El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 390 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:27 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Raza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta. Pido respetuosamente a los señores de los medios de comunicación se sirvan pasar al lugar que tienen asignado. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: El Congreso de Jalisco remite dos acuerdos por los que solicita la asignación de recursos en diversas partidas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Solicitud de licencia del diputado federal Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Están a discusión los siguientes
Puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la II Circunscripción Plurinominal, a partir del 27 de octubre del 2006.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo …(votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación).
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados. Comuníquese.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Invitación del Gobierno del Distrito Federal para asistir al aniversario luctuoso del General Pedro Moreno González.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir, en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados:
Diputado Christian Martín Lujano Nicolás, diputado José Alfonso Suárez del Real, diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo al ciudadano Mario Fernando Ricardo Ancona Teigell.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores relativo al ciudadano Luis Alfonso Medina Martínez.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Oficio de la Cámara de Senadores relativo al ciudadano Conrado Aparicio Blanco.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación. Pido nuevamente a los señores de los medios de comunicación, respetuosamente, pasen a tomar los lugares que tienen asignados para cumplir con la noble tarea de informar. Adelante, señor diputado.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Cinco oficios de la Cámara de Senadores relativos a los ciudadanos José Luis Cuevas y Novelo, Gerardo Clemente Ricardo Vega y García, Ramón Isidro Ortega Cardoso Salinas, Demetrio Mújica Castro y Francisco Tortolero.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Siete oficios de la Cámara de Senadores, con los que remiten las minutas con proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Jonatan Gutiérrez Morales, Damián Hernández Villa, Marco Antonio Pieyrot y González, Héctor Morán Rojo, Pedro Madera Pelayo, José Antonio Cruz González y Erick Sánchez Flores, para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense a la Comisión de Gobernación.
En el apartado de iniciativas de ciudadanos diputados, tiene la palabra la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores diputados. Vengo a esta honorable soberanía a presentar la siguiente iniciativa que reforma y adiciona los artículos ya mencionados por el Presidente de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La evolución de la sociedad conlleva a una revisión constante del marco normativo del desempeño de la función pública. Evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, conservar el equilibrio y la equidad presupuestal de los recursos públicos en los poderes públicos y en los organismos autónomos, son fines y piedra angular de todo estado democrático de derecho.
La rendición de cuentas se encuentra estrechamente vinculada a la transparencia gubernamental y a las remuneraciones de los servidores públicos, pero resulta indispensable instrumentar los mecanismos jurídicos necesarios que permitan establecer los lineamientos sobre los cuales deberá basarse la determinación de la remuneración atribuida al servidor público, la cual deberá establecerse tomando en consideración las responsabilidades y funciones que realice el funcionario público por el ejercicio del empleo, cargo o comisión, de manera tal que el Estado asegure que los ciudadanos que se encuentran desempeñando la función pública, reciban un ingreso digno y decoroso que les permita desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo que las ciudadanía les encomendó.
Ahora bien, si bien es cierto que nuestra Ley Suprema faculta a la Cámara de Diputados, a las Legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa y a los ayuntamientos a aprobar sus presupuestos de egresos, también lo es que la falta de normatividad y de bases mínimas en la Constitución federal respecto a los criterios a los que se debe sujetar la asignación de remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, han hecho que los emolumentos que perciben sean elevados, inequitativos, no guardando relación con la función que tiene encomendada, ni con los criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación de acuerdo al cargo que desempeñan.
Un ejemplo que resulta alarmante es el salario que perciben algunos secretarios de Estado o presidentes municipales, quienes tienen remuneraciones que van desde los 100 mil hasta los 500 mil pesos, los que de manera discrecional o encubierta reciben a través de bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades, ganando incluso más que el Presidente de la República.
Asimismo, la falta de regulación ha propiciado que servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la nación, al término de su encargo, se otorguen sendos bonos bajo los rubros de marcha y otras modalidades, quebrantando de esta forma las finanzas públicas, como se puede observar más claramente en los fondos de retiro de más de tres millones de pesos que se asignaron los ministros.
En 1813 el pensamiento de José María Morelos y Pavón, clarifica las necesidades aún vigentes en México y dice: "La soberanía emana del pueblo y la deposita en el Supremo Congreso Nacional Americano las leyes que dicte el Congreso deben obligar a la constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto."
En el México independiente del Siglo XIX, el debate se centraba entre liberales y conservadores. Los conservadores pensaban en la posibilidad de establecer las estructuras de la sociedad moderna, pero conservando los fueros y privilegios. Los liberales en cambio, pretendían reformar la situación económica, social y política heredada de la Colonia; por ello, en la inauguración del Congreso Constituyente de 1857, Ponciano Arriaga menciona: "algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad y de conciencia; algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos; algún día las ideas serán hechos y la Constitución será una verdad. ¿Ha llegado ese día?"
En el período de Reforma, don Benito Juárez García exalta en su obra la legitimidad con que se ejercía el poder, sus palabras fueron claras: "La autoridad no es mi patrimonio, sino un depósito que la nación me ha confiado muy especialmente para sostener su independencia y honor"
"Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la hornada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala".
Por lo anterior y en aras de fortalecer la transparencia, proponemos la modificación de la fracción XI del artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación que establezca los lineamientos generales a los cuales se sujetarán las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal.
Esta reforma no violentaría de ninguna forma el régimen federal ni la normatividad de los estados, municipios y del Distrito Federal, ya que en la ley se expediría en uso de esta facultad permitiría homologar las bases para la asignación de las remuneraciones de los servidores públicos, con base en los criterios de proporcionalidad, igualdad, suficiencia y transparencia.
En este sentido, la presente iniciativa propone que la dieta del diputado federal sea que ningún servidor público federal, estatal, municipal y del Distrito, secretarios de Estado y servidores de la administración pública federal centralizada, perciba una remuneración mayor que éstos, salvo los casos que señala en la modificación del artículo 75 de nuestra Ley Fundamental, a efecto de establecer la obligación de la Cámara de Diputados de ceñirse, para efectos de la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos federales, en el Presupuesto de Egresos a los lineamientos constitucionales que por ley se establezcan, especificándose que en los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, el consejero presidente y consejeros electorales del IFE, los titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, gozarán de una remuneración no mayor a una tercera parte más de la que perciban los diputados federales.
Esta plusvalía se justifica toda vez que los órganos d e los que forman parte o son titulares, son reducidos en número comparados con el número de integrantes del Congreso de la Unión, lo que aumenta su responsabilidad individual respecto a la función que desempeñan.
Por otra parte se propone la modificación al artículo 64 constitucional, para que los senadores tengan una remuneración igual a los diputados federales, por ser ambos colegisladores de un mismo poder y por no existir razón alguna para no ser tratados como pares de esta importante función de Estado.
De conformidad con el artículo 127 de la Constitución General de la República, las remuneraciones que reciban los servidores públicos serán anuales, adecuadas, irrenunciables y equitativas y según reza el artículo 126 constitucional, no podrá hacerse pago alguno que no esté comprometido en el presupuesto o ley posterior. En tal sentido, se debe modificar el artículo 127.
No me va a dar tiempo de leer todas las modificaciones que estamos proponiendo, pero quiero resaltar que el espíritu de esta iniciativa busca, por lado, eliminar que a los servidores públicos se les asignen salarios onerosos, ilegales y poco transparentes, respetando los principios de proporcionalidad y suficiencia.
Por el otro, que del ahorro que derive de estos rubros se privilegie la asignación de recursos a partidas destinadas a lograr el desarrollo integral y sustentable de nuestro país, haciendo efectivos los anhelos de austeridad, transparencia y ahorro que el pueblo de México reclama de su aparato gubernamental.
Compañeras y compañeros, termino. Es inmoral y alejado de toda justicia que exista una burocracia rica frente a un pueblo pobre. Es cuanto, señor Presidente y le pido y le solicito que se integre completo el texto en el Diario de Debates. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates el texto presentado por la diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 441 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Tiene la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados:
En mi carácter de diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, y solicito sea turnada para el estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Seguridad Pública, la presente iniciativa de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo con la siguiente
Exposición de motivos y proyecto de decreto
En 1996 se creó la Ley contra la Delincuencia Organizada como consecuencia del desarrollo de esta modalidad delictiva en nuestro país. De la misma manera, el gobierno mexicano ante la preocupación y el interés por combatir la delincuencia organizada, ha suscrito diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Viena de 1988.
La adopción de estas medidas se dio porque las políticas anticriminales existentes, que fueron diseñadas para la delincuencia tradicional o común habían demostrado ya su ineficacia frente a ésta.
Es innegable que el gobierno federal ha venido adoptando diferentes medidas para enmendar errores y deficiencias de estos organismos encargados del combate a la delincuencia organizada.
Pero la mayoría de las acciones para subsanar estos problemas se han traducido en el endurecimiento de las sanciones penales. Desgraciadamente esto no ha podido garantizar y el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de buscar otras opciones que pudieran resultar más eficientes pero sin que éstas vulneren las garantías individuales reconocidas en nuestra Constitución federal.
Debido al carácter internacional de este fenómeno criminal, las estrategias del combate que se han venido adoptando obedecen, igualmente, a criterios que se van planteando en el entorno internacional, como es el caso de las medidas contenidas en la ya mencionada Convención de Viena de 1988.
Sin duda, compromete al gobierno mexicano introducirlas ya en su sistema jurídico para enfrentar principalmente el problema del narcotráfico. Por ello, con la reforma que experimentó la Constitución en 1993, se introdujo por primera vez el concepto de delincuencia organizada reformándose en 1994 el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Esta primera regulación respondió en un principio sólo a la necesidad de contar con más plazos y más amplitud de ellos y no para otros fines, por lo que con tales reformas, aun no se había podido procesar a alguien en nuestro país por el solo hecho de pertenecer a una organización criminal.
Paralelamente a lo anterior, se empezó a fortalecer un programa de coordinación nacional en la lucha contra la delincuencia organizada que llevó finalmente a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995, al reformarse los artículos 21 y 73 constitucional, el cual planteó la necesaria coordinación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno en esta materia.
A 10 años de la vigencia de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, no puede negarse que ha sido un instrumento útil para el órgano que tiene la función de investigar y perseguir estos delitos.
No obstante, no ha alcanzado sus objetivos de manera óptima; podría en cambio decirse que en diversos aspectos no ha sido debidamente entendida, sobre todo por lo que hace a los alcances de sus mecanismos procesales por lo que con frecuencia se ha abusado de alguna de las medidas contenidas en ellas, como es el caso —según se ha dicho— de las intervenciones a los medios de comunicación privada, del aseguramiento de bienes y del arraigo, así como el trato hacia los testigos protegidos o de ciertos beneficios a quienes de alguna manera colaboran con la justicia.
Incluso por el hecho de aplicar la ley para los casos no previstos en ella misma, todo lo cual conduce a afirmar que en cierta medida, los objetivos de esta ley están viéndose ya completamente desvirtuados. La aplicación de esta ley no ha sido del todo eficaz, lo que por supuesto no es necesariamente atribuible a la propia ley sino a los encargados de aplicarla.
La realidad de las cosas no permite negar que las averiguaciones previas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros, en la mayoría de los casos son deficientemente integradas.
Las medidas contenidas en la ley no sólo pueden ser utilizadas para enfrentar a la delincuencia organizada sino también para la delincuencia tradicional o común pues su generalización nos llevaría a atentar contra el estado de derecho. De ahí la necesidad de quienes aplican el régimen de excepción de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no se extralimiten aplicándola para casos que nada tienen que ver con esta delincuencia organizada, fenómeno que puede inhibirse de manera eficaz con la previsión de consecuencias jurídicas frente al abuso de este régimen excepcional.
Para la investigación y persecución de los delitos previstos en el artículo 8° de esta Ley se contempla la existencia de una Unidad Especializada que actualmente se denomina Subprocuraduría de Investigación Especializada en la Delincuencia Organizada. Dado que esta Unidad Especializada es producto de una ley especial, no puede ni debe tener competencia para conocer de otros delitos.
La ley establece que con relación a delitos previstos en la fracción V del artículo 2°, sólo podrán ser objeto de conocimiento por parte de la mencionada Unidad siempre y cuando se cometan por un miembro de la delincuencia organizada y además que el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción. Por ello debe quedar muy claro en la ley los alcances de la citada Unidad Especializada para evitar que incurra en extralimitaciones y consecuentemente, que se distorsione su función con lo que igualmente se evitará que la ley se desvirtúe.
En virtud de lo expuesto someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto, del cual omitiré la lectura de su articulado por encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública.
A petición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista se pospone la propuesta de iniciativa de la diputada Sara Isabel Castellanos.
Igualmente, a solicitud también del grupo parlamentario de Nueva Alianza se pospone la presentación de la iniciativa del diputado Humberto Dávila Esquivel.
Tiene la palabra la diputada Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Aida Marina Arvizu Rivas: Gracias, señor Presidente. La suscrita, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, la presente iniciativa de decreto que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las últimas décadas en nuestro país han dejado al descubierto la complejidad de las relaciones políticas entre la ciudadanía y quienes ejercen el poder, especialmente aquel que emana de la voluntad ciudadana: los puestos de elección popular. No obstante, muy lejos estamos todavía de arribar a un estadio aceptable en la materia. La distancia abismal que se genera entre el elector y sus representantes, se videncia en la medida en que se acrecienta el desencanto ciudadano por un desempeño poco o nada satisfactorio por parte de aquellos y aquéllas que una vez obtenido el espacio de representación popular, se olvidan de los compromisos que les llevaron a obtener el voto ciudadano.
Democracia refiere la participación política del pueblo en el ejercicio del poder. Hasta ahora la práctica ha consistido en desplegar durante el proceso electoral un aparato desmesurado destinado a obtener la confianza y por lo tanto, el voto del elector.
Una vez logrado el propósito, quien se ostenta como representante popular, se desentiende del ciudadano y en el mejor de los casos, se ocupa de atender lo que a su juicio son sus prioridades, o bien, se dedica a satisfacer intereses de grupo.
Ante el incumplimiento en la conducta, evidentemente censurable de los representantes populares, el pueblo mexicano encuentra una de las lagunas jurídicas más evidentes, absurdas e insostenibles del actual sistema político nacional.
Nuestra forma de gobierno es democrática, justa, porque está fundada en la soberanía popular. Si la tendencia es transitar hacia un gobierno cada vez más democrático, es necesario que el ciudadano tenga una mayor participación en las decisiones finales, que desde el Estado deben ser tomadas y cuente con mecanismos de control perfectamente definidos, que incluyan procedimientos y herramientas para su vigencia. Nuestro gobierno está fundado en la soberanía popular y lo dice el artículo 39 de la Constitución.
También el artículo 115 Constitucional contiene en sí mismo el espíritu que al respecto tenía el legislador de 1917 y que establece en su fracción I párrafo tercero: "Las Legislaturas locales por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos son desaparecidos y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros".
Siendo la Constitución mexicana de 1917 una de las más avanzadas y vanguardistas de su época, esta Legislatura tiene ante sí la posibilidad de volverse a colocar en la cúspide de la modernidad legislativa de América Latina. Legislar la revocación de mandato no es un capricho o un botín político, es por mucho una respuesta a la realidad actual en la que nos ubicamos y una herramienta ciudadana a la que toda sociedad tiene derecho.
No es posible entender la democracia sin la figura de la representación popular, pero la representación popular solo es admisible si al mismo tiempo se da a la población la garantía de que cuenta con los mecanismos de participación y control.
La tendencia mundial, es a la definición de instituciones de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Hay que incluir a México en estas tendencias mundiales, pero sobre todo es necesario dotar a nuestra democracia de controles directos ejercidos a través del conglomerado social, especialmente por la revocación del mandato.
Los mecanismos de control con que se cuenta en la actualidad han demostrado su deficiencia para el fin de remover representantes populares, que han dejado de cumplir con obligaciones que su responsabilidad les otorga.
El juicio político es una figura adecuada, que no debe ser sustituida, pero debe acompañarse de mecanismos de regulación que no permitan que, como hasta ahora, se conviertan en un botín político de unos cuantos, en tanto que por la vía del procedimiento actual vigente, se soslaye y margine la conformidad de la población, sobre un gobernante o representante en quien se ha perdido la confianza originalmente otorgada. Más aun, no es posible dejar la remoción de un mal gobernante, supeditado y exacerbar o no el ánimo de una población que no tenga otra medida de presión que convertirse en ingobernabilidad.
¿Qué alternativas reales le ofrece la legislación mexicana al ciudadano, cuando un representante popular ha dejado de ser probo? Prácticamente ninguna. Cierto es que la voluntad ciudadana ha colocado a los gobernantes y en concordancia con este mandato, del que se hacen depositarios es la voluntad de la ciudadanía quien debe tener el derecho de revocar dicho mandato cuando su mala actuación así lo amerite, porque en concordancia con la función que ejerce el funcionario, no se nos olvide, es un servidor público.
La revocación de mandato es una figura que como nunca en la historia de nuestro país, se hace necesaria, y su regulación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es impostergable.
Es responsabilidad de esta LX Legislatura generar los consensos necesarios para lograr la actualización de una figura que no sólo colocará a México a la vanguardia de las legislaciones de América Latina sino que además le ofrecerá a sus gobernados, la garantía de que está dispuesto realmente a rendir cuentas y estar sujeto a la vigilancia ciudadana.
Ningún representante popular responsable y garante de que su encargo será cumplido con eficiencia, puede oponerse. Nadie estará en riesgo sino aquellos que han utilizado hasta ahora su encargo con fines personales de lucro o corrupción.
Por los motivos expuestos presento a la consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Le solicito que sea el texto publicado íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Marina Arvizu. Insértese íntegro en el Diario de los Debates el texto presentado por la diputada Arvizu. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado Raúl Cervantes Andrade: Haré una breve explicación de la iniciativa que quiero presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Nuestras normas internas nos permiten tener capacidad de iniciativa que se presenta en bloque por todos y cada uno de los diputados que pertenecen a nuestro grupo parlamentario, éste es el caso y por lo tanto para mí es un honor presentar esta iniciativa en nombre de mi grupo.
¿De qué se trata? Hubo una modificación constitucional al artículo 28 en 1990, que tenía que ver concretamente con cambiar la situación y el marco jurídico del Sistema Bancario mexicano. Tenía varios puntos específicos que tenían que cumplir: Privatización de la banca comercial, el cambio de la naturaleza jurídica de la banca y del crédito, la incorporación de intermediarios financieros al mercado, la posibilidad de que otros grupos financieros operaran en nuestro mercado y la desregulación.
Cinco temas muy importantes: el primero es que cambió la naturaleza jurídica de la banca; se cambió de un régimen de concesión y un régimen de servicio público a un régimen de interés público y un régimen de autorización; no un tema menor.
Lo que se buscaba era generar un sistema más eficiente porque entre más eficiente es el sistema financiero, hay una relación directa con el crecimiento de los países. Y entre más se tenga acceso a un servicio universal de servicios financieros, lo que se logra es tener un mayor desarrollo.
En 94 hubo una crisis muy importante y no logró esta modificación constitucional poderla acotar y menos lograr corregir el sistema de crédito en México. En 1994 estábamos prestando el 42 por ciento del PIB, había crédito hasta por el 42 por ciento del PIB. Hoy, en el 2006 estamos hablando del ocho del PIB.
No ha habido en esta desregulación en el mercado de la banca, con todas las modificaciones a las leyes para que los procedimientos legales se hicieran mucho más eficientes, se ha logrado que exista en México crédito suficiente.
¿Qué busca esta iniciativa? Las desregulaciones en los mercados cuando hay servicio universal y cuando se prestan de forma eficiente, el abandono del Estado es adecuado para sólo tener y reservarse las condiciones y la reglamentación específica. Pero cuando esto no sucede es necesario y esta soberanía es la que está facultada, es de dotar de facultades a las autoridades reguladoras para que tengan instrumentos que generen crédito en este caso.
El artículo 10º. En esta fracción adecuadamente señala, actualmente, que debemos de generar un desarrollo del crédito, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo, capítulo económico de la Constitución, el cual se debe de cumplir y tenemos una planeación, una facultad al Ejecutivo dotada por el Legislativo, para hacer una planeación económica al Estado mexicano y no generar concentración del crédito en una región específica.
¿Qué significa esto? Que no se prestara por parte de la banca en regiones que generaran dinero o ricas, sólo ahí el crédito y el servicio de intermediación financiera. Por el contrario, se ha logrado en esta disposición al darse la autorización que la banca esté presente en todo el país.
Por eso, estamos aumentando la facultad en esta fracción; lo que estamos pidiendo es que la Secretaría de Hacienda tenga facultades concretas para promover y fomentar el crédito en los sectores más importantes y necesitados del país.
Simplemente, como ven, es aumentar la facultad con el mismo eje de pensamiento legislativo, que fue el original cuando se hizo la Ley de Instituciones de Crédito y ayudar y coadyuvar al crecimiento del país y por lo tanto, traer empleo y mejores condiciones para México.
Los agentes financieros se vuelven ex ante, unos desarrolladores de saber en dónde se puede colocar el crédito, se vuelven automáticamente promotores, hay que ayudar a que estas reglas generales coadyuven al estudio de la región, estudio de los sectores, lo hagan y hagan un enlace con el Plan Nacional de Desarrollo y pueda crecer de manera importante el crédito.
Sin estos instrumentos hemos visto en los últimos años lo que carece la mayoría de los sectores y sobre todo, la pequeña y mediana industria; lo que carece en México es de crédito y se financia con el crédito de los proveedores y sólo utilizan los bancos como sistema de pagos, que es una de las funciones primordiales, pero no la exclusiva de captar recursos y colocar recursos.
Es fundamental que esta soberanía, entienda, analice y genere, instrumentos regulatorios para el mejor desarrollo del sistema financiero y para el mejor desarrollo de México. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Raúl Cervantes Andrade. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se pospone la propuesta de iniciativa que había agendado la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
En el capitulo de proposiciones, que para conocimiento de la Asamblea son 43 y que presentan: Dos el PAN, 18 el PRD, 12 el PRI, tres el PT, una Convergencia, tres el Verde Ecologista, cuatro el grupo de Nueva Alianza. Y con el comentario hecho en ocasiones anteriores, pidiéndoles racionalidad en las propuestas, en el tiempo.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Mercedez Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión de la Niñez, Educación Temprana y Familia.
La diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Como se sabe la estimulación temprana tiene como propósito dotar de los medios materiales y sicológicos para formar niños que se integren en mejores condiciones al entorno social y ambiental.
También para que mediante una buena alimentación de las madres desde que los bebés se encuentran en vientre materno, el cerebro de los bebés se fortalezca y desarrolle adecuadamente, desplegando todas sus potencialidades mediante la estimulación y el desarrollo de su capacidad neuronal y motriz.
Por su parte, la educación inicial es un proceso continuado de la estimulación temprana que inicia desde que los bebés nacen hasta que arriban a los tres años. Porque aquí es cuando germinan las semillas de la individualidad humana, que serán la base para que los educandos desarrollen su capacidad de pensar y razones y adquieran conductas sociales que los integren a la sociedad en mejores condiciones cuando sean adultos.
Diversos estudios muestran que los infantes que reciben estimulación temprana y educación inicial tienen mejor desempeño emocional, escolar y de integración social en comparación con aquellos que no son beneficiados con este esquema educativo.
La estimulación temprana y la educación inicial están íntimamente relacionadas con la sensibilización a las madres y padres para involucrarlos en lo que implican estos dos procesos. Para ello, se establecen dinámicas de capacitación que se denominan escuelas para padres y madres. De ésta tenemos un proceso integral que beneficiará a los niños.
Incluso el Estado mexicano reconoce a nivel constitucional que la educación inicial es una modalidad educativa que requiere ser promovida y apoyada por el gobierno y la sociedad. A partir de este reconocimiento, diversas organizaciones e instituciones privadas con y sin fines de lucro, han promocionado y alentado la creación de espacios educativos que imparten esta modalidad de la educación en nuestro país.
En estos centros educativos no sólo se estimula y se enseña la integración de los niños de entre 45 días de nacidos y tres años de edad, sino que también se involucra a los padres preparándolos para tener una mejor integración como pareja y con sus hijos. Asimismo, en aquellos centros que son de carácter social o públicos se les proporciona la alimentación óptima para garantizar su desarrollo físico y neurológico.
A pesar de que esta modalidad educativa no es obligatoria, la respuesta del Estado mexicano no se ha hecho esperar y muchos de esos centros reciben recursos públicos que alientan el desarrollo de la capacidad neuronal, emocional, una personalidad segura, autosuficiente y un carácter firme de un número cada vez mayor de niñas y niños mexicanos. Algunos de estos centros han sido merecedores de reconocimientos internacionales tanto a nivel de gobiernos como de organizaciones internacionales.
Por todas las bondades y la importancia que tiene la estimulación temprana y la educación inicial, consideramos que es necesario crear espacios que promuevan su implantación obligatoria y su articulación con el resto de los niveles educativos que conforman a la educación en nuestro país.
Por las consideraciones expuestas, proponemos la creación y constitución de la comisión especial niñez, educación temprana y familia.
Diputado Presidente, solicito se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro del presente punto de acuerdo. Es cuanto. Gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada Maciel Ortiz. Atiéndase la petición de la diputada e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de prospectiva para la definición del futuro de México.
El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo: Con su venia, ciudadana Presidenta. Diputadas y diputados. Hoy más que nunca urge definir el futuro que queremos para México.
Hoy como ayer, nuestro país se encuentra nuevamente en un proceso de transformación y de cambio que no puede ni debe detenerse. Para acercarnos al bicentenario de nuestra Independencia y al centenario de la Revolución, tenemos el deber de construir una visión común de país, una visión del México que queremos para las próximas décadas, del México de nuestros hijos.
Las profundas transformaciones ocurridas en el país en los últimos años, como son el proceso democrático; la pluralidad política alcanzada; la integración a la economía global; el fenómeno migratorio; los rezagos en materia de pobreza; la falta de oportunidades para muchos y a su vez el enorme potencial que para los mexicanos representa México, nos obliga a reflexionar en torno a las nuevas realidades que vivimos y nos compromete a buscar institucionalizar el pensamiento reflexivo continuo y de largo plazo, con el propósito de construir juntos una visión común de país.
Requerimos en México emprender un proceso prospectivo que nos permita alcanzar el futuro deseado, que defina escenarios nacionales con anticipación para aprovechar y potencializar los recursos del país en beneficio de nuestros connacionales.
Sólo con la mirada puesta en el porvenir se podrán diseñar políticas públicas, programas y acciones que reviertan tendencias y que repercutan en acciones útiles y productivas en beneficio de la ciudadanía.
Mientras que nuestro país se ha rezagado frente a otros países del mundo por falta de acuerdos y una visión a largo plazo, las herramientas de planeación prospectiva han sido ya exitosamente utilizadas por Francia, Sudáfrica e Irlanda, entre otros muchos. Irlanda, por ejemplo, triplicó su ingreso por habitante en tan sólo 15 años, utilizando estas herramientas.
Así pues, la prospectiva es un componente que puede transformar la visión de futuro de México, de algo desconocido a algo estimulante, abriendo paso a una certidumbre que pueda lograr un cambio sin precedente en el lapso de una generación.
Es vital que México emprenda un plan de largo plazo que contribuya a otorgar claridad al rumbo económico del país, a fomentar el empleo e incrementar sustancialmente el ingreso per cápita de los mexicanos, a fomentar la competitividad, la participación y la corresponsabilidad ciudadana en la construcción del futuro, entre otros tantos.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente
Proposición de punto de acuerdo.
Primero. Que se constituya una Comisión Especial de Prospectiva para la definición del futuro de México. Esta Comisión tendrá por objeto coadyuvar a diseñar responsablemente el futuro del país mediante la elaboración de un documento que contenga proyectos, propuestas y recomendaciones de todos los actores políticos, con una visión a largo plazo para alcanzar las metas de progreso y desarrollo para México, utilizando las herramientas prospectivas y con la participación de amplios sectores de la sociedad.
Este documento no sólo deberá establecer la visión de futuro de México, sino también los objetivos necesarios para alcanzar la visión a plenitud, así como las tareas necesarias a revisar para alcanzar los objetivos propuestos, entre otros datos, señalamientos y especificaciones.
Los numerales 2 a 6 de este acuerdo determinan los objetivos de la Comisión, sus recursos y la vigencia de la misma.
Signan esta propuesta también los diputados Gerardo Antonio Escaroz Soler, el diputado Francisco Antonio Fraile García, el diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre, el diputado José Luis Murillo Torres, el diputado Carlos Armando Reyes López, el diputado Carlos Alberto García González.
Le solicito atentamente se turne el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política y se inserte el texto completo en el Diario de los Debates. Es cuando, diputada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Zambrano Elizondo. Insértese en el Diario de los Debates, como lo ha pedido el diputado, y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política integre el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas de las distintas fracciones parlamentarias. Durante los últimos 30 años, México ha ratificado diversos compromisos internacionales que obligan a las instituciones del Estado a incorporar medidas legislativa, administrativas, judiciales y sociales destinadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos para la protección, la ampliación y fomento de los derechos humanos de las mujeres.
En 1995, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín, se reconoció que el adelanto de las mujeres y el logro de la equidad de género es una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social.
Además, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, nuestro país reconoció la obligación de implementar acciones para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación por condición alguna.
Si no es posible la generación e implementación de indicadores que permitan visibilizar las impactos diferenciales en la vida de las mujeres y de los hombres, difícilmente se podrán incorporar acciones inmediatas y estratégicas en la investigación, la planeación, el desarrollo y la evaluación de acciones en los distintos órdenes de gobierno.
Si podemos redimensionar esta visión, contar con estadísticas desagregadas por sexo y edad, construir indicadores y evaluar el impacto y el alcance de políticas y programas tendientes a lograr la equidad y la justicia social, podremos evaluar si los compromisos internacionales, ratificados por el gobierno mexicano se han traducido en resultados tangibles.
El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con el consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados fue creado por decreto en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto del 2005. A través de este comité lograremos potenciar el apoyo técnico a las diputadas y los diputados.
Podemos también aportar estudios e información analítica y científica sobre equidad de género, para hacer posible la transversalidad en las iniciativas, en el trabajo parlamentario y en el Presupuesto de Egresos de la Federación; todos estos tendientes a resolver la desigualdad entre hombres y mujeres, aportar elementos para lograr la concordancia entre los pactos y tratados internacionales firmados por México y la legislación federal, las estatales y municipales, así como promover encuentros legislativos, académicos y sociales, para la identificación y análisis de los temas sobre el desarrollo desde la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades y la democracia paritaria.
Es por ello que solicitamos a la Junta de Coordinación Política, a efecto de maximizar el funcionamiento y los resultados del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, presentar a la brevedad posible la propuesta de integración del comité de dicho organismo, mediante la aprobación del siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, para que en uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 34 párrafo uno, inciso b) y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a que presente ante esta soberanía la propuesta de integración del comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Segundo. Para la integración del comité, se solicita a la Junta de Coordinación Política observar el principio de equidad y proponer el 50 por ciento de los integrantes sean mujeres y el 50 por ciento de los integrantes sean hombres.
Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política girar las instrucciones necesarias a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados, a fin de que se dispongan de los recursos humanos y materiales requeridos para el adecuado funcionamiento del comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Solicito además se publique el texto íntegro de la propuesta en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Insértese en el Diario de los Debates, como lo ha pedido la diputada y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene le uso de la palabra el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo en relación con la ejecución del Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales en el gobierno de los Estados Unidos de América.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Con la venia, señora Presidenta. La falta de agua provocada entre otros factores por las sequías recurrentes que han afectado en la zona noreste de México, particularmente en el estado de Tamaulipas ha puesto en la mesa de discusión el tema de la adecuada aplicación del Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales del Río Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito por nuestro país con el vecino del norte en 1944.
El debate sobre el aprovechamiento del agua de esta zona de México se ha visto reflejado en numerosas ocasiones provenientes tanto de la sociedad civil, agrupaciones de usuarios y productores, así como de entes públicos de los tres ámbitos de gobierno, que deberían de proteger los intereses de quienes se sienten afectados por la falta del agua en esta región del país.
Ante tal situación de escasez, provocada entre otras causas por el manejo unilateral, arbitrario e indebido por parte de las autoridades federales, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar un punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones.
Primero. Que el tema de la justa distribución de las aguas internacionales en nuestra frontera norte representa un asunto estratégico y de interés prioritario, en virtud de que implica simultáneamente para ambas naciones el ejercicio de su soberanía y el despliegue de una cooperación orientada a enfrentar un problema común en la franja fronteriza.
Segundo. Que el compromiso que México adquirió y ha venido cumpliendo desde 1944 consiste, por un lado, en entregar a los Estados Unidos la tercera parte de los escurrimientos provenientes de los seis ríos aforados y, por el otro, que en los términos del Tratado, México debe de entregar el 50 por ciento de los volúmenes de aguas no aforadas.
Tercero. Que, a pesar de lo establecido en el Tratado de 1944, el gobierno federal suscribió el acta 307; en razón de la cual en el año del 2004 se dispuso de utilizaciones de volúmenes de agua no aforadas con el fin de saldar el déficit con los Estados Unidos correspondientes a los ciclos 25y 26.
Cuarto. Que en el marzo del año del 2005, la CNA asumió el compromiso con el gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, de que, independientemente de la entrega anticipada del agua a los Estados Unidos de Norteamérica, lo usuarios y productores como el IPECO recibirán oportunamente los volúmenes acreditados, con las concesiones y asignaciones que se abastecen del Río Bravo.
Quinto. Que en este momento, las autoridades federales de México continúan entregando anticipadamente volúmenes de agua, reflejando sensiblemente los niveles de agua de las presas internacionales La Amistad y La Falcón, con un afán de cubrir año con año el ciclo 27, circunstancia que perjudica a los productores y usuarios de Tamaulipas, pues debiera hacerse cada cinco años y no de manera anual, como dice el Tratado de 1944.
Sexto. Que, en virtud de tales entregas anticipadas y con tareas al Tratado, la disponibilidad de aguas es escasa y ha tornado en crítica la situación que prevalece en la región norte de Tamaulipas.
Octavo. Que en esta Asamblea estamos obligados a defender los intereses supremos de la nación, sobre todo en una de las cuestiones más sensibles como lo es el tema del agua, para evitar que a quienes justa y legítimamente corresponde la disponibilidad del vital líquido no se vean despojados de disposiciones unilaterales y arbitrarias de las autoridades federales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las autoridades federales en la materia a que actúen con estricto apego a los términos del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales, de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito por nuestro país en 1944 en el sentido que cese su actitud negligente para utilizar volúmenes de agua no aforadas y/o no comprometidas en este Tratado.
Segundo. Se cite a comparecer ante esta Asamblea al titular de la Comisión Nacional del Agua para que explique de manera pormenorizada las entregas irregulares de agua a los Estados Unidos de Norteamérica y que presente un informe detallado que con toda claridad dé cuenta actualizada respecto a las negociaciones y a los términos de programas de pagos, incluidas plazos, volúmenes, compromisos presentados, datos vigentes en materia de concesionamiento.
Tercero. Que el gobierno federal cumpla con el compromiso que asumió con los usuarios del distrito de riego 025 de pagarles una indemnización por los daños que se les han ocasionado, debido a las faltas que han incurrido en el cumplimiento del mencionado Tratado.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su venia, compañera Presidenta.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país rico en atractivos naturales turísticos que complementados con la hospitalidad, su historia, su cultura, su arquitectura y otros recursos, dan por resultado que el país sea un abanico de posibilidades para los turistas tanto nacionales como extranjeros.
El turista extranjero reconoce de México su hospitalidad como un valor especial; sin embargo, en los últimos años y particularmente en las últimas semanas, nuestro país ha vivido diversas campañas de desprestigio debido a los altos niveles de inseguridad que vivimos en él.
En el mercado turístico internacional distintas agencias de viajes, así como funcionarios de gobierno han emitido comunicados que advierten sobre la violencia que se vive en nuestro país, lo que amenaza al turismo, entre otras actividades.
En los mismos expresan diversas medidas que deben adoptar los turistas como son el viajar por carreteras de cuota y durante horas de luz día, visitar destinos turísticos conocidos y ciudades con la seguridad más adecuada, abstenerse de mostrar joyería o grandes cantidades de dinero y otros artículos de valor. Esto se ha traducido en campaña de desprestigio general para México.
Cabe aclarar que los niveles de inseguridad que vivimos todos los días los tenemos que enfrentar tanto los ciudadanos mexicanos como los turistas extranjeros. La inseguridad que se vive en el país es un tema urgente en el que se debe de trabajar en todos los sentidos sin distinción de origen, raza, sexo o edad.
Consideramos que es responsabilidad de todas las autoridades restablecer la seguridad y tranquilidad de todos los mexicanos y los extranjeros que visitan nuestro país.
Por todo lo anterior es que a través de este punto de acuerdo exhortamos al Ejecutivo para que mediante la Secretaría de Turismo establezca un programa permanente de información para los turistas, tanto de sitios que pueden visitar, como que existen programas de auxilio ante cualquier percance o eventualidad, como son los "Ángeles Verdes" o el número telefónico de "ayuda turística". Este programa debe dar al turista la certeza de que contarán con la atención y seguridad durante el tiempo que dure su viaje.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo, a realizar una campaña promocional de "México como un destino seguro", así como un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país.
Suscriben la presente el diputado Amador Campos Aburto, del grupo parlamentario del PRD; el diputado Armando García Méndez, del grupo parlamentario de Alternativa; la diputada Maricarmen Salvatori, del grupo parlamentario de Convergencia; la diputada Sara Latife Ruiz, del grupo parlamentario del PRI; la diputada Soledad López, del grupo parlamentario del PRD; la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del grupo parlamentario del PRD y la diputada Pilar Guerrero Rubio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, compañera diputada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Turismo. Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa garantice los recursos del programa del Fondo para Atender a los Productores Afectados por Contingencias Climatológicas.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado del grupo parlamentario del PRD, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El invierno pasado, se registraron bajas temperaturas en el Valle de México que afectaron a los cultivos de nopal, localizados principalmente en la delegación Milpa Alta, Distrito Federal. Ante ello, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, inició el proceso para resarcir los daños causados a los agricultores con recursos del Programa del Fondo para Atender a la Población Afectada por Contingencias Climatológicas, (FAPRACC).
En consecuencia, se otorgó apoyo a dos mil 86 productores de un total de dos mil 227 afectados por las heladas invernales con un monto de un millón 391 mil 295 pesos, del cual la Sagarpa aportó el 70 por ciento y el gobierno local aportó el resto. No obstante, los apoyos no fueron suficientes para superar los daños causados.
En tal virtud y en cumplimiento al decreto de Egresos de la Federación para el año 2004, la Sagarpa encargó a la Universidad Autónoma de Chapingo realizar evaluación externa del FAPRACC, que incluyó el ejercicio 2004 y los primeros cinco meses del año 2005.
De la evaluación resulta que de los beneficiarios encuestados, sólo el 49 por ciento consideró que los recursos recibidos fueron suficientes para reiniciar sus actividades productivas y el 44 por ciento mencionó que el dinero recibido no le fue adecuado para adquirir los insumos que le permitan dar continuidad inmediata a su actividad.
Entre otras debilidades del FAPRACC, la Universidad de Chapingo indicó que existe una integración poco consistente del padrón de beneficiarios por contingencia, falta de difusión del programa a nivel de municipios y productores e insuficiente infraestructura de la Comisión Nacional del Agua y de las delegaciones de Sagarpa para corroborar las contingencias climatológicas y dar seguimiento a supervisión de apoyos.
En consecuencia, es conveniente se realicen los ajustes correctivos en el programa, a fin de atender de manera oportuna a la población que resulte afectada por contingencias climatológicas.
Por lo expuesto, me permito someter el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Sagarpa a realizar los estudios técnicos para garantizar que los recursos del FAPRACC mitiguen efectivamente los efectos negativos de fenómenos climatológicos extremos en los productores afectados y aseguren su integración a sus actividades productivas.
Segundo. Se exhorta a la Sagarpa a revisar el impacto de los apoyos otorgados a los agricultores de nopal ubicados en la delegación de Milpa alta en el Distrito Federal, verificar la consistencia del padrón de beneficiarios por la contingencia de enero de 2006 y ampliar la difusión de los alcances del programa, así como fortalecer la infraestructura de la Comisión Nacional del Agua y de la delegación de Sagarpa para corroborar la contingencia climatológica y dar seguimiento y supervisión a los apoyos correspondientes. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Armando Orihuela Trejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno federal en relación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado José Armando Orihuela Trejo: Con su permiso, señora Presidenta. Diputadas y diputados. Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente propuesta de punto de acuerdo que tiene como fin exhortar al Ejecutivo federal a través de la Sagarpa, para que restablezca la seguridad jurídica en materia agroazucarera, cumpliendo debidamente con lo presupuestado en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para lo cual me permito exponer lo siguiente: El 25 de junio de 2005, el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, misma que el Ejecutivo federal publicó el día 22 de agosto del mismo año.
Segundo. El 21 de septiembre de 2005, el Ejecutivo federal por conducto de la PGR interpuso ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra de diversos numerales del ordenamiento legal mencionado; procedimiento que se encuentra actualmente en trámite.
Tercero. En su carácter de autoridades responsables, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por conducto de sus respectivas direcciones jurídicas, rindieron los informes de rigor mediante los cuales expusieron los argumentos y fundamentos que desvirtúan puntualmente la pretendida inconstitucionalidad de los artículos impugnados.
Cuarto. El auto de admisión de la acción ejercida por la PGR que dicta la Suprema Corte, no conlleva la suspensión de los efectos de la ley que se combate, ésta continúa vigente y debe ser acatada en todos sus términos por la autoridad competente. En este caso, la Sagarpa, a la cual se le asignan numerosas facultades para que el Estado ejerza una efectiva rectoría en la materia.
Quinto. La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar impone a la Sagarpa, entre otras cosas, la obligación de instalar diversos órganos, poner a funcionar distintos instrumentos y elaborar varios programas que resulten vitales para consolidar a la agroindustria nacional del ramo y sentar las bases que le permitan fortalecer sus capacidades y hacer frente en condiciones menos desventajosas a la total apertura comercial que iniciará en el año 2008.
Sin embargo escudada en el hecho de que la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto la acción interpuesta, la Sagarpa, el Fondo de Empresas Expropiadas y los ingenios que administra, han venido violentando en forma sucesiva el estado de derecho y actuado de modo irresponsable y discrecional, con lo cual pone en grave riesgo la estabilidad y el futuro de esta importante actividad económica y en entre dicho la seguridad y la soberanía alimentaria del país.
Sexto. A más de un año de publicada la ley y ejercida la acción de inconstitucionalidad, la agroindustria nacional de la caña de azúcar se encuentra inmersa en la incertidumbre y prácticamente desprotegida ante el inminente cambio que se avecina; mientras el gobierno de la República se abstiene negligentemente de cumplir con las obligaciones que legalmente le corresponden.
Si quien tiene a su cargo la función de garantizar la observancia de la ley, es el primero en incumplirla, se anula la legalidad y se invita al desorden, careciendo de autoridad moral para exigir su cumplimiento.
El 1 de octubre inició el último ciclo azucarero previo a la apertura del Tratado de Libre Comercio en el 2008; en noviembre de este año inician zafra los primeros ingenios y hasta el momento no hay certeza jurídica de la contratación en las nuevas siembras y en el precio que se pagará la tonelada de caña entre otros aspectos.
Por lo anterior, con objeto de restablecer la seguridad jurídica en la materia y de cimentar la fortaleza de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito, señora Presidenta, proponer a esta soberanía con la petición de que se considere como de obvia y urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados por conducto de su Mesa Directiva exhorte atenta y respetuosamente al gobierno federal, para que cumpla de inmediato las disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a fin de instrumentar de manera urgente las acciones necesarias para la formulación del programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, los Comités Regionales y Tecnológicos de la Caña de Azúcar y la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
Segundo. Que igualmente esta Cámara por conducto de su Mesa Directiva, exhorte en forma atenta y respetuosa a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva a la brevedad la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la PGR en contra de diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, radicada con el número de expediente 27/2005. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señor diputado. Antes de continuar con el trámite, me está solicitando el uso de la palabra la diputada Susana Monreal Ávila, ¿con qué objeto, señora diputada?
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señora Presidente, para solicitarle la verificación del quórum y de no haberlo declare que no hay asistencia. Bueno, lo solicité desde hace rato, pero parece que los diputados no están atendiendo la sesión.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. En términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum, mientras tanto continuaremos con el desarrollo y desahogo de la sesión.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Consulte la Secretaría en votación económica a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo que hemos escuchado.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señora Presidenta hay dos terceras partes por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Sonido en la curul de la diputada por favor. Diputada Contreras.
La diputada Adriana Díaz Contreras: Presidenta, decirle que la votación ya fue solicitada a este Pleno y que efectivamente si hubo las dos terceras partes para que este punto de acuerdo fuera aprobado. Y si pido, por favor, que la Secretaria de la Mesa ponga atención sobre la votación que está solicitando y que ya solicitó en este caso.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Confirme la Secretaría si percibió quórum o no, si percibió que se dieron las dos terceras partes que amerita el Reglamento para la aprobación.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señora Presidenta, tengo duda. Que se abra el sistema electrónico para la votación.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Como la Secretaria tiene duda, una vez registrado el quórum votaremos con el sistema electrónico, si es de aprobarse la urgente resolución.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Que cierre el quórum porque ya existe en este momento quórum. Y que se abra nuevamente para la votación, si se considera de urgente resolución o no.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 308 diputadas y diputados. Hay quórum señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. A ver, permítame. Sonido a la curul del diputado Cárdenas.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor Presidente, gracias. Sólo con la súplica de que esa Presidencia o su Secretaría avise al Pleno sobre qué tema va a versar esta votación, toda vez que ingresaron al Pleno varios compañeros y necesitan saber plenamente el tema.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Para ilustrar a la Asamblea pido a la Secretaría que lean el punto de acuerdo para que la Asamblea vote si se considera o no de urgente resolución, únicamente se lea el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Punto de acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte atenta y respetuosamente al gobierno federal para que cumpla de inmediato las disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a fin de instrumentar de manera urgente las acciones necesarias para la formulación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, los comités regionales, el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar y la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
Que igualmente esta Cámara, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte en forma atenta y respetuosa a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva a la brevedad la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República, en contra de diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, radicada con el número de expediente 27-2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre. Diputado federal José Amado Orihuela Trejo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase el sistema de votación para saber si esta proposición se considera o no de urgente resolución, hasta por cinco minutos.
A ver, permítame. Dígame, diputada. Sonido a la curul de la diputada.
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Decirle, señor Presidente, que en su ausencia efectivamente ya se había solicitado la votación y que por lo tanto pido que se respete esa votación. Hay una cinta y en esa cinta se puede verificar si existen las dos terceras partes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputada, los secretarios de la Mesa Directiva son los encargados de certificar si la votación cumple o no las dos terceras partes. La Secretaria está diciendo, está diciendo que tiene dudas. Por lo tanto, está solicitando la apertura de la votación nominal.
Dígame, diputado.
El diputado Javier Hernández Manzanares (desde la curul): Señor Presidente, nada más para protestar, porque efectivamente los diputados que estamos aquí dando seguimiento al orden del día y prestando atención al orador y nos dimos cuenta suficiente de que había más de dos terceras partes.
Es evidente, señor Presidente, que si en este momento abre el sistema, no va a ver el sentido de la votación; va a ser diferente, lo cual, a quienes estamos poniendo atención, nos indigna que una situación de esta naturaleza se dé. No es posible que solamente se presenten los señores diputados a votar y a no dar seguimiento a los asuntos que en esta Cámara se están tocando. Por lo cual solicitamos en términos generales que sea respetada la votación que se dio en su momento.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Cuando hay duda sobre la votación se pide rectificación de la misma, es el caso. Ábrase el sistema de votación para conocer si este asunto se considera de urgente resolución o no, hasta por cinco minutos.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.
(Votación)
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ábrase el micrófono del diputado Gerardo Lagunes.
El diputado Gerardo Lagunes Gallina (desde la curul): Para rectificar mi voto a favor, Lagunes Gallina Gerardo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul, allá atrás. ¿Es para votar diputado, en qué sentido?
El diputado José Alonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Diputado Suárez, en pro.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Falta algún diputado?
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ábrase el micrófono del diputado Rutilio Cruz.
El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde la curul): Para votar a favor, no pude votar aquí.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ábrase el micrófono del diputado Cuevas.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ábrase el micrófono del diputado Alejandro Chanona .
El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Mi voto es a favor, ciudadano Presidente.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Abrase el micrófono del diputado Edmundo Ramírez.
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Edmundo Ramírez, a favor.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Abrase el micrófono del diputado Esteva.
El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Alberto Esteva, a favor.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Abrase el micrófono del diputado Ascensión Orihuela.
El diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas (desde la curul): Orihuela, a favor.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Abrase el micrófono del diputado Sergio González.
El diputado Sergio González García (desde la curul): Si de veras quieren a los campesinos, voten a favor.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Abrase el micrófono de la diputada Soriano Sánchez.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (desde la curul): Rosa Elva Soriano, a favor.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Abrase el micrófono del diputado Buganza Salmerón.
El diputado Gerardo Buganza Salmerón (desde la curul): Buganza, abstención.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Abrase el micrófono de la diputada Valenzuela García.
La diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García (desde la curul): Valenzuela García, en contra.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Abrase el micrófono de la diputada Laura López.
La diputada Rubí Laura López Silva (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Abrase el micrófono del diputado Alonso Lizaola.
El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre (desde la curul): Alonso Lizaola, en contra.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 241 votos a favor, 179 votos en contra y 6 abstenciones. No reúnen las dos terceras partes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva. Sonido a la curul del diputado Sánchez.
El diputado Francisco Sánchez Ramos (desde la curul): Señor Presidente, solamente para pedirle que se inserte en el Diario de los Debates esta votación, dado que al inicio que se tomó la nueva asistencia solamente se registraron 308 diputados y resulta que en esta votación tenemos más de 418 o 419 diputados, entonces por donde quiera que le busquemos es obvio que en el momento que se cerró el sistema de votación no estaban los diputados que finalmente vinieron a votar.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Está todo registrado en el Diario de los Debates. Tiene la palabra el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, incluya en el proyecto de Presupuesto para 2007 los recursos necesarios para la realización del Octavo Censo Nacional Agropecuario.
El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente. Con el permiso de esta honorable Asamblea.
El suscrito Héctor Padilla Gutiérrez, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Antecedentes. La LXIII y la LIX Legislaturas exhortaron al Poder Ejecutivo para que incluyera en sus proyectos de presupuestos de egresos de la Federación los recursos suficientes para que el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática realizara el VIII Censo Nacional Agropecuario, con el objeto de contar con la información básica que sirva para la toma de decisiones, en beneficio del desarrollo del campo de México.
No obstante estas excitativas, el Ejecutivo no incluyó en ninguno de sus proyectos de decreto de presupuesto de egresos de la Federación del período 2002-2006 el recurso solicitado para tal fin.
Sólo en el decreto de egresos de la Federación del 2005 las comisiones ordinarias relacionadas con el sector rural impulsaron este tema y esta Honorable Cámara de Diputados autorizó un presupuesto de 813 millones de pesos para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario.
Desafortunadamente, el INEGI no realizó el censo y el presupuesto autorizado fue utilizado para otros fines.
El I Censo Nacional Agropecuario se sitúa en 1930. Desde entonces se realizó de manera decenal, salvo el correspondiente a la década de los 80, y el más reciente corresponde a los datos captados en el año 1991.
A 15 años de que se elaboró el último censo, las condiciones del país han cambiado de manera palpable. Sólo por mencionar tres de los eventos más importantes que han influido en las condiciones de vida de la población rural:
1.- La modificación al artículo 27 constitucional, en 1992.
2.- La entrada a la Organización Mundial de Comercio, en 1994, y
3.- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La modificación al artículo 27 marcó el fin del reparto agrario, así como la precisión de que la propiedad de la tierra está ahora en manos de los ejidos y comunidades con posibilidades de acceso al pleno dominio.
La entrada a la OMC marcó la obligación de sujetarse a una normatividad internacional para los apoyos a la producción, comercialización y exportación, así como a la apertura comercial para los productos agrícolas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte modificó los patrones de producción y favoreció el desarrollo de cultivos hortofructícolas localizados en pequeños nichos ecológicos del país, pero afectó a la enorme mayoría de productores rurales dedicados al cultivo de granos, caña de azúcar y productores de leche, entre otros.
Otros fenómenos no menos importantes como la pobreza, la migración, la pérdida de empleos, la feminización de los poseedores de derechos ejidales, el envejecimiento de la población rural se han agudizado en estos últimos 15 años y, si bien se cuenta con estudios parciales que evidencian su existencia, no se conoce su magnitud ni sus repercusiones en el ámbito económico y social, pues no se tiene el censo agropecuario que dimensione, a nivel nacional.
Todos estos procesos es indispensable conocerlos para poder realizar una planeación, programación y presupuestación adecuada a las nuevas condiciones de producción rural y a la luz de los nuevos acontecimientos internacionales, por lo que es necesaria la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario.
Por lo anteriormente expuesto y ante la presentación inminente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007 por parte del Ejecutivo federal y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento paras el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta honorable Asamblea como de urgente u obvia resolución la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Exhortar al Poder Ejecutivo a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 incluya el presupuesto necesario para que el INEGI realice el VIII Censo Nacional Agropecuario.
Segundo. Solicitar al INEGI que, bajo convenio con las universidades ligadas al sector rural, considere la incorporación de estudiantes de agronomía y carreras afines para el levantamiento de dicha información, con el fin de disminuir el costo del levantamiento y mejorar la calidad en el levantamiento de datos; y
Tercero. Solicitar al INEGI que, en coordinación con las comisiones ordinarias del sector rural de esta Honorable Cámara de Diputados y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, así como con las instituciones académicas y de gobierno que considere pertinente invitar, diseñe un sistema de censos y encuestas rurales que permitan la planeación, seguimiento y evaluación integral del sector rural mexicano.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. En votación económica pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse y se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución y, en consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.
Víctor Sánchez Trujillo. Tiene la palabra, señor diputado. Está inscrito también Carlos Morales.
En este intermedio quiero, en nombre de esta Mesa Directiva, dar un cordial saludo a los ciudadanos del municipio de Tepeji del Río, del estado de Hidalgo, que nos honran con su visita.
El diputado Víctor Sánchez Trujillo: Con su permiso, señora Presidenta. Vengo en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, diputadas y diputados, a argumentar nuestro posicionamiento a favor de la urgente necesidad de que el sector agropecuario y rural tenga la información suficiente para la toma de decisiones.
Como bien señalo, quien tiene la información tiene el poder, poder para decidir, poder para hacer, poder para ejecutar. Quizá la moda de censos en el pasado era tan sólo la necesidad de conocer; hoy es realmente imperioso tomar decisiones basadas en esa información.
Quizá por deformación profesional, pero para planear, para ejecutar, para corregir, esta información tiene que estar al día. Ya no únicamente para conocer los inventarios, ahora también es importante ver que los programas municipales, estatales y federales se cumplan a cabalidad; qué tanto de la tecnificación, qué tanto de los estatus sanitarios, qué de tan cierto de los ingresos destinados realmente a la actividad productiva y no a las remesas. Pero más allá de las actividades tradicionales, también el estatus de los productos no tradicionales, que hoy también son parte fundamental del quehacer productivo del medio rural.
También para la asignación de recursos, permanentemente la Sagarpa requiere como punta de decisión estos inventarios. De hecho la fórmula de Alianza para el Campo en uno de sus supuestos, implica la necesidad de conocer cuáles son esos inventarios y así poder también asignar recursos, y es evidente que esos inventarios se mueven día con día y no cada seis años, como anteriormente se llevaban al cabo estos censos. De hecho desde el 94 es que no tenemos información fidedigna.
Es importante, pues, que sea actualizado. El punto de acuerdo tendría que ampliarse, ante la necesidad no únicamente de establecer recursos que establezcan este censo agropecuario para el 2007, sino que existan los sistemas que permitan actualizar de manera permanente esta información.
Ya existieron —en el año pasado y en ese sexenio— esfuerzos desde la Secretaría de Agricultura para establecer un sistema de información de estadística agropecuaria, pero que la capacidad mínima de los estados para poder establecer estas oficinas que tendrían que estar en principio en cada oficina de los ayuntamientos y, en el mejor de los casos, en cada una de las oficinas de los comisariados ejidales y también en los sistema producto, lo hacen difícil de que pudiera llevarse al cabo.
Pero creo que ese es el camino adecuado. Puede ser, y de hecho lo es, también una gran oportunidad para que instancias que hoy necesitan recursos, puedan obtenerlo a través de estos dineros que anualmente se le asignen para mantener esta información al día. Me refiero, por ejemplo, a las universidades públicas que hoy todos y cada uno de nosotros estamos pidiendo más recursos. Si bien no sería suficiente, un paliativo sería que a través de las carreras y facultades destinadas a la atención del campo, sus prestadores de servicio, la gente de esas escuelas, pudieran tener actualizados estos dineros y estas cifras. Y por supuesto que la información por valiosa que es, necesita ser recompensada.
Esa es la necesidad hoy en un mundo globalizado. Para poder corregir la oferta y la demanda no basta saber qué tanto producimos sino la conveniencia de saber si lo producimos y en qué calidad lo producimos. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Para hablar en pro del punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Carlos Orsoe Morales.
El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez: Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
Obviamente que estamos a favor del punto de acuerdo que nos garantice que los recursos necesarios estén etiquetados en el presupuesto del próximo año, para que tengamos un censo nacional agropecuario. No es posible, compañeras y compañeros, que sigamos dando palos de ciego en el campo. La pobreza, la improductividad, la migración, son resultados precisamente de una falta de planificación con conocimiento de lo que tenemos y de nuestras potencialidades.
Una política sin rumbo en el campo nos ha llevado a esta circunstancia. No podemos seguir aplicando las políticas públicas del campo sin precisión; esto conviene a todos, a todos los diputados y a todos los mexicanos.
El escenario del Tratado de Libre Comercio nos modificó la comercialización, la producción; vino a remover las condiciones del campo mexicano. Y tiene ya más de 15 años que no realizamos un censo nacional agropecuario. Por eso, consideramos de vital importancia la propuesta que vino a hacer aquí, a esta tribuna, nuestro compañero diputado Padilla.
A nombre de la fracción parlamentaria del PRD y a nombre de los productores del campo mexicano, venimos a exigir que en esta ocasión no vaya a suceder lo que sucedió en años anteriores, que se excitó al Ejecutivo para que se cumpliera con esta tarea y no se realizó. Hoy queremos que con la fortaleza de todas las fracciones representadas en esta Cámara, logremos que se realice este censo nacional, para que podamos aplicar las políticas públicas de mejor manera en nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. En virtud de que se ha agotado el registro de oradores, consulte la Secretaría en votación económica, si es de aprobarse la proposición de punto de acuerdo.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay mayoría absoluta por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese. Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo a fin de solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos apruebe la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
El diputado Javier Guerrero García: Permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: La libertad es uno de los derechos fundamentales que nos garantiza nuestra Constitución Política. Es por ello que en su primer artículo prohíbe la esclavitud y es por ello también que cualquier persona que haya vivido en condiciones de esclavitud o servidumbre en otros países, por el solo hecho de ingresar al territorio nacional tiene garantizada su plena libertad como ser humano.
Esta vocación por la libertad ha estado presente a lo largo de nuestra historia y forma parte del acervo de los mejores valores que tenemos como sociedad y que al mismo tiempo fortalecen el sentido del proyecto de realización colectiva de nuestro país. Así visto, para México y para cualquier país debe resultar inaceptable que se generen las condiciones para una regresión en contra de la libertad.
Ninguna democracia y ninguna sociedad abierta puede darse el lujo de permitir que a su interior se generen enclaves perversos que generen la violación sistemática de la libertad y con ello de la dignidad de las personas.
Con base en este planteamiento, resulta lamentable que en pleno siglo XXI se estén configurando nuevas formas que atenten en contra de la libertad y la dignidad de las personas y, en particular, en contra de las personas más vulnerables en prácticamente todos los países.
Estas nuevas formas se configuran en el perverso crimen de la trata de personas. Este fenómeno es una de las formas más crueles de someter la voluntad de las personas y también una de las peores formas de violencia y explotación en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En efecto, datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, señalan que más de 700 mil personas son victimizadas cada año y que este crimen se ha convertido en el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo debido al grado de impunidad y lagunas legales para combatir y enjuiciar a los tratantes.
Es un fenómeno que lastima a las personas, que fractura sus ambientes familiares y que interrumpe la posibilidad de construir y realizar proyectos personales y colectivos de vida.
En nuestro país no contamos con estadísticas precisas para determinar la dimensión del problema. El no estar tipificado como un delito, la trata de personas no puede ser combatida con efectividad por las autoridades y los tratantes pueden actuar en medio de un ambiente de impunidad que no podemos tolerar más, sin que contemos, por tanto, con cifras aproximadas que nos den cuenta de qué dimensión tiene numéricamente este problema.
Aun con ello, el citado informe sobre trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, habla de más de 20 mil personas, en su inmensa mayoría mujeres y niños que son víctimas año con año de estos tratos degradantes, abuso y servidumbre.
Frente a estos fenómenos, en la anterior Legislatura en el año de 2003, las entonces senadoras Yolanda Eugenia González Hernández y Dulce María Sauri Riancho, presentaron en conjunto una iniciativa en la materia, que además contiene importantes reformas complementarias a otros ordenamientos jurídicos.
Posteriormente, en el 2004, los también senadores Sadot Sánchez Carreño y Enrique Jackson Ramírez, presentaron la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México. Ésta pasó como minuta a la Cámara de Diputados y se debe de encontrar en análisis en comisiones.
Debe señalarse que esta iniciativa puede ser mejorada y que sin duda debemos abordarla, dado el nivel del drama humano y de fractura que esa actividad criminal propicia tanto en las víctimas como en sus entornos personales y familiares.
Ya se señaló que no contamos con cifras y estadísticas precisas sobre el tema, pero hay que señalar también que una sola víctima de la esclavitud o de tratos denigrantes en nuestro país es demasiado y su sola presencia bastaría para justificar contar con un ordenamiento jurídico que no sólo permita combatir el fenómeno, sino además prevenirlo y construir un sistema de protección que permita dar atención y protección a las víctimas de este crimen.
Nuestro país no puede convertirse en un paraíso para los tratantes, los cuales en muchos de los casos son también abusadores de niñas y niños, lenones, promotores del turismo sexual o promotores de pornografía y prostitución infantil y prostitución forzada de mujeres y niñas.
Este es, sin duda, uno de los crímenes de mayor perversidad pues no solo convierten a las personas en menos que mercancías; se trata del abuso alevoso de las personas más frágiles y vulnerables y de su sometimiento y quebrantamiento de su voluntad, de su dignidad y de su libertad.
Por lo anterior, hago un llamado a esta honorable Asamblea para aprobar por urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se solicita a las comisiones dictaminadoras de la minuta enviada por la colegisladora, la que contiene la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para que en lo inmediato inicie la discusión sobre la materia y convoquen a un foro de discusión en el que participen los expertos, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, para mejorar la iniciativa y aprobarla en el menor lapso posible.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Javier Guerrero. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Se ha inscrito para hablar este tema, el diputado Faustino Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Faustino Javier Estrada González: Con su permiso señor Presidente. Señoras y señores diputados. En el mundo hay más de dos millones de personas que viven bajo el yugo de la trata. En nuestro país, ese delito por increíble que parezca, todavía no cuenta con una norma que ampare a todos esos individuos desamparados que son obligados a realizar trabajos con engaños o amenazas o que son explotados laboralmente, sexualmente o que se encuentren en una situación de certidumbre. La cuestión se torna más infame cuando afecta a mujeres, niños, ancianos y quienes tienen capacidades diferentes.
Como todos sabemos, ese marco jurídico federal permitirá atender y proteger a quienes han sido víctimas de esos crímenes. Hace un año, la iniciativa que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas fue aprobada por el pleno del Senado, ahora sólo resta que esta soberanía haga lo conducente.
De aprobarse, se cubrirá esa carencia de reglas puntuales en nuestro sistema penal y se cumplirían las ordenanzas internacionales con la que nuestro país tiene un compromiso, en particular la Convención y el Protocolo de Palermo.
Las dimensiones de este crimen tienen alcances inauditos pues las ganancias para estos criminales son abrumadoras. Hasta ahora ni siquiera contamos con cifras exactas para medir la magnitud del fenómeno, tampoco tenemos la posibilidad de que las víctimas inicien un proceso de denuncia contra las y los tratantes.
Esta iniciativa es fundamental para que de una vez por todas se pueda prevenir y sancionar de manera efectiva la trata de personas con todo el peso y rigor de la ley. La trata debe de ser considerada como un delito grave. Con la aprobación de esta ley podremos prevenir, proteger y atender a las víctimas desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos de las personas afectadas, en particular a los grupos más vulnerables de la sociedad; todo con la colaboración de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.
Para la elaboración y puesta en práctica de un programa nacional que incluya políticas públicas, para la protección y atención a las víctimas de este delito, no puede esperar más. Sólo pensemos lo que debe ser vivir siendo víctima de la explotación por medio del engaño, deudas, violencia o amenazas con fines de explotación sexual, laboral o abuso infantil y de servidumbre involuntaria.
En nosotros está la decisión de que estas violaciones puedan ser perseguidas por todas las autoridades competentes. Los legisladores estamos para subsanar los vicios legales y vemos a fondo nuestra obligación para que los que nos permitieron llegar a esta alta tribuna cuenten con todos los medios para una vida segura y digna. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Estrada. Tiene la palabra la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidente, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Cárdenas. Permítame, diputada Conde.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor Presidente, para no hacer uso de la tribuna pero dejar constancia de que el grupo parlamentario de Nueva Alianza suscribe en sus términos la iniciativa de ley que presentó el Partido Revolucionario Institucional y acompañó el Partido Verde, respecto de la trata de blancas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Es una propuesta de punto de acuerdo sobre una minuta que se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en esta Cámara de Diputados. Adelante, diputada Conde.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Gracias, señor Presidente. A nombre del grupo parlamentario de Alternativa, me permito manifestar nuestro pleno respaldo y sumarnos al punto de acuerdo presentado por nuestro colega del Partido Revolucionario Institucional, diputado Javier Guerrero García, a efecto de solicitar a la Comisión de Justicia retome el análisis y apruebe la minuta por la cual se crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hoy en día entre 600 mil y 800 mil personas son víctimas de esta forma moderna de esclavitud. En su mayoría mujeres, niños y niñas. No obstante que desde fines del año 2003 nuestro país forma parte de las naciones que han aprobado diversos instrumentos internacionales como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres, niños y niñas que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es la fecha que no hemos logrado emitir una ley que instrumente y haga efectivos tales compromisos internacionales. Las consecuencias de tal inacción no se han hecho esperar. Día con día sabemos por los medios de comunicación de persistentes atropellos a la dignidad humana y más aún, tal inacción nos coloca como sujetos de escrutinio frente al exterior.
El Departamento de Estado norteamericano, lo ha dicho claramente en sus informes anuales sobre la trata de personas y cito. "El gobierno mexicano no cumple plenamente con los estándares mínimos para la erradicación de la trata", y más adelante sostiene: "Las reformas legales en materia de trata de personas siguen pendientes en el Congreso mexicano, mismas que si se aprueban podrían ser de utilidad para procesar y sentenciar a los responsables de los delitos relacionados con la trata".
Sabemos de la complejidad del problema, y es un hecho que la sola promulgación de una ley no resuelve en automático ni de inmediato tal situación, pero el proyecto de ley en cuestión tiene la virtud de considerar y regular de manera sistemática los tres aspectos básicos para su atención, es decir, la persecución de los traficantes, la protección a las víctimas y la prevención de la trata.
Por último, quisiera referirme al amplio consenso que esta iniciativa logró entre las organizaciones sociales y además de que fue aprobada por unanimidad en el Senado, porque estamos seguros que ese mismo profesionalismo y esa unanimidad tendrá esa iniciativa aquí en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Conde. Tiene la palabra la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sonido a la curul de la diputada Dolores Manuell-Gómez Angulo.
La diputada Dolores Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Gracias señor Presidente. A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para unirnos a esta propuesta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Con su permiso señor Presidente, uno de los planteamientos fundamentales que tienen que ver con esta ley es cómo México ha estado en el ámbito internacional, siendo promotor de diversas legislaciones que tienen que ver con el marco de los derechos humanos de las personas en el mundo.
México fue promotor e impulsor de lo que fue la Convención contra la Trata de Personas y no es posible que en este momento el Estado mexicano no haya legislado a favor de este hecho que hoy se plantea. México ocupa el quinto lugar en América Latina, en lo que tiene que ver con la trata de personas, y el vigésimo octavo en el mundo.
Es una cosa que sí nos preocupa, finalmente, cuando vemos en nuestra cara lo que empieza a suceder en lugares como en la calle, con gente como mujeres, niños y niñas, donde simple y llanamente se van organizando una serie de personas en el ámbito de la delincuencia organizada donde existe ese tipo de explotación.
Por eso es que el Partido de la Revolución Democrática está apoyando en este momento que, en efecto, empecemos a legislar a favor de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Es un elemento fundamental en lo que tiene que ver en contra de la supraexplotación de las personas y mucho más cuando se presenta en condiciones de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, como son los niños y niñas, hijos de mujeres y hombres indígenas, en fin, todo lo que existe alrededor y en el contenido de lo que implica la trata de personas en nuestro país.
Pero también fundamentalmente lo que implicará en su momento no solamente aprobar esa legislación sino dotarla de recursos que le permitan, a través de una serie de políticas públicas en desarrollo social, que motiven el cambio de vida de las personas mexicanas. No podemos nosotros simplemente decir que se sancione a las personas que están atrás de todo este gran conglomerado de corrupción en este tema, sin que tampoco vayamos a lo que es también el fondo del problema, y del fondo el problema es que tenemos una muy amplia necesidad de personas que viven en la pobreza extrema.
No es solamente haciendo programas que tengan que ver con beneficios sociales y poner una serie de elementos para que en su vida puedan subsistir, sino es cómo cambiamos la vida y las condiciones de las personas que en realidad necesitan una educación, una cultura, infraestructura urbana en sus comunidades, así como vivienda y alimentación, son fundamentalmente ahí donde nosotros podemos identificar los grandes problemas para evitar la trata de personas en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Claudia Cruz. De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, que confiere al Presidente de esta Cámara dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta en la Cámara.
De conformidad con la fracción XVI del mismo Reglamento, se excita a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, para que emitan el dictamen correspondiente.
Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y a los ayuntamientos de la República, destinen recursos para la preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.
La diputada Martha Hilda González Calderón: El desarrollo sustentable debe ser un propósito compartido al margen de cualquier idiosincrasia o credo partidista. Las políticas públicas precisan enfocarse a priorizar este objetivo, su planeación adecuada conforme a criterios regionales a nivel federal, estatal y municipal es condición indispensable para la consecución de un país ambientalmente viable, en un marco de fortalecimiento del federalismo.
En paralelo existen rubros y prioridades que demandan la atención de todos los ámbitos de gobierno de la República, referidos a la protección y preservación de la vida y de los recursos naturales. Las políticas públicas sólo tienen sentido cuando existen las condiciones suficientes de una convivencia armónica del ser humano con su entorno.
En este contexto la magnitud de los problemas ambientales impacta profundamente en todos los ámbitos de la actividad humana, en detrimento de la calidad de vida. La degradación del suelo, la contaminación del aire, la escasez del agua, la deforestación indiscriminada, el deterioro de los ecosistemas, los peligros de extinción de numerosas variedades que forman parte de nuestra biodiversidad, la explotación irresponsable de los recursos naturales, las dificultades crecientes para el manejo de los residuos, los requerimientos cada vez mayores de consumo de energía primaria y las presiones por la explotación demográfica ponen en riesgo la sustentabilidad y factibilidad del desarrollo de las regiones que conforman la Federación.
La incorporación de la dimensión ambiental en la discusión presupuestaria reconoce la necesidad de revertir los efectos negativos del deterioro y agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, así como la urgencia del aprovechamiento racional de los recursos naturales, para lo cual se requiere generar las condiciones jurídicas y administrativas indispensables para la concreción de tales objetivos.
Esta circunstancia nos remite a la necesidad que tiene el gobierno federal, así como los gobiernos de todas las entidades federativas y municipios del país, de prever recursos presupuestarios necesarios y suficientes para ser aplicados a rubros de naturaleza ambiental que permitan un desarrollo continuo y sustentable de sus potencialidades.
Bajo las anteriores consideraciones el presupuesto público se constituye en instrumento indispensable para asignar prioridades y dotar de orden al ejercicio financiero de las entidades y municipios del país, con un enfoque ambiental integral.
Por ello, se solicita que el gobierno federal, así como los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios prevean bajo un enfoque integrador de asignación transversal, recursos presupuestarios para atender con suficiencia, oportunidad y eficacia, las obligaciones y responsabilidades ambientales que les corresponden en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes que le emanan.
Adicionalmente a lo anterior, cabe llamar la atención sobre la inminente atención que los diferentes ámbitos de gobierno deben dar en lo inmediato al aspecto presupuestario de cara al próximo ejercicio fiscal.
Por esta razón, es de natural urgencia que la presente proposición y su consecuente punto de acuerdo, llegue lo más pronto posible a las instancias decisorias en la estructuración y formulación del presupuesto público.
Por esta razón, solicito respetuosamente a esta honorable soberanía que con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General, se someta a urgente y obvia resolución este exhorto al gobierno federal, en un punto de acuerdo en donde se exhorte al gobierno federal, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de los estados, a los órganos Legislativo y Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal y a sus delegaciones; así como a los ayuntamientos de la República, para que con base en las facultades presupuestarias que les asistan en términos de la legislación vigente, prevean, asignen, recursos públicos suficientes y oportunos para atender de manera prioritaria el equilibrio ecológico y la preservación ambiental en sus respectivos ámbitos de competencia.
Señor Presidente, le solicito muy atentamente su anuencia para que el texto aquí leído sea insertado de manera íntegra en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Hilda González. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha solicitado la diputada el trámite de urgente resolución.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si este asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...(votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión.
No habiendo quien haga uso de la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Comuníquese.
Tiene el uso de la tribuna la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto 2007, recursos para el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.
La diputada Maribel Luisa Alva Olvera: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea. La que suscribe, Maribel Luisa Alva Olvera, diputada federal por el XIII Distrito en el municipio de Ecatepec del Estado de México, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Antecedentes
El 18 de agosto pasado un nuevo gobierno con filiación política distinta a la anterior asumió la responsabilidad de impulsar el bienestar de los ciudadanos del municipio de Ecatepec, Estado de México.
Es justo reconocer que el procedimiento de entrega-recepción en un contexto de alternancia, se llevó a cabo con toda civilidad y de forma eficiente y profesional. En días pasados el presidente municipal, José Luis Gutiérrez Cureño, acompañado de su cabildo y un grupo de ciudadanos, expuso en esta casa las difíciles condiciones en que se debate el municipio del cual es mandatario. Nos hacemos eco y apoyamos sus planteamientos.
Consideraciones
Aun cuando oficialmente se estima que la población en este municipio es de 1.8 millones de habitantes, de manera extraoficial se afirma que asciende a los tres millones. El factor poblacional incide en la asignación de recursos, por ello esto representa prácticamente el 50 por ciento del monto que debería tener.
En tal sentido, las finanzas del ayuntamiento se encuentran en una situación grave, déficit, disminución sistemática de la recaudación local. El gasto corriente y el pago de deuda devoran casi la totalidad de los ingresos fiscales ordinarios. Por esta razón la inversión municipal tuvo que fondearse a través de la contratación de deuda; ésta asciende a los 740 millones de pesos y se reclama al gobierno municipal adeudos superiores a 600 millones de pesos con la Comisión de Agua del Estado de México y de 649 millones de pesos por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Esta situación coloca al municipio en una virtual quiebra. En términos sociales, el 60 por ciento de la población son jóvenes menores de 25 años, la falta de empleo es caldo de cultivo para la delincuencia y la inseguridad y el desarrollo del comercio informal.
Ecatepec es tristemente el primer lugar en casos de muertes maternas, más de 100 mil habitantes carecen de servicios sanitarios; se han agudizado las condiciones críticas de saturación del transporte, servicio eléctrico, distribución del agua potable, red de alcantarillado, drenaje, compactación de suelos, etcétera.
Lo anterior se sintetiza en un serio deterioro de la calidad de vida de quienes habitan, trabajan y transitan en Ecatepec. La pobreza y la pobreza extrema se hacen presentes con grandes contrastes. La magnitud de las necesidades de obra y de servicios puede valorarse al observar que el ayuntamiento tiene integradas más de siete mil peticiones en apenas 52 días de gobierno.
El gobierno municipal ha seleccionado 151 obras de infraestructura y 363 del organismo operador del agua potable. De hecho el gobierno entrante ha tomado ya algunas medidas, no espera ni que le resuelvan todos los problemas y mucho menos que se resuelvan solos.
Entre las decisiones adoptadas se encuentran: reducción de salarios a los integrantes del cabildo y a los mandos medios y superiores; programas de ahorro de gasto corriente; programa de fortalecimiento en la captación de los ingresos propios.
Por las anteriores consideraciones, nos permitimos someter a esta honorable representación el siguiente:
Punto de acuerdo
Primero. En el contexto de la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2007, esta Cámara de Diputados acuerda asumir los pasivos generados por los créditos contratados en los años 2004 y 2005 a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Segundo. Reconocer el incremento poblacional que ha experimentado el municipio de Ecatepec y compensar el déficit de recursos generados por el rezago en la actualización de esta variable.
Tercero. Recuperar los remanentes del Ramo 33, por 285.7 millones de pesos.
Cuarto. Asignar recursos para seguridad pública y protección civil y en consecuencia, modificar las fórmulas existentes a fin de que los municipios y en particular el de Ecatepec, puedan acceder a dichos recursos.
Quinto. Considerar un incremento del 100 por ciento en el monto de la asignación presupuestal para Ecatepec, en función de su población real y de sus requerimientos mínimos.
Sexto. Asignar un presupuesto extraordinario para solventar las necesidades mínimas de obra y servicios públicos: agua, drenaje, basura, educación, salud, tránsito vehicular, etcétera.
Señor Presidente, de manera muy respetuosa solicito se inserte íntegro el documento en el Diario de los Debates, dado que por el tiempo sólo mencionó una síntesis. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Maribel Luisa Alba Olvera. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo para que en el presupuesto 2007 se consideren recursos suficientes para los programas y proyectos de la Comisión Nacional del Agua.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El suscrito, Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado integrante de la LX Legislatura y del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.
La Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la administración pública federal, cuyo decreto de creación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1989, es hoy día un organismo estratégico para el cumplimiento de los programas que tiene como propósito la administración y preservación de las aguas nacionales para, de manera conjunta con la sociedad, lograr así el uso sustentable de este recurso.
Vale y es justo decir que la Comisión Nacional del Agua desde su creación ha establecido una organización operativa, eficiente y sólida, respaldada en su trabajo en la dirección general y también apoyada, a su vez, por nueve subdirecciones estratégicas que comprenden la atención integral del proceso administrativo, gestión y sustentabilidad del recurso agua.
La Conagua como organismo rector ha sabido realizar bien sus tareas al reconocer en su operatividad que el agua debe proporcionar bienestar social y apoyo al desarrollo económico, sin dejar de lado los principios que debe preservar sobre la cantidad y calidad de este recurso.
La tarea a cargo de la Comisión Nacional del Agua para lograr el uso sustentable del agua en el país es ardua y compleja, toda vez que el organismo tiene bajo su responsabilidad, entre otras facultades, establecer la política y estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución y vigilar su aplicación, concertar con los organismos financieros nacionales e internacionales los créditos que requiere el sector hidráulico y establecer los programas para apoyar a los municipios en el suministro de los servicios de agua, drenaje, saneamiento y también en las comunidades rurales.
Para el cumplimiento de estos propósitos, la Conagua se ha venido apoyando —y ya se considera fundamental su participación— con el sector social, ya que gracias a esta línea de acción la institución ha podido delegar la responsabilidad en el proceso de la construcción, operación, mantenimiento de esta infraestructura hidráulica, para pasársela a las autoridades locales y a los usuarios, además de que ha logrado la participación social activa y la preservación de la cantidad y calidad del agua.
Sin embargo, para el cumplimiento de todos los programas encaminados a garantizar las líneas en referencia y para el financiamiento de los proyectos correspondientes, la Comisión del Agua ha proyectado, a lo largo de los próximos 25 años: "en México se van a requerir en promedio inversiones anuales por un monto de 17 mil millones de pesos".
El mayor porcentaje de esta cantidad, 16 mil 300 millones, deberá ser destinado a la atención de la demanda en el sector urbano es decir, financiar procesos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, además de reposicionar la infraestructura y realizar estudios y proyectos para su reposición.
Lo anterior no es casual, porque precisamente para el año 2025 los especialistas en la materia calculan una crisis mundial de abastecimiento del agua, con una afectación de dos mil millones de personas que no dispondrán de agua bebible.
México no va a escapar a este espectro, ya que se espera contar con una población de 150 millones que va a requerir un abasto diario de más de 300 litros de agua por persona para satisfacer estas necesidades básicas.
No obstante y en el caso de nuestro país, el aumento de los índices de población, así como el crecimiento de las actividades productivas está generando ya graves problemas de escasez de agua.
Frente a este panorama se debe actuar desde ya, procurando de entrada ajustes en las proyecciones del gasto público para los próximos años, que vayan garantizando las inversiones de aquellos programas y proyectos fundamentales que la Conagua, estados y municipios contemplan para la administración y preservación del recurso.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Solicitar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados, para que intervengan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007, se consideren recursos adicionales al ejercicio fiscal del 2006 y que con suficiencia —reitero—, con suficiencia, garanticen las inversiones que la Comisión Nacional del Agua, los estados y los municipios, requieren para la realización de los programas y proyectos fundamentales de la administración, gestión y sustentabilidad del recurso agua para el año próximo. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vargas Landeros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: "Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de octubre de 2006.
"Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Por este conducto le solicitamos integrar al orden del día de la sesión de hoy, el siguiente asunto de urgente y obvia resolución: Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006.
"Atentamente. Junta de Coordinación Política. Diputado Emilio Gamboa, Presidente; diputado Héctor Larios Córdova; diputado Javier González Garza; diputada Gloria Lavara Mejía; diputado Alejandro Chanona Burguete y diputado Ricardo Cantú Garza".
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría si es de aprobarse la integración de este asunto en el orden del día.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Presidente Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se realiza en Montevideo, República Oriental de Uruguay, del 4 al 5 de noviembre del 2006, publicado en la Gaceta Parlamentaria; es de primera lectura.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto, que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en el XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006, y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Ciudadano Presidente, se dispensa la segunda lectura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión.
No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por diez minutos y consulte a la Asamblea si se autoriza.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
Se emitieron 347 en pro, 16 en contra y 19 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 6 de noviembre de 2006, con el propósito de participar en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 4 y 5 de noviembre de 2006. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La diputada Elizabeth Morales García (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Morales.
La diputada Elizabeth Morales García (desde la curul): Nada más quiero cambiar el sentido de mi votación, aunque finalmente el resultado es el mismo, pero para que quede en coherencia, es a favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada; tome nota la Secretaría.
Se acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de la misma.
El diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado. Sonido a la curul... Si es para votación, ya se cerró la votación, diputado. Sonido a la curul del diputado Evodio.
El diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre (desde la curul): Señor Presidente, tengo unos minutos pidiendo la palabra, aquí está el compañero de asistencia legislativa. Era para poder poner mi voto, para poder presentar mi voto porque no accede mi huella digital.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Que se tome nota de su voto, diputado. Gracias.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si es para lo mismo, que tome nota el personal de la Cámara. Gracias. Adelante, señora Secretaria.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura. Presente.
Con fundamente en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al Pleno en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente a la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, para que entreguen de manera urgente los recursos de las reasignaciones presupuestales etiquetadas en el anexo 19-H del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, a cargo de los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Tonatiuh Bravo Padilla y Emilio Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de urgente resolución.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente. Atentamente. Firman todos los diputados coordinadores de todos los grupos parlamentarios.
En votación económica, se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa… (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Tiene la palabra el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD, para presentar esta proposición.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente.
Los que suscriben, diputados Alfonso Suárez del Real, Tonatiuh Bravo Padilla y Emilio Ulloa Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, nos permitimos someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en calidad de urgente y obvia resolución:
Ante el proyecto de presupuesto de egresos para el subsector cultura que el Ejecutivo federal envió para el ejercicio fiscal 2006, el Poder Legislativo en la LIX Legislatura, por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios que integraron su Comisión de Cultura, asumió el compromiso de revertir el proceso de reducción de recursos para la cultura.
Esta labor se desarrollo en el pleno uso de las facultades de esta Cámara para reasignar recursos y tiene como finalidad cubrir las deficiencias presupuestales advertidas en el proyecto de presupuesto del año fiscal 2006.
Las negociaciones de los partidos en la Comisión de Presupuesto, permitieron etiquetar esos recursos y que fueran publicadas en el decreto de presupuesto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre del año pasado.
Sin embargo, las autoridades hacendarias no han respondido a su compromiso de respetar dicho decreto y liberar la mayor parte de los recursos que el Poder Legislativo reasignó a favor de las instituciones responsables, de aplicar las políticas culturales del país.
Nos preocupa que al compromiso de esta soberanía por la cultura, la Secretaría de Hacienda responda incomprensiblemente con el desacato al decreto de presupuesto 2006 y con desinterés por los problemas de las instituciones culturales y de la creación cultural de nuestro país.
En el oficio DGVC/319/06 que el director de Vinculación Cultural de Conaculta, doctor Fonseca, dirige a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, le informa que dicha dependencia no podrá cumplir con la erogación de recursos asignados a la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente.
Pero este problema se multiplica en todas las instituciones. El Centro de Capacitación Cinematográfica se encuentra en una crisis financiera por falta de entrega de recursos. En el Instituto Nacional de Bellas Artes existen denuncias de falta de pago. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia se incumplen contratos con editores al argumentar faltas de recursos.
Es importante señalar que en el caso de los festivales culturales se necesitaba ejercer estos recursos desde el mes de marzo y que casi todos los proyectos culturales a los que se les asignaron recursos, ya se realizaron. Pero lo que es más grave es que los recortes a las reasignaciones presupuestales a las instituciones culturales están poniendo en riesgo algunas materias sustantivas y poniendo en riesgo a sus proveedores.
Es por ello que resulta preocupante que la mayor parte de las ampliaciones presupuestales se encuentren en riesgo, puesto que si los fondos correspondientes no se liberan en estos días, se perderán definitivamente. Por todo lo anterior, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución
Único. Esta soberanía exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al secretario Francisco Gil Díaz; al subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado; así como al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, a que realicen las gestiones necesarias para la liberación de la totalidad de los recursos etiquetados y las reasignaciones contenidas en el anexo 19-H, votado y aprobado por la LIX Legislatura de este Congreso de la Unión.
Firman esta proposición el suscrito, el diputado Emilio Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Cultura; el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos; la diputada Concepción Ojeda Hernández; el diputado Miguel Ángel Solares; el diputado Gerardo Villanueva, presidente de la Comisión del Distrito Federal; el diputado Javier González Garza; el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; los diputados María del Carmen Salvatori y Esteva, del Partido Convergencia. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que esténtor la negativa… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. Se ha inscrito para hablar sobre el tema, el diputado Juan de Dios Castro Muñoz.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Con el permiso de la Presidencia. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto asume como propias las declaraciones hechas por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Las razones, nos avalan.
El año pasado, cuando se dio el proceso de la elaboración del presupuesto, recordemos que esta soberanía colocó cero pesos en el rubro del Programa de Enciclomedia, aún con esa programación de cero pesos, el gobierno de Fox hizo lo propio para que legalmente ese rubro de las Enciclomedias tuviera los resultados que hoy tiene. De las 140 mil aulas de nivel primaria de quinto y sexto, se ha logrado poner Enciclomedia actualmente en 130 mil aulas. Por supuesto que estamos a unos días de que se cierre el ejercicio del presupuesto de este año.
Para Acción Nacional siempre ha sido la prioridad la educación; es —como todos sabemos— señoras y señores diputados, la dependencia que tiene el mayor número de recursos en el presupuesto; es —como todos sabemos— la educación, el único eje de desarrollo para nuestra patria. Es por eso que Acción Nacional hace propios los argumentos planteados en el punto de acuerdo que presentan los diputados del PRD y hacemos votos, señor diputado Tonatiuh, Presidente de la Comisión de Educación, para que éste sea un ejemplo de que caminemos juntos en las reformas que tanto hacen falta en nuestro país. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan de Dios Castro. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, Presidente, y gracias, diputado, por haberme aludido y darme oportunidad de intervenir y decirle que a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tenemos la voluntad de avanzar juntos en éste y en otros temas y que este punto de acuerdo y otros más serán la expresión de esa voluntad y de ese acuerdo. Así que muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputado Bravo.
No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Aprobado. Comuníquese.
Se recibió de la diputada Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere una partida para el Parque Ecológico en la Refinería 18 de Marzo.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputad Pablo Arreola, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo exhorte al gobierno de los Estados Unidos de América apegarse a la legislación internacional en materia de tortura.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidente. Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de acuerdo
En días pasados fuimos testigos de la aprobación por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Ley de Comisiones Militares, que a contracorriente del derecho internacional, legaliza la tortura. En vista de que la aplicación de dicha ley puede afectar irremediablemente a nuestros connacionales, pues corren el riesgo de ser catalogados como terroristas con las fatales consecuencias que esto implica.
Debemos tomar en consideración que esta medida será adicional a las penurias que de manera cotidiana padecen, las cuales incluyen entre otras, la posibilidad de morir en el trayecto, los abusos de los llamados coyotes, la deportación, si son capturas por las autoridades migratorias norteamericanas. La amenaza de ser cazados por los minuteman y el racismo.
Es fundamental que de ninguna manera permitamos que, con el pretexto de la guerra antiterrorista, civiles inocentes sean torturados y despojados de sus más elementales derechos.
Conviene recordar que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada en 1948 y luego de la experiencia de los tribunales militares de Tokio, existe el principio de derecho internacional de no tolerar conductas que vulneren la dignidad de las personas, entre ellas, la tortura, debido a que es uno de los delitos que destruye lo más preciado del ser humano.
Por lo tanto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula la prohibición absoluta en el artículo séptimo que a la letra dice: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos".
Ello significa que a diferencia de la regulación de otros derechos humanos, no existe ninguna justificación para admitir la tortura, en consecuencia, inclusive en situaciones excepcionales, se preserva la protección a la persona de esta práctica, tal disposición es recogida en el artículo cuarto de dicho pacto que alude a la exclusión de restricciones relativas a este derecho.
La disposición precedente no autoriza suspensión alguna a los artículos 6o, 7o, 8o, párrafo primero y segundo, onceavo, quinceavo, dieciseisavo y dieciochoavo.
De la misma forma el Sistema Interamericano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohibe la tortura en el artículo 5o. En 1975 la Organización de las Naciones Unidas aprobó una Declaración sobre protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, base de la posterior aprobación de la Convención contra la Tortura del día 10 de diciembre de 1984.
El 15 de marzo de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60-251 que establece el Consejo de Derechos Humanos como uno de los órganos subsidiarios, en sustitución de la actual Comisión de Derechos Humanos. Dicho acto elevó el nivel jerárquico de los derechos humanos, como uno de los tres pilares que sostienen la acción colectiva de la comunidad internacional junto a los temas de desarrollo y el mantenimiento de la paz y la seguridad.
México presentó su candidatura al Consejo el 16 de marzo del 2005. Para sustentar el 11 de abril del mismo año presentó ante la Comunidad Internacional sus contribuciones y promesas voluntarias en materia de derechos humanos. México resultó electo el pasado 9 de mayo por la Asamblea General como uno de los 47 miembros fundamentales del Consejo por un período de tres años, con 154 votos a favor en un universo de 191.
El 19 de mayo del 2006 los 47 países que integran el grupo fundamental del Consejo de Derechos Humanos acordaron que México ejerciera la presidencia en su primer año de existencia en la persona del embajador Luis Alfonso de Alba, representante permanente de México ante organismos internacionales.
En razón de que México preside en estos momentos el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual nos coloca en una condición de responsabilidad ante la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior, para que sea considerada de urgente resolución, respetuosamente sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que instruya al embajador Luis Alfonso de Alba, para que en su carácter de presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, exhorte al gobierno de Estados Unidos de América a que se apegue de manera estricta a la legislación internacional en materia de tortura y no se aplique la Ley de Comisiones Militares. Atentamente grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo en relación con el programa de desarrollo humano Oportunidades, en el estado de Oaxaca.
La diputada Irma Piñeyro Arias: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El conflicto político, social y económico que vive el estado de Oaxaca desde el pasado mes de mayo ha impedido el cierre del ciclo escolar 2005-2006 y el inicio del nuevo ciclo 2006-2007 en nuestra entidad.
Esta situación afectará la entrega de apoyos educativos a 370 mil becarios de educación básica integrantes de 210 mil familias del estado de Oaxaca, beneficiarias del programa de desarrollo humano Oportunidades, en este nuevo ciclo escolar.
Para la emisión de los apoyos por parte del programa, es indispensable que los beneficiarios cuenten con la certificación del cumplimiento bimestral a los servicios de salud y educación, cumplimiento que certifica el personal de salud y educación con los formatos S2-Salud y E2-Educación. Éste es el compromiso de corresponsabilidad de las familias beneficiarias para seguir con los beneficios del programa Oportunidades.
La fecha límite para recibir los formatos de certificación del cumplimiento bimestral de los beneficiarios a los servicios de salud y educación de Oaxaca e integrarlos oportunamente en el padrón de becarios a partir del bimestre septiembre-octubre 2006, fue el 15 de octubre de 2006, condición que no se cumplió debido a que las escuelas no han reanudado sus actividades.
Este problema podría tener solución si la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y el Comité Técnico de Coordinación Nacional del Programa de Oportunidades colaboran entre sí para adecuar y reprogramar el calendario escolar de educación básica del estado de Oaxaca, garantizando la duración de 10 meses o cinco bimestres, como normalmente se da en todas las entidades federativas. Una vez que se autorice esta nueva calendarización se iniciaría el programa con la emisión de los apoyos educativos a partir del bimestre en que inició el ciclo escolar.
Es imprescindible el combate a la pobreza extrema con definiciones presupuestales que permitan a la población alcanzar mejores niveles en educación, salud y alimentación. Con apoyos extraordinarios lograremos que las familias en zonas de alta marginación obtengan las bases necesarias para ampliar sus oportunidades de desarrollo.
El futuro de México está en sus escuelas, en sus maestros, en sus estudiantes, en el explícito compromiso de la sociedad con la educación.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este Honorable Pleno, el siguiente punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que modifique el calendario escolar del ciclo 2006-2007 para el estado de Oaxaca, asegurando su duración de 10 meses.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, otorgue los apoyos educativos del programa de desarrollo humano Oportunidades, a partir del bimestre en que inicie el ciclo escolar en el estado de Oaxaca, tomando como base el último padrón registrado del programa y asegurando que se cubran los 10 meses del ciclo.
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que modifique el calendario presupuestal del componente educativo, para tener suficiencia presupuestal, conforme al calendario educativo de Oaxaca, una vez que las condiciones lo permitan.
Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a vigilar la oportuna asignación de los apoyos educativos del programa humano Oportunidades, a partir del bimestre en que inicie el ciclo escolar en el estado de Oaxaca.
Se exhorta al comité técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para continuar con la misión de apoyos, una vez que se reanude el ciclo escolar. Por su atención, muchas gracias.
Perdón, señor Presidente, quería hacer la atenta solicitud que este punto de acuerdo sea sometido a consideración, como de urgente y obvia resolución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Irma Piñeyro. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
La Secretaría diputada María Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución. En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, pregunte la Secretaría a la asamblea, si el asunto se aprueba.
La Secretaría diputada María Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora consulte si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaría diputada María Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana un terreno de 15 hectáreas.
Esta Presidencia saluda al doctor José Lama Lavadi, rector general de la Universidad Metropolitana, a la doctora Magdalena Fresan Orozco, rectora de la unidad Cuajimalpa, y a Miriam Calvillo Velasco, coordinadora general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí presentes.
La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputado Presidente. La Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha tenido en las últimas tres décadas una intensa dinámica de transformación demográfica y urbanística. El crecimiento de la población y las necesidades de servicios ligados a ésta se han multiplicado.
En el terreno educativo se estima una demanda de educación superior de más de 300 mil jóvenes en la parte del poniente de la Ciudad de México; particularmente en Cuajimalpa y los municipios conurbanos cercanos a esta delegación.
Por ello, la delegación Cuajimalpa ofreció, para fundar ahí una unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, el predio denominado El Escorpión, propiedad original del Gobierno del Distrito Federal, ubicado en la zona de Santa Fe. La donación del predio se concretó el 5 de noviembre de 2004.
Lamentablemente, pocos días después de la donación apareció un particular, quien solicitó un amparo bajo el argumento de que ese predio estaba dentro de un rancho que su abuelo le heredó.
Ante esta situación, la Universidad tuvo que replantear la situación y gracias a un apoyo adicional pudo realizar la compra de un predio más grande en la zona que se llama "La Ventana" o "El Encinal", por el que la Universidad pagó 187 millones.
Una vez firmado el contrato de compra-venta con los dueños del predio, éste se escrituró a nombre de la Universidad, lo cual hacía posible someter la propuesta de creación de la unidad Cuajimalpa del Colegio Académico.
La unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana se creó el día 26 de abril de 2005, lo que representó un hecho decisivo de la Casa Abierta al Tiempo, pues la resolución busca dar respuesta a la demanda de educación superior pública en el poniente de la zona conurbada del Valle de México.
Sin embargo, por esos días un grupo importante de vecinos objetó el establecimiento de la unidad; así, ante un conjunto de circunstancias relacionadas con la irregularidad jurídica de los predios, la dificultad de cambiar el uso de suelo entre otros y el excesivo costo derivado de la especulación de bienes raíces de la zona, el establecimiento físico de la unidad Cuajimalpa no se ha concretado
Un convenio con la Universidad Iberoamericana proporcionó aulas suficientes para las actividades académicas durante el primer año de vida de la unidad. El pasado 25 de septiembre un total de 230 alumnos en las carreras de Derecho, Diseño, Ingeniería de la Computación y Matemáticas Aplicadas inició sus actividades académicas en el edificio que ocupaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Avenida Constituyentes, en espera de encontrar una ubicación adecuada para la construcción de sus instalaciones.
Por lo mencionado anteriormente se hace necesaria la intervención del Ejecutivo federal a fin de que contribuya en la solución de la problemática expuesta, en razón de que se busca atender una de las necesidades más sentidas de la sociedad mexicana, como es la urgente creación de más y mejores universidades que permitan responder cabalmente a los retos que enfrenta nuestro país.
No debemos olvidar que 32 años de vida de la Universidad Autónoma Metropolitana han sido decisivos en la configuración del sistema de educación superior nacional. Es cierto que las universidades tienen el firme compromiso de educar, investigar y difundir la cultura, pero también es obligación del Estado mexicano el dotar a las universidades públicas de los elementos que les son necesarios para poder estar en posibilidad de cumplir con la alta responsabilidad que se les ha confiado.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que sea considerado de urgente u obvia resolución, someto a esta Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Que esta Honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, a donar el terreno de 15 hectáreas ubicado en el kilómetro 14 de la carretera federal México-Toluca a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana, a efecto de que construya en él su unidad Cuajimalpa.
Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal a efecto de que, a través de las dependencias correspondientes se expidan las licencias y permisos federales que se requieran para la construcción y funcionamiento de la unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Tercero. Se exhorte al Ejecutivo del Distrito Federal para que a la brevedad posible otorgue las licencias de construcción y funcionamiento que sean necesarias, a fin de que se construya y comience a prestar servicios la unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Dado en el Palacio Legislativo a los 26 días del mes de octubre de 2006. Firma el diputado Héctor Larios, el diputado Javier González, El diputado Tonatiuh Bravo, el diputado el diputado Juan José Rodríguez Prats, el diputado Alberto Esteva, la diputada Maricarmen Salvatori, el diputado José Manuel del Río, el diputado Juan de Dios Castro, la diputada Mariana Arvizu, el diputado Miguel Ángel Jiménez, la diputada Irma Piñeiro, la diputada Silvia Luna y la de la voz. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Gabriela González. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Es de urgente resolución. Está a discusión.
Ha pedido la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, Presidente, con su venia. El punto de acuerdo que ha sometido la diputada que me antecedió en el uso de la palabra fue expuesto el día 18 de octubre, en la sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y contó con el consenso de toda la Comisión.
De tal manera, por mi conducto no solamente se expresa el apoyo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sino este consenso reflejado en la plenaria de la Comisión de Educación a fin de que la Universidad Autónoma Metropolitana pueda ser apoyada para que consiga este terreno y pueda construir esta unidad adicional, ya que cuenta con los recursos para operarla, cuenta con los recursos para su construcción y solamente hace falta el terreno donde ésta pueda realizarse.
Quisiera señalar que es la Universidad Autónoma Metropolitana una de las casas de estudio más prestigiadas de nuestro país, que cuenta con indicadores académicos que son fuente de orgullo de nuestro país y que, junto con las demás instituciones de educación superior de nuestro país, es una institución que merece todo el apoyo del Congreso y de la Cámara de Diputados, por lo cual les solicito el apoyo a todos ustedes . Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo. Dígame diputado Arreola
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde su curul): Señor Presidente. Aprovecho la ocasión para que, a nombre de nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, apoyemos en todos y cada uno de los puntos que contiene este punto de acuerdo, que es fundamental para el desarrollo de la Universidad Metropolitana y que ojalá que a la brevedad puedan contar con este espacio para la construcción de esta unidad. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobada. Comuníquese.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Sosa Castelán, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo en relación con la cancelación del desfile deportivo del 20 de Noviembre.
El diputado Gerardo Sosa Castelán: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. A nombre de la fracción parlamentaria del PRI y de la diputada Elizabeth Morales, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en su carácter de urgente u obvia resolución, en relación a lo siguiente.
¿Qué significa el 20 de noviembre? ¿Con qué argumento —de un plumazo— se borra la fiesta cívica? ¿Por qué el vocero del Ejecutivo federal quiere replantear la pertenencia de tradiciones y valores? Estas preguntas las contestaré recordando a Ricardo Flores Magón, cuando habla de la Revolución en una de sus más lúcidas argumentaciones publicadas en un periódico, "Regeneración", que a la letra reza:
"¿Quiénes temen a la Revolución? Los mismos que la han provocado. Los partidos conservadores y burgueses nos hablan de libertad, de justicia, de ley, de gobierno honrado y os dicen que cambiando al pueblo los hombres que están en el poder por otros, tendréis libertad, tendréis justicia, tendréis ley, tendréis gobierno honrado. No, no os dejes embaucar". Hasta aquí la cita.
El Presidente de la República, por interpósita persona, es decir, a través de su ínclito vocero ha pretendido sustentar la desafortunada decisión de cancelar el desfile del 20 de noviembre, con argumentos tales como los siguientes:
Que no tiene que ver nada con el acto de Andrés Manuel López Obrador, que tendrá lugar ese día en el Monumento a la Revolución. Me pregunto: ¿Tampoco tuvo que ver nada con el grito de Independencia? ¿Tampoco tuvo que ver nada?
Dice también que se reemplazará al desfile con una ceremonia que se apegue a una cultura propia de los ciudadanos. Le preguntaríamos al vocero, ¿qué entiende por cultura de los propios ciudadanos?
Dice también que el desfile había venido agotándose. Yo les pregunto, señores diputados, ¿qué los desfiles se agotan?
Dice también que la relevancia de esta fecha amerita una celebración que se apegue a los tiempos democráticos que vive el país, por lo que el Presidente Fox decidió involucrarse de lleno en el festejo, darle un nuevo carácter y convertirlo en un acto cívico que permita revalorar su sentido histórico. Albricias, por el fin el Presidente Fox se ha metido de lleno a un asunto del Estado.
Con este rosario de perlas de retórica oligofrénica, la Presidencia de la República ha intentado justificar la cancelación del desfile del 20 de noviembre, con argumentos tan inverosímiles como absurdos. El triste y patético papel que el Presidente de la República le ha encomendado representar al señor Rubén Aguilar ofende a la inteligencia de los mexicanos y, más grave aún, agrede a la institución presidencial, pues socava directamente su credibilidad.
El Presidente Fox y su vocero son los autores intelectuales y materiales por atentar contra la dignidad de la institución presidencial, al representar diariamente una farsa que el pasado martes 24 de los corrientes, llegó de nuevo al límite de lo burdo y de lo ridículo.
Tal vez el único objetivo que sí ha logrado este esquema, es resguardar no a la institución presidencial, pero sí a la persona del Presidente, de hacer el ridículo cada mañana que se le hace el encargo al vocero Aguilar, que sin duda lo cumple a cabalidad. Pero no es lo mismo proteger al Presidente en turno que proteger a la Presidencia de la República.
Desdeñar una fecha importante del calendario cívico es desdeñar el proceso de institucionalización de un movimiento social. Por eso mismo, las naciones que olvidan su pasado están destinadas a ser débiles en su presente, luego entonces, a perderse en el futuro.
Cancelar el desfile del 20 de noviembre significa ignorar la historia, restarle importancia a los símbolos nacionales, como lo hizo Vicente Fox desde el inicio de su gobierno, empezando por modificar el Escudo nacional.
Reducir la importancia de las formalidades políticas, como lo hizo Vicente Fox desde su toma de posesión justamente aquí, en la Cámara de Diputados, ha violentado el protocolo constitucional y violentó a la República y, sobre todo, confirma el uso voluntarista de la investidura presidencial, con el único fin de servirse a sí mismo y no a la nación, como es su encomienda.
Por eso, señores diputados, desde esta tribuna apelo a ustedes, señoras y señores diputados, a mantener en la unidad nacional todo aquello que como mexicanos hoy nos obliga al consenso; esto a fin de dar cuenta en un ejercicio pleno de democracia.
Una revolución que creó una parte orgánica en la cual se sustentan todas las instituciones en la división de Poderes, en el Ejecutivo fuerte…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya por favor, señor diputado.
El diputado Gerardo Sosa Castelán: Gracias, señor Presidente, en un momento concluyo.
Por lo anteriormente expuesto, compañeros diputados, someto a consideración de esta soberanía bajo el carácter de urgente y obvia resolución:
Primero. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifiesta su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo Federal, de omitir las festividades del 20 de noviembre.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a mantener las festividades vigentes e históricas en el calendario cívico nacional.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Gerardo Sosa. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay las dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo para incluir en el Presupuesto 2007, apoyos a la comercialización del sector agrícola.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros legisladores. Nueva Alianza viene a esta tribuna a presentar por mi conducto un punto de acuerdo para que vayamos en ayuda del campo mexicano, de los miles, de los millones de productores mexicanos y de quienes indirectamente viven del campo mexicano.
Para ninguno de nosotros ha sido ajeno que el campo mexicano ha venido sufriendo rezagos ancestrales. Para ninguno de nosotros es desconocido que el 52 por ciento de nuestra población vive en pobreza y que el 80 por ciento de esos pobres viven en el campo mexicano.
Qué decir, cuando el propio Banco Mundial reconoce que la población mexicana que se encuentra en el campo mexicano, ha incrementado sustancialmente su rezago y su condición de indigencia.
Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México ha venido cubriendo en un 40 por ciento su demanda de alimentos de los países socios de este acuerdo comercial, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.
Pero tenemos enfrente, tenemos ya el 2008 y será nuestra responsabilidad, nosotros los diputados, quienes aprobamos el gasto público, de ir a atender a esos mexicanos que no han logrado superar las asimetrías de este convenio comercial.
Ellas siguen estando vigentes por cuanto a prácticas comerciales, a tecnologías, a acceso al crédito, a protecciones que en un tiempo fueron obstáculo para que progresara la Ronda de Uruguay y después, una vez superado el esquema y creada la Organización Mundial del Comercio, tenemos nuevamente el compromiso ante las grandes potencias de defender a nuestros productores, porque ellas siguen teniendo subsidios para sus productores agrícolas y agropecuarios.
El campo mexicano no nada más necesita del apoyo, exige el apoyo de todos y cada uno de nosotros. No es desconocido que la forma en que ha venido atendiéndose la evolución del tratado comercial ha sido insuficiente; de ahí el propio reconocimiento del Ejecutivo y de anteriores Legislaturas que del 2004 al 2006 se han incrementado los apoyos a la comercialización de los productos agropecuarios. Así, con base en el presupuesto de egresos del presente año, se aprobaron nueve mil 134 millones en apoyo a la comercialización de los productos agropecuarios.
Hay que admitir que la sola falta de recursos no es nada más un indicativo de que las políticas públicas han venido dando tumbos para rescatar a todos los mexicanos que están en esas consideraciones. Por lo anterior, me permito presentar a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, pidiendo el apoyo de todas las bancadas y de todos los diputados para que vayamos al rescate del campo mexicano.
Punto de acuerdo
Primero. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Agricultura y Ganadería de esta Cámara de Diputados que, en el presupuesto público federal, en el rubro de Apoyos a la Comercialización del Sector Agrícola para el ejercicio fiscal del año 2007, se contemple el equivalente al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el año 2006 para este concepto, más la inflación esperada en el año 2007. Señor Presidente, es cuanto y le solicito que esta intervención se inserte en la Gaceta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Insértese íntegro en el Diario de los Debates. Gracias, diputado Cárdenas, y túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Agricultura y Ganadería.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal indulte a diversos ciudadanos de Puerto Madero, Chiapas.
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista, de Alternativa, de Nueva Alianza, de Convergencia, del Partido del Trabajo y mis compañeros de la Revolución Democrática: Particularizo en esta ocasión porque solicito a ustedes su apoyo solidario como seres humanos y como representantes del pueblo, para también impulsar la justicia.
La problemática en materia de seguridad en el país es preocupante. La ola de violencia que se vive es de conocimiento de todos y no podemos negarnos a ello. El narcotráfico, por ejemplo, y la delincuencia organizada han rebasado los límites, han trastocado incluso hasta las instituciones, por lo que es necesario unificar esfuerzos para lograr retomar el rumbo en esta nueva tarea que nos ha encomendado el pueblo de México.
Hago este comparativo porque los que delinquen en este rubro como tráfico de estupefacientes, robo con violencia y/o secuestro, dañan profundamente a las familias de México y a la integridad física, emocional, sicológica y económica de quienes son víctimas de estos hechos. Sin embargo, muchos de estos delincuentes están prófugos de la justicia y por lo contrario… dije, antes quiero hacer un comparativo., hay presos o delincuentes sociales —les llamo así porque están tras las rejas— privados de su libertad, no por cometer delitos antes mencionados sino por violentar la ley por desconocimiento.
Quiero hacer hincapié nuevamente. Violentaron la ley por desconocimiento. Los cobros excesivos e injustificados y abusivos de la Comisión Federal de Electricidad han provocado que los mismos ciudadanos se organicen para luchar contra esta situación debido a que las altas tarifas han agobiado y van en detrimento de la economía familiar de estos mexicanos.
Además, ha perjudicado a empresarios, medianos empresarios, microempresarios, pero sobre todo a los que más perjudican es a los campesinos, obreros, pequeños comerciantes y a todas las familias de bajos recursos económicos.
Quiero referirme a los ciudadanos Efraín Martínez Soto, Agustín Alberto Clavel Alfaro, Jorge Abimaleg Ramírez Pacheco y Hernán Leyva Escobar, de Puerto Madero, Chiapas, recluidos en el Penal 3 de Tapachula, Chiapas, desde el pasado 17 de abril del año 2002 con la asignación del expediente 35/2002. A la fecha llevan presos cuatro años seis meses.
Compañeras y compañeros diputados. Quiero hacer nuevamente hincapié: violentaron la ley por desconocimiento. En la protesta y la lucha por pagar tarifas justas de energía eléctrica, el calor humano y el agobio de su pobreza, aunado a la represión policíaca, los llevó a cometer algunas conductas contrarias a la ley, como impedir que algunos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad cumplieran con el corte masivo de energía eléctrica correspondiente.
No son narcotraficantes, no robaron, no secuestraron con fines de lucro ni con fines delictivos; aun así, estos ciudadanos en mención son personas de buena fe, padres honestos de familia, reconocidos trabajadores de alta reputación y de buena conducta. Lejos de lograr su objetivo inicial, el pago de una tarifa justa de energía eléctrica, hoy sus familias se hunden en su pobreza por falta de la figura paternal.
Consideramos justo que estas personas se integren a la vida familiar para velar por el buen desarrollo de sus familias, que es justo por el bien de México.
Compañeras diputadas y diputados. Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Vicente Fox Quesada, para que en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 89 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indulte a los ciudadanos Efraín Martínez Soto, Agustín Alberto Clavel Alfaro, Jorge Abimaleg Ramírez Pacheco y Hernán Leyva Escobar, de Puerto Madero, Chiapas, con número de expediente 35/2002, por luchar por una tarifa justa de energía eléctrica.
Por el apoyo y respaldo que pueda recibir de los diferentes grupos parlamentarios, les anticipo mi reconocimiento y les doy las gracias anticipadas. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alfredo Barba. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay las dos terceras partes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Barba Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicitan recursos para la construcción de un macro libramiento en Puerto Vallarta, Jalisco.
El diputado Alfredo Barba Hernández: Con su permiso, señor Presidente. El que suscribe, Alfredo Barba Hernández, diputado federal por el estado de Jalisco a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y en uso de mis facultades que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
La revisión y modificación del proyecto de egresos es una de las responsabilidades que tenemos como diputados. Hacerlo en forma equitativa y estratégica es un compromiso que debemos cumplir con nuestros mexicanos.
Hoy los mexicanos esperan resultados de este Congreso y esos resultados sólo son reales para ellos cuando son visibles, cuando son palpables, cuando se ven reflejados en cubrir sus necesidades. Por eso hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, así como a la Comisión de Comunicaciones, ambas de esta honorable Cámara de Diputados, para que, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2007, se contemple la asignación de recursos para la construcción de un macro libramiento en Puerto Vallarta, Jalisco, en mérito de lo cual se presenta la siguiente
Exposición de motivos
El crecimiento de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, ha traído consigo grandes beneficios económicos y con esto el incremento de vehículos circulando, originándose problemas en la vialidad que evitan que el turismo visite la zona centro del puerto y con esto se desaproveche la posibilidad de mayores ingresos al comercio de la zona.
El excesivo tráfico de vehículos de carga pesada, por el tráfico que se ve obligado para cruzar el sur del estado, que incrementa tiempos de traslado y sus costos también, ocasiona daños en las vías de comunicación.
Puerto Vallarta es una ventana al mundo y representa uno de los principales centros turísticos tanto nacional como internacional, porque dotarla de infraestructura acorde al ritmo de crecimiento es una inversión que no puede esperar y, como ustedes bien saben, debemos fincar en el turismo una base de ingresos alternativos a los del petróleo.
Actualmente están ampliando el puerto para recibir más cruceros de alto calado y con esto se recibirá el triple de turismo por esta vía, por lo que se hace indispensable el macro libramiento que aquí se solicita.
Sabemos de los beneficios que como detonante económico estas obras provocan, además de contribuir al desarrollo turístico de este lugar y resolver los problemas de vialidad.
Considero que el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007 debe de privilegiar el fortalecimiento de los municipios y de los estados asignando recursos a proyectos que atiendan una necesidad social y que a la vez contribuyan a su desarrollo.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a su consideración a esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la opinión de la Comisión de Comunicaciones de esta Honorable Cámara de Diputados contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del 2007 la asignación de recursos suficientes para la construcción de un macro libramiento en Puerto Vallarta, Jalisco.
Por lo anterior, señor Presidente, solicito que el texto íntegro de mi intervención y del documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria sea insertado en el Diario de los Debates para su constancia. Es cuanto, señor Presidente y muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Barba. Publíquese en el Diario de los Debates el texto íntegro y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación destine recursos del Fonden para apoyar a las familias afectadas de la Delegación Alvaro Obregón.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su permiso diputada Presidenta. La suscrita diputada federal del grupo parlamentario del PRD de la LX Legislatura propone a este Pleno el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones y solicito también se pueda insertar íntegro en el Diario de los Debates.
La ciudad de México y su área metropolitana, su expansión y crecimiento, no se han podido sujetar a ningún tipo de planeación debido a la enorme y anárquica demanda de vivienda. Este fenómeno sociológico se explica por la concentración de fuentes de empleo en la ciudad, que implica la ocupación de zonas restringidas y peligrosas para el uso habitacional.
La Delegación Alvaro Obregón se encuentra ubicada en el tercer sitio de mayor densidad poblacional en el Distrito Federal, según datos oficiales, se considera que un 70 por ciento de esta población se asienta en suelo de minas, barrancas o taludes, aunado a ello en la temporada de lluvias el peligro aumenta para estos habitantes.
Es de resaltar que el subsuelo de la Delegación Alvaro Obregón fue objeto de explotación de materiales pétreos para la industria de la construcción mediante la instalación de minas, las cuales no se tiene antecedente sobre las medidas de seguridad aplicadas al final de su vida útil y es así como no hay pues una información certera de lo que haya pasado con estas minas.
Estas extensiones de suelo fueron ocupadas con viviendas derivadas de un crecimiento desmedido de la mancha urbana en la zona metropolitana del Valle de México. Esta problemática, específicamente en la colonia Golondrinas de la Delegación Alvaro Obregón, hay estudios donde la Universidad Nacional Autónoma de México documenta cómo los asentamientos están ubicados en minas de arena y están en riesgo latente las vidas de las personas que allá habitan.
Como parte de la atención que se brinda a la ciudadanía y ante el evidente riesgo que implica vivir en una zona minada, la que suscribe realizó un recorrido el pasado 11 de octubre del presente año con el jefe delegacional y vecinos. En el recorrido tuvimos la oportunidad de constatar el peligro de derrumbe que enfrentan a diario los habitantes de esta colonia, así como las afectaciones y estructuras de casas, hundimientos y degradación del terreno, el cual presenta minado subterráneo reblandecido por las lluvias.
Las precipitaciones pluviales dan como resultado histórico la necesidad de desalojar a los habitantes de estas viviendas y este año llegó a un número de 200 personas que quedaron sin patrimonio familiar.
La gravedad de las condiciones en las que habitan estas personas hace imperativo que la Secretaría de Gobernación destine recursos suficientes para atender la problemática de minado subterráneo y de la gente, peligro de pérdidas materiales y humanas.
Es importante señalar que este procedimiento que se tiene que cubrir, para atender esta población que vive en alto riesgo está basado en la Ley de Protección Civil a nivel federal y la Ley de Protección Civil a nivel local, esto mediante un convenio que firman el Gobierno del Distrito Federal con el gobierno federal y la declaratoria de zona de emergencia de esta zona de la Ciudad de México, para así habilitar los recursos que este convenio determina en el ejercicio presupuestal de este año.
Es así como en estas consideraciones y en las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, establece el procedimiento que solicitamos se cubra a la brevedad por los gobiernos central del Distrito Federal y por el gobierno federal.
Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es un asunto de atención inmediata por involucrar la seguridad e integridad de las familias de la colonia antes citada de la delegación Álvaro Obregón, me permito presentar a este Honorable Congreso el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Secretario de Gobernación para que en términos del artículo 33 de la Ley General de Protección Civil y 55 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, en concordancia con el convenio de colaboración para la prevención y atención de desastres naturales y reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, coadyuve con el gobierno del Distrito Federal, a destinar recursos suficientes para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas de la colonia Golondrinas, segunda sección, de la delegación Álvaro Obregón.
Agradeciendo también el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Firman por el PRD, el diputado Javier González Garza; por el PRI, el diputado Emilio Gamboa Patrón; por el PAN, el diputado Héctor Larios Córdova; por el partido Convergencia, el diputado Alejandro Chanona Burguete; por el PT, el diputado Ricardo Cantú Garza y por el Partido Alternativa, la diputada Marina Arvizu Rivas, en respaldo a este punto de acuerdo.
Y agradeciendo también a los diputados del PAN del Distrito Federal que también tuvieron a bien respaldar este punto de acuerdo. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada.
Esta proposición fue inscrita de urgente resolución, por lo tanto consulte la Secretaría en votación económica si se considera así.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución.
No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... (votación). Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.
Se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Ríos Gamboa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo a fin de que el Presupuesto de 2007, sean considerados en él, los recursos al Fideicomiso dos mil 106, que administrará los fondos de trabajadores mexicanos migrantes.
Al mismo tiempo saludamos...
El diputado Raúl Ríos Gamboa: Con su permiso, Presidenta...
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, permítame un momento porque queremos saludar en nombre de esta Cámara a las Asociaciones de Braceros de toda la República Mexicana que están aquí presentes y que nos honran con su presencia.
El diputado Raúl Ríos Gamboa: Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El grupo parlamentario del PRD, en busca de lograr un presupuesto que garantice el beneficio a los miles de ex braceros mexicanos, presentó en el mes de diciembre de 2004 y 2005, una propuesta de 600 millones de pesos para el pago de nuestros ex braceros mexicanos. Propuesta que fue aprobada casi a la mitad.
De igual manera presentamos una iniciativa consensuada por los secretarios que conformaban dicha Comisión para crear el Fideicomiso que determinara los mecanismos para la compensación a los ex braceros mexicanos.
El día 25 de abril del 2005, en el Pleno de esta Cámara de Diputados, aprobó por mayoría el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; publicándose en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de mayo de ese mismo año.
Por lo cual se exhorta el pago de ex braceros mexicanos, emitiendo por parte del comité técnico, el fideicomiso que comenzó y que autorizó la cantidad de 38 mil pesos por cada mexicano ex bracero del 42 al 64.
Cabe señalar que en los presupuestos de egresos de las secretarías de Hacienda y de Gobernación, respectivamente, se destinó el pago a los exbraceros mexicanos, la cantidad únicamente de 298.5 millones. Para cada año fiscal aplicables del 31 de diciembre de ese año, sumando un total de 597 millones para dicho rubro.
En el último informe trimestral con fecha 30 de junio de 2006, el Comité Técnico de dicho fideicomiso notifica que sus 32 mesas receptoras, ubicadas en las delegaciones de las Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados, atendieron 222 mil 775 solicitudes de estos compañeros mexicanos. De las cuales 47 mil 749 cumplieron en su totalidad con todos los requisitos en ese momento y aproximadamente 140 mil cuentan con documentos, otros 140 mil 448 cuentan con dichos documentos, pero la falta del folio de la Secretaría de Gobernación ha hecho que no sean registrados. Y 34 mil 578 han presentado otros documentos que avalan la legitimidad de su estancia en los Estados Unidos en los años entre 1942 y1964.
En resumen, de todas estas cifras sólo han recibido el apoyo social 14 mil 774 exbraceros de un padrón total de 222 mil 775 solicitudes que se recibieron en las mesas receptoras, del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 2006, faltando por pagar 208 mil mexicanos exbraceros.
Debemos dejar en claro que este presupuesto que se está autorizando para el pago a los exbraceros mexicanos no es suficiente. Se necesitan más de ocho mil millones de pesos para distribuirlos en los tres años que queda vigente dicho fideicomiso, para cubrir el total de los exbraceros registrados por la Secretaría de Gobernación.
Señores diputados, por lo anterior subo a esta tribuna de la nación para expresar el sentir de los miles de exbraceros mexicanos y —como diputado consciente y sensibilizando— a todos y cada uno de ustedes solicito se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 un monto que garantice el beneficio de los mismos.
Los diputados de la fracción parlamentaria del PRD seguimos comprometidos con la búsqueda de alternativas que generen beneficios a los trabajadores mexicanos y exhortamos a todos los grupos parlamentarios. Por lo antes expuesto, someto al Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y del H. Congreso de la Unión consideren en su dictamen de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 una partida especial por dos mil millones de pesos, para asignárselos al fideicomiso 2106 que administra el Fondo de Apoyo para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Raúl Río Gamboa. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continué la Secretaría.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Orden del día de la próxima sesión, primer período de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio, LX Legislatura.
(Lectura orden del día)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante ( 15:47 horas): Esta Presidencia agradece su presencia en esta sesión y las peticiones que han hecho ustedes han sido presentadas en tribuna y turnadas a la Comisión de Presupuesto. Gracias por su presencia. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 30 de octubre a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas del próximo lunes.