El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 277 diputadas y diputados; por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (10:24 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputado María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Comunicaciones de la Mesa Directiva.

Dictámenes en sentido negativo de puntos de acuerdo, publicados en la Gaceta Parlamentaria del 25 de abril, de las comisiones de Desarrollo Metropolitano, del Distrito Federal, de Equidad y Género, de Gobernación, de Participación Ciudadana y del Trabajo y Previsión Social.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Solicitud de licencia indefinida de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Están a discusión los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la II circunscripción plurinominal a partir del 26 de abril del presente.

Segundo. Llámese a su suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados; comuníquense. Permítame secretaria. Esta Presidencia se solidariza con el pueblo y gobierno del municipio de Piedras Negras, Coahuila, que el día de ayer sufriera una muy lamentable tragedia natural. Y para este efecto y a nombre de los diputados de Coahuila ha pedido la palabra el diputado Ángel Humberto García Reyes. Adelante diputado, en la tribuna.

El diputado Ángel Humberto García Reyes: Muchas gracias, señor Presidente.

El 4 de abril del año 2004 un sector de Piedras Negras, Coahuila, conocido como Villa de Fuente, sufrió los embates de un fenómeno natural que lo devastó en gran parte y acabó con más de 60 vidas humanas. Los daños materiales totales o parciales incuantificables que terminaron con muchas viviendas, que terminaron con hogares, con plazas públicas, volvieron el día de ayer a presentarse a través de un fenómeno natural, de un huracán que se presentó ayer por la tarde, aproximadamente a las 6:30.

Hasta ahorita las pérdidas humanas no son cuantificables, pero tenemos la certeza de que hay más de 15; hay más de 200 heridos y más de 200 viviendas afectadas en un cerco de aproximadamente 100 manzanas. Se dañaron plazas públicas, se dañaron iglesias, se dañaron autos, camiones, en fin, es una tragedia de magnitudes relevantes.

Yo quisiera pedir a nombre de todos los diputados de Coahuila, porque todos ellos me han expresado su solidaridad y su disposición absoluta, para que nos unamos todos los diputados y primero que nada nos solidaricemos con las víctimas y con quienes han sido afectados por esta tragedia.

Yo quisiera en primer término solicitarle, señor Presidente, si fuera posible, guardar un minuto de silencio por las víctimas, que hasta ahorita tenemos la certeza de que ya lo son, de que han fallecido, y después hacer un exhorto muy puntual y oportuno a la Secretaría de Gobernación, al gobierno federal, para que se liberen los recursos con la celeridad que exige este momento y pueda empezar a tener los beneficios la gente que ha sido afectada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pido guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Gracias.

El diputado Ángel Humberto García Reyes: Para terminar, señor Presidente, si me permite, yo quisiera expresar mi agradecimiento y reconocimiento a todos los diputados federales del estado de Coahuila y estoy seguro que todos los diputados de esta LX Legislatura se solidarizarán con este propósito que no lleva otro fin más que dar celeridad para que los recursos fluyan en este municipio, en este sector que tanto necesita en estos momentos. Les agradezco mucho su atención. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, doctor García Flores.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado Suárez del Real. Sonido a su curul.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente. A nombre de la fracción del grupo parlamentario del PRD, nos unimos a este exhorto y emitimos nuestro más hondo sentir a favor de las víctimas y los familiares de las víctimas de esta tragedia natural.

Baste recordar que lamentablemente hace tres años también ocurrió una situación muy, muy lamentable en esa ciudad fronteriza de nuestro país. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo incondicional al pueblo de Piedras Negras.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real.

El diputado Jericó Abramo Masso (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado Jericó Abramo.

El diputado Jericó Abramo Masso (desde la curul): Presidente, a nombre del grupo parlamentario del PRI, comentarle que desde ayer estábamos platicando con el gobierno de Coahuila para buscar en qué se puede ayudar a todos los habitantes de Piedras Negras; exclusivamente a los que viven en la zona de Villa de Fuente que fueron gravemente afectados por este lamentable hecho natural donde más de 600 casas han sido dañadas, donde hay más de 200 damnificados, donde hay tres muertes registradas, 15 desaparecidos, donde ya están desde anoche las autoridades estatales y municipales trabajando junto con el Ejército para ayudar en este caso a los damnificados.

Y solicitarle, señor Presidente, que nos sumamos al compañero diputado, al igual que a todos los diputados de Coahuila de los diferentes grupos parlamentarios, y al igual, agradecemos a los otros grupos parlamentarios que se están sumando a esto y solicitamos al gobierno federal que en forma rápida y eficiente aplique los programas del Fondo de Desastres; de forma eficiente, de forma efectiva para que lleguen rápidamente al estado en estos momentos en que Coahuila, en que Piedras Negras, en que la gente de Villa de Fuente lo requiere. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Jericó Abramo.

Esta Presidencia reitera la solidaridad de todos los diputados para con el pueblo y el gobierno de Piedras Negras, Coahuila, y hace suya esta petición para con las autoridades federales y estatales, para brindar con la mayor celeridad los apoyos que requieren las víctimas de esta lamentable tragedia.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Manuell-Gómez.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Con su permiso. Independientemente de la solidaridad humana, pedirle, señor Presidente, si así están de acuerdo mis compañeros, los 500 diputados de esta Legislatura, de que se nos descuenten mil pesos vía nómina para, independientemente del Fonden, los que quieren, es una propuesta, de mil pesos en la próxima dieta, para ayudar a estas víctimas a la reconstrucción de este municipio.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada, yo creo que habrá que implementarlo en los grupos parlamentarios, posteriormente. Gracias.

El diputado Humberto Dávila Esquivel (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Humberto Dávila.

El diputado Humberto Dávila Esquivel (desde la curul): A nombre del grupo parlamentario Nueva Alianza, apoyamos en todos los términos el punto de acuerdo presentado por el diputado Ángel Humberto García, y nos solidarizamos plenamente con el estado de Coahuila, el municipio de Piedras Negras, con Villa de Fuente, que han sido abatidos por este desastre natural; y al mismo también apoyamos la propuesta de la compañera diputada que nos acaba de anteceder en el uso de la palabra. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Humberto Dávila.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Elías Cárdenas.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Buenos días a todos.

Como coahuilense me solidarizo con los votos que aquí se realizan en esta Cámara y mi partido, Convergencia, desde luego estará atento a cualquier llamado que se haga para el auxilio de nuestros paisanos en Piedras Negras y Villa de Fuente. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Elías Cárdenas. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Proposiciones de acuerdo de la Junta de Gobierno de la Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea una Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social generado por Pemex.

CC Secretarios de la Cámara de Diputados, Presente.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 93, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34, incisos a) y c) y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la Cámara de Diputados, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los órganos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y que los resultados de dichas investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.

Segundo. Que en términos del artículo 34, incisos a) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas y también de proponer al pleno la integración de comisiones, con el señalamiento de sus respectivas mesas directivas.

Tercero. Las comisiones de investigación, en términos del artículo 41 de la Ley Orgánica se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

Cuarto. Que en sesión del Pleno celebrada con fecha 30 de octubre de 2006 fue presentada y turnada a la Junta de Coordinación Política la proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, presentada por el diputado Pedro Landero López, del grupo parlamentario del PRD, y suscrita por diputados integrantes de la LX Legislatura.

Quinto. Que de la revisión de las firmas contenidas en la proposición a la que se refieren los considerandos anteriores se desprende que la propuesta de creación de la Comisión de Investigación, objeto del presente acuerdo, se encuentra respaldada por 143 firmas de las diputadas y los diputados, por lo que se satisface el requisito constitucional de procedencia.

Sexto. Expuestas las anteriores consideraciones, la Junta de Coordinación Política somete a la atención del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se constituye una Comisión de Investigación sobre el Daño Ecológico y Social generado por Petróleos Mexicanos.

Segundo. Esta Comisión tendrá por objeto el que se deriva de su denominación.

Tercero. La Comisión está integrada por 10 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: cuatro del PAN, dos del PRD, dos del PRI y dos diputados de entre los restantes grupos parlamentarios.

La Comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente nombrado por el grupo parlamentario del PRI y un secretario.

Las diputadas y diputados que integrarán la Comisión son:

Diputado José Luis Espinosa Piña, integrante, grupo parlamentario PAN;

Diputado Javier Bolaños Aguilar, integrante, grupo parlamentario PAN;

Diputado Jorge Rubén Nordhausen González, secretario, grupo parlamentario PAN;

Diputado Juan Victoria Alba, integrante, grupo parlamentario PAN;

Diputado Moisés Félix Dagdug Lützow, integrante, grupo parlamentario PRDM;

Diputado Pedro Landeros López, integrante, grupo parlamentario PRD;

Diputado Arturo Martínez Rocha, presidente, grupo parlamentario PRI;

Diputado Fernando Quetzalcoátl Moctezuma Pereda, integrante, grupo parlamentario PRI;

Diputado Jesús González Macías, integrante, grupo parlamentario PVEM, y

Diputado José Manuel del Río Virgen, integrante, grupo parlamentario Convergencia.

Cuarto. La Comisión estará vigente hasta el 31 de agosto de 2009, debiendo presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto en su vigencia, los resultados de las investigaciones realizadas, a efecto de hacerlos del conocimiento del Ejecutivo federal, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

Quinto. La Comisión investigadora se ajustará, por lo que se refiere a recursos financieros, materiales y humanos, al acuerdo de la Junta de Coordinación Policía, que al respecto adopte.

Sexto. Los archivos, documentos y demás materiales derivados de la Comisión de Investigación creada por la LIX Legislatura, aprobada por el Pleno el 29 de abril de 2004, serán transferidos a la presente Comisión de Investigación.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal 23 de abril de 2007.

Esta signado por el diputado, Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del Partido de Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia y diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Continué la Secretaría, solicitando la votación económica para su aprobación.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea una comisión para investigar a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago de derecho de trámite aduanero.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes. La Junta de Coordinación Política con fundamento en los artículos 93 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34, incisos a) y c), y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la Cámara de Diputados, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tiene la facultad de integrar Comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

II. Que los resultados de dichas investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.

III. Que en términos del artículo 34, incisos a) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas y también de proponer al pleno la integración de comisiones, con el señalamiento de sus respectivas mesas directivas.

IV. Que las comisiones de investigación, en términos del artículo 41 de la Ley Orgánica, se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

V. Que en sesión del pleno de fecha 29 de septiembre de 2006 fue presentada y turnada a la Junta de Coordinación Política la proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión que investigue a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del derecho del trámite aduanero, presentada por el diputado Pablo Trejo Pérez y suscrita por los diversos grupos parlamentarios.

VI. Que en el mismo sentido, en sesión del pleno celebrada el 1 de marzo de 2007, fue presentada y turnada a la Junta de Coordinación Política proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión que investigue a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, presentada por los diputados Pablo Trejo Pérez y Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD.

VII. Que de la revisión de las firmas contenidas en la proposición a la que se refiere el considerando anterior, se desprende que la propuesta de creación de la Comisión de Investigación, objeto de presente acuerdo, se encuentra respaldada por 138 firmas de diputadas y diputados, por lo que satisface el requisito constitucional de procedencia.

Expuestas las anteriores consideraciones, la Junta de Coordinación Política somete a la atención del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se constituye una Comisión para Investigar a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tienen sus finanzas en el pago del derecho de trámite aduanero.

Segundo. Esta Comisión tendrá por objeto el que se deriva de su denominación.

Tercero. La Comisión estará integrada por 10 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proposición: Cuatro del PAN, dos del PRD, dos del PRI y dos diputados de entre los restantes grupos parlamentarios.

La Comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente nombrado por el grupo parlamentario del PRD y dos secretarios.

Las diputadas y los diputados que integrarán la Comisión son: Diputado Moisés Alcalde Virgen, integrante del PAN; diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco, integrante del PAN; Obdulio Ávila Mayo, diputado integrante del PAN; diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, Secretario, PAN; diputado Pablo Trejo Pérez, presidente, PRD; diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, integrante, PRD; diputada Lorena Martínez Rodríguez, integrante, PRI; diputado Raúl Cervantes Andrade, secretario, PRI; diputado Antonio Xavier López Adame, integrante, PVEM.

Cuarto. La Comisión estará vigente hasta el 31 de agosto de 2009 debiendo presentar a la Junta de Coordinación Política dentro de los 30 días naturales siguientes, a la conclusión del plazo previsto en su vigencia, los resultados de las investigaciones realizadas a efecto de hacerlos del conocimiento del Ejecutivo federal, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

Quinto. La Comisión Investigadora se ajustará por lo que se refiere a recursos financieros, materiales y humanos, al acuerdo que la propia Junta de Coordinación Política determine.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, D. F., a los 23 días de abril de 2007.

El escrito está signado por el diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, y el diputado Miguel Ángel Jiménez Godinez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea y se da continuidad a la Comisión Investigadora encargada de Revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública, Concesiones, Contratos de Suministros de Bienes de Consumo o de Compra-Venta de Bienes Inmuebles de Titularidad Pública, otorgada por los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas SA de CV y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Someta la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran los grupos de amistad.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Conamed y a la Secretaría de Salud a que realicen la evaluación sobre casos de negligencia médica e informen sus resultados a esta soberanía.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Someta a votación económica si es de aprobarse el acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado; comuníquese.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Secretaría de Gobernación. Dos oficios con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase al promovente para su conocimiento.

Pasamos al apartado de iniciativas y tiene la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señora Presidenta. Las mujeres conforman más de la mitad de la población mexicana. De acuerdo con el segundo conteo de Población y Vivienda 2005, suman poco más de 53 millones; de ese total 27.8 millones se encuentran en edad reproductiva; es decir, el 52.5 por ciento del total de las mujeres del país tiene entre 15 y 49 años; de ellas, alrededor del 4.3 por ciento están embarazadas.

Aunque la maternidad es un hecho significativo en la vida de las mujeres, también es cierto que si ésta no fue una elección libre y dada en las circunstancias adecuadas para recibir y formar a un nuevo ser humano, puede colocarlas ante una serie de problemáticas complejas y diversas. El 36.2 por ciento de embarazos no planeados corresponden a mujeres menores de 20 años.

Las mujeres que se embarazan en la adolescencia a menudo presentan complicaciones durante el embarazo, partos prematuros y bajo peso de sus hijos al nacer, entre otros problemas de salud. A esto debe añadirse el hecho de que la maternidad temprana tiende a limitar el desarrollo personal de la mujer e incluso de su pareja, ya que suele reducir la posibilidad de continuar en la escuela o insertarse en el mercado laboral.

Por otra parte, la salud materna representa todavía retos importantes. En el terreno laboral puede hablarse de la existencia de dos grandes problemáticas: la discriminación y la falta de oportunidades de empleo para las mujeres embarazadas o con responsabilidades familiares. La dificultad para hacer compatibles las actividades laborales con el ejercicio de la maternidad y la paternidad.

Respecto a la primera problemática, no pude dejar de reconocerse: la negación del trabajo a las mujeres en estado de gestación, la exigencia de certificados médicos de no gravidez, el despido por embarazo, así como la limitación de las oportunidades de desarrollo laboral, y la menor remuneración para las mujeres embarazadas o madres; son una indignante realidad en nuestro país.

En cuanto a la segunda, son evidentes los rezagos en lo que respecta a la falta de opciones para flexibilizar la jornada laboral, los periodos de descanso y las licencias para el cuidado de los hijos de madres y padres trabajadores.

Todo esto tiene implicaciones trascendentales en la vida de las mujeres, que en este momento están enfrentando dilemas que pueden cambiar drásticamente su futuro y el de sus hijos. Mujeres solteras, adolescentes, jefas de familia, desempleadas, víctimas de violencia, sin recursos económicos, con discapacidad, en contextos de desintegración familiar, con problemas de pareja, con embarazos no deseados, sujetos de discriminación, sin acceso a servicios de salud, con partos múltiples, etcétera. Para muchas de ellas el embarazo, ocasionalmente, puede representar un acontecimiento que aunque feliz, no necesariamente sea el más sencillo de afrontar.

Por otro lado, creemos firmemente en el valor de la vida de cada nuevo ser humano y en su derecho de ser y existir; este derecho es el primero de todos y es deber del Estado garantizarlo, independientemente de las circunstancias en las que se haya gestado, es una obligación del Poder Legislativo y del gobierno en sus tres ámbitos, el proponer un marco jurídico y políticas públicas capaces de conciliar estas dos realidades; por una parte, la mujer, su libertad, decisiones y proyecto de vida; y por la otra, el derecho irrenunciable a la vida que tiene todo ser humano.

En el PAN decimos sí a la vida, proponiendo alternativas a las mujeres que se han embarazado sin desearlo y promoviendo acciones que eviten que el embarazo en sí mismo sea causa de desamparo social o abandono para muchas mujeres, ya que en este momento crucial de sus vidas, es en este momento cuando requieren acceder al apoyo y orientación que entidades, dependencias, instituciones y organizaciones públicas sociales y privadas ya están brindando a las mujeres embarazadas a las madres y a sus hijos.

Es por ello que la iniciativa que hoy presento tiene como objetivo principal conjuntar todos estos esfuerzos que desde distintos ámbitos se están realizando a través de la creación de una red nacional de orientación y apoyo a mujeres embarazadas. Una red solidaria que reúna a instancias públicas, privadas y sociales, que brinden apoyos, servicios y bienes a mujeres embarazadas y a madres con hijos de hasta de tres años de edad para ayudarles a solventar sus necesidades y resolver las diversas problemáticas que pueden enfrentar, dando atención preferente a quienes se encuentren en condiciones de extrema vulnerabilidad o carezcan de recursos económicos.

De esta forma se aprovecharía el trabajo que ya se está llevando a cabo para la protección del embarazo, la promoción de la maternidad y la paternidad responsables, así como a favor de los derechos del niño, con el objetivo de que se ponga a disposición de las interesadas de acuerdo a su situación particular.

Estos servicios cubrirían aspectos tan diversos como la atención médica gratuita asegurada, la capacitación para el empleo y el acercamiento con el mercado laboral, el acceso a proyectos productivos, a guarderías públicas de tiempo completo, asistencia sicológica, asistencia jurídica pagada por el Estado para juicios de pensión alimenticia, acompañamiento en el ejercicio del derecho a dar en adopción a su bebé, intervención en casos de violencia, maltrato, abuso o abandono; gestión para el acceso a programas sociales y apoyos en especie, entre otros.

Asimismo, esta red podría en el futuro buscar los mecanismos adecuados de coordinación para instrumentar un programa de cuneros públicos —tal como ocurre en otros países— que funcionen como receptáculos de los bebés no deseados por sus madres para que a partir de ese momento estén bajo custodia del DIF y puedan ser dados en adopción.

Con este propósito se propone reformar la Ley de Asistencia Social, a fin de crear la Red de orientación y apoyo a mujeres embarazadas, para lo cual se encomendará al DIF nacional coordinar, integrar, actualizar y dar publicidad a los servicios que preste la red y ponerlos a disposición de cualquier persona, así como del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada para la correspondiente canalización de las interesadas.

Compañeras y compañeros legisladores, creemos que el total de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara compartimos la importancia que tiene la protección, apoyo y orientación a las mujeres embarazadas y nuevas madres, a fin de que puedan realizarse plena e integralmente y dar a sus hijos la atención y los cuidados que merecen.

Proteger y promover el valor personal y social del embarazo y la maternidad, así como los derechos que las mujeres tienen a lo largo de las diferentes etapas de su vida es una obligación que el Estado y la sociedad civil debemos asumir a cabalidad.

Señora Presidenta, solicito a usted se inserte el texto íntegro del proyecto de decreto en el Diario de los Debates. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos y alumnas de la Escuela Preparatoria Instituto Damián Bachillerato. Les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia.

Hemos recibido del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Hemos recibido también iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, suscrita por las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández y María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario de Acción Nacional. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

Se recibió de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Escobar Jardinez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 177 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Adolfo Escobar Jardinez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la presente iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En México, el enorme gasto en los procesos electorales ha ocasionado que muchos de los recursos, que pueden ser utilizados en beneficio de las clases más desprotegidas, se destinen a procesos sumamente costosos y que para muchos no representan una verdadera contribución a la democracia en nuestro país.

Podemos darnos cuenta que muchos de los países desarrollados en América y en Europa tienen un sistema de partidos más reducido y un marco jurídico, respecto de los tiempos de campaña, más delimitado y se destinan más recursos para financiar obra pública, desarrollo y mejor calidad de vida de la sociedad que a las campañas electorales, ya que es bien conocido que entre más tiempo duren las campañas, mayor tendrá que ser el gasto.

Es necesario que nos preocupemos más en campañas que sean efectivas y eficientes como lo demanda la democracia y la misma sociedad. La historia nos demuestra cómo el desgaste en tiempos electorales va provocando en la sociedad un enorme descontento y desencanto. Tenemos que sumarnos también a los esfuerzos del Presidente Felipe Calderón en términos de austeridad.

Además de los sueldos y salarios regulados se tienen que reducir los gastos de campaña. Es muy claro que las necesidades en nuestro país son muchas y es bajo este tenor que nosotros, como representantes del pueblo debemos de vigilar que los recursos públicos sean utilizados y destinados al desarrollo de los pueblos y a la construcción de condiciones favorables para disminuir pobreza y desempleo, entre otros males.

Además del recorte en el gasto, debemos optimizar los recursos haciendo más efectiva su utilización. Si los tiempos son menores y los recursos directamente proporcionarles al tiempo, podemos realizar campañas de calidad y eficientes con menos recursos y lograr que el ahorro se refleje en los programas sociales que han demostrado ser de mucha importancia para la sociedad.

Bajo esta perspectiva, es claro señalar que además de lo anterior será más fácil la fiscalización a los partidos políticos y los actos ilícitos se irán subyugando. Los tiempos reducidos permitirán que el IFE realice un trabajo mucho más efectivo a la hora de auditar los recursos asignados a los partidos para campañas políticas.

No basta tener campañas que permitan una gran proyección publicitaria y una gran utilización de recursos si éstas no contribuyen a un verdadero ejercicio democrático. No es necesario que los actores políticos destinen enormes cantidades de dinero a un proceso que se puede hacer en menos tiempo y lograr que el gasto también se reduzca.

La democracia demanda mayor participación y una amplia legitimidad. Por ello la necesidad de hacer de los comicios hechos transparentes, con un margen de aceptación mucho más amplio. Las opiniones demuestran que los ciudadanos ya no quieren campañas largas y desgastantes. Si tomamos como base el monto mínimo destinado en 2006 para las campañas de Presidente de la República, senadores y diputados federales, considerando la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía, podemos lograr un ahorro de más de 223 millones de pesos tan sólo por este rubro de financiamiento público.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa por la que se reforman y se adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo único. Se reforma y se adiciona el artículo 177 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales quedando de la siguiente manera:

Título Segundo. De los actos preparatorios de la elección.

Capítulo I. Del Procedimiento del Registro de Candidatos.

Artículo 177.

1. Los plazos y órganos competentes para el registro.

a) Para diputados electos por el principio de mayoría relativa, del 1o. al 15 de mayo inclusive, por los Consejos Distritales.

b) Para diputados electos por el principio de representación proporcional, del 15 al 30 de mayo inclusive, por el Consejo General.

c) Para senadores electos por el principio de mayoría relativa, del 15 al 30 de abril inclusive, por los consejos locales correspondientes.

d) Para senadores electos por el principio de representación proporcional, del 1 al 15 de mayo, inclusive, por el Consejo General.

e) Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 15 al 30 de marzo, inclusive, por el Consejo General.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2007. Diputado Adolfo Escobar Jardinez. Solicito a la Mesa Directiva de esta LX Legislatura que, en virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, se inserte íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Según lo ha pedido, insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: Con su venia, señora Presidenta.

Exposición de motivos

La fracción II del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los lineamientos generales del trabajo de menores, prohibiendo el trabajo de aquéllos con menos de 14 años. Asimismo, establece medidas tutelares para los trabajadores mayores de 14 y menores de 16.

Estas disposiciones están orientadas, en mayor medida, a salvaguardar la integridad física del menor. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo contiene preceptos orientados a proteger no sólo a quienes tienen menos de 16, sino también a los menores de 18, en un espectro más integral que contempla aspectos emocionales y formativos para la protección del menor trabajador.

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo es muy clara en establecer la prohibición de trabajo a los menores en trabajos susceptibles de afectar su moral y sus buenas costumbres. Sin embargo, la Constitución federal en lo concerniente al trabajo de menores no especifica la prohibición de trabajar en lugares en los cuales se pueda ver afectada la moral y las buenas costumbres de los menores.

En México existen dos categorías de menores trabajadores: los de menos de 14, de quienes la Constitución y la Ley Federal del Trabajo prohíben que se utilice su trabajo, y los de edades entre 14 y 16, cuyo trabajo permite la ley, bajo determinadas circunstancias, entre las cuales radican haber cursado su educación obligatoria, jornada máxima de seis horas, no trabajo nocturno ni horas extras.

Así, la edad en México para los menores trabajadores se define como todas aquellas personas mayores de 14 años y menores de 18, el pago de un salario —así define nuestra legislación laboral la forma de clasificación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los menores trabajadores se dividen de la siguiente manera: menores bajo una relación formal de trabajo que se encuentran dentro del sector formal de la economía, bajo la vigilancia y protección de las autoridades laborales. Menores en una relación de trabajo dentro del sector formal de la economía, pero al margen de la ley. Menores en actividades de apoyo a tareas familiares o comunitarias. Menores en actividades diversas en busca de ingresos en el sector informal de la economía. Menores sujetos a actividades y condiciones de explotación, servidumbre y abuso. Menores autoempleados, es decir, fuera de una relación laboral.

Según el Programa de Atención para la Protección y Desarrollo de los Niños, se estimó que para el año 2000 en México eran 373 mil 394 niños que conformaban el universo de niños trabajadores, cuyas edades comprendían el rango de edad entre los seis y los 14 años de edad, los cuales contribuyeron al ingreso familiar con un monto global de mil 960 millones de pesos.

Luego entonces, la importancia y contribución que tiene el trabajo de los menores de l6.

En estudios recientes realizados por la OIT, se muestra que sin la aportación del ingreso de los niños trabajadores de 13 a 17 años, la incidencia de la pobreza aumentaría entre un 19 y 20 por ciento.

La carencia de estadísticas en México, no permite establecer competición, cuál es el número de menores entre los 14 y los 18 años, que se encuentran trabajando en las labores peligrosas e insalubres o en lugares donde se ve afectada la moral y las buenas costumbres.

No obstante, algunos estudios estiman que existen cuatro grandes sectores donde el trabajo infantil tiene una presencia importante: la agricultura, las calles de la ciudad, lamentablemente, grandes y medianas en el servicio doméstico y las pequeñas calles en la periferia de las ciudades.

Sin embargo, es necesario establecer textualmente, en nuestra Carta Magna, la prohibición de labores en donde se pueda ver afectada la moral y las buenas costumbres de los menores. Los menores que se incorporan al mercado laboral, lo hacen a edades y condiciones inferiores a los que la ley establece. Así, trabajan en empleos que dañan su salud, su moralidad y que obstaculizan su educación, siendo factores determinantes para el desarrollo eficiente de nuestro país.

En nuestro país es necesario formar una cultura laboral que permita a los menores trabajadores desempeñarse en todos y cada uno de los aspectos de su vida. Así, es pertinente que nuestros menores cuenten con la certeza jurídica que garantice un trabajo digno, que no les afecte en su integridad física y moral; así como su pleno desarrollo, garantía de la cual es responsable el Estado mexicano, sobre todo, de las y los jóvenes y niños, los cuales se encuentran principalmente en condiciones de vulnerabilidad.

Es por ello que es necesaria una modificación en nuestro máximo ordenamiento federal, que garantice las condiciones de trabajo de los menores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. No obstante lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, es pertinente elevarlo a rango constitucional, para que garantice la libertad de elección del trabajo digno, como una prerrogativa para los menores trabajadores.

Por ello, en Acción Nacional nuestro compromiso es y será el velar por la composición de las familias mexicanas, siendo la familia la institución central de nuestra sociedad. Siendo ésta el eje de la responsabilidad social, sólo mediante la cual habrá solidaridad social entre generaciones, precisamente porque la familia es preeminente a cualquier otra institución social, incluso al Estado.

Es así que la obligación de crear una sociedad ordenada, participativa y responsable, no es una labor exclusivamente del Poder Ejecutivo federal, sino es labor de la esfera gubernamental desde el núcleo base que es el municipio, pasando por las entidades federativas, hasta la Federación. En resumen, como ciudadanos y representantes de la nación tenemos la obligación de formar una sociedad política en conjunto.

Al respecto, uno de los idealistas más grandes del Partido Acción Nacional sostenía: que la felicidad es cosa personal, que resulta del ejercicio digno de la libertad y la sociedad política, no tiene la misión de alcanzar la felicidad de los ciudadanos, como se señalaba en algunas constituciones del siglo pasado, sino la de asegurar las condiciones de convivencia que hagan lo más posible por la felicidad humana. Adolfo Christelieb Ibarrola.

En nuestro marco jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo constituyen la regulación jurídica de la relación del trabajo de los menores y en ellas se establecen las condiciones y supuestos legales bajo los cuales pueden laboral, en donde se establece que la utilización del trabajo de los menores de 14 años está estrictamente prohibida en la Constitución.

Con la presente iniciativa se pretende abatir la expulsión de menores trabajadores ilegalmente hacia actividades que perjudiquen severamente su salud, así la Ley Federal del Trabajo dispone que en ningún caso. La jornada de trabajo de los menores de 16 años, tiempo durante el cual, tú como trabajador estás a disposición del patrón prestando tus servicios, no puede exceder de seis horas diarias, las cuales estarán divididas en períodos máximos de tres horas, con una horade reposo entre cada período.

Está prohibido al patrón la utilización del trabajo de menores de 16 horas en horas extraordinarias en los días domingo y días de descanso, por cada seis días de trabajo tiene derecho a disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Si tiene más de un año de servicio deberá disfrutar de un período anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrán ser inferiores a 18 días laborales. Le pido, señora Presidenta, sea incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Con mucho gusto diputada, muchas gracias. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia hace un atento llamado a todos los señores legisladores que van a presentar iniciativas, que de serles posible redujeran su tiempo a cinco minutos, para que el mayor número de legisladores pudieran pasar a presentar su iniciativa. Desde luego deben tener presente que ya está publicada en la Gaceta y que además será publicado en el Diario de los Debates íntegramente. Tiene la palabra el diputado Silvio Gómez Leyva del grupo parlamentario de Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Silvio Gómez Leyva: Con su permiso, Presidenta. Vamos a dar paso a la exposición de motivos, en la actualidad el artículo 115 de nuestra Constitución contempla al municipio como base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, señalando en cada uno de ellos que será gobernado por un ayuntamiento de elección popular integrado por un presidente municipal, el número de síndicos y regidores que la ley determine, sin especificar las funciones que en lo particular compete a cada uno de ellos.

Por su parte, el artículo 124 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Las facultades que no están expresamente concebidas en la Constitución a los funcionarios federales, se entenderán reservadas a los estados…", siendo el caso de que el artículo 115 de la Constitución federal no contempla las facultades mínimas que le corresponde a cada uno de los integrantes del ayuntamiento, que ha originado que las diversas Legislaturas locales, trabajen de forma desigual en esta materia, pues las legislaciones municipales que se han emitido no son del todo proporcionales en cuanto al tema en estudio, ya que en algunos estados requieren mayores facultades para cada uno de los ediles, como es el caso del estado de Hidalgo, mientras que en otras refieren de manera muy general.

Por lo anterior, se considera necesario que se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que debe contemplar claramente las principales facultades que deben desempeñar los síndicos y los regidores así como el presidente municipal en cada uno de los ayuntamientos.

La propuesta plantea adquirir mayor fuerza y se toma en consideración la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le confirió al municipio con el carácter de poder político en la controversia constitucional Número 4521/90, que dio paso a una serie reformas en materia de amparo, en una etapa en el que el municipio mexicano comenzaba a tener un mayor respaldo jurídico en la Carta Magna, por lo que hoy en día es necesario que nuestra máxima ley contemple claramente cuáles son las funciones principales de los señores síndicos, regidores y el presidente municipal.

Con la presente iniciativa no se rompe con el espíritu federalista de la Carta Magna, pues si bien se propone se incorpore a manera de lineamientos las tareas mínimas que deben de ejercer los miembros integrantes del ayuntamiento, se sigue dejando en manos de las legislaturas estatales la identificación y la regulación de las propias facultades.

Por lo anterior, se propone adicionar cuatro párrafos finales a la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se eleven a rango constitucional las funciones y atribuciones principales que debe desempeñar el presidente municipal, los síndicos y los regidores.

En cuanto a la iniciativa del proyecto de decreto, el artículo único que se propone adicionar, cuatro párrafos finales a la fracción I del artículo 115 constitucional, para quedar como sigue: Las legislaturas de los estados determinarán, en sus respectivos ordenamientos municipales, las facultades de los síndicos y los regidores, así como del presidente municipal en lo que se señala una serie de consideraciones que debe tener la función de los presidentes, del síndico y de los regidores.

Atendiendo a la instrucción de la Presidencia, no voy a dar lectura a las funciones ni a las facultades que estamos proponiendo, solicitándole, señora Presidenta, que sea integrado en el Diario de los Debates el texto íntegro al que acabo de dar lectura y que está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, diputado por su consideración sobre el tiempo. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Este recinto se honra con un nutrido grupo de visitantes del estado de Guanajuato, entre los que se encuentran presidentes municipales, ciudadanos, alumnos y maestros de diversas escuelas, y también tenemos invitados de las mesas directivas de las sociedades de alumnos de San Luis de la Paz, Guanajuato. Muchas gracias por su visita.

Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita además por el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo y María Sofía Castro Romero. Le recomendamos el uso del tiempo, muchas gracias.

El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Los suscritos diputados federales Carlos Alberto García González, Javier Martín Zambrano Elizondo y María Sofía Castro Romero, integrantes de la LX Legislatura y pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorren los demás párrafos al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a rango constitucional una política económica para la competitividad, bajo la siguiente

Exposición de motivos

La competitividad se ha hecho una necesidad impostergable en todas las economías del mundo, tanto los gobiernos como las empresas impulsan políticas y estrategias para elevar y extender las ventajas competitivas. Así, hoy en día la competitividad juega un papel fundamental en el crecimiento con desarrollo de cualquier país, ya que cuando un país es competitivo, la rentabilidad de las empresas se incrementa, situación que se ve reflejada en el bienestar de la sociedad.

La competitividad, como la define el Instituto Mexicano de la Competitividad, es la capacidad que tiene un país de mantener y atraer inversiones; sin embargo, considero que esta definición es algo limitada. La competitividad también es consecuencia de la productividad, entendida como la capacidad de producir más bienes o servicios con menos recursos, permitiendo mejores costos de producción y menores precios al consumidor.

Este Congreso ya reconoció esta tarea pendiente e indispensable para México, ambas Cámaras ya instalaron sus comités para promover e impulsar las reformas que eleven y extiendan la competitividad del país y de sus empresas; no obstante, la competitividad en nuestro país se ha ido rezagando ante las exigencias que la globalización impone a los mercados y a las empresas.

Así lo demuestra el índice de competitividad que emite el Instituto Mexicano de la Competitividad, en donde lamentablemente México se ubica en el lugar número 33 de una muestra de 45 países.

Bajo este contexto parece que no existe una política económica para la competitividad de Estado, las políticas públicas no van encaminadas a resolver los problemas estructurales, hay una visión de corto plazo. No desarrollamos la economía y a las empresas, preferimos importar los procesos productivos, los bienes con mayor valor agregado, la innovación y la tecnología, que hacerlos o inventarlos aquí en el país.

Esta falta de visión empresarial y de innovación nos ha colocado en una posición muy desventajosa a nivel internacional que no podremos revertir en los próximos años si no hacemos cambios radicales en las políticas públicas del país.

Los ciudadanos nos demandan a nosotros como diputados un crecimiento con desarrollo económico constante e integrador, pero para lograrlo debemos de inyectar principios de competitividad en toda la estructura económica del país. Así ya lo ha recomendado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Las políticas públicas del Estado mexicano tienen que erigirse como unas verdaderas promotoras de la competitividad; facilitando el comercio y la inversión productiva; impulsando una mejora regulatoria; abasteciendo energéticos a precios competitivos; generando mayor inversión en innovación y tecnología; elevando la educación y la capacitación; fomentando el ahorro interno y con ello a la inversión, entre otras muchas más.

En esta tesitura se hace necesario que todas las políticas públicas emanadas del Ejecutivo como del Legislativo en materia fiscal, energética, laboral, financiera, de seguridad social y todas aquellas que incidan en el desarrollo de la economía del país y de sus empresas, converjan y se alinien con el único objetivo de elevar y extender la competitividad del país.

Con esta reforma el Estado mexicano tendrá la obligación y el principio constitucional de orientar y promover todas sus políticas económicas hacia la competitividad del país y de sus empresas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo III y se recorren los demás párrafos, al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional la política económica para la competitividad.

Artículo único. Se adiciona un párrafo III y se recorren los demás párrafos del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. Párrafo III: Asimismo, el Estado promoverá, conducirá y orientará sus políticas económicas para mantener y acrecentar la competitividad del país y de sus empresas. Las leyes que regulen la vida nacional emanadas con arreglo a esta Constitución reconocerán este principio de competitividad en todo momento.

Artículo transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por último, solicito se inserte íntegramente el contenido de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 413 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra para presentar iniciativa que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, suscrita por diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros diputados, los suscritos diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en la Constitución, leyes y reglamentos que rigen al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración la siguiente iniciativa que reforma el artículo 57 de la Ley de Educación.

Es evidente en nuestro país la gran importancia que tiene la educación que imparte el Estado mexicano y los particulares, ya que ha sido una materia en la cual tanto el gobierno como los ciudadanos han colaborado para hacer efectivo el derecho y la educación para todos los mexicanos.

Es por esto que las becas educativas deben de ser proporcionadas tanto por el sector público como por el sector privado, imponiéndoles modalidades distintas en una misma idea de la política educativa.

La importancia de la educación y su acceso a ella, no sólo es una garantía constitucional consagrada en nuestro máximo ordenamiento jurídico.

Los instrumentos internacionales coinciden en que la educación es un derecho fundamental que debe ser respetado universalmente y que el gobierno de cada país debe hacer efectivo con las condiciones que se señalen en los distintos ordenamientos signados multilateralmente, esto es, buscando el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y buscando fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Es por esto que la Ley de Educación estableció en su artículo 57 la obligación de los particulares que imparten educación a proporcionar un mínimo de becas. Sin embargo, al no establecerse claramente los porcentajes, las modalidades y las condiciones del otorgamiento de becas en la ley sino en los acuerdos administrativos, esta situación vulnera la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional.

De igual forma, es necesario establecer en la ley el proceso, mecanismos y los requisitos mediante los cuales serán otorgadas las becas para aumentar la seguridad jurídica y reducir la incertidumbre en la que se encuentran las escuelas particulares y los estudiantes.

Por otra parte, consideramos que puede mejorarse la regulación de los comités que otorgan las becas y aumentar la transparencia del proceso de su otorgamiento para asegurar la imparcialidad y correcta evaluación de la necesidad económica al alumno que se le otorgue, logrando que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.

La razón lógico jurídica que nos motiva a presentar esta reforma es que consideramos que en cualquier obligación que en materia administrativa imponga una ley, es en esta y sólo en esta donde deben establecerse los elementos para la determinación de la obligación de los particulares.

Es en el caso concreto de esta iniciativa, si la Ley General de Educación dispone en su artículo 57, fracción III, la obligación de los particulares que imparten la educación de proporcionar un mínimo de becas, que deben fijarse aquí de manera análoga las contribuciones, el sujeto, objeto, base, tasa y época de su pago; siendo el sujeto obligado —la escuela particular— el sujeto, proporcionar becas; la base, el número de alumnos inscritos en la escuela, es decir la matrícula total; la tasa, el porcentaje que aquí proponemos y, la época de pago en cada ciclo escolar.

Es así que, abstrayendo el razonamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en tesis de jurisprudencia que citamos en el texto completo de la iniciativa y generalizándolo en otras normas de derecho administrativo, proponemos aumentar la garantía de seguridad jurídica en nuestro sistema legal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Decreto

Artículo único. Se reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con los reconocimientos de validez oficial de estudios deberán proporcionar un mínimo de becas en los términos siguientes:

a).- Las becas escolares consisten en la exención del pago total o parcial de la inscripción y de las colegiaturas mensuales.

b).- Proporcionar el equivalente a un cinco por ciento como mínimo del total de la matrícula del periodo escolar, en aquellos estudios que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, mismos que se destinarán a los alumnos que cuenten con el nivel académico requerido o les sea imposible sufragar los gastos escolares.

c).- Las becas otorgadas como prestación a los trabajadores no formarán parte del porcentaje señalado en el inciso b).

d).- Dar a conocer en forma completa a estudiantes, maestros y padres de familia, previamente al otorgamiento de becas, la información referente al proceso, mecanismos y requisitos, mediante los cuales serán otorgadas las becas.

e).- El otorgamiento de becas se deberá hacer en cada plantel por una comisión integrada por un directivo, dos maestros y dos padres de familia. La integración de las comisiones así como el proceso de entrega de becas, será supervisado y aprobado por la autoridad educativa correspondiente y dado a conocer a la comunidad educativa con la mayor publicidad.

f).- La inconformidad ante un proceso de otorgamiento podrá ser investigada por la Secretaría de Educación de oficio o ante denuncia de cualquier interesado y se duplicará la sanción que corresponda si el beneficio recae en familiares de primer y segundo grado, tratándose de servidores públicos o de la comisión señalada en la fracción e).

Solicito atentamente que la iniciativa que presentamos, quede íntegramente inscrita en el Diario de los Debates.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos.

Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos René Sánchez Gil, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos René Sánchez Gil: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras, el suscrito, Carlos René Sánchez Gil, diputado federal, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, se permite poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el inciso e), fracción IV del artículo 115 y fracción VIII, del artículo 117; ambas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de motivos

Que, por cuestión de tiempo, expondremos en forma abreviada.

Las entidades federativas y el municipio tienen fundamento legal de su soberanía y autonomía de gestión, en lo dispuesto por los artículos 40, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La hacienda pública se integra con recursos derivados de contribuciones, derechos, participaciones, aportaciones y otros ingresos, entre los que se encuentran los empréstitos, catalogados así, como ingresos extraordinarios por la fracción VIII del artículo 117 constitucional.

Los empréstitos constituyen una alternativa financiera importante para los gobiernos a efecto de no recurrir a la imposición de nuevas cargas tributarias que afecten a la población. Por tanto, los recursos derivados de los empréstitos deben aplicarse por los gobiernos con toda responsabilidad y transparencia, procurando su equilibrio presupuestal en la ejecución de obras y servicios de incuestionable beneficio económico y social.

La facultad de endeudamiento otorgada a los gobiernos estatales y municipales por el citado artículo 117 constitucional, señala textualmente en su fracción VIII, la condición de que el empréstito sea destinado en inversiones públicas productivas. Sin embargo, la interpretación de este concepto de inversiones públicas productivas es un concepto que ha dado lugar a múltiples interpretaciones por parte de las Legislaturas locales, en donde no existe uniformidad de criterios en la reglamentación de los mismos, dando lugar a la discrecionalidad de reglas y requisitos para su solicitud, destino y ejercicio, que en muchos de los casos no reúnen las condiciones mínimas de viabilidad y rentabilidad social.

Los empréstitos injustificados de entidades y municipios comprometen los recursos de su hacienda pública, alteran su equilibrio presupuestal, comprometen la debida prestación de los servicios públicos y ponen en riesgo el funcionamiento y buen despacho de los asuntos públicos de su competencia perjudicando a la población, cuando además el pago de dichos empréstitos trasciende el término de su gestión gubernamental.

En consecuencia, es urgente que el endeudamiento de entidades federativas y municipios, así como de organismos descentralizados, sea debidamente acotado con la inclusión de lineamientos normativos claros que garanticen el uso eficiente de los recursos derivados de empréstitos en obras y acciones de beneficio económico y social comprobado, con la prohibición expresa de que este recurso extraordinario sea destinado al pago de gasto corriente que no refleja beneficio directo alguno a la población.

Por los motivos y fundamentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que adiciona y reforma el inciso d), fracción IV del artículo 115 y la fracción VIII del artículo 117, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115, fracción IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará —inciso d)— con recursos extraordinarios derivados de empréstitos que deberán destinarse a obras y servicios públicos con beneficio económico y social neto comprobado, procurando el equilibrio presupuestal de la hacienda pública municipal, conforme a las bases que establezcan las Legislaturas locales en la ley respectiva definiendo los lineamientos, conceptos y montos para suscribir y aprobar los proyectos y contratos de obras y servicios respectivos autorizados en sus presupuestos anuales, con la prohibición expresa de destinar estos recursos extraordinarios al pago de gasto corriente de los gobiernos municipales.

Artículo 117, fracción VIII, segundo párrafo. Los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a obras y servicios públicos con beneficio económico y social neto comprobado, procurando el equilibrio presupuestal de sus haciendas, inclusive, los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas conforme a las bases que establezcan las Legislaturas locales en la ley respectiva, definiendo los lineamientos, conceptos y montos para suscribir y aprobar los proyectos y contratos de obras y servicios respectivos que se fijen anualmente en sus presupuestos, con la prohibición expresa de destinar estos recursos extraordinarios al pago de gasto corriente. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública respectiva.

Transitorios que, por cuestión de tiempo obviamos. Solicito, diputada Presidenta, sea inscrito el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal. Gracias, diputado, por ajustar su tiempo y se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada: Con su permiso, señora Presidenta. Por obviedad de tiempo y debido a que la presente iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates.

Compañeros diputados, subo a esta alta tribuna de la nación para presentar de forma breve y a nombre de los diputados federales de Acción Nacional, la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer los mecanismos de defensa jurisdiccional en materia electoral y dotar de mejores herramientas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el cumplimiento de sus resoluciones.

Con estas propuestas se pretende consolidar el sistema democrático y de justicia electoral que desde la profunda reforma de 1996 requiere de complementos constitucionales para adaptar el sistema y la justicia electoral actual. Lo anterior bajo la siguiente

Exposición de motivos

Primero. Fortalecer la garantía de democracia interna de los partidos políticos y de tutela de los derechos fundamentales de asociación y de afiliación en materia político-electoral.

En este aspecto debemos de considerar los antecedentes referentes a lo que se ha denominado en la doctrina y el foro electoral como la "democracia interna de los partidos". Al respecto debemos de apuntar que hasta el año 2003 los temas de democracia interna en los partidos políticos y los derechos político-electorales tenían un incipiente desarrollo en México, e incluso se encontraba vigente la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: "Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Es improcedente contra actos de partidos políticos".

Finalmente, el 28 de marzo de 2003 la Sala Superior del Tribunal determinó suspender la jurisprudencia que impedía impugnar directamente los actos partidarios y emitió un nuevo criterio. El 10 de abril del mismo año se resolvió la tercera ejecutoria en el mismo sentido y de esa manera se generó una nueva jurisprudencia de rubro: "Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede contra actos definitivos e irreparables de los partidos políticos".

Así, los medios de impugnación electoral se han convertido en las herramientas indispensables de la democracia mexicana, de tal manera que con estos antecedentes es normal que hoy día se diriman las controversias internas de los partidos por las vías jurisdiccionales. Por lo tanto, nuestra propuesta tiene como objetivo elevar a rango constitucional la democracia interna de los partidos y consagrar expresamente la garantía de los ciudadanos para poder acceder efectivamente a los medios de control de los actos partidistas.

Segundo. Otorgar al Tribunal Electoral facultades para pronunciarse sobre la inaplicación de leyes en el caso de que éstas sean contrarias a la Constitución. En el contexto del sistema de justicia electoral y de conformidad con los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el único mecanismo para combatir la posible inconstitucionalidad de las leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 105 constitucional.

Lo anterior, dentro del contexto de la justicia electoral, implica que solamente los partidos políticos tienen la posibilidad para combatir la posible inconstitucionalidad de leyes electorales, además de contar con un plazo perentorio para hacerlo a partir de la publicación de la reforma legal, de tal manera que cualquier otra entidad, particularmente los ciudadanos, no cuentan con mecanismo legal alguno para defenderse de los actos de autoridad que se sustenten en una norma inconstitucional, de tal manera que es necesario que sea el Tribunal Electoral quien cuente con los mecanismos para inaplicar las normas inconstitucionales en el caso de que constituyan el sustento de un acto, objeto de una controversia jurídica al momento de resolver los juicios de su competencia.

Incluso, esta facultad debe coexistir con el control que continuaría ejerciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la acción de inconstitucionalidad.

Por lo anterior, se propone derogar el segundo párrafo, inciso g), fracción II, del artículo 105 constitucional, que establece que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en el presente artículo y, en contraparte, se propone agregar en la fracción IV del artículo 41, un párrafo que establezca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán competencia para garantizar la constitucionalidad de las leyes electorales locales y federales.

Tercera. Prever facultades constitucionales para la plena ejecución de las resoluciones en materia electoral.

De la necesidad de garantizar una plena ejecución de las sentencias electorales a efecto de hacer eficaz la garantía de la tutela judicial que consagra el artículo 17 constitucional, es necesario dotar al Tribunal Electoral de los mecanismos constitucionales respectivos.

Por lo anterior, se propone facultar al Tribunal Electoral para aplicar directamente las sanciones y medidas de apremio que establezca la ley, a efecto de garantizar un efectivo, total y pronto cumplimiento de las sentencias electorales.

Concluyo, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hemos dicho —y nuestros fundamentos políticos lo establecen—: el poder es del pueblo y para el pueblo. Estas reformas, por tanto, pretenden actualizar la democracia en México a favor de los ciudadanos, fortaleciendo sus garantías a rango constitucional para que en lo venidero la coyuntura política, el poder de grupos o las circunstancias partidistas estén frenadas ante la tentación de vulnerar los derechos políticos de cualquier ciudadano de cualquier color, de cualquier tendencia. Por su atención, muchas gracias, diputados.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Quiero informar a los señores diputados que todas las iniciativas son publicadas íntegramente en el Diario de los Debates, por lo que podemos omitir la solicitud de este hecho y la confirmación por parte de la Presidencia.

Concedemos el uso de la palabra al diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros, los suscritos diputados federales, Esmeralda Cárdenas Sánchez y Luis Gustavo Parra Noriega, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, someten a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En tan sólo unos cuantos años hemos sido testigos de cómo nuestro país ha transitado de un régimen oscurantista, que fomentaba los actos de corrupción, a uno transparente, cuyas decisiones y actividades gubernamentales se enmarcan en la claridad y la rendición de cuentas a la sociedad.

Con este cambio se acató el mandato inaplazable de la ciudadanía, que exige que el ejercicio de las facultades por ella conferidas al Estado, se realicen con el pleno conocimiento de sus destinatarios.

Debe reconocerse que para que esto sucediese fue necesaria la suma de las voluntades de los partidos políticos, órganos de gobierno, actores políticos y la sociedad en su conjunto. Sin duda se trató de un ejemplo de vocación de los mexicanos por mantener el diálogo y el consenso como mecanismos insustituibles para la construcción de un proyecto de nación netamente democrático. Resultado de lo anterior fue la aprobación por el Congreso de la Ley de Transparencia.

Además, con este nuevo cuerpo jurídico se dio cumplimiento a la obligación constitucional establecida en el artículo 6o recientemente reformado referente a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información.

Un aspecto importante de la Ley de Transparencia es que está diseñada para aplicarse a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, así como a los organismos constitucionales autónomos.

El IFAI es la institución responsable de la aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia en el ámbito del Poder Ejecutivo y sin duda, ha innovado la manera en que la administración federal ha enfrentado el proceso de apertura.

Su existencia, resultado del reclamo de la sociedad que exige imparcialidad en el órgano responsable de administrar la ley y evitar que el Poder Ejecutivo se convierta en juez y parte. En este sentido y en términos del artículo 33 de esta ley, el IFAI está definido como un órgano con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión.

Sin duda, el legislador fue cuidadoso respecto de crear un órgano con la suficiente autonomía para convertirse en el garante del acceso a la información; sin embargo, a la luz del derecho administrativo y de nuestro marco jurídico, la manera como se constituyó, en nuestro punto de vista, es deficiente y pone en un grado de fragilidad la existencia autónoma del IFAI.

Sobre este particular estimamos que la intención del legislador fue la de blindar mejor y con el mayor grado de autonomía la actuación del IFAI, para lo cual debió de pensar en la figura de organismo descentralizado, dado que por su naturaleza estos entes se encuentran fuera de relación jurídica del poder central y sin embargo, no está descrito de esa manera en la ley que lo crea.

Así las cosas y con la finalidad de brindar claridad respecto a la naturaleza jurídica del IFAI, el Ejecutivo emitió un decreto en 2002, donde se estableció la creación del IFAI como un órgano descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía operativa, presupuestaria y decisión.

Lo anterior, no le otorga seguridad y certeza a la actuación del IFAI respecto a su naturaleza jurídica; dado que precisamente a través de un mismo decreto del Ejecutivo puede cambiarse la naturaleza de este organismo, en detrimento del esquema de transparencia que se ha constituido en el ámbito federal.

Para ilustrar con mayor claridad el punto medular de la propuesta, tenemos que el artículo 90 de la Constitución general, consigna las bases de la administración pública federal, al señalar que será descentralizada y paraestatal. Remitiendo a la Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo entre las secretarías y departamentos administrativos y sentará los principios generales para la creación de las entidades paraestatales.

De la enunciación lógica-jurídica de los preceptos anteriores y revisando el marco jurídico y por la trascendencia e importancia que la existencia plena en el mundo del derecho tiene la configuración adecuada del IFAI, salta a la vista la necesidad de presentar y aprobar la presente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia; así como a la Ley Federal de Entidades Paraestatales para inscribir al IFAI dentro del régimen de excepción, respecto del cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo, a efecto de fortalecer la autonomía del Instituto.

Por lo anteriormente expuesto y a efecto de fortalecer la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información; así como, clarificar su naturaleza jurídica, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto.

Dado el obvio de tiempo y estando publicado en la Gaceta, agradezco su atención y llamaría nada más la atención de los señores secretarios, que la iniciativa también está firmada por la diputada Esmeralda Cárdenas, aunque en un principio sólo su servidor la iba a firmar, ella se ha adherido a esta iniciativa. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Gobernación.

Esta Presidencia saluda cordialmente a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que nos honran con su presencia y también a los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón del Distrito Federal que están en este recinto. Sean bienvenidos.

Tiene la palabra el diputado Juan Guerra, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, suscrita por diputados de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Trabajo.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Muchas gracias. En efecto, esta iniciativa la presentamos a nombre de Convergencia, del PT y del PRD. En diciembre pasado, los coordinadores de los grupos parlamentarios nos presentaron aquí un punto de acuerdo mediante el cual nos comprometían a todos los legisladores, y así lo votamos, a realizar una reforma hacendaria equitativa, progresiva y justa.

Con esta propuesta, el Frente expresamos nuestra disposición a construir acuerdos en esta materia y decimos que estamos ya con nuestra propuesta listos para avanzar en la reforma hacendaria.

Evidentemente nuestra reforma lo que busca es restablecer lo que se llama en el mundo equidad horizontal y vertical en la tributación. Equidad horizontal en la tributación es que todos los que tienen ingresos o ganancias iguales deben de tributar igualmente, y que quien tiene más ganancias o ingresos, tiene que tributar más. Hoy, desgraciadamente México puede ser el único país en el mundo donde no existe este principio de equidad horizontal y vertical.

La Auditoria Superior nos ha informado de todas las devoluciones; nomás de IVA en el 2005 se regresaron 150 mil millones de pesos y también nos informaron que como 100 empresas que facturan arriba de los 500 millones de pesos no pagan ni siquiera 80 pesos de IVA en un año.

Es decir, que 100 empresas, cuyo volumen de venta va arriba de los 50 mil millones de pesos, pagaron aproximadamente 7 mil, entre todas ellas, de impuestos por valor agregado en un año; muchísimo menos de lo que paga alguien cautivo, un asalariado.

En este país las grandes corporaciones y los que deberían ser los grandes contribuyentes no están tributando equitativamente, de manera que el peso de la tributación está cayendo sobre los asalariados. Este país sostiene sus ingresos fiscales por los asalariados, ahí es donde está el porcentaje mayor de recaudación del impuesto sobre la renta, y es este sector el que más paga IVA porque es el que más consume, de manera que quienes deberían ser los grandes contribuyentes, simple y sencillamente no lo están siendo.

Esta es una anormalidad en el mundo. Los legisladores que visitaron la OCDE, ahí escucharon una afirmación contundente: en cada país de la OCDE, las grandes corporaciones aportan el 70 por ciento de la recaudación; y aquí, la verdad, no aportan ni el 10 por ciento de la recaudación. Ésa es la gran tristeza.

Se ha hablado por otros, de que quizás habría que gravar alimentos y medicinas. Ésta es otra inmoralidad, porque en México, a diferencia del resto de los países en el mundo, la mayor aportación a la recaudación fiscal se logra por el consumo, mientras que en el resto del mundo es el impuesto sobre la renta y las ganancias de capital la que dan la mayor recaudación.

Seguir por la ruta de corrupción institucionalizada de la inmoralidad —y digo institucionalizada porque luego hacemos leyes para que esta cosa ocurra así— no es el camino para este país, que compite con Haití por el primer lugar en la más escasa recaudación.

Por eso nosotros estamos presentando una propuesta para buscar acuerdos, una propuesta que plantea derogar el régimen de consolidación fiscal, delimitar la extensión de las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en la Bolsa de Valores, eliminar la deducción del costo y adquisición de los terrenos, eliminar la deducción inmediata de bienes nuevos, de activo fijo; de los donativos deducibles, reducir esto en un 50 por ciento y que haya reglas de control a estas campañas de redondeo que cada vez que alguien aporta está evadiendo, porque lo entrega a su nombre como si fuera su recurso y está exento del pago de impuestos.

Impuesto definitivo del 35 por ciento sobre dividendos o utilidades considerando el 28 por ciento del impuesto sobre la renta corporativo vigente; limitar facultades discrecionales del Poder Ejecutivo para otorgar subsidios, estímulos y regímenes especiales cuando lo disponga la Ley de Ingresos de la Federación.

Que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal. Esto es algo que ocurre en todo el mundo. Todo mundo debe saber de los ingresos públicos-fiscales, quién paga y quién no; no persona física, sino persona moral, para saber si yo estoy contribuyendo lo que el otro está contribuyendo, en la proporción que debe o saber si no lo está haciendo.

Que las instituciones de crédito colaboren permanentemente en el intercambio de información de las obligaciones fiscales. Para esto estamos proponiendo que se reformen la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, Ley del Servicio de Administración Tributaria, Ley de Instituciones de Crédito.

Ésta es la propuesta que dejamos a su consideración, con un principio: restablezcamos la equidad en México. Hagamos que quien más gana tribute más y no nos carguemos sobre los que menos tienen.

No estamos aumentando ningún impuesto; simplemente corrigiendo para que esta cosa así suceda. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Maria Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, diputado Juan Guerra. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Faustino Javier Estrada González: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión hago uso de la tribuna para hablar sobre la infancia y la adolescencia, con el objetivo primordial de atender y prevenir de una manera más eficaz las situaciones de riesgo en las que este grupo de la sociedad vive día a día.

Es bien sabido que los adolescentes se encuentran en una etapa que marca la transición entre la infancia y la etapa adulta, donde se producen cambios físicos, intelectuales y sociales, así como la pérdida de la figura de los padres como educadores principales; y el encuentro, la búsqueda de nuevas figuras, sensaciones y experiencias.

Para poder atender sus necesidades es necesario contar con los objetivos claros y permanentes para que a la larga podamos ver los resultados.

Si hablamos de manera global, tenemos que tomar en cuenta que los cambios en las costumbres sociales favorecen el consumo de bebidas alcohólicas, así como de sustancias ilícitas. Nos concierne a todos el preocuparnos por este tipo de problemas, ya que los niños y los jóvenes son el futuro de este país, quienes se formarán con los valores que la sociedad les ponga como ejemplo.

La pérdida de valores, la violencia intrafamiliar, los cambios en los adolescentes como la crisis de identidad, la conformación de grupos, la violencia entre ellos mismos, en las escuelas; el cuestionamiento a la autoridad, la separación con los padres y la búsqueda de ideales, entre otros, así como la independencia económica, hablando en términos generales, y el bombardeo de publicidad les ha permitido entrar de lleno a las sociedades de consumo.

Y como bien sabemos, el alcohol y las drogas están en nuestra sociedad ya que cumplen determinadas funciones como el de servir como elemento de integración para los jóvenes y de evasión para otros, lo que los lleva a actuar inadecuadamente apropiándose de modelos que los perjudican.

Para la Organización Mundial de la Salud, cada año crece el número de adolescentes que consumen bebidas alcohólicas en el mundo y para ellos es como un medio de evadir la realidad.

Por lo anterior es importante tomar medidas, ya que de lo contrario los problemas causados contribuirán a un deterioro general de las normas de comportamiento entre los adultos del futuro.

Las soluciones son muchas. Una de ellas es la de prevención como uno de los aspectos claves para luchar contra los problemas de drogadicción, de alcoholismo y de conductas antisociales y violentas en el mundo educativo. Hoy en día la incorporación de los adolescentes a conductas nocivas es cada vez más temprana y en muchas ocasiones las drogas están entrando en las escuelas y muchos estudiantes creen que se trata de un juego, persuadidos por otros compañeros y combinándolo con el uso del alcohol. Lo mismo sucede con el tabaco, que en la mayoría de los adultos el mal hábito comenzó en la edad adolescente.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que uno de los métodos para combatir este problema es el de la prevención y que ésta debe comenzar básicamente en la escuela, ya que ésta debe ayudar a los jóvenes a desarrollarse y participar en una sociedad que cada vez se va haciendo más compleja.

Por ello, la prevención debe ser asumida como una prioridad para el ámbito del sector educativo con el fin de tomar medidas y preparar a los jóvenes desde la niñez para que se puedan enfrentar, durante el transcurso de la vida, al consumo y la oferta de sustancias nocivas para la salud y que adquieran hábitos fuertes que les sirvan de referencia, tanto en su formación educativa como en el futuro.

En las instituciones educativas se deben abordar los problemas y las consecuencias por el uso de las sustancias ilícitas y deben contar con el material educativo y específico para poder brindar una buena labor educativa en estas áreas.

Los programas tienen como fin desarrollar aptitudes y actitudes benéficas para la vida, mediante técnicas de aprendizaje hacia el rechazo de lo perjudicial a la salud, reforzando de esta manera los compromisos personales contra el uso y al mismo tiempo reforzar la habilidad social, incluyendo métodos participativos que puedan ser grupos de discusión entre compañeros, solución de problemas y toma de decisiones en grupo. De esta manera, en lugar de enseñar únicamente la parte teórica, este tipo de formación brinda un enfoque creativo en la personalidad de los estudiantes para poder resolver problemas y que nos enseña durante los años escolares.

Igualmente, formaremos en gran medida una inteligencia emocional que, en muchas ocasiones, es más importante, ya que se involucra y se eleva la autoestima, el compromiso y la independencia de los alumnos, dándoles una buena formación de valores y de las actividades lúdicas.

El tiempo libre y las actividades positivas que tengan relación con la salud, con el fin de prevenir el inicio de consumo e incrementar la resistencia adquiriendo una mayor capacidad para tomar decisiones. Los programas deben ser diseñados para intervenir a una temprana edad con el objetivo de poder encaminar los factores considerados como riesgosos.

Es importante señalar que los programas deben de ser de largo plazo, es decir, a lo largo de la vida escolar, con el fin de seguir una secuencia y seguir fortaleciendo la restricción al acceso a estas sustancias. La escuela es uno de los medios con más éxitos para la aplicación de este tipo de programas, ya que en ella se dan las oportunidades idóneas para llegar a toda la población y las normas que se establezcan en ellas reforzarán aún más estos programas.

También es importante señalar que estos programas deben ir encaminados según el grado de riesgo de cada entidad, mientras más alto sea el nivel riesgoso más temprano debe empezar a fortalecerse, orientándose a grupos de edad y apropiados a las etapas de desarrollo y situaciones culturales.

Es elemental señalar que estos programas además son benéficos hablando en términos económicos, ya que el gasto en la prevención es menor al que implica la atención de la salud.

Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta la trascendencia de este tema, estimamos pertinente fortalecer la situación tan particular y compleja que vivimos. Requerimos de cambios en los individuos para construir en los niños y jóvenes la realización de un mejor país, por lo que someto a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a fin de establecer nuevas pautas de conducta y valores. El futuro de los menores depende de un cambio sustancial de orientación en las políticas educativas y deportivas. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Salud.

Saludamos la presencia de la diputada Elda Agüero y el diputado Arturo Heredia, de la República de Argentina. Ahora se encuentran en este Recinto Legislativo y están realizando una visita a la Comisión de Relaciones Exteriores, por invitación del diputado Gerardo Buganza Salmerón. Sean ustedes muy bienvenidos señores legisladores, nos alegra su presencia y les deseamos una estancia muy grata y fructífera en nuestro país.

Les pedimos llevar saludos a los compañeros legisladores de su República, tan apreciada por nosotros. Muchas gracias por su visita.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 59-Bis de la Ley General de Radio y Televisión.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los fines de Nueva Alianza es el de asegurar que las niñas y los niños de México tengan la información adecuada para que conozcan sus derechos y puedan hacerlos valer.

En la actualidad, resulta una obviedad el afirmar que dentro de los objetivos primordiales que deben guiar el actuar de los estados, se encuentra la difusión y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Nueva Alianza vuelve a insistir en la importancia de difundir y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de los medios de comunicación. Estamos convencidos de que por medio de la educación podemos ampliarles su visión y darles más opciones para enfrentar los peligros que nuestra sociedad ofrece.

El pasado mes de febrero presentamos ya una iniciativa para que uno de los fines de la programación infantil fuera el de propagar información destinada a desarrollar la capacidad crítica y de libre decisión bajo los principios de igualdad de oportunidades y de tratos entre hombres y mujeres y la no discriminación. Hoy estamos aquí con el fin de hacer de los medios de comunicación un verdadero instrumento para la consolidación de una cultura protectora de las niñas y los niños mexicanos.

En México, el 41.9 por ciento del total de la población —40 millones 799 mil, para ser exactos— es menor de 18 años y está expuesta al maltrato, al abuso, a la violencia y a la explotación y a la prostitución entre otras vejaciones. Si tomamos en cuenta que el 98 por ciento de los hogares mexicanos cuentan al menos con un televisor y que de esta cifra el 41.8 por ciento cuenta con tres o más televisores, el poder de alcance es enorme.

Lograr insertar en nuestras niñas, niños y jóvenes una conciencia plena sobre sus derechos es para Nueva Alianza un objetivo y por ello estamos aquí de nuevo, en esta tribuna, para tomar conciencia de la importancia de reconstruir una sociedad con una cultura que ataque la ignorancia, la indolencia y sobre todo, la sumisión e indiferencia.

Por todo lo anterior someto, en mi calidad de integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza, a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 59-Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Propiciar el desarrollo armónico de la niñez difundiendo y promoviendo los derechos de niñas, niños y adolescentes. Solicito a la Presidencia que se publique el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias por su ahorro de tiempo, diputada. Muy amable. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Se concede el uso de la palabra a la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Señores y señoras legisladoras, voy a hacer una exposición breve de la exposición que hoy se somete ante esta soberanía, solicitando que el texto íntegro de la misma se inserte en el Diario de los Debates tal y como ha quedado presentado en esta Secretaría.

La iniciativa que hoy pongo a su consideración es relativa a una reforma a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere al juicio de garantías, al juicio de amparo.

Como ustedes saben el juicio de garantías constituye la piedra angular para la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este sentido la iniciativa que hoy se somete a consideración de esta asamblea tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. El tipo de interés que es sin duda uno de los aspectos más relevantes de juicio de garantía.

Hasta ahora en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado más bien con los derechos subjetivos, la forma de resolver los problemas de interés para acudir al juicio de amparo, tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia.

Esta iniciativa plantea, que se permita, que se constituya como quejoso en el amparo, en el juicio de amparo, a aquella persona que resulte afectada por un acto que afecte un derecho reconocido por el orden jurídico; pero también —y aquí viene el cambio propuesto— cuando el acto de autoridad no afecte directamente este derecho, pero sí la situación jurídica derivada del propio orden único.

Como ha sucedido en otras latitudes, la incorporación del interés legítimo se traducirá en enormes ventajas para los gobernados, quienes estarían en posibilidad de defender su esfera jurídica con una amplitud acorde a los tiempos que vive el país. Del mismo modo, el interés legítimo fortalecerá al estado de derecho, al incluir en el ámbito de control constitucional sectores que hoy están ajenos del control jurisdiccional.

El interés legítimo, cuyo desarrollo más importante se ha dado en el ámbito del derecho administrativo, consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, así no se exige la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco se trata de que cualquier persona esté legitimada para promover el amparo con el fin de exigir que se cumplan las normas administrativas, con lo que se convertiría en una especie de interés popular. Aquí presentamos que esté acotado este interés legítimo, en los casos de resoluciones emitidas por los tribunales, del carácter jurisdiccional, administrativo o del trabajo.

Se puede decir que el objetivo de esta reforma es permitir el acceso al juicio de amparo, a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de autoridad; no obstante que carezcan de la titularidad del derecho subjetivo o respectivo, con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pueden acceder al procedimiento en defensa de sus legítimos intereses.

Finalmente, señoras y señores legisladores, señalo que hoy la sociedad mexicana nos demanda mayores garantías y controles frente al poder; de ahí la trascendencia de nuestro papel como legisladores y la responsabilidad entonces que tenemos de perfeccionar los instrumentos de preservación de los derechos y la limitación al poder.

Hoy presentamos por ello una iniciativa que pretende perfeccionar el juicio de amparo, uno de los instrumentos más importantes de control del poder y de preservación de los derechos fundamentales. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, diputada. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Pablo Trejo Pérez, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, suscrita por diputados de los grupos parlamentarios de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Trabajo.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputada Presidenta. Vengo en nombre y representación del Frente Amplio Progresista a presentar una iniciativa que reforma los artículos del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de tener transparencia y acceso a la información en materia fiscal.

Esta iniciativa contempla la reforma del artículo 25 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, además de algunas otras disposiciones, del Código Fiscal de la Federación, el 69, el 32-B, fracción IV, del Código Fiscal y el 117, fracción IV, y penúltimo párrafo de la Ley de las Instituciones de Crédito.

Dentro del marco de la reforma fiscal que pretendemos tener en esta Cámara y dentro de las discusiones que se han planteado, nos hemos propuesto que la transparencia y el acceso a la información sea uno de los principios importantes para que nos ayude a regular, a conocer, quiénes pagan y cómo pagan sus impuestos. Sabemos que una de las fallas de nuestro sistema fiscal o nuestro sistema tributario, está centrado en la evasión y la elusión fiscal.

Hace unos turnos, mi compañero diputado Juan Guerra presentó las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a otras disposiciones en materia fiscal, que van a permitir cerrar estas puertas.

Por ello, compañeras, compañeros diputados, estamos haciendo estas modificaciones con el ánimo de que la hacienda pública se fortalezca; de que esos recursos que vamos a tener a través de estas modificaciones se destinen a un gasto público eficiente; que el Ejecutivo federal también haga su tarea en materia de racionalización, austeridad y buen manejo de los recursos públicos del país y que estos esfuerzos de manera conjunta permitan que el Estado cumpla con una función fundamental, que es la justicia social, la redistribución del ingreso, el equilibrio de las desigualdades.

Nosotros, el Frente Amplio Progresista, el día de hoy ponemos sobre la mesa nuestras propuestas en materia hacendaria. Esperamos que los demás grupos parlamentarios presenten las suyas; que abramos la discusión sobre la hacienda pública a la vista de todos los mexicanos; mandarle un mensaje a la nación donde se señale que lo que queremos es tener una recaudación eficiente sin incrementar impuestos, que la captación sea eficiente, que el Sistema de Administración Tributaria recaude lo que debe recaudar y que esos recursos se apliquen en beneficio de las grandes mayorías.

Las propuestas que hemos presentado —como ustedes ven— no pretenden el incremento de ningún impuesto, sino la eficiencia en el cobro. Eso nos permitirá liberar recursos para Pemex que necesita invertir en exploración, en refinamiento y en explotación y lo que generará un círculo virtuoso que nos permitirá tener mayor riqueza para la nación.

La otra tarea es el destino de ese recurso. ¿Hacia dónde va a ir dirigido? Nosotros pretendemos que esa dirección sea con un solo propósito: el crecimiento sostenido del país que nos permita llegar al desarrollo económico tan anhelado. Y en este aspecto nosotros, la Cámara de Diputados, una de nuestras funciones principales consiste en la fiscalización no sólo del gasto público, sino de la recaudación que tiene la hacienda pública.

Es por eso que el día de hoy estamos presentando esta iniciativa que nos permite, a la Cámara de Diputados, tener los elementos necesarios para hacer una evaluación de la eficiencia de la administración tributaria y de la recaudación que se lleva a cabo en este país. Todo esto en beneficio de los mexicanos que ahora se encuentran en condiciones económicas muy vulneradas.

En virtud de que la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, le solicitaría, diputada Presidenta, que se transcribiera íntegramente tal como fue publicada en el Diario de los Debates.

En el Frente Amplio estamos convencidos que la transparencia y el acceso a la información, es uno de los instrumentos que nos va a permitir llevar a la eficiencia a la hacienda pública de nuestro país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se encuentran con nosotros invitados especiales de la Casa de la Cultura "Viveros del Valle", en Tlalnepantla, Estado de México. Les damos la bienvenida y les agradecemos su visita.

Se concede el uso de la palabra al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados; el suscrito, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, diputado federal por el octavo distrito del estado de Chiapas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con sustento en lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Es importante señalar que las personas adultas mayores, o "de la tercera edad", como habitualmente se les conoce, son y han sido siempre parte de la historia de la humanidad, desde inicios de la misma, hasta nuestros tiempos.

Ejemplo de ello, aquellas, las sociedades donde sus pensamientos y su edad influían en la toma de decisiones y el rumbo de sus respectivas poblaciones, hasta lo que actualmente se vive, el desprecio y olvido al que han sido sujetos, siendo despojados de sus propios bienes, sin importar sus aptitudes y facultades mentales e intelectuales, y dejándolos en total soledad.

Este tema ha sido olvidado y no se le ha dado la importancia que realmente requiere ya que es un problema real en la sociedad mexicana, donde un porcentaje importante de la población es adulta mayor, ya que según el INEGI, del año 2000 al 2005 el número de personas adultas mayores de 65 años o más se incrementó de 4.6 a 5.4 millones de personas.

Exposición de motivos

El tema de los adultos mayores en la actualidad, y sobre todo en México, debe de ser un tema prioritario en la agenda nacional, ya que en su mayoría son relegados, abandonados y humillados por su propio núcleo familiar, con el principal pretexto de que no tienen quién los cuide ni el poder económico para su manutención, tanto a él como a una persona que los asista, y son llevados a las casa-hogar para personas de la tercera edad, mal llamados "asilos de ancianos", sin importarles la calidad de la asistencia que se les proporciona.

Las casa-hogar son instituciones que proporcionan hospedaje o asistencia a las personas de la tercera edad, las cuales en su mayoría se crean bajo el régimen de asociaciones civiles o como personas morales de carácter civil, y su financiamiento generalmente depende de donaciones voluntarias de particulares, y en algunos casos —muy pocos casos— son apoyados por los gobiernos municipales o los gobiernos estatales.

Sin embargo, es necesario que exista la intervención de una institución federal, en este caso el Inapam, para que se encargue de la verificación real de los mismos para revisar que tengan el espacio necesario de recreación para que las personas internadas puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas; de lo contrario éstas se atrofian.

Asimismo, la revisión del saneamiento del lugar es de suma importancia para la salud de las personas, tanto en su alimentación como en su aseo personal, pero sobre todo en la capacitación de las personas encargadas del lugar, quienes son las responsables directas de las personas adultas mayores en su nutrición, salud física, intelectual y mental.

Es por ello que se necesita implementar inspecciones y capacitaciones periódicas en todas aquellas casas-hogar instaladas en todo el territorio nacional para promover la protección de las personas de la tercera edad.

Por éstas y por muchas otras razones es necesario crear políticas públicas que generen un mayor bienestar para las personas adultas mayores, buscando siempre el mejoramiento integral de sus vidas; pero sobre todo crear una cultura de atención y cuidado al adulto mayor entre los ciudadanos y que ésta sea fortalecida por las campañas del Inapam, para que las casas-hogar lleven a cabo su tarea de proteger, atender, ayudar, orientar y sobre todo darles a conocer los muchos beneficios que el ser un adulto mayor goza por sus propios derechos.

Ante las situaciones antes mencionadas es importante recalcar la necesidad preponderante de crear un registro único de casas-hogar para adultos mayores, a nivel nacional, por parte del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que éste pueda brindar los servicios y prestar la atención a todas aquellas instituciones, tanto públicas como privadas, y verificar el correcto funcionamiento de las casas-hogar, las condiciones de vida de las personas y la capacitación de su personal.

En tal virtud, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Único. Se adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones.

XXX Crear un registro único en todas aquellas instituciones públicas y privadas de casas-hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar las condiciones de su funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Grupos Vulnerables. Se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe García Noriega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, actualmente México cuenta con una imagen de juventud en su composición social. Sin embargo, dicha imagen se transformará en los próximos años y el tema de los adultos mayores cobrará una mayor importancia entre las prioridades públicas.

Durante las últimas cuatro décadas nuestro país experimentó un acelerado cambio en los ámbitos epidemiológicos, generando marcados cambios en la composición por edades, que están conduciendo a un gradual proceso de envejecimiento de la población.

Revisemos algunas cifras. El Centro General de Población del INEGI del 2000 mostró que el país contaba con 6.9 millones de personas de 60 años y más, lo que equivale a 7.1 por ciento de la población total. Para 2007, la Secretaría de Desarrollo Social reportó 8.4 millones de habitantes de 60 años de edad; y al término de los próximos 15 años sumarán 15 millones. Para el 2050 se prevé que 1 de cada 4 mexicanos contará con 60 años o más.

El envejecimiento tiene implicaciones no sólo para este grupo de edad, sino también para las familias, las instituciones y la sociedad en su conjunto.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores actualmente cuenta con sólo seis albergues y sólo siete residencias de día. Al respecto, la jefatura de la Unidad de Asistencia e Integración del DIF Nacional ha reconocido que las instituciones no se han preparado con suficiencia para atender este fenómeno.

No obstante, que durante los últimos seis años, el número de centros gerontológico pasó de 5 a 281 en todo el país y que sólo hay 319 médicos especialistas en geriatría. Es decir, un solo doctor por cada 26 mil adultos mayores.

También ha informado que cada día 799 mexicanos, en promedio, cumplen 70 años de edad y que en algunas entidades, como Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán, un considerable número de sus pobladores están integrados en su mayoría por adultos mayores de 60 años. Lo anterior muestra que ante un crecimiento número de adultos mayores, el Estado debería intervenir en mayor medida para su apoyo, a través de sus instituciones.

En las últimas décadas, países como Estados Unidos han creado diversos programas de evaluación geriátrica con exitosos resultados. En todos se utilizan instrumentos de evaluación para cuantificar parámetros funcionales, sicológicos y sociales.

La evaluación geriátrica es un proceso que permite no sólo identificar completamente los problemas médicos del individuo, sino medir sus capacidades funcionales y necesidades reales de cuidado.

La evaluación geriátrica busca la mejoría en capacidad diagnostica, la mejoría del estado funcional, del estado afectivo y del cognoscitivo, la reducción en el número de medicamentos requeridos, el incremento en la utilización de casas de salud y una reducción en el uso de hospitales para cuidado agudo, disminución en los costos de cuidado médico y aumento en la expectativa de vida.

Existe la necesidad de una evaluación integral en el adulto mayor, con conocimiento previo del envejecimiento normal y de la medicina geriátrica. Nuestro país debería aprender de las experiencias de países que padecen del envejecimiento de su población desde hace varios años.

El artículo 4o. constitucional establece el derecho a la protección de salud, por lo que considerar la implantación de instrumentos de la evaluación geriátrica es nuestra legislación, permitiría cumplir con los objetivos de la protección a la salud; además de fomentar la independencia funcional, autonomía, calidad de vida, bienestar y dignidad deseable en la vida de los adultos mayores. En consideración de las proyecciones poblaciones, el gobierno debe tomar acciones preventivas.

Es así que la presente iniciativa pretende hacer precisiones para que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantice el número suficiente de albergues, casas-hogar y demás centros de atención, en función del crecimiento poblacional de este sector, y también incorpore la evaluación geriátrica en el tratamiento de los adultos mayores.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta soberanía, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. A petición de la diputada Laura Rojas se corrige el turno a la iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social y se amplía con opinión de Grupos Vulnerables. Había sido turnada solamente a la Comisión de Desarrollo Social y ahora lo será con la opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables.

Se concede el uso de la palabra al diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 9 y 11 de la Ley de Aviación Civil.

El diputado Humberto López Lena Cruz: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros.

Exposición de motivos

A últimas fechas hemos podido observar un crecimiento en el número de líneas áreas que prestan sus servicios en el transporte civil, mediante la explotación, el uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional.

La Ley de Aviación Civil es la encargada de reglamentar la actividad y tiene dentro de sus objetivos regular que esta industria se encuentre en crecimiento, y por tanto, debe ser vigilada por el Estado, ya que como se mencionó en el párrafo anterior, el espacio situado sobre el territorio nacional es una vía general de comunicación sujeta al dominio nacional.

Ahora bien, los artículos 9 y 11 que se proponen reformar, establecen los requisitos para el otorgamiento de las concesiones y permisos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para permitir el aprovechamiento y explotación del espacio aéreo.

Dentro de los requisitos que se establecen para otorgar las concesiones y permisos, se encuentran que las personas morales que prestan el servicio de transporte aéreo deben de acreditar capacidad técnica, financiera, jurídica y administrativa para prestar el servicio público.

Un aspecto importante para el otorgamiento de concesiones y permisos consiste en la seguridad y disponibilidad de las aeronaves y demás equipos, los cuales deben cumplir con los requisitos técnicos de seguridad, evitando así poner en riesgo la seguridad de los usuarios y respetando al mismo tiempo el medio ambiente.

De lo señalado, se aprecia que no establece dentro de los requisitos de alguna forma garantizar los derechos de los usuarios, y en caso de que se revoque o se suspenda la concesión y permisos, se ven afectados por no poder hacer válido los boletos adquiridos con anterioridad.

A manera de ejemplo, a nivel nacional se puede señalar lo acontecido en Aerolíneas Azteca el pasado 26 de marzo, fecha en la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó suspender sus operaciones al considerar que puede poner en riesgo la integridad de sus pasajeros, dejando varadas, por la incertidumbre jurídica, a más de 20 mil personas con boleto comprado, a unos cuantos días de que se iniciaran las vacaciones de la Semana Santa pasada.

La suspensión de la aerolínea reconocida por sus bajas tarifas, provocó graves molestias y confusión entre los usuarios, quienes no consideraron como justa la suspensión del servicio sin previo aviso ni oportunidad para la cancelación o reembolso. Esos reclamos sucedieron ya que los más afectados fueron las personas con menos recursos, que acuden a estas aerolíneas por no poder pagar un boleto de otras compañías aéreas.

La frustración y el enojo predominaron en la mayoría de los viajeros, quienes exigieron a las autoridades aeroportuarias una respuesta a sus demandas, así como una solución viable para las personas que tuvieron que viajar de forma urgente; señalando las autoridades que algunas otras compañías se ofrecieron a transportar a los pasajeros, previo pago de la diferencia del boleto, que variaba entre 50 y mil pesos.

Señalando el caso de Aerocalifornia, es similar al de su antigua competencia Taesa, la cual también fue obligada a suspender operaciones a finales de 1999, luego de que uno de sus aviones se accidentó en Uruapan, Michoacán, donde murieron 18 personas. Tras esa suspensión Taesa no volvió a volar y se declaró en quiebra en febrero de 2000. Sus activos quedaron a cargo de una sindicatura de acuerdo a la Ley de Concursos Mercantiles.

A nivel internacional y en relación a los permisos se puede señalar lo acontecido a la aerolínea Air Madrid, la cual el pasado mes de diciembre suspendió sus actividades por situaciones similares a las que se presentaron con las aerolíneas mexicanas, afectando a muchos mexicanos que compraron boletos con dicha compañía.

De todo lo señalado se desprende la necesidad de establecer, dentro de los requisitos para el otorgamiento de concesiones o permisos, una fianza que pueda garantizar la reparación de los daños y perjuicios y que se les pueda ocasionar a los usuarios por la suspensión o revocación de la concesión o permiso.

Que exista la posibilidad de que los consumidores puedan canjear sus boletos por otros en alguna compañía que preste el mismo servicio, sin la necesidad de desembolsar alguna cantidad adicional a la que ya está pagada.

El punto a considerar es el monto de la fianza que deben proporcionar las compañías aéreas por el otorgamiento de la concesión o el permiso correspondiente. Al respecto se puede considerar un parámetro para el monto de la garantía, el número de boletos que pueda vender la compañía en 90 días, término establecido en la ley, para que las concesionarias o permisionarias puedan subsanar las irregularidades encontradas dentro de las revisiones por las autoridades.

De esta forma y con la aprobación de esta iniciativa, se estaría dando solución a una problemática actual y real que afecta a la población que utiliza el transporte aéreo, y en caso de presentarse una revocación o suspensión, no se vería afectada ya que las autoridades podrían hacer válida la garantía de proporcionar a los usuarios el boleto para completar su viaje por alguna otra línea.

Por lo antes expuesto y en el entendido de que es un tema de actualidad y que necesita regularse, y al no pretender se repetitivo, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 9o. y 11o. de la Ley de Aviación Civil.

En obvio de tiempo, Presidenta, solicito que se inserte en el Diario de los Debates, de acuerdo como fue acordado este día. Muchas gracias. Es cuanto.

La Presienta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes. Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.

La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a fin de seguirle dando cumplimiento al compromiso asumido por Nueva Alianza, damos un siguiente paso al proponer que ahora sean los niños, niñas y adolescentes, quienes tengan en sus manos el conocimiento y los medios para defender sus derechos.

En Nueva Alianza proponemos el fomento a la cultura educativa. Esto se traduce en que las instituciones tomen para sí los principios básicos en atención, protección, difusión y tutela.

No podemos continuar delegando en organizaciones internacionales la tarea de concienciar a las y los menores, aun y cuando en el marco jurídico mexicano son reconocidos los derechos de niños, niñas y adolescentes, no estamos explotando el mejor recurso que tenemos para ello: la educación.

Los actuales planes de educación se rigen por los principios de laicidad, gratuidad y publicidad de la misma. Por ello es preciso informarle a la niñez mexicana que cuenta con el derecho de la supervivencia, el cual busca proteger y garantizar el derecho a la vida y a satisfacer sus necesidades más básicas como el alimento, el abrigo y protección de la salud.

Los derechos al desarrollo, que buscan proteger y garantizar su desarrollo pleno, físico, espiritual, moral y social, como el derecho a la educación, a la cultura, al juego y la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

El derecho a la protección que busca proteger y garantizar que no sean objeto de abuso, negligencia y explotación, como el derecho al nombre, identidad, nacionalidad y cuidado.

Los derechos a la participación que buscan proteger y garantizar su participación en las decisiones que les afectan y en las actividades de sus comunidades locales y países, como la libertad de expresión.

El derecho a ser escuchado, el cual busca proteger y garantizar su respeto por los demás, porque si no escuchas a un niño o a una niña, éste tampoco escuchará a los demás.

En Nueva Alianza creemos que la educación nacional debe formar parte activa en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Por ello es de suma importancia difundir en las aulas los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de hacerles saber que su autonomía e integridad son parte fundamental del devenir de una auténtica sociedad democrática.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 7o de la Ley General de Educación para quedar como sigue: La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

… XIV. Difundir los derechos de niños, niñas y adolescentes, las formas de protección con que los mismos cuentan para ejercitarlos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación deberá revisar los planes educativos nacionales para incorporar en sus contenidos la especificación de la nueva fracción a la ley.

Solicito a la Presidencia que se publique el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Dora Alicia Martínez Valero, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero: Con su venia, señora Presidenta. Los suscritos Dora Alicia Martínez Valero y Adrián Fernández Cabrera, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, venimos a someter a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer la función fiscalizadora por parte del Instituto Federal Electoral, que por obviedad de tiempo sólo haré un resumen y pido a esta Presidencia se instruya para que se integre completamente en el Diario de los Debates la iniciativa que dejo en esta Secretaría.

En 1996 la reforma electoral contribuyó a la verdadera vida democrática en México y fortaleció la confianza ciudadana en los procesos electorales; sin embargo, no existe la menor duda de que a pocos años de su creación existen aspectos que deben de ser mejorados.

Uno de éstos es el de la fiscalización a partidos y agrupaciones políticas, con el fin no sólo de dotar a las instituciones de mejores facultades de control, sino de la urgente necesidad de transparentar el uso de recursos públicos.

Como es sabido, el IFE es el órgano rector en materia comicial, ya que por mandato constitucional él es el encargado de organizar las elecciones federales. En esta tarea se deben de regir por cinco principios fundamentales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Por esta razón la Ley Fundamental prevé que el IFE tenga a su cargo en forma integral y directa todas las actividades relacionadas con la preparación, organización y conducción de los procesos electorales.

A su vez, el Consejo General es el órgano superior de dirección de este Instituto, quien es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. Por tanto, es el facultado para integrar comisiones que considere necesarias en el desempeño de sus atribuciones.

En ese sentido, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 80 señala el funcionamiento permanente de comisiones, entre las cuales destaca, principalmente, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

Para el desarrollo de esta función, el Consejo General ha aprobado reglamentos de esta materia que establecen lineamientos para la fiscalización. Dicha normatividad prevé formatos, instructivos, catálogos de cuenta y guías contabilizadoras para el registro de egresos e ingresos, así como la determinación de cuál será la instrumentación comprobatoria para el manejo de los recursos, estableciendo la obligación de presentar informes sobre el origen y monto de los ingresos, así como el empleo y la aplicación de los mismos en términos del Cofipe.

Si bien es cierto que a lo largo de los años el IFE ha buscado la manera de perfeccionar el desarrollo de sus funciones, también lo que es que la que más ha cobrado relevancia es la función fiscalizadora, en virtud de que la ciudadanía exige no sólo que el instituto ciudadano asigne recursos a los partidos sino que pueda informar cuáles fueron los destinos de éstos y cómo es que los partidos están cumpliendo con sus obligaciones de fiscalización.

Todos somos conscientes que la función fiscalizadora del IFE ha llevado a descubrir importantes irregularidades sobre el origen y destinos de los recursos asignados a los partidos, tales como los casos Pemex Gate y Amigos de Fox.

A raíz de estos casos se crearon precedentes judiciales que han reconocido la función fiscalizadora del IFE, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que este Instituto era una autoridad hacendaria en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, por lo que se establece la imposibilidad de esgrimir el secreto bancario, fiduciario y fiscal para impedir sus tareas legales.

Esto, en ánimo de facilitar al máximo las labores necesarias para que se investiguen de manera objetiva las posibles conductas ilícitas y se impongan las sanciones administrativas correspondientes, ya que la finalidad de la norma no es sólo la equitativa asignación sino el buen uso de recursos públicos.

En Acción Nacional una de las posturas primordiales ha sido y seguirá siendo la fiscalización y la transparencia de recursos públicos.

En virtud de lo anterior es que se propone constituir la función fiscalizadora de manera plena e integral a los partidos y agrupaciones políticas por parte del Instituto Federal Electoral, ya que esta función debe ser entendida como prioritaria.

Ya lo decía Jaime Cárdenas, anterior consejero electoral: La función fiscalizadora a los partidos políticos es una tarea cada vez más importante y reveladora. En su fortaleza o debilidad de los méritos o deméritos de la democracia. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos de la Universidad estatal del Valle de Ecatepec. Les agradecemos su presencia.

La siguiente iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática a través del diputado Alejandro Sánchez Camacho, a petición del mismo, se pospone.

Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Barajas del Toro, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal.

El diputado Salvador Barajas del Toro: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Por economía procesal y por razones de tiempo, le solicito a esta Presidencia se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Su servidor somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal del Trabajo y adiciona un Título Decimoctavo Bis, un Capítulo Tercero y un artículo 287-Bis al Código Penal Federal, solicitando atentamente a esta Presidencia se turne a las comisiones de Trabajo y de Justicia para ser dictaminada con base en la siguiente

Exposición de motivos

El trabajo es un derecho y un deber social amparado en nuestra Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo, así lo establece esta última en su artículo 3o., en el cual se exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico y decoroso para el trabajador y su familia.

Sin embargo, lamentablemente lo anterior no siempre se reconoce, puesto que existe una seria problemática de hostigamiento laboral o de acoso laboral que se manifiesta mediante el trato vejatorio y ultrajante, que tiene por objeto acabar con el equilibrio y la resistencia sicológica del trabajador o empleado y que produce efectos negativos tanto en su salud física como mental. En este sentido va dirigida la presente iniciativa, con el propósito de incorporar nuevas disposiciones que permitan proteger la salud psicológica y física de todos los trabajadores y empleados ante el hostigamiento laboral.

Se trata de una forma de maltrato reiterado, que contamina el derecho de las personas a trabajar y evidencia la acción laboral, constituyendo un factor de enfermedad que genera fobia al trabajo y por lo tanto grandes pérdidas económicas y de competitividad.

Se caracteriza por la conducta abusiva de comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos, que puedan atentar contra la dignidad e integridad física de una persona en el ámbito laboral. Dicha conducta se presenta como una acción ejercida desde el superior al subordinado; sin embargo puede ocurrir entre iguales con un objetivo determinado como conseguir que abandone su puesto o socavar su autoestima, entre otros.

En diversos estudios psicológicos se ha demostrado que el hostigamiento laboral es una forma sistemática de acoso prolongado en el tiempo, con el fin de perseguir el aislamiento de una persona respecto del grupo laboral, a raíz de la cual la víctima pierde su capacidad de trabajo.

Esta situación ataca de manera directa a la dignidad personal y, en consecuencia, su integridad física y moral que —como ya se ha mencionado— tiene el claro propósito de demostrar la superioridad o la destrucción laboral del ofendido, llevándolo al autoexilio o expulsión indirecta causando la baja laboral, afectando tanto a mujeres como a hombres.

Es precisamente por ello que, con la presente iniciativa se busca proteger la seguridad y la salud física y mental de todos los trabajadores y de esta manera consolidar el respeto de las personas en el área laboral. Asimismo, defender los derechos de las víctimas, administrar justicia y educar a los que entorpecen gravemente la convivencia laboral.

A la fecha son muchos los instrumentos internacionales que buscan la protección en materia laboral, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que plantea, que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, así como a la protección contra el desempleo. Igualmente en el artículo 5o. establece que nadie será sometido a tortura o a ningún trato o castigo que resulte cruel, inhumano o degradante.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 en su artículo 7o. dispone que se debe asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores que las de los hombres; además la declaración sociolaboral del Mercosur, particularmente en su artículo 17, establece la salud y la seguridad en el trabajo y plantea el derecho de los trabajadores para que se preserve su salud física y mental.

Los Estados se comprometen a formular, a aplicar y a actualizar políticas y programas en materia de salud, seguridad y medio ambiente, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, promoviendo condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la actividad de los trabajadores.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud en su Constitución de 1946 como estado de completo bienestar físico, mental y social; y no la ausencia de enfermedad. Siendo éste un elemento más para considerar la salud laboral.

Es importante hacer énfasis en el reconocimiento de esta problemática con los instrumentos legales, como la Ley de 1223 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, la cual establece en su artículo 3o. el maltrato físico y social como aquél contra el trabajador o trabajadora, la hostilidad continua y repetida del superior jerárquico en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica, de forma que lo define como las acciones ejercidas contra el trabajador, enunciando una serie de supuestos como en este contexto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo anterior es muestra de que la vida laboral es parte del progreso social dentro del ámbito de respeto a las personas en su conjunto.

La presente propuesta que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo y el Código Penal Federal contiene los siguientes puntos a considerar:

Uno. Se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para incluir como causa de terminación de relaciones de trabajo, el hostigamiento laboral y se incorpora dicho concepto.

Dos. Se establece una sanción con indemnización por daños y perjuicios a quien o quienes resulten responsables de la afectación psicoemocional y laboral del agraviado en los términos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo e incorpora el delito de hostigamiento laboral adicionando un título décimo octavo Bis, un capítulo tercero y un artículo 287 Bis al Código Penal Federal, en el cual se establecerán penas de prisión de tres meses a dos años y una multa de 50 a 100 días de salario mínimo al superior jerárquico o al jefe inmediato que acose sicológicamente en el lugar de trabajo, por medio de actos en contra de la integridad moral, que tengan como objeto y efecto causar a la víctima un deterioro en su salud física y sicológica.

Concluyo, Presidenta, pidiendo a quien sea turnada esta iniciativa, que se considere un transitorio con el artículo único: que el presente decreto entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Justicia. Tiene la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, del grupo parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa que reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Francisco Elizondo Garrido: Gracias a esta Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, actualmente vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden con facilidad a adoptar hábitos insanos como fumar, beber alcohol, usar drogas, entre otros, que añadido al sedentarismo precoz, estropea la salud de nuestra juventud.

Asimismo, la mayoría de los jóvenes abandonan la actividad física en los últimos años de estudios obligatorios, donde ya no tienen clases obligatorias de educación física, coincidiendo este momento con un aumento de esos hábitos insanos.

El problema del tabaco, de las drogas y el alcohol en los adolescentes debe atacarse antes de las primeras edades de esta etapa de desarrollo evolutivo y, sin duda alguna, una de las soluciones más eficaces es instaurar en el niño hábitos saludables como la actividad física, que sirva de factor protector a este problema.

Todos reconocemos que es incuestionable la importancia que el deporte tiene en cualquier sociedad. El desarrollo social integral implica indudablemente el cultivo de la salud física. La actividad física no sólo es componente de la salud individual, sino también una forma de expresión de sociabilidad. El deporte nos enseña a reconocer al que gana y respetar al que pierde; nos enseña a trabajar en equipo, a ser disciplinados y a reconocer que el esfuerzo y la confianza son elementos que mejoran la condición humana.

Los estudios en población general indican que la práctica de una actividad física regular, estable y moderada ayuda a mejorar tanto la salud física como la sicológica, incrementando así la calidad de vida. La práctica de ejercicio regular contribuye a instaurar estilos de vida más saludables y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados al sedentarismo.

El deporte es sin duda factor indispensable en la prevención de las adicciones por varias razones. Algunas son de tipo externo, proporciona a los muchachos una actividad divertida con la que pueden ocupar una parte importante de su tiempo libre; además, el deporte favorece una cierta preocupación por estar en buena forma física. Hay en el acercamiento a las drogas una actitud de abandono físico, incompatible con el deporte.

En tercer lugar, los deportes constituyen un modo de relación y socialización. La necesidad de pertenecer a un grupo, de sentirse integrado en él, aceptado por él, es uno de los factores que favorecen a las drogadicciones. El espíritu de equipo, la conciencia de una meta común, la interdependencia, actúan como apoyo social, forman una red protectora para cada participante.

Ante este panorama, y al amparo de la legislación en la materia, es válido apostarle a la promoción de las actividades deportivas desde la construcción de espacios aptos y suficientes, mantenimiento en instalaciones, capacitación constante a instructores deportivos, realización de justas y reconocimiento al desempeño, cuya educación en esta materia deberá fortalecerse desde los niveles de instrucción básica.

Pero también, la realidad nos dice que son muchas las demandas y las necesidades y nunca suficientes las inversiones que se requieren para enfrentarlas. Por eso y, en tanto los recursos financieros fluyen con suficiencia, deberemos hacer los esfuerzos necesarios para optimizar el uso de las instalaciones deportivas existentes de los recursos humanos y buscar fuentes de financiamiento para los programas de promoción de la cultura física y deporte.

Por ello, esta iniciativa propone que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que son los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, así como por la enajenación de sus frutos y productos y que actualmente se distribuyen en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud, sean destinados también a la Secretaría de Educación Pública para la promoción de sus programas en cuanto a la cultura física y del deporte, respondiendo a su importancia en la prevención de adicciones.

Con esta medida y los resultados en la lucha contra el crimen organizado se podrán canalizar recursos financieros importantes al deporte, tal es el caso de los 250 millones de dólares decomisados recientemente y que previa averiguación y sentencia por parte de la autoridad competente serán distribuidos por partes iguales a las dependencias mencionadas por el Código Federal de Procedimientos Penales. Por ello, de aprobarse con rapidez esta modificación, se beneficiaría al deporte.

No olvidemos que el trabajo sobre prevención de adicciones con jóvenes adolescentes demuestra que la efectividad de las medidas preventivas radica, en primer lugar, en orientarse a las causas de la adicción, ofreciendo y promoviendo alternativas saludables de vida, donde los adolescentes puedan satisfacer o cumplir con sus sueños, deseos, necesidades y anhelos.

En segundo lugar, en un buen trabajo de redes integrado, ya que la tarea preventiva necesita de muchos ámbitos y sectores comprometidos que colaboren en el ámbito social, cultural, familiar, escolar y del deporte.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el presente decreto mediante el cual se reforma el artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 182-R. Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada ley, en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública.

Los recursos que corresponden a la Secretaría de Salud deberán destinarse a programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes.

Los recursos que correspondan a la Secretaría de Educación Pública deberán destinarse a programas para la promoción de cultura física y deporte.

Transitorios

Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Gracias por su atención y solicito a esta Presidencia que la iniciativa sea publicada íntegramente.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Dora Alicia Martínez Valero, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los suscritos, Dora Alicia Martínez Valero, Arturo Flores Grande, Violeta Lagunes Viveros y Omeheira López Reyna, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, venimos a someter a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de enmienda constitucional y legal para una reforma integral a los derechos humanos, que por obviedad de tiempo sólo haré un resumen, y pido a la Presidenta instruya para que se integre completamente en el Diario de los Debates la iniciativa que dejo en la Secretaría.

Como sabemos, todo régimen y toda constitución para garantizar condiciones de igualdad y oportunidad a todos los ciudadanos y para considerarse democráticos, deben garantizar en todo momento y sin distingos los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Sólo de esta forma el Estado podrá justificar su permanencia y la sociedad podrá desarrollarse bajo condiciones de igualdad, justicia y dignidad.

Como sabemos, los derechos humanos alcanzan hoy en día una concepción compartida. Esto es, que son universales porque pertenecen a todas las personas, que son incondicionales porque únicamente están supeditados a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos y son inalienables porque no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad.

Hoy en día, tanto para el gobierno federal, estatal y municipal, como para los distintos partidos políticos, queda claro que para México la protección de los derechos humanos es un valor universal, una obligación individual y colectiva de los Estados y una condición esencial para la consolidación de la democracia.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. La retórica de los derechos humanos es fácil de adoptar, pero falta mucho por cumplir. En este sentido es que los diputados federales de Acción Nacional proponemos la siguiente iniciativa que reforma distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que contempla lo siguiente.

Primero. Establecer el reconocimiento expreso de los derechos humanos. Prever que la educación que imparta el Estado incluya el respeto a los mismos. Que las autoridades protejan los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Que desde el inicio de un proceso, todo inculpado sea informado de los derechos humanos reconocidos y de las garantías que otorga la Constitución.

Establecer garantía de audiencia previo a la expulsión de un extranjero, salvo en los casos de amenazas a la seguridad nacional. Que las autoridades federales puedan conocer de los delitos del fuero común relacionados con las violaciones de los derechos humanos cuando éstos trasciendan el ámbito de los estados o del Distrito Federal.

Incorporar la protección de los derechos humanos como parte de los principios normativos de política exterior. Que en las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se garantice la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, de conformidad con lo que esta Constitución establece.

Se propone también ampliar el objeto de protección del juicio de amparo a los derechos humanos previstos en los ordenamientos internacionales suscritos por México y se plantea otorgar efectos generales a este juicio.

También se propone facultar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar iniciativas de ley en materia estrictamente vinculada en el marco jurídico de la protección a los derechos humanos.

Por otro lado, proponemos también que el Senado pueda solicitar la comparecencia de la autoridad o servidor público que se niegue a dar cumplimiento a alguna recomendación que haga esta Comisión. Que la Comisión esté obligada a entregar las pruebas con que cuente a la autoridad a la cual dirigió una recomendación.

Por último, se propone determinar como sujeto de juicio político al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y dotarlo del llamado fuero constitucional.

Compañeros diputados, la reforma que aquí se propone, a juicio de Acción Nacional permitirá avanzar hacia la construcción de una política de Estado que garantice los derechos humanos de todos los mexicanos en todo el territorio nacional, aspecto que además constituye una responsabilidad ineludible del Estado mexicano.

En Acción Nacional estamos seguros que el interés por garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos atañe a todas las fuerzas políticas aquí representadas. En este sentido estamos seguros que la presente iniciativa contará con el aval para negociar y avanzar en su dictaminación, para que junto con otras propuestas más que se agreguen, hechas ya con anterioridad, avancemos en el compromiso y la responsabilidad que tenemos todos ante todos los mexicanos y poder ofrecer así una reforma amplia en materia de derechos humanos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos. Tiene la palabra el diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El diputado José Antonio Almazán González: Muchas gracias. Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados, diputadas, con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea una iniciativa de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bajo las siguiente:

Consideración

Todos hemos escuchado las denuncias hechas por los trabajadores sobre el carácter usurero e impagable de los créditos del Infonavit; por lo que —como legisladores— debemos impulsar las reformas que permitan que el Instituto regrese a sus causes constitucionales, dejando de ser fuente inagotable de utilidades para las empresas constructoras. O, lo que es lo mismo, acabar con la ilegal privatización de que en los hechos ha sido víctima el Instituto, haciendo que incumpla su elevada función social, de hacer realidad el derecho humano a la vivienda a favor de los trabajadores.

El primer paso para acabar con el actual e intolerable estado de cosas es suprimir el otorgamiento de estos créditos en veces salarios mínimos. Hasta el 24 de febrero de 1992, la Ley del Infonavit no señalaba que los créditos debían otorgarse en veces el salario mínimo, por lo que se otorgaban en pesos o monetario.

En veces salarios mínimos, significa que el saldo del crédito aumenta en el porcentaje en que aumentan los salarios mínimos, conforme al incremento del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Esto también provoca que al aumentar el saldo, conforme a esta mecánica, aumente el monto de los intereses, pues este saldo es su base de cálculo.

No se requiere pensar mucho para comprender que lo previsto en este artículo 44, agravado por la permanente pérdida del poder adquisitivo del salario y el desempleo en el país, ha llevado a que los créditos del Infonavit, se vuelvan impagables.

En los últimos meses el Instituto ha publicitado como un gran triunfo el haber quitado miles de casas a los trabajadores por falta de pago. Esto contrasta con las incalculables ganancias que el Infonavit empresa deja para las constructoras y el tráfico de influencias.

Esto acarrea al propio tiempo que conforme a la legislación actual, los créditos se amorticen en lo doble, 30 años. Por lo que urge también modificar este término expoliador de tres décadas. Lo evidente es que los créditos en veces el salario mínimo respondieron a épocas de inflación galopante; para suprimir esta razón debe cambiarse la disposición. La anterior legislación se cambió para no saquear el Infonavit, ahora se debe cambiar para no seguir saqueando a los trabajadores.

Por tal motivo, lo justo es que se reforme el artículo 44 de la Ley del Instituto, para que los créditos se otorguen en pesos con pago de justo interés. Hasta los bancos, ante el cambio de la realidad económica, con todo y su usura, han cambiado sus políticas y vienen otorgando crédito con pagos fijos, a 20 y 30 años.

Apoyar esta iniciativa que presento equivale a dar un espaldarazo a la legalidad y poner fin a la actual política de usura del Infonavit, que se apoya en última instancia en el referido artículo 44. Por todo lo que he expuesto, y en virtud del tiempo, no cuento para fundamentar lo que aquí está presentado en esta iniciativa, paso a la parte relativa de iniciativa de ley que reforma este artículo 44 del Infonavit, para quedar como sigue:

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42 permanecerá fijo durante todo el plazo de su otorgamiento, el Consejo de Administración por ningún motivo podrá determinar lo contrario, en general deberá respetar las disposiciones de esta ley sobre el otorgamiento de los créditos.

Asimismo los créditos citados devengarán interés sobre el saldo fijo a la tasa que determine el Consejo de Administración, dicha tasa no será menor de 4 por ciento ni mayor de 9 por ciento anual sobre saldos insolutos. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 20 años.

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de abril de 2007. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social con opinión de la Comisión de Vivienda. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Izquierdo Bustamente del grupo parlamentario del PRI para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alfonso Izquierdo Bustamante: Con el permiso de la Presidencia y de esta soberanía, y en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta y se ha cumplido el texto normativo que rige la presentación de las iniciativas, quiero exponer ante esta soberanía precisamente lo que funda esta iniciativa de reformas.

Exposición de motivos

Kopfi Annan, exsecretario General de la ONU, en la conmemoración del Día Mundial de la Mujer expresó: "Los derechos de las mujeres son responsabilidad de toda la humanidad, la promoción de los derechos de la mujer significa la promoción de la libertad, la justicia y resolución pacífica de disputas, la promoción del progreso social y de mejores estándares de la igualdad, de la tolerancia y de la dignidad", termina la cita.

Actualmente, los Estados democráticos modernos se constituyen con valores democráticos que son el basamento de las libertades de los ciudadanos para buscar mejores niveles de bienestar y acceder libremente, la mujer y el hombre, a sus derechos a la salud reproductiva.

El término, derechos reproductivos, aparece en el siglo pasado para designar al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva; y más ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre la reproducción humana, así como aquellas que afectan al binomio población desarrollo sostenible.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil y defensora de los principios de los derechos humanos y de los derechos del cuerpo en la sexualidad, en sus conferencias internacionales, han señalado que estos derechos están arraigados en los principios más básicos de los derechos humanos.

En términos generales, los derechos del cuerpo en la sexualidad y la reproducción abarcan dos principios básicos: el derecho a la atención a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, son el resultado de la combinación de una serie de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.

El derecho a la salud, a la salud sexual y a la salud reproductiva; el derecho a la planificación familiar; el derecho a decidir el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos; el derecho a casarse y a constituir una familia; el derecho a la vida, a la libertad, integridad y a la seguridad; el derecho a no ser discriminado por cuestiones de género; el derecho a no ser agredido ni explotado sexualmente; el derecho a no ser sometido a la tortura ni a otro tipo de castigos o de tratamientos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer; el derecho a la privacidad; el derecho a la intimidad; el derecho a disfrutar del proceso científico. Tratados internacionales de derechos humanos y documentos aprobados por consenso internacional consagran estos derechos de aplicación universal.

El programa de acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, el programa de acción de El Cairo, de 1994, fue la primera conferencia internacional que definió el término derechos reproductivos. Además, definió la salud reproductiva como un estado general del bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos; y de proceder, teniendo en cuenta la libertad para decidir, hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.

Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y acceso a los métodos de planificación familiar de su elección, seguros, efectivos, accesibles, aceptables, así como otros métodos legales para la regulación de la fecundidad, y el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgo y den a las parejas la máxima capacidad de tener hijos sanos.

En la Conferencia de Beijín, de 1955, y en la revisión de los cinco años, de El Cairo más Cinco y de Beijín más Cinco, celebraron consensos importantes en temas tales como el aborto inseguro, la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos y la discriminación con base en la orientación sexual.

Les convoco a todos a buscar la información sobre el derecho social a la salud reproductiva para dejarnos de un debate estéril y que funde en la razón de los derechos sociales el compromiso del Estado mexicano por el derecho a la salud reproductiva, por el derecho a la vida.

Está ahí en el texto completo de la iniciativa presentada, toda una fundación de razones que dan argumento a este concepto.

En obvio de tiempo, quiero leer por último que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que el Estado garantice el respeto, la protección y el libre ejercicio de los derechos a la salud reproductiva de las mujeres y hombres de México:

Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. El Estado garantizará el respeto, la protección, acceso y libre ejercicio del derecho a la salud reproductiva de las mexicanas y los mexicanos.

Artículo transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de abril de 2007.

Muchas gracias por su atención; solicitando se asiente el documento íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

La Presienta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley General de Educación.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Con el permiso de la Presidencia. Un servidor viene a esta tribuna a presentar al pleno propuesta de iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley General de Educación.

Como todos sabemos, el artículo 27 habla sobre las fuentes de financiamiento de la actividad educativa en el país; la ley actual tiene solamente dos párrafos. Esta iniciativa se presenta ante un marco educativo con las siguientes características:

El Sistema Educativo Nacional tiene aproximadamente 326 mil escuelas, un millón 842 mil maestros y existen poco más de 10 millones de mexicanos sin educación primaria. Tenemos 5 millones de analfabetas y el promedio de escolaridad es de 8.3 años; el último en la lista de los países miembros de la OCDE.

Estamos en el lugar número 29 de la prueba de habilidades de Pisa que se aplicó en el mismo organismo y según una encuesta de la propia Secretaría, el 35 por ciento de los maestros está insatisfecho con su trabajo en el aula; el 42 por ciento de las primarias del país tienen cuarteaduras en paredes o techos y el 38 por ciento de los sanitarios no funciona adecuadamente.

En este año se van a quedar 41 mil alumnos de nivel medio superior sin lugar en ningún bachillerato porque no hay ni la infraestructura necesaria ni el número de maestros para atenderlos.

Con este marco del diagnóstico educativo, la intención de reformar el artículo 27 de la Ley General de Educación tiene como propósito diseñar y poner a disposición de las autoridades educativas una herramienta denominada bono educativo. Esta iniciativa del bono educativo canaliza —o pretende hacerlo— con mayor puntería el recurso a infraestructura educativa que se destina a los gobiernos de los estados.

Además, responsabiliza a las escuelas de su desempeño en la actividad educativa y fomenta la competencia en las instituciones escolares que son las principales hacedoras del quehacer y la formación del mexicano; además, evita el derroche presupuestal. Y hago un paréntesis —todos sabemos que canalizamos más de 300 mil millones de pesos a las actividades educativas en los distintos niveles y lamentablemente los resultados son magros.

Como antecedente internacional quiero compartir con ustedes que en 1992, Suecia implementó por primera vez este diseño de bono educativo, y le dio resultados tan importantes que se incrementaron los presupuestos en este rubro. En 1989, en la ciudad de Valencia, España, se aplicó un mecanismo similar y cada vez se ha ido incrementando el presupuesto en este tipo de programas. En 1985, Nueva Zelanda implementó el Cheque Escolar y, en 1999, en Florida se ha incrementado con muy buenos resultados.

Otros países como Holanda, Japón y en la propia Bangladesh se han intensificado e incrementado los presupuestos con este mecanismo.

Quiero decir que este mecanismo no es un esquema obligatorio que limite a los gobiernos de los estados a la aplicación de los recursos presupuestales; es simplemente una herramienta que mediante convenios entre las autoridades educativas y las escuelas —ya sean oficiales o particulares— pueden canalizar un bono que tiene un valor económico dirigido a los padres de familia, para que sean éstos los que escojan la escuela de su preferencia y acudan a la misma entregando el bono, el cual será canjeado por recurso financiero que sea canalizado para la infraestructura escolar o para los gastos de mantenimiento.

Me voy a permitir leer el artículo 27 como se propone en la iniciativa: En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.

Para tal efecto, el Ejecutivo federal podrá realizar convenios de coordinación con una o varias entidades federativas donde se establecerá lo relativo a las características, requisitos y operación para instrumentar el esquema de financiamiento denominado bono educativo, en las escuelas públicas y particulares de educación básica y media superior que formen parte del sistema educativo nacional.

El bono educativo es un instrumento mediante el cual las autoridades educativas participantes en el convenio facultarán a los educandos que cumplan con los requisitos indispensables para que elijan la escuela de su preferencia, dentro de las instituciones inscritas en el esquema y tiene como fin mejorar la equidad y la calidad de la educación así como fomentar la participación activa y responsable de los padres de familia, tutores y alumnos en la educación que reciben.

Las autoridades educativas participantes informarán a los padres de familia o tutores sobre la aplicación del bono educativo a fin de que puedan acceder a este instrumento.

La proporción de los recursos presupuestales que implique el bono educativo para las escuelas estará determinado en el convenio.

En el caso de las escuelas públicas, dicho bono les será de utilidad para allegarse de mayores recursos, mismos que tendrán como fin mejorar la infraestructura, el mantenimiento, incrementar sus actividades orientadas a la investigación e innovación y en general, a la mejora escolar.

Para las escuelas particulares aprobadas e inscritas en el sistema, el bono significará un porcentaje en el pago de sus colegiaturas.

Para la determinación de los porcentajes de recursos destinados a este bono educativo, se deberán tomar en consideración los recursos disponibles, así como la combinación de los factores de preferencia de los educandos por las instituciones educativas, así como los indicadores de eficiencia que las propias autoridades determinen según las características de las regiones que abarquen los convenios de coordinación.

En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educación pública.

Por su atención, muchas gracias señoras y señores diputados. Es cuanto señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Juan de Dios Castro Muñoz. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Esta Presidencia a nombre de la asamblea le da la más cordial bienvenida a los diputados integrantes de la LVI Legislatura del Estado de México. Sean bienvenidos y nos da mucho gusto que estén aquí acompañándonos.

Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que expide la Ley de Evaluación de la Gestión Gubernamental y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Gracias diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde la década de los noventa se inició en este país un proceso de reforma al sistema presupuestal, el cual ha tenido por objeto ligar las metas obtenidas a partir de políticas públicas al presupuesto, a través de indicadores.

Esta reforma ha incluido la implantación de componentes como la nueva estructura programática y el sistema de evaluación del desempeño, los cuales tienen un claro enfoque: la evaluación de los resultados en función de mejorar la efectividad de la gestión gubernamental.

Sin embargo, la implementación del sistema de evaluación del desempeño ha carecido del éxito deseado, sobre todo por la falta de una norma que regule su funcionamiento y se obligue a su implementación.

Déjenme decirles que desde la década de los noventa el gobierno mexicano ha emprendido estos enfoques; no obstante, aún no se han superado los lineamientos para el diseño de los indicadores y además no están correctamente asociados el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y la evaluación de los programas públicos.

La experiencia en diversos países que han logrado establecer mecanismos para eficientar el desempeño de la gestión gubernamental y de esta manera contribuir a su desarrollo, nos obliga a fortalecer o en su caso, a desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación como método de planeación presupuestal o como herramienta para identificar si cada uno de los proyectos y programas en los que gastamos están logrando las metas y si contribuyen al logro de los objetivos nacionales.

La experiencia internacional es muy amplia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Francia coinciden prácticamente en tres puntos, el primero de ellos; es que cuentan ya con normas muy específicas para tratar de asociar toda la planeación y la programación presupuestal con la obtención de resultados; el segundo punto en específico es, que tienen indicadores y un sistema de indicadores de evaluación del desempeño muy, muy bien estructurado, incluso Reino Unido cuenta con indicadores en materia de sustentabilidad; y la tercera es que han hecho instituciones o consejos muy especializados dedicados a la evaluación gubernamental.

Las reformas estructurales que hasta ahora se han diseñado y ejecutado en México, pues han sido orientadas por las necesidades económicas. Una reforma integral que el país requiere, pues deberá tener un objetivo claro, que es hacer un gobierno eficaz.

Para lograr un gobierno eficaz es necesario establecer mecanismos que vigilen, controlen y evalúen la función de la administración pública, a fin de vincular precisamente los resultados derivados de las evaluaciones al presupuesto en los esfuerzos que México ha realizado en este sentido, pues no han tenido el éxito esperado porque en la práctica no existe una norma que regule el funcionamiento de un sistema que vincule los resultados de la gestión gubernamental al proceso presupuestal.

Debo decir, además, que la Constitución confiere facultades muy específicas al Congreso para vigilar y evaluar el uso de los recursos públicos, especialmente la fracción XXIV del artículo 73, que establece que el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir la ley que regule la organización de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación —la cual por supuesto ya existe—, pero también las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

La fracción del Partido Verde Ecologista ha atendido este mandato constitucional y en función de darle un fundamento legal al sistema de evaluación del desempeño, propone a consideración de esta asamblea, la iniciativa de Ley de Evaluación de la Gestión Gubernamental.

Esta propuesta tiene como objetivo consolidar la implementación de un sistema de evaluación del desempeño, que logre una administración de recursos enfocada a resultados a través de indicadores de gestión.

La Ley de Evaluación de la Gestión Gubernamental que estamos proponiendo establece mecanismos muy precisos para poder vincular el presupuesto de la obtención de resultados, de manera que la evaluación del desempeño se fije y se encamine a la evaluación y el cumplimiento de las metas y objetivos de las políticas públicas para saber si realmente los programas cumplen y alcanzan los beneficios sociales que les justifican, a fin de poder coadyuvar con el Poder Ejecutivo en la planeación y asignación del presupuesto.

Esta propuesta de ley simplifica, además, el funcionamiento de un sistema de evaluación del desempeño a partir de una propuesta de indicadores de gestión, a las que deberán responder los sistemas de evaluación de cada uno de los Poderes de la Unión.

Compañeras y compañeros, no bastará para la rendición de cuentas y para que ésta sea efectiva el acceso a la información; porque finalmente la mayor parte de la información está avocada a cuestiones financieras y control de gasto. Para una adecuada rendición de cuentas, se requerirá efectivamente, evaluar nuestros programas y ver qué tan bien están funcionando.

Desde luego, el gobierno federal ha impulsado un nuevo sistema de evaluación del desempeño, pero es importante que en el proceso presupuestal, toda vez que no sólo participa el Ejecutivo sino también el Legislativo, participe esta Cámara y las comisiones ordinarias en la definición y en la evaluación de cada uno de los programas; por eso esta ley también propone que en la evaluación y en los indicadores de gestión se haga un informe de evaluación que se someta a las comisiones, dependiendo del tipo de programa que esté sometiendo la administración pública federal.

La importancia de un sistema de evaluación del desempeño la reconoce el propio Ejecutivo federal en este pequeño documento y cito: "es lo mismo incorporar un peso más al Presupuesto, que hacer que un peso del Presupuesto rinda el doble", lo cual parecería extraño siendo que lo expresa la Secretaría de Hacienda a punto de una reforma fiscal.

No obstante, estamos de acuerdo con esta medida, pero nos parece relevante que se regule y que quede plasmado ya en una Ley, a efecto de que también la Auditoría Superior de la Federación, con la pequeña oficina de Auditorías al Desempeño, pueda estar vigilando ese tipo de evaluaciones y la calidad de la información que nos están entregando. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputado Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Antonio Xavier López Adame. Túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene la palabra el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, para presentar iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por él mismo y la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez: Gracias. Pido a la Presidencia se inserte el texto completo en el Diario de los Debates.

Los suscritos, diputados federales Gabriela González Martínez, José Luis Espinosa Piña y el de la palabra, Alejandro Landero Gutiérrez, presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde Acción Nacional, siempre hemos insistido que la educación es la base del motor de desarrollo, la clave de la competitividad y la mejor llave para combatir la pobreza y la exclusión social.

Nuestro país ha avanzado en las últimas décadas en el rubro de la cobertura educativa. México ha tenido alcances importantes al respecto que han propiciado que se reduzcan los niveles de analfabetismo y aumente el promedio de grado escolar a nivel nacional; sin embargo, nuestro sistema educativo presenta serios problemas en cuanto a calidad se refiere.

Uno de los factores claves para la mejoría de la educación es poder evaluarla con mecanismos técnicamente precisos en los que no interfiera criterio político alguno. La evaluación educativa es un instrumento central para que los padres de familia y la sociedad en general conozcan la calidad de la educación que se imparte a sus hijos y hagan efectivo, con mayor información, su derecho a la rendición de cuentas.

Sin lugar a dudas, la evaluación educativa ha tenido un avance fundamental en nuestro país a raíz de la publicación del decreto presidencial que creó con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación (INEE) en agosto de 2002. El INEE tiene la tarea central de realizar evaluaciones de la situación del sistema educativo nacional y lo hace mediante el uso de pruebas de rendimiento.

Podemos afirmar que el INEE ha construido una gran variedad de instrumentos que han permitido conocer otra visión de la educación del país a través del diseño de nuevas pruebas nacionales, así como la renovada participación de México en las evaluaciones internacionales.

Debido a la naturaleza del decreto, creador del Instituto, el INEE actualmente es sectorizado. Su Junta Directiva es presidida por el secretario de Educación Pública y aún cuando existe un significativo avance en la evaluación educativa del país, no podemos dejar de precisar el hecho de que el Instituto no cuente con una autonomía plena, lo que puede demeritar la fortaleza en sus trabajos. Sin autonomía no hay credibilidad total en los resultados, porque no se sigue el principio de evitar ser juez y parte en los procesos de evaluación.

Es por eso que la iniciativa que hoy ponemos a su consideración plantea la necesidad de que el INEE sea un ente meta evaluador con autonomía técnica, operativa y administrativa, con el objeto de hacerlo más funcional. Buscamos la creación de un organismo que se coordine con las autoridades educativas, pero que no se subordine a ellas.

En el cuerpo de la presente iniciativa se pone en evidencia la necesidad de fortalecer a los órganos de gobierno, administración y consulta del propio Instituto, toda vez que el INEE requiere poseer capacidad para autodeterminarse. Asimismo, se sientan las bases para elegir a los miembros de los órganos de gobierno, administración y consulta, en base a una elección democrática, plural y congruente con las propias necesidades del Instituto, incluyendo a las autoridades educativas, pero dando más espacio a ciudadanos cualificados en la materia.

Por otro lado, y para el pleno cumplimiento del objeto de este proyecto de decreto de ley, se hacen las reformas necesarias a la Ley General de Educación, toda vez que se elimina la facultad exclusiva de evaluación de la Secretaría de Educación Pública, dando pie a que el nuevo Instituto creado también pueda realizar evaluaciones sin perjuicio de las evaluaciones que realice la propia Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, se incluye formalmente a la Ley General de Educación el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, con el fin de coordinar a los diversos organismos públicos y privados que trabajan en esta materia.

Hoy más que nunca, compañeros legisladores, en un México democrático se requieren instituciones que tengan capacidad técnica, pero que también sean generadoras de confianza en la sociedad.

Agradecemos, para la elaboración de esta iniciativa, la reflexión derivada por las distintas autoridades en la materia y en especial reconocemos el apoyo técnico en la elaboración de este proyecto de las asociaciones civiles Mexicanos Primero y Suma por la Educación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración la iniciativa que presentamos el día de hoy. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alejandro Landero Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa que el día de hoy presento ante esta honorable asamblea, tiene como fin modificar el trabajo de una de las comisiones ordinarias de este Congreso, a través de darle facultades que únicamente tenía una sección de la Comisión.

La Comisión Jurisdiccional es la Comisión de la cual cuatro de sus miembros formaban una sección que se llama Sección Instructora. Pero ellos eran en sí los que iban a ejercer las facultades de la Comisión Jurisdiccional, exclusivamente la pura sección.

Esa sección obviamente no representa la pluralidad de este Congreso, en primer término, y luego entonces, las facultades de la Comisión Jurisdiccional dejaban de existir; es decir, su única facultad el día de hoy, por la Ley Orgánica de este Congreso, es que de entre sus miembros se cree la Sección Instructora y después de eso ya no tiene razón de ser esa Comisión Jurisdiccional. Verdaderamente es una aberración y no encuentro el motivo o el fundamento para que esto siga llevándose de esa manera.

Y por ello hoy pongo a consideración de esta asamblea que podamos modificar y que las facultades de la Sección Instructora se las demos en su totalidad a Comisión Jurisdiccional y que la Comisión Jurisdiccional sea Comisión Jurisdiccional e Instructora y que quede instalada al momento que quede instalada cualquier Comisión.

El día de hoy la Sección Instructora no está instalada, ya llevamos siete meses de trabajo parlamentario y los procedimientos jurídicos de esta Comisión, que además es la única que tiene tiempos jurídicos,0 toda vez que es su naturaleza está fuera de trabajo y por ende estamos cayendo en responsabilidades los diputados que pudiéramos estar en esta Comisión, porque no estamos dando la contestación jurídica en los tiempos que marca la Ley de Responsabilidades o bien, las leyes penales que pudieran tener sujetos los servidores públicos que pudieran estar en esta Comisión.

Por ello, yo quisiera pedirle a la Mesa Directiva, que pudiese ser turnada lo más pronto posible a la Comisión, creo que será la de Régimen y Prácticas Parlamentarias, a efecto de que pueda sesionarse lo más pronto posible y que con ello podamos subsanar las dos cosas: que ya no se cree la sección; que la Comisión Jurisdiccional al mismo tiempo sea Instructora y que con ello los procedimientos que tenemos acumulados se puedan resolver y que no tengamos ya nunca más en este Congreso que estar esperando a los acuerdos políticos que creen esa Sección y que además los trabajos se politicen.

Esta Comisión tiene que desarrollar sus trabajos de manera estrictamente jurisdiccional. No podemos estar actuando a criterio político. Si el trabajo parlamentario de una Comisión tan delicada como ésta está a la voluntad política de las cúpulas de los partidos, indudablemente se van a seguir cometiendo abusos y esto es algo que ya no queremos.

Para concluir quisiera comentar que esta Comisión Jurisdiccional, durante las demás Legislaturas, después de que se crea la Sección Instructora jamás vuelve a sesionar. Es una Comisión que no tendría objeto si no se le dan estas facultades de la Sección Instructora.

Por ello, señora Presidenta, le solicito sea inscrita en el Diario de los Debates íntegra, como fue presentada, y sea turnada a las comisiones que he solicitado. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Francisco Javier Santos Arreola. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Función Pública e inscríbase íntegro el texto en el Diario de los Debates.

Sonido a la curul del diputado Duck.

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez (desde la curul): Señora Presidenta, para preguntarle al diputado Santos, en primer lugar, si me permite sumarme a su iniciativa y, en segundo lugar, mientras se da el procedimiento legislativo correspondiente en las comisiones a donde ya ha sido turnada, también sumarme a la excitativa —insisto, mientras se da el trámite legislativo a esta iniciativa a la que me permito sumarme— también sumarme a la excitativa para que ya sea creada la Sección Instructora. No sé si me lo permita el diputado Francisco Santos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Afirma el diputado que sí se lo permite, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que hoy presentamos un grupo de diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios tiene relación con dos temas importantes y vitales para nuestro desarrollo como país: el municipio y el agua.

En reiteradas ocasiones en esta Asamblea se ha mencionado el tema del agua; sin embargo, son mínimas y eventualmente poco impactantes las decisiones que hemos concretado para incidir positivamente en este asunto que —también se ha reiterado aquí— es un recurso vital para la existencia de los seres vivos de nuestro planeta.

A manera de ejercicio, y como lo hacen algunos académicos, quisiera que por un momento reflexionáramos las ocasiones en las que en el transcurso del día solamente hayamos tenido la necesidad de emplear el agua en la dinámica de nuestra existencia.

Sabemos que con el objeto de mejorar la utilización del agua se han establecido algunos consensos, entre los que destacan las reformas que se hicieron a la Ley de Aguas Nacionales, por decreto, el 22 de diciembre de 2003, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril del 2004, así como el cobro de derechos a los organismos operadores de agua del país, tanto por la utilización de aguas nacionales como por el empleo de los cuerpos receptores de aguas residuales en bienes de la nación.

Sin embargo, el uso dispendioso y desmedido de grandes volúmenes de agua potable en todos los edificios donde se desarrollan funciones del servicio público a cargo de la Federación, de los estados y de los municipios, continúa siendo un factor que incide sustancialmente tanto en los usos como en el deterioro y bajos niveles de eficiencia de los organismos operadores de agua potable.

Por lo anterior, es necesario eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de servicios públicos ya que, como se recordará, el artículo 115 constitucional, precisamente permite exenciones de pago de estos servicios a todos los bienes de dominio público de los tres niveles de gobierno.

La disposición constitucional anteriormente citada, resulta enormemente onerosa, ya que por un lado, a las Juntas de Agua Potable se les cobra por los volúmenes de agua cruda que obtienen, debiendo invertir altas sumas por la captación, conducción, potabilización, almacenamiento, distribución, drenaje y saneamiento.

Asimismo, deben pagar por la utilización de los cuerpos receptores de aguas residuales, propiedad de la nación, y por otra parte constitucionalmente están impedidas para cobrar por los servicios que proporcionan a la gran cantidad de edificios donde se desarrollan actividades de gobierno, sin dejar de soslayar el aspecto más importante que redunda en el mal uso y derroche de considerables cantidades de agua, debido al poco valor que se le otorga al líquido, porque como no se paga, así hay que gastarlo.

Fundamentalmente la argumentación nodal de la presente iniciativa es que las exenciones contenidas en la norma constitucional que se propone reformar contribuyen al dispendio y uso no sustentable de un recurso escaso, como lo es el agua y que además promueve el empobrecimiento de las finanzas municipales y de los organismos operadores de agua potable y drenaje.

En esa tesitura, se reitera que la exención del pago de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado a las oficinas públicas e incide en forma sustancial en el deterioro de las finanzas de los municipios de los organismos operadores de agua de todo el país.

Eliminar estas exenciones en el pago de servicios que dispone el artículo 115 constitucional evitaría el desperdicio de recursos, además de que contribuiría a fortalecer estas finanzas públicas municipales. Consecuentemente, se ampliarían las coberturas y calidad de dichos servicios públicos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforma el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Inciso c). Las leyes federales no limitarán la facultad de las entidades federativas para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) ni concederán exenciones en relación con las mismas, a favor de persona o institución alguna, sea de dominio público o privado en sus tres niveles de gobierno.

Señora Presidenta, toda vez que quienes presentamos esta iniciativa hicimos algunas precisiones de último momento. Solicito se tome en cuenta esta última versión que en este momento entregó, incorporándose a la Gaceta Parlamentaria y al Diario de los Debates.

Atentamente. Alfonso Izquierdo Bustamante, PRI; María Soledad López Torres, PRD; Javier Bolaños Aguilar, Acción Nacional; Manuel Cárdenas Fonseca, Nueva Alianza, Layda Sansores, Convergencia; Diego Cobo Terrazas, Partido Verde Ecologista y un servidor Gerardo Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Rogelio Carbajal Tejada, para presentar iniciativa que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Gracias, señor Presidenta. Vengo a presentar iniciativa que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la reelección consecutiva de diputados federales y senadores y para suprimir, lo que el artículo 116 de la Constitución señala, impidiendo a las Legislaturas de los estados, también en sus propias constituciones, señalar lo propio.

Pocas reformas, como la que hoy vengo a proponer, podrían transformar el poder del Poder Legislativo. No cabe duda que México vive hoy momentos de transformación democrática y que esa transformación democrática que el país requiere exige espacios para acuerdos y consensos.

Exige también espacios profesionales para que se discuta con permanencia en el mediano y en el largo plazo las reformas que México necesita.

Esta iniciativa que está suscrita por 46 legisladores de siete grupos parlamentarios y por la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, pretende, en primer lugar, otorgar un derecho fundamental a los ciudadanos y evaluar a sus representantes; y en segundo lugar, imponer una obligación también esencial en todo sistema democrático: exigir que los representantes rindamos permanentemente cuentas a los ciudadanos.

Cito a Pedro Pablo Camargo, a propósito del tema, señala: "La reelección de los miembros del Poder Legislativo, que emana de la voluntad popular, no es en manera alguna incompatible con el ejercicio efectivo de la democracia representativa, sino antes bien, consecuencia del principio de la llamada soberanía popular o autodeterminación". La cita de Camargo señala expresamente estos dos principios a los que me he referido: el derecho a evaluar de parte de los ciudadanos y el deber de rendir cuentas de parte de los representantes.

Manuel de Gorostiza en el siglo antepasado ya señalaba algo similar, pero también vale la pena señalar que Giovanni Sartori y José Woldenberg, hace escasos días expresaron aquí en México la necesidad de que contáramos con la reelección consecutiva de legisladores.

Sartori y Woldenberg coincidían, uno diciendo que la imposibilidad de la reelección consecutiva priva al parlamento de expertos; Sartori y el otro señalando en sentido positivo que la posibilidad de la reelección consecutiva de legisladores garantizaría el profesionalismo de los congresos.

Pero vale la pena también citar aquí en esta tribuna a propósito de esta iniciativa a Lombardo Toledano. Lombardo presentó en 1964 una iniciativa para reformar estos artículos constitucionales y facilitar la reelección consecutiva de diputados.

Señaló Lombardo en aquella iniciativa de 1964: "Todos tenemos una historia en esta Cámara, pero esa experiencia no se puede trasladar de un modo mecánico hasta esta tribuna. Es necesario aprender el arte de la función política-histórica de un parlamento. Cuando un parlamento no influye en la marcha de la sociedad, cuando no prevé futuro y no traza caminos para el porvenir, es un parlamento pequeño, infructuoso, que en lugar de ayudar al gobernante, le estorba".

Las citas que menciono aquí son para señalar simple y sencillamente que México requiere urgentemente facilitar la reelección consecutiva de sus legisladores.

Es también preciso señalar la historia de nuestro país al respecto. Es obvio que la no reelección, citada a propósito de la Revolución de 1910, sigue vigente en cuanto se trata al Presidente de la República y eso no habrá que controvertirlo; sin embargo, también es preciso decir que nuestro marco constitucional jamás, sino hasta 1933, impidió la reelección consecutiva de legisladores. Así lo permitieron las constituciones de 1824, las centralistas de 1836 y 1843, la Constitución liberal de 1857, y por supuesto, en su origen, la vigente de 1917.

Como señalé, fue hasta 1932 cuando en México se presentó una iniciativa para evitar la reelección consecutiva de diputados y senadores. Esa iniciativa vigente desde 1933 intentó modificala el propio Lombardo, como ya expresé, en 1964. Sin embargo, y habiendo sido aprobada por mayoría esta iniciativa por esta Cámara de Diputados, fue en el Senado de la República en donde encontró voto en contra.

Pero ese voto en contra expresado por el Senado en 1975, también es digno de recordarse, por cuanto a lo que señalaba el dictamen del Senado de entonces, que rechazaba la minuta de la Cámara de Diputados. Dijo el Senado de entonces: "En el futuro, cuando la realidad democrática de México marque la hora oportuna y hayan desaparecido los prejuicios políticos que ahora obraron como factores circunstanciales, entonces otros hombres habrán de encontrar desgrosado el camino, entonces, dándole a quien tenga la razón, la historia dirá la última palabra".

Señoras y señores diputados, ha llegado el momento de discutir esta posibilidad, la viabilidad de que en México como en cualquier país democrático del mundo contemos con la reelección consecutiva de diputados y senadores, facilitemos la profesionalización de nuestro trabajo, le demos permanencia al trabajo legislativo en las cámaras y por supuesto, le otorguemos a los ciudadanos el derecho de evaluarnos en las urnas y de decir, en función de nuestro trabajo, si es preciso que permanezcamos en el cargo o, si por nuestro mal trabajo, es preciso que el elector le dé su confianza a otro representantes.

Señoras y señores diputados, lo que dijo el Senado en 1965 es menester recordarlo ahora: será la historia quien diga quién tiene la razón; y es el momento histórico que diputados y senadores abordemos este tema sin pena, sin vergüenza, pero sobre todo, con el afán de servir a México y de encontrar legisladores profesionales para que México tenga un Congreso permanente, profesional, que trabaje en las reformas que el país necesita.

Pido, señora Presidenta, que sea insertada la iniciativa y la exposición de motivos tal y como si se hubiese leído en esta tribuna.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Rogelio Carbajal Tejada. Se toma en cuenta su petición y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sonido en la curul del diputado Escobar.

El diputado Adolfo Escobar Jarnidez (desde la curul): Solamente para preguntarle al diputado Carbajal si me permite adherirme a la propuesta que presentó ante esta soberanía.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Es afirmativo, diputado. Adelante, diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra.

El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra: Con su venia, diputada Presidenta. Con el fin de darle una nueva vida al municipio mexicano, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al artículo 115 de la Constitución federal, el 17 de junio de 1999, siendo avalada por la Cámara de Senadores, el 25 de junio de ese mismo año.

Esta reforma constitucional buscó reconsiderar la visión del municipio y empezar a entenderlo como un tercer orden de gobierno.

La citada reforma constitucional entró en vigor el 23 de marzo de 2000 y con el inicio de su vigencia comenzó a correr el plazo de un año para que las legislaturas estatales adecuaran sus legislaciones a los nuevos postulados del artículo 115 constitucional.

Sin embargo, sigue faltando fortalecer la autonomía municipal y, sobre todo, esclarecer las competencias que dicho dispositivo constitucional asegura al municipio.

Lo anterior es fácil destacarlo sobe todo al analizar las leyes que emitieron o más bien adecuaron la gran mayoría de las legislaturas locales, donde se les sigue diciendo a los ayuntamientos cómo sesionar, con qué comisiones contar o qué estructura administrativa establecer.

Más grave aún resulta encontrar algunas de estas normas, siguen estableciendo mayorías calificadas de los miembros de los ayuntamientos para evitar diversas resoluciones, lo cual sin lugar a dudas resulta ir en contra del sentido del artículo 115 constitucional.

Dichas leyes deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que le den un marco homogéneo a los municipios de un estado sin intervenir en las cuestiones específicas de cada municipio.

De la lectura del precepto constitucional ya citado, encontramos la salvedad de la mayoría calificada para determinados asuntos. Al respecto creemos que la redacción debe modificarse para dejar en claro que se trata de excepciones y, por ende, sólo en determinados casos las legislaturas locales pueden imponerle a los ayuntamientos, terminando en este caso con los abusos que en ocasiones, al finalizar cada trienio, se establecen más por cuestiones políticas partidistas que por una real búsqueda del bien común.

Por tal motivo y a efecto de dejar claramente sentado que la mayoría calificada es una excepción al principio normal del funcionamiento y decisión de los órganos de gobierno municipal, es que proponemos adicionar la fracción del artículo 115 para establecer que será objeto de las leyes en materia municipal señalar los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictaminar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal; para celebrar actos o convenios que comprometan al ayuntamiento por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento o para cuestiones de similar naturaleza, referentes al ámbito patrimonial municipal. De esta forma consideramos que se fortalece al municipio mexicano siguiendo el pensamiento y guía que nos legó un benemérito jalisciense, don Efraín González Luna.

El verdadero renacimiento municipal está por hacerse, si no se emprende pronta y eficazmente, se compromete sin remedio todo esfuerzo nacional. El municipio es el cimiento y es la clave; necesitamos restituirle la conciencia de su ser, de su dignidad, de su misión; devolverle su ámbito propio y dejarlo resurgir de las ruinas reconstruyendo su propia vida. Sólo así podrá ser unidad viva y sana de una patria fuerte.

Con base en los razonamientos antes expuestos, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto

Artículo único. Se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal; para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento o por cuestiones de deuda. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez, Luis Gerardo Serrato Castell y la ponente, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Permítame, diputada. Si le dan sonido a la diputada Mónica, por favor.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Solamente para pedirle que pueda solicitar quórum. Ya terminaron la mayoría de las reuniones que teníamos fuera y para que tuviéramos quórum y pudiéramos oir las iniciativas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada, en un momentito, nada más que termine la diputada su intervención y vamos a pedir que la Secretaría abra el sistema. Adelante, diputada.

La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Gracias, señora Presidenta, con su venia. Compañeras diputadas y diputados.

Los que suscribimos la presente, diputados federales Luis Gerardo Serrato Castell y Mario Eduardo Moreno Álvarez, a quienes agradezco su colaboración en la elaboración de esta iniciativa, pertenecientes a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes todos del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y demás relativos y aplicables de la Constitución mexicana, así como el artículo 55 y demás relativos aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, bajo la siguiente

Exposición de motivos

Mucho se ha debatido sobre si las personas morales pueden ser responsables de un delito, pero en la actualidad esta discusión cobra mayor importancia por el incremento de la criminalidad mediante la utilización de estas corporaciones, asociaciones, empresas que en definitiva son las personas morales, donde en algunos casos son creadas para disimular verdaderas conductas delictivas y quienes generalmente operan de manera organizada para la comisión de delitos, tales como operaciones con recursos de procedencia ilícita; financiamiento del narcotráfico; contrabando; piratería; delitos contra la economía pública; delitos financieros y, entre otros, como la trata de personas, los que nos ha obligado a reflexionar sobre la urgente necesidad de sancionar dichos comportamientos.

No obstante lo anterior, nos hemos encontrado ante la problemática del derecho penal que se ha visto impedida para sancionar a dichas personas morales, pues esta posibilidad choca con el principio tradicional que señala, sin responsabilidad penal, para las personas jurídicas que se ha venido estableciendo en el sistema penal desde hace siglos y del que se deriva la imposibilidad de hacer responder penalmente a una persona jurídica, puesto que el derecho penal a lo largo de su evolución se ha caracterizado por una concepción individual y personal de la responsabilidad penal.

Sin embargo, la comisión de hechos punibles en el curso de la actividad de una persona jurídica plantea nuevas necesidades político-criminales a las que el legislador debe dar una respuesta eficaz.

En el caso de México se ha empezado ya en este paso, ya que el artículo 11 del Código Penal Federal establece: Cuando algún miembro representante de una persona jurídica comete un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, el juez podrá en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad pública.

Sin embargo, no se ha considerado un avance completamente suficiente por lo complejo del tema, de manera que se ha planteado la necesidad de revisar las categorías dogmático-penales vigentes y la derogación del principio en mención.

En ese sentido, en línea de una actual corriente de opinión en el ámbito del derecho comparado, se considera que la responsabilidad criminal de las personas morales y la sanción penal de las mismas, es un reclamo de las actuales necesidades de la política criminal por lo que en la medida en que ello sea incompatible con las categorías dogmáticas tradicionales, lo que procede entonces es la revisión de éstas, de modo que pueda darse cabida en nuestro derecho penal a la punibilidad de las personas morales.

Asimismo, dentro de esta postura se puede atribuir a la persona moral al igual que a la persona física, una voluntad propia ya que es una entidad dotada de existencia plena jurídica, lo que se traduce en que es susceptible de ser titular de los derechos subjetivos, facultades, obligaciones y responsabilidad jurídicas, deduciendo ahí que la responsabilidad criminal de las personas morales no violenta el principio de la personalidad de las penas.

En ese tenor es importante recalcar que entre mayor claridad tengan las leyes, mayor seguridad y certeza jurídica tendrán los ciudadanos. Seguridad jurídica que se traduce en la garantía otorgada a las personas de que serán respetadas en su personalidad, sus bienes y sus derechos para que éstos no sean sujetos de violaciones o que si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad protección y reparación.

Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por un procedimiento regular establecido previamente.

Así, con esta iniciativa nos aproximamos más a una seguridad jurídica que con la legislación vigente, que se considera sumamente tímida y escueta. Por lo tanto, proponemos establecer mayores posibilidades para que el juzgador tenga en su elección la sanción que estime conveniente y así encuentre la medida más acertada ante las posibles situaciones que se presenten.

En virtud de ello, se establece con esta iniciativa el procedimiento que se seguirá en el caso de que se tenga que llevar un proceso en contra de una persona moral, del que en la actualidad únicamente se encuentre en una laguna legal que evidentemente violenta el principio de seguridad jurídica.

Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de establecer la responsabilidad penal de las personas morales, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Se lo dejo aquí, diputada Presidenta, para que me haga el favor de insertarlo tal cual junto con la exposición de motivos y la propuesta de iniciativa de decreto, por la conveniencia del tiempo. Muchas gracias a todos por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada Yadhira. Túrnese a la Comisión de Justicia. Se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico de votación por 10 minutos para verificar el quórum. Entre tanto, continuaremos el desarrollo de la sesión.

Esta Presidencia informa que se acaba de recibir una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para la verificación del quórum.

(Votación)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. Asimismo se informa que se recibió acuerdo de la Cámara de Senadores. Procede la Secretaría a darle lectura.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Secretarios de la H. Cámara de Diputados presentes. Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, en su LX Legislatura se manifiesta a favor de la conformación de un grupo de trabajo interparlamentario para la concertación de la reforma política del Distrito Federal.

Segundo. La Cámara de Senadores a través de la Comisión del Distrito Federal, formulará atenta invitación a la Comisión correspondiente de la honorable Cámara de Diputados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a integrar conjuntamente el grupo de trabajo para la concertación de la reforma política del Distrito Federal.

Tercero. La conformación del grupo de trabajo tendrá un carácter plural, representativo e igualitario y sus acuerdos serán adoptados por consenso.

Cuarto. La reforma habrá de abordarse y procesarse en el espacio legislativo y se invitará a participar a los partidos políticos, a los ejecutivos local y federal, así como a especialistas, académicos y grupos de la sociedad organizada.

Quinto. Constituido el grupo de trabajo acordará colegiadamente en sus mecanismos de funcionamiento y su calendario de actividades. El temario para el análisis de la reforma considerará los aspectos enunciados en el numeral 27 del presente dictamen.

Sexto. El grupo de trabajo en función de los acuerdos que se alcancen podrá presentar avances a la comisión ejecutiva prevista en el proyecto de ley para la reforma del Estado, a fin de intercambiar criterios y puntos de vista para enriquecer sus trabajos, así como a escuchar su opinión sobre la posibilidad y conveniencia de considerar el tema de la reforma política del Distrito Federal en su relación con la reforma del Estado.

Séptimo. El documento final elaborado por el grupo de trabajo será concluido en un plazo que no excederá de un año a partir de su creación, para convertirlo en iniciativa y darle el trámite legislativo que corresponda. Atentamente el senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió también de la Comisión de la Función Pública una comunicación. Proceda la Secretaría a darle lectura.

El Secretario diputado Sergio Eduardo de la Torre Jaramillo: Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de abril de 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, presente.

Señor diputado, por este conducto le solicito atentamente, gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se retiren del orden del día de la sesión del día de hoy y se devuelvan a esta Comisión, los siguientes dictámenes que serían tratados en el pleno de esta Cámara.

Uno. Dictamen con proyecto de decreto respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 y deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal; presentada por el diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI el 31 de mayo de 2006.

Dos. Dictamen con proyecto de decreto, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 72 y 75 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal, presentada por el diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, el 5 de abril de 2006.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, diputado Benjamín González Roaro, presidente.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se retiran y devuélvanse a la Comisión.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputado María Elena Álvarez Bernal: Sonido en la curul de la diputada Mónica Fernández Balboa.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Para solicitar que el turno de la minuta en cuestión también se amplíe a la Comisión de Reforma del Estado de esta Cámara y a la Comisión de Gobernación, por favor.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Perdón ¿a cuál turno se refiere?, ¿a la iniciativa o a la devolución que acabamos de leer?

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): A la minuta, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: A la minuta sobre qué, perdón, porque leímos tres.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Relativa al INEGI.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): No hay sustento jurídico para turnar a esas dos comisiones, es Comisión de Hacienda y que me disculpe la diputada.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Javier González Garza.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Gracias. Probablemente el diputado Rodríguez Prats no considera que la Comisión de Gobernación tenga qué ver con el asunto. Yo le recuerdo que el INEGI siempre, y todavía hoy, depende de Gobernación; por lo tanto, me parece absolutamente natural que se le dé turno a Gobernación. Gracias.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Sin querer entablar un debate con el señor coordinador del grupo parlamentario del PRD, no es por dependencias como se determinan los turnos a comisiones. Me parece que este es un asunto que debe ser turnado a la Comisión de Hacienda y precisamente con el propósito de que camine con mayor prisa.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado González Garza, adelante. El diputado González Garza va a hacer uso de la palabra.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Yo le pediría que se leyera el acuerdo para la ampliación de turnos. Rodríguez Prats, el diputado Rodríguez Prats lo que dice es que efectivamente, no tendría por qué ir a otras comisiones. Me parece que el INEGI, no es la naturaleza del INEGI económica solamente y me parece fundamental, en todos los temas de Gobernación como es población, que está sustentada estrictamente hablando en Gobernación.

Por lo tanto, la última preocupación que tiene Rodríguez Prats es que sea rápido el asunto. Yo no tengo esa preocupación. Mi preocupación es que se pueda hacer un estudio concienzudo del asunto para no cometer errores y por lo tanto, propongo que por favor el turno también sea a la Comisión de Gobernación. Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Esta Presidencia no tiene inconveniente en turnar a las dos comisiones: Hacienda y de Gobernación; y es más, añadiría con opinión de la Comisión de Reforma del Estado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Frente a la voz autorizada de Javier González Garza y frente a su decisión, el Partido Acción Nacional se allana.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por las diputadas Liliana Carbajal Méndez y Esmeralda Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señora Presidenta. La explotación sexual comercial de niños implica el abuso sexual de niños que involucra ventajas financieras para una o varias de las partes que intervienen en la actividad sexual y que puede ser de dos tipos: primero, involucra la transferencia de dinero de un adulto a un niño en intercambio por sexo; y, segundo, involucra la provisión en especie o servicios que un adulto intercambia por sexo con un niño.

Cada año, según cifras de la UNICEF, un millón de niños en todo el mundo pasan a engrosar las filas de las víctimas de este comercio. Nuestro país no ha quedado a salvo de este tipo de problemática; hoy en día se estima que en México la cifra de menores de edad víctimas de alguna forma de explotación sexual oscila entre los 16 mil, ubicándose en mayor número en lugares con fuerte migración, zonas turísticas, zonas fronterizas importantes, ciudades grandes y medias que se caracterizan por un bajo nivel de integración y desarraigo de sus habitantes, aunado a un contexto de corrupción y una débil aplicación de las leyes y la existencia de una cultura de permisividad.

La prostitución infantil ha llegado a ser considerada como el tercer delito que más riqueza genera en el mundo. Así las cosas, cabe acotar que dicha problemática ha sido bandera de diversas instancias y organizaciones tanto públicas como privadas concentradas en su combate; e incluso ha sido objeto de diversos foros internacionales en donde existen pronunciamientos enérgicos por el combate y denuncia de ésta clase de actos deplorables, inclusive nuestro país ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales al respecto, destacando por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, en el cual se hace presente la condena a la explotación y el comercio sexual de niños. En ésta se establece el compromiso de protegerlos contra todas las formas de explotación y abusos sexuales.

Al respecto no se desconoce que con fecha 27 de marzo de 2007 se publicaron diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal en materia de explotación sexual infantil, mismas que fueron aprobadas por unanimidad por el Congreso del Unión, con la finalidad de perfeccionar el contenido y alcance del marco jurídico en materia de explotación sexual infantil, sancionando más severamente este tipo de delitos.

No se desconoce que dichas reformas constituyen un paso importante en la consolidación de un marco jurídico acorde con la protección legal que necesitan los menores de edad e incapaces, por su condición de vulnerabilidad que presentan; inclusive, cabría decir que dicha reforma es el resultado de diversas propuestas legislativas presentadas por varios grupos parlamentarios, incluido el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sin embargo, se estima necesario seguir abonando en la construcción de una protección óptima de los menores de edad, presentando reformas legislativas que vengan a complementar y a enriquecer el marco jurídico existente al efecto, a fin de contar con leyes más integrales en la materia.

Por lo anterior se estima necesario plantear una serie de adecuaciones al Código Penal Federal, a efecto de perfeccionar las medidas de combate y sanción de este tipo de delitos que afectan el adecuado desarrollo psicosexual de los menores de edad así como, en su caso, de las personas que no tienen la capacidad para conocer el significado del hecho o que no tienen capacidad de resistirlo.

Por eso se plantea adicionar un artículo 202 Ter, a efecto de sancionar penalmente a quien realice práctica sexual con persona menor de dieciocho años de edad o quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, o capacidad para resistirlo, mediante el pago de dinero, entrega de una cosa o cualquier otro beneficio, sancionando la llamada prostitución infantil.

Lo anterior en virtud de que, si bien en la reforma del pasado mes de marzo quedó establecida como delito, en el artículo 203 Bis la realización de cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de 18 años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo. Dicho tipo penal lo circunscribe a la actualización del llamado turismo sexual, en virtud de que supedita la actualización de los elementos descritos a que éstos hayan sido consecuencia de realizar el turismo sexual, tipificado en el artículo 203 del Código Penal Federal vigente.

En este sentido se plantea un tipo penal autónomo e independiente del delito equiparado de turismo sexual, en donde no tenga que acreditarse previamente el mencionado turismo. Para actualizarse la conducta penal bastará, en todo caso, que se realice práctica sexual con personas menores de edad o personas que no tengan capacidad de comprender el hecho o capacidad para resistirlo, a cambio de un pago o cualquier otro beneficio.

Por su parte, se adiciona un artículo 278 Bis al Código Penal Federal, a fin de sancionar penalmente a todo aquél que gestione para que una persona que ejerce la patria potestad o la tutela sobre un menor de 18 años de edad preste su consentimiento para la adopción del menor incapaz, sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados internacionales de los que México sea parte, debiéndose imponer una pena de uno a seis años de prisión.

Asimismo, se amplía la tutela del menor de edad al sancionarse el tráfico de menores de 18 años de edad, en lugar de 16 años, a fin de otorgar mayor protección jurídica a todos los menores de edad y dar cumplimiento a lo previsto por el Convenio 182 de la OIT, que incorpora al tutor como posible sujeto activo del tráfico de menores de edad o de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.

Con esta reforma se subsana una omisión considerable en la reforma realizada al efecto el mes de marzo de 2007. Consecuentemente, resulta necesario plantear reformas al Código Penal Federal, al Código Penal Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuar los reenvíos normativos respectivos.

En virtud de lo señalado con anterioridad, el grupo parlamentario del PAN, preocupado por garantizar a los menores de edad y a las personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho ni capacidad para resistirlo, se pronuncia por toda reforma legislativa que tenga por efecto fortalecer la tutela y el respeto de los derechos fundamentales que les aseguren a este sector vulnerable un desarrollo pleno e integral; así como la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, toda vez que consideramos que éstos, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal.

En razón del tiempo, solicito a la Presidencia se inserte íntegro el texto del decreto en el Diario de los Debates.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública. Sonido a la curul del diputado Alfonso Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Perdón, Presidenta. Es para solicitarle a la diputada si podemos adherirnos a esta iniciativa que ha presentado, que nos parece fundamental para la protección de los menores.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Como la diputada no tendrá inconveniente, puede pasar aquí a la Secretaría a firmar la iniciativa. Muchas gracias.

Se recibió del diputado Juan Manuel Parás González, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa que reforma los artículos 30 y 60 de la Ley General de Educación. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se concede el uso de la palabra al diputado José Jacques Medina, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos. Si nos permite, diputado, pido a la Secretaría cierre el registro electrónico asistencia y dé cuenta del registro de la revisión del quórum.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 372 diputadas y diputados. Hay quórum, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Por favor, diputado Jacques Medina.

El diputado José Jacques y Medina: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras, compañeros diputados, la iniciativa que hoy presentamos, por encima de cualquier diferencia política, ideológica, religiosa o de cualquier tipo, es una iniciativa con hondas y profundas raíces humanitarias y beneficio social.

Para todo ser humano la salud es el bien más apreciado, ya que sin ella, nuestra calidad de vida se ve seriamente afectada, pero también la afectación de la salud en los mexicanos tiene impacto y repercusión en la economía y en la actividad laboral de nuestro país.

Para nadie es un secreto que muchos mexicanos no pueden acceder a distintos tratamientos médicos especializados por razones de marginación económica. No obstante que se ha instituido el seguro popular en nuestro país, éste se restringe a ciertos padecimientos, pero se excluyen a otros que son especializados y altamente costosos.

Podemos hablar de los tratamientos contra el cáncer, sobre todo en niños; el Sida, las quemaduras y los trasplantes que posteriormente se requieren; las cataratas, las carnosidades en los ojos, los padecimientos renales, la esclerosis múltiple, sordera, los labios leporinos y el hundimiento del paladar, etcétera.

En nuestro país, cuando menos existen 60 instituciones de asistencia privada, mejor conocidas por sus siglas como IAP, que ofrecen atención médica especializada. No siempre totalmente gratuita, pero que han servido para cumplir diversas deficiencias que las instituciones públicas no pueden atender por diversas razones. Algunas de ellas, incluso, han podido enviar a diversos enfermos para ser tratados en el extranjero ya que tienen celebrados convenios de colaboración con organismos, instituciones de otros países.

Existe también otras instituciones o IAP, cuando menos 70, que atienden a personas con problemas de discapacidad, rehabilitación y adicciones. Éstas, también como las anteriores, prestan sus servicios de manera casi gratuita y han llegado a enviar a sus pacientes al extranjero.

Se trata, sin duda, de organismos mexicanos con una visión altruista, loable y humanitaria, que está dirigida sobre todo, a personas de poca capacidad económica que no tienen los recursos necesarios para pagar los tratamientos especializados, normalmente caros, en instituciones privadas del país y menos aún, en el extranjero.

Una de las instituciones de asistencia privada más conocida, lo es sin duda, la Fundación "Michou y Mao", que es una organización no lucrativa, cuyo objetivo es la asistencia y prevención de niños mexicanos con quemaduras severas.

Los resultados de esta Fundación son sorprendentes: cuatro mil 987 niños con secuelas, algunos en tratamiento; 686 niños trasladados por emergencia médica, pero también algunos casos gravísimos. Esta institución envía a los Estados Unidos a algunos pacientes; ya tienen acuerdos internacionales con organización y hospitales.

Por otra parte, existen diversas instituciones, organismos, fundaciones, incluso, gobiernos extranjeros que otorgan tratamientos médicos especializados.

La iniciativa que hoy he presentado está destinada a todas aquellas personas de escasos recursos que no tienen capacidad para pagar costosos tratamientos médicos especializados en los grandes centros hospitalarios, privados, en el extranjero, y que tienen que recurrir a la asistencia médica, que de manera altruista y gratuita, otorgan instituciones, organismos, fundaciones o gobiernos extranjeros.

Se trata pues, de favorecer a personas, al proponer que sean exceptuados de pago de los derechos que se generan al solicitar un pasaporte mexicano, por una licencia de un año, para ser atendidos médicamente en el extranjero.

Las cifras son simples, cien mil personas recurrieron a la excepción planteada. En un año el erario federal dejaría de percibir sólo 365 mil pesos. Si fueran 10 mil personas, la merma anual sería de 3 millones 850 mil. Pero más allá de las cifras que pudieran mermar el Presupuesto de Ingresos, esta realidad contundente de que este universo de personas, sean mil o 10 mil, podrían acceder a una calidad de vida mejor y esto por encima de cualquier otra consideración, resulta invaluable.

Por todo lo anterior, se propone iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Dice el artículo 20 en su párrafo cuarto, donde se propone: ... que para los efectos de este artículo, las personas que comprueben que necesitan viajar al extranjero para someterse a tratamiento médico patrocinado por alguna institución, organismo, fundación o país, quedarán exentas del pago de la cuota establecida en la fracción II, a que se refiere el mismo.

Los artículos transitorios son:

Primero. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito a esta Presidencia se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchísimas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Van a presentar el diputado Obdulio Ávila Mayo y el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, los dos simultáneamente, o uno tras de otro, aprovechando el mismo tiempo destinado para una iniciativa, que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Obdulio Ávila Mayo: Gracias, con la venia de la Presidencia; misma a la cual le solicito la inserción íntegra de la presente iniciativa, en virtud de que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La iniciativa que el día de hoy nos ocupa, junto con el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, es de reforma al artículo 39, fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que pretendemos es la ampliación de la competencia y no sólo de la denominación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Fue en la LIX Legislatura de esta honorable Cámara cuando se determina que el fenómeno metropolitano debería de tener una atención en una comisión ordinaria y de dictamen; sin embargo, al hacer este reconocimiento que va a la par al hecho de que México es eminentemente urbano a partir de la década de los 70, y totalmente metropolitano a partir de esta década, dado que el 51 por ciento de los habitantes de este país habitan en alguna de las 55 metrópolis mexicanas, dentro de las cuales tenemos nosotros la segunda megalópolis, de las 23 que existen en el mundo, la de la Ciudad de México. Además, contamos con dos metrópolis que se integran a la lista de las 100 más grandes del mundo; me refiero a Guadalajara y a Monterrey, en los números 67 y 79, respectivamente.

Esta Comisión de Desarrollo Metropolitano que estudia estas megaurbes, que están asentadas en el 7 por ciento del territorio nacional y generan el 70 por ciento del producto interno bruto, requieren una nueva normativa; sin embargo, afrontar el tema metropolitano, cortando de raíz el fenómeno urbano, hace totalmente difícil y compleja la tarea de dictaminación, porque separar el tema urbano del tema metropolitano deja trunco el análisis profundo sobre la materia.

Por ello, proponemos en la reforma a la fracción IX, del artículo 39, la existencia de la Comisión de Desarrollo Urbano Metropolitano y del Ordenamiento Territorial. Actualmente este tema es competencia de la Comisión de Desarrollo Social, quien ha hecho importantes esfuerzos sobre la materia.

Sin embargo, a la par de lo que ocurre en la administración pública federal, en donde la lucha contra la pobreza ha dejado de lado el análisis del fenómeno urbano, igual podría suceder —o sucede— ante la insuficiencia en el tema de desarrollo social.

Por ello, me pronuncio por esta iniciativa, para que analice la comisión de dictamen correspondiente, a efecto de que en una sola instancia legislativa y se vean estos tres temas que tienen correspondencia con una de las subsecretarías de la administración pública federal y éste es el sentido de la propuesta normativa al pleno de la honorable Cámara de Diputados. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra, para continuar, el diputado Miguel Ángel Jiménez Godinez, de Nueva Alianza.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godinez: Con su venia, Presidenta. Esta iniciativa es especialmente relevante para todos aquellos diputados que provienen de distritos de mayoría con características metropolitanas, urbanas en todo el país, a quienes les solicitamos apoyo para avanzar en una norma metropolitana y urbana del país.

El día de hoy hay 103 millones de mexicanos, de los cuales siete de cada 10 habitan en zonas urbanas y cuatro de cada 10 en zonas metropolitanas. Esto nos lleva a pensar que lógicamente esta población necesitará satisfacer sus necesidades respecto a la infraestructura, equipamiento, seguridad, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, agua y sobre todo, en materia de políticas públicas.

Por ello es de importancia el estudio y regulación del crecimiento y evolución de cada una de las áreas urbanas ubicadas en todo el territorio mexicano, pues en estas áreas es en donde se lleva a cabo la mayor parte de la dinámica social, económica y política del país.

Es por esto que la legislación referente a la materia incide de manera directa en la eficiencia en los servicios y la solución de la problemática urbana y por lo tanto, en la calidad de vida de sus habitantes.

Debido a esto el Poder Legislativo federal a través de la honorable Cámara de Diputados debe de proponer leyes que tomen en cuenta la dinámica particular de cada una de las áreas urbanas del país, con el fin de maximizar su capacidad para desarrollarse de manera sustentable y eficiente, en armonía con la naturaleza y en la búsqueda constante del bienestar de los habitantes.

Para lograrlo es necesario contar dentro de esta Cámara con una comisión enfocada en este tema y que cuente con las facultades necesarias para poder analizar las leyes que pretenden regular el desarrollo urbano, considerando siempre las distintas realidades experimentadas en el país.

En el último siglo la población de México ha crecido de manera exponencial. Fue a partir de los años 30 que se presentó un aumento en la población mayor, al experimentado en décadas anteriores; pero aún más significativo es el hecho de que el grueso de la población nacional pasó de ser rural a eminentemente urbana.

El aumento de la población durante la posrevolución creció gradualmente, principalmente la población urbana presentando su mayor tasa de crecimiento durante la década de los setenta.

Una primera cuestión a valorar es que en nuestra Constitución no se hace mención expresa al desarrollo urbano.

El término "asentamientos humanos" es el concepto material que utiliza nuestra Constitución para regular el fenómeno urbano; sin embargo, de la redacción constitucional y su posterior desarrollo legislativo federal y estatal se produce una falta de delimitación del contenido de la propia materia.

En este sentido el término de "asentamientos humanos" no permite distinguir la diferenciación entre el desarrollo metropolitano, urbano y ordenamiento territorial, pues estas materias tienen un contenido cercano pero no idéntico, lo que genera imprecisiones.

En consecuencia se propone una estructura de las comisiones más adecuadas a las nuevas realidades y problemáticas en materia de asentamientos humanos. Se requiere en nuestro país además, que esto permita sin duda una mejor definición para comprender y atender la naturaleza de la problemática.

Es por esto que proponemos que se extiendan las facultades de la actual Comisión de Desarrollo Metropolitano, permitiendo que ésta estudie y dictamine iniciativas de ley que incluyan normas, que influyan sobre los centros de población urbano y metropolitano, independientemente de si éstas son zonas metropolitanas o no.

Compañeras diputadas y diputados, es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones detalladas en el proemio que sometemos a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de modificar el objeto de estudio y la facultad de la actual Comisión de Desarrollo Metropolitano de la honorable Cámara de Diputados para quedar como Comisión de Desarrollo Urbano, Metropolitano y de Ordenamiento Territorial. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 62 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sonido en la curul del diputado Villanueva.

El diputado Juan Manuel Villanueva Arjona (desde la curul): Presidenta, nada más para si no hubiera ningún inconveniente, en la iniciativa presentada anteriormente por parte de los diputados Obdulio Ávila y Miguel Ángel Jiménez, si me permitirían añadirme a la misma.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Seguro que no habrá ningún inconveniente y puede pasar a la Secretaría —ya lo aprueban— para firmar la iniciativa con ellos. Muchas gracias.

Tiene la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los derechos humanos constituyen hoy en día un límite moral, ético, jurídico y político frente a los cuales deben estar sujetos todos los poderes, tanto los públicos como los fácticos, para la mejor convivencia y sana armonía de la sociedad de nuestro tiempo.

La globalización de las relaciones económicas ha producido en nuestro país un crecimiento exponencial de la pobreza y las desigualdades, la exclusión social, la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos y a la vez, del crecimiento del hambre, la pobreza y la explotación.

Estos fenómenos han sido legitimados a través del modelo económico que se sigue implementando en nuestro país. Esto ha provocado que los poderes fácticos se comporten en una lógica distinta a la que debe prevalecer en todo estado social y democrático de derecho.

Nuestra Constitución Política, como la norma superior a la que debemos someternos tanto gobernantes como gobernados, es el instrumento que contiene el alma de la nación, que consigna los más elevados valores que como ciudadanos mexicanos debemos defender. Por ello sostenemos que es necesario incorporar en su contenido el concepto de los derechos humanos como valores fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico.

Para el Partido de la Revolución Democrática resulta necesario impulsar, desde la Constitución, los cambios necesarios para lograr una protección eficiente de los derechos humanos. Es un tema que a la izquierda nos preocupa, es un asunto sensible que debe ir más allá de los atavismos políticos, sobre todo ahora en que la violencia organizada e institucional abre los caminos a un discurso autoritario que en nada resuelve los problemas de seguridad pública. Por ello, la necesidad de incorporar en el texto vigente los conceptos y la filosofía de los derechos humanos, que permitan normar el criterio de la actuación de nuestras autoridades, definir los límites del poder frente a los ciudadanos y fortalecer a las instituciones de este país.

México tiene un prestigio muy amplio en la firma y ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que desgraciadamente después no se cumplen, porque prácticamente los ha firmado y ratificado todos.

Paradójicamente esto de muy poco le sirve al ciudadano común, porque somos testigos de las graves violaciones a los derechos humanos que generan impunidad, casos como los ocurridos con los altermundistas de Guadalajara, las violaciones sexuales en contra de mujeres cometidas en Salvador Atenco, las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de personas cometidas en el conflicto de Oaxaca, la situación de la violencia en contra de las mujeres indígenas, como es el caso de Ernestina Ascencio en el municipio de Zongolica, en Veracruz. Todos ellos tienen un común denominador: hasta la fecha los responsables gozan de cabal impunidad y no tienen sanción que impida que se vuelvan a cometer estas graves violaciones a los derechos humanos.

El silencio de los responsables incrustados en el Estado constituye una afrenta para todas y cada una de las instituciones del Estado que impide construir un auténtico estado de derecho, por tanto, proponemos darle reconocimiento constitucional a los derechos humanos, concepto que amplía los derechos que la Constitución reconoce actualmente bajo el término de garantías individuales e incluir un pronunciamiento de principio sobre la importancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos para el orden jurídico mexicano, estableciendo su vinculación constitucional como de primer orden, en virtud de que estos tratados son normas imperantes del derecho internacional.

Delimitamos la actuación de los órganos de justicia militar sobre los delitos o violaciones a los derechos humanos que no guarden conexión con la disciplina militar. De igual manera, resulta necesario e indispensable que precisemos que los delitos de lesa humanidad y el genocidio, y los crímenes de guerra, son imprescriptibles. Ello en virtud de que el Estado mexicano ha ratificado importantes instrumentos internacionales en la materia.

Proponemos dotar de reconocimiento constitucional a los que la doctrina reconoce como intereses difusos y derechos colectivos. De igual manera damos reconocimiento constitucional a la jurisdicción contenciosa de los tribunales internacionales a los que el Estado mexicano ha reconocido su competencia, así como los mecanismos para dar cumplimiento a sus resoluciones.

Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el sistema penal de corte inquisitorio se encuentra agotado. Se trata de un sistema que no protege adecuadamente a los ciudadanos de sufrir violaciones graves a sus derechos humanos, como la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes; se abusa en demasía de la prisión preventiva y otras formas de detención y la defensa pública, por lo demás, es ineficiente.

De ahí, la imperiosa necesidad de la introducción de un proceso penal de carácter acusatorio ya que sólo mediante la procuración e impartición de justicia pronta y expedita apegada a derecho, y con respeto a los derechos humanos, se cumplirán las finalidades esenciales del Estado, relativas al fortalecimiento del orden público con base en la legalidad y se podrá revertir esta sensación social de impunidad.

Establecemos la inclusión de principios penales reconocidos internacionalmente y que forman parte del proceso penal acusatorio, como la relevancia de la acusación, la imparcialidad del juez, la presunción de inocencia, la oralidad, la inmediación, la publicidad, la contradicción, la concentración y la economía procesal como principios rectores del proceso penal y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Señora Presidenta, dada la limitación del tiempo y toda vez que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, le solicitaría su inclusión en el Diario de Debates. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia informa que se acaba de recibir minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; se expide la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió del diputado Carlos Alberto Puentes Salas iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió además, del mismo diputado Carlos Alberto Puentes Salas, iniciativa que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes.

De la Comisión de Justicia. Con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales y reforma, adiciona y deroga el Código Penal Federal.

De la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Con proyecto de decreto que establece las características de la Séptima Moneda de Plata Conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos.

Con proyecto de Decreto que adiciona el diverso que establece las características de Monedas Conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.

De la Comisión de Gobernación. Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jorge Eduardo Chen Charpentier, Sergio Vela Martínez, Oscar de Buen López de Heredia y Antonio Ramón Suárez Gutiérrez para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Julia Rita Campos de la Torre y Francisco Javier Garza Palacios para aceptar y usar las condecoraciones Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica y Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco que les otorga el gobierno del Reino de España.

Todos éstos publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido en la curul de la diputada Layda Sansores. Adelante, diputada.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Presidenta, quiero insistir. No es casualidad que cuando va a tocar mi turno, nuevamente cambian el orden del día. Vengo de la junta de vicecoordinadores y me repitieron que se había acordado que hoy se leían todas las iniciativas. Vamos a presentar una iniciativa sobre juicios orales —no es sobre transparencia aquí de los recursos de la Cámara, para que no se preocupen tanto— que presentamos integrantes del Frente Amplio Progresista: Javier González Garza, Ricardo Cantú, Alejandro Chanona, Raymundo Cárdenas y una servidora.

Me parece demasiada casualidad que siempre sucede lo mismo. Yo le pido que me dé la oportunidad de pasar a presentarla.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señora diputada, fue un acuerdo terminar la sesión a las 15:30 horas y ni siquiera teníamos conocimiento qué iniciativa seguía, así que no hay intencionalidad de parte de nadie de la Mesa; pero podríamos preguntar al Pleno si está de acuerdo en que se le dé turno a la diputada para que pase a leer la iniciativa, que es precisamente la que tocaba.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si está de acuerdo si se continúa la sesión pasando la diputada a presentar la iniciativa y después daremos término a la sesión.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: en votación económica se consulta a la Asamblea si se concede turno a la diputada Sansores para presentar iniciativa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Pase la diputada a leer su iniciativa.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido en la curul del diputado Alberto Esteva.

La diputada Layda Elena Sansores San Román: Sobre un tema muy importante: juicios orales. Los coordinadores de las…

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputada, permítame un momento. Diputado Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Muchas gracias. Disculpe, diputada Sansores. Únicamente para pedirle a la Presidenta de la Mesa Directiva se rectifique el quórum, porque es evidente que hay solamente un 20 por ciento de diputados.

La Presidenta María Elena Álvarez Bernal: Se acaba de rectificar el quórum. Continúe, diputada, por favor.

La diputada Layda Elena Sansores San Román: Presidenta, compañeras y compañeros, los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran el Frente Amplio Progresista: Javier González Garza, Ricardo Cantú, Alejandro Chanona y Raymundo Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y una servidora, Layda Sansores, secretaria de la Comisión de Gobernación, proponemos una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, en materia de juicios orales y debido proceso penal.

Nos sumamos a la propuesta hecha por la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y del Debido Proceso Legal, integrada por organizaciones académicas y de la sociedad civil. Gracias a su asesoría legal. Gracias a ellos mismos, como quien dice esta iniciativa enriquece su propia propuesta que presentaron en esta Cámara anteriormente.

Recogimos las valiosas aportaciones del diputado César Camacho, del ex diputado Luis Maldonado, del grupo parlamentario de Convergencia, quien en la pasada Legislatura presentó una iniciativa integral de reformas al sistema judicial y penal y fue la primera en hablar de juicios orales.

Incluimos propuestas de la iniciativa del ex ministro y diputado federal del grupo parlamentario del PRD de la pasada Legislatura, Miguel Ángel García Domínguez.

Incorporamos observaciones del doctor Cristián Riego, de Chile, quien ha contribuido a implementar en varios países los juicios orales —sólo México no lo tiene en Latinoamérica—, así como las del prestigioso ex ministro Juventino Castro y de la Dirección de Apoyo a Comisiones de la Dirección de Servicios Parlamentarios de esta Cámara de Diputados.

Fuimos cuidadosos en que las modificaciones fueran congruentes con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, incluyendo las Convenciones Europea e Interamericana de Derechos Humanos, a fin de poner el orden jurídico mexicano en sintonía con el orden jurídico internacional.

Ya habíamos concluido nuestra iniciativa cuando, el 9 de marzo, Calderón presentó la suya ante el Senado. La iniciativa de Calderón es la no reforma ni a corto ni a largo plazo, va hacia atrás, es un retroceso. Ignoró el esfuerzo de prestigiados académicos, de organizaciones civiles, de las voces del Congreso. A la propuesta del Ejecutivo parece que le vale el diálogo democrático.

En la iniciativa de Calderón lo que subyace es la preocupación del combate al narcotráfico, que es legítima, pero acomoda todas sus piezas buscando mecanismos más ágiles para combatir el narco y pretende delegar a policías y Ministerios Públicos el hacer cateo sin orden judicial y hacer detenciones ahora sin órdenes de aprehensión, justifica la violación de los derechos humanos, le preocupan los delincuentes, pero no las instituciones.

Se olvida que todos estos cambios los tiene que hacer con el coche caminando y no estamos seguros que va a lograr capacitar a policías y Ministerios Públicos para que sepan hacer uso de un poder que es omnipotente.

De aprobarse, estaríamos caminando hacia un sentido contrario a los juicios orales, que él también lo ha tomado como bandera; estaríamos pavimentando los caminos hacia un Estado policial y autoritario. Y creo que con esto se ratifica la impresión que yo tengo, como Calderón no pudo ganarle al más querido, hoy está obsesionado con el ser más temido y todas sus iniciativas tienen siempre un sello de represión.

Nada se gana legalizando la injusticia, que lo escuche bien el señor, México no necesita —como decía Miguel Sarre— delincuentes institucionalizados persiguiendo a delincuentes organizados.

Sin embargo, aquí sí fuimos sensibles a las preocupaciones del Ejecutivo y estamos considerando las medidas adoptadas en la Convención de Palermo, Convención Internacional para el Combate a la Delincuencia Organizada, como son la ampliación de los plazos de prescripción, medidas para la protección de la víctima e inmunidad de informantes que conduzcan a la captura; y estamos poniendo un transitorio para que durante tres años continúe el actual régimen.

Nosotros estamos convencidos que esto es un gran desafío. Implementar los juicios orales en el país requiere de un gran consenso nacional. Entonces, por eso estamos abiertos y queremos tener un gran consenso nacional en esta propuesta.

Queremos decir también que no estamos de acuerdo con la propuesta de Calderón, de un Código Penal único; es detener el esfuerzo de Estados que han ido a la vanguardia en la implementación de los juicios orales, es negarse a aceptar las propuestas innovadoras que un sistema federalista estimula. Para hablar de códigos penales únicos tendríamos que dejar pasar cuando menos 10 años.

La Ley del Debido Proceso va a reglamentar todos estos conceptos constitucionales que se mencionan en la iniciativa. Va a generar estándares mínimos y se evitaría la exigencia de un Código Penal único y se daría unidad a la diversidad.

Aquí algunos artículos menciono nada más. Una vez que a alguien se le detiene, inmediatamente se le lleva a un juez; nada que se quede en el Ministerio Público, que es quien lo acusa, y él mismo lo tiene 48 horas, dando lugar a la tentación de la tortura.

En el 17, los delitos menores se resuelven inmediatamente en la audiencia de control a escasas 24 horas del arresto. Hoy se tardan hasta 100 días.

La prisión preventiva se va a aplicar sólo en casos de excepción y se revisará en plazos intermedios. Hoy tenemos 90 mil personas en prisión preventiva. Cada preso cuesta 61 mil pesos al año, 15 millones de pesos diarios, cinco y medio billones de pesos al año.

En Nuevo León ha sido exitosa la experiencia de explorar alternativas. Vamos a modificar íntegramente el artículo 20: porqué el juicio debe ser oral, adversarial y que permita el debate en igualdad de circunstancias. Ahora la confesión que vale es la que se rinde ante el juez. Se elimina la tentación al maltrato y la tortura. La policía va a poder investigar. Hoy primero detienen y luego investigan. Queda nítidamente prohibida la tortura.

Para terminar, como novedad. El Estado está obligado, para que tú elijas a tu abogado, a darte una lista, con base de datos de quién es quién en la defensoría. Creo que hoy la importancia de la oralidad está relacionada con la confianza. Ocho de cada 10 acusados nunca ven a los jueces. Los juicios orales son más que una opción para modernizar nuestro sistema de justicia, son una exigencia insoslayable en un Estado democrático. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, esta Presidencia solicita al pleno guardemos un minuto de silencio en memoria del ingeniero Gilberto Borja Navarrete, quien fuera galardonado con la Medalla Belisario Domínguez. Hacemos patentes nuestras condolencias a su familia.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. En razón de que se ha cumplido la duración de la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima, que incluirá los asuntos no abordados. Diputado César Camacho.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Sólo le quiero rogar la ampliación de turno de la iniciativa presentada por la diputada Sansores a la Comisión de Justicia, como codictaminadora, toda vez que otras iniciativas de idéntica naturaleza están radicadas en ambas comisiones, por favor.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se rectifica el turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (15:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, jueves 26 de abril, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.