vagones, al vencerse cientos de durmientes en el tramo denominado Puente Negro, que cruza el canal de Chubiscar en la ciudad de Chihuahua; quedando varadas seis tolvas de tren, obstruyendo la circulación por más de 24 horas y provocando choque y volcaduras diversas.
Consideraciones
Existe gran preocupación entre los vecinos de la colonia Industrial, ya que éste resulta el segundo incidente en menos de cuatro meses, pero el sexto en lo que va del año.
Ferrocarril Mexicano, mejor conocido como Ferromex, es una empresa privada de transportación de carga comercial, industrial y turística; la cual se ostenta de poseer la red ferroviaria más extensa del territorio nacional y que presta el servicio desde 1998. Es decir, que lleva nueve años a cargo del servicio ferroviario.
Ahora bien, ha sido denuncia del Sindicato de Trabajadores de Ferromex que la empresa no realiza labores de mantenimiento de la vía, prescinde los servicios de cuadrillas de exploración para constatar las condiciones del riel y carga de las góndolas, con pesos por encima de los permitidos. Además de contratar personal clave, sin experiencia en el campo de las vías, lo que deriva en la nula detección oportuna de problemas.
Todo lo anterior en violación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual estipula en sus diversos artículos que, artículo 53, y cito:
"Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga, garantizar en los términos que autorice la Secretaría, los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga".
De igual forma el citado ordenamiento señala que cuando el concesionario no opere, mantenga o conserve las vías férreas en buen estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá nombrar un verificador especial para corregir las irregularidades de las que se trate; así como, la imposición de sanciones por la falta de mantenimiento. Los constantes accidentes que se han presentado en tan poco tiempo, se han convertido en una preocupación colectiva.
Resulta inaceptable que una empresa a la cual se le concesionó el servicio público de transporte ferroviario, mantenga en estas condiciones las instalaciones para su propia operación, arriesgando de manera reiterada la integridad de los habitantes de las zonas aledañas al paso del tren.
No es posible que sigamos esperando más incidentes, hasta llegar al punto de una desgracia lamentable en la existan pérdidas irreparables. Como legisladores y representantes, estamos para tomar nuestras las demandas ciudadanas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo.
Artículo primero y único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se nombre un verificador especial, a fin de que se corrijan las irregularidades; debido al deficiente mantenimiento y conservación de las vías por parte del concesionario en todo el estado de Chihuahua.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación.). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. No habiendo lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada. Comuníquese. Se concede el uso de la palabra al diputado César Flores Maldonado para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para asuntos relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero.
El diputado César Flores Maldonado: Gracias, diputada Presidenta. Señores diputados. Los suscritos diputados federales de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LX Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y 34 incisos a) y b) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Honorable Congreso la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que es del conocimiento público que la Comisión Federal de Electricidad ha estado impulsando para desarrollar en el estado de Guerrero, el proyecto hidroeléctrico La Parota, cuya área de afectación directa abarca, conforme a la información proporcionada por la misma dependencia, 19 núcleos agrarios correspondientes a cinco municipios del estado de Guerrero. Se planea construir esta presa en un área aproximada de 14 mil hectáreas, lo que sería el vaso de la misma.
Segundo. Para la propia Comisión Federal de Electricidad, este proyecto constituye una estrategia para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica dentro del país. Por el gran impacto social que representa esta obra y por la importancia de la inversión, este organismo público del gobierno nos ha manifestado que desea cerciorarse de que esta obra sea socialmente deseable y que ambientalmente sea sustentable y que también económicamente sea rentable.
Tercero. Que en ese sentido y conforme a la misma información de la autoridad de la Comisión Federal de Electricidad, los principios en que se debe sustentar la nueva relación de esta dependencia con la sociedad consisten en equidad social, sustentabilidad, eficacia en las acciones; toma de decisiones participativa y responsabilidad en el cumplimiento de compromisos, para lo cual se plantean las siguientes prioridades estratégicas en torno a la multicitada obra.
A).- Información permanente y participativa, sistemática con las comunidades; evaluar exhaustivamente las acciones; preservar los medios de subsistencia de la población; reconocer los derechos patrimoniales; propiciar beneficios comunes y asegurar un cumplimiento efectivo de las normas.
Cuarto. Que durante el transcurso del presente año diferentes funcionarios de la CFE han estado efectuando reuniones con la población en las localidades afectadas, cuyos resultados han sido diversos, en muchos casos favorables y en muchos otros no a la construcción de este proyecto, aun cuando existe un grupo numeroso de ciudadanos que se ha manifestado y movilizado para impedir la construcción de esta presa. En principio, parte de los afectados dudan que la CFE asuma con responsabilidad sus compromisos.
Por el bien del proyecto hidroeléctrico La Parota, que representa una obra de importancia para todo el país, debemos de tener claro que no se debe imponer por encima de la voluntad de la población afectada, no podemos permitir que eso ocurra y por ello es importante que este Congreso pueda, en todo momento, estar vigilando el caso.
En múltiples reuniones a lo largo del tiempo en que se ha venido proyectando la construcción de La Parota, la población afectada ha manifestado una profunda inquietud debido a la inminente construcción y a muchas dudas…
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, permítame un momentito. La diputada Susana Monreal está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Con una moción, señora Presidenta. Solicitarle de la manera más atenta le pida a los diputados del PAN que están aquí ocupando el lugar y a los del PRD también, por favor, ocupen su lugar porque no permiten que tengamos atención al orador y al desempeño de la sesión.
Con todo respeto, señora Presidenta, le pido que llame al orden para que se pueda desarrollar esta sesión.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Es de atenderse la petición de la diputada y se ruega a los señores diputados ocupen sus lugares en sus curules y presten atención al orador. Continúe, señor diputado.
El diputado César Flores Maldonado: Gracias, señora Presidenta. En ese sentido, es de suma importancia la implementación de acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno, con el fin de mejorar las condiciones sociales y económicas, así como la calidad de vida de la población que se encuentra asentada en la zona que puede resultar afectada por la realización del proyecto hidroeléctrico La Parota.
Por ende, resulta imprescindible que esta Legislatura, en el ámbito de su competencia nombre una comisión especial encargada de dar seguimiento al proyecto citado, en coordinación con la comisión especial de diputados creada por el Honorable Congreso del estado libre y soberano de Guerrero.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo parlamentario
Artículo 1. Siendo que en el proyecto hidroeléctrico La Parota se conjugan intereses de diferente orden y que, como diputados debemos salvaguardar los principios de equidad y justicia con total apego a las leyes, pero defendiendo siempre a los más desprotegidos, esta Legislatura acuerda integrar una comisión especial que se conforme como lo estipulan las leyes.
1. Tendrá las siguientes facultades: realizar un análisis integral, escrupuloso, del proyecto, allegándose opiniones de especialistas en el tema, así como conocer las experiencias de otros proyectos para conocer cómo operan y cómo se han realizado por medio de una auténtica toma de decisiones participativa y constituirse como interlocutor entre las partes.
Yo le pido a la Presidenta que, en obvio de tiempo, se pueda transcribir íntegra en el Diario de los Debates esta proposición y le pido que se turne.
Está firmado por el diputado César Flores Maldonado, del PRD, y por el diputado Marco Antonio Bernal, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, ciudadana Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese íntegro el texto en el Diario de los debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, D. F., 28 de noviembre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en el artículo 20 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al Pleno, en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente del siguiente asunto.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que el Pleno de la Cámara de Diputados expresa su voluntad de fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información y la transparencia.
Sin otro particular, firman el diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina.
En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que el Pleno de la Cámara de Diputados expresa su voluntad por fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información y la transparencia.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete el presente acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1.- Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, se adicionó el artículo 6 de la Constitución General, para consagrar el derecho a la información como una garantía individual.
2.- Que nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto vinculatorios como declarativos, en los que se señala el derecho a la información como un derecho universalmente reconocido e inherente a los regímenes democráticos.
3.- Que el derecho a la información, en tanto garantía fundamental de toda persona, implica el derecho al acceso a los archivos, registros y documentos públicos; el derecho a escoger de entre las fuentes que generan dicha información, las libertades de expresión y de imprenta; el derecho de asociación con fines informativos, así como el derecho a recibir información objetiva, completa y oportuna, es decir, el derecho a atraerse información, el derecho a informar y el derecho a ser informado.
4.- Que ante el impulso de la sociedad y la conjunción de la voluntad en los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, se expidió en el año 2002 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es —como su denominación lo establece— de carácter federal, es decir, que establece derechos, facultades y obligaciones exclusivamente para órganos federales.
5.- Que la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ha tenido resultados benéficos importantes para fomentar la eficiencia en la administración pública y la rendición de cuentas, además de constituir un mecanismo inmejorable para el combate a la corrupción y, por ende, contribuye a la construcción de un Estado más democrático y justo en todos los ámbitos de gobierno.
6.- Que en las entidades federativas es deseable que las legislaciones en la materia busquen establecer principios fundamentales y generales para lograr una homologación del derecho de acceso a la información y que los particulares tengan garantías en el ejercicio del mismo.
7.- Que legislar y fortalecer los instrumentos y mecanismos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, otorga a los gobernados herramientas indispensables para llevar a cabo un control social de los órganos del Estado y para evaluar a sus gobernantes, contando con elementos objetivos de juicio para hacerlo, además de que genera realmente una ciudadanía responsable y participativa que exige rendición de cuentas a sus gobernantes.
8.- Que la protección, respeto y eficacia de un derecho fundamental requiere su fortalecimiento y revisión a la luz de las nuevas experiencias, cambio y evolución de nuestra sociedad.
9.- Que a la fecha se han presentado diversas iniciativas por parte de diputados de diversos grupos parlamentarios, a efecto de ensanchar y perfeccionar el derecho a la información, así como los instrumentos y medios para hacerlo efectivo.
10.- Que en fecha reciente, gobernadores de las principales fuerzas políticas del país han elaborado un diagnóstico y una propuesta para llevar a cabo reformas tendientes a elevar a rango constitucional obligaciones básicas e iguales en materia de transparencia y acceso a la información, misma que es coincidente con la visión que al respecto ha manifestado el órgano responsable de tutelar dicho derecho en el ámbito federal.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión acuerda avanzar en el análisis de las reformas que fortalezcan la garantía fundamental de derecho a la información buscando promover los consensos que permitan aprobar aquellas.
Segundo. Los distintos grupos parlamentarios manifestamos que es de considerarse la iniciativa plural en materia de transparencia y acceso a la información que han presentado a la opinión pública en días pasados en la ciudad de Chihuahua, distintos gobernadores de varias fuerzas políticas para impulsar los entendimientos necesarios que logren el establecimiento en nuestra Norma Suprema de principios mínimos y uniformes observables en todo el territorio nacional.
Palacio Legislativo, Distrito Federal a los 16 días del mes de noviembre del 2006.
Firman, diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputada Aída Marina Arvizu Rivas, Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina.
Es cuanto, señor Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Se recibió de la Cámara de Senadores minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, para presentar punto de acuerdo por el que los titulares de las dependencias competentes informen sobre las acciones realizadas sobre la protección de la porcicultura nacional.
El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente. Los suscritos diputados federales Héctor Padilla Gutiérrez del PRI, Francisco Domínguez Servién, del PAN y Susana Moreal Ávila, del PRD, a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable Asamblea, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Para que el Ejecutivo federal, por conducto de los titulares de las dependencias competentes, explique ampliamente a esta soberanía lo referente a las acciones gubernamentales en torno a la protección de la competencia y libre concurrencia de la porcicultura nacional a la actualización de las normas de calidad y etiquetado de los productos porcinos y al análisis sustentado del riesgo a la salud pública y sanidad animal, bajo las condiciones actuales de inspección y verificación sanitaria en puertos y fronteras.
Antecedentes
Indudablemente que la transición más significativa en las relaciones internacionales de México ha sido la suscripción del TLC que para el caso de su comercio exterior agroalimentario significa más de 90 por ciento del valor total.
Los efectos positivos del TLC en la mayor participación del comercio exterior en el PIB son inobjetables, así como su influencia en el incremento del flujo anual de inversiones extranjeras.
Sin embargo, en el sector agropecuario las importaciones de productos agroalimentarios se incrementaron dramáticamente desplazando a la producción nacional y la balanza comercial agropecuaria es deficitaria para México durante la vigencia del Tratado.
En el ámbito del desplazamiento relacionado con precios diferenciados para productos divisibles, México consiguió una salvaguarda bilateral contra muslos y piernas de pollo de Estados Unidos, al demostrar que ocurrió un incremento significativo en las importaciones y pudo comprobarse una amenaza real de daño a la avicultura nacional.
En la producción porcina ocurre algo similar, excepto que a diferencia de las piernas y muslos de pollo, las piernas y espaldillas del cerdo no cuentan con salvaguarda; complementan su proceso de desgravación desde el 2003 y sus importaciones se incrementaron en dos mil 700 por ciento durante la vigente del TLC, poniendo a la porcicultura nacional en una posición de muy dudosa viabilidad económica.
Finalmente queremos destacar que hemos tenido noticia de intoxicaciones de cerdos con insecticidas detectados en maíz amarillo de importación para uso forrajero y sabemos que es frecuente en el maíz de importación la presencia de aflatoxinas, sustancias producidas por hongos que contaminan los granos sometidos a condiciones inadecuadas de transporte y de almacenamiento, que tienen efectos muy adversos en la producción animal y que además constituyen un riesgo para la salud pública.
Con base en estos antecedentes, creemos pertinente proponer un punto de acuerdo considerando lo siguiente:
Que los porcicultores en México han padecido el incremento unilateral de precios de los insumos básicos como ingredientes alimenticios y fármacos veterinarios, mientras que los precios de sus productos se han desplomado en forma anticompetitiva.
Que consideramos de mayor interés conocer la capacidad efectiva con la que contamos en el país para garantizar la sanidad, inocuidad y calidad de los productos agropecuarios que importamos. Los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, consideramos tomar medidas urgentes al respecto, ya que este importante subsector se encuentra inmerso en una de sus peores crisis y los legisladores de esta Comisión debemos actuar eficientemente para evitar esta debacle que afecta a los productores de porcinos de México.
Por los motivos anteriormente expuestos, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución.
Primero. Solicitar al presidente de la Comisión Federal de Competencia que explique a esta Asamblea cómo las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, podrían facilitar a la Comisión a su cargo investigar la depredación de precios en la cadena de comercialización porcina y de qué manera se puede prohibir o compensar el efecto de esas prácticas. Asimismo, requerirlo para la efectiva investigación de los mercados agropecuarios.
Solicitar al titular de la Secretaría de Economía que exponga ampliamente ante esta Asamblea el programa de la Secretaría a su cargo, para la revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas para garantizar que los procedimientos e ingredientes para la elaboración de los alimentos, no son nocivos para la salud pública y para asegurar que los consumidores mexicanos tengan la información suficiente y clara respecto a la composición de los alimentos elaborados.
Los suscritos, diputados federales integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea este punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Padilla. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Está anotado el diputado Rafael Villicaña García. Tiene la palabra el diputado Rafael Villicaña, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Rafael Villicaña García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas. Para nosotros, los integrantes del grupo parlamentario del PRD, la proposición leída por el compañero diputado nos parece de urgente u obvia resolución.
La apoyamos porque toca un aspecto muy sensible dentro de los ámbitos relacionados con el Tratado de Libre Comercio, particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica y está firmada por legisladores del PRI, del PAN y del PRD.
Se le pide al Ejecutivo que explique ampliamente ante esta soberanía lo referente a las acciones gubernamentales en torno a la protección de la competencia y libre concurrencia de la porcicultura nacional, a la actualización de las normas de calidad y etiquetado de los productos porcinos y al análisis sustentado de riesgo a la salud pública y salud animal bajo las condiciones actuales de inspección y verificación sanitaria en puertos y fronteras.
El problema que se trata se relaciona con los precios de los productos divisibles, como sería el caso de las piernas y muslos de pollo que han tenido salvaguardas en virtud al inusitado incremento de sus importaciones.
En la producción porcina ocurre algo similar, excepto que a diferencia de las piernas y muslos de pollo, las piernas y espaldillas de cerdo no cuentan con salvaguarda.
Complementaron su proceso de desgravación desde el año 2003 y sus importaciones se han incrementado en un dos mil 700 por ciento durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio, poniendo a la porcicultura nacional en una posición de muy dudosa viabilidad.
En Estados Unidos la alta demanda es para lomos y tocinos en un 65 por ciento, mientras que en México la demanda alta es de piernas y espaldillas en un 61 por ciento, productos que en Estados Unidos sólo tienen el 35 por ciento de demanda relativa. Esta diferencia de demanda explica la razón por la cual las piernas y espaldillas constituyen la mayor proporción de las crecientes importaciones globales de carne de cerdo.
Se argumenta que padece el país de un gran rezago en la actualización y elaboración de normas oficiales mexicanas, que se han tenido noticias de intoxicación de cerdos con insecticidas detectados en maíz amarillo de importación para uso forrajero y la presencia de aflactocinas.
Se recomienda apoyar la proposición en sus términos, destacando que éste es un ejemplo importante que muestra la urgente necesidad de revisar y negociar, renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio.
Compañeras y compañeros diputados, yo soy de una región porcina del estado de Michoacán, del Distrito II con cabecera en Puruándiro, que hace algunos años era, ocupaba el primer lugar en la producción de carne porcina y hoy nos encontramos con que la mayoría de los porcicultores ya han abandonado esta actividad, debido a la desigual competencia que existe al exportar hacia Estados Unidos. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Villicaña. Sonido en la curul del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Señor Presidente, con todo respeto le solicito a usted que someta con una moción de orden a la Cámara y que quede constancia que el Partido Acción Nacional está tomando la tribuna en estos momentos. Sí, con todo respeto le solicito lo siguiente. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ha quedado constancia de su dicho en el Diario de los Debates y solicito ese respeto para todos los diputados de todos los grupos parlamentarios a la tribuna. Tiene la palabra el diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler: Gracias, señor Presidente. Subo a esta tribuna nada más para darle el posicionamiento al punto de acuerdo presentado por el compañero que me antecedió, el compañero presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, don Héctor Padilla.
Estamos de acuerdo en que las familias mexicanas tenemos que comer, tenemos que alimentarnos y consumir productos que sean sanos, que sean productos higiénicos, dentro de las normas y los procesos en que México y sus instituciones tienen establecidos como normas para ellos; pero también es importante —y hacemos la exhortación al Ejecutivo federal, a las instituciones— a que vigilen y hagan valer precisamente el Reglamento…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, señor diputado. Solicito a los legisladores que están subiendo a la tribuna hagan favor de abandonarla. Solicito con todo respeto a los señores legisladores que regresen a sus lugares. Pido respeto a los señores legisladores. Hago un llamado respetuoso a todos los señores legisladores para que regresen a sus lugares. Pido a los coordinadores de los grupos parlamentarios que nos ayuden a pedir orden y tranquilidad para que pueda continuar la sesión y vuelvan todos a sus curules. Pido a los reporteros vuelvan a sus lugares. Solicito a todos los que no son legisladores y a los señores reporteros vuelvan a sus lugares. Sonido a la curul del diputado Gamboa.
El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Señor Presidente, con mucho respeto, les pido respeto a mis compañeras y compañeros diputados. Quiero pedirle que declare un receso, señor Presidente, mientras se pone orden ahí abajo y los medios de comunicación van a su lugar y regresen a su lugar por favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (13:34 horas): Se decreta un receso a la sesión y se pide a todos los señores legisladores desalojen la tribuna y solicito a las fuerzas del orden de esta Cámara que nos ayuden a mantener el orden. Solicito que no intervengan. Y pido la prudencia y hago un llamado a la responsabilidad y al honor de los legisladores, para que desalojen la tribuna. Se decreta un receso.
(Receso)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (14:56 horas): Señoras y señores diputados, en virtud de que durante el receso no ha podido restaurarse el orden, se levanta esta sesión; se cita para la que tendrá lugar el próximo viernes a las 9:30 de la mañana, a sesión de Congreso General, en este recinto. Y hago un llamado a todas y a todos los señores diputados a cumplir con sus responsabilidades.
Señoras y señores diputados, se cita en este momento a las señoras y señores coordinadores a una sesión de Conferencia en la sala de juntas de la Mesa Directiva.
Y nuevamente vuelvo a hacer un llamado a todos al cumplimiento del deber y al respeto que le debemos al recinto parlamentario.
Se levanta la sesión y le pido a las señoras y señores de los medios que vuelvan a sus lugares (14: 58 horas).