El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 338 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:31 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política.

Altas en comisiones solicitadas por el grupo parlamentario del PRD. Que la diputada Irene Aragón Castillo, cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Que el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Movimientos solicitados por el coordinador del grupo parlamentario del PAN. Que la diputada Elia Hernández Núñez cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Movimientos solicitados por el coordinador del grupo parlamentario de Convergencia. Que el diputado Ramón Valdés Chávez cause baja como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

Que el diputado Ramón Valdés Chávez, cause alta como integrante de la Comisión de la Función Pública.

Altas solicitadas por el coordinador del grupo parlamentario del PRI. Que el diputado Octavio Fuentes Téllez cause alta como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación

Que el diputado Octavio Fuentes Téllez cause alta como integrante de la Comisión de la Defensa Nacional.

Que el diputado Octavio Fuentes Téllez cause alta como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Cámara de Senadores.

Oficio con el que remite iniciativa que adiciona una fracción XXIX-A al artículo 73 y una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Ricardo Olivares Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio a los secretarios de la Cámara de Diputados.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó solicitud de excitativa a Comisiones en relación con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto en materia familiar:

1.- La que reforma diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; de Asistencia Social y General de Salud, para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar, presentada el día 28 de septiembre de 2004.

2.- La que reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada el 1 de junio de 2005.

3.- La que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el 11 de noviembre de 2005.

4.- La que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, presentada el 27 de abril de 2006, y

5.- La que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para impulsar el desarrollo integral de las familias, presentada el 27 de abril de 2006.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa. Atentamente, senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables; de Asuntos Indígenas, de Gobernación, de Desarrollo Social y de Puntos Constitucionales, respectivamente.

Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene la palabra el diputado Jorge Quintero Bello, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por él mismo y por el diputado José de Jesús Solano Muñoz.

El diputado Jorge Quintero Bello: Con su venia, diputado Presidente. Compañeros legisladores, los que suscriben Jorge Quintero Bello y José de Jesús Solano Muñoz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, proponen una iniciativa de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 7o de la Ley General de Educación y por obviedad de tiempo resumiré la exposición de motivos.

A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos, con el arribo del siglo XXI se han incrementando en forma alarmante algunos problemas de salud pública, como es el caso de los padecimientos nutricionales que han sido influenciados por el auge, entre otros, de las sociedades de consumo y de la industria de alimentos, ya que proveen una inagotable cantidad de productos chatarra, mismos que carecen del más mínimo elemento nutritivo.

Sabemos que la buena nutrición es uno de los elementos básicos que permiten el desarrollo integral de las personas y por ende, de la sociedad. Los trastornos nutricionales hay que valorarlos desde dos perspectivas: la primera, en relación a una dieta deficitaria de nutrientes, que es causa de uno de los mayores problemas de salud pública, que es la desnutrición, misma que predomina principalmente en áreas rurales, suburbanas y algunos sectores urbanos que tienen como común denominador la marginación.

La segunda se relaciona con el exceso, provocando padecimientos tales como el sobrepeso y la obesidad. Así lo muestra la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, que tan solo en niños en edad preescolar tuvieron como principal hallazgo, la desnutrición crónica que se acompañaba de retardo en estatura, anemia y deficiencia de vitaminas y minerales.

Dicho problema tiene efectos negativos en el desarrollo mental y físico, en la respuesta inmunológica, lo que conduce a un mayor riesgo de enfermar y de morir, además tienen efectos adversos a largo plazo como menor desempeño escolar e intelectual.

Asimismo, se encontraron diferencias notables entre los porcentajes de niños con desnutrición crónica en zonas urbanas, rurales y en las distintas regiones. Así, mientras el porcentaje fue de 32.3 por ciento para las zonas rurales, en las zonas urbanas fue de tan sólo 11 por ciento.

Según los últimos estudios del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia, en México hay 7.7 millones de niños en edad escolar con problemas de desnutrición o en riesgo de padecerla.

La misma encuesta dice que uno de cada cinco niños en edad escolar padece obesidad o sobrepeso y conforme aumenta la edad, por ejemplo, en los adolescentes de 12 años y más los principales problemas de nutrición encontrados fueron obesidad, sobrepeso, anemia y varias deficiencias de vitaminas y minerales.

La obesidad conduce a un mayor riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónico-degenerativas, que provocan muertes prematuras y pérdida de años de vida saludable.

La obesidad es sin duda el problema más preocupante en este grupo de edad. El 52 por ciento de estas mujeres fueron clasificadas como sobrepeso u obesidad. El sector más lávil a estos padecimientos lo representa indudablemente la población infantil.

A la par de estos problemas se han incrementado otros trastornos conductuales relacionados con la alimentación como son la bulimia y anorexia, que también son serias afectaciones en la salud pública e incluso han sido causa de decesos como el muy conocido caso de la modelo brasileña.

Un padecimiento que últimamente se ha observado con mayor frecuencia es la llamada diabesidad, que es una asociación entre diabetes y obesidad, presentándose en personas cada vez más jóvenes. Todas estas enfermedades pueden ser prevenidas si desde la infancia se inculcan en forma permanente los conocimientos de una nutrición completa y balanceada.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la instauración y puesta en marcha de una asignatura escolar en materia de cultura nutricional o bien incluirla en las materias ya existentes de ciencias naturales o biología.

Educación, que ha de considerarse permanente, gradual y progresiva durante todos los niveles de educación básica. Así, al término de 10 u 11 años, resultados de sumar los años de jardín de niños, primaria y secundaria, el joven tendrá los conocimientos necesarios para elegir una buena nutrición y así erradicar definitivamente todas las enfermedades relacionadas con exceso o déficit en la misma.

Con ello queremos generar conciencia en los docentes, quienes deben transmitir los conocimientos a los educandos y de éstos a padres y hermanos en el seno del hogar.

Dado que en nuestro país el núcleo familiar es bastante unido, la convivencia cotidiana favorece la transmisión en conocimientos de nutrición que influye fácilmente en cambiar en forma progresiva los malos hábitos alimentarios.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación.

Artículo único. Se adiciona la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

Fracciones I a la XIII, igual.

Fracción XIV. Fomentar una cultura nutricional permanente, gradual y progresiva en el nivel de educación básica que le permita al educando conocer las bondades y beneficios de las sanas prácticas y hábitos alimentarios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de abril de 2007. Firman los diputados Jorge Quintero Bello y José de Jesús Solano Muñoz.

Presidente diputado, en vista de que fue resumido del original, pido se inserte éste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, ciudadano diputado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Quintero. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el diputado Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa de ley por la que se establece el salario estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Esta Presidencia saluda a los invitados del Municipio de Uruapan, Michoacán, presentes aquí en la sesión.

El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 3o., 73 fracción XXV, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito, legislador federal, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la ley por la que se establece el salario estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En México, las razones económicas constituyen una causa de exclusión que inciden de forma determinante en el acceso y permanencia a la educación media superior y superior, esto asociado a la insuficiente cobertura, resultado de la falta de infraestructura educativa, coloca a nuestro país frente a un rezago en la impartición de educación media y superior. Más de 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 18 años no asisten o estudian en bachillerato y el 80 por ciento no cursa estudios universitarios. La tasa de matriculación contrasta con la observada en otros países con iguales o menores niveles de desarrollo.

De acuerdo a los datos de la UNESCO en educación secundaria y media superior, México registra una tasa de matriculación de 79 por ciento; Chile, 88; Argentina 90 y Perú, 90. La misma fuente reporta que en educación superior el rezago es mucho más agudo, ya que en nuestro país sólo alcanza el 22 por ciento la tasa de matriculación frente a Chile con 43 y Argentina con 61 por ciento.

De acuerdo a datos del Sexto Informe de Gobierno del 2006, esta distancia persiste cuando se analiza el promedio de escolaridad por entidad federativa. La entidad que registra un promedio mayor de años estudiados es el Distrito Federal con 10.8 años, en contraste con Chiapas que se ubica en 6.6 años de promedio.

Lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con el promedio de escolaridad de la población económicamente activa distribuida por nivel de ingresos en México. Los grupos de poblaciones de más bajos ingresos sólo alcanzan entre 5.51 y 7.73 años de escolaridad, lo cual contrasta con los dos deciles que concentran los mayores ingresos que se ubican en 10.59 y 13.23 años de estudio.

De acuerdo al sistema de indicadores educativos para el ciclo escolar 2004-2005 elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la cobertura en educación media y superior, entendida como la relación entre la matrícula y la demanda por nivel educativo, observa niveles sumamente bajos y extremadamente contrastantes.

El promedio nacional se ubica en 54.9 en educación media superior. En este nivel la distancia de la entidad con mayor cobertura 88.5, representa más del doble de la entidad más rezagada con 37.1 por ciento.

En relación a la absorción, la brecha entre el Distrito Federal, entidad con la más alta absorción con 118.4 por ciento de alumnos de secundaria en la educación media superior y el Estado de México, 84.5, con la más baja es enorme. Lo es también entre el Estado de México y la media nacional que es de 96.5 por ciento, porcentaje que 14 entidades federativas no alcanzan. Según estimaciones contenidas en el VI Informe de Gobierno presentado en 2006, la eficacia terminal promedio a nivel nacional para el bachillerato no es alcanzado por 18 estados.

Es decir, que el total de jóvenes entre 16 y 18 años, que logran ingresar al nivel bachillerato, sólo lo concluyen poco más de 40 por ciento, 14 entidades federativas. Mientras que en las 19 restantes los porcentajes de éxito son menores.

Finalmente la deserción en el nivel alcanza una media en el país de 17.6, aunque hay 17 entidades que superan este porcentaje. Las diferencias mayores se dan entre Michoacán, con 25.1 por ciento, y Puebla, con 13.8 por ciento.

En educación superior la cobertura es mucho más limitada, 22.1 como promedio nacional, sólo 20 de cada 100 mexicanos, entre 19 y 23 años, se encuentra cursando educación superior y las brechas de cobertura son más profundas. La entidad con menor cobertura sólo logra atender la demanda de 11.9 por ciento de este segmento de la población, frente a 44.1 por ciento que registra la mejor ubicada.

Por todo esto, vamos a resumir. Se propone establecer un instrumento público normando desde una ley, que evite que las razones económicas sean un obstáculo insalvable para continuar los estudios de millones de jóvenes.

El salario estudiantil es un derecho para todos aquellos que deseen estudiar y cumplan con sus obligaciones académicas. Los que accedan a él tendrán responsabilidades específicas que deberán cumplir cabalmente.

Por ello, retomamos el concepto de salario, entendido como el otorgamiento de contraprestación económica al trabajo. En este caso será el estudio y cumplimiento de las condiciones que establezcan las instituciones, según sus planes de estudios y programación de actividades académicas.

Se propone el establecimiento de un mecanismo de incorporación gradual que atienda, primero a los más necesitados y conforme a la disponibilidad de recursos se amplié su cobertura hasta alcanzar la universalidad.

Asimismo, se propone la diferenciación en cuanto al monto del salario estudiantil, entre los estudiantes de educación media y superior; toda vez que los requerimientos económicos son mayores para los que estudian la licenciatura.

Se define como universo de atención a los estudiantes de escuelas públicas, porque a nuestro juicio, eso representa una autofocalización. En su mayoría quien puede pagar una escuela privada, el primer rasgo de distinción social, es quien manda a sus hijos a una escuela privada y el que va a una escuela pública es porque no le queda otra opción.

Esta ley debe acompañarse de un esfuerzo sostenido para ampliar los niveles de cobertura de educación media y superior para revertir el ato nivel de rezago que existe y generar oportunidades desde el ámbito público, oportunidades de estudio para millones de jóvenes que hoy están excluidos.

Sabemos que el cumplimiento de la ley implicará un esfuerzo presupuestal importante y que en principio deberá ser satisfecho con la alineación del conjunto de recursos públicos federales que hoy son orientados al otorgamiento de becas a los jóvenes que cursan el bachillerato y la educación superior.

También se establece la posibilidad de establecer mecanismos concurrentes para el financiamiento del salario estudiantil, para ampliar su cobertura.

Por lo antes expuesto y con fundamento, someto a consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Artículo único. Se crea la Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional, para quedar como sigue:

Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Titulo Primero

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la República, en forma y términos que la misma establece. Sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto normar el otorgamiento de un apoyo denominado Salario Estudiantil a las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Artículo 3. El Salario Estudiantil es un instrumento de la política social que tiene por objeto garantizar el derecho a la educación mediante la transferencia de un ingreso mínimo que permita cubrir las necesidades básicas de subsistencia.

Artículo 4. La organización, administración y entrega del salario estudiantil, en los términos de esta ley, así como la interpretación de sus disposiciones, está a cargo del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 5. Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. Base de datos del Salario Estudiantil. Aquélla conformada por la información individual de cada sujeto del derecho que integra el padrón de beneficiarios para el control, vigilancia, entrega y vigencia de sus derechos.

II. Beneficiario. Las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

III. Institución. Las instituciones públicas que imparten educación media superior y superior en el territorio nacional.

IV. Secretaría. La Secretaría de Educación Pública,

V. Salario Estudiantil. Prestación en dinero asignada a las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Artículo 6. Toda persona que curse educación media superior y superior…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señor diputado, le pido que concluya, por favor.

El diputado Víctor Gabriel Varela López: Concluyo en un minuto, Presidente… superior en instituciones públicas estatales, federales o autónomas, tendrán derecho a recibir del gobierno federal, por conducto de la Secretaría, un salario estudiantil en los términos y condiciones que establece la presente ley.

Por cuestión de tiempo pido que se inserte íntegramente la presente ley en el Diario de los Debates y solicito a los compañeros de los diversos grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa que seguramente para apoyar la educación de las pocas formas de revertir los rezagos sociales que existen en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Varela. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene la palabra el diputado Salvador Barajas del Toro del grupo parlamentario del PRI para presentar iniciativa que reforma los artículos 62 y 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

El diputado Salvador Barajas del Toro: Muchas gracias, señor Presidente. El derecho a la salud consagrado en el párrafo tercero del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, constituye una garantía que debe de gozar el individuo, y así lo menciona de la misma manera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es deber del Estado salvaguardar este derecho mediante la expedición e instrumentación de políticas enfocadas a brindar servicios de salud y de protección sanitaria, para así contribuir al bienestar de la población del país.

Un claro y fehaciente ejemplo de ellos, es la expedición de leyes protectoras de la salud pública, como son entre otras, la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual tiene por objeto regular los procesos de producción pecuaria dirigidas al consumo humano. En este ordenamiento se establecen los lineamientos y los supuestos jurídicos, para hacer un efectivo proceso de inspección de sanidad animal, el cual tiene como fin primordial garantizar las condiciones salubres, para que la carne de consumo humano no afecte a la salud de los consumidores.

Por lo anterior, la actividad de inspección sanitaria animal, debe conducirse con una gran mesura, ética, eficaz y profesionalismo, pues de ella depende en gran medida la salud pública, en el entendido de que la carne para consumo humano debe estar libre de contaminación, provocada por la utilización de sustancias químicas que son dañinas para el organismo humano como es el caso de las sustancias beta-agonistas específicamente el clembuterol, utilizada indebidamente para la engorda de ganado.

Por ello, los inspectores son depositarios de la responsabilidad de salvaguardar la salud de los consumidores de los productos cárnicos, pues tienen en sus manos la decisión de autorizar la comercialización de la carne con la que nos alimentamos, refiriéndonos tanto a las autoridades como a los organismos ciudadanos a los que se les delega esta función.

En esta iniciativa se pretende tipificar como delitos contra la salud de carácter grave, por tratarse de un consumo indirecto, doloso y sin el conocimiento del consumidor al individuo que lo importe, posea, transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con cualquier sustancia, cuyo uso esté prohibido para la alimentación animal así como la omisión de efectuar un riguroso proceso de inspección fitosanitaria animal, así como las prácticas de corrupción que se puedan llegar a consumar con la aprobación y la expedición de certificados zoosanitarios, el cual afectará gravemente la salud de la población consumidora.

De la misma forma, debe existir la congruencia de sancionar en la misma medida la autorización indebida por parte de los inspectores de la sanidad animal, pues aquí análogamente existe un simbólico fraude para la población y por lo que, al no existir analogías en materia penal, es necesario contar con un tipo penal para estas conductas infames.

Debemos, como legisladores, prever todas las hipótesis de conducta contenidas en la estructura formal de esta norma, pues el bien jurídico tutelado es la salud de la población y debemos tener en cuenta que así como los delitos cometidos como el narcotráfico son severamente castigados por ser delitos contra la salud pública; esta conducta debe de ser considerada igualmente como un crimen en virtud de que el bien jurídico es la salud y está bien tutelado y no restituible.

Por tal motivo, es tan delicado debido a que se trata de delitos contra la salud pública, agravados por el dolo con el que se práctica. Por lo que el sujeto activo de este tipo penal que se propone insertar en esta ley es un agente con suficiente autoridad delegada por el Estado para desempeñar esta función de alta responsabilidad.

Adicionalmente, esta propuesta tiene como fin de que las personas encargadas de realizar esta actividad para proteger la salud de la población ejerzan sus funciones mediante una férrea y meticulosa ética profesional, para así lograr disminuir los casos de enfermedades crónico-degenerativas que, como se han mencionado en repetidas ocasiones desde esta alta tribuna, han afectado la salud pública de nuestro país y en particular los casos de Aguascalientes, Colima y Jalisco.

Sosteniendo lo anterior con diversos estudios que comprueban que el uso de estos fármacos beta-agonistas, como el clembuterol en la alimentación de ganado vacuno, repercute de manera sustancialmente negativa en la salud humana al consumir la carne contaminada y los derivados de ésta; provocando severos perjuicios a la salud, como pueden ser la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias patógenas que infectan al ser humano, alteraciones hormonales en adolescentes y principalmente en adultos, así como una excesiva estimulación cardiovascular que pudiese presentar además adormecimiento de las manos, temblores musculares, alteraciones considerables del sistema nervioso, altos niveles de estrés, dolor de cabeza y dolores musculares. Y no sólo eso, sino las secuelas y consecuencias que produce el consumo prolongado de las sustancias beta-agonistas en las personas que a largo plazo, como degeneraciones hormonales que se derivan en desórdenes de tipo canceroso.

De tales alteraciones de salud, se ha demostrado un considerable aumento en los últimos tiempos, coincidentemente también en el uso de dichos fármacos en las distintas clases de ganado y en su carne del consumo humano.

Estamos convencidos que mediante la aprobación de este proyecto se erradicarán en buena medida los niveles desmedidos de corrupción que imperan entre algunos de los inspectores de Sagarpa y los organismos integrados por personas encargadas de supervisar la licitud y el buen desempeño de la expedición de documentos en materia zoosanitaria o de la actividad pecuaria y que esos se dirijan con un estricto apego a los procedimientos establecidos en las normas, para así proteger y mejorar los estándares de nutrición y la salud de todos los habitantes de este gran país.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de acuerdo:

Artículo uno. Se reforma el artículo 62, fracción I. Se recorre en su orden la actual fracción II, para quedar como fracción III; y se adiciona la fracción II del propio artículo 62; así como se reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue:

Artículo 62. Se sancionará con penalidad de 10 a 18 años de prisión y con multa de hasta mil veces de salario mínimo general vigente en la zona económica en que se lleve a cabo sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran generarse:

I. Al que omita documentos en materia zoosanitaria, omitiendo los procedimientos establecidos por su expedición, así como al servidor público que en el ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo permita o autorice, o tolere dolosamente la comercialización de cabezas de ganado o mercancías pecuarias contaminadas, destinadas para el consumo humano. La pena prevista en el artículo se aumentará en dos terceras partes.

II. A quien extorsione o agreda de manera verbal, moral o físicamente…

Y por último, el artículo 63. ... al que por cualquier medio ordene el suministro o suministre sustancias o alimentos prohibidos a animales destinados al abasto de consumo humano y a los que hagan alusión a esta Ley y las normas oficiales, se les impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 10 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente en la zona económica en la que se lleve a cabo dicho hecho.

Por último, señor Presidente, le solicito atentamente que por la naturaleza jurídica de esta iniciativa, sea turnada a la Comisión de Justicia para su opinión en virtud de que se trata de dos tipos penales.

Solicito también se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra esta iniciativa que acabo de presentar, haciendo una solicitud a quien dictamine esta iniciativa que lo pudiera hacer a la brevedad, debido a los acontecimientos que en los últimos meses han habido en los estados de Michoacán, Colima, Aguascalientes y Jalisco. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Barajas del Toro. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Justicia e insértese el texto de manera íntegra, tal como lo solicitó el diputado Barajas del Toro.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Elizondo Garrido, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Francisco Elizondo Garrido: Gracias a esta Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión presentaré una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de subsidios y donaciones.

Los subsidios tienen por objeto responder con medidas de apoyo financiero a las demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas.

Desde el punto de vista económico, los subsidios representan una parte muy importante del gasto público por lo que deben ajustarse de manera estricta a la política presupuestaria. Sin embargo, aún con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la legislación en materia de subsidios es limitada principalmente en lo que se refiere a los criterios para su otorgamiento, control financiero, responsabilidades de los beneficiarios, transparencia y sanciones administrativas.

Es así que la presente iniciativa tiene por objeto modificar esta situación para garantizar una mayor eficiencia en la aplicación del gasto y coadyuvar en el proceso de perfeccionamiento y racionalización de nuestro sistema económico.

Nuestra Constitución establece en su artículo 28 que se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará sus resultados.

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria incorpora criterios a los cuales debe sujetarse el otorgamiento de los subsidios y, en su caso, las transferencias tales como objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

Igualmente a fin de lograr mayor transparencia y una correcta aplicación de los recursos, se institucionalizó el esquema de reglas de operación a que deben sujetarse los programas que señala el Presupuesto de Egresos.

Los subsidios constituyen uno de los principales ejes en los que se debe desarrollar la acción pública para determinadas actividades que tienen un efecto positivo sobre el interés general, más allá de los intereses estrictamente privados o particulares.

El otro eje fundamental donde se apoya la política de ayudas públicas se refiere a los beneficios o incentivos fiscales que en los últimos años han ganado fuerza.

Dentro de los ámbitos a los que se dirige este tipo de incentivos públicos destacan las que se destinan al medio ambiente, a la pequeña y mediana empresa, a la generación de empleo y su formación, al ahorro energético y a las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Si bien la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vino a otorgar seguridad jurídica y continuidad en la aplicación de principios rectores que buscan la consolidación presupuestaria, consideramos que es necesario profundizar y perfeccionar en materia de subsidios y donativos. Por ello la presente iniciativa, inspirada en el principio de transparencia, propone la obligación de hacer públicos los subsidios y donativos que se concedan.

Ninguna entidad pública debe quedar fuera del escrutinio que implica el ejercicio del derecho de acceso a la información, como tampoco deben hacerlo las personas físicas y morales que reciban recursos públicos y participen como auxiliares en el ejercicio de alguna función pública.

El proceso completo que comprende el origen, recepción y utilización de los recursos públicos debe ser objeto de la ley. La información relativa a recursos públicos entregados a particulares debe contener la motivación y el procedimiento mediante el cual se autorizó y realizó la entrega de los recursos, al igual que la modalidad jurídica de la asignación o la forma que haya procedido.

Queda claro que una mayor información acerca de los subsidios y donativos hará posible minimizar las distorsiones que pudieran afectar el uso de los recursos públicos, además de evitar duplicidades e impulsar la complementariedad de los programas o proyectos de las diferentes entidades.

Por otro lado, se plantea la necesidad de elaborar un plan estratégico de subsidios que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, con el objeto de articular las necesidades y demandas públicas a satisfacer a través de subsidios con las prevenciones de recursos disponibles.

Además se plantea un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de los objetivos, para que todos aquellos programas o proyectos subsidiados que no alcancen los objetivos deseados, puedan ser modificados o sustituidos por otros más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminarlos.

Por otro lado, se establece como regla general que el pago de subsidio o donativo exigirá la justificación por parte del beneficiario de la realización del objeto del subsidio, perdiéndose el derecho del cobro total o parcial del subsidio en caso contrario, así como cuando incurra en alguna de las causales de reintegro que se contemplan.

Tampoco podrá proceder al pago de subsidio o donativo todo aquel beneficiario que no esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con las cuotas del Seguro Social. Asimismo, la excusa o negativa de las actuaciones de auditoria serán causa de reintegro cuando sea imposible verificar el empleo dado a los fondos recibidos. Se prevé la posibilidad de que el reintegro se refiera únicamente a parte del subsidio concedido.

Finalmente, cabe destacar que ante un marco de escasez de recursos y un presupuesto limitado, uno de los objetivos que persigue esta iniciativa es la mejora de la eficacia y eficiencia de los programas de subsidios y donativos y el establecimiento de un régimen que impida su utilización fraudulenta, en la necesidad de disponer de cuentas públicas orientadas al principio de estabilidad presupuestaria que permitan continuar con el crecimiento económico y la generación de empleos.

Finalmente pido a la Presidencia que sea publicada íntegramente esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e insértese íntegro el texto en la Gaceta y en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Francisco Elizondo.

Esta Presidencia saluda a los señores presidentes municipales del Estado de México que a invitación del diputado Juan Victoria se encuentran en este recinto parlamentario. Bienvenidos.

Tiene la palabra el diputado Joaquín Humberto Vela González, del grupo parlamentario del PT, para presentar iniciativa que reforma el Capítulo Primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señor Presidente. Quien suscribe, diputado Joaquín Vela González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa que reforma el capítulo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y solicito sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dentro del conjunto de la reforma fiscal integral, con base en la siguiente:

Exposición de motivos

La reducción de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) del 15 al 10 por ciento tiene por objetivo dos razones: una, incentivar el mercado mexicano del consumo; y dos, incrementar la recaudación a través de una menor evasión.

El primer efecto que pretendemos con la reducción de la tasa del IVA es motivar el incremento del consumo para apoyar y reactivar a las empresas mexicanas. La fundamentación de esta iniciativa en la perspectiva de incrementar el consumo con la reducción de la tasa del IVA la apoyamos en estudios desarrollados por la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Industrias AC y de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación.

Bajar tasas no implica reducir la recaudación, incrementar impuestos no incrementa necesariamente la recaudación. En 1991 con una tasa de 15 por ciento del IVA hubo una recaudación por este impuesto de 31 mil 732.7 millones de pesos corrientes, al reducirse la tasa del IVA a 10 por ciento en el año de 1992 hubo un incremento en la recaudación alcanzándose la cifra, ese año, de 32 mil 702.8 millones de pesos.

Otro ejemplo es el de 1994, cuando la tasa del IVA era de 10 por ciento y se volvió a incrementar a 15 por ciento para el año de 1995, hubo un ligero incremento en la recaudación en cifras absolutas, pero en términos relativos no fue así, pues recordemos que se dio la crisis de cambio del sexenio con su inflación y su devaluación, por lo que en términos reales hubo una caída en la recaudación. En 1994 la recaudación por IVA en pesos contantes fue de 170 mil 743.4 millones y para 1995 se redujo a 166 mil 413.3 millones de pesos contantes.

Para 1998, con una tasa del IVA de 15 por ciento, se obtiene el mismo porcentaje del producto interno bruto (PIB) por recaudación de IVA que en 1993, cuando la tasa del IVA era solamente del 10 por ciento.

Aparte de este análisis de cifras agregamos dos principios de sentido común para justificar una tasa de 10 por ciento de IVA: la reducción de las tasas de impuestos puede motivar menor evasión, la clarificación y la simplificación motivan mayor pago de contribuciones.

Reducir la tasa del IVA a 10 por ciento tendría un primer efecto psicológico en los pequeños contribuyentes, quienes al dejar de erogar cinco puntos de impuesto pierden ventajas en defraudar al fisco, ya sea por el no traslado o por el no cobro del IVA, como hoy acostumbran, en colusión con los consumidores dentro de 50 por ciento de la economía subterránea.

Otra virtud recaudatoria por bajar la tasa del IVA a 10 por ciento es una radical simplificación de cálculo. No es lo mismo realizar una operación contable aplicando la tasa de 15 por ciento que simplemente quitar un cero; así pues, este impuesto aparte de ser menor es más fácil de calcular y motivará que muchos consumidores dejen de evadirlo.

La fórmula dialéctica de incrementar la recaudación con menores impuestos, que implican menor evasión ha sido sustentada incluso por ilustres representantes del pensamiento de derecha. Sergio Sarmiento, en el año 2003 cuestionó desde el periódico en el que escribe, Reforma, el por qué con mayores o nuevos impuestos —como los especiales— no se había logrado un incremento en la recaudación en México, mientras que en decenas de países donde bajaban tasas impositivas se verificó un incremento de recaudación.

Sin embargo, no negamos que persiste la posibilidad de que el bajar la tasa del IVA provoque una baja de recaudación. Ante eso, reitero que la presente iniciativa no es aislada y forma parte de un paquete más amplio, junto con otras iniciativas compensatorias y complementarias, cuya aprobación será factible hasta conformar los paquetes definitivos de reforma fiscal integral de todos los grupos parlamentarios.

La vigencia de la baja del IVA la planteó hasta el año 2008, por lo que contamos con un margen para incorporar las fórmulas compensatorias ante la presunta baja de recaudación expuesta a continuación.

a) Tasa de 20 por ciento del IVA al consumo de bienes suntuarios considerando que a este segmento de consumidores solventes el incremento de tasa no inhibe sus inercias de gasto en placer o confort, y no es relevante a su disposición en efectivo.

b) Impuestos especiales para el consumo de refrescos con alta fructuosa importada.

c) Una campaña de incorporación de nuevos contribuyentes para el año 2007 con incentivos inmediatos y con el atractivo de un nuevo sistema fiscal acabado e implementado el próximo año; y/o

d) Deuda sustentada en los ingresos petroleros que permitan apoyar al mercado interno asumiendo una restricción presupuestal para el año de 2008.

Decreto

Por el que se reforma el Capítulo I de la Ley de Impuesto al Valor Agregado que queda redactado de la siguiente manera:

El impuesto se calculará:

Artículo 1. De la uno a la cuatro...

Fracción I a IV. El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta ley, la tasa del 10 por ciento. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

Artículo 1-C.

Fracciones I a III. ...

IV. Para tales efectos, el Impuesto al Valor Agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquiriente entre 1.10. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado, causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes al cobro.

V. Entre 1.10, según se trate de documentos que deriven de las operaciones afectadas a la tasa del 10 por ciento.

VI. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo, para el total de la cantidad cobrada por el adquiriente dividiendo el valor de cobro efectuado entre 1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones efectuadas al 10 por ciento.

Artículo transitorio único. La vigencia del presente decreto de reforma entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año de 2008.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Vela González. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 435 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia. Han sido diversas las reformas que en los últimos años han modificado la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación. La iniciativa que ahora se presenta, pretende adherirse a este proceso de cambio.

Derivado de la complejidad del sistema e impartición de justicia en México, así como de la diversidad de percepciones que existen en la sociedad sobre su desempeño y devenir, toda propuesta de reforma judicial debe tener como fin último dar cabal vigencia al artículo 17 de nuestra Ley Suprema.

A pesar de lo continuo y profundo de las modificaciones referidas, todavía existe una agenda importante de reformas por aplicar a los órganos jurisdiccionales federales. Por un lado, existe la necesidad de consolidar los avances realizados durante la última década; y por el otro, es necesario abordar y extender el esfuerzo a diversos temas que todavía no se han abordado y sobre los que existen destacadas experiencias en el derecho comparado y un positivo consenso doctrinal en torno a la necesidad de que sean introducidos en el ordenamiento jurídico mexicano, en aras de alcanzar una mejor y más eficiente impartición de justicia.

En este sentido propongo a este pleno la introducción de la institución jurídica del amicus curiae, que ya se conoce y utiliza en otros países y que podría mejorar sustancialmente el esquema actual de defensa de la Constitución que existe en México.

El amicus curiae consiste en la presentación ante el tribunal donde se tramite un litigio de terceros ajenos a una disputa judicial, pero con un justificado interés en la resolución final del litigio para que puedan expresar sus opiniones en torno a la materia, merced a su posibilidad de realizar aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso judicial.

En efecto, la institución del amicus curiae recientemente es aplicada en diversos tribunales del orbe, con la finalidad de permitir que quienes no se encuentran legitimados procesalmente para intervenir en los procesos, pero que tengan un interés en el tema en litigio, puedan expresar su punto de vista ante el tribunal.

No es óbice señalar que las consecuencias de dichas modificaciones no revisten un efecto jurídico formal sobre el proceso, sino se suscriben en el sentido de brindar opiniones respecto del litigio que redunden en un beneficio ante los tribunales, quienes contarán con puntos de vista adicionales sobre las cuestiones controvertidas.

Así las cosas, lo novedoso de esta figura consiste en los escritos que pueden presentar estos terceros ajenos a una disputa judicial, pero con un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia a través de aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso jurisdiccional.

Lo anterior eleva, indiscutiblemente, el nivel de debate de la temática en el litigio, que ciertamente deberá tener la posibilidad real de impactar en el interés público. En efecto, cuando un tribunal constitucional se encuentra decidiendo asuntos que pueden repercutir sobre la manera en que se definen los derechos de la sociedad, dichos asuntos siempre suscitan expectación y la adopción del amicus curiae permite que las opiniones puedan ser expresadas al tribunal de manera transparente.

La razón teleológica de esta figura procesal es asistir al tribunal proporcionándole una opinión fundada o una información relevante sobre alguna cuestión jurídica que pudiera escapar a la consideración de aquél y colaborar así para decidir con acierto en un caso complejo.

Este sistema es una figura clásica, cuya génesis se encuentra en el Derecho Romano. A partir de este lejano precedente, la institución se ha generalizado en diversos países de habla inglesa para ser finalmente adoptada y desarrollada en algunos sistemas jurídicos como el estadounidense.

Con distinguido impulso dentro de la tradición del derecho anglosajón, la figura del amicus curiae se ha extendido de forma notoria hasta el punto de que hoy es común la presentación de este tipo de escritos ante distintas cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como sus pares en Europa o África.

Lo anterior no es producto de la casualidad o de una boga, sino en función de su aporte trascendental para robustecer los fallos de los tribunales en los casos de esencial importancia, donde se encuentra en litigio el ejercicio de un derecho fundamental.

No obsta señalar la acogida y utilización que en el plano internacional de los derechos humanos y diversas instancias internacionales se ha dado al "amigo del tribunal", especialmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y en los paneles en el cuerpo de apelación de la Organización Mundial de Comercio.

Convergentemente y en el marco de las reformas propuestas en la consulta nacional sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, realizada recientemente a iniciativa del alto tribunal, se consideró dentro de las 33 acciones indispensables para una reforma judicial integral, introducir la figura del amicus curiae en procesos constitucionales, con el ánimo de fortalecer la independencia, la eficiencia y el acceso a la justicia, identificada como la acción 22 en el folleto de la consulta nacional sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano.

La introducción de esta figura se sugiere en virtud de que en ocasiones las funciones del alto tribunal judicial trascienden el interés de las partes en conflicto.

La consulta revela el especial interés de lograr un mayor acceso a la justicia y promover una mejor y más amplia participación social en la defensa de los derechos fundamentales y las controversias políticas y en algunos mecanismo procesales existentes, a saber: controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Ávila Mayo. Túrnese a la Comisión de Justicia. Tiene la palabra el diputado el diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, iniciativa suscrita por los diputados Erick López Barriga y el propio Juan Carlos Velasco Pérez.

El diputado Juan Carlos Velasco Pérez: Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos diputados Juan Carlos Velasco Pérez y Erick López Barriga, diputados federales a la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XX del artículo 32 y el último párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de servicio de comedor y comida para los trabajadores.

Exposición de motivos

En el mercado laboral mexicano, en términos generales, el salario mínimo —y en alto porcentaje los salarios contractuales— resultan claramente insuficientes para satisfacer las necesidades normales del trabajador y su familia y menos aún para adquirir la canasta básica en materia de alimentación; de lo que se deriva que quienes tienen estas remuneraciones, como únicos ingresos, están en los umbrales de la pobreza extrema.

El cálculo más conservador sobre el total de asalariados indica que son más de 18 millones de trabajadores en todo el país los que se encuentran en la categoría de pobreza alimentaria, debido a las bajas remuneraciones que perciben.

México presenta la mayor erosión salarial de toda América Latina, ya que se encuentra entre los países de la región que más drásticamente han reducido sus niveles salariales en las últimas dos décadas.

Además de que la mitad de la población económicamente activa se emplea en el sector informal; por lo cual resulta fundamental resaltar que a través de una política fiscal adecuada se puede disponer no sólo de un instrumento de compensación social sino, más aún, de los incentivos y las motivaciones reales que ayudan a la creación de empleos, la productividad y sobre todo a elevar el poder de compra de los trabajadores.

La política fiscal aplicada en las últimas décadas ha contenido elementos contrarios al de procurar una igualdad y equidad fiscal y aun social, ya que conlleva una tendencia clara y directa a la afectación del salario al gravamen de las prestaciones de los trabajadores que como causantes cautivos son la base principal del sistema tributario, lo cual contrasta con la política de flexibilidad que se ha otorgado a la mediana y gran empresa.

Ante ello, el movimiento obrero a través de la negociación contractual ha buscado como estrategia negociar el otorgamiento de prestaciones que cubran necesidades que el salario no ha alcanzado a cubrir, como son alimentación, salud, vivienda, transporte, recreación y cultura, entre otras.

Es importante señalar que las prestaciones que han sido una auténtica conquista de los trabajadores se han reducido en su alcance y limitado en su extensión, ya que originalmente estaban exentas en su totalidad. Sin embargo, con las adecuaciones impuestas su exención se ha limitado de tal forma, que en la actualidad se pagan impuestos por todas las prestaciones, incluyendo la previsión social cuando los ingresos del trabajador superan los siete salarios mínimos.

En años recientes las organizaciones sindicales han logrado incorporar nuevas prestaciones en sus contratos colectivos de trabajo, destacando dentro ellos el servicio de comedor que ha servido parcialmente para compensar la caída del poder adquisitivo del salario.

Estas prestaciones tienen una gran ventaja, toda vez que al ser presentaciones en servicio; es decir, instrumentos de trabajo, no se consideran como ingresos en bienes para efecto de impuesto, por lo cual, no causa impuesto alguno.

No obstante, es de señalar que estas prestaciones sólo se pueden otorgar a aquellos trabajadores que laboran en empresas que dentro de sus instalaciones tengan comedores y a través de ellos, se otorgue la comida. Ello derivado de los altos costos de inversión y más aún, de mantenimiento, lo cual ha limitado a los trabajadores principalmente de la mediana y pequeña empresa a obtener los beneficios que a través de esta disposición se otorgan.

Es importante destacar que el principal objetivo de la presente iniciativa es eliminar la iniquidad que existe entre los trabajadores que actualmente cuentan con el servicio de comedor en sus empresas y aquellos que no cuentan con este servicio.

Asimismo, también para aquellos trabajadores que por la naturaleza del trabajo que desarrollan, al ser itinerantes, no tienen acceso a esta ayuda de alimentación, o bien porque los costos de este servicio de comedor sobrepasan la capacidad de la empresa.

Por lo tanto, es importante lograr una mayor equidad entre los trabajadores independientemente de la naturaleza de su trabajo o el tamaño de la empresa en la que presten sus servicios. Esta equidad se lograría si se establece un incentivo para que las empresas que no cuenten con servicio de comedor puedan otorgar alimentación a sus trabajadores por medio de un tercero.

En efecto, se considera necesario readecuar esta disposición de ley para permitir que todos los trabajadores que laboren puedan, en su caso, obtener vía negociación contractual, acceso a la alimentación o comida independientemente de si su centro de trabajo cuenta o no con comedores propios. Ello podría ser un estímulo de la parte patronal para otorgar alimentación a sus trabajadores, conscientes de que una buena alimentación coadyuva a una mayor productividad.

En efecto, la ayuda para alimentación o comida, está asociada a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y está vinculada al propósito de incrementar la productividad y competitividad en las empresas y, finalmente, asociada a los cambios experimentados en la nueva cultura laboral.

La alimentación de calidad es un derecho de todo ser humano y es deber del Estado crear las condiciones para que los trabajadores puedan efectivamente disfrutar de ese derecho, estableciendo para ello las condiciones fiscales adecuadas y la seguridad jurídica en su otorgamiento.

El artículo 123 constitucional consagra el derecho de los mexicanos al trabajo y a obtener a cambio un salario remunerador, entendiéndose como tal aquel que permite satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, siendo la primera de éstas la adecuada alimentación de él y de su familia.

El movimiento obrero reconoce y pugna por una adecuada y correcta alimentación de los trabajadores, ya que ello incide en una mayor productividad, generando una reducción de atrasos y falta de rotación y de accidentes de trabajo, tiempos de recuperación de éstos y de pérdidas en los procesos productivos e incrementa la capacidad productiva del trabajador, lo que genera un mayor rendimiento.

Buscando la competitividad del empleo remunerado, un incremento en la recaudación y una disminución del gasto social, se propone una reforma a la normatividad en materia de alimentación para que, a través de incentivos fiscales a las empresas, genere que los patrones del país propicien una correcta alimentación a sus trabajadores y a su vez, reactive a un sector importante de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración y preparación de alimentos.

Por lo anterior, se propone la modificación de la fracción XX del artículo 32 y el último párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que los servicios de comedor y comida, proporcionados a los trabajadores se consideren ingresos en servicios, aún cuando estos últimos se suministren en las instalaciones propias o en su caso, por carecer de éstas, dados los altos costos de inversión y mantenimiento, se otorguen a través de establecimientos de consumo de alimentos contratados por la empresa o que formen parte de una red administrada por terceros, que les permitan su adquisición, proponiéndose para su deducibilidad los límites ya establecidos en la ley.

Señor Presidente, es cuanto y le solicito atentamente que esta iniciativa se turne a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Juan Carlos Velasco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Jesús de León Tello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jesús de León Tello: Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores diputados, la arbitrariedad no ha sido una constante en el desenvolvimiento de la vida política nacional en lo que va del presente siglo.

Sin embargo, nos faltan casos donde se cuestiona como ilegal la actuación de algunos funcionarios, instancias gubernamentales y organismos autónomos, señalando con razón o sin ella, que en algún sentido podría haber llevado a cabo actos contrarios a la norma constitucional o legal.

Tales cuestionamientos son parte de nuestra vida democrática, por lo que hacen falta mecanismos institucionales para que en su caso las autoridades cuestionadas puedan enfrentar los señalamientos y defender, en su caso, la pertinencia de su gestión.

Entre los mecanismos que hacen falta, tenemos la indefinición que priva en casos como el del Instituto Federal Electoral, ya que en la actualidad no existe una norma que explícitamente le permita promover acciones de inconstitucionalidad para defender la cuestión legítima de dicho organismo autónomo, que es, junto a la Fiscalía para Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de la democracia formal en nuestro país.

La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control que tiene por objeto hacer que se respete el espíritu y la letra de la Constitución, de nuestra Carta Magna, la división y equilibrio de Poderes, la cual le imprime fuerza y regularidad al estado de derecho.

Asimismo la acción de inconstitucionalidad resulta ser el único freno eficaz a las pretensiones del ejercicio del poder que pudieran ir más allá de las facultades del órgano de gobierno de que se trate y las formas de ejercerlas específicamente en la Constitución y en las leyes reglamentarias.

Actualmente la acción de inconstitucionalidad se concede explícitamente a estados, municipios, a los tres Poderes de la Unión y en el inciso g) del mismo artículo 105 constitucional que se propone reformar, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no se establece explícitamente al Instituto Federal Electoral, lo que genera confusión en lo que se refiere a su derecho a invocar la acción de inconstitucionalidad.

Se trata de una laguna jurídica de las que en muchos casos se hacen perceptibles por la necesidad de tener soluciones a una problemática que antes no se había tenido en cuenta, lo que representa una oportunidad para perfeccionar nuestro sistema democrático.

Un caso semejante fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que el primero en percatarse fue Acción Nacional, a promover la iniciativa para legitimarlo, para promover ese tipo de controversias.

La aprobación de este mecanismo no implica en modo alguno otorgar fueros, estimular controversias o convertir al IFE en un actor político más. De lo que se trata es de permitirle al Instituto asumir su posición en el régimen de equilibrio de Poderes como un actor más, que en casos específicos pueda solicitar a la Suprema Corte, en igualdad de circunstancias, la revisión de las determinaciones de otros Poderes u órganos autónomos que pudieran afectar el cumplimiento de su misión y sus responsabilidades.

Acción Nacional ha defendido siempre la existencia de un órgano electoral autónomo que pueda garantizar que ningún Poder o partido meta la mano en las organizaciones de los procesos electorales.

Esta reforma va en el sentido de hacer aún más clara la autonomía del IFE ya que lo fortalecerá en su gestión al quedar ahora facultado para entablar acciones de inconstitucionalidad y de esta forma no pueda quedar en estado de indefensión ante determinaciones que eventualmente lesionen su capacidad de conducirse de manera autónoma y eficaz.

En virtud de lo anterior, y para hacer patente la facultad del IFE en lo que se refiere a su derecho de solicitar que se ejerza la acción de inconstitucional, se considera pertinente y oportuno agregar al artículo 105 constitucional un inciso h) que haga implícito este derecho en los términos siguientes

h) Se faculta al Instituto Federal Electoral a promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano que vulneren los principales en materia electoral que consagra esta Constitución. Asimismo, los organismos electorales equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales o la Asamblea Legislativa, según sea el caso.

Le pido, señor Presidente, que la misma sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates ya que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese el texto íntegro en la Gaceta y en el Diario de los Debates como lo ha solicitado el diputado Jesús de León Téllez.

Se pospone, a petición del grupo parlamentario del PRD, la iniciativa propuesta por la diputada Aleida Alavez Ruiz que adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se concede el uso de la tribuna al diputado Gilberto Ojeda Camacho, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho: El suscrito, diputado Gilberto Ojeda Camacho, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII del artículo 27, y se adiciona el artículo 29, así como la fracción VII del artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, con el más firme propósito de que se abata la recurrente escasez de medicamentos en clínicas y hospitales del sector público y de esta manera hacer realidad lo preceptuado en nuestra Carta Magna, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El artículo 4o. de la Constitución Política consagra el derecho a la protección y a la salud de todos los mexicanos. Para ello, el Constituyente ha tenido a bien aprobar para expedir en consecuencia la Ley General de Salud, ordenamiento que norma precisamente los preceptos en esta materia.

Ahora bien, y para los efectos del precepto constitucional, la cobertura médica y hospitalaria de México descansa principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social así como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la Secretaría de Salud.

Asimismo, y aunque en menor escala, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como el Gobierno del Distrito Federal y la paraestatal Petróleos Mexicanos operan fondos de seguridad social que completan los programas de salud y servicio social en nuestro país.

En su conjunto las instituciones referidas, conforman el denominado sistema nacional de salud, que en lo fundamental proporcionan –a un 95 por ciento de ka población nacional- los servicios de prestaciones básicas de seguridad social y de atención médica.

Manifestado el antecedente y conforme al espíritu del contenido que sustenta la presente iniciativa, debo citar que para nadie es novedoso que en clínicas y hospitales, tanto del IMSS como del ISSSTE, el desabasto de medicamentos se ha convertido en un problema permanente a lo largo de los últimos cinco lustros, el cual se ha visto profundizado durante las crisis de 1982 y 1994, de acuerdo con reportes oficiales.

Organismos defensores y garantías sociales entre los que se destaca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de quejas en lo particular, han dado y dan cuenta de la inconformidad de la población derechohabiente que sufre las consecuencias derivadas del no suministro oportuno de medicamentos en clínicas y hospitales públicos, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la evidente escasez de medicamentos en el IMSS ha dado ya lugar a recomendaciones, ya que la irregularidad denunciada representa una violación a los derechos fundamentales de los derechohabientes del Instituto; hay voces que incluso han alertado con argumentos del endémico desabasto de medicinas en los hospitales y clínicas del sector público, tiene repercusiones en el agravamiento de los padecimientos así como en el aumento de la mortalidad por males diversos. Esto sin contar los perjuicios que para la economía de la clase trabajadora significa el hecho de tener que recurrir a la compra de medicinas de patente, a causa precisamente de que no le surten en tiempo y forma las recetas que expiden los médicos del sector público.

La situación a que hago referencia en la presente exposición ha llegado a tal nivel que incluso el director general del IMSS reconoció recientemente la existencia del llamado desabasto de medicamentos en hospitales e instituciones públicas, amén de la falta de calidad en el servicio que se brinda a la población derechohabiente.

La presente exposición no pretende poner en el banquillo de los acusados a nadie, sino más bien hacer eco de un problema creciente que cada día afecta a un mayor número de mexicanos, sobre todo a aportar una medida que en lo jurídico se signifique por dejar preceptuado el derecho de la población derechohabiente a los servicios de salud y recibir con suficiencia y calidad, medicamentos donde muy a pesar de la grave situación financiera que afecta al sector público —y atendiendo al cumplimiento del principio que dio origen a los sistemas de salud pública—, los organismos responsables de garantizarla a la población, sea ésta o no derechohabiente, tienen que fijar como prioridad mínima el garantizar consulta y medicamento con calidad y suficiencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona la fracción VIII del artículo 27; se reforma el artículo 29, y adiciona la fracción VII del artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

VII. …

VIII. La disponibilidad en suficiencia y calidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.

Artículo 29. Del cuadro básico de insumos del sector salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad en suficiencia y calidad a la población que los requiera en coordinación con las autoridades competentes.

El artículo 77 Bis 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social de Salud.

Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con la obligación impuesta en este título.

Termino. La fracción VIII. Prescripción y surtimiento suficiente y de calidad de medicamentos.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de abril.

Espero compañeros diputados, que al ser turnada esta iniciativa a la comisión respectiva apoyen para resolver un problema que es recurrente en todo el país y que en todos los estados de la República los estamos padeciendo con mucha insistencia. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Ojeda Camacho. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Salud.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Felipe González Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Felipe González Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país la criminalidad sigue causando daño. Erosiona los fundamentos mismos de la convivencia civilizada y aunque aparentemente no nos afecta en lo personal, el solo temor que provoca influye desfavorablemente en nuestra calidad de vida.

Según encuestas de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, una mayor proporción de individuos han dejado de realizar alguna actividad por temor a ser víctimas del delito.

Lo anterior es así a pesar de los grandes esfuerzos que en materia de seguridad pública vienen realizando los gobiernos federal, estatales y municipales para combatir y contrarrestar el fenómeno delictivo.

Tenemos como ejemplo de estos esfuerzos, el que ha realizado el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien desde el principio de su gestión inició una fuerte ofensiva en contra de grupos del crimen organizado, esfuerzo que ha tenido resultados inmediatos favorables para la sociedad mexicana.

Por otro lado, a nosotros como Poder Legislativo nos corresponde realizar las reformas legales necesarias para poder contar con una normatividad más eficiente, que ayude al mantenimiento de la paz y el orden sin afectar los derechos y las libertades de los individuos, procurando que las instituciones encargadas de la seguridad pública logren un equilibrio entre la fuerza coercitiva del Estado y el respeto a las garantías individuales tuteladas por el derecho.

Como todos sabemos, en la legislación mexicana la seguridad pública se ha elevado ya a rango constitucional. Esta se establece en el artículo 21 como una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios en sus respectivas competencias. Asimismo, también señala que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

De igual forma, este mismo ordenamiento que conceptualiza la seguridad pública como la función a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, tiene por finalidad también desarrollar los principios constitucionales conforme a los cuales la Federación, los estados y los municipios deben coordinar sus recursos, sus esfuerzos y sus acciones en el campo de la seguridad pública.

Sin embargo, al margen de los programas preventivos que son fundamentales y que buscan controlar los índices delictivos, es innegable que también hay que atender el problema de la reincidencia y de los que habitualmente delinquen, aquellos que lejos de readaptarse conforme al ideal de la norma, persisten en cometer hechos delictivos y algunos de ellos incluso se especializan en cierto género de delitos

Por ello es importante sentar las bases que permitan al Estado vigilar a aquellos de quienes se tienen fundados indicios sobre su proclividad a la delincuencia y que, por la gravedad del ilícito que cometieron, necesitan seguir siendo observados a fin de que el Estado pueda tener la certeza de que no volverán a cometerlo; y con ello salvaguardar la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general.

En este sentido, debe recordarse que existen diversos tipos de medidas de seguridad entre las que destacan las curativas, las de internación y las de vigilancia. Éstas últimas pueden ser impuestas a una persona por disposición expresa de la ley y se pueden imponer discrecionalmente a cierto grupo de personas que cometen determinados delitos y que, por las características especiales de éstos, es conveniente que estén bajo observación.

Podemos encontrar ejemplos de estas medidas de seguridad en las legislaciones sustantivas penales de los estados de Chiapas, Durango, Estado de México y Nayarit.

Es necesario insistir que la imposición de estas medidas de vigilancia será únicamente para reincidentes o habituales que hubieran sido sentenciados por la comisión de un delito grave, en los términos previstos por las disposiciones penales correspondientes, en virtud de que se consideran sujetos con mayor proclividad a reincidir en la comisión de conductas delictuosas.

Como esta medida de vigilancia, posterior a la etapa penitenciara, entraña un acto privativo, es menester que se encuentre regulada constitucionalmente a fin de asegurar, desde esta normatividad, que la autoridad judicial, al resolver sobre la petición que se le formule, respete al máximo las garantías individuales que la Constitución consagra a favor de todo gobernado, amén de que esa petición debe estar debidamente fundada y motivada.

Aunado a lo anterior, a fin de salvaguardar las garantías de los sentenciados, será necesaria la observancia de un procedimiento previo a la imposición de la medida de vigilancia y posterior a la etapa penitenciaria.

Este procedimiento consistirá en una solicitud por escrito a la autoridad judicial competente para que imponga a una persona la medida de referencia, la cual, se propone en esta iniciativa no exceda de una tercera parte de la pena de prisión que anteriormente le haya sido impuesta, siempre y cuando se justifique que es necesaria para salvaguardar la integridad o los derechos de otras personas, particularmente de la víctima y ofendido o bien, para preservar las libertades y el orden público.

Tomando como base lo anteriormente expuesto y retomando la legítima preocupación de la sociedad por lograr condiciones reales de seguridad y en congruencia con la plataforma del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan dos párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como artículo único.

Señor Presidente, le solicito la inscripción íntegra del texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Felipe González.

Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 4o-A a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Mario Enrique del Toro: Con el permiso de la Presidencia. El suscrito diputado Mario Enrique del Toro, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a ustedes esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89 constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida laboral a nivel mundial, se ha incrementado hasta alcanzar el 40 por ciento, además de estar presente mayoritariamente en los trabajos no remunerados, como el cuidado de la casa, la preparación de alimentos, en la familia, el cuidado de los enfermos, en el hogar y la ardua y permanente tarea de cuidad, educar y formar a los infantes.

No obstante, esta arrolladora e innegable participación de las mujeres en el progreso, en la construcción de la economía, en el sostén de los hogares y en la formación de los seres humanos que integran la sociedad, la desigualdad laboral continúa. Se estima que las mujeres obtienen en promedio un 30 por ciento menos por el mismo trabajo que desarrollan los hombres y que existe una marcada tendencia a la desigualdad de género en materia de ascensos.

A pesar de que la capacitación y el nivel educativo son similares en hombres y mujeres, los cargos de mayor nivel son ocupados en una franca mayoría por el género masculino. El índice de desigualdad que presentó el Foro Económico Mundial 2007 deja a nuestro país en el lugar número 76 en cuanto al empoderamiento político de la mujer, al considerar su participación dentro de las secretarías de Estado.

Es importante destacar que México firmó el instrumento llamado Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el cual en su artículo 3o. señala: Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

En este mismo orden de ideas, el Estado mexicano tiene la obligación de velar por el respeto a la equidad de género, tal como lo considera la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres, la cual en su artículo 17 dice que la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural; fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida; fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.

Según cifras de la Organización Internacional de Trabajo, sólo el tres por ciento de los puestos ejecutivos de las mayores empresas del mundo están ocupados por mujeres y el 13 por ciento de los parlamentarios está ocupado por ellas; dato que corrobora la desigualdad de género evidente.

En nuestro país, en el Poder Ejecutivo actual las mujeres están representadas en un 20 por ciento; en el gabinete ampliado en un 8.3; en el staff de la Presidencia un 28.57; en el Poder Judicial 18.18. Tan sólo en nuestro propio Parlamento, a pesar de que la Ley establece que las mujeres deben estar representadas en un 30 por ciento, actualmente el Partido Acción Nacional tiene 25 por ciento de mujeres; el PRD, 21 por ciento; el PRI 17 por ciento; el Partido Verde 41; Convergencia 23; Partido del Trabajo 16; Nueva Alianza 44; Alternativa 40 por ciento.

Por lo tanto, se considera necesario abrir espacios de participación política que permitan no sólo reconocer su innegable derecho a ello, sino que además sirva de ejemplo para incorporarlas en los ámbitos privados en los niveles de dirección.

El género femenino requiere en este momento y de manera urgente, oportunidades para demostrar, oportunidades que permitan un paradigma de participación que emulen otros ámbitos de apertura, que generen una reacción en cadena; por ello se propone incorporar en el gabinete presidencial un porcentaje que corresponda a la realidad de la participación femenina que obligue por ley a reconocer su derecho a tomar los cargos en las secretarías de Estado.

Esta obligación es necesaria en la ley, en virtud de que no se puede dejar al arbitrio de la buena voluntad de la figura presidencial, pero desde luego tenderá a ser letra muerta en el momento en que en el ámbito nacional se haya vuelto costumbre cuando sea habitual, como hoy lo es el voto de la mujer; como es la participación profesional en todos los ámbitos; como hoy no se restringe su formación académica.

De esta forma la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública federal permeará de arriba hacia abajo en los niveles de secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones de área, así como en los estados y municipios. Sólo así podremos avanzar en la promoción y fomento de las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de género en la vida nacional.

Diputados y diputadas, pongamos a México a la vanguardia en la consolidación de los derechos de la mujer.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o.-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89 constitucional.

Único. Se adiciona al artículo 4o.-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los párrafos cuatro y cinco; y una fracción XX al artículo 89 constitucional, pasando el texto vigente del actual a ser una nueva fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.-A. En términos de lo dispuesto por la fracción II., del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República podrá nombrar y remover libremente a los titulares de la Secretarías de Estado en una proporción de igualdad de género, tendiente al 50 por ciento, pudiendo oscilar entre los 60 y 40 para cualquiera de los dos géneros. Cualquier cambio de nombramiento deberá conservar esta proporción.

Artículos transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente, y solicito se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates mi iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Gobernación e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado el diputado Mario Enrique del Toro.

Esta Presidencia da la bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que se encuentra en este recinto parlamentario. Bienvenidos.

Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la presente iniciativa tiene el objeto de incrementar y hacer expedita la donación a organismos asistenciales autorizados para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta; los gobiernos de los estados; los municipios y Distrito Federal de bienes transferidos al servicio de administración y enajenación de bienes.

El SAE es el responsable de recibir todos aquellos bienes que de acuerdo a la legislación vigente, pueden recabar por diversos medios, sea proveniente de procesos penales, federales, procesos relacionados con la aplicación de la legislación en materia aduanera, los recibidos en dación cuando se trata de cubrir créditos al gobierno federal, los embargados o abandonados a favor del gobierno federal, los que pasan a ser propiedad del fisco federal o aquellos provenientes de títulos, valores o activos susceptibles de enajenación.

Lo anterior significa un cúmulo de diversos tipos de bienes que de acuerdo con la ley que los regula, son transferidos al SAE para efectuar sobre ellos algunas acciones: su administración, enajenación, destrucción o donación, según el tipo y características de los mismos.

Esta ley faculta al SAE en el artículo 31 para la aplicación de dos procedimientos para la enajenación de los bienes: la donación a los gobiernos de los estados, los municipios y del gobierno Federal, así como a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de Ley del Impuesto sobre la Renta, que de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen registradas en el directorio de donatarias autorizadas un total de 5 mil 472 instituciones.

El segundo procedimiento es la compraventa, que incluye la permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa.

Sin embargo, siendo uno de los objetivos de esta ley coadyuvar al fortalecimiento de aquellas instituciones sin fines de lucro, especialmente las dedicadas a la asistencia social, con la donación de bienes que les permitan aminorar el impacto ante la escasez de recursos para mantener su permanencia y actividades en beneficio de sectores sociales vulnerables, una gran mayoría de estas instituciones reclaman el poco o mínimo apoyo que existe desde hace años por parte de las autoridades responsables de canalizar las citadas donaciones de bienes.

De acuerdo con datos recientemente publicados en la página de Internet del SAE, en los 2003, 2004, 2005 y 2006 se han donado a diversas entidades, aproximadamente a 491, la mayoría municipios con cuatro millones de unidades, única y exclusivamente en tres tipos de mercancías: juguetes, ropa y calzado, adorno de cerámica y 42 vehículos.

Debemos analizar por qué año con año sólo se destina un tipo de bien, como los juguetes, cuando todos conocemos que por lo menos en los almacenes del Distrito Federal existen mercancías por más de dos mil millones de pesos y su diversidad abarca desde electrodomésticos, ropa nueva, alimentos enlatados, medicinas, materiales quirúrgicos, materiales de hospital, computadoras, bienes raíces, etcétera.

Considerando que debe existir un mayor apoyo a las instituciones que prestan servicios asistenciales en todo el país que en su mayoría atraviesan por una serie de carencias para el cumplimiento de su objetivo social, el grupo parlamentario del PRI, por mi conducto, presenta a esta soberanía la propuesta para modificar esta ley y proveer al SAE de facultades que le permitan destinar al menos 50 por ciento del total de bienes que le son transferidos al procedimiento de donación, modificando el artículo 31 y estableciendo un sentido de equidad entre los bienes que son enajenados, vía la computadora, y los que son donados.

Además, proponemos la modificación de los artículos 4, 16, 31, 34 y 35 para que las instituciones interesadas cuenten con claridad y transparencia de información sobre los bienes susceptibles de donación para el curso que deben seguir los bienes que pasen a ser propiedad del fisco federal, señalados en la fracción VI del artículo 1o. de esta ley, y para que las entidades solicitantes de donaciones reciban del SAE respuesta pronta y expedita en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

Parte fundamental de las reformas propuestas radica en la modificación del texto al artículo 34 que a la letra señala: "en casos excepcionales los bienes podrán ser donados". Lo que puede interpretarse como una condicionante que permite la discrecionalidad de la autoridad para decidir cuándo y qué bienes donará, perdiéndose del espíritu de la ley un concepto que debería ser considerado equitativo y benéfico para toda aquella institución que cumple con sus obligaciones fiscales y que además colabora con la asistencia social en este país.

Compañeras y compañeros legisladores. Esta reforma pretende destacar que sí existen recursos para combatir diversas problemáticas sociales y que haciendo las reforma legales a la ley podemos fortalecer a los organismos sociales y, en consecuencia, a decenas de comunidades del país.

Tal es el caso por todos conocido del aseguramiento que realizó la PGR el mes pasado, dando un duro golpe a la delincuencia organizada, rompiendo un récord mundial, rebasando todo lo decomisado en cualquier sexenio anterior; me refiero a los 205 millones de dólares provenientes de actividades delictivas.

Sabemos que existe un procedimiento para la adjudicación de estos recursos mientras no se emita una sentencia definitiva del Poder Judicial que ordene su incautación. Por ser de origen ilícito, no podrá pasar a disposición del Estado.

Existe administrativamente la normatividad para aplicar equitativamente los recursos; sin embargo, a nombre del grupo parlamentario del PRI, manifestamos la situación de pobreza y marginación que viven miles de mexicanos en situaciones de vulnerabilidad, por lo que proponemos que dichos recursos, en su oportunidad —hoy, mañana o cuando se pueda— se destinen a fortalecer los programas sociales para personas con discapacidad, personas con VIH sida, niños con cáncer, mujeres en situación de violación, trasplantes, indígenas, niños de la calle, grupos vulnerables en general.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía la aprobación de la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforman los artículos 4, 16, 31, 34 y 35 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 4. El SAE integrará una base de datos de carácter público, con el registro de los bienes, que podrá ser consultada por la autoridad judicial federal, la Procuraduría, las dependencias y entidades de la administración pública federal, autoridades del fuero común encargadas de la procuración e impartición de justicia, las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, así como por las personas que acrediten un interés legítimo para ello.

Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles podrán recibir un ejemplar de dicha publicación, previa solicitud, que deberá ser resuelta por el SAE en un plazo no mayor de tres días.

Artículo 16. Reforma. Los bienes a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 1 de esta ley y los que sean incosteables serán donados, destruidos o enajenados por el SAE a través de los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta ley.

Artículo 31. Reforma. Se incluye el siguiente párrafo: Del total de los bienes a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 16 transferidos al SAE, se destinará de forma equitativa el 50 por ciento al procedimiento de donación.

Artículo 34. Del total de los bienes transferidos al SAE, el 50 por ciento de los diversos bienes, de conformidad con lo que establecen para tal efecto las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que en su caso prevean las mismas, tales como los relativos al monto, plazo o tipo de bienes, éstos serán donados equitativamente a favor de

I.- Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.

II.- Los gobiernos de los estados, de los municipios o del Distrito Federal para que los utilicen en los servicios públicos locales en fines educativos o de asistencia social.

Artículo 35. Para la donación de los bienes, el SAE se apoyará del Comité de Donaciones, el cual se integrará y regirá de acuerdo con lo que al respecto se establezca en el reglamento. Las solicitudes de donación efectuadas al SAE, deberán ser resueltas en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

Solicito respetuosamente se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, e insértese el texto de manera íntegra, como lo ha solicitado el diputado Eduardo Elías Espinosa. El turno es en su carácter de Comisiones Unidas.

Damos la más cordial bienvenida a los ciudadanos invitados de la colonia Asturias, del Distrito Federal y a los maestros del municipio de Tancuayalab, San Luis Potosí. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

El diputado Luis Alonso Mejía García: Con su venia, diputado Presidente. El suscrito diputado federal Luis Alonso Mejía García, integrante del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, bajo la siguiente

Exposición de motivos

El desarrollo socioeconómico de nuestro país en las últimas décadas ha traído, entre otras consecuencias, el crecimiento acelerado y desordenado de su población, como de la ocupación de su territorio; además de un acelerado proceso de urbanización y tránsito de la vivienda rural a la urbana.

Lo anterior ha venido ocasionando serios desequilibrios regionales, irregularidad en la tenencia de la tierra para uso urbano, insuficiencia de infraestructura urbana y servicios públicos tales como agua potable, drenaje, alumbrado público, etcétera.

Además, se suman otros problemas tales como viviendas sin condiciones de habitabilidad satisfactoria, contaminación ambiental y deterioro ecológico, falta de tratamiento y disposición de desechos sólidos y los problemas de transporte y seguridad pública, entre otros.

Por ello, me permito presentar a esta honorable Asamblea, una propuesta de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, para garantizar la firma de los convenios de delimitación de zonas conurbadas, la cual permitirá a las poblaciones asentadas en las mismas, recibir la atención que la legislación vigente en la materia establece como obligación de los tres órdenes de gobierno.

En nuestra legislación vigente se encuentran los referentes directos que permiten formular la propuesta de la presente iniciativa.

Por ello, considero necesario señalar que en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, se establece el derecho de la nación para imponer las modalidades a la propiedad privada, que dicte el interés público y regular el aprovechamiento de los elementos naturales, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

De igual manera en el artículo 73, fracción XXIX-C de la propia Constitución establece entre las facultades del Congreso de la Unión la de establecer la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos.

El artículo 115 constitucional señala que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

De conformidad con las reformas constitucionales publicadas el 22 de agosto del 96, en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 122 Apartado C, Fase 5a.-G, de la Carta Magna, en forma determinante establece que:

Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas con la Federación y el Distrito Federal, en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas, en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

La Ley General de Asentamientos Humanos que tiene por objeto establecer esta concurrencia de la Federación, de las Entidades Federativas y de los municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, establece en su artículo 6o. las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano y de los centros de población tiene el Estado serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su artículo 20, que cuando dos o más centros de población, situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una entidad física y demográfica, la Federación, la entidades federativas y los municipios respectivos en el ámbito de sus competencias planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación de referencia con apego a lo dispuesto en esta ley.

Los casos en que los tres niveles de gobierno deberán convenir la delimitación de una zona conurbada, los específica el artículo 21 de la mencionada ley. El convenio que se celebre con base en este artículo 21, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los órganos de difusión oficial de las entidades federativas respectivas y en un periódico de circulación en la zona conurbada, como lo señala el artículo 22.

Dentro de este convenio se prevé la integración de la Comisión de Conurbación, misma a que se refiere el artículo 23 de esta ley, y esta Comisión se encargará de formular y aprobar el programa de reordenación de la zona conurbada; así como, gestionará y evaluará su cumplimiento.

Si bien es cierto que el marco jurídico actual establece los casos en que los tres ámbitos de gobierno deberán de firmar dichos convenios de delimitación de una zona conurbada, en la práctica alguno o algunos de los ámbitos de gobierno corresponsables de dicha firma han evadido su responsabilidad.

Por ello, la iniciativa que se presenta busca que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno atiendan en sus respectivas atribuciones y jurisdicciones en las diversas problemáticas que se presentan hoy en día.

Finalmente y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto ante esta honorable Asamblea, que adiciona el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Único. Se adiciona una fracción IV y un último párrafo al artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue.

Artículo 21. La Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos deberán convenir la delimitación de una zona conurbada cuando…

III. Solamente uno de los centros de población crezca sobre la zona conurbada; y

IV. Exista evidencia fundada de la presencia del fenómeno de conurbación entre dos o más centros de población de entidades diferentes. En tal caso, la Secretaría de Desarrollo Social solicitará a los gobiernos de las entidades correspondientes, la firma del convenio y establecerá de común acuerdo con los gobiernos de las mismas, la fecha tentativa de la firma, la cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a seis meses.

Si transcurrido dicho periodo no se ha firmado el convenio y ello es atribuible a alguno de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el titular de la secretaria o los representantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipales podrán solicitar a la autoridad competente aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos responsables en los términos de la legislación respectiva aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de abril de 2007.

Ciudadano Presidente, atentamente pido la inserción del texto original, completo, en el Diario de los Debates, ya que por cuestión de tiempo he leído una síntesis del mismo. He dado cuenta, diputado Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Alonso Mejía. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo ha solicitado el señor diputado Luis Alonso Mejía.

Tiene la palabra la diputada Mónica Fernández Balboa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de Ley para la Protección de las Madres Solteras.

La diputada Mónica Fernández Balboa: Con su permiso, señor Presidente. La suscrita diputada del PRD, en atención a los resolutivos de la Segunda Asamblea de la Convención Nacional Democrática, concretamente en lo tratado en la mesa denominada "El derecho a la felicidad", y en la que se concluyó la necesidad de la instauración de un estado de bienestar, de la elevación de la escolaridad y el mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley General para la Protección de las Madres Solteras.

La política social de nuestro país debe estar sustentada en derechos que beneficien a la mayoría de la población y en propiciar el desarrollo de aquellos grupos vulnerables que por sus condiciones y características les es difícil sobrevivir en este sistema político-económico que nos rige.

Estos derechos se desprenden de la legislación que cada Estado-nación, de acuerdo a su historia, idiosincrasia y necesidades específicas se da para sí.

Por eso como legisladora del PRD, comprometida con el pueblo mexicano, propongo la presente iniciativa de ley que beneficiará a un grupo de mujeres que han asumido la jefatura de su hogar.

Seis de cada diez madres son solas, se requiere de la intervención del Estado, ya que esta realidad aumenta día con día incrementándose el número de madres solteras, por lo que proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos naturales de cada ser humano.

Si la función de la maternidad reproductiva es la más importante en una sociedad, al dar origen a la esencia de una comunidad, que son sus individuos, deben las mujeres recibir el reconocimiento y el apoyo del Estado y la sociedad, no haciéndole pagar una supuesta falta que en todo caso es imputable al varón que la abandona, que la engaña o la falta de oportunidades de un sistema económico.

En México ha prevalecido la discriminación en diferentes ámbitos, como lo es el social, el laboral, el familiar, afectando de manera inmediata al género femenino que, si bien es cierto se ha ganado mucho en este ámbito en los últimos años, sigue existiendo discriminación y subyugación para este género, debido a que sus condiciones de iniquidad son el resultado de una sociedad ideológica, política y económicamente machista.

Si a la palabra madre le agregamos el calificativo de soltera o sola, la palabra torna de un término respetable a una expresión ofensiva en el criterio de una parte importante de los miembros de nuestra sociedad, surgiendo así una inexplicable contradicción social. A estas madres se le cierran u obstaculizan las puertas, en tanto que por su situación de vulnerabilidad es cuando más requieren de apoyo.

La materia de su protección debe tener un enfoque federal a efecto de que a todo lo largo del país, las madres solteras salgan del señalamiento hipócrita a un respaldo cierto en el marco de su dignidad. Al impulsarse lo anterior, también las hijas e hijos, desde la más tierna edad, encontrarán una viabilidad de una vida digna.

Esta iniciativa alude a aquellas mujeres, especialmente jóvenes, que sin el papel o acta de matrimonio ni el apoyo de un hombre, entran al mundo de la maternidad, ya sea de manera consciente y voluntaria o bien, forzadas mediante el engaño y la violación, por la falta de educación en métodos anticonceptivos, por la falla de éstos o por diversas circunstancias.

El apoyo a la madre soltera o sola debe ser mayor, pues debe sacar adelante su papel con doble o triple esfuerzo, en ocasiones, poniendo en riesgo su propia salud, seguridad y la de sus hijos, situación de vulnerabilidad que el Estado tiene la obligación de compensar en la medida de lo posible.

Es por lo anterior que la presente iniciativa va dirigida a las madres solas que por separación, viudez, divorcio, abandono, soltería, asumen en solitario las funciones de jefe de familia, las tareas domésticas, las responsabilidades en la educación y ser la única fuente de ingresos de la familia.

En el entendido de que lo primordial es crear caminos para permitirles acceder al principal derecho para su sobrevivencia, es que se presenta esta iniciativa mediante la cual se propone la creación de una ley para la protección de las madres solteras, a través de la cual se busca que éstas asuman en forma única y total el sustento económico de uno o más de sus hijos, que éstos tengan el derecho por parte del gobierno federal, a un apoyo económico diario, no menor al medio salario mínimo vigente en el Distrito Federal por cada hijo que se encuentre estudiando dentro de los planteles de educación básica o sean menores a los 5 años de edad.

Sabedora de que los recursos de que dispone el Estado son limitados, estamos proponiendo que este apoyo sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica, dirigiendo el gasto a las madres solteras que perciban dos salarios mínimos o menos; y la ayuda se distribuiría hasta que sus hijos alcanzaran una edad de 15 años.

Considerando que existen alrededor de 2.5 millones de mujeres que son madres solteras y, al mismo tiempo, perciben hasta dos salarios mínimos, el apoyo económico que se propone inicialmente, implicaría un gasto de 86 millones de pesos, aproximadamente, para el gobierno federal, lo cual constituye una meta alcanzable y no pone en riesgo en forma alguna el desarrollo económico de nuestro país.

Proponemos en esta ley una serie de requisitos para ser sujeto a este tipo de apoyo económico, como el que sean mujeres mexicanas que asuman el rol de jefas de familia y que hijos mayores a los cinco años de edad necesariamente se encuentre estudiando en algún plantel de educación básica y sean alumnos regulares de acuerdo a los planes y programas de estudio.

Esta iniciativa tiene como finalidad coadyuvar a ofrecer mayores alternativas para que las madres solteras puedan impulsar el desarrollo integral de sus hijos, en especial la educación; lo que implica mejores oportunidades para el futuro de esos niños, que el día de mañana serán el presente de México.

Asimismo, se propone como requisito que no exista o haya existido en los menores maltratos físicos, psicológicos y explotación económica o sexual, verificándose mediante estudios psicológicos y de trabajo social.

Finalmente, en esta iniciativa se establece la creación de estancias, en donde las madres solteras puedan encontrar resguardo por al menos un mes y adquirir atención médica, psicológica, legal y ser sujetas a programas de bolsas de trabajo y empleo temporal.

Esto es relevante, toda vez que la mayoría de las veces las mujeres se ven solas en el camino con el rechazo de su pareja y su familia y sin recursos para salir adelante, por lo que es necesario que el Estado les brinde una opción para hacer frente a sus dificultades.

El ignorar los factores antes mencionados, conlleva un gran riesgo para aumentar la exclusión de este sector social. Es obligación de las y los diputados de esta Honorable Cámara de Diputados y por el bien de todos, atender las necesidades de los más desprotegidos y el buscar asegurar un mayor apoyo económico de empleo, de vivienda, de salud, de corresponsabilización en tareas familiares, de los servicios de apoyo familiar, de cultura, educación y recreación de las mujeres solas en situaciones de marginación y vulnerabilidad.

Señor Presidente, esto es un resumen de la iniciativa, por lo que le ruego que la misma sea integrada al Diario de Debates completa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, compañera diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e insértese el texto de manera íntegra, tal como lo ha solicitado la diputada Mónica Fernández Balboa.

A petición del grupo parlamentario del PRI, se pospone la iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Tiene la palabra la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de Ley General de Mediación Familiar.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas: La institución social fundamental y la más universal, sin duda es la familia. La familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones, es el espacio primario de la responsabilidad social que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante incontingencias y amenazas.

Los asuntos familiares se caracterizan por su alto contenido afectivo, pero también por la existencia de causas generadoras de conflicto y a veces también de violencia, que en no pocas ocasiones deja sin amparo a los integrantes de la familia más vulnerable, como son los hijos, los ancianos y los discapacitados.

Por ello someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Mediación Familiar.

La presente ley está compuesta por 43 artículos, se circunscribe dentro de los métodos alternativos en la administración de justicia y su objeto principal es el promover y posibilitar el acceso a la actividad de mediación familiar como medio para la solución de los conflictos que surjan entre parientes consanguíneos o afines, entre progenitores o uno de ellos y sus hijos —incluyendo los adoptados— y en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja.

La presente ley estructura y organiza a los entes encargados de la aplicación de la mediación familiar y regula los principios, las bases, los requisitos y los procedimientos del proceso de mediación para la solución de conflictos, así como las obligaciones y responsabilidades de los sujetos encargados de su aplicación.

La ley define a la mediación familiar como un procedimiento extrajudicial y voluntario, en el cual un tercero imparcial debidamente acreditado, denominado "mediador familiar", que guía a las partes estableciendo comunicación entre ellos para que éstas encuentren por sí mismas la base de acuerdos justos, duraderos y estables, y al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos o poner fin a los ya iniciados o bien reducir el alcance los mismos.

A pesar de la diversidad de los conflictos que se presentan al interior de una familia, como pueden ser las herencias, la patria potestad, el abandono del hogar o demanda por alimentos, la mayoría de los conflictos familiares son por causa de divorcio. De acuerdo con cifras del INEGI, en México se registran actualmente 11.3 divorcios por cada 100 matrimonios. Los estados que presentan los indicadores más altos son Chihuahua con el 28.8 por ciento; Baja California con el 26.2 por ciento y Yucatán con el 23.4 por ciento.

El método de litigio judicial que incorpora un sistema de ataque y defensa e incluso de pruebas sobre aspectos muy íntimos de la familia, trae como consecuencia una profundización de conflicto. Es común que en el caso de divorcio, el abogado que tiene por principio la obligación de defender a su cliente, actué de manera desinteresada por la situación de la contraparte o del impacto que un determinado resultado podría tener en la familia.

Cuando se obliga a una persona a hacer algo en contra de su voluntad, sin tiempo de analizar las consecuencias, el matrimonio se disuelve de forma irreparable. En este sentido, la mediación es una posibilidad abierta para reducir el grado de conflictividad y atenuar los efectos emocionales en un problema familiar al inscribir el conflicto en un marco de cooperación en vistas no a la disolución de la familia, sino a su reorganización, entregándole a las partes la posibilidad de arreglar sus relaciones futuras.

La inclusión de los métodos alternativos de solución de controversias como vías de acceso a la justicia, constituye un pilar importante en la construcción de un sistema de justicia más humano, satisfactorio, económico, ágil y expedito.

El presenten proyecto de ley, establece la autonomía de la mediación, la cual tendrá lugar en tres momentos: antes de iniciarse un proceso judicial, durante su tramitación y una vez que haya recaído sentencia firme.

Para ello, se prevé la consecución de un convenio satisfactorio para las partes involucradas en conflicto, en orden a regular de común acuerdo los conflictos entre familiares, los efectos de la separación, divorcio, nulidad del matrimonio o bien la ruptura de la unión de pareja, así como los conflictos de convivencia en beneficio de la totalidad de los miembros de la unidad familiar.

Se establece la imposibilidad de mediación ante conflictos familiares que contravengan derechos irrenunciables, disposiciones de orden público o que afecten derechos de terceros.

La iniciativa propone la creación de registro de mediación familiar, dependiente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el que se inscribirán las personas que reúnan los requisitos de capacidad y aptitud para el desempeño de la función de mediador familiar.

Se establece que la duración de la mediación familiar no podrá exceder de seis meses, salvo que se acuerde, entre el mediador y los mediados, una prórroga de este plazo, la cual no podrá exceder de otros seis meses.

La Ley en comento establece también que toda persona con capacidad para obligarse y que enfrente un conflicto de naturaleza jurídica con algún familiar, tiene derecho a recibir información y orientación sobre la mediación familiar.

Compañeras y compañeros legisladores, la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, el abuso de los recursos que la Ley otorga para los procesos judiciales, la dilación de los juicios, el alto costo que implica el litigio, así como la insatisfacción social frente a la resolución judicial, la ineficiencia de la vía conciliatoria, entre otros, son factores que animan a la consideración y eventual aprobación de la presente iniciativa de ley.

La mediación familiar es una propuesta que está en auge en distintos países y que ya se comienza a practicar en algunos estados de la República Mexicana como son Querétaro, el Estado de México y Coahuila.

Representa una vía pacífica de solución de conflictos que en términos humanos de tiempo, recursos y costos, ha mostrado ser más eficiente que cualquier otro porque además de privilegiar la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad de las relaciones familiares reduciendo así la posibilidad de futuros litigios.

En la medida que se difunda, al ponderarse la responsabilidad de los involucrados en el arreglo de su conflicto ante la sociedad, ésta se proyecta como un medio capaz de generar una cultura pacificadora que recupera la posibilidad de una armónica convivencia entre familiares.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Mediación Familiar.

Señora Presidenta, en obviedad del tiempo y en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se publique el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Mirna Cecilia Rincón. Túrnese a la comisión de Justicia con opinión de las comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública. Insértese el texto íntegro, tal y como lo pidió la diputada, en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Señora Presidenta, son dos iniciativas, enlistada una de manera subsecuente, relativas a la Ley de Coordinación Fiscal. No sé si me permita en un solo evento exponerlas, en obvio de tiempo a esta Asamblea.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Seguramente esta Asamblea le agradecerá que en siete minutos presente las dos iniciativas, diputado. Muchas gracias.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Muchas gracias. Las iniciativas que hoy presento relativas al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal y al artículo 25 de la misma Ley, tienen que ver con el tema de la descentralización de los fondos destinados a los estados y a los municipios.

Iniciativas similares fueron presentadas en meses pasados. La Comisión de Hacienda y Crédito Público dictaminó el 16 de diciembre las mismas; sin embargo, no entró al fondo del asunto y dadas las condiciones de excepción en que aprobamos dichas reformas en diciembre pasado era poco probable entrar a un debate de fondo.

Por esa razón me veo obligado —por razones de congruencia e incluso de imperativo social en nuestros estados y de nuestros municipios— a reiterar ante esta Asamblea estas dos reformas que tienen que ver, una, en lo que concierne a establecer un monto equivalente al uno por ciento de la recaudación federal participable, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y distribuir el 50 por ciento a los municipios.

Si en algún tema de la política pública existe un mandato claro constitucional —artículo 21— de la competencia de los tres órdenes de gobierno en tan importante tema, es justo, compañeras, compañeros diputados, en el tema de la seguridad pública. Y estamos viendo lo que anunciamos desde meses pasados, que no afrontaríamos con eficacia el tema de la inseguridad si no involucrábamos a la célula de la administración del sistema político que es el municipio.

Por lo tanto, hoy reitero esa propuesta de modo que podamos avanzar desde la base misma de la sociedad en combatir a este flagelo. Si no lo hacemos dejaremos condiciones de incertidumbre, condiciones favorables a que las fuerzas ominosas del crimen organizado, del narcotráfico puedan inmiscuirse desde esas regiones y esos estratos territoriales de gobierno.

El otro tema tiene que ver con los pueblos y las comunidades indígenas. La propuesta que hicimos fue establecer en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal un nuevo fondo, que sería el Fondo de Aportaciones para los Pueblos y las Comunidades Indígenas. No lo hicimos y sí incorporamos el Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas; y la primer pregunta es, por qué un fondo sí y un fondo no.

Me parece, compañeras, compañeros diputados, que igual importancia y rango tiene el artículo 115 como el artículo 2o. de la Constitución. Estamos cumpliendo con el mandato del artículo 2o. de la Constitución General de la República, que ordena un programa o un esfuerzo adicional de todas las instituciones, de los tres órdenes de gobierno para atender a este sector de la población que nos da fuerza e identidad, pero que está definitivamente en la escala de la marginación social más baja.

La propuesta propone también que se establezca como un monto equivalente del Fondo General de Participaciones, de modo que no esté al arbitrio del Ejecutivo, o peor, al descuido de esta soberanía, el aprobar un año ciertos recursos y otro año no.

Quiero destacar que al cierre del Ejercicio 2006 la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas recibió, ejerció recursos ligeramente superiores a los siete mil millones de pesos; lo que aparece en el decreto de Presupuesto que aprobó esta soberanía son cinco mil millones de pesos. Nos han informado nuestros compañeros de las Comisiones de Asuntos Indígenas, de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, que hay dos mil millones adicionales que fueron negociados dentro de esas grandes bolsas, si bien no están inscritos en términos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se han publicado las reglas de operación. Quiero decirles que he recorrido todos los trámites para poder acceder a un proyecto de esta naturaleza y son verdaderamente impresionantes los trámites, los pasos, las dependencias federales, estatales, que intervienen para poder ejercer estos recursos; de modo que hoy reitero, compañeras, compañeros diputados, ambas propuestas.

Si realmente queremos avanzar en una democracia real e integral, si realmente queremos avanzar en el tema de transparencia, en el tema de federalismo, esta Asamblea está llamada —y el Congreso en su conjunto— a entrar a estos temas de fondo. Se aproxima ya la reforma hacendaria y quiero anticipar que no habrá una reforma hacendaria equitativa si sólo concentramos el tema en los ingresos tributarios y no logramos una redistribución de recursos entre los tres órdenes de gobierno.

De manera que dejo estas propuestas reiteradas que tienen el propósito de fortalecer la vida de la república a partir de la descentralización de recursos a los estados y de los estados a los municipios. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchísimas gracias, diputado Alberto Amador Leal. Túrnense las dos iniciativas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y publíquense íntegros los textos en el Diario de los Debates.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Quintero Bello, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el ponente y por el diputado Francisco Javier Plascencia Alonso.

El diputado Jorge Quintero Bello: Con su venia, diputada Presidenta. Los suscritos, diputados federales Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por tiempo obviamos la exposición de motivos y vamos directos a la iniciativa que modifica la Ley Federal del Trabajo, en que se reforman dentro de los artículos 151 diversos incisos, se derogan algunos y se adiciona otro y especificaré cada uno de ellos.

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que les permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por patrón y el sindicato o sus trabajadores.

Artículo 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que conforme al artículo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien, mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan.

Artículo 153-C. Se deroga.

Artículo 153-F. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación.

Podrá formar parte de los programas de capacitación, el apoyo o facilidades que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior.

Artículo 153-F-Bis. El adiestramiento tendrá por objeto

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar nuevas tecnologías en sus actividades;

II. Prevenir riesgos de trabajo;

III. Incrementar la productividad; y

IV. En general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores.

Artículo 153-H. Fracción I y II quedan igual.

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia laboral que sean requeridos.

Artículo 153-I. En las empresas que tengan más de 20 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, y serán las encargadas de vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento, así como de proponer los cambios necesarios, la organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las necesidades de los trabajadores y de los patrones. Estas comisiones podrán proponer las medidas acordadas por los comités sectoriales establecidos en el artículo 153-K con el propósito de impulsar la capacitación, elevar la productividad y garantizar el reparto equitativo de sus beneficios.

Artículo 153-J. Se deroga.

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a los patrones, sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas industriales o actividades, para que constituyan comités nacionales de productividad, capacitación y adiestramiento de esas ramas industriales o actividades, los cuales tendrán el carácter de órganos auxiliares de la propia secretaría.

Estos comités tendrán facultades en las respectivas ramas de industria o actividades para

I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad, impulsar la capacitación y el adiestramiento, proponiendo planes por rama, y vincular los salarios a la calificación y competencias adquiridas, así como a la evolución de la productividad de la empresa.

Fracción II. Igual.

Fracción III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad.

Fracción IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que permitan elevar la productividad.

Fracción VI. Igual.

Artículo 153-L. Se deroga.

Artículo 153-N. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se haya acordado establecer o, en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas ya implantados, así como las constancias que acreditan la capacitación y adiestramiento expedidas a los trabajadores.

Artículo 153-O y P, se derogan.

Artículo 153-Q. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Referirse a periodos no mayores de cuatro años, salvo la capacitación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 153-F.

Fracciones II, III, IV, V y VI quedan iguales.

Artículo 153-R. Se deroga.

Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento en los términos del artículo 153-N o cuando dichos planes y programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación un trabajador se niegue a recibir éste por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y el inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de competencia laboral o presentar y aprobar ante la entidad instructora el examen de suficiencia correspondiente.

Artículo 153-V. La constancia de competencia sobre habilidades laborales es el documento expedido por el organismo o por la persona capacitadora, con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación. Las constancias de que se trate surtirán plenos efectos, para fines de ascenso dentro de la empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.

Artículo 153-W. Se deroga.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de abril de 2007. Firman los diputados Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso.

Presidenta diputada, en vista de que fue resumido, pido se inserte íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jorge Quintero Bello. Inscríbase íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Octavio Fuentes Téllez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, suscritas por el ponente y el diputado César Duarte Jáquez.

El diputado Octavio Fuentes Téllez: Con su venia, señora Presidenta. Los que suscriben, diputados federales César Duarte Jáquez y Octavio Fuentes Téllez, en nuestro carácter de integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la iniciativa de reforma con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En México el sector comercio, según los datos del INEGI del año 2004, está formado por 3 millones 333 mil 435 unidades económicas las cuales proporcionan empleo a 11 millones 896 mil 682 personas. La organización de este sector a partir de las leyes de 1908 y 1933, se daba a través de las cámaras de comercio y las de la industria.

Asimismo no fue sino hasta la ley de 1941 cuando se dio valor a la importancia del pequeño comercio, señalando en ese ordenamiento específicamente en su artículo 10, que en los lugares donde existiera una Cámara Nacional de Comercio podría aprobarse a juicio de la secretaría, la constitución y funcionamiento de una Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, dejándolo bajo la tutela de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Concanaco.

Por otra parte, en 1996 el Ejecutivo federal remitió a la H. Cámara de Diputados la iniciativa de ley supletoria a la de 1941 llamada Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que entró en vigor el 1 de enero de 1997. Esta ley eliminaba la presencia de las Cámaras de Comercio en Pequeño, dejando su existencia a merced de un reglamento que no tendría la visión del legislador, sino la discrecionalidad del Ejecutivo.

En el año 2005 se reformó la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, lo que llevó a la desaparición de la posibilidad de formar cámaras de comercio en pequeño y además, en uno de sus artículos transitorios dio la facultad para que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Concanaco, fusionara las Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño, Canacope, con la Cámara Nacional de Comercio de su jurisdicción; por lo que se propició la desaparición de los organismos representantes de pequeños comerciantes.

Así, con la aprobación otorgada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, se demostró que su carácter obligado de representante de las Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño fue manejado en forma parcial y dolosa para beneficiar la Cámara Nacional de Comercio.

En razón de lo expuesto podemos observar que el comercio en pequeño carece de una representación adecuada y en consecuencia, es muy urgente que la actual Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones sea modificada, a efecto de que permita la constitución, funcionamiento y cámaras de comerciantes en pequeño, de modo que tenga su propia confederación, ya que éstas fueron creadas para que a través de ellas se canalicen los problemas o dificultades a las que hace frente este sector, el cual debe ser atendido a la mayor brevedad posible por ser una fuente de empleo, generadora de un alto porcentaje al producto interno bruto de nuestro país, además de representar en más de la mitad toda la actividad comercial que desarrollamos los mexicanos. Por otro lado, en muchos casos los emprendedores no son voluntarios sino consecuencia de la competencia de la industria por discriminación o simplemente por despido.

De igual forma puede afirmarse que este sector siempre ha estado en el olvido, sin seguridad social ni incentivos, careciendo de créditos para sus negocios con jornadas de trabajo promedio de 14 horas los 365 días del año y sin posibilidad de tomar vacaciones, además de siempre estar en la expectativa para no ser víctimas de robo ni asalto.

Al comercio en pequeño le corresponde ser más que un generador de empleo, un receptor de desempleo, por lo que de acuerdo con su papel natural debería desempeñar un papel fundamental en el tejido social.

Por esto el comercio en pequeño debe contar con un organismo que lo represente ante las autoridades y la sociedad económica, además que lo defiendan de una legislación fiscal complicada para que de esta forma pueda sobrevivir ante las grandes cadenas comerciales.

Así pues que la importancia de que se adicione otro estatus a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones radica en la posibilidad de proteger a todos aquellos comerciantes en pequeño, dando la oportunidad de que se reinstaure la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio en Pequeño, Conacope, para ayudar al sano crecimiento del pequeño comercio, así como el beneficio que representa que las ganancias obtenidas por los comerciantes en pequeño se queden en el país, lo que no sucede con las grandes cadenas trasnacionales, las cuales mandan su utilidad al extranjero.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Cámara, la iniciativa de reforma con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el artículo 2o., fracción VI y se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por…

VI. Confederación. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Confederación de Cámaras de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos.

Artículo 10 Bis. En los lugares donde funcione una Cámara de Comercio, podrá aprobarse además, a juicio de la Secretaría, la constitución y funcionamiento de una Cámara de Comerciantes en Pequeño. Estas Cámaras están sujetas en todo, a las disposiciones de esta ley.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firman, diputado Octavio Fuentes Téllez y diputado César Horacio Duarte Jáquez.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Octavio Fuentes Téllez. Túrnese a la Comisión de Economía.

Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, para presentar iniciativa que deroga los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros legisladores, los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; sometemos a consideración de este Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se derogan los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; misma que se fundamenta y motiva en las siguientes

Consideraciones

La libertad de expresión representa en nuestro país no sólo un derecho fundamental, sino que se ha erigido como un pilar fundamental de la convivencia civilizada. El México independiente ha construido esta garantía individual consagrada por la Carta Magna, al mismo tiempo que consolidó las instituciones que la hacen posible.

Salvaguardar el derecho de los mexicanos a expresar y publicar sus ideas, sin ser afectado por cualquier tipo de inquisición o censura, debe ser una prioridad para todos los mexicanos, pero principalmente para los legisladores.

Testimonio de ello son precisamente las recientes reformas del Código Penal Federal, por las que se derogan los delitos de difamación y calumnia; así como correlativas reformas al Código Civil Federal, para que cualquier lesión al honor o reputación sean resarcidas por la vía civil —por cierto, el día de mañana el Presidente Felipe Calderón Hinojosa promulgará el decreto que deroga tales artículos.

La defensa de la libertad de expresión no ha sido un camino fácil, sobre todo porque en diversos momentos de nuestra historia, particularmente en la época de los movimientos armados, quienes ejercieron el poder político pretendieron vulnerar esta garantía individual.

México surgió como nación en la tercera década del siglo XIX. Con frecuencia olvidamos que como todo país en formación, en esos primeros años nuestro país carecía de un andamiaje jurídico sólido y su normatividad se nutría de las leyes inspiradas en los usos y costumbres de la época colonial y de las más avanzadas ideas liberales, cuya influencia más notable es la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

La inestabilidad política del momento motivaba entonces que a los acusados por delitos de imprenta se les juzgase como criminales de la peor peligrosidad y que las penas alcanzaran incluso a impresores y papeleros, calificados de cómplices, a pesar de tener sólo un papel incidental en la elaboración y distribución de escritos considerados como subversivos; aun cuando se tratara sólo de textos críticos al poder o a la norma imperante.

En este sentido, y no únicamente en los albores de nuestro nacimiento como nación, sino también en nuestra etapa de consolidación como Estado independiente, era común que al amparo de disposiciones de naturaleza penal, los gobernantes en turno aplicaran todo el rigor de la ley, a aquellos que se atrevían a discrepar respecto de su formar de gobernar, inhibiendo de esta manera lo más sagrado de todo gobierno que se precie de ser democrático: la facultad de disentir, el derecho inalienable a expresar sus opiniones.

Al respecto, es importante señalar que las instituciones republicanas tienen como su mejor defensor al periodismo, porque se instituye, en la mayoría de los casos en portavoz de la opinión pública, la plena reintegración de la libertad de expresión en la Constitución de 1917, puede considerarse como uno de los mayores triunfos que pudo alcanzar el pueblo mexicano en su evolución política. En esta época se expide precisamente la Ley de Imprenta que hasta la fecha nos rige.

Así las cosas, en nuestro sistema jurídico la libertad de expresión, de manera genérica, se encuentra tutelada por los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General.

Varios fueron los ordenamientos jurídicos y documentos que dispusieron en su texto la necesidad de respetar el derecho de expresión, así como de establecer límites al mismo.

Esta garantía aparece de manera explícita por primera vez en la Constitución de 1857 en su artículo 6o. del que literalmente y sin afectarlo pasa a ser parte textual de la Constitución de 1917.

Lo mismo sucede con el artículo 7o. que consagra la libertad de imprenta, hasta entonces único medio de publicitar las ideas, que fue modificado en el año de 1883 al introducir la figura del jurado popular destinado exclusivamente a juzgar los delitos de la prensa. El Constituyente de Querétaro lo elimina y retoma el texto original de 1857.

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948, se cristaliza la evolución de la doctrina sobre el derecho de expresión y se reconoce la necesidad de proteger no solamente el ejercicio del derecho del sujeto que manifiesta sus ideas, sino también de tutelar el derecho que tiene el sujeto que recibe dicho mensaje, toda vez que la desinformación o tergiversación de la misma es tan nociva para el desarrollo pleno del ser humano, como la represión del derecho de expresión.

Ahora bien, conviene apuntar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, al interpretar la prohibición de censura previa contenida en este instrumento internacional, que la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidades para quien lo haya cometido y que el hecho de establecer una sanción de índole penal, actúa como una especie de mecanismo de censura previa al limitar dicho ejercicio por la amenaza del inicio de un proceso penal con las consecuencias que ello conlleva.

En efecto, es de advertirse que la Ley sobre Delitos de Imprenta, a la postre reglamentaria de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General, no obstante que dada su génesis normativa es considerada preconstitucional, no puede negarse que forma parte de nuestro marco jurídico vigente, tal como lo han resuelto en diversas ocasiones los órganos del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, y como se ha mencionado, con la finalidad de brindarle efectividad a las reformas aprobadas por esta soberanía respecto de derogar delitos de calumnias y difamación del Código Penal Federal, se propone el siguiente proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 1o. y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

Artículo único. Se derogan los artículos 1o. y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta para quedar de la siguiente forma. Ley sobre Delitos de Imprenta, quedando derogados los artículos 1o. y 31 de la misma.

Ésta es la motivación que nos lleva a presentar hoy esta iniciativa que se presenta a la consideración de esta honorable Asamblea. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María del Pilar Ortega Martínez. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Violeta del Pilar Lagunas Viveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También la misma diputada presentará posteriormente otra iniciativa respecto de la reforma al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros diputados. Como todos ustedes saben, el artículo 71 de la Constitución General de la República otorga únicamente el derecho para iniciar leyes, al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y también a las legislaturas de los estados.

Sabemos que conforme al principio de división de poderes, el Estado mexicano en nuestro sistema federalista divide sus funciones en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; sin embargo, aunque cada poder tiene típicamente una de esas atribuciones, los otros poderes lo ayudan en menor o en mayor grado, tal es el caso del procedimiento legislativo.

El procedimiento para la formulación de leyes no se agota en la presentación de una iniciativa, sino que, con posterioridad a ésta, todos sabemos se realiza la discusión en la Cámara correspondiente, la aprobación, sanción, promulgación y publicación de la misma, según sea el caso, iniciando su vigencia dentro del plazo señalado en ésta.

En este proceso no solamente interviene el Poder Legislativo sino que el Ejecutivo tiene derecho de iniciativa de ley e interviene también en la sanción, promulgación, publicación de la ley y en la ejecución de la misma cuando es competente, para tal efecto tiene, inclusive, el derecho de veto.

Por igualdad de razón, el Poder Judicial también debía estar facultado para presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, lo que no ocurre en la actualidad, a pesar de que existen diversos antecedentes respecto de dicha atribución inclusive en anteriores legislaturas, varios de nuestros compañeros han presentado iniciativas relacionadas con el tema.

Entre los antecedentes que han estado vigentes en el Estado mexicano tenemos a la tercera de las leyes constitucionales de 1836; el voto particular formulado por el diputado José Fernández Ramírez; el primero y segundo proyecto de la Constitución Política de la Revolución de 1842, las bases orgánicas de 1843.

Asimismo, en sus diferentes constituciones varios países contemplan el derecho de iniciativa para el Poder Judicial, tal es el caso de Noruega, España, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Panamá, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Guatemala.

En el mismo sentido, cada uno de ustedes sabe que en diferentes entidades federativas existe este derecho, a veces muy amplio para el Poder Judicial de los estados, a veces limitado a la ley orgánica de este Poder y a veces a los procedimientos jurisdiccionales.

Las razones principales por las que algunos constitucionalistas consideran que el Poder Judicial no debe tener esta facultad es porque, según su dicho, atenta contra el equilibrio entre poderes, señalan que el Poder que está facultado para aplicar la ley no debería de concurrir e intervenir en su formación, lo que generaría una confusión entre el diseño de la norma y su aplicación concreta, manifestando que precisamente ahí descansa el principio de la división de poderes.

Los anteriores razonamientos son contradictorios con la realidad, ya que el hecho de que el Poder Judicial pueda iniciar leyes y también ejecutarlas, no implica una invasión de esferas, y lo estamos viendo precisamente en el caso del Poder Ejecutivo.

Quién mejor que el órgano que se encarga de ejecutar las leyes, para poder presentar iniciativas, señalando cuáles son las lagunas, cuáles son los procedimientos que pueden mejorarse en la ley que es materia de su competencia.

Por otro lado, tenemos que la Suprema Corte de Justicia desde su creación ha demostrado que es un órgano calificado en las materias propias de su competencia, debido al constante ejercicio que tiene como máximo tribunal de la República, en su interpretación y en su aplicación, para resolver cada uno de los asuntos que se le someten a su consideración, y también en la elaboración de la jurisprudencia.

Tampoco puede considerarse que el Poder Judicial tenga plena autonomía, mientras no esté facultado para presentar iniciativas de ley para regular su organización, estructura y funcionamiento.

Por último, es innegable la alta calidad técnica y de experiencia de los ministros del máximo tribunal de nuestro país, en tal virtud, además de las razones de equilibrio entre poderes, existen motivos de interés público de la nación, para dotar de facultades en la materia al más alto tribunal de la federación, seguramente con su propuesta oportuna incida en el mejoramiento de la legislación en materia de justicia, lo que es relevante en la actualidad, ya que uno de los mayores cuestionamientos que realiza la ciudadanía a los juzgadores es que dicten sus resoluciones apegándose en leyes muchas veces obsoletas, injustas, e inclusive, inconstitucionales.

Ahora bien, por razón de especialización, dicha facultad de iniciar leyes debe circunscribirse a la materia de procedimientos jurisdiccionales de la competencia del Poder Judicial Federal y a su organización, estructura y funcionamiento, ya que en esa área es de esperarse que surjan iniciativas de alta calidad profesional y realizadas con las necesidades prácticas que surgen en el momento oportuno.

Por lo anteriormente argumentado y expuesto, someto a la consideración de esta Cámara, la siguiente

Iniciativa de decreto, que adiciona y reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.a III. …

IV. Al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de las leyes que establezcan procedimientos jurisdiccionales.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones en las mismas, pasarán desde luego a comisión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si prosigue con la siguiente iniciativa, diputada, por favor.

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Gracias, señora Presidenta.

Por otra parte, también dentro de la Carta Magna, el artículo 97 otorga diferentes facultades de investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este artículo ha tenido tres reformas: las de 1977, 1987 y 1994; sin embargo, nunca en esta reforma se ha tocado sustancialmente la facultad de investigación de un hecho o hechos que constituyan una grave violación a las garantías individuales.

En la actualidad sabemos que esta facultad de investigación de la Suprema Corte no se encuentra reglamentada por ninguna ley correspondiente. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han intervenido en tres ocasiones; la última todavía no se ha resuelto, es la facultad de investigación que está realizando en el caso de Lydia Cacho

Para seguir el procedimiento correspondiente, ellos no cuentan con ni un solo procedimiento, ni siquiera en la exposición de motivos, en la fecha en que se creó —en 1917— esta facultad, se señalaron las pautas, las garantías mínimas que debían observarse, y menos aún, los términos.

Se ha asemejado esta figura con algunas que existen a nivel internacional, inclusive con el juicio de amparo; sin embargo es muy diferente en cuanto a sus características. Yo considero en lo personal, que más bien viene siendo una facultad de investigación que todavía se dejó.

Recordemos que hasta 1900 tanto el procurador como el fiscal pertenecían al Poder Judicial, ya sea federal y estatal; a raíz de esta reforma pasó a formar parte del Poder Ejecutivo y estas facultades de investigación, todavía se dejaron tres de ellas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo considero así también, por el discurso que dio Venustiano Carranza el 1 de diciembre de 1916 con motivo de la Constitución General de la República que rige hasta la actualidad.

Por citar algunos ejemplos, no se encuentra regulado qué debe entenderse por violaciones graves a las garantías individuales; tampoco todos los supuestos de procedencia de este tipo de investigación, el procedimiento a seguir; tampoco si existe un tiempo para que prescriban estas facultades de investigación. ¿Cómo debe de entenderse en este caso la investigación respecto a otras investigaciones que realizan otros órganos y si debe de considerarse en estos supuestos que existe cosa juzgada o no? ¿Cuándo debe de seguirse esta investigación por oficio, por ejemplo, tratándose de hechos denunciados por el jefe de gobierno del Distrito Federal?

Por otra parte, es una facultad discrecional. Todavía en la quinta época los ministros de la Suprema Corte consideraban que debería ser de oficio. En la novena época se ha considerado que es discrecional. Las facultades discrecionales siempre tienen que tener una regulación, precisamente por toda la falta de certeza que puede generar esta discrecionalidad.

Deben especificarse cada una de las etapas del proceso de investigación: los términos correspondientes a cada uno de ellos, las garantías mínimas necesarias para la conservación de la materia de la investigación y para evitar cualquier daño o menoscabo en los derechos de las personas y las instituciones.

Es una facultad de investigación que constituye un control de la constitucionalidad de los actos de autoridades, que incide directamente en la protección de las garantías individuales de las personas, por lo que pretendemos que esta medida se inscriba como una acción importante que contribuya hacia el perfeccionamiento de nuestras instituciones.

Debe aclararse además su finalidad: cuáles son las partes, quién es el investigador, la forma y el fondo del dictamen y expresarse que es un control inductivo.

Por esta razón compañeros, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 97 de la Constitución General de la República.

Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue

Artículo 97. … La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá la facultad de averiguación de los hechos que constituyan una grave violación a alguna garantía individual prevista en el párrafo anterior, conforme a las disposiciones establecidas en la ley reglamentaria que expida el Congreso de la Unión.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Túrnense las dos iniciativas a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Extinción de Dominio.

El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso de la ciudadana diputada Presidenta de la Mesa Directiva y de los integrantes de la misma, la fracción parlamentaria de Convergencia presenta ante este Pleno, en esta fecha, una propuesta para poder dar un marco legal a las expropiaciones que se han hecho de forma reciente y tal vez de manera indebida por no existir en nuestro marco jurídico una disposición para la extinción de dominio.

Por eso, la fracción de Convergencia en esta LX Legislatura establece que existen urgentes necesidades en un México cada vez más amenazado por la circulación de bienes y capitales de dudoso origen.

Estas modificaciones no únicamente se refieren al artículo 22 sino a una Ley Federal para la Extinción de Dominio que contempla estas disposiciones. Esta Ley Federal de Extinción de Dominio consta de 16 artículos y forma parte de esta iniciativa que la fracción parlamentaria de Convergencia pone a consideración de esta Legislatura.

En su artículo 1o. se establece que se entiende la extinción de dominio como la pérdida de este derecho a favor del Estado sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.

Su artículo 2o. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial sobre los bienes o recursos que:

1. Provengan directa o indirectamente de una actividad delictiva.

2. Hayan sido utilizados como instrumento, objeto, o que sean producto de actividades delictivas o sean destinadas a éstas.

3. Provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directa o indirectamente en actividades delictivas.

4. Teniendo una procedencia lícita, hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia.

El artículo 3o. de esta Ley Federal de Extinción de Dominio, establece: Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por bienes sujetos a extinción de dominio todos los que sean susceptibles de apropiación o que sobre ellos puedan recaer derecho de propiedad. Igualmente lo serán todos los frutos y rendimientos de tales bienes.

En cuanto a la acción de extinción del dominio, el artículo 4o. que se propone en esta Ley Federal de Extinción de Dominio, contempla la acción de extinción como una naturaleza jurisdiccional y procederá contra quien aparezca como titular de cualquier derecho real, principal o accesorio, sobre los bienes comprometidos o contra quien esté ejerciendo posesión sobre los mismos o contra quien se diga tenedor de cualquier título.

Artículo 5o. El Ministerio Público de oficio deberá iniciar la acción cuando concurra alguna de las causales y cualquier institución, ya sea pública o privada y todas las personas físicas o morales, deberán informar de la existencia de bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio.

Podrán los organismos internacionales dar noticia para el inicio de la acción de extinción de dominio, siempre y cuando estén habilitados por tratados o convenios de colaboración celebrados con el gobierno de México y ratificados por el Senado de la República.

Artículo 6o. La acción de extinción de dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal. La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las disposiciones de la presente Ley. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

En el artículo 7o., la fracción parlamentaria de Convergencia propone que en ningún caso se podrán afectar derechos de propietarios o poseedores de buena fe. En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el debido proceso, permitiendo al afectado presentar pruebas, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes y ejercer el derecho de defensa y réplica que la Constitución Política consagra.

También se contempla que durante el procedimiento se garanticen y protejan los derechos de los afectados, en particular los siguientes:

1) Aprobar el origen legítimo de su patrimonio y de los bienes cuya titularidad se discute.

2) Aprobar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales que sustentan la acción de extinción de dominio.

3) A demostrar que, respecto de su patrimonio o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la acción, se ha producido una sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada por identidad, respecto a los sujetos, al objeto y a la causa del proceso.

Esta Ley Federal que se propone busca que los afectados con ocasión de la acción de extinción de dominio no comparezcan personalmente, la autoridad competente ordenará su emplazamiento en los términos del artículo 12o. de la presente Ley Federal de Extinción de Dominio; y si pasados dos meses de efectuado el emplazamiento el afectado no se hace presente, se entenderá consumada la negativa a hacer válidos sus derechos y se le considerará rebelde en el juicio, siendo objeto de la acción de extinción de dominio. En tal caso, el juez reconocerá el abandono de los bienes o recursos en favor del Estado, dando por concluido el proceso.

También esta Ley Federal contempla el inicio de esta acción de extinción de dominio en cuanto a que el procurador General de Justicia del lugar donde se encuentre el bien o el recurso, que cumpla con las características del artículo 2o. de esta presente Ley; o bien, el procurador General de la República, para el caso de delitos federales, los cuales directamente o a través de los Ministerios Públicos locales o federales, realizarán la investigación correspondiente dando a los jueces competentes para dictar la sentencia de extinción de dominio, todos y cada uno de los elementos que demuestren el proceder de la acción de extinción de dominio.

Todos estamos preocupados por el incremento de la delincuencia en nuestro país; todos debemos estar comprometidos para crear nuevos ordenamientos y disposiciones que permitan a las autoridades en le país, tanto estatales como federal, poder combatir al narcotráfico pero con acciones que estén contempladas en nuestro marco legal. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Esteva Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Montalvo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Citricultura.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidenta. Los productos básicos y estratégicos son todos aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones. También abarcan los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales.

Estos productos señalados en el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable constituyen la canasta básica agropecuaria, representando el conjunto de productos generados por el campo que tienen la doble cualidad de constituir alimentos indispensables para la población y que también forman la base mínima para alcanzar la soberanía agropecuaria.

El Constituyente Permanente determinó incluir los productos estratégicos y básicos del campo en la referida ley como una manera de que constituyan los puntos de referencia para destinar a ellos de manera especial los planes, programas, políticas y recursos suficientes para incrementar su productividad; asegurar que siempre estén al alcance de la población y que constituyen el núcleo básico de la acción directa del Estado, principalmente para garantizar condiciones equitativas y su protección frente a la competencia que implican la apertura comercial y la posible penetración de productos agropecuarios de otros países hacia el mercado internacional.

La ley señala los productos constituidos por 11 alimentos que son: maíz, caña de azúcar, frijol, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovino, porcinos, aves y pescado. Lamentablemente la canasta básica, que es un referente para el control de la inflación y un indicador confiable de lo que consumen los mexicanos, derivado de la aplicación de la Encuesta Ingreso-gasto de los hogares mexicanos, permite identificar un patrón sociológico en donde paulatinamente la población sustituye los alimentos nutritivos por otros que incluso, pueden producir daños a la salud.

Debemos señalar que hay otros alimentos que están cotidianamente en la mesa y el gusto de la población, además de que forman parte importante del sistema productivo agropecuario y que no están contemplados entre el grupo de productos que integran la canasta agropecuaria básica y estratégica.

Es el caso de la naranja, que se consume diariamente en las diferentes presentaciones naturales o industrializadas, como jugo, fruta, aderezos, mermeladas, suplementos alimenticios, entre otros, tanto por la mayoría de los mexicanos como —sin temor a equivocarnos— por la generalidad de los habitantes del planeta.

Las frutas ocupan el segundo lugar en la pirámide nutricional, debido a que estos alimentos contienen una fuente rica de vitaminas y minerales, aportan una cantidad muy baja de calorías, permitiendo que su consumo pueda ser ilimitado. Por ello se recomienda consumir, sobre todo, frutas frescas y jugos naturales.

Inclusive en el caso de la industria refresquera y de bebidas envasadas, se recomienda disminuir la cantidad de sodio y azúcar y elevar la proporción de jugo de fruta natural, para armonizar el desarrollo industrial con hábitos más saludables.

La naranja es producida a todo lo largo y ancho del país, siendo el estado de Veracruz el que mayor producción obtiene, 203 mil 768 toneladas en enero de este año. Nuestra capacidad de producción es muy alta; se obtienen cosechas de más de tres mil 500 millones de toneladas, de las cuales se industrializan sólo 500 millones de toneladas, a pesar de que la demanda es elevada en todos los mercados.

La naranja es uno de los productos que ofrece una amplía ventaja competitiva tanto por la cantidad como por la calidad, satisfaciendo los requerimientos del mercado nacional e internacional, que son cada vez más exigentes.

Asimismo, es un alimento que tiene amplias posibilidades de desarrollarse de frente a las ventanas de oportunidad que tiene abiertas México como único país que ha suscrito tratados de libre comercio con todas las regiones y con un amplio número de países en términos bilaterales.

La naranja tiene una amplia aceptación por su gusto, pero también por su aporte a la salud. En el siglo XX se descubrieron las virtudes de la vitamina C y esto significó su consagración definitiva. Esta categoría de vitamina es necesaria para producir colágeno, sumamente importante en el crecimiento y reparación de las células y los tejidos; las encías, vasos, huesos y dientes. También es útil para la metabolización de las grasas, por lo que se le atribuye el poder de reducir el colesterol tan importante en las sociedades modernas por el incremento de la ingesta de grasas saturadas y la expansión del sedentarismo.

La naranja es una fruta que contiene vitamina C, permite combatir problemas circulatorios, resfríos, así como reducir en cáncer en el estómago. Además, contiene pequeñas vitaminas: B1, B2, B3, B5, B6 y E; por ello es ampliamente recomendable consumirla para el bienestar del ser humano.

Adicionalmente, señalamos que estudios recientes indican que su consumo es útil para las personas que padecen diabetes tipo 1 o insulino-dependientes, ya que una naranja eleva el azúcar y ayuda a prevenir una hipoglucemia.

Por esas consideraciones que abarcan razones productivas, sociales, económicas, de comercio internacional, desnutrición y de salud, nos parece que es viable incorporar a la naranja como uno de los productos agropecuarios básicos y estratégicos que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo que redundará en amplios beneficios para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de nuestro país.

Esta iniciativa con proyecto de decreto propone adicionar la fracción XII del artículo 179 de dicha ley.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Único. Se adiciona una fracción, la XII, al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 179. ...

Fracción XII. Naranja.

Transitorios

Primero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá integrar y publicar un programa específico para el desarrollo y la producción de la naranja, con visión de sustentabilidad económica y social, a los 60 días naturales de la publicación de este decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.

Rubrican los integrantes de la Comisión Especial de Citricultura, y la suscribe el diputado Antonio del Valle Toca, Juan Adolfo Orcí Martínez, José Luis Blanco Pajón, Cuitláhuac Condado Escamilla, José Manuel del Río Virgen, David Lara Compeán, Íñigo Antonio Laviada Hernández, María de Jesús Martínez Díaz, Irineo Mendoza Mendoza, José Guadalupe Rivera Rivera, Odilón Romero Gutiérrez, Ramón Salas López.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado Pedro Montalvo. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

La siguiente iniciativa se pospone y había sido suscrita por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD.

Esta Presidencia recibió del diputado Faustino Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo para que se exhorte a las autoridades competentes del estado de Morelos, adopten medidas necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las mujeres y niñas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

También se recibió del diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal realice un estudio sobre las condiciones climatológicas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la clasificación de la tarifa eléctrica respectiva. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió también del diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial encargada de analizar la viabilidad de instaurar un marco legal que homologue las pensiones del IMSS y del ISSSTE. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió del diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal incremente los esfuerzos realizados en materia de apoyos gubernamentales a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Túrnese a la Comisión de Economía.

Se recibió del diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoria Superior de la Federación lleve a cabo una auditoria respecto de los recursos federales que integran la cuenta pública del ejercicio fiscal 2006 en el estado de Puebla. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Se recibió del diputado Mario Mendoza Cortés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda condone el pago del IVA de energía eléctrica y gas a los productores de tortilla. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió de la diputada Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario Alternativa, punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Salud a fin de que explique las políticas públicas de dicha Secretaría en materia de salud productiva. Túrnese a la Comisión de Salud.

Se recibió de la misma diputada Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario Alternativa, punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Se recibió del diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a legislar respecto del formato de los informes que rinden los gobernadores y presidentes municipales. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se recibió del mismo diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a los presidentes municipales modifiquen el formato del informe de gobierno con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y entrega a los miembros del ayuntamiento. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se recibió del mismo diputado punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados modifiquen el formato del informe de gobierno con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y entrega a la legislatura local. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Por último, se recibió del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud a fin de que, de manera conjunta, realicen acciones para instituir la Semana Nacional de la Cultura de la Protección a los Animales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Salud.

Estas fueron proposiciones que presentaron los diputados para sólo turno, lo cual agradece esta Presidencia.

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del gobierno del estado de Michoacán atiendan la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa a los sucesos ocurridos en la Siderúrgica Sicartsa, en el Municipio de Lázaro Cárdenas.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La suscrita, María del Carmen Salvatori Bronca, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a aceptar y acatar la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a los sucesos ocurridos el pasado 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la Siderúrgica Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con base en las siguientes consideraciones.

Los mexicanos fuimos lastimados por los hechos del 20 de abril de 2006, en los que dos personas perdieron la vida y más de 54 resultaron gravemente heridas, derivado del enfrentamiento entre fuerzas de seguridad pública federal y local con los trabajadores de la empresa Siderúrgica Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Aquellos sucesos fueron un grave llamado de atención sobre las deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia y la incapacidad para resolver los conflictos por la vía del diálogo. Fuimos testigos del uso de la fuerza pública sin limitaciones constitucionales.

Es momento de recordar el pensamiento certero del juez español Jorge Agustín Ruiz que dice, "quien olvida su historia está condenado a repetirla". No condenemos el futuro de México a la historia olvidada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó en su Recomendación 037/2006, la violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad física y a la vida. En síntesis, se destacó el abuso de la fuerza pública, el uso de armas, la inexistencia de la orden de un juez y la mala coordinación del operativo.

Sin lugar a dudas la recomendación de la CNDH aporta elementos positivos para la eficiencia judicial y la procuración de justicia; su transmisión adecuada al ejercicio responsable de las autoridades se sumará al complejo normativo de la reforma del Estado.

Asegurémonos de que las fuerzas del orden público tengan una capacidad de calidad. Demos un seguimiento al deslindamiento de responsabilidades. Velemos porque se reparen los daños y perjuicios de las personas afectadas.

Sabemos que la Secretaría de Seguridad Pública no aceptó la Recomendación de la CNDH y que el gobernador del estado de Michoacán sí lo hizo y está atento al cumplimiento, a satisfacción, de la misma.

Es por ello que me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública Federal a aceptar y acatar la Recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a los sucesos ocurridos el día 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la siderúrgica Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María del Carmen Salvatori. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese. Tiene la palabra el diputado Humberto Dávila Esquivel. Sonido a la curul de la diputada Mónica Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente. Solamente para solicitarle, si tiene a bien pedir verificación de quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Dávila. Pido a la Secretaría abra el registro electrónico hasta por 10 minutos para verificar el quórum.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En tanto, tiene la palabra el diputado Humberto Dávila Esquivel, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a las Comisiones de Energía de ambas Cámaras, retome los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera, para la explotación y aprovechamiento del gas metano.

El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El suscrito, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia o urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La explotación del carbón mineral trae consigo la liberación de gas metano, elemento que debe ser ventilado por ser altamente flamable y tóxico. Sin embargo, en México, al no existir una legislación que regule el manejo de este gas, da margen a que lo expulsen a la atmósfera a través de bombas de aspirado; medida que implica riesgos, pues la falla de estas bombas tiene como consecuencia que se concentre el gas y ocurran lamentables accidentes.

El ejemplo más reciente de ello lo vimos en febrero de 2006, cuando la exposición por acumulación de gas en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, quitó la vida a 65 mineros.

El gas metano es un elemento altamente energético y puede ser aprovechado para uso, tanto doméstico, como industrial. Sin embargo, ante la falta de regulación, se libera a la atmósfera con los consecuentes daños al medio ambiente, pues el metano ocupa el segundo lugar como causante de efecto invernadero.

Como se observa, sin una legislación adecuada seguiremos desperdiciando un valioso energético y contribuyendo de manera irresponsable al calentamiento global.

México está obligado a reducir las emisiones que contribuyen al efecto invernadero, conforme al Protocolo de Kyoto, firmado en Japón el 11 de diciembre de 1997 y aprobado en México por la Cámara de Senadores.

De acuerdo con las cifras presentadas por el panel intergubernamental sobre cambio climático, la concentración de metano en el último siglo se ha incrementado en 151 por ciento y en último informe de México se revela que tan sólo en tres años, del total de las emisiones contaminantes, una cuarta parte correspondió al metano.

Es urgente que tomemos medidas para contribuir a cuidar el medio ambiente y preservar para las nuevas generaciones un mundo en el que puedan disfrutar de un ambiente sano. Es irresponsable que nos mantengamos pasivos, ante un asunto que requiere atención inmediata.

En virtud de lo antes expuesto es inaplazable que en las Comisiones de Energía de ambas Cámaras se retome la discusión para tener una ley minera que evite el desperdicio económico de un recurso no renovable, evite más pérdidas humanas y contribuya a cuidar el medio ambiente.

En consideración de lo anterior, presentó, a nombre de Nueva Alianza ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

Único. Se exhorta a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores a retomar los trabajos sobre las modificaciones de la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Humberto Dávila. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias, las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Joel Guerrero Juárez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal informen acerca de los programas y acciones emprendidas para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque.

El diputado Joel Guerrero Juárez: Con su permiso, señor Presidente. Someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, mediante el cual se solicita a las dependencias del Ejecutivo federal envíen a esta Cámara su propuesta de programa para los pueblos que viven en el bosque.

Esto en razón de varias cuestiones. Proárbol, que es un programa que nosotros autorizamos y al cual le pusimos recursos, está excluyendo en sus reglas de operación a todos aquellas personas que viven en el bosque y que tienen posesión de una hectárea, dos hectáreas, un cuarto de hectárea o a propiedades pequeñas que no entran al programa.

Entonces esto ha hecho que los objetivos principales de este programa, entre otros, excluyan y dejen en la pobreza a la gente que esté en estas condiciones.

Estas reglas de operación han hecho que los pueblos que viven en el bosque, que son poco más del 15 por ciento de la población; es decir, estamos hablando de cerca de 100 mil comunidades, poco más de 15 millones de habitantes y el 80 por ciento de los bosques y selvas de nuestro país, además, pertenecen a ejidos y comunidades y tienen en sus manos gran parte de la diversidad biológica, que eso es algo importante.

Dos terceras partes de la gente que vive en nuestros bosques, es pobre y depende de los recursos forestales para subsistir.

Algunos municipios indígenas presentan grados de desarrollo similares a los de los países más pobres de África. Y está demostrado que los habitantes del bosque son los mejores guardianes de este recurso, por lo que la conservación es fundamental.

De ahí que decidiéramos en la Comisión Especial de Pueblos que Viven en el Bosque, presentar este punto de acuerdo que dice:

Primero. Se solicita a las dependencias del Ejecutivo federal, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de Reforma Agraria, informen a esta Cámara de Diputados sobre los programas y acciones concretas emprendidas para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que modifique las reglas de operación de los programas forestales, a fin de atender las necesidades de los pueblos que viven en el bosque y tienen menos de dos hectáreas.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de sus dependencias correspondientes elabore un programa especial de atención a los pueblos que viven en el bosque.

Firman este punto de acuerdo el diputado Joel Guerrero, del PRI, diputado Juan Victoria Alva, del Partido Acción Nacional, diputado Isidro Pedraza Chávez, del PRD. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Joel Guerrero Juárez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. No habiendo oradores consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese. Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 356 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Berber Martínez del grupo parlamentario, del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo para que a través de la Semarnat haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida las 300 hectáreas ubicadas en Uruapan, Michoacán.

El diputado Antonio Berber Martínez: Muchas gracias, con su venia, diputado Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, el que suscribe, diputado federal Antonio Berber Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La subcuenca del río Cupatitzio forma parte de la cuenca hidrológica del río Balsas, que es la cuenca más importante del Pacífico mexicano, en esta subcuenca se encuentran comprendidos los municipios de Paracho, Nahuatzen, Tingambato, Salvador Escalante, Tacámbaro, Turicato, Ario de Rosales, La Huacana, Nuevo Urecho, Gabriel Zamora. Taretan, Uruapan, Ziracuaretiro, Múgica, Parácuaro y Nuevo Parangaricutiro en el estado de Michoacán.

En el manantial Arroyo del Diablo nace el río más importante de la región, el río Cupatitzio, que representa un recurso natural básico para las actividades de la región y destaca en importancia por el desarrollo económico que genera, gracias a los abundantes recursos naturales que en dicho río se obtienen se potencia el motor de la actividad económica de la comarca.

Por el valor que reviste el río Cupatitzio en esta región y su importancia en la derrama económica en cuanto a actividad agrícola, pesquera, hidroeléctrica y turística, se encuentra en este momento decretado como parque nacional. Debido a la belleza del lugar, la cuenca del río Cupatitzio también es motivo de importante recepción turística nacional e internacional, que representa uno de los más importantes ingresos en la economía de la región.

Hoy en día se presenta un riesgo latente en la preservación de la cuenca del río Cupatitzio, debido a la posibilidad de la entrada en marcha de un proyecto de desarrollo urbano ubicado en las demarcaciones de esta región, estoy hablando de la solicitud de cambio de uso de suelo que presentó la autoridad municipal, por parte del predio denominado Aurora Boreal.

Este predio consta de una extensión de 7 hectáreas y forma parte de las 300 del predio denominado El Zapién, este proyecto de desarrollo urbano representa un grave riesgo para el manantial que da vida al río Cupatitzio, por tratarse ésta, de una zona de filtraciones, escurrimiento alimentador de dicho manantial.

Asimismo, en caso de verse establecida esta zona urbana, las capas de suelo se compactarían provocando que el agua se orientara hacia otro lado, con la amenaza de poner en riesgo la vida del río Cupatitzio, lo anterior provocaría igualmente una situación de peligro para el abasto de agua de todas las poblaciones que subsisten gracias a este manantial.

De acuerdo a lo contemplado con el programa vigente de desarrollo urbano en el centro de la población de Uruapan, Michoacán, el predio en el que se quiere desarrollar este centro urbano se localiza en una zona de conservación ecológica por lo cual resulta muy delicado que se autorice el establecimiento de este fraccionamiento ya que podría representar una punta de lanza para que una vez autorizada dicha obra en estas siete hectáreas, se continúe con la construcción desmedida en las 300 hectáreas restantes que se encuentran en el mismo lugar.

Reconocemos y apoyamos el absoluto derecho de todos los mexicanos a tener acceso a una vivienda digna y decorosa; sin embargo, también es cierto que todas las autoridades tienen la obligación de velar por el pleno respeto a nuestro entorno ambiental y a la naturaleza.

Recuérdese que es una de nuestras responsabilidades como legisladores velar por impedir la decadencia y degradación de los ecosistemas, sobre todo en estos momentos en que la naturaleza nos está haciendo un fuerte llamado de atención para que no la ataquemos más.

Así la preservación, cuidado y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos constituyen una cuestión incuestionable para todas las autoridades por tratarse de un tema de interés nacional.

Por todo lo anteriormente vertido, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida a las 300 hectáreas ubicadas al norponiente de la ciudad de Uruapan, en la extensión denominada El sapien.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del estado de Michoacán, a que realice por cuenta propia un estudio de impacto ambiental del proyecto en desarrollo urbano en comento, que pretende efectuarse en la subcuenca del río Cupatitzio.

Tercero. Se exhorta al municipio de Uruapan a no autorizar el cambio de uso de suelo para efectos del proyecto de desarrollo urbano en Aurora Boreal.

Compañeras y compañeros diputados, espero contar con su comprensión y apoyo. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado, Antonio Berber. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución… A ver, sonido a la curul del diputado José Orihuela.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): Presidente, solamente para solicitar, consulte al orador si aceptaría que me adhiera a su propuesta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sí la acepta, diputado Orihuela. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión y ha solicitado la palabra el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Con su permiso, señor Presidente. En este punto de acuerdo, considera eje principal la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico con relación al crecimiento urbano. En él se ejemplifica, en el caso de Uruapan, Michoacán, cómo la mancha urbana avanza sobre tierras agropecuarias o forestales.

Se puede afirmar que ninguna ciudad del país escapa a esta situación ya que en ellas la demanda de la población por tener vivienda es lo cotidiano. Muchas veces esta demanda sacrifica al ambiente, sin pensar en las consecuencias, no sólo inmediatas, sino también a futuro.

Ante esta situación, sin duda alguna, nosotros como legisladores tenemos que promover acciones para armonizar nuestra forma de vida con el entorno. Siempre nos debe preocupar que hayan denuncias de posibles daños ambientales ante alguna nueva actividad humana.

En este caso se nos señala sobre los posibles perjuicios ecológicos en un predio de 7 hectáreas para un desarrollo urbano denominado Aurora Boreal en Uruapan. Ahí se pretende realizar la construcción de un nuevo conjunto habitacional. Se nos dice que este predio forma parte de 300 hectáreas de un predio denominado El Zapién o Taximácuaro y se localiza en la zona de conservación ecológica.

Derivado de lo anterior se nos pide que exhortemos a la Semarnat para que en ese predio, de El Zapién o Taximácuaro, se realicen los estudios necesarios para ser un área natural protegida. También se nos dice que hay que exhortar a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del gobierno del estado de Michoacán, para realizar por cuenta propia el visto bueno de la universidad estatal, a realizar un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de desarrollo urbano que se quiere realizar.

Finalmente se exhorta al ayuntamiento de Uruapan a no autorizar el cambio de uso de suelo para efectos del proyecto urbano del predio denominado Aurora Boreal.

En un principio diríamos sí a todo. Queremos buscar la mejor solución para el desarrollo urbano de Uruapan y el medio ambiente. La Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas puede evaluar que el área de El Zapién o Taximácuaro pueda ser protegida. También que el gobierno estatal evalúe los desarrollos urbanos en el área de la universidad.

Quiero pedirle a la señora Presidenta que me conceda un minuto adicional para terminar mi exposición.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Si queremos pedir congruencia entre el decir y el hacer, no pretendan hacer responsable de esta problemática a un nuevo ayuntamiento de Uruapan que no es del PAN, pues resulta que no es el desarrollo de Aurora Boreal la punta de lanza para acabar con el predio El Zapién o Taximácuaro, como se señala en el punto de acuerdo presentado por el diputado de Acción Nacional.

La punta de lanza es de quienes han estado en los últimos nueve años autorizando fraccionamientos en dicha área de El Zapién o Taximácuaro, que son los anteriores ayuntamientos de Uruapan gobernados por el PAN. Ellos generaron los precedentes que colocan en una situación complicada al actual ayuntamiento.

En el año 2001, el 14 de diciembre se autorizó en dicha zona el conjunto habitacional Paseos de Taximácuaro por el director de Desarrollo Urbano municipal. Fue el primer pellizco de 8.2 hectáreas al área que dicen se requiere proteger. Fue la punta de lanza que dice el punto de acuerdo.

En el año 2002 se autorizan dos desarrollos habitacionales más por el gobierno municipal: El Pedregal San Miguel de 5.1 hectáreas y El Zapién por 3.4 hectáreas, ambos bajo la presidencia municipal de la señora María de Jesús Doli Murguía.

Un cuarto desarrollo habitacional en la misma área, denominado De la Santa Cruz se autoriza en el año de 2004. Su superficie es de 14.1 hectáreas y es bajo la presidencia municipal del ingeniero Prisciliano Jiménez Rosales, también del PAN.

Sólo estas cuatro autorizaciones suman un total de 30.8 hectáreas, el 10 por ciento de lo que se pretende proteger.

Por ello insistiríamos que en el artículo 2o. se realice una evaluación del impacto ambiental de todos los desarrollo habitacionales autorizados en el área de El Zapién. Queremos saber el grado de afectación que éstos han originado y, en su caso, mitigarlos.

El artículo 2o. propuesto debe decir: se exhorta a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del estado de Michoacán, a realizar por cuenta propia y con el visto bueno de la universidad del estado, un estudio en su conjunto, de impacto ambiental de los desarrollos habitacionales ya autorizados, así como de aquellos proyectos de desarrollo urbano en trámite de autorización, ubicados en el área de El Sapien, en Uruapan, Michoacán.

Igualmente, se incorpore un artículo cuarto en el punto de acuerdo, que solicite al Honorable Ayuntamiento de Uruapan, realice una investigación sobre el procedimiento de cómo se autorizaron estos desarrollos habitacionales en un área señalada como zona de conservación ecológica, y si los responsables contravinieron la normatividad establecida.

El artículo cuarto propuesto dice: Se exhorta al Honorable Ayuntamiento de Uruapan para que en el ámbito de su competencia realice una investigación sobre las posibles conductas irregulares en el procedimiento para otorgar las autorizaciones de los desarrollos habitacionales ubicados en el área El Sapien y que se señalan como zona de conservación ecológica, en Uruapan.

Es cuanto, muchas gracias señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Entiendo, diputado Fausto Fluvio Mendoza, que está usted proponiendo otra alternativa a la que se presentó o quiere…

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Una modificación en su artículo segundo y la propuesta del artículo cuarto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado Berber. Por favor le dan sonido. Diputado Tomás del Toro.

El diputado Tomás del Toro del Villar (desde la curul): Muchas gracias. Compañero diputado, yo, en atención a su propuesta sí me gustaría mantener, dado que son tiempos diferentes, dado que son temas en lo particular diferentes, me gustaría mantener mi propuesta como punto de acuerdo y esperar el respaldo de esta soberanía y en su defecto, que el diputado Fausto suscribiera un punto de acuerdo con la particularidad que él está proponiendo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No acepta el proponente los cambios que está haciendo el diputado Fausto Fluvio Mendoza. Diputado Fausto, ¿usted acepta presentar este punto aparte o quiere que se someta a votación en este momento? Porque tendremos que someterlo a votación, si acepta la Asamblea la modificación que usted propone.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Con todo respeto, yo no acepto la propuesta del compañero diputado Antonio Martínez Berber, dado que yo estoy solicitando que se modifiquen estos artículos, porque la punta de lanza... hacen aparecer que el Ayuntamiento de Uruapan está contraviniendo disposiciones de tipo ecológico o que pueden causar problemas de tipo ecológico en esta zona...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado…

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: … siendo que cuatro fraccionamientos anteriores fueron autorizados, por eso la modificación cabe; cabe para que se haga la investigación por las autoridades correspondientes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Fausto Fluvio Mendoza, esta Mesa Directiva le sugiere presentar el punto aparte; que se inscriba en el orden del día para que se pueda presentar y votar como corresponde en Reglamento. En este momento estamos discutiendo la propuesta que ha presentado de origen el diputado que le antecedió en la palabra y va a ser votada esa proposición.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Entrego mi propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. Diputado va a ser agendada en la próxima sesión su punto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición de origen presentada por el diputado Antonio Berber Martínez, del grupo parlamentario del PAN.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se acepta la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada; comuníquese. Tiene la palabra el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico con visión cultural y turística.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda: Con su permiso, diputada Presidenta. Recientemente fuimos todos testigos, por los medios de comunicación nacional, durante la visita del presidente George Bush a México, estaba junto al Presidente de la República mexicana, en donde en el fondo de la imagen se veían las zonas arqueológicas de Mérida, Yucatán, Chichén-Itzá y Uxmal. Ahí podemos demostrar la enorme calidad que representa la cultura de México hacia el mundo.

Por eso me permito presentar este punto de acuerdo que presentan los diputados Emilio Gamboa Patrón y su servidor, Fernando Moctezuma Pereda, para solicitar el impulso a proyectos de desarrollo arqueológico con visión cultural y turística.

En México el turismo cultural tiene una larga tradición, originada por el amplio número de museos, zonas arqueológicas y monumentos históricos con que cuenta el patrimonio histórico nacional.

De acuerdo con información del INEGI se tienen 153 zonas arqueológicas abiertas al público en la República mexicana. Son una pequeña muestra que evoca la grandeza de nuestras raíces y la potencialidad que ofrecen para nuestro futuro.

México tiene grandes posibilidades para competir con éxito en el turismo cultural internacional, a través del fortalecimiento turístico de su patrimonio arqueológico; sin embargo, para acceder a un mercado turístico cultural no es suficiente contar con un patrimonio cultural, sino que es necesario desarrollar un sistema turístico que soporte un nuevo papel de ese patrimonio.

Si continuamos desaprovechando nuestra riqueza arqueológica o considerándola un mero referente histórico, así como bienes de ornato, estaremos renunciando a potenciar una riqueza que pocos países en el mundo tienen.

En muchas zonas arqueológicas prevalece el abandono, la maleza perniciosa, el tráfico de piezas históricas e inclusive acciones inverosímiles basadas en la necesidad y la ignorancia, como el hecho de que los restos de muchos monumentos se emplean como cimientos para casas en esas regiones, sin pensar en el daño patrimonial del país. Es increíble, pero aprecian más los extranjeros nuestras raíces que los propios mexicanos.

Y quisiera hacerles una pregunta a todos los compañeros que hoy nos acompañan en el Pleno y algunos nos están viendo en las comisiones o en lugares por los monitores. Quisiera preguntarle a cada uno si ya fueron capaces de destinar un minuto de su tiempo para votar en la página de internet y para ser preciso en la www.newsietewonder.com, en donde se decide en dos meses más cuáles serán las Siete Maravillas del mundo.

Y les quisiera checar cuántos han ido a votar para ver si nuestra cultura es distinguida a nivel mundial como una de esas Siete Maravillas. Hasta el día de hoy aparece Chichén-Itzá entre las Siete Maravillas del mundo y ni siquiera hemos sido capaces, quienes fuimos a promover el voto, de tener un voto a favor de esta propuesta que se está llevando a nivel mundial.

Yo retaría a cada uno de ustedes que me dijera quién ha ido a votar en esta página para ver si es capaz de votar por México en esta maravilla.

Quiero decirles que estamos compitiendo con el Coliseo Romano, Machu-Pichu, las Pirámides de Egipto y muchas otras más que pueden ustedes consultar porque el tiempo aquí es limitado y quisiera que me concedieran ese minuto más, como lo hicieron con el anterior, para decirles que sería lamentable que los diputados de este país se quedaran sin poder votar y contribuir con la cultura que tanto requiere de apoyo.

Hay ocasiones en que una simple fachada de un templo en San Antonio, Texas, tenga más visitantes que nuestras maravillas que tenemos en México. Que un mexicano no conserva una fotografía de una zona arqueológica en su niñez o con algún centro educativo en el que participó.

Y nos falta precisamente que seamos capaces de asignar patrimonio y presupuesto. Y es por eso que Emilio Gamboa y un servidor solicitamos en este punto de acuerdo que la Secretaría de Educación Pública, la de Turismo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con la Comisión respectiva de Presupuesto, destinen mayores recursos en esta próxima oportunidad.

Un solo ejemplo, en la zona arqueológica de Tula, el presupuesto que se tiene para investigación es de un millón de pesos anuales. Tendríamos que esperar 25 años más para rescatar el viejo Tula de la zona arqueológica.

Ojalá señores diputados volteemos a la cultura que es un patrimonio que podemos explotar para ingresos propios en las comunidades. Celebro que estemos la mayoría en esta reunión y espero que los medios de comunicación no chequen en las páginas de Internet, porque viene la confirmación por diputado, quienes participaron para votar por una de la maravillas culturales que tenemos en el país. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Fernando Moctezuma Pereda. Sí, diputado Alfonso Suárez del Real. Le dan sonido por favor.

El diputado Alfonso Suárez del Real (desde la curul): Gracias, Presidenta. En cuanto al punto de acuerdo, el punto primero y segundo, quisiera yo adherirme a este punto de acuerdo presentado por el diputado y solicitarle se sirva a bien turnar también este punto de acuerdo a la Comisión de Cultura, toda vez que se trata de un asunto relacionado con el patrimonio arqueológica de nuestro país.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Turismo, con opinión de la Comisión de Cultura. Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputada Presidenta. La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que, en el ámbito de sus facultades, instrumente lo necesario para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, bajo los siguientes

Antecedentes

Los resultados de la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas intervienen en todos los aspectos de la sociedad moderna. En materia de ciencia y tecnología, México se encuentra extraordinariamente rezagado con un aparato científico y tecnológico pequeño, mal distribuido y poco vinculado al apoyo de las actividades económicas del país.

El Distrito Federal es sin duda una región importante en el avance de la ciencia y la tecnología del país, toda vez que su territorio alberga una gran cantidad de centros académicos de estudio e investigación, que fortalecen en gran medida la producción de investigadores y personas dedicadas a la ciencia, que coadyuvan al desarrollo de este rubro en el país.

En la ciudad de México se ha excluido la inversión en investigación científica y tecnológica, toda vez que en el Presupuesto de Egresos de 2003 únicamente se destinaron 5 millones 490 mil 219 pesos, como apoyo y fomento a la inversión en desarrollo tecnológico.

Con fecha 28 de marzo de 2000 se publicó, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, con la cual se creaba al instituto como un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es asesorar y auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la fijación, instrumentación y evaluación de la política de ciencia y tecnología en la ciudad. Así como ser medio de vinculación con los centros e institutos de investigación públicos y privados.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respondía a la necesidad de contar con un centro de investigación que atendiera las diferentes problemáticas en la Ciudad de México. De ahí la importancia de crear este instituto en el Distrito Federal, que funcione como órgano asesor del Jefe de Gobierno y de las diferente secretarías para llevar a cabo los programas de investigación que tienen que ver con la ciudad de México.

De conformidad con el artículo primero transitorio de dicha ley, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal debió de iniciar operación el 2 de enero del año 2001; para lo cual las autoridades competentes debieron realizar todos los actos y trámites necesarios para iniciar su operación.

En abril de 2003 y en junio pasado se hicieron algunas reformas a la ley de creación del Instituto.

La primera, a propuesta del partido Acción Nacional, para añadir a las funciones del nuevo organismo, la de incentivar a los investigadores que presenten inventos susceptibles de aplicación industrial o de mejoras técnicas.

La segunda, otra vez, para precisar las funciones del Instituto y el procedimiento para el nombramiento de sus funcionarios y también para puntualizar en artículos transitorios, que a más tardar en octubre del año pasado estarían nombrados los funcionarios, se establecerían los recursos en el Presupuesto de Egresos de este año y el dos de enero de este año, estaría en operación.

En el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, al Instituto de Ciencia y Tecnología le fue otorgado un presupuesto de 100 millones de pesos para iniciar su operación. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad Casaubón, designó a la doctora Esther Orozco Orozco, como titular del mismo.

Después de casi cinco años para que el gobierno de la Ciudad dotará de recursos al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal es de imperiosa necesidad que el Ejecutivo local instrumente los mecanismos necesarios para que dicha entidad inicie sus actividades.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el punto de acuerdo único, que exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus facultades, instrumente los mecanismos necesarios para que se instale e inicie sus operaciones el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María Gabriela González Martínez. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal. Tiene la palabra el diputado Enrique Rodríguez Uresti, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan con la normatividad en materia de seguridad e higiene.

El diputado Enrique Rodríguez Uresti: Con su permiso, Presidenta. El suscrito, Enrique Rodríguez Uresti, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.

El compromiso de la LX Legislatura es claro, su interés de intervenir y coadyuvar para resolver los problemas de distinta índole que vulneran los derechos y el bienestar de la población, que reclama que el Estado proporcione certeza jurídica, social y laboral en el sano desarrollo de las diferentes actividades. Sin embargo, parece que no hay la acción de la autoridad para cumplir con su objetivo y en este caso, quiero referirme a la industria del gas licuado de petróleo.

Y me desperté por el ruidoso motor de un camión y olor a gas, junto a la ventana, un despachador de autotanque llenaba cilindros de gas apuradamente. En mis recorridos por el III distrito, en el estado de San Luis Potosí, he recibido una sentida y urgente petición de la población, el cumplimiento de las normas de seguridad en el reparto del gas doméstico.

Es inaceptable que el llenado de los tanques de este gas se realice del autotanque al cilindro en plena calle, sin que los repartidores del mismo tengan ninguna medida de seguridad, exponiendo y arriesgando la integridad de los ciudadanos.

Me han manifestado también —y a simple vista se puede observar— que el equipo de distribución no cumple con los requerimientos mínimos de seguridad, autotanques viejos con partes desgastadas, cilindros de gas con gran deterioro, que por más exhortos de la autoridad para sustituirlos, las empresas hacen oídos sordos, dejando en la indefensión al ciudadano.

Basta citar que en días pasados por un autotanque en malas condiciones se suscitará un accidente en la capital del estado y por la oportuna intervención de los cuerpos de seguridad y el Ejército, no pasó a mayores.

Es importante señalar que en la mayoría de los municipios no existe la infraestructura en materia de Protección Civil para atender de manera oportuna un siniestro de esta naturaleza.

No se debe medrar con la necesidad de la sociedad, no se debe permitir que las empresas del ramo por maximizar sus ganancias, pongan en riesgo a sus trabajadores y a la población.

Es muy lamentable que no aprendan de accidentes fatales, por ejemplo, Pasta de Conchos, que se pudo prevenir al apegarse a la normatividad en la materia.

Debemos evitar que nuevamente suceda una tragedia. La ciudadanía nos lo demanda, el Legislativo debe cumplir.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte de manera urgente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar inspecciones para verificar que las empresas de gas cumplan en materia de seguridad e higiene, apegándose a los lineamientos establecidos para su buen funcionamiento, que permita garantizar seguridad y no poner en riesgo la salud ni la vida de los ciudadanos y sus trabajadores.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a que los cilindros de gas cumplan con las normas de calidad para ser usados sin riesgos para la población, así como verificar el respeto al precio oficial de venta.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Enrique Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Esta Presidencia hace un llamado respetuoso para que todos los diputados se sujeten al acuerdo que aprobamos sobre el tiempo.

Tiene la palabra la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Salud apliquen medidas para prevenir la anorexia y la bulimia.

La diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez: Con su permiso, señora Presidenta. Estimados diputados. El tema que hoy voy a tratar es de suma importancia para nuestra sociedad y exige una respuesta inmediata.

Lamentablemente las diputadas que me antecedieron con el mismo tema, y yo, tuvimos que esperar desde el 15 de febrero que se publicaron los puntos de acuerdo hasta esta semana, para plantearles esta situación.

Asimismo, me es grato constatar que las tres principales fuerzas políticas de la Cámara están a favor de apoyar a las personas que padecen de trastornos alimenticios. Y por lo anterior, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, presento este punto de acuerdo.

La suscrita diputada federal de la LX Legislatura, Claudia Gabriela Caballero Chávez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta honorable Asamblea el punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Salud, para que apliquen las medidas necesarias para prevenir la anorexia y la bulimia, además de atender a las mujeres que padecen de dichas enfermedades, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos

En estos momentos la vida de muchas mexicanas depende de nosotros, de sus representantes; y esto no es una broma, me refiero al infierno que muchas de ellas sufren al padecer anorexia o bulimia.

Hace unas semanas las televisoras mexicanas transmitieron reportajes sobre anorexia y otros trastornos alimenticios y ahí pasaron algunos testimonios de personas que sufren los padecimientos de este mal; un mal que puede llevar a la muerte.

Ahí, hubieron muchas mujeres que se atrevieron a dar su testimonio ante las cámaras. Así también hay muchísimas más a quienes les cuesta admitir su situación, pero que en su interior nos piden a gritos ayuda para poder seguir adelante.

Como ustedes ya saben, la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que busca la pérdida de peso y que es provocada por el propio enfermo evitando ingerir alimentos. Mientras la bulimia consiste en la necesidad imperiosa de ingerir grandes cantidades de comida y una vez que se termina de comer, la persona afectada aplica ciertos mecanismos de autorrepulso.

Por diversos estudios realizados, se ha observado que el 95 por ciento de los que sufren estas enfermedades son mujeres jóvenes, siendo las más afectadas las que tienen entre 14 y 18 años de edad. La moda, la belleza y el culto al cuerpo, mal entendidos, están matando a nuestra juventud mexicana, por lo que debemos hacer algo y debe de ser urgente.

Yo veo con mucha preocupación la tendencia que existe en la juventud de bajar de peso hasta llegar a la talla cero, copiando los prototipos de las edecanes que salen en las pasarelas y en los comerciales, además que es preocupante la difusión que se le ha dado a los productos cuyo objetivo es pesar menos y reducir las tallas, pues contribuyen a la creación de una sociedad dispuesta a hacer todo, incluso poner en riesgo su vida con tal de verse mejor.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente

Punto de acuerdo de urgente resolución

Primero. Que la Secretaría de Gobernación establezca los lineamientos con el fin de evitar que las modelos que desfilan en pasarelas y salen en los anuncios televisivos no estén extremadamente bajas de peso.

Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública realice un ciclo de conferencias en las escuelas de educación básica, media y media superior, instruyendo a los jóvenes sobre las consecuencias de estas dos enfermedades.

Tercero. Que la Secretaría de Salud inicie una campaña publicitaria para informar a la población sobre las consecuencias de la anorexia y de la bulimia, con el fin de prevenirlas.

Cuarto. Que la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos estatales establezcan clínicas especializadas para la atención gratuita de las mujeres que padecen dichas enfermedades. Es cuanto, señora Presidente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Claudia Gabriela Caballero. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera el punto de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se consulta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, Secretario. No habiendo diputados inscritos para el punto consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se consulta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada; comuníquese. Esta Presidencia quiere hacer la observación de rectificar el turno que se dio a la propuesta del diputado Enrique Rodríguez Uresti, toda vez que estaban inscritos de urgente resolución, por lo tanto se va a someter a su votación. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera la propuesta que presentó el diputado Enrique Rodríguez Uresti de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada; comuníquese. Tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al área de Comunicación Social de las cámaras de Diputados y de Senadores a fin de que realicen la difusión de los acuerdos que se logren.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, los medios de comunicación en nuestro país juegan un papel de suma importancia, injerencia y responsabilidad para la difusión en múltiples ámbitos. Todos estos se encuentran debidamente supervisados por la Secretaría de Gobernación, dando cumplimiento al artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, misma que señala la función de contribución que tienen los medios procurando, cito textualmente:

Uno. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares.

Dos. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.

Tres. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana, y

Cuatro. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacional.

En el año de 1960 se aprueba la utilización de los tiempos fiscales y oficiales que se refieren al impuesto que pagan los concesionarios de radio y televisión por el uso del espacio radioeléctrico que es propiedad de la nación y año con año —dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación— existe un monto designado a comunicación social de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los estados.

En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se aprobó en el artículo 18 la designación de los recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión a los poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y las entidades.

La sociedad mexicana es consciente del compromiso que tenemos como legisladores y, por ley y obviedad, tienen derecho a estar informados de las actividades que realizamos como sus representantes. Esta es y debe ser la función del área de comunicación social de nuestros respectivos recintos legislativos.

De esta forma, se encuentra constatado en el mismo artículo 18 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, indicando que los tiempos fiscales sólo podrán destinarse a actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades, así como las actividades análogas que prevean las leyes aplicables.

Todo el país ha sido testigo de que tanto en esta Honorable Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores han emprendido una campaña de difusión social, en donde dichas campañas eminentemente carecen de un verdadero sentido en cuanto a difusión de las actividades y en lo que se refiere a promoción.

Sin duda, compañeras y compañeros diputados, es importante que demos a conocer nuestro quehacer legislativo con hechos, con acciones, procurando que la difusión que emprendan las respectivas áreas de comunicación social sean a la vez promotoras de los acuerdos a los que llegamos mismos que impactan directamente la vida diaria de los millones de mexicanos que están al tanto de los medios de comunicación.

De esta forma estaríamos, además de apoyar el artículo 5o. de la misma Ley Federal de Radio y Comunicación, logrando fortalecer los valores que tenemos los mexicanos y las necesidades de lograr un México más equitativo, con una mejor convivencia social gracias a los acuerdos y acciones concretas que tengamos los legisladores tanto como podrían ser los derechos de los niños, acciones tomadas en contra de la violencia infantil, de mujeres, etcétera.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito poner a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Exhortar al área de Comunicación Social de esta Cámara de Diputados y al área de Comunicación Social de la Cámara de Senadores para que, conforme a las bases establecidas en el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, los programas y campañas, la difusión que realicen, sea enfocada a los acuerdos que logremos, mismos que habrán de reforzar los valores y la justicia social que se busca en estos recintos legislativos.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Carlos Eduardo Felton González. Túrnese a la Mesa Directiva.

Esta Presidencia les vuelve a hacer la observación del tiempo, toda vez que vamos a terminar hasta las seis de la tarde precisamente para avanzar en los puntos y hubo un acuerdo con respecto a él. Les pedimos de manera respetuosa, podamos sujetarnos para poder avanzar lo más posible.

Tiene la palabra el diputado Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca, diseñen programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec.

El diputado Jorge Toledo Luis: Con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

La actividad pesquera en el país está atravesando por una difícil situación en donde la falta de una política nacional de planeación del sector, por lo menos en la última década, ha motivado que la abundancia de los recursos pesqueros con los que contamos, en su mayoría se hayan venido hacia la baja en su manejo comercial.

Asimismo, la falta de apoyos y estrategias por parte del órgano rector de la actividad, han propiciado que los pescadores de todo el país, principalmente el sector social de la pesca, se encuentren en una situación desesperada, con grandes carencias y con un marcado abandono.

En el caso del sector social de la pesca en el estado de Oaxaca, es un clamor el que la autoridad pesquera, es decir la Comisión Nacional de Pesca, tome cartas en el asunto y se involucre de manera comprometida a encontrar las soluciones que aquejan al sector.

La costa oaxaqueña vivió un conflicto muy agudo entre el sector social pesquero tanto de la costa como del Istmo, donde se tienen registradas 72 sociedades cooperativas. Estas sociedades pesqueras y personas afectadas están demandando la delimitación de las zonas de pesca de las embarcaciones de altura, principalmente los barcos atuneros que utilizan la zona de los litorales costeros de poca profundidad, en donde normalmente realizan sus faenas de pesca y ellos realizan sus pescas comerciales.

El conflicto acarreó como consecuencia graves enfrentamientos en los que inclusive se presentaron agresiones físicas, destrucción de equipos y artes de pesca e inclusive disparos de arma de fuego.

Por estos motivos, es imperante que se lleve a cabo la aplicación inmediata de lo que promueve la nueva Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable aprobada en este Pleno el pasado mes de diciembre, en la que en su Título Sexto, artículos 36, 37 y 38 se establecen los instrumentos de la política pesquera como los programas de ordenamiento pesquero, que buscan contar con la lista exhaustiva y actualizada de los usuarios de la región.

La pesca de atún es tradicionalmente una pesca oceánica en aguas continentales o internacionales a considerable distancia de las costas y no tienen limitaciones ni de zona ni de temporada; sin embargo, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-04PES-201 de la captura incidental de los organismos juveniles, de atún aleta amarilla y patudo, que establece las tallas mínimas de captura del atún aleta amarilla, equivalente a cuatro kilogramos de peso y 60 centímetros de longitud, lo cual no debe exceder el 10 por ciento de la captura en cada viaje.

Es importante que se evite que se vuelva a presentar un conflicto social pesquero, como lo suscitado el pasado mes de febrero en el estado de Oaxaca, ya que esto acarrea un clima de encono y de inestabilidad para los pescadores ribereños de esta entidad.

Por lo anterior, me permito poner a su consideración la siguiente proposición

Punto de acuerdo

Único. Que de acuerdo a las facultades de este Pleno exhorte a la Sagarpa, a la Semarnat, la Conapesca y al Instituto Nacional de la Pesca para que modifiquen la Norma Oficial Mexicana NOM EM 04 PES 201, donde se establecen las reglas de operación de la flota atunera de altura para restringir las operaciones de pesca y su acercamiento a una distancia de 50 millas náuticas de las costas, con el fin de evitar el daño a las poblaciones de tortuga marina, mantarrayas y ballenas, así como la competencia desleal que ejercen sobre las embarcaciones sobre los pescadores ribereños del Golfo de Tehuantepec. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jorge Toledo Luis. Túrnese a la Comisión de Pesca.

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat verifique los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez: Con su permiso, señora Presidenta. Miguel Ángel Jiménez Godínez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a verificar, mediante la Semarnat, los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur.

El municipio de Loreto está localizado en el Mar de Cortés, en la mitad del sur de Baja California, el territorio del municipio de Loreto comprende aproximadamente cuatro mil 311 kilómetros cuadrados, con 270 kilómetros de costa, incluyendo las islas. Alberga aproximadamente 15 mil personas, de las cuales el 80 por ciento viven en la ciudad de Loreto, el resto de la población vive en 130 rancherías y otras 21 comunidades pesqueras y ganaderas.

Loreto es el asentamiento colonial más antiguo de las Californias y es conocido por su belleza natural, tanto que el famoso explorador francés Jacques Cousteau llamó al Golfo de California, el Acuario del Mundo, por ser uno de los cinco ecosistemas marinos con mayor diversidad y productividad del planeta.

La riqueza de este lugar se encuentra amenazada por varios factores: la sobrepesca; la pesca ilegal; la destrucción del hábitat; la sobreexplotación de los mantos acuíferos; la contaminación, las descargas de aguas residuales; la agricultura y la acuacultura, pero uno de los más graves es la construcción de diversos desarrollos turísticos.

El auge turístico inmobiliario ha provocado la desaparición de los manglares de esta zona, que son considerados fuente de vida, la falta de agua es también otro de los problemas que enfrenta este municipio.

En el grupo parlamentario Nueva Alianza estamos preocupados por la degradación de nuestro medio ambiente y la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, no sólo en esta área sino en todas las demás del país, es por esto que dando cumplimiento a nuestro encargo proponemos a esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique que los permisos, así como las manifestaciones de impacto ambiental otorgados para la construcción de desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, en Baja California Sur, hayan sido realizados apegados a la legislación vigente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, señor diputado. Una pregunta, diputado, su fundamento está para urgente resolución; sin embargo… Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía, realicen un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica.

El diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri: Con su venida, diputada Presidenta, y solicitarle de favor que el texto íntegro de este punto de acuerdo sea insertado en el Diario de Debates, en virtud de haber sido publicado en la Gaceta Parlamentaria y que por obviedad de tiempo yo me permita simplemente hacer algunos comentarios, algunos análisis y reflexiones con mis compañeras y compañeros diputados respecto de este problema tan serio que afrontan los ayuntamientos de su deuda de energía eléctrica.

Este punto de acuerdo dio motivo por los ayuntamientos del estado de Hidalgo que tienen un endeudamiento histórico con Luz y Fuerza del Centro, pero que también el mismo caso lo están viviendo ayuntamientos del Estado de México, de Morelos, de Puebla y de Veracruz.

En ese sentido, vemos que la problemática tenemos que enfrentarla desde su raíz. No podemos seguir con una actitud de simulación, de permitir y no querer tocar que esa deuda que está ahí en libros, que ahí permanezca, porque simplemente sirve para que haya cierta presión sobre los propios ayuntamientos, serían muy presionados en sus finanzas y está encubriendo ciertos pagos que le recortan ese capital económico que tienen y que no pueden dar otros servicios que los propios ciudadanos están demandando.

De verdad, la carga que tienen por el pago de luz es bastante pesada; sobre todo que se les hace muy difícil pagar lo que está actualmente, más la obligación de ir cubriendo estos adeudos históricos que se han dado por cuestiones políticas, se han dado por tarifas altas, se han dado porque estos censos que no están muy bien levantados entre los ayuntamientos y Luz y Fuerza, pues salen unos grandes cuentones impagables, y que bueno, además no existe una merma que se pueda deducir de este pago, porque se cobra como si todas las luminarias estuvieran siempre encendidas y cosa que sabemos que no es cierto y que hay muchas que hay que estarle dando mantenimiento y que precisamente por estar cubriendo este gasto no les alcanza para poder dar ese mantenimiento.

Sobre todo se refleja mucho en aquellos ayuntamientos que dependen del Ramo 33 para cubrir este adeudo, porque sus recursos, su recaudación es baja por lo marginado de los propios. En tal virtud me permito dar rápidamente unas cifras y pasar a lo que es el punto de acuerdo en concreto.

En Hidalgo son 45 municipios que hasta el año 2006 tienen un adeudo en total de 600 millones de pesos y según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas a este año andan ya sobre los 750 millones de pesos.

Los del Estado de México son 82 municipios que adeudan, hasta abril de 2006, tres mil 984 millones de pesos. De Morelos son dos, con 234.5 millones pesos; de Puebla tres, con 15.8 millones hasta esa fecha. En total, hasta abril de 2006, estamos hablando de 132 municipios con un adeudo histórico de cuatro mil 834 millones de pesos.

Cuál es el siguiente punto de acuerdo que estamos proponiendo:

Primero. Se solicita a Luz y Fuerza del Centro y a la Comisión Federal de Electricidad remitan a esta soberanía un reporte de los municipios con el adeudo actualizado.

Segundo. Exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen un análisis de todos los elementos relevantes para determinar la viabilidad de la condonación del pago del adeudo histórico de los municipios.

Tercero. Compensar a los municipios que realicen programas de ahorro de energía con importes equivalentes al costo del programa, con el propósito de hacer eficiente el servicio de alumbrado público.

Cuarto. Equiparar el costo de las tarifas que les cobran, que es la 05 y la 5-A a la tarifa 9 de riego agrícola, para que puedan cubrir este gasto de operación; y también que a aquellos ayuntamientos que solamente puede hacer el pago con el Ramo 33 se les haga un estudio para que no sea el 80 ó 90 por ciento de este ramo que se dedique al pago de energía eléctrica, sino que sea menor y que les permita tener otros recursos para atender algunos otros servicios, y

Quinto. Exhortar a los ayuntamientos a aceptar, respetar y cumplir los acuerdos a los que se llegara para la resolución emitida en conjunto por las distintas instancias para la solución de este problema. Es cuanto y muchas gracias por la dispensa de tiempo, diputada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri. Con qué objeto, diputado.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul): Diputada Presidenta, solamente para adherirnos al punto de acuerdo porque consideramos que es importante que se analice la viabilidad de la condonación de estos adeudos a los municipios.

Pero también queremos proponer, como diputados del estado de Tabasco, que también en el estado de Tabasco y en muchas partes del país hay un evidente conflicto social por las tarifas domésticas, por lo que estamos solicitando también que se adhiera al punto de acuerdo el que se condone la deuda hacia los usuarios de tarifa doméstica en los estados donde hay un evidente conflicto social y en donde se sostiene un movimiento de resistencia civil pacífica en contra de las tarifas de luz, y éste es el caso del estado de Tabasco.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia sugiere a todos los diputados, en vista de que estos puntos tienen mucho éxito cada vez que se presentan y todos tomamos la palabra que, por economía parlamentaria, nos puedan hacer llegar por escrito sus adhesiones a este punto de acuerdo porque se va a turnar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no será discutido como de urgente resolución, sino que será turnado. Por favor, si nos hacen llegar por escrito todas sus adhesiones a este punto, en vista de que el diputado está de acuerdo en que sean adheridos estos mismos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación practique una revisión exhaustiva a las transferencias presupuestales asignadas al estado de Tabasco.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con el permiso, señora Presidenta. Compañeros, compañeras diputadas, la transferencia de recursos de la Federación hacia los estados es resultado de un pacto entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales.

Desde que existe el federalismo mexicano se ha planteado que los recursos que emanan de la Federación hacia las entidades federativas deben ser transparentes.

Las transferencias federales están determinadas en distintos ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación y se diferencian entre sí por su uso etiquetado o no. Los recursos etiquetados provienen de la Federación y se reconocen como las aportaciones federales o Ramo 33, Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas; Ramo 39, que en diciembre de 2006 pasó a ser Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas, así como todas las transferencias que provienen de excedentes petroleros y los convenios federales.

Por su parte, se reconocen como no etiquetadas las transferencias de libre erogación por las entidades federativas, las cuales son aquellas que emanan del Ramo 28 y se denominan Participaciones federales.

El gasto federal descentralizado que se integra con los recursos destinados a entidades federativas y municipios, a través de los ramos 28, 33 y 39, así como los que se originan derivados de los excedentes y los convenios, tienen en la actualidad una participación importante en las finanzas públicas del país.

Al respecto, cabe precisar que para el Ejercicio presupuestal 2006 el gasto federalizado alcanzó un 7.30 por ciento del producto interno bruto nacional. El Ramo 33 representó un 3.32 por ciento del PIB en 2006. Éste se encuentra constituido por siete fondos, de los cuales su principal destino es la seguridad social como salud, educación, desarrollo social y seguridad pública.

Asimismo, el Programa de Apoyo al Fortalecimiento a las Entidades Federativas constituye un 0.26 por ciento y tiene como objetivo apoyar al saneamiento financiero y la inversión en infraestructura.

Por lo anterior y considerando que la transparencia representa un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre los órdenes de gobierno y la sociedad y que las responsabilidades, procedimientos y reglas que se establecen deben informar con claridad y ser abiertas a la participación y escrutinio público, la transparencia con que las entidades federativas deben ejercer esos recursos es indispensable para el afianzamiento del federalismo mexicano, el cual, en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra establecido.

La visión de Tabasco al mencionado pacto federal implica que el estado asuma un compromiso de suficiencia y transparencia de los rubros que se recaudan y de los que provienen de transferencias, más aún considerando que el promedio de los ramos 28 y 33 en los últimos seis años ocupan un 54.4 y 29.2 por ciento del gasto total del estado, respectivamente.

Los recursos que se transfieren por concepto de convenios y Ramo 39, el PAFEF, un 6.1 y un 2.3 por ciento, respectivamente.

Compañeras y compañeros diputados, es nuestra obligación como legisladores velar por la transparencia y los recursos públicos de la nación y más aún, de aquéllos que emanan de la Federación por medio de ramos, transferencias y obras específicas, por lo que emito las siguientes

Consideraciones

Que no se ha auditado el Ramo 33 en su totalidad para el 2005 y 2006 y que la transparencia es un factor fundamental para el desarrollo de la democracia.

Que se requiere obtener mayor información acerca de las erogaciones que se realizaron en los últimos años en el rubro de infraestructura y en especial en infraestructura y en especial de infraestructura carretera y hospitalaria por considerarse rubros prioritarios.

Que se debe poner la máxima atención en el gasto federalizado y en aplicación de los excedentes petroleros. Debe darse un mayor seguimiento al gasto, en específico el que se ha hecho en salud, de acuerdo a las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación y su impacto entre la población.

En este sentido un grupo de ciudadanos del estado de Tabasco pertenecientes a los 17 municipios, se han acercado a esta soberanía para manifestar que durante los últimos meses los recursos destinados a programas sociales han sido insuficientes. Del mismo modo todos los programas de salud en donde existe un atraso significativo, aunado a que existe poca transparencia entre estos recursos federales.

Por lo antes expuesto y por el compromiso que tenemos como legisladores, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración del Pleno de esta soberanía como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en ejercicio Pleno de sus atribuciones, instrumente las acciones pertinentes para llevar a cabo las auditorías en los siguientes rubros a fin de que se transparente el uso y destino de los recursos federales.

1. De los gastos ramos autónomos 33 y 39, a fin de transparentar el gasto ejercido en los años 2005 y 2006 en el estado de Tabasco.

2. De las obras que se realizaron con ampliación de los recursos de los excedentes petroleros del año 2003 hasta la fecha, por el gobierno del estado de Tabasco.

3. De los recursos de las obras de infraestructura carretera, en específico la denominada carretera Isla Comalcalco-Dos Bocas.

4. De las obras de infraestructura hospitalaria, en específico el Hospital de la Mujer de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

5. De las plantas potabilizadoras creadas con recursos federales.

Segundo. Asimismo se solicita a la Auditoria Superior de la Federación, a que practique una revisión exhaustiva a las transferencias presupuestadas dentro del presupuesto de 2005 y 2006 y se determinen en el caso, las responsabilidades correspondientes.

Tercero. En el mismo tenor se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en coordinación con la Auditoria Superior de la Federación se instrumenten los acuerdos y medidas necesarias para efecto de transparentar las erogaciones antes mencionadas.

Suscriben su servidor Fernando Mayans Canabal, así como cinco diputados más, el diputado Muñoz, del Partido Acción Nacional; el diputado Izquierdo, del PRI de Tabasco; el diputado Elías Sánchez Cabrales, del PRD Tabasco; Mónica Fernández Balboa, PRD Tabasco y Roberto Mendoza Flores, PRD Tabasco. Es cuanto, señora Presidenta. Le solicito que la votación sea nominal.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Señor diputado, le hago la observación de que usted había inscrito el punto y fundamentado para turno a comisión; sin embargo, a petición de ustedes vamos a hacer la consulta que solicitó.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Le agradezco mucho su comprensión.

La Presidenta Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto presentado por el diputado Enrique Mayans Canabal. Perdón diputados, el diputado acaba de solicitar de manera nominal la votación. Señor diputado, vamos a consultar de manera económica, toda vez que no estaba inscrito el punto de urgente resolución, por favor.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. ¿Hay algún diputado que quiera hacer uso de la palabra respecto al punto? Sí diputado. Diputado Izquierdo, si gusta pasar, diputado.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: Con el permiso de la Presidencia y de esta soberanía, para venir a comentar el punto de acuerdo que exhorta para que la Auditoria Superior de la Federación practique una revisión exhaustiva en transferencias presupuestales asignadas al estado de Tabasco, que presenta el diputado Fernando Mayans Canabal, de la fracción parlamentaria del PRD.

Para manifestar públicamente que hay principios y valores fundamentales que los legisladores tenemos que comprometer. La fracción parlamentaria del PRI ha ido para votar a favor este punto de acuerdo, para tener urgente u obvia resolución, porque hay un compromiso firme con los principios de la transparencia y la rendición de cuentas.

Hemos sido una fracción que ha impulsado estos valores, los compromete y hoy los sitúa respecto del punto aquí citado. Pero obviamente que también exigimos que si vamos por los parámetros y por las vías de las instituciones y del derecho, sean también los resultantes de estas investigaciones, las que sustenten el nivel de la relación y el compromiso con los valores que ellos representan. Eso es todo, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese. Tiene la palabra la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Sagarpa a que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país.

La diputada Martha Angélica Romo Jiménez: Con su venía, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, la suscrita, diputada federal Martha Angélica Romo Jiménez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de esta Legislatura, somete a su consideración el siguiente punto de acuerdo, de obvia o urgente resolución, para solicitar a la Sagarpa a que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), realice la certificación de los productos lácteos consumidos en territorio nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país es deficitario de la producción de leche por más de cuatro mil millones de litros al año. Para compensar ese déficit de producción, la Secretaría de Economía ha permitido la importación de cupos y sobrecupos de leche en polvo y fórmulas lácteas, previstas en los tratados de libre comercio que México tiene suscritos con diversos países.

Las fórmulas lácteas resultan más baratas que la leche entera de vaca, pero con una cantidad de nutrientes y calidad inferior. La necesidad de poder brindar a la población productos de alta calidad nutricional al menor precio posible, ha hecho que estas leches tengan auge en el mercado nacional.

Aunado a ello, la falta de información precisa y correcta de producto que se exhibe en el anaquel o las tiendas de abarrotes, la confusión y la creencia en el consumidor que leche entera es lo mismo que fórmula láctea, es una práctica común a la que se debe dar solución inmediata.

La industria lechera, mundialmente competitiva, es una de las industrias alimenticias más complejas y con costos más altos, ya que su tecnología es bastante sofisticada y requiere inversiones importantes.

Sin embargo, éstas no van a fluir libremente sino hasta que el precio del mercado permita un margen de ganancia razonable para la actividad —y este margen lo permite—, precisamente la importación y preparación de fórmulas lácteas, que son necesarias, pero deben distinguirse de la leche entera de vaca, por lo que consideramos necesario que la autoridad correspondiente realice una certificación que permita a los consumidores distinguir entre la leche entera de vaca y las fórmulas lácteas, mediante la asignación de un sello distintivo que certifique su calidad con el fin de promocionar su consumo, sus beneficios y estimular la producción de leche nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía como de obvia o urgente resolución, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Que esta soberanía solicite a la Sagarpa que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), realice la certificación de los productos lácteos consumidos en territorio nacional, a través de un sello oficial.

Segundo. Que la expedición del sello distintivo de calidad se realice con el aval del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, "Salvador Zubirán", a fin de garantizar las propiedades de la leche a los consumidores mexicanos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento estricto de la norma oficial NOM-155, leche, fórmula láctea y productos lácteos, combinando denominaciones, especificaciones físico-químicas, información comercial y métodos de prueba, tal y como se establece en el numeral 11 de la misma.

Solicito a la Presidencia se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Angélica Romo. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Ernesto Oviedo Oviedo, del grupo parlamentario de PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los diputados federales, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donen libros de conocimientos científicos y generales, para las bibliotecas públicas, estatales y municipales.

El diputado Ernesto Oviedo Oviedo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y diputados, el suscrito diputado Ernesto Oviedo Oviedo y diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración del Pleno de la Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de Punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La lectura es base de la educación e investigación, la cultura, las artes, fundamental en el desarrollo personal de actividades especiales en el proceso de formación del individuo y fortaleza para consolidar la identidad de los libros son instrumentos necesarios para la vida de nuestros niños, guía de nuestras familias, soporte para la fortaleza de nuestra profesión y un acervo para nuestros adultos.

La cultura y el arte no serían posibles sin considerar este instrumento fundamental que son los libros que a través de la lectura conforman y sustentan la esencia. Los libros son una ventana al mundo que permiten allegarse del conocimiento generado, en la actitud de las ideas se encuentra hoy su lugar propicio. El libro y la lectura enriquecen los valores humanos y son ejemplo al respecto del ejercicio y la libertad de expresión.

Entre estas acciones podemos mencionar que en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se celebra año con año, además de los títulos que se cuentan, se imparten las sesiones de talleres, de fomento a la lectura, esta feria recibe 350 mil visitantes anuales.

Asimismo, hasta el mes de noviembre del 2006 se instalaron mil 100 nuevas bibliotecas públicas durante todo el sexenio, con lo que la red nacional quedó integrada por siete mil 211 bibliotecas de operación, incluyendo la puesta en marcha de la Biblioteca Vasconcelos.

En León, Guanajuato, entidad de la que soy originario, existe una red total de 142 bibliotecas públicas, a través de las cuales se atienden anualmente, aproximadamente 19.3 millones de consultas; no obstante estas cifras es necesario incrementar.

El compromiso de Acción Nacional y de todos los legisladores será importante para construir la formación de las bibliotecas públicas y demos un paso muy importante.

Por todas las consideraciones señalo y propongo al Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Que los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión donen para las bibliotecas públicas estatales 10 libros, 5 de conocimiento científico y 5 de conocimientos generales, los cuales se harán llegar a través de la Comisión de Cultura al Consejo Nacional para la Cultura y Artes, para que éste realice la distribución.

Segundo. Se exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal, con el objeto de que los diputados locales donen libros de conocimiento científico y conocimientos generales, a las bibliotecas públicas municipales a sus entidades correspondientes. Por su atención, muchas gracias. Es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Oviedo. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. El asunto que tenía inscrito el diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, se retira del orden del día. Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad.

La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputado Presidente. La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a revisar y, en su caso actualizar, la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, bajo los siguientes

Antecedentes

Una de las preocupaciones de elevada prioridad en toda sociedad lo constituye el acceso a la procuración y administración de justicia en condiciones de equidad. Este ideal constituye uno de los pilares del Estado democrático y no de los medios para lograr su consecución. Lo constituye precisamente el que la totalidad de la población pueda ver tutelado su derecho a una defensa y asesoría jurídica apropiada.

Sin lugar a dudas, la institución de la Defensoría de Oficio constituye uno de los baluartes dentro del sistema jurídico para el Distrito Federal. A través de ella se garantiza el derecho a la defensa y el acceso a la justicia en todas las ramas del derecho, por lo que al proveer a su organización y funcionamiento se contribuye a la adecuada defensa y protección de los derechos y garantías individuales.

Conforme a los artículos 4o. y 5o. de la Ley de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal, esta institución tiene como finalidad la de proporcionar obligatoria y gratuitamente los servicios de asistencia jurídica consistentes en la defensa, patrocinio y asesoría en los asuntos del fuero común señalados en la ley, para lo cual cuenta con defensores de oficio, trabajadores sociales, peritos y personal administrativo que apoyan en el ejercicio de su objetivo.

En tiempos actuales hemos sido testigos de un dinamismo social generalizado ya sea por fenómenos de globalización o por destacada influencia de la economía, o quizá por la gran revolución científica generada en muchos ámbitos del conocimiento.

No obstante ello, el Estado debe —como obligación insalvable— estar atento a todos los requerimientos sociales, de otra manera faltaría a la más elemental exigencia de su creación que es velar por el desarrollo, fortalecimiento y bienestar de la sociedad. De esta manera, también el legislador se debe dar a la tarea de vigilar el cumplimiento de las condiciones en las cuales el defensor de oficio cumple su cometido.

Una de las actividades torales del defensor de oficio es proporcionar asistencia jurídica mediante la defensa, patrocinio y asesoría de los asuntos penales y civiles. Por ello, es de imperiosa necesidad que el defensor de oficio sea debidamente retribuido en congruencia con la importante función que desempeña.

En este sentido, el artículo 15 de la Ley de la Defensoría de Oficio para el Distrito Federal señala textualmente: "Por defensores de oficio se entiende al servidor público que con tal nombramiento tiene a su cargo la asistencia jurídica de las personas, de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley. Los defensores de oficio se auxiliarán en el desempeño de sus funciones con trabajadores sociales, peritos y demás personal necesario".

La remuneración de los defensores de oficio será equivalente al menos a la categoría básica que corresponde a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adscritos a juzgados del fuero común, sin prejuicio de que la Defensoría de Oficio se estructure con los niveles necesarios que, atendiendo a la materia de la propia defensoría, responsabilidades asignadas y otros elementos, ubiquen las percepciones de los defensores acorde con ellos.

De lo anterior, observamos que en el tercer párrafo del artículo citado con anterioridad se señala que la remuneración de los defensores de oficio será equivalente al menos a la categoría básica que corresponde a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cosa que en la realidad no sucede toda vez que los defensores de oficio se ven marginados de esta disposición y la retribución por su importante labor no refleja lo que la normatividad establece.

Por ello y consciente de que el servicio público que desempeñan los defensores de oficio funge una importante labor social, solicitamos que el Gobierno del Distrito Federal instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la entidad a que revise y, en su caso, actualice la retribución que actualmente recibe un defensor de oficio de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicadas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Se solicita respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a que, en el ámbito de sus facultades, instruya a la Consejería Jurídica de Servicios Legales de la entidad a que revise y, en su caso, actualice conforme a la normatividad aplicable las remuneraciones que reciben los defensores de oficio de la entidad.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Gabriela González Martínez. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Se recibió del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se crea la Comisión de Investigación del Infonavit y del ISSSTE. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió del diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de Seguridad Pública y de Protección Civil locales y federales, realicen acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol soccer. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, realice un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en el país.

El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, a la cual le solicito la inserción íntegra de la presente proposición, en virtud de ya estar publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La propiedad intelectual es un mecanismo esencial para el desarrollo del país y una posibilidad para lograr el equilibrio y la estabilidad. Asimismo, constituye una herramienta para beneficiar a las personas mediante la ampliación de las posibilidades derivadas de las nuevas tecnologías, fundamentalmente de la información y de las comunicaciones.

Empero, para que el sistema de propiedad intelectual en nuestro país sea un mecanismo eficiente y contribuya al desarrollo es indispensable su difusión no sólo para los actores directamente involucrados, por ejemplo gobiernos, titulares y usuarios, sino en la sociedad en general, ya que no ha sido factible involucrar a la sociedad en la materia.

Es decir, no existe una adecuada cultura de empleo y observancia de la propiedad intelectual. Para el grueso de la población los beneficios derivados del sistema de propiedad intelectual y su utilización como factor de desarrollo, es totalmente ajeno. En este sentido, el desconocimiento del sistema se ha convertido en un acto de ineficiencia y un obstáculo para el desarrollo.

En nuestro país, a pesar de contar con una regulación en la materia y con el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se han podido abatir los impactos reales del fenómeno de la piratería en la economía nacional.

A nadie escapa que la venta del software pirata se ha reproducido con la misma velocidad con la que queman los discos compactos, pero de contrarrestarse el efecto nocivo en la economía de estas prácticas enraizadas en nuestra sociedad, se estaría fomentando el desarrollo de actividades que se caractericen por la innovación científica y tecnológica, y en consecuencia, se impulsaría a la competitividad nacional, lo cual es trascendente para la creación de nuevas y mejores fuentes de empleo.

En la especie, la piratería de software tiene muchas consecuencias económicas negativas: debilita las industrias locales por la competencia y genera pérdidas de ingresos por impuestos y trabajos por la falta de un mercado legítimo. Estos costos se reflejan a todo nivel en las cadenas de suministro y distribución.

Las pérdidas en México para la industria por piratería de software ascienden a más de 180 millones de dólares. A nivel regional, América Latina ocupa el segundo lugar en la piratería aludida con un índice del 58 por ciento, sólo detrás de Europa Oriental, con el 63 por ciento.

En el año 2005, por primera vez en el país después de cinco años, el porcentaje de esta piratería se logró contener, ya que se mantuvo en las cifras el 65 por ciento de programas de cómputo ilegales. Esto es, por cada 10 programas de software instalados en el país, poco más de seis son copias pirata.

Por ello, las iniciativas gubernamentales han sido un factor determinante en la contención de este fenómeno, ya que en el año 2005 se llevaron a cabo más operativos que los realizados durante el 2003 y el año 2004.

Por ello, pido a la Comisión dictaminadora respectiva, que se exhorte a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual creada mediante acuerdo presidencial, ya que la misma tiene por objeto coordinar las acciones que se lleven a cabo por las distintas dependencias de la administración pública federal, para asegurar el cabal cumplimiento y la debida aplicación de las leyes federales de Derecho de Autor y a la diversa de Propiedad Intelectual. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Obdulio Ávila. Túrnese a la Comisión de Economía.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Para adherirme al punto de acuerdo presentado por el diputado Ávila Mayo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado.

El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Armando Barreiro.

El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): Con el propósito, señor Presidente, de solicitarle, si tiene usted a bien en el punto anterior, que se turne también a la Comisión de Juventud y Deporte.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Del punto de acuerdo que presentó usted, lo turnamos a la Comisión de Seguridad Pública y también que se turne a la de Juventud y Deporte.

Tiene la palabra la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Turismo se considere a Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del programa Pueblos Mágicos.

La diputada Martha Angélica Romo Jiménez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, los suscritos diputados federales Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera, integrantes de esta Legislatura del Congreso de la Unión, presentamos ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo, a considerar a Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del programa Pueblos Mágicos, a través de la siguientes

Consideraciones

La ciudad de Lagos de Moreno, cabecera municipal de la zona Altos Norte del estado de Jalisco, fue fundada con el nombre de Villa de Santa María de los Lagos el 31 de marzo de 1563. Por decreto del 23 de marzo de 1824 se le concedió el título de ciudad. El 9 de abril de 1829 toma el nombre de Lagos de Moreno para honrar la memoria del ilustre insurgente don Pedro Moreno, originario de esta ciudad.

Además de Pedro Moreno, la ciudad ha sido cuna de héroes nacionales y personajes distinguidos, como el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos; los escritores José Rosas Moreno y Mariano Azuela, entre otros. Su vida social se encuentra centrada alrededor de su plaza principal, bajo la sombra de sus árboles y la belleza de su parroquia, cuya arquitectura le da una especial personalidad.

Lagos de Moreno cuenta con atractivos naturales, culturales, históricos y una ubicación geográfica magnífica, pero no se le ha dado el enfoque o importancia suficiente y no se ha aprovechado su potencial; no obstante, la derrama económica turística ha contribuido a la obtención de divisas, la creación de empleos, el desarrollo regional y al estímulo económico de todos los sectores económicos, además se encuentra a 40 kilómetros de distancia de la ciudad de León, Guanajuato y San Juan de los Lagos, Jalisco, ambas con una importante oferta de servicio e infraestructura en materia de turismo.

En resumen, la ciudad de Lagos de Moreno cumple con los criterios de incorporación al programa Pueblos Mágicos que establece la Secretaría de Turismo, ya que la sociedad y las autoridades locales se encuentran involucradas en este proyecto, trabajando en conjunto con las autoridades estatales, cada una en sus respectivas funciones estipuladas dentro de los criterios de incorporación, por ello debe incorporarse al programa Pueblos Mágicos, dada su calidad de zona de monumentos históricos.

Por lo anteriormente expuesto y con base al óptimo estado de conservación de sus recintos culturales e históricos, que la definen como una ciudad colonial ya que cumple con los requisitos de incorporación especificados por la Secretaría de Turismo, se considera procedente y justificado el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo, a considerar a Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del programa Pueblos Mágicos que promueve dicha Secretaría, en virtud de que cumple con los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Angélica Romo. Túrnese a la Comisión de Turismo.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo expida y publique el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández: Compañeras y compañeros diputados, el propósito de este punto de acuerdo es exhortar al Presidente de la República para que expida el Reglamento de la Ley General de Personas con Discapacidad que, como todos ustedes saben, se promulgó desde el 10 de junio de 2005 y es la fecha en la que no tenemos Reglamento. Se habían dado, de acuerdo al artículo 5o. transitorio, seis meses para presentar el Reglamento y esto no ha sucedido.

Me da mucho gusto el hecho de que compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara hayan firmado junto conmigo este punto de acuerdo. Y lo han hecho porque esto es algo que nos une a todos.

El 10 por ciento de la población mundial son discapacitados y 80 por ciento de todos los discapacitados del mundo viven en la extrema pobreza. Es increíble que en México, de los jóvenes discapacitados de entre 15 y 29 años, solamente 15 por ciento tiene la oportunidad de ir a la escuela; 33 por ciento de los discapacitados de nuestro país no saben leer ni escribir y 30 por ciento, solamente 30 por ciento, han encontrado un trabajo.

Yo quisiera decirles que tener la experiencia de una discapacidad es algo espeluznante y todos nos imaginamos que el drama de los discapacitados es el hecho de que no puedan ver, que no puedan caminar, que no puedan escuchar y ése no es el drama, porque afortunadamente las gentes con discapacidad tienen el espíritu más grande que nosotros mismos y los vemos en las olimpiadas de paralímpicos y los vemos cómo se esfuerzan para superar su discapacidad y para enfrentarse al mundo a pesar de ello.

No, el drama no es ése, el drama viene con la discriminación. Ése es el verdadero drama que afecta a las personas con discapacidad.

Es increíble que una persona que logra vencer un impedimento físico y llega a pedir un trabajo, no se lo den, o se lo den como dándole un favor y pagándole menos de lo que le pagan a otras personas.

Acabo de estar en una exposición de fotografías hecha por personas débiles visuales o ciegas. Y el hecho de que estas personas puedan tomar fotografías tiene mucho significado, pero uno de ellos es que su autoestima, por el hecho de hacer algo que se parecía imposible que ellos pudieran hacer, lo pueden lograr. Insisto, son personas con mucho más espíritu y mucho más fuerza de lo que nos imaginamos.

Es por eso que yo les quiero pedir que me ayuden con la urgente resolución de este punto de acuerdo, para que el Poder Ejecutivo logre dar un paso más en la gran y larga carrera que han seguido estas personas para lograr mejores condiciones de vida.

Y termino con una frase que aprendí en esta exposición, en donde había un muchacho, Israel, quien sin duda inspira muchas cosas de este punto de acuerdo, que me enseñó algo que es así: "Sólo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos". Ojalá me puedan ayudar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Eduardo Sánchez Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al jefe de Gobierno del DF, coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias de fomento a la cultura de la no discriminación.

La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputado Presidente. La suscrita diputada, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que, en el ámbito de sus facultades, coadyuve a que los 16 jefes delegacionales de la entidad suscriban convenios con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en las diferentes demarcaciones.

Considerando

Que discriminar significa toda distinción, exclusión o restricción en cualquier ámbito y a cualquier persona, grupo o entidad colectiva basada en origen étnico, el sexo, la edad, la apariencia física, la discapacidad, la condición de salud, la religión, ideología u orientación sexual que tenga como consecuencia impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de toda persona.

Que el modelo jurídico educativo, religioso y político que tenemos actualmente responde a la sociedad que hemos construido. De ahí que si queremos modificar esto tenemos que empezar por reconocer que la discriminación está presente aquí y ahora, en toda nuestra vida, y que para hacer algo necesitamos ver y entender el mundo de otro modo. Ahí es donde entra el ámbito de ocupación de la Ciudad de México.

Que para esto es necesario crear un marco institucional común, donde se respeten las diferencias de las personas y grupos y se garantice su dignidad y derechos de libertad e igualdad.

Que para lograr este objetivo es de gran utilidad que los diferentes órganos y dependencias de gobierno coadyuven en la construcción de una cultura de no discriminación.

Que una política pública para prevenir y erradicar la discriminación puede contribuir a construir una sociedad más justa, equitativa, en la que existan condiciones que permitan a las personas exigir ante la ley igualdad de oportunidades.

Que es posible, con base en los avances sustanciales que ya existen en materia de política social, que todos estos esfuerzos se consoliden y articulen en una política integral de largo alcance para eliminar y erradicar la discriminación.

Que en el año 2004 fue suscrito por la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo un convenio de relaciones de coordinación para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en la demarcación.

Que toda vez que el Distrito Federal es actualmente una entidad federativa donde se convive diariamente con el fenómeno social de la discriminación, es necesario que se apliquen las medidas necesarias para erradicar dicha situación y que toda vez que ya existen lineamientos, bases y mecanismos operativos en pro de una cultura de no discriminación, es necesario que las diferentes instituciones y órganos de gobierno inicien esta reestructuración en sus normas internas y reglamentos con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que, en el ámbito de sus facultades, coadyuve a que los 16 jefes delegacionales de la entidad suscriban convenios con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en las diferentes demarcaciones.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Gabriela González Martínez. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente. El punto de acuerdo que está a consideración de la Asamblea ha sido suscrito por la diputada María Esther Jiménez, del distrito II de Puebla y el diputado Wenceslao Herrera, del distrito III y su servidor.

Se trata compañeras, compañeros diputados, como muchas regiones del país que tienen una identidad propia por su historia, por su geografía y que por razones igualmente históricas y estructurales, enfrentan desafíos particulares.

Más de 650 mil mexicanos habitan esta región integrada por 35 municipios y que ha habido un esfuerzo singular, quiero destacarlo, de todas las fuerzas políticas, para sacar adelante más allá de las coyunturas propiamente electorales, los desafíos que tenemos.

En el año 2000 una propuesta similar fue presentada en esta Asamblea, turnada a la Comisión de Desarrollo Social y logramos ahí que todas las fracciones parlamentarias nos trasladáramos a la región a través de la Comisión de Desarrollo Social ponderáramos los problemas reales, recogiéramos la opinión de la gente e impulsáramos una acción estratégica, convergente, de los tres órdenes de gobierno.

Quiero destacarlo porque significa que sí es posible vincular el trabajo de representación popular con el desarrollo de los distritos que representamos, siempre y cuando haya determinación de hacerlo.

Lo que hoy proponemos es retomar esta estrategia. Hemos avanzado, prueba de ello son tres universidades construidas: la Universidad Intercultural de la Sierra Norte, el Tecnológico de Huauchinango, la Universidad Tecnológica de Jicotepec, la extensión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el municipio de Chignahuapan, la continuación de la autopista México-Tuxpan-Tampico, que está próxima a concluir en su fase primaria, la construcción de la autopista Tlaxco-Tejocotal, que une a la región con la ciudad de Puebla, entre otras.

De modo que yo pido a mis compañeros de la Comisión de Desarrollo Social y a todos ustedes, que nos ayuden a sacar adelante este proyecto y desde luego su solidaridad para las expresiones presupuestales que habremos de definir en diciembre próximo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María de la Torre y se construya el puente Remolino, en Papantla, Veracruz. Sonido a la curul del diputado Del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente, quiero rogarle que este punto de acuerdo se publique en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates. Y también quiero informar a esta soberanía que se ha acordado favorable la construcción del nuevo puente Remolino. Y también la construcción del tramo que va de El Chote hasta El Tajín Por tal motivo faltaría de El Tajín hacia María de la Torre, que es una obra que tendrá que hacer la Secretaría de Comunicaciones del gobierno del Estado de Veracruz. Por lo tanto, el punto solamente se deberá turnar a la comisión correspondiente. Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado del Río Virgen. El tema está inscrito en la Gaceta Parlamentaria. Inscríbase íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Transportes.

Se recibió del grupo parlamentario de Nueva Alianza punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Hacienda, de Economía, Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia, tome las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Agricultura y Ganadería.

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Peyrot, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo a fin de que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país.

El diputado Marco Antonio Peyrot Solís: Con su permiso, señor Presidente. Por cuestión de tiempo solicito que el texto íntegro del presente punto de acuerdo sea insertado en el Diario de los Debates.

La seguridad nacional vela por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones. Actualmente, el terrorismo es considerado también en nuestro país, como una verdadera amenaza a la seguridad nacional.

Como todos sabemos en años recientes diferentes países han sido objetivo del terrorismo internacional. El 11 de septiembre de 2001 fue Estados Unidos; el 11 de marzo de 2004 fue España; el jueves 7 de julio de 2005 fue Inglaterra y el 8 de febrero último se difundió en Internet en una publicación de Al Qaeda, en la que se lanza una amenaza en contra de México, Canadá y Venezuela, ya que son estos los mayores abastecedores de petróleo a los Estados Unidos y con esto obtendrían la disminución de las importaciones estratégicas de energéticos que realiza este país y de esta manera asfixiar su economía.

Desde entonces, Canadá y Venezuela se han pronunciado en estado de alerta ante la posibilidad de que la amenaza pudiese llevarse a cabo. Nuestro gobierno tiene en operación el Plan Centinela, el cual extrema la vigilancia en instalaciones estratégicas, tales como telecomunicaciones, transportes, puertos, hidroeléctricas e instalaciones petroleras.

Sin embargo, la vigilancia y la seguridad en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche son de suma importancia para nuestro país, ya que producen 82 por ciento del crudo, 35 por ciento de gas natural y esto representa 34 por ciento del PIB. Para que la Armada pueda hacer frente a estos actos terroristas requiere de presupuesto.

Recordemos que el presupuesto asignado a la Marina para este año sólo fue de 300 millones para gastos de inversión, de los cuales, nosotros recortamos 150 millones de pesos en el rubro de gasto de operación.

Recordemos también que corresponde a esta soberanía asignar a las Fuerzas Armadas recursos económicos suficientes para que velen por la seguridad nacional, por lo que somos corresponsables de la seguridad del Estado y como ésta se implementa para resguardar los intereses estratégicos nacionales.

Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que se extremen las medidas de seguridad implementadas en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche, a fin de prevenir un ataque terrorista, y

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal se asignen inmediatamente a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios por la cantidad de 2 mil 200 millones de pesos, con cargo a los recursos que se generen por excedentes petroleros, a fin de que se adquiera el equipo bélico necesario que considere esta Secretaría para reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche. Es cuanto, señor Presidente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Marco Antonio Peyrot Solís. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Pido la palabra, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado. ¿Se van a inscribir para participar? Sí, pasa el diputado Alfonso Suárez del Real.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Después del diputado, si me inscribe.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Claro.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Nosotros hemos considerado votar en contra porque esta propuesta de punto de acuerdo está dejando de lado una situación que es sumamente importante y fundamental.

El día de ayer en esta tribuna se expresó la enorme preocupación que tenemos por la lucha en contra del narcotráfico. Y este hecho no se está resaltando en las necesidades; se está sustentando simple y llanamente en la consigna de que existe tal vez, la probabilidad de que el terrorismo ataque instalaciones estratégicas.

Nos parece preocupante que sólo se quiera sustentar la necesidad que tiene en efecto la Marina de nuestro país en este asunto, y se deje y se soslaye el otro relativo a la lucha contra el narcotráfico.

Sabemos —y lo sabemos muy bien— que el litoral es amplísimo y que es a través del litoral por el cual ingresan a nuestro país, para pasar hacia los Estados Unidos, importantes alijos de drogas.

Por tal motivo consideramos que si bien es cierto se requiere de los recursos, pero no podemos dedicarlos simple y exclusivamente bajo ese esquema de que nuestro país va a ser objeto de un ataque de terrorismo por parte de Al Qaeda.

Negar lo que sí tenemos de manera probada y fehaciente que es el ingreso de droga, que es el ataque a algunas de las embarcaciones, nos parece sumamente preocupante.

Es por ello por lo que la mayoría de mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática hemos votado en contra de la obvia y urgente resolución de este asunto. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alfonso Suárez del Real. Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias, señora Presidenta. Subo a esta tribuna, compañeros y compañeras diputadas, para pedirle al Partido de la Revolución Democrática que reconsidere su voto, por dos razones básicamente.

La Secretaría de la Marina Armada de México tiene un déficit presupuestal de 29 mil millones de pesos. Con la técnica y con los procedimientos que tienen ellos, han podido mantener dentro de sus posibilidades no solamente la defensa de la soberanía y una lucha permanente contra el narcotráfico; además, como aquí lo dijo el diputado Marco Antonio Peyrot, han tomado con toda la seriedad que el caso reviste, el tema de las amenazas contra los puntos estratégicos de este país.

Es cierto, no combaten como quisieran toda la problemática que hay en el mar, pero quiero traer a este Pleno el tema de que hace unos días el señor gobernador del estado de Baja California Sur, tuvo acuerdo con el Secretario de la Armada Marina de México y ahí el señor gobernador pedía una mayor participación de la Armada. En un acto de absoluta sinceridad el señor secretario, almirante Saynez, exclamaba su preocupación porque quiere vigilar más de cerca cada centímetro del mar, no solamente para proteger la soberanía de este país sino para dar mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El tema que trajo el diputado Marco Antonio Peyrot aquí a la tribuna, compañeras y compañeros diputados, es un tema que verdaderamente interesa a todo el país, dos mil 200 millones de los excedentes petroleros que tenemos, la verdad no pintan, es muy poco, y la Marina requiere más recursos.

La verdad es que si tuviéramos la oportunidad de que la Armada de México tuviera un presupuesto multianual de aproximadamente cuatro mil 500 millones de pesos durante seis años, podríamos apenas resolver el déficit presupuestal que trae esta Secretaría, que ha honrado con mucho el trabajo que les toca hacer de acuerdo con la ley y con la Constitución.

Por eso, compañeras y compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática y los que no estén de acuerdo en apoyar en este punto, llamo su atención para decirles que se trata de un tema que verdaderamente es importante para la Armada de México, y por ese motivo y porque se me ha acabado el tiempo y seguramente ustedes van a reconsiderar su voto, vengo a solicitarles que apoyemos el punto de acuerdo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Manuel del Río Virgen. Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros, es muy importante señalar que cuando se discuten los asuntos del Ejército o de la Armada, de ningún modo se está atacando a las instituciones, nosotros sostenemos que las instituciones del país se fortalecen también criticando sus debilidades, transparentando su vida interna y haciendo que sobre todo las instituciones armadas rindan cuentas al poder civil, en México eso no ocurre.

La Ley de Seguridad Nacional obliga al Cisen, por ejemplo, a darle cuentas a una Comisión Especial de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión pero no al Ejército mexicano que también hace labor de inteligencia, eso como una aclaración inicial.

En seguida para decir, compañeras y compañeros, que en las pláticas que México tiene con Canadá y Estados Unidos, se está hablando de crear lo que se llama el perímetro de seguridad de América del Norte, en donde Canadá y México se están considerando como un escudo para proteger a nuestro vecino del norte. Y México ha empezado a actuar en plena consecuencia, a cambio de nada, ayer recibimos aquí, en México, tuvimos una charla con el Comité de Seguridad Nacional del Congreso norteamericano y es evidente que ese es un tema que a ellos les interesa.

¿Pero cuál es el interés estratégico del pueblo de México?, ¿armarnos para combatir a los terroristas de Al Qaeda o permanecer como un país que no tiene enemigos? Esa ha sido la conducta de México, ser un país pacifista, sin enemigos en el mundo. No podemos asumir que los enemigos de nuestros vecinos del norte son los nuestros. No es así. Los enemigos de Estados Unidos no son nuestros enemigos, pueden serlo, pero no son.

Yo digo, compañeras y compañeros, sobre todo los de Convergencia, si vamos a actuar —y nosotros estaríamos dispuestos— en común acuerdo con Estados Unidos para atender los temas que a ellos les interesan como es el de la seguridad, que ellos atiendan nuestros temas: la migración y el desarrollo económico de México.

Por eso, más allá de las necesidades indudables de la Marina, del Ejército, de las universidades, del ISSSTE, del Seguro, en todo tenemos necesidades; pero compañeros, el argumento de que hay que darle a la Armada dinero para que compre armas para combatir el terrorismo, compañeros ¿dónde están los actos terroristas en México?

Ya aprobamos una Ley Contra el Terrorismo y no hay un solo acto terrorista en nuestro país. Estamos sólo quedando bien con los de arriba a cambio de nada.

El PRD no va en ese camino. Gracias. Muy amables.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Cruz, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Gracias Presidenta. Solamente para informar a este Pleno el procedimiento que hemos seguido en la Comisión de Marina para estos asuntos. Me sorprende mucho que hoy se venga a subir un punto de acuerdo cuando no lo hemos consensuado y estamos en un proceso de discusión dentro de la Comisión.

Si no mal recuerdo, en el pasado mes de diciembre se planteó también que se pudiera comprar un buque por 900 millones de pesos y que además se los quitáramos a la Secretaría de Educación Pública, cosa con la cual no estuvimos de acuerdo.

Me parece que ahorita, venir a subir este punto de acuerdo cuando además subieron una iniciativa dentro de la Comisión y estamos a punto de dictaminarla y estamos en este proceso de discusión, no se vale.

Yo creo que si en la Cámara de Diputados, y en las comisiones, no existe el procedimiento que fundamente bien las estrategias que nosotros necesitamos para la seguridad de nuestro país, vamos a seguir haciendo este tipo de cosas en esta tribuna.

Me parece indispensable que haya una seriedad de toda la Comisión de Marina y de la Defensa, para discutir estos asuntos y que los procedimientos sean a cargo de todos y cada uno de los diputados que conformamos estas comisiones.

Subirlo aquí simplemente, me parece que es atribuirnos una función que, como si no pasa por allá, vamos a tener que regresarla a esta tribuna y creo que el Pleno tiene que tener conocimiento de esto porque, si no, todo mundo va a empezar y diputadas y diputados a que lo que no pasa en las comisiones, a quererlo subir como puntos de acuerdo que no necesariamente hacen el ámbito parlamentario, ni siquiera la discusión que todos y todas tendríamos que estarnos involucrando. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Presidente, solamente para señalar que el punto de acuerdo no es de la Comisión, es la potestad del diputado Marco Antonio Peyrot subirlo a la tribuna y él lo pidió de urgente u obvia resolución.

Por un lado, por otro lado a Convergencia le queda claro que los intereses de Estados Unidos son de Estados Unidos pero los de México, todos los diputados y diputadas tenemos la obligación de atenderlos y, por eso, porque sabemos que la Armada requiere dinero para la seguridad nacional y para combatir el narcotráfico, por eso apoyamos ese punto señor Presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Efraín Arizmendi.

El diputado Efraín Arizmendi Uribe (desde la curul): Para registrarme a intervenir en tribuna a favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.

El diputado Efraín Arizmendi Uribe: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, considero fundamental o importante expresar y adherirnos a este punto de acuerdo que ha sometido a esta Asamblea el capitán de fragata y diputado Marco Antonio Peyrot Solís.

La Armada de México o la Marina, es una institución que a lo largo de la historia ha demostrado su lealtad al país, su lealtad a México y su patriotismo. Muchas veces ha tenido que intervenir en la precariedad de infraestructura, no para combatir el terrorismo ni siquiera para resguardar las costas, sino para vigilar las costas y a veces, emprender búsquedas de ciudadanos mexicanos que naufragan en nuestros litorales; y más aún, su contribución en el combate al narcotráfico que ha sido intenso y los resultados han sido manifiestos.

Por supuesto que no son recursos que se van a quitar a ninguna dependencia para pasar a la Secretaría de Marina. Lo que estamos pidiendo, es que de los excedentes petroleros se apliquen a esta Secretaría que tanta falta le hacen para prevenir —no para combatir— prevenir. Todos sabemos y todos hemos puesto de manifiesto que es mucho mejor prevenir en todas las áreas: en medicina, en cuestiones administrativas; en cuestiones de guerra también es mejor prevenir que lamentar.

Yo quisiera que ahora los que se oponen, el día que haya un acto terrorista —porque ésos no avisan cuándo van a suceder—, el día que haya uno, van a ser los primeros que van a subir a reclamarle al gobierno el porqué no tomó las medidas preventivas necesarias para evitarlo.

Yo creo que debemos actuar con responsabilidad y con seriedad. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arizmendi. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez, de Nueva Alianza.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez: Con su venia, señor Presidente. El grupo parlamentario de Nueva Alianza se suma a este punto de acuerdo, porque consideramos indispensable que se tome en perspectiva histórica el papel de las Fuerzas Armadas, no solamente en las tareas que han sido recientemente encomendadas, sino en el papel que esta institución juega; no sólo como garante de las posiciones estratégicas del país, del mar territorial, sino el rol que tiene que enfrentar en nuevos tiempos; en tiempos de apertura global, de un modelo económico exportador, en el cual queda de manifiesto que la infraestructura en materia de la Armada de México, está muy por debajo de los retos que enfrenta.

Por una parte, sin duda, la ruta y la amenaza histórica, rutas del narcotráfico, los nuevos retos internacionales derivados del terrorismo global; pero, sin duda, también las misiones de paz y desarrollo económico a las cuales tiene que sumarse esta institución.

Recordemos que toda Marina mercante potente en el mundo, la cual lleva el destino de mercancías de origen nacional y que con ello genera empleo y riqueza en nuestro país, está descubierta vía una institución sólida que pueda garantizar el libre tránsito de las rutas por las cuales transitan los navíos mexicanos.

De igual manera, todas aquellas embarcaciones de banderas extranjeras que vienen y violentan y violan las millas náuticas de territorio nacional y a las cuales no podemos hacerles frente porque no tenemos ni contamos con el equipo mínimo indispensable para una nación que está jugando un papel global, como es la nación mexicana.

Es por ello que nos sumamos de manera decidida a un incremento de, al menos, el 100 por ciento en el presupuesto que la Armada de México recibe, para enfrentar no solamente los retos globales de seguridad, sino para apoyar en el desarrollo económico nacional. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Miguel Ángel Jiménez. Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, del PRD.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias. Gracias, Presidente. Necesitamos precisar varias cosas.

Uno. No se está enjuiciando aquí a la Armada de México.

Dos. La Armada no está pidiendo nada; es un diputado el que lo está haciendo, tiene derecho, pero no es la Armada la que lo está solicitando.

Ustedes, compañeras y compañeros, los que han venido a plantear y que hay que apoyarlo, pudieron en el Presupuesto de Egresos, a la Armada asignarle el presupuesto que deseaba. No lo hicieron.

A mi juicio podemos discutir a fondo lo que está detrás de este punto de acuerdo, que es un pensamiento equivocado, eso es lo que a mí me interesa dejar claro. Para qué quieren, nuestro compañero que me antecedió en el uso de la palabra, dice que quieren más dinero para garantizar el tráfico marítimo, etcétera. El punto de acuerdo dice exactamente que se requiere a fin de prevenir un posible ataque terrorista, primero de los puntos de acuerdo.

Cómo vamos a prevenir los ataques terroristas, no haciendo en primer lugar enemigos a quienes no lo son. Cuando hubo el ataque terrorista en Londres y en Madrid, los opositores a la guerra de Irak no se arrepintieron ni fueron a decirle a Tony Blair o a Azanar que por qué no previniste. Los pueblos de Inglaterra y de España le cobraron a sus gobiernos la parte de responsabilidad que tuvieron por haber provocado con su conducta al haberse sumado acríticamente a la cola del tren norteamericano en la guerra de Irak esos ataques.

Por eso nosotros insistimos; la prevención mejor contra los ataques terroristas es manteniendo a México en la política de no tener enemigos. México no tiene enemigos en el mundo entero, nunca los ha tenido. No hemos atacado a nadie y esperamos que nadie nos ataque.

El estar aprobando textos como éste es lo que a mi juicio puede llevarnos en el camino equivocado. Estar pensando que con no sé cuántos miles de millones de dólares vamos a armar a nuestra Armada para impedir eso, compañeros, si el Ejército norteamericano no puede, nosotros no lo vamos a poder hacer. Por esas razones nosotros insistimos que incluso no es tanto ni siquiera la cantidad; son los argumentos los que nos interesa refutar.

No estamos de acuerdo en que México se prepare para combatir militarmente el terrorismo, eso está condenado a fracasar en Estados Unidos y en el mundo entero y aquí también va a fracasar.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Sonido a la curul del diputado Pablo Leopoldo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Revisando el punto de acuerdo del compañero diputado Peyrot, creo que está mal planteado, porque el fondo del asunto, los que conocemos de esta problemática sabemos que la infraestructura de la Marina de México está en condiciones paupérrimas; se requiere inversión importante a nuestra Marina. Todo el apoyo a la Marina mexicana, pero no en ése sentido.

Creo que tiene que cambiarse el sentido del punto de acuerdo y un servidor y el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos de acuerdo en apoyarlo, pero viene una cuestión fundamental. Debe de ser el cuidado de nuestros litorales, la forma como de manera indiscriminada gente de Japón y de otras naciones nos están robando nuestros recursos marítimos y sí hace falta infraestructura y bastante.

Entonces lo que requerimos aquí sería de que se hiciera una modificación, sería la solicitud a nuestro compañero diputado Peyrot para que se cambiara el sentido del uso de esta infraestructura, y creo que estaríamos de acuerdo, yo creo que no nada más nosotros, sino la mayoría o la totalidad de los diputados en apoyar este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Octavio Martínez. Adelante, diputado.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Con su venia, diputado Presidente. El grupo parlamentario del PRD plantea que este asunto sea discutido en las comisiones respectivas.

Creo que es un tema muy sensible en el que se han argumentado elementos positivos y hay matices que habría que afinar. Le sugerimos al proponente que corrija el turno, que se traslade a la Comisión respectiva a efecto de que se haga una discusión minuciosa, profunda del tema y podamos estar conociendo puntualmente las bondades y de algunas acciones que pudieran traernos. Creo que el matiz fue un poco mal planteado. El asunto del terrorismo, la ausencia del asunto del narcotráfico son temas que nos hicieron dudar al respecto.

Solicitarle de manera fraterna al compañero diputado de Acción Nacional, que sea corregido el turno y que desahogue en la comisión respetiva para un mejor análisis del punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Octavio Martínez. Tiene la palabra el diputado Carlos Morales, del PRD.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez: Gracias, Presidente. La Secretaría de Marina cumple sin duda, entre otras tareas, una muy importante que es la vigilancia y el cuidado de nuestros recursos naturales en la Comisión de Pesca que me honro en presidir, hemos discutido en distintas ocasiones la necesidad de que se le aporten mayores recursos a la Secretaría porque apoya las tareas de vigilancia y preservación de nuestros recursos naturales.

Coincido con lo que aquí se ha dicho, de que se requieren recursos, pero no comparto el planteamiento que se está haciendo. Por lo tanto, considero muy importante que este asunto se replantee y se mande nuevamente a la Comisión para que se discuta y se haga un planteamiento con argumentos distintos y seguramente quienes hoy hemos manifestado nuestro encuentro con esta propuesta estaríamos de acuerdo en que se le apoye con más recursos por la necesidad que nosotros entendemos, hay de apoyar a la Secretaría de Marina.

Y además, porque requiere estos recursos para seguir cumpliendo con tareas tan importantes que desarrolla, pero fundamentalmente, con el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales y además sumados a las tareas de vigilancia y, como aquí se ha dicho, para prevenir hechos que pudieran suscitarse en el futuro y que dañen la imagen y la vida de nuestro país, que tanto hemos querido preservar todos. Muchísimas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Morales. Sonido en la curul del diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente. En abono a lo que han expresado mis compañeros, reiterar el exhorto al diputado Peyrot de turnar su punto de acuerdo a las comisiones.

Ha quedado muy claro que el PRD tiene muy en mente qué importantes son las acciones que la Marina lleva a cabo, a través de la defensa de la soberanía, a través de la protección de nuestros recursos pesqueros y a través del combate al narcotráfico. Son tres elementos que consideramos sustantivos, positivos para que se pueda replantear el punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Sonido a la curul del diputado Peyrot.

El diputado Marco Antonio Peyrot Solís (desde la curul): Señor Presidente. Yo creo que aquí en el Pleno se ha puesto en evidencia la necesidad que tiene la Secretaría de Marina de recibir más recursos y, en base a la polémica que se ha manifestado, le solicito que deje de ser de urgente u obvia resolución y se pase a la Comisión de Marina, donde yo creo que se va a tratar y a discutir de una manera más profunda.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Sergio González.

El diputado Sergio González García (desde la curul): Ésa era mi propuesta, señor Presidente, de parte de mi bancada priísta, a que nos fuéramos a la Comisión de Marina, que preside un diputado, mi amigo Virgen, para que ahí lo discutamos, en la Comisión, y luego nos vengamos aquí al Pleno. Es una propuesta que hago. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a Comisiones Unidas de Marina y de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (17:49 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 12 de abril, a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.