El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a los representantes de los medios de comunicación, de manera respetuosa, pasar a ocupar sus lugares. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 253 diputados. Por lo tanto hay quórum señor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:16 horas): Se abre la sesión. Consulte la secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor…(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor …(votación). Hay mayoría de la afirmativa, señor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo … (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo … (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría
La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Comunicación del diputado José Manuel del Río Virgen por el que informa que obtuvo licencia al cargo de presidente municipal-constitucional del municipio de Tecolutla estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo su separación definitiva a dicho cargo, opta por el cargo de diputado federal electo de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Comunicación del diputado José Luis Aguilera Rico por la que hace del conocimiento del Presidente de la Cámara, su opta por el cargo de diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Comunicación del diputado Alberto Esteva Salinas del grupo parlamentario de Convergencia, por la que informa que además de haber gestionado y obtenido de manera puntual su licencia al cargo de concejal y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del municipio de Oaxaca de Juárez, estado de-Oaxaca, opta por el cargo de diputado federal electo a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar y conducentes.
Es todo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado, archívese en sus expedientes.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Comunicación del diputado Demetrio Román Isidro del grupo parlamentario de Acción Nacional LX Legislatura, por la que informa que opta por desempeñar el cargo de diputado federal, obteniendo licencia del cargo de presidente municipal de Jiutepec, Morelos que venía desempeñando, para los efectos legales correspondientes.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Comunicación del diputado Alberto Salazar Madera, por la que informa que obtuvo licencia al cargo de diputado local al Congreso del estado de Jalisco, opta por el cargo de diputado federal electo a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Comunicación del diputado José Antonio Muñoz Serrano, por la que informa que gestionó y obtuvo su licencia al cargo de diputado local al Congreso del estado Jalisco, opta por el cargo de diputado federal electo a la LX Legislatura, para los efectos legales correspondientes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Archívense en sus expedientes.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remite el VI Informe de labores de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Trabajo y Previsión Social.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Distribúyase a las diputadas y diputados. Remítanse en su oportunidad a las comisiones correspondientes, para los efectos del artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de agosto de 2006.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía. En tanto se integre la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite informe especial sobre el cumplimiento en el ámbito federal, así como en las entidades federativas y el Distrito Federal, a las obligaciones establecidas en la reforma al artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En tanto se integre la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente.
Con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y dando cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito comunicarle los nombres de los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral:
Partido Acción Nacional. Propietario, diputado Adrián Fernández Cabrera. Suplentes, diputada Dora Alicia Martínez Valero y senador Andrés Galván Rivas.
Del Partido de la Revolución Democrática. Propietario, diputado Javier Hernández Manzanares.
Partido Revolucionario Institucional. Propietario, diputado Carlos Armando Biebrich Torres. Suplentes, diputado José Rosas Aizpuru Torres y diputado Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán.
Partido Verde Ecologista de México. Propietario, diputada Verónica Velasco Rodríguez. Suplentes, diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, diputada María Guadalupe García Noriega.
Partido Convergencia. Propietario, senador Dante Delgado Ranauro. Suplentes, diputado Alejandro Chanona Burguete y diputado Elías Cárdenas Márquez.
Partido del Trabajo. Propietario, diputado Abundio Peregrino García; suplentes, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés y diputado Jaime Cervantes Rivera.
Partido Nueva Alianza: propietario, diputado Miguel Angel Jiménez Godínez; suplentes: diputado Ariel Castillo Nájera y diputada Blanca Luna Becerril.
Partido Alternativa: propietaria, diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez; suplentes: diputado Armando García Méndez y diputado Eduardo de la Torre Jaramillo.
Atentamente, diputado Héctor Larios Córdoba, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente, diputado Jorge Zermeño Infante: Comuníquese a la Cámara de Senadores y al Consejo General del IFE, para los efectos correspondientes. Tiene la palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, suscrita por el diputado Duarte e Israel Beltrán Montes, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea: en representación de los diputados cenetistas de la fracción parlamentaria del PRI de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento Interno del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto y adición a una fracción al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y adición al artículo 45 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como adición a la fracción XV del párrafo tercero del artículo 215 del Código Penal Federal, de conformidad con las razones que se expresan en la siguiente exposición de motivos.
La complejidad estatal para la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales vino a ser regulada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dando certidumbre en sus ámbitos tan sensibles y vitales para el Estado mexicano. Sin embargo, en materia agrícola y pecuaria existe aún un rezago que impide el crecimiento sostenible en nuestro campo inerte.
Para nuestro país es catastrófico que año con año las manos que deberían estar sembrando y cosechando nuestro campo emigren al otro lado del Río Bravo, buscando las oportunidades en el nivel de vida que nosotros no pudimos dar.
Consideramos que la justicia social en el medio rural sólo será posible con la indispensable concurrencia de los hombres y mujeres del campo mexicano. En este sentido resulta fundamental que los Poderes de la Unión fortalezcan y construyan canales de comunicación efectivos y eficaces que nos permitan conocer y valorar las necesidades reales del campo mexicano.
El campo mexicano se manifiesta a través de un gran mosaico étnico-cultural, político y socioeconómico, que deriva en una gran biodiversidad y ciertamente debe ser atendido con un enfoque integral, pero también con una especificidad responsable en reconocimiento a sus particularidades.
Es prioritario para el Estado mexicano contar con los instrumentos que le permitan establecer respuestas en tiempo y forma a las necesidades, por naturaleza heterogéneas, que constituyen el cuerpo del campo mexicano.
El medio rural posee características propias en cuanto a capacidades humanas, unidades de producción, etcétera, que deben ser tomadas en cuenta.
Esta iniciativa propone considerar los aspectos específicos del campo mexicano referentes a los tiempos de cosecha, siembra y entrega de recursos, producto de los programas federales instituidos para su apoyo.
Las necesidades concretas de los productores agropecuarios nos plantean que existe una desarticulación temporal que contribuye al desorden y a la improductividad entre las estaciones de cosecha y siembra y el momento de entrega de los recursos que aquí se presupuestan.
Por ello, los diputados del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional proponemos la presente iniciativa que tiene como fin adicionar el artículo 45 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de darle una mayor certidumbre jurídica a los recursos destinados al campo, para que sean ejercidos con base a los calendarios naturales de siembra y cosecha agrícola y pecuaria.
Al adicionar al artículo 45 Bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se fortalece la certeza de que los recursos agropecuarios se ejerzan con la figura de la obligatoriedad en forma eficaz y eficiente, en el entendido de que los apoyos del Estado son fundamentales para impulsar el desarrollo del campo mexicano permitiendo mejorar las condiciones de vida de la numerosas personas ligadas a este sector.
Siendo el objetivo jurídico de la presente iniciativa de adición, la de crear la obligatoriedad por ley, por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, de cualquier otra autoridad o servidor público de ejercer el presupuesto destinado año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación conforme el calendario agrícola y pecuario.
Asimismo las fracciones II y III del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos nos mencionan como obligatoriedad por parte de los servidores, la de formular y ejecutar presupuestos correspondientes y utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su comisión.
Es sancionada la falta de utilización de los recursos públicos para el desempeño de su cargo, empleo o comisión, así como también la inejecución de planes y presupuestos dentro de la competencia con la inhabilitación administrativa y ocasionalmente una sanción económica.
Sin embargo, consideramos que la adición 45 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias sin tener una fuerza coercitiva mayor, se plantearía como una simple sanción e inhabilitación administrativa o económica, pasando a ser letra muerta en la práctica, convirtiéndose en una norma totalmente imperfecta, que la haría ineficaz por lo que también en dicho artículo se propone que la falta de cumplimiento a lo establecido, se castigará con arreglo a las disposiciones del Código Penal aplicable en materia federal a las responsabilidades del delito en abuso; sobre todo en el tema de abuso de autoridad.
Nuestra propuesta plantea una adición a la fracción del artículo 215 del Código Penal Federal para tipificar como delito la conducta u omisión de aquellos servidores públicos que dejen de ejercer sin causa justificada, los recursos destinados al campo conforme los ciclos agrícolas y pecuarios aprobados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Ante la urgencia de revivir la actividad agrícola y pecuaria, presentamos paralelamente a la iniciativa la adición al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para empezar a hacer políticas públicas adecuadas que incenten así las actividades en referencia.
En este contexto es necesario conocer bien las distintas zonas geográficas que componen nuestro territorio y de acuerdo a los tiempos de siembra y cosecha, saber qué es lo que produce cada una de las tierras; se debe tomar en cuenta las especialidades de cada una de las regiones en la elaboración de políticas y proyectos agrícolas pecuarios para que dichos planes sean estructurados correctamente.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación por parte del Presidente de la República, de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exhausta observancia.
En este orden de ideas se debe ejecutar a su vez, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año corriente, en una forma racional e incluyendo el presupuesto del campo, pero de una forma que deben de ejercer dichos recursos de manera eficaz y eficiente, proponemos adicionalmente a la pena privativa de libertad en el caso de no ejercicio de los recursos en tiempo y forma, que dicho presupuesto sea ejercido conforme al calendario natural de siembra y cosecha de las actividades agrícolas y pecuarias y que a su vez tome en cuenta las características y circunstancias particulares en cada región geográfica del país.
La urgencia en la construcción y elaboración de dicho calendario agropecuario es de vital importancia para la sobrevivencia de las actividades agrícolas y pecuarias, en virtud que su inexistencia acarrearía la presencia y un vacío al momento de ejercer los recursos públicos destinados a dichas actividades.
La autoridad rectora en materia agrícola es la Secretaría de Agricultura, la cual encuentra su esfera de competencia en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dicho precepto plantea las obligaciones y facultades que tiene la mencionada Secretaría.
La presente iniciativa pretende adicionarle una fracción XXI bis al artículo 35 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que dentro de esa esfera jurídica establezca la obligación de elaborar, junto con organizaciones campesinas, agrícolas y ganaderas el calendario de siembra y cosecha, atendiendo a las necesidades y circunstancias determinadas a cada región y al mismo tiempo la obligación de emitirlo.
Este calendario traería consigo la uniformidad de certeza al momento oportuno al ejercicio de recursos agrícolas y pecuarios y aunado a la iniciativa, adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, obligaría a todo servidor público a ejercer el presupuesto de dicho rubro conforme a este calendario en comento.
Por lo motivos expuestos, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa:
Adición de la fracción XXI bis al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 35. "…a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Del uno al 21 como están y anexaríamos el XXI bis que dice: la emisión y elaboración de un calendario agropecuario junto con las organizaciones campesinas, agrícolas y ganaderas, tomando en cuenta las características de cada región geográfica del país, en donde se establezcan las fechas de siembra y cosecha a fin de que los recursos destinados a la actividad agropecuaria sean ejercidos conforme a dicho ciclo".
Adición al artículo 45 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 45 bis. "…para un ejercicio eficaz y eficiente de los recursos destinados a la agricultura, a la actividad pecuaria, éstos deben ser ejercidos sujetándose a los ciclos de producción climáticos en la actividad agropecuaria conforme al calendario que expida para tal efecto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
La falta de cumplimiento a lo estipulado en el presente artículo por los servidores públicos que tengan la obligación de ejercer el presupuesto destinado a la actividad agrícola o pecuaria, serán castigados con arreglo a las disposiciones del Código Penal aplicable en materia federal a los responsables del delito de abuso de autoridad".
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señor diputado, le pido que concluya por favor.
El diputado Horacio Duarte Jáquez: Sí, señor Presidente, estoy concluyendo y precisamente dando lectura a las adiciones de ley. Y de adición a la fracción XV y adición al párrafo tercero, artículo 215 del Código Penal Federal:
Artículo 215. "…cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: Del uno al 14 como están.
15. No ejercer en forma oportuna y eficaz y eficientemente los recursos públicos destinados a programas agrícolas y pecuarios, conforme a los ciclos de producción establecidos por la autoridad respectiva. Al que cometa el delito de autoridad en los términos previstos en las fracciones VI, IX, XIII, XIV y XV se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de 70 hasta 400 días de multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años por desempeñar otro empleo, cargo o comisiones públicas".
Quiero hacer mención que se han sumado a esta iniciativa diputados del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista, de Convergencia, del Partido del Trabajo y de Alternativa, los cuales agradecemos puesto que es un asunto muy sentido en el reclamo de todos los productores del país que no llegan los recursos que aquí se aprueban y se aplican a veces a destiempo, cuando mejor les va.
Por eso es importante regular que el mandato del presupuesto que se da en este Congreso llegue oportunamente a los productores agropecuarios del país. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el señor diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 35, 39, 71, 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por diez minutos. Les recuerdo que están presentadas estas iniciativas en la Gaceta Parlamentaria, para que ajusten su tiempo a los diez minutos. Adelante diputado.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Ni uno más, ni uno menos señor Presidente. Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a presentar una iniciativa toral que va a servir a todos los mexicanos. Una iniciativa que va a permitir reformar los artículos 35, 39, 71, 73 y 116 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
Se trata, compañeras y compañeros, que ustedes que son ciudadanos electos por el voto popular, directo, secreto y universal, puedan cumplir lo que le ofrecieron a sus electores en campaña. Puedan regresar con la frente en alto, con la vista limpia y poderles llevar todo lo que les ofrecieron en campaña.
Se trata, compañeras y compañeros legisladores, que ustedes que sí cumplen, puedan ayudarle al pueblo de México a revocarle el mandato a los ciudadanos que durante la campaña dicen una cosa y luego en el gobierno hacen otra cosa. Si esta figura la tuviéramos instituida en nuestra Carta Magna, no nos hubiéramos confrontado como nos confrontó el señor Presidente de la República Vicente Fox. Le hubiéramos revocado perfectamente el mandato y hubiéramos avanzado en un tramo que permitiría que hoy la situación fuera de mejor forma.
Como la revocación de mandato tiene que ver con el referendo, con el plebiscito y con la iniciativa popular, por eso estimadas compañeras, estimados compañeros legisladores, es muy importante que sepan ustedes que si le damos poder y si nos damos poder a través del referendo, los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer directamente los diferentes puntos de vista de los temas torales que se están tratando en este Congreso de los diputados.
En el referendo, la ciudadanía puede ratificar leyes, expresar su punto de vista sobre un tema que despierta polémica o que divide a los representantes. En el plebiscito, el plebiscito es un instrumento para consultar directamente a la ciudadanía su opinión sobre la planeación y ejecución de políticas públicas. La iniciativa popular, en la iniciativa popular los ciudadanos organizados pueden presentar al Congreso propuestas para mejorar, perfeccionar o innovar la legislación que rige a la nación.
Y la revocación de mandato, como lo dice su nombre compañeras y compañeros, es un procedimiento por medio del cual los ciudadanos remueven de sus cargos a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
Antes de cumplir el plazo formal para el cual fueron electos, las causas y el procedimiento para la revocación del mandato, tienen reglas fijas pero lo principal es que se tiene que cumplir con lo que se ofreció para que podamos darle a este país la seguridad de que los ciudadanos que son electos por el voto popular, cumplan. Se trata de una nueva etapa en este país.
México, ustedes saben, está organizado como república representativa, democrática y federal. Así lo señala nuestra Constitución en su artículo 40 y consideramos que es facultad del Constituyente Permanente imprimir los principios básicos y rasgos conforme a los cuales se deberá regir la organización política de los mexicanos en todos sus niveles. El pueblo de México ejerce su soberanía a través de la elección de sus representantes y de las políticas públicas.
Incluso el artículo 39 constitucional señala que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Los mexicanos no tenemos ningún derecho en este momento, a exigir a nuestros representantes y gobernantes que cumplan y respeten sus compromisos de campaña, que legislen en el sentido que marcan los estatutos de su partido y que apliquen políticas públicas conforme a sus compromisos empeñados en campaña.
Algunos estados de la Federación ya cuentan con figuras de democracia directa pero que a menudo sus principios no se aplican por ausencia de leyes reglamentarias.
Compañeras y compañeros, la democracia mexicana necesita reconocer el derecho de los ciudadanos de participar de manera directa en la vida pública y por ello proponemos esta reforma, para evitar el abuso de poder. Esto está centrado básicamente en la reforma toral que es evitar el abuso de poder. Eso ya no se puede seguir dando en este país.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente iniciativa de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 35 constitucional, sobre las prerrogativas ciudadanas, para quedar como sigue:
VI. "Ratificar leyes, referendo, opinar sobre la planeación y ejecución de políticas públicas, plebiscito, iniciar leyes, iniciativa popular y remover a los gobernantes, revocación de mandato, que no cumplen con el mandato que el pueblo les confiere en los términos que marque la ley respectiva".
Por lo que toca a la soberanía popular y formas de gobierno que regule el artículo 39 constitucional, proponemos agregar un párrafo para que quede como sigue:
"Y de revocar el mandato cuando sus representantes o gobernantes no cumplan con sus compromisos y obligaciones adquiridas ante la ciudadanía".
Por lo que toca al derecho a iniciar leyes y decretos que regula el artículo 71 constitucional, se agrega un párrafo para quedar como sigue:
"Los ciudadanos a través de la figura de iniciativa popular, en los términos y condiciones que establezca la ley".
En el artículo 73 proponemos los siguientes dos párrafos, 21 y 22 para quedar como sigue:
21. "Expedir la ley reglamentaria que instrumenta las figuras de democracia directa conocidas como iniciativa popular, referendo, plebiscito y revocación de mandato".
22. "El IFE es un organismo encargado de convocar y organizar el referendo y el plebiscito en los términos y condiciones que señala la ley respectiva".
Artículo 116 se le agrega un párrafo:
Octavo: "El Congreso de cada estado de la Federación fijarán principios y mecanismos para el ejercicio del derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos fundamentales mediante las figuras de plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato en los términos que los mismos establezcan":
Transitorios:
El presente decreto entrará en vigor al día inmediato posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Si ustedes compañeras y compañeros votan esta reforma constitucional, le darán al país la posibilidad de un cambio toral en una política que permita erradicar el abuso de poder y así no anden escuchando conversaciones telefónicas y luego transparentándolas a través de los diarios.
Gracias, señor Presidente. Gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado José Manuel del Río. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Félix Castellanos Hernández, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar iniciativa que reforma el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Félix Castellanos Hernández: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales bajo la siguiente
Exposición de motivos.
Como resultado del proceso electoral que los mexicanos hemos vivido este año, en particular en lo que se refiere a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra sociedad se ha polarizado y en muchos casos dividido.
A muchos no escapa de que el proceso electoral se realizó un fraude en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. No obstante las impugnaciones presentadas en tiempo y forma por la coalición Por el Bien de Todos, la Sala Superior del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación, desestimó los argumentos hechos valer por la parte actora y se negó a ordenar un conteo generalizado de voto por voto y casilla por casilla, y en consecuencia la Sala Superior emite la declaración de Presidente Electo a favor de quien se consideró tenía el mayor número de votos.
Esta determinación en poco ha abonado a restañar la confianza en los órganos electorales, desde el Instituto Federal Electoral hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En nuestra opinión las autoridades electorales desestimaron los principios rectores de la materia electoral, mismos que se establecen en el artículo 41 fracción III e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en virtud de que dicho proceso no fue equitativo.
No lo fue, porque se dio una indebida e ilegal injerencia del Presidente de la República y de organismos empresariales privados, que hicieron abierta campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco hubo certeza en la jornada electoral, en virtud de la nefasta actuación del IFE en el programa de resultados electorales preliminares y en los cómputos distritales del día cinco de julio.
Por ello y por negativa de la autoridad electoral a contar voto por voto y casilla por casilla, no existe certeza respecto al resultado final de la elección. En la sociedad mexicana existe el temor de que se destruya la paquetería electoral, tal como ocurrió en 1988 cuando se realizó el fraude electoral y con posterioridad el PRI y el PAN acordaron quemar las boletas electorales que se encontraban bajo resguardo en el sótano de esta Cámara de Diputados.
Los mexicanos no estamos satisfechos con el resultado electoral tan es así, que se han realizado diversas peticiones, entre otras, la de la revista Proceso al Instituto Federal Electoral, para que una vez que haya terminado el proceso electoral, los investigadores independientes puedan acceder a la documentación electoral para su estudio e investigación.
El IFE se negó a proporcionar información a la revista Proceso con base a lo que dispone el numeral dos del artículo 254 del Cofipe que, a la letra dice: "Asimismo los Presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar señalado para tal efecto de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 de este Código hasta la conclusión del proceso electoral, una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su destrucción".
Es pertinente destacar que la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio del 2002, ya que en sus disposiciones se regula lo referente a los mecanismos, por medio de los cuales los particulares pueden acceder a la información generada por las instancias gubernamentales, entre otros, según se dispone en el artículo 3º. fracción IX los órganos constitucionales autónomos, entre ellos, el Instituto Federal Electoral. Además la fracción XIV de dicho artículo 3o. señala como sujetos obligados en su inciso d) a los órganos constitucionales autónomos, como sería el caso del IFE.
En consecuencia, no existe razón legal, en nuestra opinión, para la negativa del IFE a proporcionar información, ya que la norma jurídica que obliga a poner a disposición la información pública gubernamental, es una norma que se expide con posterioridad a la publicación e inicio de vigencia del Cofipe, el 22 de noviembre de 1996.
Compañeras y compañeros legisladores: El propósito fundamental de la iniciativa que sometemos a su consideración es que toda la información que se contiene en los paquetes electorales de este proceso 2006 y los posteriores no se destruyan, sino que dicha documentación se concentre en el Archivo General de la Nación en donde quede a disposición de toda aquella persona que tenga interés en su consulta.
Permitir el acceso a dicha información será un acto de transparencia, ya que los particulares interesados pueden tener acceso a esta información a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente reforma; ya que cuando se apruebe no queda sujeta a la excepción prevista en el artículo 105, fracción II, inciso f, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el proceso electoral de 2006 culminó.
La reforma propuesta ayudará a fortalecer la vigilancia de la sociedad sobre los procesos electorales. Los ciudadanos no sólo serán ya funcionarios de casilla, sino que también tendrán la oportunidad de acceder al total de la documentación generada en el proceso electoral. Estamos hablando de una auténtica rendición de cuentas y de que la ciudadanía participe como una contraloría social de todos los actos realizados por el IFE, así como por la documentación electoral que se genera.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo único. Se reforma el numeral dos del artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para queda como sigue: Artículo 254, numeral uno, quedaría como está y artículo 2 —aquí va nuestra propuesta de modificación—: Asimismo los presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 de este Código, hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido el proceso electoral la documentación electoral a que se refiere el artículo 234 se concentrará en el Archivo General de la Nación, donde quedará abierta a la consulta pública.
Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de septiembre del año 2006. Atentamente por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Diputado Ricardo Cantú Garza, diputado Jaime Cervantes, diputado Rubén Aguilar Jiménez, diputado Rodolfo Solís Parga, diputado Abundio Peregrino, diputada María Mercedes Maciel, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, diputado pablo Leopoldo Arreola, diputado Joaquín Humberto Vela, diputado Luis Herrera, diputada Rosa Elia Romero y su servidor el de la voz diputado Félix Castellanos.
Finalmente queremos dedicar esta primer iniciativa que presenta el grupo parlamentario, a un servidor ejemplar, a un Jefe de Gobierno ejemplar, que ha demostrado siempre estar al lado de la democracia, y nos referimos al licenciado Alejando Encinas. Vaya para él nuestro reconocimiento. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Castellanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el señor diputado Abundio Peregrino García, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por 10 minutos.
El diputado Abundio Peregrino García: Con su venia señor Presidente. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:
Exposición de motivos.
Por disposición constitucional consignada en el artículo 69 de nuestra norma suprema, el Presidente de la República, tiene la obligación de asistir a la apertura del primer período de sesiones ordinarias y de rendir ante el Congreso, un informe del estado que guarda la administración pública del país.
El informe presidencial debe de ser un acto de rendición de cuentas que se hace ante el Poder Legislativo, actuando las dos Cámaras del Congreso como asamblea única y posteriormente por separado cada Cámara realiza el análisis del informe en los cuatro rubros que se señalan en el artículo 6°, numeral cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General.
El planteamiento anterior tiene una explicación lógica, el Presidente de la República rinde su informe ante el Congreso en la fecha prevista por el artículo 65 constitucional. Esto es, al inicio del noveno mes del año, con lo que se entendería que su informe abarca de lo realizado por la administración pública federal, entre el 1 de septiembre de un año y el 31 de agosto del año siguiente. Pero la revisión de la cuenta pública abarca lo que el Ejecutivo hizo o no, con las autorizaciones del gasto contenido en el decreto de Presupuesto de Egresos, para un ejercicio fiscal que inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de ese año.
El contenido específico de nuestra propuesta es, el establecer una relación directa, respetuosa y continúa entre los titulares de los dos poderes públicos de la nación, que el pueblo elige a través de su sufragio. A diferencia de la Constitución que le antecede, la de 1917, suprime el que el Presidente de la República, pronuncie un discurso y lo obliga a que el informe sea entregado por escrito.
Desde esa fecha y en virtud de la conformación del sistema político autoritario presidencial, se trastocó el espíritu de la norma establecida en el artículo 39 y es que el Presidente de la República, acude ante el Congreso de la Unión a la apertura del primer período de sesiones ordinarias y a presentar por escrito un informe del estado que guarda la administración pública del país.
Esto, a fin de cuentas se traduce en que el Presidente de la República, informa a los legisladores integrantes del Congreso, de la forma en la cual ha ejercido los recursos públicos, que la Cámara de Diputados le ha aprobado para el ejercicio fiscal de lo que se trate.
En consecuencia, el informe presidencial que debe ser un acto republicano de rendición de cuentas, se convirtió en un acto cortesano, se convirtió en el día del Presidente, en el día del informe presidencial, soslayando el hecho de que el Presidente es el que concurre a la sede del Congreso, a la apertura del período de sesiones ordinarias a presentar un informe del estado que guarda el país. Toda esta ceremonia se convirtió en el día de loas y de quema de incienso a la mística figura presidencial.
En el régimen monolítico de partido de estado, nunca se cuestionó al Presidente, no es sino hasta que como consecuencia a la reforma política de 1977, que se traduce en una integración plural de la Cámara de Diputados. En 1979, cuando el arribo a la Cámara de nuevas fuerzas políticas, se da la posibilidad de que la Cámara de Diputados, sea más dinámica en sus trabajos, se cuestione más la acción del gobierno, se discuta más en la aprobación del Presupuesto de Egresos, así como la revisión de la cuenta pública.
De todos es sabido que el sistema y división de poderes previsto en la Constitución, no es rígido ni inflexible, puesto que la propia Constitución del país establece casuísticamente los casos en que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, intervienen para la realización de ciertos actos a manera de ejemplo, señalamos lo siguiente:
El artículo 27 fracción XIX, párrafo segundo, prevé la existencia del Tribunal Agrario que se integra por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores, pues los recesos de ésta por la Comisión Permanente.
La designación de gobernador del Banco de México, prevista en el artículo 28, párrafo séptimo, en donde se señala que la conducción del Banco, estará a cargo de personas, cuya asignación será hecha por el Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.
Compañeras y compañeros diputados, la propuesta que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, somete a su consideración, estriba en señalar expresamente en el primer párrafo del artículo 69, que el Presidente de la República dirigirá a los integrantes del Congreso y por conducto de ellos a la nación, un mensaje político considerando la amplitud del Informe de Gobierno presentado por escrito. Esto con el propósito de superar las disquisiciones teóricas de si la obligación del Ejecutivo Federal se circunscribe únicamente a la presentación del Informe o también puede hacer uso de la palabra.
Finalmente, lo que se pretende en esta reforma es establecer en el texto de nuestra norma fundamental lo que ya se señala en el artículo 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece: "Al discurso que el Presidente de la República pronuncie en ese acto, el Presidente del Congreso contestará en términos generales".
De igual forma, proponemos la adición de un segundo párrafo al artículo 69 constitucional, para establecer la obligación del Presidente de la República de estar presente en el salón de sesiones del Congreso en el momento que el Presidente del mismo hace la declaratoria de apertura del periodo de sesiones ordinarias, declaratoria que se regula por lo establecido en el artículo 6 numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General, que a la letra señala. Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declarará en voz alta: "El Congreso de los Estado Unidos Mexicanos abre hoy el primer periodo de sesiones ordinarias del año de ejercicio de la legislatura, según su caso", ya que éste es el momento protocolario en el que el Congreso da inicio a sus periodos legislativos y en él debe estar presente el titular del Ejecutivo federal.
Además, proponemos que el Presidente de la República escuche en voz directa de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios su posición acerca del balance que cada uno de ellos hace del informe que presentará el Presidente.
Como mecanismo para fortalecer el diálogo republicano entre los titulares de los Poderes Legislativos y Ejecutivos, sometemos a su consideración la adición de un tercer párrafo al artículo 69, en el que se establezca que con posterioridad a la presentación del Informe de Gobierno y hasta el 30 de septiembre, el Presidente de la República acudirá nuevamente a la sede del Congreso, para escuchar el balance que cada uno de los grupos parlamentarios aquí representados hace respecto al contenido del informe e incluso intercambiar opiniones con ellos de los avances obtenidos o en su caso, explicar el por qué no se han obtenido las metas del Presupuesto de Egresos de la Federación y los programas que lo soportan.
Compañeras y compañeros legisladores. Esta iniciativa tiende a fortalecer el diálogo entre Poderes, el formato de presentación del Informe de Gobierno convertido en un diálogo de sordos ha quedado totalmente rebasado. Sin embargo, es pertinente mantener el sistema de rendición de cuentas que el Ejecutivo hace a la nación por medio de sus representantes, los legisladores, para darle mayor fluidez a la relación entre dos Poderes públicos.
La reforma al formato del Informe de Gobierno no es un tema menor, ya que debe formar parte de la gran agenda de la reforma de Estado que pasa necesariamente por superar el anacrónico presidencialismo que los mexicanos hemos padecido, para pasar a un sistema semiparlamentario de rendición de cuentas permanente del gobierno hacia el parlamento, e inclusive con posterioridad plantear la ratificación del gabinete presidencial.
Artículo único. Se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 69: "A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. El Presidente de la República estará presente en el salón de sesiones en el momento en que el Presidente del Congreso formule la declaratoria de apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio; asimismo escuchará los posicionamientos que hagan los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso en relación con el Informe de Gobierno que se rinde ante los integrantes del Congreso de la Unión."
Posterior a la fecha de presentación del Informe que guarda la administración pública del país y hasta el 3 de septiembre, el Presidente de la República asistirá al Congreso de la Unión a escuchar las conclusiones e intercambiar opiniones del contenido del Informe presentado por los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, compañeros legisladores.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Peregrino. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Esta Presidencia ratifica el trámite dado a la iniciativa que presentó el diputado Félix Castellanos. En vez de turnarse a la Comisión de Puntos Constitucionales, el turno será a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Miguel Angel Jiménez Godínez, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Miguel Angel Jiménez Godínez: Con su venia, señor Presidente. Presento ante esta soberanía una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
Durante los últimos 20 años el sistema de gobierno democrático se ha extendido por todo el mundo hasta convertirse en el modelo de organización política por excelencia. Este cambio hacia la consolidación democrática ha sido particularmente destacado en nuestro país en materia de normas y prácticas político-electorales.
México ha sido reconocido internacionalmente por contar con un marco legal y con instituciones capaces de realizar elecciones libres, transparentes y competitivas. Sin embargo, el gasto excesivo en los procesos electorales, la persistencia de grandes lagunas en materia de financiamiento y una duración excesiva de las campañas amenazan la viabilidad de la consolidación democrática.
Ello genera enorme descrédito en la política y particularmente en los políticos, lo cual se traduce en un alejamiento e indiferencia, así como un hartazgo en la ciudadanía con respecto a las elecciones en México.
Las condiciones en que se desarrolló el proceso electoral del 2006 evidenciaron las limitaciones de nuestro sistema electoral. Si bien es cierto que las instituciones y procedimientos electorales han cumplido satisfactoriamente con su papel a lo largo del proceso de transición democrática y han contribuido a expresar la voluntad política de los mexicanos, también lo es que los mismos deben perfeccionarse acorde con las nuevas condiciones políticas de México.
Es por lo anterior que el grupo parlamentario Nueva Alianza empieza por dar cumplimiento a sus propuestas contenidas en el Programa de Acción y en su Plataforma Electoral 2006 y presenta a consideración de esta soberanía un proyecto de reformas a los artículos 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral.
Éste es apenas el comienzo de una serie de propuestas legislativas que buscan la transformación de las instituciones públicas dentro del marco de la reforma del Estado. Consideramos que después de la experiencia vivida en el proceso electoral contamos con la disposición de todas y cada una de las fuerzas aquí representadas para dar respuesta urgente a las demandas ciudadanas en materia electoral.
Durante la segunda mitad del Siglo XX se aprobaron varias reformas en materia electoral; sin embargo, no sería sino hasta finales de los 70 cuando México experimentó cambios sustanciales en el ámbito social, económico y político que hicieron patente la necesidad de crear un nuevo orden, un nuevo sistema político electoral.
En este contexto, Nueva Alianza propone iniciar una discusión seria y eficaz en torno al mejoramiento de nuestras instituciones y procedimientos en materia electoral. Estamos seguros que a 10 años de la llamada reforma electoral definitiva resulta urgente replantearnos el marco legal necesario para la consolidación de nuestra democracia.
Es por ello que esta primera iniciativa en materia electoral propone centrarse en cinco temas fundamentales: primero, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos; segundo, limitar los tiempos de las campañas electorales; tercero, establecer las facultades y principios para regular las precampañas; cuarto, otorgar mayores facultades al IFE para garantizar la adecuada conducción del proceso electoral, y quinto, homologar los calendarios electorales locales.
En cuanto a la reducción del financiamiento público a los partidos, es importante señalar que el costo del proceso electoral ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En términos de prerrogativas a los partidos políticos pasamos de 200 millones en el año 94 a más de cinco mil millones asignados a los presupuestos de los partidos para el año 2006. Un aumento que gran parte de los ciudadanos percibe como injustificado, pero particularmente como insultante de cara a una sociedad con grandes carencias.
Es cierto que en la última etapa de la transición el Estado se vio obligado a sacrificar una parte importante de su presupuesto a cambio del fortalecimiento de la democracia, sólo así fue posible que los partidos tuvieran la oportunidad de competir en un contexto más equitativo.
No obstante la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución ha provocado que de una elección a otra el monto del financiamiento público se eleve de manera desproporcionada. Como consecuencia de lo anterior, en un año de elecciones intermedias como lo fue el año 2003, en que solamente se renovó la Cámara de los Diputados, el financiamiento público representó una cantidad cercana al doble de aquél otorgado en el año 2000, cuando se realizaron elecciones de Presidente, senadores y diputados.
Las democracias consolidadas han demostrado que la representación política puede representar más y costar mucho menos, a través de campañas más cortas, mejores sistemas de fiscalización, una mayor cultura política que privilegia el debate, así como fórmulas más justas para la asignación de los recursos públicos.
No es concebible un país con grandes carencias y desigualdades que destina a los partidos políticos y a sus campañas el equivalente a una cuarta parte del presupuesto total para salud o una cuarta parte del presupuesto total para el desarrollo social.
Es por esto que se proponen reformas que manteniendo los principios de suficiencia, equidad y predominio de recursos públicos sobre los privados, se reduzca el presupuesto total en un 80 por ciento y así se dé respuesta a la exigencia social de hacer de la democracia un sistema que cueste menos, pero que represente más.
Los límites a los tiempos de campañas son particularmente exagerados en nuestro país. Las campañas electorales mexicanas, especialmente la presidencial es excesivamente larga en perspectiva comparada con el resto del mundo democrático. El promedio de duración de las campañas en el mundo se ubica alrededor de 100 días calendario, en México dos problemas derivados de la duración excesiva de las campañas, son por una parte el hartazgo de la ciudadanía que conlleva al desprestigio de la política y por el otro, un excesivo costo de las campañas.
Es por eso conveniente establecer en el artículo 41 constitucional las siguientes limitaciones a los tiempos de campaña. Para diputados y senadores federales, 45 días y para Presidente de la República, un máximo de 90 días.
Es indispensable establecer facultades y principios para regular las precampañas. No existe regulación alguna sobre las llamadas precampañas lo que ha suscitado un amplio debate. Si asumimos que por precampaña debe entenderse el proceso interno de selección de candidatos de un partido previo al inicio formal de las campañas, entonces debemos contar con un marco legal que contemple una serie de principios básicos en esta materia.
Por ejemplo, que las precampañas son proceso respecto de los cuales se aplican todas las reglas que regulan la actuación de los partidos políticos nacionales en las campañas; que el financiamiento público no puede ser —en el agregado— superior al privado; que los donativos para los candidatos no pueden ser anónimos debiendo tener un tope máximo, así como la obligatoriedad para que el partido deba darlos a conocer junto con sus informes a la autoridad electoral.
Es indispensable otorgar mayores facultades al IFE para asegurar la adecuada conducción del proceso electoral. Es necesario que el IFE cuente con una facultad más amplia para regular el uso de propaganda gubernamental en tiempos electorales, así como mejores instrumentos para sancionar las violaciones que pudieran cometer las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Del mismo modo es indispensable que dentro de las nuevas facultades que se deben otorgar al IFE, esté la de regular de modo vinculatorio la realización de debates entre candidatos a puestos de elección popular. Esta facultad debe ir acompañada de la obligatoriedad de partidos y sus candidatos a participar en estos debates organizados por el IFE.
Es urgente homologar los calendarios electorales locales, con el objeto de hacer más eficiente el gasto y la administración de las elecciones locales, todas ellas deberán de realizarse el primer domingo de julio, concurrentes con la elección federal, conforme a los períodos constitucionales ya establecidos.
Cabe recordar que nueve entidades de la República ya modificaron sus calendarios electorales en función de los comicios federales, con el objeto de aprovechar la infraestructura tanto de autoridades, como de los partidos en campaña.
Lo anterior, además permitiría evitar las campañas electorales permanentes y sobre todo, generar espacios de tiempo que permitan a las autoridades electas gobernar sin las fricciones y enfrentamientos políticos derivados del calor de las campañas.
En conclusión, la esencia de la democracia radica no solamente en ser un régimen orientado a la defensa y promoción de los derechos y las libertades políticas de los ciudadanos, sino que en los principios en que guían su funcionamiento, deben fomentar un desarrollo económico sustentable.
Un auténtico Estado democrático es legítimo y eficaz no sólo cuando es capaz de sortear procesos electorales competidos y el traspaso pacífico del poder, sino cuando logra integrar a amplios sectores de la población a los beneficios del crecimiento económico.
Es cuanto, señor Presidente. Le solicito respetuosamente inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de Debates, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Miguel Angel Jiménez. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el señor diputado César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que expide la Ley Federal de Archivos y reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Nuestra memoria histórica no ha estado absolutamente segura. El patrimonio documental de los mexicanos puede estar en riego, porque increíblemente nuestro país no cuenta con una Ley Federal de Archivos.
Si bien la legendaria tradición oral de los pueblos que integran la nación mexicana ha permitido mantener vivas no pocas tradiciones y conocer en buena medida nuestro pasado, presumiblemente es mucho más lo que hemos perdido por haber desaparecido muchos documentos. Abundan desafortunadamente sucesos de la historia condenados al olvido. Permitir que esto se perpetúe, representa, sin exagerar, un crimen.
En efecto, por increíble que parezca el nuestro, uno de los países con más larga y apasionante historia, carece de herramientas para proteger una de sus más envidiables riquezas: su memoria grabada en documentos.
El valor intrínseco de esta iniciativa es el cumplimiento de un compromiso histórico; como tal, su trascendencia, su utilidad, sus beneficios con el tiempo no sólo crecerán y se evidenciarán, sino cobrarán su justa dimensión. En contraparte su aplazamiento, derivado de atender preferentemente la inmediatez a causa del muy arraigado y pernicioso hábito de priorizar lo urgente en perjuicio de lo importante, se convertirá en la mayor deuda de quienes, teniendo la obligación de velar por el interés nacional, no atendieron un asunto aparentemente adjetivo o instrumental.
Legislar en la materia es darle a la historia el lugar que merece y por supuesto, los asuntos cotidianos de hoy, serán la rica historia de mañana.
Por si lo anterior fuera poco, el artículo 6 de la Constitución establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Esto obliga a establecer normas, procedimientos y mecanismos para poner a disposición de todos los mexicanos la información en posesión del Estado.
Por suerte, en una expresión de autonomía que se debe reconocer, la archivística es una de las pocas materias en las que los legisladores locales han marcado la pauta anticipándose al Congreso de la Unión al legislar al respecto. Toca hacerlo al nuestro, al ámbito federal, por una obvia importancia sobradamente acreditada.
Por otra parte, México cuenta con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sin embargo el IFAI ha enfrentado diversos problemas para cumplir su tarea a nombre del Estado federal.
Muchas dependencias y entidades, para no cumplir con su obligación, pretextan justamente inexistencia documental y advierten o ponen por delante aparentes obstáculos para localizar los documentos debido a destrucción de los mismos, o sencillamente porque los procesos deliberativos nunca fueron documentados. Por eso custodiar, organizar y conservar el peculio documental de México exige una normatividad específica y por supuesto moderna.
Para que el estado sea más efectivo en la tarea de ofrecer la información, es requisito sine qua non regular la administración de los archivos que la contienen. En ese sentido, la ley, la iniciativa que ahora se presenta, no sólo es complemento necesario sino pilar de la correcta transparencia y de la rendición de cuentas.
La preocupación por proteger plenamente ese patrimonio ha sido objeto de atención creciente en el mundo. A saber: La Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, o la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir la importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales.
La relevancia de una Ley Federal de Archivos radica esencialmente en la necesidad de evitar que el patrimonio documental se mutile, censure, manipule, destruya, extraiga o falsifique. El propósito es garantizar la perdurabilidad de una parte muy importante del patrimonio nacional. De esa forma, la memoria histórica institucional quedará asegurada para las generaciones por venir.
Se trata entonces de armonizar la protección de patrimonio documental y garantizar para la gente su consulta permanente, sin obstáculos, por medio de un ordenamiento que regule la adecuada creación, administración, registro, gestión, conservación, custodia, reivindicación y difusión de los archivos públicos e incluso de los privados que sean de interés público.
Adicionalmente, esta ley se articula y complementa con la anteriormente citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental pues los comités que ésta prevé, serán los responsables de establecer criterios específicos en materia de archivos.
Por otra parte, la propuesta reivindica la preeminencia del Archivo General de la Nación, hasta ahora órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que por cierto ha desarrollado una experiencia invaluable que desde luego se debe aprovechar. Se propone robustecerlo como actor fundamental de la archivística, lo que implica otorgar la autonomía de gestión, personalidad jurídica propia y convertirlo en organismo descentralizado de la administración pública no sectorizado.
Compañeras y compañeros. Esta iniciativa aportará uno de los más poderosos instrumentos al servicio de los mexicanos, lograr la más correcta transparencia y rendición de cuentas significa fortalecer a los ciudadanos en su relación con los gobernantes. En este sentido se colma, primero, una laguna jurídica; se fortalece la democracia, y se le hace un servicio a México. Gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Miguel Angel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de Ley de Pensión Universal para las personas de 70 años de edad o más.
El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Partido de la Revolución Democrática, presento ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para la Pensión Universal de las Personas de 70 años o más. Con esta propuesta establecemos el derecho de todo adulto mayor que cubra el requisito de la edad y viva en el territorio nacional, a recibir mensualmente una pensión equivalente a medio salario mínimo del Distrito Federal.
Desde la izquierda proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos sociales para todos los mexicanos. Por ello, para nuestro grupo parlamentario esta iniciativa otorga los instrumentos jurídicos al Estado mexicano para enfrentar de forma responsable y oportuna las condiciones adversas, las escasas oportunidades y situación de pobreza en que se encuentra la gran mayoría, desafortunadamente, de los adultos mayores en nuestro país.
La pobreza en los adultos es excepcionalmente alta, aún en el contexto de América Latina. En México, la tasa de pobreza en la población mayor de 65 años, es 70 por ciento superior a la tasa de pobreza para el total de la población. La diferencia más amplia desafortunadamente, entre 8 países de la región, según un estudio reciente del Banco Mundial. En contraste, en Brasil donde se implementa una pensión básica con una cobertura amplia, la tasa de pobreza en la tercera edad es 25 menor a la existente en el territorio nacional. En tal sentido el reconocimiento del derecho a la pensión universal para las personas adultas mayores, representa un reconocimiento de la nación a la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo del país, así como un primer paso para reedificar una cultura de respeto y solidaridad hacia nuestros ancianos y ancianas.
Proponemos que la pensión sea universal porque con ello se garantiza la cobertura completa a la población en situación de pobreza, se eliminan los riesgos de exclusión inevitables con la focalización, se evita desincentivar el trabajo y el ahorro privado al no condicionar el ingreso de los beneficios a encontrarse en una situación de pobreza y se disminuyen de forma importante los altos costos administrativos al desaparecer los procesos de identificación y depuración del padrón de beneficiarios.
Estén múltiples experiencias en diversas partes del mundo donde operan este tipo de pensiones y se caracterizan por otorgar prestaciones monetarias asociadas a situaciones de pobreza y carencia. El financiamiento de estas pensiones proviene de contribuciones generales que el Estado, por mandato legal, redistribuye entre las personas o familias a quienes mediante un apoyo monetario se les provee de un ingreso. Por ende las condiciones de acceso a este tipo de pensiones no se vinculan a una trayectoria laboral o a un registro de cotizaciones.
Esta pensión es viable financieramente, para que no exista excusa alguna. Tomando las proyecciones del Consejo Nacional de Población, en 2005 había cerca de 3 millones 600 mil personas de 70 años y más, por lo que el costo anual de ofrecer una pensión equivalente a medio salario mínimo, sería de poco más de 28 mil 471 millones de pesos, es decir, el 0.35 por ciento del Producto Interno Bruto. Si consideramos el incremento de la población de adultos de 70 años y más en los próximos 45 años y una tasa de crecimiento de la economía promedio del tres por ciento, la pensión alcanzaría un máximo de medio punto tan sólo del producto interno bruto en el 2050 y luego comenzaría a decrecer.
La propuesta de ley está dividida en cinco títulos que abordan disposiciones generales. La pensión normada por esta ley se entregará a las personas de 70 años o más residentes en el territorio nacional, el monto de aquellas será de medio salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. La entrega no tendrá un costo para el beneficiario ni podrá estar sujeta a ningún tipo de condicionamiento.
El otorgamiento de la pensión y el costo de la base de datos nacional de la pensión universal que integra el patrón de beneficiarios, se deposita en la Sedesol. La Sedesol conformará un padrón de beneficiarios y corroborará el cumplimiento de los requisitos.
Para efectos administrativos, una vez dado de alta en el padrón, el beneficiario recibiría la pensión en un plazo no mayor de tres meses. Los medios de paga se determinarían administrativamente con el criterio de que sean los más viables y oportunos para los beneficiarios.
La ley establece causa de suspensión y cancelación de la pensión y prevé medios de impugnación, ya sea por baja justificada o por exclusión del padrón de beneficiarios, si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.
Como instrumentos de concurrencia, se establece que la Federación, los estados y municipios, en el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta ley, coadyuven a la pensión universal y cuando las disposiciones de esta ley comprendan materia y acciones que incidan en las atribuciones de cada orden de gobierno, se aplicarán y ejecutarán convenios generales específicos, que suscriban las partes interesadas.
También se dota al Ejecutivo federal de la facultad de enviar al Congreso de la Unión las adecuaciones a la ley que considere pertinentes para garantizar la suficiencia y la ampliación de la cobertura de la pensión objeto de la presente ley.
El financiamiento de la pensión para las personas de 70 años o más, corre a cargo del gobierno federal, mediante contribuciones generales, que serán especificadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo General 19 Aportaciones a la Seguridad Social.
En este rubro se garantiza el pago de la obligación y su inafectabilidad. Se establece que los costos administrativos de esta pensión, radicados en el Ramo Administrativo 20 de Desarrollo Social, no serán mayores al cinco por ciento de la partida que financie el pago de la misma.
Finalmente, se obliga a los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente ley, a observar principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad. También se invoca la responsabilidad de estos servidores, que deberá ser sancionado conforme a disposiciones vigentes.
Por último, en disposiciones transitorias la presente iniciativa establece un lapso, de no más de 90 días naturales, para la expedición del reglamento de esta ley y para la emisión de la convocatoria pública para la inscripción de beneficiarios.
Con esta iniciativa los miembros del Partido de la Revolución Democrática, cumplimos con los compromisos que hicimos con los mexicanos y los cuales tenemos conciencia permanentemente de ello. Esos mexicanos que optaron por cambiar el rumbo de este país y esos compromisos que hizo con todo el país Andrés Manuel López Obrador.
Con ello demostramos que si es posible redefinir las prioridades de la nación y orientar la acción del Estado por el bien de todos a favor de los que menos tienen, a favor de los más vulnerables.
Es cuanto señora presidente.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y en Cuenta Pública, y en tanto se integren las comisiones consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados. En México el problema de la corrupción ha tenido un vigor que parece inagotable. Sus cauces provienen de la actividad política y de sus oficiantes.
La política en el país ha sido la gran creadora y gestora de la corrupción. Formó toda una cultura, institucionalizó la deshonestidad; no se limitó a determinar la forma de hacer carrera dentro del Poder público, también contribuyó a la forma de ser empresario, periodista, líder sindical, dirigente partidista, ciudadano —según lo expresa Edmundo González Llaca.
La corrupción fue el as bajo la manga del sistema político, sirvió para legitimar a los nuevos gobernantes, controlar a los simpatizantes, cooptar opositores, reprimir adversarios, reducir las injusticias, proveer actividades económicas, atenuar desviaciones legales. La corrupción era el fiel de la balanza de la estabilidad nacional. Se dice fácil pero mientras prácticamente todos los países latinoamericanos se sacudían con golpes de estado, motines y revueltas, en México había paz y continuidad en sus instituciones.
En ese marco, se fue gestando una dañina politización de la administración pública en nuestro país, marcada por una fusión completa entre las élites políticas, la alta burocracia y los empresarios, que favoreció el desarrollo de una corrupción institucionalizada: el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada para fines políticos, el clientelismo, el abuso de autoridad y el nepotismo, por citar nada más algunos casos.
La vida del país se sustentó en diferentes prácticas que hasta nuestros días se mantienen y que favorecen e incentivan y alimentan fuertemente la práctica de la corrupción en nuestro país, como son: discrecionalidad en el ejercicio del gobierno, la impunidad, la burocratización y falta de profesionalización de muchos funcionarios de la administración pública, la sobrerregulación, el influyentismo, la conformación y abuso del poder, el nepotismo, amiguismo, las cofradías y mafias y la famosa transa.
Todas estas prácticas se han arraigado en el país desde el período de la Revolución Mexicana como parte del clientelismo y del corporativismo. Y lamentablemente para México, hoy más que nunca están vigentes y prevalecen en la vida cotidiana de nuestra sociedad.
Lo más delicado y preocupante de la corrupción en nuestro país no sólo es que invade todos los sectores tanto públicos como privados, sino los costos tan grandes que genera para la sociedad mexicana.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, los actos de corrupción cuestan a México un total de 60 mil millones de dólares anuales o el equivalente a cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras; lo que representa aproximadamente el 9 por ciento del Producto Interno Bruto. La importancia de estas cifras se aprecia claramente si consideramos que durante el gobierno foxista sólo hemos crecido en promedio a una tasa del 1.6 por ciento anual.
Asimismo el Banco Mundial y diversos estudiosos del tema, mencionan que entre la distorsiones de carácter económico y los costos más relevantes que genera la corrupción y de los cuales nuestro país no escapa, se encuentran los siguientes: Aumenta los costos de transacción y la incertidumbre de la economía, desalienta las inversiones productivas y favorece las inversiones especulativas, provoca incentivos negativos para que los negocios busquen favorecerse más del amparo del poder, que de las mejoras de su productividad y competitividad.
Prohija los mercados monopólicos y oligopólicos y desprotege a los consumidores, mina la legalidad del estado de derecho y favorece la impunidad, desvía los recursos y las prioridades de inversión por el contratismo, hacia actividades poro rentables desde el punto de vista social y económico. Así vemos tantos elefantes blancos.
Estimula las actividades ilícitas y prohija la delincuencia organizada, propicia la elusión y evasión fiscal disminuyendo la capacidad de captación fiscal del gobierno. Reduce la capacidad del Estado para proveer servicios y promover el crecimiento.
La corrupción opera como un impuesto regresivo contra los sectores económicos y sociales más débiles y fomenta la pobreza. La corrupción genera más trabas burocráticas, deteriora la calidad de los servicios del gobierno, desvía los beneficios de los programas sociales, de sus destinatarios, favorece la desigualdad económica y la creciente concentración del ingreso, debilita las finanzas públicas y aumenta el riesgo-país.
En síntesis, los altos costos socioeconómicos que la corrupción genera, justifican la urgencia de acciones concretas para combatirla, en tanto disminuye las posibilidades reales del desarrollo nacional. Por tanto, promover el desarrollo y luchar contra la corrupción en México, exige impulsar desde el Poder Legislativo, propuestas de reforma a nivel institucional bien estructuradas y sobre todo, mejor diseñadas.
Es por ese motivo y razón, que hemos venido a esta tribuna para promover un Código de Ética Parlamentario y un Consejo de Ética. Si nosotros debemos emprender a nivel nacional una labor de saneamiento y surgimiento de una nueva ética pública, requerimos realmente comenzar por el Congreso de la Unión y en particular por la Cámara de Diputados. Por ese motivo y esa razón, es que proponemos a su consideración el proyecto de decreto.
Artículo Único. Se reforma y adiciona el capítulo séptimo y el artículo 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Del Código de Ética Parlamentario y del Consejo de Ética.
Artículo 47. Los legisladores que integren la Cámara deberán sujetarse al Código de Ética Parlamentario y al Consejo de Ética que se refiere a continuación:
Del Código de Ética Parlamentario.
Los legisladores en ejercicio de sus funciones deben apegarse de manera irrestricta a los principios de ética, honestidad, decoro, responsabilidad, eficacia, eficiencia, transparencia, veracidad, legalidad y parcialidad y vocación de servicio hacia la sociedad.
Para cumplir cabalmente con los principios mencionados son deberes éticos de los legisladores los siguientes:
Actuar con transparencia poniendo a la alcance de la población, toda la información sobre su trabajo legislativo.
Dar a conocer los intereses que motivan la promoción de iniciativas legislativas e informar de los grupos de cabildeo con que hayan interactuado al momento de su presentación.
Desempeñar el cargo, sin discriminar en su actuación a ninguna persona por diversos motivos o por cualesquier motivo.
Rechazar cualquier actividad privada que le permita aprovecharse de su cargo de legislador y anteponer el interés público y el interés general de manera invariable sobre sus intereses personales o particulares.
Conocer y cumplir las disposiciones legales referentes a la ejecución de otros cargos.
Prohibiciones por razón de parentesco y cualquier otro régimen de responsabilidades que le sea aplicable.
Guardar la discreción debida, respecto de todos los hechos e información reservada, de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones legislativas.
Declararse impedido en la discusión o resolución de asuntos en los que él, su cónyuge o parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, tenga un interés particular directo.
No usar o aprovecharse de investidura de legisladora, para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier otro beneficio personal o sus familiares, amigos o cualquier otra persona, medie o no remuneración.
Solicitar o aceptar directamente o por persona interpuesta, viajes, regales, donaciones, favores, recompensas o beneficios de cualquier tipo, como contraprestación por algún acto propio de su cargo o bien cuando en forma alguna comprometa o condicione la toma de decisiones.
Dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicio a personas físicas o jurídicas que gestiones o exploten concesiones administrativas, que sean proveedores o contratistas del Estado o que puedan beneficiarse de las acciones legislativas que están en trámite.
Realizar trabajos, gestiones o actividades que están en conflicto con sus deberes y responsabilidad o cuyo ejercicio pueda dar lugar a dudas sobre su imparcialidad, frente a las decisiones que le compete tomar en razón de sus labores legislativas.
Utilizar la información que le confiere su cargo para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.
Hacer uso de las instalaciones y los bienes muebles del Congreso de la Unión, para el logro de objetivos personales o de terceros.
Usar el equipo de oficina tal como, teléfono, fax, fotocopiadora, computadora y demás bienes públicos para asuntos distintos de su labor legislativa. Rendir un informe anual de actividades.
Aquí se hace una presentación también completa, de una propuesta de consejo de ética que debería no solamente de sancionar, sino de prever las acciones que puedan representar conflictos de interés o problemas de tráfico de influencia. Se hace una propuesta concreta. En la Gaceta, como ya se ha dicho, está debidamente publicada esta propuesta, que esperemos reciba la atención de esta Cámara de Diputados, en bien de la Cámara, del Congreso de la Unión y en beneficio de México. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y, en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Protocolo del Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime Cervantes Rivera: Con la venia de la Presidenta. Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, integrantes de grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Asamblea, la presente iniciativa de reformas y adiciones al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:
Exposición de motivos.
La teoría constitucional clasifica las constituciones según el procedimiento que se siga para reformarlas, en rígidas o flexibles, según sea la dificultad que entrañe su modificación por los requisitos que se exijan. Las constituciones rígidas establecen un procedimiento complejo para su reforma, en tanto que las constituciones flexibles basta que un solo órgano legislativo así lo apruebe.
Inclusive, desde el Constituyente Francés en 1789, se hace la distinción entre lo que es el Poder Constituyente, la Constitución, los Poderes constituidos que en ella se establecen y el poder revisor, conforme las ideas plasmadas por Emmanuel Siellez en su obra "Qué es el Tercer Estado".
Ahora bien, en tanto que el pueblo es el titular de la soberanía, se expresa a través de un Congreso Constituyente cuya razón de existir es justamente la de aprobar una Constitución. Una vez que el Congreso Constituyente cumple su tarea se extingue. En el caso de que fuera necesario hacer alguna reforma o adición a la norma fundamental, tendría que estarse convocando continuamente al titular de la soberanía para que dictare lo que corresponde.
Como este procedimiento de consulta puede resultar complicado, se ha determinado establecer en el propio texto constitucional el denominado poder revisor o Constituyente Permanente, el cual tiene la tarea de hacer las reformas constitucionales.
En el caso de nuestra Constitución Política vigente desde el año de 1917, se estableció en el artículo 135 dicho poder revisor, estableciendo dicho precepto. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas locales de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
Conforme a este precepto constitucional, podría establecerse que nuestra Constitución entra en la clasificación de las constituciones rígidas en cuanto a su proceso de reformas, ya que intervienen los siguientes órganos: las Cámaras del Congreso de la Unión, en donde la reforma o adición deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los individuos presentes y las Legislaturas locales de los estados, las cuales deben aprobar las adiciones o reformas por mayoría absoluta.
Sin embargo, en los hechos nuestra Constitución ha resultado ser una Constitución flexible en cuanto a su procedimiento de reformas. Lo fue durante la época de los gobiernos priístas, porque el Legislativo se subordinaba a los dictados del Presidente. Baste recordar que en la administración de Ernesto Zedillo, que inició el 1 de diciembre de 1994, se promovieron reformas constitucionales a diversos ordenamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de ese año. Esto es, en menos de un mes el Constituyente Permanente aprobó dichas reformas.
Otro aspecto que nos obliga a establecer que nuestra Constitución es flexible en su procedimiento de reformas es el que se refiere a que éstas deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los individuos presentes. En la actualidad, la Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores. Para que ésta pueda sancionar válidamente, se requiere que se cuente con el quórum de ley: la mitad más uno de los legisladores, esto es, al menos 251 diputados.
Existiendo quórum legal con al menos el número de legisladores antes citados, puede impulsarse una reforma constitucional con una votación calificada de dos terceras partes, que equivale a 167 diputados. En el caso de las Legislaturas de los estados, se requiere sólo la aprobación de la mitad de ellas. Siendo 31 Legislaturas estatales, basta con la aprobación de 16 de ellas para que una reforma constitucional sea aprobada.
Sin embargo, nada se señala en el texto del artículo 135 constitucional en relación a que en los Congresos estatales debe darse una votación calificada de dos terceras partes, al igual que en las Cámaras del Congreso de la Unión. O bien, si existieran, se tengan que atender las reglas de votación de reformas a la correspondiente Constitución del estado de que se trate.
Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo de esta LX Legislatura somete a su consideración esta iniciativa de reformas y adiciones al artículo 135, que tiene el propósito fundamental de establecer un procedimiento dificultado de reformas en el accionar del poder revisor de la Constitución.
Nos guía el ánimo de que haya una efectiva distinción entre lo que es el procedimiento legislativo ordinario respecto al procedimiento legislativo constitucional. Para ello proponemos que en el texto del artículo 135 constitucional se establezca que una reforma constitucional deba ser aprobada en el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes. Esto es, en la Cámara de Diputados, que se integra por 500 legisladores, deberán ser 333 diputados los que la aprueben. En la Cámara de Senadores, que se integra por 128 senadores, deberán aprobar las reformas 85 senadores, con lo cual se garantizaría un pleno consenso en la aprobación de dichas reformas o adiciones a nuestra norma suprema.
También proponemos que se establezca que las adiciones o reformas a la Constitución deban ser aprobadas por las dos terceras partes de las Legislaturas de los estados, lo que equivale a un número de 31 Legislaturas, siendo las dos terceras partes de ellas 21 Legislaturas de los estados que aprueben las reformas.
Asimismo, proponemos la adición de un segundo párrafo, en el cual se establece que las Legislaturas de los estados deban aprobar las adiciones o reformas a la Constitución mediante una votación calificada de las dos terceras partes de los integrantes de cada órgano legislativo.
Compañeras y compañeros diputados, los tiempos que vive México obligan a garantizar la supremacía de la Constitución y que cada reforma o adición que se le haga sea expresión de acuerdos políticos nacionales y no de acuerdos coyunturales.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción LVI y LXVII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas y adiciones al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por al menos las dos terceras partes de las Legislaturas de los estados.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de la Legislatura y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones y reformas.
En cada Legislatura se requerirá que las adiciones o reformas a esta Constitución sean aprobadas por al menos las dos terceras partes de los integrantes de cada Legislatura de los estados.
Artículo transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de septiembre del año 2006.
Atentamente, por el grupo parlamentario firma el diputado Ricardo Cantú Garza, Rubén Aguilar Jiménez, Abundio Peregrino García, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Pablo Leopoldo Arreola, Anuario Luis Herrera Solís, Rodolfo Solís Parga, María Mercedes Maciel Ortiz, Félix Castellano Hernández, Joaquín Humberto Vela González, Rosa Elia Romero Guzmán, Silvano Garay Ulloa y un servidor, Jaime Cervantes Rivera. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. La siguiente presentación de iniciativa de reformas propuesta por la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, a petición del mismo grupo parlamentario se pospone.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 115 y el apartado G, primer párrafo, de la Base Quinta del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gustavo Cárdenas Monroy: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados; señoras y señores. Las concentraciones urbanas generan demandas crecientes de seguridad pública, empleo, salud, educación, transporte, suelo urbano, vivienda, agua potable y en general, infraestructura y servicios, cuya magnitud muy pronto rebasa las posibilidades financieras de los municipios y las entidades federativas en lo individual, con consecuencias cada vez más difíciles de controlar y resolver.
México es uno de los países en vías de desarrollo con zonas urbanas mayores, 70 de cada 100 mexicanos están establecidos en las 364 ciudades que integran el sistema nacional de ciudades, de entre los que destaca el territorio mexiquense, por ser asiento entre sus dos zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca, del 12.6 por ciento de la población nacional.
Las respuestas que generan los mecanismos de coordinación metropolitana son inadecuadas, ineficientes, mediáticas y fuera de tiempo, debemos ir más allá del diagnóstico, de la búsqueda de intenciones de colaboración; la ordenación del territorio y el desarrollo urbano requieren de una administración pública eficaz y cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanía, que responda con oportunidades a los cambios que exige la sociedad mediante el uso eficiente de los recursos públicos y privados.
Ante el imperativo social que pugna por la definición de responsabilidades entre los diversos ámbitos de gobierno que le permita a la población, fundamentalmente de las zonas metropolitanas de todas las conurbaciones de nuestro país, esta LX Legislatura en respuesta al alto compromiso social que le da ser el más representativo de los poderes de la nación, impulsa la reforma de los preceptos constitucionales 115, fracción VI, y 122, Base Quinta, apartado G, de nuestra Carta Magna, que establezca la obligatoriedad en la coordinación para la ejecución de obras y acciones en materia metropolitana, a partir de la constitución de un fondo financiero común que permita la concentración de la gran obra con visión metropolitana, que impulse los niveles de bienestar a los habitantes de las zonas metropolitanas.
Si no existe la obligación en la coordinación entre gobiernos y quienes confluyen geográficamente a partir de sus conurbaciones demográficas, difícilmente podrán establecerse compromisos que se concreten en acciones a favor de los habitantes que por circunstancias de crecimiento poblacionales les ha tocado compartir una forzada vecindad.
Es usual que a partir de la posición opcional que establece la Máxima Carta, los diversos ámbitos de gobierno encuentran justificación para escatimar soluciones a quienes como habitantes de las zonas metropolitanas parecen vivir en un territorio neutral, no se puede argumentar la ausencia de corresponsabilidad cuando la ley es precisa en su determinación.
No debemos continuar con posiciones ambiguas en la definición del quehacer de la administración pública; no es justificación suficiente argumentar la falta de atribuciones o facultades de los gobiernos cuando quien de origen ostenta la soberanía conforme nuestro texto constitucional, exige se configure una norma que precise la corresponsabilidad de los diversos ámbitos de gobierno que determine los derechos y obligaciones de todos los involucrados en materia metropolitana.
En los umbrales de la conmemoración de la centuria del último movimiento social de México, origen de la primera constitución política social del mundo, los principios que le dieron sustento y perfil exigen ser replanteados sin perder de vista los elementos fundamentales de autonomía y soberanía que han hecho posible el equilibrio en el ejercicio del poder, pero que deben ser examinados a la luz de nuevos planteamientos conforme a las exigencias y necesidades de quien es el principio y fin del ejercicio del poder, el pueblo mexicano, tenedor absoluto del poder soberano.
Esta LIX Legislatura, tiene la oportunidad y la alta responsabilidad de impulsar las adecuaciones constitucionales que habrán de articular el desarrollo ordenado y sustentable de las concentraciones urbanas del país, por ser este el territorio que han privilegiado los mexicanos de los diversos rincones de nuestra patria para establecer su lugar y el de sus hijos, dando origen a una de las concentraciones urbanas más grandes del planeta en el valle del altiplano mexicano en un espacio equivalente al 0.23 por ciento de la superficie nacional, espacio de vida de las interrelaciones metropolitanas y la política nacional.
Lo anterior, a partir de la reforma de los artículos 115 fracción VI y 122 base quinta del apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la obligatoriedad en la planeación, regulación conjunta y coordinada de las zonas metropolitanas, así como la constitución de fondos financieros comunes en los casos previstos en la fracción VI del propio artículo 115 constitucional.
La propuesta de reforma encuentra su fundamento en lo previsto en la propia Carta Magna, al establecer que en el sistema de planeación democrática para el logro de una mejor gestión urbana, es indispensable la participación conjunta de gobierno, iniciativa privada, sociedad organizada y población en general que permita estructurar reglas claras y precisas que regulen, organicen y concreten las obligaciones y derechos de quienes confluyan en las zonas metropolitanas.
De ser aprobadas en sus términos las reformas propuestas, permitirán a la federación, al Estado, al Distrito Federal y municipios, participar de manera obligada y canalizar recursos públicos de forma oportuna y eficiente para la solución de los requerimientos de las conurbaciones existentes.
En consecuencia, se adjunta el proyecto de decreto para su trámite en términos del artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a las comisiones correspondientes.
Proyecto de decreto.
Artículo único. Se reforman los artículos 115 fracción VI y 122 base quinta en el primer párrafo del apartado G, para quedar como sigue:
Artículo 115 fracción VI. "…cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal de la materia, debiendo constituir fondos financieros comunes para la eficaz prestación de los servicios establecidos en la fracción III del presente artículo.
Artículo 122, base quinta, apartado G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115 fracción VI de la Constitución en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos deberán suscribir convenios para la creación de instrumentos y figuras jurídicas de coordinación metropolitanas en las que concurran y participen en la constitución de fondos comunes, financieros, con apego a las leyes aplicables.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 14 días del mes de septiembre del año 2006. Atentamente, los diputados de la bancada del PRI en el Estado de México. Muchas gracias.
Pido su atención Presidenta, para turnarla a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra la diputada Elda Gómez Lugo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Elda Gómez Lugo: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su correlativo al artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma el artículo 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a la siguiente exposición de motivos.
El origen de la demanda de diversos servicios urbanos se encuentra vinculado a la desconcentración industrial a ciudades intermedias, incidiendo en materias como la energía eléctrica, agua potable, suelo, infraestructura vial, drenaje y alcantarillado, entre otros servicios públicos.
Los gobiernos siempre están ocupados en aplicar nuevos esquemas de participación ciudadana y de financiamiento de desarrollo urbano a fin de disminuir el déficit, para atender los siempre e insatisfechos requerimientos de servicios elementales como el agua potable, entre otros.
El acceso al agua potable es cada vez más costoso y urgente, convirtiéndose en bien vital. Estamos en el umbral del siglo, en el que al disponer del agua suficiente y de buena calidad o de tener acceso a ella será definitorio de una ventaja social entre los habitantes. Nos enfrentamos a un dilema. Necesitamos mayor abastecimiento de agua y las fuentes se están extinguiendo. Los incrementos en la demanda hacen que las fuentes potenciales se encuentren cada vez más alejadas de los sitios de consumo.
El agua, ha dejado de ser un bien de consumo para valorarse como un bien ambiental, económico y social, estratégico para el desarrollo de la población que depende de su calidad y cantidad de la conservación de las cuencas hidrológicas generadoras del recurso, en especial, de la conservación de la vegetación forestal.
En el ciclo-suministro uso-agua residual, sólo contemplamos al ser humano como medida de requerimiento indispensable, olvidándonos que especies de flora y fauna se encuentran ligadas al vital elemento incluso antes de la propia existencia del hombre.
Rehabilitar los sitios naturales de las especies, requiere una amplia colaboración entre gobierno y sociedad, no sólo para contener el índice de contaminación, sino para financiar acciones de recuperación de cuencas y zonas ambientales, de áreas que alberguen a la biodiversidad a fin de posibilitar el desarrollo de acciones y proyectos alternativos que permitan la diversificación de ingresos de la población de las áreas de donde nos proveemos del vital recurso.
En la solución de la problemática de suministro de agua potable, desalojo y tratamiento de aguas residuales, cada gobierno estructura sus propias normas en este tema, quizás en ningún otro, por lo que es indispensable impulsar el consenso de los diversos ámbitos de gobierno a partir de la concepción de que con la corresponsabilidad de todos es posible coincidir en soluciones que propicien compatibilidad entre el hombre y su medio ambiente.
La exigencia de propuestas de solución, obliga a recapitular sobre la necesidad de una normatividad que impulse, fortalezca y obligue la participación de todos los involucrados como es gobierno, sociedad organizada y población en general, en la preservación del elemento vital para la sobrevivencia humana y de todo signo de vida en nuestro planeta, ello a riesgo de que cada entidad, municipio, Distrito Federal y Federación, como hasta ahora, elabore conforme a sus propias circunstancias el marco normativo requerido y se pierdan recursos y objetivos en la ejecución de proyectos parciales y de medio plazo.
Necesitamos avanzar hacia la consolidación de facultades y atribuciones de Federación, Estado, Distrito Federal y municipios a partir de un marco legal que precise lo que a cada uno corresponda en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones en estricto apego y respeto a la soberanía de las entidades federativas y la autonomía municipal; que propicie y fortalezca la homologación de la legislación secundaria impulsando la consolidación de organismos operadores encargados de la prestación de servicios mediante la adecuación de las disposiciones legales en materia financiera que les permita contar con los recursos indispensables para la ejecución de acciones y obras de gran visión y largo alcance.
Es preciso que se establezca el derecho constitucional de acceso al agua potable en cada vivienda de la familia mexicana, que al igual que en otras naciones, en la nuestra se eleve a rango constitucional el aprovechamiento, cuidado del agua potable y tratamiento de las aguas residuales consignando en nuestra máxima ley que el agua es un recurso prioritario, estratégico para el desarrollo, la seguridad y supervivencia que como nación estamos obligados a preservar. Por ello las adecuaciones respectivas a los artículos 4, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El federalismo en esta materia debe atender además de la distribución de gastos de ejecución, a la responsabilidad en el suministro, uso y tratamiento del vital líquido; la participación conjunta de los diversos ámbitos de gobierno, sociedad organizada y población en general, que permita afrontar la problemática hidráulica de cualquier región de nuestro país, sin importar el tamaño de la población, debiendo fundamentalmente fomentar entre la población una cultura de agua, procurar la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico de las entidades y municipios que permita dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad suficiente para su sano desarrollo. Lo anterior a partir de la reforma de la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el uso y el aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal y bajo el principio de concurrencia legislativa al Congreso de la Unión, establezca la ley federal de la materia en las atribuciones, facultades y obligaciones de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios en materia de suministro, uso de agua potable y tratamiento de las aguas de jurisdicción federal.
De ser aprobada en sus términos la reforma propuesta, permitirá a la Federación,. Distrito Federal, estados y municipios, canalizar recursos públicos de manera oportuna y eficiente para el cumplimiento de los objetivos de esta trascendental materia así como la homologación de la legislación secundaria en los respectivos ámbitos del gobierno, por un verdadero federalismo que apoye el desarrollo nacional y una infraestructura básica en el actual sector hidráulico.
La presente iniciativa reforma la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 73 fracción XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, del Distrito Federal, de los gobiernos de los estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de suministro, uso, aprovechamiento y tratamiento de las aguas de jurisdicción federal.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de México, D.F., a los 14 días del mes de septiembre del año 2006.
Atentamente diputados del Partido Revolucionario Institucional del Estado de México: licenciado Gustavo Cárdenas Monroy, licenciado César Camacho Quiroz, licenciada Martha Isla González Calderón, contadora Mercedes Colín Guadarrama, licenciado Rogelio Muñoz Serna, licenciado Alejandro Olivares Monterrubio, licenciado Jesús Alcántara Núñez, ingeniero Israel Villa Villa y su servidora Elda Gómez Lugo. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y, en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
En el siguiente apartado del orden del día se refiere a proposiciones. Y para hacer una proposición tiene la palabra el diputado Carlos Rojas Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que será proposición con punto de acuerdo para exhortar a las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a emitir los dictámenes respectivos a las observaciones del jefe del Ejecutivo federal sobre diversas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.
El diputado Carlos Rojas Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras, compañeros. A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del mío propio, nos permitimos poner a consideración de esta Honorable Asamblea un punto de acuerdo con base en las siguientes consideraciones.
A lo largo de la LVIII y LIX Legislaturas se realizaron importantes esfuerzos, con el fin de revisar el marco jurídico vigente y dotar a los mexicanos de leyes, que permitieran avanzar en la solución de los problemas, necesidades y aspiraciones de la sociedad. El principio que animó los trabajos de los diputados federales y senadores de la República, fue el de lograr acuerdos, con base en el diálogo respetuoso y constructivo e invariablemente se buscó mantener una interlocución ágil y efectiva con los otros Poderes, en especial con el Ejecutivo federal. De ahí que una cantidad importante de reformas legales y nuevas leyes, contaran con el voto unánime de las fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras Legislativas.
No obstante, en días pasados, al iniciar el primer período de sesiones de esta LX Legislatura, el Presidente de la República regresó al Congreso diversos ordenamientos legales que fueron aprobados durante el mes de abril. Ahí se señalan, observaciones del jefe del Ejecutivo, que ahora nosotros deberemos analizar, discutir y en su caso aprobar nuevos cambios o insistir en los términos, que en su momento fueron aprobadas las reformas a un conjunto de 10 leyes diferentes que abordan siete temas de gran trascendencia.
El envío de las observaciones presidenciales llama la atención, toda vez que se trata de un hecho inusual en nuestras prácticas parlamentarias. Más aún, porque detrás de la aprobación de esas iniciativas hubo un amplio proceso de revisión y estudio en el que participaron las dos Cámaras del Congreso e invariablemente se escuchó la opinión de los responsables de la administración pública federal, además de los distintos sectores a los que fueron dirigidos esos cambios en el marco legal.
Con preocupación vemos que ahora el Presidente de la República con razones hasta ahora expuestas de manera insuficiente, decidió ejercer el procedimiento constitucional conocido coloquialmente como veto, para dejar en suspenso las reformas.
Peor aún, observamos que de manera inusitada no se valoró correctamente el esfuerzo legislativo y político que implicó la aprobación de reformas a leyes de importancia incuestionable; en ellas se abordan temas de indudable prioridad e interés para los mexicanos, como son el fomento a las actividades productivas vinculadas a la pesca y a la acuacultura, el sistema de pago de impuestos, el narcomenudeo, el fomento a la lectura, la protección del medio ambiente y el manejo de los residuos, entre otros temas.
Reconocemos el derecho constitucional del jefe del Ejecutivo para manifestar puntos de vista diferentes e incluso contrarios a los de otros poderes. Pero ese derecho debiera ir acompañado de un intercambio de opiniones y puntos de vista que permita alcanzar consensos, lo cual como casi siempre sucedió en este sexenio, no ocurrió en estos casos. Por eso nos parece que la decisión presidencial de vetar esas reformas legales es excesiva y sucede en un momento más que inoportuno.
Conviene señalar por otra parte, que el Presidente no sólo ha vetado leyes, sino que aquéllas que merecieron su rechazo no fueron sustituidas por otras propuestas que en su opinión mejoraran o corrigieran lo que a su juicio resultaban insuficiencias o aspectos críticos.
En este sentido queda claro que los desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo, que caracterizaron estos últimos seis años, fueron prohijados por una concepción de la política que privilegió la negación sobre las propuestas, el enfrentamiento y la descalificación, por encima del esfuerzo colectivo y por lograr la convergencia de ideas acerca del futuro del país…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame señor diputado. Pediría a los señores diputados que no estorben la visibilidad de los señores legisladores. Adelante diputado Rojas.
El diputado Carlos Rojas Gutiérrez: … gracias Presidente. Por eso, en estos tiempos de estridencia, filtraciones y de estrategias políticas de confrontación, en mi fracción parlamentaria ratificamos nuestra disposición a proseguir por la vía del diálogo, como la única estrategia válida para alcanzar acuerdos y enfrentar los enormes retos que tenemos los mexicanos. Por ello queremos plantear a ustedes el siguiente.
Punto de acuerdo.
Único. Se exhorta a las Comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a emitir los dictámenes respectivos a las observaciones del jefe del Ejecutivo federal, a diversas reformas aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 30 días, tal y como lo señala nuestra Ley Orgánica. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Carlos Rojas. Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y Derechos Humanos y de Pesca, de la Cámara de Diputados. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra la diputada María Guadalupe García Noriega.
La diputada María Guadalupe García Noriega: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La producción del café en México tiene una raíz histórica, que ha colocado a nuestra nación como uno de los principales países exportadores del aromático, no sólo por su cantidad, sino por la calidad. Lo que implica que en la actualidad sea una actividad de la cual subsisten cerca de cuatro millones de mexicanos, principalmente de nuestra población indígena.
En la mayoría de las entidades productoras de café en el país, sus productores enfrentan a grandes adversidades surgidas de la incertidumbre de los precios internacionales y la dependencia a la cadena de distribución. Lo que hace que los costos de producción no correspondan a las ganancias obtenidas en la comercialización y venta del producto.
Es por ello, que se requiere de medidas específicas de política y presupuestación para que nuestros productores enfrenten los efectos del mercado transnacional de solubles e importación de granos, que van en detrimento de nuestro sector rural.
Asimismo, la situación de la producción del aromático, no sólo puede recaer en el ámbito económico, sino también, en la generación de una calidad superior de vida a la que actualmente tiene nuestro sector social productivo, aunado a la necesidad de contribuir al mejoramiento ambiental del espacio rural.
Durante la LIX Legislatura la Junta de Coordinación Política, tuvo a bien crear desde sus inicios la Comisión Especial del Café, cuyo desarrollo implicó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, derivada de múltiples iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios, concretando sólo una de las acciones necesarias que se requieren para atender integralmente los asuntos nacionales sobre el café.
No obstante de su aprobación en esta Cámara, la colegisladora elaboró un dictamen sobre la ley para la cual definía diversas observaciones, para ser atendidas por los diputados. Sin embargo y a pesar que el 26 de abril del 2006, se inscribió dicho dictamen en el orden del día de la Cámara de Senadores, para su primera lectura, éste finalmente se sacó de dicha orden y no fue discutido.
Deriva de la acción anterior y ante la posibilidad que en este periodo de sesiones se discuta en el Senado de la República dicho dictamen, con observaciones, se torna fundamental que la Cámara de Diputados, cuente con una Comisión Especial del Café, que le dé seguimiento a dicho dictamen y se fortalezcan sus contenidos de manera, que nuestro país cuente con una legislación que atienda la realidad existente en este sector.
La atención de los asuntos de la cafeticultura, no sólo se circunscribe a la expedición de una ley en la materia, sino que debe analizarse otras legislaciones vigentes que tendrán consecuencias, en cuanto a sus disposiciones por efecto de la expedición de esta nueva ley. Tanto del ámbito productivo, la tenencia de la tierra, los derechos indígenas y la protección al ambiente, sin dejar de lado el análisis presupuestal que sobre esta materia debe revisar esta Cámara de Diputados. En tal virtud, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo.
Primero. La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c), artículo 34 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial del Café.
Segundo. Esta Comisión tendrá por objeto interactuar con los productores, comercializadores, industriales, con el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y ser un factor de apoyo en la definición e instrumentación de las medidas necesarias para el desarrollo de la cafeticultura mexicana.
Tercero. La Comisión Especial del Café estará integrada por 22 diputados y todos los grupos parlamentarios, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta Legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías de manera rotativa entre los distintos grupos parlamentarios.
Firman: diputado Francisco Elizondo González, diputado Diego Cobo Terrazas, diputado Adolfo Mota Hernández, diputado Pedro Montalvo Gómez, diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, diputado José Murat, diputado Roberto Badillo Martínez, diputado Mario Mendoza, diputado Sergio González, diputado Wenceslao Herrera, diputado Alberto Amador Leal, y la de la voz, Guadalupe García Noriega. Es cuanto señora Presidenta, por su atención, gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada María Guadalupe García Noriega.
El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame diputado Adolfo Mota. Sonido a la curul del diputado.
El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Diputado Presidente, solicito el uso de la voz para argumentar lo suficiente, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso. Que el punto que acaba de someter la diputada Guadalupe sea por obvia resolución.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No ha lugar su petición señor diputado. No está a discusión. Cuando el asunto esté a discusión en el Pleno podrá usted hacer uso de la palabra. No está a discusión señor diputado. Sonido a la curul del diputado Mota.
El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Con todo respeto Presidente. Sé que no está a discusión, eso lo entiendo, pero la postura del grupo parlamentario del PRI es pasar a argumentar por qué debe de ser de urgente y obvia resolución la creación de una comisión especial, en donde en 15 días está la cosecha del café. Por eso urge y quiero argumentar lo suficiente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Agradezco su opinión señor diputado, pero no está a discusión. Hay otra participación inscrita del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que hablará en este momento y cuando el asunto esté a discusión le daré la palabra. Le repito que no está a discusión señor diputado. Usted mismo lo ha reconocido, de tal manera que si quieren adherirse a esta propuesta, también se considerará la solicitud de ustedes. Abran el sonido a la curul del diputado Mota.
El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Señor Presidente, estoy ejerciendo mi derecho de solicitar a la Presidencia que se vaya de urgente y obvia resolución y quiero argumentar lo suficiente para el tema. No está a discusión, al contrario, estamos de acuerdo, pero el tema de cosechas y de otros temas urgen en la creación de la comisión, que por cierto está sugiriendo una diputada que no es de mi grupo parlamentario, pero que estamos apoyando.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado. Para ilustrar la propuesta que usted está haciendo, pido a la Secretaría dé lectura al artículo 34 inciso c), numeral 1 de las atribuciones de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Artículo 34 inciso c), Ley Orgánica para el Congreso. "A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: proponer al Pleno la integración de las comisiones con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Mesas Directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular, de otros países o de carácter multilateral.
"Con respecto a estas reuniones, en los recesos la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente".
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Como usted habrá escuchado, corresponde a la Junta de Coordinación la proposición de comisiones. Por lo tanto, no procede la urgente resolución que usted está solicitando. La integración de comisiones, como han escuchado en el artículo 34, fracción I, inciso c), corresponde a la Junta de Coordinación Política.
Abrase el sonido a la curul del diputado Del Río.
El diputado José Manuel del Río Virgen: (desde la curul): Señor Presidente, le ruego me permita leer el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior.
"En los casos de urgente u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros –que es el caso del diputado Adolfo Mota —dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlas a discusión inmediatamente después de la lectura".
Me sumo al punto de acuerdo, señor Presidente, y le ruego se tome en cuenta el artículo 59 y el artículo 60. Muchas gracias, señor Presidente, por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de obvia o urgente resolución. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Adolfo Mota.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, soy representante de una región en donde miles de personas penden y dependen del cultivo del café: Coatepec, Veracruz.
El café es un tema fundamental para el estado de Veracruz y para muchos estados de la República. No tiene ninguna discusión –estoy seguro— ni polémica el hecho de que en esta Legislatura, la LX, se pueda volver a dar la Comisión Especial del Café que, por su tópico de especial, por supuesto desaparece con cada Legislatura.
Es la intención del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional darle seguimiento a la petición de la diputada del Verde, que tiene que ver, por obvia y urgente resolución, que podamos crear de ya esta comisión especial para que, cuando la Junta de Coordinación Política se reúna, asigne presupuestos, toquen los temas inherentes a las comisiones ordinarias, y también ya de una buena vez vaya viendo los integrantes y los miembros de la Comisión Especial del Café.
Entiendo que alguna fracción legislativa de este Pleno ha sostenido el acuerdo de que ningún punto de urgente u obvia resolución. Pero esto no tiene polémica. El Revolucionario Institucional quiere dejar por sentado que en el tema de cafetales hoy muchos terrenos se están tirando porque están desapareciendo. Son temas de consumo interno en donde, a comparación con Europa, estamos consumiendo una quinta parte de lo que debemos consumir para darle mayor valor al grano.
Desde luego que estamos hablando de subsidios, de temas de la Sagarpa, de la Coordinación para el Programa Operativo, y este tema es de urgente y obvia resolución porque se empiezan a tratar ya en comisiones y porque la Junta de Coordinación Política bien puede de una vez asignar a sus representantes. Eso es todo. No hay polémica. La intención es que vayamos juntos en la creación de la Comisión Especial del Café que, y como argumento a la propuesta de urgente y obvia resolución, por cierto, a finales de octubre, no sólo en mi región, en muchas partes del país, comienza la cosecha y los productores quieren venir ya a la Cámara a traer sus propuestas que hemos recogido en campaña y hablar de precios y hablar de subsidios y hablar de temas que le son inherentes para el cultivo del café.
Esa es la propuesta, no tiene mayor polémica. Crear de urgente u obvia resolución la Comisión Especial del Café, ayuda pues, para que muchos productores —estoy seguro— no sólo de Veracruz, que quieren venir ya a la Cámara a argumentar sobre el tema del cultivo, lo hagan inmediatamente. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mota. Permítame diputado. Vamos a poner a consideración de la Asamblea la propuesta de si se considera de obvia o urgente resolución y se abre debate. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta se considera de obvia o urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se requieren dos terceras partes, señor Secretario. De obvia o urgente resolución le recuerdo que requiere dos terceras partes. Pregunto a la Secretaría ¿sí la votación alcanza las dos terceras partes?
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Presidente, desde mi punto de vista alcanza las dos terceras partes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada la propuesta por dos terceras partes.
El diputado Héctor Larios Córdova (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Larios.
El diputado Héctor Larios Córdova (desde la curul): Señor Presidente, es evidente que no se completan las dos terceras partes. Solicito votación nominal para definirlo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia aun cuando atiende la solicitud hecha por el diputado Larios para que esta votación pueda llevarse a cabo de manera nominal y certificar si son dos terceras partes… Permítanme tantito. Esta Presidencia, reconociendo que quien certifica las votaciones es el Secretario, esta Presidencia acata la decisión que el señor Secretario ha certificado de una votación de dos terceras partes.
En consecuencia está a discusión. Tiene la palabra, señor diputado.
El diputado Isidro Pedraza Chávez: Gracias por ese criterio, compañeros, por esa disposición. Estamos de entrada viendo que a la primera manifestación de abordar un punto de interés nacional que tiene que ver con la segunda fuente de ingresos de divisas para el país, que es lo que tiene que ver con el café, los compañeros que estaban proponiéndonos hace mucho tiempo trabajar de la mano, ahora que hay oportunidad de crear una comisión que se pueda formar para que empecemos a dar respuesta inmediata a un problema como éste, ustedes saben de la problemática que se enfrenta en el terreno del café, vayamos pues compañeros, a hacer posible que se cree esta comisión y que trabajemos en ese sentido.
Yo los exhorto, compañeros del Partido Acción Nacional, a que sean sensibles a todo lo que han estado diciendo. Se cansaron durante mucho tiempo en esta tribuna de reiterar argumentos en favor de un planteamiento y que ahora que nos estamos enfrentando al primer escenario, hay que ser congruentes con esto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pedraza.
Tiene la palabra el señor diputado Abel Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Abel Ignacio Cuevas Melo: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los diputados del Partido Acción Nacional, hemos manifestado hace unos pocos minutos una votación que pretendió, con nuestro voto en contra, a favor de la creación de una Comisión Especial del Café, dar orden y cumplimiento específico a lo que se ha marcado dentro de la Junta de Coordinación Política como una facultad de esta misma Junta para crear estas comisiones.
Sin embargo, muchos de los que estamos en este salón de sesiones conocemos profundamente el tema de la cafeticultura; provenimos de regiones en donde esta actividad representa económicamente un porcentaje alto de los ingresos, que se traduce en la posibilidad de subsistencia y la posibilidad de desarrollo económico de varios miles de familias en diversos estados del país.
Personalmente provengo de una región y de una tradición y actividad familiar que se ha dedicado a la producción de café; por lo tanto, el conocimiento de la actividad no es ajeno. Coincidimos en ello muchos más diputados del Partido Acción Nacional y es por ello que estamos haciendo uso de la tribuna para reiterar que nos hemos manifestado en contra del procedimiento, más no de la actividad en sí y también de la creación de esta Comisión.
Por ello es que hacemos patente aquí, en esta tribuna, que estamos…
El diputado Carlos Chaurand Arzate (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, permítame diputado. Ábrase el sonido en la curul del diputado Carlos Chaurand.
El diputado Carlos Chaurand Arzate (desde la curul): No, yo le estoy pidiendo para hechos una vez que termine el orador, señor Presidente, el diputado Mota…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado Mota, ¿con qué objeto?
El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Para hacerle una pregunta al señor diputado Abel Cuevas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado Cuevas, ¿acepta una pregunta?
El diputado Abel Ignacio Cuevas Melo: Acepto la pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Mota.
El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): El señor diputado Abel Cuevas y un servidor somos del mismo municipio, Coatepec, Veracruz, tierra del café. Yo le quiero preguntar a Abel, por qué oponerse que inmediatamente se crea la comisión, independientemente del procedimiento. Qué problema tiene que la Comisión especial, Abel, inmediatamente empiece a trabajar. Ya se ganó pero no tiene ningún sentido. Entiendo el procedimiento.
El diputado Abel Ignacio Cuevas Melo: Señor diputado Adolfo Mota, quiero plantear una cuestión muy sencilla en términos de tiempos y de procedimientos. La creación que se ha propuesto como de urgente y obvia resolución y que usted mismo en la tribuna ha dejado en su integración a la propuesta que haga la Junta de Coordinación Política, tiene la temporalidad marcada como límite en el caso de las comisiones ordinarias para el final de este mes de septiembre como el tiempo en el que debe este Pleno votar la integración de todas y cada una de las comisiones.
Estoy seguro que dado el interés de los distintos grupos parlamentarios, esta propuesta que estaba siendo manejada como a plantearse a la propia Junta de Coordinación Política sin que se considerara de urgente y obvia resolución, atendería también a esta temporalidad porque este interés manifestado por diputado de distintas fracciones y del propio Partido Acción Nacional como lo ha expresado, llevaría seguramente a que en unos días más esta propuesta quedara en firme y votada en este Pleno.
Sin embargo, los diputados del Partido Acción Nacional también hemos visto que si bien este tema no tiene controversia porque aquí lo estamos manifestando y aclarando el sentido de nuestro voto en contra del procedimiento, más no de la creación, tiene también como fondo el que podríamos caer en el exceso como Pleno Legislativo, de empezar a proponer la creación de muchas otras comisiones especiales que llevaran todas una intención de buscar la urgente y obvia resolución sin que dejáramos a la Junta de Coordinación Política hacer su trabajo y plantear ahí en la representación de los coordinadores parlamentarios y el voto ponderado que cada uno de ellos representa dentro de la Junta a que cumplieran con esto, que reglamentariamente les corresponde.
Esa es la razón. Con esto concluyo también mi intervención, compañeras y compañeros diputados, reiterando que el Partido Acción Nacional se ha manifestado en contra del procedimiento y se manifiesta a favor de la creación de esta Comisión especial cuando en su momento la Junta de Coordinación Política así lo plantee al Pleno.
Igual que estaremos atentos a atender todos los temas de mucha trascendencia e importancia para la nación y nuestros representados como es sin duda el tema de la cafeticultura. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Abel Cuevas. Tiene la palabra el señor diputado Anuario Luis Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Señor Presidente.
El diputado Anuario Luis Herrera Solis: Muy buenas tardes…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Sonido en la curul del diputado Chanona.
El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Señor Presidente, con base en el Reglamento Interior, artículos 20 a 22, en el orden del día sigue el diputado Alberto Esteva, con una proposición, de Convergencia. Pido que se respete el orden del día.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estamos en el orden del día, señor diputado. Se abrió a discusión la propuesta de punto de acuerdo. Y voy a leer a ustedes quiénes están inscritos. Está inscrito el diputado Wenceslao Herrera Coyac, está inscrito el diputado Carlos Chaurand. ¿Quiere usted inscribirse para hablar sobre el tema? Lo anotamos, señor diputado.
El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): No.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Adelante, señor diputado.
El diputado Anuario Luis Herrera Solís: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Soy el diputado Anuario Luis Herrera Solís, de la fracción del Partido del Trabajo, estábamos anotados en la lista de oradores para pedir precisamente la creación de la Subcomisión Especial del Café, para que fuera considerada de urgente resolución de acuerdo a los artículos 59 y 60, habiendo sido superado, vamos a usar nuestro tiempo para hablar en pro de la creación de esta Comisión.
No me queda duda de que México ocupa uno de los lugares más privilegiados en la producción del café y por su calidad con un reconocimiento internacional bastante favorable. Sin embargo —y digo esto porque vengo del estado de Chiapas—, primer productor a nivel nacional de café y con orgullo lo digo, producimos el mejor café del mundo por su calidad y por su posición en el mercado internacional.
No cabe duda que quien no sabe de la situación crítica que han estado pasando los cafeticultores del país y que somos más de 500 mil productores que atendemos aproximadamente 700 mil hectáreas y que sobre todo el sector social, es decir, los pequeños productores de café nos hemos destacado en la producción orgánica y que hemos puesto en el mercado internacional y que hemos elevado el renombre de México, por su calidad en relación a lo que exportamos.
Llevamos aproximadamente 14 años sufriendo crisis recurrentes y que por más esfuerzos que se han hecho en las pasadas Legislaturas de aportar apoyo a los productores de café, nos hemos dado cuenta de que las instituciones encargadas en esta administración, en este sexenio, encargadas de bajar dichos apoyos a la cafeticultura, no lo han hecho con responsabilidad, no han tomado en cuenta programas porque han aplicado leyes o normas dando recursos con reglas iguales a desiguales. En ese sentido protestamos desde esta tribuna el que la Sagarpa haya desaparecido el año antepasado al Consejo Mexicano del Café por no convenir a sus intereses y porque quienes estaban al interior de ese Consejo, sobre todo los representantes del sector social, no obedecían a sus intereses.
Actualmente sabemos que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable está la creación del sistema producto café, organismos que en todo momento la Sagarpa dirige, que la participación de los productores, sobre todo del sector social, es muy limitada, luego entonces esta representación no obedece a los intereses de los pequeños productores de café, que somos poco más de 450 mil productores en el país.
En este sentido entonces pedimos a la Cámara de Senadores se apruebe la ley, que fue aprobada en la Legislatura pasada, en relación a la creación, el dictamen de Ley de Desarrollo Integral Sustentable en la Cafeticultura que creaba el organismo rector denominado Consejo Nacional del Café, fue aprobado por la Cámara de Diputados y enviado a la Cámara de Senadores, el organismo que se propone crear con la propuesta de ley que está congelada en el Senado, se constituiría en la instancia encargada de definir e instrumentar las políticas para el desarrollo de la cafeticultura.
Esta instancia, sin duda es necesaria, para que a través de las políticas que se acuerden con los productores, se relance la actividad cafetelera. Lamentamos la decisión de la Cámara de Senadores de no aprobar esa ley, toda vez que ésta vendría a beneficiar a un sector importante de productores de café y que obviamente de ellos depende poco más de tres millones de familias de mexicanos que están pasando, sobre todo el sector indígena, por condiciones muy desfavorables y que es urgente que esta Honorable Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial del Café, formule propuestas, presupuestales, que permitan diseñar un programa integral de la cafeticultura…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señor diputado, le pido que concluya por favor.
El diputado Anuario Luis Herrera Solís: Concluyo, señor Presidente. Que atienda de lleno la necesidad de los productores de café, de lo contrario tendremos en las calles o acá cerca de este recinto parlamentario la propuesta de miles de productores de café, que reclaman ser atendidos como ciudadanos de primera y no como ciudadanos de tercera. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Herrera. Tiene la palabra el señor diputado Wenceslaro Herrera Coyac del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Wenceslao Herrera Coyac: Ni kan kompa titla to pampa tikin pañevia a kin tekiti in café tikintla; paloa i ken niak pakilis. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Qué bueno que se aborda el tema del café, en este momento los productores del café a quien les mandamos nuestra solidaridad por parte de los diputados de Puebla y de toda la fracción del PRI, la cosecha ha empezado y hablar del café, es hablar de empleo.
En estos momentos en que hemos hablado de escasez de empleo, no puede sujetarse a burocratismos la continuación de la Comisión Especial del Café. Nosotros, la fracción priísta respaldamos totalmente de que esta Comisión continúe, sin estar sujeta a ningún tipo de acuerdos internacionales ni mucho menos de burocracia de la Cámara de Diputados.
Los cafeticultores, en el caso de Puebla, dependen más de 200 mil comunidades indígenas y quiero subrayar lo siguiente, la producción del café en los estados de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, de Nayarit están allí asentadas las poblaciones indígenas. Y las poblaciones indígenas siempre han estado sujetas para tratar sus temas en el último momento.
Por eso vengo a esta tribuna, como ya lo subrayé, nuestro respaldo total a los productores de café y nuestro respaldo total para que esta Comisión, en esta Legislatura, continúe, porque indiscutiblemente es urgente y de obvia resolución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Herrera. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Chaurand Arzate, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dígame diputado Guerra. Permítame, diputado Chaurand. Sonido en la curul del diputado Juan Nicasio Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Le rogaría, ciudadano Presidente, que esta discusión se desahogue conforme a Reglamento. Es decir, si hay oradores en contra de la propuesta y no solamente para que se fueran alternando, porque si no hay en contra, lo que procede es ya suspender la discusión por no haber más oradores en contra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Agradezco su comentario señor diputado. Queda solamente otro diputado más inscrito, terminaríamos con los inscritos. Adelante, diputado Carlos Chaurand.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Muchas gracias señor Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a rectificar algunos dichos y a procurar poner claridad en el asunto que en este momento estamos tratando.
No estamos violentando ni la Ley Orgánica, ni nuestro Reglamento y la propuesta que hicieron los compañeros del Partido Verde Ecologista y que fue sometida a la consideración a través de una propuesta de obvia resolución por parte del diputado Mota, es perfectamente bien hecha y apegada a la legalidad.
De Puebla, de Veracruz, de Nayarit. Muchos estados que están sufriendo en este momento toda la problemática que tiene este asunto.
No desconocemos que la Ley Orgánica señala la atribución a la Junta de Coordinación Política, para proponer la integración de una Comisión. Pero la Comisión tiene otro tratamiento, la creación de una comisión especial, tiene otro tratamiento que está establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica que a la letra dice: "El Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales, cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico."
Y nosotros creemos que sí es importante la creación de esta Comisión, pues como aquí ya bien se ha argumentado, los problemas de la cafeticultura en nuestro país están ahí, de frente; no pueden esperar mes o mes y medio, a que llegue primero la propuesta de las Comisiones Ordinarias, a que posteriormente se haga la propuesta de la creación de una comisión en este Pleno, que se regrese a la Junta de Coordinación Política, para conocer de su integración. Si desde ahorita aprobamos la conformación de esta comisión especial en los términos de ley, se turna ya aprobado a la Junta de Coordinación Política, para que ésta en su oportunidad pueda proponer a sus integrantes.
Es obvio que todas las bancadas tenemos legisladoras y legisladores que conocen y saben del tema; que están interesados porque su región es una región productora de café; tenemos los estados de Chiapas, Por eso vengo yo a exhortarlos y a pedirles que autoricemos la creación de la Comisión, con la reserva de que su integración la convendrá la Junta de Coordinación Política y nos traerá a este pleno, que al final de cuentas es el soberano para tomar las decisiones, que compañeros nuestros nos pueden representar en esa comisión.
Pero vaya pues, un exhorto respetuoso, no estamos fuera de la legalidad, estamos apegados a nuestra Ley Orgánica, estamos apegados al Reglamento, que era posible pedir la urgente y obvia resolución, las razones ya fueron esgrimidas en esta tribuna y por lo tanto, los invitó a votar a favor de la propuesta.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Chaurand. Tiene la palabra el señor diputado Pedro Montalvo Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su venia señor Presidente. Vengo para precisar quizás, dos, tres puntos que por aquí ya han quedado muy claros.
El primero, de que sí tenemos un excelente Secretario que sabe contar de inmediato.
La segunda, es que efectivamente de donde nosotros venimos, tenemos oportunidad de decirlo con toda franqueza, al distrito al que pertenecemos Zongolica, de los 50 municipios más pobres del país, siete están en nuestro estado Veracruz y cuatro de ellos, están en la sierra de Zongolica, especialmente gobernados, Zongolica y Tezonapan, los municipios productores más grandes, por el PAN.
Aquí, yo decirle a nuestros compañeros que independientemente del asunto legal, ya es importante que le estemos diciendo a la nación "que sí nos ponemos de acuerdo y que sacamos puntos de urgente u obvia resolución, que le van a beneficiar a mucha gente, que en este momento nos ve y que sabe que para eso nos eligieron.
Por estos puntos que acabamos de decir, démosle tiempo a la Junta de Coordinación Política que haga lo que la ley diga y seguro es que tendremos una comisión especial muy plural de todo el país, para que esto funcione. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Montalvo. Consulte la Secretaría en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Sí señor Presidente. Con objeto de que no se cuestione, solicito me asista otro Secretario para llevar a cabo la votación, toda vez que...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido respeto al señor Secretario. Consulte a la Asamblea en votación económica y aclaro que ésta es votación de mayoría, si es de aprobarse la propuesta.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición. Los ciudadanos legisladores que se encuentren por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...votación. Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...votación. Aprobada por mayoría señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada por unanimidad la propuesta. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra el señor diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, conforme una comisión plural de diputados que coadyuve a la integración de una agenda que se concilie con todos los sectores de la sociedad, a efecto de atender la situación que prevalece en el estado de Oaxaca.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con su permiso, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva. Diecisiete días de instalada esta Asamblea y todavía no se habla de Oaxaca. Durante 116 días de conflicto social y político en el estado de Oaxaca han existido una serie de posiciones encontradas. Esta Legislatura inició sus trabajos hace justamente 17 días, en este lapso los conflictos se han agudizado en Oaxaca. Hoy existen incluso peticiones para considerar en Oaxaca la figura de un estado de excepción administrativa, las contribuciones no pueden ser atendidas por la mayoría de empresas formales en el estado.
Funcionarios federales, insensibles, lejos de facilitar a los generadores de empleo su relación con las instituciones, no cesan de notificar embargos. Nos referimos concretamente a la delegación del Seguro Social en el estado, la iniciativa privada le pide a esta Asamblea mediar para enfrentar la crisis con las propias instituciones del gobierno federal.
Ante estas circunstancias, el grupo parlamentario de Convergencia plantea a la reflexión de cada uno de los integrantes de esta Legislatura, la urgente toma de decisiones al respecto. Más allá de ideologías y visiones del conflicto, en cada fracción parlamentaria de las ocho aquí reunidas existen mujeres y hombres con sensibilidad, autoridad moral, oficio político y experiencia, pero sobre todo con compromiso social.
El pasado 29 de agosto protestamos guardar y hacer guardar los principios que establece nuestra Constitución Política y aceptamos al mismo tiempo, ser requeridos por la ciudadanía si fallábamos en nuestro compromiso. Si no asumimos la responsabilidad de estar a la altura de lo que la población nos exige, no podemos ostentarnos como dignos representantes populares.
Las garantías individuales de igualdad, de propiedad, de seguridad, de libre tránsito, están desdibujadas en Oaxaca. El respeto a los derechos humanos son discurso en el estado. A la actual Legislatura le corresponde asumir el reto de contribuir a la reconciliación y a la concordia de los oaxaqueños. No queremos hacer aquí y ahora el recuento de los graves problemas que se han vivido, la opinión pública nacional está enterada día a día de la escalada en el conflicto social oaxaqueño.
Tampoco Convergencia quiere contribuir a que desde la más alta tribuna del país se sigan ahondando diferencias ante los abusos y las arbitrariedades que se cometen, por ello no podemos dejar pasar la oportunidad de encontrar salidas inteligentes al conflicto. No haremos señalamientos que pudieran provocar discrepancias en los diversos grupos parlamentarios. Para contribuir a la solución conjunta a la que estamos obligados todos los actores sociales y políticos responsables, debemos actuar y conducirnos con generosidad.
Los oaxaqueños de todos los estratos sociales exigen pronta solución al conflicto en el estado, para que regrese la tranquilidad y la paz a Oaxaca. Desde la visión de Convergencia, es imperativo construir una agenda con cada uno de los sectores agraviados en la entidad. Una comisión de legisladores de esta Asamblea puede, si nos lo proponemos, servir a esta causa, que sin duda es el segundo conflicto social más significativo en el país.
Se requiere identificar a los más experimentados legisladores, pero también a los más sensibles, tarea que debe desarrollar cada fracción parlamentaria. Las autoridades locales y las autoridades federales están rebasadas y de hecho, el día de hoy deberán reunirse nuevamente…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señor diputado, le pido que concluya.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Concluyo, ciudadano Presidente. Deberán reunirse nuevamente las partes, en la Secretaría de Gobernación, y todos deseamos que puedan empezar los acuerdos.
En las pasadas sesiones no ha sido posible abordar el conflicto que enfrentan los oaxaqueños por razones que no vale la pena exponer en esta tribuna, ya que ese simple hecho pudiera provocar dificultades para lograr el consenso de los grupos parlamentarios, a fin de dar respuesta a la sentida demanda de los diversos sectores en la entidad.
Debemos enviar una señal clara a la opinión pública, así como a los grupos inconformes, sobre cuál es el rumbo que esta Legislatura tomará. No podemos ser indiferentes ante estos problemas en el país. El tema central no quién gana o quién pierde.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señor diputado, le pido que concluya, por favor.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Concluyo. Tres minutos para Oaxaca, 17 días para pelearse oficinas, vehículos, gasolina, boletos de avión. Concluyo solicitándole a esta Secretaría de la Mesa Directiva le dé lectura al punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría dé lectura al punto de acuerdo presentado por el diputado Alberto Esteva.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Punto de acuerdo.
Único. De Urgente u obvia resolución, a fin de que, ante la crisis de gobernabilidad existente en el estado de Oaxaca, que la Cámara de Diputados conforme una comisión plural de diputados que no pertenezcan a dicho estado, para coadyuvar a la integración de una agenda que se concilie con todos los sectores de la sociedad y se atienda la situación que prevalece en la entidad, formándose un juicio apegado a la realidad; y del resultado de dicha visita, en su momento, coadyuvar con la Cámara de Senadores para la pronta resolución de la petición de desaparición de poderes que se encuentra en trámite, devolviéndose la concordia y reconciliación al pueblo de Oaxaca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de septiembre del año 2006. Diputado Alberto Esteva Salinas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... (votación). Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Desde mi apreciación, y con todo respeto, es muy difícil decidir cuál de las dos tiene mayoría.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señora Secretaria, se requieren dos terceras partes para que el asunto sea considerado de obvia o urgente resolución. Vuelva a tomar la votación nuevamente.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones del señor Presidente, por favor, sírvanse votar los que estén por la afirmativa... (votación). Los que estén en contra, por favor sírvanse manifestarlo... (votación)
No tenemos dos tercios, señores diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra el diputado Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, para que esclarezca los actos de violencia cometidos en contra de periodistas de Ciudad Juárez.
El diputado Cruz Pérez Cuéllar: Con su permiso, ciudadano Presidente. Proposición con punto de acuerdo para que el gobierno del estado de Chihuahua investigue, sancione y brinde protección a la agresión de que fueron objeto periodistas del estado.
Los suscritos diputados federales a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
En Ciudad Juárez, Chihuahua, el día martes 5 de septiembre, tres reporteros, uno del informativo "El Diario" y dos del "Vespertino PM", fueron objeto de actos violentos, recibiendo varios balazos en sus vehículos y dos de ellos fueron severamente golpeados por un comando armado integrado presuntamente por agentes de la Agencia Estatal de Investigación de dicho estado. Todo esto porque a los reporteros se les ocurrió tomarles fotografías a estos sujetos, cuando estaban ingiriendo bebidas embriagantes en autos oficiales.
Los periodistas agredidos fueron Jaime Murrieta Briones, Aurelio Suárez Núñez y Eugenia Cícero. Las primeras investigaciones hechas por la autoridad estatal, arrojaron que hay policías ministeriales plenamente identificados e incluso se tiene información que uno de ellos ya fue detenido, por estar relacionado con los hechos de violencia contra los periodistas.
Según la información con la que se cuenta, los agresores despojaron a los reporteros de sus cámaras fotográficas, teléfonos celulares y sus carteras con documentos personales. En este sentido, resulta alarmante la saña con la que actuaron los presuntos policías atacantes, mismos que deberán de recibir un castigo ejemplar de tal manera que se siente un precedente en la entidad sobre dichos actos.
De igual manera, es condenable la desfachatez con la que actuaron los presuntos miembros de los cuerpos de seguridad que utilizan la calle como si fuera de su exclusiva propiedad y con la soberbia de quienes se sienten protegidos, ya sea por la placa o por otras razones, atacan a quienes están tratando de cumplir con la tarea de informar a la comunidad; es decir, de ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la denuncia ciudadana.
Estos actos, a todas luces recriminables, no sólo lesionan los derechos humanos de los reporteros afectados, sino que es un atentado contra la comunidad periodística de nuestro país, al quedar demostrado cómo un grupo de delincuentes —porque no se les puede llamar de otra manera— conculcan los derechos más elementales.
Recordemos, compañeros legisladores, que la libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los estados. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible.
La agresión contra periodistas en cualquiera de sus formas, crea un incentivo perverso para quienes violan los derechos humanos y tiene un efecto intimidatorio sobre los periodistas y otros ciudadanos, infundiendo temor a denunciar abusos u otros actos ilícitos. Dichos efectos únicamente pueden evitarse con la rápida acción del Estado en procesar y sancionar a los responsables.
Compañeras y compañeros, les exhortamos a salvaguardar el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la dignidad de nuestras instituciones, aprobando, una vez que se turne a la Junta de Coordinación este punto de acuerdo, para que los actos de los agresores a los periodistas chihuahuenses, no queden impunes.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de todos ustedes la siguiente proposición con:
Punto de acuerdo.
Primero. Que la Honorable Cámara de Diputados se pronuncie en contra de los actos que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información perpetrados en contra de los periodistas Jaime Murrieta Briones, Aurelio Suárez Núñez y Eugenia Cícero.
Segundo. Que se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones ministeriales respecto a los hechos ilícitos cometidos en contra de los reporteros anteriormente citados, así como para que en su momento sean sancionados los responsables y no queden impunes los atentados que agraden no solamente a la integridad física de las personas citadas, sino que lesionan libertades fundamentales como la libertad de expresión, elemento fundamental de todo estado democrático.
Tercero. Que de igual manera se exhorte a la titular de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Chihuahua, para que instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las medidas necesarias que brinden protección a los reporteros agredidos y se evite sean objeto ellos o sus familias de un nuevo atentado.
Firman, señor Presidente, por el Partido Acción Nacional el de la voz, el diputado Emilio Flores Domínguez, Felipe González Ruiz, María Soledad Limas Frescas, Carlos Reyes y Maria Eugenia Campos Galván. Y por el Partido Revolucionario Institucional, los diputados Víctor Valencia de los Santos, Enrique Serrano Escobar, Lilia Merodio, César Duarte e Israel Beltrán.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Efraín…
El diputado Enrique Serrano Escobar (desde la curul): Señora Presidenta, solicito la palabra.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con qué objeto, diputado? Le dan sonido por favor al diputado Serrano, por favor. ¿Le dan sonido?
El diputado Enrique Serrano Escobar (desde la curul): Solicito el uso de la tribuna sobre este mismo asunto, apelando al artículo 102 del Reglamento Interno.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No está a discusión el asunto, señor diputado. No ha lugar. Continuamos con el orden por favor.
Tiene la palabra el diputado Efraín…
El diputado Enrique Serrano Escobar (desde la curul): Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, señor diputado.
El diputado Enrique Serrano Escobar (desde la curul): Solicito el uso de la tribuna y, antes, que se lea el artículo 102 que me permite abordar la tribuna en estos momentos, porque voy a presentar una opinión conforme a lo que fue expuesto, una adición.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No está a discusión el punto, señor diputado.
El diputado Enrique Serrano Escobar (desde la curul): No está a discusión, no voy a discutir. Voy a presentar una adición para lo cual solicito sea leído por el Secretario en turno el artículo 102 del Reglamento Interno.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Solicito al Secretario en turno sea leído el artículo 102.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Artículo 102. Los individuos de la Cámara, aún cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco minutos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No ha lugar, señor diputado. No está a discusión el punto y no hay derecho a que usted pase en este momento a dar su opinión, hasta que se discuta en la Comisión.
Continuamos con el orden del día. Tiene la palabra el diputado Efraín Arizmendi Uribe, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las cuotas de peaje en la carretera a Cuernavaca-Acapulco.
El diputado Efraín Arizmendi Uribe: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Acudo ante ustedes para proponer un punto de acuerdo para que se disminuyan las tarifas de la autopista Cuernavaca-Acapulco por el tiempo que duren las reparaciones de la misma, en base a las siguientes consideraciones y reflexiones:
Seguramente muchos de nosotros –si no es que todos- recordaremos las grandes expectativas que esta autopista tan importante y necesaria era para Guerrero, para el estado de Guerreo y Morelos y para los estados circunvecinos. Esta autopista que cuenta con más de 260 kilómetros de Cuernavaca a Acapulco, es operada por Caminos y Puentes Federales a través de un concesionario: Banobras y del "Fideicomiso 1936" de apoyo para rescate de autopistas concesionadas.
Esta gran expectación y esta gran autopista que se dijo iba a ser modelo de las autopistas del país, sin embargo desde los primeros meses empezó a notar grandes fallas de origen. Todos fuimos testigos de las grandes cantidades de deslaves y de problemas de los puentes que esta autopista tiene. En aquél entonces se nos dijo, hace más de trece años o hace trece años, que estos problemas de acuerdo a la situación de estabilización de la orografía por los terrenos que la autopista atraviesa, se iba a estabilizar en tres a cinco años.
Todos somos testigos que hoy en día siguen los problemas de una manera crítica y muy aguda, poniendo en riesgo la seguridad de quienes la usamos y de quienes la transitan cotidianamente. Asimismo, no solamente el riesgo de transitarla sino los traslados mucho más largos de lo que realmente debieran ser y también dificultando la actividad económica de los estados circunvecinos. Ya los hoteleros de Morelos se han quejado, el día de hoy aparece una nota en donde demanda pronta solución.
Si bien es cierto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha anunciado una inversión de más de mil 200 millones de pesos para las reparaciones, y creemos que está bien, que es importante que lo haga, esta autopista va a requerir un mantenimiento preventivo y permanente, todos los que la transitamos y los que gusten transitarla serán testigos de que hoy en día hay más de 15 puntos de reparación a lo largo de dicha autopista, obstaculizando con ello o dificultando el tránsito pero sobre todo poniendo en riesgo a los usuarios.
Así pues, en base a estas consideraciones, ha habido también muchas quejas de empresarios del ramo turístico, de sindicatos y en general de todos los usuarios. Muchas quejas se tramitan y se solicitan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y esto, de entrada, dificulta que realmente se apliquen los recursos o se atiendan las peticiones.
Como decía hace un momento, está concesionada a Banobras y la administra un fideicomiso. Es responsabilidad de ése fideicomiso, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tomar las decisiones que correspondan.
En base a estas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por conducto de mi persona, propone el siguiente
Punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al Comité técnico del Fideicomiso 1936 de apoyo para rescate de autopistas concesionadas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que apliquen a la brevedad posible una disminución en las tarifas de peaje a la autopista Cuernavaca-Acapulco por el tiempo que dure el proceso de rehabilitación, conservación y mantenimiento.
Por lo tanto, solicito a la Presidencia se turne esta petición a la comisión correspondiente. Es cuanto diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Rutilio Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral para que atienda la solicitud de información presentada por ciudadanos y organizaciones civiles.
El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas: Con su venia ciudadana diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Quiero aprovechar para hacer una atenta invitación. Se les invita a todos los diputados y diputadas, para asistir a la convención nacional democrática que se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre a las 15 horas en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora entramos al tema, no se preocupen compañeros.
Como es del conocimiento de la opinión pública, las organizaciones sociales, civiles, los ciudadanos de la República y también los medios de comunicación, entre ellos la revista "Proceso", hizo una solicitud al Instituto Federal Electoral para que se le diera información sobre la documentación electoral, sobre todo sobre las boletas del día 2 de julio.
Sin embargo, como era de esperarse, no fue ninguna sorpresa, el IFE, es más ya tenía todo preparado, respondió inmediatamente en el Internet diciendo que no era posible, negando la posibilidad de información con argumentos formales, artificiales que no obedecen al sentido, ni al espíritu, ni a la esencia del artículo 8 constitucional que señala el derecho de petición.
Obviamente, el Instituto Federal Electoral, y su presidente Luis Carlos Ugalde, tiene escozor, ardor, por deshacerse de todo aquello que pueda evidenciar el fraude electoral. Por eso, compañeros y compañeros, ha pasado por alto todos aquellos preceptos constitucionales, incluso el artículo 6 constitucional, el 14 constitucional, el 41 de la Constitución; incluso su mismo precepto, la Ley Electoral que en su artículo 3 señala la posibilidad de esta información; su mismo Reglamento en materia de información, que señala que se debe publicitar al máximo toda la información electoral que posea el Instituto Federal Electoral.
Pero es más, el mismo Tribunal Federal Electoral, claro —y hay que decirlo—, cuando éste era un instrumento de construcción democrático y también cuando tenía credibilidad, señaló en una tesis muy importante, que la información electoral que señala el artículo 6 constitucional, es un derecho fundamental. para todos los ciudadanos de la República. Pero el IFE negó ese tipo de información buscando argumentos que vulneran este derecho que tienen todos los ciudadanos de la República, por lo que esta Honorable Cámara de Diputados debe velar y ser responsable de que se preserven los derechos que tienen todos los ciudadanos de la República.
Por lo que, compañeros y compañeras, hoy les presento y pongo a su disposición el siguiente punto de acuerdo, que es de urgente u obvia resolución.
Que se exhorte al Instituto Federal Electoral para que atienda la solicitud de información de los ciudadanos de la República y ponga a disposición las boletas electorales. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rutilio Cruz Escandón. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera…
El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, señor Secretario. Diputado Minjares.
El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde la curul): Nada más para ilustración, si pudiera solicitar a la Secretaría el acuerdo específico que está sometiendo a votación, por favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dé lectura primero al punto de acuerdo antes de tomar la votación.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Punto de acuerdo.
Artículo único. Se exhorta al Instituto Federal Electoral para que atienda la solicitud de información sobre las boletas electorales requeridas por ciudadanos y organizaciones civiles, con la finalidad de garantizar plenamente el derecho a la información previsto en el artículo sexto de nuestra Carta Magna.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretario. Tome la votación.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación) No está dada la mayoría calificada ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación mientras se constituyen las comisiones consérvese en resguardo legislativo. Tiene la palabra el señor diputado José Luis Blanco Pajón del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Procuraduría General de la República que habiendo atraído el caso sobre el atentado al periódico "Por Esto" se de celeridad a las investigaciones en aras del pronto esclarecimiento de los hechos e impulse la paz y la justicia en el estado de Yucatán y otorgue certeza y seguridad a la ciudadanía.
El diputado José Luis Blanco Pajón: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores. Con fundamento con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente Exposición de motivos.
Es ampliamente conocida y está debidamente acreditada la fama que tiene Yucatán, de ser una entidad tranquila y segura, un estado de gente pacífica y amable que, como legislador y como yucateco, me enorgullece, pero, cuidado, señores, el orgullo no nos lleve a la irresponsabilidad, que esta fama no implique caer en el descuido y en la negligencia, que la aparente tranquilidad no suponga pensar que carecemos de temas urgentes, especialmente en el campo de la seguridad, al contrario, mucho tenemos por hacer para convalidar un estado en donde predomine la tranquilidad y la cordialidad.
En las últimas fechas, Yucatán ha presenciado lamentables situaciones, atentados, coincidentemente en contra de quienes se han atrevido a levantar la voz, para denunciar a la delincuencia organizada frente a las nuevas formas de corrupción.
Aunque la estadística delictiva en el estado ha crecido, no es solamente ésta la que nos preocupa sino que la PGR hasta la presente fecha, no ha aclarado los crímenes en contra de los yucatecos comprometidos con las causas y la voz de la sociedad, y además nos preocupa el mensaje que la ciudadanía, que hoy percibe la intimidación y violencia a la libertad de expresión y a la cultura de la denuncia.
No podemos dar la espalda ni dejar en el olvido al diputado estatal Pánfilo Novelo, quien tomó tribuna el 28 de diciembre del año 2001, para denunciar que el flagelo del narcomenudeo en su distrito había avanzado a pasos agigantados. Doce días después, señores legisladores, este diputado muere acribillado juntamente con su asistente y su hijo y hasta la fecha nada se sabe de los responsables, nada se sabe de los motivos que tuvieron los criminales, hoy pareciera que nada ocurrió. Han pasado cuatro años y a pesar de los múltiples llamados, la sociedad no tiene una respuesta.
Hace sólo unos meses dos periodistas del diario "Por Esto", de Mérida, Yucatán, fueron víctimas de cobardes ataques al ser violentados en sus domicilios y vehículos, periodistas que documentaron y denunciaron públicamente el crecimiento del narcomenudeo y diversos actos de corrupción. Frente a estos hechos la única respuesta ha sido el silencio.
Los hechos más recientes demuestran que la delincuencia organizada en Yucatán actúa con impunidad sin que hasta el momento se le haya podido frenar. Con menos de una semana de diferencia dos periódicos de la península han sido víctimas de la violencia "Por Esto", de Quintana Roo y el "Por Esto" en Mérida. Este último diario dirigido por el periodista Mario Renato Menéndez Rodríguez, el viernes 1o. de septiembre pasado sufrió un atentado en sus oficinas, con granadas de fragmentación, hechos que resultaron lesionadas dos personas.
Estos hechos merecen nuestra atención porque no sólo son delitos en contra de ciudadanos, sino porque son atentados contra la libre expresión. Los perpetraron y los protegen quienes quieren intimidar y sembrar el miedo en la sociedad. Ellos no solamente se han apoderado de las calles, sino que pretenden callar la voz de quienes reclaman justicia y apagar la conciencia de quienes con valor los señalan. No hay orgullo mayor que exaltar los logros, pero no hay peor irresponsabilidad que pretender ocultar los errores.
Ante los hechos como asesinatos, los ataques a periodistas, el uso de explosivos y granadas, no se puede dejar pasar el tiempo pretendiendo que la supuesta paz, dé lugar al olvido.
Compañeras y compañeros diputados de este Congreso, no podemos minimizar los hechos; no podemos tener oídos sordos y ojos ciegos. Y como se puede apreciar, en esta exposición de motivos no se pretende politizar tratando de culpar a personas, instituciones, funcionarios, etc., ese no es nuestro propósito y mucho menos nuestra función como diputados.
Desde el ámbito de nuestra competencia es nuestra responsabilidad atender el reclamo social, ser la voz de los ciudadanos y exigir a las autoridades seguridad para el estado y el pronto esclarecimiento de los hechos aquí expuestos.
Por lo anterior pido la solidaridad de todos ustedes con el pueblo de Yucatán y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración con carácter de urgente y obvia resolución, el presente punto de acuerdo.
Cabe hacer una válida consideración, no se pretende abusar …
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya señor diputado.
El diputado José Luis Blanco Pajón: Cómo no señor presidente, concluyo. No se pretende abusar de las urgentes y obvias resoluciones. Pero ante la no conformación aún de las comisiones en esta Cámara y sabiendo que todo el que atente contra la paz social y que atente contra la seguridad de los ciudadanos no se puede ni se debe burocratizar ni aletargar, quiero presentar el siguiente punto de acuerdo:
Unico. La sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, rechaza enérgicamente los atentados y actos violentos ocurridos en el estado de Yucatán. Por lo que solicita atentamente a la Procuraduría General de la República, que habiendo atraído el caso sobre el atentando al periódico "Por Esto", le dé celeridad a las investigaciones, en aras de que el pronto esclarecimiento de los hechos impulse la paz y la justicia en el estado de Yucatán, otorgando certeza y seguridad a la ciudadanía.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Blanco. Consulte la secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo … (votación). No ha lugar señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En tanto se integran las mismas, consérvese en el archivo legislativo. Tiene la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a fin de presentar proposición con punto de acuerdo, relativo a la posible extinción de una especie endémica en nuestro país.
El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Nuestro país se encuentra dentro de los países mega diversos, en virtud de que es poseedor de una gran riqueza natural que se constituye por diferentes especies.
Una de ellas, es el zapote prieto, árbol que llega a medir hasta siete metros con un fuste de hasta 40 centímetros, siendo una especie endémica de México. Esto implica que es nativo de nuestro país, localizándose en una localidad del estado de Michoacán ubicada a 10 kilómetros al sureste de Morelia, conocida como: manantial de la Mincita; lo que implica que no se encuentra en ninguna otra parte del plantea y su población actualmente se reduce a 34 individuos, razón suficiente para protegerla.
De acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a esta especie se le debería de considerar en peligro crítico de extinción, tanto por el número de ejemplares existentes como por lo reducido de su hábitat, ya que enfrenta una serie de amenazas a su supervivencia.
Los 34 ejemplares de la misma se encuentran distribuidos en una extensión, no mayor a 25 hectáreas en dicha localidad, debida a que dos individuos se perdieron el año pasado, debido al cambio de uso de suelo, al ser talado un árbol de dicha especie y a los incendios forestales inducidos por el hombre para favorecer el crecimiento de herbáceas destinadas al pastoreo.
Cabe señalar que más de 90 por ciento, del hábitat de la especie fue decretado en febrero de 2005, como área natural protegida de competencia estatal, con una poligonal que desafortunadamente en lugar de favorecer la protección de la especie, favorece el conflicto social, debido a una serie de inexactitudes jurídicas y técnicas en el decreto de creación.
Pese a las restricciones establecidas en el decreto, los actuales propietarios mantienen la presión sobre los recursos naturales de forma no sustentable, apoyado por políticas locales y federales de fomento agropecuario y a una ineficiente aplicación de la reglamentación en materia de desarrollo urbano. Favoreciendo el establecimiento de asentamientos irregulares, el cambio de uso de suelo, la tal furtiva, la introducción de especies exóticas, la contaminación del sitio, los incendios forestales inducidos, el uso de plaguicidas altamente tóxicos, el sobre pastoreo y el vandalismo fragmentando aún más el hábitat, de por sí reducido para esta especie.
Peor aún, actualmente se observa una falta de atención por parte de las autoridades competentes, no obstante de que se trata de una especie amenazada por un inminente fenómeno de extinción y que recientemente ha sido nombrado como sitio ramsa. Lo anterior, ha provocado que un grupo de ambientalistas y científicos de Michoacán, solicitarán el ingreso de esta especie a la lista roja 2007, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como una especie en peligro crítico de extinción.
Como primer intento por salvarla de la extinción bajo el argumento de que resulta necesario promover un programa de rescate a la especie, recuperando la semilla del árbol y distribuyéndola a bancos de germoplasma nacionales y jardines botánicos, como media urgente para promover su protección excitú; dadas las limitaciones para proteger su hábitat natural.
Es por ello, que preocupados por la conservación del zapote prieto, los diputados de la LX Legislatura, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a la consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que dentro del programa de Recuperación de Especies Prioritarias, tomé las medidas necesarias para proteger y conservar al zapote prieto, que se encuentra ante un eminente fenómeno de extinción.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que desarrolle un programa especifico para la protección y vigilancia de los últimos 34 ejemplares de zapote prieto, a fin de evitar su extinción.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Normalización y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que en los trabajos de revisión y actualización de la norma oficial NOM 059-2001 y se cambie la categoría de riesgo en la que se encuentra el zapote prieto, de sujeta a protección especial, a especie en peligro de extinción.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, al gobierno del estado de Michoacán y al gobierno municipal de Morelia, a fin de que coordinen acciones que permitan salvar de extinción al zapote prieto.
Quinto. Túrnese para su conocimiento a la LXX Legislatura del Honorable Congreso del estado de Michoacán.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Elizondo. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo y solicitar al Ejecutivo federal la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, para las zonas afectadas por las precipitaciones pluviales en el Estado de México.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Muchas gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En días pasados el titular del Ejecutivo federal, en visita por las regiones afectadas por las lluvias registradas en los últimos meses, acordó destinar de manera inmediata recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), a la población de los municipios del Estado de México que han resultado notoriamente dañados por esta temporada de lluvias, sin embargo, hasta el día de hoy esos recursos no se han materializado.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso se han registrado en buena parte del territorio nacional lluvias torrenciales, que por su caudal atípico e intenso han producido desbordamientos de ríos, encharcamientos e inundaciones significativas. Los efectos de la presente temporada de lluvias se han dejado sentir con particular intensidad en el Valle de México. Basta decir que en estos meses cuatro mil 472 personas en 32 municipios del estado se han visto afectadas por las severas condiciones climáticas.
Se trata de uno de los periodos de lluvias más intensos de los últimos años. Hasta el momento las extraordinarias tormentas han generado fracturas en el río Lerma, cuya cuenca abarca 11 municipios del estado, con afectaciones severas en Ixtlahuaca, Otzolotepec y San Mateo Atenco.
Cabe mencionar que los daños provocados por la temporada de lluvias arrojan un saldo global de 216 comunidades afectadas, que se ubican en 32 municipios. Una superficie inundada de 32.115 kilómetros cuadrados, con 10 mil 269 hectáreas de cultivo dañadas y una población damnificada de 54 mil 738 habitantes.
Los recursos señalados no solamente los necesita la población afectada para cubrir necesidades básicas inmediatas, hace falta también una planta de bombeo con capacidad de 20 metros cúbicos por segundo, que tiene un costo superior a 100 millones de pesos. Es inversión, por ejemplo, permitiría el desazolve de ríos, presas y canales para superar la emergencia con mayor rapidez en los 10 municipios que integra el Valle de Toluca.
Por otra parte, de los municipios que se localizan en la cuenca del Valle de México, el que más resulta afectado de manera recurrente es Ecatepec. Ahí, en el municipio más poblado del país, es necesario llevar a cabo diversas obras para aliviar los efectos de las precipitaciones en 14 puntos críticos. En la actualidad, el desgaste y la vida útil de las líneas, redes, cárcamos y colectores de Ecatepec ha sido ya rebasado.
Es urgente la inversión en infraestructura para evitar mayores contratiempos y un desastre semejante al ocurrido en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans hace justo un año. Tan sólo en Ecatepec, más de 580 mil habitantes se encuentran en una zona de riesgo y los recursos necesarios para equipar y modernizar la infraestructura asciende a 241 millones de pesos.
No son sólo las calles y las casas lo que nos importa cuidar y preservar, es fundamentalmente la población que año con año sufre los embates de la naturaleza, familias que ponen en riesgo sus vidas y pierden los escasos bienes acumulados en su patrimonio, porque las inundaciones alcanzan niveles hasta de un metro dentro de sus hogares, generando adicionalmente problemas de salud pública.
Compañeras y compañeros legisladores. Los desastres naturales son como la inflación, afectan más a quienes menos tienen, por eso es necesario actuar con rapidez, que se emitan las declaratorias de desastres correspondientes, para que los recursos federales sean liberados lo más pronto posible. Miles de familias, muchas de ellas en extrema pobreza, dependen de ello.
Por lo anterior, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo Federal se haga la declaratoria de zona de desastre en las regiones afectadas del Estado de México que han padecido por las atípicas precipitaciones pluviales y el desbordamiento de los ríos Balsas, Lerma y de Los Remedios.
Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se liberen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para atender las contingencias en el Estado de México por las lluvias torrenciales de los meses de julio, agosto y septiembre.
Suscriben la presente las y los legisladores del grupo parlamentario del PRD en el Estado de México, las y los legisladores del grupo parlamentario del PRI en el Estado de México, las y los legisladores del grupo parlamentario de Convergencia en el Estado de México y el legislador Joaquín Vela, del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Es cuanto, compañero Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martínez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta as la Asamblea, con fundamento en el artículo 59…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretario. Dígame señor diputado. Sonido a la curul del diputado Olivares. Le aclaro, señor diputado, que si se considerara de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato, está usted anotado. Adelante, señor diputado.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Se da mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se considera de urgente resolución. Están inscritos para hablar en pro el diputado Octavio Martínez Vargas, el diputado Alejandro Olivares Monterrubio y el diputado Armando Enriquez Flores. Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Olivares Monterrubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alejandro Olivares Monterrubio: Compañeras diputadas, compañeros diputados de esta honorable Legislatura, soy el diputado Alejandro Olivares, de la fracción parlamentaria del PRI del Estado de México y pido respetuosamente al señor Presidente dejar asentado en el Diario de los Debates que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta honorable Legislatura nos sumamos y apoyamos el punto de acuerdo para que se liberen, con prontitud y oportunidad, los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden).
Las consecuencias de los desastres naturales en el Estado de México han rebasado las magnitudes previstas en el Plan de Seguridad y Protección Civil Nacional, donde los más desprotegidos han sufrido los embates de la naturaleza de manera cruda y directa, cuestión que de manera definitiva pone en riesgo a la población de más de 11 municipios que, además –y que nos quede claro-- además en estos más de 11 municipios en su mayoría hay población indígena, hay otomís y hay mazahuas.
De igual manera, estos desastres naturales han alcanzado municipios del Valle de México, municipios hermanos del Estado de México, tales como Nezahualcóyotl y Ecatepec.
La afectación de los municipios ha sido de magnitudes nunca vistas; por lo que los diputados priístas también nos pronunciamos para que se declare zona de desastre y entreguen de manera directa y oportuna, los recursos para su atención.
La prontitud en la liberación de los recursos financieros de la Federación, se requiere para hacer frente a los hechos actuales y futuros que conforme a lo previsto por especialistas en la materia ambiental, seguirán castigando la zona centro del país, repercutiendo de manera directa en los poblados asentados en los cauces de los ríos Balsas, Lerma y los Remedios.
Los daños que se calculan afectan, como ya se ha dicho, a más de 54 mil habitantes dentro de la zona ribereña de los municipios de Ixtlahuaca, Temoaya, Otzolotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Ocoyoacac, Lerma, San Mateo Atenco, Toluca, Metepec y Zinacantepec, entre otros; mismos que la contar con la voluntad y aportación de recursos del Gobierno del Estado de México para su recuperación, también demandan la solidaridad y la participación de las dependencias federales, tales como la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, éstas, en prevención de enfermedades propias del desbordamiento de aguas que contienen desechos no sólo orgánicos, sino en ocasiones industriales.
Pero particularmente solicitamos que la Secretaría de Gobernación a través del Fonden y la SAGARPA, a través del FAPRAC, bajen los recursos para una atención inmediata y oportuna. Cabe señalar que el Fondo de Apoyo a Productores Rurales y Agropecuarios en Contingencia, hoy más que nunca es necesario impulsar, pues actualmente en esta zona se tienen más de 10 mil 300 hectáreas inundadas, todas ellas cultivando maíz y hortalizas.
El atlas de inundaciones del Estado de México contempla 32 municipios con 216 sitios susceptibles de ser afectados por inundaciones, encharcamientos, deslizamientos de tierra o granizadas intensas en zonas tanto urbanas como rurales.
Por ello, la voluntad del gobierno federal y la ágil respuesta que se dé a estas contingencias, permitirá que de manera inmediata se destinen fondos para apoyar a las familias afectadas tanto en su patrimonio como en sus personas.
Compañeras diputadas y diputados, por su atención y sobre todo por su solidaridad ante este punto de acuerdo, reciban un abrazo fraterno de todos los mexiquenses. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Olivares. Para hablar en pro, en segundo término, tiene la palabra el diputado Armando Enríquez Flores, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Armando Enríquez Flores: Amigas legisladores, amigos legisladores. Honorable Asamblea. Con su permiso y con su venia, señor Presidente. He de decir que naturalmente los legisladores de Acción Nacional, preocupados por los efectos que han causado estos eventos metereológicos en el Estado de México, no sólo hemos apoyado este punto de acuerdo, aplaudimos también cualquier acción o iniciativa tendiente a su solución.
Para el caso de la problemática por la fractura del río Lerma, he de decir que cinco municipios fundamentalmente del Valle de Toluca, entre ellos San Mateo Atenco, Ixtlahuaca, Otzolotepec, Xonacatlán y Toluca, han recibido lo más fuerte de estos eventos metereológicos.
En estos cinco municipios, fundamentalmente en San Mateo Atenco, en donde el 80 por ciento de las 500 hectáreas afectadas de esta zona y los alrededor de dos mil 500 damnificados se encuentran, según datos de la gerencia estatal de la Comisión Nacional del Agua.
Hoy estoy convencido que de acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Protección Civil, remitido junto con el 14 de la mencionada ley a través del numeral ocho del acuerdo para la disposición de los recursos del Fondo Nacional para estos desastres y que al calce dice: "cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del gobierno federal para tales efectos".
Es así que dicho acuerdo que establece las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del año 2003, establece en su numeral 40 que para acceder a los recursos de dicho Fondo, deberá haber una declaratoria de desastre natural cuyo trámite se sujetará al siguiente procedimiento:
Uno. Por petición escrita del gobernador del estado o del jefe de gobierno del Distrito Federal a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General del Fonden, se podrá solicitar el apoyo del gobierno federal con cargo a dicho Fondo.
En todos los casos, para presentar las constancias que acrediten su falta de capacidad financiera, el gobierno de la entidad respectiva tendrá un plazo que empezará a surtir sus efectos a partir de la presentación de su solicitud de declaratoria hasta la fecha de celebración de la sesión de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, previsto en dichas reglas.
Por lo que en consecuencia, creo yo, y establezco aquí, deberemos extender el exhorto al gobierno del Estado de México para que en consecuencia establezca los estudios, peritajes y conclusiones con el fin de dar cumplimiento a este numeral 40 del acuerdo que plantea las reglas para la disposición de recursos del Fonden, así como al numeral ocho que en su segunda fracción establece apoyar en forma complementaria dentro de una determinada zona geográfica, en este precepto establecer la zona o zonas de mayor afectación para acceder a los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales.
En este sentido, creo que con esa preocupación que establecí desde el principio de los legisladores y legisladoras de Acción Nacional, en este momento entrego a la Secretaría la solicitud para extender dicho exhorto en su cumplimiento al gobierno del Estado de México. Por su atención, señores legisladores, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Enríquez.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa… (votación). Hay mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa… (votación). Hay mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante. Aprobada. Comuníquese. Señoras y señores diputados, en razón de que se han cumplido las cuatro horas reglamentarias de duración de la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima, el cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:
(Lectura del orden del día).
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:28 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 19 de septiembre a las once horas; y se les informa que las listas de registro de asistencia, estarán desde las nueve horas.