El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanas y ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 302 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:20 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura y en consecuencia proceda la Secretaría poner a discusión el acta.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Comisión Permanente con el que remite el Inventario de los asuntos que fueron turnados a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnense las solicitudes a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Mesa Directiva, LX Legislatura. Los ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados, presentes. Tenemos el honor de remitir a ustedes el Informe de las actividades realizadas por la Honorable Comisión Permanente durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Insértese en el Diario de los Debates. Proceda la Secretaría a dar cuenta con los oficios de la Comisión Permanente.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados. En sesión celebra en esta fecha por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se dio cuenta con la solicitud de licencia de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, presentada a la Presidencia de la Mesa Directiva el día 17 de enero del año en curso, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputada federal y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe.
Único. Se concede licencia a la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el Primer Distrito del estado de Quintana Roo, del 18 de enero al 19 de febrero del año en curso.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: Aprobado. Comuníquese.
Lo que comunicamos a ustedes para los efectos a que haya lugar. México, Distrito Federal, a 17 de enero de 2007. Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Secretario; diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, Secretario.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: C. Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados. Edificio. En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, presentada a la Presidencia de la Mesa Directiva el día 24 de enero del año en curso, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe.
Único. Se concede licencia al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VIII Distrito del estado de Chiapas, a partir de esta fecha y hasta el 10 de febrero de 2007.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Lo que comunicamos a ustedes para los efectos a que haya lugar. México, Distrito Federal, a 24 de enero de 2007. Diputada Lorena Martínez Rodríguez, vicepresidenta; diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, Secretario. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la apertura del segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LX Legislatura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que comunica la designación de la presidenta de la Sala por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Comisión de la Función Pública, con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Remítase al promovente para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite contestación a puntos de acuerdos aprobados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado, archívese el expediente.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
"Diputado Jorge Zermeño Infante. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente cambio solicitado por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, que el diputado Jericó Abramo Masso cause baja como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas. Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Atentamente, diputado Emilio Gamboa Patrón".
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios solicitados por el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del PT.
Que la diputada Rosa Elia Romero Guzmán cause baja como integrante en la Comisión de Juventud y Deporte. Que el diputado Silvano Garay Ulloa se incorpore a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Atentamente, diputado Emilio Gamboa Patrón.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Permítame, Secretario. Pido respetuosamente a las señoras y señores de los medios nos hagan favor de ocupar sus lugares. Adelante, señor Secretario.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicado de la Junta de Coordinación Política.
Diputado Jorge Zermeño Infante. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, le solicito atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio solicitado por el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD.
Que el diputado Othón Cuevas Córdova cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas. Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Atentamente, diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al precierre del ejercicio fiscal de 2006.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento. En el capítulo de iniciativas, tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. No estando presente el diputado, se pasa al final.
Tiene la palabra la diputada Elda Gómez Lugo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
La diputada Elda Gómez Lugo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros legisladores. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la suscrita diputada Elda Gómez Lugo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan la fracción X del artículo 1o. de la Ley General de Desarrollo Social; la fracción V del artículo 2o. y la fracción VII del artículo 3o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Exposición de motivos
Desde el ámbito legislativo se ha buscado impulsar diversas normas jurídicas para apoyar y establecer los mecanismos necesarios que permitan garantizar los derechos y el desarrollo de la cultura indígena. Lo anterior con el fin de que las autoridades competentes establezcan programas preferenciales atendiendo diversos criterios para mejorar las condiciones de la vida del sector social más desprotegido: los grupos étnicos.
Legislatura tras legislatura se busca implementar políticas y programas institucionales que permitan un pleno desarrollo del sector indígena, proponiendo leyes que permitan su desarrollo en el ámbito de su cultura, tradiciones, artesanías, etcétera. Sin embargo, no nos hemos preocupado por un desarrollo sustentable que dé su acceso a una vida mejor.
México posee una riqueza muy grande en materia de gas natural, y cuya infraestructura de ductos, recorre 28 de las 32 entidades de la República, de las cuales en 17 tienen presencia de viviendas particulares habitadas por población indígena. Existen 2 millones 51 mil 444 viviendas particulares que son habitadas por población indígena y en un millón 279 mil 930 de estas viviendas aún se cocina con leña o carbón. Es decir, el 64.4 por ciento del total de las viviendas no cuentan con suministro de gas.
Ante esta problemática, consideramos que deben elaborar tarifas preferenciales que permitan el acceso del sector indígena a esta fuente de energía, que le permitirá impulsar su desarrollo estructural, abatir su rezago y mejorar sus condiciones de vida.
Es menester dejar de manifiesto que con la estructura que tiene nuestro país sí es posible atender la demanda, cada vez más sentida, de los pueblos indígenas de contar con gas natural a precios accesibles.
Los parámetros existentes no atienden en la realidad al problema de fondo. Si analizamos los aumentos a los que está sujeto el gasto, es claro que se desprotege a los sectores más vulnerables, que no poseen estabilidad de trabajo ni financiera.
Por ello, lo que se plantea en la presente iniciativa es que además de los criterios ya establecidos para fijar los precios, se tomen en cuenta también el nivel económico del sector indígena, ya que sabemos que el origen étnico también coloca en estado de mayor vulnerabilidad a dichas comunidades.
Con esta iniciativa se pretende que las autoridades encargadas de la administración de gas natural y las tarifas que rigen establezcan programas tarifarios preferenciales para la atención del sector indígena.
Se propone que existan programas que atiendan de manera específica a este grupo, mediante los estudios técnicos necesarios de sus necesidades, posibilidades sociales y económicas. Se deben propiciar precios más accesibles para la población, a fin de no afectar los pocos ingresos con que cuentan.
Debemos reconocer que el gas es un elemento que puede mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Es parte ya de la canasta básica, a esto debemos aspirar a que todos los mexicanos, por precaria que sea su situación cuenten con el servicio de gas barato en sus domicilios.
Los subsidios que proporcione el Estado deben destinarse precisamente para atenuar los niveles de pobreza, para ayudar a quienes menos tienen o para aquellas, por diversas circunstancias, se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad.
Por lo anterior, la presente iniciativa pretende el establecimiento de programas específicos y viales, para el apoyo de estos grupos. Programas que deben estar establecidos por las propias instancias del Estado mexicano, a partir de estudios minuciosos que los hagan viables.
Lo importante de la iniciativa es crear la obligación legal de que éstos establezca, establecimiento que puede y debe ser progresivo de acuerdo con las necesidades pero también a las posibilidades reales, con base en lo anterior, se propone lo siguiente:
Proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan la fracción X del artículo 1o. de la Ley General de Desarrollo Social; la fracción V del artículo 2o. y la fracción VII del artículo 3o. de la Ley de la Comisión de Energía.
Artículo primero. Se reforma y adiciona la fracción X del artículo 1o. de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue.
X. Establecer de manera coordinada con las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y en colaboración con la Comisión Reguladora de Energía y Pemex, un Programa Nacional de Tarifas Preferenciales de Gas Natural que permita la incorporación de los grupos indígenas al desarrollo social.
Artículo segundo. Se reforman y adicionan la fracción V del artículo 2o. y la fracción VII del artículo 3o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como sigue.
Artículo 2o. Fracción V. La venta de primera mano de gas natural estableciendo las tarifas preferenciales que determine el apoyo al sector indígena; y las ventas de primera mano de gas licuado de petróleo.
Artículo 3o. Fracción VII. La metodología para establecer los precios de gas natural a que hace referencia el primer párrafo, establecerá tarifas preferenciales para aquellos grupos o sectores indígenas que promuevan su desarrollo. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos y la Secretaría de Energía, mediante acciones coordinadas, realizarán los estudios técnicos necesarios para la ejecución de acciones específicas en el área de sus atribuciones que permitan el desarrollo integral de las zonas indígenas con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.
Palacio Legislativo, con la fecha de este día. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Elda Gómez Lugo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Energía.
Tiene la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso del ciudadano Presidente y de los integrantes de esta Cámara. La privatización y desregulación del servicio de transporte aéreo en nuestro país es una de las tendencias más importantes en los últimos años.
La mayor participación de aerolíneas extranjeras, la flexibilización de las tarifas y de sus rutas y el surgimiento de nuevas aerolíneas, son guías básicas de la operación nacional de autotransporte, lo cual ha originado poco a poco un ablandamiento en las condiciones legales de operación que han propiciado cada vez más un alza en las demandas de los usuarios de las líneas aéreas por mal servicio, culminando esta historia en el fraude de que fuimos testigos hace unos días, en el marco, incluso, de las fiestas decembrinas de la empresa española Air-Madrid, Líneas Aéreas, S.A.
Los lamentables acontecimientos que provocaron este fraude propiciados por esta empresa aérea, sucedieron justamente—como lo comento—en vísperas de la navidad pasada y siguen afectando aún en este momento a muchos de los mexicanos y de los extranjeros que compraron sus boletos de avión. Esto nos hace reflexionar en la necesidad inmediata que se tiene por parte de esta asamblea, de hacer una revisión y análisis de todas y cada una de las empresas aéreas que operan en territorio nacional.
Si bien es cierto, que las aerolíneas que ofrecen servicio de bajo costo, representan una oportunidad a muchas familias mexicanas de poder viajar a destinos que de otra forma, no podrían hacer estos viajes, porque representan gastos excesivos; también lo es, que no se puede operar de manera arbitraria, desorganizada e irresponsable.
Como legisladores debemos asumir nuestro papel para que con nuestras facultades aportemos mecanismos para que a futuro no se vuelvan a repetir estos hechos vividos en el pasado reciente y que lastiman y deterioran la economía de los mexicanos.
Realizando un análisis de la actual industria aeronáutica en nuestro país, podemos advertir una debilidad del auto transporte mexicano. Se observa cada vez más la participación de empresas internacionales prestando servicio desde y hacia nuestro país, más ciudades, tanto nacionales, como extranjeras o internacionales con servicio que cubren regularmente por algunas compañías de auto transporte extranjero.
Este fenómeno se realiza con el crecimiento del número de convenios bilaterales firmados por México, al iniciar el año del 2006 y para que tengamos el dato como referente, se tenías convenios con 37 países, el doble que en 1989.
El objetivo principal de los convenios bilaterales es, precisamente repartir recíprocamente el mercado entre aerolíneas de los dos países involucrados. Sin embargo —como lo vemos en los datos— los más de 22 millones de mexicanos y de extranjeros que han sido transportados en vuelos internacionales, desde o hacia México. En el 2005 sólo 32 por ciento viajó en aerolíneas mexicanas, diez puntos porcentuales menos que en 1989.
Podría decirse que la industria ha venido teniendo una diversificación y crecimiento digno de aplausos. Pero realizando un análisis objetivo, advertimos el peligro de abrir el mercado a industrias extranjeras, a empresas aeronáuticas extranjeras. Y estamos convencidos de que constituye un peligro al abrir el mercado a estas empresas, si no contamos con suficientes garantías legales que protejan a los usuarios de estas compañías y prueba de ello es el fraude realizado en el mes de diciembre pasado.
Incluso se consultó a los directivos de la empresa aérea. En noviembre el periódico Reforma hizo la publicación de una entrevista a uno de los directivos de esta línea aérea Air Madrid y ese ejecutivo dijo que no había ningún riesgo de que esta línea suspendiera su servicio a nuestro país.
Días más tarde nos encontramos con la realidad de que cerca de 100 mil mexicanos habían sido defraudados; habían comprado sus boletos en México o en España para volar en esta línea de bajo costo, con el consecuente fraude que ocasionó el haber suspendido vuelos. Y la línea aérea no se hizo responsable de los gastos que ocasionó a miles de mexicanos estar esperando la forma de poder llegar a la nación mexicana.
Y esto nos lleva también a pensar que el Poder Legislativo en esos días tomó el período de las fiestas decembrinas y prácticamente se quedaron estos cientos de miles de mexicanos en estado de indefensión.
Fue hasta los primeros días de enero cuando la instancia correspondiente del gobierno federal, la Procuraduría Federal del Consumidor, hizo un posicionamiento al respecto. Y creemos que esto avergüenza a las autoridades mexicanas, pero también compromete al Poder Legislativo, del que formamos parte, y que debemos de considerar la posibilidad de hacer que nuestra Ley de Aeronáutica Civil contemple la responsabilidad de asumir por parte de las líneas aéreas extranjeras —y también las nacionales— los costos que significan el estar ofreciendo a un bajo precio los boletos de avión, pero que ocasionan que no se tenga la certeza del horario y del cumplimiento de los vuelos internacionales como es el caso.
Por eso estamos reflexionando que este fraude ha sido posible por la falta en la ley de mecanismos por los cuales las empresas tanto nacionales como extranjeras respondan por los daños ocasionados a los usuarios por el cese de sus operaciones de forma definitiva o temporal sea por cualquiera de los motivos que las empresas señalen como causantes de su cierre de operaciones. No podemos dejar al arbitrio de una compañía el pago de indemnizaciones por incumplimiento del servicio, más aún cuando la propia compañía es causante de ello.
Esta empresa aérea inició sus operaciones en México el 2 de agosto del año 2005 con un vuelo Madrid-Toluca y desde entonces hubo siempre irregularidades en la prestación del servicio. Por eso una situación de esta índole propicia que hagamos esta iniciativa, que la presentemos a este Pleno y solicitamos que sea turnada a la Comisión de Transportes de esta LX Legislatura para su revisión, estudio y análisis y que nunca más vuelva a suceder que más de 100 mil mexicanos sean defraudados —y también extranjeros— por la operación de una línea que no cuenta con las garantías suficientes y que le estamos dando a estas líneas internacionales el crédito de operar en nuestro país, incluso en contra de las propias empresas mexicanas y están incumpliendo con la operación y con el servicio que ofrecen a los nacionales. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Transportes. Tiene la palabra el diputado Abundio Peregrino García, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación.
El diputado Abundio Peregrino García: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
El combate y la prevención de las adicciones debe ser un tema prioritario de la política de salud en México. La ausencia de la formación de una personalidad consciente y segura es una de las causas que junto con otros factores están haciendo que un sector cada vez más importante de la sociedad se esté involucrando en el uso de las drogas.
Sin embargo, tenemos que ser objetivos y señalar que el factor fundamental que está haciendo que las personas consuman cada vez más drogas está asociado a la destrucción del núcleo familiar, producto de un modelo económico que ha provocado el empobrecimiento masivo de las familias porque ha privilegiado la competencia a ultranza y la intensificación de los ritmos de trabajo en las fábricas y el campo. Ésta es una de las razones fundamentales por la que las adicciones han ido en aumento en México y en el resto del mundo en los últimos 20 años.
El aumento de las adicciones ha provocado que desarrollen conductas asociadas a la delincuencia; problemas de violencia en la familia y en el conjunto de la comunidad. Por ejemplo, en años recientes un porcentaje importante de niños entre ocho y 10 años han pasado a formar parte de los adictos al alcohol, cuando antes iniciaban entre los 12 y los 14 años.
Las mujeres con padecimiento de alcoholismo fueron en aumento y abarca también a todas las clases sociales; el consumo de drogas cobró cada vez más víctimas y su incidencia abarca incluso a los niños que se encuentran estudiando la primaria. Es cada vez mayor el consumo de drogas clásicas sintéticas de bajo costo, como el crack, el cristal, las tachas, entre otras, cuyas repercusiones en los adictos son muy graves.
A pesar de que el consumo de drogas, el tabaquismo y el alcoholismo han crecido considerablemente en la sociedad mexicana, la respuesta del Estado a la problemática de las adicciones no es acorde con la dimensión que tomó este problema de salud pública.
Las políticas generales de salud de los gobiernos que hemos tenido, sólo han planteado líneas generales para reducir las adicciones al tabaco, al alcohol y las drogas. Nunca se han articulado programas y acciones gubernamentales que enfrenten de manera radical el combate y la prevención de las adicciones. Incluso las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que se abocaron a atender este flagelo social hicieron más y lograron mejores resultados que las acciones y los programas del gobierno.
Para nadie es desconocido el papel y los resultados que ha producido en el campo del combate al alcoholismo de organismos no lucrativos, como alcohólicos anónimos que ha logrado rehabilitar a un alto porcentaje de quienes se acercan a pedir ayuda para enfrentar esta enfermedad.
El gobierno federal y la sociedad en su conjunto, tampoco alentaron una política que tomara un carácter de Estado para fomentar la integración familiar y la preparación de los padres de familia para que se reforzara a nivel emocional, familiar y social, la relación entre padres e hijos, cuya ausencia es uno de los factores que condicionaron el aumento de las adicciones en un contexto en que la sociedad se complejizaba.
Por lo tanto, el Partido del Trabajo, en su grupo parlamentario, tiene claro que para enfrentar el problema de las adicciones y su prevención debemos construir una política de Estado que involucre a todas las instancias del sector salud, a la sociedad en su conjunto, a la institución en educación superior y al Congreso de la Unión.
Por esa razón, estamos proponiendo la inclusión de una materia que forme parte del plan de estudios de la enseñanza básica que se imparta en quinto y sexto grado de la primaria y continúe en cada año la enseñanza secundaria, donde destaquen las razones que inducen al consumo de drogas, así como su prevención y las repercusiones que tienen en el entorno familiar y en la personalidad física y emocional de los seres humanos.
Por lo tanto nuestra propuesta consiste básicamente en lo siguiente:
Artículo primero. Se adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden el actual párrafo segundo para pasar a ser párrafo tercero y así sucesivamente del artículo 48 de la Ley General de Educación para quedar como sigue
Artículo 48. La Secretaría establecerá como obligatorio en el contenido de los planes y programas de estudio para el nivel básico, la incorporación de una materia que destaca la enseñanza de la prevención y el combate a las adicciones. Dicha materia deberá ser impartida en el sexto y quinto grado de primaria, así como en cada uno de los años que abarca la enseñanza secundaria.
Finalmente, le pido diputada Presidenta de la Mesa Directiva, instruya para que se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta Cámara. Es cuanto. Gracias señores diputados y diputadas.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública de Servicios Educativos. Se pide a la Secretaría, instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia, que hasta el momento hay una asistencia de 440 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal y de la Ley de Radio y Televisión.
El diputado Mario Enrique del Toro: Gracias, Presidenta. Con su permiso. Señores y señoras diputadas, tienen ustedes en la Gaceta Parlamentaria la exposición de motivos y el texto de la propuesta de reforma.
Se trata simplemente de algunos aspectos que considero importante se tienen que reformar de inmediato. Tenemos que darle mayor claridad a nuestras leyes en el marco electoral y de igual forma, con esto vamos a consolidar nuestras instituciones.
En síntesis, esta iniciativa contempla que para las elecciones presidenciales utilicemos la figura de segunda vuelta. Con esto dejaremos a un lado las dudas que existieron en este pasado proceso, dándole mayor certidumbre y claridad a las elecciones y permitiendo que en este país gobiernen, efectivamente, las grandes mayorías.
De igual forma estoy proponiendo la reducción de los tiempos de las campañas presidenciales a dos meses. Todos hemos visto el derroche de recursos. Las precampañas inician desde un año antes y yo considero que en dos meses, a través de los medios electrónicos se puede dar el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos.
La propuesta también contempla la prohibición a los partidos políticos para contratar usos particulares de tiempo de radio y televisión para su publicidad. Éste es el aspecto, el rubro que más costo tiene en una campaña; y de igual forma estamos acotando para que los tiempos oficiales que tienen destinado a las televisoras y la radio, sean utilizados por los partidos políticos para difundir sus propuestas electorales.
Estamos proponiendo que se establezca una prohibición para las denominadas campañas negras o denigrantes. Esto ayudará mucho para que el electorado tenga una claridad en cuanto a propuestas exclusivas y no sobre aquellos aspectos negativos que un partido o candidato tenga sobre otro.
Es importante, lo considero, que tengamos también la acotación para el uso de los tiempos oficiales. Es triste ver que los gobiernos, tanto federal como estatal y municipal, utilizan este tiempo para enaltecer la figura de los gobernantes. Yo considero que aquel gobierno que tiene que exaltar lo que hace es porque la gente no está sintiendo ese beneficio al que hace alusión.
Por eso, estoy proponiendo que los tiempos oficiales de radio y televisión sean utilizados exclusivamente para informar, para orientar acerca de algunos programas, pero nunca más para enaltecer a ningún gobierno ni a ninguna persona que al paso del tiempo, después, vemos que no era tan bueno, no era tan extraordinario como lo quieren pintar en los anuncios televisivos.
Con estas reformas pasaríamos de las invitaciones personales a integrar gabinetes de coalición, a formalizar acuerdos de cara a la ciudadanía, transparentando la negociación política entre las entidades políticas, para que la ciudadanía sepa que los acuerdos tienen que ver con la forma en que se basa el gobierno en las políticas públicas que se van a impulsar para fomentar el desarrollo sustentable.
Yo quiero exhortar a mis compañeros diputados a que en comisiones no vayan a desechar en forma rápida esta propuesta, sino que se haga un análisis a fondo, un estudio profundo y que le entremos a estas reformas. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Justicia y de Radio, Televisión y Cinematografía.
La siguiente iniciativa, agendada por el Partido Revolucionario Institucional, se pospone.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso de la ciudadana Presidenta y diputada; y los integrantes de la Mesa Directiva. El concepto de mandato que nos ocupa, cuando hablamos de revocación de mandato, se caracteriza porque es representativo y obedece a una voluntad general que delega el ejercicio de la soberanía o del poder soberano en un representante o en una autoridad.
Ustedes saben que recientemente en el país se han vivido casos patéticos de gobernantes que han traicionado la confianza del pueblo de México. Pero también tenemos casos patéticos de diputados, de senadores, de regidores, de síndicos, que han traicionado y traicionan la confianza del pueblo de México de manera recurrente.
No quiero poner ejemplos, pero hay muchos casos verdaderamente lamentables y vergonzosos que nos ponen, no solamente al juicio de la población en nuestro país, sino al juicio de la comunidad internacional, como una sociedad que no alcanza su mayoría en la práctica democrática.
Por eso esta iniciativa de revocación de mandato que se presenta ante este pleno, con la petición de que sea turnada a las comisiones tanto de Participación Ciudadana como de Puntos Constitucionales, lleva como propósito el encarrilar hacia la democracia participativa lo que hoy tiene que constituirse como una herramienta fundamental para que nunca más los representantes populares, o quienes tienen la posibilidad de ser gobierno y de coordinar los esfuerzos de los mexicanos en todas las regiones del país, puedan abusar del encargo y de la confianza que les ha sido otorgado.
No son cheques en blanco los que otorga la sociedad mexicana a quienes tenemos el honor y además la responsabilidad de representar, ni tampoco son cheques en blanco lo que le otorga a sus gobernantes la sociedad mexicana.
Vimos en Oaxaca hace dos días nuevamente una movilización masiva de un conflicto que se presenta de manera recurrente porque no está resuelto y vimos cómo pone en evidencia al Estado mexicano y a la carencia de herramientas para tomar decisiones, y no solamente es el caso de Oaxaca.
Pero me concreto a éste porque vimos nuevamente los ríos de gente indignada que camina exigiendo la salida de un gobernador que hoy se siente ya apoltronado en su silla, que no tiene ningún mecanismo la sociedad mexicana, desde luego ninguno la sociedad oaxaqueña, para poder tomar no solamente la justicia, sino la posibilidad de que se revise tanto a esta administración que está en turno, como la anterior, la del autoatentado, la que todos conocemos y de la que nos avergonzamos.
Si nosotros procuramos tener estas herramientas en nuestra legislación, si hacemos el ejercicio y además la posibilidad de revisar cómo en otras latitudes del mundo hay casos en los que este ejercicio de la revocación de mandato impide que estos personajes, que se convierten en gobernantes arbitrarios, en abusadores del poder, en saqueadores el erario público, puedan evitarse si tenemos este tipo de herramientas.
Por eso, con estas herramientas vamos a lograr que los representantes populares y los gobernantes sean más sensibles a las demandas de los ciudadanos y más responsables en sus promesas de campaña como candidatos y en el cumplimiento de las mismas, pues la vigilancia y el control ciudadano tendrán recursos para revocar el cargo a quien no cumpla, como gobernante o como representante popular, con los compromisos que adquiere.
Algo que se podría objetar sobre la revocación del mandato a los titulares de los cargos de gobierno y representación generaría inestabilidad —dicen algunos— en el sistema político y minaría la gobernabilidad y, por ende —dicen—, debilitaría a las instituciones republicanas y el funcionamiento eficiente de los poderes públicos.
Sin embargo, abundan los ejemplos de naciones que han hecho un uso prudente e institucional de este mecanismo y así han elevado la calidad de su democracia, ampliando su legitimidad y consolidando su gobernabilidad en beneficio de la estabilidad y la funcionalidad de sus sistemas políticos.
La validez de la aseveración anterior se comprueba al constatar el amplio y creciente número de países democráticos que han incorporado mecanismos de democracia directa en sus diseños constitucionales.
En América Latina, por ejemplo, durante los tres lustros más recientes diversos países reformaron sus sistemas jurídicos para dar cabida a estos instrumentos legales. De hecho, sólo Bolivia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y México presentan sistemas constitucionales que no incorporan, en el nivel nacional, mecanismos de democracia directa.
La propuesta tiene que ver con una reforma de ley para que la rabia, la frustración, la impotencia que hoy manifiesta el pueblo mexicano ante una nueva clase política pluripartidista, abusiva, insensible, que ve en los puestos públicos como una lotería patrimonial, salvo honrosas excepciones, se canalicen pacíficamente a través de un procedimiento de ley, y el pueblo restituya el valor de su voto.
Ésta es una propuesta que combate otro tipo de fraude electoral que consiste en la defraudación al ciudadano por parte de un político electo que fue a campaña con una oferta política, pero que en la práctica hace lo contrario. Si la ciudadanía con su voto llevó al poder a un personaje y éste no responde, entonces la ciudadanía debe quitarlo también con su voto.
Esto que menciono es que no es posible permitir que malos gobernantes afecten el proyecto de vida de millones de mexicanos sólo porque ya llegaron y no hay forma de quitarlos, y entonces hay que sufrirlos, padecerlos hasta que termine su período.
La revocación de mandato se ha desarrollado como una forma particular de acción política concreta que consiste en la facultad de los electores para revocar el mandato otorgado a sus representantes cuando consideren que los actos de éstos causan perjuicio a la colectividad.
Se le ha definido como el derecho del pueblo, de los electores, para separar a ciertos funcionarios públicos de naturaleza electiva, cuando ellos dejan de inspirar confianza.
La revocación de mandato es el derecho del pueblo para dejar sin efecto al mandato de sus representantes o revocar los actos realizados por éstos en el ejercicio de sus funciones cuando se desempeñan en forma inconveniente o peligrosa para el interés común.
Como objetivos concretos de esta propuesta mencionamos los más importantes de manera concreta, que son: evitar la defraudación al ciudadano cuando un servidor público con representación popular no cumple lo que promete, viola la ley que juró cumplir, no es sensible a los reclamos ciudadanos y no expresa vocación de servicio.
Las consecuencias de la propuesta serían el dar el poder al ciudadano y fomentar su participación en los procesos electorales, obligar a los partidos políticos y a los ciudadanos independientes que participen en la política a elevar el perfil de los contendientes, al igual que el de sus suplentes.
En México es necesario que demos este paso en la búsqueda de restar la distancia entre la ciudadanía y las instituciones de representación y de gobierno. Por ello es fundamental el fomento de la solidez ciudadana para poder transitar de la periódica participación de los votantes en los procesos electorales a la participación ciudadana en un sentido pleno.
Por eso Convergencia somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados sea aprobado el siguiente proyecto que reforma y adiciona a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 1. Se reforman y adicionan los artículo 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o, se adicionan los artículos 1° y 174 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Transitorio único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicitamos sea enviado a la Comisión de Participación Ciudadana y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de Participación Ciudadana.
Esta Presidencia da la bienvenida a los alumnos de la "escuela primaria Ignacio Quiroz Gutiérrez", del municipio de Tlanepantla, y les extiende un afectuoso saludo. Les agradecemos su visita.
Tiene el uso de la palabra el diputado Isael Villa Villa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Isael Villa Villa: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Honorable Asamblea. El suscrito diputado Isael Villa Villa, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto por la que se modifica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones y el acceso a cargos de elección popular para obtener representación política en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Exposición de motivos:
México es un país pluri-étnico donde la población mestiza co-existe con los pobladores que habitan el territorio nacional antes de la llegada de los españoles. Cada uno de estos grupos conserva algunos de sus rasgos culturales precolombinos; se caracterizan por tener formas particulares de organización social, ciclos festivos, tradiciones, costumbres y una lengua propia que los distingue del resto de la población.
De acuerdo con los resultados del segundo conteo de población y vivienda 2005 en nuestro país, residen poco más de 6 millones de personas de 5 y más años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6.6 por ciento de la población de dichas edades.
La mayoría de los hablantes viven en los estados del sur y sureste del territorio nacional, aunque también se encuentran montos importantes en los estados del centro y en los de las costas del Golfo y del Pacífico.
Las entidades federativas con mayor presencia de población indígena, son Yucatán y Oaxaca. Las lenguas indígenas con mayor número de hablantes son el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco y el tzotzil.
Las estadísticas indican que la población hablante de la lengua indígena tiene condiciones sociales más desfavorables que la población nacional en su conjunto, un alto porcentaje monolinguístico, de 12.3 por ciento, en tanto que la tasa de asistencia escolar para los hablantes de seis a 14 años es del 88.7 por ciento, es menor para el total de la población de la misma edad.
El porcentaje de los hablantes de 15 años y más, que no saben leer y escribir, es de 31.7 por ciento, más del triple que el registro para el total de la población en edad, del 8.4 por ciento en su promedio de escolaridad es de 4.5 años y de 3.5 menos que el total de la población de 15 años, que fue de 18 años.
Si bien la década de los 40 marcó para los pueblos indígenas el inicio de una serie de avances significativos en materia de instrucción, respeto, diálogo intercultural y reconocimiento de las diferencias, debemos reconocer que estos avances han sido insuficientes, ya que aún faltan muchas cosas por realizar, para poder garantizar a los pueblos indígenas una vida plena, digna y satisfactoria, en donde abatir el rezago, la pobreza, la marginación y la discriminación de los pueblos indígenas sigue siendo un reto.
Es claro que los pueblos indígenas no cuentan con una auténtica representación en la vida pública del país. El abandono en el campo, el crecimiento de la población y las políticas que el gobierno ha implementado en el medio rural han dado lugar a un éxodo de indígenas en distintos puntos de la República mexicana.
Desde 1992 la Constitución mexicana define al país como nación pluricultural, en reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en su territorio. En este sentido, podemos decir que sólo el desarrollo pleno de los pueblos indígenas se podrá consolidar con la democracia de la nación.
Es por esto que se hace necesario que la Legislatura regule todo lo relativo a los procesos electorales, así como las instituciones responsables de su cumplimiento, que forman parte del sistema electoral del país, puedan ser mejoradas en orden a su perfeccionamiento.
Los partidos políticos, al ocupar un lugar de primer orden en un sistema político democrático como intermediarios entre la sociedad civil y las autoridades, deben cumplir funciones que trasciendan el hecho de representar únicamente candidatos a cargos de elección popular.
En 1998 se recogió una demanda de casi un centenar de comunidades que aspiraban a su propuesta de reforma del derecho a un puesto de elección popular, por ello son las Constituciones y las leyes de los estados, las que en forma natural, deben hacer el reconocimiento de unos y otros, de acuerdo con sus circunstancias particulares.
El racismo y la discriminación racial se manifiestan con actitudes de desprecio y rechazo para los indígenas, los perjuicios en contra de diversos aspectos de su cultura, tales como la espiritualidad, el uso de su idioma y un panorama generalizado de desventaja en el acceso a los beneficios del desarrollo y la participación político-social.
Un ejemplo tangible es que dentro de la naturaleza de su organización y visión, los partidos políticos manifiestan un claro cierre de espacios. Debido a esto sólo se les permite ejercer el derecho a votar, escasamente tienen la oportunidad de ser votados.
En lo que corresponde a la participación política de los pueblos indígenas, el Estado tiene que reconocer que los partidos políticos no han asumido el rol de incorporar con igualdad a líderes indígenas en su estructura interna.
Por lo anterior, es claro que la composición del Congreso de la República no es congruente con la realidad de representación étnica y sociopolítica del país. Asimismo, en la conformación de entes estatales por nombramiento se da, en una forma simbólica y en muchos de los casos no representativos de las justas aspiraciones de los pueblos indígenas.
Esta situación debe atenderse para poder solventar la situación extremadamente difícil en la que se encuentran los pueblos indígenas.
Si bien su realidad ha cambiado paulatinamente, éstos pugnan por el fortalecimiento y ampliación de su participación ciudadana donde el Estado propicie las condiciones para que éstas se den. Sin embargo, sigue prevaleciendo la escasez de participación indígena en instituciones de gobierno, manteniéndose la situación de desigualdad y de discriminación social y opresión.
Actualmente el Estado mexicano enfrenta situaciones adversas como la violencia, la intolerancia y la exclusión social. Estos aspectos que para su superación requieren el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y de los sectores económicos y políticos para dar prioridad a la problemática social y de interés común, así como de una activa y positiva participación ciudadana para avanzar en la construcción de una nación intercultural y democrática que en la construcción de la paz busque su propicio desarrollo y reconozca su diversidad y promueva una cultura de respeto de los derechos humanos de todos los pueblos indígenas.
En cuanto al derecho de votar y ser votado, el cual es un principio constitucional, se avanza en la participación indígena con debilidades de los partidos políticos que limitan la elección de dirigentes indígenas en puestos de elección popular.
Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Único. Se adiciona un inciso t), reconociendo al actual, para quedar como b), al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedando de la siguiente manera:
t) Garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones y acceso a cargos de elección popular para obtener representación política en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Las demás que establezca el código.
Transitorios
Primero. Quedará sin efecto cualquiera de las disposiciones que se oponga al presente ordenamiento.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 6 días del mes de febrero. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia da la bienvenida y extiende un cordial saludo a los alumnos universitarios de la Universidad de San Luis Potosí. Les agradecemos su visita.
Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
No encontrándose en el salón, se pasa al final de este apartado.
Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de Ley de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En base a las facultades que me confieren tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar iniciativa por la que se expide la Ley de Contratos sobre Prestación de Servicios.
El Estado asume, entre otras atribuciones, la de prestar servicios públicos con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas de inversión pública. Es un instrumento idóneo para que el Estado pueda prestar dichos servicios, así como para impulsar el desarrollo nacional, crecimiento económico y fomento a la producción.
Son del conocimiento público los grandes rezagos que nuestro país tiene en materia de infraestructura pública en diversos rubros tales como educación, salud, vías de comunicación, cultura, recreación, deporte, instalaciones portuarias, aeroportuarias, transporte agropecuario, turísticas, entre otras.
Todo ello incide en los niveles de pobreza en nuestro país, así como la falta de empleo y nos otorga bajos niveles de competitividad en el ámbito internacional que nos hacen buscar esquemas que nos permitan financiar dicha ausencia de infraestructura pública.
Ante la falta de recursos financieros ordinarios, la deuda pública se convierte en un recurso para financiar la ejecución de obras públicas productivas. Sin embargo, la contratación de empréstitos al final produce un detrimento al erario estatal; por ello, han surgido otro tipo de esquemas en los que se asocian el sector público y el privado.
Esquemas en los que comparten riesgos y beneficios mediante el desarrollo de infraestructura pública para la provisión eficiente de servicios públicos. Este tipo de esquemas se conocen como asociaciones público-privadas, las cuales tienen su origen en el derecho anglosajón.
Las modalidades de las asociaciones público-privadas que se han empleado en México, son las siguientes: concesiones (proyectos como carreteras, proyectos de agua potable y tratamiento de disposiciones de aguas residuales; proveedores externos; proyectos de inversión con efecto diferido en el registro del gasto público —los llamados Pidiriegas, empleados por Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos; arrendamiento financiero y, proyectos para la prestación de servicios a largo plazo.
El objeto de la presente ley es regular los PPS, por lo que resulta imprescindible profundizar en dicha materia.
Los PPS tienen su origen en el Reino Unido. A partir de 1992 se empezaron a desarrollar bajo el nombre de iniciativas de financiamiento privado. La Organización de las Naciones Unidas ha recomendado instrumentar como un mecanismo jurídico-financiero viable los llamados PPS.
En este sentido, ya son más de 50 países en todos los continentes que están aplicando los PPS y muchos de ellos ya cuentan con una ley que regula los mismos; entre los que destacan diversos países con los que México tiene afinidad tanto en el sistema jurídico, como por sus relaciones de carácter comercial. Tales países son como Italia, Chile, España, Francia, Brasil, Polonia, República Checa, entre otros.
Nuestro país ha previsto los PPS tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. A nivel federal, mediante el Acuerdo por el que se establece las reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública en marzo de 2003 y actualizado en abril de 2004. Asimismo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hacen referencia a los PPS.
En el ámbito local los estados han optado por reformar su marco jurídico de manera integral para regular también los PPS. Estados en los que se ha avanzado en esta materia son los siguientes: Oaxaca—que es el estado, la entidad federativa pionera en esta materia—, Baja California Sur, Guerrero y el Estado de México. Entidades como Durango, Nayarit y Sonora ya tienen nuevas disposiciones que permiten esta asociación del sector público con el sector privado.
Los PPS se materializan a través de los contratos de servicios, los cuales involucran recursos de varios ejercicios fiscales y son celebrados entre una dependencia o entidad de la administración pública federal y un inversionista proveedor.
Mediante esto se establece la obligación a cargo del inversionista proveedor, de prestar servicios a largo plazo, uno o más servicios con los activos que éste construya ahí. Por la otra, la obligación del pago por parte de la dependencia o entidad, por los servicios que le sean proporcionados.
Lo que es importante destacar es que una vez que se proporcionaron los servicios de construcción y/o equipamiento de la infraestructura, la dependencia o entidad contratante pagará al inversionista proveedor de acuerdo al desempeño de los mismos, y éstos se registrarán como gasto corriente. De tal forma que no constituyen deuda pública y éste es uno de los instrumentos más importantes para que ahora en día el gobierno pueda fomentar realmente el desarrollo a través de este tipo de esquemas que nos permitan generar los empleos que la sociedad está demandando.
Sólo de esa manera podremos hacer realidad esa exigencia de muchos jóvenes que no encuentran trabajo. Sólo con este tipo de inversiones donde se asocia el capital público y el capital privado podremos dar respuestas a estas inquietudes.
A través de los PPS los riesgos que le corresponden al Estado en el cumplimiento del diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento de los esquemas tradicionales como obra pública, son transferidos al sector público.
Así las cosas, los beneficios que otorgan los PPS son múltiples; entre ellos se encuentran los siguientes:
El mejoramiento en la prestación de los servicios públicos al intervenir inversionistas con experiencia en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura, así como generar condiciones favorables de competencia.
Se generan también oportunidades de inversión para los empresarios.
Las dependencias y entidades podrán cumplir de manera más eficientes las funciones y responsabilidades que le tienen asignadas.
Incremento en el empleo con el que se fortalecerá la fuerza laboral.
Se alienta también la inversión y un uso más eficiente de los recursos.
Se reducen o eliminan los retrasos y sobrecostos que comúnmente aquejan al desarrollo de proyectos públicos.
Se modera el impacto presupuestario de proyectos públicos.
Por lo anterior, es necesario expedir una ley que regule los proyectos de producción ya que si bien es cierto que estos proyectos están previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, únicamente tales ordenamientos hacen referencia a los PPS, pero no los regulan.
Importante es que podamos regular los mismos. Al regularse los PPS en una ley, se garantiza el cumplimiento de las obligaciones de las partes involucradas. Los riesgos se disminuyen y se fomenta la transparencia contractual, entre otras razones, por la participación conjunta del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el sector privado.
Asimismo, al preverse legalmente los PPS se consigue aprovechar la eficiencia, experiencia, diseño y medios de infraestructura y financiamiento del sector privado que hasta ahora no se ha explotado.
El objetivo de la presente ley, compañeras y compañeros, que proponemos al Congreso, es regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, formalización, ejecución y control de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal y los órganos constitucionalmente autónomos en los que no se contraponga a los ordenamientos legales que rigen. Asimismo la citada ley excluye de su aplicación las áreas estratégicas como el petróleo, el gas y la electricidad.
De esta manera compañeras y compañeros diputados, creo que podríamos contribuir de manera muy importante al problema que enfrenta hoy en día nuestro país que es la falta de inversión pública para poder generar la infraestructura y los empleos que la sociedad está demandando.
Por su atención, muchas gracias y pido a la Presidencia que se inserte en el Diario de los Debates la presente iniciativa que hemos dado a conocer a los miembros de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Jorge Godoy Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Godoy Cárdenas: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.
En nuestro país el cuidado ambiental ha ido en aumento formando ciudadanos más conscientes de la importancia de contar con un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar —esto lo consagra la Constitución en su artículo 4o.—, así como de preservar y usar sustentablemente los recursos naturales a través de lineamientos como el reuso, reciclaje y reducción del consumo de productos que utilizan a diario y cuyos efectos en el ambiente crean un sinfín de problemas alternos.
Desde 1984 el reporte de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro Común, definió el término de desarrollo sustentable y desde entonces gran parte de las acciones de la cotidianeidad y el lineamiento de las políticas de desarrollo han retomado este concepto. Así, diversos países como los inmersos dentro de la Unión Europea han ido incorporando criterios de sustentabilidad dentro de sus unidades administrativas a nivel federal y local.
En México esta inquietud quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, donde se estableció que el medio ambiente es un tema prioritario, una convicción de gobierno y un requerimiento ético y comercial de la nueva convivencia internacional. Dentro de esta nueva cultura de sustentabilidad, uno de sus componentes se ha reflejado en lo concerniente al consumo y destino tanto de bienes como de servicios.
Ante esta tendencia, desde hace unos años la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha instrumentado el Programa de Consumo Responsable de Materiales de Oficina dentro de las entidades de la administración pública federal, cuyo objetivo es crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones en todos los niveles y sectores, incorporando en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco de desarrollo sustentable.
Si bien es cierto que la Cámara de Diputados no está considerada como una unidad de la administración pública, los lineamientos propuestos y los programas que han implementado y considerado dentro del programa de la Semarnat, bien puede ser instrumentado dentro de este recinto generando beneficios tanto en el corto como en el largo plazo.
La Cámara de Diputados, al igual que las diversas dependencias federales, es un gran consumidor de bienes y servicios que, debido a las características de los mismos y el nivel de consumo y la materia de hacer uso de ellos, ejerce una importante presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país.
En la actualidad las prácticas de consumo y el quehacer cotidiano de la administración de los Poderes de la Federación son insustentables. En general se puede hablar de que existen cinco grandes consideraciones sobre las cuales se debe realizar la gestión ambiental dentro del recinto legislativo. Éstos serían:
El manejo de los residuos sólidos; el ahorro y uso eficiente de energía y la posible introducción del uso de equipos eficientes o alternativos; ahorro del agua; impacto de las actividades normales del recinto al entorno y, finalmente, generación de una cultura y formación ambiental en todos los que laboran en la Cámara.
El manejo integral de los residuos sólidos tendría como propósitos fundamentales el reducir, reusar y reciclar el papel y ciertos residuos sólidos que se consumen en la Cámara, con la finalidad de disminuir los impactos negativos sobre los recursos naturales y el medio ambiente, ante la exigencia de hacer más eficientes las actividades que se realizan dentro del recinto de la Cámara de Diputados.
Debemos de incorporar la idea de sustentabilidad mediante el uso eficiente de los recursos y desechos, toda vez que se reducen costos y se obtiene un ahorro en un corto y mediano plazo.
Por otra parte, existe el grave problema del ahorro y uso eficiente de energía en las diversas secciones de la Cámara; a manera de ejemplificar podemos ver que el gobierno federal consume alrededor del 30 por ciento de la energía que se produce en este país.
Entre los principales consumidores están las empresas que generan energía: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza, las cuales hacen enormes esfuerzos en sus procesos industriales generadores de energía para ahorrarlo, maximizarlo y utilizar su consumo.
Sin embargo, existen programas como el programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal, creado por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, en donde se estimula y capacita a dichas instituciones para facilitar el objetivo de ahorro de energía.
Desde su implementación en 1999, el programa de Ahorro de Energía en la Administración Pública Federal ha logrado reducir un 20 por ciento el promedio de consumo de electricidad en los inmuebles registrados, que representan un ahorro por más de 471 millones de pesos.
Un buen ejemplo de los logros obtenidos por la Conae son los ahorros de energía logrados en la administración pública federal en el 2004, que permitieron reducir en 140 mil las toneladas de bióxido de carbono emitidos a la atmósfera, lo que ayuda a mitigar los efectos de cambio climático, mismo que representa el mayor desafío ambiental del siglo XXI.
Es así que el ahorro de la energía significa un aspecto indispensable para avanzar al desarrollo sustentable, debido a la disminución de contaminantes que conllevan. Dentro de la administración pública existen programas de uso eficiente y racional de agua, que buscan fomentar una cultura de conservación y ahorro de agua entre los servidores públicos, empleados y visitantes de los edificios públicos federales.
Promover y difundir la aplicación de medidas efectivas como reparación de fugas, instalación de dispositivos y equipos ahorradores de agua, medición de abastecimiento, consumo de agua y hábitos en el uso del agua, que permitan usar de forma más eficiente el manejo ambiental de este recurso, a partir de mejorar su gestión en las dependencias y entidades federales.
Disminuir el impacto ambiental causado por el consumo excesivo o el desperdicio de agua potable y planear y llevar a cabo acciones dirigidas a reducir el consumo de agua potable en edificios públicos federales para alcanzar en el mediano plazo consumos per cápita de agua potable, conforme a los estándares internacionales. Esto es menos de 40 litros por empleado al día.
A fin de que estas acciones puedan ser aplicadas y adquirir un carácter de sustentabilidad, es necesario establecer y definir políticas y lineamientos ambientales para que se apliquen en los procesos operativos y en la toma de decisiones de la Cámara, así como promover una cultura de responsabilidad ambiental en los servidores públicos que contribuya al uso eficiente, racional y responsable de los recursos materiales.
Con el objeto de mejorar el desempeño ambiental y los impactos que este recinto ejerce en su entorno, estas experiencias exitosas dentro de la administración pública bien pueden ser aprovechadas y adaptadas para ser implementadas por el recinto legislativo, aun cuando éste no es considerado como una unidad integrante de la administración pública.
La Cámara de Diputados no puede ser ajena a la conservación de los recursos naturales y debe ser partícipe de la sustentabilidad de la economía del país. Es así que el objetivo de la presente iniciativa es la creación de una unidad de gestión ambiental, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados.
El objetivo general de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Cámara de Diputados sería el integrar una cultura de consumo y aprovechamiento sustentable por parte de los servidores y gente que labora en las instalaciones, a fin de disminuir el impacto negativo al medio ambiente y al entorno, generado por las actividades cotidianas de la Cámara.
En este sentido, los objetivos específicos de la Dirección General de Gestión Ambiental serían:
Fomentar una cultura de uso, reuso y reciclaje de materiales de oficina y de desechos de restaurante; fomentar una cultura de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica y agua en las instalaciones; propiciar la sustitución de materiales poco amigables al ambiente por materiales biodegradables; generar mayores espacios de áreas verdes dentro de la Cámara; generar consciencia ambiental dentro de los servidores y gente que labora en la Cámara; proponer programas de beneficio ambiental en las zonas aledañas a la Cámara; constituir e implementar el programa de consumo responsable de materiales de oficina, energía y agua en la Cámara de Diputados.
Por tanto, y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue
Artículo 51. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los siguientes servicios:
Del a) al g) quedan como están.
Se integra un inciso h) donde quedaría: servicios de gestión ambiental que comprenden los de aspecto de manejo de residuos sólidos, fomento de uso de energías alternativas y ahorro de agua, disminución del impacto negativo al medio ambiente y entorno, generado por las actividades cotidianas de la Cámara de Diputados; capacitación y formación ambiental.
Solicito a esta soberanía se inserte el texto íntegro en el Diario de Debates. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Mendoza Cortés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Instituciones de Crédito, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y del Banco de México.
El diputado Mario Mendoza Cortés: Con el permiso de la Mesa. Honorable Asamblea.
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento ante esta soberanía iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley del Banco de México.
Debido a que la iniciativa aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, me permito exponer algunos motivos:
Esta reforma es fundamental porque la ley actual no protege a los usuarios de servicios financieros, ya sea por problemas en la operación de las propias instituciones o por el abuso en cobros indebidos.
Hoy en día se ha detectado que las instituciones financieras están realizando cobros indebidos que les generan ganancias incalculables, en perjuicio de sus usuarios. Y nuestro marco jurídico que reglamenta la actividad financiera no contempla la figura de responsabilidad civil objetiva que propicie la indemnización de los daños y perjuicios causados a los usuarios por estos cobros indebidos.
Los bancos han convertido el cobro de comisiones en una de sus principales fuentes de ganancias. Éstas son de las más altas que se cobran, en comparación con países como Estados Unidos o Canadá, quienes son nuestros principales socios comerciales. Y aún mucho más altas que países como Gran Bretaña, donde el poder adquisitivo es más de 10 veces en promedio, comparado con el nuestro.
Por ejemplo, la comisión anual por el uso de tarjeta de crédito en el Reino Unido es de aproximadamente 55 pesos y en el nuestro asciende a la cantidad de 540 pesos promedio. Esto quiere decir que pagamos 10 veces más por el mismo servicio. Paralelamente, pero el sentido adverso, ganamos 10 veces menos que en esos países.
El abuso al consumidor por parte de las instituciones crediticias se da de muchas maneras y a través de acuerdos no explícitos en los contratos y que debieran ser gratuitos. Hoy día tienen costos muy elevados.
Usar los servicios financieros indispensables, como consultar el saldo o disponer de efectivo en tarjetas de crédito en cajeros de red, es todavía más alto que en otros países de donde son matrices los bancos que nos brindan este mismo servicio.
Por ejemplo, en el HSBC de Gran Bretaña al realizar un retiro en cajero de red no se cobra un solo peso; sin embargo acá en México al realizar la misma operación se vienen cobrando 17 pesos. Esto es ilógico, pues si bien es cierto en México les abrimos las puertas a los inversionistas, porque tenemos una economía en desarrollo, no podemos permitir que nos cobren comisiones por todo, incluyendo servicios que no recibimos y eso es responsabilidad también de nosotros los legisladores.
Los pagos que realizamos por comisiones en nuestro país son excesivos en todos sus rubros. No existe un cobro o comisión y esto, además de los que se presentan, también debo decirles que existen cobros excesivos en la cuota anual de tarjeta de crédito, comisión de cheques, comisión de los cheques que son devueltos, entre otros.
Actualmente, el Estado no cumple con la tarea de regular con imparcialidad la actividad financiera, debido a que las instituciones que tienen a su cargo la vigilancia de las actividades bancarias, carecen de facultades para imponer sanciones. Es lamentable que ante tales circunstancias el marco jurídico actual no imponga a los bancos la obligación de indemnizar a sus usuarios por los daños causados.
Ello propicia que los banqueros no pongan especial interés en evitar esos abusos. Los ciudadanos no tenemos medios prácticos de defensa, estamos imposibilitados de exigir a que se le indemnice por los daños que se les causa.
Según datos de la Condusef, en el período que va de enero a agosto de 2006, se solicitaron 68 mil 400 asistencias técnicas relativas a quejas por diversos cobros indebidos impuestas ante la institución de crédito.
Evidentemente son demasiadas las inconformidades en contra de las instituciones que al no existir procedimientos jurídicos-prácticos, los usuarios prefieren abandonar el trámite, olvidarse y en consecuencia esto significa que el banco, con todas su anchas, pueda hacer de las suyas. Por tal motivo propongo que las instituciones tengan la obligación de implementar procedimientos rápidos y simples para la atención de las quejas de los usuarios.
Hay que señalar que no existe un prescribimiento breve en el cual se resuelva a favor del usuario y se proceda a la indemnización por parte del banco por estos excesos. Por tal motivo se establece en nuestra propuesta que la Condusef vele por los derechos de los ciudadanos, usuarios y el cumplimiento exacto a la brevedad de la indemnización a que se tenga derecho; es decir, que se sancione a los bancos que no lo hagan a tiempo y forma.
El objetivo de la iniciativa es establecer mecanismos para resolver el problema del cobro indebido, para lo cual propongo que todo cargo indebido derivado de un crédito al consumo inmediatamente producirá un interés legal.
En el caso de que el cobro indebido se hubiera producido por malicia o por negligencia de la institución financiera, el usuario tendrá el derecho a la indemnización. Es necesario establecer mecanismos que regulen enérgicamente los cobros, que día con día están imponiendo los bancos, sobre todo porque los servicios que prestan no justifican.
Por eso hay que otorgar facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, para ejecutar las sanciones que se impondrán a los bancos que lleven a cabo estas prácticas, así como establecer la indemnización a que tiene derecho el usuario con base en lo señalado por esta propuesta de ley.
Señores legisladores, compañeros todos, debemos establecer las normas que fomenten la responsabilidad de los bancos frente a la ciudadanía, para que no comentan abusos que causen daños y prejuicios en la economía familiar de los usuarios y que, en caso de hacerlo, paguen las indemnizaciones correspondientes, además de que dejen de centrarse en enriquecerse mediante los cobros injustos, pero además excesivos.
Para un mejor soporte de la exposición de motivos, permítanme comentarles una experiencia propia. En el mes de agosto pasado, acepté llenar una solicitud de tarjeta de crédito en uno de los tan recurrentes módulos de ventas, de esos que se ubican en los centros comerciales o en las entradas de los bancos. En ese módulo llené mi solicitud de tarjeta, ingresé mis números de teléfono, la información de mi domicilio y mi firma donde solicito una tarjeta de crédito al Banco Santander.
Al día de hoy no he recibido ninguna notificación, ni siquiera ha recibido la aprobación de esta tarjeta, ni siquiera una llamada; sin embargo, por el contrario, sí he recibido una notificación en donde tengo que pagar un total de 258 pesos por el servicio anual. Mientras tanto, no conozco ni siquiera la tarjeta. Ésta es precisamente la prueba más contundente de los excesos que los bancos provocan hacia los ciudadanos.
Es una arbitrariedad. Eso que somos diputados. Un ciudadano común ni siquiera tiene derecho a decir nada y, para evitar trámites, prefiere dejar las cosas como están. Compañeros diputados, es momento de que volteemos los ojos, atendamos estas irregularidades.
Cabe destacar que pregunté constantemente al banco el estado que guardaba mi solicitud y no supieron darme una sola razón, pues nunca me dieron copia, ni siquiera número de folio, ni un número de teléfono. Lo busqué por mi medio, hice las llamadas correspondientes, y lo único que me dijeron es que cuanto tuvieran aprobada mi solicitud los ejecutivos del banco me llamarían. Estoy en espera de esa llamada.
¿Qué significa esto, señores? Esto significa que los bancos, para caso concreto del Banco Serfín, tienen una perfecta organización, una logística detallada y vigilada; tienen excelentes métodos que incluyen la excesiva promoción de las tarjetas en puntos específicos, en oficinas, para asfixiarnos con llamadas telefónicas. Un excesivo despliegue de personal para inundar los sitios públicos con promotores de plásticos suficientemente capacitados para convencernos del beneficio de una tarjeta.
Todo esto es con un solo fin: el de realizar un robo, porque es eso, un robo, un fraude, porque así se llama lo que hacen estas personas. Una tarjeta que nunca recibe uno, uno no puede al rato estar pagando por algo.
Los usuarios del día de hoy somos robados por los bancos al realizar los pagos de los servicios que hemos recibido. Somos sentenciados y no podemos argumentar en nuestra defensa, pues los dueños de los bancos tienen toda la protección de la ley, sí, pero al ciudadano quién lo protege, y las leyes se hacen aquí, en esta Cámara. Por eso, compañeros, los invito nuevamente a que encaminemos este esfuerzo y dictaminemos a favor.
Los bancos, al igual que muchas organizaciones en este país, sí pueden llamarnos para vender, sí pueden llamarnos para presionar a comprar, sí pueden llamarnos para inundarnos con sus promociones. Ah, pero no pueden llamarnos para decirnos que nuestra solicitud ha tenido éxito.
Señores, es momento de que esto se termine, es momento de que pongamos los ojos en esta demanda tan importante que una multitud de ciudadanos estamos realizando.
Compañeros del PAN, compañeros del PRD y compañeros de mi partido, del PRI, y de las demás fracciones, los exhorto a que juntos saquemos esta tarea. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mario Mendoza. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 191 de la Ley del Seguro Social.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado federal por el II Distrito de Ahome, del estado de Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente
Exposición de motivos
La seguridad social ha sido considerada como un derecho humano básico en la Declaración de Filadelfia, de la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene una profunda repercusión en todos los sectores de la sociedad. Este derecho está confirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
La seguridad social en México, en relación con el nuevo sistema de pensiones y de ahorro para el retiro de 1997 ha causado polémica respecto a su eficacia en virtud de que el Estado —según el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución General de la República— consagra el derecho de los trabajadores a seguros de invalidez, de cesantía en edad avanzada y retiro, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería, así como cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores.
Dichos seguros y servicios han quedado establecidos en la Ley del Seguro Social la cual, según el mismo mandato constitucional, es de utilidad pública siendo oportuno el señalar que con el nuevo sistema de pensiones de 1977 se privatizó el servicio de seguridad social consistente en la administración de los recursos para el retiro de los trabajadores por empresas privadas denominadas Administradoras de Fondo para el Retiro —las famosas Afore—, servicio que tradicionalmente siempre ha estado a cargo del Estado por su finalidad eminentemente social y de interés público.
Actualmente operan 17 administradoras de las cuales, al cierre de junio del 2006, los recursos totales del Sistema de Ahorro para el Retiro en México alcanzaron un valor de más de mil 90 millones de pesos que equivalen al 12.38 por ciento del producto interno bruto.
Por la administración de la cuenta individual, estas Afore cobran comisiones que son de dos tipos a saber: sobre flujo y sobre saldo, que han alcanzado un crecimiento de 0.03 puntos porcentuales durante el primer semestre del año pasado, aumentado de 0.24 a 0.27 por ciento. Esto según datos obtenidos del informe presentado por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro de fecha 28 de agosto de 2006 ante esta soberanía.
La problemática de este tipo de sistemas no termina con la distribución del ahorro de sus afiliados pues existe a su alrededor otra gran dificultad. Tanto en la cuenta concentradora como en las propias Afore existen depósitos de dinero inactivos de más de tres millones de trabajadores que no están cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social porque cambiaron de sistema de seguridad, porque trabajan en forma independiente o porque ingresaron a la población activa informal cuyo crecimiento es cada día mayor.
El manejo de estas cuentas inactivas implica trabajos y costos, razón por la cual se cree que es justo que se cobre la comisión por su administración, aunque ello signifique que vaya disminuyendo el monto acumulado del ahorro del trabajador a la fecha en que se dejaron de realizar estas aportaciones.
Siendo una política equivocada del sistema el permitir que las Afore tomen las comisiones del fondo inactivo acumulado de los trabajadores, pues aunque no reciban nuevas aportaciones sus ahorros siguen trabajando y generando ingresos.
El riesgo de cobro de comisiones se traduce en que con el transcurso del tiempo absorban el patrimonio acumulado del trabajador y al llegar a la edad en que fija la ley —65 años— para poder realizar su retiro de esta misma Afore, no tendrán nada que retirar y todas aquellas aportaciones hechas cuando fue activo resultan beneficiar a estas mismas administradoras.
Lo anterior significa que existen trabajadores que no han cumplido 65 años y que han dejado de cotizar al Instituto porque se encuentran desempleados y sin la posibilidad jurídica de retirar el total de su saldo de la cuenta.
Debe quedar claro que es dinero del trabajador y que éste puede y debe disponer del mismo cuando lo considere conveniente conforme a sus necesidades, pues resulta injusto e ilógico que una persona que no tiene empleo no pueda disponer del monto total del dinero que acumuló en la cuenta de Afore bajo el argumento de falta de edad requerido por la ley, pues la pretensión inmediata del trabajador es obtener su dinero para subsistir y luego pensar en una pensión.
Por lo que en virtud de ello, el presente proyecto de iniciativa propone otorgar el derecho optativo al trabajador que se encuentre en su puesto aludido a fin de elegir entre seguir cotizando al Instituto o retirar la totalidad de lo acumulado en su cuenta de la Afore, según convenga a sus intereses, pues en este último caso se entiende que se ha convertido en un trabajador independiente y por ende cotizará al Instituto y en consecuencia no tendrá la atención que establece la ley.
Con la finalidad de salvaguardar derechos sociales contemplados en la Ley del Seguro Social pero de forma colateral preservar garantías de la libertad de decisión de las personas, la iniciativa que hoy presento se enfoca a dar certeza jurídica al trabajador desempleado, que de manera independiente realiza actividades, sin estar sujeto a una relación laboral, a fin de restituirle en el goce de su derecho de disponer del saldo total de su cuenta administrada.
De conformidad con lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social.
Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona una nueva fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 191. Durante el tiempo que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral tendrá el derecho optativo de
Fracción III. Retirar el total de su saldo acumulado en la Afore correspondiente cuando trabaje de forma independiente.
Esperando que las Comisiones aprueben esta iniciativa, y a su vez, cuando corresponda a este Pleno. Ya no podemos ni debemos permitir que las grandes instituciones financieras y extranjeras además, sigan manejando a su antojo el dinero ajeno que es propiedad de los más necesitados, recordándoles que su producto es el ahorro de ellos mismos.
Solicito respetuosamente esta participación sea parte del Diario de los Debates. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Octavio Vargas Landeros. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán del grupo parlamentario del PRD para presente iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado Presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Vengo a presentar como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la siguiente iniciativa que reforma los artículos 32,33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal con fundamento en la normatividad de este Congreso de la Unión y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la siguiente
Exposición de motivos
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social fue incorporado a la Ley de Coordinación Fiscal mediante decreto que reforma y adiciona el Capítulo V denominado De los fondos de aportaciones federales publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de diciembre de 1997. Entró en vigor el 1 de enero de 1998.
Es de mencionar que el FAIS se integra por el Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, cuyos antecedentes se encontraban en los recursos del Ramo 26 Superación de la Pobreza, los cuales se destinaban a proyectos sociales, la generación de empleos e impulsar las actividades productivas de las zonas y grupos de mayor pobreza.
Actualmente el FAIS forma parte del Ramo 33, Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, el cual tiene relevancia para los gobiernos locales, ya que representa una fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.
No obstante lo anterior, el Distrito Federal sigue en la actualidad excluido del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por lo que ahora se propone su incorporación. Con esta acción se ha excluido a los habitantes pobres y a las zonas marginadas del equipamiento y la infraestructura que mejoraría el desarrollo comunitario.
Un asunto que ha preocupado a los legisladores es que desde su creación en 1998, la población del Distrito Federal no ha recibido los beneficios que la entidad aporta a la Federación; y a partir de esa fecha ha dejado de percibir por este conducto cuatro mil 250.1 millones de pesos, necesarios para la creación de infraestructura básica, medular para el desarrollo económico y social de la entidad y que con justificada razón le corresponden.
Adicionalmente, el Distrito Federal —donde más de 16 millones de mexicanos conviven diariamente— de acuerdo con el conteo de población y vivienda de 2005 realizado por el INEGI tenía un total de ocho millones 720 mil 916 residentes habituales, de los cuales 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento, hombres. Dicha población representa el 8.4 por ciento de los 103.3 millones de habitantes que conforman el total nacional.
No obstante, la Ciudad de México fue excluida de las reformas de 1999 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el argumento de no ser estado, es decir, por la falta de soberanía de la entidad. Si bien la propia Constitución Política tiene otros alcances, en cuanto a lo que considera como municipio.
Por tal motivo considero que la presente iniciativa justifica que en la Ley de Coordinación Fiscal se contemple el derecho del Gobierno del Distrito Federal a participar, desde el próximo ejercicio fiscal, de los recursos que contempla el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
En efecto, dentro de los objetivos de estos fondos se establecen al menos dos condiciones que son cubiertas a plenitud por el Distrito Federal: la satisfacción de requerimientos y obligaciones financieras de las entidades y la atención a necesidades en materia de seguridad pública, por un lado, y el reparto que establece como indicador al número de habitantes por entidad federativa, por el otro.
El Distrito Federal concentra a más del ocho por ciento de la población nacional, es decir, cerca de nueve millones de mexicanos. También es la de mayor concentración de actividades económicas y de población con sueldos menores a dos salarios mínimos. Según datos del Gobierno del Distrito Federal, el 46.1 por ciento de la población recibe hasta dos salarios mínimos.
Si a esto se le agrega el que la inversión pública requerida en materia de servicios, mantenimiento y expansión ha ido en aumento y va en razón directa tanto de la población flotante como la permanente, queda suficientemente motivada la inclusión del Distrito Federal en el FAIS.
Es de mencionar que el ramo 33 se encuentra integrado por diferentes fondos de aportaciones federales, mismos que tienen un destino específico establecido en la propia Ley de Coordinación Fiscal y son los siguientes:
1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mismo que se distribuye a través de dos fondos:
a) Fondo para la Infraestructura Social Estatal, y
b) Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
5. Fondo de Aportaciones Múltiples.
6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Cabe destacar que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable, según la estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para ese ejercicio.
Del total de la recaudación federal participable, el 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197 por ciento, al Fondo para la Infraestructura Social Municipal. El Fondo de Aportación para la Infraestructura Social debe ser destinado exclusivamente, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a lo siguiente:
a) Financiamiento de Obras.
b) Acciones Sociales Básicas.
c) Inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en los siguientes rubros:
1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Es decir, en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva rural, y
2. Fondo de Infraestructura Social Estatal en lo que se refiere a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.
No obstante lo anterior, el FAIS sólo se ha distribuido en los 31 estados de la República Mexicana y sus municipios, ya que en la Ley de Coordinación Fiscal, cuando se cita a los beneficiarios del fondo, se indica a los estados y sus municipios, sin mencionar de forma expresa al Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales; lo cual no es justificación suficiente, para que no se le considere en los recursos federales en comento. La capital del país no recibe un solo peso, por ese concepto.
Diputados integrantes de anteriores Legislaturas han presentado iniciativas en este sentido, argumentando que en la capital existen más pobres que habitantes en algunos estados. Por ejemplo, Baja California Sur, donde sí los benefician con el FAIS, mientras que el Distrito Federal y sus 800 mil habitantes de escasos recursos están sin captar un monto aproximado de 400 millones de pesos anuales. Entonces, quien no recibe esos apoyos es la gente más pobre del Distrito Federal y son discriminados dos veces: primero, por ser pobres y después por ser habitantes del Distrito Federal.
En este sentido, para que al DF se le otorguen recursos por estos conceptos es necesario reformar la Ley de Coordinación Fiscal y que se incluya al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales como beneficiarios del fondo citado.
Es por ello que la asignación de recursos del FAIS al Distrito Federal resulta un acto mínimo de justicia social, que redituará en beneficio directo de más de 800 mil mexicanos de muy escasos recursos que habitan en la capital del país y que coadyuvara a mejorar su calidad de vida y así poder estar en igualdad de condiciones con los habitantes del resto de las entidades del país.
Pido a la Mesa Directiva se incorpore íntegro el texto de la presente iniciativa y que se realice el turno correspondiente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Villanueva. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se pospone la iniciativa que había sido inscrita por el diputado José Luis Aguilera Rico. El siguiente punto del orden del día es la lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales. Publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es: dictamen a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura al encabezado.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al encabezado. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el que solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua un informe pormenorizado y actualizado sobre el estado que guarda el revestimiento del canal Todo Americano.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se ha registrado para la discusión de este dictamen el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez; tiene la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Con su venia señor Presidente. Este punto de acuerdo que ha sido ya aprobado en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es un tema antiguo, un tema viejo, de la relación bilateral México-Estados Unidos.
Éste es un caso claro en el cual una medida que toma un país afecta al otro. Por más que se diga que son medidas internas en su país; que son medidas soberanas; ya en este mundo actualizado no se puede asegurar que haya medidas que sólo se toman al interior de los países y que no tienen repercusión en otros.
El año 2007 ha sido calificado como el año del cambio climático, el año en el cual se van a producir grandes transformaciones en la tierra por efectos del calentamiento, en la medida en que no han avanzado los acuerdos del Protocolo de Kioto, que limitaban la emisión de gases invernadero que están afectando gravemente el calentamiento de la Tierra.
Pero también así como hay medidas globales, también hay este tipo de cuestiones como el canal Todo Americano, cuyo revestimiento está afectando gravemente la desembocadura del Río Colorado. Como ustedes saben, este río atraviesa varios estados de la Unión Americana, hay un conjunto de presas que lo van limitando, la más grande es la presa Hoover, que está en Nevada, cerca de Las Vegas. Este conjunto de presas hace que, después de este canal Todo Americano, que ya lo que llega al golfo de Cortés, el Mar de Cortés sea mínimo, y esto está provocando un conjunto de fenómenos ecológicos y por lo tanto sociales. Los pescadores del Mar de Cortés están dejando de tener ingresos, de poder pescar por esta afectación ecológica.
Nosotros necesitamos presionar muy fuerte al gobierno de Estados Unidos en esta materia para que se suspenda el revestimiento del canal Todo Americano. También —y esto ya lo hemos discutido aquí, en el Pleno de la Cámara de Diputados— están medidas como la construcción del muro fronterizo, que no solamente va a tener efectos políticos, sociales, económicos, sino también ecológicos.
Ya se ha demostrado aquí que la construcción del muro tiene efectos también ecológicos. Ya empezó la construcción del muro, ya van 15 kilómetros en la frontera de Sonora y Arizona. Éste es un tema que va a tratar la comisión de diputados que va a estar en Washington el jueves, con la nueva directiva demócrata, el tema del muro, el tema migratorio.
Pero regresando a este tema, creo que es muy importante que vayamos un poco más allá.
Estando de acuerdo con el dictamen y con el punto de acuerdo, me parece que en la misma exposición de motivos se asienta que ya hemos hecho propuestas, exhortos, notas diplomáticas, reuniones bilaterales; comisiones binacionales, etcétera, etcétera, y no hay avance.
Incluso se habla aquí que en el 2004 se integró un Grupo de Trabajo Interinstitucional que aborda este tema y nuevamente vamos a hacer acciones, pedir a los secretarios que informen y una vez que esté este informe vamos a tomar acciones.
Yo creo que ya llegó el momento en que necesitamos pasar a este tema de las acciones. Hay un conjunto de tribunales internacionales, está el Tribunal de La Haya; hay un conjunto de tribunales en materia ecológica también, al cual podemos acudir y es el momento en que este tipo de temas dejémoslo ya de tratar por la vía de los exhortos, de reuniones de trabajo, de notas diplomáticas y podamos hacer acciones más efectivas.
De otra manera, compañeros, lo más fácil es aprobar tal cual está el texto; sin embargo, creo que va a tener muy poca efectividad, va a tener muy poca concreción y no vamos a poder realmente avanzar en este tema que está perjudicando gravemente a los agricultores, desde el Valle de Mexicali hasta la desembocadura, hasta el delta del río Colorado, ya en el Mar de Cortés.
De tal modo que si bien hay que aprobar en su totalidad el punto de acuerdo, tengamos en cuenta, compañeras y compañeros, que es un llamado a misa, que mientras no se tomen acciones efectivas en tribunales internacionales, mientras no acudamos a otro tipo de acciones, vamos a seguir aprobando este tipo de medidas que no tendrán —repito— ninguna concreción si no hacemos acciones por la parte mexicana del gobierno, del Congreso, más efectivas, que repercutan directamente en la solución de este grave problema. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sandoval. Tiene la palabra la diputada Dolores Manuell Gómez Angulo, del grupo parlamentario del PAN.
La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: Con su venia, señor Presidente. Coincido plenamente con el diputado que me antecedió sobre este problema. Es tan grave como el muro que quieren poner nuestros vecinos del norte para que los latinos no vayan a buscar fuentes de trabajo para subsistir.
Es tan grave que quieren detener la inmigración de 100 especies de aves que están en peligro de extinción. Aparte dejarían en la bancarrota a todos los agricultores del Valle de Mexicali, a los pescadores que residen también —como dice el diputado—.
También reafirmo que esta soberanía, no nada más quede en puntos de acuerdo, sino que se manifieste enérgicamente y se tomen acciones concretas, severas, porque ya estuvo bueno de que nos estén pisoteando, que se tomen este tipo de decisiones unilaterales.
No podemos permitir acabar con todo un municipio, como es el de Mexicali. La economía depende en gran parte de la agricultura. No podemos tampoco permitir que nuestras aves que emigran del país de Canadá, acaben con ellas. A ellas no se les pueden poner barreras ni se les pueden poner muros, por eso estoy 100 por ciento de acuerdo en este punto de acuerdo propuesto por su servidora; pero también —repito— acciones concretas en contra de estas arbitrariedades unilaterales que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado, sin tomar en cuenta el daño y ni siquiera la opinión que tenemos como vecinos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Dolores Manuell. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Se recibió de los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Cristián Castaño Contreras, del grupo parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Gobernación, informe, reconvenga al Partido Político Español Izquierda Unida, por su intervención en el estado de Oaxaca. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia, analicen y presenten sus comentarios sobre la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones.
La diputada Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Comunicaciones; a nombre de los integrantes de dicha Comisión de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Que exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia, para que en el ámbito de sus competencias, analicen y presenten ante esta soberanía sus comentarios para enriquecer la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C, 30-D, 30-E y reforman los artículos 12, 18, 38 y 70 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para ser incluidos en el dictamen que a dicho efecto tenga a bien elaborar la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión basada en los siguientes
Considerandos
Hago referencia al proyecto de dictamen de adiciones y reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones presentado el 17 de octubre de 2006 por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El documento en comento ha causado gran revuelo en el medio legislativo pues, en efecto, propone normas que no pueden ser analizadas a la ligera pues podrían cambiar en su totalidad la dinámica del sector telecomunicaciones y los relacionados en nuestro país.
Me permito llamar la atención de esta Honorable Cámara de Diputados a que durante el receso entre el primer y segundo períodos ordinarios de sesiones, observamos una intensa actividad política alrededor del proyecto de dictamen de la citada iniciativa.
Es importante señalar el largo camino que hemos recorrido de la mano de una política de telecomunicaciones que ha apuntado en todo momento en la dirección de la innovación tecnológica y la competitividad tanto para el sector como para la economía mexicana en su conjunto. Este avance derivó de un importante proceso de reforma emprendido de manera conjunta por el Poder Ejecutivo y Legislativo hace más de una década.
Gracias a ello, las inversiones en el sector telecomunicaciones totalizaron cerca de 22 mil millones de dólares en sólo ocho años. Hago mención de esto pues las áreas de oportunidad para una agenda legislativa en telecomunicaciones que impulse a nuestra economía hacia nuevos niveles de competitividad son enormes.
Es importante evaluar los efectos de lo anterior en nuestras vidas y en la capacidad de las empresas mexicanas que tan destacadamente compiten en el exterior y que son fuente generadora de empleo. Cabe recordar que mientras en 1990 en México sólo contábamos con acceso limitado a telefonía básica, celular y radiotelefonía, actualmente dichos servicios están al alcance de millones.
Ahora el mercado ofrece una variedad expansiva de servicios como banda ancha, ADSL, redes de datos, redes corporativas desagrupadas, acceso inalámbrico a Internet desde teléfonos celulares y todo tipo de innovaciones que amplían nuestro potencial competitivo. Esto no significa que la tarea esté terminada, sino por el contrario, nos hace más conscientes de lo enorme de nuestras responsabilidades.
A saber, la coyuntura que nos ofrece la nueva economía en un mundo globalizado, ha multiplicado la escala de los mercados para los países capaces de darse a los medios para llegar a ellos. Sin embargo, lo anterior viene acompañado de un entorno mucho más competitivo y vanguardista; es decir, las oportunidades para los empresarios mexicanos y para la creación de empleos han aumentado de manera importante aunque la competencia es ahora también de clase mundial.
Por lo tanto, nuestros competidores no están aquí; no son los fabricantes vecinos ni los legisladores de otro partido, son las empresas y los legisladores de otras naciones que trabajan para crear las mejores oportunidades competitivas que les permitan triunfar en los mercados internacionales.
No obstante, lo que nos ocupa no sólo incide en el bienestar de los usuarios. Por el contrario, el tema de las telecomunicaciones, en particular de las satelitales, repercute decisivamente en las posibilidades de creación de riqueza y bienestar de las naciones. En otras palabras, haciéndonos más competitivos los sistemas de telecomunicaciones de los distintos países, resulta determinante en el modo de vida al que aspiran sus habitantes.
Para ilustrar la importancia de lo anterior en nuestro país, basta mencionar que en los años de crisis económica recurrente, como en 1982, el comercio internacional de México representaba sólo el 17.5 del producto interno bruto. En la actualidad, conforme los medios para llegar a los mercados internacionales ha mejorado nuestro comercio con el resto del mundo, supera el 65 por ciento.
Pero si bien esto representa un gran avance para México, también nos plantea un formidable reto: a fin de que las empresas mexicanas sigan mejorando su desempeño, requieren certidumbre respecto a que contarán con un sector telecomunicaciones en continúa expansión, con un entorno altamente competitivo y que busque permanentemente implementar los beneficios de la innovación tecnológica. Esto sólo nos puede traer beneficios a todos los mexicanos.
Por tal motivo, es de vital importancia asegurarnos de que cualquier modificación que se proponga en la materia, se busque mantener el rumbo elegido y acelerar el proceso que brevemente hemos ilustrado aquí. Es por ello que está en el interés de los diputados de Acción Nacional asegurarnos que cualquier reforma que aprobemos para el sector nos siga impulsando en la dirección correcta.
Para tal efecto, resulta oportuno comentar que los mexicanos nos hemos dotado de instituciones que pueden ayudar a garantizar que nuestras acciones como legisladores estén fundadas en opiniones técnicas al más alto nivel. La Cofetel es la encargada de que México se encuentre a la vanguardia de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información con acceso, diversidad, calidad, mejores precios y cobertura en todos los servicios en un ambiente competitivo y convergente.
Por su parte, la Cofeco es la encargada de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia. Los principales beneficiados de esto somos los consumidores —es decir, todos los mexicanos— pues se promueve una mayor diversidad de opciones en servicios a menores precios. La competencia incrementa también la eficiencia de las empresas y tiene un alto impacto en la competitividad internacional de México.
Por ello, y en virtud de que somos los responsables de garantizar que el ritmo de crecimiento y diversificación del sector siga elevando los estándares de vida de los mexicanos y expandiendo sus posibilidades a la par de la plataforma de infraestructura tecnológica con la que cuentan nuestras empresas para hacer frente a sus competidores internacionales, a nombre de los diputados de Acción Nacional que suscribimos, me permito presentar ante esta honorable Cámara de diputados el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen y presenten ante esta soberanía sus comentarios a la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C, 30-D, 30-E; y se reforman los artículos 12, 18, 38 y 70 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para enriquecer el dictamen que a dicho efecto tenga a bien elaborar la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Adriana Dávila Fernández. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada, comuníquese. Tiene la palabra el diputado Daniel Dehesa Mora, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica en el estado de Oaxaca.
El diputado Daniel Dehesa Mora: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo a instruir, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a reclasificar a las bajas, las tarifas eléctricas de uso doméstico y comercial en los municipios de la Cuenca baja del río Papaloapan, del Estado de Oaxaca, al tenor de los siguientes
Motivos
Con base en lo establecido en el artículo 7° de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria en el artículo 27 constitucional, se dispone prestar el servicio de energía eléctrica con carácter social.
Desde 1992, en que fue modificada inconstitucionalmente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el comportamiento de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad ha sido distinto y contrario a lo establecido en la Constitución.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero del año 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, "Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuir el subsidio a las tarifas domésticas". Generando un nuevo sistema de tarifas para consumo doméstico más cara en un 187 por ciento que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial afectando al 100 por ciento de los usuarios.
En virtud de lo anterior y refiriendo que en la Cuenca baja del río Papaloapan funciona la hidroeléctrica Miguel Alemán y la presa Miguel de la Madrid, llamada también Cerro de oro, que es abastecedora de la misma, la cual genera energía eléctrica que incluso se exporta a países de Centroamérica; y para la construcción de ambos proyectos, pobladores de nuestra región fueron desplazados de estas tierras de primera a tierras de segunda y tercera categoría.
Por lo tanto, no es lógico que en las zonas se aplican tarifas más altas que en otros lugares de la República.
Que los habitantes de los municipios de la Cuenca baja del río Papaloapan, del estado de Oaxaca, como San Miguel Soyaltepec, Acatlán de Pérez Figueroa, Cosolapa, Loma Bonita, Valle Nacional, San José Chiltepec, y San Juan Bautista, Valle Nacional, son afectados gravemente en su economía al pagar altos costos por el consumo de energía eléctrica, consecuencia de las altas temperaturas que durante la mayor parte del año presenta la región y que oscilan entre 32 grados y 42 grados centígrados en promedio anual y el bajo subsidio con el que cuentan.
Que el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de las secretarías de Energía, Minas, Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía.
Que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas.
Que la población de los distintos estados de la República se ha manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.
Que la población, sobre todo de escasos recursos, requiere de una mayor sensibilidad para que se les cobre de forma justa y no con recibos que están imposibilitados de pagar.
Que no existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía, sino que exigen tarifas justas, de acuerdo a lo que consumen.
Por lo anterior, nos permitimos proponer un
Punto de acuerdo
Único. Se solicite al titular del Ejecutivo federal para que, con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 fracción V de la Ley de Planeación, y artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las secretarías de Energía, Economía y la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico y comercial para los municipios antes mencionados y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los 30 grados centígrados, y asimismo informen a esta Honorable Cámara de Diputados los criterios económicos, poblacionales, geográficos, climatológicos o de cualquier otra índole bajo los cuales han sido definidas las tarifas del decreto del 7 de febrero de 2002.
Es cuanto, señor Presidente, y que inscriba se en el Diario de los Debates en forma original. Muy amable. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Daniel Dehesa. Insértese íntegra en el Diario de los Debates la propuesta del diputado.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Sonido a la curul de la diputada Manuell.
La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Nada más para, si no tiene inconveniente el grupo parlamentario que presentó este punto de acuerdo, en que se me tome en cuenta y también inscribirlo y sobre todo una pequeña enmienda que diga "30 grados centígrados promedio en época de verano", ya que Comisión Federal de Electricidad promedia anualmente y pocas regiones cumplen con los 30 grados centígrados promedio.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pediría que la presente por escrito. Sonido a la curul del diputado Daniel Dehesa Mora.
El diputado Daniel Dehesa Mora (desde la curul): Señor Presidente. El grupo parlamentario del PRD está de acuerdo con la propuesta de la compañera diputada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias. Al diputado Carlos Toledo, del PRI, sonido a su curul.
El diputado Jorge Toledo Luis (desde la curul): Para respaldar el punto de acuerdo que ha presentado el diputado Daniel Dehesa, la fracción parlamentaria del PRI nos sumamos a esta exigencia. En ocasiones las comunidades tienen que decidir para ver si consiguen alimento o pagan la luz y en ese sentido por supuesto que nos sumamos a este punto.
Desde las reformas de 2002 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se han incrementado las tarifas hasta en un 200 por ciento y por supuesto que en ese sentido respaldamos este punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Del Río Virgen, de Convergencia.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente, si usted me lo permite, subiré a apoyar esta proposición, pues incluso traigo un posicionamiento igual para el estado de Veracruz. Como es prácticamente lo mismo, le ruego me permita subir para apoyar en pro el asunto del diputado Daniel Dehesa Mora.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado. Tiene usted la palabra. Vamos a anotar a los que están pidiendo la palabra.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Vengo en nombre de Convergencia a apoyar el punto de acuerdo del diputado por el distrito de Tuxtepec, Oaxaca, Daniel Dehesa Mora, que pone un tema sensible para la economía de todos los mexicanos.
Muchos diputados hemos venido a esta tribuna y hemos pedido que la Comisión Federal de Electricidad vea las condiciones económicas en que viven las comunidades de la zona indígena. Queremos que la Comisión Federal de Electricidad observe cómo vivimos en estados con temperaturas promedio de más de 30 grados, como es el caso de Veracruz.
Nosotros queremos que este Pleno de diputadas y diputados, nosotros buscamos que la fuerza que tienen los diputados —legal y constitucional— sirva para obligar a la Comisión Federal de Electricidad y también a la Comisión Nacional del Agua, y como lo planteo en el punto de acuerdo que iba a presentar pero como es el mismo tema lo voy a evitar; pero lo que sí no puedo evitar es decirles que el norte de Veracruz, desde Martínez de la Torre hasta Pánuco, pasando por el distrito de Papantla, sus ocho municipios de la sierra y los municipios de la costa, Tecolutla y Gutiérrez Zamora, me pidieron que pusiéramos este punto de acuerdo para que la fuerza legal de los diputados obligue ya de una vez por todas a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua, a bajar las tarifas eléctricas.
Nos afecta económicamente. Nos afectó el incremento con 50 centavos a la leche, nos afectó el incremento a la tortilla, nos afectó el incremento al frijol, nos afectó el incremento al huevo, nos afecta el incremento, lo costoso que es la energía eléctrica para comunidades tan pobres, tan olvidadas del desarrollo.
Hoy, aquí en este recinto, hay ocho comunidades del municipio de Papantla que viven alrededor del Tajín. Son hijos del Tajín, vienen de ahí sus mayores, siempre han estado ahí y sin embargo no han tenido la posibilidad de desarrollo; ni siquiera tienen energía eléctrica algunas comunidades.
Por eso mismo, diputadas, diputados, vengo a pedirles que voten este punto de acuerdo del diputado Daniel Dehesa Mora. Que apoyen para que las comunidades y los municipios que comprenden a Martínez de la Torre, al Higo, Ozuluama, Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tempoal, Chalma, Chiconamel, Chinampa de Corostiza, Chontla, Citlaltepetl, Ixcatepec, Platón Sánchez, Tamalin, Tantima, Tantoyuca, Tepetzintla, Benito Juárez, Chicontepec, Huayacocotla, Hilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlán, Castillo de Teayo, Temapache, Tihuatlán, Cerro Azul, Naranjal, Amatlán, Tamiahua, Tancoco, Tuxpan, Cazones de Herrera, Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo, Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán y, por supuesto, Papantla y sus comunidades, así como Nautla, Tlapacoyan y Vega de Alatorre sean beneficiadas con una tarifa que vaya acorde con lo que Veracruz además produce.
Produce todos los tipos de energía, todos: eólica, nuclear, la hidroeléctrica y la termoeléctrica y tiene tarifas que verdaderamente ofenden a todo el pueblo de Veracruz.
Compañeras y compañeros diputados. Vengo a pedirles en nombre de mis paisanos los veracruzanos y también de los oaxaqueños —como aquí se ha dicho— que las tarifas sean reclasificadas por supuesto que a la baja, para ayudar a la economía empobrecida de estas personas. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias diputadas y diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias del diputado Del Río. Le pregunto al diputado Del Río que tenía inscrito este asunto más delante ¿la va a volver a presentar o está satisfecho? Gracias diputado Del Río. Y esta Presidencia saluda a las personas que vienen del municipio de Papantla, Veracruz, vecinos de la zona aledaña a la zona arqueológica de El Tajín.
Tiene la palabra el diputado Pedro Montalvo del grupo parlamentario del PRI… Sonido a la cultural del diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Tonatihu Bravo Padilla (desde la curul): Señor Presidente solamente para preguntar. Escuchamos que se abría a discusión el punto pero no que se sometía a la votación del Pleno.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Todavía no está a votación, está a discusión, están participando en la discusión del mismo.
El diputado Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias muy amable.
El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso Presidente. Hemos escuchado el punto de acuerdo y que en verdad todas las bancadas puestas para apoyar este asunto. El día 12 de diciembre del año pasado, aquí en tribuna su servidor subió también especialmente para hablar de los 50 municipios más pobres del país, ya ha habido la reflexión en las zonas más marginadas del país, metiendo a varios municipios hablando del tema nacional.
Hace unos días se publica la intención buena del Ejecutivo, "con respecto de mandar 50 pesos en apoyo y subsidio a las familias de las zonas más desprotegidas", sin embargo, sea mi intervención para señalar, más que otra cosa la realidad de lo que vivimos y no como un asunto de grilla partidista.
Los 50 pesos que le van a llegar a la familia necesitada, se pulverizan en el momento en que le llega el recibo de la energía eléctrica, a la familia que pagaba 200 pesos y que tiene que pagar 400 o mil.
Yo por eso subo aquí para proponer, que verdaderamente estos puntos de acuerdo que hemos discutido, que hemos analizado se vayan a comisión y se le dé la legalidad correspondiente, para buscar una salida estructural del país, donde la reclasificación de las tarifas vaya de acuerdo al nivel de marginación, a la posibilidad que cada estado tiene y sobre todo, insisto, la marginación, considerando y tomando el fomento de la industria y del empleo, que también es el tema que se debe de tratar en esto.
Por eso nos sumamos a este punto, pero valga mi intervención para buscar de una vez por todas, el reordenamiento de las tarifas de energía eléctrica para este país que si, insisto, es necesario tenerlo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Montalvo. Sonido a la curul del diputado Carlos Felton del PAN.
El diputado Carlos Felton González (desde la curul): Gracias diputado Presidente. Para sumarme a la propuesta que han venido haciendo nuestros compañeros diputados de incluir el estado de Sinaloa y dejar algo sobre la mesa. Yo creo que este tema de las tarifas de comisión es un tema que se ha estado discutiendo por muchos años y difícilmente hemos logrado por parte de Comisión Federal o por parte de Hacienda algunos avances en este sentido, yo quisiera proponerle a mis compañeros diputados, que exploráramos la posibilidad de que la Cámara de Diputados fuera la que fijara las tarifas de Comisión Federal de Electricidad.
Lo dejo sobre la mesa como un tema que pudiéramos explorar en esta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Felton. El punto propuesto y es entendible la preocupación de diputados de otras entidades federativas para que se tomen en cuenta situaciones como éstas. Sin embargo, el punto de acuerdo es muy específico, referido a los municipios de la cuenca baja del río Papaloapan, tanto del estado de Veracruz como de Oaxaca. Entonces el agregado hecho por la diputada Manuell… a ver, sonido en la curul de la diputada.
La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Sí, y a entidades que tengan temperaturas promedio en época de verano arriba de los 30 grados centígrados, o sea, seis meses del año.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tengo aquí su propuesta por escrito que dice. "… los estados de Oaxaca y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan de 30 grados centígrados promedio en época de verano".
La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Así es, señor diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con este agregado que ha sido aceptado por la proponente, consulte la Secretaría a la Asamblea… Sonido a la curul del diputado Samuel Aguilar.
El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): Gracias, Presidente. Como usted perfectamente sabe, hay zonas o regiones del país que no están precisamente encuadradas en el concepto de entidad. Usted de manera personal conoce el caso concreto de la región lagunera, que no podría quedar especificado en esos términos si queda el concepto de entidad, dado que se estaría hablando del estado de Durango o del estado de Coahuila y no precisamente de la región que tiene altísimas temperaturas, como es el caso de la región lagunera.
En ese caso preciso, le suplicaría que pudiera quedar el agregado de "entidades o regiones", para que de esa manera pueda abarcar a otro tipo de zonas geográficas del país que tienen esta misma problemática.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunto al promoverte si acepta el agregado en donde dice: "… en aquellas entidades o regiones…" tal como lo solicita el diputado Aguilar.
Sonido a la curul del diputado Daniel Dehesa.
El diputado Daniel Dehesa Mora (desde la curul): Señor Presidente, en los estados y regiones, lo que dijo el compañero Samuel Aguilar, estamos completamente de acuerdo que sea en todas aquellas entidades que ya se mencionaron.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aceptadas las propuestas, consulte la Secretaría a la Asamblea… Sonido en la curul de la diputada Elia Hernández.
La diputada Elia Hernández Núñez (desde la curul): Diputado Presidente, es nada más para sumarme a la propuesta del diputado Dehesa. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Sonido a la curul del diputado Lizaola.
El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre (desde la curul): Atendiendo al orden de ideas, las tarifas eléctricas ya están por regiones en todo el país. Existen ocho regiones que la Comisión Federal tiene establecidas y ya está por regiones. Lo anterior nada más para que se contemple, en la parte de entidades, que ya hay ocho regiones en el país establecidas para tal efecto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Sonido en la curul del diputado Sergio González.
El diputado Sergio González García (desde la curul): Sí, atinadamente lo que decía la compañera, de lo que puso en el acuerdo por Nayarit, me voy a referir a lo que dice el compañero. Están ocho regiones, pero no bien especificadas, o un estudio socioeconómico como se debe de hacer. Yo me refiero al municipio de San Blas, ocho municipios que tiene Nayarit en la zona norte que colindamos con Sinaloa, y nosotros tenemos una tarifa más alta y somos vecinos de Sinaloa, por eso quiero que se contemple en la tarifa D-1 Nayarit, de los seis meses que hablaba la compañera, que sean los dos meses.
Por eso la preocupación y que hemos hecho un proyecto que lo metimos a la Secretaría de Hacienda, no aquí pero lo estamos haciendo de la misma forma pidiéndoselo, con un proyecto bien especificado, porque tiene ocho zonas la Comisión, pero nos está matando lo que decía el compañero Virgen, donde producimos mucha energía eléctrica en Nayarit y somos los más golpeados. Ojalá y nos contemple también a la zona norte de Nayarit en ese punto de acuerdo que pusieron. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse… Sonido en la curul del diputado Víctor Sánchez.
El diputado Víctor Sánchez Trujillo (desde la curul): Con el ánimo solamente de puntualizar, señor Presidente. De la propuesta que hiciera nuestra compañera, en el promedio de los grados centígrados puntualiza que es en el mes de junio y evidentemente no todos los estados tienen esa puntual de temperatura de acuerdo a una época del año, sino en los meses del año. Sugiero solamente que sean los 30 grados en alguna época del año y no necesariamente tan sólo en junio.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: La propuesta es en la época de verano.
El diputado Víctor Sánchez Trujillo (desde la curul): A final de cuentas, verano contempla determinados meses del calendario y habemos estados donde esos excesos de temperatura no necesariamente lo tenemos en verano sino en primavera, señor Presidente. En alguna época del año en esa temperatura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Mayans.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Señor Presidente, para que se incluya al estado de Tabasco en esto. Pero además, si el compañero Dehesa estaría de acuerdo que se pudiera contemplar el nivel de humedad en las tarifas de electricidad en todo el país.
El factor humedad incrementa la temperatura hasta tres y cuatro grados. Entonces, el estado de Tabasco es un estado que verdaderamente es un infierno en épocas de mayo y todo lo que es el verano. Entonces, ésa sería mi participación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mayans. Sonido a la curul del diputado Enrique Cárdenas, del PAN, del PRI, perdón.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (desde la curul): Nada más para corregir Presidente. Soy del PRI y a mucho orgullo. Sé que se va a casar y ahorita no piensa bien, pero soy del PRI. Quiero nada más pedir también y unir a Tamaulipas y sobre todo, en el distrito de Mante y Xicotencátl. Ahí tenemos temperaturas de 50 grados y tenemos hasta la fecha tarifas de la B y estamos solicitando la D, y esto es para que se pueda unir a la propuesta que está ahí. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes, del PT.
El diputado Jaime Cervantes Rivera (desde la curul): Solamente para poner también de manifiesto que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se suma al punto de acuerdo, con los agregados que han hecho algunos diputados de reconsiderar el tema de algunas regiones del país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Félix Holguín, del PAN.
El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): Presidente, únicamente para sumarnos a esta propuesta por parte del estado de Sonora donde hay un clima bastante, bastante alto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Holguín. Sonido a la curul del diputado Sergio Hernández.
El diputado Sergio Hernández Hernández (desde la curul): Solamente para enfatizar que si cada uno de los diputados pudiéramos hacer uso de la palabra en este momento nos sumaríamos indudablemente a esta propuesta. Yo creo que es conveniente concluir este punto pero sí quisiera llamar la atención en algo.
Yo veo puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, una y otra vez. Sería importante que realmente los puntos de acuerdo —con todo respeto— no fueran llamados a misa nada más, sino que realmente la sociedad pueda ver resultados concretos del trabajo de los diputados. Hoy veo aquí a todas las fracciones parlamentarias sumados a este punto.
¿Quién puede estar en contra de que bajen las tarifas eléctricas en aquellos lugares que son terribles para poder vivir? Y yo les diría, la Huasteca hidalguense, ninguno de los que están aquí resistirían en verano estar en ese lugar. Pero así podríamos hablar de Matamoros y del norte de Sonora, de cada una de las regiones de nuestro país.
Yo creo que debemos de concluir este punto, pero que efectivamente, la Comisión correspondiente vaya a fondo, que no quede en un documento que suscribamos los diputados, sino que haya seguimiento a esto porque realmente ya es mucho lo que se ha sacrificado a nuestro país con tantos incrementos y no es justo que los diputados quedemos callados, que solamente quedemos en la parte declarativa. Ojalá vayamos a fondo ya.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sergio Hernández. Yo quisiera decirles, porque hay todavía tres diputados más, a los que siguen. Vamos a —una vez que se aprobará este punto de acuerdo— mandar la versión estenográfica a las autoridades correspondientes, de todos los comentarios de ustedes. Sonido a la curul del diputado Emilio Flores, del PAN.
El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Pues igualmente para reiterar sumarnos a esta propuesta por parte de los diputados del estado de Chihuahua, porque si bien Chihuahua no tiene un clima húmedo, es un clima seco, pero tenemos temperaturas también arriba de los 40 grados varios meses del año y es imperante también que la tarifa nos sea benéfica al estado de Chihuahua. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Martín Ramos, del PRD.
El diputado Martín Ramos Castellanos (desde la curul) De igual manera este asunto que tiene que ver con las tarifas eléctricas, yo creo que es un reclamo histórico que han hecho diferentes regiones y entre ellas como diputado federal del estado de Chiapas, también nosotros queremos que Chiapas también sea beneficiado con esos acuerdos que logremos aquí en la Cámara de Diputados.
Pero sí ciertamente enfatizamos, hace algún tiempo el diputado federal Moisés Dagdug de Tabasco, hizo un punto de acuerdo también, que aprobamos todos por unanimidad, que era en referencia a los trabajos, a los requerimientos de los estados en relación a las tarifas eléctricas y sí consideramos que hoy que hay unanimidad en este punto de acuerdo pudiéramos nosotros realmente hacer un trabajo que satisfaga esas necesidades y esas propuestas que estamos haciendo en los estados.
Porque por mucho esfuerzo que han hecho algunos gobiernos estatales no hemos logrado conciliar con Comisión Federal de Electricidad que tengamos una tarifa que la gente la vea como justa, ya que también ha sido causa de muchos conflictos sociales que todavía siguen algunos vigentes en diferentes regiones.
Ante ello sí exhortaría a todos los diputados federales a que pudiéramos hoy dedicarnos a ese trabajo y poder llegar a obtener una tarifa justa en diferentes condiciones de cada una de las regiones de los diferentes estados de la República.
Yo consideraría que es algo que está esperando la ciudadanía y yo espero que esta LX Legislatura tiene capacidad para dar esa respuesta que está esperando nuestra gente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramos. Sonido a la curul del diputado Diego Aguilar, del PRI:
El diputado Diego Aguilar (desde la curul): Señor Presidente, yo creo que todos hemos sido coincidentes y no puede centralizarse la cosa. Todos los estados tienen diferentes tarifas. Debe ser un acuerdo unánime de todas las fracciones. Sinaloa es uno de ellas también. No podemos dejar fuera a ningún estado.
Yo creo que todas las fracciones, que sea un acuerdo coincidente para que todas las tarifas que sean distintas, que tengan una mejoría. Ya la misma gente, las diferentes campañas son planteamientos que permanentemente hacen, lo que son las tarifas eléctricas.
Yo lo pongo a consideración. Todos pueden ser coincidentes. Que saque un punto de acuerdo usted, señor Presidente, donde todas las fracciones firmen ese documento y se haga la gestoría necesaria.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Aguilar. Sonido a la curul de la diputada Sofía Castro.
La diputada María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero (desde la curul): Para incluir al estado de Yucatán en la propuesta, por favor. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Sonido a la curul del diputado César Duarte. Adelante, diputado Duarte.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente. Quise y solicité la venia de la dirección de esta Asamblea, porque me parece un tema fundamental y que no dudo que la iniciativa presentada por el compañero diputado tenga una razón original de sus representados, de sus regiones y que es un reclamo que vemos en el mosaico nacional, en que todos queremos que nuestros electores nos vean que también pedimos una buena tarifa para nuestros estados.
Pero desgraciadamente este tipo de puntos de acuerdo pasan a ser sólo una buena intención; una buena opinión de los diputados que nos hacemos presentes solicitando para Sonora, para Chihuahua, para Sinaloa, para Baja California y todos coincidimos en una cosa, que hay un trato injusto —desgraciadamente— respecto del ingreso de las familias, respecto de las actividades económicas al valor que hoy se nos entrega la energía.
Porqué no le entramos de lleno y de fondo al tema. Porqué no atendemos el tema de las tarifas como un tema que tiene que ver con inducir verdaderamente el patrimonio de la nación que son los energéticos, para activar por una parte las cadenas productivas y aligerar el costo de la vida y el gasto que tienen las familias.
Por qué no reclamamos y presentamos una iniciativa unánime como hoy se pone en el tema de bajar en cada uno de los estados, porqué no nos planteamos a traer las facultades de las tarifas eléctricas y de los servicios que prestan las paraestatales, ya que esta Cámara destina en sus ingresos y en sus egresos los recursos para que estas instituciones funcionen.
Por qué dejamos sólo al Ejecutivo sólo esa facultad exclusiva de atender las tarifas. Entiendo que tiene que ver con un paso más allá, pero no podemos permanecer al margen —como lo hemos hecho como Poder Legislativo— en un tema tan sensible a la economía del país, al desarrollo del país, a seguir a un lado y solamente levantar la voz cuando hay un punto de acuerdo, cuando hay un reclamo o cuando hay una manifestación en nuestras regiones.
Es un tema que tenemos que ir porque le duele a la gente en este momento el incremento a las tarifas eléctricas, le duele a la gente el incremento a las gasolinas, al diesel y se convierte en un peso extraordinario para la inactividad económica.
Qué ha sucedido con el esquema —y vayamos al tema ideológico— qué ha sucedido con el esquema en las tarifas de la energía para el campo. Muy sencillo; Comisión Federal de Electricidad aspira a tener números negros, es cierto, pero a base de dejarle los números rojos a los productores del campo. El déficit y el mal servicio de esas instituciones se las han venido endosando a los productores que los tienen compitiendo, desgraciadamente…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Me permite, diputado César Duarte. ¿Con qué objeto, diputado Minjares?
El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde la curul): Nada más si le pudiese preguntar al orador si me permite una pregunta.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Con todo gusto, señor diputado.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde la curul): Muchas gracias. Diputado Duarte, evidentemente en las plataformas de todos los partido traíamos este tema, nada más sobre el particular me gustaría conocer si tiene usted más o menos idea, si en estos momentos tuviésemos esta facultad y esta posibilidad de disminuir las tarifas eléctricas, más o menos de cuántos miles de millones de pesos estaríamos hablando y de qué partida del Presupuesto tendríamos que quitar para poder completarlo.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Desgraciadamente en el tema económico siempre nos han llevado al terreno del costo y no efectivamente de una política de Estado que induzca al desarrollo. Hemos planteado una y mil veces aquí que los costos de la energía y sobre todo los gravámenes fiscales que se le dan a la energía son una losa que se le impone al productor antes de producir.
Estamos pagando impuestos antes de tener un rentabilidad y funciona exactamente al revés la economía y es lo que queremos hacer sentir a esa política neoliberal, que la política económica de nuestro país en el puntal que es la energía, tenemos que variar esa cadena e inducir la energía para detonar la economía y no que la energía sea el conducto único de la Secretaría de Hacienda para allegarse recursos fiscales.
Es muy cómodo cobrar impuestos en las gasolinerías; es muy cómodo cobrar impuestos naturalmente al comprar un energético, pero estamos gravando, estamos cargando y estamos sobre todo sacando de competencia con los altísimos costos que pudiéramos tener en una política energética de fondo.
Contestando a su pregunta, diputado. Lo que tenemos que hacer es variar la política económica y dejar de atender a la energía como un ingreso único de la Secretaría de Hacienda en recursos fiscales e inducirla como un detonante económico y el conducto que es la energía, el motor de arranque de las actividades económicas.
Eso es lo que tenemos que plantear de fondo si queremos realmente trascender en un momento en el que es difícil para los tecnócratas dejar de pensar en un mecanismo cómodo de ingreso de la Secretaría de Hacienda.
Pero es muy práctico a quien hoy batalla para pagar el recibo o limita su actividad o simple y sencillamente tiene que cerrar su negocio porque lo hace fuera de competencia, lo saca de competencia, lo saca de competitividad los altísimos costos que hoy nos dan en energía.
México puede hacer una política energética de inducir su energía para detonar su economía y no al revés como hasta hoy se ha venido haciendo. Es por eso pues, que me solidarizo con este punto de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que teniendo facultades absolutas en determinar un nuevo camino para la energía del país sigamos sólo con posicionamientos políticos que a veces nos regalan la foto o la nota en nuestras regiones, pero que no estamos resolviendo nada de fondo en cambiar la política económica respecto a los energéticos de nuestro país y que nos reclama a toda la sociedad en general. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Duarte. Sonido a la curul del diputado Juan Victoria.
El diputado Juan Victoria Alva (desde la curul): Diputado Duarte, con todo respeto. ¿Cuál sería su propuesta …
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado. ¿Quiere hacer una pregunta?
El diputado Juan Victoria Alva (desde la curul): Sí, así es, al diputado Duarte.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted la pregunta?
El diputado Cesar Horacio Duarte Jáquez: Adelante, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Victoria.
El diputado Juan Victoria Alva (desde la curul): ¿Qué propone, diputado Duarte, con respecto a los trabajadores de la Comisión de Luz y Fuerza que no pagan su recibo de luz, por un lado, por el otro, con los que se cuelgan, los famosos diablitos. ¿Qué es lo que usted propone diputado?
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: En primer lugar el tema de los diablitos, hay quien no puede pagar la luz y se cuelga, y hay quien puede pagarla y también se cuelga. El asunto es que la autoridad ni hace valer la ley, porque por otra parte muchos no tienen manera de estar dentro de la ley y tener un servicio elemental para su familia.
Es por eso que tiene que ver con la injusticia de una política inadecuada que ha venido sacando y marginando a una gran cantidad de mexicanos en ese tema. Ojalá que este tema sirva de fondo; porque hablar de un beneficio de los trabajadores de la industria eléctrica que tienen el derecho logrado con sus luchas de trabajo, haber logrado el no pagar un recibo, no significa que si les cobran la electricidad se transforme la realidad económica de todo el país.
Sí tiene que ver, e impactará naturalmente de alguna forma, pero nunca tendrá que ver con las injustas tarifas que hoy se le cobran a los mexicanos en el tema eléctrico. Hay un gran movimiento nacional, lo conocimos en Sonora, lo conocemos como está hoy agudo en el estado de Veracruz; sabemos en el estado de Tabasco qué conflicto social se ha convertido y lo que no puede ser es que la insensibilidad del modelo económico siga excluyendo a una gran cantidad de mexicanos, cuando son instituciones que a toda prueba han dado con toda claridad ser eficientes como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos y que nos sobra sin duda con ellas poner un nuevo modelo económico para arrancar nuestra economía desde el punto de vista exactamente al revés de cómo se han venido impulsando. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Sonido a la curul del diputado Víctor Ortiz del Carpio del PRD. ¿Va a subir a tribuna? El diputado Víctor Ortiz Del Carpio, del PRD.
El diputado Víctor Ortiz Del Carpio: Muchas gracias, señor Presidente. De igual manera, lo externado aquí por los compañeros diputados tanto de Chiapas y de otros estados, de Mexicali, qué bueno.
México es uno. El Congreso también es uno. Y lo que más nos duele es que nuestros pobres…. digo pobres, porque los campesinos que, con el bajo precio del producto no se puede pagar el alto costo de la energía. Hace unos días —en el distrito que yo represento— subimos a la capital del estado de Chiapas conjuntamente con el gobierno del estado, para el reclamo de justicia de esa región.
Chiapas tiene cuatro presas hidroeléctricas. No podemos pensar que es el 100 por ciento de la producción de energía, pero un treinta y tantos por ciento le rinde a México; pero es injusto saber que Chiapas paga más caro la kilowattera de energía eléctrica.
Es por ello que los compañeros indígenas de Los Altos de Chiapas que desde el 94 se pusieron en rebeldía, que hasta hoy no pagan un peso, con justa razón. Hay indígenas que reciben de un recibo de cinco mil a siete mil pesos y que su producto no vale ni tres mil pesos tonelada.
Por ello me sumo al criterio de los demás y pido desde esta tribuna de la nación, que juntos, todas las fracciones de los partidos políticos aquí representados, llevemos una buena iniciativa para poner a México una tarifa que sea justa para los que menos tienen. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ortiz. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Arreola, desde su curul. Sonido a la curul del diputado Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, señor Presidente. El asunto de las tarifas eléctricas no es un asunto menor. Ahí yo les pido por favor a los compañeros de Acción Nacional que han hecho algunos comentarios y algunos cuestionamientos a los compañeros que me han antecedido en la palabra, que lo hagamos con toda la responsabilidad que amerita este tema.
Si recuerdan, compañeras y compañeros diputados, estos puntos de acuerdo son permanentes, continuos en nuestras sesiones y no nada más es privativo de esta Legislatura. Ya van como cuatro Legislaturas hacia acá que se ha dado esta situación de revisar las tarifas eléctricas en todo lo largo y ancho de nuestro país. Tomemos este asunto en serio.
La Comisión Federal de Electricidad —la empresa de todos los mexicanos— es una de las empresas con mayor rentabilidad económica y social de nuestro país y de América Latina. Hay que tomarlo esto en cuenta, a pesar de la corrupción de las administraciones que han manejado esta empresa de los mexicanos. Ahora tenemos que revisar esta situación con mucho tino, con mucha responsabilidad.
Por eso yo creo, señor Presidente, que se tomara esto en cuenta para que la Comisión de Energía retomara ya todos los asuntos que van en torno a la cuestión de las tarifas eléctricas y que hicieran un planteamiento que permitiera que hubiera certeza jurídica, y que el Congreso, los diputados, pudieran tomar parte en las decisiones respecto a esas tarifas.
Si no lo hacemos así, vamos a mantener durante estos tres años estos puntos de acuerdo en cada sesión y en muchas ocasiones no tienen resultados hacia a quién hay que apoyar y ayudar. De ahí que se retome esto con mucha seriedad y que a la brevedad podamos tener las iniciativas correspondientes, para darle fortaleza al asunto de las tarifas eléctricas.
Por nuestra parte vamos a poner todo el empeño, todo el profesionalismo y toda la experiencia que se tiene respecto a este asunto. Pero que no quede otra vez nada más en el asunto de que fue el tema del día y que quede nada más para la anécdota. Creo que debe de tomarse muy en serio y que no nos pase como lo que va a plantear nuestro compañero Joaquín Vela, que ya tiene varias sesiones viendo el asunto de la Comisión Especial de Antimonopolios y ha quedado también en el aire. Esperemos que estos asuntos los tomemos con toda la seriedad que se requiere. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Bueno, he pedido la palabra para rectificar algunos hechos de las diversas intervenciones que aquí se han hecho.
En primer lugar, Chiapas produce el 50 por ciento de la hidroelectricidad, lo cual representa en el total un 12 o un 13 por ciento de toda la electricidad que se produce en el país. Recordemos que hay hidroelectricidad, termoeléctricas, nucleoeléctricas, energía del vapor en los que están los sumeros y diversas plantas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, carboeléctricas; por lo tanto, lo que significa, lo que produce Chiapas en el total de la electricidad, anda en el 12 o 13 por ciento, dependiendo de las lluvias y dependiendo de las aguas.
En segundo lugar, el watt vale lo mismo en todo el país, lo que se incrementa son los consumos, y por eso por presión que se vinieron dando en diversas partes del país, se generaron de la tarifa A a la G, en lo que se refiere al consumo domiciliario y la tarifa 9 en materia agraria que la consumen, no los agricultores más pobres, sino los más competitivos que es la agricultura de riego. Y ahí está el subsidio más alto que llega a varios miles de millones de pesos que se otorga a través de la Comisión Federal de Electricidad.
En tercer lugar, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa acaba de instrumentar un programa de apoyo a donde está el 75 por ciento de los consumidores de electricidad que consumen menos de 250 kilowatts al bimestre. Éste es un dato fundamental porque cuando estamos hablando de la gente que tiene clima o de la gente que sufre el incremento del consumo en tiempos de verano, es la gente que tiene clima y por lo tanto están en el 25 por ciento de consumidores, o sea de los niveles más altos en los deciles de ingreso económico.
El 75 por ciento ha sido apoyado ya por este gobierno mediante un programa a través de Oportunidades y apoyos directo al subsidio y consumo que son —repito— donde está el grueso de los consumidores.
Por otra parte, recordemos los partidos que se han negado a hacer una reforma a fondo del sector eléctrico. Yo coincido en que el sector eléctrico requiere de una reforma en donde debemos incorporar muchísimas experiencias de muchos países. Si esa reforma se hubiera hecho hace seis años, ahorita se estuvieran manifestando disminución de tarifas en los consumidores en todos los niveles y en todo los rangos y ha habido oposición a revisar esa reforma a ponerle fin a un sistema que está demostrado que no está operando eficientemente y que provoca muchas injusticias en lo cual yo coincido.
Las tarifas se fijan de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública que le corresponde a la Secretaría de Hacienda y es con base, no es a capricho, es con base en los distintos rangos de temperaturas que fija la Comisión Nacional de Agua. No es que a capricho podamos fijar ni que de este Congreso deban partir la fijación de tarifas con base a presiones.
Todos tenemos argumento; Tabasco porque es cálido, Chiapas porque produce hidroelectricidad, Veracruz porque produce y ahí Laguna Verde; Sonora y Baja California, porque sin duda tienen las más altas temperaturas; todos tenemos argumentos. Veracruz ni se diga, todos tenemos argumentos, pero la Ley de Responsabilidad Hacendaria y en materia presupuestal nos obliga a que cualquier iniciativa se sustente en los costos.
Yo creo que lo debemos hacer en nuestros puntos de acuerdo es preguntarle al sector público, que haga una estimación del costo que saldría en ciertas disminuciones de tarifas o ciertos subsidios que tengan que otorgar el gobierno, de lo contrario, simplemente por eso y es una queja justificada, son exhortos y son llamados a misa, pues desde luego no estamos diciendo en dónde va a repercutir ese costo, que será del orden de miles de millones de pesos
Hubo una iniciativa que se presentó en la Cámara de Senadores que llegaba a 14 mil millones de pesos. ¿Cuánto importa incorporar el factor humedad? Eso dispararía enormemente los costos y trastornaría todo el esquema en todo el país.
Yo creo que no es cuestión de política neoliberal ni de adoptar una política de Estado. Todas las políticas son de Estado. Yo no sé de dónde surgió ese tema de política de Estado. Todas las políticas derivan del Estado. Sin Estado no hay políticas públicas.
Entonces, adoptemos una política de Estado, desde luego que sí, pero precisemos porque todos sufrimos, en el pasado período de diciembre, cómo se estiraba la sábana del presupuesto y no alcanzaba para cubrir los requerimientos de política social y de política en materia de educación o en materia de comunicaciones o de construir infraestructura. Termino, Presidente.
Desde nuestro punto de vista y derivado del exhorto que se hizo al Partido Acción Nacional de actuar con responsabilidad y con seriedad, el Partido Acción Nacional asume ese compromiso. Primero, el Presidente ya instrumentó un apoyo a los consumidores más pobres y, segundo, vamos fijando cuál es el costo, hagamos esta pregunta antes de decir: "disminuye tarifas o beneficia a cada entidad de la República". Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco, de Convergencia.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con su venia, señor Presidente. Me parece que es muy importante que se abra el debate en torno a las tarifas eléctricas y en torno al sector eléctrico, como también es importante que se abra el debate en torno a Pemex y a todo el sector energético nacional. Porque éste es un asunto muy importante para el país y la Cámara tiene que entrarle en serio y a fondo a discutir estos temas.
Evidentemente los puntos de acuerdo son significativos y son importantes, pero los puntos de acuerdo no son vinculantes. Los puntos de acuerdo no obligan, reflejan obviamente una preocupación que se da en muchos estados de la República Mexicana, en este caso por las excesivas tarifas eléctricas que se aplican.
Pero también es importante que nosotros vayamos a la raíz de los problemas y veamos que, en el caso de las tarifas eléctricas, hay una serie de factores que están condicionando y que están provocando que estas tarifas sean de ese nivel y no tengan un nivel menor.
Ya se mencionó aquí, por ejemplo, lo que tiene que ver con el robo de energía, que en la zona metropolitana es un robo exagerado por los múltiples diablitos que vemos en las calles. Pero no sólo eso. El problema más importante no está en los diablitos de las calles, sino en los diablitos de los transformadores por los arreglos que se hacen en Luz y Fuerza del Centro con empresas privadas o también en los diablitos que se colocan en muchas partes del país por arreglos entre Comisión Federal de Electricidad y consumidores importantes de energía eléctrica.
Yo quisiera decirles que casi no hay empresa significativa que no haga un manejo de esta naturaleza. Si uno le rasca, a la mejor se encontraría con que hasta hay medios de comunicación que tienen este tipo de arreglos, o grandes hoteles en zonas hoteleras donde se hacen este tipo de prácticas. Tenemos que ir al fondo del problema del robo de energía.
Pero también hay una serie de factores. El caso, por ejemplo, que tiene que ver con los Pidiregas, con los famosos proyectos de inversión financiada que, al momento de privilegiarse y de privilegiar a los productores externos de energía, se encarece el costo del financiamiento y se encarece el costo de las tarifas eléctricas sobre el costo de la energía que compra Comisión Federal de Electricidad, porque son contratos leoninos los que hace Comisión Federal de Electricidad con muchos productores externos de energía.
Ésta es una situación que incide obviamente de manera significativa en las tarifas eléctricas. Es necesario que los Piridegas se replanteen; no es posible que en los últimos 10 años la obra directa de Comisión Federal haya crecido en siete por ciento en materia de generación de energía eléctrica y los productores externos, con el impacto que tienen tarifas eléctricas, en dos mil por ciento.
También hay una política absurda de utilización del gas de plantas de ciclo combinado, que se han venido aprovechando precisamente en los momentos en que el precio del gas se disparó y que tiene, definitivamente, una repercusión muy significativa en el costo de las tarifas eléctricas.
También la política de no uso del combustóleo y la falta de cooperación y de coordinación que hay entre Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, lo que a final de cuentas genera también un problema serio.
No se ha aprovechado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la co-generación y ahora hay un proyecto en Tabasco que está planteando co-generación pero en favor de particulares y que a final de cuentas va a representar un costo mayor del costo que debería tener si se aplicaran las tarifas convencionales. Luego, también la utilización del despacho que muchas veces privilegia a las plantas que tienen un costo mayor.
La aplicación de la política impositiva para el caso de Comisión Federal de Electricidad, lo que se conoce como el aprovechamiento. Los severos problemas de corrupción que se han vivido en Comisión Federal de Electricidad y que se han agudizado con el manejo de los Pidiregas. El cierre de plantas para dar paso a los productores externos de energía, en fin.
Yo quisiera subrayar que hay una serie de problemas que tienen que ver con que estas tarifas tengan esos niveles y la Cámara de Diputados está obligada a meterse en serio a este debate y a hacer propuestas concretas para resolver de raíz y de fondo esta problemática y por otro lado, considerar lo que tiene que ver con los subsidios.
Recordemos que la Cámara de Diputados tiene entre sus atribuciones, el fijar los subsidios y que debe hacerse una política integral, lo que tiene que ver con energía y lo que tiene que ver con subsidios para sectores específicos de la población.
Creo que es importante que le entremos y que no nos quedemos en la epidermis o con los planteamientos globales que se vienen haciendo pensando que la reforma estructural es la panacea para resolver los problemas de este país.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Cuauhtémoc Velasco. Han participado 26 oradores y están inscritos 4. Después de los 4, consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido.
Tiene la palabra el diputado Daniel Torres García, del grupo parlamentario del PRD desde su curul. Sonido en su curul.
El diputado Daniel Torres García (desde la curul): Gracias diputado Presidente. Yo hablo por el estado de Guerrero, soy representante del Distrito 01 y efectivamente, una de las necesidades más sentidas es la tarifa de la energía eléctrica.
Yo me sumo con todo el interés y el deseo de que se considere al estado de Guerrero y sobre todo al Distrito I que es de la tierra caliente, donde la temperatura no baja de los 37 grados y pasa de los 40 grados. Ahí, como lo decía un compañero, no es que los que tengan clima es porque tengan dinero pero llega el momento de que es insoportable y hay un descontrol también en las tarifas de muchos ciudadanos que no lo tienen pero que también los recibos les llegan a veces inalcanzable para pagar, por ello, nos sumamos a este punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Torres. Tiene la palabra el diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias compañero Presidente. El tema siempre nos lleva exactamente al mismo escenario al que le han venido construyendo a estas instituciones que afortunadamente la Constitución ha venido garantizando como las mejores instituciones para apuntalar el desarrollo nacional.
Quiero aquí recordar una expresión de un secretario de Hacienda que ha sido calificado como maestro de la nueva escuela neoliberal, a mi paisano don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda durante dos sexenios, quien dijo que la más sabia decisión en su momento del Presidente López Mateos, fue haber nacionalizado la industria eléctrica.
El tema es de fondo, no es un tema de que bájenle unos centavitos y que el presupuesto nacional tenga que ver cómo le bajan la tarifa al ciudadano porque ahí vienen las elecciones. El tema es cómo nos sirven las instituciones del país para seguir impulsando el desarrollo, instituciones estratégicas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Yo pregunto aquí si saben ustedes y lo puedo demostrar, cuánto cuesta en su costo marginal la producción de un kilowatt en las hidroeléctricas de Chiapas, alrededor de ocho centavos, porque se llegan a facturar hasta 80 y 90 centavos ese kilowatt…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado Duarte. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente si por su conducto me permite una pregunta el señor diputado.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta diputado?
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: A sus órdenes diputado.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor diputado, ya que citó usted al licenciado Antonio Ortiz Mena, uno de los mexicanos más preclaro que yo le tengo gran admiración, si conoce usted su libro del Desarrollo Estabilizador, en donde relata cómo las plantas fueron compradas, después se modificó la Constitución. Las plantas e inclusive hubo denuncias de que se estaban comprando fierros viejos, allá en el mes de agosto, septiembre y lo relata de cómo las mismas empresas quisieron vender porque se no se les permitiría el incremento de tarifas. Si conoce usted este paisaje de su libro del Desarrollo Estabilizador en donde lo relata con toda claridad, igual vendría a refuta su afirmación de que fueron nacionalizadas.
El diputado Carlos Horacio Duarte Jáquez: Al contrario, porque es público ese acto del gobierno en que formalizó la nacionalización de la industria eléctrica, claro que la fueron adquiriendo y en un esquema por el que se refuta usted mismo, porque la conducción de la política precisamente de López Mateos, fue replantear una industria eléctrica que viniera a apuntar el desarrollo de la nación como una industria estratégica, y aquí iba al tema exactamente cuando usted planteó la pregunta.
El tema es como a través del tiempo se ha venido tratando de satanizar a estas empresas como puntales del desarrollo nacional, como venirlas desprestigiando para deshacerse de ellas. Para deshacerse a raíz de una serie de intereses y planteamientos que no son decisiones que se han fraguado en México, que siempre han tendido a un esquema y a un patrón que va más allá, que fundamentalmente se han planteado en Washington.
Ese es el punto, en el que renunciemos a unas instituciones o a unas industrias estratégicas del país, que la Constitución ha consagrado para el desarrollo nacional, pero que insisten a llevarnos a la política de subsidios. Insiste en llevarnos a la política de números y propuestos, insiste en llevarnos a un esquema, en el que nada tiene que ver industrias que están consagradas para establecer el desarrollo nacional.
Insisto en el costo de producción de un kilowatt en Chiapas, insisto en que por qué se pretende descalificar a estas instituciones, que a todas luces han dado prueba de su calidad, y me refiero a la Comisión Federal de Electricidad, y que deben ser naturalmente puntales para el desarrollo. La propuesta del Presidente Calderón en campaña…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame tantito, ¿con qué objeto diputado Rodríguez Prats? Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): En el propósito de ir esclareciendo la discusión y en virtud de las afirmaciones que hace el señor diputado, si me permite una pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Le acepta otra pregunta?
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Bueno, pues yo le invito a debatir, señor diputado…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No le acepta la pregunta, adelante diputado.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: A usted yo le permití que dijera sus ideas y por eso subí, porque interrumpir precisamente en el esquema de cuando nos plantean que hoy el Presidente de la República está regresándoles 50 pesos a la gente para sus recibos no estamos hablando de mendicidades, y si le molesta cuando hablo de una política de Estado es porque nos involucremos los Poderes en conjunto a determinar una estrategia nacional, que no sea unilateral del Ejecutivo, que no sea un planteamiento de una visión única de un modelo económico planteado desde el proyecto neoliberal y que viene a excluir precisamente estrategia de nación.
Cómo es posible, insisto, a un ejemplo que citaba hace un momento, que los recursos establecidos para una institución como la Comisión Federal de Electricidad que hoy nos presuman y que vayan avanzando en ceros, a números negros, perdón, venga ese déficit cargándose a los productores, venga ese déficit cargándoseles a los que hoy hacen un esfuerzo por producir…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Alfredo Ríos Camarena.
El diputado Alfredo Ríos Camarena (desde la curul): Preguntar al señor diputado si me permite una pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted una pregunta del diputado Ríos Camarena?
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Adelante.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Ríos Camarena.
El diputado Alfredo Ríos Camarena (desde la curul): El problema de la energía eléctrica conducida por el Estado está en la diferencia entre lo que es el servicio público y lo que es el lucro cuando se trata de empresas privadas. Quisiera preguntarle, señor diputado, si conoce el fracaso que se dio en el estado de California, en Argentina, en Brasil, cuando manos lucrativas y traidoras a sus intereses nacionales privatizaron la energía eléctrica. Gracias.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Bueno, son efectivamente efectos como en República Dominicana, como en Brasil, como en Argentina, que es un ejemplo extraordinario en el que el fracaso de haber privatizado y dejar de ser rentables esas actividades para quienes las compraron, llevaron al desabasto y al caos en la cadena productiva de esos países.
Por eso insisto en que mantener la rectoría del Estado, en mantener como puntales empresas de la estrategia para el desarrollo nacional, no es un asunto de subsidio, es un asunto de estrategia, es un asunto de política de Estado, señor diputado, en la que debemos de privilegiar el tema de fondo, el cómo deben funcionar estas instituciones y no seguir descalificándolas, no seguir apostando a que sean inviables en sus costos y en la operatividad para que no dejen mañana de dar el servicio al pueblo de México y entonces se tenga la razón de como no las privatizamos, ya no sirven. El asunto es al revés, cómo las planteamos, cómo las fortalecemos, cómo las usamos para que en lugar de que andemos mandándoles 50 pesos o andarles mandando una despensa a los mexicanos, les bajemos a la mitad las tarifas y les alcance su salario para pagar el recibo.
No es posible que en esta tribuna se plantee que quien tenga un ventilador no tiene derecho a tener una tarifa, que donde hace demasiado calor y puede el padre de familia comprar un ventilador para sus hijos, debe renunciar a ello sólo para que no le cobren a diez tantos más la luz. Eso es absolutamente retrógrada, un pensamiento de esa forma, cuando son instituciones, insisto, que son capaces de abastecer la demanda nacional.
Tenemos la capacidad instalada en Comisión Federal de Electricidad para un 30 o 40 por ciento más de demanda, cuando a nivel internacional sólo el 12 por ciento tienen reservas para la producción mayor a la demanda en su punto máximo.
Son instituciones que tienen mucho que dar, pero que son hoy rehenes de una política que pretende desprestigiarlas, desmantelarlas, deshacernos de ellas para atender un modelo dictado desde el extranjero, desgraciadamente.
Es por eso que esta soberanía debe llevar este tema de fondo a una discusión de presentar y darle al pueblo de México, a los productores del campo, a la industria, a los hoteles, tarifas eléctricas que les permitan competir con quien hoy nos hemos asociado para competir y no pensar que al vendérselas a los grandes consorcios internacionales, ellos sí van a venir a generar más electricidad, más barata y hasta nos la pueden regalar. Es absolutamente falso.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Duarte. Sonido en la curul del diputado Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Si me permite hacerle una pregunta al compañero.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: diputado Duarte ¿acepta una pregunta del diputado Arreola?
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Sí, adelante.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Aprovecho también para dirigirla a los compañeros de Acción Nacional, en especial al compañero Rodríguez Prats.
Usted, compañero diputado, después de la participación de veintitantos compañeros, de saber que este tema es estratégico para el desarrollo de nuestro país ¿habría la disposición de que de manera inmediata pudiéramos organizar el foro sobre el asunto de electricidad? Podríamos dividirlo en varios temas, pero creo que ahorita lo fundamental estaría en la visión de Estado, que es el recurso energético de electricidad y sus implicaciones.
Yo estoy cierto que el problema —así como lo dices es como lo plantea el compañero Rodríguez Prats— es una cuestión de costos, claro que sí, es de costos. Por eso tenemos que revisar con mucho detenimiento este asunto y saber en la cuestión de costos, cómo esta repercutiendo en la distribución y luego en el consumo.
Por eso hay que aplaudir y hay que apoyar a todos los compañeros trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de las otras compañías. A quien no hay que aplaudir, es a la administración y cómo se están fugando muchos millones de pesos, en una mala administración que quedó de corregir Fox, y que no lo hizo y que a la fecha no se ha hecho en estos momentos. Por eso yo creo, que si ustedes ven importante que podamos desarrollar este foro a la brevedad.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Déjeme terminar, señor diputado. Déjeme terminar…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Duarte.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aquí es dialogo de debate, de preguntas y de todo, porque el asunto es sacar el tema a un ladito, es hacer el tema a un ladito. Vamos a seguir pidiendo por ahí —me estaban haciendo una pregunta, hasta el tiempo me quieren contar—aquí el asunto es, cuál es el tema fundamental. Vayamos a la discusión, vayamos a los números, vayamos a que la industria eléctrica la conozcamos de sus tripas, de su infraestructura, de su funcionamiento, de su capacidad, de lo que tenemos como industria eléctrica nacional.
¿Saben por qué voto Felipe Calderón como diputado, la Ley de Energía para el Campo, que iba en contra de toda la posición de Acción Nacional?, porque no les quedaron argumentos de establecer una política de Estado —aunque se molesten— una política de Estado, para alentar la producción agropecuaria —que por cierto no la han cumplido— pero la votaron. Fox tuvo que promulgarla y tuvo que ser una ley que no aplican, pero que ahí está y que, finalmente, ganamos un debate, ganamos votación por unanimidad en la Cámara y en el Senado, porque tuvimos los argumentos de demostrar que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad de entregar a precio preferente electricidad a los productores del campo y porque demostramos que Pemex puede entregar diesel.
Creció un 70 por ciento, el primer año que se entregó diesel, el trabajo previo en las tierras de temporal en el país. ¿No es mejor entregar diesel barato y que haya producción y que la gente pague impuestos en llantas, en ropa, en alternativas cuando tenga un ingreso, o que se tengan que ir de jardineros al otro lado y ya vemos lo que nos pasó ahora, hasta con el maíz?
Por eso, hay que entrarle al tema, hay que atraerlo a la Cámara y yo respeto la posición de todos mis compañeros que piden la palabra para decir también que en cada estado nuestro bajen las tarifas. Pero vamos haciendo uso de nuestras facultades para que establezcamos una estrategia que, con el Ejecutivo, podamos finalmente poner un nuevo rumbo a la energía, un nuevo rumbo a las instituciones, un nuevo rumbo a esa riqueza que tenemos y que ya hasta nos anuncian ahora que se nos va a acabar muy pronto.
Hay que aprovecharla para echarla a andar, porque estoy seguro que, en un programa mínimo de tres años de inducción de energía para detonar la economía a precios preferentes, podemos activar y hacer rentables las actividades económicas del país y podamos cambiar el rumbo que requerimos para alentar el ingreso de las familias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Desde luego, me parece que discutir este tema es de la mayor trascendencia, pero que lo discutamos con la mayor seriedad. Esta calificación que se hace de la política neoliberal yo quiero señalarles que en 1992 se incorporaron formas de inversión privada de energía eléctrica en la Ley de Servicio Público. La propuso el Presidente Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional —por cierto yo formaba parte de esa bancada y la apoyé, subí a la tribuna inclusive para defender ese dictamen y me pareció una reforma adecuada.
Hoy, el 30, el 35 por ciento de la energía eléctrica se genera a través de productores independientes que surgieron de 1992. Ahí está esa crítica que hace a esa política neoliberal, repito, instrumentada por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional, y de paso, yo no la calificaría de neoliberal, muy racional, muy correcta, que me parece que ha funcionado y ha abatido costos de la Comisión Federal de Electricidad.
Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro no operan con superávit. Tuve la fortuna de trabajar en la Comisión Federal de Electricidad y salen a mano, sin considerar el enorme déficit que tiene la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Quitemos ese mito de que son empresas que funcionan y que generan recursos. Por el contrario, la forma en que se ha hecho la inversión privada es vía Pidiregas, que tarde o temprano llegará a ser deuda para el sector público.
Esos 50 pesos que se dicen así, que es un apoyo menor, importa tres mil 500 millones de pesos. Entonces —señores diputados—, veamos la magnitud del problema y lo que puede significar cualquier subsidio. Simplemente me referí al rango de los que consumen, el 75 por ciento está debajo de 200 kilowats al bimestre. No es una cuestión personal que yo esté clasificando a los mexicanos; son los rangos que tiene la Comisión Federal de Electricidad.
Señor diputado, en Estados Unidos siempre ha sido privada la electricidad. ¿Quién ha dicho que se privatizó en Estados Unidos la electricidad? Edison no era ningún burócrata. En México la electrificación surgió de los particulares. Ahí está Necaxa todavía operando en la ioelectricidad.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado José Murat.
El diputado José Murat (desde la curul) Si le puede preguntar al diputado Rodríguez Prats, si le podría hacer una pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta del diputado Murat?
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con muchísimo gusto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Murat.
El diputado José Murat (desde la curul): No sé si conozca usted el caso de Enron, en California; el gran fraude que se dio precisamente cuando privatizó el sector eléctrico en el estado de California, Estados Unidos, y la corrupción que hay.
Entonces, me parece fundamental que pongamos en la mesa este hecho. Está usted hablando de que todo está privatizado en Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de un caso muy concreto y las repercusiones que tuvo en la política eléctrica, en materia eléctrica, en Estados Unidos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Señor diputado, usted apoyó como gobernador el proyecto de La Ventosa, que es inversión privada. Yo le pido que sea congruente en primer lugar.
En segundo lugar, en Estados Unidos efectivamente hay participación del sector público en transmisión que es la etapa final. En California, el gran problema de California derivó en primer lugar de que se cayó la generación de la hidroelectricidad.
En segundo lugar las corrientes ecologistas que empezaron a fijar tarifas diferenciales y empezaron a frenar las viejas formas de generación de electricidad. Cuidado con romper ese equilibrio. Yo estoy totalmente de acuerdo en cuidar el medio ambiente, pero cuidado con detener el desarrollo de las naciones.
Aquí se habló de los fracasos de Brasil, de Chile, de España, que han hecho reformas energéticas. Yo les invito a que vean tarifas y van a ver cuales son más altas, si las mexicanas o las de ellos que dicen ustedes que han fracasado.
El debate requiere la mayor seriedad, la mayor responsabilidad, no es encajonar, esto es privatizar. Ya México funcionó con sector público y sector privado. Del 37 al 60 funcionó sector público y sector privado. Las tarifas las controlaba el gobierno. Aquí funcionó empresas canadienses, empresas belgas y no sucedió nada; el servicio se pudo otorgar.
Cuando Lázaro Cárdenas creó en el 37 la Comisión Federal de Electricidad fue precisamente porque veía que muchas empresas obviamente iban donde está la utilidad, alumbrado público, el alumbrado urbano, el servicio urbano. Entonces crea la Comisión Federal de Electricidad para complementar.
Y después —repito—, Antonio Ortiz Mena relata cómo se compraron todas las empresas. Estamos ante esquemas en donde el Estado debe ser, en forma absoluta, el que otorgue el servicio público; que ahí yo les invitaría a que lean y en la misma Constitución hay contradicción, cuando el 27, la reforma de López Mateos, dice: "El servicio público es lo estratégico y por lo tanto lo exclusivo, desde la generación hasta el consumo".
Y el 25. Y el 28, lamentable lo reforma Miguel De La Madrid y dice: "Es la electricidad lo exclusivo". En la misma Constitución, con diferencia de un artículo, con diferencia de un artículo, 27 o 28, yo pregunto, ¿qué es lo exclusivo?, ¿la electricidad? Es una aberración. Qué es la electricidad —ni siquiera es un concepto jurídico— o el servicio público. Hasta en eso tenemos confusión dentro de la misma Constitución, por eso…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado Rodríguez Prats, permítame tantito. Sonido a la curul del diputado Esteva.
El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Muchas gracias, ciudadano Presidente. Para pedirle sea el conducto de preguntar al orador si acepta una pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta la pregunta?
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con muchísimo gusto, señor diputado.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Acepta la pregunta. Adelante, diputado Esteva.
El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Muchas gracias, ciudadano diputado Rodríguez Prats. Para nadie es un secreto que usted es un gran tribuno, ya que varias veces ha sido diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Hasta que coincidimos en algo, diputado.
El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Lo que no nos explicamos es cómo teniendo esa capacidad y esa habilidad y conocimiento, no asistió usted ni ningún integrante del Partido Acción Nacional, al foro que se desarrolló aquí en esta Cámara de Diputados durante tres semanas y en donde por cierto participó gente de otras expresiones políticas.
Si tan convencido está de entrarle al fondo del debate del tema energético, por qué entonces no participa aportando sus conocimientos a quienes tienen interés de conocer las expresiones y las visiones del Partido Acción Nacional, que hoy usted representa en esta fracción parlamentaria de su partido en la LX Legislatura.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Mire, diputado. Le agradezco mucho su pregunta y discúlpeme que me refiera a mi persona o hable en primera persona, pero usted me está haciendo la pregunta en forma directa por qué no asistí a ese seminario.
Yo quiero decirle que presidió la Comisión de Energía en el Senado durante tres años, renuncié porque llegó un momento en que sentía yo que mi presencia o mis intervenciones no propiciaban el acuerdo, sino que generaban mayor inconformidad y mayor confrontación. Por eso, después de estudiar el tema desde la Constitución del 56 —porque ahí está la primera referencia de la prohibición de monopolios en el artículo 28 constitucional, que después degenera— no se modifica en el 17. En el 17, Francisco J. Mújica, uno de los grandes mexicanos —tal vez el mejor parlamentario— decía, en esta materia nos deben orientar dos ideas —ojalá hoy las podamos asumir— concurrencia y competencia. Y lo decía Francisco J. Mújica.
Entonces, tratando de ser muy concreto y respondiéndole, es un tema en el que ahora decidí intervenir porque vi que se hicieron muchísimas afirmaciones que no corresponden a la realidad, pero le puedo confesar que creo que lo conozco, que me he decidido retirar. Estoy simplemente en la Comisión de Energía porque mi presencia, mis intervenciones llegó un momento en que en lugar de propiciar acuerdos generaban mayor confrontación. Yo mismo por conciencia asumí ese deber y esa responsabilidad. He concluido, señor Presidente.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe el reloj. Permítame. Ahorita lo anotamos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: En síntesis. Vicente Fox no pretendió privatizar la energía eléctrica; la iniciativa de Ernesto Zedillo es la que sí contemplaba la venta de las termoeléctricas, firmada por el PRI, Dulce María Sauri firma en apoyo y convoca a que esa reforma se apruebe en beneficio de México. Ahí está el testimonio —si no mal recuerdo—; es un documento que se publicó allá por el 30 de agosto de 1998, si la memoria no me falla.
El Presidente Fox efectivamente planteó una reforma donde se buscaba la concurrencia y de hecho se legitimaba la reforma que se hizo desde 1992 por el Presidente Carlos Salinas, que por cierto, con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la controversia interpuesta por el Ejecutivo, definitivamente ya están convalidadas porque se le dijo a la Comisión Reguladora de Energía que podía seguir otorgando permisos. O sea, de hecho sí hubo una reforma en el sexenio pasado en materia energética.
El tema podemos decir que da para mucho; tiene ingredientes ideológicos, históricos, emocionales, financieros, técnicos…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Almazán.
El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Diputado Rodríguez Prats, usted ha dicho…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame ¿con qué objeto diputado?
El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Es una pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted la pregunta diputado Rodríguez Prats?
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con muchísimo gusto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Almazán.
El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Usted ha dicho —y ha dicho bien—, que se dicen muchas cosas sin mayor sustento, entre las que se encuentran algunas afirmaciones que usted está señalando, que no las tienen.
Le pregunto, usted, por parte del Partido Acción Nacional, ¿acepta debatir de manera pausada, ordenada, con juicio, razón y no mediante exabruptos? ¿Está de acuerdo el Partido Acción Nacional en convocar a un foro, como Cámara de Diputados, para que con la participación de expertos, investigadores, los sujetos involucrados y por supuesto esta Cámara de Diputados, analicemos, mediante ese foro, cuál es la problemática real del sector eléctrico y de esa manera nos evitemos aquí la molestia de estar escuchando verdades a medias, por no decir mentiras. ¿Acepta usted esto —pregunto— a nombre del Partido Acción Nacional? Por supuesto el PRD esta dispuesto a debatir de manera seria y documentada.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Mire, me parece que son dos preguntas las que usted formula. Una en lo personal, de que si puedo discutir en forma seria, responsable, mesurada, sería muy vanidoso de mi parte decirle que sí, lo procuraré. No le pida tanto a un tabasqueño.
Ahora, yo acepto a nombre del PAN ese debate, pero con una condición, que el PRD acepte que puede estar equivocado, porque ustedes ya tienen un plan en reforma energética que dicen: "no a ninguna reforma". Qué caso tiene discutir, señor diputado.
Si usted se abre y si usted acepta la posibilidad de que el PRD pueda corregir vamos a ese debate; de lo contrario no tiene caso. Ustedes ya presentaron, inclusive quieren quitar al productor independiente, ¿sabe usted cuánto cuesta eso, señor diputado? Cerca de 50 mil millones de dólares, porque le darían al productor independiente, o sea, a Unión Fenosa, Iberdrola, Electricitè de France, a TransAlta, la posibilidad de que la Comisión les tenga que comprar sus plantas. ¿De dónde van a sacar 50 mil millones de dólares, eso ya ustedes lo propusieron?
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Un debate tiene que partir de que los dos podemos estar equivocados, yo no estoy casado con la verdad, los dos podemos estar equivocados, pero acepte que está equivocado. Yo acepto participar, voy, con respeto. He ido y he ido a su misma organización y no me fue muy bien en cuanto a respeto en el SME.
Señor Presidente, me parece que ya no hay mayor interpelación. Yo ya no tengo nada que agregar, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. A ver, permítanme. Para alusiones personales están anotados el diputado César Duarte y el diputado José Antonio Almazán. Y comunico a ustedes que también están anotados el diputado Moisés Dagdug, el diputado David Figueroa, el diputado Faustino Javier Estrada, el diputado Javier Pedro Montalvo, el diputado José Murat —no sé si ya lo mencioné—, el diputado Fernel Gálvez y el diputado Lizaola. Si les parece bien después de agotada esta lista.
El diputado Daniel Dehesa Mora (desde la curul): Presidente, para alusiones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: También está usted para alusiones. Permítame, hay dos antes que usted. Adelante diputado Duarte.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias señor Presidente. A confesión de parte, releva cualquier prueba.
Qué bueno que la lucidez en el momento en que en el diputado Rodríguez Prats renunció a la Comisión de Energía en el Senado era porque se dio cuenta que dividía y no permitía acuerdo. Yo lo invito a que se retire del tema para ver si nosotros sí llegamos a un acuerdo, señor diputado.
El tema fundamental es que no se van a la esencia del asunto, es que queremos seguir viendo más dos pesos o más cinco pesos y no una estrategia de empresas que están vinculadas directamente al desarrollo nacional y que el Estado mexicano debe preservarlas para ello; pero se les mantiene en ese marco muy remendado por todas partes, porque todos esos acuerdos que planteaba el diputado Rodríguez Prats tienen que ver con la violación a la esencia de la Constitución de preservar los energéticos en manos del Estado mexicano; y todos esos acuerdos —en los gobiernos que él habla— naturalmente fueron atendiendo un proyecto neoliberal. Yo no hablé de partidos, pero sí hablo de reorientar, porque a todas luces, como las han llevado, tienen quebrado al pueblo de México; tienen quebrados a los productores y han sido incapaces de permitirles a los mexicanos tener acceso a un servicio elemental a un costo digno o a un costo viable a raíz de su ingreso. Ese es el asunto.
El asunto es cómo debe el Estado mexicano prestarle un servicio a la población para su desarrollo y que sea a base de una estrategia. Todos esos países de los que nos hablan, en los que han estado involucrados naturalmente los quebrantos de las empresas privadas, tienen una enorme diferencia con México: que México sí tiene hidrocarburos, que México sí tiene petróleo y lo que nosotros planteamos es que pongamos verdaderamente los hidrocarburos y esa política a beneficio de la sociedad.
No hablo de que la regalemos ni hablo de las posiciones de campaña en que el señor Calderón ofreció el 50 por ciento del valor de los recibos, no 50 pesos; y digamos que no lo cumpla, pero sí queremos ver la voluntad, al menos, de revisar en un foro, como aquí se ha dicho, la viabilidad de estas empresas para prestar un mejor servicio a un mejor precio al pueblo de México; pero sobre todo para garantizar que el abasto de electricidad, el abasto de energía, es la demanda que requiere el país para su desarrollo, la tenemos ya invertida.
¿Cuántos mexicanos que han hecho un fraccionamiento han pagado las infraestructuras e instalaciones para el suministro eléctrico y pasan a ser parte de los activos de Comisión Federal de Electricidad? Cada quien que busca el servicio paga por el servicio y es un activo que hoy tiene la Comisión Federal de Electricidad, y que finalmente es una empresa de todos.
Vamos al fondo de la discusión. El esquema es: si tenemos un bien de la nación, ponerlo al servicio de la nación y no en una posición que sea populista. Es responsable y seria. Por eso insisto: el ejemplo de que aquí mismo Felipe Calderón votó la Ley de Energía para el campo es el mismo espíritu, es la misma esencia. Es establecer una política estratégica de precios de estímulo de nuestros energéticos para poder hacer rentables las actividades económicas en sus cadenas.
¿Cómo va a ser igual que le mandemos un tanque de gas hoy a una familia en 500 pesos y por otra parte una despensa que cuesta 70 pesos y con la carga burocrática cuesta 300? ¿Cómo va a ser igual que le entregáramos a esa misma familia un tanque de gas a 250 pesos?
Quitemos, quitemos esa política de mejorales, de mandar únicamente, con el manipuleo electoral, las despensas o la atención a tener controlados desde los partidos en los estados, por medio de los apoyos de Sedesol, al voto en cada elección.
Hagamos de fondo una política que verdaderamente sirva al país y que le demos respuesta a esa demanda que ha traído hoy este punto de acuerdo, que es la baja en los costos de las tarifas eléctricas. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Sonido a la curul del diputado Daniel Dehesa Mora, proponente original de este punto de acuerdo. Permítame, diputado. Iba usted a hacer algún comentario, pero estaban anotados antes otros. Desde su curul. Sonido a su curul.
El diputado Daniel Dehesa Mora (desde la curul): Señor Presidente, este tema de la electricidad es un tema realmente de debate que ya se inicio; fue un debate rico, provechoso, pero yo quisiera que no se desvíe la situación y que de una vez, si usted lo considera o si se considera que está suficientemente ya aprobado, que se vote para que definitivamente salgamos de esta situación.
Felicito a todos aquellos compañeros diputados en el apoyo, que creo que es general el apoyo en este punto de acuerdo. Y, obviamente que tenía que suscitarse este tipo de debate que realmente —reitero— fue rico y provechoso. Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Si me permite darle la palabra a tres diputados más y consultaré a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Tiene la palabra desde su curul el diputado Moisés Dagdug; después el diputado David Figueroa, del PAN y después el diputado José Murat.
El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (desde la curul): Con todo respeto, señor Presidente. El punto de acuerdo presentado por el diputado Dehesa, del PRD, fue muy concreto y fueron debidamente aprobadas también algunas adhesiones.
Todos estamos conscientes que el tema eléctrico, por supuesto que reviste fundamental importancia y vale la pena seguir debatiendo más adelante esto, pero lo que estamos en este momento discutiendo, es un punto de acuerdo muy concreto y yo le pido que someta a votación este punto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Déjenme desahogar dos alusiones personales. Diputado José Antonio Almazán.
El diputado José Antonio Almazán González: El asunto original es un punto de acuerdo que tiene que ver con adecuar o ajustar tarifas eléctricas en consumo doméstico; y por supuesto que ambas empresas, ambos organismos descentralizados están en capacidad de hacerlo, pero hay un problema de fondo y por alusión personal establezco la siguiente posición.
Se requiere un debate sereno, fundado con argumentos, con cifras, para abordar este temática, porque el grupo parlamentario del PRD no está en contra de una reforma al sector eléctrico, diputado Rodríguez Prats; estamos en contra de la privatización del sector eléctrico y aunque usted con su dedo lo niegue, los hechos así lo demuestran cuando abren, cuando plantean la apertura a la inversión del capital privado en materia energética.
Y eso por más disfraz que le den, se enfrenta a la contundencia de lo que establece el párrafo sexto, artículo 27 de la Constitución, que marca la exclusividad nacional y peca usted de ignorancia cuando confunde rectoría, que está regulado por otro artículo en la Constitución, el 25, cuando el 27 marca claramente la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Y por supuesto que sostenemos la propuesta de este foro que analice la problemática del sector eléctrico porque aquí no se trata de lo que usted, su partido, nosotros digamos, sino el sustento en cifras, en historia y en argumentos que tengan sustento en la verdad y no en la demagogia que acostumbran los vendepatrias, como usted.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Murat.
El diputado José Murat: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema de las tarifas es tan de fondo que nos llevó a este debate en donde apareció el asunto de los consensos de Washington de los años 90 y coincido con el diputado Rodríguez Prats; los últimos 22, 23 años, de los distintos gobiernos que ha habido en México han estado en esa dirección trabajando. No es privativo de los dos meses y días que lleva el actual gobierno ni de la pasada administración, es cierto; pero apareció el asunto.
Lo que vengo a decir son tres cosas. Uno, Juan José, los gobiernos estatales no autorizan ese tipo de definiciones; es capacidad y definición del gobierno federal. Los vientos en el Istmo hicieron que fuerza eólica se presentara y nosotros observamos todos esos trabajos pensando que si se lograba esa energía se le diera gratis a los municipios del Istmo y a otros, siempre pensando en las comunidades y en los consensos con los hombres y las mujeres de esa región y del estado de Oaxaca. Pero nosotros no las autorizamos. Me pareció interesante porque tiene que ver con una definición ecológica, primero.
Segundo. El tema es tan de fondo en el asunto de las tarifas que toca el fondo de la realidad. Comisión Federal, sector eléctrico; Petróleos Mexicanos, el gas, tienen que ver con una definición de las políticas que se han venido planteando en los últimos 22 años: las privatizaciones.
Entonces, hay una propuesta —lo digo en el mejor de los términos—, vale la pena debatirlo, vale la pena analizarlo. Uno, que comparezca la secretaria de Energía, en su caso, aquí en el Pleno o en comisiones, para conocer las políticas de la actual administración en la materia y poder orientar un poco todas estas definiciones. Me parece importante y podríamos entonces entrar al debate en lo otro que se está planteando.
Finalmente, otra propuesta en los mejores de los términos, pensando en México, pensando hasta dónde podemos llegar, siempre en el marco de la Constitución, porque por lo que leo son dos Méxicos: uno es el que dice la Constitución y las leyes de la materia y el otro, el que se quiere plantear.
Vale la pena entonces, la presencia de la secretaria de Energía para hacer un planteamiento general, global, de las políticas que se van a poner en práctica por parte del Ejecutivo y luego una política de definición de Estado, en donde participe el otro Poder, el Poder Legislativo, que nos permita entrar a un debate pensando en México.
Es cuanto lo que tendría que decir, señor Presidente. Les agradezco, señoras diputadas, señores diputados, haberme escuchado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Murat. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Permítame, Secretario. Todavía están anotados cinco diputados más. Desde hace rato habíamos pedido hacer esta consulta. Me da pena con los que están todavía anotados. ¿Quiere desde su curul? Han pedido diputados de su partido que se haga la consulta, diputado Fernel. Si la Asamblea lo autoriza, le doy la palabra.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, no hay mayoría. Está suficientemente discutida la proposición.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, con las adiciones propuestas por la diputada Manuell y por el diputado Samuel Aguilar, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el diputado Daniel Dehesa Mora.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese el punto de acuerdo. Insértese en el punto de acuerdo todo el debate y será publicado en el Diario de los Debates y envíese a las autoridades correspondientes.
En la sesión del día primero de febrero de la Cámara de Senadores se aprobó acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se ratifica la realización del 5o Parlamento de las Niñas y los Niños de México en el año 2007. En consecuencia se pide a la Secretaría dar lectura a los cuatro puntos resolutivos.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo: Primero. Se ratifica el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aprobado por el Pleno el día 30 de abril de 2002, por el que se aprueba la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en coordinación con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral y demás instituciones participantes.
Segundo. Se instruye a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que, en coordinación con las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, coadyuve en la organización del 5o Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2007, que en esta ocasión corresponde realizarlo a la Honorable Cámara de Diputados.
Tercero. Se autoriza a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República para organizar, en el año 2008, el 6o Parlamento de las Niñas y los Niños de México y se instruye a la misma para establecer la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la UNICEF México y demás instituciones participantes.
Cuarto. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acuerda se asigne la suficiencia presupuestal necesaria para la realización del 6o Parlamento de las Niñas y los Niños de México en el año 2008.
Comuníquese este acuerdo a la Honorable Cámara de Diputados. México, DF, a 31 de enero del año 2007. Firma la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Y la Cámara de Diputados elaborará la convocatoria respectiva. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera y se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Lectura de la orden del día de la próxima sesión)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:34 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de febrero a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.