Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 17 de octubre de 2006

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 375 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: (11:18 horas) Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Comunicaciones de la Cámara de Senadores.

Dirigido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por el que informa los días que sesionará en la semana del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2006.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De los Congresos de los estados.

Del Congreso del estado de Sonora por el que remite acuerdo solicitando la asignación de recursos en el rubro de la educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Del Congreso del estado de Tamaulipas por el que remite acuerdo solicitando se dé cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional de Limites y Aguas, celebrado en el ño de 1944.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la adición de las comisiones de Cultura y de Ciencia y Tecnología a la comparecencia del secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa… (votación). Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de 2006, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante. Remítanse a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.

El siguiente punto del orden del día es Efemérides sobre el LIII Aniversario del Reconocimiento de los Derechos Civiles y Políticos de la Mujer Mexicana. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Ciudadanas y ciudadanos. Con motivo de la conmemoración del LIII Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres Mexicanas, me honra participar en esta tribuna plural de representación nacional, a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, en primera instancia por ser mujer y en segunda, por ocupar un espacio de gran responsabilidad en la toma de decisiones sobre el rumbo de la nación, producto del sufragio libre y soberano de hombres y mujeres que así lo decidieron.

La obtención del derecho al sufragio en 1953 fue un acto democrático trascendental no sólo para las mujeres mexicanas, sino para la sociedad en su conjunto. Aunque puede considerarse como una reforma electoral, fue sin duda por su implicación y su alcance, una reforma política y aún más, una reforma pionera dentro de la reforma del Estado.

Se trató ni más ni menos de darle poder de decisión política a más de la mitad de la población adulta. Las mujeres mexicanas hicieron público su derecho a elegir y a ser electas luego de más de 40 años de múltiples, variadas y exigentes luchas. Pero a pesar de los esfuerzos realizados en el país para mejorar la situación de las mujeres e incrementar la equidad entre los géneros, el progreso ha sido lento y aun inconcluso en algunos aspectos se observan avances a favor de las mujeres, sin embargo, las cifras de desigualdad, violencia, acceso a recursos, participación política y autonomía de las mujeres, siguen evidenciando iniquidad.

Compañeras y compañeros diputados. Sabemos que la igualdad entre los géneros es un requisito de desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social. El otorgar a las mujeres oportunidades de participación en la toma de decisiones y la promoción de la equidad de género son vitales, no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto sino para lograr una ciudadanía integral y democrática más sólida.

Existen problemáticas fundamentales que derivan en la desigualdad e iniquidad entre mujeres y hombres, una de ellas es que aun persisten expresiones que violan profundamente sus derechos humanos, a partir de la violencia sistemática de género. Por ejemplo, en el caso de los asesinatos y secuestros de las mujeres de Ciudad Juárez y en otras ciudades, aunado al aumento del comercio y turismo sexual de mujeres migrantes indígenas y cruelmente de niñas, así como los atentados a la libertad de expresión.

Otra problemática es aquella que tiene que ver con la desigualdad en el acceso a oportunidades laborales y en el ingreso entre ambos géneros. Los actores socioculturales y algunas costumbres, también contribuyen a las problemáticas de la desigualdad, ya que en muchas ocasiones derivan en la subordinación injusta de las mujeres con efectos negativos en sus vidas.

En el ámbito político, aunque existen avances en la participación de las mujeres en la toma de decisiones es todavía insuficiente y no alcanzan los estándares establecidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas, aunque la pluralización del sistema político mexicano ha permitido el acceso de grupos parlamentarios de distintas fuerzas políticas del país cada vez más vigorosas no se ha logrado una proporcionalidad representativa entre hombres y mujeres, ni la inserción cabal de las mujeres en los espacios fundamentales de la toma de decisiones, es decir, no se ha logrado la paridad de género, que en la práctica es el valor político de contrapeso de la igualdad.

Hablar de participación nos obliga a ubicarnos en los procesos sociales y políticos que ha vivido y vive el país en torno a la participación y organización de las mujeres, con las implicaciones de la misma en términos de aporte, de modificación de estructuras organizativas e institucionales, incluidas las gubernamentales, y de las formas de concebir e implementar los procesos mismos.

Integrar la perspectiva de género en la gobernabilidad y los procesos de descentralización actual es fundamental para lograr un desarrollo humano sostenible, equitativo e incluyente. Al mismo tiempo se hace necesario una mayor y transformadora presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones y un movimiento de mujeres fuerte que propicie el reconocimiento de los derechos de las mujeres, su empoderamiento y el ejercicio de su ciudadanía plena.

Compañeras y compañeros diputados, concluyo invitándolos a que coadyuvemos para que nuestros intereses personales y políticos rechacen las diferencias de origen, niveles económicos, culturas y sexos y a que nuestras acciones caminen tenazmente por el camino de la construcción de esa nación justa y equitativa que nos merecemos.

Me permito pronunciar a nombre de las mujeres las siguientes palabras de la escritora Elena Poniatowska en su autobiografía: "Vivo al ritmo de mi país y no puedo permanecer al margen. Quiero estar, quiero ser parte, quiero presenciar, quiero caminar codo a codo con él, quiero oír cada vez más, acunarlo, llevarlo como medalla troquelada en mi pecho, el activismo es un elemento constante en mi semana de colores. Felicidades a todas las mujeres mexicanas. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Guadalupe Socorro Flores. Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y se dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está abierto todavía el sistema si quieren registrar su asistencia.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 449 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Tiene la palabra la diputada Rubí Laura López Silva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Rubí Laura López Silva: Con su anuencia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Hoy celebramos un año más el voto de las mujeres en nuestro país y a través de la democracia hemos llegado a grandes transformaciones:

En 1947 con una reforma al artículo 115 constitucional, durante el período del gobierno de Miguel Alemán Valdés, se permitió que las mujeres votaran y pudieran ser votadas en las elecciones municipales de todo el país.

Fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se aprobó la reforma al artículo 34 de la Carta Magna promulgada en esta segunda ocasión por Adolfo Ruiz Cortines. De esta forma las mujeres, a ellas, se les reconoció la ciudadanía, su dignidad ciudadana y con ello el derecho al sufragio federal.

Actualmente la condición jurídica, social y política de la mujer a nivel mundial ha logrado cambios fundamentales como resultado del tiempo y de las modificaciones sobrevenidas en las costumbres sociales y políticas de la humanidad y en gran parte debido a la influencia y desarrollo mundial de los movimientos feministas.

En la actualidad resulta normal para todos y todas el tema de la mujer como una sección de nuestra historia. Ahora cada vez que buscamos algún tipo de dato histórico o información aparece un capítulo especial a la mujer, junto con las minorías, los grupos marginados; aun cuando la presencia femenina corresponda a la mitad de la población. Pero para llegar a esa normalidad se recorrió un largo camino.

El papel que hoy desempeñamos las mujeres se ha ganado con grandes dificultades. Desde tiempos antiguos hasta la época moderna la mujer ha ganado espacios en los diversos ámbitos del desarrollo de la vida en sociedad.

México ha pasado por una fuerte transformación durante estas últimas décadas. Los movimientos sociales que se han dado en todo el mundo, no podían haber dejado de lado a nuestro país.

Cada una de las generaciones en México, han impulsado formas de pensar diferentes y formas innovadoras de hacer política. Las mujeres hemos sido participantes activas en todos los cambios que ha tenido nuestro país. Sólo necesitamos ver al pasado. Las mujeres, nuestras madres, abuelas estuvieron presentes durante la lucha de Independencia, en el tránsito al México independiente, al México revolucionario, al México de instituciones y al México democrático.

El acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones es algo que va más allá de partidos políticos; es algo que va más allá de discusiones estériles; es un reconocimiento legítimo a las mujeres sobre nuestro derecho a decidir sobre lo que nos es más conveniente.

Ahora no podemos decir que las mujeres aspiramos a la igualdad, pero no somos iguales; por ello, no somos iguales las mujeres y los varones. Debemos reconocer nuestras diferencias y partir de esas diferencias para lograr una equidad entre los géneros; ésa es nuestra aspiración y también el respeto a los derechos.

Debemos reconocer que los logros de las mujeres en los últimos años se deben en gran parte al esfuerzo de mujeres y hombres que a lo largo de la historia han luchado por ganarse un espacio en la sociedad que nos tocó vivir.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hacemos un reconocimiento a las mujeres que se han entregado a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones dedicadas a la capacitación, al reconocimiento y a fortalecer en todas las virtudes de la mujer, como estudiante, como amas de casas, como emprendedoras, con una participación importante en la vida activa de nuestro país.

La mujer y los hombres tenemos la tarea primordial de conservar y cultivar valores espirituales y culturales en la familia, que es el núcleo primordial de toda sociedad. El papel que corresponde a las mujeres de nuestra época es la continuidad del esfuerzo y lograr la consolidación de los logros obtenidos, hasta el momento, hacia una sociedad equitativa.

En lo particular, me dan una noble responsabilidad, la cual asumo con respeto y compromiso, en el sentido que se obliga precisamente a que todas las mujeres trabajemos con todo cariño desde el espacio en donde nos encontramos, en pro de las necesidades de las mujeres. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a ti, mujer mexicana.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Rubí Laura López Silva. Tiene la palabra la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Muy buenos días, con el permiso de la Presidencia. Hago uso de la voz en esta tribuna para hablar sobre el aniversario del voto de la mujer en México.

A medio siglo de distancia recordar que sólo las mujeres que estuvieran ligadas a las fuerzas armadas a través de sus esposos podían acudir a las urnas es parte del pasado. Un pasado que nos lleva a reflexionar sobre el largo proceso integrado de diversas etapas que llevó a concretar el derecho de la mujer al sufragio en 1953.

A medio siglo de distancia ya nadie puede negar que en las últimas décadas se avanza en la revaloración de nuestra participación en el desarrollo nacional. Sin embargo, diversos factores socioculturales nos han colocado aún en condiciones desfavorables y no alcanzamos a asumir con plenitud los espacios que nos corresponden.

Éste es un verdadero reto para el Estado mexicano, nuestra representatividad está muy lejos de ser equitativa. No basta con votar, debemos avanzar para ser electas y ganar espacios de poder, para dejar de ser una mayoría con trato de minoría y ser parte del proceso político; lo que va más allá de votar, sino también incidir a favor de aquellas cosas en las que creemos. Siendo parte así del proceso del gobierno y no solamente el de ocupar una banca, tener un asiento; sino significa construir poder para que éste le sirva a la gente.

Todos los mexicanos somos iguales ante la ley, pero debemos revisar nuestras estructuras sociales desde la ciudad hasta el campo. Las mujeres debemos hacer valer nuestros derechos sociales y políticos.

El día de hoy celebramos 53 años de un cambio político tan importante para México y es momento de saber que siempre hay una mujer apoyando y dando bate a la sociedad. Las mexicanas votaron por primera vez en 1955, pero sólo hasta 1970 se inició realmente nuestra participación en los puestos políticos importantes.

El reconocimiento de la ciudadanía plena a la mujer, simbolizado en el derecho a votar y ser votada, fue el primer paso que se dio en la construcción de una democracia plena. Lucha que aún hoy no podemos dar por concluida.

Cómo olvidar a Ermila Galindo proponiendo el voto femenino en el Constituyente de 1917, a Margarita García Flores exigiendo el voto de las mujeres, a Aurora Jiménez Palacios. Gracias a la actividad política de muchas mujeres como ellas, posteriormente se logró que una mujer fuera gobernadora de un estado. A la fecha, en 53 años, este alto cargo sólo lo han ostentado cinco mujeres, cuatro de ellas del Partido Revolucionario Institucional.

El otorgamiento de la ciudadanía a la mujer en 1953 constituyó un parteaguas para el 50 por ciento de la población adulta. En este sentido significó incuestionablemente un gran paso en el proceso de democratización —al menos— formal del país. Es hora de cambiar el discurso por los hechos, tenemos la oportunidad en las manos y no la debemos dejar escapar.

Incorporemos la perspectiva de género de manera transversal en todas las actividades de la vida pública. Trabajemos para eliminar la brecha de desigualdad que aún existe entre hombres y mujeres. Esta LX Legislatura tiene en sus manos la posibilidad de ser el motor de las transformaciones políticas e institucionales que México necesita.

Yo sólo le pido a mis compañeras y compañeros legisladores que todas las acciones legislativas que realicemos tengan un verdadero sentido de equidad entre hombres y mujeres. No perdamos de vista que las mujeres representamos poco más de 51 por ciento de la población total del país y no podemos dejar de lado las necesidades específicas del sector más grande de la población.

Honremos este día a las mujeres que han dado su vida en la lucha del reconocimiento de los derechos de las mujeres y que con su ejemplo han puesto en alto el nombre de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Sara Latife. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Pilar Guerrero Rubio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Pilar Guerrero Rubio: Con su permiso, señor Presidente. Diputadas y diputados. Es muy grato ofrecer estas palabras en este día tan importante para todas las mujeres mexicanas.

Gracias al desarrollo político que se ha perfilado en los últimos años, puedo afirmar que existe una apertura real para que los jóvenes podamos incursionar en la política nacional, ámbito hasta hace muy poco tiempo vedado en este importante sector de la población, pero sobre todo más para las mujeres.

Yo tengo la firme convicción de que en la medida en que logremos aplicar y honrar los principios por los que lucharon tantas mujeres mexicanas que hicieron posible que en la actualidad podamos gozar sin límite de nuestros derechos políticos, civiles, culturales y sociales, sin duda asentaremos un mayor respeto de nuestras sociedades.

Creo que si trabajamos en unión con nuestras aspiraciones podemos llegar a formar una conciencia con respeto a la equidad de género en todas las actividades humanas y sobre los efectos negativos que los estereotipos socioculturales tienen sobre las actitudes excluyentes. Gracias a esta labor, las mexicanas podemos votar y ser votadas, podemos y tenemos el honor de ocupar cargos en los tres niveles de gobierno.

Recordemos pues a importantes figuras como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y María Ignacia, la "Güera Rodríguez" quienes haciendo caso omiso de los prejuicios de su época se unieron a la lucha por la Independencia y labraron el incipiente movimiento para obtener facultades mandatorias para la mujer.

Hoy nos queda claro que no podemos hablar de una democracia íntegra donde la mitad de su población no cuente con derechos políticos. Si bien México ha avanzado en este sentido, aún ocupa el número 47 en la tabla de posiciones de la Unión Interparlamentaria respecto a la presencia femenina en parlamentos.

El ejemplo de que existen oportunidades en la vida política de nuestro país para los jóvenes, particularmente en las mujeres, viven aquéllas que hemos escogido y defendido nuestros principios y valores.

Debemos formar frente común para que la sociedad en general comprenda de una vez por todas el valioso aporte de la mujer en la conformación integral de la familia y en su contribución directa al desarrollo de la sociedad.

Tenemos que lograr una completa aceptación sobre la gran trascendencia que tiene la población femenina al interior de nuestro entorno nacional. Las mujeres de nuestro país, desde una perspectiva histórica, han luchado por sus derechos laborales, por un acceso equitativo a la educación, por sistemas de salud integral, por sus derechos políticos y por muchas cosas más. Pero para obtenerlos y mantenerlos vigentes ha tenido que pugnar por la creación de un marco jurídico que finiquite la situación de desigualdad y discriminación. Un marco jurídico en el que permanezcan las mujeres.

Un sinnúmero de mujeres han entregado su vida para lograr la igualdad entre géneros. Todas ellas han contribuido a cambiar actitudes de intolerancia. Todas podemos ser parte de ese venturoso proceso. Tanto es así que muchas somos parte de ese sueño que hoy es una realidad.

La intervención de las mujeres en los espacios políticos ha hecho posible una participación más dinámica con la finalidad de que las decisiones que se tomen repercutan positivamente en nuestro diario acontecer.

Tenemos muy claro que la labor de la mujer deberá ser la punta de lanza para llegar a la meta de la igualdad. Por ello, en esta oportunidad es que me permito hablar en nombre de todas las mujeres que habitan nuestra tierra, mujeres jóvenes y adultas, mujeres indígenas, migrantes, discapacitadas, de todas religiones, orígenes étnicos y medios sociales, mujeres obreras y universitarias. Una gran diversidad que sin duda nos enorgullece, pero que confluye por desgracia con el factor de la segregación y la desigualdad, de la pobreza y el abuso.

Las mujeres tenemos que comenzar por reconocer, promover y fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades de trato entre hombres y mujeres y el ejercicio pleno de todos sus derechos, así como su participación equitativa y genérica en la vida del país.

Es un hecho que todavía falta mucho por hacer, siendo urgente que nos unamos para mejorar la situación de la mujer, pues no olvidemos que muchas veces somos las peores enemigas de las que pertenecen a nuestro género.

Revirtamos este tipo de actitudes ya que la única manera de acceder a una verdadera renovación de nuestro sistema de vida es a través de la unión.

En ese sentido es que celebro otro aniversario más del voto de la mujer en México, a fin de alentar la promoción y la protección de todos los derechos de la mujer en nuestro país, que busca mayor conciencia de la población en general sobre el respeto y el valor de las mujeres en nuestra sociedad. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Pilar Guerrero. Tiene la palabra la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de la tribuna para destacar la trascendencia de la reforma constitucional que tuvo lugar el 17 de octubre de 1953 y que otorgó a la mujer mexicana los derechos ciudadanos dado que la participación de las mujeres en la política es un aspecto contundente en la construcción de una democracia sustantiva.

La historia de las bases legislativas que obligaron a los Estados modernos a reconocer en las garantías individuales la materia de género se basa en la Declaración de los Derechos de Mujer y la Ciudadana de Francia, documento redactado por Olympe de Gouges en 1791, con el que inició la lucha política por lograr que en las comunidades de cada país se respetaran los derechos de la mujer.

El primer antecedente de mexicanas que reclamaron este derecho se gestó en el espacio de la revista "Violetas de Anáhuac", con importantes reclamos a la sociedad que discriminaba a las mujeres hacia finales del siglo XIX.

Las mexicanas participaron de lleno en los movimientos por los derechos laborales hacia finales de ese siglo y entraron de lleno en la lucha por el movimiento sufragista a principios del siglo XX.

México es un país que se caracteriza por la diversidad de pensamiento, en el que convergen ideologías encaminadas a enfrentar los retos adquiridos con la ciudadanía por alcanzar mejores condiciones de igualdad, justicia y equidad.

Pero en el tema de los derechos políticos, en el camino de las mexicanas para lograr el pleno goce de sus calidades de nacionales ha sido sin duda difícil, toda vez que hasta la mitad del siglo XX estas prerrogativas sólo fueron reservadas para los varones.

Fue hasta 1953, con las reformas a los artículos 34 y 35 constitucionales, en el que se reconocieron los plenos derechos civiles y políticos de la mujer mexicana. Las mexicanas a partir de entonces, de simples espectadoras adquirimos la actitud de convertirnos en protagonistas del desarrollo económico, político y social del país demostrando que a la par de los hombres también podemos beneficiar el progreso político emanado del principio fundamental de igualdad jurídica en el marco de la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975.

Es indiscutible que esa ig+ualdad ante la ley hoy en día se ha quedado en el discurso, ya que el trato igualitario de las personas socialmente desiguales no genera por sí solo la igualdad.

Por lo anterior, en el grupo parlamentario de Convergencia reconocemos los avances obtenidos a más de 50 años del otorgamiento de los derechos políticos de la mujer. Sin embargo, consideramos que es preciso advertir la necesidad de acrecentar las oportunidades y de generar condiciones equitativas para que las mujeres puedan participar en la vida política.

Convergencia ha manifestado en su declaración de principios, en cada uno de los foros donde ha tenido oportunidad de participar, que la democracia sustantiva a la que aspiramos no es posible si no generamos las condiciones para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en la vida política del país.

En el México actual la diversidad de expresiones encausadas a delimitar las bases del destino de las instituciones es una tarea que diariamente se hace presente en la necesidad de brindar el sentido del verdadero reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, como sucede en más de la mitad de los países latinoamericanos, garantizando condiciones equitativas e igualdad de oportunidades a mujeres y hombres, pues no podemos dejar del lado que aún ahora las mujeres realizamos grandes esfuerzos, aún a veces mayores que los hombres, para aspirar a ocupar los sitios con que contamos en cualquier sector de la política nacional.

No podemos dejar de hacer evidente que a pesar de todos los esfuerzos que desde hace 53 años se han hecho, en la actualidad de este Congreso solamente el 22 por ciento de las integrantes son mujeres y el 17 por ciento del Senado son mujeres. A nivel de presidencias municipales solamente alcanzamos una representación del tres por ciento. Esto sin duda no se trata solamente de una cuestión de cantidad, sino también de calidad si queremos darle a la democracia el papel representativo que éste debe tener. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Angélica Tagle. Tiene la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy los mexicanos celebramos el 53 aniversario del otorgamiento de los derechos políticos de la mujer, al haberse reconocido su calidad de ciudadana y el derecho al voto. Esto fue consagrado en la reforma al artículo 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953.

En la opinión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer fue un acto tardío. Es fiel ejemplo del pensamiento conservador y prejuicioso prevaleciente en aquella época que postulaba que la mujer no podía realizar más tareas que las del hogar; nada más falso. Las mujeres hemos luchado codo a codo junto con los hombres porque nuestra nación se engrandezca en todos los sentidos.

En nuestra historia sobran ejemplos, la lucha por la independencia de México no pudo haberse logrado sin la participación valiente y decidida de mujeres destacadas como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, y otras tantas miles más. En la guerra de reforma la República no se hubiera consolidado sin la participación de miles de mujeres que lucharon por rescatar la soberanía de nuestra patria.

Durante la Revolución Mexicana las mujeres fueron parte activa para desterrar el régimen de Porfirio Díaz. Ahí está el ejemplo de Carmen Serdán y de otras miles de mexicanas que dan testimonio de ello.

No hay duda de que las mujeres hemos contribuido a la grandeza de nuestro país. Las obreras, desde la dureza de la industria maquiladora y de otras actividades, han aportado su esfuerzo para que México sea lo que es hoy.

Las normalistas, las universitarias, las trabajadoras del campo y la ciudad, y todas aquellas que con el trabajo intelectual o material han luchado por un México más justo y democrático y con mejores oportunidades para nuestros hijos, son las que han forjado a este país.

Este Poder Legislativo también se ha enriquecido con la presencia activa de las mujeres desde la LVII Legislatura federal, con la presencia de nuestra compañera diputada Aurora Jiménez de Palacios.

Hemos ido ganando más espacios de representación y de cargos públicos tanto en los estados como en los gobiernos municipales y en la administración pública federal. Sin embargo, esto no es suficiente, tenemos todavía muchos desafíos que cumplir. Estamos en la lucha por lograr la igualdad de las mujeres de todos los órdenes de la vida nacional.

Tenemos pendientes en el campo laboral, en la igualdad salarial, en la responsabilidad compartida del hogar y de los hijos, entre otras tareas. En fin, el voto de las mujeres fue sólo un paso, nos faltan otros también importantes como es lograr un auténtico respeto por todos nuestros derechos y la igualdad con los hombres, pero sobre todo, nos hace falta desterrar las estructuras del poder económico y político que son la base de esa desigualdad.

En este punto las mujeres petistas estamos tomando conciencia de la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo económico y político, que garantice la incorporación de todas las mujeres al trabajo productivo y a la toma de decisiones que le dan rumbo a la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Rosa Elia Romero. Tiene la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Silvia Luna Rodríguez: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores. "Si la mujer tiene derecho de subir al patíbulo, ella debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna", 1791. Hace 215 años fueron pronunciadas estas palabras por Olimpia de Gouges, quien escribió "La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana". En ella reclamaba lo que todos conocemos hoy como la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, palabras que después de 53 años de celebrar en México cada 17 de octubre el reconocimiento al derecho de las mujeres al voto, parecen encontrar todavía algunos huecos.

Vencer los mitos construidos socialmente acerca del papel que debemos ejercer las mujeres dentro de nuestra sociedad, sigue siendo uno de los retos más importantes. A Olimpia de Gouges, su voz y su palabra le valieron la muerte en su época, pero son estas las palabras pensadas y expresadas por mujeres, las que ahora tienen otra posición y otro público.

Las palabras se han vuelto necesarias e indispensables para crear entre los seres humanos, hombres y mujeres, la comprensión necesaria para generar los puentes y vínculos que requerimos y son a través de ellas como hemos podido alcanzar el derecho a ser escuchadas y elegidas.

Para Nueva Alianza recordar el aniversario del sufragio femenino nos permite fortalecer la memoria colectiva y recuperar lecciones de convivencia democrática, pero también nos permite hacer un análisis de todo el camino que tenemos por recorrer.

Desempleo y diferencia en los salarios, violencia en los hogares y en las calles, acoso sexual, desigualdad en las labores domésticas, escasa participación en la política, pobreza y la persistencia de la discriminación hacia las mujeres en general siguen siendo claros ejemplos de la iniquidad en nuestro país.

Por ello, más que una celebración, este día debe ser un recordatorio, un puente, un espacio de reflexión, de lucha y de demanda de los derechos pendientes y de la urgencia de legislar, informar sobre ellos y conocerles.

Garantizar el mayor acceso de la población femenina al poder no significa por sí mismo un cambio; no basta con que las mujeres ocupemos más curules o cargos del más alto nivel en la administración pública si no asumimos, junto con los hombres, un compromiso de género y desde nuestra posición marcamos la diferencia; porque la igualdad formal y real entre las mujeres y los hombres es un derecho fundamental del ser humano.

Porque las mujeres representamos más de la mitad de la población y somos más de la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de nuestro país; porque una participación equilibrada en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes que vayan en la dirección de un México más justo y equitativo.

Porque la democracia exige la equidad en la representación y en la administración del país y la equidad plantea, como principio básico, la posibilidad de favorecer a todas las personas con igualdad a partir del reconocimiento de las diferencias y porque en el camino hemos entendido que las atribuciones y los roles que nos han sido impuestos son construcciones sociales que, mediante la educación y el conocimiento pueden desaparecer. Hagamos del consenso y del acuerdo herramientas de trabajo.

A quienes ejercemos la política, nos toca asumir los cambios de este país y su potencial democrático. Démosle la bienvenida a la equidad de género, a la pluralidad de opiniones y proyectos y alternativas. De eso está hecha la democracia. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Silvia Luna. Tiene la palabra la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros. A lo largo de la historia, las mujeres hemos estado conscientes del valor de nuestra función biológico-reproductiva, pero también hemos reclamado que no sólo por ella nos definimos.

Como sujetos históricos, a veces solitarias, más recientemente agrupadas aquilatamos el valor de ver plasmadas nuestras ideas y conceptos dentro del imaginario social pero también aclaramos que estas conquistas no se nos otorgaron como una graciosa concesión, son el resultado del trabajo decidido de las mujeres por ser visibles dentro del contrato social.

Las mujeres reconocemos hoy que en la generalización del acceso a la educación nos apropiamos de la conciencia; que en la incorporación masiva al trabajo remunerado nos apropiamos de la autosuficiencia; que en la posibilidad del acceso generalizado de los anticonceptivos nos apropiamos de nuestro cuerpo; que en la existencia del divorcio, en su connotación y estigma social, y en la generalización del sufragio para las mujeres nos apropiamos de la ciudadanía; que en el surgimiento del movimiento feminista que plantea una visión distinta del mundo estamos reivindicando el derecho a apropiarnos de la construcción de la historia.

Sin embargo, las mujeres seguimos hablando de aumentar nuestra participación en la política. ¿A qué nos referimos? Al espacio del que con la división sexual y genérica de los roles sociales se nos excluyó, y en el que supuestamente las mujeres no tenemos interés: las investiduras institucionales.

En octubre de 2003, un grupo de mujeres de la élite política —diría Sara Lovera– nos reunimos, no obstante nuestras diferencias y la diversidad de nuestros orígenes ideológicos, simplemente para festejar el L Aniversario del Voto Femenino para conmemorar nuestra ciudadanía plena. Este hecho causó un gran revuelo en la clase política y en los medios de comunicación.

Nosotras habíamos decidido formar y mostrar un acuerdo frente a la sociedad. La alegría que nos daba sabernos ciudadanas con derechos. Las críticas, por supuesto, no se hicieron esperar y fueron en general de burla y de descalificación.

Los medios no podían creer que se reunieran mujeres de poder, mujeres con poder y por el poder para festejar pero también para señalar que esta ciudadanía todavía está incompleta y es imperfecta.

"Las mujeres políticas –decían los medios- conspiran contra la impunidad, contra el ocultamiento de su valor y su existencia". Las mujeres políticas se pusieron de acuerdo sin altisonancia, de cara al país exgobernadoras, legisladoras, mujeres de partidos políticos, feministas, funcionarias públicas e integrantes de organizaciones civiles simplemente hablamos de la otra mitad del mundo. Hablamos también de la problemática femenina que no se agota en la obtención de los derechos y hablamos de la zona intocada, casi pervertida. Hablamos del poder con mayúsculas.

Un viejo ideal feminista alentó a Rosario Robles, a Beatriz Paredes, a Margarita Zavala, a Patricia Mercado, a Josefina Vázquez Mota, a Martha Lamas, a Sara Lovera y a muchas otras mujeres que junto con ellas decidimos que las mujeres tenemos todavía un trecho por avanzar juntas, antes de que nuestras diferencias políticas nos separen.

Martha Lamas se preguntaba ante la mezcla de panistas, perredistas, priístas, feministas y mujeres independientes, ¿somos las mujeres aliadas naturales? Depende para qué. En el fondo se nos sigue viendo como a las brujas.

La necesidad común de las mujeres es dejar de ajustarnos al patrón de medida del hombre y buscar y encontrar un patrón de medida mujer para estar en este mundo. Es decir, cuando aprendamos a no temer el ridículo a los ojos de los hombres y empecemos a temer el ridículo a los ojos de las mujeres, nuestro patrón de medida para estar en este mundo habrá sido finalmente reencontrado.

Esto significa, entre otras cosas, que a las mujeres hay que criticarlas por sus posiciones públicas, por sus actos, por su forma de hacer política pero no por cuestiones por las cuales no se critica a los hombres.

El establecer pactos entre las mujeres bajo esta lógica feminista nos ha permitido en México avanzar en los temas de los que hemos hablado antes, porque lo que nos une a las mujeres, independientemente de nuestras posiciones ideológicas, es un problema en el orden social que existe y que no se ha resuelto: la existencia de un contrato sexual previo al contrato social, que es –en el orden político del gobierno– lo que nos excluye a las mujeres del poder.

¿Qué riesgos y beneficios entraña a las mujeres que se separan por un momento de sus partidos políticos para a expresar cuestiones que representan el interés homogéneo del género? El riesgo pasa por responsabilizarse de una decisión personal por ser criticada dentro de nuestros propios partidos. Sin embargo, el beneficio es poner en evidencia que 53 años después de que tenemos derecho a votar y ser votadas todavía existe una problemática específica de las mujeres en el ámbito del poder.

La pregunta clave es: ¿cómo se expresa hoy el sexismo en el mundo de la política? Hace 53 años se dudaba de nuestra capacidad, hoy ¿cuál es la duda? Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Marina Arvizu. En el apartado de iniciativas para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud se han inscrito para hablar dentro de los diez minutos, la diputada Juana Leticia Herrera Ale y el diputado José Rosas Aispuro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra la diputada Leticia Herrera Ale, hasta por cinco minutos.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale: Muy buenas tardes a todos. Con su venia, señor Presidente. Los suscritos ciudadanos Juana Leticia Herrera Ale y el licenciado José Rosas Aispuro Torres, diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía popular iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX y la actual pasa a ser la XXXI, del artículo 3°; se reforma la fracción II de la parte a) del artículo 13 y se adiciona el Título 11 Bis, todos de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Quiero destacar los principales motivos que nos llevaron a presentar esta iniciativa. El cáncer en México ha incrementado su frecuencia y ya se colocó en el segundo lugar general como causa de muerte; en mujeres de 35 años o más ocupa ya el primer lugar. En general, los dos tumores más frecuentes son, primero, el carcinoma cervicouterino, seguido del cáncer mamario. Dichas neoplasias representan cerca del 50 por ciento de los tumores malignos que afectan al sexo femenino.

En algunos países desarrollados el 65 por ciento de los cánceres de mama es diagnosticado en etapas cero y primera. En México en el sector público, sólo del cinco al diez por ciento de los casos se diagnostica la neoplasia en etapas tempranas con altas posibilidades de curación; del 40 al 50 por ciento de estos cánceres son descubiertos en etapas tercera y cuarta avanzada, cuando el costo del tratamiento es elevado y hay pocas posibilidades de curación.

Aproximadamente el seis por ciento de las defunciones por cáncer corresponden al mamario, ocupando el sexto lugar dentro de las causas de muerte por cáncer, pero el segundo lugar de muerte por cáncer en mujeres.

Se considera hoy que al año 2010 habrá una mortandad de 13 por cada cien mil mujeres adultas y cerca de cuatro mil 500 defunciones por año por esta causa en México. Se conoce que cada día en México mueren diez mexicanas por cáncer de mama.

El cáncer cervicouterino ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores malignos y el tercero en mortandad relacionada con las neoplasias malignas en la población en general.

En la población femenina el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por neoplasias malignas, particularmente en el grupo de 25 a 64 años de edad. Debido a la magnitud que muestra el cáncer cervicouterino en nuestro país, éste se considera un problema de salud pública, por lo que es necesario subrayar como estrategia principal la coordinación de los sectores público, privado y social para afrontar este padecimiento con mayor compromiso, eficiencia y eficacia.

El cáncer mamario y cervicouterino son enfermedades curables cuando se les diagnostica y trata en forma temprana.

Un dato que es importante resaltar es que en Europa, principalmente en España, se ha desarrollado una vacuna experimental la cual ha conseguido evitar la aparición de cáncer cervicouterino, según un estudio realizado en 90 centros de 13 países durante dos años. Por ello, resulta indispensable contar con un programa de detección temprana y atención especializada de cáncer mamario y cervicouterino en el país.

Le pido a mi compañero José Rosas Aispuro, que juntos hemos elaborado esta iniciativa, que amplié algunos comentarios sobre la misma. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante, diputado.

El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras, compañeros diputados. La compañera diputada Leticia Herrera Ale ha hecho una exposición sobre las razones que nos llevaron a presentar una iniciativa sobre reformas a la Ley General de Salud, para proteger sobre todo a las mujeres de un problema que hoy en día representa la segunda causa de muerte de las mujeres.

Y qué bueno, que ahora que se está celebrando un aniversario de este derecho político de las mujeres de votar creo que no sólo debemos de quedarnos con esos simples acuerdos que nos han permitido avanzar en el ámbito de la lucha política de las mujeres, sino me parece que la lucha política de la mujer tiene que ir acompañada de otros aspectos, como es este caso, la atención a la salud, que es lo más importante del ser humano.

El proyecto que estamos presentando es una iniciativa de decreto que adiciona la fracción XXIII y la actual pasa a la XXI del artículo 3º., reforma la fracción II de la parte A del artículo 13 y se adiciona el Título XI Bis, todo ello de la Ley General de Salud.

Se adicionan las fracciones XXIII y la actual para pasar a la XXI del artículo tercero en la parte relativa a lo que tiene que ver con las responsabilidades que tiene la Secretaría de Salud en esta materia, en los términos de esta ley en materia de salubridad general se considera que todos los aspectos que ahora en día ya contempla la ley, debemos de sumar el ¨Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cervicouterino y las demás que la propia ley y los ordenamientos legales de conformidad al artículo 4º. de nuestra Constitución se deban de dar.

Las competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad deberán quedar claramente establecidas. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su cabal funcionamiento por sí, en coordinación con dependencias y entidades del sector público.

Se adiciona el Título XI Bis a la Ley General de Salud relativo al Programa de Detección Temprana y Atención Especializada y Cáncer Mamario y Cervicouterino para quedar como sigue

Disposiciones generales

Artículo 193. El Programa de Detección Temprana y Atención Especializada y Cáncer Mamario y Cervicouterino tiene por objeto establecer la promoción y prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer mamario y cervicouterino en mujeres que habiten en el territorio nacional, en forma permanente y gratuita.

El Ejecutivo federal deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida para el funcionamiento de este programa. La Secretaría de Salud deberá ser la responsable de promover, coordinar y realizar la evaluación de programas a través de sus propias instancias.

Me parece que una de las cuestiones más importantes que tiene esta iniciativa es la creación de este nuevo Capítulo Bis a obligar a que el gobierno federal en el Presupuesto de Egresos puedan contemplarse los recursos suficientes para dar atención a este programa, que es lo novedoso de esta ley, de esta iniciativa que ahora estamos presentando.

Y nos parece que los aspectos que la misma establece, tienen un gran contenido de carácter social, tienen realmente el objetivo de que la mujer pueda ser atendida en cualquier hospital.

Inclusive estamos planteando que haya un convenio entre el gobierno federal y las instancias en materia de salud del sector privado, para que una mujer pueda ser atendida en cualquier hospital, ya sea público o privado, en el momento en que ella así lo determine, el momento en que ella así decida, acudir desde luego a estas instancias para buscar la prevención y desde luego cuando se detecte este problema en edades oportunas. Creo que es mucho lo que podemos hacer a favor de las mujeres en este tema.

Por su atención y por el apoyo que podamos recibir de nuestras compañeras y compañeros diputados a la iniciativa que hemos presentado la compañera diputada Juana Leticia Herrera Ale y un servidor, mucho les agradecemos porque es un tema fundamental para garantizarles a las mujeres no sólo los derechos políticos, sino para garantizarles lo más importante, el derecho a la salud. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado Rosas. Tiene la palabra la diputada Guadalupe García Noriega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 49 y 51, de la Ley General de Vida Silvestre.

La anterior iniciativa que presentaron los dos diputados que usaron la tribuna, será turnada a la Comisión de Salud.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Con su venia señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El mundo está lleno de paradojas y el hecho de que México sea un país megadiverso es una de ellas.

De acuerdo con el estudio de país publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, México es el país con mayor diversidad ecológica de América Latina y el Caribe, al estar presentes dentro de sus límites políticos, los cinco tipos de ecosistemas, nueve de los 11 tipos de hábitat, 51 de las 191 ecorregiones identificadas.

Aunado a ello está la riqueza biológica que nos da la característica de mega diverso; ésta, además, registra un elevado número de endemismos. Por ejemplo, más de mil 200 especies fanerógamas y más de 900 especies de vertebrados. Sin embargo, como bien han documentado los expertos, el progreso de la humanidad ha colocado a un gran número de especies de flora y fauna silvestre al borde de la extinción.

Las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad mexicana son directas e indirectas. En el primer caso, la sobreexplotación de las poblaciones silvestres y su aprovechamiento insustentable, son algunas de las principales causas de inquietud, mientras que la destrucción y modificación del hábitat, son consideradas como amenazas indirectas.

La singular riqueza biológica de México es cada vez más apreciada y reconocida. Pero, como se señaló, paradójicamente nos posiciona como uno de los principales abastecedores de especies de vida silvestre en el mundo.

Información publicada por organizaciones como "Tráfic", dedicada al estudio de la biodiversidad de especies a nivel mundial, particularmente de aquéllas catalogadas en peligro de extinción, refiere la proliferación de mercados y preferencias crecientes que tienen por objeto los elementos nacionales integrantes del formidable andamio biológico de flora y fauna silvestre, para su aprovechamiento comercial, como materias primas, mascotas o exhibición.

A nivel internacional existen los mecanismos para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres; concretamente nos referimos a la Convención sobre el Tráfico Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la excesiva demanda aunada a las supuestas oportunidades que ésta representa para las comunidades rurales, propietarios y organizaciones sociales, han tenido consecuencias negativas, pues se ha detectado que, aun en la venta permitida de productos y subproductos, se realizan transacciones irregulares que dejan efectos secundarios no sólo para las especies sino también para los ecosistemas, ya que han propiciado la introducción de enfermedades de especies invasoras, además de reducción del número de individuos en los ecosistemas.

Como se aprecia, la relación que guarda esta especie con los diferentes ecosistemas, hábitat, eco regiones del país, es compleja y por ende, su gestión constituye uno de los principales retos para quienes tienen el encargo de preservar, restaurar, mejorar los componentes de la ecósfera, sobre todo, si de forma paralela ha de procurarse el desarrollo económico del país.

A nivel interno la autoridad ambiental cuenta los mecanismos legales que le permiten tener un control determinado sobre el manejo de las especies de flora y fauna silvestre, particularmente aquéllas que se encuentran en alguna categoría de riesgo. No obstante, las personas que adquieren ejemplares de flora y fauna silvestre carecen de información necesaria para discriminar si los lugares donde adquieren dichas especies cuentan con las autorizaciones de ley.

En estos últimos años hemos tenido conocimiento de la existencia de establecimientos clandestinos o de locales, que aun cuando están registrados, operan al margen de la ley. Si bien algunos de éstos ya han sido clausurados, existen muchos que son aún más difíciles de detectar; toda vez que se promocionan a través de páginas electrónicas y en los que las transacciones se realizan por este medio.

En las memorias de gestión de la administración de la maestra Julia Carabias quedó plasmado uno de los aspectos a los que la Dirección General de Vida Silvestre tendría que dar oportunidad; no por capricho, sino por la experiencia adquirida a lo largo de ese sexenio. Así, lo habría demostrado era lo relacionado con la información, cito.

"...En lo general el éxito de la toma de decisiones está fincado en una información clara, oportuna, veraz y accesible. Por lo tanto, faltas de información llevan a las faltas en las políticas o acciones de conservación y uso de biodiversidad". Fin de la cita.

En ese sentido, llama nuestra atención que, aún cuando la Ley General de Vida Silvestre dispone, entre otras, el establecimiento de un subsistema nacional de información sobre la vida silvestre, que tiene a su cargo la difusión de información relacionada con la conservación y aprovechamiento sustentable de la misma, no contempla en la divulgación de información que brinde algún tipo de orientación al público en general, respecto de los lugares que se dedican al comercio; esto es, compra y venta de estos ejemplares.

Sobre el particular, estimamos de la mayor conveniencia que, además de que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con el registro de los comercios, locales o establecimientos que se dedican a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, éste sea difundido a través del Subsistema Nacional de Información, aquí referido.

Precisamente con este propósito es que se propone adicionar una fracción VIII al artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre; ello sin duda alguna contribuirá a evitar que las personas favorezcan la proliferación del tráfico ilícito de estas especies, muchas de ellas catalogadas bajo algunas categorías de riesgo.

De igual forma, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley en comento. El objeto de esta adición es establecer la obligación a la autoridad, no sólo de conformar el registro de comercios, locales o establecimientos que se dediquen a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, sino también de hacerlo público.

Esta acción constituye el fundamento de la adición al artículo 49 antes señalado y da congruencia a lo dispuesto en el artículo 52, relativo a los comercios registrados. Asimismo, brinda claridad a la autoridad encargada de vigilar la aplicación de la ley, pues tal como se encuentra redactado, sólo se hace referencia a comercios registrados, pero no se especifica dónde se puede consultar cuáles son.

Si las personas que gustan de adquirir ejemplares de flora y fauna silvestre tienen información detallada y fidedigna que les dé certeza de que los lugares que los comercian han demostrado llevar a cabo todas sus operaciones de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, se estará orientando la demanda hacia canales lícitos y también se estará fomentando el combate al tráfico ilícito de la riqueza natural mexicana.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 49 y un párrafo tercero al artículo 51 de la ley General de Vida Silvestre.

Señora Presidenta, hago entrega de la iniciativa y solicito sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada García Noriega. A petición de la diputada, atiéndase su publicación íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La siguiente iniciativa agendada en el orden del día se retira a petición del proponente. Tiene la palabra el diputado Israel Beltrán Montes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

El diputado Israel Beltrán Montes: Muchas gracias, buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta.

El suscrito, diputado federal Israel Beltrán Montes, en nombre de los diputados federales del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la iniciativa de reforma al artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos del a Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, sustentado en la siguiente

Exposición de motivos

El espíritu esencial de la creación de marcos jurídicos se refiere al establecimiento de normas que faciliten la convivencia pacífica entre los mexicanos, entre los individuos, implicando la búsqueda primordial de la justicia social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se instituye como la base fundamental del orden jurídico mexicano, el principio de igualdad es un principio básico para su funcionamiento. Ante ello, las normas secundarias deben invariablemente observar este precedente.

Cuando los integrantes de un congreso privilegian las convergencias por encima de las divergencias es posible llegar a acuerdos productivos, se realiza un fuerte trabajo intelectual con la consideración invariable de los fenómenos sociales a través del ineludible respeto de las necesidades reales de nuestros representados.

En este sentido, durante la elaboración de la Ley de Energía para el Campo, los diputados de la LVIII Legislatura construyeron un espacio en donde las agendas coincidieron, al grado de permitir votar una ley con mayoría absoluta.

Se consideraron las condiciones del subdesarrollo de campo mexicano y la necesidad de fortalecerlo en el marco de la globalización y de un tratado de libre comercio, en donde nuestros socios comerciales aplican una política preferencial de precios para los energéticos, subsidiando los costos reales de su actividad agropecuarios. Mientras que en nuestro país la falta de precios preferenciales hace que el costo de los energéticos usados en el campo aumenten de 100 hasta 500 por ciento, en desventaja del costo de las cosechas, que en algunos casos valen lo mismo que en 1994 y en otros han reducido su valor hasta en 40 por ciento menos.

La Ley de Energía para el Campo establece el uso estratégico para el desarrollo nacional a todos los energéticos que se usan en el sector agropecuario, además de ordenarlos, regularlos y reglamentarlos para que tengan precios estratégicos y preferenciales que incentiven su reactivación y desarrollo.

En virtud de su consenso, esta ley cuidó ser integral para que su cobertura fuera lo más amplia posible, es por ello que durante su redacción se estipuló en el artículo quinto, párrafo cuarto, lo siguiente: "Los precios y las tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias serán iguales —serán iguales— para todos los productores del país".

Sin duda la ponderación de éstos y otros argumentos fueron producto del análisis y la discusión de una asamblea democrática, con una preocupación inequívoca por el establecimiento de normas que beneficien a la mayor cantidad de mexicanos.

En este contexto y durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se destinaron 51 mil 041 millones de pesos como presupuesto de la Sagarpa, de los cuales —en el artículo tercero transitorio— se asignan poco más de 685 millones en beneficio de los productores agropecuarios con el propósito de disminuir el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas.

Sin embargo, en la parte final de ese artículo se expone: "Este apoyo será entregado únicamente a aquellos usuarios que no tengan adeudos superiores a los 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad".

La redacción en estos términos contrapone lo establecido en este precepto con lo estipulado en la Ley de Energía para el Campo en el mencionado artículo quinto referente a la igualdad de apoyos y sobre todo cuestiona el accionar de los legisladores que, convencidos, votaron una ley de manera unánime.

Por ello, los diputados del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional proponemos la reforma al artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, sustentados en la contradicción de los preceptos ya referidos, en la siguiente forma, en la siguiente iniciativa.

Dice: "Se asignan 685 millones 600 mil pesos en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura durante el 2006 para disminuir, en beneficio de los productores, el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas. Este apoyo será entregado únicamente a aquellos usuarios que no tengan adeudos superiores a 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad".

Que diga —se propone—: "Se asignan 685 millones 600 mil pesos en el presupuesto de la Secretaría Agricultura durante el 2006 para disminuir, en beneficio de los productores, el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas".

Transitorio. Esta medida entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención muchísimas gracias. Muy amable, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Beltrán Montes. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su permiso, señora Presidenta. Toda vez que la iniciativa que presento a su consideración el día de hoy fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, atentamente le solicito sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates y paso, en consecuencia, a compartir con mis compañeras y compañeros legisladores algunas reflexiones.

La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones con la finalidad de establecer, desde el punto de vista técnico-jurídico sustantivo, las normas que deben regular la venta, enajenación o adjudicación de acciones representativas del capital social en empresas que cuentan con concesión por parte del Estado por ser áreas prioritarias, en específico las que sean concesionarias para operar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a las que se refiere el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Antecedentes

Primero. La reforma del artículo 28 constitucional en el año de 1983 estableció con toda claridad las siguientes áreas estratégicas, que son: la acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite.

Segundo. Durante 12 años la comunicación vía satélite fue considerada a nivel de la Ley Suprema, como área estratégica.

Tercero. La reforma del artículo 28 constitucional en el año de 1955 cambió a la comunicación vía satélite, de área estratégica, a que sea considerada área prioritaria, con la finalidad de llevar a cabo su desincorporación, privatización, fundamentación y establecer el sustento de la reforma desde la base misma de la Constitución como decisión política fundamental de la nación, con la cual se contienen las normas y principios esenciales del orden jurídico y que conforman la realidad con las reglas o disposiciones, tomando en cuenta lo siguiente.

El establecimiento de la rectoría económica del Estado implicó ratificar el espíritu constitucional del Estado a través del gobierno, que pasara de testigo mudo del proceso económico, al de regulador y actor del mismo.

En este sentido, debe existir por parte del Estado una clara definición de la regulación que permita la libre competencia, la libre concurrencia, la protección al consumidor o usuario, así como vigilar por el desarrollo de la economía mixta el capítulo económico de la Constitución como se plantea.

Los fundamentos y motivos que respaldan la necesidad de la rectoría del Estado, así como la trascendencia de las áreas prioritarias, la comunicación vía satélite, dan el marco adecuado para dirigir la argumentación de los temas a la imperiosa necesidad de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para prever una mejor regulación y cuidado de la industria y empresas dedicadas a estas áreas estratégicas.

También busca regular para proteger la soberanía del país, cuidando la posición orbital geoestacionaria asignada a México, por donde se transmite y pasa información prioritaria, estratégica, privilegiada y de seguridad nacional. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputada. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

Tiene la palabra el diputado Víctor Valencia De los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal.

No estando presente en el Salón de Sesiones, pasa al final de este capítulo.

Y tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 5, 6 y 56 de la Ley sobre el Escudo de la Bandera y el Himno nacionales.

El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura: Con su permiso ciudadana Presidenta. El suscrito diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Legislatura y con la facultad que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5°, 6° y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Bandera y el Escudo nacionales simbolizan la patria y la nacionalidad mexicana, contienen una raíz histórica y un significado esencial sobre los ideales que inspiraron la vida del pueblo mexicano.

El escudo tiene su origen en el jeroglífico de la fundación de la gran Tenochtitlán, es la expresión gráfica donde se resume la historia de un gran pueblo, el azteca, cuyos valores culturales son base de nuestra nacionalidad. Está compuesto por tres elementos: el águila, el nopal y la roca, ya que fue hasta la segunda mitad del siglo XVI, cuando los españoles introdujeron la figura de la serpiente.

El águila representa la fuerza cósmica del sol y el nopal fue para los mexicas una planta propia del paisaje de la Anáhuac y la serpiente representa las potencialidades de la tierra.

Con algunas variantes, la figura del águila sobre el nopal fue utilizada como símbolo durante mucho tiempo. A fines del siglo XVIII se le agregaron ramas de encino y laurel, pero fue hasta 1824 cuando se conformó con todos sus elementos. Instaurado el primer imperio, se ordenó por decreto del 2 de noviembre de 1821, que el lábaro patrio fuera tricolor, pero con las franjas en sentido vertical y el orden verde, blanco y rojo.

Durante el gobierno del Poder Ejecutivo, 1823, el soberano Congreso Constituyente mexicano, decretó el 14 de abril que se conformara el símbolo patrio de acuerdo con la tradición indígena, el águila de perfil posada sobre un nopal devorando la serpiente y sin corona imperial, orlando las figuras ramas de encino y de laurel. A partir de entonces el escudo conserva la forma y diseños que actualmente vemos en nuestra bandera nacional, consagración del México republicano.

Durante los años de la intervención francesa en México, 1862-67, el escudo volvió a representarse con el águila coronada. El emperador Maximiliano ordenó el escudo de arma nacional de México, fuera un manto imperial recogido en sus extremos y formado un pabellón con un lazo tricolor verde, blanco y rojo, rematando una corona imperial con el lema: "religión, independencia y unión".

A partir de la restauración de la República, se utilizaron varios diseños del Escudo, pero siempre con el águila de frente.

En la época porfirista la bandera nacional volvió a modificarse con carácter oficial. El águila de frente, con las alas recogidas y la serpiente en el pico parada sobre un nopal, abajo los laureles y su escudo monárquico. A partir de entonces, proliferaron las modificaciones al Escudo aún más cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, ya que las diversas facciones revolucionarias y los distintos gobiernos provisionales se dieron a la tarea de emitir membretes, timbres postales, papel moneda, etcétera, con algunas variaciones del Escudo.

Por esa razón, Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión expidió el 20 de septiembre de 1916 un decreto que rectificaba el expedido el 14 de abril de 1823; sin embargo, por las vicisitudes políticas de la época, el decreto de 1916 no llegó a entrar en vigor.

Se continuaron los intentos por establecer en forma definitiva el diseño del Escudo nacional y fue durante el gobierno del Presidente Abelardo L. Rodríguez, cuando se expide un nuevo decreto del 5 de febrero de 1934, mediante el cual se conservó el águila de perfil, se estilizó su plumaje y se rectificó la posición de la serpiente. A partir de entonces su diseño fue declarado oficial y único como emblema nacional.

Actualmente regula el uso de la Bandera nacional la Ley Sobre el Escudo y la Bandera y el Himno Nacionales del 8 de febrero de 1984. Corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta disposición.

En lo que respecta al Escudo nacional, el artículo 2º del ordenamiento en vigor señala lo siguiente:

Artículo 2º. "El Escudo nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto, por la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y, las plumas de ésta, en abanico natural". Y abunda puntualizando las características. Y termina diciendo que un modelo de este Escudo nacional, autenticado por los tres Poderes de la Unión permanecerá depositado en el Archivo General de la Nación, uno en el Museo Nacional de Historia y otro en la Casa de Moneda.

Adicionalmente el artículo 5º. de la misma Ley dispone lo siguiente:

Artículo 5º. "Toda reproducción del Escudo nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2º de esta Ley".

Aunado a lo anterior, el artículo 6º del citado ordenamiento señala en su párrafo segundo que el Escudo nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los Poderes federales y estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares.

El Escudo nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial por acuerdo de la autoridad correspondiente. Cierro el artículo 6. Las disposiciones articuladas de los preceptos 2º Y 5º no dejan lugar a dudas de que toda reproducción del Escudo nacional debe hacerse conforme al modelo descrito en la Ley.

Es público y notorio que en esta administración pública federal que concluye el 30 de noviembre, se usó en la papelería oficial una reproducción del Escudo nacional que no corresponde a lo dispuesto en la Ley, pero también lo es que la misma reproducción se usó en medios de distinta índole y no sólo en papelería que si bien estrictamente no están en los enunciados por el artículo 6º, sí quedarían comprendidos en los alcances del imperativo del artículo 5º, consistente en que toda, toda reproducción se corresponda fielmente a lo ordenado por el artículo 2º. Tal es el caso ––por ejemplo–– de las imágenes que se difunden a través de la televisión mediante las cuales se publicitan programas de desarrollo social.

No debe haber ningún resquicio que se utilice para no observar un dispositivo contundente como lo es la reproducción del Escudo Nacional y, por otra parte, debe hacerse la remisión a la legislación en materia de responsabilidades públicas para el caso de que servidores públicos de cualquier nivel contravengan las normas legales.

En virtud de lo antes expuesto, la presente iniciativa plantea, por un lado, reformar los artículos 5º y 6º y para, en el caso del primero, vincular el imperativo de toda reproducción del Escudo con el agregado de que su diseño e imagen no pueden variarse o alterarse –entrecomillo– "bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial". Cierro las comillas.

La reforma al artículo 6º persigue disponer que la impresión y el uso del Escudo Nacional hecho no sólo en papelería oficial, sino en cualquier otro medio de uso también oficial, autorizado por acuerdo de la autoridad competente, se haga en los términos del artículo 2º.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5º, 6º y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Único. Se reforman los artículos 5º, 6º y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para quedar como sigue

Artículo 5º. Se agrega: "… y su diseño e imagen no podrán variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial".

Artículo 6º. Se agrega al párrafo segundo: "… y su uso en papelería o en cualquier otro medio también oficial deberá apegarse estrictamente a lo establecido en los artículos 2º y 5º de la presente ley".

Y artículo 56. Se agrega en el primer párrafo: "Si la contravención es cometida por un servidor público se instrumentará el procedimiento y se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de que la Secretaría de Gobernación imponga la multa a que alude este precepto".

Transitorios

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Entrego, ciudadana Presidenta, a la Secretaría, documento con la firma de quien habla y los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, diputado Olivares Ventura. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene el uso de la tribuna el diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán: Con el permiso de la Presidencia y de mis compañeras y compañeros legisladores. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de motivos

Esta iniciativa pretende, tiene el atrevimiento de proponer una modificación a nuestra Carta Magna, particularmente una modificación al artículo 115 constitucional y en específico estoy planteando la supresión, la derogación, de un párrafo en especial.

Antes quisiera que se me permitiera hacer algunas consideraciones y no la lectura de la iniciativa, a cambio compartir la experiencia personal que estoy seguro habrán vivido muchas y muchos de los que hoy conformamos esta LX Legislatura.

El artículo 115 de nuestra Carta Magna es, por esencia, la disposición máxima en materia de municipalismo. Esta tribuna ha sido utilizada reiteradamente para exaltar la fortaleza del municipio como base de la organización política y administrativa de nuestro país. No obstante, a la fecha es el municipio el orden de gobierno más débil, más vulnerable. Por esa razón tenemos el alto deber, quienes aquí estamos, de contribuir al fortalecimiento del municipio. Esta iniciativa modestamente pretende contribuir a ese propósito.

Quiero hacer referencia que la fracción IV de este artículo 115 contiene las disposiciones relativas a la hacienda municipal, y no es difícil darse cuenta cómo sólo en tres incisos se contienen las fuentes de ingresos para la hacienda municipal. El primero se refiere a las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria.

Aquí en este recinto hay muchos diputados y diputadas que tuvimos el privilegio de gobernar un municipio. El impuesto predial y el impuesto por la traslación de dominio son los impuestos por excelencia del municipio, pero del todo insuficientes para hacer frente a la gran cantidad de compromisos, de obligaciones y de funciones que tiene este orden de gobierno.

La segunda fuente de ingresos es quizás, no quizás, de hecho la más importante, son las participaciones. Pero esto ha generado la idea en los otros niveles de gobierno que el municipio depende de lo que le mande "papá gobierno federal" o del Estado.

La tercera fuente de ingresos es la que pudiera, la que constituyen las contribuciones derivadas de los servicios públicos que preste el municipio.

En este mismo apartado y al final de estos incisos viene un párrafo, un párrafo al que textualmente voy a darle lectura, dice así: "Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) ni concederán exenciones en relación con las mismas.

"Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones, sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos de los de su objeto público".

Compañeras y compañeros legisladores, el propósito de esta iniciativa está encaminado a la derogación de esta parte de este párrafo. No es posible conservar el resabio histórico de que el municipio era considerado sólo una entidad administrativa. Desde 1929 se concedió al municipio la categoría de un tercer orden de gobierno; un tercer orden de gobierno con facultades, con funciones, con atribuciones que lo ponen en igualdad de condiciones con los otros dos órganos de gobierno federal y estatal.

Sin embargo, esta disposición concede un privilegio a la Federación y al Estado, en perjuicio de este orden más vulnerable de gobierno. Voy a ejemplificar para que todos podamos entender el avasallamiento que se tiene en el municipio por esta disposición.

El exentar a los bienes de dominio público de las contribuciones establecidas en los inciso a) y en el c) significa que los niveles de gobierno federal y estatal no contribuirán al municipio en el impuesto predial; significa que en los órdenes de gobierno federal y estatal no contribuirán por el pago de los servicios que les preste el municipio, y cito como ejemplo el más característico: el servicio de agua potable, alcantarilla y saneamiento.

En cambio, encontramos disposiciones en la Ley Federal de Derechos que obligan al municipio o al operador de los organismos de agua potable y alcantarillado, que generalmente y por disposición del propio 115 presta el municipio, la obligación de contribuir a la Federación al pago de los derechos por la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas. Ésta es a todas luces una situación inequitativa y un tratado diferenciado en perjuicio de los municipios.

Por otro lado, encontramos cómo empresas privadas, que aprovechando estas disposiciones, al haber asumido en forma privada un servicio que era considerado público, y me refiero particularmente a Teléfonos de México y a Ferrocarriles, se han beneficiado de una disposición en perjuicio de las finanzas de la hacienda municipal.

Esto, compañeras y compañeros, sólo por citar algunos de los ejemplos más ilustrativos de esta inequidad que genera esta disposición. Yo espero que en la experiencia de cada uno de mis compañeros, que han tenido la oportunidad de estar cerca del ejercicio de gobierno municipal, encontrar el apoyo y el respaldo a esta iniciativa, que nos permita darle, así sea mínimamente, un mayor fortalecimiento a las finanzas municipales.

Por su atención, pero sobre todo por su apoyo, por su respaldo a este orden de gobierno, al más débil, de los tres que tiene nuestro régimen político. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Mendívil Amparán. Insértese en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Cámara hace un cordial saludo a los alumnas y alumnos y sus maestros de primaria del Colegio "Jerónimo Mariano Urzeda", que hoy nos honran con su presencia.

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarias.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras, compañeros diputados. La iniciativa que hoy presentamos tiene que ver con el Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Programa que fue insertado quizás con poca técnica legislativa, quizás en una negociación apresurada entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en esta Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando en realidad debía haber formado parte del ordenamiento pertinente, en este caso la Ley de Coordinación Fiscal.

Como lo hemos expuesto en otras iniciativas de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el afán de los estados y los municipios por un federalismo fiscal más equitativo, ha sido permanente.

Si bien se tienen avances, estimo que ha llegado el momento de que todos, el gobierno federal, los estados y desde luego los integrantes de este Poder Legislativo, reconozcamos que los resultados no son satisfactorios, en la medida que prevalecen obstáculos para avanzar en este legítimo propósito de equidad y de igualdad entre los tres órdenes de gobierno.

La LVIII Legislatura en el marco de las negociaciones previas a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2001, impuso el Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con un monto inicial de 13 mil 157 millones de pesos.

A partir de dicho ejercicio, la partida se ha mantenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pasando de 13 mil 157 millones en el año 2001, a 22 mil 500 millones en el año 2006.

La incorporación del PAFEF, así denominado comúnmente al presupuesto federal, se realizó inicialmente a través del denominado Ramo 23, referido a previsiones salariales, al que posteriormente se incorporó el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

El propio decreto estableció el destino de estos recursos, fundamentalmente destinados a la construcción de infraestructura, al pago de pasivos, al fortalecimiento de los sistemas de pensiones de las entidades.

En el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2002, el gobierno federal de manera deliberada omitió la partida a este programa, de modo que fuera utilizada como instrumento de negociación en el contexto de la reforma fiscal o de la propia perspectiva del presupuesto para ese ejercicio.

Igual en el decreto de presupuesto del 2003, por primera ocasión se incluye esta partida en el Ramo general 39, un nuevo Ramo, y se asigna una proporción de 20 mil 386 millones de pesos, precisando el destino de los recursos en algunos otros destinos, como el 50 por ciento a la inversión a infraestructura física y el tres por ciento para proyectos y programas especiales.

Se incluye también la modernización de los catastros con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones y el desarrollo de mecanismos impositivos, que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales.

Finalmente, en el ejercicio del Presupuesto 2006, el gobierno federal se abstiene nuevamente de incluir la partida en la iniciativa de proyecto de decreto, misma que es aprobada por los señores diputados, con un monto de 22 mil 500 millones de pesos

Durante el lapso de la creación del PAFEP, hasta su aprobación en el ejercicio del 2006, se han presentado en esta Cámara y por igual en la Cámara de Senadores diversas iniciativas que buscaron incorporar la partida en el rubro de aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal. No obstante, únicamente se logro el consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para incorporar el PAFEP a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La decisión no es menor, pero es cuestionable no sólo por técnica legislativa, al incorporar un programa de un ordenamiento que es de carácter general, sino también porque define a los recursos de este programa como subsidios; los cuales, en términos de la propia ley, tienen un conjunto de limitaciones para su ejercicio, empezando por su naturaleza temporal.

Conclusiones.

Primero. Es posible concluir que la creación del PAFEP ha sido producto de la demanda de los estados y de la vocación federalista de los diputados federales.

Segundo. La permanencia del programa durante seis ejercicios muestra claramente que ha trascendido ya el carácter temporal que el gobierno federal ha insistido en asignarle. Se ha mantenido una posición conservadora, al considerar particularmente esta partida como subsidios.

Tercero. Independientemente de que es indispensable una reforma integral que permita una revisión a todas las partidas transferidas a estados y municipios, así como las potestades fiscales de los tres órdenes de gobierno.

Hoy proponemos esta iniciativa en ánimo de corregir, aun parcialmente, la distorsión generada al incluir el programa en la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Hacendaria y no en la de Coordinación Fiscal. La propuesta consiste en modificar el artículo 85 para suprimir el carácter de subsidios que la actual ley sujeta a reforma que en esta iniciativa asigna a los recursos del PAFEP.

Segundo. Establecer un monto del 0.26 por ciento de la recaudación federal participable, equivalente a 30 mil millones de pesos, de acuerdo a la estimación prevista en la Ley de Ingresos de la Federación, para el 2006.

Por último, que la distribución de los recursos entre las entidades federativas se realice conforme a las proporciones que deriven del reparto de las participaciones federales del ejercicio fiscal precedente, de modo que se mantenga el criterio acordado por los legisladores en los seis ejercicios referidos.

Compañeras, compañeros diputados, lo que ha sucedido con el Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas y su inclusión en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es un ejemplo de lo que no debe hacer esta legislativa, en aras de una obsecuencia, a veces coyuntural, en las negociaciones presupuestales.

De modo que yo hago un respetuoso llamado a todos mis compañeros miembros de las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública para ejercer con rigor la revisión a estos ordenamientos, en bien de los estados y los municipios de México. Muchas gracias.

Señora Presidenta, entrego el texto íntegro y pido a usted sea turnada, si así lo considera pertinente — a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Alberto Amador Leal. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el 46 de la Ley del Banco de México.

El diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui: Con su permiso, diputada Presidenta. Honorable Legislatura. Daré lectura a la iniciativa de ley presentada por mi compañero diputado Raúl Cervantes Andrade y a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El 13 de agosto de 2003, el senador Alejandro Gutiérrez, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa de ley con proyecto de decreto para crear la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en su exposición de motivos, por el senador Gutiérrez, que estableció lo siguiente:

Las comisiones se han constituido como una fuente adicional de ingresos que permitan a las instituciones financieras compensar la reducción en ingresos generados a partir de una menor actividad económica. Se ha encontrado que dichos cobros exceden el costo de brindar los diversos servicios, lo que genera dos efectos adversos: por una parte significan una importante carga para quienes hacen uso de dichos medios y, en consecuencia, se desincentiva el uso de medios capaces de estimular el dinamismo económico

El sentido de la iniciativa era establecer mecanismos para resolver el problema de las altas comisiones impuestas por los bancos. Desgraciadamente, las comisiones dictaminadoras en ambas cámaras y el pleno de las mismas no resolvieron esta problemática y es por ello que planteo esta iniciativa.

De acuerdo al análisis financiero contenido en el boletín estadístico de las instituciones de banca múltiple elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en julio de 2006, las instituciones de banca múltiple acumularon utilidades por 29 mil 502 millones de pesos, 17.93 por ciento más que en el mismo período del año anterior. De los mismos, 15 mil 884 millones de pesos fueron generados en el segundo trimestre del año gracias a crecimientos reales del 6.23 y de 5.10 por ciento en los flujos trimestrales del margen financiero y de las comisiones netas, respectivamente.

Éstos ayudaron a contrarrestar un aumento de 5.45 por ciento en los gastos de administración y promoción, así como un descenso significativo en las utilidades provenientes del resultado por intermediación, con respecto al trimestre anterior.

Los ingresos por comisiones tienen cada vez más importancia para las operaciones de la banca comercial en México, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los bancos no deben bajar sus ganancias en el cobro de comisiones, sino en ser intermediarios financieros para que el crédito tenga un lugar importante en el desarrollo de la economía.

Si los bancos pusieran mayor énfasis en su función como intermediarios financieros, ello redundaría en el incremento de los créditos al pequeño, mediano y gran productor, lo que afectaría positivamente al empleo al aumentar los niveles de inversión.

Un estudio realizado por la Condusef que muestra el comportamiento de las comisiones en diferentes productos y servicios bancarios revela que tan sólo en tarjetas de crédito existen más de 50 conceptos o motivos de cobro.

El doctor Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, en la XVIII Convención Bancaria destacó que si bien las comisiones de diversos servicios bancarios bajaron en los últimos años, todavía hay un largo camino para que disminuyan.

En el mismo sentido, Jonathan Davis Arzac, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores manifestó que existe bastante margen para reducir los montos de las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan.

La guerra que se está observando en el crédito al consumo por parte de los bancos comerciales, principalmente vía tarjetas de crédito, responde a las ganancias que provee este servicio derivadas de las comisiones, señaló René Ibarra, director de instituciones financieras "The First Rating".

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortíz, ha expresado en diferentes foros la crítica al sistema bancario por las altas comisiones que cobran por sus servicios en detrimento de los ciudadanos que se ven forzados a la utilización de tarjetas de crédito, débito, apertura de cuentas, uso de cheques, pago de servicios, entre otros.

Ante las cifras planteadas, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional preocupado por atender uno de los problemas más sentidos en la actualidad y que afecta de manera directa la economía familiar considera que es necesario proponer la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona, en la fracción XXI, pasando el contenido de esta fracción a una nueva fracción XXII del artículo 46 de la Ley del Banco de México, con la finalidad de establecer un mecanismo para establecer las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan y otorgan facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para aprobar las modificaciones y establecimiento de nuevas comisiones bancarias.

Por lo anterior y con todo respeto, diputada Presidenta, le solicito se incluya la iniciativa íntegra en el Diario de Debates, toda vez que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Espinosa. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal.

El diputado Víctor Valencia de los Santos: Con el permiso de la honorable Asamblea. Solicito a la Presidencia sea considerado el texto íntegro en el Diario de los Debates en virtud de que es algo extensa la exposición de motivos.

El suscrito, diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de motivos

El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su primer párrafo. "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca de los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales".

Con fundamento en la disposición constitucional citada, hasta hace poco tiempo prevaleció el criterio de que la cadena perpetua o la prisión vitalicia eran consideradas penas inusitadas y trascendentales.

La legislación penal mexicana ha establecido un límite a través de la figura de la pena máxima. Así, el artículo 25 del Código Penal establece lo siguiente: Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a 60 años y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitencias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva".

En los últimos años, principalmente en las últimas dos décadas en que la criminalidad ha tenido un crecimiento explosivo y lacerante para la sociedad mexicana, los criterios han tenido que sujetarse a un proceso de revisión y rectificación.

El desarrollo del crimen organizado, el narcotráfico y el secuestro, así como delitos ominosos como los homicidios dolosos de mujeres y niños; la corrupción de menores de edad, que incluye la prostitución y la pornografía infantil; el concurso real entre conductas delictivas como el secuestro y el homicidio de mujeres y menores; la violación y la corrupción, que incluyen la adicción de las drogas de infantes y menores; por sólo citar algunos ejemplos, ha hecho reflexionar a la sociedad mexicana sobre la validez de los principios prevalecientes y ahora se proyecta con fortaleza la convicción de que el valor jurídico y social a proteger en diversos delitos de gravedad especial y que ofenden y lastiman sensiblemente a nuestra sociedad, es la preservación y, en su caso, la restauración del orden jurídico y la seguridad pública.

Esta tendencia se está consolidando en relación a delitos que ofenden de manera sensible y trascendente a la sociedad; tal es el caso de la Legislatura del estado de Chihuahua, que reformó el artículo 27 de su Código Penal de aquel estado, mediante algún decreto publicado en el Diario Oficial de la entidad el 27 de agosto de 2003.

Dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera: "La prisión consiste en la privación de la libertad, que podrá ser de tres meses a 60 años, recluyendo al sentenciado en la institución que designe el Ejecutivo del estado. Tratándose del delito de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de mejores de edad o del delito de secuestro, deberá imponerse tema por cada delito cometido, aun y cuando ello se exceda al máximo de la pena de prisión".

Dicha reforma fue materia de una acción de inconstitucionalidad, promovida por algunos diputados locales. Afortunadamente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, el 6 de septiembre de 2005, en el expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 20/2003, que la reforma al Código Penal chihuahuense antes comentada no era inconstitucional, por la consideración fundamental siguiente.

De una interpretación armónica de los preceptos constitucionales en comento, se infiere que la pena debe considerarse como una medida aflictiva para el delincuente, pero necesaria para la coexistencia pacífica y armónica de los miembros de la sociedad.

La sanción penal adquiere, por otra parte, el carácter de preventiva, al inhibir la proliferación de conductas antisociales, al mismo tiempo que restablece el orden jurídico que se ve perturbado por la comisión de los delitos.

Desde esta perspectiva, la pena forma parte de la defensa social, que responde de manera proporcional a la gravedad del ilícito cometido, independientemente de que su finalidad sea también la readaptación social del delincuente, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación para que pueda convivir en la comunidad a que pertenece.

Así, pues, la pena privativa de la libertad de por vida no es inusitada ni trascendental, dado que lo proscribe el artículo 22 constitucional. Al respecto; es el contenido mismo de la pena, esto es, que se convierta en una práctica inhumana como en forma ejemplificativa lo que destaca el propio precepto de prohibir las penas de mutilación y de infamia, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, así como que sean trascendentales, esto es, que afecten a la familia del delincuente.

Se concluye que la pena de prisión vitalicia o de cadena perpetua no contraviene a la naturaleza de la pena, pues ésta —como ya se dijo— debe atender a la gravedad de la conducta delictiva en correlación con el riesgo social y la necesidad de preservar el orden jurídico.

El hecho de que sea precisamente en el estado de Chihuahua en donde se haya aprobado esta reforma al Código Penal estatal, modificando el criterio tradicional que se sustenta en el carácter prioritario de la readaptación del delincuente, para dar mayor valor a los principios que inspiran el orden y la seguridad pública, la vida e integridad de los miembros del conjunto social, se explica porque en esta entidad sufrimos de manera sensible incidencias criminales graves, que ofenden y lesionan particularmente a la sociedad chihuahuense, al igual que como seguramente sucede en otros estados de la República, como son los homicidios de mujeres y menores y diversos delitos relacionados con el narcotráfico.

En el estado de Chihuahua tuvimos que revalorar en la escala de valores jurídico-sociales el respeto a la vida y la tranquilidad de las personas frente a las garantías constitucionales de los delincuentes.

Por ello, propongo una reforma al artículo 25 del Código Penal Federal en la que se ratifica como principio general, que la duración de las penas serán de tres días a 60 años, pero ampliamos la excepción legal que el límite máximo de la pena, es decir, 60 años podrá rebasarse además del caso del delito en reclusión que prevé la norma vigente en el caso de concurso de delitos o la acumulación de penas, cuando una o más de las conductas delictivas configuren los tipos penales siguientes: tráfico de estupefacientes, corrupción de menores, violación de menores y discapacitados, abuso sexual y violación de menores y de discapacitado por parte de padres, tutores o responsables; homicidio calificado en contra de menores, mujeres, personas adultas mayores y discapacitados o cuando se cometa a propósito de una violación, privación de la libertad o robo, por el sujeto activo de éstos, que es la privación de la libertad y el tráfico de menores.

En estos casos se propone que no sea aplicable el principio del límite máximo de la pena y que por consecuencia se aplique la pena por cada delito cometido, aún cuando la acumulación de ellas exceda del máximo de la pena en prisión establecido en el propio articulo. Con ello estamos abriendo la posibilidad de que los jueces, en respuesta a los reclamos urgentes por parte de la sociedad en general, de seguridad y defensa social contra la delincuencia, puedan aplicar a una misma persona, penas que en su conjunto rebasen los 60 años y que signifiquen prácticamente la prisión vitalicia o la cadena perpetua.

En mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Proyecto de decreto

Decreto único. Se reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, para quedar redactado como sigue:

"Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a 60 años y sólo podrán imponerse penas cuya acumulación rebase el límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión o se trate de concurso de delito previsto en el artículo 18 de este Código, en los que deberá imponerse pena por cada delito cometido, aún cuando excedan del máximo de la pena en prisión. Cuando una o más de las conductas delictivas configuren alguno de los siguientes tipos penales: tráfico de estupefacientes a que se refiera el artículo 194; corrupción de menores; violación de menores y discapacitados; abuso sexual y violación; homicidio calificado; privación de la libertad; tráfico de menores a que se refiere el artículo 366.

"Y tampoco se aplicará la regla del límite máximo establecida en el primer párrafo de este artículo, cuando la gente de la comisión de cualquiera de alguno o de algunos de los delitos mencionados en los incisos 1) y 7º) anteriores, utilice o se sirva de persona menor de 18 años de edad o persona de cualquier edad que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

"La prisión se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen en las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

"En los casos previstos de la fracción I a la VII de este artículo, la pena se compurgará preferentemente en centros de readaptación social federal, para máxima seguridad".

Artículo transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, el de la voz. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado Valencia De los Santos. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derecho Humanos.

Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la Delegación de Diputados que participará en la XIV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la ciudad de Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de octubre de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar a usted, con objeto de que se someta a la consideración del Pleno la integración de la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XIV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de octubre de 2006.

Acuerdo

Primero. Se autoriza la realización de la XIV Reunión Interparlamentaria México-Canadá a celebrarse en la ciudad de Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de octubre de 2006.

Segundo. La delegación acordada por este órgano de gobierno, en sesión de fecha 16 de octubre del presente año para que participe en la XIV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, se integra como sigue:

Diputada María Sofía Castro Romero y diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez, ambos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Mario Enrique Del Toro, del grupo parlamentario del PRD; diputado José Murat Casab, del grupo parlamentario del PRI; diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado José Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Rodolfo Solís Parga, del grupo parlamentario del PT y diputado Humberto Dávila Esquivel, del grupo parlamentario Nueva Alianza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2006.

Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: En votación económica, pregunte si es de aprobarse.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.

Esta Cámara saluda cordialmente a los diputados locales Carlos Bernardo Guzmán Cervantes y Oscar Mauricio Olivares Díaz, diputados electos del estado de Jalisco que nos honran con su visita.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con el permiso, señora Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado Carlos Chaurand Arzate por la Comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Concurro ante ustedes en los términos del artículo 108 de nuestro Reglamento, para fundamentar el dictamen que hoy está a su consideración.

Deseo en primer término, comentar con ustedes que independientemente de los razonamientos que hizo la Junta de Coordinación Política en su calidad de iniciante, habré de compartir con ustedes algunas otras cuestiones que procuran dar respuesta a algunas inquietudes que nuestros compañeros y nuestras compañeras legisladoras plantearon en el seno de la Comisión respecto a esta reforma.

Esta reforma a dos artículos de la Ley Orgánica del Congreso, al 39 y al 43, tienen por objeto —la primera de ellas– separar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para convertir dos comisiones, una de Justicia y otra de Derechos Humanos. Independientemente de los razonamientos que se dan en el cuerpo del dictamen, quizás nos preguntemos cómo es posible que en la mayoría de los parlamentos del mundo exista un número reducido de comisiones y aquí pretendamos aumentar esas comisiones.

Si bien es cierto que en esos parlamentos existe un número reducido de comisiones, esto se debe a que la organización administrativa de dichos parlamentos permite a las comisiones contar con un fuerte apoyo técnico que les permite desahogar todo el trabajo legislativo que se tiene.

Desafortunadamente en el Congreso Mexicano no es así y aprovecho la oportunidad para exhortar a mis compañeros de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva a efecto de que fortalezcamos el Servicio Civil de Carrera de esta Cámara, para que poco a poco vayamos insertándonos en esa modernidad y tener esos elementos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de nuestras atribuciones.

También es de destacarse que los derechos humanos en nuestro país, cada día han tenido una mayor importancia y que por ello la Junta de Coordinación Política y la comisión, coinciden en que es prudente y necesario hacer la separación de estas dos comisiones.

La segunda reforma al artículo 43, obedece a la necesidad de que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, tengan un acceso a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto.

Se decía que si ésta no sería una cuestión de privilegio, el poder aumentar en algunas comisiones su número de integrantes. La Comisión concluyó que el caso de excepción se justificaba toda vez que en materia presupuestal esta Cámara tiene la elaboración, la aprobación del Presupuesto como facultad exclusiva y que considerábamos necesario que toda las representaciones políticas, sin demérito de las representaciones mayoritarias, pudiesen formar parte de esta comisión, de igual manera en la Comisión de Hacienda, toda vez que como lo establece el artículo 32 constitucional, la Cámara de Diputados es Cámara de origen en materia tributaria y que era conveniente que en la discusión al interior de las comisiones, fuese reflejado el punto de vista y la opinión –en estas dos materias importantes y trascendentes para la vida nacional— de todas las fuerzas políticas amén de los argumentos que se contienen en el cuerpo del dictamen.

Una vez presentado el dictamen a la consideración de ustedes en primera lectura en la sesión próxima pasada, la mesa directiva de la comisión, mis compañeros Angeles Jiménez y Jaime Espejel en su calidad de secretarios y su servidor, creímos pertinente venir a hacer a esta tribuna una propuesta de adición al dictamen en los términos reglamentarios, para poder solventar en el régimen transitorio dos cuestiones prácticas que se van a presentar. Por eso proponemos que se adicionen dos artículos transitorios al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos

Transitorios

Artículo 1°. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 2°. (Aquí la adición). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resolverá el turno de los asuntos pendientes de la actual Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de determinar la competencia de las nuevas comisiones de Justicia y de Derechos Humanos en un término que no exceda de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo 3°. Las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados serán los órganos competentes para sustanciar los asuntos en términos de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La adición de estos dos artículos transitorios que la mesa directiva de la Comisión somete a su consideración, obedecen a que en este momento todos los expedientes que tenemos pendientes de dictaminar en la comisión actual deben de ser separados y que sea la Mesa Directiva y no dejarlo a la presidencia de la Comisión la que determine qué asuntos deberán de ser sólo de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos; qué asuntos serán los que deben de ser de la competencia de la Comisión de Justicia o en qué asuntos tienen que trabajar como comisiones unidas. Y esto es así también respetando el texto de nuestra legislación, en razón a que la Mesa Directiva es la única que tiene facultades para hacer los turnos y en consecuencia, para ampliarlos o rectificarlos.

El artículo 3° obedece a la necesidad de que toda reforma legal a un cuerpo normativo, tenga congruencia con otros cuerpos normativos. Desafortunadamente en nuestra legislación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no ha sido adecuada a las reformas y adiciones que ha tenido la Ley Orgánica del Congreso y consecuentemente se desfasa; todavía habla de "gran comisión" y trae ahí algunas figuras que creemos necesario que se presente una iniciativa, misma que ya estamos elaborando en el seno de la Comisión, para poder ser congruentes con nuestra legislación y que no existan discrepancias entre una y otra. Es por eso, compañeros y compañeras diputadas, que la Comisión por mi conducto les solicita a ustedes su aprobación a este dictamen que hoy respetuosamente sometemos a su consideración.

Ciudadana Presidenta, dejo en la Secretaría el texto de las adiciones a los artículos transitorios para efecto de que, en su oportunidad, usted someta a la consideración del Pleno si son de aceptarse dichas propuestas y, en caso afirmativo, se someta a discusión y votación el dictamen con las propuestas presentadas. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la Comisión para la adición de los dos artículos transitorios que han sido presentados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la Comisión para la adición de dos artículos transitorios. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa… (votación). Los diputados y diputadas que estén por la negativa… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí se admite la modificación. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto con la adición de los dos artículos transitorios.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con adición de los dos artículos transitorios hasta por 10 minutos.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Gildardo Guerrero Torres.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Miguel Ángel Navarro Quintero.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: La diputada Mónica Arriola Gordillo.

La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Adrián Pedrozo Castillo.

El diputado Adrián Pedrozo Castillo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Emilio Ulloa Pérez.

El diputado Emilio Ulloa Pérez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: La diputada María Oralia Vega Ortiz.

La diputada María Oralia Vega Ortiz (desde la curul): Pido rectificación de voto a favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Isidro Pedraza Chávez.

El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Iñigo Laviada Hernández.

El diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández (desde la curul): A favor

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Rubén Aguilar Jiménez.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Sergio González García.

El diputado Sergio González García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Gerardo Vargas Landeros.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Víctor Gabriel Varela López.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Antonio Berber Martínez.

El diputado Antonio Berber Martínez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Daniel Dehesa.

El diputado Daniel Dehesa Mora (desde la curul) A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Arturo Martínez.

El diputado Arturo Martínez Rocha (desde la curul) A favor.

La secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciudadana Presidenta, se informa que tenemos 442 votos en pro, uno en contra y dos abstenciones.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado en lo general y en lo particular por 442 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la adición de dos artículos transitorios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Pasando al capítulo de proposiciones, se concede el uso de la tribuna a la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposiciones con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal, a las entidades federativas en el período del 2000 a 2006.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros, compañeras diputadas. La suscrita Alma Edwviges Alcaraz Hernández, diputada de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conocido es por todos el esfuerzo que cada año realizan las autoridades de las entidades federativas de la República Mexicana, por lograr una participación presupuestaria cada vez más generosa por parte del gobierno federal para la realización de obras que, desde luego, tienen alta prioridad en cada uno de los estados solicitantes.

Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece que en caso de que los ingresos tributarios y los derechos petroleros resulten superiores a lo estimado, deben destinarse a diversos apartados; entre ellos en su fracción IV dice lo siguiente: "Deberán destinarse al gasto de inversión de infraestructura en las entidades mediante las participaciones federales".

Sin embargo, el avance presupuestal en este sentido, compañeras y compañeros diputados, no es congruente con la rendición de cuentas que sería necesario constatar sino que al contrario, tenemos conocimiento de que algunas entidades han dedicado grandes esfuerzos por eludir las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación.

Y por otra parte los estados, en sus propios estados aún se estila, aún se acostumbra la obsoleta aprobación de la cuenta pública sin que la propia institución de Auditoría, de Contaduría o de revisión de la cuenta, hayan dado su informada y detallada opinión sobre ese rubro del gasto.

Es decir, compañeras y compañeros, las entidades federativas por un lado evaden la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, y por otro lado, los órganos de fiscalización de los estados no revisan estos rubros y en el peor de los casos los gobiernos estatales controlan a dichos órganos de fiscalización a través de sus mayorías en los congresos estatales.

Y además, los gobiernos estatales acostumbran utilizar a los congresos y a sus órganos de fiscalización como arma de manipulación y chantaje político, para su gusto, para su conveniencia en el estado.

En el caso del destino de estos recursos para gastos de inversión de infraestructura en las entidades, por ejemplo, no se tiene cabal conocimiento de si los beneficios de estos ingresos adicionales realmente llegaron a los amplios sectores de la sociedad mexicana que tanto lo requieren, a esos lugares que tenemos en nuestra República, donde se vive la extrema pobreza.

Por lo anterior, requerimos de un esquema homogeneizado de parámetros de financiamiento de nuestro desarrollo, de fiscalización, de transparencia, que nos permita luchar eficientemente contra la pobreza. Por ejemplo, etiquetando de manera clara y especifica estos recursos en las leyes correspondientes y además, dejando claro el marco de sanciones en caso de que no se cumpla con el destino señalado, delimitando funciones para reorganizar la redistribución de los recursos públicos de estos renglones.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que una de las principales fuentes de recurso para las administraciones municipales y estatales son los derivados del Ramo 33 y aquellos provenientes de los excedentes del petróleo, rubro del que no ha sido posible llevar a cabo su efectiva y cabal fiscalización ni su evaluación.

Que es urgente y necesario que se definan las reglas adecuadas para la distribución de estos montos provenientes de los excedentes del petróleo, de los estados hacia los municipios, porque esta discrecionalidad de los gobiernos estatales hacia los municipios les sirve —y de nuevo lo denunció— les sirve a los gobiernos estatales como arma de manipulación, como arma de chantaje para el control político en sus entidades.

Que aún cuando estos recursos han estado fluyendo hacia las entidades federativas, no se cuenta con un inventario nacional de obras, de proyectos, de evaluación, de impacto financiero de los recursos en los municipios y en otras entidades estatales, así como tampoco del impacto en el desarrollo de las poblaciones que reciben este recurso.

Que permanece en la población la idea de que existe un mal uso, del uso de estos recursos para el desarrollo, más aún, cuando no han sido fiscalizados ni en el ámbito federal y mucho menos en el ámbito estatal.

Que es necesario generar las modificaciones...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Concluya, señora diputada.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández: Concluyo. ... para una nueva reingeniería legislativa de vigilancia, de fiscalización e incorporar todas las asignaciones de recurso, incluyendo los adicionales para un desarrollo más acelerado; sobre todo, en las zonas más pobres, más maltratadas, más marginadas del país.

Por lo anterior, solicito un Punto de acuerdo

Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione a esta representación nacional, la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal, a las entidades federativas, desde el año 2000 al 2006, por concepto del Ramo 33, de los excedentes del precio del petróleo y, por otro lado, a la Auditoría Superior de la Federación, nos entregue los resultados de la revisiones efectuadas por ese órgano fiscalizador a tales conceptos; así como los convenios de colaboración que se han celebrado con los congresos locales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada Alcaraz Hernández. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Tiene la palabra el diputado Pedro Pulido Pecero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Capufe y a la Secretaría de Hacienda, actualicen el padrón de residentes exentos del pago de peaje, incluyendo al municipio de Tampico Alto, Veracruz.

El diputado Pedro Pulido Pecero: Con su permiso, señora Presidenta. El que suscribe diputado federal Pedro Pulido Pecero, a nombre de los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional Gregorio Barradas Miravete, Gerardo Buganza Salmerón, Osiel Castro de la Rosa, Abel Ignacio Cuevas Melo, José de la Torre Sánchez, Antonio del Valle Toca, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Edgar Mauricio Duck, Jorge Justino González Betancourt, María Victoria Gutiérrez Lagunas, Íñigo Laviada Hernández, Agustín Mullinedo Hernández, Marco Antonio Peyrot Solís y Marcos Salas Contreras y con fundamento en los artículos 71 fracción II de nuestra Constitución Política, 55, 58, 59 y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, así como el 34 incisos A y B y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales y de Hacienda y Crédito Público, se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluye a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz.

Considerando

En el año de 1988 fue inaugurado el puente nacional Tampico, facilitando así la comunicación entre el estado de Tamaulipas y el estado de Veracruz, abriendo con ello la puerta del desarrollo creciente de la zona norte de mi estado.

De entonces a la fecha, el aforo vehicular que cruza diariamente a través de la caseta número 49 del puente nacional Tampico, calculado en siete mil vehículos diarios, se ha incrementado proporcionalmente. Al aumento, el número de habitantes que de los municipios aledaños a esta infraestructura, mismos que siguen dependiendo de la ciudad de Tampico para realizar sus labores diarias, tales como ir a trabajar, como es el ir a la escuela, como son sus labores cotidianas que se realizan en ese estado.

Tomando en cuenta que el actual peaje es de 28 pesos, una persona que vive en el estado de Veracruz y trabaja en Tampico, Tamaulipas, gasta al año alrededor de 13 mil 400 pesos, lo que para una familia de escasos recursos —media baja— implica un gasto extraordinario que podría utilizarse en la educación de uno o varios de sus hijos.

Ahora bien, si hablamos del sector productivo primario de un área de la Huasteca Veracruzana, el impacto económico que se ocasiona es igualmente importante. Tan sólo en el año 2005 se registraron 527 mil cruces del río Pánuco, de usuarios, a los municipios aledaños, aunque gestiones anteriores han dado como resultado que los ciudadanos del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, tengan el libre acceso a través de esta plataforma de acceso hacia Tampico, Tamaulipas.

La realidad es que el padrón de beneficiarios para las personas originarias de este municipio, tales como Tampico Alto, no ha sido actualizado desde el año en que éste comenzó a dar servicio.

Por lo anteriormente expuesto y debido a que ésta es una exigencia y una necesidad de los ciudadanos del municipio de Tampico Alto, someto al Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implemente los mecanismos adecuados para que se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluya a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz, al encontrarse éste dentro de la zona conurbada de Tampico, Tamaulipas.

Segundo. Se solicita a dichas autoridades informen sobre las acciones y mecanismos que lleven a cabo para solucionar la problemática aquí planteada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de octubre de 2006. Firman este punto de acuerdo los diputados veracruzanos del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pedro Pulido. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se constituye un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones que sufrieron diputados federales del PRD, así como la dirigencia de dicho partido, por parte de las autoridades locales del estado de Tabasco.

En razón de que la agenda política del orden del día tiene registrada la discusión sobre asuntos del estado de Tabasco, los grupos parlamentarios acordaron, con la presentación del siguiente punto de acuerdo, un debate pactado, sin entrar a la discusión de fondo de la proposición, concluido lo cual se le dará el trámite reglamentario. Adelante, diputado.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a presentar un punto de acuerdo a nombre de la fracción parlamentaria del PRD por el que se constituya un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones que sufrieron diputados federales del grupo parlamentario del PRD, así como la dirigencia de dicho partido, por autoridades locales del estado de Tabasco.

Solicito que se inserte en la Gaceta legislativa. También voy a omitir la fundamentación legal, por obviedad de tiempo.

Vengo a esta tribuna a denunciar los hechos de barbarie que se registraron en los días previos y durante la jornada electoral en el estado de Tabasco y a proponer un Punto de acuerdo

Para esclarecer los hechos y para desagraviar a mis compañeros y compañeras legisladores que fueron arteramente agredidos durante el proceso electoral en Tabasco.

Fuimos testigos y víctimas de hechos que pensábamos se habían superado en nuestro país. No sólo fue el encono, sino que también la violencia y la represión promovida por el propio gobernador del estado, ya que la Policía estatal y cuerpo de granaderos, apoyando a grupos de pandilleros identificados con un brazalete verde, a la usanza de las peores represiones de las que se tenga memoria en el país, como lo fue la Noche de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, agredieron de esta manera, con lujo de violencia, a compañeros legisladores de nuestro partido y al Frente Amplio Progresista, que desarrollaban un trabajo político en la entidad.

Con el propósito de amedrentar a los seguidores de nuestro candidato al gobierno de Tabasco, César Raúl Ojeda Zubieta, y de inhibir el apoyo de diputados locales y legisladores federales que acudimos a sumarnos a esta campaña a gobernador del estado, no tuvieron ningún empacho en desatar una serie de actos de gran cobardía en contra del PRD y sus aliados.

Fueron víctimas de esta agresión la senadora Rosalinda López Hernández, la senadora Yeidckol Polevnsky, la diputada Aurora Cervantes, la diputada Claudia Cruz, el diputado Rafael Sánchez, el diputado Pedro Landero. También sufrieron agresiones la diputada Layda Sansores, la diputada Mónica Fernández y los diputados Silbestre Álvarez Ramón y Roberto Mendoza Flores; inclusive fueron intimidados con armas de fuego.

Fueron víctimas de secuestro express los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Avelino Méndez y Nancy Cárdenas. Se suman a las agresiones antes descritas la que sufrió nuestro compañero Octavio Romero Oropeza, en su domicilio particular, y el secuestro y tortura de ocho compañeros de Nayarit y dos más del estado de Tabasco; además de las más de 30 detenciones ilegales a ciudadanos que fueron también arteramente golpeados y vejados.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de todos estos hechos, queremos agradecer públicamente y desde esta tribuna, a los compañeros camarógrafos y reporteros de radio, televisión y prensa escrita, ya que intervinieron a riesgo de su propia integridad física, para disuadir a los agresores que continuaban con estos actos de violencia. Estos testimonios los ofrecemos como pruebas para sostener nuestro dicho.

Ante este panorama es claro que la sociedad y sus representantes populares y las propias autoridades estatales y federales tendrán que llamar a cuentas a los responsables de toda esta barbarie. Sin embargo, es obligación de usted, señor Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, velar por el respeto al fuero constitucional de los miembros de esta soberanía, en los términos que establece el artículo 61 constitucional y el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo anterior, someto a esta soberanía la siguiente proposición con los siguientes puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Primero. La constitución de un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones en contra de los diputados federales del grupo parlamentario del PRD, del PT y de Convergencia, como a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, por parte de las autoridades del estado de Tabasco.

Segundo. Que con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 22 de la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente todas las acciones a su cargo, a fin de velar por el respeto al fuero constitucional de cada uno de los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados.

Tercero. Se solicita al gobernador constitucional del estado de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, que explique razones del violento operativo policiaco en el cual fueron reprimidos los integrantes de esta Honorable Cámara de Diputados, y

Cuarto. Se exhorta al gobernador antes citado a iniciar una investigación para deslindar las responsabilidades que fueran necesarias respecto a este hecho violento en contra de los integrantes de este Poder de la Unión.

Por lo tanto, señor Presidente de la Mesa Directiva, solicito se someta a la consideración del pleno por obvia y urgente resolución. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se considera de urgente resolución el punto de acuerdo. Pero en virtud de que se había pactado el debate en los términos en que fue señalado anteriormente, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Y como ha sido solicitado también por el diputado Rafael Elías Sánchez y en cumplimiento por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia realizará lo conducente para velar por el respeto al fuero constitucional de los integrantes de la LX Legislatura. Adelante diputada.

La diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez: Con su permiso, Presidente. Vengo a repudiar los hechos de violación de los diputados y militantes de nuestro partido en el estado de Tabasco.

Las detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes de que han sido objeto militantes y legisladores de la coalición "Por el Bien de Todos", son muestra de un estado represor, donde la democracia y al respeto a los derechos humanos de quienes habitan, transitan en el estado de Tabasco, son violadas de manera reiterada.

En Tabasco la democracia y el respeto a las garantías constitucionales, no sólo se estancaron sino que retrocedieron, al grado que nos transmiten a los negros recuerdos de la época del policía político Miguel Nazar Haro, los "guardias blancas" y los presidentes represores Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

Lucano Herrera, Antonio Guerrero García, Alejandro Robles Gómez, Gilberto García Hermosillo, Raudel Mitre Ayala y Guadalupe Alberta Cristerna, fueron tomados como presos políticos por el gobierno priísta de Manuel Andrade. Demandamos que todos ellos sean exonerados de los delitos que se le imputan, pues fueron secuestrados y encarcelados por motivos políticos electorales.

Rechazamos la fabricación de delitos, tortura y tratos crueles de que fueron objeto nuestros compañeros, así como de la guerra sucia emprendida desde el gobierno estatal hacia diversos sectores de la sociedad de Tabasco.

Asimismo, denunciamos al mandatario tabasqueño por las vejaciones y violaciones del fuero constitucional en contra de los diputados local: Nancy Cárdenas; los diputados federales: Claudia Cruz, Mónica Fernández, Humberto Zazueta, Pedro Landeros, Salvador Ruiz y su servidora, además del senador Graco Ramírez.

Para el grupo parlamentario del PRD, el culpable de estos brutales acontecimientos es el gobernador el estado, Manuel Andrade Díaz, al cual lo responsabilizamos de la integridad física y emocional de nuestros compañeros.

Acudiremos a las instancias nacionales e internacionales para denunciar al gobernador Manuel Andrade Díaz, por la brutalidad ejercida contra nuestros compañeros y la violencia de nuestros legisladores.

Exhortamos a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, solicite las medidas cautelares necesarias para garantizar la integridad física y los derechos fundamentales de nuestros compañeros. Exhortamos a las CNDH para que emita su resolución sobre las violaciones de derechos humanos que se suscitaron durante el proceso electoral del estado de Tabasco y sus licitadores han dado fe de lo mismo.

Por tal motivo, le solicito, ciudadano Presidente, por este conducto y con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realice las acciones contundentes para velar al respecto del fuero constitucional y la seguridad de los diputados y diputadas de esta Honorable Cámara, misma que se anexa a la presente.

Hago de su conocimiento que desde estas agresiones también fueron objeto senadoras de la República.

Por tanto y en uso de sus atribuciones constitucionales, solicitamos requiera a las autoridades competentes, iniciar las investigaciones sobre las agresiones a las que fuimos objeto en el estado de Tabasco. Asimismo, se deslinde responsabilidades y se castigue a los responsables materiales e intelectuales de dicha agresión.

Es cuando, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Sonia Noelia Ibarra.

Tiene la palabra la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores. No subo a esta tribuna para agredir u ofender a nadie, para agravar la cultura del linchamiento que padecemos como nación, sino para proponer que pongamos la razón, la verdad y la honestidad política por delante.

Los resultados electorales en Tabasco constituyen una lección para el país, no sólo para un partido político, no sólo para quienes ganaron o resultaron derrotados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, permítame, diputada. Les pido, señoras y señores diputados, respeto a la oradora y si alguien tiene algo qué decir, que pida la palabra. Les pido respeto. Adelante, señora diputada.

La diputada María Beatriz Pagés LLergo Rebollar: … la lección es que los tabasqueños votaron en contra del discurso de la violencia y a favor de la unidad. La lección es que no se puede pretender ganar la voluntad popular por medio de la amenaza, el chantaje y la desestabilización.

¿Por qué se pretende que el pueblo de Tabasco pague hoy los costos de una obsesión? El caso Ojeda es la crónica de una derrota anunciada. Muchos perredistas prefirieron apoyar a Granier por una sencilla razón: porque el verdadero, el auténtico discurso a favor de los pobres salía de un ciudadano, de un hombre sencillo con perfil popular, llamado y conocido por la gente como "el químico".

Granier ha estado cerca de la pobreza del tabasqueño, de sus comunidades. El conoce a sus habitantes y ellos lo conocen a él. Su triunfo es auténtico, como auténtico fue el triunfo de López Obrador en Tabasco el 2 de julio. ¿Por qué arrebatarnos las victorias? ¿Por qué pervertir la esencia de la democracia? ¿Por qué aceptarla únicamente cuando beneficia y desconocerla cuando no se gana?

Vaclav Havel, ese socialista moderado que tuvo que luchar contra el totalitarismo soviético, decía que su lucha era fundamentalmente ética: derrotar con el discurso de la verdad, la propaganda de la mentira. No podemos correr el riesgo de sustituir la tolerancia con campañas fascistas.

A pesar de un ambiente adverso lleno de contradicciones, de confrontación y polarización, el electorado tabasqueño no tuvo miedo y fue a sufragar. El voto de la ciudadanía superó por mucho lo obtenido en otros procesos electorales. El 62 por ciento de la participación ciudadana estuvo 20 puntos arriba de la media nacional. ¿Por qué obscurecer una victoria que fue eminentemente de la sociedad?

Ahí están los tribunales, los canales institucionales para desahogar inconformidades, quejas u ofensas. El amplio, amplísimo margen con el que gano el candidato del PRI al gobierno de Tabasco, Andrés Granier, es —en el contexto político actual—, un triunfo lleno de símbolos. Es el triunfo de la paz sobre la violencia, de la razón sobre la arbitrariedad, de la unidad sobre la confrontación. México es de todos y Tabasco también. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Beatriz Pagés. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar (desde su curul): Señor Presidente, para hechos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Lo anotamos al final de la lista, diputado. Hay una lista, faltan dos oradores más. Lo anotamos con mucho gusto.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Tabasco ha sido para el Partido Acción Nacional un estado difícil. Nuestra presencia frente a dos fuerzas…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Rodríguez Prats. Señores diputados, les pido que tomen sus asientos, sus lugares y atiendan al orador como han sido atendidos los que han estado en el uso de la tribuna. Adelante, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: ... decía yo que nuestra presencia ante dos partidos que han desgarrado la voluntad popular en una lucha muchas veces descarnada por el poder, en que no se puede escribir una historia en blanco y negro ni con una cultura maniquea, para el PAN le ha sido difícil presentarse como una opción real y consistente de aspiración al poder.

Permítaseme una digresión histórica. Aquí, en 1997, yo propuse la creación de una comisión para vigilar el proceso electoral de Tabasco. El gobernador de la entidad en ese momento, presentó una controversia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al Congreso de la Unión. Es una de las grandes hazañas, de los grandes capítulos en donde el Congreso empezó a conquistar un espacio propio y empezó a lograr credibilidad para hacer su trabajo: el tener investigación, el tener información, el hacer la investigación correspondiente.

Hoy el Presidente de esta Cámara asumiendo sus facultades ha señalado que a él le corresponde investigar los atropellos que aquí se han denunciado. Me parece que esa es una actitud prudente y que corresponde al estado de derecho.

Lázaro Cárdenas en 1934 dijo que Tabasco era laboratorio de la Revolución y Francisco J. Múgica todavía fue más allá y dijo que había que "tabasqueñizar" a México. Definitivamente surgía un nuevo sistema político que dio estabilidad. A partir de 1988 Tabasco se inició en la confrontación y se ha atrapado en esta lucha descarnada, en donde es difícil hacer respetar las leyes por ambos bandos.

Yo creo que el 15 de octubre es una fecha histórica que nos debe permitir a los tabasqueños reflexionar sobre qué queremos hacia el futuro y sobre qué deseamos dejar en el pasado.

Definitivamente tenemos que superar el encono, tenemos que superar esa división profunda que se ha dado en la familia tabasqueña para que reencontremos el rumbo y para que definitivamente Tabasco trascienda la lucha de caciques de ambos bandos y pueda caminar hacia la concordia y hacia la reconciliación.

Esa es la gran lección que nos ha dado el 15 de octubre. Una contienda ríspida, una contienda difícil, pero todos debemos aspirar a reencontrar el camino mediante una militancia responsable mediante una ciudadanía comprometida a la que se respete su dignidad y a la que se le respete su libre albedrío.

Me gustaría concluir con unas palabras, precisamente de Carlos Madrazo que aspiraba a cómo debería ser la militancia y creo que todos los partidos políticos debemos aspirar a esta clase de militancia que Carlos Madrazo definía con las siguientes palabras: "Yo aspiro a integrar una militancia espontánea, inteligente y razonada. No queremos rebaños que van y vienen según la presión y las circunstancias. Queremos convencidos, no forzados. Gente que va a un acto en el partido porque quiere ir, no porque la llevan; porque sabe a qué va, porque nuestra razón la ha hecho suya, porque nuestra mística la ha sacudido".

Ojalá y el 15 de octubre sea el inicio de un nuevo liderazgo que concluya con un pasado de encono y que nos lleve a una reconciliación del estado de Tabasco. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Creo que mi compañera diputada del Partido Revolucionario Institucional se equivocó de discurso y se equivocó de tema. El tema no es quién ganó las elecciones el día domingo en el PREP. El tema es lo que hizo el gobernador Andrade para que pasara el resultado electoral del día domingo. Y que para poder lograr que esto se diera, se tuvo que regresar a la ley del garrote, se tuvo que aplicar la ley de Herodes esa de o te friegas o te jodes y que se aplicó en el estado de Tabasco; esa ley que ya no se aplicaba en México, esa ley que parecía que ya estaba erradicada de los procesos electorales y que se manejaba de otra manera.

Esa no es culpa de ustedes, señores diputados del PRI, si no les estamos echando la culpa a ustedes; el que violó la ley, el que violó la Constitución fue el gobernador del estado de Tabasco, ese es el culpable, ese es el que se pasó de listo. Y para él es para el que estamos pidiendo castigo, no para ninguno de ustedes.

Me tocó estar en Huimanguillo, allá en un pueblo cerquita que se llama La Venta, perteneciente a este municipio, 80 kilómetros de distancia, que normalmente aquí nos haríamos 30 minutos, 40, allá son poco más de dos horas. Y en ese lugar me tocó acompañar a nuestro representante general, un hombre que una noche antes había sido mutilado de sus dedos, un hombre que cuando hizo su recorrido, su pecado fue entregar los nombramientos de representante de casilla para que estuvieran al día siguiente en las casillas nuestros representantes.

Cuando llegaba a una comunidad, un sujeto que le dicen "el Caporalillo", que además había sido comandante de la Policía Judicial del estado de Tabasco fue el encargado de amedrentar a nuestro representante. Como él no tenía miedo y enfrentó a ese hombre, obviamente fue sujeto de la agresión. Como no se bajaba de su carro, le hicieron pedazos el carro; cuando ya habían roto los vidrios del carro, lo sacaron por el parabrisas del carro y le empezaron a picar con el machete en las costillas. Cuando le estaban picando con el machete en las costillas, el compañero, profesor además de una escuela rural de ese lugar, quiso quitar el machete, el compañero Higinio, y este hombre jaló el machete y le mutiló los dedos.

Al día siguiente que era día de la jornada electoral, obviamente ya no se quería presentar en el lugar, tenía miedo. Lo acompañamos; pero ahí me percaté de algo más que había hecho este gobernador: había generado dos nacionalidades: la tabasqueña y los demás que éramos mexicanos, ya no podíamos estar en ese lugar porque ya no era México. Se generó un acto de discriminación para todo aquel que tuviera placas de otro lugar o para aquel que no hubiera nacido en ese estado.

Qué pena, qué pena. Posiblemente el resultado electoral les hubiera favorecido sin trampas, a la mejor sí; pero lamentablemente con todos los hechos que cometieron en la jornada electoral han empañado un triunfo que pudo haber sido democrático y lo han enlodado y le han escupido en la cara a la gente que pensaba diferente y que tenía derecho a defender lo que pensaba como ideal.

A eso no tiene derecho ningún gobernador. Y sí, para eso estamos los representantes de este Congreso; estamos aquí para hacer escuchar la voz del pueblo. Y que se escuche bien, los perredistas de Tabasco fueron amenazados, fueron intimidados y ahora todavía les quieren quitar su derecho de protestar.

Compañeras y compañeros legisladores. Esto ha pasado en muchos estados: en el norte les ha tocado a los del PAN y en el centro les ha tocado a los compañeros del PRI, a la mejor, ¿saben qué pasa? Que el sistema electoral que hoy tenemos convierte a los gobernadores en grandes caciques que meten las manos en los procesos electorales cuando no les conviene a sus intereses personales.

Hoy tenemos que poner por enfrente el bienestar de México. Y aquí tenemos que estar unidos porque somos diputados de México y tenemos que ir en contra de un gobernador como éste que hoy fue del PRI pero pudo haber sido de cualquier otro partido y es un hombre que no merece ese lugar y mucho menos violar los derechos de los mexicanos. No hablo sólo de mis compañeros diputados, sino de todos nosotros. Si queremos un México justo y unido, necesitamos que este tipo de gente no pueda seguir en un puesto como éste y pisotear los derechos de los demás. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputado Francisco Javier Santos. Tiene la palabra el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: Con su permiso, señor Presidente. Dicen que en algunos de los formatos del protocolo se pregunta, ¿y con qué objeto? Con éste y con éste. Ciudadano tabasqueño. Sección número 275, fraccionamiento Galaxias; ahí votaba Andrés Manuel. Ahí dejó plantados a los tabasqueños cuando le dieron la oportunidad de ser candidato en el Distrito Federal, ¿cómo la vieron, compañeros perredistas?

Quiero decirles a los señores parlamentarios, de todos los partidos, que quiero —por supuesto, histórico, don Carlos—, quiero decirle al señor Presidente de esta Mesa Directiva…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Les pido respeto al orador. Continúe.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: … que agradezco y felicito que haya tomado la decisión esta Presidencia de Mesa Directiva de acometer su responsabilidad, para indagar sobre el comportamiento que se tuvo —o que se dice se tuvo— con respecto del fuero que representamos. Fuero que tiene que ver sobre todo con la responsabilidad de sostener argumentos; y Tabasco argumentó, pese a los escenarios donde se planteaba la confrontación, el 62 por ciento de los tabasqueños acudieron y concurrieron a votar…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Sonido a la curul del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales:

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul): Señor Presidente, solamente para solicitarle si nos acepta una pregunta el compañero diputado orador.

El Presidente diputado Jorge Zernmeño Infante: Diputado Izquierdo, ¿acepta la pregunta?

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamente: No entendía a quién le preguntabas.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Que si acepta usted que le haga una pregunta el diputado Sánchez?

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: Una vez que concluya. Tengo apellido. Al término de mi intervención, con mucho gusto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Al final, diputado. Concluya usted.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: Eran las cuatro de la tarde del pasado día 15 cuando no había ni un solo incidente reportado en las casillas. Los funcionarios no solamente son los magistrados del Tribunal del Instituto; no son solamente los magistrados del Tribunal Local ni los son del federal. Ahí estaban miles de representantes de los partidos políticos y miles de los funcionarios que actuaron en las casillas electorales. Votó el 62 por ciento del electorado tabasqueño. Ahí se expresó una decisión mayoritaria de 52 puntos para el PRI y 42 para la coalición PRD-PT.

Yo creo que como abogado tengo la plena conciencia de las instancias procesales que están por transitar; felicito, porque conozco al candidato Raúl Ojeda, que haya tomado la decisión de hacerlo por las vías institucionales. Y lo felicito también porque qué difícil es perder esta elección. Y lo felicito porque en 1988 inició una serie de secuencias donde en Tabasco se presentó primero en ese año, un candidato que lo único que llevaba en la mano era la declaración de candidato del Frente Democrático Nacional, porque no hubo proceso interno que se democratizara. Raúl, ya van tres veces que es candidato y siempre por designación.

Los valores históricos del pueblo tabasqueño tienen que ver con nuestros procesos democráticos y evidentemente en Tabasco el haber procesado la democracia interna de mi partido nos acaba de dar una victoria que vamos a defender donde nos citaron, en los tribunales. Ahí nos vemos con mucho gusto.

Varios: …en bicicleta

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: Pero fija, fija para hacer ejercicio.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se permiten diálogos, señor diputado. Les pido respeto al orador. Continúe diputado Alfonso Izquierdo.

A ver diputado Sánchez Cabrales. Sonido a su curul, le acepta la pregunta el diputado Izquierdo.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul) Señor Presidente, sólo para ver si me acepta nuevamente una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya se la aceptó. Haga la pregunta.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul) Señor diputado, ¿qué opina usted de todas las bodegas repletas de bicicletas, que por cierto eran de color rojo y verdes en todo el estado?, ¿de las miles de despensas, de enseres domésticos, de pintura, de malla de alambra, de láminas, de cemento, de materiales de construcción?, ¿qué opina usted de todas estas "mapacheras"––porque así le llamamos––, que se encontraron en todo el estado y que por cierto fueron días antes de la elección?

Entonces, ¿qué opina usted de toda esta situación que se dio en el estado de Tabasco, y que se utilizaron para comprar la voluntad ciudadana?

El diputado Alfonso Izquierdo Bustamante: Con mucho gusto paisano y diputado. Te quiero decir, tengo más años que muchos, de vivir en el estado y de presumir la dignidad tabasqueña.

Quiero contestar la pregunta de quien la hizo. Yo quiero decirles que en lo que no estoy dispuesto es a convertir ésta, la más alta tribuna de la nación, en el escenario de barandilla, en la mesa de barandilla, para circunstanciar elementos que evidentemente con toda precisión hay instancias para hacerlo.

No quiero que todos los elementos incidentales del proceso vengan a ocupar el tiempo de esta alta tribuna. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Izquierdo. Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Humberto Zazueta Aguilar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Con su permiso, señor Presidente. No estamos aquí discutiendo los resultados electorales. Ese tema lo vamos a tratar en las instancias electorales y jurisdiccionales. Ya lo planteó nuestro candidato.

Lo que hemos planteado aquí el día de hoy es el tema que tiene que ver con lo que se presentó los días previos y el día de la jornada electoral, de una violencia inusitada, de una violencia que se desató en contra de todos aquellos militantes, representantes y todos los compañeros que asistieron el día de la elección a Tabasco.

Eso es lo que estamos discutiendo. El día miércoles por la noche fueron detenidos ocho compañeros militantes de nuestro partido, del estado de Nayarit que estaban apoyando la campaña electoral en Tabasco no es ningún delito.

Fueron detenidos los compañeros y a ese lugar, a la agencia del Ministerio Público, asistimos varios legisladores, acompañados de Horacio Duarte, nuestro representante ante el IFE y de nuestro compañero Trinidad Morales de Acción Electoral del CEN. No se nos permitió la entrada, nos pusieron una valla de granaderos y ésa fue la respuesta de parte del gobierno del estado a la solicitud de saber qué estaba pasando con nuestros compañeros.

El día jueves, el gobierno del estado presenta un video donde declaran, entre comillas; según ellos, declaran nuestros compañeros detenidos que dicen: "que fueron pagados para ir a desestabilizar la elección en Tabasco". Esa fue la campaña que orquestaron desde el gobierno de Tabasco para un linchamiento de todos los compañeros nuestros y tratar de amedrentar, de generar miedo a los compañeros que estaban participando en el proceso electoral.

Los presentaron, sin que hubieran sido declarados ante ningún Ministerio Público, los presentaron, sin que los hubieran presentado ante ninguna autoridad. Finalmente, finalmente presentan a los compañeros que fueron fotografiados con pistolas de plástico y decían: "pistolas de plástico de nueve milímetros de diábolos". Ése era el delito, que traían pistolas de diábolos, ése es el delito que el día lunes, después de la elección, se estaba fincando a nuestros compañeros, traer armas de plástico y ésa es la situación en la que están estableciendo legalmente.

Pero ése es un solo caso, fueron varios casos en cada uno de los municipios en los que la policía estatal, violando la Ley Orgánica y la Constitución del estado de Tabasco, participó en todos los municipios, cuando era responsabilidad de la policía municipal, y se puso en peligro la posibilidad de que hubiera enfrentamientos entre las policías en varios municipios.

Eso es lo que venimos a discutir aquí, eso es lo que estamos solicitando nosotros cuando decimos, una comisión que vaya e investigue la serie de violaciones que se presentaron en el estado de Tabasco. Que investigue la manera en que fue violado el fuero constitucional de los diputados que participaron; eso es lo que estamos solicitando en esta Cámara.

Son muchos casos. Los medios nacionales sobre todo, porque los estatales siempre estuvieron, salvo escasas excepciones, estuvieron siendo los representantes o los voceros del gobierno estatal. Los medios nacionales estuvieron redactando y estuvieron tomando nota de los acontecimientos que nosotros hemos venido a denunciar.

No estamos planteando aquí discutir el proceso y sus resultados; esos los vamos a discutir en otras instancias y también en estos lugares, si ustedes gustan. Pero lo que estamos discutiendo es la violación de derechos humanos, la violación de las garantías individuales de los tabasqueños y la actitud xenofóbica que establecieron el día de la elección contra todos aquéllos que no éramos del estado de Tabasco.

Eso es, compañeros y compañeras, lo que estamos solicitando y eso es lo que estamos exigiendo, esa comisión, que ustedes con el apoyo del PAN, no han querido aprobar en esta tribuna. Esperamos y yo espero que la propuesta y la carta que le hice llegar al Presidente de esta Mesa Directiva de la Cámara, de que se investigue la violación del fuero, le pongamos fecha para que se pueda investigar efectivamente. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Zazueta. Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional...

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. Señoras y señores legisladores. No soy tabasqueño, pero al igual que el diputado federal que me antecedió en el uso de la palabra, junto con otros diputados federales del grupo parlamentario del PRI estuve en el estado de Tabasco el pasado domingo 2 de julio dando cuenta de los hechos que se suscitaron y verificando la actitud que asumió cada uno de los partidos políticos.

El pronóstico sobre la elección celebrada el pasado domingo en Tabasco se cumplió cabalmente, los resultados de las encuestas publicadas y no publicadas, pero que todos conocimos a lo largo del desarrollo del proceso electoral fueron ratificadas con amplitud. El PRI ganó la elección de manera contundente. Andrés Granier es prácticamente el gobernador electo de Tabasco.

Tabasco ratifica su vocación cívica y democrática con una copiosa votación de más del 62 por ciento del electorado. La sociedad tabasqueña le da al país una lección de madurez, el PRI ratifica su fuerza en Tabasco y en todo el sureste del país.

Los priístas no le ganamos a ningún candidato en particular, los priístas le ganamos a la violencia, a la manipulación, a la intimidación y a la perversión, señores legisladores.

El programa de resultados electorales preliminares de Tabasco confirma nuestro triunfo. Con el 95.75 por ciento del total de las casillas computadas hasta ayer por la noche el PRI mantiene una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano competidor, el PRD, al obtener 422 mil votos contra 342 mil, una diferencia de 10 puntos y de más de 80 mil votos.

Ahora el PRD viene a decir a esta tribuna lo que de antemano sabían ustedes mismos y sabíamos todos, que iban a justificar porque estaban convencidos de que estaban perdidos y le apostaban y le apuestan —como siempre, lamentablemente y para no variar— al conflicto, a la descalificación, a la violencia.

¿Qué no se han dado cuenta, qué no se han dado cuenta de que por eso se están hundiendo y están dilapidando el enorme capital político que con mucho trabajo les otorgó la sociedad mexicana el pasado 2 de julio y que lograron construir?

Ahora justifican su derrota argumentando que hubo elecciones de estado, que fueron detenidos y secuestrados, que sin motivo alguno las autoridades policíacas encargadas del orden reprimieron a sus militantes; que el gobernador intervino en el proceso; que el PRI compró el voto y que obsequió artículos en campaña.

Ya no saben otro cuento. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, por eso yo le voy a pedir al Presidente de la Mesa Directiva que dado que ha garantizado el fuero de los legisladores y se ha comprometido a ello, también se revise y se investigue la actuación de los legisladores federales, porque es muy lamentable que ante la imagen de la sociedad los diputados federales andemos en riñas callejeras, como lo hicieron los legisladores del Partido de la Revolución Democrática.

Por eso le pido, señor Presidente, se investigue y se revise el comportamiento de todos los diputados federales que estuvimos en Tabasco. Ustedes, los perredistas son los cínicos, son los "mapaches", son los agitadores, son los que compraron votos, son los represores, son los del grupo de choque.

Gracias a la intervención de las autoridades del estado se salvaguardó la armonía, la paz y se logró conducir a buen puerto la jornada electoral histórica, limpia y transparente.

No traten de justificar —y termino— no traten de justificar…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Les pido respeto, les pido respeto. Ya tendrán oportunidad también en el turno de ustedes. Concluya, diputado.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: No traten de justificar violaciones a la ley con pretextos de carácter político. Las elecciones se ganan con votos y los votos esta vez fueron para Andrés, pero Garnier. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Enrique Benítez.

Tiene la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Francisco Sánchez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Sánchez Ramos: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Coincido con los compañeros cuando aquí se está hablando de muchos temas, pero no de lo fundamental, de lo que hizo el gobernador Manuel Andrade Díaz.

Si estuviéramos en un estado de derecho, seguramente Roberto Madrazo, quien se gastó 72 millones de dólares —para recordarles la memoria a Bustamante y a muchos que fueron parte del fraude electoral de 1994— estaría hoy Roberto Madrazo en la cárcel.

Por cierto, la persona que me acaba de anteceder, compañero diputado, le recuerdo, le recuerdo que fue el fraude descomunal en aquel entonces, cuando se gastó más que Bill Clinton en aquella época. Estamos hablando de 1994.

Si viviéramos en un estado de derecho, seguramente Manuel Andrade estaría también hoy siendo sometido a un juicio político, porque no se puede tener un gobernador gordo y un pueblo flaco; eso no se puede permitir en este país.

Quiero informarles, compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios, que en Tabasco las elecciones del Partido Revolucionario Institucional, el partido que estos señores vienen a defender el día de hoy, es el común denominador que, en tiempos de elecciones se vuelven buena gente, se vuelven bondadosos, se vuelven puritanos y empiezan a recordar que la pobreza que ellos mismos originan, intentan comprarla; intentan comprar la voluntad popular con láminas, despensas, materiales para construcción, como aquí mismo en esta tribuna, la máxima tribuna del pueblo, venimos a denunciar con fotografías y con videos.

Éste es el testimonio que tenemos los tabasqueños bustamantes, pero no tenemos nada en contra tuya; tenemos algo en contra de aquellos que han derrochado recursos cuantiosos en una campaña de un candidato que no es el químico —como él le dice—, es el cínico, porque si tuviera un tantito de vergüenza, no estuviera hoy diciendo que ganó la gubernatura.

Hay que recordarle a este señor, que este señor se gastó, por lo menos, por lo menos, dos veces más de lo que se gastó Madrazo en 1994.

Seguramente, si viviéramos en un estado de derecho, nosotros, compañeras y compañeros, estuviéramos aquí ventilando otros asuntos más importantes, pero como la elección de Tabasco es una elección donde se fueron con todo, donde la Policía estatal actuó como un brazo ejecutor del Partido Revolucionario Institucional, por eso nosotros venimos hoy a esta tribuna a pedirle a los legisladores que volteen a ver.

Yo quiero, respetuosamente, dirigirme a ti, Juan José, y decirte que efectivamente en 1997 tú hiciste una propuesta para conformar una comisión especial. Pero yo me pregunto por qué ahora, en estos tiempos tan importantes, donde sabíamos qué es lo que podía suceder por el derroche económico que tú y muchos tabasqueños conocen y que es lo único que saben hacer los del PRI, comprar con dádivas y dinero; por qué ahora no nos has acompañado en la votación para formar las comisiones especiales, la primera que pidió el diputado Pedro Landero, ¿y ahora por qué razón también votan en contra? Yo quiero pedirles congruencia compañeros y compañeras.

Quiero concluir. Decirles a todos ustedes que lo que sucedió en Tabasco no fue poca cosa y no estamos heridos de ninguna manera, pero lo mismo que vienen a pedir aquí, pídanselo a sus candidatos del PRI perdedores que hoy están vociferando en todos los municipios donde perdieron, que nosotros les reconozcamos algo que no consiguieron, a pesar del fraude que ustedes mismos hicieron.

Quisiera decirles muchísimas cosas, pero los agravios que nos hicieron a los tabasqueños y a los no tabasqueños, eso no lo olvida nadie.

Concluyo, señor Presidente. Compañeros diputados. Yo te voy a decir, Juan José, y quiero decirle a Bustamante, lo que decía Carlos Alberto Madrazo Becerra: "Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto". Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Francisco Sánchez. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados. Las elecciones en Tabasco nos plantean un problema de fondo sobre la renovación de los Poderes en nuestro país. ¿Vamos a fortalecer los procesos democráticos respetando las reglas de la civilidad o vamos a dirimir los cambios de gobierno a base de prácticas caciquiles?

¿La práctica del reparto de dádivas y la compra del voto van a tender a incrementarse para conquistar y cooptar la voluntad ciudadana o vamos a avanzar hacia procesos electorales que respeten la libertad popular, a la par que sean más transparentes?

¿Vamos a utilizar el poder para perseguir a nuestros adversarios políticos y pasar la factura de anteriores disputas políticas? Por ejemplo, al secretario general de Convergencia y a su esposa, junto con otros convergentes y compañeros perredistas, les dictaron orden de presentación. En el caso de Pedro Jiménez León es simplemente una venganza política, ¿así nos vamos a manejar?

¿Vamos a crear condiciones para que los procesos electorales establezcan las bases para la transmisión pacífica del poder o para que los estados y municipios se polaricen social y políticamente y vivan en la confrontación y el conflicto?

¿Vamos a propiciar que los procesos electorales se conviertan en un elemento más de disputa entre los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y el Senado de la República?

¿Vamos a mejorar el sistema electoral en su conjunto o vamos a conspirar para que se erosione y se degrade, para que se envenene la lucha política en nuestro país?

Compañeras y compañeros diputados, las elecciones en Tabasco pueden significar un punto de inflexión en la vida política electoral del país. ¿A qué le vamos a apostar? ¿Al desenvolvimiento de la vida política nacional, a los acuerdos políticos o vamos a optar por el México bronco, por el regreso a prácticas que ya considerábamos que habían sido superadas en este país?

¿Vamos apostarle, compañeros, a la incivilidad permanente, a la confrontación, a que llevemos las cosas al extremo?

Es claro que tenemos visiones no sólo diferentes sino antagónicas de proyecto de país. Es evidente que las desavenencias políticas han llegado demasiado lejos y —como señalaba— Tabasco puede significar un punto de inflexión.

¿Vamos a profundizar las diferencias hasta que se fracture el país o vamos a provocar una reflexión seria, concienzuda, con ánimo abierto que permita buscar los acuerdos que requiere la solución de los problemas nacionales? Ustedes, compañeras y compañeros diputados, tienen la palabra. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Cuauhtémoc Velasco. Tiene la palabra la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Les dirijo estas palabras quizá para poner orden a mis recuerdos y para confesar que estoy muy asustada. Tengo miedo por el rumbo que está tomando mi país, mi patria tan amada.

El fin de semana en el estado de Tabasco, vi grupos de mujeres vigiladas y estimuladas por un hombre con pulsera verdad y con camiseta verde. Ellas estaban organizadas y en sus ropas, en sus facciones, en su piel maltratada, develaban su pobreza material. Nos gritaban: "Fuera los chilangos", "nos producen urticaria", "aquí no queremos a los chilangos, sólo provocan desorden"; "la gente es dueña de la casilla". "Nos vale madre que el presidente de la casilla no haya pedido la fuerza pública, fuimos nosotros los que la pedimos".

Todo esto porque unas diputadas y un representante del CEN del PRD preguntamos: ¿quién solicitó la presencia de las fuerzas del orden a las que por ley, sólo puede convocar el presidente de la casilla?

Nos dijeron que habían llegado porque detuvieron un hombre armado; tenía una resortera. Al grito de "pinches chilangos", nos empujaron y nos dieron algunos golpes en la espalda. A mí me rompieron la blusa.

Nos sacaron a la fuerza violando los más elementales derechos humanos y constitucionales. Yo les decía: "estoy en México, soy mexicana". Y ellos contestaban: "Es Tabasco, somos dueños de Tabasco; fuera chilangos".

Los miembros de la fuerza pública nunca se movieron, no defendieron a las agredidas y al agredido de las agresoras, sólo sonreían. Viví la más absurda, inconcebible expresión de xenofobia en mi propio país. Quien la provocó, quien la hizo emerger, quien hizo emerger lo más primitivo del alma humana, me pregunto yo: ¿Fue la cultura? ¿La falta de educación?

En otra casilla había un hombre fornido también y también recibimos insultos y agresiones. Yo creo que quien provocó esto fueron los que llaman los poderes fácticos, los poderes de hecho, los que no son poderes constitucionales, los poderes del dinero, los que más dinero ganan cuando tienen un gobierno a modo, que les condona impuestos, les regala tierras, les facilita el modo de contratar fuerza de trabajo barata y sin seguridad social, y que luego pueden utilizar como carne de cañón.

Unen dos crímenes en uno, maltratan el cuerpo y maltratan el alma, la conciencia, enajenan el cuerpo y las mentes de los más débiles, de los que a ojos vistas no saben que la patria es una, impecable y diamantina. No saben que las y los mexicanos tenemos derecho constitucional de libre tránsito, que la patria es norte y sur, que es rica y generosa, que es una patria para todos.

Quienes así exacerban la xenofobia contra hermanos mexicanos, debieran saber que están dejando libre al tigre dormido, al México bronco. A corto plazo veremos los resultados, por eso tengo miedo por mi patria.

El Capítulo I de la Constitución General de la República dice: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Esos derechos se vieron obstaculizados por una constante afluencia de rondines de la fuerza pública, de gente de seguridad que estaban armados, que estaban intimidando. No fui testigo de ningún otro elemento organizado que pudiera reprimir y, eso, se los puedo jurar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Aurora Cervantes. Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, señor Presidente. Yo tampoco soy de Tabasco, pero me duele mucho lo que les pasa a los compañeros y compañeras diputadas de todas las fracciones que están aquí representadas.

Recordemos bien, tengamos historia. Acordémonos de lo que pasó a compañeras y compañeros diputados de la anterior Legislatura: también fueron reprimidos. El domingo les tocó a algunas compañeras diputadas. Si se fijan, fundamentalmente fueron mujeres. A eso ha llegado esta situación tan crítica de los cacicazgos en nuestro país.

Debemos de reflexionar con mucha sensatez, pero también con sensibilidad. El problema que se presentó el domingo tiene que hacernos ver qué es lo que puede pasar en próximas elecciones que se puedan dar en los estados de la República.

Debemos de prevenir lo que se pueda dar en los 10 próximos procesos electorales que tenemos a la puerta y no permitamos que este Poder, este Poder instituido sea violado. Lo que pasó el día domingo tiene que ser revisado de manera exhaustiva por esta Cámara.

Por eso yo les digo y les pido a los compañeros y compañeras de Acción Nacional, del mismo PRI y de los demás partidos, que a la brevedad integremos esta Comisión y que esta Comisión dé resultados favorables para que no vuelva a ocurrir esta situación en ningún proceso electoral que siga de aquí en adelante.

Se violaron los derechos humanos. No estamos hablando de los resultados y las "mapacherías" que se hicieron allá en Tabasco; estamos hablando de elementos fundamentales de la vida y de la convivencia que se rompieron en el estado de Tabasco.

Yo les pido pues, a todos ustedes, que reflexionemos, cambiemos esa posición que se marcó al inicio y que de manera unánime digamos que se lleve a cabo la formación de esta Comisión y que de inmediato presentemos resultados por el bien, no nada más de las mujeres y compañeras diputadas; también por el bien de México, Por el Bien de Todos nosotros. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Muchas gracias, ciudadano Presidente, sólo para hacerle una petición. En virtud de que usted ha asumido su responsabilidad constitucional de velar por el fuero de las y los ciudadanos diputados; en virtud también de que nuestros compañeros y compañeras vejadas van a presentar a la brevedad su testimonio. Le rogaría que para la próxima sesión ordinaria, nos informara en qué tiempo podría concluir las averiguaciones que usted pudiera realizar para precisamente velar por el fuero de nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Juan Guerra. Habré de informar la próxima sesión los trámites que haga esta Presidencia. Túrnese el asunto presentado por Rafael Elías Sánchez Cabrales, a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Pedro Montalvo Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe a esta soberanía sobre el acuerdo paralelo al Tratado de Libre Comercio.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea. El 30 de septiembre de 2005, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que modifica el diverso que establece los criterios para otorgar permisos previos a las importaciones definitivas de fructuosa originaria de los Estados Unidos de América.

Dicho acuerdo, estableció que en virtud de que los Estados Unidos otorgaron acceso a su territorio a 250 mil toneladas métricas de azúcar originarias de México, se decidió otorgar un acceso recíproco a las importaciones de fructosa provenientes de ese país. Esto mereció el reclamo de la industria azucarera nacional por tratarse de una decisión unilateral que agravó la situación de excedentes de azúcar y colocó a nuestro país en franca desventaja ante los Estados Unidos.

En 2001, el Senado desconoció el valor legal de las cartas paralelas Serra Puche, Micky Cantor, por modificar lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio a cuyo amparo se pretendía favorecer a los importadores y productores de jarabe de maíz rico en fructuosa.

Este año el gobierno federal ha autorizado la importación de 267 mil 606 toneladas de azúcar, suficientes para distorsionar los precios y sobre ofertar el mercado doméstico. Según sus declaraciones, con esta medida pretenden bajar hasta en un 25 por ciento el precio del azúcar.

Los cupos los otorgaron a confiteros, refresqueros y comercializadores. En paralelo, el fideicomiso comercializador "Fico", encargado de vender el azúcar de los ingenios expropiados, fija precio preferencial a los embotelladores y realiza subastas desleales de azúcar con el propósito de bajar su precio.

Como si fuera poco, el jueves 5 de octubre, se publica en el Diario Oficial acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar fructosa originaria esta de los Estados Unidos y sus criterios, en el cual permiten la importación de hasta 500 mil toneladas de azúcar hasta el 31 de diciembre del 2007. Todo mediante permisos previos otorgados por la Secretaría de Economía. Dicho acuerdo admite indirectamente que los refinadores de maíz de los Estados Unidos son los verdaderos beneficiarios del mismo.

En los considerandos, el Ejecutivo federal admite lo siguiente: Que existe una disputa entre México y Estados Unidos debido al incumplimiento de este último, de las obligaciones contraidas en el TLCAN respecto del acceso a su mercado del azúcar mexicana. Que por tal motivo, México entabló una controversia conforme a los términos del TLCAN sin embargo la disputa no ha sido resuelta entre otras cosas porque no obstante que México solicitó en el panel, al amparo del capítulo vigésimo del TLCAN, habiendo satisfecho todos los requisitos previos en el mismo, los Estados Unidos se han negado a designar panelistas, según lo dispone el propio acuerdo comercial.

En este contexto, el pasado 27 de julio, los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo que establece ciertas condiciones para el comercio bilateral de edulcorantes que contribuirá a facilitar la transición de libre comercio a partir del primero de enero de 2008.

Pero también reconoce que la disputa mencionada continúa sin resolverse; que entre los acuerdos alcanzados se prevé el otorgamiento por parte de México de un tratado libre de arancel para 250 mil toneladas métricas de fructosa originaria de los Estados Unidos durante el año comercial que inicia el primero de octubre de 2006 y los primeros tres meses del año comercial que inicia el primero de octubre de 2007, respectivamente, que requiera implementarse.

De lo anterior se presume la existencia de nuevas cartas paralelas que la Secretaría de Economía tiene que explicar con pleno detalle puesto que ello significa desconocer los acuerdos del Senado y los términos del propio TLCAN.

Por otro lado el acuerdo que fija cupos a la fructosa es omiso respecto de los cupos que el mercado de los Estados Unidos recibirá de azúcar mexicana. Es por ello que en relación con todo lo anterior proponemos a esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe detallado a esta soberanía de los aspectos relativos al acuerdo paralelo del TLCAN, del gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos, que originó la medida tomada por esa dependencia, mediante el cual se da a conocer el cupo para importar fructosa originaria de los Estados Unidos y sus criterios para importar 250 mil toneladas métricas de fructosa en base seca, del primero de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007. Y hasta 250 mil toneladas métricas de fructosa en base seca del primero de octubre al 31 de diciembre de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 5 de octubre del año en curso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante. Gracias, diputado Montalvo. Túrnese a la Comisión de Economía.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional entregó proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de 2007 se incluya una partida destinada para cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes del estado de Aguascalientes. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:

(Lectura al orden del día de la próxima sesión.)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 19 de octubre a las 11:00 horas y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.