El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 293 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:17 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Si siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría pone a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Mesa Directiva, mediante el cual se especifican los criterios para las justificaciones de inasistencias y los permisos del propio órgano de gobierno, en términos del artículo 20, numeral 1, inciso B), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Insértese en el Diario de los Debates. Solicito respetuosamente a los señores de los medios, pasar a ocupar sus lugares que tienen reservados.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Erick Marte Rivera Villanueva, diputado federal electo en la V circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados: diputado José Luis Murillo Torres, Angel Rafael Deschamps Falcón, Edgar Mauricio Duck Núñez, José Edmundo Ramírez Martínez, Sara Isabel Castellanos Cortés, José Manuel del Río Virgen y Blanca Luna Becerril.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su cometido)

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadano Erick Marte Rivera Villanueva. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Erick Marte Rivera Villanueva: Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla puedan prestar servicios en las embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, respectivamente, y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Silvia Alejandra Muñoz Cirio, Margarita Rodríguez Ortega, Rosa Claudia Hernández Cavazos y Augusto Humberto Navarrete Corbin, Jr., al gobierno de los Estados Unidos de América.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permito túrnense a la Comisión de Gobernación.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se amplíe, etiquete y desagregue el gasto destinado a las mujeres y adolescentes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 el gasto destinado a la educación pública no sea menor a ocho puntos porcentuales del producto interno bruto, presentado por el senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de septiembre 2006.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 438 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Secretario. El siguiente punto del orden del día es efeméride sobre el aniversario del 12 de octubre, Día de la Raza, y del descubrimiento de América. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo: Con su venia, señor Presidente. Señores diputados, ciudadanos todos. Se ha vuelto necesario medir la cuenta de los años y los catunes transcurridos desde que los hombres grandes y poderosos habitaron estas ciudades. Ellos alzaron los muros de las antiguas ciudades que ahora miramos.

Aquí, en la provincia de la sabana, diremos qué significan todas estas ciudades esparcidas sobre la tierra, todos los edificios que hoy vemos donde quiera posados sobre los cerros, porque todos los días miramos en medio de los cielos la señal de lo que nos fue dicho por los antiguos, de aquí de nuestros pueblos, de aquí de nuestra tierra.

José Emilio Pacheco evoca en su poema "Las antiguas ciudades", el poder fascinante de un pasado glorioso, cuyo brillo a menudo ciega las realidades que hoy millones de nuestros conciudadanos, los descendientes de los pueblos originarios de México, padecen en una cotidianeidad que reclama la justicia, la dignidad y la igualdad.

En este siglo XXI, en la construcción de un México plenamente democrático, los hombres y las mujeres que nos desenvolvemos en las instituciones y la política, no podemos menos que retomar los valores esenciales de la ética. Los valores de la ética nos obligan al reconocimiento de nuestra propia humanidad en la del otro, la semejanza esencial de condición bajo la disparidad de situaciones y actitudes; la permanencia de un respeto que no debe ser alterado ni siquiera para lograr el más deslumbrante de los experimentos.

Es necesario recordar esto hoy que celebramos el ya lejano día del encuentro de culturas, de modos de ver la vida diferente, del comienzo de nuevas expresiones a partir de la amalgama, pero también de segregaciones e injusticia. A ese propósito el lamento y la queja es fácil y suelen sonar bien, pero casi siempre es estéril.

Yo les propongo un posicionamiento positivo sobre el enfoque que el México del siglo XXI debe dar a los asuntos indígenas. Tenemos, en principio, que considerar que los integrantes de pueblos indígenas son mexicanos que le dan identidad y diversidad a la nación, que están en un proceso continuo de profundas transformaciones y que son distintos porque tienen soluciones diferentes a los problemas que se les plantean.

Las más de 60 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país lo hacen plural y rico. Esta característica representa un importante patrimonio, un importante patrimonio cultural, una variedad de saberes y sensibilidades desarrollados a lo largo del tiempo, que se expresan en conocimiento y relación con la naturaleza. En historias, mitos y leyendas, en música, canto y danza, en hábitos de cocina y en objetos de arte, entre muchas otras expresiones culturales.

Se trata de un enorme patrimonio de México, pero esa riqueza se contrapone al hecho de que los índices socioeconómicos reflejan una gran concentración de la pobreza en las áreas indígenas.

Las familias indígenas se encuentran predominantemente en la zona calificad de extrema pobreza. El 83 por ciento de los municipios indígenas se encuentran en las categorías de alta y muy alta marginación. El desglose por regiones demuestra una situación aún más extrema. En las regiones de los altos y la selva en Chiapas, por ejemplo, la desnutrición supera el 80 por ciento.

El informe sobre el desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que México ocupa el lugar 15 en desarrollo económico medido éste por el crecimiento del PIB y otros indicadores macroeconómicos; sin embargo, medido en términos de desarrollo humano, el país ocupa el lugar 52.

Estos indicadores demuestran la impostergable necesidad de la acción institucional para hacer viable el país próspero, justo, legal, estable, democrático y seguro al que aspiramos mayoritariamente.

Ha habido, es cierto, un reconocimiento a las demandas indigenistas en el discurso oficial y en las acciones, pero no debemos negar que muchas veces han sido bastante contradictorias con los actos de gobierno y del Parlamento.

Como legisladores, tenemos la obligación de participar en las múltiples manifestaciones del reconocimiento a los indígenas. Tenemos, en principio, que reconocer que de hecho los indígenas no están sólo en los estados con alta población indígena, sino esparcidos por todo el país, llegan hasta la frontera norte donde a los grupos originales se han sumado grandes conjuntos poblacionales que migran desde el centro y sur del país.

De manera que el indígena forma también parte del modo de pensar en el espacio en las ciudades, de habitarla en la construcción de casas, en los gustos alimenticios o en la vestimenta. También forman parte del éxodo que la falta de oportunidades ha llevado a millones de nuestros conciudadanos más allá de la frontera norte.

México, los mexicanos y, entre otros, los pueblos indígenas, merecen el mayor de nuestros esfuerzos. No podemos permitir que siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda. No podemos tampoco legislar para unos pasando por el derecho de otros, no podemos adornar de riqueza cultural lo que en el fondo es injusticia.

Los mayas, los zapotecas, los seris, o los otomíes, por mencionar ejemplos, son ciudadanos y aspiran a serlo de pleno derecho. Ellos, como todos los pueblos originarios, aportan su visión del mundo y nos enriquecen a todos, y a todos debe de cobijar la ley. Una ley justa, igualitaria es la que debe de brillar.

José Emilio Pacheco…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pido que concluya diputada.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo: ...nuestra intención es verdadera. Queremos leer lo que hay en la faz del cielo al entrar la noche, desde el horizonte hasta el meridiano. Así pues, se inclina. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Martha Cecilia Díaz. Tiene la palabra el diputado Marcos Matías Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Marcos Matías Alonso: Con su permiso, señor Presidente. Mi alocución tiene que ver con las efemérides del día de hoy. Es un acontecimiento histórico que no debemos omitir.

En el tiempo pasado, el 12 de octubre fue considerado como "el Día de la Raza". Hoy, los pueblos indígenas de México lo honramos como "el día de la dignidad y la resistencia de los pueblos indígenas".

Levanto la vista en este recinto legislativo y encuentro el nombre grabado de nuestro gran abuelo Cuauhtémoc y también el de Netzhualcoyotl, el poeta de la voz profunda. Ambos simbolizan la resistencia de 514 años de supervivencia indígena. Enaltezco y admiro su legado histórico.

Señor Presidente, en este día memorable, le ruego me permita relatar un testimonio relevante en la vida de nuestros pueblos: el pasado 27 de abril, el presidente del Banco Mundial visitó una pequeña comunidad indígena en la montaña de Guerrero. Le impresionó ver que los niños recibían clases en el armazón de un viejo autobús que sirve de aula escolar. Los niños recitaron poemas en náhuatl y en su mensaje le hicieron saber su sueño de salir de la pobreza.

Ese día, los niños y las autoridades de la comunidad vieron llegar el helicóptero del Estado Mayor Presidencial sin imaginar que transportaba a uno de los hombres más poderosos en su influencia en el medio internacional. Tampoco imaginaron que las palabras de los niños conmoverían al presidente del Banco Mundial.

Hace un par de semanas en Singapur se celebró la Reunión Anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En la ceremonia de clausura, el presidente del Banco Mundial cerró su alocución con fragmentos de la poesía indígena que escuchó en Acatlán.

Los jefes de Estado, ministros, embajadores y diplomáticos de 180 países, escucharon con interés su discurso. En la parte final de su intervención expresó: "cuando visité Guerrero, el estado más pobre de México, conocí niños que eran los primeros en sus familias que tenían la oportunidad de asistir a la escuela.

Aún tengo presentes las palabras de una niña que compartió con nosotros su sueño de salir de la pobreza y alcanzar un futuro más luminoso. Así como la voz y el pensamiento de los niños indígenas llegó a Singapur en el cónclave del Banco Mundial, en este día memorable, desde mi palabra, he querido que parte de este mensaje se escuche en este recinto legislativo".

El testimonio anterior, constata que los pueblos y las culturas indígenas ya no permanecen encerradas en el ámbito comunitario, han rebasado las fronteras nacionales y están transitando por el mundo globalizado. En el caminar por el mundo, las identidades se mezclan y multiplican.

En este nuevo proyecto político es necesario reconocer el derecho a la diferencia y el derecho a la diversidad cultural, que no es otra cosa que aprender a vivir y a convivir con las diferencias culturales y raciales. Debemos aprender a cohabitar con los negros, los indígenas y los mestizos. Aceptar que todos somos iguales, pero diferentes.

Hoy día, el movimiento de la mayoría de los mexicanos pugnamos por un nuevo sol, el sol del reconocimiento mutuo, la aceptación de lo que hemos sido y seremos hacia el fortalecimiento de una nación más multicultural. Nunca más podemos ni debemos ocultar nuestro rostro indígena, mestizo y algunos de raíz europea. Son todos nuestros. El espejo de Quetzalcoatl se ha llenado de caras y rostros diversos: los nuestros.

Señor Presidente, desde este recinto legislativo hago un exhorto para que construyamos un México cada día más incluyente, capaz de cohesionar razas, identidades, culturas y aspiraciones diversas. Detengamos el fantasma del racismo que ha sido una llaga de dolor que humilla. No posterguemos más la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas de México.

El siglo XXI nos exige dejar atrás los festejos del Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, el mal llamado Descubrimiento de América o el Encuentro de dos Mundos. Es el tiempo de la diversidad cultural y política; es el día de la resistencia y la dignidad de los pueblos indígenas de México y de América.

Nuestras voces cuestionan al Estado republicano que nació y se sustentó con la idea de un solo pueblo, una sola nación y un solo Estado. La realidad es mucho más compleja y nos convoca a asumir fuertes compromisos para desterrar el racismo, la intolerancia, la discriminación y la exclusión que aún padecen nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias a todos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Marcos Matías. Tiene la palabra el diputado Wenceslao Herrera Coyac, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Antes de referirme al propósito que me trae a esta tribuna, a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, solicito respetuosamente me permitan expresar un mensaje a mis hermanos de origen, en el idioma náhuatl, como símbolo de respeto con el México antiguo y con los 62 idiomas nacionales que persisten en la actualidad.

Ipan in tonal tlen majtlak uan ome tonali tlen metstli octubre 1492, ika yolkokolis tikilnamiki nin tonali tlen opanok.

Para nosotros, el 12 de octubre de 1492, nos trae a la memoria recuerdos dolorosos.

Axan, ika pakilis uan ika chikaualis namechmaktilia seki totlajtoltlamachilis, kampa uejka tikualitaskiaj maj ajsi yankuik totlachialis.

Este día, sin rencores y con entusiasmo, pongo en sus manos ideas y propuestas que vislumbran la construcción de un nuevo destino.

Compañeras y compañeros diputados. El 12 de octubre de 1492 ha sido uno de los acontecimientos de gran trascendencia para la humanidad. Este hecho histórico se ha denominado como Encuentro de dos Mundos, entre Europa y América.

Cinco siglos después, todavía pesan sobre los diferentes pueblos de nuestro país: rarámuris, mayas, zapotecos, purépechas, kiliwas, y muchos otros, los signos de la opresión, de la explotación, la discriminación y la exclusión, que son secuelas del régimen colonial que en su momento implantó la Corona española.

No obstante, reconocemos que junto con la ambición desmedida de los conquistadores vinieron también humanistas como los frailes Juan de Zumárraga y Bartolomé de las Casas, entre otros, quienes dejaron testimonio de que el encuentro de dos culturas podría haber sido fraterno, respetuoso y mutuamente enriquecedor como lo desarrolló años más tarde don Vasco de Quiroga al fundar el Colegio de San Nicolás, hoy Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ya como nación independiente, parlamentarios de origen náhuatl como Ignacio Ramírez, "El Nigromante" e Ignacio Manuel Altamirano, de Tixtla, Guerrero, desde esta misma tribuna demandaron el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de México.

En el transcurso del siglo XX, el movimiento indígena demandó mayor participación en la vida del país. Sin embargo, la mentalidad colonialista y paternalista del Estado mexicano, ha limitado la posibilidad de ser actores y partícipes, plenos del desarrollo de la nación.

Sólo con la amenaza de las armas como en la "guerra de castas" del siglo XIX, la lucha armada de los yaquis a principios del siglo XX y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el Estado mexicano ha abierto espacios de diálogo con los pueblos originarios.

Resultado de lo anterior es la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, que aunque constituye un avance, no reconoce plenamente los derechos de nuestros pueblos. Congruente con esta realidad, propongo a esta honorable Asamblea reabrir el debate sobre la controvertida reforma constitucional de 2001 para impulsar los siguientes temas: la representación indígena en los poderes del Estado; el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público en el marco de la autonomía y libre determinación; el establecimiento de un sistema jurídico de procuración de justicia que convalide el derecho tradicional de los pueblos con el derecho positivo; el derecho preferencial a la preservación y usufructo de los recursos naturales; el desarrollo sustentable, acorde a la vocación productiva de las regiones; revisar y reformar el artículo 3° constitucional para que la educación responsa a la realidad multicultural y plurilingüe del país y desarrolle el diálogo intercultural en la formación de los mexicanos del siglo XXI.

Estas acciones contribuirán al restablecimiento de relaciones de equidad para la unidad y el desarrollo nacional.

La historia no la podemos cambiar, por ello seguiremos recordando el hito histórico de 1492. Lo que sí podemos hacer, hombres y mujeres, es construir un futuro para todos los mexicanos, libres de prejuicios, actitudes racistas y excluyentes.

Concluyamos los acuerdos para una revolución social dentro de las instituciones. De no hacerlo así, estaremos dando la razón a quienes piensan que una sociedad de justicia y libertad en México sólo es posible por el camino de la violencia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Wenceslao Herrera. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Alan Notholt Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Alan Notholt Guerrero: Le agradezco, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El 12 de octubre es una fecha para recordar y para analizar con rigor histórico pero más que nada, con visión de futuro.

Para muchos en la actualidad la importancia de las ideas, intenciones y voluntades que llevaron a Cristóbal Colón y sus seguidores a buscar nuevas tierras, puede ser relativa. Pero pensemos que nadie es ajeno a esa herencia, pues de alguna manera todos tenemos un legado de ese hecho. Quinientos catorce años después de su arribo a América, cada americano es parte de ese encuentro entre culturas.

Si bien es fundamental conocer y entender los antecedentes de la situación imperante, es necesario cavilar sobre nuestro presente, ya que de alguna manera en esta región seguimos subyugados. Desde luego que no se trata de un coloniaje como el del siglo XVI, sino a un sometimiento por la pobreza, el hambre, la desigualdad, la devastación de nuestros recursos naturales y el desprecio por nuestros pueblos originarios.

El principal problema de las naciones, como México, es que han negado ese pasado indígena. En este país alrededor del 50 por ciento de la población total vive en situación de pobreza. Más de veinte millones se encuentran en zonas rurales. Ese número está compuesto en su mayoría por indígenas. Este grupo vive en la indigencia.

Señoras y señores legisladores, me refiero a una situación muy dolorosa en la que una persona puede vivir. Actualmente la sobrevivencia de los pueblos indígenas está amenazada por algunos problemas cruciales como son la desigualdad, la pobreza y los conflictos interétnicos.

Hoy millones de indígenas de las diversas comunidades se ven relegados del desarrollo nacional pues, con las limitaciones que el mundo moderno les impone, las desventajas se hacen cada vez más agudas y apremiantes.

Debemos sumirnos en una profunda reflexión, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Sólo de esta manera podremos evitar mayores diferencias sociales. Tenemos grandes desafíos, los que deberemos resolver con creatividad, tolerancia y reflexión.

Con el llamado descubrimiento de América, los europeos advirtieron una diversidad impensable; no obstante, más de cinco siglos después, la realidad sobre los diferentes pueblos no ha sido suficientemente admitida.

Los gobiernos del mundo, por dispares que parezcan, tienen problemas comunes: el efecto invernadero, la lluvia ácida, la reducción de la capa de ozono, la contaminación de los mares, el armamento nuclear, el sida, el tráfico ilegal de estupefacientes, la emigración, por mencionar algunos, perjudican a la humanidad. De tal manera resulta imprescindible alimentar nuestra entereza y rescatar ese vasto significado de ser un pueblo y comenzar a ser percusores de las grandes transformaciones que se necesitan. Con voluntad, con acuerdos, con hechos, podemos salir delante de ese coloniaje mental que aún impera.

De ahí la importancia por fomentar el desarrollo en todos sus órdenes, puesto que sólo a través suyo se acrecientan las capacidades para construir pueblos unidos y preparados. Desde las aulas, desde los centros de investigación, desde las organizaciones sociales y gubernamentales debemos promover el desarrollo nacional y no individual.

Fortalezcamos nuestras pertenencias, nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones para darles su justo valor; encontremos la unidad en la diversidad. Es necesario crear los instrumentos e instituciones para que los indígenas, que todavía pueden y merecen ser atendidos por las diversas instancias gubernamentales, reciban las más amplias facilidades para que mejoren sus condiciones de vida y de esta manera también salvemos la megadiversidad biológica y cultural de la que nuestro país es depositario.

Que esta conmemoración del 12 de octubre obsequie un reconocimiento a nuestro pasado, que sirva para comprender lo que fuimos y determinar lo que somos, que sea un medio para ser y para saber cuál es nuestra ubicación, pero aún más trascendente, qué tipo de país queremos ser.

Tenemos que pugnar por un mundo sano. Cuando Colón llegó a América, se maravilló de las riquezas que encontró en este territorio. En este milenio que apenas comienza, promovamos un redescubrimiento de América, pero aún más importante que ello, impulsemos un autodescubrimiento de América, para enseñarle al resto del planeta que nuestro continente está lleno de un vigor inigualable.

En cada uno de nosotros está la fuerza para iniciar esta lucha por este nuevo futuro, en el que nunca más haya choques entre civilizaciones. Por su atención, muchas gracias.

La Presidente diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Tomás José Luis Varela Lagunas del grupo de Convergencia.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Con su venia señora Presidenta. Compañeros, compañeras legisladores. Nos convoca el día de hoy una fecha que en el calendario de los pueblos indígenas de México, de América y del mundo, es el día de la resistencia, de la autonomía y del reconocimiento pleno a los derechos legítimos de nuestros pueblos originarios

En representación del grupo parlamentario del Partido Convergencia, hago uso de esta tribuna para fijar la postura del mismo con relación a esta fecha significativa para nuestros pueblos indígenas.

Nuestros pueblos originarios han dejado en el pasado los festejos que desde la concepción occidental habían señalado este día como el día del encuentro de dos mundos, del choque de dos culturas, para pasar al día del reconocimiento de la lucha que siguen dando nuestros pueblos indígenas.

Nuestros pueblos originarios siguen padeciendo el olvido, la segregación, la marginación, y son excluidos del proceso de desarrollo, continúan siendo la explotación de sus recursos naturales o son expulsados de sus propias tierras y viven en un estado de agresión permanente a su cultura, costumbres, tradiciones y lenguas.

Por ello, es que sin temor a equivocarnos afirmemos que los pueblos de las culturas originarias de México, son los menos favorecidos por el desarrollo nacional. Corresponde a todos, particularmente a quienes tenemos el privilegio de legislar, sentar las bases que propicien los cambios sociales; contribuir con nuestra inteligencia y voluntad en la superación de los factores de marginación y pobreza de nuestros pueblos indígenas y de los millones de mexicanos que siguen sumidos en la pobreza extrema, la marginación y la discriminación.

No es posible que el gobierno destine únicamente mil 700 pesos anuales para la educación de un alumno indígena. Al hacerlo, es deber de todos actuar bajo el espíritu de la interculturalidad atendiendo al respeto de la dignidad del otro mediante el diálogo y la comprensión mutua.

Es tiempo de dejar de lado todo enfoque paternalista, ya que éste significa una posición de dominio. Es tiempo de dejar de suponer que los pueblos originarios sobreviven gracias a los programas asistenciales del gobierno federal y gobiernos estatales.

Los pueblos originarios de México, no nos piden gran cosa. Nos demandan y les asiste el derecho a ser respetuosos de su historia y de su identidad cultural, a que construyamos relaciones de colaboración, de colaboración y de correspondencia y no de sumisión. A que colaboremos con ellos para la superación de sus carencias, sin pedir a cambio que se sometan a nuestra ideología y patrones culturales.

Sería muy conveniente la afirmación de este Honorable Cuerpo Legislativo, de que siendo una nación multicultural, nos propongamos construir en los hechos y no en el discurso, una nación pluricultural en un marco de tolerancia y respeto entre todos. Éste es el reto mayor y estamos seguros que esta Legislatura lo vamos a alcanzar.

Las letras de oro con el nombre de Benito Juárez García, insertas en el muro de este recinto, sería más un insulto que un homenaje para el Benemérito de las Américas, si por encima de la justicia para nuestros pueblos indígenas pesa más el interés y la mezquindad. Los pueblos indígenas también son México y este México no se explicaría sin los indígenas de ayer, de hoy y de mañana.

No más mexicanos de primera, ni de segunda, ni de tercera, únicamente todos somos mexicanos. Viva México y viva esta nación que es pluricultural. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Mercedez Maciel Ortíz, del Partido del Trabajo.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hoy, 12 de Octubre de 2006, se conmemora el DXIV aniversario de que Cristóbal Colón encontró lo que años después sería conocido como el continente americano. Este hecho marcó el encuentro de dos visiones del mundo.

Además, fue el inicio de la conquista de estas tierras por parte de los españoles y el sojuzgamiento de los pueblos indígenas. Desde ese momento comenzó el saqueo de la riqueza de América Latina y el Caribe, el saqueo de oro y plata. En aquella época, hoy se ha convertido en el saqueo del petróleo, el gas y las riquezas naturales de nuestros pueblos.

También se nos impuso una forma de organización exfoliadora y corrupta. Nos invadieron enfermedades no conocidas en nuestras tierras y se pulverizaron las formas comunitarias de nuestros ancestros. Nuestros antepasados fueron sometidos a un régimen de esclavitud y exterminio, en las tierras que antes fueron suyas y que con motivo de la conquista pasaron a manos españolas.

El descubrimiento devino en conquista y éste en despojo de la riqueza de nuestros pueblos indios. No se puede explicar el esplendor de Europa sin el robo y el saqueo de nuestras riquezas materiales. Por ello, es legítimo que América Latina y El Caribe empiecen a hacer conciencia para exigir a los países conquistadores el pago de una indemnización por el saqueo de sus recursos, tal como ya lo están haciendo en el continente africano y en otras partes del mundo.

A más de cinco siglos del descubrimiento de América, el sometimiento y marginación de nuestros pueblos indios desafortunadamente continua vigente. En este día, es necesario que reflexionemos sobre las condiciones materiales de los indígenas en el continente y en particular de nuestro país.

En Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Veracruz, entre otros estados, donde se concentra el mayor número de población indígena del país, sus condiciones materiales no han cambiado. Los indígenas siguen siendo los más pobres entre los pobres. No obstante la reforma constitucional de 2001 a los artículos 1o, 2o y 4o, los integrantes de los pueblos indios son discriminados, rechazados y excluidos de los beneficios que ha producido el desarrollo económico en nuestro país.

Por esa razón, como una forma de saldar la deuda histórica y social que tenemos con ellos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo reivindica el cumplimiento irrestricto de los acuerdos de San Andrés Larrainzar y el proyecto de reforma constitucional formulado por la Cocopa en la LVI Legislatura del Congreso de la Unión.

Hoy más que nunca debemos tener presente que no podemos aspirar a una sociedad igualitaria, si no somos capaces de tratar con igualdad y con justicia a nuestros hermanos indígenas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. 1492, año de referencia del encuentro de dos mundos, de dos civilizaciones, Europa y América. Dos culturas con historia e identidad propias que quedaron no solamente impregnadas por masacre, crueldad y explotación, sino también por conocimiento, idioma y religión.

Los tlamatimines, sabios aztecas que fueron camino, maestros y guías para los demás en su entendimiento, en su sabiduría, sostenían que los hombres nacíamos inacabados, que no teníamos un rostro y un corazón definidos y era sólo a través de la educación que éramos seres perfectibles.

Sólo ella, sólo la educación podía dar sabiduría a los rostros y enderezar los corazones. Su misión era humanizar a la gente a través de la formación educativa, que para ellos era el fundamento moral de la vida. La influencia que tuvieron estos sabios con sus valores educativos dio cuerpo a los principios mestizos de nuestra cultura.

Hombres como José Vasconcelos y Justo Sierra también entendieron, a diferencia de otras culturas que borraron la herencia de los conquistados, que el mestizaje representó en América Latina una asimilación que nos dio la posibilidad de una historia compartida, con derechos, con nuevas esperanzas.

Los resultados inmediatos del encuentro entre América y Europa fueron muchos, fueron vastos. Se abrieron rutas marítimas, se incluyó a toda una zona en el planeta y en el contexto de aquella época. Los viajes ibéricos impulsaron competitividad mercantil, naviera y tecnológica en la región, pero también generaron ambiciones y nuevas formas de interactuar entre ambas civilizaciones.

Sin embargo, viendo con detenimiento el desarrollo de la historia, hoy tenemos que reconocer que con este encuentro de hace 514 años hemos ganado en entendimiento, en solidaridad y respeto mutuo entre todos los pueblos involucrados. Insistir en el concepto de una América descubierta implica recaer en el añejo vicio de proyectar la historia desde un punto de vista europeo, por esto hoy tenemos que recordar el histórico encuentro de Cristóbal Colón con América desde una perspectiva más amplia, replanteándonos lo que se nos ha contado, para tener un juicio propio de la importancia de la parte negativa y de la parte positiva sobre la cual podremos seguir abonando en la construcción de nuestro país.

Ahora que enfrentamos nuevas formas de colonialismo avasallante es tiempo de revalorar lo que fuimos y lo que somos para seguir construyendo una patria incluyente, con identidad propia; un lugar donde no prevalezca la visión de uno sobre el otro, del fuerte sobre el débil, del que colonizó y el que fue colonizado; donde todos seamos iguales y encontremos hogar común; un país en donde encontremos y compartamos un proyecto de desarrollo construido a través del conocimiento, la educación, el respeto al medio ambiente y los valores.

Agrupémonos, reconozcámonos como iguales, perdonémonos, provoquemos un gran entendimiento en nuestra pluralidad y en nuestra diversidad. Construyamos patria para este siglo que ha iniciado. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Partido Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con la venia de la Mesa Directiva. Legisladoras, legisladores. Para los pueblos y los grupos sociales que han sido discriminados históricamente hacer memoria es hacer política.

Este 12 de octubre de 2006 se cumplen 514 años del descubrimiento de un continente denominado América, también se cumplen 514 años de una colonización que vergonzosamente persiste entre nosotros y que tiene rostro indígena.

La independencia llegó para unos cuantos, los iguales de 1810, a quienes se les otorgó libertad y derecho a participar en los asuntos de la nación no fueron las mujeres, no fueron las personas de piel negra —nuestra tercera raíz—, no fueron los pobres, no lo fueron los diferentes, pero sobre todo no lo fueron los pueblos indígenas.

La colonización persiste y se manifiesta de varias formas en nuestra vida cotidiana. En nuestro lenguaje sigue siendo normal utilizar "el naco" y "lo naco" para designar despreciativamente a todo aquello que no queremos ser.

El racismo sigue siendo, sin duda, lo peor que nos caracteriza a los mestizos. México es de los países más racistas del mundo. Y hoy, hoy es un buen día para preguntarnos: ¿yo cómo discrimino? ¿Cómo se manifiesta mi racismo? Compañeras legisladoras y legisladores. El racismo es curable.

Pero no sólo hemos renegado de nuestro pasado indígena y de nuestra historia. Producto del racismo y la discriminación, hemos resuelto, por decreto, no abordar más el grave problema de las etnias en Chiapas, en Oaxaca, en Hidalgo, en el Estado de México, en Guerrero, en Veracruz, en Yucatán, en Campeche, en San Luis Potosí, en Puebla, en Chihuahua, en Sonora.

En todo el país, la desigualdad y la pobreza se profundizan. Los niños y niñas indígenas y familias enteras no tienen acceso a la educación, a la salud, a la alimentación. En muchos lugares ni siquiera tienen acceso al agua, como en la zona del Alto Balsas, por ejemplo en Guerrero. Y no se diga ya de otros derechos que, según la Constitución, son derechos ganados para todos, como el acceso a la justicia.

En todos esos lugares, la conquista y la colonización persisten. Por todo ello, este 12 de octubre del 2006 hagamos memoria y tomemos conciencia de que nada hemos resuelto.

Chiapas sigue siendo una zona militarizada. Cada día, desde hace 12 años, el ejército se apodera de los caminos en un ir y venir constante; no ha dado tregua y la guerra de baja intensidad sigue siendo el arma que han privilegiado los dos últimos gobiernos para que se mantengan las cosas como están.

¿Pueden imaginar las generaciones de niños y de niñas, de mujeres y hombres que han crecido con la presencia siempre constante del Ejército? Sin duda es otro México. ¿Podremos hacernos cargo de las culpas sin castigo y del castigo sin culpa para abordar, de una vez por todas y con toda seriedad, el tema indígena?

Alternativa insiste y coloca nuevamente en esta tribuna la necesidad de retomar los Acuerdos de San Andrés. El Partido del Trabajo y Convergencia han manifestado ya su interés y a las demás fuerzas políticas les insistimos a que se pronuncien. Otro México es posible.

Compañeras y compañeros legisladores. Legislemos los Acuerdos de San Andrés. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Conde.

Me es grato informar a esta Asamblea que en el marco de la conmemoración de este 12 de octubre, la Presidencia de la Mesa Directiva ha realizado un ejercicio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fin de reconocer el derecho de los pueblos de ser partícipes en la vida democrática del país.

Para ello, en un hecho simbólico, se elaboraron diversos talleres que tuvieron como finalidad traducir el Bando Solemne conocido recientemente por la Cámara de Diputados, a 47 lenguas indígenas, y en breve, con la colaboración y reconocimiento del Instituto de Lenguas Indígenas estaremos en posibilidad de remitir los documentos a todas las comunidades en nuestro país.

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de Ley Reglamentaria de las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. La presente iniciativa es cierto, toca un tema que está a debate por todos conocido, pero quiero destacar que además de ello recoge la propuesta, las ideas de un destacado grupo de abogados en el curso de la jornada cívica previa al 2 de julio y que hemos dado forma en lo que hemos denominado "El parlamento ciudadano, vínculo del gobierno con la sociedad". Y por ello agradezco al destacado constitucionalista, doctor Alberto Peralta, que haya encabezado a este grupo de abogados y haya realizado el esfuerzo de sistematización y ordenamiento de la propuesta que someto a su consideración.

La ley actualmente en vigor sobre la materia que nos ocupa, del 22 de diciembre de 1978, se denomina "Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República", denominación que en sí misma observaría en un análisis riguroso inconsistencia y falta de técnica legislativa, en atención al nombre de nuestra Norma Suprema, de ahí que la propuesta sea Ley Reglamentaria de las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se observa también que nuestra historia constitucional desde 1874, año en el que las referidas atribuciones se incorporaron a la Constitución de 1857, jamás se ha expedido la Ley Reglamentaria que ordena el párrafo final de la fracción VI del citado artículo 76, existiendo, sí, el precedente de una iniciativa elaborada en 1939 por los senadores Nicéforo Guerrero y Wilfrido Cruz, misma que siendo aprobada por el Senado no llegó a aprobarse por la Cámara de Diputados por razones desconocidas.

Consta también en esta Cámara una minuta pendiente de dictaminarse desde el 7 de diciembre del año 2004, enviada por la Cámara de Senadores, conteniendo el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria sólo de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa presentada por el entonces senador y destacado legislador César Camacho, hoy diputado federal, compañero nuestro; misma que fuera dictaminada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Colegisladora el pasado mes de noviembre.

Dicho proyecto, cabe destacar, plantea cuestiones de fondo interesantes, al esbozar las diferencias entre la atribución senatorial contenidas en la fracción VI del artículo 76 de nuestra Constitución, con aquellas otras que pudiendo resultar análogas son asignadas por la Constitución a otros poderes públicos o bien a otras vías de procedimiento.

Esta iniciativa, compañeros y compañeras diputadas, no desestima el esfuerzo realizado para lograr consenso de los señores senadores de todos los partidos y haber logrado en esa minuta un proyecto de reglamentación de la fracción VI. Pero estima también que es necesario abundar sobre el debate y justamente el procedimiento adecuado es esta iniciativa que se propone, como pudiera serlo y lo será en su momento, la discusión que en su caso se dé en la Comisión de Gobernación, en donde está radicada la minuta citada.

Es de destacarse, compañeras, compañeros diputados, que como práctica viciosa en nuestra historia política, se ha invocado la facultad contenida en la fracción V del artículo 76 constitucional como sustituto o alternativa del fincamiento de responsabilidades políticas o de la declaración de procedencia que se regula en el Título Cuarto de la Constitución.

Tales son los casos, lo refiero únicamente, históricamente dados en la desaparición de Poderes del estado de Guerrero el 31 de enero de 1975 y por igual, la declaración de desaparición de Poderes del estado de Hidalgo, el primero de abril de 1975, gobernando entonces Manuel Sánchez Vite.

Los desórdenes sociales, tentativas de insurrección o protestas generalizadas aún siendo justas e incluso legítimas, tampoco facultan el ejercicio de la atribución contenida en la fracción V del artículo 76, siempre que esté en funciones la Legislatura, el titular del Poder Ejecutivo local o el Poder Judicial de una entidad.

En casos de sublevación o trastorno interior, procede en todo caso la intervención ejecutiva de los Poderes de la Unión a excitativa de la Legislatura o del Ejecutivo local, si aquella no estuviese reunida, intervención que procede también de oficio en el extremo caso de la invasión o violencia exterior de conformidad con el artículo 119 de la Constitución.

La facultad de la fracción V del artículo 76, como ya se ha expuesto por varios legisladores de los medios consiste en constatar un hecho preexistente, siendo éste la desaparición de Poderes en una entidad, situación que puede darse de hecho con la muerte, incapacidad física o mental o abandono fáctico de las funciones de todos los integrantes de los Poderes de un entidad y siempre y cuando, como dice la Constitución, no esté previsto en el ordenamiento supremo particular de cada una de las entidades y no se prevea el procedimiento de sustitución.

La presente iniciativa, en otro orden de ideas, plantea también lo concerniente a la atribución contenida a la fracción VI del artículo 76 constitucional que como ya dije ha sido magistralmente expuesta por el senador César Camacho en la minuta que hoy está a discusión en la Comisión de Gobernación de esta Asamblea.

La cuestión de fondo es, ¿qué se debe entender por cuestiones políticas que se susciten entre Poderes de un estado para que la solución de las mismas sea de la competencia del Senado y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Ésta iniciativa pretende abundar, clarificar, pone a debate en todo caso este dilema, el análisis sobre estas diferencias para efecto de establecer los alcances de la citada fracción VI del artículo 76 en comento.

Esta iniciativa sostiene el criterio que la única interpretación constitucionalmente válida de lo que debe entenderse por la expresión "cuestiones políticas" a que alude la fracción VI, es la concerniente a la legal integración, organización y funcionamiento de los poderes públicos locales, cuando ellas no derivan de la expedición de normas, ya que en tales casos estaríamos ante materia de controversias, propia de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o tratándose de temas electorales, en los términos del artículo 99 fracción IV y 116 fracción IV de la Constitución en lo que respecta a los tribunales electorales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya por favor, señor diputado.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: En consecuencia de lo anterior, señor Presidente, hago entrega de la iniciativa y su exposición de motivos en sus términos, para que se integre como tal al Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador Leal. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Esta Presidencia saluda al grupo de jóvenes y de ciudadanos del estado de Puebla que se encuentran en el recinto presenciando esta sesión.

Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Chanona Burguete, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Haré la fundamentación política y algunos rasgos jurídicos de la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía que en su momento será procesada por las comisiones respectivas. Le pido, señor Presidente, respetuosamente, que esta disertación se publique en su integridad en el texto del Diario de los Debates de esta Legislatura.

¿En qué contexto se inscribe el ánimo de reencontrar a los Poderes de la Unión, particularmente al Ejecutivo y al Legislativo? En un momento donde habremos de reconocer todos nosotros, hemos desdeñado por la vía de los hechos la posibilidad de que avance la reforma del Estado.

Hoy el lenguaje político, el discurso político, no escapa a los grandes sustantivos de la ingobernabilidad y la crisis política. Todos estamos —muchos— ya cansados de repetirlo, pero nada hemos hecho para avanzar.

En ese sentido, la reforma del Estado y su análisis concreto, ya está, en mi opinión, listo para que empecemos a procesar los grandes acuerdos que permitan esa revolución institucional de la que tanto hablamos en los corrillos, tanto reconocemos en nuestros cubículos, pero nada hacemos en el marco de nuestras capacidades como legisladoras y legisladores para decir: "mi tarea fundamental es legislar y hacer que se cumpla la ley".

En ese marco, yo quisiera insistir también que todos hemos reconocido que la crisis política estancó la transición democrática; esta transición democrática que se truncó hace tiempo, en mi opinión, desde el momento en que fracasó la alternancia democrática a partir del año 2000, nos ha impedido darle generosidad al discurso político, al debate político entre nosotros para empujar, en mi opinión, lo que pudiera ser el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Aquí llevamos ya más de un mes hablando de gobernabilidad democrática, de la reforma de las instituciones. Aparentemente una visión ideológica dice que sí, otra es más radical en el sentido de decir "o avanzamos o no podremos llegar a una nueva sociedad"; sin embargo, no hemos hecho sino posicionarnos políticamente. Y los posicionamientos son válidos, pero compañeras y compañeros, ya basta de posicionamientos políticos y vamos a legislar y vamos valorando lo que propongamos unos a otros y escuchémonos.

En ese sentido, uno de los ejes de la reforma del Estado es la relación primordial entre los Poderes de la Unión. El Ejecutivo, nos decían, propone y el Legislativo dispone. Eso no es cierto. Ni nos han propuesto correctamente ni hemos logrado disponer adecuadamente. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, yo creo que revisemos el primer eje fundamental y sustantivo: cómo vamos a atacar la inevitable relación entre este Congreso, la Cámara de Diputados, pero incluyo también a la Cámara de Senadores, frente a lo que será el futuro del Poder Ejecutivo y por qué no, el Poder Judicial de este país.

Yo creo que el eje es muy sencillo. ¿En qué hemos fracasado para legislar en esta materia? Muy simple. Hemos preservado intacto el presidencialismo y por lo tanto, la planeación democrática —y empiezo a entrar en materia– ni ha sido democrática ni ha sido la consecución o el alcance de grandes metas para el desarrollo económico, político y cultural de este país.

Hoy, esta relación, –si me lo permiten– si tuviera que caracterizarla, la podría caracterizar como una relación Ejecutivo-Legislativo, como una relación disfuncional, alejada e inclusive -yo diría- autista. En ese contexto, ¿dónde están los agarres, los amarres, los instrumentos que puedan anclar el reencuentro entre Poderes de la Unión?

Yo les pongo a su consideración el primero, y el primero se refiere al Plan Nacional de Desarrollo de este país. Vean ustedes cómo reza en el marco de la Ley de Planeación que hoy está vigente desde los 80, uno de sus principios para que nos demos una probadita de cuántos años llevamos diciéndonos las cosas correctamente, pero no hemos llegado a nada.

Reza el segundo principio del artículo 2o de la Ley de Planeación, dice: "Es responsabilidad del estado la preservación y perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece y la consolidación de la democracia como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno".

Perdónenme, esta Ley ha fracasado, como está destinada en la planeación estratégica y democrática de los próximos años a fracasar. Si no hacemos algo, va a fracasar y no es un asunto de ser una gente con oráculo o pensar que soy agorero de malas noticias. Es un problema de legislación vigente.

En ese sentido, si la Ley de Planeación es vetusta o no la aplicamos correctamente o no la honramos adecuadamente, creo que vale la pena observar lo siguiente: El Plan Nacional de Desarrollo, que es un acto unilateral del Presidente, que no es vinculante con el Congreso pese al artículo 73 constitucional, hoy es un espacio de choque de visiones de país, es una disputa por la Nación y de ninguna manera tiene una concepción integral de lo que quieren las mexicanas y los mexicanos.

¿Cómo encontrar el camino para que se entiendan ambos poderes? ¿Cómo le haríamos? Yo me preguntaría y contesto de manera muy sencilla, para irle pavimentando el camino a mi propuesta. Una es, ya lo dijimos, en su parte más sublime, la refundación de las instituciones y la profunda reforma de las mismas. Eso es muy sencillo decirlo. ¿Cómo le avanzamos?

Yo les propongo muy concretamente en este debate que avancemos profundizando las bases de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y la construcción de Poderes pares en la planeación democrática de este país, que probablemente tenga influjo en la Ley Orgánica que no toco en esta propuesta que hago a esta soberanía.

Por ello, Compañeras y compañeros legisladores, hagamos vinculante el análisis y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Congreso. Hagamos auténtica planeación democrática.

Por todo lo anterior, después de esta fundamentación política con algunos ángulos jurídicos, propongo, señoras legisladoras y señores legisladores, modificar el artículo 26, inciso a), párrafo cuarto, para quedar como sigue: "En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo".

Y asimismo, al ser vinculante, les propongo que el artículo 73 fracción XXIX, deba decir de la siguiente manera: "Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social y analizar y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo, así como expedir leyes en materia de información estadística y geográfica de interés nacional". Dejo en ustedes la altísima responsabilidad de valorar en su momento la fundamentación jurídica de esta propuesta que en mi opinión resquebrajaría el dilema de que tenemos un autismo en donde parecen enemigos autistas el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Chanona. Como ha sido solicitado, insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Diego Aguilar Acuña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Diego Aguilar Acuña: Con su venia, señor Presidente. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de esta honorable LX Legislatura, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social, en materia de trabajadores rurales y jornaleros agrícolas.

Uno de los pendientes históricos que lacera la conciencia de la sociedad mexicana es, sin duda, la desigualdad e injusticia social de quienes fueron propulsores del movimiento revolucionario de inicios del siglo, es decir, los trabajadores jornaleros quienes han sido durante décadas, el sector prácticamente más olvidado y quienes han resentido más el deterioro productivo y social que ha sufrido el país.

Los esfuerzos de los gobiernos federales y estatales para implementar programas de financiamiento e inversiones en este rubro, aunado a la fuerza de trabajo de los jornaleros agrícolas ha traído mejoras al respecto. Sin embargo a través del tiempo se les ha seguido sacrificando sin que exista la mínima consideración de otorgarles el beneficio de la seguridad social completa y mucho menos un sistema de pensiones para su retiro.

Debemos tomar en cuenta que los trabajadores rurales y jornaleros agrícolas, superan en pobreza y rezago social a cualquier sector de nuestra población. No es casualidad, por lo tanto, que estos trabajadores procedan de los municipios con más altos índices de marginalidad en el país. El Estado mexicano y la sociedad estamos endeuda con dichos trabajadores y por lo tanto obligados a velar por la salvaguarda y conquista de sus derechos, reforzando e innovando nuevos esquemas que les permitan mejorar sus condiciones obteniendo beneficios de orden social de manera inmediata, que garanticen la seguridad social para él y sus familias.

Consideremos, compañeras diputadas y compañeros diputados, que en el país laboran en el campo aproximadamente un millón 700 mil trabajadores cubriendo de manera efectiva temporadas de seis y ocho meses al año, ya que un trabajador que realiza su actividad productiva y cualquier otro trabajador que no sea en el campo deberá cotizar aproximadamente de 30 años para alcanzar las mil 250 semanas que le dan derecho a una pensión.

Por el contrario, un trabajador del campo tendrá que cotizar, considerando su labor discontinua, aproximadamente de 40 a 46 años para tener acceso a esta mínima pensión generando un estado de abandono e incertidumbre, por lo que es necesario con base en los principios sociales de igualdad y seguridad social garantizarle el derecho a una pensión digna, por lo cual proponemos que este tiempo laborado por los jornaleros agrícolas del país sea contabilizado para efectos de cotización de semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, es fundamental la implementación de un esquema que le permita acceder a una pensión decorosa, integrada inicialmente con 800 semanas aproximadamente para cada trabajador jornalero agrícola considerándolo para tales efectos como trabajador eventual permanente, identificado con su número único de seguridad social a través de una tarjeta para tal efecto. Estas cotizaciones podrá hacerlas efectivas el trabajador una vez cumplido los 60 años de edad, aun si el mismo tiene una cuenta individual, con vísperas al término de su etapa productiva.

Por estas consideraciones, presentamos al Pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social.

Artículo primero. Se adiciona un párrafo al tenor. Los trabajadores rurales, jornaleros agrícolas que queden privados de trabajos remunerados a partir de los 60 años tendrán la garantía de 800 cotizaciones para el cómputo de su pensión, contando con la obligación del Instituto de ofrecer las prestaciones que garantice este capítulo. Para tales efectos y en extensión de beneficios, el Instituto proporcionará a los trabajadores un número de afiliación y el carnet que lo acredite como trabajador permanente.

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Compañeras y compañeros diputados, quiero informarles que hemos tenido reuniones con productores de hortaliza en diferentes estados del país con el propósito que el Seguro Social llegue a acuerdos y que consideren a nuestros compañeros eventuales como trabajadores permanentes, como todos aquellos trabajadores que laboramos en las fábricas, de tiempo completo.

Ya es tiempo que a estos compañeros mexicanos se les dé el lugar que les corresponde. Ellos tienen el mismo derecho que todos y uno, que todos y cada uno de aquéllos que han laborado en diferentes fábricas. Y los productores agrícolas están de acuerdo en llegar a estos arreglos para que el Seguro le dé esta garantía a los compañeros trabajadores agrícolas que emigran de distintos estados del país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Diego Aguilar. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es de primera lectura.

Esta Presidencia recibió de la diputada Layda Elena Sansores San Román, del grupo parlamentario de Convergencia, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que, previo calendario acordado con esta representación popular, comparezca cada cuatro meses ante el Pleno de la Cámara de Diputados para informar el estado que guarda la administración pública federal. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la palabra el diputado Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda reintegre al Presupuesto de la Sagarpa el resto de los recursos presupuestales que formaron la reserva estratégica.

El diputado Isidro Pedraza Chávez: Gracias, compañeros. El que suscribe, diputado Isidro Pedraza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición, como un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante junio del presente año, los productores agrícolas del país sufrieron un golpe más por parte del Poder Ejecutivo, en una reunión de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, con el secretario de Agricultura, licenciado Francisco Mayorga, y sus subsecretarios.

Se confirmó que se había conformado una reserva precautoria del presupuesto de la Secretaría de Sagarpa, por cuatro mil 800 millones de pesos del presupuesto para el campo. En esta reunión, la única explicación consistió en señalar que eran disposiciones del secretario Francisco Gil Díaz y que se afectaban programas fundamentales de la Secretaría de Agricultura.

Como a lo largo de todo el sexenio, el Poder Ejecutivo desatendió los mandatos de la Cámara de Diputados en cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobando y demostrando en este caso, su desprecio por el sector rural. El recorte representaba 9.5 por ciento del presupuesto original aprobado por la Cámara de Diputados.

Para la Sagarpa implicaba importantes recortes en programas prioritarios para el desarrollo rural y de pesca. Se afectaban programas como el de la Reconversión Productiva, de Alianza para el Campo, que disminuía en 37 por ciento su presupuesto, y el de microcuencas, que bajaba 36 por ciento, entre otros.

Se recortaban en 36 por ciento, los recursos destinados a programas de Alianza para el Campo, que contribuyen a elevar el nivel de vida de los productores pesqueros y sus familias. Programa que el Ejecutivo había pretendido casi desaparecer en el proyecto de presupuesto, pero que los diputados en la LIX Legislatura, habían resarcido en el presupuesto aprobado.

De inmediato la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en voz del senador Abel López Sánchez, solicitó una explicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura sobre las razones por las que estaban implementando reservas precautorias al Presupuesto de Egresos de la Federación 2006; en virtud de que dañaba dramáticamente el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

El órgano legislativo solicitó que se detallaran los recortes que se hicieron al presupuesto destinado al desarrollo rural sustentable, pues se trataba de una modificación presupuestal sin bases jurídicas. Dicha reserva precautoria no está establecida legalmente y no tiene sustento; por el contrario se trata de recursos aprobados por el Congreso de la Unión, para ser destinados a los productores del campo.

Asimismo, el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural pidió que se explique por qué se debilitó económicamente a este sector, de por sí vulnerable, justo a unos meses de que se libere por completo la competencia comercial agropecuaria con Canadá y Estados Unidos.

De inmediato intervinieron los gobernadores de los estados. La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, hizo una amplia convocatoria a todos los sectores, no sólo del estado, sino a nivel nacional, con la certeza de que el sector y la entidad estarían en un caos si el gobierno federal persistía en el recorte. La mandataria reitero que un recorte tan injusto significa un impacto gravísimo para el campo y señala que de recortarse significaría un desastre para el campo y complicaría más la situación de miles de familias, que entrarían en abandono de enormes proporciones y sin duda se registraría una mayor marginación.

A la petición de que se liberaran los cuatro mil 800 millones de pesos correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2006, debidamente aprobados por la Cámara de Diputados; se sumaron los gobernadores durante el Seminario de Discusión sobre Políticas Públicas del Campo Mexicano, efectuado en la ciudad de Morelia. Esta propuesta fue respaldada por los secretarios de Desarrollo Agropecuario de las entidades federativas.

Por su parte, las organizaciones de productores apuntaron que la reserva contribuía a la generación de un ambiente adverso en el campo y agravaba el de por sí ya descompuesto contexto político del país.

Ante esto, el pasado 15 de septiembre el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, en gira por Zacatecas, informó que la Secretaría de Hacienda, reintegró al presupuesto de la dependencia dos mil 500 millones de pesos de la reserva precautoria, que se determinó en cuatro mil 870 millones. Mayorga Castañeda, destacó que varios gobernadores, entre ellos la de Zacatecas, hicieron su tarea para que buena parte de esos recursos regresaran y se pudieran fortalecer algunos proyectos productivos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Concluya, por favor diputado.

El diputado Isidro Pedraza Chávez: Voy a terminar. Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que informe a esta Cámara de Diputados los motivos y el marco jurídico observado para integrar las reservas precautorias al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a la brevedad, sean reintegrados al presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el resto de los recursos presupuestales que habían integrado la reserva estratégica con la fecha de 28 de septiembre de 2006.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Daniel Pérez Valdés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía.

El diputado Daniel Pérez Valdés: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea. Esta soberanía se ha caracterizado por defender, con justo sustento, los intereses nacionales que representa la agroindustria azucarera mexicana, tanto por el empleo que genera, del que dependen más de 2.2 millones de mexicanos asentados en 227 municipios en 15 estados de la República, como por lo que implica en términos de la seguridad alimentaria del país.

Por un lado, la Subsecretaría de Comercio Interior de la Secretaría de Economía anunció en fecha reciente la fijación de cupos de importación de azúcar por parte de la autoridad, de 90 mil y 100 mil toneladas de azúcar, con el argumento de bajar en un 22 por ciento los precios del endulzante en el mercado doméstico.

En contrapartida, voces representativas del sector privado señalaron que la autorización de cupos de importación constituye un error debido a que hay suficiente producción para satisfacer la demanda del azúcar del mercado interno.

La autoridad, para aclarar su intervención en la fijación de cupos de importación declaró a los medios que las primeras 90 mil toneladas se asignaron a la maquila y Pitex que producen chocolates y dulces de exportación.

El segundo cupo, por 100 mil toneladas, lo dividieron en dos: 50 mil toneladas para las comercializadoras, destacando entre ellas Carlyle, mientras que las 50 mil restantes se repartieron 30 mil a refresqueros y 20 mil para confitería y alimentos con azúcar. Para complicar más la situación le dieron 50 mil toneladas a Costa Rica y 27 mil a Nicaragua, sólo por razones comerciales.

Antecedentes. El 29 de agosto de 2006 la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera le demostró a la Secretaría de Economía, que existían suficientes inventarios de azúcar para abastecer el mercado doméstico, contando con existencias al 30 de septiembre de 2006, de un millón 166 mil 733 toneladas de azúcar, con una proyección de inventarios al 31 de octubre de 2006, de 702 mil 68 toneladas y con un cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2006, de 542 mil 900 toneladas de azúcar.

Sin embargo, el 30 de agosto de 2006 la Secretaría de Economía asignó un cupo de azúcar de 90 mil toneladas otorgadas a los importadores de 2005, que en su mayoría tiene como destino empresas multinacionales. Adicionalmente, ha anunciado un cupo de 100 mil toneladas de azúcar pese a que no existe déficit del producto ni riesgo de desabasto ante la cercanía del inicio de la zafra 2006-2007.

El viernes 22 de septiembre del año en curso se publicó un acuerdo que fija el cupo de 50 mil 845 toneladas para importar azúcar originario de Costa Rica en 2006. Y otro acuerdo más por el que se da a conocer el cupo de 26 mil 761 toneladas para importar de Nicaragua en 2006.

La concentración de precios se está dando en las tiendas de autoservicio y, por lo mismo, los cupos que ha fijado la autoridad han beneficiado directamente a la industria maquiladora, a la refresquera y a comercializadoras multinacionales, sin que los consumidores finales se vean beneficiados por una baja en los precios de azúcar, los refrescos, los dulces o los alimentos.

La afectación en la cadena productiva por estas decisiones de la autoridad se refleja en los precios de la caña y de la tonelada de azúcar en los ingenios.

De nada sirve que bajen los precios al mayoreo si no se da un beneficio directo al consumidor final. En cambio sí perjudica y daña la estructura productiva nacional de la agroindustria azucarera.

Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Requerir la presencia del titular de la Secretaría de Economía para que, en un período no mayor de 30 días explique a esta Asamblea los criterios utilizados para fijar cupos de importación, cuando somos un país superavitario en la producción de azúcar.

De igual manera exhortarlo para que no se autoricen más cupos de importación hasta en tanto no quede debidamente demostrado que hay faltantes de azúcar o que existe plenamente identificado el riesgo de desabasto de azúcar en el país. Señor Presidente. Pedimos que sea de urgente u obvia resolución. Es cuanto, señor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Con qué objeto, diputado.

El diputado Celso David Pulido Santiago (desde la curul): Con su venia, señora Presidenta. Para sumarnos al punto de acuerdo todo el grupo parlamentario del PRD, en los términos presentados este punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Que tome nota la Secretaría. Gracias, diputado.

Este punto de acuerdo estaba para turnarse a comisión. En vista de que el diputado ha hecho la petición de urgente resolución, se pide a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación).

Señora Presidenta. Hay dos terceras partes por la afirmativa; por lo tanto, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta. Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País, suscrita por diputadas de diversos grupos parlamentarios.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros y compañeras legisladores. Acudo a esta tribuna para presentar la proposición con punto de acuerdo para crear y dar continuidad a la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País, presentada por legisladores y legisladoras de seis grupos parlamentarios.

La violencia en el México del nuevo siglo continúa en auge, parece no tener límites. La sociedad está indefensa ante este panorama. La furia y brutalidad de acción de los delincuentes es incontrolable.

Un escenario de estas características es detestable, pero lo es más cuando se agrede a mujeres de todos los rincones del país, donde el perfil de los actos sigue siendo el tráfico de mujeres, de sus órganos, la violación y tortura.

Aunado a ello continúan las viejas prácticas que debemos erradicar con firmeza: la exclusión, la falta de oportunidades, la discriminación y el maltrato, con lo cual el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y de la sociedad agraviada se vuelve más difícil y complicado.

A pesar del grave problema de la violencia contra las mujeres y de la obligación de parte de las instituciones de satisfacer la demanda social de dar solución a los feminicidios nos indica que no ha sido fácil convencer a sus titulares, ya que algunas autoridades continúan reaccionando con resquemor, desconfianza, con demora, burocratismo y hasta con rechazo para dar solución a los asesinatos de niñas o mujeres.

Lamentablemente esto no ocurre en una sola región del país o en un solo estado; dichas prácticas se han generalizado en todo el país.

Otros aspectos en los cuales se debe profundizar están relacionados con los asesinatos, las desapariciones, la trata, la prostitución forzada, la violencia familiar, la explotación y cualquier otra forma de violencia contra niñas y mujeres, a fin de terminar con la información amañada, sexista y misógina, para de esta manera colaborar en el esclarecimiento de la violencia feminicida, acabar con la impunidad que la caracteriza y hacer realidad el ideal de nuestra Constitución, el de la impartición de justicia.

Por ello es importante conocer las causas, los tipos de violencia, sus mecanismos sociales, culturales y jurídicos, para poner en marcha políticas de gobierno tendientes a prevenir, atender y sancionar esos delitos.

Lo anterior significa que debemos dar continuidad a los esfuerzos de la Comisión Especial de la LIX Legislatura, para consolidar un conjunto de acciones que contribuyan a crear una política de Estado capaz de hacer frente y erradicar la violencia feminicida, en particular, y todas las formas de violencia contra las mujeres.

En esta nueva etapa, la Comisión Especial sumará sus esfuerzos con las Comisiones de Equidad y Género de las Cámaras de Diputados y Senadores, en las iniciativas y acciones que impulsen en la protección de los derechos de las mujeres.

Por ello, someto a consideración de este Pleno, para que se turne a la Junta de Coordinación Política y en obviedad del tiempo le pido a la Presidenta de la Mesa Directiva, se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates y someto a su consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se crea en esta soberanía y en el marco de sus atribuciones, la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País, tendientes a fortalecer el esfuerzo de las distintas instituciones en sus tres niveles de gobierno, esclarecer y procurar la impartición de justicia.

Segundo. La Comisión Especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Esta Comisión de Investigación contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.

Firman la presente iniciativa por el Partido Alternativa, la diputada Elsa Guadalupe Conde; por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Yolanda Rodríguez; por el Partido Nueva Alianza, Blanca Luna y por el Partido de la Revolución Democrática, Rosario Ortiz y Rosa Elia Romero. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Díaz de León Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de la administración pública federal competentes, a reconocer el valor de la mujer rural y otorguen mayores recursos a los programas destinados a su atención.

La diputada Leticia Díaz de León Torres: Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputada.

La diputada Leticia Díaz de León Torres: Compañeras y compañeros diputados.

Los que suscriben, diputada Leticia Díaz de León Torres y diputado Francisco Domínguez Servién, pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo para exhortar a esta Cámara de Diputados a reconocer el valor de la mujer rural y a las secretarías de la administración pública federal, responsables de dar atención a la mujer rural, a fortalecer sus políticas públicas en esta materia, bajo la siguientes

Consideraciones

El 15 de octubre se celebrará el Día Mundial de la Mujer Rural y el 17, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, por lo que es importante detenernos a reflexionar estos temas tan importantes.

La celebración del Día Mundial de la Mujer Rural, surgió en la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer, realizada por la ONU en Pekín, en septiembre de 1995, como resultado de las propuestas de la Federación Internacional de Productores Agrícolas, de la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres; pero no sólo ese día debemos de reconocerlas, sino por la diversidad de labores que asumen para el bienestar de sus familias y comunidades día con día como madres de familia, comerciantes, campesinas y agricultoras en la producción de alimentos.

Es por todo esto, que por el impacto que tienen sobre la producción mundial de alimentos, que se decidió celebrar el Día de la Mujer Rural, un día antes del Día Mundial de la Alimentación.

Cuando el acceso a las oportunidades y recursos son iguales, tanto las mujeres como los hombres han demostrado ser eficientes, dinámicos y participantes indispensables en el desarrollo. Juntos, en la granja y en todos los niveles sociales, mujeres y hombres representan una formidable asociación para lograr la seguridad alimentaria en el Siglo XXI.

Se propone reconocer debidamente la conducción jurídica y social de ellas, ya que a menudo carecen de facultades para adquirir derechos de propiedad sobre la tierra o tener acceso a servicios como créditos, insumos agrícolas, capacitación y enseñanza.

La definición de la agricultura como profesión masculina, ha impedido que las trabajadoras rurales tengan un trato equitativo en las labores del campo. Aunque hay varios textos que lo abordan, nunca está de más reiterar que las mujeres trabajan en el campo alrededor de 15 horas diarias; en promedio, cinco más que las del hombre, porque ellas atienden tareas productivas y reproductivas.

Las mujeres rurales tienen menor oportunidad para trabajar por cuenta propia y aportan un mayor porcentaje en las tareas no remuneradas. Las entidades estatales podrían reconocerlas como actores productivos capaces de tomar sus decisiones, en lugar de personas a quien hay que dar recursos de manera asistencial y sin consulta.

Las mujeres siempre hemos ocupado un lugar importante en nuestro mundo y más en la actualidad. No obstante ello, muchas mujeres aún hoy se encuentran injustificadamente sometidas a la pobreza, la marginación, la violencia, el abuso y la ignorancia.

Estamos seguros que la mujer en el campo, como encargadas del cuidado de la empresa agrícola, ante la ausencia de su marido, puede y debe ser considerada como salvaguarda del campo, como guardiana del ambiente, como una posición privilegiada para conservar los recursos naturales, especialmente de la diversidad biológica de las distintas especies de flora y fauna del suelo y del agua. Es por ello que proponemos el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Que esta soberanía reconozca el valor de la mujer rural y que en el marco del 15 de octubre, apruebe la entrega de un reconocimiento a las presidentas de los comisariados ejidales y comunales del país. Son 982 presidentas que representan el 4.0 por ciento de 24 mil 671 presidentes de comisariado que existen; y 61 presidentas comunales que representan el 3.1 por ciento de mil 968 presidentes comunales.

Segundo. Exhortar a las secretarías de la administración pública federal, responsables de dar atención a la mujer rural a que fortalezcan sus políticas públicas mediante la creación de programas con una asignación adecuada y suficiente de recursos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, a fin de que realicen avances significativos en la erradicación de la pobreza, la marginación, la violencia y el abuso que padecen nuestras mujeres del campo. Esto beneficiaría a 540 mil 769 mujeres que tienen actualmente derechos parcelarios.

Señora Presidenta, le solicito que se proponga a consideración del Pleno este punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. A petición de la…

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada, ¿con qué objeto? Si le dan sonido a la curul de la diputada, por favor.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Diputada, para apoyar el punto de acuerdo y si se logra el número suficiente de votos, para subir a la tribuna a razonar mi voto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea, a petición de la diputada, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se han inscrito ante esta Mesa la diputada Yary Gebhardt Garduza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra la diputada Yary Gebhardt Garduza.

La diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Hemos escuchado con detenimiento la proposición con punto de acuerdo que nuestra compañera legisladora ha presentado hace un momento.

Consideramos que es de suma importancia la asignación de recursos suficientes a programas prioritarios para abatir la pobreza y eliminar el rezago de ciertos sectores de la sociedad. Es ampliamente conocida, para todas y todos los aquí presentes, la situación en la que se encuentran las mujeres rurales. Ellas son doblemente marginadas por su condición de ser mujeres y por su condición rural.

No estamos pidiendo dádivas, estamos exhortando al Poder Ejecutivo federal para que a través de sus secretarías asigne recursos suficientes a los programas enfocados a mujeres rurales.

Las legisladoras que nos antecedieron reasignaron más de dos mil 800 millones de pesos a programas enfocados al adelanto de las mujeres, de los cuales más del 50 por ciento fueron enfocados a los programas dirigidos a mujeres rurales, como por ejemplo 500 millones al Promusag y Fomur, entre otros.

Por ello, consideramos de suma importancia que el Ejecutivo federal se sensibilice sobre este tema que tanto lacera al campo mexicano, asignando recursos suficientes y haciendo sus reglas de operación más flexibles para que las mujeres rurales puedan acceder a estos apoyos plenamente. Nos adherimos al punto de acuerdo.

Las y los legisladores, tenemos un compromiso con la sociedad pero sobre todo con las y los ciudadanos que más lo necesitan. Es necesario reactivar el campo mexicano. Es necesario revalorar las situaciones de las mujeres rurales y otorgarles lo que legítimamente les corresponde. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso diputada Presidenta. Por supuesto que mi fracción parlamentaria apoya que se le dé un reconocimiento a las comisarias ejidales y comunales de nuestro país, porque el llegar a esos espacios para ellas implica romper mitos, romper tabúes y romper prejuicios.

Entonces, por supuesto que apoyamos esta iniciativa y también por supuesto, es algo que podemos ver ya en la recientemente instalada Comisión de Equidad y Género. Pero para ninguna y ninguno de nosotros es desconocido la crisis permanente que ha vivido el campo en nuestro país. El modelo económico que tenemos en las últimas décadas, ha despreciado, ha olvidado y ha relegado el apoyo al campo.

La consecuencia de la pobreza de las mujeres, no solamente tiene que ver con que por generación espontánea ellas son más pobres y son más relegadas sino que tiene que ver con nuestro modelo económico que ha privilegiado las exportaciones de productos agrícolas y podemos hablar de cualquiera de los productos que se producen de manera tradicional en México, alcanzando producciones solamente de subsistencia y en muchas ocasiones, ni siquiera eso. Creo que ahí tenemos que poner un punto muy importante.

Además, la falta de apoyo al campo ha generado que los hombres emigren y la consecuencia de esto es el abandono de la producción agropecuaria. Por supuesto las mujeres son quienes han tomado en sus manos la producción agrícola de subsistencia. Dijéramos que ellas tienen una producción que les permite vivir y tener un recurso extraordinario.

Pero la marginación con la que las mujeres trabajan, la falta de la posesión de la tierra, la falta de créditos, los recursos y la asistencia técnica, empeoran las condiciones de las mujeres. Además, también las mujeres en el campo son quienes tienen menor escolaridad y el mayor número de analfabetas son mujeres. Ahí por lo pronto, de lo que se trata es de impulsar programas integrales que permitan que las mujeres tengan acceso a la salud, tengan acceso al empleo, a la capacitación, a la formación y a una vida digna.

El índice de la población femenina que habita en las localidades rurales, equivale al 25 por ciento de las poco más de 50 millones de mujeres residentes en la República mexicana. En las áreas rurales, de 886 mil hogares son jefatura femenina, el 50 por ciento son nucleares; el 33 por ciento son extensos, es decir, conviven con otros parientes de la jefa de familia; y 16 por ciento de mujeres que viven solas.

Las ocupaciones se asocian directamente con el nivel de instrucción y el bajo promedio de escolaridad.

Por lo pronto es necesario que haya políticas públicas de apoyo al campo. Aquí vamos a recibir el presupuesto, vamos a aprobar el presupuesto y necesitamos impulsar que haya presupuestos etiquetados para las mujeres rurales. Necesitamos también programas integrales de salud, educación, capacitación, vivienda y que abarque todos los índices de desarrollo humano que garanticen a las mujeres una vida digna en el campo.

Tenemos que cambiar nuestro modelo económico para el campo. Esto creo que va a ser muy difícil pero es un reto. Y nosotros en la Cámara de Diputados, nosotras y nosotros, como diputados, tendremos que garantizar que las mujeres del campo, y también las de las zonas rurales, de las zonas urbanas, tengan mejores condiciones de vida.

La responsabilidad de que las mujeres están en estas condiciones de marginalidad, de pobreza y de enfermedad, es el gobierno federal que no ha impulsado políticas de apoyo y reactivación del campo.

Apoyamos esta iniciativa de reconocimiento a las mujeres que participan de los órganos en sus comunidades, pero necesitamos hablar y fijarnos también en las mujeres rurales de manera integral. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Antes de pasar a la votación, esta Presidencia se congratula y saluda la presencia de los alumnos de preparatoria del "Colegio Williams".

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa… (votación). Los diputados y diputadas que estén por la negativa… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa… (votación). Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la solicitud de declaratoria para el rescate del predio rústico El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Baja California Sur, por su condición peninsular es una entidad cuyos pobladores nos hallamos permanentemente identificados con nuestros mares. De ellos obtenemos trabajo, sustento, recreo e inspiración. Y en sus aguas encontramos las rutas que nos señalan que más allá de nuestras playas también hay patria.

Con fundamento en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Mediante oficio número PM423/2006, el Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, del estado de Baja California Sur, solicitó a la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, que proceda a rescatar, por interés público y beneficio social, una fracción del predio rústico denominado El Zalate, localizado en la jurisdicción de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, con una superficie de cinco mil 186 metros cuadrados.

Segundo. Históricamente hoy en día en el inmueble aludido llamado también playa Palmira o balneario Palmilla, se realizan actividades diarias de esparcimiento familiar, de pesca y museo, y eventualmente algunos actos solemnes.

Tercero. La propiedad en mención fue donada el 19 de octubre de 1978 por el señor Manuel González Canseco a la autoridad estatal o municipal que indicara la Dirección General de la Junta Federal de Mejoras Materiales, el acto jurídico respectivo fue protocolizado el siete de noviembre de 1978 y a partir de 1985 quedó registrado en la Dirección de Catastro a nombre de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Cuarto. El ayuntamiento de Los Cabos obtuvo informes de que mediante decreto publicado el 21 de diciembre del año 2004 se dio a conocer un acuerdo emitido por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del cual, se desincorpora del régimen del dominio público de la federación, una superficie consistente en nueve mil 791 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, así como las instalaciones y construcciones existentes en la misma, localizada en el balneario Palmilla y se autoriza su enajenación a título oneroso a favor de la persona moral denominada Palmillas San José Inmobiliaria, S.A. de C.V., para que la actualice como complemento de un desarrollo turístico, resultando afectada con este decreto una superficie de 1,449.71 metros cúbicos de los 5,186 metros cuadrados que corresponden al predio objeto de donación.

Quinto. El 12 de noviembre del año 2005 según se expone en el boletín de prensa número 333 publicado por el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, el gobierno federal, representado por la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, concretó la venta del balneario Palmilla a la sociedad mercantil indicada, en la que también se encuentra incluida una fracción de terreno correspondiente a la zona federal marítimo-terrestre, que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales es un bien de uso común, del dominio público de la Federación, y por lo tanto no es susceptible de enajenación.

Sexto. Los hechos señalados contravienen lo dispuesto en diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales y del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y se traducen en el más claro agravio en perjuicio a los intereses de la Sociedad así como al gobierno del estado de Baja California Sur y al municipio de Los Cabos.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta la importancia del asunto, nos permitimos presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que anule el acuerdo de desincorporación de 9,791 metros cuadrados emitido a favor de la persona moral denominada Palmillas San José Inmobiliaria, S.A. de C.V., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2004.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que de manera urgente emita la Declaratoria de rescate del bien inmueble señalado en los espacios anteriores, por considerarlo invariablemente patrimonio del gobierno del estado de Baja California Sur y del gobierno municipal de Los Cabos para uso y disfrute de toda la sociedad, afirmación que se sustenta en la documentación que se anexa al presente. Es cuanto diputada Presidente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se concede el uso de la palabra al diputado Arnoldo Ochoa González del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía convoque al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior Ciencia y Tecnología de México.

El diputado Arnoldo Ochoa González: Con su venia señora Presidenta. El rasgo distintivo, compañeros diputados y compañeras diputadas, de la sociedad contemporánea es el cambio, múltiples y aceleradas transformaciones económicas, políticas y culturales caracterizan este momento. De acuerdo con la UNESCO estamos viviendo la tercera revolución producto de los cambios en las tecnologías de la información y estamos en los albores de la sociedad del conocimiento.

De acuerdo a los investigadores Brunner y Epple Berry, el conocimiento de base disciplinaria y registrado internacionalmente, demoró mil 750 años en duplicarse por primera vez, contando desde el inicio de la era cristiana. Luego duplicó su volumen cada 150 y después cada 50, ahora lo hace cada cinco años y se estima que para el año 2020 se duplicará cada 73 días. Hay obstáculos que se oponen al advenimiento de las sociedades del conocimiento compartido. La brecha digital, la brecha cognitiva y la concentración del conocimiento.

¿Cómo está nuestro país en su sistema de educación superior, en la ciencia y la tecnología, respecto a los avances mundiales? México ocupa el penúltimo lugar en el producto interno bruto per cápita entre los 30 países de la OCDE, lo que significa que somos una de las economías más endebles.

De acuerdo con datos de la OCDE, los mexicanos con edades entre 25 y 64 años, tenemos un promedio de 8.7 años de educación, Estados Unidos tiene 14 años, el promedio de los países de la OCDE es de 12 años.

Según cifras de la UNESCO, la tasa bruta de escolarización del grupo de edades de 19 a 24 años, atendidos por el Sistema de Educación Superior en México, es apenas el 23 por ciento; mientras Alemania tiene el 51 y Estados Unidos el 81 por ciento. Si continuamos con la misma política educativa tardaríamos 30 años en alcanzar los niveles que tiene actualmente Estados Unidos.

En América Latina; México al igual que todos los países fueron evaluados por el Instituto de Estadística de la UNESCO. Países como Barbados, Granada, Perú, Uruguay, Cuba, Bermudas, superan a México en cobertura de la educación superior. Esto tiene que ver con la falta de una política de Estado y tiene que ver con el financiamiento.

En 2001 se destinó el 0.62 del producto interno bruto a educación superior. El año pasado solamente se ejerció el 0.57 del producto interno bruto en educación superior. En gasto por alumno del sistema público en educación superior, México ocupa el octavo lugar en América Latina, por debajo de países como Argentina, Cuba, Costa Rica, Colombia, Panamá. Ya no somos la primera potencia en América Latina, tampoco en educación.

En investigación, en la ciencia y la tecnología, respecto de la formación de personas con posgrado, mientras en el año 2003 se graduaron en México un mil 443 doctores, en Brasil fueron siete mil 729, en Corea, siete mil 623 y en Estados Unidos 45 mil 075.

Los recursos humanos empleados, también son reducidos particularmente en ciencia aplicada y desarrollo tecnológico. En el año 2004 se empleaban seis mil 251 personas, dependientes de los centros públicos de investigación.

Se tiene que reconocer que diversos objetivos planteados por las políticas públicas, no se cumplirán plenamente si no cuenta con políticas de Estado para la educación, la ciencia y la tecnología, que trasciendan los programas y metas sexenales.

La carencia de una política de Estado hace que el gasto público que se destina a las instituciones de educación superior y a los centros públicos, no cuente con fuentes permanentes estables de financiamiento.

Para establecer una política de estado en la materia, se debe tener la convicción de que el conocimiento, la educación y la investigación, se traducen en desarrollo e innovaciones tecnológicas y son factores determinantes del crecimiento económico.

Por política de Estado se entienden las políticas públicas que cumplen al menos con cuatro condiciones. Una visión de largo plazo y, por tanto, son transexenales, su diseño es resultado de amplios consensos entre los diferentes niveles de gobierno y las fuerzas políticas del país y se obliga a los gobiernos a considerarla en sus planes y programas de desarrollo.

Este punto de acuerdo, compañeros diputados y diputadas, lo firman junto con un servidor, Héctor Larios, coordinador del PAN, Javier González, coordinador del PRD, Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, la compañera Marina Arvizu, por Alternativa, Miguel Angel Jiménez, por Nueva Alianza, Ricardo Cantú, por el PT y también lo firma Emilio Gamboa por el Partido Revolucionario Institucional y también por el diputado Jorge Zermeño, Presidente de la Mesa Directiva, al igual que mis compañeras vicepresidentas y mis compañeros secretarios.

Proponemos definir una política de Estado para el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología, resultante de un pacto nacional entre los tres ordenes de gobiernos: los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las comunidades académicas y la sociedad. Concluyo, señora Presidenta.

Por lo anterior, se propone un punto de acuerdo para que se convoque, a través de esta Cámara de Diputados, al Primer Foro de Consulta sobre Educación Media Superior, Ciencia y Tecnología de México, en donde podamos realizar en noviembre este foro y se forme, a la brevedad, un grupo de trabajo plural que refleje la pluralidad de esta Cámara de Diputados.

Compañeros, mucha gente espera bastante de esta Cámara de Diputados. Es el tiempo de los legisladores, hagamos juntos, lo más importante, que es diseñar políticas de Estado. Le pido compañera Presidenta, ordenar la inscripción íntegra del punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señores diputados, señoras diputadas y agradezco al diputado Tonatiuh Bravo Padilla, a la diputada Silvia Luna, de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y al compañero Estefan Chidiac, de la Comisión de Hacienda, el apoyo a este punto de acuerdo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Andrés Carballo Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Cacao.

Se rectifica el trámite anterior, para remitirse a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Andrés Carballo Bustamante: Con su permiso, Presidenta. México es un importante exportador de cacao en grano, su producción se concentra principalmente en los estados de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, siendo las dos primeras entidades las que contribuyen con él en un 99 por ciento de la producción nacional.

Por mencionar la importancia en la producción del grano, en el estado de Tabasco su cultivo da sustento económico y social a una parte significativa de su población, ya que de esta actividad dependen en la actualidad aproximadamente 45 familias.

En las zonas productoras de los estados del sureste, la producción del cacao se comercializa mediante dos canales: a través de la Unión Nacional de Productores de Cacao, y compra aproximadamente el 50 por ciento de la producción, y el otro 50 por ciento se comercializa a través de las empresas comercializadoras privadas.

Los productores envían cacao en baba o lavado para su fermentación en los centros de recepción, propiedad de las asociaciones de productores, y posteriormente la Unión Nacional de Productores de Cacao se encarga de clasificarlo y venderlo en grano o en sus derivados, que son distribuidos a los fabricantes de chocolates.

Esta actividad, por simple que parezca, exige en la actualidad de nuevas y eficaces normas, apoyos y recursos, que plantean los nuevos mercados. Sí, ésos, los globalizados sobre todo si nuestras expectativas de coadyuvancia con un agro sólido en sus bases, estructuras y competitivo en los mercados internacionales.

Las proyecciones de la FAO indican que la producción de cacao en América Latina aumentará de 397 mil toneladas a 520 mil en el año 2010, con expectativas de que la producción en México crezca 0.5 por ciento, muy por debajo de otros países como Brasil, del cual se espera un incremento de 2.2 por ciento.

México ocupa el undécimo lugar en superficie cultivada de cacao a nivel mundial, presentando 83 mil 158 hectáreas en comportamiento de su producción, en el período comprendido entre 1993 a 2003, es decir que en 10 años ha decrecido en 10.33 por ciento. Esto es, de las 53 mil 986 toneladas producidas en el año 1993, su producción vino a la baja con 48 mil 405 toneladas en el año 2003.

En el ciclo de producción del presente año, según informes del Sistema de Información y Estadística Alimentaria y Pesquera de la Sagarpa, al 31 de agosto de 2006 se obtuvieron 33 mil 921 toneladas en 60 mil 725 hectáreas sembradas.

Como se puede observar, ante la evidencia de las cifras no podemos ni debemos permanecer pasivos ni tampoco apliquemos un remedio paliativo a un problema mayúsculo. Saquemos de su marasmo a la industria cacaotera, contribuyamos conjuntamente con las autoridades de una manera creativa, propositiva.

Integrémonos a su inercia de trabajo en la creación de un programa rector del cacao que recoja las verdaderas necesidades de nuestros amigos los productores, que con tecnología, financiamiento accesible y transparente demos esquemas modernos de comercialización y asistencia técnica, nos permita establecernos nuevas metas y retos en sus niveles de producción. En la actual administración los cupos de importación para el cacao se han incrementado en más de 100 por ciento, pasando de 2.0 miles de toneladas en 2001, a 5.4 en 2004.

La perspectiva anterior sobre el crecimiento de la producción cacaotera nacional se debe a que esta industria enfrenta diversos problemas como son: bajos precios y rendimientos, problemas en la comercialización y organización, como consecuencia de la estrategia de globalización y liberalización del mercado; los cuales han generado desintegración de las asociaciones y falta de capital para pagar oportunamente a los productores.

Las asociaciones para comercializar las cacaoteras carecen de asistencia técnica, de capacitación, de capital para mejorar sus rendimientos y de canales de comercialización.

Por lo tanto, proponemos

En primer término. Crear la Comisión Especial del Cacao, cuyo objeto será dar seguimiento y vigilar los recursos destinados a la industria cacaotera para diseñar planes y programas de fomento al desarrollo de esta industria con visión de corto, mediano y largo plazos para generar ventajas competitivas para el sistema productivo del cacao, mediante la integración de desarrollo y la regionalización de la cadena productiva de dicho producto.

Segundo. La Comisión Especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial del cacao funcionará por la duración de la LX Legislatura o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediera antes.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Transportes y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía investiguen lo relativo a las condiciones laborales por la venta de Mexicana de Aviación.

Antes se rectifica el trámite dado a la proposición del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza y se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras diputadas y diputados. Someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a las comisiones de Transportes y de Trabajo y Previsión Social para que investiguen las condiciones de la venta realizada de Mexicana de Aviación al Grupo Pozadas y los efectos previsibles en los derechos laborales de los trabajadores de la línea, así como esté atenta a las negociaciones laborales entre la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y la empresa Mexicana de Aviación, con el objeto de proteger el capital humano de esa línea aérea, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 de septiembre de 2006, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación comunicó a las autoridades laborales su decisión de desistirse del emplazamiento a huelga en Mexicana de Aviación.

La empresa consideró que la revisión salarial en ceros, consecuencia del desistimiento, no es suficiente para asegurar la estabilidad de las fuentes de trabajo y la viabilidad de largo plazo de la empresa e insiste en reducciones en costos del orden del 30 por ciento, que muy probablemente se contempla con cargo a los trabajadores.

Tanto Mexicana como Aeroméxico, las empresas más tradicionales e importantes de bandera nacional eran controladas desde 1995 por Cintra que, en su mayor parte era propiedad de Nacional Financiera y que se creó para capitalizar y reestructurar los pasivos de ambas empresas.

Posteriormente fueron rescatadas, entre comillado, por el IPAB, que le pagó su parte a Bancomer a valores artificiales y premeditadamente elevados.

Una vez saneada con cargo al erario, Mexicana de Aviación se vendió a finales del 2005 en la ridícula cantidad de 165 millones de dólares, cuando se había estimado un valor de 400 millones, al Grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga.

Hoy todavía reclama reducción del precio y ya despidieron a cerca de mil 800 trabajadores de confianza y sindicalizados, seguramente con el propósito de disminuir las obligaciones laborales y vender la empresa en condiciones para contratar nuevo personal a una línea aérea extranjera, simulando la parte mayoritaria nacional con prestanombres mexicanos.

Éste es el mismo mecanismo, obteniendo cuantiosas utilidades que hemos observado en los fines de sexenio, como fue el caso de Banamex.

Es importante destacar que en octubre de 2005, en comparecencia a solicitud de la Comisión de Comunicaciones de la LIX Legislatura, al anunciarse la venta de las líneas aéreas Cintra, informó a los diputados que en el 2004 obtuvo utilidades, por primera vez desde el inicio de la crisis del 2002. Ello a pesar del crecimiento considerable en el precio de la turbocina.

Asimismo, tanto Aarón Dichter, subsecretario de Transportes, como Andrés Conesa, Presidente del Consejo de Administración de Cintra habían ofrecido que no habría despido de personal con la venta de Mexicana a Posadas y ello está ocurriendo, además de la cancelación de prestaciones y reducción de salarios que puede ser el modelo de lo que ocurrirá con Aeroméxico cuando se privatice.

Por eso es que en Convergencia condenamos que las privatizaciones sean para hacer maniobras que repunten pingües ganancias a sus ejecutores y presumiblemente a los funcionarios involucrados en este tipo de operaciones.

Por ser el desarrollo de la transportación aérea y la inversión que el Estado ha comprometido en sus dos principales líneas nacionales, como sector estratégico de primer interés nacional, y en virtud de que hay un recurso valioso, que es capital humano, que ha sido capacitado y certificado al contar con los conocimientos, habilidades y destrezas para garantizar las condiciones máximas de calidad en el servicio, además de la seguridad de la aeronave y de su operación, y a fin de proteger la integridad física de los usuarios, me permito someter a esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, a las comisiones de Transportes y de Trabajo y Previsión Social para que se analice, investigue e informe a fin de aclarar ante la representación nacional las condiciones de la venta realizada de Mexicana de Aviación al grupo Posadas y los efectos previsibles en los derechos laborales de los trabajadores de la línea y lo que se espera de la privatización próxima de Aeroméxico.

Está a su consideración. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvante manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, no hay dos terceras partes, por lo tanto no hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes y de Trabajo y Previsión Social.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Marcela Cuen Garibi, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la ONU.

La diputada Marcela Cuen Garibi: Con su venia, señora Presidenta. Honorable Asamblea. Marcela Cuen Garibi, diputada federal en esta LX Legislatura, a nombre propio y del grupo parlamentario de Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual esta soberanía, teniendo presente la conclusión de las negociaciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para elaborar una Convención Internacional para Promover y Proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad, propuesta por México, exhorta al gobierno federal y a la Cámara de Senadores para que México sea la primer nación en firmar y ratificar dicho instrumento, lo anterior fundamentado en las siguientes

Consideraciones

Desde su creación, la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de mejorar la situación de las personas con discapacidad, para lograr su plena integración social y productiva.

El interés de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad tiene su origen en los principios que dieron cimiento a su fundación, mismos que están en los derechos humanos: las libertades fundamentales y la igualdad de los seres humanos.

Como se afirma en diversos instrumentos emanados de la Organización de las Naciones Unidas, relacionados con los derechos humanos, las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones frente al resto de las personas.

Al término de la octava ronda de negociaciones celebrada en agosto pasado, los 192 países de la ONU trabajaron muy cerca con organizaciones no gubernamentales y finalmente consiguieron adoptar este convenio que obligará a los gobiernos a tomar medidas específicas a favor de las personas que sufren alguna discapacidad.

Según cifra aportadas por la propia Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 500 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial.

Otras cifras aportadas por los mismos organismos internacionales revelan que el 20 por ciento de las personas más pobres del mundo tienen discapacidad y su marginalidad se refleja en el ámbito educativo. Un ejemplo de ello es que el 90 por ciento de los niños con discapacidad no asista a la escuela.

En el plano nacional, la administración del Presidente Fox tuvo la sensibilidad del tema de discapacidad al instalar la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad, sustituida por la creación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, por mandato de ley.

Es preciso reconocer los avances y aciertos que este gobierno ha tenido al impulsar y poner en la agenda nacional el tema de la discapacidad, pues si bien la idea de esta convención fue lanzada por Italia hace dos décadas, el Presidente Fox la hizo suya y fue quien reactivo en el 2001 esta iniciativa que dio como resultado en 2002 la creación del Comité Especial para la elaboración y negociación de este documento.

Así también, es preciso destacar y reconocer la aprobación, en abril del 2005, de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en este tema: lograr la igualdad de oportunidades, una cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad y la integración laboral de ellas son algunas de las asignaturas pendientes cuya tarea corresponde no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, Judicial y a la sociedad en su conjunto.

Las personas con discapacidad suelen ser objeto de discriminación a causa de los prejuicios y la ignorancia. Además es posible que no tengan acceso a los servicios esenciales. Por esta razón, es importante que México mantenga dentro de la agenda nacional el tema de la discapacidad a través de la implementación y armonización en leyes y políticas en los instrumentos internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Que la Honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal, para firmar la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una vez que se abra este proceso en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a que, firmada la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de conformidad con sus atribuciones y compromiso con las personas con discapacidad, ratifique a la brevedad dicho instrumento que da lugar a su armonización y aplicación en la legislación mexicana y en las políticas públicas que sean necesarias.

Solicito, señora Presidenta, se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. Se toma nota por la Secretaría de su petición. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, suspenda la puesta en marcha de la reforma de la educación secundaria.

El diputado Miguel Ángel Solares Chávez: Con su venia, diputada Presidenta.

Al conocer en agosto del año 2005 la puesta en marcha del plan piloto de la entonces llamada "Reforma Integral de la Educación Secundaria" (RIES), el gran historiador mexicano Álvaro Matute, miembro de número de la Academia Mexicana de Historia, advirtió que si bien es cierto que todas las reformas se planean en los escritorios, éstas no obstante, se hacen vivas en los salones de clase, pues si no es así, las transformaciones no sirven para nada; es decir, son un fracaso.

Y justamente la ahora llamada "reforma de educación secundaria", implementada a partir del presente ciclo escolar 2006-2007, está destinada al fracaso porque el magisterio nacional no la hizo suya ni desde el principio ni tampoco actualmente, ya en operación.

Los maestros, quienes son parte sustantiva de cualquier reforma educativa por ser ellos los directamente involucrados en ponerla en práctica, han expresado públicamente su inconformidad por considerarla una imposición de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a las que les imputa haber llevado una consulta simulada entre el magisterio del país y que únicamente buscó avalar un proyecto hecho desde el escritorio y no desde la experiencia académica y docente.

A la inconformidad y el rechazo del magisterio, se sumaron las voces de destacados historiadores, pedagogos, geógrafos y otros especialistas en materia educativa, por la visión estrecha y reduccionista del nuevo mapa curricular de la educación secundaria.

En un foro realizado en julio pasado por el periódico "La Jornada", los ponentes coincidieron en que la reforma de secundaria, de origen nació viciada por su carácter centralista y vertical, excluyendo a los actores fundamentales del proceso educativo, esto es, maestros, alumnos y sociedad en conjunto.

También criticaron el ocultamiento en que se llevó a cabo la reforma de educación secundaria, lo que ejemplifica el autoritarismo de este gobierno, la falta de articulación en los contenidos de la enseñanza secundaria con los niveles básico y medio profesional y la preponderancia de contenidos curriculares desarticulados, orientados a un modelo educativo globalizador y neoliberal.

Y es que entre otras cosas, la reforma reduce a dos años la enseñanza de historia, ética y civismo, en un momento en que el proceso globalizador persigue el establecimiento de un pensamiento único y la desintegración de las identidades nacionales; además, hay un solo curso de geografía de México y del mundo y se compactan las materias de física, química y biología en una sola asignatura.

Otro problema del nuevo mapa curricular es que desatiente cuestiones importantes en la formación integral de los educandos como son las actividades artísticas y la educación física. Es evidente que la educación secundaria requiere una reforma a profundidad, pero ésta debe ser planteada en otros términos, particularmente partiendo de dos elementos centrales: uno, ¿qué país queremos y necesitamos? Y, dos, ¿qué sujetos sociales queremos formar?

En consecuencia, es pertinente que se suspenda la reforma de la educación secundaria, dado que no cuenta con el consenso del magisterio del país y existen diversos problemas en su aplicación, como es el desconocimiento de los nuevos planes y programas de estudio por los docentes, la no entrega a tiempo de los materiales para los maestros y los cuestionamientos de especialistas y expertos por la visión reduccionista y poco integradora en la formación de los educandos.

A fin de analizar y evaluar la reforma de la SEP y plantear un proyecto incluyente y participativo, es necesario que se forme un grupo plural de trabajo integrado por todos los involucrados en el quehacer educativo, particularmente el magisterio nacional, así como especialistas en la materia de las instituciones públicas de educación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito proponer al Pleno de esta Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita de la manera más atenta y respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, suspenda la aplicación de la reforma de la educación secundaria dado que no cuenta con el consenso del magisterio del país y existen diversos problemas en su aplicación, como es el desconocimiento de los nuevos planes y programas de estudio por parte de los docentes; la no entrega a tiempo de los materiales para los maestros y los cuestionamientos de especialistas de las disciplinas que integran el nuevo plan de estudios de secundaria.

Segundo. Asimismo, a efectos de realizar una verdadera reforma de la educación secundaria y que cuente con el respaldo del magisterio del país, se propone la creación de un grupo plural de trabajo integrado por funcionarios de máximo nivel de la Secretaría de Educación Pública: los titulares de educación de los 31 estados de la República Mexicana, los representantes de todas las expresiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los legisladores de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados.

Concluyo, diputada Presidenta.

Tercero. A partir de que se constituya el grupo plural de trabajo, en un tiempo no mayor de 30 días hábiles, sus integrantes establecerán conjuntamente un programa de trabajo tendiente a revisar y evaluar la reforma de la educación secundaria y plantear un proyecto incluyente, participativo y académico.

Para lo anterior, deberán emitir también en el lapso referido anteriormente, una convocatoria pública y abierta a especialistas de las disciplinas involucradas en la educación secundaria. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Tiene la palabra el diputado Mario Mendoza Cortés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el presupuesto 2007 se incluya la construcción de un instituto tecnológico de nivel superior en el estado de Puebla.

El diputado Mario Mendoza Cortés: Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados. La educación y la infraestructura y, sobre todo carretera, son básicas para que un pueblo alcance su desarrollo y su crecimiento económico.

En el estado de Puebla se tiene una geografía accidentada en amplias zonas del territorio. Ello ha limitado una expansión efectiva en su infraestructura carretera y sobre todo, en sus diversas comunidades del Valle de Tehuacán Najalpan y de la Sierra Negra, donde de acuerdo al segundo conteo del INEGI en el año 2005, en esta región habita una población total de 472 mil 754 ciudadanos, quienes por sus actividades laborales, comerciales, tienen la necesidad de trasladarse diariamente. Sin embargo, en esta región se cuenta solamente con un eje carretero de dos carriles que van del municipio de Tehuacán al municipio de Cozcatlán, que limita con el estado de Oaxaca.

Esta infraestructura es insuficiente para el flujo vehicular y el caos que provoca durante los días sobre todo que el comercio alcanza su máximo auge. Esta falta de infraestructura carretera no sólo ocasiona molestar a la ciudadanía sino que afecta en gran medida a la actividad comercial de la zona y con ello el rezago económico de sus habitantes, sobre todo para quienes viven alejados del citado eje carretero, pues solo cuentan con accesos de caminos rurales en mal estado.

Por ello, es necesario y fundamental para los habitantes del valle de esta región y la Sierra Negra, ampliar a cuatro carriles el eje carretero estatal en el tramo comprendido de la ciudad de Tehuacán al entronque con la carretera a San Gabriel Chilac, así como el tramo carretero que va del municipio de Zinacantepec a la comunidad de San José Tilapa, municipio de Cozcatlán, limites con el estado de Oaxaca.

En lo referente a la infraestructura carretera de los municipios del estado de Puebla que se ubican dentro de la Sierra Negra, es urgente la construcción de la carretera que comunique a la comunidad de Tepatzacoalco, municipio de Vicente Guerrero, con el municipio de Tehuilpango, estado de Veracruz, que beneficiará a un total de 20 mil 391 habitantes. Así como la construcción de un puente que comunique a la comunidad de Tepatzacoalco, municipio de Ajalpan, con la comunidad de Tehuilpango, estado de Veracruz. Con esto, beneficiaremos a un total de 54 mil 740 habitantes.

La pavimentación de la carretera que comunica a la comunidad de Zacacoapan, municipio de Notzochitlán con la comunidad de Temazcalapa, estado de Veracruz, beneficiando a un total de 11 mil 347 habitantes.

La pavimentación de la carretera que comunica a la comunidad del Tepeyac, municipio de Notzochitlán con la comunidad de Limonostitla, municipio de Tezonapa, estado de Veracruz.

Es oportuno señalar que en esta zona, carente en infraestructura carretera, se ha llegado al extremo de ocasionar un aislamiento intermunicipal que hace muy complicada la comunicación de los centros de población y por ende, la actividad económica se ve afectada, lo que conlleva a una marginación social y económica de los habitantes.

Aunado a lo anterior, en esta región del estado de Puebla, hay también una carencia en cuanto a los servicios de educación superior pues en las últimas fechas se ha registrado un crecimiento poblacional estudiantil, quienes a falta de espacios educativos se ven obligados a trasladarse a ciudades que tienen concentrado el servicio educativo en las ciudades más importantes, y de los cuales sólo un número limitado son profesionistas y lo que es peor, difícilmente encuentran empleos contables.

En otros casos, por la falta de recursos económicos, terminan abandonando sus estudios lo que provoca un enorme analfabetismo en la juventud y el único recurso que les queda es emigrar a los Estados Unidos.

Ante tales circunstancias, es urgente que se destinen mayores recursos al estado de Puebla y una partida especial para que en el Valle de Tehuacán y Sierra Negra, a fin de que se constituya un instituto tecnológico entre los municipios de San Francisco Altepeji, San José Miahuatlán, San Sebastián Zinacantepec y San Juan Ajalpa.

Es oportuno señalar también que en los próximos años, el desarrollo del estado dependerá en gran medida de los programas regionales y de la aplicación de proyectos productivos que deberán de elaborarse en instituciones de nivel superior mediante la investigación, el conocimiento de nuevos métodos para detonar la economía regional y con ello elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo anterior y a fin de que el estado cumpla con su ineludible responsabilidad en materia de desarrollo e infraestructura carretera y educativa, solicito a esta soberanía considere esta proposición con punto de acuerdo:

Unico. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incremente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, una partida especial dentro de lo que corresponde al estado de Puebla para la construcción de las obras prioritarias a que he referido con antelación. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

El diputado Humberto López Lena Cruz: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El derecho a la libertad de prensa y de expresión, así como el derecho a la información, son garantía constitucional consagradas en el artículo 6° y 7° de nuestra Carta Magna.

Corresponde a los Poderes del Estado impulsar acciones que fortalezcan su pleno respeto. Pero en nuestro país estas garantías se ven seriamente amenazadas. Tan sólo en el mes que llevamos de trabajo en esta Legislatura, el diputado Cruz Pérez Cuéllar, del PAN; José Luis Blanco Pajón, del PRI y Carlos Navarro, del PRD han presentado ya tres proposiciones de punto de acuerdo relacionados con agresiones a los medios de comunicación y a periodistas de distintas entidades del país.

En los últimos años, se ha incrementado la desaparición y agresiones a periodistas y medios de comunicación. Veinticuatro periodistas han sido asesinados y tres desaparecidos en cumplimiento de sus responsabilidades.

Según estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el primero de noviembre de 2000 al 31 de julio de 2006 se han presentado 246 agresiones a periodistas. En el 2004, se registraron cinco asesinatos de comunicadores y cuatro en lo que va de 2006, además de las tres desapariciones de periodistas, uno en Veracruz, otro en Sonora y otro más en Coahuila.

Por otra parte podríamos señalar los siguientes casos: la de la periodista Lydia Cacho o el caso del diario "Noticias de Oaxaca", cuyas instalaciones están tomadas desde hace dos años; las radiodifusoras tomadas en esa misma entidad debido al conflicto que vive Oaxaca; los ataques a "Por Esto", de Yucatán, al semanario "Qué", de Quintana Roo, en cuyas instalaciones desconocidos arrojaron granadas de fragmentación, así como al periódico "Cuarto Poder", de Chiapas y a su director Conrado de la Cruz Jiménez o la demanda en contra de "Proceso", por el caso de Olga Wornat o los ataques a "La Jornada", San Luis y a su director Julio Hernández.

Es importante también señalar los casos de los periodistas recientemente asesinados: Ramiro Téllez Contreras, reportero de radio en Tamaulipas; Enrique Perea Quintanilla, de la revista "Dos Caras", en Chihuahua; y la última desaparición de Rafael Ortiz Martínez, reportero del diario "El Zócalo".

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Feparmex), la Federación Latinoamericana de Periodistas, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencoms), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el centro de Información de la Mujer (Cimac), dan cuenta en sus reportes de la situación que enfrenta la libertad de prensa y de expresión, así como el derecho a la información en nuestro país.

Para la Cámara de Diputados no pueden pasar desapercibidos los hechos tan lamentables que se presentan en todo el país y que las libertades de prensa y el derecho de información se encuentran en grave riesgo por la impunidad con la que actúan diversos grupos desde el poder en contra de los medios de información y de los comunicadores y periodistas.

Juan Francisco Hili Ortiz, afirmó con razón en la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, que en México las libertadas se hayan restringidas en diversas regiones del país, donde autoridades locales se resisten a erradicar actos autoritarios contra periodistas independientes, a los que presionan políticamente, los acosan con acciones de presunto carácter legal o incluso agreden físicamente.

Esta situación no es desconocida para el proponente en virtud en que en mi persona y en mis medios de comunicación radio y prensa, he sido sujeto de abusos de poder, auditorías amañadas, destrucción de mis instrumentos de trabajo y hasta mi encarcelamiento por un delito que nunca cometí.

La Cámara de Diputados, más allá de colores partidistas, se ha preocupado y ocupado de la situación que atraviesan los medios de comunicación y los comunicadores, de ahí que la anterior Legislatura haya constituido un grupo de trabajo para mantener una relación permanente con las instancias correspondientes y con las organizaciones de la sociedad civil, todo con el propósito de garantizar el derecho constitucional de las libertades de prensa, de expresión con el derecho a la información.

Por todo lo anterior y con fundamento a lo que establecen nuestros artículos someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. El objeto de la comisión será garantizar y fortalecer la libertad de expresión, escuchando y atendiendo las proposiciones de quienes se vean amenazados en sus derechos a ejercer la garantía constitucional que consagra nuestra Carta Magna en los artículos Sexto y Séptimo.

Segundo. La duración de la comisión será por toda la presente Legislatura y contará con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Tercero. La comisión será integrada de manera plural, por 30 diputados y diputadas, representando a todos los partidos políticos.

Suscriben esta propuesta su servidor Humberto López Mena Cruz, el diputado Alejandro Chanona de Convergencia, Javier González Garza del PRD, Marina Arvizu de Alternativa, Miguel Angel Jiménez de Nueva Alianza, Gloria Lavara del Verde Ecologista, Emilio Gamboa del PRI y Cristián Castaño del PAN. Es todo, señor Presidente, gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado López Mena. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se concede la palabra al diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas legislaturas locales para que modifiquen sus procesos electorales, de manera que coincidan las elecciones locales y federales.

El diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez: Con su venia, diputado Presidente. México ha dado pasos firmes en la transición a la democracia, pero no es suficiente. La consolidación de un régimen democrático, representativo, legítimo y eficaz requiere que incrementemos los esfuerzos.

Existe entre los partidos políticos plena conciencia de la necesidad de dar los pasos pendientes, empezando por atender los reclamos ciudadanos contra el despilfarro de los procesos electorales, obteniendo con esto beneficios que se consoliden con altos niveles de participación, legitimidad, efectividad y austeridad.

Nada más urgente para legitimar la vida política que devolverle a la política su prestigio y dignidad; hay la voluntad colectiva de realizar las acciones necesarias, aun y cuando éstas obliguen a una mayor austeridad de los partidos y las campañas, así como reglas estrictas de transparencia en la vida interna de los partidos políticos.

Para el Partido Acción Nacional las bondades de las elecciones concurrentes son evidentes; basta comparar los costos de los comicios federales y locales con las partidas presupuestales de gasto social para percatarse que la democracia en México le cuesta demasiado a los mexicanos.

En este sentido cabe destacar que la elecciones presidenciales del 2000 costaron tres mil 197.3 millones de pesos, el equivalente a una cuarta parte del presupuesto total para salud o una cuarta parte del presupuesto total de desarrollo social.

El homologar los comicios generarían, por lo menos en el área de capacitación, ahorros de hasta un 50 por ciento. Es por ello que hemos venido impulsando la inclusión de las elecciones concurrentes en artículos de opinión, agenda legislativa e incluso en una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el pasado 23 de marzo de 2004.

Para consolidar los avances alcanzados en la transparencia, equidad e imparcialidad de las elecciones que han permitido avances indudables en la transición democrática, es indispensable llevar a cabo un trabajo coordinado con las legislaturas locales, tomando en cuenta la experiencia nacional y las experiencias internacionales.

Bajo el principio de austeridad, con el objetivo de reducirle a la sociedad el costo de la organización de las elecciones y de la política, con la excepción de los Estados Unidos, México es el país que más está gastando en sus procesos electorales; el alto costo anual es factor que contribuye a deslegitimar el proceso político en un país con tantas carencias sociales y desigualdades económicas.

No puede concebirse que un país con grandes carencias y diferencias, destine a los partidos políticos y a sus campañas, tantos recursos. Países como España y Costa Rica, han reducido el costo de sus elecciones repartiendo el financiamiento entre su gobierno central y los gobiernos autónomos. En nuestro país, los estados de Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora han llevado a cabo elecciones concurrentes.

Asimismo Yucatán, Michoacán y Oaxaca reformaron sus ordenamientos constitucionales para hacer coincidir las elecciones locales con las federales, a pesar de que los gobiernos de estas entidades emanaron de diferentes partidos políticos.

Las elecciones sin duda generan desgaste en la población, puesto que durante meses las campañas electorales se encuentran de manera permanente en los diversos medios de comunicación masiva, así como en diversos productos publicitarios.

Durante décadas los ciudadanos de 22 entidades federativas han sido convocados a las urnas entre tres y cinco veces, en un periodo de seis años. Esta constante competencia genera polarización, desgaste, parálisis gubernamental y gastos millonarios.

En este contexto, nos vemos motivados a impulsar la concurrencia electoral, ya que estamos convencidos que entre menos elecciones el ambiente será más propicio para la construcción de los acuerdos necesarios para el desarrollo del país. Aunado a esto, en un sistema democrático la participación social juega un papel preponderante.

Por ello, los actores políticos debemos generar las condiciones para abatir el abastecimiento. En este sentido los estados cuyos procesos electorales coincidieron con la reciente elección federal, incrementaron la participación ciudadana hasta en un 15 por ciento.

Requerimos una democracia que represente más, pero que cueste menos. La constante organización y desarrollo de las jornadas electorales encarece el costo por elector. La concurrencia de elecciones locales con las federales nos permitirá celebrar comicios sólo cada tres años, generando sinergias entre los organismos electorales federales y locales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pido que concluya señor diputado.

El diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez: Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo:

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto para que las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, modifiquen el marco normativo de sus procesos electorales, para hacer coincidir sus elecciones locales con las federales. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Velásquez. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Soledad López Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial Encargada del Estudio de la Problemática de las Aguas Subterráneas Nacionales.

La diputada Soledad López Torres: Buenas tardes. Con su venía, señor Presidente. Proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial Encargada del Estudio de la Problemática de las Aguas Subterráneas Nacionales.

Consideraciones

1. A nuestro planeta se le ha denominado como el planeta azul, debido a la importante presencia del vital líquido en su superficie. Tres cuartas partes del mismo están cubiertas por agua. De éste gran total de agua, el 94 por ciento se ubica en mares y océanos, cuatro por ciento son aguas subterráneas, dos por ciento lo constituyen las aguas congeladas de los polos y glaciares, mientras que un insignificante porcentaje, menos del 01.0 es el agua superficial. Es decir, el agua que se encuentra en arroyos, ríos y lagos, en la atmósfera y en todos los seres vivos.

De lo anterior resulta obvio darnos cuenta que la reserva más importante de agua dulce para la humanidad es el agua subterránea. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, durante los próximos 20 años la población mundial crecerá exponencialmente, no así las reservas mundiales del vital líquido. Se calcula que mil 500 millones de seres humanos no tienen acceso a fuentes de agua potable.

Estas mismas fuentes aseguran que para el año 2030, más de 47 por ciento de la población mundial enfrentará terribles penurias por la falta del vital líquido. Sólo dispondrán de reservas los países del norte de Europa, Canadá, Alaska, América del Sur, Africa Central, Rusia y Oceanía, el resto del mundo —incluidos México, Estados Unidos y China— tendrá grandes problemas para obtener el vital líquido.

En nuestro país, 85 millones de habitantes dependemos casi totalmente del agua subterránea para beber, consumo domestico, riego agrícola, consumo animal, uso industrial y esto pone de manifiesto la tremenda importancia del agua subterránea en el bienestar y salud de los mexicanos, así como en la seguridad de producción de alimentos y desarrollo humano y económico.

No debemos pasar por alto que a esto se agrega que el 60 por ciento del territorio nacional es árido y semiárido, zonas norte y centro de México. Esto significa que la disponibilidad de agua superficial es muy limitada, mientras que el agua subterránea representa casi exclusivamente la única fuente disponible de agua.

Lo anterior se agrava con la gran cantidad de denuncias de corrupción formuladas por las diversas organizaciones no gubernamentales, particulares , así como organismos operadores que mencionan que debido a la discrecionalidad que la Ley Nacional de Aguas otorga en todo lo relativo a la obtención de concepciones para perforación, extracción y uso de aguas subterráneas, descargas de aguas residuales y otros más análogos.

Además que los mentados consejos técnicos de aguas subterráneas (Cotas) han resultado inoperantes al ser meramente decorativos y sus decisiones sin fuerza vinculada para las partes portal, es urgente que de la aprobación de la presente propuesta se presenten a esta soberanía elementos idóneos, prácticos, pertinentes y democráticos para que a la luz de los mismos estemos en posibilidades reales de hacer frente a la demanda de agua limpia y de calidad para todas y todos los mexicanos.

Por lo anterior y dada la importancia del tema, me permito presentar ante este Pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se constituya una Comisión Especial Encargada del Estudio de la Problemática de las Aguas Subterráneas Nacionales en particular para dar seguimiento y evaluación al manejo de las aguas nacionales y elaborar propuestas legislativas para solucionar dicha problemática, así como la conservación y preservación de aguas subterráneas nacionales.

Segundo. La comisión especial estará integrada por 30 legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que para el efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero. La comisión especial tendrá una vigencia de 24 meses. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La comisión especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

Asimismo, solicito a esta soberanía se someta como de obvia o pronta resolución este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Soledad López. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Escajeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para el campo.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso, señor Presidente. Nuestro campo está siendo avasallado por los efectos de la globalidad y la marcada desigualdad en el desarrollo regional, que ha propiciado el atraso, la marginación y la exclusión social de la mayoría de las familias del campo.

Durante décadas, los programas gubernamentales no han contenido elementos programáticos ni presupuestales suficientes que fomentaran el desarrollo económico y social del campo mexicano. Ello ha obligado a millones de campesinos a abandonar sus tierras y en muchos casos, a sus familias.

Esta situación se agrava más, principalmente entre la población indígena, al no contar en sus lugares de origen con ninguna alternativa de subsistencia. Ante esta realidad, prácticamente este extracto de la sociedad está siendo expulsado a las grandes ciudades, donde han pasado a formar parte de los cinturones de miseria o bien, han emigrado hacia el extranjero en calidad de indocumentados, arriesgando su vida y en muchos casos muriendo en el intento.

A partir de los años 60 y principios de los 80, el gobierno implantó algunos programas para lograr la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, el objetivo central de la política agrícola fue asegurar una oferta abundante y barata de alimentos, pero sólo se quedó en buenas intenciones.

Durante los años 90 se llevaron a cabo las modificaciones del artículo 27 constitucional y se establecieron la globalización y la apertura comercial con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, causando daños a la agricultura social principalmente por la falta de programas para la reactivación productiva y subsidios diferenciados que permitieran la competitividad del sector ante nuestros socios comerciales de América del Norte.

Derivado de lo anterior, es importante destacar que las reformas constitucionales y la apertura comercial han causado graves estragos a la agricultura tradicional y de subsistencia del país, que ocupan la mayor parte del suelo destinado a fines agropecuarios, mientras que por otra parte fue favorecida una minoría de agricultores que concentran la mayor parte de las exportaciones de productos agropecuarios.

Para lograr lo anterior se requiere un Estado activo en la economía, fundamentalmente como promotor. En este tema, los integrantes de esta soberanía tenemos mucho qué hacer. Debemos tener el compromiso ineludible en la lucha por la soberanía alimentaria. Así nos comprometimos y así tenemos que cumplir.

Revisar a fondo, muy a fondo, las reglas de operación de estos programas que pareciera que están diseñados más para productores adinerados, que para la generalidad de los productores del país.

La constitución de la Comisión Especial para el Campo se justifica plenamente por las siguientes razones:

Primero. Que el Acuerdo Nacional para el Campo es el primer instrumento en la historia del país, producto del diálogo de las organizaciones campesinas y de productores con el gobierno federal para construir una política de Estado para el campo.

Segundo. Que la mayor parte de la sociedad rural, funcionarios federales, estatales y municipales desconocen la existencia del Acuerdo Nacional para el Campo.

El punto de acuerdo que propongo es el siguiente:

Primero. Se aprueba la constitución de la Comisión Especial para el Campo durante la vigencia de la LX Legislatura.

Segundo. Se aprueba la constitución de la Comisión Especial para el Campo con objeto de dar seguimiento y vigilar los recursos destinados al campo a lo estipulado en el Acuerdo Nacional para el Campo y en la Ley General para el Desarrollo Rural Sustentable.

Tercero. La Comisión Especial para el Campo se integrará con 30 diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo a la propuesta que al efecto formule el Pleno de los diputados de la Junta de Coordinación Política.

Compañeros y compañeras diputadas. Convoco a todas las expresiones políticas en este Congreso Legislativo a que construyamos un solo frente. El tema del campo no tiene partido ni tiene colores. Los diputados del PRI y los diputados, en lo particular de la CNC, somos congruentes con nuestro compromiso histórico. Lo seguiremos siendo. Haremos todo lo necesario. Tenderemos todos los puentes por el campo, porque por el campo y por la patria vale la pena.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Escajeda. Tiene el uso de la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal diseñe un programa especial para atender los problemas de marginalidad y atraso en la delegación Iztapalapa.

Perdón. El anterior, túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Vengo a hacer uso de esta tribuna para traer la voz de un conjunto de comunidades de Iztapalapa, en la Ciudad de México, que por sus condiciones específicas, enfrentan un grave problema de pobreza extrema.

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía esta proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Revertir la marginación social es un compromiso pendiente del Estado con los que menos tienen. No obstante el esfuerzo de algunos gobiernos que han puesto el acento de su trabajo en el combate a la pobreza, existen en la Ciudad de México, y particularmente en la zona Cabeza de Juárez, de Iztapalapa, comunidades que albergan a miles de familias en condiciones de pobreza extrema.

El hacinamiento, la precariedad de las viviendas y la falta de oportunidades han puesto a estos mexicanos en una condición de miseria que lesiona su dignidad y los expulsa de la perspectiva del desarrollo y del progreso.

La esperanza y el anhelo de un patrimonio ha llevado a estas familias poseedoras de diversos inmuebles, originalmente propiedad del Gobierno del Distrito Federal y desincorporados en su favor, a emprender un largo camino que a través de su propia organización, les permitió obtener el reconocimiento de su derecho posesorio y, por lo tanto, la certeza jurídica de su propiedad; ese reconocimiento fue expresado en el convenio suscrito entre el Gobierno del Distrito Federal y las comunidades de Cabeza de Juárez, en el año de 2001.

En dicho convenio también se estableció el compromiso del gobierno de otorgar créditos para la sustitución y mejoramiento de viviendas, concluir los trámites de regularización de tenencia de la tierra, así como la dotación de los servicios urbanos más indispensables. Por su parte, la comunidad se comprometió a contribuir al desarrollo sustentable de la ciudad.

A casi ya cinco años de haberse suscrito ese convenio, en gran parte no ha sido cumplido por el gobierno de la Ciudad de México. El problema de la pobreza no es un asunto que debamos resolver por caridad, buena voluntad o generosidad; necesitamos hacer frente a este problema con programas integrales, porque la marginación representa una amenaza a la integridad de las personas que comienzan perdiéndose a sí mismas y terminan por descomponer su entorno.

Es amedrentadora la idea de imaginar que los códigos de conducta de los reclusorios de la ciudad se trasladen hasta nuestras calles. La marginalidad en la que se encuentran miles de mexicanos en Iztapalapa, y particularmente en la zona de Cabeza de Juárez, representa no solamente una grave situación precaria, sino también una señal que nos debe alertar y debe consternarnos.

Las familias que habitan en la zona de Cabeza de Juárez se encuentran en una situación muy difícil y la atención a este problema no puede seguirse postergando. Por eso vengo hoy a esta tribuna a solicitar con fundamento en los artículos 25, 26 y en el 122 base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Gobierno del Distrito Federal, que instrumente un programa de desarrollo integral para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la zona de Cabeza de Juárez y que en dicho programa se establezcan metas, flujo de recursos y plazos de cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta con profundo respeto a la división de Poderes, al Gobierno del Distrito Federal, a que diseñe un programa especial con recursos económicos suficientes para atender los problemas de marginalidad, atraso y pobreza extrema de las familias que habitan en Iztapalapa, en la zona de Cabeza de Juárez.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mendoza. Tiene la palabra el diputado Emilio Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que lleve a cabo una investigación sobre la construcción de un puerto de cabotaje y altura en el estado de Baja California.

Y la anterior propuesta, túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

El diputado Emilio Ulloa Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Quiero, en el marco del fundamento y lo expuesto en el artículo 71 fracción II de la Carta Magna, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. Y de entrada solicito que este texto que voy a entregar, sea incluido en el Diario de los Debates, por favor, porque es un documento bastante amplio. Y me quiero referir al tema.

Baja California, frontera Estados Unidos, un asunto grave, delicado; una entidad que se ha desarrollado con la desmedida ambición de funcionarios públicos y de inversionistas extranjeros.

Es por ello que ahí en Baja California, quienes son de allá, diputados del Partido Acción Nacional estarán informados que se está haciendo un puerto de altura, un centro marítimo multimodal, el más grande México y el tercero más grande del mundo, después de Singapur y Hong Kong. Y hay una inversión calculada de 15 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares.

Este proyecto marítimo se denomina Punta Colonet. Se pretende construir una terminal de contendores de casi seis millones, es un plazo de seis años. Porque como ustedes saben, en Long Beach y California, hay problemas para que la Marina Mercante pueda entregar productos, tardan días en mar abierto, en altamar, poder tener un espacio para poder descarga resto.

Pero lo grave es que cada día que no pueden descargar cuesta a estas empresas 50 mil dólares al día y entonces tenemos una saturación; que esto es correcto la inversión que se está haciendo, el grave problema es quiénes los están haciendo.

Y aquí sale el personaje, Ernesto Rufo Apel, quien hoy, actualmente siendo gobernador y comisionado para asuntos de la frontera norte, con la ambición desmedida y asociado por cierto, con un exdiputado federal, César Patricio Reyes Roal, quien hoy es el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante del estado, su socio. Aquí hay documentos que comprueban la participación de Rufo Apel en estos negocios.

Y tiene asociación con una empresa que todos conocemos porque es una empresa que tiene la inversión en los cuatro puertos más importantes de este país: Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Tampico. "Hutchison Port Holdings", esta empresa, quien es dueño una magnate multimillonaria asiático, están haciendo el negocio de su vida, y es por ello que tenemos que investigar qué se está haciendo con nuestros litorales.

Y por cierto, esta empresa perdió una licitación en Lázaro Cárdenas, pero la que ganó, a los dos meses le compró el 51 por ciento de las acciones. Estos son los negocios que hacen los panistas, estos son los honorables, los legítimos, los que dicen, los que dicen que no hacen negocios sucios. Y aquí están las pruebas, por eso tengo el documento y les quiero decir, son más de 20 hojas que he entregado con la comprobación pertinente.

Y además, el bandido de Rufo Apel, está planteando construir un aeropuerto internacional de carga, imagínense, y él es socio, aparece con los documentos de la empresa Puerto Colonet, infraestructura. Esto es lo delicado, cómo un funcionario se enteró de esta situación y utilizó y compró, fíjense el dato, cuánto compró, cuántas hectáreas compró.

Esto es lo delicado que tenemos cuando Rufo Apel adquirió mil 315 hectáreas, que a un costo de tres millones de dólares. Y actualmente, estos terrenos están valuados en más, en más de 100 mil millones de pesos. Es decir, el negocio de la vida.

Es por ello que necesitamos que los panistas nos apoyen para que investiguen a este bandido, que por cierto es senador suplente. Y ¿por qué se puso de senador suplente? Para cubrir su fuero, para que no se le hiciera nada, pero ya lo detectamos y lo estamos investigando.

Por eso, como punto de acuerdo quiero concluir diputadas y diputados, gracias por su atención.

Primero. Que la LX Legislatura exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre la intervención de inversionistas extranjeros y en su caso su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, todo lo relativo a la construcción de un puerto de cabotaje y altura, en la zona denominada Punta Colonet, municipio de Ensenada, en el estado de Baja California y se resguarden los principios de legalidad, equidad, parcialidad y transparencia; así como la seguridad nacional y los intereses superiores de la nación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Les pido respeto al orador y le pido al diputado que concluya, por favor.

El diputado Emilio Ulloa Pérez: Concluyo, señor Presidente.

Segundo. Se cite al secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes de esta soberanía del grado que guarde el proyecto para la construcción del puerto Punta Colonet, en Ensenada, Baja California; así como el procedimiento que se utilizó para asignar la realización del proyecto ejecutivo y el monto de su valor y se informe de dónde salieron los recursos financieros. Yo sé que esto no les gusta, diputados, pero hay que decirlo y espero que lo reconozcan y lo entiendan. Muchas gracias, muy amables.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ulloa. Diputado ¿lo solicitó de urgente?

El diputado Emilio Ulloa Pérez: No.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No. Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos. Hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado Presidente. Los que suscribimos, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LX Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para la defensa de los derechos sociales del acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Que dada la importancia de la situación que impera en torno a la salvaguarda de los recursos hídricos y el acceso a los servicios hidráulicos de la población en general, resulta impostergable que el Legislativo acuda en la defensa de los derechos sociales que involucran la disponibilidad de agua necesaria tanto en calidad como cantidad, para el desarrollo de las actividades humanas y de la vida misma en todas las especies que habitamos este planeta.

Segundo. Que el discurso que está permeando en los gobiernos del orbe, surge del enorme empuje que han tenido las compañías transnacionales del agua que aparentan con sus cumbres mundiales del Agua, por adueñarse de este recurso.

Recordemos que la Organización Mundial del Agua no proviene de la sociedad civil ya que su inclusión es minoritaria y en múltiples casos creadas, subvencionadas con recursos de esas transnacionales.

Que en México empresas como "Vivendi", "Times Water" y "Swest" se han aliado con grandes consorcios mexicanos como "Tribasa", "Peñoles" e "ICA" y están presionando al gobierno mexicano para que existan mayores concesiones para el manejo y gestión del agua.

Que recientemente hemos escuchado las campañas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en las que señala la necesidad de ponerle un mayor valor al agua en términos monetarios; bajo el pretexto de que existe un gran rezago en términos de infraestructura hidráulica del gobierno federal está apostando a las concesiones en el manejo del agua.

Que podemos confirmar que las concesiones que el actual gobierno ha otorgado a las empresas embotelladoras se ha triplicado en los últimos cinco años. Estas concesiones o privatizaciones, casualmente se han otorgado en un gran número a subsidiarias de las empresas "Femsa", "Coca-Cola" y la empresa "Nestlé". Nuestro país se ha convertido en el segundo consumidor de botellas de agua en el mundo, después de Italia.

Aunado a la problemática anteriormente descrita, se torna impostergable analizar, diagnosticar y proponer medidas jurídicas más eficaces en torno a la protección de nuestros recursos hídricos, velando en todo momento por su protección y conservación, ya que el empecinamiento de los actuales funcionarios ha promovido el decremento de los humedales mexicanos, mucho de ellos considerados bajo la convención "Bransar" como de importancia mundial.

La retrógrada modificación a la Norma Oficial Mexicana 22 sobre humedales, que permite su destrucción cuando impere la inversión privada, es una clara afrenta a la sociedad conservacionista mexicana y a la viabilidad misma de las comunidades que dependen de estos humedales para evitar desastres.

En tal sentido y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, se aboca a trabajar en defensa de los derechos sociales y en defensa del régimen constitucional vigente para proteger el uso social, su acceso, su subsidiariedad en el costo de los servicios públicos, se solicita a los ayuntamientos y al Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus respectivas competencias, proteger los derechos sociales de acceso al agua en calidad y cantidad suficientes, protegiendo la subsidiariedad en el costo de los servicios públicos hidráulicos encaminados a la protección de los grupos sociales menos favorecidos económicamente, protegiendo el valor cultural que se tiene del agua y a este recurso, antes de un valor mercantil como un recurso social y cultural.

Conminamos a los empresarios del agua y servicios hidráulicos a contenerse de seguir buscando cambios constitucionales y jurídicos que le otorguen el manejo de este recurso de manera total, ya que contrariamente a sus acciones significarían una afrenta de lesa humanidad.

La Cámara de Diputados se pronuncia por la creación de una comisión especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, mismos que se abocarán al estudio, análisis y recomendación en torno —entre otras– a las siguientes materias:

Primero. Elaborar un diagnóstico sobre la situación de los recursos hídricos y servicios hidráulicos imperantes en la nación, para identificar las modificaciones necesarias a la legislación de aguas nacionales encaminadas siempre en la defensa del derecho social al acceso al agua en calidad y cantidad suficiente de acuerdo a los usos correspondientes, defendiendo la subsidiariedad al consumo humano y agrícola.

Aplicar todas las medidas que tienen a su disposición para conminar a la Secretaría de Medio Ambiente para que regrese la disposición original de la Norma 22, que protege los humedales, en los que se evita su destrucción ante causas de inversión privada, así como instaurar a la brevedad una consulta nacional pública en dos sentidos:

La primera, en función de la instauración de una garantía constitucional al acceso y disponibilidad de toda persona al agua y sus servicios; y la segunda, sobre la protección de humedales y demás recursos acuáticos, costeros y marinos. …

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Termine por favor, diputada.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Son varios incisos. Si gusta, diputado Presidente, porque además estas solicitudes de comisiones se turnan a la Junta de Coordinación Política, solicitaría…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están en la Gaceta Parlamentaria, diputada.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Sí, solicitaría su incorporación al Diario de Debates y así también el análisis muy puntual de todos los grupos parlamentarios para analizar esta garantía que tenemos que darle a todos los pobladores del país sobre un acceso a este vital líquido. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Insértese íntegro en el Diario de los Debates la propuesta de la diputada Aleida Alavez. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se corrige el turno ordenado en la propuesta anterior, en vez de la Comisión de Justicia, túrnese a las comisiones de Marina y de Transportes. Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa incluya en el Presupuesto de 2007, recursos para apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado del grupo parlamentario del PRD, integrante de la LX Legislatura y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cultivo del nopal se registra principalmente en zonas deprimidas económicamente del país, siendo por lo general la base del sustento de un amplio sector de la población. La siembra del nopal es un factor para la conservación de suelos y preservación del medio ambiente, requiere una baja demanda de agua y tolera condiciones adversas de clima; su cultivo se localiza en regiones áridas y semiáridas que abarcan el 52 por ciento de la superficie del territorio nacional.

Los productores de nopal se ubican en 27 entidades federativas del país, destacando el Distrito Federal, los estados de México, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo y Puebla. Ellos aportan el 95 por ciento de la producción nacional.

La importancia del nopal mexicano en el comercio internacional es relevante al representar el 90 por ciento de las exportaciones, principalmente al mercado de los Estados Unidos. Sin embargo el cultivo del nopal no ha sido objeto de atención adecuada por parte de las autoridades del sector, lo que requiere hacer explícitos los apoyos que se otorgan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en los hechos ser tratado bajo el esquema de sistema-producto, como se aplica al maíz y al frijol.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, la Cámara de Diputados aprobó 39.6 millones de pesos para el apoyo al maguey y al nopal. No obstante, en la Cuenta Pública del 2005 la Sagarpa no reporta autorización presupuestal alguna.

Cabe señalar que en el anuario estadístico de la producción agrícola se registran incrementos en la producción nacional del nopal, dado que el rendimiento promedio nacional se eleva de 46.4 a 60.7 toneladas por hectárea. Por su parte en el anexo tres del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se aprobaron 25 millones de pesos para el apoyo al nopal. Sin embargo, se observa una contradicción dado que a la asignación contenida en dicho anexo no se le otorga clave presupuestaria, por lo cual se requiere desagregar la información para transparentar y brindar certidumbre a los productores agropecuarios.

Por lo expuesto, someto a esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Sagarpa para llevar a cabo los estudios técnicos para incluir una partida presupuestal etiquetada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, que canalice de manera directa recursos para apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país.

Segundo. Se exhorta a la Sagarpa a promover y ampliar sus acciones de apoyo a la producción del nopal e impulsar una cultura empresarial con carácter social que diversifique las actividades económicas vinculadas con este producto.

Apoyan el presente punto de acuerdo las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Guadalupe Flores Salazar. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sánchez Camacho. Permanezca en la tribuna para el siguiente asunto. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Se le concede nuevamente el uso de la palabra al diputado Sánchez Camacho, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat incluya en el presupuesto 2007, recursos para el rescate de la zona arqueológica del Distrito Federal.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito diputado del grupo parlamentario del PRD, integrante de la LX Legislatura, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El en decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 la Cámara de Diputados aprobó 30 millones de pesos para la restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco-Distrito Federal y 99 millones de pesos para el Programa Recuperación de Suelo- Conservación Distrito Federal.

En tal virtud, la Semarnat y el Gobierno del Distrito Federal suscribieron un convenio de coordinación a fin de crear las bases institucionales en el sector ambiental y llevar a cabo proyectos, obras y acciones en el marco de los programas referidos.

Con ello la Semarnat transfirió al Gobierno del Distrito Federal 94.8 millones de pesos para el Programa de Recuperación de Suelo-Conservación Distrito Federal, para las delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, y 22 millones de pesos para proyectos del Programa de Restauración de Suelo y Agua de la Zona de Conservación Ecológica de Xochimilco.

En el convenio se establece que la aplicación será sólo para el año 2005, cuando el problema de la reserva ecológica de la ciudad de México requiere de acciones persistentes, por ello en el Presupuesto de Egresos 2006 se autorizan 440.2 millones de pesos para restauración de suelos y agua, esto es, la asignación no se desagrega por entidad federativa, cuando en el 2005 se aprobaron montos específicos para el Distrito Federal.

En este tenor la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece la concurrencia entre la Federación, los estados y los municipios, determinando que la Semarnat deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento económico en sus modalidades regional y local

En consecuencia, esta proposición no pretende limitar las facultades de la Semarnat, por el contrario, la transparencia en la asignación de recursos a las entidades federativas es fundamental, para asegurar que la concurrencia en los tres niveles de gobierno sea efectiva.

Por lo expuesto, someto a la consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Semarnat a realizar los estudios técnicos para crear una partida presupuestal específica en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2007, que identifique y otorgue recursos para la restauración de suelos y agua en las zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco y para el Programa de Recuperación de Suelo-Conservación Distrito Federal.

Segundo. Se solicita a la Semarnat informe a esta soberanía en un término de 30 días naturales, respecto a los montos y acciones llevados cabo en el Ejercicio Fiscal 2006, para restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco y para el Programa Recuperación de Suelo-Conservación Distrito Federal.

Respaldan el presente punto de acuerdo las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Guadalupe Flores Salazar. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Sánchez Camacho. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se concede el uso de la tribuna al diputado Víctor Aguirre Alcalde, del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo incremente los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior en el Presupuesto 2007.

El diputado Víctor Aguirre Alcaide: Con su anuencia señor Presidente. El que suscribe, diputado Víctor Aguirre Alcaide, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones:

La Universidad Autónoma de Guerrero es una de las instituciones educativas de nivel medio superior y superior más importante del estado; cuenta con cobertura geográfica en las siete regiones del estado.

Actualmente oferta 84 programas educativos, de los cuales en materia de posgrado dos son programas de excelencia registrados en el padrón de Conacyt; una de ellas es maestría en ciencias biomédicas y maestría en matemáticas educativas.

Esta institución educativa en la actualidad es una de las de mayor matrícula a nivel nacional, ya que cuenta con 60 mil 330 estudiantes para el ciclo escolar 2006-2007, lo cual representa el 39.7 por ciento de la matrícula estatal, que es de 152 mil estudiantes.

La Universidad Autónoma de Guerrero se encuentra ubicada en el número 32 en el rubro de costo por alumno, que es de 19 mil 110 pesos. En un comparativo con la Universidad de Yucatán, esta diferencia es abismal, pues ésta recibe 71 mil 440 pesos de costo por alumno.

Dicha universidad actualmente tiene un déficit total de un mil 547 plazas administrativas, docentes, mandos medios y superiores, derivada del aumento de la matrícula estudiantil y del proceso de mejora continua en la cual se encuentra inmersa, contando con nueve procesos administrativos certificados por la norma internacional ISO 901-2000. Éstas un mil 547 plazas equivalen a un costo total anual de 263 millones 917 mil 917 pesos.

La Secretaría de Educación Pública y por ende el gobierno del estado, han disminuido los recursos del gasto de operación a la Universidad Autónoma de Guerrero, lo cual ha impactado negativamente su presupuesto con una disminución de más del 14 por ciento en términos reales, respecto al año de 2003. Además de que el financiamiento se ha estancado.

Sin embargo, la deficitaria situación de la universidad guerrerense es un problema que lamentablemente enfrentan muchas instituciones educativas y muchas universidades que han reclamado incrementos sustanciales ante los exiguos subsidios otorgados por los gobiernos federales, estatales; lo cual les impide cumplir adecuadamente las funciones que por ley tienen encomendadas.

Los históricos rezagos financieros de las instituciones públicas de educación superior no han sido compensados en los últimos años. Basta mencionar que la propuesta presupuestal del Ejecutivo federal en este año 2006 era menor de seis millones de pesos con respecto al año 2005, lo cual implicó que el gasto federal de educación superior disminuyera de 14.8 por ciento, a 12.9 por ciento en el gasto federal por alumno; en promedio también decreciera 34 mil 379 pesos, a 28 mil 218 pesos.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior, la ANUIES, la propuesta presupuestal del Ejecutivo federal para el 2007 disminuía a las universidades públicas estatales recursos por dos mil 354.5 millones, al otorgado en el subsidio federal inicial, autorizado en el 2005.

En consecuencia, estamos exhortando al Ejecutivo federal tome en consideración la precariedad de los subsidios en las instituciones públicas de educación superior, a efecto de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007 les aumenten los recursos presupuestales y evitar así colocarse en la asfixia financiera.

Por las consideraciones ante el peligro inminente de un colapso financiera de ésta y de otras más universidades públicas en el país, someto ante esta Cámara, el siguiente

Punto de acuerdo.

La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal que, en virtud de las crisis financieras que enfrentan las instituciones públicas de educación superior, cuyo costo por alumno se encuentra por debajo de la media nacional y les incremente a las partidas en proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

2. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios titulares, de Educación, Reyes Tamez Guerra y al de Hacienda, Gil Díaz, reciban una comisión de las universidades encabezada por los rectores de las universidades de Zacatecas, Sinaloa y Guerrero. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Perdón, es de urgente resolución, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la propuesta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. En virtud de que ha sido publicado el punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, voy a permitirme hacer algunos comentarios adicionales a lo que ha sido inscrito.

Vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de la Reforma del Estado, porque tengo la certeza de que la mayor parte de las diputadas y diputados que nos encontramos aquí coincidimos en que el Estado mexicano necesita una profunda reestructuración para que el ejercicio de gobierno sea eficaz, eficiente, democrático, justo y equitativo. Un Estado sin gobernabilidad no le sirve a México.

Por eso, quienes nos encontramos en este órgano legislativo debemos impulsar la agenda de la reforma del Estado y cumplir con el compromiso pendiente que tenemos con la sociedad. No debemos desaprovechar la oportunidad histórica de instrumentar un gran acuerdo político nacional.

Por eso, invito a todas las fuerzas políticas representadas aquí a que construyamos un nuevo pacto que renueve nuestras instituciones y adecue nuestro marco jurídico a la circunstancia política actual.

Crear la Comisión Especial de la Reforma del Estado no debe ser un capricho de un grupo de personas, sabemos que es una comisión que no dictamina. Sin embargo, esa comisión tiene una virtud, es un espacio de investigación, de análisis especializado en cada uno de los temas que constituyen la agenda de la reforma.

Ninguna comisión ordinaria —desde mi punto de vista— podría abordar de manera integral, multidisciplinaria y con dedicación específica los temas del sistema político mexicano, del federalismo, de la reforma electoral, de la ley de medios, por mencionar algunas.

Debido, como todos ustedes saben a la carga de trabajo que representa la multitud de estos asuntos e instrumentos legislativos de diversa índole y que, por ley, obliga a las comisiones dictaminadoras a atender con prioridad.

El espacio de la Comisión Especial nos brinda la posibilidad de especializar y centrar la discusión sobre la reforma del Estado, explorando los consensos que existen entre las diferentes fuerzas políticas, darle orden y método a la discusión y buscar impulsar la dictaminación de las iniciativas al interior de las comisiones dictaminadoras.

La Comisión Especial para la Reforma del Estado ha estado vigente en la LVIII y LIX Legislaturas y durante estos periodos ha funcionado vigorosamente como un espacio de cabildeo, de generación de consensos y de acercamiento de posiciones políticas.

Hay que reconocer que muchos de los temas que han sido planteados en estas anteriores legislaturas han naufragado en el intento, pero esto no les resta de ninguna manera la oportunidad y la importancia a la posibilidad de crear esta Comisión.

El reconocimiento de la importancia de este tema, así como el resultado del trabajo obtenido en esta Comisión Especial durante las pasadas legislaturas, ha sido tal que incluso la LX Legislatura del Senado ya creó la Comisión Especial para la Reforma del Estado y se instalará en fecha próxima.

Por eso, de nueva cuenta los conmino a que no desaprovechemos la oportunidad de construir una república justa, democrática y soberana para todos y que esta discusión la demos en parte y en gran medida al interior de esta Comisión Especial. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mendoza. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, diputado Presidente. Entre los abusos de poder, el abuso sexual infantil es el más repudiable y el más inhumano, se basa en el poder del adulto, en su superioridad física e intelectual en contra de un ser que ni siquiera tiene conciencia del daño sufrido.

Fuera de las familias, el abuso sexual infantil es una de las tantas variantes del crimen organizado y también representa una parte de la trata de personas, donde niñas y niños dejan de ser vistos como seres humanos para comerciar con sus cuerpos y con sus vidas.

El abuso sexual infantil se produce al amparo de las familias, del poder del dinero, del poder político, del poder espiritual. El abusador sabe que su delito se convertirá en el secreto más valioso de la víctima y que finalmente lo respaldarán su autoridad, su dinero, su prestigio o su cargo. Sabe que las leyes y la procuración de justicia mexicana convierten el abuso sexual infantil en entuerto tan grande que será casi imposible de probar. Es decir, el abusador sabe que tiene prácticamente ganada su impunidad.

Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abuso sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestre, se les venda o se trafique con ellos.

El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, sirve de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y al abuso sexuales de la infancia, entre otras obligaciones.

Por mandato constitucional, México, al adoptar tanto el Protocolo como la Convención, debe proporcionar todas las garantías necesarias para que las niñas y niños se desenvuelvan en un ambiente propicio que les garantice su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, garantizando la integridad física, sexual y mental.

Compañeras y compañeros, el Congreso no es un ministerio público ni debe aspirar a sustituir a una agencia de investigación, pero sí debe tener un diagnóstico de los rezagos del país y actuar en consecuencia cuando la sociedad no denuncia, cuando la justicia no castiga y cuando no se vigila el cumplimiento de la ley nos convertimos en cómplices y abrimos más puertas para abusos futuros.

La Cámara de Diputados no debe convertirse en cómplice y sí en el garante de respeto a un justo estado de derecho. Nuestro compromiso es legislar para que las investigaciones judiciales que se están realizando sean imparciales y apegadas a derecho, buscando justicia para las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales velando siempre por su interés superior.

Por lo anteriormente expuesto llamamos a su conciencia para conformar la Comisión Especial plural para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la explotación sexual comercial, pornografía, corrupción, trata de personas, lenocinio, pederastia y delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes vinculadas con la delincuencia organizada en la República mexicana.

Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la explotación sexual comercial, pornografía, corrupción, trata de personas, lenocinio, pederastia y delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes vinculadas con la delincuencia organizada en la República mexicana.

El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación. La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes se realicen por esta soberanía.

La Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de las comisiones establece la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño.

Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.

Tercero. La Comisión Especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados y, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Cuarta. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, diputada Maricela Contreras Julián y 129 firmas de diputados de diferentes fracciones parlamentarias.

Solicito que la versión íntegra se incorpore al Diario de los Debates, ya que leí un resumen del documento que estamos presentando.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Contreras. Insértese íntegra en el Diario de los Debates la propuesta presentada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez: con su venia, señor Presidente. La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El martes 7 de octubre del 2003, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura sometieron a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar la creación de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia, que fue turnado a la Junta de Coordinación Política y aprobado el 17 de marzo del 2004.

Se constituyó con el objeto de garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos, fijándosele una vigencia al 30 de abril del 2006.

Consideraciones

Sin los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, no hay derechos humanos. Los derechos de la niñez tienen por objeto la protección integral del ser humano, hasta que alcancen la capacidad de obrar que se inicia con la mayoría de edad, para integrarle armónica y plenamente a la convivencia social.

El reconocimiento, adecuación y armonización de nuestro ordenamiento legal con los tratados internacionales es una obligación para nuestro país y representa un avance en el cumplimiento de los compromisos que, como Estado y como sociedad, tenemos a favor de los derechos humanos y en este caso con los derechos de la niñez.

No obstante, muchos niños viven en situación de calle, son víctimas de la delincuencia, la pobreza, el trabajo infantil, la prostitución forzada y el tráfico de órganos. En otras ocasiones son huérfanos del sida, víctimas del abandono afectivo y a veces económico, como consecuencia de la migración del padre y/o la madre, refugiados o desplazados.

En particular las niñas son aún más vulnerables y sobre todo son objeto de tratos discriminatorios intencionados o víctimas de abusos. Estas condiciones afectan negativamente su formación, provocan abandono escolar, daños psicológicos, físicos o incluso la muerte.

Nuestro país presenta el fenómeno de la migración por cuestiones económicas, en el que muchas familias se ven afectadas principalmente por la ausencia del padre, generando en los niños, niñas y adolescentes deserción escolar, adicción a las drogas y al alcohol, delincuencia y serios daños psicológicos, entre otros, recayendo en la madre la responsabilidad en la interacción con su familia, de crianza, custodia y educación de los menores.

Según investigaciones, las mujeres que se quedaron en sus lugares de origen y que dejaron de recibir recursos económicos de sus familiares migrantes, han tenido que desarrollar estrategias de sobrevivencia para ellas y sus familias.

Según cifras de las Naciones Unidas, proporcionadas en el año 2005, uno de cada 12 niños o jóvenes menores de 18 años trabajan en el mundo bajo las peores formas de explotación; 97 por ciento de ellos se haya en países pobres o en desarrollo y muchos de ellos entre los mexicanos y mexicanas.

En septiembre del 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo convinieron en establecer objetivos y metas mensurables con plazo al 2015, para combatir la pobreza, el hambre, el analfabetismo y la discriminación contra la mujer. En ello se define la meta de reducir en dos terceras partes. Entre los años de 1990 y 2015 la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años, ya que según datos de la ONU cada año mueren 11 millones de niños pequeños.

La creación de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias en esta Honorable Legislatura y sus acciones de trabajo, nos dan la pauta a seguir. No podemos desestimar su trabajo y es nuestra obligación continuar con sus acciones, como la revisión del estado que guardan nuestras leyes federales con la promoción de reformas, adiciones y derogaciones necesarias para adecuar nuestras leyes conforme a la Convención de los Derechos de los Niños y demás tratados internacionales.

Por esos argumentos propongo a esta Honorable Legislatura, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, cuyo objeto será garantizar la transversalidad de la legislación federal, en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos.

Segundo. Dicha Comisión Especial se formará con 30 integrantes pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, que serán elegidos conforme a los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. La Comisión Especial subsistirá durante la presente Legislatura en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituirse en comisión ordinaria conforme a la iniciativa presentada el 28 de febrero del año 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de octubre del año 2006.

Solicito a la Presidencia que el presente punto de acuerdo se integre íntegro en el Diario de los Debates.

Atentamente, diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Cervantes. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Mario Mendoza Cortés, del PRI, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua, para realizar las obras necesarias en el denominado "Dren de Tehuacan". Túrnese a la Comisión de Presupuesto Cuenta Pública.

El diputado Alfredo Barba Hernández, del PRI, entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la Familia.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas: Con su permiso, señor Presidente. Diputadas, diputados. La familia surge como unidad o célula básica de la sociedad humana, su origen antecede a la entidad jurídica y política que identifica a un grupo de personas, el Estado. No hay Estado sin familia, por ende sus políticas deben ser orientadas a la promoción, protección y fortalecimiento de ella.

La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último, hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia, de las familias, que forman la comunidad política que no puede realizarse plenamente, sino dentro de un orden social, económico, político, por su parte la familia debe cooperar con el Estado y las organizaciones intermedias al establecimiento del orden en la sociedad y cumplir la tarea fundamental de orientar, educar, social y políticamente a sus miembros.

Si bien es cierto que las acciones legislativas en el pasado han favorecido a grupos específicos de la población como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las niñas, niños, los discapacitados, pero poco se han dedicado a sus familias. Hay muy poco énfasis en las familias de ellos.

La familia no sólo para México, sino en el ámbito internacional, sigue siendo la unidad básica de toda la sociedad. En este sentido, la declaración universal de los derechos humanos recogió en el tercer inciso del artículo 16, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado.

El tema de la familia desde el punto de vista de la legislación es un asunto que corresponde preferentemente a los órganos legislativos de los estados o del Distrito Federal, a través de sus códigos civiles o familiares. No obstante, el marco jurídico federal vigente tiene también una incidencia fundamental en el desarrollo de la institución familiar, mediante reformas a diversas leyes federales.

El humanismo político que practicamos en Acción Nacional nos encamina necesariamente por el sendero de la familia. La familia ha sido el eje de nuestra acción política y el motivo esencial de nuestra lucha desde hace más de 67 años.

Acción Nacional reconoce que nuestra mayor crisis en estos momentos como nación tiene su origen en el descuido institucional que por años en México ha padecido la familia mexicana. La falta de oportunidades, la desintegración, las políticas públicas insuficientes o mal enfocadas han debilitado el núcleo familiar.

Por ello, hoy, nuestras instituciones y nuestras acciones como legisladores deben estar orientadas a fortalecer a la familia, a acercarle todas las posibilidades y evitar así, que esas amenazas sociales que hoy se ciernen sobre ella acaben por deteriorarla y con ella los valores que la constituyen.

Decía con razón don Manuel González Hinojosa, uno de nuestro más ilustres pensadores, que sin género de duda alguna, la familia es la primera escuela en la que los padres e hijos aprenden un poco de la virtud soberana que coexiste en saber olvidarse de sí mismo a fuerza de vivir para otros.

En fin, que nadie de los que estamos aquí presentes podría estar en contra de reconocerle a la familia el sitio que le corresponde en la jerarquía de temas que estamos obligados a ver desde la Cámara de Diputados.

Sólo en la medida en que atendamos de manera prioritaria a la familia, en la medida en que veamos por la satisfacción de sus necesidades, en la medida en que la fortalezcamos, tendremos una nación más fuerte y dispuesta a enfrentar los retos de hoy y de mañana.

Estoy convencida de que los temas relativos a la familia deben ser atendidos con prioridad sobre cualquier otro, por ello someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 42 de la citada Ley, la creación de la Comisión Especial de la Familia.

Segundo. La Comisión Especial de la Familia tendrá por objeto la realización de estudios, investigaciones, foros, consultas, diagnósticos, la revisión del marco jurídico y demás acciones legislativas y de políticas públicas para los poderes y órdenes de gobierno que se planteen e incidan en el desarrollo para el fortalecimiento de la familia.

Tercero. La Comisión Especial de la Familia, funcionará de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relacionadas. Contará con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Cuarto. La Comisión Especial de la Familia estará integrada por 26 diputadas y diputados federales pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que para tal efecto formule la Junta de Coordinación Política y durará en sus funciones el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto, pudiéndose constituir en comisión ordinaria si existiesen los argumentos necesarios para ello.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2006.

Señor Presidente, le solicito atentamente sea inscrito el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Atentamente. Mirna Cecilia Rincón Vargas, del grupo parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Mirna Cecilia Rincón. Como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hizo llegar a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma y Modernización del Sector de los Hidrocarburos. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Pido a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:47 horas): Gracias, señor Secretario.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 17 de octubre a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.