El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 302 diputados y diputadas, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:20 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Oficio de la Administración General de Aduanas por el que informa que no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de marzo de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía.
El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con motivo del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con la venia de la Mesa Directiva. Buenos días, diputadas, diputados, creo que es el día que va a tocar menos quórum para charlar con ustedes, pero vamos a intentarlo.
Hace 88 años murió asesinado uno de los hombres más emblemáticos de la lucha por el campesinado de nuestro país, Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata asumió un compromiso personal y de vida con el campo. En la actualidad ni sociedad ni gobierno dedican el menor empeño en su apoyo y rescate. Craso error sin el campo, no hay futuro para nadie y la mala noticia para todos es que ese sector esta en agonía.
En Alternativa sabemos que el campo necesita más inversión pública y privada, así como mucha más innovación tecnológica, introducción de nuevas actividades, integración y reconversión de cadenas productivas y de regiones; pero también hace falta innovación en los enfoques, en las actitudes, en la cultura, en la manera de usar los recursos; especialmente los subsidios que ahora se destinan al medio rural.
Si el dinero se sigue usando principalmente para desactivar conflictos y no para algo más sustantivo, no vamos a resolver nada en el campo. Para que la sociedad rural tenga un futuro promisorio, las y los jóvenes campesinos tienen que permanecer ahí en el campo para desarrollarlo; para eso necesitan nuevos estímulos, sobre todo que la educación que reciben y la tierra tengan algún sentido: económico, social, existencial, para sus vidas.
Ahora ni tierra ni educación tienen el importante significado que en otro contexto tenían. No es asunto sólo de echarle ganas y más dinero. Hay que cambiar el modelo y la política económica para el campo mexicano. El sector rural es escenario de cambios que van aparejados a transformaciones nacionales en la economía, en la cultura y en la institucionalidad.
La revolución mexicana y la incansable lucha de Emiliano Zapata lograron la repartición de la tierra y regresar a las manos del campesino la propiedad agraria pero las décadas que le siguieron no han logrado asegurar ni producción ni equidad ni justicia para los campesinos en sus tierras.
Lo que antaño fue un baluarte de la economía y el desarrollo de México, algodón, henequén, tabaco, café, maíz, caña, etcétera, ahora se revierte como rezago y debilidad; y a pesar de que no se debe cejar en la demanda de mayores recursos para el campo, lo principal será emprender los cambios con los cuales producimos. ¿Cómo se produce?, ¿cuánto se produce?, y ¿para quién se produce?
"Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres" escribió Zapata en una de sus cartas. En Alternativa, nuestra acción política está guiada por un principio definitorio: la justicia; no como una dádiva ni como graciosa concesión, sino como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Para nosotras y nosotros la libertad es un valor principal, pero no es un valor absoluto; es un logro de nuestra integración social. Partimos del anhelo de la libertad. Para llegar a ella necesitamos de un proceso de liberación frente a la desesperanza, frente a la frustración y frente a la discriminación.
Ser libre es conquistar nuestra autonomía como otro valor que defendemos a través de la construcción de un piso básico de entendimiento común, de una visión de futuro, de igualdad de oportunidades; de un vigoroso pluralismo y de comunidades y familias en su amplia diversidad.
El Estado laico garantiza la libertad de conciencia y la vigencia revolucionaria de Emiliano Zapata nos obliga ahora a defender por convicción, y desde nuestra conciencia, la libertad de culto y la laicidad del Estado.
En la frase "Tierra y libertad" se suman dos de los postulados que seguiremos defendiendo, porque no hay futuro sin campo y no hay justicia sin garantía de la libertad. Zapata exigió y luchó por la libertad de los campesinos. Nosotras y nosotros luchamos ahora por la libertad de conciencia, la laicidad del Estado y la libertad de decidir. A las mujeres nos va la vida en ello. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Elsa Conde. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, del grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea, hoy conmemoramos el 88 Aniversario del artero asesinato de uno de nuestros grandes revolucionarios: Emiliano Zapata. Zapata constituye para la Revolución Mexicana la esencia de su concepción agrarista, uno de los móviles sociales que le dieron sustento a dicho movimiento armado.
Al firmarse el Plan de Ayala se destacaba el combate a favor de los campesinos pobres sin tierra, la demanda de que se les restituyeran sus tierras a los pueblos indios y que se dotara de ejido a las poblaciones rurales que no las tuvieran. Esas demandas fueron la base del agrarismo mexicano; es decir, la raíz y la esencia del zapatismo.
Para el grupo parlamentario de Convergencia es parte esencial de nuestra memoria histórica e identidad nacional mantener la vigencia de la obra de nuestros luchadores sociales, como el caso de Emiliano Zapata, porque su trayectoria e ideales constituyen uno de los pilares de la fortaleza moral de esta nación.
Las ideas de Zapata siguen vigentes en el siglo XXI, no sólo por la situación de rezago social que permanece en el campo mexicano, cuyos trabajadores han sido reducidos como ente secundario de la producción económica sino porque es en las zonas rurales donde se manifiesta mayormente la desigualdad que nos agobia.
No debiéramos olvidar en ningún momento que es entre nuestros campesinos pobres y marginados junto a los pueblos indios, donde queda todavía el flagelo del analfabetismo, situación de rezago intelectual que fomenta y favorece todo tipo de explotación y degradación social.
Convergencia considera que la mejor manera de rendir homenaje histórico a nuestros luchadores sociales que han forjado a la patria consiste en mantener la búsqueda de solución a los problemas que en su momento le dieron vigencia.
Hoy, a casi un siglo de su desaparición física, esos anhelos e ideales zapatistas auténticos son actuales. Por lo tanto, tenemos el deber de encontrar respuesta concreta de justicia social a esos rezagos que dieron motivo a aquel levantamiento justificado.
No es sólo una expresión meramente simbólica reconocer que Emiliano Zapata cabalga y seguirá cabalgando en todos los parajes agrarios del suelo mexicano en tanto no se solucionen también los problemas que hunden el campo al abandono social de todas las explotaciones en pleno siglo XXI.
Un tema verdaderamente preocupante es el campo mexicano. Se requiere hacer inversiones productivas en el sector agrario. El país aún necesita subsidiar su agricultura con responsabilidad y con transparencia en el ejercicio de sus recursos.
Por el otro lado el analfabetismo absoluto de los núcleos étnicos, los indígenas y los campesinos marginados, éstos que son los de hasta ahora, de mero abajo; además de la terrible desigualdad de las mujeres campesinas quienes sin excepción no disfrutan de ninguna equidad de género.
Por ello, la divisa "Tierra y Libertad" se seguirá escuchando en todos los confines de la patria. Rindamos hoy el mejor homenaje a este gran luchador mexicano y quisiera recordarles la frase de esperanza que existe entre todos los campesinos mexicanos y que es, el que el jefe Zapata no ha muerto; el jefe Zapata volverá algún día. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Elías Cárdenas.
Esta Mesa Directiva ha autorizado a personal de la Cruz Roja Mexicana que estuvieron hoy recibiendo el apoyo de los grupos parlamentarios, para que puedan entrar aquí al Salón de Sesiones a hacer una colecta voluntaria con los señores diputados presentes.
Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza. No estando presente, tiene la palabra el diputado Alan Notholt Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Álan Notholt Guerrero: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El pasado 10 de abril se conmemoró el aniversario luctuoso de quien fuera el caudillo de la revolución agraria, el general Emiliano Zapata, icono de nuestra historia como líder agrario.
Su figura se mitificó como defensor de campesinos en la lucha por la tierra. Fue uno de los padres fundadores del agrarismo mexicano. Su imagen ha sobrevivido entre los campesinos de Morelos y otras partes del país, haciéndose presente en discursos oficiales, organizaciones políticas y estudiantiles, en las calles, municipios y un sinfín de situaciones relacionadas con nuestra nación.
De igual manera, se propuso a este Honorable Congreso se le nombrara benemérito de la patria y que el 10 de abril fuera declarado día de duelo nacional. Asimismo, que su nombre se inscribiera con letras de oro en esta Cámara de Diputados.
Pero su legado no ha podido trascender con eficacia; el problema de la tenencia de la tierra sigue vigente el día de hoy al evidenciarse la ineficacia de las políticas públicas en materia agraria y al reflejar un reparto inequitativo de las tierras, que en ocasiones ha frenado el desarrollo económico y social de diferentes pueblos y comunidades de México como nación.
Aún sigue sin reconocerse el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras. Existe incertidumbre incluso para aquellas personas que cuentan ya con un reparto agrario. Las resoluciones en los conflictos agrarios, como son las averiguaciones previas por casos de invasión, despojo, rezago en el reparto agrario y otorgamiento de un predio a diferentes ejidos, siguen dejando mucho qué desear.
Existen aún miles de predios que se entregaron por resoluciones presidenciales hace décadas, que todavía siguen sin títulos de propiedad. La solución a estos problemas por parte de las autoridades ha sido muy escasa. Hoy en día, los problemas interétnicos o comunitarios se dan por falta de cuidado en el reparto de las tierras y estos conflictos se van convirtiendo en disputas violentas que llevan consigo, por consecuencia, la represión.
Como consecuencia, se han presentado problemas como los desplazamientos internos de diferentes pueblos y comunidades indígenas, generándose problemas de corte ambiental, económico o social.
Hoy rendimos un homenaje al general Zapata como un gran hombre del campo mexicano que luchó por la reforma agraria. A 88 años de su muerte existen muchos problemas sobre la dilación de la justicia sobre el derecho de la tierra.
Hoy exigimos el acceso equitativo de la tierra como condición indispensable para el progreso, lo que brindará certeza jurídica y supondrá un desarrollo en términos sustentables.
Nuestro gobierno debe honrar los ideales de Zapata respondiendo con eficacia y prontitud, ya que la conservación de la tierra, su reparto y tenencia, así como la protección de los recursos de la misma son indispensables para la nación mexicana que Emiliano Zapata vislumbró y dejó como legado en el artículo 27 de nuestra Constitución. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Notholt Guerrero. Tiene la palabra el diputado Isael Villa Villa, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Isael Villa Villa: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, concurro a esta alta tribuna de la nación para hablar en torno a una fecha solemne relacionada con la muerte del general Emiliano Zapara Salazar, destacado líder revolucionario y reformador agrarista mexicano que participó en el movimiento fundador del Estado moderno mexicano; mismo que tuvo la sabiduría histórica de unir los principios liberales con las conquistas sociales de nuestro pueblo.
Con la lucha de Zapata, de Villa, de Orozco, de Ángeles, de Madero, entre otros ilustres combatientes, fue posible que la Revolución Mexicana se llamara la primera revolución social del siglo XX en todo el mundo.
El general Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, estado de Morelos, en el seno de una familia pequeña de propietarios rurales, pero ante su pobreza la familia Zapata diversificó sus actividades encaminándolas a la pequeña ganadería.
Zapata siguió la educación primaria en la escuela de su pueblo. A los 16 años perdió a su madre y 11 meses más tarde, perdió a su padre. El patrimonio que heredó fue reducido pero suficiente para no tener que emplearse como peón en alguna de las ricas haciendas que rodeaban Anenecuilco.
Desde muy temprana edad advirtió las grandes injusticias que se cometían en contra de quienes trabajan la tierra. En 1902 ayudó a las personas del pueblo de Yautepec, Morelos, que tenían problemas con el hacendado Pablo Escandón, acompañándolos a la Ciudad de México para exigir que se les hiciera justicia.
En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender frente a los hacendados vecinos, las tierras del pueblo. Como represalia, en 1908 se vio forzado a incorporarse al noveno regimiento de Cuernavaca, en el esquema de una forma de castigo, a la que se le conocía como leva, practicada durante el Porfirismo.
Su férrea defensa de los campesinos le llevó en septiembre de 1909, a ser electo presidente de la Junta de Defensas de las Tierras en Nenicuilco. Reunió un ejército de peones, la mayoría de ellos indígenas de Morelos y con "Tierra y libertad" como grito de guerra pasó a formar parte en 1910 de la Revolución Mexicana de Francisco Indalecio Madero, que pretendía acabar con el régimen de Porfirio Díaz.
Zapata comenzó su guerrilla en marzo de 1911, tomó Jojutla, Chinamecan y sitió Cuautla, que estaba defendida por los porfiristas y más tarde tomó Cuernavaca. Al triunfo de los maderistas, Zapata se negó a deponer las armas, ya que todavía no se habían devuelto las tierras a los indígenas.
Mientras tanto, los hacendados comenzaron hacer una campaña en contra de Zapata, tratándolo como un bandido. Frente a la adversidad y con la asesoría de ilustres intelectuales, como Antonio Díaz Soto y Gama y Luis Cabrera, formuló su propio programa de reforma agraria, conocido con el nombre de "Plan de Ayala"; mediante el cual propuso redistribuir la tierra a los campesinos, junto con Pancho Villa, que había aceptado el "Plan de Ayala", entró a la Ciudad de México, en 1914.
Un año después se trasladó a Morelos donde prosiguió la defensa de sus posesiones. Durante ese tiempo, creó las primeras Comisiones Agrarias, estableció el crédito agrícola; además de inaugurar la Caja Rural de Préstamos en Morelos.
La extinción del principio de justicia agraria entre toda la población rindió sus frutos y logró que en octubre de 1915, el gobierno de la Convención promulgará la Ley Agraria. El 10 de abril de 1919 fue asesinado en una emboscada organizada por el coronel Jesús Guajardo en la hacienda de Chinamecan. La acción causó una enérgica condena de la opinión pública y de gran parte de los propios sectores constitucionalistas y es recordado como uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia de nuestra patria.
Zapata es el autor de la famosa frase "es mejor morir de pie, que de rodillas", muy comúnmente atribuida en forma errónea a otros actores revolucionarios, incluyendo al Che Guevara, a Dolores Ibarruri, La Pasionaria, quién ciertamente la puntualizó en sus discursos durante la Guerra Civil, e incluso la esquiló.
Emiliano Zapata trazó su huella histórica sumándose al movimiento revolucionario y al constitucionalista para superar los más de 30 años del general Díaz que se mantuvo en el poder, en donde los ciudadanos no pudieron elegir gobernante y un pequeño grupo de personas acaparó el poder.
En este periodo la desigualdad social se hizo evidente; el rico era más rico viviendo en palacetes al estilo europeo; los pobres eran más pobres intentando al menos sobrevivir en pequeños jacales.
La Revolución Mexicana fue sin duda el primer gran movimiento del siglo XX que logró transformar radicalmente las estructuras económicas, políticas y sociales del país. Sin su análisis no puede entenderse el proceso de modernización seguido por el país ni las características que adoptó su desarrollo a lo largo de esta centuria.
Por las fuerzas motrices que la hicieron posible, campesinos, indígenas y obreros, la Revolución tuvo un carácter eminentemente popular; encarnó asimismo importantes demandas políticas y sociales surgidas de la opresión, la injusticia y la desigualdad acumulada por varias décadas.
Por los objetivos que se trazó, la Revolución fue un movimiento primordialmente democrático ya que luchó por las libertades, derechos sistemáticos conculcados, libertades de expresión, de manifestación y de creencias, el sufragio efectivo, el derecho a huelga, la educación gratuita, el derecho a la tierra, entre otros.
Zapata es un ejemplo de reciedumbre, de tesón y de compromiso por las causas de su pueblo. Constituye una vigorosa fuente de estímulo para los patriotas que aspiran a construir una nación capaz de disminuir sus dolorosas desigualdades sociales.
Zapata será vigente mientras nuestros pueblos no logren superar la condición de marginalidad y pobreza que aquejan a más de las dos terceras partes de la población, aunque en este recinto haya venido a decir el gobierno que en esa condición sólo se encuentra el 47 por ciento.
Para las clases populares, en muchos pueblos, rancherías y comunidades se sigue escuchando la sentencia "Zapata vive".
Por ello traigo a la memoria también la inscripción de la estatua ilustre ubicada en la entrada de la ciudad de Toluca que dice que "Zapata tiene el caballo ensillado y enfundadas las botas para montar". Es decir, mientras que la justicia no sea una realidad generalizada entre los hombres y las mujeres del campo, los ideales de este prócer seguirán vigentes.
Por ello es trivial rememorar la figura del Caudillo del Sur, más allá de la elegía personal. Zapata encarna la lucha histórica de México para edificar una nación cada vez más democrática, más independiente y más justa. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Villa. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El 10 de abril de 1919 víctima de una traición artera orquestada por Venustiano Carranza y el coronel Jesús Guajardo fue asesinado el general Emiliano Zapata, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a rendir homenaje al insigne prócer, cuyo pensamiento sigue vigente.
Mientras en este país haya campesinos sin tierra, mientras que haya ricos que abusan del pobre y gobernantes que lucran con la ignorancia del pueblo, el pensamiento y el legado de Zapata continúan vivos.
Zapata el glorioso Ejército Libertador del Sur, fueron factores importantes en la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, al iniciar el gobierno de Madero y al regresarse éste a dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 3o. del Plan de San Luis que establecía regresar la tierra a los campesinos que habían sido despojados de ella, el general Zapata se opone a la tibieza de Madero y expide el 28 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala.
Esta Plan constituyó un poderoso documento que condensaba los anhelos y esperanzas de los campesinos sin tierra, paradójicamente, mientras Zapata luchó porque los hombres del campo fueran los dueños de la tierra que trabajaban, hoy, en el estado de Morelos donde nació y vivió Zapata así como en casi todo el país, los campesinos viven en la pobreza.
Por desgracia hoy el campo mexicano se encuentra sumergido en el abandono y sus habitantes ahogados en la miseria, ese campo por el que tanto luchó Zapata ha sido destruido por las políticas claudicantes de los gobiernos neoliberales y por el Tratado de Libre Comercio.
Estas condiciones de miseria del medio rural fueron la base para que un grupo de mexicanos levantara la voz de los indígenas en 1994, tomando la bandera y los ideales del general Emiliano Zapata. Desde una de las regiones más pobres de la patria surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como instrumento de los marginados para reivindicar sus derechos sobre la propiedad de la tierra y darse formas autogestivas de gobierno; sin embargo, es justo mencionar que muchas organizaciones campesinas y sociales llevan el nombre del general Zapata así como la máxima de "Tierra y Libertad".
Desde esta tribuna queremos decir que la mejor manera de honrar la memoria de Emiliano Zapata, es mantener un compromiso claro y firme con los ideales y postulados contenidos en el Plan de Ayala, para las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo la mejor manera de recordar el aniversario luctuoso del general Zapata no es con discursos elocuentes, sino con un compromiso permanente de lucha a favor de los desposeídos para que salgan de la postración en la que los han sumido los recientes gobiernos neoliberales.
Asumir los ideales que persiguió Zapata representa un verdadero compromiso con la lucha social, porque mientras subsistan condiciones de explotación, pobreza, marginación y hambre en nuestro pueblo su ideario y ejemplo serán siempre un referente obligado para todos los que estamos a favor de la justicia y de la igualdad social.
Hoy el descontento hacia los gobiernos neoliberales y en particular contra éste, que es resultado del mayor fraude electoral que se haya cometido en la historia de este país, estamos en plena etapa de descomposición de las instituciones, por ello el grupo parlamentario del PT suscribe plenamente los resolutivos de la Primera y Segunda Convención Nacional Democrática para reformar los instituciones y que el poder público sirva a la gente.
En el grupo parlamentario del PT estamos convencidos que la sociedad mexicana está desplegando un movimiento social de resistencia que nadie podrá parar. En este proceso, el pensamiento de Zapata junto al de Morelos y Juárez es piedra angular del nuevo rumbo de la nación, que deberá tomar para devolver al pueblo el derecho a decidir sobre su propio destino.
Compañeras y compañeros legisladores, al conmemorar el 88 aniversario luctuoso de Zapata levantamos la voz para decir: desde todos los rincones de la patria se escucha "Zapata vive, ¡vive!"; "la lucha sigue, ¡sigue!". ¡Viva Zapata! Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ricardo Cantú. Esta Presidencia saluda a los ciudadanos pertenecientes al Consejo de Participación Ciudadana de Tlalnepantla, Estado de México, aquí presentes.
Tiene la palabra el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna en nombre de los legisladores de mi partido, el PRD, a rendir el más sentido homenaje al agrarista puro y valiente que supo abonar con las ideas y la sangre en la persecución del gran anhelo campesino de finales del siglo XIX, el anhelo de que nuestro campo, junto con el ancestral maíz, también creciera y floreciera la justicia.
A 88 años de la muerte de Zapata tenemos que reconocer con gran pesar —y también con vergüenza— que la justicia no ha florecido en el campo mexicano y que a los campesinos de hoy, como a los peones acasillados de ayer, el Estado mexicano los ha olvidado. La pobreza, la desigualdad social, la marginación, la arbitrariedad y el malestar se acumulan peligrosamente en los campos agrícolas y en las comunidades rurales de nuestro país.
Lo vemos así porque dentro de la situación de crisis en que se debate el país, es precisamente ahí en el campo en donde las condiciones de pobreza y abandono alcanzan sus dimensiones más dramáticas. Baste decir que en el medio rural se concentra el 46 por ciento de los pobres del país y más del 60 por ciento de todos los que se clasifican en pobreza extrema.
En el mundo rural mexicano la gran mayoría de sus pobladores ha vivido un largo periodo de deterioro económico, que como resultante de problemas estructurales y políticas anticampesinas se inició desde finales de los años 60, empeoró con la puesta en práctica de las primeras políticas neoliberales de los 80, periodo en el que por primera vez el crecimiento de la agricultura fue menor que el de la población y sí se agravó aún más con la apertura comercial al exterior en los 90.
En el campo el deterioro social alcanza su expresión más dramática en el abandono masivo por parte de los jóvenes; de un entorno del que la esperanza alzó el vuelo hace mucho tiempo. Para el Partido de la Revolución Democrática, la mejor manera de conmemorar a Zapata y su lucha justiciera es haciendo patente desde esta alta tribuna nuestra convicción de que el rescate de los mexicanos que viven en el campo es una de las primeras prioridades y refrendando nuestra más amplia solidaridad y simpatía por los reclamos campesinos que a falta de canales para el diálogo y el entendimiento con el gobierno, se han expresado en las calles de esta ciudad durante las últimas semanas.
Consideramos que la búsqueda de alternativas para la grave situación del medio rural debe constituir sin duda una de las mayores urgencias de la agenda nacional. El rescate de los 25 millones de mexicanos que viven en el campo no admite demoras; la tarea no puede postergarse y debemos emprenderla ya con valor y con patriotismo.
Nosotros sostenemos —y la realidad que vivimos así lo demuestra con mayor claridad cada día— que el abandono a la situación del campo al libre juego de las fuerzas del mercado no puede conducir al desarrollo con justicia, por lo que se hace indispensable y urgente que el Estado retome su papel en la promoción del desarrollo rural y la reactivación del sector agropecuario.
Rechazamos la visión del desarrollo rural exfoliador, que agota y destruye los recursos naturales y conduce a la profundización de las desigualdades sociales. Por ello, sólo promoveremos y apoyaremos las leyes políticas, programas y acciones que se ubiquen en la perspectiva del desarrollo rural sustentable, con la mayor equidad posible en la distribución de los beneficios sociales, frente a las visiones que propone el Ejecutivo federal, donde se pretende conceptuar a los habitantes del medio rural como meros receptores de los apoyos asistenciales del gobierno.
En el PRD sostenemos que el grueso de los recursos públicos debieran de destinarse con el propósito de la promoción de actividades productivas. Nosotros no vemos al campo y a los campesinos como objetos de la caridad pública; los queremos como generadores de valor económico y de riqueza. Por otra parte la planeación del desarrollo rural debe ser un ejercicio democrático con la participación de los actores del campo en primer término, por eso rechazamos la simulación de consulta pública que actualmente lleva a cabo el Ejecutivo federal para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, porque no se escucha ni a los campesinos ni a los legisladores.
En nuestra visión, el campo es mucho más que la agricultura y la ganadería, y el desarrollo rural implica el uso de todos los recursos y potencialidades que tengan a su alcance los pobladores rurales para construir mayores niveles de bienestar. Por ello, el grupo parlamentario del PRD impulsará políticas que promuevan el desarrollo en todos los órdenes, superando el enfoque tradicional que constriñe el desarrollo rural a los aspectos meramente agropecuarios.
En las actuales circunstancias del medio rural, consideramos de la más alta prioridad la promoción y el apoyo a las políticas de desarrollo que tengan impacto directo en la generación de empleos. El fortalecimiento de las organizaciones de los campesinos y productores del campo debe ser una de nuestras mayores prioridades. Apoyemos decididamente los procesos de consolidación de dichas organizaciones y seremos invariablemente sus más firmes aliados en la lucha por la reivindicación de su derecho a una vida mejor y más digna.
Concluyo Presidente. Finalmente, convocamos a todas las fracciones parlamentarias a que esta Legislatura construya una agenda rural tomando los temas de mayor impacto e interés para la transformación del campo mexicano, entre ellos la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio; la revisión del artículo 27 constitucional; los derechos indígenas; la soberanía alimentaria; la paz social en el campo; la reactivación económica rural y la protección de los recursos naturales. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Navarro. Tiene la palabra el diputado Enrique Iragorri Durán, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Enrique Iragorri Durán: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea, "quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres", Emiliano Zapata Salazar.
Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en el poblado de Anenecuilco, estado de Morelos, en el seno de una familia de pequeños propietarios de tierra, integrada por don Gabriel Zapata y doña Cleofás Salazar. Desde muy temprana edad advirtió las grandes injusticias que se cometían en contra de quienes trabajaban la tierra.
En 1902 ayudó a los habitantes del pueblo de Yautepec, Morelos, que tenían serias diferencias con el hacendado Pablo Escandón, acompañándolos a la Ciudad de México para que se les hiciera justicia.
En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla, Morelos, para discutir la forma de defender frente a los hacendados vecinos las tierras que al pueblo le pertenecían. Como represalias, en 1908 se vio forzado a incorporarse al noveno regimiento de Cuernavaca; forma de castigo a la que se le conocía como leva, que era frecuente en la época del Porfirismo.
Zapata inicia su lucha libertaria con la ocupación de tierras en manos de los hacendados en el año de 1909, cuando es nombrado presidente del Consejo Regente de Anenecuilco, su pueblo natal, de tal suerte que Zapata estaba ya en esos momentos predestinado a continuar la lucha armada así como ideológica a través de su Plan de Ayala, que fue promulgado el 29 de noviembre de 1911.
Decepcionado de los escasos resultados que observaba tras la lucha de la Revolución Mexicana, en su manifiesto expresó el deseo de los mexicanos de poseer las tierras que con sus manos trabajaban pero seguían en propiedad de grandes hacendados, siendo inspiración del ahora lema del estado de Morelos, "la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos", pensamiento en el que se resume el ideario agrarista que distinguió a mi estado, Morelos, y motivó a toda la nación mexicana y por ende son de carácter universal.
Gran reformador e idealista, hombre visionario. El 15 de septiembre de 1916, en otra población morelense de trascendencia histórica, Tlaltizapan, propuso la promulgación de la Ley General de Libertades Municipales, la que contiene el espíritu que en las postrimerías del siglo XX que el constituyente plasmó en nuestro pacto federal: el gobierno municipal, con las facultades que ahora le reconocemos, especialmente en la expedición de sus propias normas, en bandos y reglamentos y la libertad en el manejo de su hacienda.
Emiliano Zapata estaba consciente de su misión pues no cejaba de meditar en el hecho de que el campesino tenía hambre, padecía miserias, sufría explotación y se había levantado en armas con el propósito de obtener el plan que la ambición y codicia de los patrones les negaban. Por ello pagó con su propia vida sus ideales de justicia y libertad al caer en una emboscada cobarde y vilmente fraguada.
Fue así que Emiliano Zapata, el jueves 10 de abril de 1919 cae en la emboscada tendida por el gobierno de Venustiano Carranza, pues al acercarse con su caballo, acompañado por sólo 10 de sus leales compañeros a la entrada de la hacienda de San Juan Chinameca, para ahí encontrarse con Jesús María Guajardo, ese coronel carrancista que le había hecho creer que se pasaría al bando zapatista fingiendo con ello su deserción y que en realidad traía órdenes de el general Pablo Gonzáles para eliminar al "atila del sur", como lo nombró el entonces presidente Carranza.
Fue entonces cuando un guardia militar que aparentaba le rendiría honores, acribilla cobardemente, por sorpresa y a traición, al "mártir de Chinameca". Hasta la fecha y desde esta sede de la representación de la soberanía nacional, los principios de Zapata siguen vigentes. Su lema como revolucionario persiste. A unos mueven los sentimientos y deseos del primer agrarista mexicano, en el trabajo democrático que todos los días realizamos para tener un mejor país.
Para las diputadas y los diputados de Acción Nacional el ideario zapatista no vislumbró un México dividido, sino una gran patria que brinde cobijo, igualdad y seguridad a todos los que vivimos en ella.
Honremos la memoria de nuestro héroe sacrificado hace ya 88 años, pugnando para México reforma, libertad, justicia y ley. Viva Zapata.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Iragorri. Ha solicitado la palabra el diputado Félix Castellanos Hernández.
El diputado Félix Castellanos Hernández: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, quisiéramos llamar su atención en este debate, en estos posicionamientos tan importantes para la historia del país.
El 10 de abril pasado se cumplieron 88 años del asesinato del general Zapata por los grupos contrarrevolucionarios de aquél entonces. A 88 años, compañeras y compañeros legisladores, los sueños y las aspiraciones del campesinado mexicano siguen pendientes.
Queremos señalarles a ustedes, invitarlos a debatir cuál es la mejor manera de honrar la memoria del General Zapata. ¿Acaso sólo con la fabricación de monumentos? ¿Acaso sólo con poner su nombre aquí en los muros de este recinto parlamentario? ¿Acaso tenemos que esperar otro 10 de abril para recordar las hazañas y la aportación histórica del general Zapata? Nosotros consideramos que la mejor manera de honrar a Zapata es cumpliendo justamente con las obligaciones de este Congreso.
En la historia moderna de este país no hace mucho, en 1992, el entonces presidente Salinas anunciaba una nueva era para el campesinado mexicano. En ese entonces se decía que se iba a ordenar la propiedad rural, que se iba a garantizar la llegada de capitales nacionales e internacionales públicos y privados, se decía que se iba a fomentar la organización campesina y lo único que encontramos a 15 años es justamente lo contrario.
Nos preocupa que el día de ayer la secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Beatriz Zavala, reconozca que en sólo 19 meses se haya incrementado en 19 millones los pobres de este país, y muy seguramente se han incrementado aún más en el campo mexicano.
Por eso nosotros les planteamos aquí, en mi calidad de diputado independiente, convoco a todos los grupos parlamentarios a que podamos de una manera decidida, comprometida con los campesinos de nuestro país, discutir los temas de la mayor relevancia para ellos.
Les proponemos que honrando la memoria de Zapata, discutamos a la brevedad la nueva Ley Nacional Agraria que requiere este país. Les proponemos, aprovechando los nuevos tiempos de la presupuestación nacional, a que los grupos parlamentarios, a que los coordinadores parlamentarios, a que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pueda aprobar recursos crecientes, recursos suficientes para el desarrollo de los campesinos de este país.
Los convocamos pues a que también vigilemos la actuación del gobierno federal en materia agraria y agropecuaria. Los convocamos a que el gobierno federal pueda usar los recursos públicos de manera eficiente, pero también transparente.
Queremos aprovechar esta ocasión no sólo compartiendo con ustedes la preocupación de un conjunto de organizaciones campesinas del estado de Guerrero —de mi estado—; el pasado lunes nos decían que iban a organizar una marcha para el día martes 10 de abril y la preocupación de las organizaciones es que no había un monumento de Zapata en la ciudad de Chilpancingo, y decían que la mejor manera de honrar a Zapata era haciendo y gestionando ese monumento y nosotros le decíamos que además de ello, teníamos que seguir fomentando la organización campesina, teníamos que exigirle, a los diputados y a los senadores, concluir con su compromiso republicano.
Por eso, a 88 años del asesinato del general Zapata, nosotros desde aquí decimos —a 88 años— que Zapata vive y que la lucha sigue. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Castellanos.
Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de la ciudadanas diputadas y diputados.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay un asistencia de 442 diputadas y diputados.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, suscrita por él mismo y por la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado César Duarte.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): La última intervención, señor Presidente, si me lo permitiera en el tema del general Zapata, de tres minutos que me otorgara, si fuera usted tan amable.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pase usted, diputado.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Le agradezco mucho, señor Presidente, la atención. Nos pareció un tema muy importante, si bien la memoria del general Emiliano Zapata, que la honramos el pasado día 10, mantiene vigente esa lucha y en esta soberanía naturalmente es elemental que con las excelentes participaciones que han habido de mis compañeros diputados, sólo hagamos una suma de la actuación de esta Legislatura y del Ejecutivo federal del gobierno de este sexenio al respecto.
Si bien el proyecto nacional que refleja en nuestra Constitución la lucha revolucionaria —que el general Zapata aportó de manera importante— y el rezago agrario ha sido, de alguna manera, la dotación de tierras ha sido un caso eliminado en el proyecto nacional y aún quedan instituciones que fueron construidas precisamente para llevar justicia, llevar desarrollo a esa clase social que aún espera el resultado de respuestas del Estado mexicano a ellos, y vemos con enorme tristeza la lentitud con la que la justicia llega y los números han sido hoy —que no habré de repetir hoy aquí— perfectamente claros.
La reforma agraria es una institución que se planteó incluso su desaparición en el anterior sexenio; de igual forma, los tribunales agrarios y que aún permanecen cientos de problemas agrarios en el país sin resolver. Esos conflictos son un asunto que hoy, en la memoria de Zapata están vigentes y que debemos atender.
Pero más nos preocupa que la Secretaría de Agricultura hoy mismo, habiéndole otorgado esta soberanía el mayor presupuesto histórico que ha tenido esa dependencia, sea hoy la más rezagada en su gasto. Sólo el 20 por ciento del presupuesto federal ha podido aplicar la Secretaría y hay un reclamo generalizado en los estados y en los municipios de la atención de esta dependencia al gasto público que esta soberanía le otorgó de 58 mil millones de pesos, a la Secretaría de Agricultura.
Y es uno de los puntos que podemos hoy asumir; trabajar, auditar, revisar y dar seguimiento y un llamado serio, sólido, pero sobre todo enérgico al secretario de Agricultura a atender que este presupuesto que otorgamos sea aplicado debidamente a los programas que tienen que ver con llevar precisamente justicia y que fue la bandera del general Zapata.
Y el problema más grave que este país tiene aún, aun con tanto tiempo de conmemorar al general Zapata y establecer políticas, es que no tenemos realmente una política de Estado para el campo. No tenemos una política integral. Muchos son planteamientos que nacen en la Cámara, muchos son planteamientos que se ocurren a los ejecutivos que van llegando o a los secretarios del despacho y definitivamente no ha habido una política integral para el campo, no ha habido una estrategia nacional para el desarrollo agropecuario del país y mucho menos una política de Estado para establecer, desde la perspectiva de Estado, la estrategia que debe ser un asunto de seguridad nacional al campo, desde su alimentación, como el trabajo y la producción de su territorio.
Es un asunto elemental que está ausente y que permanentemente es solamente un asunto de ocurrencias o de estrategias fallidas y que se inventan, desgraciadamente, cada seis años.
Es elemental que asumamos hoy, en la conmemoración del general Zapata, un tema fundamental que es establecer una política integral para el campo y el desarrollo y así llevar y conmemorar verdaderamente la memoria del general Zapata. Es cuanto, señor Presidente, y aprecio mucho su generosidad.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado César Duarte. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González para presentar iniciativa de ley.
El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, los que suscriben, diputados Carlos García González y Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga la fracción III del artículo 112 y adiciona el Capítulo I Bis y los artículos 111 Bis y Ter, al Título VI de la Ley Federal de Metrología y Normalización, al tenor de las siguientes consideraciones.
Para establecer un marco jurídico aplicable a las normas y regulaciones técnicas fue que se expidió la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, misma que fue publicada el 1 de julio de 1992. Dentro del contenido de dicha ley se desprende el artículo 112, el cual se encuentra en el Título VI Capítulo II, denominado De las Sanciones, mismo que contempla entre otras, la clausura temporal o definitiva, parcial o total y el arresto administrativo hasta por 36 horas.
En esta tesitura conforme a lo dispuesto en el artículo 19, fracción XV del reglamento interior de la Secretaría de Economía, corresponde a la Dirección General de Normas la verificación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de su competencia; así como la imposición de medidas precautorias y sanciones correspondientes en los términos de la ley referida.
De igual forma la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, cuenta también con facultades en materia de verificación, encaminadas a vigilar las normas oficiales mexicanas, pesas y medidas, información comercial y especificaciones industriales de los productos. Por lo que esta autoridad administrativa fundaba sus resoluciones en el artículo 112 de la ley en cita como sustento legal para la imposición de sanciones en los procedimientos iniciados y tramitados por la Profeco, dada la correlación de sus funciones con la Dirección General de normas.
En atención a que algunos de los afectados por las resoluciones emitidas por la Profeco recurrieron judicialmente a los referidos fallos, en particular la aplicación de la sanción de clausura temporal o definitiva conforme al texto del artículo 112 mencionado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el 20 de octubre de 1997 declaró que la aplicación de dicho precepto legal era violatoria al artículo 16 constitucional.
Dentro de los razonamientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se mencionaba que el artículo 112 no señala con precisión el marco a través del cual las autoridades administrativas deben aplicar las facultades que les fueron otorgadas para imponer sanciones a quienes incurran en el incumplimiento de la ley referida.
En ninguno de ellos se especifica la clase de infracción que provoca la sanción administrativa impugnada, de manera tal que se deja a la autoridad aplicadora de la ley la facultad de determinar el tipo de infracción a la ley que se da en el caso concreto.
En estas condiciones es dable concluir que la fracción II del artículo 112 que se viene examinando viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional, al no definir los elementos de juicio que permitan a la autoridad establecer la conducta infractora que da lugar a la clausura.
Es por ello que se propone una adición a la fracción II del artículo 112 en la que se especifiquen los casos en los que proceda la clausura de establecimientos o instalaciones y la derogación de la fracción III, relativa a los arrestos administrativos hasta por 36 horas, ya que dicho sea de paso, no ha tenido aplicación desde el inicio de la vigencia de esta ley.
Por otra parte, de la debida correlación de los artículos 112 y 112 A, ya no se deja a los particulares en estado de indefensión por no permitirse a la autoridad imponer sanciones de diferente rango a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad.
Resta por tanto, añadir un capítulo a la ley, en el que se señale el procedimiento al que deberá sujetarse la autoridad, en el que se permita al gobernado su derecho de audiencia. Todo ello con el propósito de otorgarle al ciudadano las garantías de legalidad y seguridad jurídica para el efecto de subsanar las omisiones constitucionales de que adolece.
Por lo anteriormente expuesto es que presentamos ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes
Términos
Artículo Único. Se adiciona el Capítulo I Bis y los artículos 111 Bis y Ter al Título VI, se reforma la fracción II del artículo 112 y se deroga la fracción III del mismo artículo 112 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue:
Capítulo I Bis. Procedimientos por infracciones a la ley.
Artículo 111 Bis. Para determinar el incumplimiento de esta ley y en su caso para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la Secretaría notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de 10 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga y rinda prueba. En caso de no rendirla la Secretaría resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. La Secretaría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar del presunto infractor o de terceros, las demás pruebas que estime necesarias.
Concluido el desahogo de las pruebas la Secretaría notificará al presunto infractor para que presente por escrito sus alegatos, dentro de los dos días hábiles siguientes. Transcurrido el plazo la Secretaría resolverá dentro de los 15 días hábiles siguientes y determinará las sanciones que procedan.
Artículo 111 Ter. Para la sustanciación del procedimiento por infracciones a la ley, a que se refiere el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 112. ...
Fracción II. Clausura de establecimientos o instalaciones cuando:
a).- Realicen actividades industriales comerciales o se ofrezcan productos sujetos a normas oficiales mexicanas, al amparo de un documento alterado en cualquier forma o falsificado que pretenda denotar ilegítimamente su evaluación de la conformidad.
b).- Se ponga en riesgo la integridad física o la salud de los consumidores y usuarios de bienes, servicios, procesos, actividades o instalaciones sujetos a normas oficiales mexicanas.
Para efectos del inciso a) de esta fracción, no se considerará sancionable la simple pérdida de vigencia del documento legítimo que denote la evaluación de la conformidad realizada, salvo que una norma oficial mexicana en particular o su procedimiento de evaluación de la conformidad obliguen a mantener la vigencia del documento para seguir realizando las actividades industriales, comerciales u ofrecimiento de productos regulados por dichos ordenamientos.
Fracción III. Se deroga.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por último, solicito que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como hay sido solicitado.
Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Elías Espinosa Abuxapqui, que reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Chanona Burguete, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley General de Población.
El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, quiero presentar a su consideración una iniciativa que versa sobre los migrantes indocumentados en territorio mexicano, tema que es en mi visión un asunto de defensa de los derechos humanos. Por ello, es un tema urgente que no puede ser relegado por más tiempo, sin riesgo de debilitar el estado de derecho y desde luego, seguir vulnerando nuestras instituciones.
Ya en anterior ocasión me he referido al vacío normativo que ha permitido, por un lado, la reiterada violación de los derechos humanos de los migrantes y, también por otro, la condición o la permanencia de la condición de legalidad que actualmente tienen los extranjeros en tránsito por nuestro país y que, desde luego, son las víctimas fundamentales. Ambas situaciones han propiciado reiteradas violaciones a sus derechos humanos.
Sólo en el año 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 279 quejas de violaciones atribuidas a las prácticas y a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, como son: maltrato físico, mala alimentación y deficiencias en las estaciones migratorias. También en el 2006 fueron sancionados 187 servidores públicos por diversas irregularidades.
Es impostergable, compañeras y compañeros legisladores, una reforma que corrija dichos tratos inhumanos, al tiempo que garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales de todo individuo, no importando nacionalidad, raza o religión, que se encuentre en territorio nacional.
Compañeras y compañeros legisladores, ante el derecho no hay distinciones ni diferencias; la protección del Estado no se regatea. El aseguramiento de los indocumentados en las estaciones migratorias como se da actualmente, denigra la condición humana.
La comisionada del Instituto Nacional de Migración ha dado a conocer que de las 48 estaciones migratorias que tiene México, que es un número muy magro, sólo 11 cuentan con médico y 3 con consultorio equipado.
La capacidad total de alojamiento de las estaciones migratorias en México no rebasa las cuatro mil personas, pero sólo en la mitad, repito, sólo en la mitad hay condiciones mínimas de alojamiento.
Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, incomunicación que persisten en dichas estaciones.
La CNDH ha abierto tres expedientes por queja de organizaciones no gubernamentales, a cuyos representantes se ha impedido entrevistarse con inmigrantes asegurados; ha tenido también conocimiento de varios casos en los que se obstaculiza el acceso a abogados particulares. Es decir, son privados de la justicia.
Adicionalmente, en nueve estados de la República sabemos que no existen estaciones migratorias, por lo que los indocumentados suelen ser llevados a cárceles municipales como si fueran delincuentes del fuero común. Ello a pesar de que el artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Población establece que en ningún caso podrán habilitarse como estaciones migratorias a los centros de reclusión para sentenciados.
Sobre este punto la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha emitido recomendaciones y no han sido atendidas.
En mi opinión, muchos de estos abusos tienen su origen en una falsa percepción sustentada en la actual legislación sobre el tema. Voy al punto. En el artículo 123 de la ley, se da un trato de delincuentes, subrayo, de delincuentes, a los extranjeros sin papeles en territorio nacional, tal como lo hacen los vecinos del norte a nuestros connacionales.
Señoras y señores legisladores, por la más elemental congruencia, tenemos que despenalizar, reitero, despenalizar la condición del indocumentado en México.
Como nación y como pueblo no podemos fincar nuestra relación con los migrantes extranjeros bajo esta premisa. Debemos honrar lo que constitucionalmente está mandatado y hacer las modificaciones pertinentes a las leyes secundarias.
El respeto y la defensa de los derechos humanos se eleva a la estatura moral o eleva la estatura moral de un país como México.
Lo contrario, señoras y señores legisladores, debilita nuestra exigencia de un trato digno a nuestros connacionales en el extranjero cuando nosotros no otorgamos lo mismo en México.
Compañeras y compañeros legisladores, no exijamos en el exterior lo que no estamos dispuestos a otorgar en el interior.
Enfatizo, el respeto a los derechos del individuo es uno de los pilares históricos sobre los que descansa el Estado y desde luego, nuestra democracia.
Por todo lo anteriormente expuesto y considerando las iniciativas sobre el tema que muchas compañeras y compañeros han presentado en esta máxima tribuna para defender los derechos humanos de los migrantes, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 71, se deroga el artículo 123 que es el que penaliza con multas y cárcel a los migrantes, y se reforma el artículo 128 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la República que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estiman pertinente, a los extranjeros que deben de ser expulsados. Como esto es insuficiente, se propone la siguiente adición.
El aseguramiento deberá ser en apego a las garantías individuales y sociales que consigna la Constitución, principalmente los principios de legalidad y seguridad jurídica y el pleno respeto a los derechos humanos. Continúa la adición:
Las estaciones migratorias deberán contar con instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento de los migrantes, con espacios ex profeso para la pernocta, la alimentación, el aseo personal, las actividades productivas y recreativas y proveyéndolos de lo necesario para su estancia temporal. Los servicios que propicien serán de calidad y suficientes.
El artículo 123, insisto, debe de ser derogado.
Artículo 128. Son de orden público para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para su aseguramiento en estaciones migratorias o en lugares habitacionales para ello ––se adiciona–– quedando prohibida la utilización de los centros de atención o reclusión federales, estatales o municipales con ese fin, cuando no se ha cometido, reitero, no se ha cometido delito alguno.
Ruego a la Presidencia de la Mesa Directiva insertar el texto íntegro de esta iniciativa y mi intervención en el Diario de los Debates. Muchas gracias a este Pleno.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo solicitó el diputado Alejandro Chanona. Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Cárdenas Fonseca del grupo parlamentario Nueva Alianza para presentar iniciativa que reforma los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia solicitando que la intervención y texto se inserten en forma íntegra en el Diario de los Debates. Compañeras y compañeros legisladores. Respetuosamente planteo ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.
Esto es con el objeto de rendirle responsablemente a los niños, justicia en la medicina preventiva, poder establecer especial énfasis en las acciones para controlar las enfermedades, prevenirlas por vacunación. Como ustedes lo saben, el derecho a la salud integra no sólo la idea de curar las enfermedades sino también de prevenirlas, hoy en día la prevención de las enfermedades mediante las vacunas constituye uno de los aspectos de mayor importancia en la promoción de la salud, la vacunación es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las prioridades de las políticas de salud pública.
La enfermedad por neumococo es un padecimiento potencialmente mortal, que puede presentarse cuando su bacteria la streptococcus pneumoniae causa infección en el cerebro o bien en la sangre o en los pulmones o en las membranas de los senos paranasales y en los oídos.
Las enfermedades causadas por el neumococo pueden incluir entre otras, meningitis, bacteriemia o infección de la sangre, ya no se diga neumonía u otitis media.
Es así que la enfermedad por neumococo es un padecimiento grave que puede causar la muerte, como ya mencionamos, la gravedad de esta enfermedad lleva implícito que por su causa tengamos cerca de 40 mil muertes al año, más que todas las demás enfermedades prevenibles por vacunación en conjunto. Más del doble de las muertes que ocasiona el virus conocido como Sida, casi el 25 por ciento más que las muertes ocasionadas por el cáncer de próstata, casi el mismo número de muertes que las ocasionadas por el cáncer de mama.
Por otra parte, la vacuna "conjugada heptavalente", autorizada y aprobada por la Secretaría de Salud, es la única vacuna antineumocócica que puede aplicarse a niños y niñas desde los dos meses de edad y hasta los nueve años: y la no conjugada o "polisacárida", es la que ha sido desarrollada para nosotros, los adultos mayores que también estamos expuestos a esta enfermedad.
De todas las posibles intervenciones en salud pública, la vacunación representa sin lugar a dudas una de las más altas prioridades ya que esto responde, tanto a razones epidemiológicas y de seguridad nacional como de justicia social.
Por ello, el gobierno de México por conducto de la Secretaría de Salud, las dependencias y entidades todas del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, debieran atender este principio de interés superior de la infancia.
Las vacunas como parte de las políticas de salud pública son la intervención médica más efectiva para prevenir las enfermedades y la muerte, por eso a los niños de México, que merecen nuestra atención seria y responsable, debemos brindarles la posibilidad de que la ley los ampare de esta terrible enfermedad que es causa de muerte.
De tal suerte que, presento ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyectos de decreto que adicionan un segundo párrafo al artículo 135 y reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 135. La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República.
La Secretaría de Salud, las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de los estados, acordes con el principio del interés superior de la infancia, pondrán especial énfasis en las acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de edad.
Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el neumococo y el sarampión, así como otras enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esa dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.
Artículos transitorios
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Compañeros legisladores. Avancemos en la protección de los infantes, de los niños de nuestro país, démosles esta garantía en ley. También atenderemos a los adultos, pero fundamentalmente a quienes sobre de los cuales gravita más el riesgo de muerte es sobre los niños de México. Hagamos cierto que es nuestro presente y futuro la infancia de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Salud e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.
Tiene la palabra el diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 48, 93, 190 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.
Voy a presentar ante ustedes iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48, 93, 190 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que el IFE sea el encargado directo de contratar los espacios publicitarios que los partidos políticos requieran para su campaña en los medios electrónicos de la radio y la televisión, así como para que las campañas políticas concluyan seis días antes de la jornada electoral, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según datos del reporte final de monitoreo de promocionales presentado por el Instituto Federal Electoral —reporte que puede ser consultado en la página de Internet del Instituto— se procesaron un millón 391 mil 176 horas de tiempo aire en 150 canales de televisión y alrededor de 240 estaciones de radio. Es importante señalar que la metodología del reporte de monitoreo de medios establece que se trata sólo de un muestreo, por lo que no representa la totalidad de los anuncios publicitarios que los partidos contrataron. Diariamente se procesaron 7 mil 702 horas y se detectaron durante todo el periodo un total de 704 mil 502 spots de radio y televisión.
El monitoreo de los promocionales de televisión arrojó los siguiente datos: se detectaron 142 mil 358 que representaron 3 millones 28 mil 153 segundos de tiempo aire, de los cuales 28 por ciento corresponde a promocionales de candidatos a presidente de la República, 12 por ciento a diputados, 31 por ciento a senadores y 29 por ciento a genéricos.
Por otra parte en el monitoreo a la radio se detectaron 562 mil 154 promocionales, que ocuparon 11 millones 358 mil 819 segundos de tiempo aire; el 42 por ciento de ese tiempo se ocupó para la promoción de candidatos a presidente de la República, 13 por ciento a diputados, 21 por ciento a senadores y 25 por ciento a genéricos. Se calcula que para las elecciones del 2 de julio pasado se destinaron 70 centavos de cada peso de financiamiento al pago de anuncios en radio y televisión.
De los datos arrojados por el reporte de monitoreo de promocionales efectuados por el Instituto Federal Electoral, en esta última elección federal, se puede percibir de manera alarmante cómo los partidos y candidatos pasaron la promoción de sus campañas en anuncios de radio y televisión transmitidos en cadena nacional y horarios estelares, lo cual contribuyó para elevar significativamente el costo de los espacios publicitarios contratados. Lo anterior con el concebido malgasto de dinero del erario público.
Aunado a todo lo anterior, el mes pasado el IFE dio a conocer que los partidos políticos olvidaron reportar una cantidad importante de spots, cifra que representa casi la mitad de los 750 mil que el Instituto tiene registrados por la campaña presidencial de 2006. Hubo incluso, partidos que reportaron promocionales de radio y televisión en horarios inexistentes como las 25 horas o las 25:15 horas.
En este sentido es que se considera que nuestro actual marco legal ha sido rebasado por la realidad. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 48 que es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos de radio y televisión con el fin de anunciarse para la obtención del voto ciudadano.
Como se puede observar, nuestra actual legislación privilegia la libertad de nuestras instituciones políticas para contratar ellas, y sólo ellas, los espacios publicitarios en los medios de comunicación. Esta libertad que el Estado les otorga implicaría una corresponsabilidad de las mismas para el ejercicio responsable de este derecho otorgado; sin embargo, esto no ha ocurrido. Por el contrario, los partidos políticos han abusado de este derecho utilizándolo para exceder los topes de campaña para denigrar al adversario y dispendiar los recursos financieros públicos. Lo anterior, motivado por nuestra actual ley electoral, que exige a los partidos políticos un gasto mínimo en propaganda en radio y televisión.
El Código Federal de Instituciones y prácticas electorales en el Apartado 5 del artículo 182-A, establece:
Cada partido político deberá destinar 50 por ciento de las erogaciones que realice para propaganda en radio y televisión, en programas para la difusión de su plataforma electoral, la promoción de sus candidatos, así como para el análisis de los temas de interés nacional y su posición ante ellos.
De la lectura del texto en comento se desprende la necesidad de regular de mejor manera el acceso de los partidos a este medio de propaganda política. Los recursos financieros que se destinan a este tipo de propaganda partidista son los más cuantiosos; por tanto, lo que la población exige es que sean sustancialmente menores, mejor fiscalizados y controlados.
Es más que evidente la urgente necesidad de dotar al Instituto Federal Electoral de mayores facultades para que cumpla su función social de ser el encargado directo de contratar con los espacios publicitarios que los partidos políticos requieran de los concesionarios de la radio y la televisión, contribuyendo de esta manera al perfeccionamiento del proceso electoral mexicano haciéndolo más equitativo, transparente y menos costoso.
Por lo anterior y ante la demanda ciudadana de fiscalizar de mejor manera los gastos de publicidad en radio y televisión, los cuales representaron en los pasados comicios electorales el 70 por ciento del gasto total de las campañas electorales, serviría de modelo para que las legislaturas locales establezcan dentro de su marco jurídico electoral medidas similares con el fin de garantizar y fortalecer los procesos electorales locales y además reducir los costos de los mismos.
Asimismo, la presente iniciativa busca reducir el periodo de las campañas políticas para prohibir los actos de proselitismo político a favor de un candidato a partido político seis días antes del día de la jornada electoral.
Con la reforma, las campañas políticas de los candidatos y partidos políticos concluirán tres días antes del término actual para las campañas. Con lo anterior, además de reducir los costos de las campañas también se estaría permitiendo la desintoxicación provocada por el bombardero mediático del electorado y con ello se favorecería la emisión de un voto razonado por parte de los ciudadanos.
Compañeros diputados, de aprobarse esta iniciativa, el Instituto Federal Electoral contará con mayores medios para la fiscalización expedita de las campañas en los medios electrónicos de radio y televisión y se reducirá el periodo de las campañas políticas para que las mismas concluyan seis días antes del día e la jornada electoral.
Es importante subrayar que este problema se puede agravar aún más si no lo atendemos ahora, que no existe ambiente pre electoral que pudiera frenar la aprobación de esta iniciativa. De no hacerlo hoy corremos el riesgo de que en las próximas elecciones federales los ciudadanos nos reprochen nuestra inacción y volvamos a ver con tristeza y coraje como una vez más se malgastan recursos públicos en excesiva propaganda electoral.
Solicito atentamente a la Presidencia de esta Mesa Directiva se inscriba el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de Debates. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Gobernación e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias.
Sonido a la curul del diputado Alejandro Chanona.
El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Señor Presidente, solamente para pedir a esa Presidencia que también se dé turno a la iniciativa presentada por el de la voz, a la Comisión de Gobernación por su relevancia. Si es tan amable. Muchas gracias, Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese también, en ese caso no hay inconveniente de la Mesa Directiva y se turna entonces a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y a la de Gobernación. No hay problema.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El tema de alimentación es uno que requiere de especial atención en nuestro marco constitucional visto como un proceso y no por temáticas aisladas como comúnmente se le ha considerado.
Durante la pasada Legislatura se avanzó en establecer la garantía del derecho a la alimentación de manera aislada, pero a tal grado que ha significado un ir y venir entre ambas cámaras del Congreso, como si ese derecho no fuera socialmente indispensable tanto para su garantía como para su significado en el contexto del desarrollo nacional.
La base de la alimentación está en el campo como un proceso cultural, significado de la sedentarización humana y del uso tecnológico derivado del conocimiento sobre la utilización de especies que les eran más adecuadas para el desarrollo colectivo.
Actualmente, la alimentación implica aspectos de nutrición, de reconocimiento de valores culturales, y principalmente, del logro de la soberanía alimentaria que toda nación requiere para su desarrollo.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consciente de la necesidad de reformar nuestro marco jurídico vigente se dio a la tarea de convocar a especialistas de diversa índole en la materia, así como la nutrida participación de la sociedad civil interesada en este tema, coincidiendo en la urgente necesidad de garantizar en nuestra Constitución los diversos aspectos relacionados con el proceso alimentario.
En primera instancia se parte del hecho que la alimentación es el primer contacto que todo ser humano tiene al momento de nacer. El primer contacto físico es con nuestra madre al requerirle alimento y en tal sentido se transforma en una garantía constitucional sine qua non.
Con el reconocimiento constitucional de este derecho significa tomarlo como fuente de identidad y de vida y protegerlo como patrimonio, permitiéndonos interpretar la tradición, construir una cierta relación con la historia y el territorio y acrecentar el sentimiento de pertenencia con identidad propia.
México tiene una amplia variedad de cultivos que se utilizan en la alimentación base que son alrededor de 232, de los cuales 53 son especies nativas, hecho que hace de nuestras cocinas la utilización de ingredientes muy por encima del ámbito mundial, ya que el 90 por ciento de los alimentos se basan solamente en 20 cultivos. De ahí que los recursos genéticos son una auténtica fuente de diversidad de resistencia a condiciones adversas y de nuevas alternativas de alimentos.
Es innegable el hecho que esta gran diversidad ha sido construida por nuestras comunidades rurales, en particular por las comunidades indígenas que han sabido transformar a través del tiempo los frutos de la tierra.
Preocupan las cifras y problemas derivados de la última encuesta nacional de nutrición 2006. De este ejercicio se destaca como problema la desnutrición por anemia, por deficiencia de hierro y de zinc, así como los problemas por enfermedades por exceso en la dieta.
En el sur del país el problema es alarmante, ya que los índices de desnutrición van disminuyendo porque la población infantil menor de cinco años va muriendo por esta causa. Esta misma inercia se incrementa en mayores de 70 años, lo cual significa que se debe enfatizar en políticas urgentes para atender la población infantil y a nuestros adultos mayores no sólo en las grandes ciudades, sino en el ámbito rural y localidades medias y pequeñas.
Destaca el hecho que siendo el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas estados con mayor número de habitantes y necesariamente de electores, son los estados con mayor índice de desnutrición. De ahí que es urgente —por lo que a nosotros nos toca— dotar de garantías y marcos jurídicos necesarios para enfrentar este flagelo, ya que es inconcebible que los de mayor votación para su representación en el Congreso, sean los estados con mayor problemática nutricional.
Los problemas de salud relacionados con la mala alimentación van incrementándose; con sólo señalar que el 10 por ciento de prevalencia de diabetes en mayores de 20 años es una situación muy grave, porque representa 65 amputaciones de miembros inferiores al año; 12 mil casos de ceguera, 28 mil de insuficiencia renal que requieren 100 acciones de diálisis peritoneal; 50 mil defunciones al año por esta causa, 210 mil nuevos casos por año de diabetes y por si fuera poco, 25 por ciento de mayores de 65 años tiene esta enfermedad. Además, dentro del grupo de mayores de 20 años, 55 por ciento tienen sobrepeso u obesidad. Si vamos a esa misma trayectoria, 80 por ciento de mayores de 40 años tienen esta situación.
Aunque no quiera aceptarse, el modo de producción imperante y los modelos económicos instaurados para darle cabida están produciendo ésta alarmante situación, ya que dejan a la libre fuerza del mercado la producción de alimentos con una proliferación de franquicias alimentarias con productos que han hecho a la sociedad más consumista y caracterizada por la obesidad de sus ciudadanos. La estadounidense, símbolo transnacional al que deben sujetarse el resto de las sociedades del mundo.
La protección de la infancia en los centros educativos en cuanto a su alimentación es verdaderamente alarmante. Las escuelas se convierten en generadoras de obesos, como se puede imaginar, ya que de ahí la necesidad de legislar para proteger a los menores ante prácticas que promueven alimentos y dietas no saludables. Asimismo, la participación de infantes en anuncios publicitarios que sólo benefician los bolsillos de los padres y potencializa a las industrias que sus jugosas ganancias no debieran permitirse.
Las prácticas en los hogares sobre bases alimentarias se están agudizando, dada la costumbre a la que no debiera acostumbrarse como consumir jugos y mermeladas y todo lo enlatado, frente a lo saludable que representa pelar una fruta y manifestarlo en sus diversas formas de consumo, por sólo citar un ejemplo.
La base alimentaria mexicana es por demás conocida, pero carece de reconocimiento constitucional. El maíz es, por antonomasia, el cultivo originario y diverso a lo largo del territorio nacional. Sus productos son socialmente necesarios para el desarrollo humano, aunado a él está el frijol, el chile, la calabaza, el amaranto, el nopal, el jitomate y el aguacate.
La alimentación también debe ser tratada como un acto biológico, de satisfacción y de convivencia social. Se trata de asumir a la alimentación como algo importante. La soberanía alimentaria no es más que la capacidad de los mexicanos de tener la alimentación que le conviene culturalmente, desde el punto de vista de la salud, de lo económico, y no la que nos imponen, sino decidir lo que queremos. Se trata de tener una orientación alimentaria adecuada.
En función de lo anteriormente señalado existen suficientes razones para modificar nuestro marco constitucional para reconocer la importancia de una alimentación adecuada vista como un proceso que tiene que ver con la producción de alimentos, con la protección de la niñez mexicana, con el reconocimiento de los valores culturales, sustentada por nuestros pueblos y comunidades indígenas, con disminuir los efectos de la acentuada mala alimentación generada por el modo de producción imperante, con reconocer nuestro patrimonio alimentario a nivel nacional antes de solicitarlo ante la comunidad mundial, con garantizar y reconocer los productos necesarios para el desarrollo de nuestra población en garantizar el maíz y otros productos base, no sólo como patrimonio nacional, sino como base de nuestra soberanía alimentaria.
En consecuencia y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicito se integre el texto al Diario de los Debates, completo. Firman esta iniciativa los diferentes integrantes del grupo parlamentario del PRD. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo ha solicitado la diputada Aleida Alavez.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
Se le da la más cordial bienvenida a los alumnos de la escuela "Patria Nueva", del Estado de México, que se encuentran en este recinto parlamentario. Bienvenidos.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, subo a esta tribuna a expresarme en torno a un problema cada vez más grave en todo el país. Me refiero a la violencia que se vive dentro de las aulas en todos los niveles de educación en México.
En los diversos sectores de la sociedad es un reclamo constante el problema de la violencia, la inseguridad y los hechos delictivos que se reportan de manera cotidiana dentro y fuera de las aulas de clase, en varias partes y a todas horas en el país. En este contexto, el espacio escolar no es la excepción y la violencia va en aumento.
El hecho es que estas acciones delictivas que antes nos asombraban por su rareza, ahora son parte del panorama cotidiano en algunos planteles educativos.
El aumento de la violencia en las escuelas públicas y privadas es un fenómeno creciente que provoca graves trastornos emocionales en los menores, los cuales en muchas ocasiones se encuentran sometidos a golpes, abusos, insultos, hostigamiento y amenazas, al estar en su proceso de formación. Crecen con ese estereotipo y lo consideran como algo cotidiano normal y, por consecuencia, lo repiten.
La violencia es un fenómeno creciente en los planteles educativos, pero no es nuevo; no ha dejado de ser noticia que en las escuelas haya niñas, niños o jóvenes que se comporten agresivamente con sus compañeros y maestros, que llevan armas escondidas, que venden o consumen drogas o que incluso, roban a otros estudiantes.
Estadísticas de la Secretaría de Educación Pública respecto del aumento de la violencia en los salones de clase son evidentes. El incremento del maltrato físico y emocional y del abuso sexual pasó de 12 casos tan solo en el Distrito Federal, en el ciclo escolar 1999-2000 a 482 denuncias en el ciclo escolar 2003-2004; es decir, aumentó tres mil 917 por ciento en cuatro años, cifra que es alarmante y que muestra el grado de ambiente violento en el ámbito escolar y que para el 2007 la cifra va en gradual aumento.
Las siguientes cifras son un claro ejemplo de la violencia en las escuelas, en donde el maltrato físico predomina entre las denuncias realizadas con 25 por ciento, seguido por el abuso sexual, con 14 por cieno y el maltrato emocional con 13 por ciento.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en promedio recibe una queja diaria relacionada con maltrato al alumno por parte de sus maestros. Desde 1990 la CNDH ha recibido dos mil 933 quejas por violación de derechos humanos de alumnos de educación básica, de las que el 90 por ciento corresponden a escuelas públicas.
Se han emitido recomendaciones sobre el tema sin que hasta el momento haya resultados sobresalientes, aunado al hermetismo de las instituciones que impiden que se den a conocer con mayor difusión los acontecimientos que ocurren al interior de sus aulas. Una mirada atenta al funcionamiento de la escuela muestra que en el cumplimiento de sus propósitos se ha incorporado más violencia que la que se reconoce oficialmente.
El principal problema en las escuelas públicas es que los actos violentos no son resueltos por las propias autoridades educativas. Por lo general son instancias ajenas, como la policía preventiva y hasta la Comisión de Derechos Humanos, las que toman cartas en estos asuntos. Ello revela el desinterés, burocratismo o, peor aún, que la realidad superó a la autoridad y a la capacidad de los profesores, con lo que posiblemente las escuelas sean rehenes de grupos violentos.
Las acciones gubernamentales al respecto son escasas. Si bien hay programas que intentan aminorar la violencia y los problemas que se generan en el espacio educativo son esfuerzos muy recientes que cada vez se ven más desfasados de la realidad.
Por ello es importante que las bases jurídicas que regulan al sistema educativo nacional a partir de la administración pública federal con la Secretaría de Educación Pública tengan que armonizarse —al igual que las demás instituciones— con el proceso de transversalización de la perspectiva de género.
Es urgente actuar ya fortaleciendo el sistema educativo nacional, profesionalizando a las autoridades educativas para prevenir y sancionar a quien ejerza la violencia, estableciendo como principios educativos básicos el fomento a valores como la tolerancia, el respeto, el rechazo a la discriminación, la equidad entre los géneros, entre otros. Desde luego también a la formación de personas que sepan resolver sus diferencias, privilegiando el diálogo y la tolerancia en abierto rechazo a actitudes violentas.
La violencia escolar es un fenómeno que debe ser asumido de manera conjunta por los gobiernos federal, estatal y municipal, las autoridades educativas, los docentes, los padres de familia y los propios alumnos que tienen derecho a ejercer su voz para establecer acciones preventivas más eficaces.
Debemos trabajar en conjunto y no ser insensibles ante este hecho lacerante en nuestra sociedad, las y los estudiantes son parte del futuro de México; debemos garantizar que tengan educación con principios y valores claros que eliminen violencia de cualquier tipo.
Por economía de tiempo y para un mejor desahogo del orden del día de la sesión, solicito que sea incorporado íntegro el cuerpo de la iniciativa en el Diario de Debates. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos e insértese el texto íntegro, como lo ha solicitado la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, en el Diario de los Debates. Tiene la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia señor Presidente. Señoras y señores diputados, el que suscribe, diputado federal Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante del grupo parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, presenta a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 216 de la Ley General de Salud, a fin de que sea aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de acuerdo con lo siguiente:
Exposición de motivos
El refresco, para los mexicanos, es un producto de consumo popular, aunque si bien es cierto que este producto no es un artículo de primera necesidad sí es un artículo de consumo generalizado. Es primordial recordar que la gente de más bajos ingresos consume refresco; incluso lo hace como parte de su dieta básica.
México es el segundo consumidor de refrescos en el mundo, más de 15 mil millones de litros al año. Si todos los mexicanos tomáramos refresco, el promedio de consumo anual por persona sería de 153 litros, casi medio litro de refresco al día, lo que equivaldría a 400 latas de refresco por año.
El consumo de refresco guarda una estrecha relación con la obesidad. Más de 50 por ciento de la población de adultos y casi un tercio de la población infantil de nuestro país tiene sobrepeso y obesidad. La obesidad está etiquetada en el mundo como epidemia por la Organización Mundial de la Salud, ya que existe más de un millón de adultos con sobrepeso en el mundo.
Los refrescos son calorías vacías y cero alimentos; que es uno de los factores causantes de la obesidad, la cual se ha convertido en uno de los principales problemas de salud en nuestro país. El índice nacional señala que casi cada 2 de 3 niños de entre 5 y 11 años de edad tienen problemas de sobrepeso y obesidad, los cuales son promotores de la diabetes.
El mercado refresquero de México representa alrededor de 15 mil millones de dólares anuales y está encabezado por los refrescos de cola. Dos de cada 3 refrescos que se consumen en nuestro país son refrescos de cola. El principal punto de venta de refresco en México es la miscelánea o tiendita de la esquina, dañando considerablemente la economía y la salud de los consumidores.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares elaborada por el INEGI, las familias con ingresos más bajos destinan 7.3 por ciento de sus gastos totales al consumo de refrescos y aguas carbonatadas.
La trascendencia de lo anterior va más allá si consideramos que pese a su nulo aporte nutrimental, las bebidas gaseosas ocupan un lugar muy importante en la dieta de los mexicanos porque el gasto invertido en ellas supera al de alimentos básicos como la leche, el huevo o el pan.
El Banco de México señala que la proporción del gasto familiar orientada a refrescos envasados es de 1.45 por ciento, mientras que las tortillas de maíz significan 1.23 por ciento y el fríjol 0.32 por ciento.
Esto es, la familia mexicana da más importancia a tomarse un refresco que a nutrirse. En cifras lo anterior significa que los mexicanos gastamos al año más de 118 mil millones de pesos en consumo de refrescos.
Otro punto central es el contenido de los refrescos. La etiqueta de la mayoría de los refrescos declara que contiene agua carbonatada, azúcar o sustitutos de ésta y lo que generalmente llaman concentrados; empero, la etiqueta no señala que los concentrados contienen una mezcla de compuestos entre colorantes, saborizantes y conservadores.
Además, muchos de los consumidores desconocen también la presencia de la cafeína en algunos de estos productos, concretamente en los de cola. En general, todos los refrescos tienen un carácter ácido y los refrescos con azúcar representan un aporte calórico importante y no tienen absolutamente ningún aporte nutritivo.
Durante el estudio de Profeco se encontró que una lata de 355 mililitros de un refresco de cola contiene alrededor de 35 gramos de azúcar. El contenido de 35 gramos de azúcar es por una lata de refresco y significa una cantidad considerable de calorías, sobre todo si se toma en cuenta que estos productos no contienen ningún otro elemento de valor nutricional.
Los refrescos de cola contienen un componente conocido como citrato que se utiliza como ácido cítrico, que si bien favorece la absorción de calcio en el intestino, también aumenta la excreción de calcio por el riñón. Por lo tanto, el abuso en el consumo de este tipo de refrescos, aumenta el riesgo de que se produzcan cálculos renales.
El consumo de refresco conlleva al consumidor a ser presa fácil de muchas enfermedades, entre las que podemos mencionar: obesidad, diabetes, gastritis y cálculos renales. Sin duda alguna, el sobrepeso es la enfermedad más característica de alto consumo de refresco. Algunos estudios demuestran una relación entre el incremento en el consumo de refresco y la aparición de obesidad hasta en un cuatro por ciento, en niños con problemas de obesidad.
Los refrescos se encuentran entre los tres alimentos más frecuentes. Si un adulto tomó diariamente un litro de gaseosa, en tres semanas podría subir de 500 gramos a un kilo de peso. Así, las bebidas gaseosas pueden proporcionar hasta un 20 por ciento de los requerimientos diarios que uno necesita, pero son calorías vacías.
La gran cantidad de azúcares que contienen los refrescos llega rápidamente a la sangre provocando el aumento de la insulina y que tales azúcares pasen a los tejidos y se conviertan en grasa. Mientras que el consumo de verduras ha disminuido hasta en un 29 por ciento, el de refresco ha aumentado en 37 por ciento, lo que propicia un grave incremento de peso entre los mexicanos; esto puede significar infartos, diabetes o problemas en personas con hipertensión arterial.
La desnutrición también está presente como uno de los males. Los refrescos son producto de consumo masivo, por lo que llegan con relativa facilidad a los niños, quienes al tomarlo tienen la sensación de estar llenos, lo cual les quita el hambre, afectando su desarrollo y crecimiento. Una de las consecuencias es el trastorno en los hábitos al desequilibrar su alimentación. El consumo de calorías vacías conducirá a una mala nutrición, con las consecuencias que esto acarrea: bajo rendimiento escolar, debilitamiento del sistema inmunológico y limitaciones para realizar actividades físicas.
Otras enfermedades relacionadas con la ingesta de refresco es la gastritis. En el desarrollo de esta enfermedad intervienen también factores como el estrés y los malos hábitos alimenticios y en estas condiciones cualquier alimento que se considere irritante podrá ocasionar la aparición de una úlcera gástrica a su paso por la mucosa gástrica y los ingredientes del refresco provocan irritación a nivel esófago y de aparato digestivo.
La Secretaría de Salud dio a conocer los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y algunos de éstos son alarmantes. A la mayoría de los adultos en México están obesos y les sobran kilos. La cifra combinada de sobrepeso de 39.7 y obesidad del 29.6, comprende casi el 70 por ciento de la población de 20 años o más, con un alto riesgo de padecer diabetes.
Reducir el consumo de bebidas azucaradas puede ser la mejor oportunidad para frenar la actual epidemia de obesidad, según la Medec. El consumo de refrescos constituye la más grave destrucción de nuestros hábitos de alimentación pues además de que conlleva a la ingestión de calorías vacías, es decir, con cero proteínas, vitaminas y minerales, a la larga provocan pérdidas de apetito y malnutrición. Además, es preocupante el gasto tan elevado que se le genera al sector salud y el alto riesgo que tienen los consumidores de padecer las enfermedades antes mencionadas.
Por tal razón, me permito presentar la siguiente iniciativa: Se propone el proyecto de decreto para etiquetar los refrescos con la leyenda "el abuso en el consumo de este producto causa obesidad, diabetes, gastritis y cálculos renales".
Con fundamente en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 216 de la Ley General de Salud, conforme al siguiente
Proyecto de decreto
Artículo único. Se adicione un párrafo tercero al artículo 216 de la ley General de Salud que quedaría redactado de la siguiente manera:
Artículo 216, párrafo primero y segundo como están y el tercero diría lo siguiente. Las bebidas gaseosas carbonatadas o refrescos con calorías vacías y cero valor nutricional que se pretendan expedir al público deberán incluir en las etiquetas de sus empaques o envases la siguiente leyenda: "El abuso en el consumo de este producto causa obesidad, diabetes, gastritis y cálculos renales". Esta leyenda deberá aparecer impresa con letra clara y colores contrastantes, además de cubrir lo dispuesto por el artículo 307 de esta ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de abril del año 2007.
Firma, diputado federal Juan Ignacio Samperio Montaño. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Salud. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia, solicitando que el texto íntegro de esta intervención y de la iniciativa misma se integre en el Diario de los Debates.
Compañeros legisladores, el día de hoy respetuosamente presento a la consideración de ustedes iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Como ustedes saben los gobiernos estatales y municipales se encuentran en la necesidad de contar con recursos suficientes para impulsar su propio desarrollo y en ello comparten los recursos que genera todo el país, conjuntamente con la Federación.
Y es tarea cotidiana el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Éste debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, sin detrimento de ninguno de ellos.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del gobierno federal con los otros dos órdenes de gobierno, buscando siempre el equilibrio de las finanzas públicas.
Sin embargo, en últimas fechas aparecieron elementos incluidos en la Ley de Coordinación Fiscal que distorsionan la distribución de las participaciones a que tienen derecho las entidades del país y que no obedecen en su razón de ser al sentido que determina el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Ante esta realidad, estamos obligados a contribuir para perfeccionar las bases jurídicas que regulan las relaciones financieras entre los tres órdenes de gobierno.
Por ello, la iniciativa que presento a su consideración busca integrar a la Ley de Coordinación Fiscal elementos que corrijan esas distorsiones que actualmente existen en materia de distribución del Fondo General de Participaciones.
Como antecedente tenemos que a partir del 2003 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público empezó a utilizar las proyecciones de población que publicó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en la Encuesta Nacional del Empleo. Que en 2005 esta Encuesta Nacional del Empleo se transformó en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las cuales son publicadas trimestralmente y los resultados de ello son la referencia para el Fondo General de Participaciones.
Pero el objetivo general de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es, pongamos atención, garantizar que se cuente con una base de información estadística sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como con una infraestructura sociodemográfica que permita profundizar en el análisis de los aspectos laborales. No tiene nada que ver con la determinación de la población que habita en un estado o en un municipio.
Y esto ha generado distorsiones que ocasionan que las proyecciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y de Empleo en la distribución del Fondo General de Participaciones, no atienda la razón de ser del propio fondo, además de que dicha encuesta no fue diseñada para medir la población sino que lo fue para medir la dinámica de la ocupación y el empleo.
Así, con el fin de resolver las distorsiones observadas se propone la siguiente iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20 por ciento —y continúa— para llegar a la fracción I de este artículo que dice:
I. El 45.17 por ciento del mismo en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate —y se agrega—, el número de habitantes se tomará del Censo General de Población y Vivienda o del Conteo de Población y Vivienda según corresponda, a partir del mes siguiente en el que le hubiera dado a conocer oficialmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Transitorio
Único. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Este tema, compañeros, es de la mayor importancia no nada más por cuanto a la pertinencia del gasto y el ejercicio y la distribución del mismo, sino también para no distorsionar el mosaico nacional y tener una clara rendición de cuentas. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Con su permiso, señor Presidente. El derecho es la base de la convivencia social y de nuestras instituciones democráticas. La norma jurídica es la materialización del ordenamiento de la República, de las instituciones políticas y de las relaciones sociales para una convivencia armónica, la más alta expresión jerárquica para el ordenamiento jurídico del Estado mexicano, se encuentra precisamente en nuestra Carta Magna.
La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la organización jurídica de las instituciones indispensables para el funcionamiento del Estado de entre las cuales se encuentran los tribunales de lo contencioso administrativo que ejercen una función jurisdiccional dentro de la propia administración pública, para conocer de la legalidad de los actos emanados de aquélla, es decir, funcionan como un mecanismo jurídico formalmente administrativo, de control de los actos de la administración pública federal, de acuerdo con lo establecido en la fracción I-B del artículo 104 de nuestra Carta Magna.
Sin embargo, una simple lectura a dicho artículo advierte la existencia de un error de la fracción I-B. Si analizamos la fracción I-B del artículo 104 señala y cito textualmente: "corresponde a los tribunales de la federación conocer de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refiere la fracción XXIX, inciso h, del artículo 73, fracción IV, inciso e), del artículo 122 de esta Constitución sólo en los casos que señalan las leyes".
El error consiste en que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe actualmente la fracción IV, inciso e, del artículo 122. Dicha fracción dejó de existir en nuestra máxima ley a partir de la reforma presentada por el Ejecutivo federal el 26 de julio de 1996 y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1996, la cual establecía, en su época de vigencia, la facultad de la Asamblea de Representantes para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo encargado de dirimir las controversias que se suscitaron entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares.
En este sentido lo que el Constituyente Permanente estableció de manera originaria fue la facultad para que los tribunales federales conocieran de los recursos de revisión que se interpusieron en contra de las ejecutorias en los asuntos que se suscitaron entre la administración pública del Distrito Federal y particulares.
El desfase en el articulado ocurrió en 1996, cuando fue discutida y aprobada la llamada reforma política del Distrito Federal, con la cual se otorgó a la ciudadanía la facultad de elegir a sus autoridades por medio de voto libre y secreto y así conformar las instituciones políticas, como la Asamblea Legislativa, la jefatura del Distrito Federal, y por consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las cuales tendrían las mismas funciones que un Congreso del estado, un gobernador y un Tribunal Superior de Justicia de cualquier estado de la Unión, acorde con lo que señalan hoy los artículos 116 y 122 de la Constitución Federal.
En dicha reforma, 22 de agosto de 1996, también se definió la naturaleza jurídica del Distrito Federal y se establecieron algunas facultades del Ejecutivo y Legislativo federal, en sus apartados A y B. En el apartado C se establecieron las bases para el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que se dividieron de la Base Primera a la Base Quinta.
Sin embargo, en la reforma del 22 de agosto de 96 el Constituyente Permanente no actualizó la totalidad de los textos de los artículos de la Constitución Federal que se verían afectados con dicha reforma. Tal y como se encuentra redactada la fracción I-B del artículo 104 de nuestra Carta Magna, le da competencia a los tribunales federales para conocer de asuntos derivados de tribunales de lo Contencioso Administrativo suscitados entre la administración pública federal y los particulares, no siendo así para el caso de las controversias entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares.
En este sentido, los tribunales de la Federación tienen la base legal manifiesta en la propia Constitución Federal para intervenir en los asuntos de revisión derivados de las ejecutorias emanadas de controversias entre la administración pública federal y particulares, pero no tienen fundamento jurídico para conocer del mismo tipo de asuntos entre la administración pública del Distrito Federal y particulares, por causa de un error o desfase en el artículo 104.
En conclusión, la presente iniciativa de reforma tiene un doble objetivo: por un lado, corregir un error o pifia presente en la fracción I-B del artículo 104 constitucional federal, el cual ha estado presente desde el 22 de agosto de 1996; y por otro lado, le otorga la facultad a los tribunales federales de conocer los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de lo contencioso administrativo, tanto en el ámbito federal y del Distrito Federal.
En virtud de lo anterior, expuesto y fundamentado, someto esta iniciativa de ley a este pleno. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Fraile García. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El diputado Mario Enrique del Toro: Con el permiso de la Presidencia. El que suscribe, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona las diversas disposiciones de ley a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El estado de derecho consolidado con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, es la pauta que ha regido al Estado moderno en el establecimiento de frenos al poder de la administración pública frente a los particulares, reconociendo que las libertades de éstos no pueden ser violentadas por las autoridades.
Así, nuestra Constitución de 1917 estableció la garantía de legalidad en el artículo 16, al obligar a las autoridades a emitir todos sus actos de molestia fundando y motivando sus resoluciones, lo que se traduce en la obligación estatal de no generar actos jurídicos en contra de las libertades de los particulares.
De ahí que todos los actos que emitan las autoridades deben estar fundados y motivados, situación que obliga al servidor público a observar cabalmente el ordenamiento jurídico, so pena de ser declarados nulos. De esta manera, el gobernado se encuentra respaldado con la garantía constitucional de la seguridad jurídica; no obstante, existe un área en la que por cuestiones técnicas jurídicas, la autoridad salva su obligación de fundar y motivar sus actos y en numerosas ocasiones hasta se le concede por los tribunales federales la posibilidad de evadir su papel de autoridad, negándolos sistemáticamente frente al particular, quien ante el acto de autoridad no tiene defensa legal, pues los tribunales de fuero común no son la instancia idónea para dirimir controversias relativas a la ilegalidad del acto, mientras que los tribunales competentes en materia de legalidad señalan que los órganos no son autoridades por no pertenecer ante la administración pública centralizada, por el simple hecho de estar contemplados como organismos descentralizados, concesionarios o cualquier otra denominación que adopten, sin importar que las funciones que realizan sí son de carácter público y por ende, corresponden a funciones de la autoridad.
Efectivamente me refiero a la administración pública paraestatal, cuya naturaleza jurídica no se encuentra perfectamente señalada en la ley, situación que genera diversas interpretaciones aun en los tribunales federales que no terminan de ponerse de acuerdo acerca de ello.
El hecho de que no pertenezcan estas entidades a la administración pública federal centralizada ha dado lugar a la interpretación errónea de que no participan en la naturaleza de aquella. Esto es particularmente ilustrativo en el caso de los organismos descentralizados, quienes al tener personalidad jurídica y patrimonio propio se desligan jurídicamente de la secretaría coordinadora de su sector para efectos de juicio. Entonces adoptan en los tribunales el doble carácter de particular frente a los tribunales y ante los gobernados de autoridad.
Esta situación en síntesis, deja en estado de indefensión al gobernado y convierte a la entidad en una autoridad que no responde como tal. Por otro lado, este doble carácter permite que las entidades paraestatales carezcan de personalidad en las controversias constitucionales; a veces en el amparo, lo que no otorga seguridad jurídica a la población.
Sin embargo, definir la naturaleza del órgano administrativo y de acuerdo con las funciones que realiza, sin importar su denominación permite a los gobernados y al mismo ente público, que sean considerados como tales siempre que ejerzan facultades de derecho público.
Por todo ello, se hace indispensable modificar la ley, a manera de que a pesar de lo sui géneris que puedan ser las entidades, se establezca la obligación de fundar y motivar sus actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de los particulares o incidan sobre el patrimonio del Estado.
Con ello se abre la posibilidad del gobernado de acudir ante los tribunales administrativos, a controvertir los actos generados de una relación de suprasubordinación que existe entre dichas entidades y el particular.
Por otro lado, aunque sus trabajadores están sujetos al régimen de responsabilidades administrativas, los órganos internos de control carecen del fundamento legal que les permita obligar a dichas autoridades a observar la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16, lo que provoca corrupción entre sus funcionarios que conocen la imposibilidad legal de combatir los actos que emiten.
Es éste el motivo que debe clarificarse en la ley, que todo acto de autoridad —provenga del ente que provenga— debe fundarse y motivarse adecuadamente y que se entenderá como acto de autoridad todo aquél que lesione los intereses jurídicos de los particulares emitidos de manera unilateral con permiso de la ley.
Al eliminarse la duplicidad de regulación de los entes públicos se evita que alguno de ellos efectúen actos de autoridad sin responsabilidad como tal; permite al gobernado contar con el medio de defensa legal cuando los intereses jurídicos se encuentran vulnerados, sin importar la denominación que se le dé al órgano.
De esta forma se rescata el espíritu de la legalidad que debe privar en todos los órganos públicos en los casos en que afectan los intereses jurídicos de los gobernados con actos emitidos por autoridad.
Por lo anteriormente expuesto, se estima que la presente reforma arrojará luz sobre el tratamiento y la naturaleza de la administración pública paraestatal frente a los gobernados, eliminando de la administración pública la zona oscura en que se difumina la naturaleza de los entes administrativos, confundiéndose sus características con los de la iniciativa privada.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa, la cual solicito se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Enrique del Toro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como se ha solicitado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Montalvo Gómez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Se dará el turno de la palabra al diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del grupo parlamentario del PAN, dado que la fracción del PRI solicitó se posponga la iniciativa que presentaría el diputado Pedro Montalvo.
Tiene la palabra el diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de Ley General de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera: Con su permiso, señor Presidente. Honorable asamblea, el suscrito, diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre de los diputados que integran la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de esta LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del artículo 25 constitucional en lo referente al sector social de la economía, bajo la siguiente
Exposición de motivos
La presente iniciativa es para crear una ley reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Es de orden público e interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sin que ello limite la legislación de fomento y desarrollo que dicten los congresos locales ni de las normas del mismo carácter que correspondan expedir a las entidades federativas y municipios, de conformidad a las disposiciones de esta ley.
Esta ley define y establece las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento de ese sector como un sistema eficaz que contribuye al desarrollo social y económico, a la generación de empleos, al fortalecimiento de la democracia y a la equitativa distribución del ingreso y la difusión de la propiedad.
Esto es lo que conforma el sector social de la economía que está integrado por el sector social del campo, las empresas y organismos cooperativos o de propiedad de los trabajadores, por ello es tarea importante de esta Legislatura revisar la legislación que regula la economía social y solidaria para impulsar el desarrollo de las entidades y organismos que la conforman, con transparencia, desde luego, del manejo de los recursos.
De lo que se trata al expedir esta ley reglamentaria del artículo 25 constitucional en lo referente al sector social de la economía es de retomar el curso de la historia para construir nuestra economía confiriendo derechos diferenciados a cada uno de los sectores. Se trata de una estrategia de fortalecimiento de las instituciones actualizándolas al contexto actual de la globalización y según las condiciones y potencialidades que tiene nuestra sociedad.
En nuestra legislación se ha enfatizado solamente la aplicación de las leyes y reglamentos que definen el papel y las funciones del sector privado y el sector público; parcialmente se han producido elementos normativos para el sector social, teniendo una larga historia de derecho social, teniendo una larga historia que suman las proclamas de diversos luchadores de distintos periodos y un gran momento con la promulgación de la vieja Ley de Reforma Agraria que contiene importantes aspectos que definen el uso y aprovechamiento de la tierra que precisan el carácter de la propiedad y que sancionan formas de organización.
Este sector que agrupa hoy en día a millones de mexicanos en todo género de empresas, fondos, cooperativas, ejidos, comunidades, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores paritarios de acciones, espera por la acción legislativa un nuevo redimensionamiento y actualización.
El Congreso de la Unión tiene una responsabilidad pendiente para dotar a este sector social de una ley general que sancione sus derechos, que haga explícito el marco legal en el que este sector debe desarrollarse y que le permita transitar en la economía globalizada complementando la de los sectores público y privado.
Al expedir esta nueva legislación se traza una estrategia de desarrollo del sector social y se le dota de un marco legal respectivo. No se pretende con ello, desde luego, vulnerar ni al mercado ni modificar la propiedad privada. Tampoco se plantean caminos excluyentes o limitar a otros sectores. Solamente se trata de abrir perspectivas a los miembros del sector social, para armarlos con un conjunto de tareas claras y coherentes y para convertirlos en parte importante de una política de empleo y desarrollo.
En cuanto a lo que debe ser el espíritu de esta ley que se presenta, el mismo artículo 25 constitucional dicta que establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social.
El desarrollo de la economía en México requiere el diseño o las fórmulas que nos lleven a una mejor distribución de la riqueza, a una disminución de las desigualdades sociales, a la equidad, a los mecanismos que aseguren el crecimiento del empleo, al fortalecimiento de la capacidad de organización y la autogestión de los grupos sociales hacia una consolidación del sector social, complementando la iniciativa y el espíritu empresarial que distingue al sector privado.
La presente propuesta establece el marco general que contiene las diferencias para normar al sector social y solidario de la economía respecto al sector público y al sector privado. Ese marco general sienta las bases para el desarrollo sostenido y autónomo, conservando al Estado la rectoría del proceso, tanto en su constitución como en su vigilancia; sienta las bases también para la participación de los organismos en los procesos de planeación del desarrollo.
El proceso de su formulación reconoce e incorpora las aportaciones de la iniciativa del diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, de la LVII Legislatura. Se hicieron también consultas dentro del sector, se revisaron legislaciones de otros países y se tomó en cuenta la experiencia misma de los organismos que han venido operando en territorio nacional.
El texto ha contemplado la diversidad del universo cooperativo, ejidal y solidario y sienta las bases para que funcione con eficiencia. La Ley sienta las bases para una adecuada aplicación de los recursos financieros del propio Estado. Se sientan las bases para una organización que parte de lo local, se prolonga en lo regional y culmina en un organismo nacional que ha de ser interlocutor y representante ante todas las instancias del Estado.
La ley que se propone está estructurada en tres títulos, dividida en capítulos para determinar las estructuras y funcionamiento de las entidades. Contempla la creación de un instituto nacional del sector de la economía social y solidaria como un organismo público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Economía, el cual tiene como principales objetivos la definición y armonización de las políticas del gobierno para el fomento y desarrollo del sector.
También propone la creación de un consejo nacional de las entidades del sector de la economía social y solidaria como organismo máximo de representación.
Se propone también crear un fondo de fomento para la propia economía social y solidaria, así como el registro nacional del sector de esta economía.
Finalmente, en esta iniciativa de ley se establece que corresponde a la Secretaría de Economía la conducción del proceso, pues está destinada a fortalecer la estrategia de crecimiento y desarrollo en la que el Estado mexicano habrá de realizar singulares esfuerzos de coordinación, concertación y fomento.
Por economía parlamentaria, solicito muy atentamente, señor Presidente, a la Mesa Directiva, se inserte la presente iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera. Insértese íntegro en el Diario de Debates el texto como lo solicitó el diputado. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su venia, señora Presidenta. En virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable asamblea, me permito dar lectura solamente a los principales aspectos de la iniciativa.
La normatividad de competencia es un fenómeno relativamente nuevo en los países desarrollados, así también como en países en vías de desarrollo en el caso particular de México. Incluso, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era prácticamente el único país que contaba con una Ley de Competencia y un organismo encargado de operar esa legislación.
En el caso de México, aunque existen experiencias en la Constitución de 1857 y 1917 en los términos de evitar las prácticas monopólicas, es hasta prácticamente principios de la década de los noventa que comenzó a tomar forma la idea de contar con una legislación que promoviera la competencia, así como un órgano encargado de operar este objetivo.
Esto fue posible hasta el 24 de diciembre de 1992, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica y con ella la propia creación de la Comisión Federal de Competencia.
Esta ley, en general, propone promover la competencia efectiva en el mercado, así como reducir el ámbito y modo de intervención del Estado en la economía. Sólo esta última se cumplió y por desfortuna fue el adelgazamiento del Estado.
La Ley Federal de Competencia Económica y su aplicación a través de la Cofeco, tiene problemas presupuestales, operacionales y judiciales, con lo que su penetración para regular las prácticas monopólicas ha sido poco significativa para la competencia nacional. Sin duda, la batalla de la Cofeco más representativa ha sido con Teléfonos de México.
El poder monopólico de Telmex es inmenso y los números son contundentes. Durante los primeros nueve meses de 2004, la participación de esta empresa en el mercado de telefonía en el número de larga distancia nacional, fue de 80 por ciento y en larga distancia internacional, de salida fue de 74 por ciento.
Si a Telmex la ligamos con Telefonía Celular (Telcel), los números no cambian. Para 1994 Telcel tenía 53.5 por ciento del mercado; para 1998 tenía el 62 por ciento y para el 2004, ya acaparaba casi el 80 por ciento del mercado de telefonía celular.
La Cofeco ha venido intentando imponer a Telmex un sinnúmero de veces, sanciones por prácticas monopólicas, un indicador claro de ello es que el 40 por ciento del valor monetario de multas que la Cofeco ha impuesto durante los 10 primeros años de existencia han sido directamente a Telmex.
En este caso de Telmex, queremos profundizar un ejemplo: si se comprobara que incurriera en una práctica monopólica absoluta que se establece en la fracción IV, del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, se le aplicaría, de acuerdo a esta ley vigente, una multa máxima de casi 76 millones de pesos. Esto representa tan solo el 0.05 por ciento de sus ingresos por operación en el año 2005. En otras palabras, Telmex puede pagar la sanción mayor de la ley en comento en tan solo cuatro horas de operación en un día.
Si este ejercicio lo aplicamos para empresas como Coca-Cola FEMSA, Televisa y Maseca, y suponiendo que estas empresas incurrieran en prácticas monopólicas absolutas y nuevamente aplicando la fracción IV del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, los resultados son los siguientes: Coca-Cola FEMSA pagaría la sanción en 13 horas solamente de operación, Televisa pagaría la multa en tan sólo 20 horas y Maseca pagaría la sanción más alta en sólo 4 días de ventas.
Como se puede mostrar a través de estos ejercicios hipotéticos, estas empresas, que históricamente han impuesto su poder monopólico u oligopólico, no tienen ningún incentivo a través de las sanciones para dejar de incurrir en prácticas monopólicas en sus diversas acepciones.
Por lo tanto, el proyecto de decreto que se presenta tiene como objetivo central fortalecer a la Comisión Federal de Competencia a través de un incremento de las multas como una medida persuasiva.
La propuesta pretende que las multas estén determinadas como porcentajes de las ventas anuales obtenidas por el infractor en el ejercicio fiscal anterior al momento de aplicar la sanción. Además, se duplican las multas en casos de falsedad de declaraciones, así como a los agentes económicos o individuales que hayan participado, coadyuvado o propiciado prácticas monopólicas en cualquiera de sus variantes.
Se considera que esta reforma le daría una herramienta adicional a la Cofeco para persuadir a los infractores de que las prácticas monopólicas atentan en contra de la economía nacional y se combatirán con firmeza, que es necesario coadyuvar al desarrollo y crecimiento económico a través de una competencia efectiva y no simulada competencia que beneficie a los consumidores, a los empresarios y al conjunto de los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señor Presidente, se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Insértese íntegro en el Diario de los Debates. Gracias, diputado Alejandro Sánchez Camacho. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Desde la suscripción, en 1995, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hasta la Declaración de Río de 1992, se ha reiterado el principio de que todo Estado puede disponer libremente de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, así como la adopción del compromiso para aumentar el acceso a requerimientos básicos, tales como el agua limpia.
En materia específicamente sobre el agua, en Mar de Plata, Argentina, en 1977 se inició un proceso de adopción de compromisos internacionales por este recurso; incluso, de 1980 a 1990 se declaró el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento, que motivó el mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento hacia las zonas pobres del orbe.
Con la Conferencia de Dublín en 1992 sobre el agua y el medio ambiente, y las cumbres subsecuentes en La Haya y Bonn se adoptaron compromisos que aún distan de un puntual cumplimiento.
La Declaración Ministerial de La Haya del 2000 y las directrices del Primer Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, aunado a las Metas del Milenio, instauraron una serie de desafíos y criterios entre los que se encuentra la cobertura de necesidades humanas básicas, asegurando el acceso al agua y a servicios de saneamiento en calidad y cantidad suficiente; así como identificar y evaluar los diferentes valores del agua: económicos, sociales, ambientales y culturales e intentar fijar su precio para recuperar los costos de suministro del servicio teniendo en cuenta la equidad y las necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales produjo una observación general número 15 en 2002, que señala que el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos.
Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias como lo es el caso de sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la contaminación de los recursos hídricos. Esto implica el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar el derecho al agua.
Los factores de disponibilidad, calidad y accesibilidad en torno al agua infiere que el abastecimiento debe ser continuo y suficientes para los usos personales y domésticos. La calidad responde a la salubridad del agua libre de microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que amenacen la salud humana, debiendo tener color y sabor aceptables para uso doméstico. Y la accesibilidad se refiere a que tanto el agua, las instalaciones como los servicios deban ser accesibles para todos sin discriminación alguna y con el derecho de solicitar recibir y difundir información sobre asuntos del agua.
Asimismo, el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien mercantil, como comúnmente es visto por los que sostienen el discurso de escasez del recurso, organizado desde los intereses de empresas privadas multinacionales y políticas diseñadas para el Banco Mundial, que pretende hacer del uso doméstico y el aumento de la población, los responsables de la crisis del agua.
Resulta de enorme preocupación la existencia y exigencia de los empresarios del agua para que el gobierno prometa la eliminación de los subsidios al consumo del agua de uso doméstico así como el que reciben los agricultores del país; resumiéndose en una afrenta de consecuencias insospechadas en detrimento de la población más necesitada. Los empresarios del agua insisten ante cualquier oportunidad sobre la modificación de las políticas federal, estatal y municipal basadas en la legislación vigente.
El derecho al agua ya es una realidad en la legislación del Distrito Federal. Desde la segunda Legislatura de la Asamblea local, después de un gran esfuerzo conciliador entre las diversas propuestas legislativos en torno a la Ley de Aguas del Distrito Federal, se consensuó sobre disposiciones que no sólo atendieran las particularidades de los servicios hidráulicos, sino también sobre una política de gestión integral de los recursos hídricos, es decir, de todo el ciclo hidrológico esté sujeto a protección, conservación y aprovechamiento bajo los objetivos de la sustentabilidad.
Compañeras y compañeros diputados, con esta iniciativa se atiende uno de los compromisos adoptados para el diseño internacional para la acción El Agua Fuente de Vida 2005-2015 y para lo cual solicitamos la sensatez y sensibilidad de nuestras compañeras y compañeros legisladores.
Asimismo, se fortalece la propuesta que en su momento fueron iniciadas por el grupo del PRD en la pasada Legislatura, que aún duermen el sueño de los justos en las comisiones dictaminadoras.
Con la reforma al párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional instamos a todos los institutos políticos representados en el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a elevar, de una vez por todas, la garantía a rango constitucional para que no sólo el Estado proteja el derecho de todo individuo, personal o colectivamente, a gozar de un ambiente adecuado para su bienestar y desarrollo, sino también al derecho a disponer de agua suficiente salubre, aceptable, accesible y asequible para uso doméstico; su suministro continuo y suficiente sin interferencias y para el sector social en el uso del agua agrícola.
En tal sentido las autoridades federales, estatales y municipales y del Distrito Federal, en un marco de concurrencia, deben garantizar estos derechos a través de los ordenamientos jurídicos que al respecto se modifiquen. Reconociendo también el derecho de cualquier individuo a presentar denuncias por actos, hechos u omisiones.
En consecuencia, y con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Por economía, le solicito se integre la iniciativa al Diario de los Debates y solicitarles, de ser posible, diputadas, diputados, que este tema sea retomado con toda la sensibilidad por todos los grupos parlamentario y hacer del agua algo que todos podamos consumir, acceder y, bueno, tratar en su justa dimensión. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada, Aleida Alavez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta Presidencia saluda a los alumnos del 6o. semestre de Ciencias Sociales de la Preparatoria "Salvador Allende" de Ciudad Sahagún, del estado Hidalgo, aquí presentes. Y también a la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Oriente de Zitácuaro, Michoacán. Continué la Secretaria.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de abril del 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Me permito comunicar a usted que con oficio OASF-04449-2007, de fecha 29 de marzo del año en curso, el auditor Superior de la Federación entregó a esta Comisión de Vigilancia el informe de resultado derivado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública Federal, correspondiente al Ejercicio de 2005.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 74, fracción IV, y 79 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 30, 31, 32 y 74, fracción XV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
En razón de lo anterior, y con fundamento en los artículos 66 y 67, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, me permito remitir a usted el informe de resultados sobre la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2005.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración. Atentamente. Diputado Antonio Ortega Martínez, presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Remítase al archivo para consulta de los ciudadanos diputados. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano, Francisco Eduardo Cué Pérez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Edward Kurt Clancy Contreras, para aceptar y desempeñar el cargo de Agente Consular Honorario de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos, David Suárez Gómez, Salvador Suárez Moctezuma y Nora Laura Rivera Fernández, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Emily Chávez Daumas, Tziratzin Patricia de la Lama Rebollo, Pedro Vega Juárez y Valente Ojeda Vargas, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se de lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Se dará lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos por el que se crea una subcomisión para investigar el Programa Enciclomedia.
Puntos de acuerdo
Primero. Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a que integre una subcomisión para investigar y dar seguimiento a todo lo relativo al Programa Enciclomedia, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, desde la creación de éste hasta su estado actual.
Lo anterior para determinar las futuras asignaciones presupuestales al programa, así como los ajustes necesarios para garantizar su viabilidad para el alcance de sus objetivos y metas.
Segundo. Se aprueba que en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la aprobación del presente dictamen por el pleno de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos determine a los integrantes de dicha subcomisión, así como a las líneas generales y dinámica de trabajo de la misma.
Tercero. La subcomisión propuesta tendrá vigencia por un año a partir de la integración de la misma, pudiéndose prorrogar este término en caso de que la comisión lo considere necesario.
Asimismo, dicha subcomisión deberá entregar reportes bimestrales respecto de los avances de la investigación y evaluación del Programa Enciclomedia y podrá trabajar en conferencia, con integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República, que investiguen el mismo tema en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquense.
Esta Presidencia recibió del diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, solicitud de excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública.
Del diputado Jaime Verdín Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Del diputado Ramón Salas López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
De la diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Equidad y Género.
Del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Del diputado Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
Del diputado José Murat, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Para esta última excitativa ha solicitado la palabra el diputado José Murat, del grupo parlamentario del PRI.
Y de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se excita a las comisiones mencionadas, para que emitan el dictamen correspondiente.
El diputado José Murat: Señor Presidente. Señoras y señores diputados, el que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados formule la excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El diputado José Rosas Aispuro Torres y su servidor José Murat, integrantes del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 21 de diciembre de 2006 presentamos ante esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas a los artículos 26 y 73, fracción 29-B y la adición de un cuatro párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reformas a la fracción IV del artículo 1o. y a los artículos 4o. y 5o., todos de la Ley de Planeación.
Lo anterior, por considerar que planificar el desarrollo económico, político y social de México es de la mayor importancia, pero igual o más importante es aspirar a que la sociedad mexicana a través del Congreso de la Unión participe democráticamente en la definición de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.
Sólo con el examen del Congreso federal se puede conseguir enriquecer las perspectivas y propósitos del plan como rector de las tareas y acciones del gobierno, solamente así podrá traducirse en la mejor formulación de los programas sectoriales e institucionales que de conformidad con lo señalado por la Ley de Planeación corresponde elaborar a las entidades y dependencias de la administración pública federal.
El Poder Legislativo, más allá de una simple función de elaborar leyes, tiene como principal objetivo, limitar y controlar al Poder Ejecutivo; sin embargo, la posibilidad de cumplir con el teleológico espíritu que dio origen a un poder de la magnitud del que representa al pueblo, no puede verificarse con plena eficacia cuando en materia del documento que rige la planeación nacional en materia de desarrollo, sus facultades se limitan, por disposición de una ley secundaria, a emitir meras opiniones sobre el mismo y a realizar observaciones sobre su ejecución, revisión y adecuaciones.
Es necesario, en consecuencia, que la Constitución General de la República se reforme, a fin de que el plan responda efectivamente a las demandas sociales. Es evidente y claro que el legítimo titular de la representación social y de sus demandas es el Congreso de la Unión, sólo con la revisión efectiva del Poder Legislativo federal se podrá verificar si el Plan Nacional de Desarrollo responde a las necesidades del pueblo o si las comprende todas, y si las prioridades que en él se establecen son las prioridades que el pueblo mexicano señala.
Por ello, consideramos que es momento de que el Congreso de la Unión intervenga en el examen y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente vigile su cumplimiento.
Bajo este orden de ideas y toda vez que resulta a todas luces necesario que las comisiones de la Cámara dinamicen de manera efectiva sus trabajos, en aras de cumplir cabalmente con nuestra función legislativa considerando de manera especial las condiciones políticas, económicas y sociales que enfrenta el país, le solicito respetuosamente, señor Presidente, que tenga por presentada esta solicitud y se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados, para que realicen el dictamen correspondiente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Murat. Como ha sido señalado en los puntos anteriores y de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción 16 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público para que emitan a la brevedad el dictamen correspondiente.
Adelante, diputado Rosas Aispuro.
El diputado José Rosas Aispuro Torres (desde la curul): Señor Presidente, nada más para reiterar que el tema que ha comentado el diputado José Murat nos parece que es un tema que cobra hoy una gran relevancia, que es un tema que no podemos pensar que habrá un verdadero avance democrático si no hay un verdadero sistema nacional de planeación que sea verdaderamente democrático y que nos preocupa lo que en este momento, en el que se está elaborando el Plan Nacional de Desarrollo, éste no tenga la debida consulta abierta a la sociedad, porque se está haciendo en círculos demasiado cerrados y además de ello se está haciendo a través del Internet, como si éste llegara a todos los rincones de este país.
Por eso la propuesta que hemos hecho el compañero diputado José Murat y un servidor, lo que busca es que hagamos conciencia los legisladores de la importancia de que incorporemos en nuestra Constitución y que reformemos también la Ley de Planeación, para que podamos realmente tener una mayor participación; y siendo el Congreso, siendo la Cámara de Diputados quien evalúa los informes del Ejecutivo federal, me parece que si no se hace con base en lo que está establecido en los programas del Plan Nacional de Desarrollo, no podrá haber un verdadero análisis que nos lleve a saber qué es lo que está pasando.
Por eso nuestra propuesta lo que busca, compañeras y compañeros legisladores, es que a este Congreso no sólo se le dé cuenta de que ya se elaboró, de que ya se construyó el Plan Nacional de Desarrollo; lo que queremos es que este Congreso pueda aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y que sea el que esté de manera periódica evaluándolo y que el Informe Presidencial realmente lo evaluemos en función de los avances que se tengan en el Plan Nacional de Desarrollo.
Ésa es nuestra propuesta, por eso queremos llamar la atención de los legisladores para que este tema no lo dejemos de lado, para que este tema, que me parece que es muy importante porque no podemos pensar que habrá una verdadera democracia si el Congreso no tiene la opinión en lo más importante, en la aplicación de las políticas pública, producto de los recursos que aprobamos los legisladores, que es producto de los impuestos, del esfuerzo de cada uno de los mexicanos.
Por eso me parece que el Congreso debe tener mayor participación y los invito para que con toda seriedad podamos analizar este tema y que a partir de septiembre que el Presidente venga aquí, lo hagamos ya evaluando su actuación en función de lo que establezca este plan rector de las actividades, de las funciones que desarrolla el gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento más importante con que cuenta el gobierno para definir las políticas públicas a desarrollar. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rosas. Sonido a la curul del diputado Xavier López Adame.
El diputado Antonio Xavier López Adame (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. También para sumarnos, a nombre del Partido Verde Ecologista, a la excitativa que hace el diputado Murat.
Nos parece que si el Congreso tiene facultades ya constitucionales para evaluar las políticas públicas y los programas del gobierno, tiene también facultades no para hacer la planificación, pero sí para examinarla y aprobarla, toda vez que un sistema de planeación democrática, consideramos no puede ser factible hasta en tanto no participen todas las fuerzas en el diseño y la estructuración de los programas que habrán de aplicarse para los programas y el gasto público.
Por lo anterior, a nombre del Partido Verde nos sumamos a la excitativa. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Adame. Sonido a la curul del diputado Alfonso Suárez del Real.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente. A nombre del Partido de la Revolución Democrática quiero expresar la adición a la excitativa que ha presentado el diputado Murat y que de manera, muy, muy clara, han explicado los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.
Definitivamente nuestro Partido está a favor de la planeación democrática y esto es una prueba de ello. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Le recuerdo que se ha hecho la excitativa a las comisiones de Hacienda y de Puntos Constitucionales para que atiendan este reclamo de los señores diputados y por supuesto, la solicitud para que se dictamine a la brevedad.
Esta Presidencia saluda al grupo de presidentes municipales del estado de Puebla, aquí presentes.
Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turne a otra comisión para la elaboración de los dictámenes de la cuenta pública de los años 2002, 2003, 2004 y 2005.
Este punto de acuerdo ha sido solicitado por la Junta de Coordinación, para que se cambie de turno y pueda ser tratado al inicio de los puntos de acuerdo. Sonido a la curul del diputado Fuentes Ortiz.
El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz (desde la curul): Señor Presidente, respetuosamente le solicito la rectificación del quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado, con todo respeto, para esta Presidencia existe quórum legal. Adelante, diputado Cárdenas.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. El tema que pretendo plantearle es absolutamente muy sencillo, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dictamine las cuentas públicas de 2002, 2003, 2004, 2005; la exposición de motivos y en aras del uso del tiempo y en todo caso que se diera el debate ampliaríamos; y la fundamentación jurídica de la misma está debidamente acreditada en la primera excitativa que le solicitamos al Presidente de la Mesa y que en cumplimiento de sus atribuciones la turnó a la Comisión de Presupuesto.
Una segunda excitativa en la que el Presidente de la Mesa, en cumplimiento de sus obligaciones y en uso de sus atribuciones le señaló a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que tenía para el 29 de marzo recién pasado, el presentar los dictámenes a aprobación del Pleno. Y esta Comisión simplemente ha hecho caso omiso.
Queremos pensar que no por esconder cosas, queremos pensar que no porque son cuentas públicas del gobierno anterior, que hubiera algo ahí que no les fuera de suyo atractivo que saliera a la luz pública y para evadir el debate político que se debe de dar en este pleno a la luz de los dictámenes que emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de los informes de la cuenta pública que a su vez le turne al Ejecutivo.
Al no presentar los dictámenes correspondientes, también se incumplen los ordenamientos de la Ley Orgánica, del Reglamento de la Cámara de Diputados e inclusive de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Podrán argumentar que el artículo 74 constitucional es la salida para evadir la responsabilidad; pero el artículo 74 constitucional señala y le pediría a la Presidencia que le pida a la Secretaría que lea el artículo 74 constitucional, en su fracción IV, párrafo cinco y seis, si es tan amable.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Obsequie la solicitud del diputado, leyendo el artículo 74 en su fracción IV.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados… La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación, si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación de los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Cárdenas. Sonido a la curul de la diputada Monreal.
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente, para que por su conducto le pregunte al diputado si me pudiera hacer favor de aceptar una pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted una pregunta, diputado?
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada Monreal.
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Diputado, una pregunta muy concreta. Veo que le preocupa la situación de la dictaminación de las cuentas públicas 2002, 2003 y 2004 y ahora que se ha acumulado la del 2005, preocupación que comparto y que por lo mismo hace tres semanas su servidora presentó un punto de acuerdo ante esta misma tribuna, de urgente u obvia resolución, y en esa ocasión su fracción voto en contra.
Mi pregunta es por qué esa falta de congruencia, si su fracción, cuando tuvo oportunidad de mostrar esa preocupación, no asumió ese compromiso y ahora usted presenta esa preocupación, que por supuesto compartimos.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Por una razón muy sencilla: porque nosotros seguimos el trámite legislativo de una primera y una segunda excitativa mucho antes de que usted presentara el punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe, diputado.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Es así pues, que concluyo comentando que seguir sin una respuesta puntual a la excitativa y al requerimiento del Presidente de la Mesa Directiva, esto debe interpretarse como un abierto encubrimiento de un obstáculo a la transparencia y a la rendición de cuentas del ejercicio y del destino del gasto público.
Que no vengan a argumentar aquí, ahora, que no se dieron cuenta de que hubo una primera excitativa. Que no vengan a esgrimir aquí, ahora, que no había nadie responsable cuando la segunda excitativa. Y que no vengan a decir ahora, que entonces sí podrán mandar un escrito para establecer un debate y aclarar si jurídicamente o no procede el argumento con el que quieran venir a esta tribuna, en lugar de que cumplamos con las obligaciones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Por la rendición de cuentas, por la transparencia, por la responsabilidad que nos mandata el Estatuto jurídico que nos rige, invito al PAN a que no se oponga a que se emitan los dictámenes correspondientes; que el que nada debe, nada teme. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Manuel Cárdenas. Túrnese a la Mesa Directiva.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, Presidente. Con el propósito de sumarnos —el grupo parlamentario del PRD— a la propuesta del diputado que nos antecedió en el uso de la palabra, con la finalidad de que cuanto antes se dictaminen las cuentas públicas pendientes. Hay que recordar que una de las atribuciones exclusivas de esta Cámara es precisamente el control y la fiscalización; y la no aprobación de éstas hace aparecer a esta Cámara incumpliendo una de sus principales atribuciones constitucionales. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo. Tiene la palabra el diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a que ratifique los convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176.
El diputado José Antonio Almazán González: Buenas tardes. Con su permiso, Presidente.
El que suscribe diputado José Antonio Almazán González, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71, 73 y 74, así como los artículos relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Cámara de Diputados con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que se exhorte al Senado de la República para que proceda a ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que son el 81, 85, 174 y 176.
Tenemos ya más de un año del homicidio industrial en la mina de carbón Pasta de Conchos y debemos reconocer que poco o ningún progreso se ha dado en cuanto a reformar el marco jurídico, a efecto de tutelar de una forma más justa y actualizada los derechos humanos a la salud y la integridad física de los mineros.
En efecto, en esta Cámara de Diputados se acordó —y ha concluido sus trabajos— una Comisión Especial en relación con esta tragedia. También se han presentado diversas iniciativas que tienen que ver con la actualización para hacer más integral las disposiciones en esta materia.
En este sentido, a la mejora y actualización de los instrumentos jurídicos de nuestro país en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, pensamos que sería de una enorme contribución la ratificación que efectuará el Senado de la República de los convenios de la OIT, mismos que ya fueron previamente suscritos por el Ejecutivo federal en apego a lo previsto por el artículo 133 de nuestra Constitución.
¿Cuáles son estos convenios? El 81 trata sobre la inspección del trabajo; el 85 es relativo a la inspección del trabajo en territorios no metropolitanos; el 174 versa sobre la prevención de accidentes industriales mayores, y finalmente el 176 aborda lo relativo a la seguridad y salud en las minas.
Pensamos que la ratificación de estos convenios permitirá que las disposiciones de convenios cobren plena vigencia en nuestro país para mejor tutelar el derecho de los trabajadores a la seguridad e higiene en los centros de trabajo, impulsando a la vez reformas indispensables al marco jurídico de México. Sólo de esta manera se hará posible que la dolorosa experiencia de Pasta de Conchos redunde en beneficios concretos de justicia para las personas que viven de su trabajo.
Queremos enfatizar que el secretario del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Javier Lozano Alarcón, en la reunión que tuvo con la Comisión Especial sobre Pasta de Conchos de esta Cámara de Diputados el día 7 de febrero, compartió esta preocupación para buscar la ratificación de los convenios en mención.
En razón de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorte respetuosamente al Senado de la República para que, a la brevedad, se ratifiquen los convenios 81, 85, 174 y 176 de la Organización Internacional del Trabajo, ya suscritos por el Presidente de la República y que son relativos a la inspección del trabajo en territorios no metropolitanos, la prevención de accidentes industriales mayores y sobre la seguridad y salud en las minas.
Siendo que su ratificación permitirá una más actualizada y completa tutela de la seguridad de higiene en los centros de trabajo y prevención de los riesgos de trabajo a favor de la clase trabajadora del país, especialmente de los mineros, coadyuvándose a la prevención de sucesos como los de Pasta de Conchos.
Segundo. Que en el futuro esta colegisladora ratifique con mayor oportunidad los convenios de la OIT, cuyo retardo siempre afecta la debida tutela de los derechos de los trabajadores, privándolos de beneficios irrenunciables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero de 2007. Pido se integre el texto de este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Por su atención gracias. Gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado José Antonio Almazán González. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidente, hay dos terceras partes.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución; y se ha inscrito el diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para tomar la palabra. Por favor, diputado.
El diputado Juan Carlos Velasco Pérez: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Juan Carlos Velasco Pérez: Compañeras y compañeros diputados, sin lugar a dudas resulta importante voltear a los instrumentos internacionales para fortalecer nuestra estructura jurídica y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Cada año, en la Conferencia Internacional del Trabajo se reúne la representación de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores convirtiéndose esta Conferencia en un auténtico parlamento del trabajo.
Son 187 convenios que han sido adoptados mediante este ejercicio hasta el día de hoy, en temas que van desde la libertad sindical hasta asuntos muy específicos como los relativos a los trabajos de la gente del mar o de los mineros.
México ha ratificado un gran número de estos instrumentos con los que se ha fortalecido nuestro entramado jurídico y es cierto, hace falta profundizar ratificando a otros como los que el día de hoy viene a proponer en su exhorto nuestro compañero, el diputado Almazán González.
Las razones ¿cuáles son? Una de ellas lo ha señalado el diputado —Pasta de Conchos— que no es más que el reflejo de las condiciones en las que se encuentran muchos trabajadores mexicanos de muy diferentes industrias y servicios.
Lo que pasó en Coahuila a los mineros, pasó en 1984 en San Juanico a los gaseros y a la población civil. Y hoy no podemos hablar y no podemos ser sólo parte de la coyuntura y que miremos a un sector particular de los trabajadores.
Hoy es necesario que advirtamos que nuestra acción, a través de la hechura de la ley sea la de la prevención, la que evita los accidentes, la que da seguridad en el trabajo. Esto lo comento porque junto a los instrumentos internacionales y nuestra legislación nacional es necesario ver la importancia de la inspección en el trabajo, la cual olvidamos a la hora de hacer el presupuesto.
Es necesaria transparencia en los procesos de inspección en el trabajo, así como lo es que seamos severos, porque repetir Coahuila y San Juanico no es más que una muestra de desinterés y omisión de las autoridades del trabajo y de las empresas.
Me parece que es importante y necesario enriquecer el punto de acuerdo aquí propuesto, por lo que propongo y solicito al señor diputado Almazán pudiera aceptar que en este exhorto incluyéramos la protección a las madres trabajadoras, que consagra el Convenio 183 sobre protección a la maternidad; que también lo ratifique el Senado y que el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al trabajo sea discutido y en su caso adoptado.
Las condiciones de trabajo en México hoy ponen en riesgo a muchos trabajadores al laborar jornadas excesivas en lugares insalubres, eludiendo la inscripción a la seguridad social. Y la peor parte: miles de niños mexicanos trabajando en el campo mexicano. Es cuanto. Muchas gracias y ojalá que el diputado Almazán acepte.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Juan Carlos Velasco Pérez. Por favor, sonido a la curul del diputado Almazán. Diputado, si acepta usted la propuesta que se le ha hecho.
El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Muchas gracias, compañera diputada Presidenta. Por supuesto que compartimos la misma preocupación que ha expuesto nuestro compañero diputado Juan Carlos Velasco Pérez. Solamente quisiera hacer una precisión a efecto de que haya correspondencia en lo que él está señalando.
En el caso de los convenios que he enumerado, son convenios ya firmados por el Ejecutivo federal y que está pendiente su ratificación en el Senado. Si tal es el caso del Convenio 183, que en efecto alude a la protección de las madres trabajadoras, y el 138, que tiene que ver con las condiciones mínimas de trabajo en cuanto a edad, si es el mismo caso, por supuesto que acepto esta propuesta de incluir en el marco de lo que estoy planteando en el punto de acuerdo en su primera parte, incluir ambos convenios para que sean ratificados estos dos convenios que ha señalado el diputado Juan Carlos Velasco Pérez por el Senado y de esta manera ampliemos el marco de tutelas y el trabajo infantil, que es el 138. Estoy de acuerdo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias. Diputado Juan Carlos Velasco Pérez. Hecha esta aclaración, ¿usted acepta que así quede aclarado? Le solicito por favor si nos envía por escrito su propuesta.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba antes la modificación que está presentando el diputado Juan Carlos Velasco Pérez a la propuesta que nos ha realizado de origen el diputado ponente.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la modificación propuesta por el diputado Juan Carlos Velasco. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Almazán ¿Quiere hacer alguna aclaración al respecto?
El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): precisar el sentido de esta votación, que ya se dio. No es tanto una modificación, aunque puede entenderse sino es un agregado al texto que ya ha sido presentado.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Así es. Corregimos. Es un agregado al texto que ha presentado usted. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición tal y como quedó, con el agregado último.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada; comuníquese. Tiene la palabra el diputado José Luis Blanco Pajón, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no interferir en los procesos electorales locales y solicita la creación de una comisión pluripartidista que observe dichos procesos. Esta Presidencia solicita a todos los compañeros diputados poner atención al ponente.
El diputado José Luis Blanco Pajón: Con su permiso, señora Presidenta. Con el permiso de mis compañeros diputados. El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
Durante el presente año se desarrollarán procesos electorales para que los electores de 14 entidades federativas del país elijan a sus nuevas autoridades: 3 gubernaturas, 14 congresos locales y mil 219 ayuntamientos.
En tal virtud es obligación de las diversas autoridades conducirse con estricto apego a la legislación electoral que rige en esos procesos democráticos, sin injerencia alguna que altere las condiciones de la competencia, por lo que deberán conducirse bajo los principios de legalidad, equidad, certeza, imparcialidad y transparencia frente a los diversos partidos políticos y sus candidatos.
Debe ser y es preocupación de los integrantes de esta Cámara de Diputados que los procesos electorales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas. Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se desarrollen con plena normalidad democrática y que por ningún motivo el gobierno federal interfiera en su desarrollo; orientando sus políticas públicas para favorecer a determinado partido en perjuicio de los demás.
Le solicitamos que, además de no interferir, se comprometa a implementar una campaña en la que difunda entre todos los servidores públicos federales las sanciones administrativas y de carácter penal a las que estarían sujetos por su participación a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
Debemos estar alertas para que de presentarse cualquier desviación de los recursos destinados al desarrollo social en el país lo denunciemos de inmediato. Hasta ahora hemos conocido de la estrategia implementada por el gobierno federal, en el sentido de atender con premura las demandas de tipo social en estas entidades, particularmente en el estado de Yucatán, donde está en marcha una elección de estado para el próximo 20 de mayo.
Los recursos públicos que aplican las secretarías de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social, a través de sus titulares Alberto Cárdenas Jiménez y Beatriz Zavala Peniche, respectivamente, así lo evidencia. Han acudido a dar apoyos en el estado a 30 días de la elección y ha sido inclusive presentado en la prensa cómo entrega Beatriz Zavala apoyo para el pago de energía eléctrica y entrega apoyos a 133 mil 370 familias, que significan inducir el voto a favor de un partido.
De igual forma otras dependencias federales prácticamente se han volcado a esa entidad para apoyar al candidato del partido en el poder, ya que al actual gobernador le parecen insuficientes los recursos que él aplica a favor de su proyecto personal y de su partido.
No es casual la reiterada presencia del Ejecutivo federal en las entidades federativas con proceso electoral este año, particularmente en Yucatán, al cual el Presidente de la República en menos de 30 días ha acudido tres veces. Además del desfile también de todo el aparato gubernamental.
En tal virtud, exigimos que los diferentes programas y apoyos sean entregados a los beneficiarios, sin condicionamiento alguno. Que de los 35 mil 108.5 millones de pesos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social, cifra que representa un incremento del 6.8 por ciento con relación al proyecto ejecutivo y del 27.6 por ciento superior en términos reales, con respecto al aprobado para el 2006, sean escrupulosamente ejercidos y no para inducir el voto.
Hacemos un llamado enérgico al Presidente de la República para que cumpla su palabra, en el sentido de mantenerse al margen de los procesos electorales, ya que ese compromiso lo estableció ante las dirigencias de los partidos políticos y sus grupos parlamentarios y lo refrendó el pasado 9 de abril en Yucatán, con motivo de las elecciones en mi estado.
Como legisladores, independientemente del partido político del que provengamos, debemos exigir de manera firme al gobierno federal que se mantenga al margen de los procesos electorales y de las campañas en curso, sujetándose a la legislación electoral y que no pretenda influir en la voluntad de los electores.
Los ciudadanos demandamos participar en elecciones libres y democráticas, exigiendo a todas las autoridades que cumplan con su obligación de gobernar para todos con imparcialidad.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración con urgente resolución, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al Presidente de la República y a todos los servidores públicos de la Federación, para que se abstengan de realizar cualquier acto que implique la promoción del voto, a favor o en contra de partido político alguno.
Que suspendan de inmediato la promoción de beneficios a través de los programas gubernamentales, a fin de garantizar procesos electorales libres, equitativos y democráticos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Segundo. Que se integre una comisión pluripartidista de diputados de esta LX Legislatura de la Cámara, para que observe el desarrollo de los procesos electorales en las entidades federativas que durante el año 2007 elegirán a las autoridades locales a propuesta de los grupos parlamentarios.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Concluya diputado, por favor.
El diputado José Luis Blanco Pajón: Palacio Legislativo de San Lázaro. Le pido, señora Presidenta, que someta a consideración de urgente u obvia resolución el punto de acuerdo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias. Sí, permítame. Le dan sonido a la curul del diputado Cristián Castaño.
El diputado Cristian Castaño Contreras (desde la curul): Presidenta, muchas gracias. Hacer notar Presidenta, que este asunto fue incorporado en la Junta de Coordinación Política, por el grupo parlamentario de referencia, como un asunto de turno a comisión. Y es ahora, que está cambiando el turno el señor diputado.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Cristian Castaño, efectivamente nosotros lo tenemos suscrito en nuestro orden del día, turno a comisión; sin embargo, ésta es la segunda ocasión en que yo estoy presidiendo y me toca reiterar que la Junta de Coordinación ha permitido que en el pleno los diputados pidan el cambio a turno; hemos estado haciendo así las sesiones pasadas. Por lo tanto y por petición del diputado, tengo que someter a votación lo que él ha pedido en esta tribuna. Sí, diputado Cristián Castaño.
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Gracias, Presidenta. Simplemente el recordarle a mis compañeros diputados, que entonces, si el turno con el que se registran originalmente los puntos se puede cambiar en cualquier momento, entonces, carecería de objeto. Y hacerle ver a la Junta de Coordinación Política, que carece de objeto entonces, la obligación que viene en nuestras normas y en nuestros acuerdos, para que en esa Junta, incluso se circulen los puntos de urgente resolución.
Nos han obligado a todos los grupos parlamentarios a circular todos los puntos que están registrados de urgente resolución, para evidentemente conocer de antemano el contenido de estos puntos.
Presidenta, se está proponiendo la creación de una comisión especial de legisladores; esta competencia es de la Junta de Coordinación Política y solicitaría que se turnara a la misma.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Samuel Aguilar.
El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): Diputada Presidenta, con todo respeto el orador solicitó que fuera planteado a la asamblea como de urgente u obvia resolución y eso no solamente lo planteó, sino que existe en el cuerpo del documento que usted puede revisar.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Ramón Valdés.
El diputado Ramón Valdés Chávez (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Efectivamente en lo que dice el diputado Pajón hay mucha razón. Hace tres años me tocó vivir el proceso electoral en Yucatán, donde a escasos 15 días del proceso el candidato del Partido Revolucionario Institucional llevaba más de 7 puntos y en 15 días se revirtió esa tendencia, ganando el candidato del Partido Acción Nacional.
Los recursos federales fluyeron ampliamente a favor del candidato Manuel Fuentes. Los recursos económicos igual, camiones con cerdos para los diferentes pueblos y con lavadoras, con bicicletas y con muchas otras cosas. Y de eso hay testigos. Por eso es necesario que efectivamente se cree esa comisión de los diputados. Es necesario que los procesos sean transparentes, que sean limpios, que creamos en lo que la población decide y que no sean los regalos los que determinen, que no sean las prebendas de las diferentes secretarías.
Aquí decían "fuera manos". Nosotros decimos "fuera todo". Vamos a hacer un proceso limpio en todas las entidades. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Sonido, por favor en la curul del diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Solamente para reiterar la solicitud que hizo el diputado proponente en el sentido de que se ponga a consideración de la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución, en virtud de que la propia Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara ha convertido en práctica parlamentaria el hecho de que cuando el diputado proponente lo hace frente al pleno, se pone a consideración del mismo la urgente u obvia resolución.
Entonces, el PRD apoya que se someta a la consideración del pleno la urgente u obvia resolución. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, gracias. Sonido en la curul del diputado Cristián Castaño.
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Presidenta, independientemente del cambio de turno que ha hecho al orador al que originalmente se registró, me quiero referir a la petición en concreto, que es la creación de una comisión.
Esta Cámara de Diputados tiene comisiones ordinarias, comisiones especiales, tiene comités y está la facultad también de la Cámara para crear comisiones de investigación, con fundamento en el artículo 92 constitucional, específicamente para investigación de organismos descentralizados y otras entidades públicas.
Compete, Presidenta, la creación de una comisión especial a la Junta de Coordinación Política y como usted bien ha dicho, siguiendo las prácticas parlamentarias que son comunes a esta Cámara, pediría que se sometiera a ese órgano de gobierno de esta Cámara la resolución de este asunto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sonido en la curul del diputado Manuel Cárdenas, por favor.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, Presidenta. La fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza está por el respeto a la ley, a la transparencia, a la rendición de cuentas.
Y se adhiere a que ningún gobierno, y menos el del orden federal, desvíe y genere un despropósito con las políticas y los recursos públicos, para orientar un resultado que no sea el que debe buscar el propio elector con su sufragio universal, personal, individual y secreto.
De tal suerte, nosotros expresamos que no debe haber gobierno que vea en un planteamiento como éste algo malo, algo indebido o algo que no debe de transitar en un acuerdo político para el respeto irrestricto a la ley.
Por eso, nosotros nos adherimos al punto de acuerdo en los términos que he planteado. Es cuanto. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Le dan sonido a la curul del diputado Pablo Arreola, del grupo parlamentario del PT.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, Presidenta. El gran problema que nos encontramos con la Junta de Coordinación Política es que muchos de los puntos que se le turnan se quedan pendientes durante mucho tiempo.
Este tema fue traído aquí a la tribuna por la compañera Mónica Fernández en el mes de febrero, exactamente en los términos en que se está proponiendo el día de hoy, y estamos en el mes de abril y no ha habido por parte de la Junta una propuesta concreta para que se constituya dicha Comisión. Creo que es tiempo de que se tome una resolución por el pleno, a partir de que vemos que no hay una decisión, que es fundamental en estos momentos.
Y creo que el punto de acuerdo no únicamente debe de ser para el gobierno federal; también para los gobiernos estatales y municipales, porque esto nos va a permitir que no meta mano ninguno de los tres niveles de gobierno en los procesos. Los procesos ya están a la puerta y es necesario que esta Comisión sea debidamente integrada.
El grupo parlamentario del Partido de Trabajo está de acuerdo en que se pueda votar en estos momentos de urgente u obvia resolución y que podamos argumentar por qué es necesario que esta Comisión sea integrada de manera inmediata. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Señores diputados, voy a seguir dando la palabra, sin embargo, hay que observar lo siguiente: las Comisiones efectivamente no se han votado en el pleno; no obstante, el exhorto que se está haciendo en primera instancia podría hacerlo todo en este pleno.
Yo sugiero a los diputados del PRI nos puedan hacer alguna observación que pudiera conciliar esta situación en la que nos encontramos. Y le voy a dar la palabra al diputado Jorge Toledo, del grupo parlamentario del PRI; posteriormente al diputado Tonatiuh Bravo, del grupo parlamentario del PRD. El diputado Jorge Toledo, primero.
El diputado Jorge Toledo Luis (desde la curul): Precisamente, Presidenta, era el punto; la Comisión, dos puntos; el exhorto a las autoridades y la situación de las Comisiones, y en esta situación el hecho de que digan que la Comisión se tiene que formar o ya es Comisión de la Cámara, ése es un punto, pero hay un punto de un exhorto y ese punto lo tenemos que votar y es la propuesta.
Y yo quiero dejar claro que el diputado Pajón considera que es de urgente u obvia resolución, hasta por respeto, compañeros diputados, tenemos que votar en este sentido.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, Presidenta. Solamente para recordarle a la asamblea que el pleno votó en forma directa de urgente u obvia resolución, la formación de la Comisión Especial del Café, y solamente la Junta de Coordinación Política hizo de manera posterior la propuesta de integración de sus miembros.
O sea, hay que separar ambas cosas, una cosa es que el pleno vote, que una Comisión Especial se habilite y otra cosa es que la Junta de Coordinación Política proponga su integración en cuanto a miembros.
Entonces, simplemente para señalar que así se ha hecho como práctica legislativa, y si el diputado proponente reitera su propuesta, hay que poner a consideración la aprobación del exhorto y también la aprobación de la eventual creación de la Comisión, aunque después la Junta de Coordinación proponga su integración en el caso de que sea aprobada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco, diputado. Le damos el uso de la palabra el diputado José Murat, del grupo parlamentario del PRI, por favor.
El diputado José Murat (desde la curul): El grupo parlamentario del PRI, en la dirección de lo que planteó el señor diputado Pajón, considera que aquí debe votarse en el pleno para no violar la Ley Orgánica ni el Reglamento el exhorto que hizo en tribuna y por supuesto, también se vote la integración de un grupo especial y que después ese grupo sea integrado por la Junta de Coordinación, pero que los dos casos, en un solo planteamiento sean votados en este pleno para mantener el orden, lo que dice claramente la Ley Orgánica y el Reglamento en esa dirección, y se respete la posición de un diputado federal que hizo uso de la tribuna.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Murat. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández, del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Solamente para señalar que sí estamos en el grupo parlamentario del PRD, que sí estamos a favor de que este punto sea de obvia o urgente resolución, no solamente porque nosotros ya habíamos hecho este planteamiento desde el mes de febrero, de la creación de una comisión especial de esta Cámara de Diputados para dar vigilancia y seguimiento a los procesos electorales locales del país, pero sí queremos que sea de urgente u obvia resolución para discutir los términos en los que sería la comisión.
No es nada más una comisión para pedirle al Ejecutivo que saque las manos, sino para vigilar el desvío de recursos; los tiempos en medios de comunicación; el exceso de topes de gastos de campaña; la intervención que se ha hecho desmedida de muchos de los programas sociales a favor de algún candidato. Entonces estamos porque se vote como de urgente resolución y que podamos hacer el planteamiento original que hasta la fecha la Junta de Coordinación Política no nos ha respondido. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Mónica Fernández. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Peña.
El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (desde la curul): Diputada Presidenta, por la trascendencia del asunto que estamos tratando, solicito rectificación de quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, a vista de esta Presidencia existe el quórum necesario. Tiene el uso de la palabra la diputada Marina Arvizu.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Gracias, Presidenta. Sólo para sumarme al punto de acuerdo que presentó el compañero y quiero hacer un llamado para que reflexionemos que este exhorto no solamente es para el gobierno federal, tendría que ser gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales.
Hoy es Yucatán, mañana es Michoacán y luego es Oaxaca; es decir, todos los grupos parlamentarios tenemos intereses políticos en las elecciones locales. Nos conviene que todos hagamos un buen uso de los recursos desde la perspectiva que nos toca, entonces yo creo que es muy importante que esto se decida aquí en el Pleno. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Denle sonido a la curul del diputado Carlos Puente.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas (desde la curul): Presidenta, simplemente para mencionar que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México solicitamos a esta Presidencia respetar la solicitud del orador y poner a consideración del pleno el punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución.
Asimismo, nos sumamos al pronunciamiento que hace la diputada Arvizu de que no sólo es al gobierno federal, yo creo que es en diversas entidades federativas donde vienen próximos procesos electorales, en donde pedimos que saquen las manos los gobiernos estatales, como en el caso de Zacatecas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto es de urgente resolución. Sonido a la curul del diputado Manuel Minjares.
El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde la curul): Gracias, Presidente. Para solicitarle atentamente que esta votación se tome nominalmente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para ver si el asunto es de urgente resolución.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.
(Votación)
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 196 votos en pro, 165 en contra, que hacen un total de 361 votos. No hay dos terceras partes.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Junta de Coordinación Política. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura a la misma.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo. México, Distrito Federal, 12 de abril de 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en el artículo 20o. del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible, del siguiente asunto: Dictamen por el que se reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar en representación del gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.
El documento está signado por el diputado Emilio Gamboa Patrón, presidente y coordinador del grupo parlamentario del PRI; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del PAN; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del PVEM; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del PT y del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al dictamen.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Comisión de Hacienda y Crédito Público, abril 12 del 2007. Honorable asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la honorable Cámara de Senadores remitió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar en representación del gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.
Los integrantes de las Comisiones que suscriben, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocaron al análisis de la minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen
Antecedentes
En sesión ordinaria del Senado de la República del 29 de noviembre de 2006, el Ejecutivo federal presentó iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar en representación del gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Colegisladora turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.
En sesión ordinaria del Senado del 13 de marzo de 2007, la citada iniciativa fue aprobada por 85 votos, con nueve en contra y se remitió a la Cámara de Diputados.
En sesión ordinaria del 15 de marzo de 2007, se dio cuenta de la minuta y en esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.
Descripción de la minuta
El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944 y tiene como objetivos fundamentales procurar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad cambiaria y el establecimiento de un sistema multilateral de pagos. Además, pone a disposición de sus países miembros los recursos de la institución para reducir la duración y profundidad de sus desequilibrios de Balanza de Pagos. México es socio fundador del Fondo Monetario Internacional.
El 26 de diciembre de 1945, el Congreso de la Unión expidió el decreto mediante el cual se autorizó al Ejecutivo federal para firmar, en representación del gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1945.
El propósito de esta minuta es reformar el artículo 3o.del decreto en comento. Dicho artículo se refiere a la aportación que el Banco de México, en representación de los Estados Unidos Mexicanos, efectuaría al Fondo Monetario Internacional. La modificación del artículo propone aumentar tal aportación por una cantidad de 567 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), conforme a los términos establecidos en la resolución número 61-5 de fecha 18 de septiembre de 2006, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional.
La cuota de México en el Fondo Monetario Internacional se ha incrementado en ocho ocasiones, bajo las revisiones generales de cuotas que realiza la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aproximadamente cada cinco años. Dichos incrementos…
El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretario. Sonido a la curul del diputado Jorge Estefan Chidiac.
El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Señor Presidente, solicitarle se obvie la lectura en función de que ya se distribuyó el dictamen entre los señores diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura de lo que falta del documento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del presente dictamen. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura y es de primera lectura.
El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Jorge Estefan Chidiac…
El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Solicitarle se dispense la segunda lectura y se proceda a consultar si es de urgente u obvia resolución este dictamen, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión en lo general. No habiendo oradores registrados, se pregunta a algún diputado si va a reservar algún artículo en lo particular. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 332 votos en pro, 8 en contra y 11 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 332 votos el proyecto de decreto que reforma el articulo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, el texto del convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: De la Junta de Coordinación Política por el que se integra la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XII Reunión Interparlamentaria México-España que se llevará a cabo del 30 de abril al 6 de mayo de 2007.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar a usted, con objeto de que se someta al pleno la integración de la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XII Reunión Interparlamentaria México-España, que se llevará a cabo del 30 de abril al 6 de mayo de 2007, en México.
La delegación estará integrada hasta por 12 legisladores de la siguiente manera: tres del grupo parlamentario del PAN, dos del PRD, dos del PRI, uno del Partido Verde, uno de Convergencia; uno del Partido del Trabajo, otro del PANAL y uno más de Alternativa.
Grupo parlamentario del PAN, estará compuesto por la diputada Liliana Carbajal Méndez y los diputados Jorge Alejandro Salum del Palacio y Jorge Zermeño Infante.
Del PRD, Javier González Garza y Mario Enrique Del Toro.
Del PRI, José Jesús Reyna García y la diputada Sara Latife Ruíz Chávez.
Del Partido Verde, la diputada Erika Larregui Nagel.
De Convergencia la diputada Martha Angélica Tagle Martínez.
Del Partido del Trabajo Jaime Cervantes Rivera.
Del grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Jacinto Gómez Pasillas, y
Del grupo parlamentario de Alternativa, la diputada Aída Marina Arvizu Rivas.
Firman: el diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política y todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: (15:38 horas): Se levanta la sesión y se cita para la tendrá lugar el próximo martes 17 de abril, a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto desde las 9:30 horas.