El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputados y diputados, por lo tanto hay quórum
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: (11:23) Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Solicitud de licencia del diputado José de la Torre Sánchez.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Están a discusión los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José de la Torre Sánchez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VII Distrito Electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados. Comuníquense. Pido respetuosamente a los señores de los medios pasar a ocupar sus lugares.
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal propietario electo en el IV Distrito Electoral del estado de Tabasco. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputados:
Diputado Gerardo Priego Tapia, Susana Monreal Ávila, Silvestre Álvarez Ramón, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Francisco Elizondo Garrido, Juan Abad de Jesús, Pablo Leopoldo Arreola Ortega y Armando García Méndez.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido)
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadano Fernando Enrique Mayans Canabal, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Fernando Enrique Mayans Canabal: Sí protesto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenido, señor diputado
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal en relación a la confiscación de remesas que hicieran autoridades estadounidenses a operaciones de Western Union hacia el estado de Sonora.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Gerardo Aranda Orozco, para hablar a nombre de todos los grupos parlamentarios sobre este tema.
El diputado Gerardo Aranda Orozco: Con su venia, señor Presidente. Los grupos parlamentarios aquí presentes en reiteradas ocasiones hemos expresado nuestra preocupación por la situación de nuestros connacionales en el extranjero. De esta forma ha sido una constante el externar en la máxima tribuna de la nación, asuntos que requieren la atención del gobierno mexicano ante situaciones que amenazan el bienestar de nuestros connacionales. En ese sentido es que exponemos el siguiente punto de acuerdo, ante una situación que podría afectar a miles de mexicanos, no sólo en los Estados Unidos, sino en nuestro propio país.
Recientemente el Procurador General de Arizona, Terry Godar, ordenó incautar la transferencia de dinero de 29 estados de la unión americana hacia Sonora, realizada a través de la compañía Western Union, en la que consideraba una lucha contra el tráfico de personas y drogas, pues según el Procurador, una parte del dinero enviado a México, a Sonora en este caso, se usa para pagar a traficantes de personas e incluso como parte de operaciones de narcotráfico. Dicha medida involucra congelar las transferencias de dinero en comento de 500 dólares o más, a unas docenas de sucursales de la compañía de transferencias de Western Union en Sonora.
Por su parte, la compañía Western Union interpuso un recurso judicial ante el procurador de Arizona, para evitar la retención de dichos envíos, alegando violaciones a cláusulas de comercio, garantías jurídicas y protección igualitaria de la Constitución de Estados Unidos.
Como parte del litigio se tiene programada una audiencia en la Corte Suprema del Condado Maricopa, el 30 de octubre de este año, donde habrá de dirimirse este asunto. Sin duda el combate al narcotráfico, el lavado de dinero y tráfico de personas constituyen una asignatura de importancia fundamental para la procuración de justicia en ambos países, motivo por el cual compartimos la preocupación de combatir eficazmente este tipo de fenómenos. Tan es así que el Estado mexicano ha colaborado constantemente con autoridades de los Estados Unidos, conscientes de la conjunción y articulación de los esfuerzos que requiere la lucha contra este tipo de ilícitos.
Sin embargo, resulta preocupante que como parte de esta lucha se vean afectadas miles de personas inocentes que esperan y necesitan el envío de dinero que sus familiares hacen desde los Estados Unidos. A nadie extraña la importancia que tiene el envío de remesas para millones de personas en nuestro país. Muestra de ello es el creciente monto y número de transferencias que se realizan año con año al mismo.
Reconocemos que la Procuraduría de Arizona, al ser la encargada de investigar y perseguir ilícitos, goza de completa independencia en el desempeño de su actuación; hecho ante el cual se manifiesta respetuosa esta soberanía, pues cualquier conducta que suponga un delito o que lesiones bienes jurídicos, debe ser investigada y, en su caso, castigada.
Sin embargo, no se pueden afectar derechos fundamentales bajo el pretexto de actuar contra el crimen. Es necesario revisar si las acciones de confiscación que hasta el momento se han tomado, toda vez que resultan cuestionables, están violentando previsiones constitucionales tanto a la seguridad jurídica de las personas en su patrimonio, como del comercio interestatal e internacional.
Todo lo anterior resulta imprescindible y es sin duda un gran reto que la lucha contra estos delitos no dañe a personas inocentes, pues de aplicarse tal medida se estima que seis mil transferencias de dinero podrían ser retenidas indefinidamente y, lo que es peor, con pocas posibilidades de ser recuperadas, según lo manifestó el propio portavoz de dicha compañía.
De aplicarse tal medida, la propia compañía ha señalado que habría daños y pérdidas incalculables. Nosotros sabemos que su efecto tendría múltiples efectos negativos, miles de personas documentadas o no, verían perdido el dinero que con tanto esfuerzo envían a sus familiares en México. Por su parte, dichas familias, que dependen en gran medida de dicho envío para su sustento, se ven gravemente afectadas.
Por ello, los diputados federales manifestamos nuestra preocupación por la posible retención de transferencias de dinero hacia el estado de Sonora, medida que daña gravemente la situación económica de miles de familias mexicanas. Por su atención, es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Gerardo Aranda. Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Joaquín de los Santos Molina, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina: Compañeros diputados. Si en algo tenemos que coincidir todas las fracciones parlamentarias de este Congreso es precisamente en no permitir ninguna serie de atropellos; como en este caso está sucediendo en algunos municipios del estado de Sonora.
Es importante estar atentos y dar respuestas firmes para que se pueda, en un momento dado, obligar a que la Cancillería tome o retome el asunto migratorio como algo prioritario.
La posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está de acuerdo en que el punto que presenta la Junta de Coordinación Política. Con el argumento de combatir a bandas organizadas de narcotraficantes y contrabandistas de personas, el procurador general de Arizona, Terry Goddar, inició una campaña para confiscar el envío de remesas a mexicanos, a sus familias, quienes residen en cerca de 25 localidades del estado de Sonora.
La empresa Wester Union, según documentos presentados en la Corte de Estados Unidos el pasado 19 de septiembre, sostiene que las órdenes de aseguramiento son violatorias de las cláusulas de comercio al debido proceso y a la protección igualitaria de la Constitución de Estados Unidos, con lo que perjudica a sus clientes y a la empresa misma.
Las sanciones por advertir a los clientes que sus transferencias de dinero pueden ser demoradas violarían incluso los derechos de la libre expresión, según la misma empresa. Si bien es cierto que se debe combatir con mayor firmeza el tráfico y la trata de personas, así como la delincuencia organizada ligada a las drogas, medidas como la que instrumentó el Procurador de Arizona, lejos de beneficiar la seguridad de los migrantes, daña severamente a cientos de hogares que dependen exclusivamente de los ingresos que envían los familiares que trabajan en los Estados Unidos.
Es evidente que México depende cada vez más de los migrantes que decidieron cruzar la frontera norte, ya que en los últimos tres años los envíos de dinero tuvieron, de acuerdo a las estadísticas del Banco de México, un incremento de un 50 por ciento. Y tan solo en el 2005, nuestro país fue el segundo en el mundo que recibió, en términos absolutos, las mayores remesas de dinero en el mundo.
En promedio, cada trabajador envía a sus familias una remesa mensual de 310 dólares que contribuyen significativamente al mejoramiento de los ingresos en los hogares mexicanos. Además, las remesas son también la fuente efectiva del capital en mercado donde las familias no pueden obtener fácilmente préstamos bancarios y otras formas de crédito comercial.
Las remesas pueden proveer fondos de inversión para mejorar viviendas, pagar cuentas médicas y financiar mejoras comunitarias. Las transferencias de dinero les permiten facilitar la compra de bienes de consumo y tienen un potencial de favorecer el ahorro y la inversión de los bienes productivos de esos hogares humildes. 10 por ciento reciben dinero de sus familias que viven en Estados Unidos y para 40 por ciento de esas familias los envíos son un ingreso único.
Un problema importante relativo a las remesas que tienen que ver con los costos de intermediación por envío de dinero, es tradicionalmente los trabajadores migratorios que tenían que pagar comisiones entre 10 y 25 por ciento por envío de dinero a su país de origen. Estas comisiones son demasiado altas, según el Departamento del Tesoro Estadounidense; y en 2004, los mexicanos que residían en Estados Unidos, pagaron unos mil 500 millones de dólares en comisiones por el envío de sus remesas a México.
La gradual implementación de trasferencias electrónicas de dinero y la apertura a la competencia en este servicio, han disminuido notablemente los costos del envío de estas remesas. Sin embargo, la incautación de remesas constituye una medida arbitraria que lesiona gravemente a cientos de familias mexicanas.
Es por ello que nos sumamos al punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política y exigimos al gobierno federal tome las medidas que considere necesarias para impedir esta violación a los derechos humanos de los migrantes y sus familias. Es todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado de los Santos. Tiene la palabra la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para hablar sobre el mismo tema.
La diputada Ana María Ramírez Cerda: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeros y compañeras legisladores. Las remesas que reciben nuestros paisanos son el fruto de un duro trabajo, mismo que sin exagerar, realizan de sol a sol con la única meta de poder darle una mejor situación de vida a su familia.
El migrante no es un criminal, es un trabajador que se gana el sustento a través de labores honestas, labores que además brindan beneficios no sólo a la economía nacional, sino también a los estadounidenses.
Resulta verdaderamente absurdo que el procurador del estado de Arizona, sin pruebas fehacientes, tenga la ocurrencia de pretender incautar las remesas que nuestros connacionales envían para la subsistencia de su familia. Invitamos al señor procurador de ese estado fronterizo a que visite las zonas deprimidas y pobres de las que se ven obligados a salir todos nuestros compatriotas, para que vea de cerca el dolor que causa la carencia de recursos, la falta de oportunidades; para que se dé cuenta que lo que él intenta hacer sí sería un crimen.
Debemos luchar por revertir, en la opinión pública de los Estados Unidos, esa visión que se tiene sobre los migrantes y su vínculo con actividades ilícitas. Debemos, de la manera más respetuosa pero eficaz, convencer a los Congresos locales, a los gobiernos estatales, al Capitolio, a la Casa Blanca, a cada norteamericano, que esas personas que muchas veces realizan las labores que ellos mismos no quieren llevar a cabo, pero que son imperiosas para el sano desarrollo de su país, no son criminales.
Es momento de que busquemos canales de comunicación eficientes, a fin de lograr verdaderos resultados que no sólo se queden en la retórica, que bien está para los libros, pero que nada sirve en la vida cotidiana de quienes se ven forzados a abandonarlo todo para sobrevivir.
Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, votará a favor de la proposición que nos ocupa para defender nuestra soberanía y el patrimonio de nuestros connacionales que con mucho esfuerzo y en muchas ocasiones sujetos a discriminación, envían parte de sus ingresos para que sus familias radicadas en México puedan tener una vida decorosa. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Ana María Ramírez. Tiene la palabra el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez: Con su permiso señora Presidenta, gracias. Independientemente de las razones legales que se invoquen, este hecho se suma a una serie de acciones que en los últimos meses han transformado el fenómeno migratorio en un hecho prácticamente delictivo.
Lejos del drama humano de la emigración, de las razones sociales y económicas, la única respuesta ha sido la militarización de la frontera; la instalación de alta tecnología para detener a connacionales; la expedición de leyes que violentan sus derechos sociales básicos. El apoyo a organizaciones civiles que portan armas para perseguirlos, pero no los tan anunciados acuerdos, la enchilada completa que anunciaron las administraciones de Bush y del Presidente Fox.
Al margen de su dimensión humana y de su tratamiento integral, las acciones contra los migrantes tienen un criterio eminentemente penal. Penalizar la migración es el peor error gubernamental. Se requieren acciones, programas y políticas públicas que generen empleo, bienestar y que las remesas contribuyan a generar infraestructura, empleo e ingreso que propicien el arraigo en las regiones para que no tengan que sufrir la xenofobia y la persecución.
Tenemos, compañeros diputados, que dimensionar la importancia de las remesas. Ello porque son la principal vía de obtención de divisas para el país. Estamos conscientes que la economía mexicana es incapaz de generar empleo que pueda absorber a los trabajadores mexicanos, resultado de uno más de los incumplimientos de este gobierno de la República, que no pudo alcanzar el crecimiento del 7 por ciento ni la generación de un millón de empleos tan anunciado en este gobierno.
Las remesas de trabajadores mexicanos en el exterior sumaron en 2005 casi 20 mil millones de dólares, aunque la información del Banco de México se dice que representa solo el 78 por ciento de las exportaciones petroleras.
Las remesas de los trabajadores mexicanos son un ingreso vital para el desarrollo integral del país y un factor fundamental para combatir la pobreza. Las remesas no dejan de ser un hecho dramático en cuanto implican dos realidades igualmente ominosas: por un lado, el sacrificio que significa para estos trabajadores el emigrar —en su inmensa mayoría — indocumentados, con el riesgo de sus propias vidas y con el difícil destino no solo de tener que adaptarse a otra cultura sino también que sufrir discriminación y aceptar los trabajos más duros, con los más bajos salarios y, casi en su totalidad, sin prestaciones ni seguridad en el empleo.
Las remesas, en su inmensa mayoría, son fruto de trabajo honesto y esforzado de nuestros connacionales; son la esperanza para millones de familias, para las regiones y para las comunidades, de lograr una vida mejor.
Los envíos de dinero carga a cuestas con altas comisiones en un mercado realmente usurero. Se han presentado diversas iniciativas para que la ley fije las comisiones de las remesas pero, bajo el argumento de libre mercado, se ha hecho caso omiso y los costos pueden ser hasta del 25 por ciento del monto de lo que se envía a este país.
A esta explotación financiera, se puede sumar ahora esta persecución fiscal ilegal, lo que no podemos permitir bajo ningún concepto. Por ello, apoyamos el punto de acuerdo y solicitamos que en un tema que trasciende ideologías y partidos, todos los grupos se sumen y demostremos con unanimidad que apoyamos a los trabajadores emigrantes mexicanos.
Asimismo, los diputados priístas, convocamos a avanzar en el dictamen de las iniciativas que existen y las que se presenten a favor de los trabajadores migratorios. Que el sello de la LX Legislatura sea su vocación social y de justicia, que sea ésta la representación legítima y sólida de quienes menos tienen y que por causas económicas tienen que abandonar nuestra patria. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Agotado el registro de oradores, consulte la Secretaría en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa… (votación). Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el cuarto informe anual de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, julio 2004-diciembre 2005, para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción VII del artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Energía.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe correspondiente al tercer trimestre de 2006, que da cuenta del avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA); el Programa de Empleo Temporal (PET).
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Cecilia Ruiz Herrera y Juan Carlos Jurado Avilés, puedan prestar servicios en la Embajada de Malasia en México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ivette Tapia Saldaña, Ana Patricia Santos Vidal, Gema Jiménez O´Farril Tirado, Mónica del Socorro Lemus Presbítero, Karla Haydee Gómez Carrasco, Raúl René Yáñez, Fernando Antonio Salido Manzo, Mónica Anel Montaño Mendoza, Alejandra Becerra Ortega, Aarón Cortina Sánchez, Alma Laura Martínez Cisneros, Jorge Rosado Coronado, Alella Cruz Jiménez y Virginia Ayala Flores, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Matamoros, Tamaulipas; y Monterrey, Nuevo León, respectivamente y comunica que han dejado de prestar servicio los ciudadanos Penélope Selene Martínez Castañeda, José Alberto Mondragón Martínez y Mónica del Socorro Lemus Presbítero a gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso, túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
El siguiente punto del orden del día es efémeride sobre el LXI aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados:
Ramón Landeros González, del PAN
Carlos Roberto Martínez Martínez, del PRD
Jorge Mario Lescieur Talavera, del PRI
Erika Larregui Nagel, del Verde Ecologista
María del Carmen Salvatori Bronca, de Convergencia
Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo
Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza
Eduardo de la Torre Jaramillo, de Alternativa
Antes de darle a la palabra pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? El diputado Mayans Canabal
El diputado Fernando Mayans Canabal (desde la curul) Presente.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 460 diputadas y diputados. Quien hasta el momento no ha registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta presidencia saluda respetuosamente a todos los integrantes del cabildo del republicano ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, aquí presentes.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Landero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Alejando Landero Gutiérrez: Honorable Asamblea. El primero de enero de 1942 en plena guerra mundial, cuando el mundo estaba a punto de sucumbir bajo la amenaza nacional socialista, representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del Eje.
Años más tarde, en 1945, representantes de 50 países entre ellos México, se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas, para redactar y firmar la Carta que dio origen a la ONU.
La Organización de las Naciones Unidas se creó oficialmente el 24 de octubre de 1945, precisamente hoy hace 61 años, después de que la Carta fuera ratificada por diversos países. Ello daría inicio a una nueva etapa del derecho internacional, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad a través de la amistad, la diplomacia y la cooperación internacional.
Durante sus 61 años de vida, las Naciones Unidas ha tenido alcances y límites, logros y fracasos. Pero lo más importante es que la creación de la ONU ha formado una conciencia de comunidad internacional donde es posible el diálogo político intercultural para prevenir y solucionar conflictos.
Como resultado de las gestiones emprendidas por las Naciones Unidas, los gobiernos han concertado múltiples acuerdos multilaterales que procuran hacer del mundo un lugar más seguro, más libre, con mayores oportunidades de progreso; exigiendo de todos sus miembros el respeto de los derechos humanos y la promoción de mejores condiciones de vida para las personas.
México es miembro de la ONU a partir del 7 de noviembre de 1945; desde entonces, en el seno de la ONU, nuestra nación ha sostenido su vocación pacifista y ha defendido el multilateralismo. Por ello, la comunidad internacional ha hecho un reconocimiento al papel que ha desempeñado México en la política mundial al haberle conferido múltiples responsabilidades; la última en 2006 ha sido la distinción de presidir el recién creado Consejo de Derechos Humanos, propuesto por nuestro país.
La vida de la ONU va de la mano con grandes acontecimientos geopolíticos que han cambiado la historia de la humanidad. Cada uno de estos cambios ha constituido un nuevo desafío para la comunidad global.
Del mundo bipolar que se generó tras los acuerdos de Yalta, donde emergieron dos potencias que se disputaron la supremacía política, económica y militar, dio paso a un mundo unipolar, tras el fracaso del comunismo y la caída del Muro de Berlín. Ese mundo presenció el surgimiento de una superpotencia, con todos los desafíos que representó ello.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 significaron otro cambio en el orden internacional. La forma en como se busca dar respuesta a la amenaza terrorista nos coloca frente a ya no sólo un mundo unipolar, sino unilateral donde se desdeñan los principios del derecho internacional, donde supuestamente, en aras de generar mayor seguridad, se está dispuesto a sacrificar la soberanía de las naciones y la libertad de las personas.
Ante ello, en medio de un escenario internacional complejo, México debe seguir asumiendo un papel activo, de un liderazgo defensor de la paz y promotor de los derechos humanos. Un liderazgo que procure la seguridad, que defienda la libertad y promueva la solidaridad, porque no puede haber libertad sin seguridad, pero tampoco puede existir seguridad sin solidaridad. La paz, la libertad y la seguridad nunca se podrán alcanzar en un mundo global de forma unilateral.
Hoy, desde esta tribuna los diputados de Acción Nacional felicitamos a todas las naciones y a todas las personas que han trabajado por crear un nuevo orden internacional basado en la paz y la justicia. Reconocemos el esfuerzo realizado por el actual secretario general de la ONU, Kofi Annan, y felicitamos al ministro Ban Ki-moon, por su nombramiento como próximo secretario general, quien habrá de trabajar por una reforma integral de la ONU, que haga del mundo un lugar, no sólo más seguro, sino también más justo. Porque como sostiene el premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus: "La justicia —la justicia— es el nombre de la paz". Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PRD. A solicitud del diputado Carlos Roberto Martínez, insértese en el Diario de los Debates, íntegra su intervención.
Tiene la palabra el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. La ocasión nos obliga a reflexionar acerca del papel que este organismo, la ONU, ha desempeñado para el mantenimiento de la paz, la solución pacífica de controversias y el respeto entre las naciones. Todo lo cual, puede resumirse en la voluntad de someter el poder y el uso de la fuerza al imperio del derecho.
La ONU ha representado desde su fundación un esfuerzo mundial por producir una convivencia civilizada con la capacidad de resolver conflictos y divergencias por la vía del diáogo y el apego a la ley. Expresa también la determinación de la humanidad por prescribir y proscribir el uso de la fuerza como método para resolver diferencias.
La ONU se propuso emprender tareas de cooperación en los campos de la educación, la salud, la alimentación y otros más, que son ampliamente conocidas como: la UNESCO, la FAO, la OMS y la UNICEF.
El sistema de la ONU representa la convicción de las distintas naciones del mundo sobre la necesidad de sumar esfuerzos para la erradicación del analfabetismo, de las pandemias, del hambre y otros tantos problemas que limitan el desarrollo del bienestar de la humanidad.
Por eso, al conmemorar este aniversario no podemos menos que extender nuestro reconocimiento a las generaciones que hicieron posible la creación de un sistema con una clara vocación al servicios de todos los pueblos.
Muchos son los conflictos que hemos tenido que enfrentar después de la conformación de la ONU; pero seguramente hubiesen sido muchos más si esta noble institución no hubiese sido creada.
La cooperación impulsada por la ONU ha sido razón de nuevas expectativas y posibilidades para el avance de campos diversos del desarrollo, sin embargo, también han sido las restricciones a esa misma cooperación por parte de las naciones, lo que ha limitado la superación de muchas de las dificultades que ahora enfrentamos.
En forma reiterada se menciona que bastaría un bajo porcentaje del gasto destinado al armamentismo para resolver en pocos años la pobreza en el mundo, la educación y sus problemas y alcanzar mejores niveles de bienestar. Ese dato muestra el tamaño del reto que enfrentamos y, al mismo tiempo, la importancia de una cooperación efectiva con la capacidad de orientar en un sentido común los esfuerzos.
México, como aquí se ha dicho, fue fundador de la ONU y siempre extendió su más amplia colaboración en campos de muchos conocimientos, experiencias y posibilidades. México llevó al alto foro internacional la Doctrina Estrada y tenemos en mente y en el archivo vivo, las aportaciones que realizó a la UNESCO desde el Centro Regional para la Formación de Adultos de América Latina o el relativo a las construcciones escolares o el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa.
Jaime Torres Bodet vive en la memoria mexicana porque fue brillante y segundo director general de la UNESCO.
La vocación internacionalista de México, su solidaridad con los países de menor desarrollo, en especial con Latinoamérica, su bien ganada reputación, la congruencia y continuidad de sus principios, le dan un papel y un prestigio que debe ser reivindicado.
El Partido Revolucionario Institucional, al momento de hacer la conmemoración y la reflexión, reitera su apego a los principios constitucionales que rigen la política exterior del país y que son de naturaleza idéntica a los de la Carta de la ONU. Asimismo, reafirma que luchará denodadamente por preservar dichos principios que en ocasiones parecieron despreciarse por el actual gobierno.
Hoy más que nunca, debemos trabajar todos los mexicanos porque la Doctrina Estrada vuelva a ser una vigorosa presencia en el concierto internacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mario Lescieur. Esta Presidencia saluda respetuosamente a los jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria "Doctor Alberto Zoebisch", de la cuidad de Pachuca, Hidalgo, aquí presentes.
Tiene la palabra la diputada Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Erika Larregui Nagel: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Cada 24 de octubre desde 1948, se honra en todo el mundo la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Sus logros indudablemente han marcado la historia contemporánea de la humanidad, así como también sus fallas, pero en este día hemos de recordar uno de sus grandes aciertos: la dignidad que le ha otorgado al multilateralismo.
Ello ha sido posible gracias al espíritu y a los propósitos que le dan vida, objetivos que son inagotables y que han quedado enmarcados en la Carta de San Francisco. El valor de las Naciones Unidas puede ser resumido a partir de los siguientes puntos:
El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional; el fomento a las relaciones y amistad entre las naciones; la igualdad y el respeto a la libre determinación de los pueblos; la defensa y promoción de los derechos humanos; la cooperación en la solución de la problemática internacional, ya sean de tipo económico, social, cultural, humanitario o de otra índole, pero no olvidemos que en el actual contexto internacional, la vigencia de las Naciones Unidas dependerá de la capacidad que ostente para dar respuesta efectiva a los nuevos retos que tienen por delante, pues deben incluirse, entre sus desafíos, la desigualdad, el narcotráfico, detener la degradación del medio ambiente, el sida, la pobreza, el terrorismo o la carrera armamentista, por sólo mencionar algunos.
La importancia de la Organización radica en su vigencia, en su compromiso y en su apoyo para que todos los Estados miembros cumplan las disposiciones jurídicamente vinculantes a sus principios fundacionales, que deben representar un parámetro único a seguir.
La ONU existe también para promover la igualdad, para colaborar en un marco de respeto por las libertades fundamentales. Vive para promover el desarrollo sostenible y la equidad entre los géneros.
En ese espacio, el débil tiene una voz fuerte y clara. Ahí se encuentra el centro de nuestro empeño colectivo por un mundo mejor. Todos debemos fortalecer las labores de nuestra Organización global, más allá de los intereses particulares y de los obstáculos que debe sortear porque está en el interés de los gobiernos, sociedades e individuos.
El sistema de las Naciones Unidas subsiste en el corazón y la mente de cada ciudadano que lucha por acabar con la violencia y que busca promover la tolerancia, impulsar el progreso, asegurar la equidad y proteger las prerrogativas más fundamentales del hombre: salvaguardar el entorno natural, así como aliviar la miseria.
Las Naciones Unidas son el foro idóneo para alcanzar esas elevadas aspiraciones humanas, pero sólo será exitosa si cuenta con el entusiasmo desinteresado de todos los actores.
Compañeras y compañeros legisladores. La ONU es el único organismo que cuenta con la representación universal. La comunidad de naciones ha aprendido, con duras lecciones como Irak, que poco es su margen de maniobra si las naciones se valen únicamente de sus propios recursos o a través de amenazas.
Solamente unidos podremos lograr la meta de las Naciones Unidas, la promesa de alcanzar la paz, la seguridad y la igualdad, promesa que se basa en el cumplimiento de las normas internacionales, cuyo fin es atender las necesidades más esenciales del hombre.
Desgraciadamente, esos objetivos para millones y millones de seres humanos permanecen como un puñado de buenas intenciones. Todos debemos pugnar, desde nuestro ámbito de competencia, por el cumplimiento de estos compromisos.
La ONU es el punto en el que todos confluimos; un espacio en el que todos ocupamos un asiento por igual, un lugar en el que los protagonismos no deben ni siquiera manifestarse, pues las propuestas exitosas no tienen dueño pues son en beneficio de la humanidad entera.
Es menester que busquemos las vías para acceder a un futuro en que promesas y metas se tornen en realidades para todos. Debemos entender que, en la medida en que tengamos una Organización más fuerte y más sólida, sólo en esa medida, podremos obtener beneficios integrales.
A partir de ello lograremos coadyuvar en esa búsqueda perenne por un mejor porvenir. Es en ese espíritu que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se enorgullece en poder celebrar, desde esta tribuna, otro día más de las Naciones Unidas. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Salvatori, del Partido de Convergencia.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Muchas gracias. Con su venia, señora Presidenta. Señoras legisladoras y señores legisladores. Agradezco su atención. El día de hoy nos convoca una reflexión acerca del futuro de los pueblos, del futuro de nuestros hijos y de la humanidad misma. Hoy se cumplen 61 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas.
Los antecedentes de la Organización de Naciones Unidas se remontan a la creación de diversas organizaciones internacionales establecidas por los Estados, las cuales tenían por objeto cooperar sobre cuestiones específicas tales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se fundó en 1865 bajo la denominación de Unión Telegráfica Internacional, y la Unión Postal Universal, que se creó en 1874. Hoy día son organismos especializados de las Naciones Unidas.
En 1899 se celebró, en La Haya, la Primera Conferencia Internacional de la Paz con el objeto de elaborar instrumentos que permitieran resolver pacíficamente las crisis, evitar la guerra y codificar normas de conducta en tiempos de guerra.
La conferencia aprobó la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y estableció la Corte Permanente de Arbitraje, que comenzó a operar en 1902.
El precursor de las Naciones Unidas fue la Sociedad de las Naciones, organización concebida en similares circunstancias durante la Primera Guerra Mundial y establecida en 1919, de conformidad con el Tratado de Versalles, para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Dicha sociedad cesó su actividad al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial.
También en el marco del Tratado de Versalles, se creó la Organización Internacional del Trabajo, como organismo afiliado a la Sociedad de las Naciones.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas, la cual se firmó el 26 de junio del mismo año. De tal forma que la ONU existe oficialmente desde el 24 de octubre de 1945 y hoy en día son 192 naciones las que ratifican sus principios, valores y fundamentos.
Considerando que el objeto de creación de la Organización de Naciones Unidas lo constituye la preservación de la paz y la cooperación internacional, es importante señalar que aun cuando la finalidad de este propósito continúa vigente hasta nuestros días, resulta indispensable efectuar un replanteamiento sobre los métodos y estrategias para seguir cumpliendo con tan loable labor.
La contribución de la ciencia y la tecnología, las comunicaciones y el vertiginoso desarrollo informático que influyen en el cambio de paradigmas dentro de todas las sociedades, representan el mayor reto para la Organización de Naciones Unidas, pues es menester hacer frente a un mundo globalizado económicamente y, al mismo tiempo, fragmentado no sólo en el aspecto político o ideológico, sino gravemente mermado con las prácticas armamentistas que conllevan al surgimiento de conflictos bélicos y a la exaltación xenofóbica derivada de las grandes migraciones hacia los países del primer mundo, que han sido provocadas por la alta marginación, la pobreza y las todavía existentes dictaduras.
La eficacia del esquema multilateral y de la propia ONU debe replantearse día a día, ante el dinamismo de las transformaciones sociales y económicas del mundo. Para ello, la fracción parlamentaria de Convergencia se pronuncia a favor de promover la igualdad de género, una mejor educación, una mejor salud y así garantizar el desarrollo sustentable.
Proponemos que en el marco de esta conmemoración, en la calidad que México tiene como Estado miembro de la ONU, realicemos un ejercicio de reflexión sobre cómo estamos llevando a cabo el rediseño de nuestras instituciones para responder a las expectativas y necesidades de la sociedad civil.
Esta misma reflexión la hacemos extensiva a su vez a los parlamentarios y a todas las naciones del mundo, por lo que desde esta máxima tribuna hacemos un llamado para sumar nuestras voces y expresar nuestras convicciones, fortaleciendo a las Naciones Unidas como un foro del avance democrático y civilizado entre los pueblos. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Hoy, 24 de octubre, celebramos el 61 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU.
Fue en 1945, cuando por decisión de los representantes de 50 países, entre los que se encontraban los Estados Unidos, China, la entonces Unión Soviética y el Reino Unido, entre otros, determinaron crear esta organización internacional.
La función central de la ONU sería la de asegurar la estabilidad y la convivencia pacífica entre los países e impulsar la cooperación para la solución de los grandes problemas internacionales, una vez que la Segunda Guerra Mundial concluyera.
La ONU nació como expresión del nuevo orden mundial emanado de la posguerra y se convirtió desde un principio en el instrumento que utilizan las potencias del mundo para ejercer su dominio, toda vez que es el medio a través del cual imponen su hegemonía.
Esta organización responde al imperativo de vigilar que el dominio de los países más ricos sobre el resto del mundo se ejerza de forma institucional, mediante el esquema de premios y castigos para quienes se suman o se revelan contra el poder imperial.
Este hecho se constata hoy con las sanciones que impuso recientemente el Consejo de Seguridad de este organismo a la República Popular de Corea, para prohibirle su desarrollo científico y tecnológico y su derecho a contar con armamento defensivo.
Sin embargo, justo es decirlo, la ONU ha sido un espacio político fundamental para desactivar posibles guerras entre las propias potencias, tal como ocurrió durante la llamada Guerra Fría, cuando la paz se vio amenazada por la confrontación ideológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica.
También es preciso decir que una vez que las condiciones mundiales de prosperidad de la posguerra se agotaron, el sistema capitalista entró en una profunda crisis estructural de alcance global que abarcó a la ONU y a los demás organismos internacionales, provocando que ya no sean capaces de responder a los imperativos y a los desafíos que enfrenta el mundo actual.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que la mejor manera de celebrar el aniversario de la fundación de este organismo, es impulsar su transformación y democratización de sus órganos de decisión, para ponerlo realmente al servicio de los pueblos, desterrar el belicismo y el autoritarismo de las potencias.
Hoy, la nueva correlación de fuerzas exige una mayor regulación entre los estados nacionales y el reconocimiento del nuevo papel de las organizaciones no gubernamentales en campos como el medio ambiente, los derechos humanos o la lucha contra la pobreza, por citar algunos.
La transformación de la ONU tiene que enfocarse a impulsar la cooperación internacional y a crear un nuevo orden basado en la paz y en la solución de los graves problemas económicos, ambientales, políticos, sociales y de la pobreza que azoten al mundo. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Blanca Luna Becerril, del Partido Nueva Alianza.
La diputada Blanca Luna Becerril: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Desde su creación, la Organización de las Naciones Unidas se propuso contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, además de promover el desarrollo y el bienestar de las sociedades del mundo. Sin embargo, más allá de los objetivos, los logros concretos de la institución en estas materias, han sido fuertemente criticados, pues actualmente la humanidad no cuenta con condiciones de seguridad y la pobreza y el malestar social son todavía una terrible realidad para millones de personas.
El contexto mundial es sustancialmente distinto. Por un lado, la aparición de nuevas amenazas internacionales que cambiaron la conformación de la geopolítica mundial, terrorismo y crimen internacional organizado, el deterioro del sistema ecológico, la proliferación de armamentos, los enfrentamientos étnicos y las pandemias son algunos de los conflictos que los países han tenido que enfrentar en las últimas décadas.
La evolución de las relaciones internacionales nos han brindado nuevas perspectivas al incorporar nuevos actores, retos y terrenos de negociación y cooperación; temas como la diversidad cultural, la protección del medio ambiente, la equidad de género, el interés superior de la protección a la infancia, los derechos de las personas con capacidades diferentes y los de las personas adultas mayores han trascendido y llevado a las más altas esferas de la política internacional.
Como cualquier país, sociedad u organismo internacional, la historia de la ONU refleja claroscuros, aciertos y desaciertos, grandes proyectos y también severas contradicciones; pero a partir del balance de avances y lecciones se ha buscado hacer efectivos los fines para los cuales fue creada. Se deben encontrar respuestas colectivas creíbles y convincentes para solucionar los problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas.
Es claro que la ONU necesita adecuarse a las circunstancias, realidades y acciones que el constante movimiento y desarrollo mundial traen consigo. Tiene que afrontar los retos y los desafíos que surgen.
La prevención, la diplomacia y la negociación; la solución de los conflictos por medios pacíficos, la justicia, el respeto, la libertad, la cooperación entre los países, la búsqueda por un mejor desarrollo, la transparencia en la administración y la congruencia en la toma de decisiones deben ser realidades dentro de la comunidad internacional. Debemos redefinir y reestructurar la Organización que un mundo como el nuestro demanda. Sin embargo, también debemos entender que para lograrlo necesitamos de la congruencia.
En Nueva Alianza creemos firmemente que no podemos avanzar hacia una nueva etapa en la que los objetivos sean mantener la paz y la seguridad, la prohibición de uso de la fuerza y el respeto irrestricto de los derechos humanos, si no comenzamos primero por buscar los mismos objetivos dentro de nuestro país.
Si en el exterior buscamos promover una visión moderna, democrática y eficaz de la seguridad que permitan el desarrollo y el bienestar de nuestro país, en un sistema internacional confiable y en paz, debemos hacer algo similar en el orden interno. Debemos entender que la seguridad de las y los mexicanos está asociada al proceso democrático, a la promoción y protección de los derechos de cada persona y a la facultad del Estado de procurar el desarrollo armónico en sus aspectos económicos, políticos y sociales.
Demostremos el mismo compromiso que le exigimos a los Estados y a los organismos internacionales. Por su atención, gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Quería interesarme si está bien y no se lastimó. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Eduardo de la Torre, del Partido Alternativa.
El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con el permiso de la Presidencia. Hoy, más que nunca debemos aprovechar el festejo de la construcción de un nuevo orden mundial. Si bien históricamente las relaciones internacionales han estado privadas por la Santa Alianza, por la Liga de las Naciones, por la ONU, este ciclo histórico importante de 1945 a 1989, como lo definieron algunos autores, el equilibrio del poder que más que un equilibrio del poder fue este desequilibrio del poder y un equilibrio del terror, como Jambo Dreyar le llamó a este proceso de 1945 a 1989.
Reformar la ONU de forma radical significa dirigirnos hacia una cosmocracia; el gobierno mundial donde se impulse la democracia interna y la democracia internacional, apoyado de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones multilaterales, de empresas multinacionales, por supuesto de estados nacionales como los últimos actores en este proceso global.
Ya Ulrich Beck, en estas definiciones que daba sobre globalismo, que viene a concretar lo que Mc Luhan decía y definía como la "aldea global", la globalidad, este sistema económico que está imperando en todo el mundo y la globalización donde los estados nacionales son los últimos actores que pueden ejercer este proceso de un rediseño de la ONU.
Esto, ¿por qué? Hoy el mundo está sujeto a los realistas y los neorrealistas, quienes justifican las guerras de cualquier tipo diciendo que son guerras justas. Ninguna guerra es justa en este contexto mundial.
Para los realistas, en particular los neoconservadores como Fukuyama o como Samuel Huntington, esta visión del fin de la historia y del choque de las civilizaciones, es equívoco. Es erróneo. ¿Por qué? Porque piensan que solamente las relaciones internacionales se pueden dar a través de poder y a través de la fuerza.
Los realistas, los neorrealistas no creen que las relaciones internacionales puedan estar basadas en principios, en valores y uno de ellos tiene que ser fundamentalmente para poder coexistir en estas cerca de 200 naciones, 200 países, de manera democrática, de manera armónica.
La democracia ha tomado carta de naturalización. Desafortunadamente no en todo el mundo pero esto tiene que ser con los nuevos valores de la propia ONU, el derecho a la injerencia en estados profundamente autoritarios.
Esta posición, por supuesto, es la que se tiene que extender en todo el mundo. Una imposición civilizatoria —si se me permite la expresión— donde la democracia sea el espacio natural de resolver los conflictos de manera civilizada. No solamente a través de elecciones sino también a través de el rediseño de esta nueva institución.
Finalmente, para el grupo de Alternativa, reiteramos la reforma de la ONU tiene que sustentarse en nuevo sistema político mundial que lo definen algunos autores como "cosmocracia". Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado de la Torre. Pasamos al capítulo de iniciativas de los ciudadanos diputados y tiene la palabra la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de reforma y adición a los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Con su venia, señora Presidenta. Vengo a presentar la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
La doctrina de la división de poderes fue formulada con el fin de separar funciones del estado de distinta naturaleza pero también, fundamentalmente, para debilitar la tendencia a abusar del poder sobre el ciudadano a hacer uso de los impuestos para provecho propio, utilizar los cuerpos de seguridad para asuntos personales, en fin, para evitar los efectos que la perversión de la concentración de poder tiránico ocasionaba en detrimento de la comunidad y de la persona.
Montesquieu, como los progresistas de su época observó que si el que elaboraba la norma no era el mismo que el que la aplicaba y sancionaba su no aplicación, la sociedad padecería menos abuso de poder y cada una de estas funciones se realizaría de manera más imparcial.
Tres siglos después hemos visto cómo se ha desenvuelto la división de Poderes en naciones como la nuestra, y discutimos reformas de Estado para seguir desconcentrando el poder porque subsisten abusos y deficiencias en los deberes de nuestros tres Poderes; particularmente se sigue concentrando el poder no sólo en el Ejecutivo, sino también en algunos casos señalados, en miembros del Legislativo. Si esto es que la doctrina se ha preocupado básicamente de dividir el poder público porque el poder entre más pequeño es, es menos peligroso; pero también el poder privado es peligroso y no se diga la concentración de poder público y poder privado.
Los viejos constitucionalistas mexicanos de 1857 y más aún los reformadores, se preocuparon de los fenómenos de su época y pusieron especial cuidado en separar el poder.
En su diseño de división de Poderes, se esmeraron en que el Poder Legislativo no heredara o no contuviera intereses que provinieran directamente del Poder Ejecutivo. Por ello en su artículo 57 se dictó: "el cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión o destino de la Unión en que se disfrute sueldo".
En la sesión del 17 de septiembre de 1856 se discutió ese artículo y fue aprobado por 64 votos a favor y 18 en contra. El diputado por San Luis Potosí de ese entonces, Antonio Ruiz de Bustamante, argumentó que apoyaba ese artículo toda vez que con ello se buscaba que los diputados no se distrajeran en otras funciones, y a su vez asegurar su independencia del poder para lograr mejorar esos objetivos.
Francisco Zarco en uso de la voz fue enfático al sostener que las incompatibilidades, es decir, que no se pudiera ejercer a la vez el cargo de diputado y cualquier otro, dijo en su intervención que. "necesario es en verdad por el bien del servicio público, declarar que el diputado no puede al mismo tiempo desempeñar ningún otro empleo porque prescindiendo de las influencias del poder, la experiencia demuestra que es físicamente imposible que un solo hombre basta para dos cargos públicos si se quiere desempeñarlos con conciencia y patriotismo".
El creador de la "procuraduría de los pobres", Ponciano Arriaga, en su turno compartió las opiniones de Zarco y manifestó que cedió a las indicaciones hechas en el debate por sólo asegurar de una manera absoluta la independencia de los diputados.
Seis décadas después, el seis de diciembre de 1916, el primer jefe del Ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, presentó su propuesta de redacción del artículo 55 del Congreso constituyente y el dos de enero de 1917 fue retomado el dictamen de primera lectura.
Entre los requisitos que para ser diputado el Congreso constituyente del 17 decidió incluir, fueron: no estar en servicio activo en el Ejército federal ni tener mando en la policía o gendarmía rural, así como la obligación de separarse de su encargo 90 días antes de la elección para algunos servidores públicos que deseaban ser candidatos.
En la reforma al artículo 55 de 1977 se señala que para ser incluido en las listas de circunscripciones electorales plurinominales, como candidato a diputado y en la reforma de 1994, queda que para ser diputado se requiere no ser secretario o subsecretario de Estado o ministro de la Suprema Corte de Justicia, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. Estos principios han reforzado la independencia del legislador, del Poder Ejecutivo para evitar, lo más posible, que se presenten conflictos de interés.
Desde Montesquieu nos preocupa de esa independencia del Legislativo del Ejecutivo insistentemente. Claro, él vivió tiempos de todo poderoso monarca que obligaba caprichosamente al pago de retribuciones, no rendía cuentas a nadie de lo que hacía con esos dineros, y si algo reclamaba lo enviaba directamente a la guillotina, porque el concepto de derechos prácticamente no existía.
Pero nuestra historia nos ha enseñado también insistentemente que no solamente la concentración de poder público es peligrosa. Como ya decía antes, aquí hemos tenido que separar el poder del Estado del poder del clero. Y nos ha tocado también observar la concentración del poder económico de manera inimaginable, es más, nos ha tocado ver cómo los grandes poderes económicos tienen emisarios que resguardan sus intereses en los poderes públicos, bueno, hasta hacen leyes a su medida los banqueros, las grandes televisoras, etc. etc,
Creo que ése es el gran tema de la doctrina política actual, cómo evitaremos la concentración del poder, el abuso del poder que hoy se concentra efectivamente no en el ámbito público sino en el privado. En los llamados grandes poderes informales que son los que en realidad eligen, sancionan, disponen de los grandes bienes nacionales. Por lo pronto, compañeras y compañeros, me quedo en la parte más obvia y modesta de esta reforma de Estado pendiente.
Esta iniciativa de reforma propone combatir el tráfico de influencias, que se presenta mediante quienes aprovechan el cargo de legisladores para dedicarse a medrar con el patrimonio público, mediante la concentracíón de adquisiciones, venta de terrenos, ya sea con resoluciones administrativas o sentencias favorables en contra de la nación.
Por lo anterior antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa.
Artículo Unico. Se adicionan los artículos 612 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión, empleo de la Federación o de los estados, por los cuales disfrute el sueldo sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en el ejercicio.
Se adiciona. Tampoco podrán emprender un negocio comercial o litigioso por sí o en nombre de un tercero con o en contra de cualquiera de las instituciones del Estado del que esperen algún tipo de retribución cuantificable pecunariamente, a menos que se trate de la defensa de derechos aceptado por un acto administrativo individualizado que le afecte directamente a su esfera jurídica. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador y deberá devolver la retribución que como diputado o senador recibió mientras que incumplió el artículo.
Artículo 108 —y termino. Ultimo párrafo. El desempeño de los cargos del servicio público es compatible con las actividades académicas docentes y de investigación científica en las instituciones públicas y privadas de educación. Los servidores públicos tienen prohibido realizar cualquier tipo de actividad comercial o litigioso, remunerada o no, por sí o por un tercero, con o en contra de los poderes u órganos autónomos federales, estatales o municipales.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Gracias diputada Batres. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se confiere el uso de la palabra al diputado Tomás Gloria Requena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Tomás Gloria Requena: Con su venia señora Presidenta. Honorable Congreso de la Unión. Los que suscribimos, diputados federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración y a la aprobación del Honorable Congreso de la Unión, por conducto de esta Asamblea, iniciativa de ley que reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Desde la iniciativa de Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Ejecutivo Federal propuso en el artículo 2 de la misma que por su situación particular se tuviera una tasa menor de este impuesto en la franja fronteriza de 20 kilómetros, paralela a la línea divisoria internacional del norte del país. y en las zonas libres de Baja California, norte de Sonora y Baja California Sur, al aplicable al resto de la República, siendo aprobada por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de diciembre de 1978.
Posteriormente, en la primera reforma de esta ley publicada en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1979, fue extendiéndose el beneficio de la aplicación de la tasa menor a la franja fronteriza sur de 20 kilómetros colindantes con Belice y Centroamérica.
En la exposición de motivos de la decimaquinta reforma se propuso la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las franjas fronterizas y zonas libres del país, por lo que se derogó el artículo 2 de la ley, homologándose la tasa del IVA en todo el territorio nacional y publicándose la reforma en el Diario Oficial de fecha 21 de noviembre de 1991.
Nuevamente, en la vigésima reforma de la ley publicada en el Diario Oficial el día 27 de marzo de 1995, se regresó al tratamiento diferenciado anterior a la derogación, estableciéndose en el último párrafo del artículo 2 lo siguiente:
Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros, paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo,. en el municipio de Cananea, Sonora, así como en la región parcial del estado de Sonora. En la última reforma a la ley, publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 2002, se agregó al último párrafo del artículo 2 el municipio de Caborca, Sonora.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establece como objetivo rector el promover el desarrollo regional equilibrado que tiene como propósito lograr un desarrollo competitivo para cada una de las regiones en que se dividió con dicho Plan al país.
Así pues, en el estado de Tamaulipas, el municipio de Valle Hermoso es frontera con los Estados Unidos de Norteamérica; sin embargo, su cabecera municipal se encuentra a 40 kilómetros de la frontera con dicho país, por lo que para efectos prácticos ya se considera este municipio como región fronteriza.
Lo anterior genera que la cabecera municipal de Valle Hermoso se encuentra ante una grave desventaja económica frente a otras ciudades fronterizas, debido a que no obtiene los beneficios de ser considerada región fronteriza para los efectos de esta ley.
El artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que los contribuyentes residentes en la región fronteriza aplicarán una tasa del 10 por ciento y no la tasa general del 15 a los actos o actividades por los que se deba pagar el Impuesto al Valor Agregado, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en esa región.
La aplicación de la tasa del 10 por ciento en los casos mencionados se ha justificado porque las condiciones geográficas existentes en la región fronteriza hacen que los consumidores nacionales se vean motivados a realizar la adquisición de bienes y servicios en las ciudades fronterizas limítrofes de los Estados Unidos de América, con el consecuente impacto desfavorable en la economía de dicha región.
Por otra parte, en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, los habitantes han visto afectada su economía por el desplazamiento de los consumidores hacia las ciudades vecinas de Estados Unidos de América, fenómeno que ha deprimido en forma significativa y grave la economía de dicho municipio.
Esta situación se explica por su ubicación geográfica y por las vías de comunicación con que cuentan, que hacen muy difícil el consumo del comercio nacional y facilitan el desplazamiento comercial aludido.
La petición de que nuestro municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, forme parte de la región fronteriza, aún y cuando se encuentra dentro de la franja de los 20 kilómetros y la cabecera municipal a 40, se justifica. Además, debido a que ya existe un antecedente en donde se declaró por decreto presidencial que el municipio de Caborca, Sonora, quedará comprendido en la región fronteriza para efectos fiscales, por las mismas y exactas circunstancias.
Por ello, se estima necesario proponer que se aplique el tratamiento fiscal en materia del impuesto al valor agregado de la región fronteriza, a la totalidad del municipio citado, con la finalidad de promover el comercio y el empleo en el propio municipio; mejorando así su desarrollo, la situación económica competitiva y evitando la salida de divisas al extranjero.
Por lo que un servidor, diputado Tomás Gloria Requena, a nombre de los diputados federales del estado soberano de Tamaulipas, proponemos el siguiente
Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue
Artículo 2º. Para los efectos de la ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de los 20 kilómetros, paralela a la líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y Cananea, en Sonora, la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguiente límites:
Al norte la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado, hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio de Plutarco Elías Calles. De ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de este río hacia el norte, hasta encontrar la línea divisoria internacional; así como el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Transitorios
Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Por los diputados federales del estado soberano de Tamaulipas. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Gloria Requena. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. En México cada año mueren más de 50 mil personas por la adicción al tabaco. A pesar de que destinamos más de 30 mil millones de pesos anuales para combatir las enfermedades relacionadas con dicha droga legal, las estadísticas son contundentes: los fumadores son 30 veces más propensos a padecer cáncer pulmonar; cinco veces más a sufrir cáncer de laringe, cuatro veces más en padecer cáncer bucal y dos veces más a sufrir un infarto en el miocardio.
Conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones se estima que en nuestro país por lo menos 20 millones de mexicanos han fumado alguna vez; dentro de los que destacan más de 16 millones 500 mil jóvenes, entre los 15 y 19 años; alrededor de 5 millones 500 mil niños, entre los 10 y 14 años; aproximadamente 4 millones 190 mil personas, entre los 20 y 24 años.
Podemos observar que el mayor grupo de personas que son potenciales fumadores son los adolescentes, cuyas edades oscilan entre 15 y 19 años, por lo que probablemente las tabacaleras vean un mercado atractivo en ese sector de la población.
Tampoco podemos dejar de señalar que según dichas encuestas, el consumo de tabaco en menores de 18 años es alrededor de un millón de niños y adolescentes cuyas edades se ubican entre los 12 y 17 años.
Por las razones mencionadas y considerando que para las tabacaleras existe un mercado potencial en las niñas, niños y jóvenes, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde vengo a presentar ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto, con la cual se propone, mediante la reforma al segundo párrafo del artículo 277 de la Ley General de Salud, que no se venderán o distribuirán cigarros en cajetillas que no contengan adheridas el signo distinto de control sanitario y fiscal, denominado marbete.
Asimismo, a través de la adición de un último párrafo al artículo 276 de la Ley General de Salud, también se propone que dichos marbetes no imposibiliten la visibilidad de las leyendas y mensajes que deben figurar en las cajetillas de cigarros.
Mediante la incorporación de marbetes en los empaques de cigarros se pretende que el gobierno federal tenga un mayor control sanitario y fiscal en beneficio de la salud pública y recaudación tributaria. Para aquellos que adquieren cigarros, mayor comprensión de lo que están comprando y que esto no se encuentra adulterado o falsificado; para las tabacaleras, beneficios en la reducción del contrabando y piratería de cigarros que se lleva a cabo en el sector informal de la economía, que no pagan impuestos, desalientan la inversión y no ofrecen seguridad social a las personas que laboran en este mercado ilegal.
En otras palabras. El marbete constituye un mecanismo que minimiza la asimetría de información entre los demandantes de tabaco, el gobierno federal y la industria tabacalera.
Se tendrá un control estricto de todas las cajetillas de cigarros que se comercializan en el país, identificando aquellas zonas en las cuales se presentan problemas de consumo de tabaco, para así establecer políticas públicas de prevención de consumo de tabaco, principalmente en niñas, niños y jóvenes. Asimismo, implícitamente se aumenta el precio de las cajetillas de cigarros para los fumadores, principalmente para los menores de edad.
Es claro que un aumento en el precio del cigarro para aquellos que ya llevan varios años fumando, no afectaría su patrón de consumo de tabaco, en cambio, para los jóvenes o más aún, para las niñas o los niños, un incremento en el precio que pagan por cigarros sí detendría su consumo.
En este sentido, también por medio de la reforma al segundo párrafo del artículo 277 de la Ley General de Salud, la iniciativa propone que no se podrán vender cajetillas que contengan menos de 20 cigarros, ya que el precio por una cajetilla con 14 es menor que el de una cajetilla que contiene 20, para así hacer más difícil la compra de cigarros por parte de los menores y adolescentes.
La iniciativa que en este día presento a nombre del grupo parlamentario al que pertenezco corresponde a un paquete de propuestas que principalmente buscan mejorar la salud de los mexicanos mediante la reducción del consumo de tabaco, así como también que las autoridades hacendísticas tengan un mayor y mejor control en el mercado de cigarros, disminuyendo el contrabando, la piratería, la adulteración y falsificación que ocurre en le comercio informal de la economía, tendiendo a incrementar la recaudación fiscal en materia de cigarro.
El probable impacto presupuestal que tendrá la presente iniciativa quedaría subsanado en las siguientes sesiones, toda vez que se presentará otra iniciativa con la cual el Estado podrá disponer de los recursos suficientes para financiar la producción y seguridad de los marbetes en las cajetillas de cigarros.
Compañeras y compañeros legisladores. Realicemos acciones legislativas concretas que beneficien a la salud y hacienda pública. Hagamos realidad lo establecido en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, protegiendo la salud de toda persona y en especial la de las niñas, niños y jóvenes, con que todos los días están expuestos a la triste tentación del consumo del cigarro.
Señora Presidenta, le solicito que la iniciativa, así como mi intervención, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Atiéndase la petición de la diputada. Insértese en el Diario de los Debates tanto el texto como su intervención, y túrnese a la Comisión de Salud.
La siguiente iniciativa que había sido agendada por el diputado Humberto Dávila, del Partido Nueva Alianza, a petición del mismo grupo parlamentario se pide se posponga y se agende en el próximo orden del día.
Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Sánchez Barrios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Con permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Toda vez que esta iniciativa ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito se incluya íntegra en el Diario de los Debates. Así, me limitaré a pronunciar una síntesis de la misma.
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
En esta época en que se glorifica al dinero fácil, se hace indispensable recobrar toda la fuerza y dignidad del trabajo. Los jóvenes, que luchan por abrirse paso en la sociedad, demostrar sus capacidades, alcanzar sus sueños, formar una familia y contribuir al engrandecimiento de la patria no pueden ser excluidos del derecho al empleo. Por el contrario, deben recibir el apoyo social para que su energía y talento puedan ser aprovechados plenamente.
Sin dudarlo, en la actualidad el mayor problema para los jóvenes en nuestra nación y en el mundo, es el desempleo. En el país una parte de la población creyó en las promesas del "Gobierno del cambio", sobre la creación de mínimamente un millón de empleos formales cada año; sin embargo, en todo el sexenio no se alcanzó la meta anual planteada. Las medidas gubernamentales para atacar este grave problema social son absolutamente insuficientes.
En nuestra legislación existen disposiciones que en lugar de fomentar el derecho al trabajo, lo obstaculizan. Entre estas disposiciones se encuentra lo señalado en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, precisamente cuando establece que en igualdad de condiciones se preferirá para ser empleado, a la persona que tenga una familia que sostener, respecto de quien no tenga esa responsabilidad.
El reclamo es porque se suprima todo el criterio de preferencia que atente en contra del derecho al trabajo de los jóvenes, especialmente en estos momentos en que el desempleo que les afecta, duplica o cuadruplica —según la actividad— la tasa promedio de desempleo que enfrentan los adultos.
En base a lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones contenidas en los artículos 3, 7, 132 y 154 de la Ley Federal del Trabajo.
Destaco la propuesta del nuevo contenido del artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, que dejaría establecida esta disposición: "Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean; a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo; a los mayores de 30 años que no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico, tengan a su cargo una familia, y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén". Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Sánchez Barrios. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez y el diputado Samuel Aguilar Solís, hasta por cinco minutos cada uno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras, compañeros legisladores.
La suscrita diputada Lorena Martínez y el diputado Samuel Aguilar Solís, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República y 55 fracción II del Reglamento del Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la siguiente
Exposición de motivos
Uno de los graves problemas económicos que vive nuestro país, es la ausencia de una política económica que garantice el crecimiento, que incentive la inversión y combata el desempleo. Esta política errática se ha traducido en un estado depresivo de nuestra economía, falta de oportunidades para generar nuevas inversiones, baja productividad y una caída permanente en los niveles de competitividad.
El gasto público en todos los países es el principal instrumento de política económica y la política económica; es decir, aquella que significa por sus objetivos de procurar el desarrollo y bienestar de las personas, sólo la hacen los gobiernos.
En México, la Constitución General de la República faculta a la Cámara de Diputados en su artículo 74 fracción IV, para aprobar el Presupuesto previo examen, discusión y en su caso modificación al proyecto que envía el Ejecutivo.
Sin embargo y de manera inexplicable o bajo la sombra de la controversia constitucional vivida recientemente, la LIX Legislatura aprobó reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria poniendo en duda seria nuestra soberanía en esta materia; imponiéndonos criterios y directrices para simular una discusión que en realidad no permite alterar el proyecto enviado por el Ejecutivo, dejando a esta Cámara sólo como espectadora.
Hasta el día de hoy, tenemos una ley que si bien garantiza el equilibrio económico con el que nosotros estamos de acuerdo se convierte en una camisa de fuerza que no nos permite intervenir en el diseño del gasto público y hacia dónde deben dirigirse de manera racional esas partidas. Esto, compañeras y compañeros diputados, debe ser inadmisible para esta Cámara.
La LX Legislatura no puede ser rehén y hacer rehén a nuestro país de políticas recesivas y contraccionistas que ni siquiera los países llamados neoliberales aplican. Aquellos son muy keynesianos hacia adentro, procuran subsidios a su agricultura, tienen seguro de desempleo, incentivan exportaciones y cuidan su mercado interno y tienen un déficit público de entre tres y 3.5 por ciento como una medida alternativa de ingresos destinados a inversiones productivas.
En cambio, en las economías como en la nuestra, estas políticas de estímulo a la demanda, como las que se aplican en esos países han sido prácticamente erradicadas por considerarlas nocivas para el desarrollo y crecimiento económicos.
Por ello es importante, compañeros diputados y en vísperas de la discusión del presupuesto que habrá de recibir esta Honorable Cámara en los próximos meses, que revisemos esta facultad de esta Cámara que se vio maniatada, manipulada y prácticamente eliminada en las reformas de la Legislatura anterior.
Qué importante será para nosotros poder reformar esta ley y que le regresemos a la Cámara de Diputados esta posibilidad de influir en el Presupuesto y en la orientación del gasto. Al mismo tiempo que le regresamos a esta Cámara la facultad de ser la responsable de aprobar el gasto fiscal del Ejecutivo habremos de acotar la inducción en el gasto, que en muchos casos ha sido utilizado políticamente, como lo demuestra el Informe de rendición de cuentas 2000-2006 de la oficina de políticas públicas de la Presidencia, en donde se hace constar que se impulsaron 17 megaproyectos de los cuales 15 fueron en beneficio de entidades gobernadas exclusivamente por el Partido Acción Nacional.
De los más de 30 mil millones de pesos que fue el costo de estas obras, cuatro se ubicaron en Guanajuato y absorben las dos terceras partes del presupuesto de estos mega-proyectos. Además, debemos de recalcar que con estas reformas la Cámara de Diputados dejará de convertirse en una simple oficiaría de partes, para poder influir en la vida económica del país.
Es cuanto, señor Presidente. Dejo la iniciativa y le cedo el uso de la palabra a mi compañero Samuel Aguilar.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lorena Martínez. Para hablar sobre la misma iniciativa, tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Gracias, señor Presidente. Como lo ha señalado mi compañera diputada Lorena Martínez, quiero simplemente abundar en las consideraciones para la presentación de esta iniciativa, que tiene por objeto fundamentalmente regresar a esta soberanía las facultades constitucionales en materia de gasto.
Largo es el proceso de la constitución de las formas de representación que hoy llamamos parlamento, como difícil y de graves enfrentamientos con el monarca ayer y con el Poder Ejecutivo después, el lograr sus atribuciones, sus facultades constitucionales.
En efecto, el camino para lo que podríamos llamar los primeros parlamentos fue complejo y diverso. Primero tuvo que lograrse que el rey se encuentre frente a un cuerpo colegial provisto de autoridad representativa.
Segundo, que esta representación sea tan amplia para permitirse hablar en nombre y por cuenta de los intereses generales del reino en su conjunto —como dice Sartori—. Y por último, que la autoridad del parlamento lo sitúe en condiciones de tratar con el soberano, es decir, de obtener una fracción del poder.
¿Pero en nombre de quién, se oponían los comunes al monarca? Se puede decir que en nombre de sus intereses particulares, pero en ese momento histórico los intereses particulares no se oponían al interés general; es más, podríamos decir que esa representación tan estamental del Estado feudal era el interés general.
En un primer momento estos parlamentos medievales se situaban fuera del Estado, pero poco a poco se transformaron en parte del mismo Estado, al lograr el principio de tener al rey en el parlamento, con lo que se aseguraba la promulgación de las leyes que tenían que ver con los tributos en el propio parlamento.
Las funciones de representación se van ampliando y las atribuciones quedan definidas: el rol del parlamento medieval es condicionar el poder votando los impuestos y aprobando las leyes, pero no gobierna. Y vuelvo a citar a Sartori: "los parlamentos deben representar siempre a los representados; de acuerdo, pero también deben representar y tutelar las exigencias del Estado.
Se debe identificar con los gobernados; de acuerdo, pero se debe identificar también con las necesidades del gobierno. Se convierte así en el portavoz del país ante el Estado, pero después debe dar media vuelta y funcionar como portavoz del Estado frente al país".
Es decir, poco a poco los primeros parlamentos van asumiendo las atribuciones de fijar los impuestos, restándole poder al soberano, pero también van asumiendo el control del gasto. Un ejemplo son las Cortes Españolas, donde lo que explica en gran medida su existencia era la aprobación de tributos, la concesión de subsidios y el apoyo financiero solicitado por el monarca para atender las necesidades del reino. Pero también demandaban conocer posteriormente el destino, es decir en qué se había gastado lo recaudado.
Estas atribuciones no las otorgó el monarca, las fue conquistando la representación estamental del poder feudal y con altibajos en su funcionamiento pudo sobrevivir en el ánimo social del Estado absolutista.
Por ello, Adam Smith, uno de los padres fundadores de la economía de política, en el libro cuarto en la primera parte de la introducción señala: "dos objetos son los que representa la economía política considerada como uno de los ramos de la ciencia de un legislador y que debe cultivar un estadista. El primero, suministrar al pueblo o nación, respectivamente, abundante subsistencia; o hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerlos en estado de poder surtirse por sí mismos de todo lo necesario.
Y el segundo, proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos y las expensas o gastos comunes, dirigiéndose en ambos objetos a enriquecer al soberano y al pueblo como tales". Termino la cita.
Pero no es hasta la revolución francesa cuando se decreta que ningún gravamen podrá ser impuesto sin el consentimiento de la nación vía sus representantes y así se empieza en la parte del constitucionalismo moderno. Por eso, la Constitución norteamericana en el artículo primero, sección novena, señaló expresamente: "No hay tributación sin representación".
En 1874, con el restablecimiento del Senado de la República en nuestro país, se discutió y se determinó que la Cámara de Diputados tuviera en forma exclusiva las facultades que afectaran al individuo como tal, en tanto Cámara que represente a los intereses populares.
El artículo 74 señala muy claramente las responsabilidades de esta Cámara en materia de presupuesto. Hasta hace unos meses, la Ley que reglamentaba —y termino— esta disposición constitucional, daba a esta soberanía facultades para la construcción de un presupuesto que orientaba, según criterios de esta representación, el gasto.
Sin embargo, el pasado 30 de marzo, el titular del Poder Ejecutivo promulgó la nueva Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que el Congreso Mexicano había aprobado y donde la Legislatura pasada abdicó de las atribuciones que esta Cámara de Diputados histórica y legalmente ha tenido.
¿Por qué lo hicieron los legisladores de la LIX Legislatura y particularmente los diputados? Lo desconocemos pero como he señalado en mi exposición, largo y difícil ha sido el camino para que la representación popular renuncie a favor del Poder Ejecutivo, de facultades históricas y atribuciones que nuestra propia Constitución nos otorga.
Por ello, hemos presentado esta iniciativa a fin de regresarle a esta soberanía sus plenas facultades y se haga efectiva la representación popular. Es cuanto, señor Presidente. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Samuel Aguilar. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Carlos Rojas Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros. Las democracias modernas están en constante evolución y deben desarrollar la capacidad de adaptarse a las condiciones siempre cambiantes de las nuevas realidades, preservando el objetivo de garantizar y salvaguardar el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y la soberanía popular.
Existe coincidencia entre amplios sectores de la sociedad, partidos políticos y en general en la opinión pública, de que en México se requiere revisar y renovar el marco jurídico en materia electoral, en especial después de las elecciones del pasado 2 de julio. En este sentido, es indispensable dar mayor certidumbre, asegurar la imparcialidad y sobre todo establecer condiciones de equidad que permitan contiendas electorales verdaderamente democráticas, transparentes y en las que puedan participar en igualdad de circunstancias, quienes aspiran a un cargo público de elección popular.
Como da cuenta en sus consideraciones preliminares, la resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las recientes elecciones federales se suscitaron un conjunto de incidentes que pusieron en evidencia algunos vacíos jurídicos que no obstante la validez y legalidad de la elección, se constituyeron en hechos evidentes de inequidad.
De igual forma, del dominio público y motivo de cuestionamientos de los diversos representantes sociales, políticos, económicos y culturales, la intervención que hubo de los poderes públicos, en especial de la Presidencia de la República y de algunas organizaciones sociales y empresariales, con el propósito de inducir el voto del electorado, provocaron la deslegitimación de la elección.
Cabe señalar que en algunos casos esa situación ameritó el extrañamiento y llamados de atención de las autoridades electorales que lamentablemente no fueron atendidos con oportunidad y que al carecer de facultades legales no hubo posibilidad de sancionar una situación que evidentemente vulnera nuestro sistema democrático.
Por eso es que el día de hoy, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y con el ánimo de contribuir al perfeccionamiento de nuestra vida democrática, nos permitimos poner a su consideración la presente iniciativa. Se trata de reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para responder a las nuevas condiciones de pluralidad política del país; pero sobre todo para darle mayor certidumbre a los partidos, a los candidatos y a la ciudadanía para el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
La iniciativa busca evitar que el Presidente de la República, cualquier dependencia pública federal, los gobiernos estatales o la jefatura de gobierno del Distrito Federal, los municipios o las jefaturas delegacionales y los organismos de la sociedad civil, en particular las cámaras empresariales, se extralimiten de sus funciones públicas y sociales y contribuyan con sus acciones a crear condiciones inequitativas o de ilegalidad en la renovación de los poderes.
Se propone también que la promoción de las acciones, obras y programas de gobierno se suspendan, ya sea que involucren el uso de los tiempos oficiales, el pago directo a los medios de comunicación o cualquier otra forma de acuerdo administrativo o fiscal, a partir de la fecha en que concluya el periodo de registro de los candidatos presidenciales.
Asimismo, durante el proceso electoral federal sólo podrán transmitirse por los medios de comunicación electrónicos y escritos, aquellos mensajes gubernamentales relacionados con campañas de carácter cívico, de prevención y promoción de la salud, los relacionados con la seguridad nacional y ciudadana, con la protección civil, con la educación y la cultura y con el cuidado del medio ambiente.
El tiempo oficial que el gobierno federal deje de usar para promover la obra pública en el periodo mencionado, redistribuirá entre los partidos políticos conforme a los criterios establecidos por el Instituto Federal Electoral, y con ello se podrá disminuir el exorbitante gasto que los mexicanos destinamos a las elecciones.
La iniciativa también señala que ninguna persona física o moral u organización de la sociedad civil podrá realizar propaganda o financiarla a favor o en contra de candidato alguno durante el proceso electoral.
La violación de los anteriores ordenamientos, dará incluso lugar a que el Tribunal Electoral pudiera declarar la nulidad de las elecciones.
Compañeras y compañeros diputados. Estamos conscientes de que esta iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de reformas que en su momento deberemos de discutir para avanzar en la transformación del Estado mexicano y del régimen político. Hay temas, como la segunda vuelta de la elección presidencial, la forma de organización del Poder Ejecutivo, las dimensiones del Congreso, la homologación de los calendarios electorales, la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales, la renovación de las instituciones y las autoridades electorales o la regulación de las precampañas, entre otros. Pero me parece que esta iniciativa que sólo aborda algunas de esas cuestiones, puede ser un buen comienzo para emprender las reformas que son necesarias para mejorar nuestro régimen democrático. Los invito por ello, respetuosamente, a sumarse a esta iniciativa, porque estoy seguro que será en beneficio de todos los mexicanos.
Señor Presidente, le solicito que al turnar esta iniciativa a las comisiones dictaminadoras que estime usted conveniente, también se haga un exhorto para que se proceda con la mayor prontitud y con apego a nuestra vida estatutaria, para emitir el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a 30 días.
También le solicito se sirva ordenar la inserción íntegra de la iniciativa en el Diario de los Debates, y si no hubiera inconveniente en que se incluya un par de correcciones que realicé en el último momento. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Rojas. Como ha solicitado el diputado, háganse las correcciones y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos. Tiene el uso de la tribuna el diputado Alberto Amador Leal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente. La iniciativa que hoy presento, compañeras y compañeros diputados, tiene como antecedente una iniciativa presentada el 13 de noviembre del 2001 en mi carácter de diputado federal ante la LVIII Legislatura, habida cuenta que el proceso legislativo de tal iniciativa o en el curso del proceso ha quedado desactualizada.
He decidido retirar la parte de la iniciativa de reformas en la Comisión de Prácticas y Régimen Parlamentario y dejar sólo en la de Puntos Constitucionales las modificaciones al artículo 61 y 65, todas en su conjunto, que tienen que ver con hacer realidad el derecho de opinión y el acceso de los legisladores a los medios de comunicación, y también las condiciones jurídicas e institucionales para ejercer a plenitud la representación popular, tal y como lo marca la Constitución, particularmente lo que concierne a la mediación social y política.
Pensamos que este conjunto de reformas debe formar parte de por lo menos cuatro temas de fondo para hacer realidad el equilibrio de poderes —partiendo del supuesto de que sin equilibrio no hay división de poderes, y que nuestro régimen presidencial sigue siendo en ese sentido un sistema puro en términos jurídico-políticos—, conservando diversas funciones de naturaleza constitucional y también meta constitucional, que en el nuevo escenario de pluralismo, de alternancia y de competencia deben, necesariamente, ser actualizadas.
¿Existe el equilibrio de poderes en México? A mi juicio no o sólo parcialmente. Para avanzar en este imperativo habría necesidad, entre otras, de revisar la facultad de veto que otorga el artículo 72 al titular del Poder Ejecutivo Federal, dado que el conjunto de las disposiciones que contiene obliga a la votación calificada para aprobar una ley o decreto, que en principio haya sido rechazado o/u objetado por el Ejecutivo federal.
Hay que recordar que actualmente tenemos 11 disposiciones legales que han sido observadas por el Ejecutivo.
Segundo. El fortalecimiento de las funciones de fiscalización a través del órgano superior de fiscalización de la Federación de la Cámara de Diputados, que evidentemente está funcionando en condiciones de desventaja, de desequilibrio, respecto al aparato administrativo que no tendría razón de ser, de control y vigilancia del propio Ejecutivo federal, siendo que es una función sustantiva del Congreso, a través de la Cámara de Diputados.
Tercero. La orientación en la competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, para definir el presupuesto anual de la Federación y del Distrito Federal, cuestión abordada hace unos minutos por mis compañeros diputados Lorena Martínez y Samuel Aguilar de manera magistral, y que seguramente aportan ya un elemento valioso para la discusión sobre este tema que es igualmente crucial en el propósito de división y equilibrio de los Poderes.
Cuarto. La organización de la vida interna del Congreso. Tenemos que reconocer que el Congreso sigue enfrentando enormes dificultades sea por el impacto del pluralismo, sea por la excesiva centralización de funciones que en principio ha puesto atención en los controles y en la cohesión interna de las fracciones, más que en el despliegue pleno y creativo de las iniciativas de los legisladores. Este es un asunto que no se ha podido destrabar, que yo recuerde por lo menos desde la LIV Legislatura, que he tenido el privilegio de estar como miembro de esta Asamblea.
Lo que pasa es que la legislación como la cultura parlamentaria, tiende hacia el concepto clásico de observar únicamente los procesos legislativos y sólo de manera marginal a los de representación popular. De esta forma se desatienden dos funciones que nos parecen básicas en la vida del Congreso y en el papel de los legisladores: el ejercicio real del derecho de opinión y la mediación social y política, que es parte sustantiva de las exigencias y demandas de la ciudadanía.
Es por ello que proponemos en primer término modificaciones a la Ley Orgánica y a la Ley Federal de Radio y Televisión. Entiendo que es un tema que sigue a debate, que es un tema que hay que tratar con el cuidado debido. Pero yo quiero reconocer que la existencia del Canal del Congreso muestra que es posible, que ha sido posible y factible tener un esquema combinado del Canal del Congreso, con la televisión comercial, con los sistemas de radio y televisión culturales, y que por lo tanto es necesario que ampliemos la capacidad para que el Congreso tenga no sólo el canal de televisión, no sólo en la cobertura que ya tiene en el sistema satelital y en el sistema de cable, sino también en lo que concierne a las estaciones de radio.
Proponemos también una reforma importante para que el tiempo gratuito de los concesionarios comerciales de radio y televisión, pase de 30 a 60 minutos y que el 50 por ciento corresponda al uso del Congreso.
Pudiera parecer igual, un tema difícil de abordar, pero me parece que el imperativo nacional y seguramente la sensibilidad de los concesionarios abrirán un espacio para poder sacar adelante un reforma de esta naturaleza.
Por último, en cuanto a la mediación social proponemos de manera fundamental una modificación al artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; para que el 10 por ciento del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea ejercido por dichas entidades, a propuesta de los legisladores. No es un tema que no se haya abordado, que no esté incluido en las legislaciones de otros parlamentos o incluso, en congresos locales de varias entidades federativas.
El tema es de la mayor importancia para —insisto— el reconocimiento y el ejercicio real de la representación popular en su sentido más amplio; y nos ayudaría, además, a evitar vicios, a evitar confusiones, a evitar que los propios legisladores tengamos que andar buscando esquemas de negociación; sea con el gobierno federal, sea con los gobiernos de los estados, sea con los municipios.
Compañeras, compañeros diputados. Creo que no es momento de atender visiones o intereses parciales entre las fracciones parlamentarias o al interior de las propias fracciones. No conviene al interés de la nación, la estrechez conceptual y operativa en el funcionamiento del Congreso y en el despliegue —insisto— de la representación popular de la que somos depositarios los senadores y los diputados.
Esta Legislatura no puede, no debe, dejar pasar una vez más la oportunidad de construir las condiciones jurídicas e institucionales para que el Congreso mexicano sea un garante real del equilibrio de Poderes. Muchas gracias, señor Presidente.
Entrego la versión íntegra de esta iniciativa para que sea incluida en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Radio y Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Vadas y Juan, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorena Palacios Dueñas y Cariño Areli Padilla Díaz, para prestar servicios en la Embajada de Italia en México.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla, para prestar servicios en las embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rocío Yaneth Córdova Montijo, Pedro Omar Zamora Borbón, Francisco Santiago Rojas López, Ramsés Arturo Leyva y Carlos Alonso Basurto Álvarez , para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Concepción Valle Barraza, Norma Liliana Aguilar Garza, Édgar Daniel Zamudio Llamas, Michelle Bardales Martínez, Pilar Vanessa Posada Quintana e Ismael Torres Ramírez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se le dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a los Secretarios poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Vadas y Kuhn para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Tomas Camberos Vizcaíno para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorena Palacios Dueñas y Cariño Areli Padilla Díaz para prestar servicios en la embajada de Italia, en México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla para prestar servicios en las embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América en México y en su consulado en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rocío Yaneth Córdova Montijo, Pedro Omar Zamora Borbón, Francisco Santiago Rojas López, Ramsés Arturo Leyva y Carlos Alonso Basurto Álvarez para prestar servicios en el consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. Al no haber quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Concepción Valle Barraza, Norma Liliana Aguilar Garza, Edgar Daniel Zamudio llamas, Michelle Bardales Martínez, Pilar Vanessa Posada Quintana e Ismael Torres Ramírez para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Nogales, Sonora, y en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos para proceder a la votación nominal de los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónica.
El diputado Fernando Enrique Mayans (desde la curul): A favor la intención del voto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa que se emitieron 420 votos en pro, cero en contra y 10 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 420 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales
En el capítulo de proposiciones, la Presidencia recibió del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo. Túrnese a la Comisión de Cultura.
El diputado Miguel Angel Solares Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal informe la naturaleza jurídica del acuerdo entre la profesora Elba Esther Gordillo Morales y Felipe Calderón Hinojosa, por el que se otorgaron recursos para la rezonificación salarial de los docentes del país. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El diputado Isidoro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se concede la palabra al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda entregue al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos que corresponden conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRD de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Mexicano del Petróleo tiene como objetivo realizar investigación y desarrollo tecnológico para el sector petrolero. Sus ámbitos de trabajo incluyen estudios en geología, geofísica, química, protección al medio ambiente, microscopía electrónica, refinación y explotación de yacimientos de aguas profundas, entre otros aspectos relevantes para la industria.
Por cierto y pensando en el accidente de Pajaritos, en torno al cual hemos acordado solicitar información pormenorizada, uno de los aspectos de la industria en lo que más ha hecho trabajo el Instituto Mexicano del Petróleo es precisamente el relacionado con la seguridad industrial, cuya relevancia no está por demás remarcar.
Ahora bien, pese a su importancia, desde hace más de 25 años el Congreso no dota de recursos presupuestales al Instituto Mexicano del Petróleo, por lo que sobrevive de los servicios que vende a Pemex. Esta situación significa una desnaturalización del Instituto, el cual se ha convertido en una empresa parapetrolera, en lugar de seguir siendo un instituto de investigación.
Con la aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex que entró en vigor este año, en el artículo 254 bis de la Ley Federal de Derechos se estableció que Pemex Exploración y Producción estará obligada al pago del derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía, aplicando la tasa de 0.05 por ciento al valor anual de la producción de petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, y entregando el monto correspondiente al Instituto Mexicano del Petróleo.
Ahora bien, de los anticipos que Pemex Exploración ha transferido, la Secretaría de Hacienda sólo ha entregado al Instituto Mexicano del Petróleo 12 y 25 millones de pesos, correspondientes al primero y segundo trimestre del año 2006 respectivamente; de los 202.8 millones que le corresponden por ese lapso al instituto.
Esto último porque la Secretaría de Hacienda ha decidido entregar solamente recursos en función de los excedentes petroleros. Sin embargo, la Ley de Derechos es clara. Al Instituto Mexicano del Petróleo se le deben aportar recursos en función del valor total de la producción.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución.
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que con la mayor brevedad entregue al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos a que hace referencia el artículo 254 bis de la Ley Federal de Derechos, dando con ello fiel cumplimiento a la disposición que obliga a Pemex Exploración y Producción a cubrir el pago anual del derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía.
Firman este punto de acuerdo el diputado Manuel Minjares Jiménez, del PAN; el diputado José Antonio Arévalo, del Verde Ecologista de México; el diputado Ricardo Cantú Garza, del PT; el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del PASC; el diputado Ramón Valdés Chávez, de Convergencia; y el diputado Mariano González del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Alejandro Sánchez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución. En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría si es de aprobarse la proposición.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Comuníquese.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento a la Asignación de Recursos Destinados a la Homologación Salarial de los Trabajadores de la educación.
La diputada María del Carmen Pinete Vargas: Con su permiso diputado Presidente. En mayo de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica por los gobiernos federal y de las 31 entidades federativas, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se abrió una nueva etapa en la historia del sistema educativo nacional.
La federalización de la educación básica y normal a que dio lugar la firma del citado acuerdo y la firma de los convenios de ejecución posteriores, consistió en un proceso de descentralización político-administrativo que transfirió de la Federación, particularmente de la Secretaría de Educación Pública a los estados, la responsabilidad de dirigir los recursos públicos de los niveles básico y normal con todos sus elementos técnicos y administrativos; derechos y obligaciones; bienes muebles e inmuebles y recursos financieros, incluyendo la titularidad de las relaciones laborales colectivas establecidas con los trabajadores al servicio de la educación, agrupados y representados en el SNTE, y que derivó de la reestructuración a cabalidad de los sistemas educativos estatales.
Así, en 1992 la decisión de reformar la educación se estructuró en tres líneas: la reorganización del sistema educativo mediante la descentralización y la inclusión de la participación social; la reformulación de contenidos y materiales educativos, y la revaloración de la función magisterial.
La reforma educativa no sólo se implementó desde un punto vista político-administrativo, sino que también se tradujo en reformas legales precedidas por intensas discusiones al interior del Poder Legislativo, mismas que —como sabemos— culminaron con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993 y con las reformas subsecuentes al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecieron la obligatoriedad de la educación preescolar y secundaria.
A 14 años de la suscripción de este acuerdo, aún quedan por resolver distintas problemáticas derivadas de su ejecución. Una de ellas es la disparidad existente en las remuneraciones del magisterio a lo largo y a lo ancho del país.
Nuestra entidad está dividida en dos zonas salariales: la zona económica dos y la zona económica tres. Las percepciones de la zona dos son mayores que la tres, de acuerdo a estimaciones del costo de vida de cada entidad. Según declaraciones del secretario de Educación Pública, actualmente alrededor de 26 entidades federativas tienen dos zonas económicas y por esta razón el salario que devengan los maestros, aun dentro de una misma entidad, es diferente.
Hoy es necesario desaparecer las diferencias del nivel de ingresos de los trabajadores de la Educación que habitan las diferentes ciudades, es urgente que se atiendan obedeciendo al precepto constitucional de "a trabajo igual, salario igual" y que éste se ha visto trastocado por la diferencia.
El proceso de conciliación de intereses entre las demandas del gremio magisterial y de las finanzas públicas federales y locales, requieren un esfuerzo de conciliación en el Poder Legislativo Federal.
Es por todos conocido que es un tema estacional y que muchos estados del país no han realizado avances. Las llamadas "negociaciones salariales" del magisterio, los niveles de disparidad que estos observan, dan pie a situaciones injustas e inequitativas. El futuro del país será tan fuerte como lo sea nuestro sistema educativo. Seremos mejores en la medida en que nuestras escuelas tengan mayor calidad.
Como mexicanos todos debemos pasar por un aula; ahí se labra nuestro destino, se forjan nuestros anhelos. Lejos del conflicto y de la razón para la confrontación, nuestro sistema educativo debe ser ejemplo de equidad y de justicia; reconocer a las maestras y a los maestros por la parte más sensible, que es su bien merecido salario. El magisterio mexicano espera resultados.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Por el que se crea una Comisión Especial de Seguimiento de la Firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por el gobierno federal y las 31 entidades federativas, referente a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores al servicio de la educación y que además analice lo concerniente al Distrito Federal.
Solicito se sirva publicarlo en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Pinete. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la palabra el diputado Anuario Luis Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda libere recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2006 aprobados por la Cámara de Diputados del Fondo de Apoyo a Proyectos Integrales, destinados a fortalecer procesos de beneficio seco y el acopio y comercialización del café.
El diputado Anuario Luis Herrera Solís: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La economía global, caracterizada por la polarización de la riqueza, profundiza las diferencias entre los países desarrollados y los países emergentes.
Lo anterior se ve claramente en las relaciones de mercado y de equidad que afectan la producción de materias primas agrícolas, donde muchos productores quedan fuera del mercado al no contar con los apoyos necesarios para ser competitivos.
En este contexto, es palpable el compromiso solidario del Poder Legislativo con los productores en la generación de propuestas e iniciativas que fortalezcan la profesionalización y en consecuencia, la eficiencia y la competitividad de las diversas cadenas productivas y de abasto.
La anterior situación no escapa al sector cafetalero. Es importante señalar que ante la crisis internacional de los precios del café, México optó por fortalecer la capacidad de respuesta de la planta productiva fomentando los mercados de especialidad. Incrementando el consumo interno, este esfuerzo se ha impulsado desde el interior de las organizaciones de productores, iniciativas orientadas a la generación de valor agregado y a la búsqueda de mercados de mayor equidad.
En este sentido, los diversos programas de apoyo a este sector han sido orientados fundamentalmente a fortalecer la producción, potenciando la productividad, coadyuvando de manera parcial a profesionalizar algunos aspectos dirigidos hacia la calidad y el acceso a servicios especializados del mercado.
Con el espíritu de impulsar la apropiación paulatina de los medios de producción y fomentar la generación de valor agregado, la Legislatura pasada aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2006, un monto de 252.2 millones de pesos para la constitución y operación del Fondo de Apoyo a Proyectos Integrales destinados a fortalecer los procesos beneficiado húmedo y seco, y el acopio y comercialización del café sectorizados a Sagarpa.
Dichos recursos no han sido liberados como lo consigna la aprobación hecha por esta soberanía a pesar de la reiterada demanda de los productores externada desde el Comité Nacional del Sistema Producto Café y los diversos comités estatales de los estados cafetaleros.
Ante este reclamo, Sagarpa emite los lineamientos y criterios de asignación de dichos recursos de las entidades federativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 16 de agosto del 2006. La publicación de estos lineamientos genera total incertidumbre en el sector de productores cafetaleros porque se establece que para ser beneficiarios de los apoyos, deberán entregarse a la Sagarpa los proyectos a más tardar 15 días después de la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial, período insuficiente para que los productores cumplan con este requisito.
Tomando en cuenta lo anterior, los productores de café presentaron sus proyectos cumpliendo con todos los requisitos y así recibir el apoyo de manera increíble. La dependencia ha señalado que sólo disponen de 70 millones de pesos, argumentando que la Secretaría de Hacienda redujo el presupuesto original de 252.2 millones de pesos en un 72 por ciento.
Derivado de la arbitraria afectación de los recursos efectuada por la Secretaría de Hacienda, los cafeticultores manifiestan su inconformidad y se suman a los acuerdos nacionales del Comité Nacional del Sistema Producto para llevar a cabo diversas manifestaciones, entre ellas una marcha nacional y la toma de oficinas de la Sagarpa para demandar el cumplimiento del ejercicio del presupuesto antes referido.
Compañeras y compañeros diputados. La cafeticultura, una vez más es objeto de la falta de visión y compromiso por parte de las instituciones federales. Con esta actitud, coartan la capacidad de desarrollo y superación de los productores minimizando un trabajo organizado, comprometido por parte de ellos; se traiciona el esfuerzo de los productores por modernizarse, segmentar el mercado produciendo con mejores prácticas de cultivo y de manejo como el café orgánico o el dirigido a los consumidores gourmet, en el que son líderes a nivel internacional.
No obstante, de no contar con el suficiente apoyo del gobierno, en consecuencia, desde esta tribuna hago un exhorto a los titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Sagarpa para que cumplan con lo aprobado por la Cámara de Diputados en la aplicación y ejercicio del gasto autorizado a ejercerse en apoyo a la cafeticultura nacional. De no hacerlo así, serán los únicos responsables de las consecuencias socio políticas que este hecho implicaría. Propongo el siguiente
Punto de acuerdo
Artículo 1°. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que libere de manera inmediata, íntegra, los recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2006 aprobados por la Cámara de Diputados del Fondo de Apoyos a Proyectos Integrales destinados a fortalecer los procesos de beneficiado húmedo y seco y el acopio de comercialización de café. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Herrera. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Ortiz Hernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El diputado Eduardo Ortiz Hernández: Con el permiso otorgado por el Presidente, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para proponer la creación de la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas con base en los siguientes
Considerandos
El Poder Legislativo mexicano en los últimos años ha visto fortalecida su autonomía y capacidad de diálogo con el Poder Ejecutivo. Esto le ha permitido tener una mayor participación en la determinación de las políticas públicas que el país necesita para lograr su desarrollo. Dentro de este marco de interacción resulta importante evaluar la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.
Las mipymes constituyen el 99 por ciento del total de unidades económicas del país, representan alrededor del 50 por ciento del producto interno bruto y contribuyen a generar más del 70 por ciento de los empleos en México.
El gobierno federal teniendo como objetivo lograr un clima favorable al desarrollo industrial en el que se generen más empleos por inversión y autoempleo ha desarrollado diferentes programas para la atención y desarrollo de las mipymes, tales como los programas sectoriales para la competitividad, de los cuales destacan los programas de industria electrónica, la industria del software, la industria del cuero y calzado, así como el Sistema Nacional de Garantías, la incubación de empresas, el Pronafin, entre otros.
Por otro lado, el Poder Legislativo ha dictaminado favorablemente diversas iniciativas, logrando entre otras, reformar las atribuciones y facultades de la Secretaría de Economía y reformar la Ley de Propiedad Industrial en el tema de marcas notoriamente conocidas y famosas.
El mismo grupo parlamentario del PAN, conjuntamente con otros partidos políticos ha trabajado en la ley para el desarrollo de la competitividad de las mipymes. Después de todas estas acciones existe la clara conciencia de que este importantísimo sector debe de seguir avanzando para estar en condiciones de competir a la par con cualquier empresa de cualquier parte del mundo y asimismo seguir integrándose completamente las cadenas productivas, razón por la que se vuelve necesario hacer una reflexión y evaluar todas las acciones que se han llevado a cabo.
Este ejercicio de evaluación debe hacerse de forma integral involucrando a todos los actores que participan en los distintos programas y esfuerzos del gobierno federal, con el ánimo de identificar si los canales y conductos de apoyo establecidos para las mipymes han sido los adecuados y participar en su mejora.
En términos generales se requiere llevar a cabo una evaluación integral de las políticas públicas aplicadas para el desarrollo de las mipymes. Ese gran esfuerzo implica la participación de una comisión que maneje todos los aspectos cuantitativos y cualitativos de las mipymes, que coordinen en un solo espacio la evaluación de todos los programas federales orientados a su fortalecimiento.
El grupo parlamentario del PAN considera una prioridad para la presente Legislatura, la atención de la problemática que enfrentan las mipymes y tiene como finalidad que puedan generarse recomendaciones integrales en materia de políticas públicas como de reformas legales que coadyuven a mejorar resultados de las acciones que se están llevando a cabo a favor de ese sector.
Por lo anterior someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de acuerdo
Unico. Se propone la creación de la Comisión Especial para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de México, que tendrán carácter de especial y se integrarán conforme a lo dispuesto por las comisiones ordinarias y especiales por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Ortiz. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Senado de la República dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 TER de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
¿Se retira del orden? Gracias diputado Guerra. Se informa a la Asamblea que se retira el punto de acuerdo.
Se concede el uso de la palabra… Hay un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a los diputados que representarán a la LX Legislatura en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Dele lectura por favor señor Secretario.
El Secretario diputado Gildardo Guerrero Torres: Como indica el Presidente.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designan a los diputados que representarán a la LX Legislatura en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Esta Junta, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Concertación y la Paz Digna en Chiapas comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados que representarán a la LX Legislatura de esta Cámara en la Comisión de Concordia y Pacificación:
Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: Diputado Francisco Antonio Fraile García, diputada Martha Cecilia Díaz Gorillo. Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, diputado Humberto W. Alonso Razo. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Elmar Daniel Díaz Solórzano, diputado Yary del Carmen Gebhardt Garduza. Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Antonio Javier López Adame, diputada Guadalupe García Noriega. Grupo parlamentario de Convergencia. Diputado Alejandro Chanona Burguette, diputado José Luis Varela Laguna. Grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Abundio Peregrino García, diputado Anuario Luis Herrera Solís. Grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado Ariel Castillo Nájera, diputada Irma Piñeiro Arias. Grupo parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina. diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez. diputado Delio Hernándes Valades.
Dado en el Palacio Legislativo, México, D.F., a los 23 días del mes de octubre del año 2006. Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario de la Revolución Democrática. Diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Alejandro Chanona Burguette, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia. Diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Miguel Angel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor Secretario. Pregunte a los compañeros diputados y diputadas, en votación económica, si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que acaba de leer.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel González Salum, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes se dictamine, y en consecuencia, se publique el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades del estado de Tamaulipas.
El diputado Miguel Ángel González Salum: Con su venia, señor Presidente. Honorable Cámara de Diputados. La Comisión Federal de Electricidad es depositaria del mandato supremo del pueblo de México, establecido en el artículo 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria del artículo 27 constitucional en el sentido de que este servicio público se preste con carácter social.
Hasta hace poco la misma observaba un comportamiento dentro del ámbito tarifario, que obedecía siempre al marco jurídico, es decir, permitiendo el desarrollo de los diferentes sectores del país, a través de las tarifas eléctricas y la forma de aplicarlas.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del mismo año, conteniendo el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas, en el que sin fundamentarlo legalmente y otorgándose una facultad que no tiene, invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo, toda vez que los subsidios se establecen en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, facultad exclusiva de esta Honorable Cámara, según lo establece el artículo 74 fracción IV constitucional; generando esto un nuevo sistema de tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico más cara en un 187 por ciento que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial, afectando al 100 por ciento de los usuarios.
Por todo lo anterior y considerando que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas que la población de los distintos estados de la República se han manifestado por una disminución en el cobro de las mismas:
Que los habitantes de todos los municipios del estado de Tamaulipas están siendo afectados gravemente en su economía familiar al pagar altos costos en el recibo de energía eléctrica, producto de las altas temperaturas que durante la mayor parte del año sufren, y debido al bajo subsidio con el que cuentan.
Que las temperaturas que presentan la mayoría de los municipios de mi estado, Tamaulipas, en temporada de verano, asciende hasta 45 grados centígrados; que no sólo las familias se ven afectadas por el incremento de la temperatura y la humedad, los comercios, restaurantes y hoteles que destinan aproximadamente 50 por ciento de su gasto operativo al pago del recibo de energía eléctrica, llegan a verse afectados también con incrementos de hasta 300 y 400 por ciento en el pago del recibo de electricidad durante el verano.
Que es indispensable la urgente implementación por el Poder Ejecutivo federal a fin de no posponer por más tiempo la necesaria aplicación de criterios justos, equitativos y no discriminatorios en los cobros de los recibos de luz.
El artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Energía, Minas, Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas o ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía, a través del procedimiento señalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.
Que en virtud de esto, no es posible que el consumidor final sea el que pague las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad en su operación de distribución.
En virtud de lo anterior, los diputados federales del estado soberano de Tamaulipas nos permitimos proponer a esta Honorable Cámara, el siguiente
Punto de acuerdo
Igualmente y a solicitud del diputado por el estado Nayarit, Sergio González García, que nos pide que incluyamos en este punto de acuerdo, a los siguientes municipios del estado de Nayarit: San Blas, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, Tecuala, Acaponeta y Huajicori.
Único. Se solicite al titular del Ejecutivo Federal, para que, con fundamento en el artículo 31, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V de la Ley de Planeación y artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las Secretarías de Energía, Economía y la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico o residencial para el estado de Tamaulipas y todas aquellas entidades en donde las temperaturas excedan los 32 grados centígrados.
Asimismo, informen a esta Honorable Cámara de Diputados los criterios económicos, poblacionales, geográficos, climatológicos o de cualquier índole, bajo los cuales han sido definidas las tarifas del decreto del 7 de febrero del año 2002.
Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.
Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el Combate y la Prevención de las Adicciones.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El combate a la prevención de las adicciones debe de ser un tema prioritario de la política de salud de nuestro país. Sin embargo, la creación del Consejo Nacional contra las Adicciones fue una buena intención del gobierno federal, pero su desempeño y los resultados que arroja su existencia no son los deseados para reducir y prevenir el impacto a las adicciones en la población mexicana.
Lo que sí es real es que las adicciones han ido en aumento en nuestro país tanto en los centros urbanos, como en el medio rural, en las últimas dos décadas. Este aumento está asociado a la destrucción del núcleo familiar, producto de un modelo económico que provocó el empobrecimiento masivo de las familias mexicanas, porque privilegió la competencia a ultranza y la intensificación de los ritmos de trabajo.
Fue así como millones de padres de familia de todos los estratos sociales fueron involucrados en una dinámica de destinar mayor tiempo a las actividades laborales en detrimento del tiempo destinado a la convivencia familiar y con los hijos.
El resultado del aumento de las adicciones produjo que se desarrollaran conductas asociadas a la delincuencia, a problemas de violencia en las familias. Por ejemplo, en años recientes, un porcentaje importante de niños, de 8 a 10 años de edad, han pasado a formar parte de los adictos al alcohol, cuando antes se iniciaba entre los 12 y 14 años. Las mujeres con padecimiento de alcoholismo fueron en aumento y abarca también a todas las clases sociales.
Es cada vez mayor el consumo de drogas sintéticas de bajo costo, como el crack, el cristal, las tachas, entre otras, cuyas repercusiones en los adictos son muy graves. A pesar de que el consumo de drogas, el tabaquismo y el alcoholismo han crecido considerablemente, en la sociedad mexicana la respuesta del Estado a la problemática de las adicciones no fue acorde a la dimensión que tomó este problema de salud pública.
El Programa Nacional de Salud del actual gobierno sólo planteó líneas generales para reducir las adicciones al tabaco, al alcohol y a las drogas. La realidad es que nunca se articularon programas y acciones gubernamentales que enfrentaran de manera radical el combate y la prevención a las adicciones.
El gobierno federal y la sociedad en su conjunto tampoco alentaron una política que tomara un carácter de Estado para fomentar la integración familiar y la preparación de los padres de familia para que se reforzara nivel emocional, familiar y social la relación entre padres e hijos, para así prevenir el crecimiento de las adicciones en el seno de la familia.
El Partido del Trabajo y su grupo parlamentario tienen claro que para enfrentar el problema de las adicciones debemos construir una política de Estado que involucre a todas las instancias del sector salud, a la sociedad en su conjunto, a las instituciones de educación superior y al Congreso de la Unión. Por ello proponemos la creación de una comisión especial de combate y prevención a las adicciones, que se constituya en un espacio de enlace entre las instancias involucradas en la prevención y combate a las adicciones.
Asimismo, para que se convierta en un espacio para proponer iniciativas de ley, programas y acciones de gobierno que promuevan el combate y la prevención de las adicciones, así como proponer la instrumentación de mecanismos que permitan a las familias mexicanas rehabilitar a los que sufren esos padecimientos.
Diputado Presidente, solicito que el texto íntegro de esta propuesta sea publicado en el Diario de los Debates. Por su atención, gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Tome nota la Secretaría de la petición del señor diputado y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta, del oficio.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en los artículos 4º y 5º del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios solicitamos sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, el siguiente asunto:
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a revisar las ternas enviadas por el Poder Judicial de la Federación para la designación de los magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin más por el momento, reciba un cordial salud. Atentamente diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Angel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza; diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En ese caso, tiene la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Valentina Batres Guadarrama: Con su venia, señor Presidente. La suscrita, diputada federal Valentina Batres Guadarrama, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral I, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.
Que el pasado 7 de septiembre del 2006, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió el acuerdo número 13/2006 en el que se determinó el procedimiento para la integración de las ternas que serían propuestas a la Cámara de Senadores para la designación de seis magistrados de la sala superior.
Que en sesión privada celebrada el 21 de septiembre el pleno de la Suprema Corte de Justicia formó el primer listado con 160 interesados y el 16 de octubre integró las ternas que envió al Senado de la República.
Que un día después, el 17 de octubre, el magistrado presidente de la Sala Superior informó que dicho tribunal había decidido cancelar los tres fideicomisos que tenía con un saldo de 88.2 millones de pesos. De ese monto decidieron regresar 65.5 millones a la Tesorería de la Federación, anunciando a su vez que van a repartirse los restantes 22.7 millones de pesos como bonos de retiro, por lo que les va a tocar poco más de tres millones de pesos a cada uno.
No dejamos de señalar que el abuso en el uso de los recursos públicos pretende disfrazarse de austeridad y respeto a la legalidad y más bien refleja hasta qué punto algunos servidores públicos pueden abusar de las debilidades existentes en la legislación vigente.
El criterio utilizado para eludir el cumplimiento de la ley está en manos del mismo Poder Judicial que debería ser el principal garante del cumplimiento estricto de la legalidad.
Que ante una decisión trascendental para el país, lo menos que esperamos es que la colegisladora realice una revisión minuciosa de cada uno de los integrantes de las ternas sometidas a su consideración, toda vez que de los 18 candidatos a magistrados electorales 13 pertenecen al Poder Judicial de la Federación, de los cuales siete han tenido relación laboral en la Sala Superior, cuatro más con el Consejo de la Judicatura Federal y que están vinculados directamente con los actuales ministros de la Corte. Solamente dos provienen de instituciones académicas; la última colaboró en el cuestionado Instituto Federal Electoral.
La designación de las ternas fue primeramente desacreditada de inicio a fin por diversas organizaciones, barras de abogados, académicos y personalidades del mundo jurídico, quienes señalaron que dicho proceso únicamente permitiría que las designaciones recayeran, como finalmente sucedió, en las personas cercanas a los actuales ministros de la Corte o a políticos cercanos a la esfera judicial con evidentes intereses en el nombramiento de los magistrados electorales de la Sala Superior, quienes tendrán, entre otras atribuciones, calificar las elecciones federales del 2009 y las presidenciales del 2012.
Que dentro de los requisitos constitucionales y legales, se destaca "gozar de buena reputación". Ahora bien, de las propuestas provenientes del Tribunal Electoral, existe desconfianza en las mismas por la parcialidad en que se condujeron los integrantes de la Sala Superior.
Que en virtud de lo anterior, solicitamos al Senado de la República examinar minuciosamente el perfil y la solvencia ética y moral de todos y cada uno de los propuestos a ocupar el cargo de magistrados electorales de la Sala Superior a fin de no permitir que el Tribunal esté al servicio de intereses político-económicos, sino que defienda los intereses de la República, por ende, de su forma de gobierno.
La honorabilidad, respetabilidad y calidad moral de la mayoría de los aspirantes está en duda. Démosle una oportunidad a la República. Saneemos a sus instituciones electorales, por el bien de todos.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Que la representación nacional exhorta respetuosamente al Senado de la República, a examinar minuciosamente el perfil y la solvencia ética-moral de todos y cada uno de los propuestos a ocupar el cargo de magistrados electorales de la Sala Superior.
Solicito al Presidente de la Mesa Directiva se comunique a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores este exhorto. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición, si es que hay oradores. No habiendo oradores, señor Secretario, consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobada. Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra el diputado Nabor Ochoa López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Director de Petróleos Mexicanos a cumplir los compromisos y obligaciones contraídos con al ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho municipio.
El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante ustedes someto la proposición con punto de acuerdo en calidad de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de motivos
Desde hace varias décadas en el municipio de Manzanillo, Colima, existen dos terminales de almacenamiento y distribución de Pemex; una ubicada en pleno centro de la ciudad y otra ubicada en la comunidad de Tapeixtles, dentro de la misma zona urbana. Lo anterior implica que tres ductos que transportan combustóleo, diesel y gasolina, atraviesen la ciudad desde el centro de Manzanillo.
Esta situación ha provocado que los habitantes de Manzanillo, sobre todo los asentados en las áreas cercanas donde se encuentran las instalaciones de Pemex, manifiesten permanentemente a las autoridades municipales su preocupación por los riesgos y peligros que existen debido a la operación de la paraestatal.
Precisamente el pasado 27 de julio del año en curso, ocurrió en Manzanillo, Colima, el mayor derrame de hidrocarburos de su historia. En la madrugada de ese día la ruptura de un ducto de Pemex ubicado en el centro, provocó el derrame de más de 200 mil litros de combustóleo, según información de la propia paraestatal.
Este hecho causó la contaminación de la bahía y daños en la explanada del jardín principal, áreas verdes, alumbrado, calles aledañas, así como en la red de drenaje sanitario y agua potable. Hubo, pues, afectación al medio ambiente y daños en la infraestructura urbana y sanitaria, afectando también al comercio establecido del centro histórico. La noticia —por sus implicaciones— fue dada a conocer nacionalmente, afectando la actividad turística, una de las principales actividades del municipio.
Desde las primeras horas de ese accidente, personal del ayuntamiento y de la Comisión de Agua Potable y la Armada de México, se dieron a la tarea de controlar el siniestro. Gracias a su intervención se evitaron mayores daños a Manzanillo.
Posteriormente, funcionarios de Pemex Refinación, entre otros, el Gerente Corporativo de Protección al Ambiente, signaron compromisos con el suscrito, —en mi calidad de presidente municipal de Manzanillo en ese entonces— avalados por el Director General de Pemex Refinación, ingeniero Miguel Tame, así como con funcionarios municipales y directivos del organismo operador del agua.
Dentro de los compromisos que se acordaron con el ayuntamiento de Manzanillo, eran los siguientes: la donación de cinco mil toneladas de asfalto, AC20; 300 mil litros de gasolina; 300 mil litros de diesel; tres millones de pesos para obras de infraestructura.
Para dar cumplimiento a esto, el ingeniero José Manuel Olivares Páez, se comprometió a darle trámite en la sesión del Consejo de Administración de Pemex, a celebrarse a fines del mes de agosto; mismos compromisos y obligaciones que fueron ratificados vía telefónica por el Gerente Corporativo de Desarrollo Social de Pemex.
Además, se hizo otro compromiso con el organismo operador del agua; el pago de la cantidad de dos millones 635 mil pesos, que incluyen los trabajos realizados con personal de la CAPDA y la reposición de equipos de rebombeo utilizado de manera extraordinaria por el organismo operador.
Sin embargo, hemos sido enterados que Pemex sólo autorizó una parte mínima de los compromisos hechos con el ayuntamiento de Mazanillo y la CAPDA, haciendo caso omiso de las obligaciones adquiridas por los representantes de la paraestatal.
Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es una exigencia justa de los habitantes del municipio de Manzanillo, someto al Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al Director General de Pemex a cumplir con todos los compromisos y obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.
Segundo. Se solicita al Director General de Pemex, la realización de los estudios necesarios para proponer una serie de soluciones respecto a la forma en que dicha paraestatal opera actualmente y que garanticen la seguridad de los habitantes del municipio, así como las condiciones ambientales de esta zona. Entre estas soluciones, se le solicita considerar la posibilidad de reubicar las instalaciones de Pemex, para compararla con la evaluación de otras alternativas que garanticen el mismo objetivo.
Tercero. Se solicita al Director General de Pemex, que los resultados del estudio mencionado sean remitidos al Pleno de esta soberanía. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores, si es que los hay. No habiendo oradores, señor Secretario, pregunte a la Asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor Secretario. Aprobada y comuníquese.
Hay dos proposiciones que solicitan que sean retiradas del orden del día. Una es del diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; es un punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Bando Solemne para dar a conocer, en el Distrito Federal, la declaración de Presidente Electo.
Y otra es del Diputado Miguel Ángel Solares, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal informe la naturaleza jurídica del acuerdo entre la profesora Elba Esther Gordillo Morales y Felipe Calderón Hinojosa, por el que se otorgaron recursos para la rebonificación salarial de los docentes del país.
Inicialmente se habían turnado cuando se inició este capítulo. Se retiran a petición de ellos. Tome nota, señor Secretario.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ramón Salas López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, la distribución de los recursos sea en forma equitativa a todos los estados del país.
El diputado Ramón Salas López: Con su venia, diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros. Honorable Asamblea. El suscrito, diputado federal integrante de la fracción parlamentaria del grupo del Partido Revolucionario Institucional y además, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
En días pasados la prensa nacional ha dado cuenta de que con las gestiones de la Presidencia de la República se han visto favorecidos ciertos gobiernos afines a ésta, en detrimento del resto de los estados encabezados por los gobiernos opositores al partido en el poder.
Dicha información figura en el Informe de rendición de cuentas 2000-20006 de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, en donde se hace constar que desde la Presidencia de la República se impulsaron, en la actual administración, 17 megaproyectos; de los cuales 15 fueron en beneficio de entidades en poder del Partido Acción Nacional.
El documento informativo de la Presidencia de la República señala que el total de dichas obras es de 30 mil 100 millones de pesos, pero tan solo cuatro de éstas, ubicadas en Guanajuato, absorben 21 mil millones, es decir las dos terceras partes; además de Guanajuato, los beneficiados fueron Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí y Morelos.
Lo anterior, compañeras y compañeros, es una evidencia clara de que el actual gobierno es un gobierno en donde se privilegia la inequidad y ésta ha estado presente. Mientras a los estados gobernados por su partido les llegan recursos millonarios, al resto de las entidades se les da un trato discriminatorio negándoles, incluso, la entrega de los recursos previamente comprometidos.
Es inadmisible que el presupuesto público sea distribuido en base a simpatías y a adhesiones doctrinarias y no en función de las necesidades de la población que en cada región se presentan.
Con base en las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal una explicación sobre los criterios utilizados en la distribución inequitativa de los recursos, privilegiando a las entidades cuyos gobiernos tienen filiación panista, así como los motivos por los cuales no se han entregado los recursos comprometidos a los gobiernos de otra filiación partidista.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos del año 2007 que la Federación envía a esta soberanía, se asigne con toda claridad y se establezca con criterios de equidad los recursos destinados a entidades federativas y se evite con ello la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Salas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a los procesos de liquidación y pensiones de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La venta de las empresas del Estado es uno de los paradigmas de la doctrina neoliberal. En México se ha caracterizado por una serie de actos de corrupción, irregularidades y malos manejos.
Estas anomalías ya eran padecidas por los trabajadores de la paraestatal Ferronales en 1992, cuando se aplicó el programa de retiro voluntario, el cual se caracterizó por un sinfín de irregularidades que fueron avaladas por las autoridades y los líderes sindicales, lo que dio paso a miles de demandas en las juntas federales de Conciliación y Arbitraje.
Las condiciones laborales de los trabajadores ferrocarrileros empeoraron a raíz de la reforma constitucional de 1995 que derogó en nuestra norma fundamental el carácter estratégico reservado al Estado de la actividad económica de los ferrocarriles, y más tarde, con la privatización de Ferronales, en 1997, para garantizar las jubilaciones y las pensiones de los ex trabajadores de dicha empresa, se constituyó, el 19 de diciembre de 1997, el Fideicomiso 5012-6 denominado Ferronales-Jub para administrar los recursos destinados por el organismo en extinción, al pago de las jubilaciones y pensiones.
Con el gobierno de Vicente Fox Quesada se publicó en el 2002 el decreto que extinguía a Ferronales señalando en su artículo cuarto: "Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al contrato colectivo y aplicable a la ley, serán respetados.
"En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el Fondo de Jubilaciones sea insuficiente".
Además, establece lo siguiente: "Hasta en tanto el Comité Técnico del Fideicomiso Ferronales-Jub, constituido en Nacional Financiera, con su número de registro 5012-6, determine que otra institución pública preste los servicios, materia del referido Fideicomiso para la atención de los trabajadores jubilados, el organismo que se extingue continuará prestándolos con sus propios recursos humanos y materiales".
Sin embargo, miles de trabajadores han exigido se reconozcan sus derechos por lo que han interpuesto más de 53 mil demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Por otra parte, la resolución de los laudos ha sido en muchos casos desfavorable debido a una interpretación del contrato colectivo de trabajo discrecional y diferenciada, lo cual es a todas luces irregular. Y en los casos donde los trabajadores obtuvieron un laudo favorable, la empresa Ferronales, en liquidación, no ha cumplido con el pago de las liquidaciones y las pensiones que por ley tienen derecho y otras más, que pagan en forma irregular, a tal grado que tardan hasta doce meses en cumplir con este derecho.
Las autoridades de Ferronales argumentan que no tienen recursos para hacer frente a estas obligaciones extraordinarias; sin embargo, los activos de la paraestatal en liquidación suman más de 10 mil millones de pesos, lo que quiere decir que sí hay dinero.
Cuando se trata de rescates bancarios, carreteros y de ingenios azucareros, entre otros, el gobierno federal sin más incorpora en el Presupuesto de Egresos de cada año fiscal, miles de millones de pesos. Cabe recordar el Fobaproa, que se asignaron para este año más de 36 mil millones de pesos; pero cuando se trata de ayudar a los más desprotegidos, el gobierno no resuelve. Un caso similar lo vivimos con los exbraceros de cómo el gobierno los trajo vuelta y vuelta y nunca resolvió en muchos casos.
Nos queda claro que existiendo los recursos suficientes para resolver este problema, no es atendible, lo cual es muestra de que no es un asunto de dinero, sino de voluntad política.
Con las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración del Pleno, el siguiente
Punto de acuerdo
Artículo 1°. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, para que pague a sus trabajadores pensionados y jubilados.
Artículo 2°. Se exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a regularizar el pago de los trabajadores pensionados y jubilados que resultaron con su laudo a favor.
Artículo 3°. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar recursos en el Proyecto de Presupuesto 2007, para hacerle frente a las pensiones y jubilaciones de los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, que tuvieron un laudo favorable.
Artículo 4°. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral al fideicomiso público 5012-1 Ferronales IU, a su administración, número de beneficiarios y recursos con que cuenta. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gustavo Pedro Cortés. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación. Dé lectura, señor Secretario.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designan los diputados que representarán a la LX Legislatura en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Esta Junta en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados que representarán a la LX Legislatura de esta Cámara en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional: Diputado Cristian Castaño Contreras, grupo parlamentario del PAN; diputado Higinio Chávez García, grupo parlamentario del PRD; diputado Roberto Badillo Martínez, grupo parlamentario del PRI.
Dado en el Palacio Legislativo, México, D. F., a los 23 días del mes de octubre de 2006.
Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría con el segundo acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designan a los diputados que representarán a la LX Legislatura en las Comisiones Bicamerales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y del Sistema de Bibliotecas. Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados. Presente. Esta Junta en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del artículo 132, numeral dos del mismo ordenamiento, comunica para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados que representarán a la LX Legislatura de esta Cámara en las Comisiones Bicamerales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y del Sistema de Bibliotecas.
Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión
Diputado José Antonio Díaz García, grupo parlamentario del PAN
Diputado Luis Venancio Sánchez Jiménez, grupo parlamentario del PRD
Diputado Gerardo Lagunes Gallina, grupo parlamentario del PRI
Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas
Diputada María Elena de las Nieves Noriega, grupo parlamentario del PAN
Diputado Daniel Torres García, grupo parlamentario del PRD
Diputada María del Carmen Pinete Vargas, grupo parlamentario del PRI
Dado en Palacio Legislativo, México, D. F., a los 23 días del mes de octubre del año 2006. Y viene firmado por los representantes, coordinadores de todos los partidos mencionados.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del tres al seis de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se realizará en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el cuatro y cinco de noviembre de 2006. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene la palabra Lucía Susana Mendoza Morales del grupo parlamentario del PAN para presentar proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo y de Fortalecimiento al Federalismo, formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejen a la Cuenca de Lerma-Chapala-Santiago.
La diputada Lucía Susana Mendoza Morales: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea. Los suscritos diputados federales del estado de Jalisco, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Salud, Turismo y Fortalecimiento al Federalismo en conjunto, formen la comisión especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, para analizar su situación actual.
La sociedad y todos los órdenes de gobierno, deben actuar coordinada y permanentemente, para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas que dañen al entorno.
Pensar en el desarrollo hoy en día, inevitablemente, nos lleva a reflexionar sobre la situación ambiental que nos aqueja en varios contextos: el internacional, el nacional y el local. Este último sin duda alguna, cobra y posee mayor fuerza al saber que todos los elementos del desarrollo se encuentran en contacto directo con su gestor, promotor y usuario.
Es aquí donde cobra mayor fuerza la frase ya tan conocida por todos: "Pensar globalmente y actuar localmente". En este sentido las cuestiones del medio ambiente y los procesos de desarrollo humano son sumamente inseparables. Las estrategias y las aplicaciones concretas que se deben de tomar en el contexto local, es de donde emanan las directrices de aplicación, concretar para obtener el desarrollo humano sustentable, y esa perspectiva tiene una dimensión sumamente ética.
La presente propuesta amigos míos, nos sitúa en la necesidad de abordar la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, con una visión integral, con diferentes y diversas ópticas que deberán de tomar en su naturaleza y su punto de especialización las observaciones, y evidenciarán la totalidad de la problemática que aqueja a la cuenca tan claramente —como ustedes bien lo saben—, sumamente compleja la problemática de la cuenca, en los aspectos sociales, económicos y de salud ambiental, para que en corresponsabilidad planteen las soluciones y las estrategias necesarias para su rescate.
Uno de los propósitos primordiales de esta Comisión serán analizar la situación social, ecológica y económica de la cuenca, verificando la calidad del agua, sus volúmenes, el estado de las situaciones volumétricas y el funcionamiento de las estaciones hidrométricas, del uso y gestión que se hace de la cuenca misma.
Honorable Asamblea, bajo el amparo de estos datos, de estas reflexiones, solicitamos y apelamos a la sensibilidad y voluntad política de todos los grupos parlamentarios de esta LX Legislatura, para crear la citada comisión.
Es así que esta soberanía buscando en conjunto y en corresponsabilidad, daremos solución a las problemáticas de nuestro país.
A continuación presentamos el
Punto de acuerdo
Que la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, Agricultura, Desarrollo Rural, Salud, Turismo y Fortalecimiento del Federalismo, formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que corresponde a los estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.
Dos. La comisión especial se constituirá por lo menos por un miembro de cada grupo parlamentario que integrará esta Honorable Cámara de Diputados.
Tres. La comisión especial estará vigente hasta el 30 de abril de 2009. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe al Pleno ante la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso General, de los avances obtenidos por la comisión.
Cuatro. La comisión especial contará con los recursos presupuestales suficientes para la ejecución de los programas y proyectos necesarios que se implementen para el rescate y la puesta en marcha de acciones que requiere la problemática de la cuenca en cuestión.
Transitorio
Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de octubre. Atentamente los suscritos diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional del estado de Jalisco. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lucía Susana Mendoza. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Humberto García Reyes, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministra a los usuarios residenciales de bajos consumos y se otorgue el estímulo fiscal que se indica.
El diputado Humberto García Reyes: Con su permiso, señor Presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, presenta ante esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de acuerdo
Que tiene como finalidad formular una atenta solicitud del Ejecutivo federal, para que amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministra a los usuarios residenciales de bajo consumo y se continué otorgando el estímulo fiscal que en dicho decreto se establece, con base en las siguientes
Consideraciones
El 16 de mayo del año 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto del Poder Ejecutivo, por el que se sujeta a precio máximo el gas natural, suministrado a los usuarios residenciales de bajo consumo y cuya fecha de vigencia se estableció el 30 de septiembre del 2006.
La justificación de dicho decreto se sustenta con el propósito de apoyar a los usuarios residenciales de bajo consumo, que son aquellas personas que adquieren gas natural para consumo en su hogar, igual o menor a los 60 metros cúbicos mensuales en promedio.
3. También en este decreto se establece la reducción en el pago de las facturas para los usuarios finales, hasta en un máximo del 28 por ciento del importe mensual, sin considerar el impuesto al valor agregado, para el gas sujeto a la metodología de precios de venta de primera mano.
Por lo que respecta al gas natural no sujeto a dicha metodología, la reducción se canalizó a través de un estímulo fiscal, otorgado a los permisionarios de distribución del energético. Este estímulo adjudica en el caso de que los permisionarios, descuenten de los usuarios finales, el importe del estímulo fiscal que aplique al consumo mensual de cada usuario.
5. Con la entrada en vigor del decreto se benefició un millón 140 mil familias, cifra equivalente al 67 por ciento, de los usuarios domésticos de gas natural. De acuerdo a estimaciones formuladas por la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República.
6. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el importe promedio de la factura que cubre el consumo de gas natural a nivel nacional para el sector residencial de agosto del 2005 a septiembre de 2006, fue de 280 pesos. Sin embargo, para los últimos cuatro meses de 2005 y el primero de 2006, fue aún mayor al nacional, aproximadamente en un seis por ciento, en promedio.
7. Cabe destacar, que de acuerdo a estimaciones confiables, la ciudad más cara en el consumo final de gas natural, proporcionado directamente por Pemex, es la ciudad de Saltillo, Coahuila. Lo anterior, considerando la base de datos a enero de 2005 y la demanda de una familia representativa, que es de 55 metros cúbicos.
Así, en Saltillo, dicho consumo cuesta 333 pesos, siguiéndole Monterrey, donde cuesta 321 y Chihuahua, con 318; mientras que la ciudad más barata es Querétaro, con 216 pesos, es decir, el costo en la ciudad coahuilense de Saltillo, es casi 35 por ciento, superior al de Querétaro.
Todo lo anterior es resultado de la fórmula que aplica Pemex, para determinar el precio de venta del gas natural, el cual está referenciado al precio que rige en el sur del estado de Texas de los Estados Unidos.
Por esta razón, la economía familiar se ve fuertemente afectada ante las variaciones del precio del energético, considerando que los ingresos de los mexicanos son difícilmente comparables con los de los estadounidenses.
Peores consecuencias deben padecer los consumidores de la franja fronteriza norte de Coahuila, especialmente Piedras Negras, donde Pemex no cuenta con ningún tipo de gas natural, nacional o importado para abastecer a dicha zona, por lo que el distribuidor autorizado debe adquirirlos directamente de los dos únicos proveedores que existen en la región vecina de Texas, quienes sabedores de su condición de únicas opciones de abasto y en acuerdo con las empresas de transporte, fijan el precio del energético de manera unilateral y arbitraria.
Dada la situación anterior, lo cual se agrava ante la recurrente posibilidad de bajas temperaturas en Coahuila y en los estados del norte del país, el grupo parlamentario de Acción Nacional, considera de gran trascendencia social continuar manteniendo el esquema de precios de gas natural, planteado en el decreto del Poder Ejecutivo publicado el 16 de mayo del 2005.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal que, con fundamento en lo dispuesto por las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Competencia, establezca la ampliación de la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2005, por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministra a los usuarios residenciales de bajo consumo y se continúe otorgando el estímulo fiscal fijado en el mismo decreto, por un término que comprenda del primero de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2007. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Humberto García Reyes. Túrnese a la Comisión de Economía. Tiene la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea y da continuidad a la Comisión de Investigación de la Empresa Construcciones Prácticas, SA de CV.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con su permiso, ciudadano Presidente. La división de poderes tiene como razón de ser la aplicación del reconocido principio de equilibrios-contrapeso, en lo político y en lo jurídico la contención de la extralimitación en el manejo de la administración pública por parte del Ejecutivo, que tiene a su cargo la disposición de los recursos públicos de la nación.
Es en este sentido que la visión del Constituyente, dentro de lo que se denomina en el derecho parlamentario la doctrina de la investigación, facultó ampliamente a la Cámara de Diputados para crear comisiones especiales que tengan por objeto investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
Ello en el contexto de la facultad fiscalizadora y de representación del interés público que le es propia y para lo cual, incluso, podrá citar a los secretarios, al procurador, a los jefes de los departamentos administrativos y a los directores y administradores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, a comparecer para materializar las investigaciones autorizadas que permita valorar la eficiencia y legalidad del actuar del gobierno.
En el inicio de este sexenio que está a punto de expirar ocurrieron hechos que suscitaron la indignación popular por la presunción de la comisión de ilícitos contra el patrimonio público en casos como la costosa construcción y equipamiento de las cabañas en la residencia oficial de Los Pinos, lo mismo aconteció con la ampliación y remodelación del rancho San Cristóbal, así como con el vestuario, instalaciones, gastos y personal al servicio de la esposa del Presidente, a lo que se agregó después la probable adjudicación de la paradisíaca playa El Tamarindillo, en Colima y la adquisición, acondicionamiento, compra de ganado, plantación de agaves y construcción de una mansión en el rancho La Estancia, en el mismo estado de Guanajuato.
En este contexto, se conocieron también por la opinión pública los casos de enriquecimiento descomunal y súbito de los hijos de la señora Martha Sahagún Jiménez de Fox, que reclamó el interés de escritores y periodistas que ahondaron la investigación a partir de que ya era público el uso de bienes de la Presidencia por parte de estas personas, asociadas también a hermanos de la señora Sahagún.
El tema cobró relevancia nacional porque en estos negocios se implicaba a diversas entidades del sector público, como a Pemex, IPAB, Sociedad Hipotecaria Federal, entre otras, que por consiguiente —tratándose de áreas supeditadas al Poder Ejecutivo— correspondía atraer para su investigación al Poder Legislativo y en su caso producir las aclaraciones que exigía el interés público nacional en juego.
La Cámara de Diputados recogió la demanda nacional de información por la grave afectación a la moral pública que implicaban los graves acontecimientos del posible tráfico de influencias, en perjuicio del patrimonio nacional y que no podían ser ignorados sin incurrir en responsabilidad por omisión por parte de la representación nacional.
Fue así que la anterior Legislatura aprobó, en los términos del artículo 93 de la Constitución, la integración de una comisión especial, de la que formaron parte proporcional los seis partidos políticos que tenían representación en el Congreso.
La segunda etapa, que fue autorizada el 16 de febrero de 2006 y que inició sus trabajos a partir del 1 de marzo, se logró por la rectificación que tuvo que hacer, en tanto el informe rendido al titular del Poder Ejecutivo en el que se le solicitaba turnar a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación para proseguir en la investigación, sólo fue cumplido en cuanto a la Secretaría de la Función Pública, dejando un vacío jurídico y político, correspondiente a los probables delitos cometidos a través de la empresa Construcciones Prácticas SA de CV y otras relacionadas con la misma, como organismos públicos determinantes en la consumación de un ilícito en perjuicio del patrimonio nacional.
De las actuaciones realizadas en la Comisión para investigar a dichos organismos con Construcciones Prácticas y empresas vinculadas a ésta se logró comprobar la intervención de los hermanos Bibriesca Sahagún al menos en tres participaciones, pagando parte de la subasta del IPAB, actuando como aval en el crédito de Sociedad Hipotecaria Federal y teniendo el carácter de voto de calidad en el Comité Técnico del Fideicomiso.
Esta solicitud cuenta con el apoyo de 127 diputados. Concluyo diciendo que solicitamos se cree una comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra, venta de inmuebles de titularidad pública otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Esteban. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Lectura del orden del día de la próxima sesión.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:42): Gracias, Secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 26 de octubre, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.