El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 356 diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:19 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría. Permítame, Secretaria. Sonido a la curul del diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Gracias. Ciudadano Presidente, como el acuerdo parlamentario que tenemos para integrar el orden del día establece que la Junta de Gobierno es la encargada de aprobar los puntos que vienen a discusión y el día de ayer lamentablemente no pude entregarlo a tiempo para la junta de gobierno.

Pero además, como el acuerdo también da pauta para que el Pleno pueda incorporar un punto de acuerdo, inscribir un punto de acuerdo, le solicito que ponga a consideración del Pleno si es de incorporarse la proposición con punto de acuerdo relativo a las declaraciones que ha habido sobre los cuarenta y tantos mil millones de pesos para el magisterio.

Además, la junta de gobierno tiene ya todo el punto de acuerdo debidamente documentado. El asunto sería la solicitud. Y les pido también a todos los grupos para que simple y sencillamente se inscriba al final del orden del día.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le recuerdo, señor diputado, que por acuerdo aprobado en esta Cámara, sí se puede incorporar en el orden del día si cuenta con el consenso de los coordinadores.

Yo le pediría que en el transcurso de estos minutos se pueda poner de acuerdo con los coordinadores y, si nos lo solicitan, incorporamos con mucho gusto el asunto que usted plantea.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Sí, es verdad que una condición es el apoyo de los coordinadores. Pero el mismo punto cuatro establece: "... o, en su caso, por aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados". Por eso estaba solicitando la aprobación del Pleno. Es el punto cuatro de este acuerdo parlamentario.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la secretaría dé lectura al artículo 20 del Acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Artículo 20. Sólo por resolución del Pleno, a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: También le recuerdo que en el artículo quinto se puede modificar el orden del día cambiando un asunto por otro, que probablemente es a lo que usted se refiere.

Pido a la Secretaría que lea también lo que solicita el diputado Juan Guerra, el artículo 4.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Artículo 4. Para la oportuna incorporación de un asunto, la diputada o diputado que requiera se incluya en el orden del día una iniciativa, proposición con punto de acuerdo o excitativa, punto en la agenda política o efeméride, hará llegar la solicitud al coordinador de su grupo parlamentario o directamente a la Junta de Coordinación Política, si carece de él, para que se presente en la reunión de la Junta en la que se trate lo relacionado con el orden del día de la sesión para la que se solicita que el asunto sea incorporado. Después de esta reunión, no se podrá agendar ninguna solicitud, salvo acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios o del Pleno.

Una vez acordados los asuntos, la Junta de Coordinación Política los remitirá a la Mesa Directiva. Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas, al oficio de petición deberá anexarse, en versión electrónica, el documento, señalando el nombre y la firma de la diputada o diputado que la suscribe y el trámite que solicita.

Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de urgente u obvia resolución, así deberá señalarse expresamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Quiere hacer uso de la palabra, diputado? Yo le pediría que haga esta negociación con los coordinadores. Si así nos lo solicitan en el transcurso de la sesión, con mucho gusto lo incluimos.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Muchas gracias, ciudadano Presidente. En su caso también le voy a aceptar que sea por esa vía o por la vía de que lo sustituyamos por otro punto de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pero siempre y cuando estuviera inscrito, diputado.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Comunicaciones de los congresos de los estados.

(El Congreso de Guerrero remite cuatro acuerdos por los que solicita la asignación de recursos en diversas partidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007).

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: (De la Cámara de Senadores por el que comunica la constitución del grupo parlamentario del Partido del Trabajo).

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

Continúe la secretaría.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que el procurador general de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos).

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.

En el apartado de iniciativas tiene la palabra el diputado David Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

El diputado David Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado David Sánchez Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título decimoséptimo bis, denominado "delitos contra la dignidad de las personas", se reforma el artículo 315 y se adiciona el artículo 319 bis al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Uno de los mayores flagelos que ha azotado a la humanidad a lo largo de su historia ha sido la discriminación en sus diversas expresiones: sexual, racial, económica, cultural, religiosa, entre las más visibles.

La intolerancia, protagonista de los más cruentos conflictos, ha provocado aberrantes sucesos que todavía hoy lamentablemente continúan presentándose. La intolerancia es un fenómeno que ha estado presente en las diferentes etapas de la historia humana, ocasionando guerras, persecuciones, persecuciones religiosas y violentas confrontaciones ideológicas; alimentada por los prejuicios, estereotipos, odios ancestrales y fanatismos, a cuyas cuentas se abonan millones de víctimas, lo que requiere tomar medidas.

La perversidad del modelo económico ha marginado a varios grupos sociales orillándonos a situaciones extremas de inequidad, desigualdad, profundizando la discriminación y propiciando nuevos ámbitos de segregación.

En nuestro país la discriminación alimentada por prejuicios, ignorancia y odios a los diferentes ha ocasionado crímenes impunes sobre los que se requiere tomar acciones que nos permitan el ejercicio de un estado de derecho, a través de adecuar las normas a los requerimientos de la población actual; actitudes infalibles de intolerancia, de abuso de poder y autoridad que generan en las mujeres el derecho a la vida, al trabajo, el temor a la ofensa o muerte porque otros decidan, que propicia las violaciones sexuales y la culpabilidad a las mujeres, que profundiza las desigualdades en razón de género y permite la violencia que no puede resistir ni en los albores del siglo XXI ni en ningún tiempo.

En México la discriminación continúa y se incrementa con toda velocidad. Así, se margina a indígenas, se excluye a personas adultas mayores, de las cuales la mayoría se encuentra en condiciones de indigencia, carentes de cualquier protección social y seguridad pública, y que de 1998 a la fecha se han cometido 49 homicidios.

Se rechaza a quienes padecen alguna discapacidad, se genera la generalización de la pobreza, se estigmatiza, ridiculiza y se asesina a homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros siendo aproximadamente mil personas los que han sido ejecutados por homofobia de 1995 al 2003; sin contar con los ejecutados en los últimos tres años.

Se segrega a las personas que viven con VIH-SIDA, quienes en su mayoría no tienen acceso a los servicios médicos de salud ni a medicamentos. Se rechaza a trabajadoras y trabajadores sexuales y qué decir de la discriminación perpetrada contra el sector, que por cuestión de edad tienen menos mecanismo de defensa, las niñas y los niños. De este universo, millones de niñas y niños comparten condiciones de pobreza.

Se margina a 50 millones de mujeres, de las cuales de 1999 al 2005 han sido asesinadas seis mil en 10 estados del país, por el sólo hecho de ser mujeres. Recientemente en el estado de Tabasco se orquestó desde el gobierno de esa entidad, una campaña de odio contra ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal.

No hay razón para no inferir que las naciones postmodernas no son homogéneas y que la nuestra en particular se caracteriza por su diversidad de identidades, intereses, valores y conductas.

Como sociedad plural no sólo debemos tolerar modos de vida antagónicos, sino que debemos considerar que su misma existencia es un valor importante que exige la responsabilidad de fomentar el desarrollo específico y heterogéneo de las minorías, legitimando el derecho a las diferencias.

Ello implica que la humanidad debe adaptarse a un mundo lleno de diferencias, a respetar toda forma de creencias y aceptar convicciones ajenas, sin tratar de imponer el criterio propio; replantearse la dignidad ética de los seres humanos y la racionalidad de la política.

Está en todos y en todas evitar el desprecio y la violación a los derechos humanos que ya hay causado amargas experiencias y grandes sufrimientos a la humanidad. Tenemos la responsabilidad y la necesidad moral de decidir si queremos seguir viviendo y en qué condiciones queremos hacerlo.

El propósito de la presente iniciativa, pretende evitar que en el territorio nacional ninguna persona sea expuesta a la violencia física o moral por motivos de odio, contribuyendo con ello a que la legislación penal se convierta en un instrumento útil para castigar estos actos de intolerancia, pero además para establecer de manera firme que el Estado mexicano explícitamente condene toda expresión de odio y de discriminación.

Por tanto, proponemos adicionar un Título Décimo Séptimo bis al Código Penal Federal, denominado "Delitos contra la Dignidad de las Personas". En dicho capítulo proponemos tipificar como delito la discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad o estado de salud.

Consideramos también que esta conducta sea punible cuando una persona o servidor público niegue a otra un servicio o una prestación a la que tenga derecho o niegue o restrinja derechos laborales. Tratándose de servidores públicos, proponemos que además de la pena prevista, se le imponga la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público.

En una sociedad democrática basada en la dignidad, pero también en la libertad, lo que se ha de erradicar son las expresiones del lenguaje del odio en todas sus variantes. Una cosa es cuestionar, criticar dogmas o doctrinas y otra muy distinta es intentar vejarlos y mancillarlos gratuitamente. Por tanto, por lo que hace al lenguaje de odio, proponemos sancionar al que públicamente o mediante cualquier medio o acto para su difusión pública, incite al odio, al desprecio, a cualquier forma de violencia moral o física y represente un peligro claro e inminente contra una persona o grupo de personas.

Los crímenes de odio violan los derechos civiles de las víctimas, quienes pueden sentir miedo, degradación o autoindefensión. Además se caracterizan porque los asesinatos son ejecutados con crueldad, saña, alevosía y ventaja, por el sólo hecho de ser mujeres, lesbianas, homosexuales, transgéneros, bisexuales, adultos mayores, indígenas, entre otros.

Finalmente esta iniciativa propone reformar el artículo 315 y adicionar el artículo 319 bis, con la finalidad de tipificar como homicidio calificado, los crímenes de odio por edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico, nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo, profesión, discapacidad o estado de salud.

Señor Presidente, solicito se publique en el Diario de los Debates tal como fue entregada esta iniciativa. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado David Sánchez. Como ha solicitado, publíquese en íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Se concede el uso de la palabra al diputado Mauricio Ortiz Proal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones Procedimientos Electorales.

El diputado Mauricio Ortiz Proal: Con su venia, señor Presidente. En mi carácter de diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral, el quinto, al artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para resolver el caso no previsto de vacantes de senador propietario y suplente, electos por el principio de primera minoría, al tenor de los siguientes términos

Exposición de motivos

El principio electoral de primera minoría en el Senado de la República se estableció por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993; consecuentemente, al poco tiempo se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para darle continencia a esta reforma constitucional en la ley secundaria. Sin embargo, en dicho ordenamiento se omitió prever lo conducente en relación con las vacantes de senadores, tanto propietarios como suplentes, designados por dicho principio electoral.

La finalidad de la reforma que se propone es colmar lo que conforme a la técnica legislativa se conoce como una laguna de la ley; situación que provoca un vacío jurídico que finalmente se traduce en problemas de aplicación de la norma, en este caso, para la integración del órgano parlamentario.

Tal como se encuentra actualmente el artículo 20 del Cofipe que se propone adicionar, está prevista la posibilidad de sustitución en caso de vacante para senadores y diputados electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, pero el articulado es omiso en cuanto a la sustitución de las vacantes de senadores electos por el principio de la primera minoría.

Una muestra clara de la urgente necesidad que existe para llevar a cabo la citada reforma es el hecho acontecido en el Senado de la República durante la LVII Legislatura, cuando fallecieron los miembros de la primera fórmula del Partido Acción Nacional de la lista registrada por el estado de Quintana Roo, los señores Enrique Hernández Quinto y Raúl Durán Reveles, senadores propietario y suplente, respectivamente, quienes habían sido electos por el principio de la primera minoría.

Dicha situación produjo que su grupo parlamentario quedara con un integrante menos en el Senado, produciendo con ello una subrepresentación del mismo y perdiendo un lugar que legítimamente les correspondía ocupar. Además, se generó un conflicto para la determinación del número de integrantes que se debía tomar como base para desarrollar el cómputo del quórum.

Por otro lado, tanto el estado de Quintana Roo, como el propio grupo parlamentario y las comisiones de que formaban parte dichos senadores quedaron por el resto de la Legislatura con un integrante menos.

La solución que se propone consiste en aumentar un numeral cinco al artículo 20 del Cofipe, para señalar que en caso de vacante ocurrida por la falta de un senador electo por el principio de la primera minoría por cualquiera de las causas previstas en la ley, se llamará, desde luego, al suplente y si a su vez se presentara de nueva cuenta la vacante, se llamará para ocupar el lugar a la segunda fórmula que el mismo partido hubiera registrado en la entidad federativa correspondiente.

Dicha propuesta responde a la lógica electoral establecida en nuestro sistema para designar a nuestros representantes populares, ya que la segunda fórmula de la lista de candidatos a senador, al igual que la primera, también fue registrada por el partido político, realizó una campaña y logró alcanzar de la misma manera la primera minoría en la correspondiente elección.

Por último, cabe destacar la conveniencia de la solución planteada, que es el carácter práctico e inmediato de la misma, ya que permite resolver la vacante de una manera eficaz, equitativa y expedita.

Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que me concede el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, para su estudio, discusión y aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral número cinco al artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo único. Se adiciona el numeral cinco al artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 20. … Numeral cinco. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría deberán ser cubiertas por los integrantes de la fórmula respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se hayan registrado en segundo lugar de la lista, conforme a lo dispuesto en el numeral tres del artículo 11 de este ordenamiento.

Transitorio: Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Ortiz Proal. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene el uso de la tribuna la diputada Pilar Guerrero Rubio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada Pilar Guerrero Rubio: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados. Los campos de golf son desarrollos que generan un impacto ambiental significativo sobre los ecosistemas en donde se establecen particularmente sobre los acuáticos y el elemento paisajístico.

Es por ello que resulta imperativa la formulación de nuevos criterios que nos permitan garantizar las funciones ecológicas del paisaje de forma compatible con los valores, demandas y expectativas tanto de las comunidades en donde se establecerán, como de los inversionistas, partiendo del respeto a la supervivencia del ecosistema.

Además del impacto paisajístico que genera el golf, nos encontramos con el ambiental, el cual conlleva diferentes afectaciones sobre el medio natural. Es por ello que resulta necesaria la implementación de medidas de corte estratégico que permitan el establecimiento de directrices que faciliten la construcción de campos de golf sustentable; su fomento, en concordancia con el respeto a los elementos naturales, a la vez que dicha actividad pueda constituirse como detonadora de las actividades turísticas.

Derivado de lo anterior y tomando en consideración el auge que en los últimos años ha tenido los desarrollos de campos de golf en nuestro país es que estimamos necesario fortalecer las disposiciones jurídicas que le sean aplicables, con el objeto de garantizar un crecimiento de esta industria en términos sustentables, bajo criterios de respeto al cuidado de los elementos naturales que permita ver esta actividad como una nueva oferta en materia turística.

Para la elaboración de la presente reforma tomamos como base lo previsto en el proyecto de Norma Oficial Mexicana 140-Semarnat 2005, que establece los requisitos ambientales generales para los campos de golf y desarrollos inmobiliarios que los incluyan, junto con algunos elementos de legislaciones internacionales, como algunas leyes y ordenanzas de diferentes comunidades autónomas en España.

Consideramos que para estar en condiciones de contrarrestar los efectos negativos de los campos de golf resulta necesario el establecimiento de límites y criterios de carácter general que permitan conservar el medio ambiente natural atendiendo las características particulares de cada proyecto que pretenda llevarse a cabo.

Se propone con esta reforma buscar la obligatoriedad de presentar un estudio de riesgo para las actividades relacionadas con la construcción y la operación de campos de golf. En este sentido es que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos incluir en la legislación nacional disposiciones de carácter obligatorio que acoten la construcción de campos de golf para minimizar su impacto ambiental.

De igual forma se propone establecer cuál será el contenido mínimo del estudio de riesgo que deba presentarse y se incorpore a la figura del plan director de campo de golf como el instrumento que permitirá llevar a cabo las acciones previstas en el estudio de riesgo, con la finalidad de estar en condiciones de fomentar al golf en términos sustentables.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de campos de golf.

Por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates y sea turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Guerrero. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación.

El diputado José Luis Varela Lagunas: Antes de empezar, yo quisiera rogarles un poco de su atención, en virtud de que han pasado años, siglos, en que no hemos atendido ese problema y ahora es nuestra responsabilidad atenderlo.

Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros, compañeras legisladoras. Uno de los pendientes del Estado mexicano sigue siendo la deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos indígenas.

El artículo 2o. de nuestra Constitución Política establece que "la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas". En el apartado B, fracción II de dicho artículo, en materia educativa señala: "garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles".

Pero esta disposición constitucional está muy alejada de la realidad pues hasta el momento no existe una propuesta educativa en materia indígena. La discriminación, racismo y exclusión social, que se manifiestan de manera aguda en lo que respecta a la educación de nuestros pueblos y comunidades indígenas, son parte de la estrategia seguida por nuestros gobiernos para continuar manteniendo en el abandono y en el analfabetismo a los indígenas de México.

Para el Partido Convergencia es inaplazable y éticamente justo promover los acuerdos y las reformas legislativas que les permitan a nuestros pueblos indígenas alcanzar el grado de desarrollo y autonomía que satisfaga sus intereses colectivos y del país en su conjunto.

Según las cifras ofrecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 es en preescolar y en secundaria donde se localizan los mayores rezagos en la cobertura. Existen todavía 688 mil niños en edad de cursar la primaria que deben ser atendidos.

Un tercio de los más de dos millones de niños y jóvenes en edad de asistir a preescolar, primaria o secundaria —comprendida ésta entre los cinco y los 14 años— no reciben servicios educativos y se localizan en cuatro entidades federativas: el Estado de México, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Esta situación de rezago educativo mantiene una relación directa con las condiciones de pobreza, abandono y exclusión social de que son objeto nuestros pueblos indígenas.

Muchas veces los gobiernos federal y estatal utilizan como pretexto que la población que está marginada de los servicios educativos es porque habita en localidades apartadas y dispersas de los centros urbanos, según cifras oficiales la población indígena de nuestro país asciende a más de 12 millones 400 mil indígenas, de los cuales atiende a un millón 311 mil 215 niños indígenas en edad de cursar preescolar y la primaria, mientras que el programa de atención educativa a población indígena del Consejo Nacional para el Fomento Educativo atiende aproximadamente a 30 mil.

Los servicios de la SEP ofrecen a 49 pueblos, en 24 de las 31 entidades federativas del país, la cuarta parte de las escuelas primarias son unitarias, es decir, que un solo maestro atiende simultáneamente a niños de los diferentes grados.

Para apoyar la educación bilingüe se cuenta con libros de texto gratuitos en 38 lenguas indígenas con una producción aproximada de 1.2 millones de libros que comprenden 189 títulos para atender las necesidades educativas de 55 variantes dialectales.

En ese sentido considero fundamental que exista disposición por parte de nuestras autoridades federales, para que en el marco de lo que establece la Ley General de Educación se posibilite la concurrencia y colaboración entre autoridades de los distintos niveles de gobierno, para fomentar la educación indígena, para revalorar la importancia de la educación bilingüe intercultural.

Quiero señalar aquí, que uno de los principales retos en materia educativa, es el apoyo que debe darse a los jóvenes indígenas para continuar con su formación educativa hasta el nivel medio superior y superior.

Por todo ello, se hace necesario establecer de manera clara en la Ley General de Educación, la responsabilidad que deberá tener la Federación, los gobiernos de los estados y los municipios hacia los pueblos y comunidades indígenas del país, principalmente en lo relativo a su formación educativa.

En los últimos años el presupuesto destinado a la educación tiende a disminuir, y en materia de educación indígena no se le ha otorgado la atención necesaria. En una solicitud presentada al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados por el de la voz, para determinar el gasto en educación indígena en los últimos seis años se encontró que el gasto identificado para la educación indígena es de 2,270 millones de pesos que equivale al 0.69 por ciento respecto al gasto total en educación y únicamente al 0.3 por ciento del producto interno bruto destinados a la educación.

Esto equivale a destinar para un millón 311 mil 215 alumnos del sistema preescolar primaria y secundaria la cantidad de mil 731 pesos por estudiante, pero esto no considera a los estudiantes indígenas del nivel medio superior y superior.

Se observa asimismo como dependiendo de los criterios políticos, el presupuesto destinado a la educación aumenta o disminuye, y es con esos criterios con los que debemos terminar.

Con esta propuesta se busca incidir de manera directa y a través de la Ley General de Educación, la obligatoriedad del Estado mexicano para garantizar un techo presupuestal mínimo para la educación de nuestros pueblos indígenas, para terminar con siglos de abandono, marginación y analfabetismo en que se encuentra, este techo mínimo deberá ser de 0.5 por ciento del producto interno bruto destinado a la educación. Cuando lleguemos a destinar el ocho por ciento del PIB, como lo establece la propia ley, destinaremos de igual manera el 0.5 por ciento respectivo.

En virtud de que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que dicha iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Y les voy a pedir un favor a todos nuestros legisladores de esta Honorable Cámara, que ojalá en temas cruciales, torales, como es éste, ojalá obtengamos su respuesta positiva. Y además, espero que la próxima vez ponga un poco más de atención. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Varela. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está abierto todavía el registro, si quieren los que no se han registrado, háganlo en este momento.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 471 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Secretario. Se recibió de la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda: "Constituyentes de Apatzingán".

El diputado Mario Enrique del Toro: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Me voy a dirigir en esta ocasión, a unos días de conmemorarse el CXCII Aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, a todos ustedes para solicitarles su apoyo para que rindamos homenaje a los primeros constituyentes de nuestro país. Esta petición está respaldada por el pueblo de Apatzingán y es solicitud del presidente municipal, don Antonio Cruz Locatero.

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Recinto Parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados, el nombre "Constituyentes de Apatzingán", bajo la siguiente

Exposición de Motivos

A cuatro años de haberse iniciado el movimiento de independencia en nuestro país, el Generalísimo don José María Morelos y Pavón vio la necesidad de establecer las bases jurídicas que reglamentaran a la nueva nación mexicana.

El Congreso Constituyente llamado de Anáhuac, tenía su sede en Chilpancingo, Guerrero, pero la mayor parte del tiempo se mantuvo itinerante por la persecución de la que eran objeto. Después de un largo peregrinar por diversos pueblos de Guerrero y Michoacán,. finalmente el 22 de octubre de 1814 se establece en Apatzingán, Michoacán, en donde promulga el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana.

El Constituyente de Apatzingán estuvo integrado por:

José María Licéaga, diputado por Guanajuato.

Doctor José Sixto Verduzco, diputado por Michoacán.

José María Morelos y Pavón, diputado por el Nuevo Reino de León.

Licenciado José Manuel de Herrera, diputado por Tecpan.

Doctor José María Coss, diputado por Zacatecas.

Licenciado José Sotero de Castañeda, diputado por Durango.

Licenciado Cornelio Ortiz de Zarate, diputado por Tlaxcala.

Licenciado Manuel Aldrete y Soria, diputado por Querétaro.

Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila.

Licenciado José María Ponce de León, diputado por Sonora.

Doctor Francisco Argandar, diputado por San Luis Potosí.

Remigio de Yarsa y Pedro José Bermeo, secretarios.

Del decreto constitucional de 1814, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, es la primera expresión formal del trabajo legislativo de la que se tenga memoria en nuestro país. En su texto se establecen los cimientos del actual marco jurídico. Los principios que en ella se plasmaron siguen teniendo vigencia plena; establecía desde entonces la división de poderes, considerando como órgano supremo al congreso compuesto por 17 diputados de las provincias, con facultades legislativas, políticas y administrativas, entre las cuales estaba la de nombrar a los miembros del gobierno que debía estar formado por tres personas; alternándose éstas en la presidencia cada cuatro meses, y del Supremo Tribunal de Justicia, constituido por cinco personas.

En sus 242 artículos, el texto constitucional de Apatzingán consagraba los derechos fundamentales del hombre, al expresar: "que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; de tal suerte se aumente el jornal del pobre, mejore sus costumbres y lo aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto".

El Congreso Constituyente de Apatzingán es la culminación jurídica de las aspiraciones de un movimiento social que costo la vida de muchos mexicanos y que alcanzó la cúspide al promulgarse dicho ordenamiento, llevando a la letra la lucha por la emancipación de nuestro país.

La propuesta que hago ante ustedes será un sublime homenaje a quienes dieron las bases del trabajo legislativo y a quienes contribuyeron enormemente en el nacimiento de esta gran nación.

Por lo anteriormente expuesto, propongo al pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto.

Único.

Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del recinto parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados el nombre "Constituyentes de Apatzingán".

Transitorios.

Primero. Facúltese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para organizar la ceremonia alusiva.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de octubre del 2006.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Mario Enrique del Toro. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la tribuna, de manera conjunta y hasta por cinco minutos, a los diputados César Camacho y José Rosas Aispuro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La iniciativa en comento distribuye racional y eficazmente el poder político.

Desde 1824, como nos consta a todos, México se asumió como un Estado federal, y salvo tres episodios breves, 1836, 1847 y el efímero imperio, formalmente nos hemos mantenido como Estado federal. No obstante, la sobradamente conocida arrogación sucesiva de facultades que la Federación impulsó durante décadas, que ha concluido en una suerte de sobrerregulación de la vida local, ha llegado prácticamente a la asfixia de gobiernos estatales y municipales.

No es correcto desconocer que se han dado pasos en medio de dificultades, sobre todo de carácter político, y se han vencido con enorme trabajo resistencias provenientes de todos ámbitos.

Claro que ha habido avances importantes, aunque éstos se inscriben más en el ámbito de la desconcentración que en el logro de una auténtica descentralización política que distribuya correctamente el poder entre ámbitos de gobierno.

Somos muchos, yo creo que somos los más —por cierto, de todos los partidos políticos— quienes estamos comprometidos con la descentralización, con la implantación de un correcto, amplio y no retórico ni discursivo federalismo mexicano.

Soy también un convencido de la necesidad de una cirugía mayor —empezando por la Constitución— a la redistribución no sólo de facultades sino de recursos. Por ahora el tema que nos ocupa forma parte de la arista política del federalismo mexicano que tiene que ver también con el fortalecimiento del constitucionalismo local.

Se pretende que no sea la Constitución federal, como ahora ocurre, sino las Constituciones de los estados previa aprobación del Constituyente Permanente de cada uno de ellos, quienes determinen todo lo relacionado con el régimen interior, al gobierno y la composición de las legislaturas locales, de la composición de los ayuntamientos, de su integración, de su régimen de incompatibilidades; del plazo y término y eventual reelección de sus miembros; de suerte que estos legisladores —sitios por cierto— o las legislaturas locales por los que muchas de nosotros hemos pasado, determinen sanamente de acuerdo no sólo a criterios de carácter jurídico, sino también a la tradición constitucional local, que en la mayoría de nuestras entidades es rica, determine condición, requisitos, términos y mucho más.

Soy un persuadido de que la política en México demanda cambios de fondo, que el verticalismo como eje del quehacer político deber ser cambiado por una sana horizontalidad entre órdenes, entre ámbitos de gobierno. Convencido también —como estoy— de que la política no debe iniciar y concluir como muchos años ha ocurrido, aquí en la Ciudad de México para irradiarse a estados y municipios.

La política vívida intensa empieza —como nos consta— en municipios y estados y es esa política local intensa y vigorosa la que le da consistencia y contenido, la que le da densidad a la propia política nacional.

Compañeras, compañeros. En los estados y en los municipios de los que la inmensa mayoría de los presentes venimos, todos, absolutamente todos, políticos o no, somos mayores de edad. Démosle oportunidad y abrámosle paso a los estados y a los municipios y al fortalecimiento del constitucionalismo local. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Camacho. Tiene la palabra hasta por cinco minutos sobre el mismo tema y la misma iniciativa, el diputado José Rosas Aispuro.

El diputado José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. El tema que ahora nos ocupa tanto al diputado César Camacho como a un servidor, indudablemente tiene que ver con la parte más importante de la vida local, del federalismo, de una palabra que —hemos abusado de ella— hablamos diciendo que cada día tenemos un sistema federalista, democrático, pero imponemos las cosas desde lo central, desde lo federal a lo local.

Nos parece que las autoridades de carácter municipal, siendo éstas las más cercanas a la sociedad, las que tienen la necesidad, la obligación de estar permanentemente en contacto con los ciudadanos, deben tener la oportunidad de que se evalúa su trabajo, que permita premiar y castigar a las autoridades municipales, a los ayuntamientos cuando éstos cumplen o no a la ciudadanía.

Por eso el tema de la reelección nos parece que es algo que debe de quedar en el ámbito de la soberanía de los estados, para que sean ellos, para que sean las constituciones políticas locales las que definan los términos, para que definan las formas en las que se pueden reelegir las autoridades municipales y, de esta manera, dar la oportunidad de que los ciudadanos realmente puedan tener ese espacio para decir cuándo un gobierno les ha cumplido y cuándo no.

Nos parece pues que ésta ha sido una lucha que data de muchos años, una lucha que hemos dado quienes hemos estado al frente de los ayuntamientos, a través de las diversas asociaciones de municipios, donde está esa pluralidad, donde hemos logrado acuerdos, en base a la opinión de la ciudadanía, en la necesidad de impulsar esta reforma.

Por eso nos parece de fundamental importancia que en estos tiempos podamos dejar atrás viejos tabúes que sólo afectan a las comunidades al no tener la oportunidad de definir, con esta claridad, quiénes pueden ser nuevamente sus autoridades.

El federalismo debe estar basado y nutrido en la idea de la democracia, en un equilibrio armónico entre las facultades de los diferentes órdenes de gobierno, esto es, que un apropiado federalismo conlleve a una mayor y más adecuada responsabilidad y respuesta de las autoridades locales quienes, al tener un mejor grado de identificación con las condiciones y circunstancias de su región, las hace aptas para que sean ellas las que determinen, en sus respectivos ordenamientos legales, las formas y términos en que pueda darse la reelección de los ayuntamientos y también de los diputados locales para que sea en el ámbito de las constituciones locales donde se defina cómo se puede dar la participación nuevamente de los diputados locales y también de la forma de funcionamiento del Poder Judicial en cada una de las entidades federativas.

Por ello nos hemos dado a la tarea de analizar este tema y hemos hecho la siguiente propuesta el compañero César Camacho y un servidor, que consiste en el artículo único que dice: "Se adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 115. Se suprime el segundo párrafo de la fracción II y se adiciona uno nuevo y el tercero, cuarto y quinto de los párrafos, fracciones terceras, que son reemplazados por un nuevo tercer párrafo del artículo 116 para quedar como sigue:

"Los estados, en el ejercicio de su soberanía, determinarán en sus respectivas constituciones los requisitos de legibilidad, la duración del mandato, las reglas de sustitución, el régimen de las incompatibilidades y la reelección de los miembros de los ayuntamientos.

"Artículo 116, fracción III. La Constitución de cada estado determinará los requisitos de legibilidad, la duración del mandato, las reglas de sustitución, el régimen de incompatibilidades, la reelección y todos los aspectos fundamentales de la organización y funcionamiento de los congresos locales.

"La función jurisdiccional de los estados se ejercerá a través de los tribunales que establezcan sus constituciones y leyes, las cuales determinarán los requisitos que deban cumplir sus miembros, la integración, organización y funcionamiento de aquéllos y su sistema de responsabilidades".

Ésta es, compañeras y compañeros diputados, la propuesta que hacemos para que el federalismo sea una realidad, para que el federalismo permita que realmente, en la democracia, la sociedad participe y pueda tener la oportunidad de premiar o de castigar a sus autoridades locales. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado José Rosas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Faustino Javier Estrada González: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La obesidad y el sobrepeso se han convertido en un problema de salud pública a una escala mundial, debido a la asociación de enfermedades crónicas como es la diabetes tipo dos, hipertensión arterial, diversos tipos de cáncer, cirrosis, problemas cardiovasculares y de adaptación psicosocial, entre otros.

Este problema no es exclusivo de países ricos, debido a que en las naciones en desarrollo el fenómeno de la migración del campo a la ciudad ha provocado cambios en la dieta de la gente al consumir mayor cantidad de alimentos energéticos, es decir, con un mayor número de calorías que, al no ser consumidas con una actividad diaria y combinando la falta de ejercicio y el sedentarismo, han incrementado el nivel de peso en la población.

En nuestro país existe un grave problema de nutrición, la cual se divide en dos vertientes: la desnutrición y el desequilibrio alimenticio; sumando a esto las condiciones de pobreza en la población, provoca que se sacrifique la calidad nutricional para no reducir la cantidad de alimentos, afectando a la alimentación de los integrantes de la familia.

México cuenta con una tasa de obesidad alarmante. Hay 32 millones de mexicanos con obesidad, de los cuales cinco millones están propensos a convertirse en diabéticos. Esta tendencia indica que las enfermedades crónico-degenerativas abarcan el 90 por ciento del presupuesto del gasto en salud para el 2010 en México.

De no poner en marcha políticas públicas en contra de la obesidad, se estima que para el 2020 serán las enfermedades que no se transmiten la causa del 73 por ciento de los decesos del mundo.

La falsa idea de que la gordura en los niños es sinónimo de salud, ha propiciado que la población infantil en este país haya aumentado considerablemente problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes y bajo rendimiento escolar, entre otros.

La obesidad en infantes y adolescentes es provocada por el consumo de alimentos vastos en grasas saturadas, azúcares y sal. Esta alimentación, combinada con el sedentarismo, provocan enfermedades cardiovasculares que causan dos mil 200 muertes en la población infantil, las cuales representan la tercera causa de mortalidad infantil en nuestro país.

Una manera de evitar estos problemas es a través del cambio de hábitos nutricionales, como la de frutas, hortalizas frescas y delimitar el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, azúcar y sal, así como realizar la práctica de actividad física moderada diaria.

Además, un estudio realizado por la Asociación Mexicana para la Prevención de la Insuficiencia Cardiaca, detectó que la oferta de productos de las cooperativas escolares es de bajo valor nutricional y de alto contenido en grasas saturadas, provocando que el infante tenga pocas opciones de comprar alimentos nutritivos a la hora del descanso. Al mismo tiempo, se reveló que las instituciones educativas no cuentan con los suficientes bebederos ni con la venta de agua embotellada para el infante, aumentando así la gravedad del problema.

La educación alimenticia que están recibiendo los niños en México es totalmente errónea y deficiente, ya que las instituciones educativas tienen la obligación de promover una cultura alimenticia sana desde los primeros años escolares. Por eso, se debe realizar un monitoreo exhaustivo de la oferta de productos en las cooperativas de las escuelas de nivel básico y medio, para que se fomenten buenos hábitos alimenticios a los menores.

También se debe exigir una coordinación entre padres de familia, autoridades escolares y la Secretaría de Salud para fomentar la sana alimentación de los niños, es decir, que todos estén informados sobre la dieta que se ofrezca en las instituciones educativas, con la intención de que se transmita a los hogares una cultura alimenticia sana.

Tomando como base la iniciativa global de escuelas saludables, realizada por la Organización Mundial de la Salud, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta la siguiente propuesta, con el objeto de convertir a las instituciones educativas en espacios saludables, donde se promueva una sana alimentación y la práctica del deporte.

Esto daría como resultado la educación y la reducción de la tasa de obesidad infantil en las siguientes generaciones.

Un ejemplo de esto ha sido la aprobación de la reforma de la Ley de Educación en el estado de Baja California, para evitar la venta de alimentos con bajo o nulo valor nutricional en las escuelas. Por lo tanto, consideramos que este esfuerzo debe mantenerse no sólo un estado, sino a nivel federal, para fomentar la sana alimentación y la práctica del deporte en las instituciones educativas en todo el territorio nacional.

En el ámbito internacional, Estados Unidos aprobó la iniciativa de la ley que prohíbe la venta de alimentos chatarra en las escuelas, esto debido a que los costos de tratamiento de obesidad ascienden a 75 millones de dólares al año.

México, al ocupar el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se deben realizar acciones legales para combatir este mal, para que los infantes y jóvenes mexicanos tengan hábitos alimentaciones para su desarrollo integral.

Debido a lo anterior, los integrantes del Partido Verde Ecologista, proponemos a la consideración de la Asamblea, la siguiente iniciativa con decreto, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el objeto de fomentar nuevos hábitos en nuestra juventud.

Por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Javier Estrada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña: Con su permiso diputado Presidente. En virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en el Gaceta Parlamentaria, solamente presentaré un resumen de la misma, pero sí le solicito, señor Presidente, sea incluido el texto integro en el Diario de los Debates.

Compañeras diputadas, compañeros diputados. La presente iniciativa, tiene la finalidad de evitar el abuso de funcionarios en el ejercicio del cargo y evitar que los órganos de control interno de las dependencias apliquen injustificadamente sanciones a los servidores públicos que presuntamente hayan cometido infracciones o faltas administrativas, sin haber comprobado el hecho.

De igual forma, proponemos que la suspensión temporal proceda sí conforme a los elementos probatorios resulta necesaria tal medida, lo que obliga a fundar y motivar la resolución que decida suspender a un servidor público, además la medida de la suspensión debe estar plenamente justificada.

Asimismo, se propone que la temporalidad no sea ilimitada en el artículo 21 de la ley vigente, que no menciona el tiempo que debe durar la suspensión. Consideramos que 30 días hábiles debe ser el término máximo, tiempo suficiente para que la Contraloría realice las investigaciones o diligencias necesarias. Esto afectará al trabajador, pero concluirá la incertidumbre de no saber de los hechos que se le han imputado.

Diversos hechos conocidos por la opinión pública, han demostrado la necesidad de un medio eficaz que combata las malas prácticas del servidor público, pero estas medidas no deben ser pretexto para violentar o lesionar las garantías individuales.

Con el interés de crear instrumentos legales que mejoren el servicio público, se presenta a su consideración la presente reforma al primer párrafo de la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21, fracción V en su primer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Único. Se reforma el artículo 21, fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Artículo 21. "La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de Responsabilidades, impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:

V. "Posteriormente a la notificación practicada al servidor público, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de Responsabilidades, con base en elementos probatorios podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión si así conviene, para la conducción o continuación de las investigaciones.

La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le imputa y no podrá exceder de 30 días hábiles. La determinación de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de Responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad".

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre del año 2006. Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña. Inclúyase el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Esta Presidencia saluda a los jóvenes de la Universidad Iberoamericana de Puebla del primer semestre, que están presentes en esta sesión. Bienvenidos.

Esta Presidencia recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los proyectos y programas de Desarrollo de la Región Sur-sureste de México. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

En virtud de la gran cantidad de asuntos presentados en el capítulo de proposiciones con punto de acuerdo, esta Mesa Directiva hace un exhorto respetuoso a todos los diputados para racionalizar su presentación.

Hemos venido teniendo rezagos sesión tras sesión. La última quedaron 38 asuntos pendientes, más los 16 que se inscriben el día de hoy, difícilmente vamos a ponernos al corriente. Les pedimos respetar los tiempos y les pedimos también su colaboración para poder racionalizar este capítulo de presentación de puntos de acuerdo.

Se concede al diputado Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación emita declaratoria de zona de desastre para el municipio de Villa Corregidora del estado de Querétaro.

El diputado José Luis Aguilera Rico: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso, con el permiso de la Mesa Directiva.

Totalmente de acuerdo con usted sobre los puntos que ya están inclusive en la Gaceta. Simplemente quiero hacer una síntesis de esta propuesta con punto de acuerdo, donde estamos solicitando respetuosamente a la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de zona de desastre para el municipio de Villa Corregidora en el estado de Querétaro, por los daños ocasionados por lluvias desde el 30 de septiembre.

Quiero ser respetuoso en el sentido del tiempo también, pero comentar y compartir con ustedes lo que en el estado de Querétaro primero se vivió en el año 2003 y que a pesar de las obras que se realizaron por parte del gobierno del estado y del municipio de Querétaro, lo único que faltó fue hacer obras, sobre todo en este municipio de Villa Corregidora, y platicando precisamente con el alcalde de este municipio, llegamos a la conclusión de poder apoyar a través de los recursos federales que también tienen, ayudar a este tipo de desgracias naturales… desastres naturales y desgracias en las familias de este municipio del estado de Querétaro, y ya que en esta tribuna también muchos de los compañeros diputados hemos aprovechado la ocasión para sumarnos a diferentes puntos de acuerdo en el sentido de estas desgracias naturales que suceden, precisamente, en algunos estados de la República.

Lo vivió el estado de Chihuahua, lo vivió Sinaloa y nuevamente Querétaro, después de tres años se vuelven a dar estas características.

Yo quisiera también, señor Presidente, que con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior, se pueda consultar al Pleno la urgente u obvia resolución sobre este tema, para que en esta misma sesión sea discutido y, en su caso, aprobado. Es todo cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Aguilera. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión… sonido a la curul del diputado José Luis Aguilera.

El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): Señor Presidente, solamente para hacer una valoración sobre la votación que acaba de ser calificada. Si ve usted, el grupo parlamentario del PAN no hay diputados y en el PRI, en el PRD, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza, hay más diputados sobre de este lado que de aquél. Yo creo que hay dos terceras partes sobre el asunto que estamos votando.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase hasta por tres minutos el sistema electrónico de votación… Dígame. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente. Yo creo que si se aprueba previamente una orden del día y ahí se señala que es turno a Comisión, no puede, en el último momento, pedirse de obvia o urgente resolución.

En el Partido Acción Nacional sabemos de la urgencia de este asunto, pero simplemente queremos que se establezca cierta práctica y cierta disciplina. Si del mismo grupo está inscribiéndose turno a Comisión, no puede ser que al final, en la tribuna se plantee de obvia o urgente resolución. Por eso yo suplicaría que se turne a Comisión.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats, pero es un derecho del proponente que ha solicitado en la tribuna que se considere el asunto de urgente resolución. Ábrase hasta por tres minutos y tómese la votación para saber si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a recoger la votación. … (votación). ¿Falta algún diputado o diputada de votar? … el sistema sigue abierto, por favor, registren su voto. Ciérrese el sistema de votación.

Señor Presidente, se emitieron 204 votos en pro, 177 en contra y 11 abstenciones. La votación no reúne las dos terceras partes para ser considerada de urgente resolución.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal.

El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea. El punto de partida de la presente proposición es crear las bases para un nuevo arreglo político institucional, según el cual el Distrito Federal pueda poseer un gobierno autónomo como el de las demás entidades federativas del país.

Por ello es necesario encontrar una adecuada fórmula de gobierno que garantice una gobernabilidad democrática y el cumplimiento de las funciones de administración urbana de la Ciudad de México. A saber una entidad…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Hago un respetuoso llamado a todas las señoras y señores diputados para que atiendan al orador y tomen sus lugares respectivos. Adelante, diputado Ávila.

El diputado Obdulio Ávila Mayo: Gracias, señor Presidente. El principal aspecto que debe abordar una nueva reforma es la creación de un gobierno local plenamente autónomo, sustentado en un diseño políticamente democrático e institucionalmente eficiente, acorde con los principios del federalismo mexicano.

Es necesario analizar y actualizar cuáles son las competencias que les corresponden a los tres órdenes de gobierno: la Federación, los estados y los municipios. Dentro del Distrito Federal el gobierno de la Ciudad de México requiere también una profunda reforma institucional que permita otorgar mayor eficiencia y eficacia a la gestión del territorio y que garantice una adecuada calidad de vida para el conjunto de la población que habita la gran metrópoli.

Un gobierno con perspectiva metropolitana; su consideración en la próxima reforma es fundamental y deberá contemplarse la creación de órganos tanto normativos como ejecutivos que vislumbren acciones tales como la revisión de los órganos de gobierno para que respondan a las necesidades de toda la zona metropolitana, una homologación de legislaciones en todas las materias y recursos etiquetados para la atención de proyectos metropolitanos que deben de fortalecerse, descentralización y mayor nivel de autonomía a entidades de gobierno local.

La descentralización en el interior del aparato del gobierno del Distrito Federal es ineludible para gobernar este espacio megalopoliano con democracia y eficiencia, para descentralizar el gobierno del Distrito Federal, no es sólo traspasar legalmente funciones y recursos del gobierno central a las delegaciones, sino que supone un complejo proceso: identificar diferentes etapas, delegación y desconcentración, así como revisar y modernizar el funcionamiento de toda la estructura burocrática.

Se debe evitar el incrementalismo burocrático y las tensiones que provoca este proceso descentralizador en todos los ámbitos involucrados y evaluar las capacidades locales en materia de recursos humanos, financieros y tecnológicos.

Por otra parte, descentralizar implica crear instancias de participación ciudadana que ejerzan funciones de supervisión y control porque se trata de descentralizar no sólo recursos financieros, sino sobre todo, poder de decisión.

La instalación de la mesa interparlamentaria que se propone es en los siguientes términos: un representante por cada grupo parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; un representante de cada grupo parlamentario de la Cámara de Senadores y un representante de cada grupo parlamentario representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Además, por cada diez puntos porcentuales superiores a 10 por ciento de representatividad que tenga cada grupo parlamentario en cada una de las Cámaras y en la Asamblea contará con un integrante más, todos ellos tendrán derecho a voz y voto. También serán integrantes de la mesa con el carácter de observadores, un representante del gobierno federal y un representante del Gobierno del Distrito Federal.

De igual modo la mesa que se propone, se reunirá las veces que se consideren necesarias con los ciudadanos interesados en aportar propuestas para los fines de este trabajo.

Será el Pleno de este grupo de trabajo el que determinará quien de sus integrantes presidirá los trabajos y quien fungirá como secretario; además de establecer un programa de trabajo y una calendarización de sus actividades.

Finalmente la mesa interparlamentaria entregará un documento final en un plazo que no excederá a un año a partir de su creación. Este documento deberá ser presentado como iniciativa con proyecto de decreto al Pleno de la Cámara de Senadores, por los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de aquella Cámara, para seguir el trámite legislativo correspondiente.

Ésta es, pues, la síntesis que se presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la proposición que ha sido publicada íntegra en la Gaceta Parlamentaria, por lo que ruego al Presidente de la misma se sirva y, como economía parlamentaria y en virtud de la lectura de la misma de su síntesis, que se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ávila Mayo. Como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia aparte de saludar a los jóvenes de la "Iberoamericana", de Puebla, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, saluda también a los jóvenes de la Escuela Preparatoria "Sierra Nevada", del Estado de México.

Tiene la palabra el diputado Camerino Márquez Madrid, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados en contra del Presidente de la República por la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados. El de la voz, diputado del grupo parlamentario del PRD, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, toda vez que ha sido publicado en la Gaceta y en razón del tiempo concedido, expongo el fundamento de la misma al tenor del siguiente antecedente.

En el año de 1947, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de ese año y actualmente en vigor; sin embargo, el 17 de septiembre del 2004 se publicó en el órgano informativo señalado, el decreto emitido por el Presidente de la República por el que se expide el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Por este hecho, esta Cámara de Diputados, el cuatro de octubre del 2004 presentó controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando su invalidez; la que admitió con el número de expediente 97/2004 y el cinco de noviembre del mismo año se negó la suspensión provisional de la aplicación del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, quedando pendiente la resolución definitiva sobre el tema materia de la controversia.

Consideraciones

En la controversia se consideró que el Reglamento referido, emitido por el Poder Ejecutivo, invade la competencia de este Poder Legislativo. El reglamento expedido viola el artículo 49 constitucional, que consagra el principio de división de poderes, dado que el titular del Poder Ejecutivo excede sus facultades al intentar reformar una ley mediante un reglamento, invade la facultad constitucional que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de juegos y sorteos prevista en el artículo 73 fracción X de la Constitución General; viola el artículo 89 constitucional fracción I, que establece la facultad reglamentaria del Presidente de la República, que no le permite ir más allá de la ley que pretende normar; y más grave aún, la contradice, pues pretende establecer los juegos con apuestas cuando ésos están expresamente prohibidos por la ley.

Al negar la suspensión de los efectos como fue solicitado y no resolver en definitiva la controversia, se están generando efectos y consecuencias que pueden ser graves para el interés público y para la sociedad en su conjunto.

Ha trascendido en los diferentes medios de comunicación que al amparo de esta omisión, la Secretaría de Gobernación ha extendido más de 340 autorizaciones para centros de juegos con apuestas; que de resolverse en sentido favorable la controversia constitucional entablada, los permisos autorizados contravienen el espíritu de la ley, que es no autorizar juegos con apuestas.

Han transcurrido más de dos años que se presentó la controversia. Es urgente la necesidad de que este máximo tribunal del país emita la resolución correspondiente. La falta de ésta permite que la Secretaría de Gobernación conceda permisos generando situación contraria a la ley, afectando el interés público y además, a pesar de que con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno el 7 de septiembre del 2005, el secretario de Gobernación, informó que no se otorgarían nuevos permisos hasta conocer la resolución de la controversia constitucional.

Por ello, estimamos indispensable someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la demanda constitucional registrada con el número de expediente 97/2004, presentada por la Honorable Cámara de Diputados contra el Poder Ejecutivo federal.

Y a emitir la sentencia respectiva toda vez que la falta de dicha resolución genera situación de hecho y de derecho, que puede ser contraria al interés público que la Ley Federal de Juegos y Sorteos debe salvaguardar.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación, para que respete la división de poderes consagrada en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, no invada las competencia exclusivas de este Poder Legislativo, mediante la interpretación incorrecta de la atribución reglamentaria consagrada en el artículo 89 fracción I de la Carta Magna.

Por haber sido esta propuesta publicada, solicito la inserte en el Diario de Debates y someta a consideración de urgente u obvia resolución el presente punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Camerino Márquez Madrid. Insértese íntegro en el Diario de los Debates. Y como ha sido solicitado, consulte la secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El diputado secretario Eduardo de la Torres Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes. No hay dos terceras partes, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva.

Esta Presidencia saluda también a los jóvenes de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Aragón, que se encuentran presente en la sesión.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Lagunes Gallina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía, un informe detallado de las investigaciones en torno al accidente ocurrido en el Complejo Petroquímico "Pajaritos", en el estado de Veracruz.

El diputado Gerardo Lagunes Gallina: Con su venia, señor Presidente. El pasado 17 de octubre del 2006, siendo las 13:19 horas se registró una explosión en el buque-tanque Quetzalcóatl atracado en el muelle seis de la terminal marítima de "Pajaritos", municipio de Coatzacoalcos, Veracruz; con un saldo de ocho muertos y tres heridos, según el último reporte realizado por un diario en la ciudad de Jalapa, Veracruz.

Pareciera que se ha hecho costumbre emitir este tipo de noticias, donde el número de heridos, muertos y desaparecidos son una estadística más en los noticieros cotidianos. Estadística que está alejada de la realidad vivida a lo largo de la historia por las negligencias y repetidos errores de la directiva de la paraestatal de Petróleos Mexicanos.

Mencionando, entre otros, los ocurridos en el 2004 en Maziunmeapan, Veracruz; el accidente ocurrido el 5 de junio del 2003 en la comunidad de Balastrera, municipio de Nogales, con un saldo de seis muertos, 100 heridos por quemaduras, 20 viviendas calcinadas, 15 vehículos incendiados, sin incluir las pérdidas ocasionadas por el cierre de la autopista México-Veracruz.

El derrame de 12 mil litros de petróleo crudo en el municipio de Coatzintla, Veracruz; el derrame de mil 851 barriles de diesel en el 2004, en el ducto de Minatitlán-México; el ducto de Poza Rica-Altamira no fue la excepción en ese año al registrar un derrame de 12 metros cúbicos de petróleo crudo.

El 13 de octubre del 2004 se dio un derrame e incendio en el oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio. El derrame de 10 mil barriles de hidrocarburo ocurrido en el 22 de diciembre del 2004, en el río Coatzacoalcos. En enero del 2005, un incendio en el municipio de Moloacán. En el mes de abril del 2005 en Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, que arrojó 5 muertos y 18 intoxicados en la explosión de un ducto de amoniaco. La explosión del oleoducto del Complejo Petroquímico de "Pajaritos", con un saldo de 2 muertos en julio de 2005.

Y así se podría seguir enlistando la historia negra de este tipo de eventos desafortunados, donde el estado de Veracruz no ha sido la única entidad federativa, lastimada y desatendida por la paraestatal en cuestión. No omitiendo decir que las estadísticas de muertos y lesionados no dimensionan de manera alguna los daños que en la localidad se han vivido y los lastres sociales y económicos que se traen a cuestas y que por generaciones habrán dejado huella viviente de los descuidos humanos, llamados negligencias.

Y el compromiso institucional, social y moral por parte del titular de la paraestatal, ¿en dónde está?, ¿cómo se mide?, ¿cuál es el beneficio de la población? Preguntas que sin duda quedarán sin respuesta y que subsecuentes administraciones quizá desaperciban, por lo que ya será historia.

Para dirigir una empresa paraestatal como Petróleos Mexicanos se necesita, en primer lugar, alta sensibilidad humana, comprometida con los trabajadores, con la sociedad y el futuro que se quiere para México. Esta empresa trabaja con sustancias peligrosas por explosividad y toxicidad hacia el medio ambiente, los ecosistemas y las diferentes formas de vida vegetal y animal, incluyendo la humana.

Ningún funcionario que piense en primera instancia en los beneficios del dinero y las prebendas que pueda ofrecerle el ocupar una alta investidura dentro de esta estructura organizacional, debe tener el privilegio de considerarse mexicano.

Toda la gloria del mundo cabe en el grano de maíz, pero el valor de una vida humana no puede dimensionarse por ningún método conocido, pues su magnitud depende del evaluador. Lo que sí puede evaluarse es la calidad humana de la persona que tiene responsabilidades con sus subordinados y la población y además no las cumple.

Consideramos como producto de los frecuentes ecocidios y pérdidas humanas registradas en el territorio veracruzano y debido a la inexistencia de una autoridad verdadera en Pemex, que se encargue de la inspección y control de las actividades susceptibles de producir contaminación y muerte en el territorio, ya que tenemos que asumir la responsabilidad con nuestra tierra y con nuestra gente.

El director de Pemex, por ineptitud, indiferencia o indolencia, sólo sabe brindar soluciones insuficientes e inefectivas en el manejo de la gran riqueza natural que tiene entre sus manos convirtiendo el oro negro de los mexicanos en una continua fuente de inseguridad, desgracias y luto para el estado y para el país.

Este funcionario parece desconocer que el trabajar con hidrocarburos representa variados riesgos por las características de estas sustancias que ponen en peligro la salud y la vida de los que prestan sus servicios en la actividad, así como el bienestar y la seguridad de la comunidad y del medio ambiente.

Diputados, ya en Veracruz no se puede seguir permitiendo la continua presencia de emergencias o accidentes repentinos o agudos provocados por la ineptitud de la directiva de Pemex y que cuestan vidas humanas.

Se puede considerar, tal como están sucediendo los acontecimientos, que pueden ocurrir en fecha breve daños de tal magnitud en el territorio veracruzano, que excederán la capacidad de respuesta del estado y del país.

Hay que conocer y manejar que las situaciones de emergencia y desastre tecnológico poseen características muy particulares, dentro de las que se mencionan que son previsibles y prevenibles, que resulta más fácil prevenir que mitigar efectos. Las víctimas sufren el mismo efecto tóxico y la más importante, sus efectos suelen manifestarse en el largo plazo debido a las propiedades tóxicas, cancerígenas, mutagénicas o teratogénicas de sus agentes.

Finalizo exponiendo la tesis inicial de que la meta no es mitigar los efectos o consecuencias de un desastre tecnológico, sino tomar todas las medidas tendientes a la prevención, prevención y más prevención, lo cual no se encuentra entre las prioridades de la actual dirección de Pemex.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su amable consideración lo siguiente:

Único. Solicito al titular de la Secretaría de Energía, licenciado Fernando de Jesús Canales Clarión y al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos, ingeniero José Luis Ramírez Corzo, proporcionen a esta soberanía:

A.- Informe escrito detallado de los hechos ocurridos el día 17 de octubre del año 2006 en la terminal marítima de "Pajaritos", municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

B.- Las acciones realizadas en torno al siniestro ocurrido y,

C.- Los recursos económicos y las acciones con las cuales se repararán los daños. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Existen registrados ante esta Mesa, el diputado Francisco Elizondo Garrido, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Falta algún diputado o diputada de votar… el sistema sigue abierto, por favor registren su voto. Ciérrese el sistema de votación.

La diputada Elizabeth Morales García (desde la curul): Nada más para que me anote. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sonido al diputado del PRD.

El diputado Juan Darío Lemarroy Martínez (desde la curul): Señora Presidenta, con su permiso. Es en el sentido de sumarnos a la propuesta del diputado que nos antecedió. Soy del Distrito de Cozoleacaque, una zona eminentemente productora de productos y subproductos del petróleo.

Consideramos un riesgo importante el que se presenta en nuestra zona y la intervención de nosotros es para sumarnos al punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En esta ocasión hago uso de la tribuna para manifestar el apoyo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por el punto de acuerdo que presenta el diputado Gerardo Lagunes mediante el cual se solicita a Pemex y a la Secretaría de Energía un informe detallado de las investigaciones en torno al accidente ocurrido en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz.

Es de resaltar la preocupación que existe con respecto al estado que guardan los buques-tanque, así como las instalaciones de ductos y poliductos de Petróleos Mexicanos, como lo han evidenciado los diferentes accidentes que en los últimos años se han presentado, con los consecuentes impactos ambientales sobre los ecosistemas y sobre los recursos naturales.

Ya lo había hecho notar mi grupo parlamentario en tribuna, tanto en esta Cámara como en el Senado de la República mediante diferentes iniciativas, de las cuales sobresale la que presentamos en la Legislatura pasada, el 28 de abril de 2005, mediante la cual se busca reformar la Ley del Mar, la Ley de Navegación y la Ley de Puertos, con el objeto de incorporar criterios ambientales en dichos ordenamientos para prevenir y controlar la contaminación generada por los buques, la cual fue aprobada por unanimidad y llegará a nuestra Cámara para su aprobación.

Principalmente dicha reforma propuso la obligación para las embarcaciones o buques que transporten hidrocarburos o alguna sustancia o material que pudiera causar daños al medio ambiente, de contar con doble casco, como una de las condiciones de seguridad que deberá tener la embarcación y que será necesario para poder navegar con el objeto de tomar las medidas que permitan evitar catástrofes ambientales en caso de un accidente como el ocurrido en Pajaritos.

Catástrofes como la que nos ocupa nos obligan a tomar acciones como la propuesta en el punto de acuerdo que presenta nuestro compañero en el sentido de que las autoridades competentes nos informen las causas, consecuencias y acciones que se tomarán con respecto a este hecho.

Consideramos que resulta inaceptable que daños como éste se generen en virtud de las pésimas condiciones de los buques que operan para la paraestatal.

No debemos olvidar que las afectaciones sobre el medio ambiente, y en este lamentable caso, sobre la vida de las personas que fallecieron y sus familias pueden ser prevenidas si damos cumplimiento a las obligaciones que nuestro país ha contraído ante la Organización Marítima Internacional, en el marco del convenio de Marpol para prevenir la contaminación por los buques, el cual hace una introducción sobre la gravedad de los derrames ilegales de hidrocarburos en los mares de todo el mundo.

Consideramos básico apoyar el punto de acuerdo presentado por nuestro compañero y aprovechamos la oportunidad para exhortar a nuestros compañeros legisladores a no permanecer estáticos ante un problema que nos afecta de manera directa y que es nuestra obligación impedir.

Por ello, votaremos a favor del mismo. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, señora Presidenta. Diputadas y diputados. Sin duda como legislador veracruzano y como legislador federal, no podemos ser inertes ante lo que está sucediendo y ante lo que ha sucedido que hoy ha sido denunciado por un compañero diputado también de Veracruz.

El hecho de señalar a Pemex como el autor y el actor principal de hechos lamentables no nada más en el estado de Veracruz, no implica también el hecho de hacer de una institución que provee al país como su principal empresa.

Sin duda nos sumamos, tan es así que en la votación ya se ha dado, pero Acción Nacional también quiere ser partícipe en ese señalamiento y también quiere ser parte de que este tipo de hechos que antes eran aislados, en verdad dejen de ser y dejen de estar sucediendo.

Hagamos válidas y materialicemos las facultades que nos constriñen como legisladores y como Congreso y, en efecto, que se investigue y que se sancione. Los diputados de Veracruz y los diputados de Acción Nacional nos sumamos a esta postura y que esperemos que en un futuro no tengamos que estar discutiendo nuevamente estos temas. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Morales García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Elizabeth Morales García: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Veracruz, el cuarto estado productor más importante de petróleo en el país. De esa gran aportación que hace Veracruz se genera hoy día el segundo lugar también en importancia de la generación de divisas. Como consecuencia, en Veracruz también hay una gran infraestructura en ductos, en almacenamientos y en instalaciones.

Pero desafortunadamente también en Veracruz se han generado un sinnúmero de accidentes. Estos accidentes, muchos de ellos prevenibles, han generado niños desfigurados, quemados, muertos, madres de familia que han fallecido y dejado a los hijos en el abandono, hombres, padres también que eran la fuente de ingresos y que hoy ya no están.

En Veracruz Pemex, sí, es una gran institución, Pemex sí genera divisas, Pemex sí genera empleos, pero también Pemex está generando accidentes, muerte, destrucción y daño al medio ambiente. Por eso, además de sumarnos en apoyo al punto de acuerdo de mi compañero diputado Gerardo Lagunas, además solicito, señora Presidenta, que se agregue que se exhorta respetuosamente pero de manera enérgica, a que Pemex intensifique las medidas de seguridad en sus complejos petroquímicos, ductos e instalaciones, así como extremar la supervisión y vigilancia de las tareas desarrolladas por sus empresas contratistas.

En Veracruz generamos petróleo, en Veracruz queremos seguridad. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputada, toma nota la Secretaría de su petición. Y tiene el uso de la palabra el diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan Darío Lemarroy Martínez: Con su permiso, señora Presidente. Mi nombre es Darío Lemarroy. Soy del distrito de Cosoleacaque, la zona sur de Veracruz, donde tenemos complejos petroquímicos, donde hemos padecido la contaminación que genera Pemex en su producción. Hemos sufrido los accidentes que genera básicamente Pemex.

Y con preocupación nos enteramos del accidente de hace dos días, quiero decir que eso, incluso en reunión de trabajo lo planteamos ayer con el Secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, queremos decir que de alguna manera nos salió no tan drástico esa situación, pudo haber sido peor, compañeros.

Entonces sí, hacemos uso de esta tribuna para sumarnos al punto de acuerdo, en el sentido de pedirle mayor responsabilidad a Pemex, pedirle que en sus procesos productivos se acate a las normas de seguridad de los protocolos internacionales, porque no podemos arriesgarnos a tener otro accidente como el de antier. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel Del Río Virgen, de la fracción parlamentaria de Convergencia, hasta por cinco minutos.

El diputado José Manuel Del Río Virgen: Compañeras, compañeros. Con el permiso de la señora Presidenta. Quiero manifestar a nombre de Convergencia, nuestro más sentido pésame, nuestro profundo dolor por los que fallecieron en este lamentable accidente.

Convergencia quiere señalar que los familiares de los desaparecidos y de los fallecidos en este lamentable, lamentabilísimo accidente, tendrán el respaldo de todos los legisladores para apoyar en lo que sea necesario.

Lamentamos, nos duele que haya sucedido este accidente. Desde esta tribuna de la patria, reciban los familiares de los fallecidos, nuestro más sentido pésame.

Me ha ordenado la Comisión de Marina, me ha solicitado también que busque la orientación de los coordinadores parlamentarios, para que en unos días más una comisión de legisladores vaya a realizar algunas entrevistas con la empresa, con diversos funcionarios, para que desde un sentido que sirva a los familiares, a la empresa, a Petróleos Mexicanos, y a quienes ahí participaron, pueda esta soberanía tener un dictamen preciso de qué fue lo que pasó.

Señoras y señores diputados: quiere Convergencia solicitarle a la Presidencia de esta Honorable Cámara de Diputados, si así lo acuerda, un minuto de silencio por las víctimas de este lamentabilísimo accidente. Señora Presidenta, usted tiene la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por supuesto diputado, esta Presidencia acepta la propuesta y le solicita a todos los presentes guardar un minuto de silencio para honrar a las personas que murieron en este accidente.

(Se guarda un minuto de silencio)

El diputado José Manuel Del Río Virgen: Gracias compañeras y compañeros. Nuestra solidaridad con los deudos en Coatzacoalcos y en donde se encuentren. Muchas gracias compañeros y compañeras.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El diputado Pedro Montalvo Gómez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, ¿con qué objeto diputado? ¿Quiere sumarse a la propuesta? ¿Su nombre, por favor, diputado? Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Montalvo, hasta por cinco minutos.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Vengo con la única intención de que el minuto de silencio del accidente ocurrido en Veracruz, apenas pudiera servir de reflexión como un punto de referencia de otro lugar de mi estado, allá en Veracruz, me refiero a Omealca, donde el 13 de octubre de 2004 se suscita un derrame de aproximadamente 10 mil barriles de crudo en el kilómetro "280 más 352" del oleoducto de 30 pulgadas que precisamente va de Nuevo Teapa a Venta de Carpio.

Surgió de esto un acuerdo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y hubo compromisos adquiridos por Pémex. Resalto uno que, para mi punto de vista es importante, dadas las condiciones tocadas en esta tribuna: cambiar dos kilómetros de tubería del oleoducto, aumentando un 60 por ciento el espesor de la tubería, así como instalar válvulas "set" en el oleoducto a cada 200 metros de altitud, de acuerdo a la topografía del terreno para evitar sobrepresión.

Este punto no se ha hecho y no se ha hecho, porque pareciera que esto fuera letra muerta. Esto quiere decir que en un futuro, tiende ese mismo punto a tener otra sobrecarga y tener otra explosión de quizá magnitudes más grandes.

Deseo y pongo este punto a que sirva de referencia a nivel país y convoco a ustedes, compañeros, para que instrumentemos medidas legales necesarias que permitan a la sociedad comprobar con rapidez y eficiencia la corrección, pero sobre todo, la prevención de este tema que es recurrente y que no vamos a desplazar de que no sirve, y le da mucha vida a nuestro país.

Pero tiene Pémex que convivir con la ciudadanía por donde pasan los ductos y por donde se sustrae este importante recurso. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. En vista de que no hay…

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Señora Presidenta, solicito la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salvado: ¿Va a pasar, diputado?

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): No, desde la curul.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Desde la curul? Le dan sonido al diputado Pablo Arreola, por favor.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos sumamos en todos los términos al punto de acuerdo en comento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. En vista de que no hay más oradores, se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición con las adiciones que se presentaron en la tribuna.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición con la adición presentada. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social, aplique un programa de empleo temporal en el municipio de Villa Corregidora en el estado de Querétaro.

El diputado José Luis Aguilera Rico: Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. También con tres minutos fue suficiente. Las desgracias naturales en Corregidora, en este municipio y de verdad da, qué lástima y vergüenza da, pero qué bueno que todos los queretanos y la gente que vive en el municipio de Corregidora dio constancia hace un momento en el Canal del Congreso de que sus diputados panistas votaran en contra de este punto de acuerdo y que solamente con tres minutos hayamos sacado a los compañeros del Partido Acción Nacional de sus quehaceres legislativos.

Esos tres minutos también sirvieron para que mil 800 familias de Villa Corregidora perdieran negocios, perdieran sus fuentes de ingreso y sobre todo sus hogares.

Como es de su conocimiento, también este punto de acuerdo se encuentra para turno a comisión y también quisiera hacer de su conocimiento que cuando ocurren estos desastres naturales, no distingue ningún color de partido. Pero sí quiero hacer una reflexión para los compañeros del Partido Acción Nacional.

El gobernador de Querétaro es panista; el presidente municipal de este municipio es panista; tiene nueve regidores panistas; el diputado local es panista. Lo más lamentable, que el diputado federal de ese distrito de Villa Corregidora es panista. Por ello, nosotros en el sentido de la representación popular que asumimos desde el primero de septiembre, acudimos a esta Cámara de Diputados a representar a la sociedad.

En esta altura política reconozco el apoyo de los grupos parlamentarios y fracciones, y que mucho agradezco que cuando se trata de desastres naturales y en apoyo a la sociedad, el PRI está abierto a la negociación; el PRI está abierto al diálogo, yo se lo reconozco desde esta tribuna; al PRD, muchas gracias; al Partido del Trabajo, a mi partido Convergencia y a los que participaron de verdad sin ningún interés pero con la única finalidad de apoyar en las desgracias naturales. Qué bueno que el Congreso esté dando este llamado.

Hacer también una reflexión sobre todo que no solamente con esta presencia que hagamos en este Congreso vamos a salir adelante. Tenemos que llegar a los consensos y a los acuerdos. Cuando hice este comentario con algunos compañeros del PAN, del estado de Querétaro, ellos mencionaron que tenían que recibir la instrucción de su coordinador parlamentario. Qué lástima que ni el coordinador parlamentario se encuentre en esta Cámara de Diputados y que se ocupe de otras cosas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Esta Presidencia se congratula en saludar a los integrantes de la Comisión de Caja de Ahorro de la Sección VII del SNTE del estado de Chiapas, que se encuentran presentes en la parte baja.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda, entreguen la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto 2005 para la construcción de la nueva Biblioteca Pública del estado de Jalisco.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su permiso señora diputada Presidenta. El que suscribe, Alfonso Suárez del Real, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos respectivos del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General, presenta a consideración el siguiente

Punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

El pasado 4 de octubre, el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara dirigió a esta soberanía una petición para que el gobierno federal entregue los recursos asignados por la LIX Legislatura para la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Pública de Guadalajara.

La Universidad de Guadalajara cuenta con un acervo bibliográfico general que con 20 mil volúmenes está orientado a atender a estudiantes de educación media superior y superior. Adicional a lo mencionado, esta biblioteca cuenta con una sección de fondos especiales, un acervo bibliográfico calificado de más de 150 mil volúmenes entre los que destacan numerosos incunables. Cuenta además con fondos documentales en que se resguarda la memoria de 300 años de la historia del norte de nuestro país y del suroeste de los Estados Unidos. Ahí se abrigan más de 37 mil documentos del Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara.

Desde 1925 la biblioteca pública del estado de Jalisco pasó a formar parte de la Universidad de Guadalajara, la cual funcionó hasta 1974 en el edificio que ahora ocupa el Museo Regional del estado, fecha en que se trasladó a las instalaciones de la Casa de Cultura de Jalisco.

Fue a raíz de los sismos del año 2003 que el edificio que albergaba este acervo bibliográfico sufrió daños irreparables y tuvo que ser trasladado a una bodega para su resguardo temporal.

La Universidad se ha planteado la tarea de construir un nuevo edificio para la biblioteca en el Centro Cultural Universitario. Esta biblioteca será la institución de servicio bibliotecario más importante del occidente de México. El costo total de este proyecto es de 347 millones de pesos, de los cuales la Universidad aportó 50 millones y el terreno y el gobierno del estado ha aportado 100 millones de pesos al proyecto.

A pesar del peso de esa argumentación, de la urgente necesidad de preservar tan valiosas colecciones y de la voluntad expresa del gobierno de la República por formar un país de lectores, la partida presupuestal referida formó parte de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo en diciembre de 2004.

Es importante para esta soberanía pronunciarnos por la defensa de nuestro patrimonio bibliográfico y documental, por el respeto de las resoluciones del Pleno de la Cámara de Diputados y por la coadyuvancia en la urgente gestión del gobierno del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Educación Pública para evitar que queden sin ejercerse los recursos etiquetados a la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco a construirse en la Universidad de Guadalajara. Es por ello que proponemos este

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Presidencia de la República y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, a que realicen las gestiones correspondientes a la brevedad, con el fin de que sean liberados y entregados los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto de 148 millones de pesos para la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco que construirá en el Centro Cultural Universitario la Universidad de Guadalajara.

Firman este punto de acuerdo, el suscrito; el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos; el diputado Emilio Ulloa Pérez, Presidente de la Comisión de Cultura; el diputado José Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, y está aquí plasmada la adhesión del grupo de diputados del estado de Jalisco del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coordinado por el diputado Alfredo Barba Hernández. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los diputados que estén por la afirmativa… (votación). Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, se considera suficientemente discutido el tema. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los diputados que estén por la afirmativa… (votación). Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad.

El diputado Víctor Manuel Torres Herrera: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros y compañeras diputados. El desastre nuclear de Chernobyl, el 26 de abril de 1986, demostró la vulnerabilidad en la seguridad de las plantas nucleares, después de esta catástrofe los funcionarios de la Unión Soviética, responsables de la energía, encubrieron insidiosamente la magnitud de la tragedia, censurando de inmediato la noticia y negando o minizando hasta donde fue posible el siniestro; exponiendo así a millones de personas a la radiación nuclear con los efectos fatales a la vida y entorno ecológico.

Recientemente fuentes médicas internacionales para la prevención de la guerra nuclear revelaron que de los 600 mil liquidadores enviados para limpiar el lugar, han muerto decenas de miles, y en el informe de los representantes de partidos Verdes del Parlamento Europeo se afirma que el 40 por ciento del suelo de la Unión Europea presenta contaminación radioactiva. La radioactividad de la explosión fue 400 veces mayor que las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Los funcionarios de las plantas nucleares frecuentemente avalan la "seguridad" en la generación de energía nuclear sin revelar los peligros que encierran las plantas para quienes trabajan en ellas y los riesgos potenciales para el medio ambiente y la población, aunque hay algunos que se atreven a reconocer la posibilidad de un ataque terrorista.

Considerar como de alta peligrosidad, los expertos aseguran, que los daños que eventualmente pueden provocar en la salud humana no se restringen territorial y temporalmente al sitio y momento del siniestro, porque los efectos pueden ir mucho más allá, incluso a nuevas generaciones y tener efectos secundarios y transmitir malformaciones genéticas.

En este contexto, la planta Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz y hasta el momento la única central nuclear en México, fue auditada a finales del año pasado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares; no obstante a pesar de que desde hace dos años entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la fecha no se ha hecho público el dictamen final que permita dar certeza a la población sobre los niveles de seguridad existentes en esa planta, que contribuye tan solo con el 4.75 por ciento de la energía eléctrica del país. Lamentablemente y ante la falta de información, crece la preocupación de que la planta se encuentra en una situación crítica

Una planta nucleoeléctrica de las dimensiones de Laguna Verde requiere de altos controles de seguridad, por lo que debemos exigir a las autoridades responsables que expertos internacionales revisen ductos y todo el sistema general, para que a través de estas voces calificadas se emita un diagnóstico y se den a conocer las medidas que permitan alcanzar los más altos niveles de seguridad para bien de la población.

Por los hechos históricos y las amargas experiencias del pasado, muchos críticos y ambientalistas recomendarían por prudencia los cierres de todas las plantas nucleares generadoras de electricidad en el mundo para sustituirlas por fuentes alternas. El tema mismo de la seguridad existente en Laguna Verde es un asunto controvertido.

Hay gente que se alinea por el lado de los críticos o los escépticos; los primeros citan numerosos flancos de riesgo y amenaza en Laguna Verde y se atreven a señalar fisuras o fallas en la estructura de la campana y los depósitos de los residuos radioactivos. Otros aluden la ocurrencia de un número excesivo de llamadas de alarma que han obligado a cierres temporales de la planta y en la ausencia de planes de contingencia, evacuación de la población circunvecina y falta de infraestructura hospitalaria para atender una situación de emergencia en los reactores nucleares.

De acuerdo a una publicación de la BBC del pasado 26 de abril, en México se inició la construcción de una segunda planta nuclear, pero los altos costos económicos causaron la suspensión de la obra. Esta información ha generado preocupación en organizaciones ambientalistas por el nuevo riesgo que esto representa, sobre todo por la desconfianza en la operación de Laguna Verde, y es por eso, amigas y amigos, que surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué construir una nueva planta si hoy en día no somos capaces de asegurar la inexistencia de riesgo a la población circunvecina a Laguna Verde? ¿Contamos con la infraestructura, los requerimientos y el personal calificado que haga frente a una posible contingencia? ¿Se justifica construir un monstruo nuclear si la que opera actualmente aporta sólo un porcentaje mínimo en la generación de energía, poniendo en riesgo a la población?

Laguna Verde, de acuerdo a la versión gubernamental, cuenta con todos los sistemas de seguridad recomendados por las agencias internacionales. Sin embargo, para que podamos aceptar esta afirmación, es necesario conocer el reciente informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, aplicado a Laguna Verde a finales del año pasado.

Por lo anteriormente expuesto someto el siguiente punto de acuerdo

Único. Se cite al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que comparezca ante esta soberanía a fin de rendir un informe detallado sobre las normas de seguridad que guarda la planta núcleoeléctrica Laguna Verde.

Asimismo, nos den a conocer si existe un segundo proyecto de construcción de una planta de energía nuclear en nuestro país. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Víctor Torres. Túrnese a la Comisión de Energía.

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal... Permítame. Sonido a la curul del diputado Duck.

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez (desde la curul): Lamentablemente ya se bajó el compañero legislador. Pero, como diputado y legislador veracruzano, le quería preguntar si me permitía sumarme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Anótese también al diputado Duck como proponente del punto de acuerdo.

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Lizárraga, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal integre comisión plural que se encargue de realizar una investigación sobre el conflicto entre la exportadora de sal y los parcelarios del ejido Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Mulegé, de Baja California Sur.

Adelante diputado.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza: Gracias diputado Presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Con fundamento en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones:

Primera. El pasado domingo 15 de octubre del 2006 un grupo de parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz tomaron las instalaciones de bombeo de la Empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en protesta porque consideran que sus demandas no están siendo atendidas, ya que la citada empresa está afectando su patrimonio el cual, conforme a lo que ellos expresan, equivale a un total de 16 mil 800 hectáreas y no a 14 mil, como afirma la empresa.

Segundo. La empresa es una sociedad mexicana legalmente constituida desde 1954 en los términos de la Administración Pública federal, perteneciente al sector minero, coordinada sectorialmente por la Secretaría de Economía y su objeto social es la explotación y la exportación de la sal marina.

Tercero. En el año de 1971, los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz fueron dotados de tierras por el Presidente de la República, dentro de los cuales están asignadas en los años de 1953 y 1954, por la entonces Comisión de Fomento Minero a la empresa.

Cuarto. Ante esta situación, en febrero de 1987 la empresa suscribió con los ejidos un convenido de pago de compensación por la ocupación de la superficie ejidal, estableciendo el compromiso de cubrir los pagos y compensaciones desde 1971, fecha de dotación de los ejidos, hasta el año de 1986 y un pago anual a partir de 1987.

Quinto. El 28 de junio de 1994 se celebró un convenio de ocupación temporal en las tierras ejidales, el cual estuvo vigente hasta el año 2000, mediante el cual la empresa pagaba 73 pesos con 98 centavos por hectárea.

Sexto. A partir del año 2000 no se decretaron dividendos ni hubo utilidades ante la falta de los pagos correspondientes. El ejido manifestó su inconformidad y, para evitar conflictos, el 30 de diciembre de 2000 la empresa celebró un convenio modificatorio al convenio de ocupación temporal del 28 de julio de 1994, a efecto de modificar la cláusula quinta relativa a los pagos por dividendos y en su lugar, complementarlos con un pago fijo por parte de la empresa. En dicho convenido se establecía un pago anual de 148 pesos por hectárea.

Séptimo. El 4 de noviembre del 2005, la empresa fue notificada de la demanda interpuesta ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 39, con sede en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, por 152 parcelarios del ejido Gustavo Díaz Ordaz.

Octavo. Entre los principales puntos que demandan los ejidatarios ante el citado Tribunal destacan:

a).- Pago de renta, no indemnización y firma de nuevos convenios, previa anulación de los anteriores.

b).- Pago no negociable de mil pesos anuales por hectárea, retroactivos desde 1998, por las dos mil 800 hectáreas y que no están incluidas en el convenio, lo que representaría 24.4 millones de pesos.

c).- Considerando las 14 mil hectáreas, más las dos mil 800 hectáreas no reconocidas a razón de mil pesos anuales por hectárea, la cantidad equivaldría a 16.8 millones de pesos. Es decir, los ejidatarios pretenden un pago en una sola exhibición de 39.2 millones de pesos en el 2006.

d).- Los ejidatarios no están dispuestos a vender las tierras a pesar de las ofertas de la compañía en mención.

e).- Que los nuevos contratos sean elevados a rango de sentencia por el Tribunal Unitario Agrario número 39.

Noveno. Los instrumentos jurídicos citados son resultado de muchos, de muchos años de negociación de la empresa con los ejidatarios; así como la intervención de diversas autoridades, lo que ha permitido atender, armonizar y equilibrar el marco jurídico de varios ordenamientos legales, al tiempo que se lograron propósitos de equilibrio de fuerzas y de actores políticos de la región.

En consecuencia, en la búsqueda de soluciones al conflicto actual será importante considerar estos factores a fin de evitar rompimiento de tales equilibrios, ya que ello, atraería costos económicos, políticos y sociales muy altos tanto para la empresa, como para la comunidad del norte del estado de Baja California Sur.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este Pleno, el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se solicita al gobierno federal y a la LX Legislatura del Congreso de la Unión que a través de las autoridades competentes, promuevan la conformación de una comisión plural, que se encargue de realizar una investigación exhaustiva de todos y cada uno de los antecedentes del conflicto existente entre Exportadora de Sal, S.A. de C. V., y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Mulegé del estado de Baja California Sur; así como la situación financiera de la empresa y que actué en consecuencia para la solución del problema en cuestión, por lo que representa para el estado de Baja California Sur, este apartado.

Consideramos que es oportuno y necesario que se integre esa comisión, a efecto de que en apego a la razón y al derecho se den las resoluciones definitivas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Lizárraga. Sonido a la curul del diputado Ordaz. Adelante, diputado. Sonido a la curul del diputado Ismael Ordaz. Adelante diputado.

El diputado Ismael Ordaz Jiménez (desde la curul): Señor Presidente, en virtud de que tenemos registrado un punto de acuerdo similar y en el mismo sentido, en el mismo asunto, solicito se anexe íntegramente el texto al Diario de Debates y así ahorrar el trámite correspondiente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Insértese en el Diario de los Debates el punto de acuerdo inscrito también por el diputado Ordaz y túrnense ambos puntos de acuerdo a las Comisiones Unidas de Economía y de Reforma Agraria.

Tiene la palabra el diputado Mario Mendoza Cortés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Banco de México para que no sustituya la imagen de Ignacio Zaragoza, en el billete de 500 pesos.

El diputado Mario Mendoza Cortés: Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados. El pasado 26 de septiembre del presente año el Banco de México, mediante comunicado de prensa informó que pondrá en circulación una nueva familia de billetes compuesta por las mismas denominaciones que actualmente circulan. Según las razones que se dan a conocer para la puesta en circulación de los nuevos billetes, es para que a las personas invidentes se les facilite la identificación de la denominación de estas piezas y la de mejorar sus características de seguridad, para dificultar su falsificación.

También informó que en el caso del billete de 500 pesos cambiaría su diseño total, sustituirá la efigie del general Ignacio Zaragoza y de la Catedral de Puebla por la de los pintores Diego Rivera, Frida Kahlo y una de sus obras.

Debo aclarar que no tengo nada en contra de ambos pintores, por el contrario, los admiro. Considero puedan estar en otra denominación, sin embargo, ello no amerita desplazar del lugar al general Ignacio Zaragoza, porque éste es un personaje que representa el espíritu heroico de los poblanos y de los mexicanos.

Si bien es cierto, el Banco de México es autónomo en el ejercicio de sus funciones, únicamente en el ejercicio de sus funciones. También es cierto que es una institución de derecho público, luego entonces, sus determinaciones o resoluciones deben de estar orientadas a no lesionar los intereses públicos de la ciudadanía.

En ese sentido, resulta imprescindible destacar que la historia de México, la preservación y divulgación de los héroes que le dieron patria y libertad, son derecho del pueblo, en consecuencia las determinaciones que tiendan a modificar o de alguna manera a vulnerar la cultura e historia en nuestro país, son inaceptables.

En este contexto, el Poder Legislativo federal como el Poder de equilibrio, como puente entre la ciudad y el gobierno, como representante del pueblo está obligado a defender sus intereses, razón por la cual a la mayoría de los mexicanos nos preocupa la ligereza con la cual el gobernador del Banco de México pretende desplazar los valores del México heroico, pues la Batalla de Puebla fue un logro glorioso para los mexicanos, porque se venció a los invasores franceses, porque nuestros antecesores patriotas fueron capaces de hacer un solo frente contra el ejército más poderoso del mundo, muchos que hoy día, como algunos funcionarios sin patria y sin historia, funcionarios sin patria y sin historia, motivado por intereses ajenos o mezquinos pretenden olvidar.

Este tema no sólo es de ideologías, no es solamente de republicanos o demócratas, de conservadores o liberales, sino un intento de suplir a uno de los más grandes héroes nacionales y mermar el ánimo patriótico de los mexicanos.

Sustituir al general Ignacio Zaragoza es también sustituir en parte a don Benito Juárez. Es un paso más para dejar de lado la historia de nuestro país; es mostrar a los extranjeros que los mexicanos ni siquiera, ni siquiera somos capaces de defender nuestras raíces, nuestra identidad y la honra de nuestros hombres.

Es también demostrar que la soberanía y la democracia más tarde, con facilidad puedan ser sucumbidas por el capricho de unos pocos que pretenden sutilmente borrar de un plumazo lo que a los mexicanos ha costado vidas y sangre. Ante tales circunstancia y dado que es de interés público preservar a los héroes nacionales en los lugares de honor, es urgente que este Congreso exija al gobernador del Banco de México revoque su decisión.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito que esta soberanía apruebe esta

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorte al Banco de México a que no sustituya la efigie del héroe nacional, general Ignacio Zaragoza, por la de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo en los billetes de 500 pesos de la nueva familia que pondría en circulación el próximo mes de noviembre.

Hago entrega a la Secretaría de la exposición de motivos para que se inscriba íntegramente del Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mendoza. Inscríbase íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales para que en sus presupuestos de egresos para el año fiscal 2007 consideren recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los municipios son la base fundamental de nuestra forma de gobierno. A través de sus ayuntamientos se da el orden de gobierno más cercano a la comunidad, resolviendo múltiples problemas y demandas de la población local.

Los más de dos mil 500 municipios que hay en el país presentan disparidades enormes para enfrentar los retos de la creciente problemática ambiental y de los recursos naturales. Los menos son municipios con amplias extensiones urbanas, con una gran cantidad de habitantes, con amplias capacidades presupuestales, organización y gestión.

Contrario a esto, la gran mayoría de los municipios contienen amplias extensiones de territorio rural de poca población, con escasas capacidades presupuestales, organización y gestión.

Lo anterior se refleja, con sus necesarios matices, en que en muchos de los ayuntamientos de estos municipios la comprensión del fenómeno de esta problemática ambiental y de los recursos naturales sea todavía limitada, en especial en aquellos aspectos relacionados con la conservación de los ecosistemas forestales.

Al respecto hay que señalar que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su Título II, Capítulo 2, sección 3 denominada "De las atribuciones de los municipios", le reserva en su artículo 15 a los gobiernos de los municipios, diversas atribuciones, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en materia forestal.

Es importante resaltar que en la fracción I de este artículo de la Ley antes citada se señala textualmente que corresponde a los gobiernos municipales la siguiente atribución: diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política forestal del municipio.

Existen otras atribuciones no menos importantes para los gobiernos municipales. En el mencionado artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como son, por ejemplo:

Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales, fracción XI.

Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, fracción XII.

Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas, fracción XIII.

Por ello, los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de actuar con programas y proyectos forestales propios, concretos, discutidos y validados por la mayoría de la población y con el apoyo técnico y financiero necesario de otras instancias gubernamentales. Lo anterior dentro de una perspectiva estratégica y de largo alcance.

Sin embargo, los programas y proyectos para la gestión ambiental y de recursos naturales, en especial los forestales, pocas veces son atendidos directamente por las autoridades municipales. Esto debido a dos aspectos en que se conoce la falta de recursos económicos suficientes y la insuficiencia de recursos humanos especializados.

Por lo anterior, se considera que no sólo se requiere aumentar los ingresos municipales, sino también una reorientación del gasto público de los gobiernos municipales, es decir, se tienen que ir generando en dichos gobiernos partidas específicas en sus presupuestos de egresos de cada año para atender, conforme a sus atribuciones, la problemática ambiental y de recursos naturales, en especial los forestales, que les aqueja en sus ámbitos territoriales.

Consideramos que, a través de las legislaturas locales de cada entidad, quienes tienen una comunicación constante con los gobiernos municipales, a quienes respetuosamente solicitaríamos nos apoyen para lograr este propósito.

Recordemos que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas locales son quienes aprueban las leyes de ingresos de los municipios, así como revisan y fiscalizan sus cuentas públicas.

Por lo anteriormente expuesto se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorta a los gobiernos municipales, a través de las Legislaturas locales de los Estados Unidos Mexicanos, para que en sus presupuestos de egresos del próximo año fiscal 2007, consideren recursos en una partida presupuestal específica a ser ejercidos conforme a sus atribuciones en la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales de sus municipios.

Este exhorto se hace sin distingo de los partidos políticos, sino por el bien de nuestro ecosistema.

Por el apoyo de los grupos parlamentarios, les doy mi reconocimiento y les anticipo las gracias. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fernel Arturo Gálvez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Ha pedido la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por cinco minuto, diputado.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Con su licencia, diputado Presidente. Compañeros legisladores, legisladoras. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México quiere sumarse a este punto de acuerdo, en virtud de que representa el reconocimiento a la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno que tienen en la protección, conservación y restauración de nuestra riqueza natural, en este caso de la cubierta forestal.

Efectivamente, como lo dice nuestro compañero diputado promoverte, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es muy clara cuando otorga a los municipios diversas atribuciones en la materia y señala textualmente que corresponde a los gobiernos municipales diseñar, formular, aplicar —en concordancia con la política nacional y estatal— la política forestal del municipio.

Desafortunadamente, por las condiciones propias de los municipios muchas veces esta atribución no se cumple a cabalidad y se delega a los programas federales. Por ello, es necesario que en la medida de sus propias posibilidades cada municipio, al realizar su presupuesto anual otorgue mayores recursos a la protección de sus recursos forestales y, en general, para la conservación de su riqueza natural.

Es necesario también que los gobiernos estatales, a través de sus secretarías de Medio Ambiente respalden económica y técnicamente a los municipios para que sus programas puedan realizarse, principalmente en municipios pobres, que es donde paradójicamente se encuentra la mayor cobertura forestal del país.

Si bien la conservación del medio ambiente y los recursos naturales estuvieron fuera de las prioridades del gobierno federal y nunca se les asignó presupuesto suficiente, a pesar de que tanto la conservación de los bosque como el agua se suponía eran considerados temas de seguridad nacional.

Es justo reconocer también que muchos municipios tampoco han hecho suya la responsabilidad de la conservación. Por ello resulta importante, oportuno, este punto de acuerdo. Sólo con la participación de los tres órganos de gobierno y de la sociedad en general, podemos cuidar de forma corresponsable a nuestro medio ambiente y, por ende, a los recursos naturales.

No se nos debe olvidar, en la naturaleza no hay premios, no hay castigos, solamente hay consecuencias. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Sergio Augusto López. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que se promulgue la celebración del 15 de octubre como Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso del Presidente. Compañeros y compañeras legisladoras. Acudo a esta tribuna a hacer una proposición con punto de acuerdo para exhortar a este Congreso de la Unión, para que se promulgue la celebración del 15 de octubre como Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales, suscrito por diputados del grupo parlamentario de Convergencia y del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Originalmente este punto lo habíamos presentado como de urgente y obvia resolución, pero en virtud precisamente del rezago que existe, ha quedado ya la fecha desfasada. En tal virtud, lo consideramos un punto de acuerdo para que se turne a comisiones.

Considerando que como resultado de los trabajos permanentes del Congreso Internacional de las Mujeres Rurales, Estrategias para su Desarrollo, llevado a cabo los días 12 y 13 de octubre del año pasado, quienes están participando ahí junto con un nutrido grupo de ciudadanos, asociaciones y partidos nacionales e internacionales, han solicitado a la suscrita ser su voz en esta soberanía, para solicitar se promulgue el 15 de octubre como el Día Nacional de las Mujeres Rurales.

Durante los trabajos de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer, de Beijing, en 1995, se estableció por primera vez el Día Nacional e Internacional de la Mujer Rural. Esta celebración surge para reconocer y agradecer la aportación de las mujeres rurales en el bienestar de sus familias y en el desarrollo de la economía rural de estos países.

Esta propuesta tiene como principales promotores, diferentes organizaciones internacionales, quienes coinciden en la importancia de promulgar este día como el Día de la Mujer Rural.

En el llamado tercer mundo, las crisis recurrentes en la economía impactan fundamentalmente en el campo. Para superarlos, las familias campesinas han adoptado diversas estrategias para asegurar su subsistencia. Cuando los hombres tienen que emigrar en busca de un trabajo mejor remunerado, las mujeres asumen una mayor participación en la producción agropecuaria, incluso se habla de una feminización de la agricultura.

Tal es el caso de México, donde la población masculina que emigra a Estados Unidos, ha dejado en manos femeninas las labores agrícolas; así las mujeres rurales asumen las tareas domésticas de procurar el cuidado y la alimentación de sus hijos, además se ocupan de las actividades agrícolas, el cuidado del ganado, la siembra y la cosecha de sus tierras.

El número de las mujeres rurales en México es cada día mayor, debido al fuerte fenómeno de feminización de la agricultura y de la propiedad de la tierra. Datos del Procede de 1998 indican que cerca de dos terceras partes de las mujeres tienen derecho sobre la tierra en los ejidos certificados.

Las mujeres rurales tienen el derecho sobre cinco millones de hectáreas, lo que representa el 14.25 por ciento de la superficie certificada del país. Además, las mujeres rurales son también titulares de los solares urbanos, cuya importancia radica en ser una alternativa de producción familiar de traspatio en apoyo al autoconsumo. Por tanto, la superficie certificada donde existe una mayor participación de las mujeres rurales, asciende a casi tres mil 200 millones de metros cuadrados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58, fracción III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Que se realicen las acciones necesarias a fin de que se promulgue el Día Nacional de las Mujeres Rurales el 15 de octubre, a fin de unirnos en congruencia con la política internacional de México al grupo de países que, en el marco de la IV Conferencia de Mujeres en Beijín, ya lo han promulgado.

Segundo. Era que fuera un punto de urgente y obvia resolución. En tal sentido, ahora pediríamos se turnara a comisiones.

Tercero. En consecuencia, que el Congreso de la Unión instruya a las instituciones correspondientes del Ejecutivo para que a nivel nacional se promueva el Día Nacional de las Mujeres Rurales. Asimismo se tenga a bien realizar lo conducente, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que promueva la aprobación, ante los organismos internacionales y la ONU, el día 15 de octubre como Día Internacional de la Mujer Rural. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Tagle. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública Federal, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del Estado de México, para dar cumplimiento a la recomendación relativa a los hechos de violencia ocurridos el pasado mes de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Vengo a esta tribuna para hacer un exhorto a las autoridades federales y estatales que se vieron involucradas en los hechos violentos acaecidos los días 3 y 4 de mayo pasado en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.

Como resultado de los operativos de reubicación de comerciantes ambulantes y con posterioridad del operativo "regreso", se produjeron la muerte violenta de un menor de edad y un estudiante universitario, la detención de más de 200 personas, centenares de heridos, detenciones arbitrarias, práctica de cateos sin la orden correspondiente, tortura y, en el caso de las mujeres detenidas, se documentaron formas extremas de violencia sexual: 26 violaciones por parte de los cuerpos policíacos y violaciones graves a los derechos humanos. En estos hechos intervinieron la policía estatal y la federal preventiva.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el informe preliminar sobre los hechos de violencia en Texcoco y San Salvador Atenco ocurridos el 3 y 4 de mayo, del que se desprendieron flagrantes violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esos municipios del Estado de México, los cuales configuran delitos de lesa humanidad establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Tomando en cuenta las más de 200 quejas que acreditan lesiones como consecuencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes, daños en propiedad ajena, cateos ilegales, robos, incomunicación, amenazas y dilación o negligencia médica.

El 16 de octubre pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 38/2006 dirigida al secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Hipólito Treviño Lesea, por los hechos de violencia que tuvieron verificativo en los municipios del Estado de México ya referidos.

Existe evidencia de que las personas fueron sometidas a presuntos actos de tortura por elementos de los cuerpos policíacos, de conductas que podrían configurar delitos como el de abuso sexual y violación, cometidos por efectivos de los cuerpos de seguridad además de que existen elementos para advertir presuntos actos correspondientes al tipo penal de violación equiparada.

Como diputada federal mexiquense me pronuncio por que las autoridades aludidas en la recomendación 38/2006 satisfagan las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero de manera enfática y particular hago un llamado al gobernador del estado a ir a fondo en las investigaciones respecto de las autoridades estatales involucradas; se finquen las responsabilidades penales correspondientes y se impongan los castigos que conforme a derecho deban aplicarse a los responsables.

También hago un llamado para que se atienda a las víctimas de los abusos y se paguen las indemnizaciones a que tengan derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente

Proposición con puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del Estado de México, a cumplir integralmente y sin dilación la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a informar a esta soberanía del avance de las acciones emprendidas para satisfacer dicha recomendación.

Segundo. Se integre una comisión plural de legisladores de esta soberanía, para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación 38/2006 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como para investigar los probables actos de tortura cometidos en agravio de los habitantes de San Salvador Atenco por parte de las policías federales y del Estado de México.

Tercero. Se exhorta a la LVI Legislatura del Congreso del Estado de México, en el marco de sus atribuciones, a impulsar medidas encaminadas a otorgar amnistía a cada una de las personas detenidas en los penales de Santiaguito y La Palma, así como de aquellas personas en contra de las que se ha girado orden de aprehensión por los hechos de referencia.

Es cuanto, señor Presidente y solicito a la Presidencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se turne a la comisión correspondiente para su discusión y aprobación y que se inserte íntegramente mi participación en el Diario de los Debates. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Ana Yurixi Leyva. Túrnese a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra el diputado Mariano González Zarur, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea el Comité de competitividad.

El diputado Mariano González Zarur: Ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta honorable Asamblea un punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

La competitividad es determinante para incrementar las posibilidades de desarrollo de un país. En su acepción más amplia genera condiciones para la creación de empleos, estabilidad macroeconómica, distribución de la riqueza, mejores niveles educativos y promoción de una cultura empresarial.

Para lograr que los efectos de la competitividad redunden en beneficio de la población, es necesario verla desde la óptica del desarrollo sostenible. Ello implica definir sus condiciones a partir de una lógica basada en el mantenimiento de los recursos naturales y el crecimiento de las inversiones y el ahorro como fundamento para que pueda ser mantenida a largo plazo.

La globalización ha traído beneficio y desarrollo para empresas y consumidores. Sin embargo, el beneficio no ha sido completo porque sólo un pequeño porcentaje de las empresas de los países en desarrollo ha alcanzado los niveles de competitividad necesarios para participar en el comercio mundial.

La precisión y rapidez con la que los países han adecuado sus estrategias, planes y programas, así como su legislación interna es lo que ha permitido que muchos países hayan logrado beneficiarse más que otros de las ventajas que trae consigo la globalización.

Desde la década de los ochenta México inició procesos para la modernización e incorporación a la globalización. Destaca en este proceso la suscripción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la firma de una extensa red de tratados y acuerdos comerciales con alrededor de 42 países.

Después de más de 20 años de esfuerzos, México ha logrado avanzar; sin embargo, otros países han reportado un avance mucho más acelerado, lo que indica que México se está quedando rezagado.

Durante la primera mitad de los años noventa, la posición competitiva de México mejoró considerablemente, como resultado del proceso de cambio estructural adoptado y en particular la negociación del mencionado Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Entre 1991 y 1994 la posición relativa de México pasó de ocupar el número 30 de 33 países, a la posición número 26 de 41 países. Sin embargo, en los últimos años la posición competitiva de México se ha deteriorado según el Índice Global de Competitividad del Instituto Internacional de Desarrollo Gerencial.

Entre 1999 y 2002 el país pasó del lugar 35 al 41 y actualmente, de acuerdo al reporte global de competitividad 2006-2007 del Foro Económico Mundial, México ya se ubica en el lugar 58 en el mencionado Índice de Competitividad Global.

En el modelo aplicado por el Ingco se consideran diez factores que analizan el sistema de derecho, el medio ambiente, la sociedad incluyente, el sistema político, mano de obra, energía, capital, telecomunicaciones, transporte, sector financiero, sectores económicos con potencial y relaciones internacionales.

No es posible hablar de competitividad sin tomar en consideración las reglas del juego que rigen un mercado. Contar con reglas claras, objetivas y confiables genera certidumbre en los participantes de una economía.

El sistema de derecho en México no es óptimo para competir con éxito en la economía global; se requiere no sólo elaborar un conjunto de leyes que cumplan con dichos fines y promuevan el crecimiento, inversión y empleo en diferentes sectores de la economía, sino también lograr que su observación y acatamiento sea una constante.

Se considera necesaria la conformación de un comité en la Cámara de Diputados para proponer adecuaciones y cambios legislativos que avancen en la agenda de la competitividad. Requiere también de un diálogo permanente con los representantes del sector empresarial y de la fuerza laboral, especialistas académicos e instituciones de estudios del sector privado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 70 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior se somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se conforme el comité para la competitividad como un cuerpo de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados, con el objeto de proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la programación de los temas de dicha agenda.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política definir la integración de dicho comité a fin de que pueda iniciar sus trabajos a la brevedad.

Le solicito, señor Presidente, que en virtud de que está mejor explicado y en mayor abundancia en la Gaceta Parlamentaria el punto de acuerdo, esté en el Diario de los Debates respectivo. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Zarur. Insértese íntegra la propuesta del diputado González Zarur. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Díaz Contreras, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el capítulo agropecuario y capítulos relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La diputada Adriana Díaz Contreras: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Honorable Asamblea. He solicitado el uso de esta tribuna para proponer al Pleno la adopción de la siguiente proposición con punto de acuerdo, mismo que tiene que ver con la creación de una comisión especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el capítulo agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fundo el punto de acuerdo en los siguientes

Hechos

Estamos conscientes que el tema de los tratados que suscribe el Estado mexicano es un asunto que por disposición constitucional y legal le corresponde, original y primordialmente al Ejecutivo de la Unión y al Senado de la República; sin embargo, ello no impide que la Cámara de Diputados, en uso de la más genuina interpretación de la representación política revise, analice y dé su punto de vista, sobre una problemática, que ya está siendo prevista por los grupos de campesinos y agricultores del país que buscan en esta soberanía un espacio de resolución de su problemática, misma que de no resolverse estaría generando un clima de ingobernabilidad que nadie desea.

Veamos, la asunción del Tratado de Libre Comercio como medida de Estado fue proyectada como una promesa de superación de la pobreza, y que como punto de partida a una estadía más próspera del campesinado mexicano, eso se decía y así se vendió la idea.

A pesar de que nuestros productores agropecuarios recibían subsidios gubernamentales muy superiores a los que se canalizaban a los de Estados Unidos y Canadá, en nuestro país a diferencia de nuestros vecinos del norte se tenían bajos niveles de productividad, operación de mercados, fragmentación en la tenencia de la tierra, apoyo a los procesos productivo, nivel salarial y distribución del ingreso, nivel tecnológico, grado de organización para la producción y comercialización y grado de capitalización de las unidades de producción, entre otros.

Gráficamente hoy, 12 años después ha empeorado la situación de pobreza en el campo y los subsidios han disminuido drásticamente. Esas asimetrías no fueron puestas sobre la mesa por parte de los negociadores gubernamentales, con quien sin duda alguna se ahondó en el deterioro de la planta productiva agropecuaria nacional.

No nos engañemos, no podemos afirmar hoy que se puede conducir una relación comercial de mutuo beneficio entre partes que nos son iguales, esto constituye no sólo una falacia sino una maldición que se vierte contra quienes han tenido que dejar su tierra y emigrar, y paradójicamente trabajar para quienes directa o indirectamente contribuyeron a la quiebra del campo, los dueños de las tierras estadounidenses que sí fueron apoyados soterrada y abiertamente por su gobierno.

En efecto, los diferentes apoyos otorgados a los productores agropecuarios estadounidenses, en particular, los provenientes de la ley agrícola son muy diversos y generosos, siendo algunos de ellos considerados como subsidios disfrazados, en todo caso son más de 10 veces mayores a los que reciben los productores mexicanos, quienes podrían recibir de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial de Comercio hasta 13 veces más de lo que actualmente obtiene.

Lo que es verdaderamente preocupante es que dentro de las etapas de desgravación previstas por dicho tratado en el 2008, el maíz, frijol, leche en polvo y azúcar se liberaran totalmente junto con todas las importaciones agropecuarios provenientes de los Estados Unidos.

Hoy día, prácticamente se importa toda la soya que se consume en el país, más del 40 por ciento algodón semilla y de ajonjolí, en granos básicos el país importa el 61.4 por ciento de arroz falai, el 42.6 de trigo que se consume en el país.

Estos son algunos ejemplos, en general puede apreciarse que la dependencia de México de las importaciones de grano y oleaginosas durante la vigencia del TLCAN se han incrementado de manera importante.

Por lo anteriormente expuesto, quienes firmamos el presente punto de acuerdo consideramos indispensable que se forme una comisión especial de esta naturaleza, misma que contribuirá de manera muy activa y propositiva a la búsqueda de soluciones alternas a un problema que debe formar parte de la agenda social del nuevo milenio.

Teniendo como base los elementos que se establecen en los considerandos del documento, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se crea la comisión especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el capítulo agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Hago entrega del texto que contiene la proposición a la que he dado lectura, solicitando sea turnada a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre del 2006. Y firman los diputados y diputadas Adriana Díaz Contreras, del PRD; Carlos Navarro López, del PRD; Ricardo Cantú Garza, del PT; Pablo Arreola Ortega, del PT; Elsa Conde, de Alternativa; Mónica Arreola Gordillo, de Nueva Alianza; Marina Arvizu, de Alternativa; Héctor Larios, del PAN; Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Javier Estrada, del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Adriana Díaz. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados integrantes de esta LX Legislatura, en cumplimiento con la normatividad vigente, se abstengan de fumar dentro del Recinto.

El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a las y los diputados integrantes de la LX Legislatura a no fumar dentro del Recinto legislativo bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo cuarto como una de las garantías individuales, el derecho de toda persona a la protección de su salud, así como el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Segundo. Que la Ley General de Salud establece, en su artículo 2 fracción I, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

Fracción II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.

Fracción III. La protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, y

Fracción IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

Todos éstos como finalidades del derecho a la protección de la salud.

Tercero. Que el reglamento sobre consumo de tabaco establece, en su artículo 3, fracción I, el derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo de tabaco en los sitios cerrados que comparten con fumadores y en su artículo 9, Apartado A, fracción II, inciso a), la prohibición de fumar en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Que el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, adoptado en Ginebra, Suiza, el 21 de mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero del 2005, establece en su artículo 4, Numeral dos, inciso a) la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las personas de la exposición al humo de tabaco, y en su artículo 12 inciso b), la concienciación del público acerca de los riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo.

Quinto. Que, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud establece que el tabaquismo viola el derecho a la salud de los no fumadores, por lo que se declaran zonas restringidas para el consumo de tabaco, las de atención médica, los auditorios, las aulas y las zonas de peligro para la seguridad laboral y colectiva, así como los lugares de trabajo cerrados; y,

Sexto. Que la exposición al humo del tabaco conlleva una elevada morbilidad y mortalidad con enfermedades del sistema respiratorio y circulatorio y una correlación significativa con el riesgo de padecer cáncer; por tanto, un fumador pasivo, al igual que un activo, corre el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el tabaco.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las y los diputados que integran esta LX Legislatura, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento sobre Consumo de Tabaco y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra, Suiza; se abstengan de fumar en este recinto legislativo.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Efraín Morales. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo quien haga uso de la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor diputado. Aprobado el punto de acuerdo y quede en la conciencia de todos los diputados que se ha aprobado el no fumar en este recinto. Gracias.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que solicita se destinen recursos suficientes a la Universidad de Sonora para hacer frente a la crisis financiera que enfrenta.

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González: Con su venia, diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Compañeras y compañeros diputados. La Universidad de Sonora acude, por mi conducto, a esta soberanía para exponer el problema fundamental por el que atraviesa dicha institución, el cual consiste en el insuficiente presupuesto ordinario para cubrir los gastos indispensables en los rubros de servicios personales y de gasto operativo que permitan mantener los altos niveles de calidad que ha alcanzado la Universidad en los últimos años.

El origen de dicho problema tiene que ver no sólo con el crecimiento cualitativo y cuantitativo que se ha observado en la institución, sino también con las discrepancias históricas que existen entre los tabulares, el número de plazas, la distribución de plazas en el tabulador y las prestaciones ligadas, que actualmente existen en la institución respecto a las reconocidas por la SEP.

Esta situación ha derivado que en los hechos se incumpla el convenio de aportación a partes iguales del presupuesto ordinario de la institución por los niveles federal y estatal, aportando este último un porcentaje mayor, el cual en los últimos tres años ha crecido de un 54 a un 56 por ciento.

Debido a la propia dinámica de la relación contractual, la brecha entre lo real y lo reconocido tiende a ampliarse con el tiempo, lo cual eleva la cantidad de recursos al ser proporcionada por el Estado, situación que las autoridades estatales han manifestado que no están en posibilidad de mantener.

En el 2005 la Universidad tuvo un déficit pero, por la gestión del gobernador del estado ante el Presidente de la República, se otorgaron 109 millones de pesos que ayudó en ese momento a la Universidad. En este año la Universidad reportó un subsidio federal del 44 por ciento y un subsidio estatal del 56 por ciento.

Para 2007 se tiene estimado un presupuesto de inicio, sin contemplar el monto requerido para la negociación salarial y contractual, de mil 94.6 millones de pesos, por lo que se requeriría de ambos niveles de gobierno un subsidio ordinario de 547.3 millones de pesos.

Es menester que algunas universidades reciben de la federación el 80 por ciento y otras el subsidio del Estado es del 20 por ciento. En el caso de la Universidad de Sonora es el 56 el estado y únicamente el 44 por ciento la Federación. Lo que queremos es el peso por peso, el par y paso para que la responsabilidad del gobierno del estado sea compartida por el gobierno federal.

Por lo anterior, pido el apoyo para todas las universidades del país, las universidades públicas, pero en especial para la Universidad de Sonora. Pido ese apoyo a todos ustedes, compañeros diputados. De acuerdo a lo anterior, me permito poner a su consideración la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo

Primero. Que la Honorable Cámara de Diputados, a través de sus órganos y de acuerdo a su competencia, destine las partidas presupuestales necesarias para que se cumpla a cabalidad el convenio de aportación a partes iguales del presupuesto ordinario de la Universidad de Sonora, por los niveles federal y estatal.

Segundo. Que en el PEF para el año 2007 se incluyan las partidas presupuestales necesarias para que los gobiernos estatal y federal aporten un subsidio ordinario de 584 millones de pesos para el financiamiento de la Universidad de Sonora.

Por su comprensión y apoyo, solicito señor Presidente, se considere el asunto de urgente u obvia resolución. Por su atención, compañeros y compañeras legisladores, les agradezco el apoyo y, en igual de circunstancias, Sonora también va a apoyar a los demás estados de la República. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Zatarain. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la tribuna… Adelante, diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Félix Holguín, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Armando Jesús Félix Holguín: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Deseo expresar, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nuestro apoyo y respaldo a la educación de nuestro estado de Sonora, incrementando los recursos necesarios para lograr la educación de calidad que buscamos y merecemos todos los sonorenses.

Es por eso que queremos sumarnos en apoyo para que se le brinde todo el apoyo necesario, por medio de la Federación y del estado de Sonora, para que cada vez Sonora vaya hacia delante en la educación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Félix Holguín. Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada Susana Monreal Avila, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Susana Monreal Avila: El grupo parlamentario del PRD se suma a esta propuesta, señor Presidente, y le pedimos a los diputados —en esta sensibilidad que han mostrado por el problema que hay en la educación superior en nuestro país— que se agregue también a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tiene un problema presupuestal deficitario y que le pido sea considerada también. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si la presenta por escrito, diputada. Adelante, señor diputado. Sonido a la curul del diputado Pedro Arreola Ortega.

El diputado Pedro Arreola Ortega (desde la curul): Señor Presidente. Decirles a mis compañeros diputados y diputadas que el grupo parlamentario del PT se suma a este punto de acuerdo.

Ya se han presentado dos puntos de acuerdo en este sentido: la Universidad de Guerrero, de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Zacatecas y de Durango también. Consideramos que debe de ser un punto que hay que tomar muy en cuenta y que, a la brevedad, podamos ir concretando todos los asuntos que traen estos puntos de acuerdo.

Sería una solicitud para que usted, que está dirigiendo el trabajo parlamentario, pueda, a la brevedad, contar con decisiones para que estos puntos de acuerdo se puedan traducir ya en hechos. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Sonido a la curul del diputado Navarro. Adelante.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López (desde la curul): Como profesor de la Universidad de Sonora, respaldo el punto de acuerdo que se ha propuesto.

Se encuentra aquí el rector de la Universidad. Tenemos un grave problema en varias instituciones, ya se ha expresado en esta Cámara. Nada más por mencionar el caso más delicado en estos momentos: la falta de pago a los académicos y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para allá va la Universidad de Sonora. Soy docente desde hace 23 años y solicito que se considere como un tema de urgente resolución y me adhiero a la propuesta del diputado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea... Sonido a la curul del diputado Armando García.

El diputado Armando García (desde la curul): El grupo parlamentario de Alternativa nos sumamos también al punto de acuerdo manifestado por el diputado, por la Universidad de Sonora, y si se puede adherir también lo que acaban de manifestar también de la de Sinaloa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si la propuesta es de aprobarse.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación).

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Comuníquese. Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública realice una exhaustiva verificación a las empresas de seguridad privada.

La diputada Silvia Oliva Fragoso: Diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. La suscrita, diputada Silvia Oliva Fragoso, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

La industria de la seguridad privada ha tenido un incremento importante en las dos últimas décadas, es generadora de empleos para un sector importante de la población. Sin embargo, no ha cumplido con los requisitos que marca la ley para salvaguardar los bienes que son objeto de resguardo, para preservar la integridad física de los habitantes de las diversas ciudades donde operan, tampoco de los custodios y de los integrantes de las fuerzas del orden en las ciudades donde prestan su servicio poniendo en riesgo cotidianamente la integridad física de ellos.

Los asaltos a vehículos de traslado de valores son debidos a varias circunstancias, entre ellas al avance de la delincuencia y a que las empresas de seguridad privada no cuentan con la tecnología, la selección de personal y la capacitación suficiente del mismo para brindar un servicio de calidad sin exponer a los custodios y a la población.

Son innumerables los problemas que han tenido los camiones blindados en traslado de valores, que han sido objeto de asaltos en diversas ciudades del país, entre los que destacan el robo de alrededor de cinco millones de pesos, como el sucedido en la colonia Quinta Velarde, de Guadalajara el pasado 4 de octubre, donde una de las líneas de investigación es la intervención de los custodios de vehículos de la empresa de seguridad privada.

En el mes de septiembre, en la Ciudad de México se realizaron dos espectaculares asaltos a vehículos de traslado de valores existiendo la sospecha también de filtración del crimen organizado en los empleados de estas empresas.

El pasado 6 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Seguridad Privada, donde se determinan diferentes formas de verificación. Por economía parlamentaria solicito que se integre el punto al Diario de los Debates y nada más leeré el

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que:

a) Realice una exhaustiva verificación de las empresas de seguridad privada, en cuanto a contratación de personal y procedimientos de operación;

b) Se informe a esta soberanía sobre los convenios de coordinación institucional que se han realizado con los gobiernos estatales y la Federación;

c) Los lineamientos y mecanismos que se están requiriendo para el servicio de traslado de valores;

d) Los exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y otros que se realizan a los custodios de seguridad privada;

e) Las medidas de seguridad que se tienen en el traslado de valores;

f) Los cursos de capacitación a que son sujetos los prestadores de servicio de seguridad privada.

Segundo. Nos envíen el plan de supervisión a estas empresas a desarrollarse en los próximos meses. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Oliva. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Cofemer, de la Comisión Federal de Competencia y del Banco de México rindan a esta soberanía un informe sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana de los vehículos de transporte.

El diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo: Con su permiso, señor Presidente. Pongo a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo ya que el autotransporte de carga en el país representa el movimiento de más del 83 por ciento de materias primas y productos terminados en México.

Asimismo, que el objetivo regulatorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto al proyecto de la Norma Oficial Mexicana (NOM-012-SCT-2-2006), peso y dimensiones máximas con las que pueden circular los vehículos del autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, es fijar los límites máximos de peso y dimensiones de este autotransporte, para contar con una Norma que sea más flexible de la de nuestros socios comerciales.

Sin embargo, la publicación de esta Norma Oficial se contrapone en todos estos objetivos, además de ser un lastre al fortalecimiento de la competitividad para la industria y un golpe para el consumidor final.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes busca disminuir el peso bruto vehicular de 81.5 toneladas de carga útil a 75.5 toneladas para los "fulles", los llamados dobles remolques. Ante esta situación, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria envió un anteproyecto y una manifestación de impacto regulatorio, por lo que la Secretaría a su vez requirió un estudio del Instituto de Transporte de Texas (ITT) —por sus siglas en inglés— de Estados Unidos; misma que generó una opinión favorable de la disminución de la carga en seis toneladas, pero estableciendo la necesidad de efectuar estudios de campo ya que solamente se realizaron estudios de gabinete.

En el tema de seguridad que se ha tocado en relación a los "fulles", con los datos aportados por la industria podemos decir que el "full" es la unidad más segura, debido a que presenta un evento o accidente cada 2.4 millones de kilómetros recorridos; un tractocamión sencillo cada 748 mil kilómetros y un camión unitario cada 200 mil kilómetros. Asimismo, en el VI Informe del Ejecutivo se cita que los accidentes en las carreteras federales se han reducido del año 2000 al 2005, en 51.79 por ciento.

En México existen más de 13 mil camiones de doble caja que mueven aproximadamente 100 millones de toneladas al año de productos y materiales en más de dos millones de viajes. Si se disminuye el límite máximo de peso de este tipo de vehículos en seis toneladas, las consecuencias serían muy claras:

Se aumentarán 240 mil viajes al año para trasladar las mismas mercancías; se recorrerán 245 millones de kilómetros adicionales anualmente por las mismas carreteras y puentes; el costo de la operación se elevará en tres mil 500 millones de pesos anuales, más tres mil millones de pesos para renovar los transportes; se extenderán los índices de contaminación y tránsito vehicular, riesgos de accidentes y el uso de combustible y principalmente y sobre todo, se deteriora la competitividad del país y todo repercute en un impacto inflacionario que finalmente generará aumento de precios al consumidor.

Es necesario controlar con un estudio de campo transparente sobre las capacidades de los puentes y las carreteras, tal como coinciden en todos los estudios realizados; que se consideren todas las manifestaciones, incluyendo las organizaciones privadas, tanto para los procedimientos ante Cofemer —en cuanto a la publicación de la totalidad de los documentos referidos en el proceso regulatorio— como a la Secretaría, en el sentido de analizar e incluir las opiniones de los afectados.

Por lo anteriormente expuesto, compañeros y compañeras, someto ante esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo con carácter de urgente resolución.

Primero. Se solicite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al titular de la Comisión Federal de Competencia elaborar los estudios sobre el impacto a la competitividad a las empresas nacionales, derivadas de la posible entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, para efecto de que se modifique la norma, en su caso, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se requiere al titular de Banco de México elabore los estudios de impacto económico desde el punto de vista inflacionario, respecto al proyecto de dicha Norma Oficial Mexicana para efectos que se modifique la norma en su caso, previo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Y por último, se insiste a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar estudios de campo para evaluar la factibilidad del proyecto de la Norma Oficial Mexicana descrita, para efectos de que se modifique la norma en su caso, previa a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pido respetuosamente a la Mesa Directiva se inserte en el Diario de los Debates el presente punto de acuerdo en los términos del documento que entrego en este momento. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Caballero. Se insertará en el Diario de los Debates de manera íntegra. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay las dos terceras partes.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: No hay mayoría calificada. Túrnese a la Comisión de Transportes. Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Con su venia, señor Presidente. Estimados señores legisladores. He sido comisionado por mi fracción parlamentaria para venir a tratar un punto de acuerdo que nos une a todos los mexicanos, que es el respeto a la cultura superior, el respeto a las instituciones que hoy han sido honradas aquí con la presencia de jóvenes universitarios y con puntos de acuerdo que se han aprobado para apoyarlas en varios estados de la República.

Me refiero a esa institución que se encuentra en el frontispicio de esta Cámara de precio-orgullo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Vengo a rendir un homenaje y a hacer algunas reflexiones, pero antes de ello, no quiero dejar pasar la oportunidad para protestar enérgicamente por el manejo burocrático, miope, equivocado, insensible de estas sesiones del Congreso, que esto se aprobó en la colegisladora hace más de cuatro semanas.

No se aplican los turnos, hay privilegios, hay exclusión y además no hay un trabajo legislativo efectivo y real. Todos estamos ocupados platicando con nuestros compañeros de curul o con otros, mientras la nación está esperando que al igual que la Universidad, sepamos trabajar haciendo valer el lema de "Por mi raza hablará el espíritu".

La Universidad ha ganado prestigio internacional porque tiene una gran investigación tecnológica y científica, porque posee calidades académicas y porque tiene metodología para realizar sus cosas. Aquí a veces no tenemos metodología y a veces perdemos la brújula y en vez de ponernos de acuerdo en lo que espera la nación de nosotros, estamos en medio de discusiones estériles y a veces muy aburridas.

Vengo a rendir homenaje a esa institución nacional que representa la ventana de la esperanza de todos los mexicanos, porque las universidades públicas son la única posibilidad de que formemos a las nuevas generaciones con una concepción nacionalista, con una concepción profunda, con una concepción científica y apegada a la historia de la nación.

Todas las universidades mexicanas son buenas, las públicas y las privadas, pero dados los costos excesivos, absurdos, definitivamente golpeadores de la economía de las clases medias, sólo tienen opción nuestros jóvenes pobres, de acudir a las universidades públicas. Por eso es grande la Universidad Nacional Autónoma de México, porque en ella se foguean y se forman los crisoles de la esperanza, de la cultura, de la sabiduría y del nacionalismo mexicano.

Rindo este homenaje y vengo a proponer un punto de acuerdo que tiene por objeto que sea de obvia o urgente resolución, pues ya pasaron muchas semanas para que rindamos homenaje a esa Universidad que pasó al número 74 de las universidades del mundo; la más importante de América Latina y de habla hispana; más adelante de la Universidad de Moscú o de muchas de los Estados Unidos, con sus recursos que tenemos que apoyar, igual que a las demás universidades, como hoy se trató en esta Cámara, sólo por ahí podemos encontrar la ruta de la salida de un pueblo que está requiriendo mayores luces para conducir con mejor camino su propio destino.

Son las universidades los únicos caminos a los que podemos llegar, que podemos transitar para poder tener el éxito que como nación merecemos.

No sólo estamos orgullosos quienes salimos de sus aulas; no sólo los que trabajamos en la academia, en esas instituciones; sino todos los mexicanos que saben que su esperanza, su cultura, su nación y su destino se forja en esa fragua cotidiana que es el trabajo de la sabiduría, de la cultura y sobre todo de la esperanza nacional.

Les agradezco a ustedes, señores diputados, que lo aprueben por obvia o urgente resolución, y aquí entrego a la Secretaría esta propuesta.

Y para finalizar quiero referirme a otro insigne pensador que también está en este frontispicio, a Justo Sierra, que al iniciar los trabajos de la Universidad Nacional en 1910, dijo lo siguiente: "Cuando el joven sea hombre es preciso que la Universidad, o lo lance a la lucha por la existencia de un campo social superior o lo levante a las excelsitudes de la investigación científica, pero sin olvidar nunca que toda contemplación debe ser el preámbulo de la acción; que no es lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo y que si se puede olvidar en las puertas del laboratorio al espíritu y a la materia, como Claudio Bernard decía: "No podemos moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria". Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

¿Con qué objeto, señor diputado Suárez del Real?

El diputado Alfonso Suárez del Real (desde la curul): Objeto de adherirnos a nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democrática al punto de acuerdo que acaba de leer el señor diputado.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tome nota la Secretaría. Diputado Armando García de Convergencia, de Alternativa, perdón. Adelante. Sonido. Al diputado Armando García.

El diputado Armando García Méndez (desde la curul): De Alternativa, señor Presidente, por favor. Si debe ser de urgente resolución y nos adherimos en Alternativa al punto de acuerdo del diputado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Armando García de Alternativa. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

A ver, diputado Javier Estrada, sonido a la curul.

El diputado Javier Estrada González (desde la curul): Señor Presidente, de igual manera, la fracción del Verde Ecologista nos sumamos a las propuestas de los compañeros para que sea de urgente y obvia resolución y apoyarla completamente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Chanona.

El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): A lo que es unánime, señor Presidente, sumarnos a esa iniciativa de reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos Convergencia con la propuesta, por favor.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay unanimidad por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor Secretario. Comuníquese por favor. ¿Hay oradores? Diputado Tonatiuh Bravo Padilla tiene la palabra. Adelante, señor diputado.

Sonido a la curul del diputado José Luis…

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla: Buenas tardes, con el permiso del señor Presidente, y con la requerida atención a ustedes, compañeros y compañeras legisladoras. Este asunto de la UNAM que engarza con un punto que hemos votado aquí hace unos minutos es un asunto que está involucrado de manera general con el cuidado que debemos tener los mexicanos hacia nuestras instituciones de educación media superior y superior.

Naturalmente yo agregaría que es aún más general, solamente que ahorita nos ocupa este aspecto, estos niveles de educación. Para mí desde luego tiene que ver con el cuidado que debemos tener todos los mexicanos y desde luego de manera relevante los legisladores, que somos por ley representantes populares, del sistema educativo de nuestro país.

Y lo digo así porque resulta claro que nuestro país está necesitado, urgentemente necesitado de darse cuenta que necesitamos dar como una palanca de desarrollo, como una palanca de progreso a nivel internacional, en la competitividad por ejemplo, que vamos a tratar —y lo hemos hecho ya en otros días en esta Cámara— que debe tener nuestro país.

En el aspecto muy concreto de la UNAM, una institución que data del siglo XVI, 1525, más precisamente en la etapa aún virreinal: tenemos una universidad con historia, pero no sólo, hoy tenemos para fortuna y orgullo de todos los mexicanos, absolutamente todos, una universidad que de unos años para acá ha venido haciendo esfuerzos fundamentales, progresivos, por elevar sus niveles académicos.

El la universidad por excelencia de nuestro país, no por nada la llamamos la máxima casa de estudios del país, en ella se ha demostrado que la academia, la calidad de la academia no está reñida con la universidad de masas, con las enormes cantidades de estudiantes que van a sus aulas con la esperanza del progreso, con la esperanza del conocimiento científico, tecnológico y humanístico.

Hoy nuestra UNAM, repito, en ese avance progresivo, ha sido declarada en una encuesta que se ha hecho ya por varios años, un periódico londinense, como la universidad en el número 74 mundial.

Y escúchese bien, es la primera universidad en Iberoamérica, es decir no solamente de América Latina, los países al sur del Río Bravo, sino además de la península ibérica. Desde luego está por encima de un gran número de lugares del primer mundo, de Europa, de Asia, de América. Y es un orgullo para los mexicanos. Lo debe constituir.

Yo por tanto me adhiero, me parece que es un reconocimiento de estos representantes del pueblo, para una universidad del pueblo y para el pueblo. Solicito de ustedes todos compañeros y compañeras legisladores, una votación unánime para esta declaración de nuestra UNAM. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor Secretario. Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...(votación).

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor secretario. Aprobada. Comuníquese. A ver, diputado Duarte. Adelante.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Presidente, estoy enlistado en la orden del día. Es natural, a la hora que vamos, que no alcanzaremos; pero por obviar naturalmente el trámite, quiero entregar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y así evitar el trámite y que me haga favor de turnarla de manera inmediata.

Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Diputado, todavía no llegamos a esa parte del orden del día. Adelante, se integra. La Secretaría dé lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política que tenemos pendiente de lectura.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: "Diputado Jorge Zermeño Infante. Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en los artículos 4º y 5º quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día, de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación. Los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios, solicitamos sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, el siguiente asunto:

Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se crea el Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. Atentamente. Palacio Legislativo, 19 de octubre de 2006.

Diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza; diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor Secretario. En votación económica consúltese a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se modifica el orden del día. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se modifica el orden del día y tiene la palabra el diputado Víctor Valencia De los Santos, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se crea el Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento.

El diputado Víctor Valencia De los Santos: Con el permiso de la Honorable Asamblea. Quiero informarles a mis compañeras y compañeros diputados que de manera simultánea era la importancia de este punto de acuerdo. Está siendo presentada esta misma iniciativa de punto de acuerdo ante la Cámara de los Senadores a través de la senador María Elena Orantes López.

Estimadas diputadas y diputados. Los que suscribimos, diputados federales de la LX Legislatura, Víctor Valencia De los Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Irene Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Aguilar Jiménez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Jacinto Gómez Pasillas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes consideraciones:

A nombre de mis compañeros diputados del estado de Chihuahua, en esta ocasión ocupo esta importante tribuna para que desde la Cámara de Diputados podamos, a través de un comité que permita garantizar la libertad de expresión y de opinión de los periodistas, para que así se pueda lograr que la libertad de expresión sea una realidad y viva y actuante en nuestro país.

Asimismo, se busca contribuir a partir de este comité a perfeccionar el marco normativo para lograr brindar a los profesionales de la información seguridad y mejores condiciones para el ejercicio de su profesión.

La libertad de expresión es la piedra angular de nuestra democracia y ésta es indispensable para el desarrollo político, económico y social de nuestra nación. La libertad de prensa es una parte clave e indivisible de la libertad de expresión, por eso es importante que lo preservemos de cualquier embate que busque menoscabarla.

Por ello, como legisladores debemos continuar abogando por la libertad de expresión y seguir deviniendo la diversidad, el flujo y la producción de la información pública mientras trabajamos profundamente en la democratización y actualización de los marcos normativos e institucionales para facilitar el acceso a la información y el conocimiento en todas sus formas.

Existen en nuestro país muchos periodistas que han sido asesinados y varios de esos crímenes aún lamentablemente no han sido aclarados. Esta situación es la que motiva a presentar este punto de acuerdo, toda vez que la reconocida periodista y paisana chihuahuense, Lolita de la Vega, ha sido objeto de cobardes y arteras amenazas de muerte en días anteriores.

Es así que el Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento buscará desde el espacio del Poder Legislativo conjuntamente con las asociaciones y agrupaciones de periodistas y en coadyuvancia con otras comisiones legislativas, la creación y el fortalecimiento de la legislación en esta materia, para la protección del ejercicio pleno de las actividades desarrolladas por los profesionales de la información.

Todos debemos estar atentos y comprometidos en la defensa y el fortalecimiento del derecho a la libre expresión de nuestro pensamiento, pero también al de los otros, aunque sean opuestos precisamente a los nuestros.

Una sociedad que se jacte de ser libre no puede permitir que ningún periodista más sea asesinado en aras de cacicazgos locales o el narcotráfico, es necesario entonces retomar el tema de la reforma a los artículos 6º y 7º constitucionales en materia de medios de comunicación, a efectos de contar con una legislación que garantice la libertad de expresión, el derecho a la información, así como definir reglas para el ejercicio periodístico.

La falta de un derecho de réplica eficaz y el abuso desde el poder han generado el incremento de agresiones físicas, así como múltiples denuncias de carácter civil y penal en contra de los periodistas y comunicadores y por ende, del propio principio de la libertad de expresión.

La regulación de los medios es uno de los temas más consultados en el Congreso de la Unión en los últimos 30 años, ya que desde 1976 se ha convocado a todos los sectores pero sin tener una propuesta concreta, lo cual ha generado un atraso democratizador entre el Estado, medios y sociedad y la obsolescencia, ambigüedad y dispersión de normas jurídicas.

El derecho de réplica como instrumento fundamental para la intermediación y no penalización de asuntos en materia de opinión y de libertad de expresión, aún no es una realidad en nuestro país. Los medios han enfrentado la represión del aparato gubernamental y esto nos lleva a la conclusión de que el enemigo natural de la libertad de expresión pudiera ser el poder mismo.

Las desapariciones de periodistas por el surgimiento del crimen organizado que ven cuestionado el ejercicio de su gobierno, hace necesario que el Estado sea el garante del ejercicio a esta profesión y el que preserve por todos los medios la libertad de expresión.

Es por todo ello y por la importancia que esta propuesta trae aparejada para la vida democrática de México, que solicitamos su apoyo para la creación de un comité plural y proporcional que ayude a garantizar la libertad de expresión y de opinión de los periodistas, y en cumplimiento de los fines que a continuación se indican en el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se propone a la Junta de Coordinación Política, la creación del Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento, a fin de garantizar y fortalecer las libertades de prensa y expresión, también para el derecho a la información y a través de proponer una agenda legislativa para preservar estos principios constitucionales y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación de los temas de dicha agenda.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política definir la integración de dicho Comité con base en los criterios de proporcionalidad y pluralidad en la Cámara de Diputados, a fin de que pueda iniciar sus trabajos a la brevedad.

Tercero. El Comité para la Atención a Periodistas y sus Garantías de Libre Expresión y Pensamiento contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Los periodistas y comunicadores cuentan con una Cámara de Diputados interesada en su profesión y en el impulso de las medidas legislativas que permitan un mejor desarrollo de la libertad de expresión.

Entrego por escrito la presente propuesta y le ruego, señor Presidente, se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Atentamente, diputado Víctor Valencia de los Santos, por el Partido Revolucionario Institucional; diputado Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario de Acción Nacional; diputado Rubén Aguilar Jiménez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Partido Nueva Alianza; diputada Irene Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y especialmente, la coordinación del PRI en esta Cámara de Diputados del estado de Chiapas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Valencia. Insértese íntegro en el Diario de los Debates.

Sonido a la curul del diputado Alejandro Chanona.

El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Gracias. Ciudadano Presidente. En vista de que Convergencia ya había presentado el punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial sobre las Agresiones a Periodistas y dado que la propuesta del Comité es análoga, es decir, abordan la misma materia, le pido, por favor, que esta propuesta del Comité se turne a la Junta de Coordinación Política para evitar incompatibilidades con nuestra propuesta porque sería injusto para lo que nosotros propusimos que ésta fuera de urgente u obvia resolución.

En vista de eso, le pido respetuosamente se envíe y se turne a la Junta para que la Junta, que va a procesar todo el universo de comisiones especiales, la atienda de manera acuciosa y fundada para que no haya ningún problema en ese sentido. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Chanona. Pregunto al Presidente de la Junta de Coordinación, diputado Gamboa, si no tiene inconveniente que la propuesta hecha por el diputado Chanona para no considerar de urgente resolución y se envíe este asunto a la Junta de Coordinación. Sonido a la curul del diputado Gamboa.

El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Con todo gusto, señor Presidente. Que se turne a la Junta de Coordinación Política, por favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado José Luis Murillo Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar al Ejecutivo federal se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León.

El diputado José Luis Murillo Torres: Con su permiso, diputado Presidente. En vista de que este punto de acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente sea incluido en su totalidad en el Diario de Debates.

Punto de acuerdo

Para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2007 un programa integral de infraestructura de la red carretera del estado de Nuevo León, a cargo de los diputados federales de los estados de Nuevo León y Tamaulipas del PAN, del PRI, del PT, del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV y 77 fracción I en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, sometemos a esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2007, el Programa Integral Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos

En México el transporte carretero es el medio más importante, debido al considerable número de pasajeros y carga que son movilizados a lo largo del territorio nacional, de ahí la importancia estratégica que tiene para la economía nacional el impulso de su infraestructura carretera. Por su parte, la red carretera del estado de Nuevo León representa uno de los factores más importantes del desarrollo económico del estado, de la región y del país en general.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Poder Ejecutivo federal, del total de la red nacional carretera, el 57 por ciento tiene más de 30 años y sólo el 14 por ciento tiene menos de 15 años, lo que indica que fue diseñada y construida utilizando normas y técnicas que en la actualidad ya han sido superadas, no sin considerar el deterioro normal por su uso.

En virtud de lo anterior, los diputados federales que conformamos las bancadas de Nuevo León y Tamaulipas, con el acuerdo de sus miembros formula la presente proposición con

Punto de acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propone al Ejecutivo Federal se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2007, el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del estado de Nuevo León, que a continuación se describe.

Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera 2007 en millones de pesos, por un total de mil 725.6. Lo anterior en atención de lo establecido por los planes y programas sectoriales, de conformidad con lo establecido por los artículos 24, 25, 26, 27, 35, 42 y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Este punto de acuerdo está firmado por todos los integrantes de las diputaciones antes mencionadas, de los estados de Nuevo León y de Tamaulipas, de los partidos de Acción Nacional, del PRI, del PT y del Partido Verde Ecologista. Por su atención gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Murillo. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Esta Presidencia recibió del diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo que sirva de enlace ante la Convención Nacional de Gobernadores, suscrita por diversos diputados de todos los grupos parlamentarios. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Delio Hernández Valadés, del grupo parlamentario de Alternativa, entregó proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Promoción y Rescate de las Lenguas Indígenas y Fomento de la Lectura. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El grupo parlamentario de Alternativa entregó proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sobre la no Discriminación de Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Delio Hernández Valadés, del grupo parlamentario de Alternativa, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Sur-Sureste. Se turna a la Junta de Coordinación.

Y en el capítulo de excitativas, se recibió del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para que emitan el dictamen correspondiente.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, número 18.

(Lectura del orden del día de la próxima sesión)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:43): Gracias Secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 24 de octubre a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 09:30 horas.