El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputados. Por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:21 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presiente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Lectura a la solicitud de licencia de la diputada Ana María Ramírez Cerda.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Están a discusión lo siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Ana María Ramírez Cerda, para separarse de sus funciones como diputado federal, electa en la segunda circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados. Comuníquense.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Dos oficios de los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez, por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Ruiz Gamiño pueda prestar servicios en la Embajada de Belice en México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase al promovente, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento. Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Jesús González Macias, diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados:
Diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez;
Diputado Javier Martín Zambrano Elizondo;
Diputado Moisés Dagdug Lützow;
Diputado Ricardo Canavati Tafich;
Diputado Diego Cobo Terrazas;
Diputado Humberto López Lena Cruz;
Diputado Jaime Cervantes Rivera;
Diputado Ariel Castillo Nájera, y
Diputada Elsa Conde Rodríguez
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con su encargo)
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadano Jesús González Macias: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Jesús González Macias: Sí, protesto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenido, gracias.
Esta Presidencia recibió del diputado José Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Esta iniciativa se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.
Tiene la palabra la diputada Concepción Ojeda Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Concepción Ojeda Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La protección a los derechos humanos ha sido, desde la Declaración del Hombre y del Ciudadano en 1789, fundamento de los más elevados valores, que llevaron hasta nuestra época el establecimiento de normas e instituciones encargadas de promover el respeto a la dignidad de la persona, como base de un estado social y democrático de derecho.
El desarrollo en nuestro país de la concepción de los derechos humanos ha requerido de la participación crítica de todos, como corresponde a una sociedad plural que aspira a instaurar la tolerancia sobre la base del reconocimiento de la igualdad jurídica y necesariamente el respeto a la vida.
Desde su fundación, el Partido de la Revolución Democrática ha pugnado por que el reconocimiento de los derechos humanos sea de carácter universal, inalienable, progresivo, integral, indivisible e interdependiente con la finalidad de superar las limitaciones que obstaculizan su ejercicio y su plena vigencia.
Es por ello que consideramos que los procedimientos de designación tanto del titular y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son fundamentales para garantizar su independencia y su autonomía.
La iniciativa que hoy presento a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene que ver con la necesidad de establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos un procedimiento claro y transparente, que le permita a la Comisión de Derechos Humanos del Senado ejercer su atribución constitucional de designar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus consejeros.
Actualmente, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que el nombramiento de su presidente y de los integrantes del Consejo Consultivo se realice mediante un procedimiento en el cual la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a través del mecanismo de auscultación, seleccione a éstos y presente al Pleno las propuestas para su elección.
Sin embargo, al no existir claridad en el mecanismo de selección de los aspirantes, ha sido a través de acuerdos parlamentarios de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República como se ha venido desahogando dicho procedimiento.
Por otra parte, el debate sobre la participación de la sociedad civil y de los organismos defensores de los derechos humanos en estos nombramientos sigue siendo una asignatura pendiente, ya que la ausencia de una gran regulación adecuada, en la que se establezcan los mecanismos de selección de las propuestas, su participación ha sido solamente testimonial.
En este orden de ideas y para que la autonomía de las funciones del Consejo Consultivo tenga en los hechos el sentido de ser un órgano colegiado, de control interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya autoridad provenga de su carácter ciudadano e interdependiente, con calidad moral en sus integrantes, es que proponemos establecer un procedimiento claro y transparente, en el que puedan ser escuchados todos los grupos sociales que legítimamente persiguen la defensa y protección de los derechos fundamentales.
Consideramos necesario que las personas que han sido propuestas cumplan con los requisitos de ley, comparezcan y sean escuchados en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la cual decidirá, en consecuencia, a quienes someter a la aprobación del Pleno.
Diputado Presidente, dado que el texto íntegro de la iniciativa se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, le solicito su inserción al Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Concepción Ojeda Hernández. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado Edgar Olvera Higuera para presentar iniciativa que expide la Ley del Sistema de Ejecución de Sentencias; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y abroga la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Edgar Armando Olvera Higuera: Buenos días. Con su permiso, señor Presidente. Solicito que toda vez que ha sido publicada en la Gaceta la presente iniciativa, sea inscrita asimismo en el Diario de los Debates.
Los suscritos, diputados federales de esta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso, la iniciativa de la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias, por lo que se abroga la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados; se adiciona el Título Cuarto Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se deroga el Título Decimotercero, capítulos Primero y Segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados se constituyó en el vértice para la creación del actual sistema penitenciario a pesar de sus grandes logros. Desde su publicación a la fecha se ha distinguido por cumplir su propósito a pesar de las limitaciones de operación y al alto índice demográfico penitenciario que se ha incrementado considerablemente desde sus inicios.
Es necesario y urgente crear nuevas disposiciones legales que sirvan de apoyo a la función penitenciaria que permitan objetivamente establecer un equilibrio entre la población penitenciaria existente y la capacidad instalada, por lo que sometemos a su consideración la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias.
La modernidad exige la aprobación inmediata de medidas penitenciarias estratégicas capaces de desarrollar una política criminal adecuada a las condiciones actuales de los centros de readaptación social que permitan mejorar el cumplimiento con la función de prevención, rehabilitación, readaptación social, reinserción del interno que, a cargo del Poder Ejecutivo y Judicial, deben de existir en relación al problema penitenciario.
El tema de la despresurización penitenciaria ha dado respuesta parcial al problema de la sobrepoblación penitenciaria y quizás al de la corrupción interna en los centros de readaptación social de nuestra nación ya que con las reformas aprobadas recientemente por esta Legislatura, se dio margen a que en mediano plazo se logre apreciar la disminución de la población penitenciaria respecto de los internos con calidad de sentenciados.
Con la idea de lograr mejores alternativas jurídicas para la comunidad y seguir contribuyendo con la lucha en contra del hacinamiento y a favor de una nueva cultura sobre la rehabilitación penitenciaria y readaptación social, que además permita delimitar perfectamente, con profesionalismo, la separación entre dichas funciones y la preliberación, se prevé la imperiosa necesidad de contar con un área del Poder Judicial específica que contribuya a la disminución de la población penitenciaria en completo respeto al estado de derecho y permita el fortalecimiento en la credibilidad de nuestras instituciones encargadas del sistema penitenciario.
Se propone la intervención de los órganos jurisdiccionales de la Federación. Dicha intervención propone para su concreción, la creación del juez de ejecución de sentencias para alcanzar los siguientes objetivos.
Primero. La observación de la legalidad de la ejecución de las sanciones penales.
Segundo. Control y vigilancia del cumplimiento adecuado del régimen penitenciario.
Tercero. En la solución de controversias que se susciten entre la autoridad penitenciaria y los particulares.
Se determina que corresponderá al Juez de Instrucción de Sanciones conocer y otorgar los beneficios de preliberación, libertad preparatoria, reducción de la sanción y remisión parcial de la pena, resolver el recurso de reclamación de los internos contra sanciones disciplinarias, acordar las peticiones de los internos respecto al régimen y tratamiento penitenciario y realizar visitas de verificación, asimismo establecer respecto a los beneficios anteriores los requisitos para su procedencia y supuestos en que no proceden y causas de revocación.
Se estima que al establecer al juez ejecutor de sentencias, se logrará total transparencia, eficacia e imparcialidad para el caso de las preliberaciones, abatiendo por completo el probable favoritismo con el que se pudieran señalar a alguna institución que aparentemente realiza una doble función, al revisar los expedientes de los sentenciados cuyos expedientes han sido elevados a la categoría de cosa juzgada por el delito del fuero federal y que además decide facultativamente con quienes son candidatos para que se le autoricen las medidas preliberatorias y los beneficios concedidos en la ley.
Razón por la que nuestro sistema penitenciario requiere una nueva alternativa que garantice e implante un sistema de oficio para la revisión constante y permanente de todos los expedientes de los internos que han sido declarados con sentencias ejecutoriada, sin discriminación alguna y con pleno apoyo en el estado de derecho, el establecimiento del trabajo obligatorio, que en la actualidad es un auténtico reclamo social, no sólo como restitutivo de la reparación del daño a favor de las víctimas, igualmente para generar las bases que permitan, en primer término, el pago por el costo de inversión del penal; segundo, para la manutención del sistema penitenciario; y, tercero, para el ahorro de los internos y su familia, todo esto con pleno respeto a los principios fundamentales del hombre.
En cuanto al sistema penitenciario, se recogen disposiciones previstas en la ley que establecen las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, así como en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales, con el fin de aglutinar en un solo cuerpo normativo lo relativo al sistema penitenciario, como de ejecución de sanciones a fin de armonizar las disposiciones en este rubro.
Estas y otras propuestas son las que se prevén en la Ley de Ejecuciones de Sentencias que someto a la consideración de esta soberanía y con lo anterior seguramente la ciudadanía estaría en implantación de un nuevo sistema penitenciario propuesto, porque genera certeza jurídica a favor de quienes han sido violentadas, en su esfera jurídica y la de los suyos.
Por conducto de los diputados proponentes, diputada María del Pilar Ortega Martínez, diputado Luis Gustavo Parra Noriega, diputado Jesús de León Tello, diputado Alejandro Landero Gutiérrez, diputado Luis Gerardo Serrato Castel, diputada María Sofía Castro Romero y su servidor diputado Edgar Armando Olvera Higuera, por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Edgar Olvera Higuera. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Se encuentran presentes alumnos de la Escuela de Periodismo "Carlos Septién García" y esta Presidencia les da la bienvenida.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Sánchez Hernández del grupo parlamentario del PRI para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Eduardo Sánchez Hernández: Con su permiso diputado Presidente. El proceso democrático de México ha tenido como propósito fundamental la construcción de un sistema electoral capaz de otorgar confianza a la sociedad, a los partidos políticos y a sus candidatos, como resultado de este largo proceso en 1990 surgió el Instituto Federal Electoral, en sus más de tres lustros de existencia el IFE ha experimentado profundas transformaciones que lo han convertido en una institución sólida y confiable.
Sin embargo, después del proceso electoral de 1997 se dieron una serie de cambios que no correspondieron con los objetivos del proceso. Sin pretender ser exhaustivo en el análisis, vale la pena mencionar algunos de ellos.
En primer lugar, es de señalarse el crecimiento excesivo en la cantidad de personal durante los años no electorales. Baste recordar que en septiembre de 2005 el IFE había llegado a más de 14 mil plazas; su gasto operativo tuvo un crecimiento desmedido, producto del exceso de personal y las elevadas remuneraciones para los mandos superiores y medios que superan con mucho a las autorizadas para cargos iguales en la Administración Pública Federal y en el Poder Legislativo.
Por otro lado, es de mencionarse que la autonomía operativa de los órganos ejecutivos se ha visto reducida o negada por la creación de comisiones permanentes integradas exclusivamente por consejeros electorales que invaden la esfera de competencia de los servidores de mando ejecutivo y de las juntas ejecutivas.
Otro tema que no podemos dejar de observar es el hecho que ante la falta de acuerdos de las tres fracciones parlamentarias de mayor peso numérico en la pasada Legislatura, la elección de los actuales consejeros electorales se realizó sin la participación del Partido de la Revolución Democrática. Este hecho devino en la debilidad de origen de los consejeros aquí electos.
Además, es necesario decirlo, varios de los consejeros electos, que a decir de los conocimientos y experiencia en la materia... y es que en el 2003 se privilegió el acuerdo por cuotas partidistas sin reparar en el análisis de los perfiles y la capacidad profesionales de los candidatos designados. El costo de aquellos errores, hoy sigue vigente.
En el curso del proceso electoral del año pasado, el IFE se vio desbordado, retado por la injerencia directa del entonces titular del Ejecutivo federal, quien utilizó impunemente los recursos públicos y el privilegio de su acceso a los medios de comunicación para afectar a los candidatos de los partidos opositores al suyo.
Fue así que la propaganda de las campañas adquirió tintes de difamación e injuria. El debate de ideas y proyectos quedó de lado y se impuso una guerra mediática de lodo y piedras.
Es probable que la abstención observada por casi la mitad de los ciudadanos el año pasado, tenga una explicación —o buena parte de ella— en esta guerra de injurias entre candidatos y partidos.
Ante tan lamentables hechos, los consejeros electorales desestimaron los reclamos que les pedían intervenir para frenar los excesos del Presidente y reencauzar las campañas electorales.
Fue entonces necesaria la intervención del Tribunal Electoral para que estos funcionarios asumieran su responsabilidad, y aún así, lo hicieron mal y tarde.
De ahí que resulta necesario realizar y agilizar propuestas para mejorar al máximo órgano electoral federal. Se trata de un ejercicio en positivo, no de un ajuste de cuentas y mucho menos de revancha. No se trata de volver la mirada al pasado sino de mirar al futuro.
En materia de democracia hay mucho qué avanzar y debemos de reconocerlo. Hoy tenemos la oportunidad histórica de avanzar con serenidad hacia la tercera generación de reformas que corrijan lo que no funcionó, consoliden los progresos alcanzados y proyecten a las instituciones electorales hacia una etapa en que la confianza sea producto de un mejor diseño institucional.
Es por ello que someto a la consideración de ustedes, las siguientes propuestas:
En materia constitucional propongo implantar la renovación escalonada de los consejeros electorales como método necesario para permitir que el cambio se dé con continuidad y se aprovechen al máximo los conocimientos acumulados; la renovación en un solo momento de todos los consejeros electorales es una de las causas de improvisación y pérdida de capital humano que tanto ha afectado al IFE.
Para alcanzar este objetivo y hacerlo compatible con la celebración de los procesos electorales que tienen lugar cada tres años, propongo aumentar el plazo del mandato de los consejeros electorales de siete a nueve años; propongo asimismo eliminar el cargo de consejeros electorales suplentes. Estas suplencias quizá fueron justificadas cuando la Cámara de Diputados sesionaba sólo durante un período ordinario, lo que ya no es el caso hoy en día que esta soberanía sesiona durante siete de los 12 meses del año.
Esta iniciativa propone modificar la representación del Poder Legislativo ante el IFE. La actual forma, un consejero por cada grupo parlamentario sin importar su origen por Cámara, ha conducido a que los consejeros del Poder Legislativo actúen como parte de la representación partidista, duplicando así la representación de los partidos en forma tan innecesaria como contraproducente.
Es por ello que propongo que la representación del Poder Legislativo se realice a través de un legislador por cada Cámara del Congreso electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de ellas y a propuesta de su Mesa Directiva.
Por lo que hace al Cofipe, propongo que la elección del consejero presidente la lleve a cabo la Cámara de Diputados, a partir de una amplia consulta pública de la que surjan las propuestas que presente cada grupo parlamentario.
Se propone también el procedimiento a seguir para el caso de ausencia definitiva del consejero presidente o de los consejeros electorales, especificando que será la Cámara de Diputados la única facultada para cubrir la vacante.
Asimismo, se establece que tanto los consejeros representantes del Poder Legislativo como los de los partidos políticos no podrán percibir remuneración o prestación alguna de parte del instituto, en virtud que esas erogaciones ya son cubiertas con financiamiento público de diversa índole.
Propongo definir reglas que normen la asignación de espacios y equipo a los representantes de los partidos políticos y a los representantes del Poder Legislativo. En especial, la propuesta postula la aplicación de criterios de proporcionalidad a tales asignaciones hoy regida por una ilógica política de igualdad entre partidos políticos.
En lo relativo al requisito de título profesional para los consejeros electorales, se propone eliminar la referencia al confuso concepto de formación equivalente y en su lugar establecer que el título profesional haya sido obtenido al menos cinco años antes de su designación.
De igual forma se propone una proposición que no es semántica sino de fondo; que en lugar de establecer que el consejero "tenga conocimientos en materia electoral", se establezca la obligación de acreditar dichos conocimientos. Experiencias anteriores explican la necesidad de tal precisión.
Respecto de los impedimentos que la ley establece para ser consejero electoral, hago una propuesta respecto de aquélla que inhibe a quien hubiese ocupado cargo partidista. En este caso sugiero precisar que el impedimento sólo opera respecto de partidos políticos que cuentan con registro legal, dado que perdieron su registro han extinguido su existencia jurídica y por lo tanto, ello no puede ser fuente de restricciones en el ejercicio de derechos ciudadanos.
En lo que hace a la restricción para quienes hayan sido registrados como candidatos a cargos de elección popular, la iniciativa propone reducir el período de cinco años. Lo anterior en virtud que la propia ley señala que "tratándose de otros servidores públicos, éstos pueden ser designados siempre y cuando se hayan separado del cargo con cuando menos un año de anticipación a la fecha de su designación como consejeros electorales".
En lo que hace a las reglas para determinar la remuneración del consejero presidente y los demás consejeros, la iniciativa propone criterios que permiten la homologación y dan fin al exceso.
Se propone concretamente, que la remuneración del primero sea igual a la del secretario de Estado y que la de los segundos, así como la del secretario ejecutivo, se iguale a la de subsecretario de despacho en la administración pública federal.
Se propone asimismo que esta Cámara acuerde de forma anual el tabulador de sueldos del IFE, estableciendo las prestaciones de los servidores públicos que se homologuen a la administración pública.
Propongo también establecer que los consejeros electorales, durante los tres años siguientes al término de su cargo, no podrán ser registrados como candidatos, ni ocupar cargos directivos en el propio IFE.
La iniciativa introduce reglas que ponen fin a la indebida confusión y obstaculización que existe entre los órganos de dirección y los ejecutivos del IFE. La existencia de comisiones permanentes de todo tipo ha derivado en la superposición de instancias y en el ejercicio confuso de responsabilidades.
En un artículo transitorio se establece el procedimiento y las reglas que por única vez aplicaría la Cámara de Diputados para la inmediata renovación del Consejo General del IFE, así como las normas para su regraduación escalonada.
Esta soberanía debe dar respuesta a los problemas ya vividos, con soluciones que merezcan el más amplio consenso de la sociedad. Tenemos el alto mandato. O lo asumimos con responsabilidad o pagaremos las consecuencias de la cobarde omisión. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Sánchez Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
Tiene la palabra la diputada Mónica Arreola, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Federal de Radio y Televisión, y General de Educación.
La diputada Silvia Oliva Fragoso (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputada. Sonido a la curul de la diputada Silvia Oliva.
La diputada Silvia Oliva Fragoso (desde la curul): Diputado Presidente, si fuera tan amable de turnar la iniciativa anterior a la Comisión Especial de Reforma del Estado, para opinión.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputada, como es una Comisión Especial y no es de dictamen legislativo y las comisiones especiales pueden tener un carácter transitorio, no será posible hacer el turno. Sin embargo, estarán todos los diputados que quieran participar en estas Comisiones Unidas en el dictamen de esta iniciativa.
La diputada Silvia Oliva Fragoso (desde la curul): Diputado Presidente, lo único que solicito es que se pudiera enviar para emitir una opinión. Conocemos perfectamente que no es…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se va a enviara la Comisión Especial con mucho gusto para que opinen sobre la misma, sin que sea vinculatoria del dictamen. Adelante, diputada Arriola.
La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Gracias, Presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Que los problemas se resuelven a través del dinero o a través de la violencia; que quienes consumen determinados productos obtienen por arte de magia la felicidad, el éxito, el poder, la belleza y el amor; que el cariño o el amor se demuestran dando objetos o gastando dinero; que sólo las mujeres bellas y esbeltas merecen ser admiradas; que un buen padre de familia es el que le da a la misma casa, vacaciones y cosas materiales; y una buena madre sufre, llora y se sacrifica por sus hijos.
Que la mujer necesita de un hombre para solucionar sus problemas; que el hombre admirable, activo, atractivo toma decisiones, se arriesga y siempre gana; es rico y junto con las cosas que posee, también tiene muchas mujeres; que la mujer casada sólo debe ocuparse de las labores del hogar mientras el hombre resuelve los problemas del mundo. ¿Qué son estas frases?, ¿por qué no nos suenan tan conocidas?, ¿dónde las hemos oído? Estas frases forman parte de algunos de los mensajes que podemos encontrar al prender la televisión o si escuchamos la radio.
Hoy en día sabemos que los medios de comunicación tienen una influencia determinante en la manera en que percibimos la realidad social y personal. En nuestro país la televisión, debido a su fácil acceso y al alcance que tiene sobre todas las personas, es el medio de comunicación preferido por la población infantil. La televisión se ha convertido para nuestras niñas y niños en uno de los principales referentes para no sólo conocer la realidad en la que viven, sino para interpretarla.
Las niñas y niños muchas veces toman como ejemplo las situaciones o mensajes que se presentan en la tele para tomar sus propias decisiones o determinar sus opiniones o preferencias ante diversos hechos de la vida. Lo que aquí es importante no es la presencia cotidiana de medios de comunicación en nuestras vidas, sino el uso que el público infantil le puede dar a sus contenidos.
Por ejemplo, la reiterada observación de escenas violentas en la televisión repercute sobre la agresividad de la niñez. Numerosos estudios confirman que el alto índice de violencia televisiva, interviene como factor importante en la determinación de las conductas violentas. En México se calcula que los niños en promedio han sido expuestos a ocho mil asesinatos y 100 mil acciones violentas en televisión al momento de terminar su educación primaria.
La publicidad es otro de los factores que debemos destacar, pues niñas y niños representan una importante cuota de mercado. El alcohol y los cigarros, por ejemplo, son productos que la publicidad los hace creer necesarios para lograr la diversión y el éxito con el sexo opuesto. Nuestras niñas y niños crecen pensando eso y no que precisamente estos productos no te dan ese resultado, sino al contrario: su consumo los puede llevar hasta la muerte.
Los programas, las telenovelas, las series, los anuncios, por mencionar algunos, influyen también en la idea que las personas tenemos de los papeles que debemos desempeñar dentro de la sociedad. Es aquí donde los y las niñas y los adolescentes pueden extraer aprendizajes inadecuados en aspectos como la relación con sus padres y maestros, la sexualidad, las modas, la alimentación y el comportamiento social.
Por ejemplo, la exaltación de la esbeltez en modelos y presentadoras de televisión se equipara con el éxito y la belleza. Este mensaje tiene tal poder de atracción que puede llevar a los niños, en este caso en particular a los adolescentes, a padecer enfermedades como anorexia y la bulimia.
Asimismo el mal manejo de la sexualidad en la televisión puede llevar a tomar decisiones erróneas a los jóvenes o hacerlos vivir experiencias difíciles y complejas según su edad. Muchas y muchos de ustedes se seguirán cuestionando sobre el alcance y la influencia de los medios de comunicación. Y para que no quede ninguna duda, según datos de la Asociación en los Medios a Favor de lo Mejor, el 98 por ciento de los hogares mexicanos cuentan al menos con un televisor y de esa cifra el 41.8 por ciento cuenta con tres o más televisores.
México cuenta con la segunda cifra más alta de consumo promedio de televisión por persona en América Latina. Un niño normal ve 25 horas de televisión a la semana y los adolescentes entre 13 y 19 años ven 20 horas. La programación infantil de los fines de semana contiene de 20 a 25 actos violentos, mientras que entre semana cuenta con cinco actos violentos por hora.
Los niños que ven más de cuatro horas diarias de televisión, realizan sus tareas escolares con deficiencia, leen con baja atención y desarrollan poca creatividad. Ante estos hechos y cifras, queda claro que junto los innegables beneficios que los medios de comunicación han traído a la humanidad, el espectro de contenidos destructivos y la influencia que éstos tienen en el desarrollo y formación de la infancia es de suma importancia.
Las niñas y niños desde los primeros años forman patrones básicos de comportamiento desde su vida; los medios de comunicación pueden si la información que propagan es destinada a desarrollar su capacidad crítica y de libre decisión bajo los principios de igualdad y de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y la no discriminación, ampliarles su visión y darles más opciones para enfrentar los peligros que nuestra sociedad ofrece.
Un manejo adecuado de la información en medios es vital para contribuir a redimensionar el desarrollo y la toma de decisiones de los niños, niñas y adolescentes. En Nueva Alianza consideramos que en este período de transformación acelerada por el que atraviesa nuestra sociedad, uno de los sentidos que fundamenta la existencia de los medios de comunicación, es aprovechar al máximo su gran potencial pedagógico para producir mayores niveles de conciencia colectiva sobre nuestras problemáticas.
Creemos que una de las razones de ser de la radio y la televisión mexicana es la de colaborar en el buen desarrollo de la niñez. Las condiciones tecnológicas y de formación están dadas, lo que queda ahora es efectuar el trabajo político, unir voluntades para lograr la reorientación del contenido de tales avances.
Para impulsar un medio informativo más seguro para la sociedad mexicana, la potenciación por parte de los gobiernos y de instituciones académicas y civiles, de una política de comunicación que haga visible la calidad, la parcialidad y veracidad de la información es el fin.
Porque en Nueva Alianza estamos convencidos de que los medios de comunicación y las tecnologías de la información juegan un papel fundamental en el proceso de educación, ya que proporcionan bases importantes por el desarrollo educativo y cultural de nuestra sociedad, someto en mi calidad de integrante del grupo parlamentario en Nueva Alianza, a la aprobación de esta soberanía la presente
Iniciativa con proyecto de decreto con el fin de reformar el inciso E y adicionar un F al artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se reforma el inciso II del artículo 5; el inciso I del artículo 11; y se adiciona un sexto inciso al artículo 59 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 74 de la Ley General de Educación.
Por respeto al tiempo de mis compañeros, también omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Mesa Directiva que sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de Debates y Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Mónica Arriola. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 441 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se encuentran en el salón de sesiones la señora Diane Bourgeois y el señor Ujjal Dosanjh, miembros del Parlamento de Canadá, invitados por la Comisión de Relaciones Exteriores. Sean ustedes bienvenidos al Parlamento mexicano y les deseamos la mejor de las estancias en nuestro país.
Esta Presidencia saluda también a los jóvenes estudiantes del Colegio Manning, del Distrito Federal que se encuentran aquí presentes.
Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Voy a dar lectura a un documento que sintetiza mi propuesta y con todo respeto pido a la Presidencia se inscriba de manera íntegra mi documento en el Diario de los Debates.
Honorable Asamblea. El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Lo que se aborda en la presente iniciativa es la práctica conocida como clonación humana, con sus propósitos reproductivos y terapéuticos. Por la magnitud de derechos y libertades que trastoca esta técnica, estamos obligados como sociedad en general y como tomadores de decisiones públicas en particular, a voltear la mirada hacia aquellos expertos investigadores y científicos, quienes a través de sus trabajos y experiencias, dejando de lado posiciones ideológicas y creencias religiosas son fuente primaria de contribución objetiva para la defensa o rechazo de dicha práctica.
En este sentido podemos decir que el sector científico, así como el legislativo, han tratado de cumplir con su tarea. Me refiero a que en tiempo reciente este Congreso fue sede cuatro veces durante la Legislatura pasada, del seminario Clonación y Células Troncales, organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, organismo de consulta permanente del Congreso de la Unión y del cual se desprendieron importantes conclusiones respecto a este tema, las cuales considero pertinente poner sobre la mesa.
En lo que toca a la clonación reproductiva, la comunidad científica denota la escasa eficiencia y efectividad técnica de esta práctica, así como el nulo beneficio social, médico y práctica ética que la justifique, situación que amerita para el caso de México y a fin de ser acorde con la basta normatividad internacional, legislar su prohibición. Y en lo que corresponde a la clonación terapéutica, es innegable ––científicamente hablando–– que es una promesa viable para la cura de muchas enfermedades, por tanto, su práctica e investigación no puede quedar limitada ni ser rechazada.
Lo que se desprende de esta clase de seminarios no debe guardarse ni quedar en el olvido, ya que la producción de conocimiento derivado de ello resulta una herramienta de gran valía a nuestro trabajo, pero sobre todo, de gran valía para la sociedad a la cual todos nos debemos.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico acerca de las autoridades y tomadores de decisiones con el conocimiento científico, lo que puede contribuir verdaderamente a la construcción de políticas públicas certeras y, por tanto, a eficientar las acciones públicas.
Es por ello que la propuesta aquí planteada contribuiría a cimentar la cercanía entre el conocimiento científico y el quehacer legislativo para el beneficio de la salud de los mexicanos mediante el impulso a la investigación y práctica de la clonación terapéutica, ya que ésta, como se dio cuenta en el seminario, promete ser la medicina del futuro. Asimismo, la propuesta ahora presentada reitera la prohibición de la clonación reproductiva por ser ésta una práctica científica y técnicamente ineficaz.
En atención a las importantes conclusiones derivadas del seminario antes mencionado y en virtud de lo expuesto, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Único. Se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 100, recorriéndose la subsecuente; se adiciona un artículo 100 Bis y se reforma el artículo 465, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Ley General de Salud
Título Quinto. Investigación para la Salud.
Capítulo Único.
Artículo 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:
Fracción VII. Queda prohibida cualquier actividad que tenga como finalidad la clonación humana reproductiva.
Fracción VIII. Por su probado beneficio a la salud humana podrá emplearse y desarrollarse permanentemente la técnica de transferencia nuclear somática con la finalidad de obtener las células troncales embrionarias, sólo con fines de investigación y terapéuticas, la cual, por tanto no debe implicar la implantación de las células en el útero de una mujer.
Artículo 100 Bis. Se entiende por clonación humana con fines reproductivos o clonación humana reproductiva la técnica consistente en la extracción del núcleo de un óvulo; a su vez, la extracción del núcleo a una célula somática de la misma especie, el cual se transfiere al óvulo enucleado; finalmente el cultivo de estas células y su posterior implantación en el útero de una mujer, lo cual permite el embarazo.
Título Decimoctavo. Medidas de seguridad, sanciones y delitos.
Capítulo VI. Delitos.
Artículo 465. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que lleve a cabo la investigación clínica en seres humanos, o cualquier actividad con los mismo, cuyo fin sea la clonación humana reproductiva, sin sujetarse a lo previsto en el Título Quinto de esta ley, se le impondrá prisión de uno a ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por equivalente de 100 a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.
Se concede el uso de la palabra al diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa suscrita además por la diputada Elizabeth Morales García, que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada Presidenta. Los que suscribimos la presente iniciativa, la diputada Elizabeth Morales García, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, y el de la voz, César Horacio Duarte Jáquez, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea, iniciativa de proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Uno de los grandes desafíos de este Congreso tiene que ver con la posibilidad de que nosotros los servidores públicos, los legisladores, construyamos esquemas de representación política y de participación efectivos para nuestros representados, a través del impulso decidido en la transparencia de nuestro ejercicio y de la profesionalización de nuestra tarea legislativa.
Un parlamento fortalecido que realice adecuada y responsablemente sus funciones, privilegiando el trabajo conjunto sobre el individual, en el entendido de que en esta actitud y en ese sentido se aprovecha el esfuerzo de los otros sumando voluntades, y construye la responsabilidad de establecer el seguimiento de nuestras propuestas, sobre todo de aquéllas que han demostrado la factibilidad y el consenso, debe ser parte de nuestra conciencia como legisladores.
En ese sentido, como diputado local, a través de un gran esfuerzo presenté ––junto con mis compañeros de bancada–– una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, mediante el cual propusimos elevar a rango constitucional la garantía del estado para prever el derecho y acceso a la educación física y el deporte.
Esta iniciativa concilió las visiones de los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso y la aprobamos por unanimidad.
Compañeros diputados. En este orden de ideas me permito exponer lo siguiente. Si bien es cierto que existe la Ley General de Cultura Física y Deporte y que la Ley General de Educación constituye, como fin establecido, el estímulo de la educación física y la práctica del deporte, es preciso que la ley fundamental del país consagre la necesidad de que se establezca el derecho a la educación física y a la práctica del deporte.
Es primordial que el impulso de la cultura del deporte y la actividad física provenga de su establecimiento en nuestra Carta Magna.
De todos es sabido que el deporte engrandece la vida, el deporte y la actividad física amalgaman la práctica recreativa al ejercicio físico y al aprendizaje y al desarrollo colectivo e individual. Para nuestros niños la importancia que tiene la práctica de la actividad física y el deporte en las edades tempranas repercute en su aspecto efectivo y social.
La educación física y el deporte desarrollan capacidades como la percepción especial, la coordinación motora, la agilidad y el equilibrio. A nivel social, los menores aprenden a asumir ciertas responsabilidades, comprenden las normas establecidas y experimentan los éxitos y fracasos.
Es también de destacar los beneficios que se obtienen a nivel físico y psicomotor. Los especialistas coinciden en que la realización de la actividad física durante la niñez favorece el proceso de crecimiento debido a la estimulación que se produce a nivel del tejido óseo y muscular.
Por su parte, para los jóvenes el deporte desempeña un papel especial para su salud sexual y reproductiva, porque apunta directamente a ellos y está ligada al mundo en el que se desenvuelven.
Los temas de salud suelen ser poco atractivos para los adolescentes, pero las actividades recreativas constituyen un medio importante para entrar en confianza con ellos mismos.
El deporte brinda acceso a los individuos jóvenes, o bien, puede funcionar como punto de partida para la creación de nuevos grupos deportivos.
Muchas culturas juveniles se expresan a través de las actividades deportivas. Dependiendo de los intereses de los jóvenes se pueden ofrecer deportes específicamente juveniles. Esto permite que los padres observen la actividad de los jóvenes y los comprendan, lo que fomenta el apoyo e intercambio intergeneracional.
El amplio reconocimiento social del deporte puede utilizarse para el provecho en el campo de la salud juvenil. En el campo de la prevención de la violencia el deporte ofrece a los adolescentes un modo de canalizar sus tensiones físicas y les permite aprender formas de competencia positiva y de conducta no agresiva.
En el caso de los adultos, los expertos reconocen que el ejercicio sirve de palanca para empezar a rebajar la presencia de factores de riesgo como diabetes, la hipertensión arterial, la arterosclerosis, la obesidad, entre otros.
La práctica de un ejercicio o deporte moderado, junto a la observación de otros hábitos de la salud, pueden tener consecuencias positivas inmediatas en su salud. Además, el ejercicio físico mejora la capacidad orgánica del corazón, disminuyendo la necesidad de oxígeno, reduciendo la tensión arterial.
En el caso de los adultos mayores, la práctica de la actividad física regular es una de las actividades prioritarias, como una forma de prevención de las enfermedades crónico-degenerativas. La promoción de la actividad física en los adultos mayores es indispensable para disminuir efectos de envejecimiento y preservar su capacidad funcional.
A grandes rasgos, este es pequeño recuento de las grandes ventajas del deporte que tendría en el campo fértil el crecimiento y desarrollo integral. Su elevación a rango constitucional ampliaría las oportunidades de convivencia y bienestar en pro de la sociedad mexicana.
En este contexto, mi responsabilidad de darle cauce y seguimiento a los acuerdos constituidos en mi carácter de servidor público, es imperativo observar y preservar lo que ha aprobado la viabilidad a través del trabajo del consenso.
Es de esa forma que desde esta tribuna propongo una reforma al artículo 3o constitucional y es por lo que se somete a esta honorable Asamblea de la siguiente forma.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el Artículo 3°: Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria.
Reforma propuesta. "Artículo 3° Todo individuo tiene derecho a recibir la educación… la Federación, los estados…", como lo he dicho y añadiría: "Todo individuo tiene derecho a la educación física y a la práctica del deporte".
Transitorio: Esta reforma entraría en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Suscribimos los diputados César Horacio Duarte Jáquez y diputada Elizabeth Morales García. Es cuanto, compañera Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia saluda cordialmente a los invitados especiales del Sector Obrero del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Sean bienvenidos y gracias por su visita.
Tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5o y 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
El diputado Jesús Ramírez Stabros: Muchas gracias, Presidenta. Honorable Asamblea. El que suscribe, Jesús Ramírez Stabros, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, conforme a la siguiente
Exposición de motivos
El Sistema de Ahorro para el Retiro, nació con un objetivo primordial, que el trabajador logre generar el mayor ahorro posible para que al finalizar su vida laboral pueda disfrutar de una pensión digna. Sin embargo, hoy no se garantiza que esta meta pueda convertirse en realidad.
Por ello, resulta de la mayor importancia hacer frente a un tema que ya constituye de sí un serio problema social.
Quiero hacer mención particularmente a dos temas fundamentales: En primer lugar, el de las elevadas comisiones que las Afores cobran por el manejo de recursos a los trabajadores. Estas comisiones se ubican entre las más elevadas del mundo.
Un segundo asunto al que quiero hacer referencia es el relativo a la insuficiente y poco clara información sobre las reglas del funcionamiento del Sistema del Ahorro para el Retiro.
En cuanto al primer tema, a un trabajador le aplican elevadas comisiones por administrar su ahorro. Una Afore puede cobrar comisión con tasas hasta del 25 por ciento sobre las aportaciones bimestrales. También puede cobrar un porcentaje por el manejo de los recursos que un trabajador tiene como saldo en su cuenta individual, e inclusive algunas cobran además comisión sobre el rendimiento obtenido.
Esta multiplicidad de cobros ubica a los Afores de México, entre las más rentables en el orbe para las instituciones, mismas que prestan el servicio y que en su mayoría son de origen extranjero, pero no para los trabajadores mexicanos.
Generalmente la mayoría de las Afores cobran comisiones por dos o más conceptos a la vez, lo cual merma de manera significativa la capacidad real de ahorro de cada trabajador y ello constituye sin duda un atentado al futuro de las familias mexicanas, dependientes de un ya de por sí deteriorado salario.
Además de lo anterior, el Estado mexicano es incapaz de orientar a los trabajadores con información transparente y clara sobre las condiciones y beneficios que pueden obtener como producto de sus ahorros.
Así existe en los hechos, entre los trabajadores mexicanos, una desinformación acerca de las elevadas comisiones que les cobran por el manejo de sus cuentas, que se hace evidente al revisar los padrones de afiliación de cada Afore, en donde resulta que las Afores que cobran mayores comisiones son las que ostentan un mayor número de afiliados, a pesar de que prestan los mismos servicios que las demás.
Por lo anteriormente expuesto se proponen dos reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, en primer lugar se busca propiciar que el sistema tenga mayor equilibrio a través del establecimiento de una sola comisión sobre el rendimiento real de las inversiones; y por otro lado se busca que exista una mayor claridad en la información que brinda la Consar a los trabajadores, con estas reformas se obtendrán los siguientes resultados:
Primero, mayor claridad en cuanto a los beneficios que ofrece cada administradora. Segundo, menores comisiones. Tercero, eliminación del cobro de comisiones múltiple. Y cuarto, mejores rendimientos de las inversiones en beneficio de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto
Artículo único. Se adicionan y reforman las fracciones XIII y XIV del artículo 5o. y se reforma el segundo párrafo del artículo 37 ambos de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los ocho días de febrero de 2007.
Y le solicito respetuosamente a la Presidencia también se turne esta iniciativa a la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 366 del Código Penal Federal.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso diputada Presidenta. Compañeros diputados. Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política Mexicana, y como integrante del grupo parlamentario del PRI, ocurro a presentar proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del dispositivo 366 del Código Penal Federal que tiene relación con el tema que en forma coloquial se le ha denominado secuestro virtual.
En efecto, el Código Federal en su artículo 366 tipifica la conducta delictiva de la privación de la libertad, estableciendo las penas que se harán acreedores aquellos que se coloquen en los supuestos ahí previstos.
Si bien estas penas son consideradas altas, no han logrado la inhibición de dichas conductas delictivas relacionadas con la privación de la libertad, misma que es variada y compleja, la libertad de las personas, que estamos conscientes representa uno de los valores más elevados, por lo que no es de extrañarse que sea titulado por diversas disposiciones de nuestra Carta Magna.
Es por ello que los diversos ordenamientos legales de nuestro sistema jurídico mexicano, prácticamente la totalidad de sus disposiciones se ven permeados por este principio de libertad de los individuos.
No cabe duda que cuando un individuo mediante el uso de tecnologías modernas como el Internet, el teléfono o medios electromagnéticos priva de la libertad, de discernimiento a las personas al ser amenazadas y alteradas emocionalmente con expresiones de realizar daños a personas cercanas, efectivamente a éste, a través de la comunicación de tener privada de la libertad a otra persona a la que se amenaza, se le hará un daño no sólo con el hecho de comunicar esta privación de la libertad, debe ser motivo de su tipificación penal grave.
Sabemos que recientemente se han venido incrementando de manera verdaderamente escandalosa el número de comunicaciones que aluden al secuestro de familiares cercanos con el fin de obtener un rescate por la persona, operando básicamente a través de medios de telefonía.
Estos individuos conforman verdaderas estructuras de organizaciones criminales que se están convirtiendo en un elemento de alteración de las personas y su libre convivencia social. Por lo anterior es que debe ser considerado dentro de los agravantes del crimen organizado.
No hace mucho un diario de circulación nacional destacaba un reporte de la Agencia Federal de Investigaciones en la que se detallaba que en los dos últimos años esta forma de conducta delictiva había aumentado de manera verdaderamente alarmante. Se establecía entre 2001 y 2004, en un incremento de mil 700 por ciento, un crecimiento desmesurado si se toma en cuenta que aún esta última cifra es conservadora, ya que muchas víctimas no denuncian estos ilícitos.
Sólo por mencionar un caso, en el estado de Jalisco se considera que esta conducta ha aumentado en un 200 por ciento para un período similar. Pero en este estado, para que estas conductas delictivas sean reportadas solamente una de cada cuatro, por lo que es de esperarse que el caso que se menciona anteriormente sea semejante por lo menos a mil 700 por ciento, sea una cantidad mucho mayor.
Abunda esta información: que el 80 por ciento de las comunicaciones tienen como origen los diversos penales, lo que haría evidente—en el mejor de los casos— la ineficacia de los sistemas para bloquear las señales telefónicas de los penales que ya se han venido instrumentando; y en todo el sistema penitenciario lo ineficiente de lograr una readaptación de quienes ahí se encuentran recluidos y que desde ahí siguen operando. Y lo más grave, ponen de manifiesto la enorme corrupción que se da al interior de los mismos para poder operar con este grado de impunidad.
Así con sólo una llamada de estos delincuentes, obtuvieron ganancias por un monto de alrededor de 11 millones 452 mil pesos en el período que se menciona; cifra muy inferior al daño real que se ocasiona a la persona, por lo que no es un problema de pesos, va mucho más allá; afecta a la integridad emocional de la persona y su familia y afecta a la convivencia misma de la sociedad por el temor permanente en el que se le hace vivir la zozobra.
Se insiste porque es realizada, en su mayoría, desde dentro de los penales con una absoluta impunidad y complicidad policíaca.
Los rescates supuestos a cubrir —como sabemos— van desde sumas realmente considerables hasta solamente tiempos libres de aire de celulares para seguir cometiendo más fechorías. Todo ello con la cada vez mayor impunidad y a veces pareciera ser que la complicidad de las autoridades carcelarias y de los mismos cuerpos policíacos.
Sólo baste recordar que el año pasado se reconoció en los medios masivos de comunicación que los sistemas de inhibición de las señales celulares de los reclusorios en el Distrito Federal habían sido desactivados ante su mal funcionamiento, coincidiendo con el incremento de estas conductas delictivas.
Pero ello de ninguna manera significa que debemos de acostumbrarnos a verla como una conducta delictiva poco grave, a la luz de las cantidades económicas que se ven involucradas, que repito, en la mayoría de los casos son cantidades importantes que a veces representan sumas que van más allá de lo que una persona puede ganar en su vida.
Por todo ello, estas organizaciones criminales sabemos que están actuando cada vez con mayor intensidad; por lo que es necesario contar con instrumentos jurídicos y materiales eficaces para que las instituciones del Estado logren su inhibición en aras de lograr una mayor tranquilidad de la sociedad, garantizando la seguridad de las personas; estableciendo un marco jurídico que permita al Estado actuar de manera decidida en contra de aquéllos que transgreden la armonía social mediante estos medios de comunicación a distancia.
Con base en lo anterior se propone el siguiente proyecto de decreto por el cual se modifica la fracción I del artículo 366 del Código Penal Federal, agregándosele un párrafo para quedar como sigue:
Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán de 15 a 40 años de prisión y de 500 a dos mil días de multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de —ésta es la reforma— se considerará además de lo anterior, como privación de la libertad, en los términos del presente artículo, aquellas acciones realizadas mediante medios cibernéticos, electromagnéticos y de telefonía, que a través de la declaración expresa o implícita por estas vías, tiendan a privar de la libertad emocional o física a las personas, argumentando la privación de la libertad de un ser humano cercano, mediante la cual se pretende obtener un beneficio indebido de la persona con la que se establece comunicación. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos y alumnas de la Escuela secundaria "Sor Juana Inés de la Cruz", del municipio de Metepec, en el Estado de México y les agradece su visita.
Tiene la palabra el diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Jericó Abramo Masso: Con su permiso, diputada Presidenta. De conformidad con los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI, presento ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, bajo la siguiente
Exposición de motivos
En junio de 1998 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Declaración obliga a los Estados miembros en México —entre ellos México— a respetar, promover y cumplir los principios y derechos de la sindicalización y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la erradicación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación.
Se entiende por discriminación laboral al trato desigual que se le da a las personas por motivos ajenos a su capacidad y que tiene por este efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
Es y ha sido una de las formas más comunes de represión en las diversas sociedades, cultural y, en todos los tiempos. La Declaración 182 de la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido el derecho de verse libre de la discriminación en materia de empleo y ocupación comprendida de manera de incluir en miembros de la OIT, tienen que resguardar.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el PIDESC y la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las cuales han sido ratificadas por México también resguardan este derecho. Las partes están obligadas a brindar protección legislativa efectiva con la finalidad de garantizar los derechos consagrados en tales Convenciones.
A principios del 96 Human Right Watch inició una investigación sobre los derechos laborales de las mujeres en el sector de las maquiladoras en México, donde son las más pobres, con menos experiencia y las menos educadas dentro de la fuerza laboral.
Su desesperación por obtener o retener su trabajo en las maquiladoras, combinado con su ignorancia sobre la ley, las hacía reacias a impugnar pruebas discriminatorias o renuncias forzadas. De muchas maneras, las mujeres se encontraban ante la injusta posición de tener que escoger entre sus empleos o sus derechos. Así, al cabo de seis meses se presentó un exhaustivo informe sobre estas condiciones.
Lo que siguió fue un largo proceso de revisión e investigación. La OAN emitió en enero de 98 un informe público recomendando consultas a nivel ministerial entre las Secretarías del Trabajo estadounidenses y mexicanas. Las consultas se llevaron a cabo en 1998. En diciembre de ese año, Human Right emitió un nuevo informe donde documentaba las actuaciones de manos de ambos gobiernos ante la problemática del "caso México" la ausencia de acción significativa para condenar, investigar o castigar la discriminación en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica y el fracaso para pedir pruebas de cómo México impone sus prohibiciones sobre la discriminación en el trabajo.
Hasta el 2003 no se han cerrado las consultas ministeriales. Por desgracia, el gobierno mexicano declaró que la discriminación del empleo antes y después de la contratación sobre la base de género y embarazo era ilegal de acuerdo a las leyes mexicanas, cosa que desgraciadamente es falsa.
Human Right Watch ha recomendado introducir enmiendas en la legislación federal a manera de prohibir explícitamente el requisito de la prueba de embarazo como condición para obtener o permanecer en un puesto de trabajo, así como vedar de manera explícita la discriminación en materia de empleo y ocupación por embarazo.
Todo lo anterior se encuentra en la carta que les envía a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados el director ejecutivo de la División América de Human Right Watch el 9 de febrero de 2005.
La discriminación en el mercado de trabajo resulta particular porque el empleo, además de ser un medio de generación de ingresos es un medio de desenvolvimiento en la persona. Así, el ser excluido de las oportunidades laborales no sólo restringe la libertad de las personas para poner en práctica sus potencialidades profesionales, sino que también limita su desarrollo personal y genera un campo abierto a actividades que tienen efectos sociales negativos.
La discriminación en los procesos de selección de personal se presenta cuando existe una diferenciación de trato a las personas por razón de su raza, color de su piel o sexo, entre otros motivos, sin tomar en consideración los méritos ni las calificaciones necesarias para el puesto de trabajo de que se trate.
Los anuncios de ofertas de empleo en los que se excluyen o se desalienta abiertamente a los aspirantes casados o mayores de cierta edad o de determinado color de piel o sexo, constituyen un ejemplo de discriminación directa.
Manifestaciones de discriminación indirecta son, por ejemplo, los locales del trabajo que están construidos sin tomar en cuenta las exigencias de trabajadores discapacitados, así como los horarios de trabajo fijados en función de un modelo de jornada masculina que no considera las responsabilidades inherentes a la crianza de los hijos.
Los servicios públicos de intermediación laboral deben cumplir el doble objetivo de mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, promoviendo la articulación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral y de promover la equidad en el mismo a través de la no discriminación. De ahí la necesidad de verificar si la administración pública contribuye o no a la reproducción de la desigualdad y a la discriminación en el mercado del trabajo.
El Estado mexicano debe comprometerse a prevenir y sancionar toda forma de discriminación fundada en la maternidad o la paternidad, particularmente en el despido motivado en esa causa. México es miembro de la OIT y firmante del Acuerdo 182 de la misma, lo que establece un compromiso de que los legisladores debemos cumplir, debido principalmente a que hasta el momento, como lo hemos visto, sólo se han expresado intenciones de manera parcial a la reforma laboral que excluya la discriminación.
Si bien en diferentes estado como Coahuila, Colima, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León y otros, ya existe el marco legal referido, la Ley Federal no ha sido reformada, lo que hace deficiente la legislación laboral.
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades a condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias del estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006.
Sería letra muerta si esto no se expresa en las leyes secundarias como lo es la Ley Federal del Trabajo. A lo largo de esta exposición hemos establecido que existe pues la llamada discriminación laboral, la cual ha sorteado las prohibiciones expresas en nuestra Carta Magna.
En la legislación comparada, los países socios del Mercomun han establecido la prohibición explícita a cualquier tipo de discriminación laboral, principalmente aquella producida por el embarazo en la mujer.
En el caso de nuestros socios comerciales, la legislación de los Civil Rights Act, modificada por el acta discriminatoria por el embarazo Pregnancy Discrimination Act, específicamente prohibe la discriminación por embarazo, los patrones no pueden despedir a una mujer por estar embarazada o forzar a dejar su trabajo por estar embarazada o disminuir sus derechos cuando se reincorpora al trabajo.
En el caso de Canadá, el acta de Igualdad en el Empleo de 86 establece la obligación de los patrones en la jurisdicción federal de cambiar las prácticas en el trabajo que signifiquen barreras para las mujeres, para los trabajadores con discapacidad y para los grupos minoritarios.
Los patrones deben desarrollar y poner los planes de empleo equitativos que garanticen que no se niegue a estos grupos de oportunidades de empleo y los beneficios por razones no relacionados con sus habilidades laborales. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 95, protege a todos los trabajadores de la discriminación por sexo de cualquier acción del gobierno.
Por lo anterior descrito, presento ante esta Honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo tres, se adiciona una fracción XIV al artículo 5 y una fracción XII al artículo 133. Todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue
Artículo tercero. Queda prohibida la discriminación en materia de oportunidad de empleo y ocupación y establecer distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, condición social, salud, discapacidad, preferencia sexual o embarazo.
Artículo quinto. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca y
Artículo 13. Renuncia el trabajador a cualquier prestación o beneficio o al trabajo mismo, por motivos de embarazo en el caso de las mujeres o por edad en el caso de los adultos mayores y jóvenes.
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:
Fracción XII. Solicitar o exigir prueba de embarazo como condición para obtener o permanecer en un puesto de trabajo.
Transitorio
Artículo único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Siendo el Palacio Legislativo San Lázaro a los ocho días del mes de febrero del año dos mil siete.
Señora Presidenta, le solicito se integre al Diario de los Debates la versión leída y que sea ésta que se envíe a la Comisión para su dictaminación, misma de la que hago entrega a la Secretaría de la Mesa Directiva, ya que existe una errata en la versión publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado. Insértese texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso diputada Presidenta; estimados compañeros:
Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política Mexicana y como integrante del grupo parlamentario del PRI y habiendo recibido peticiones de diversos abogados y miembros del Poder Judicial, ocurro a presentar proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles y dar a las autoridades judiciales un instrumento idóneo para hacer cumplir sus determinaciones.
La presente iniciativa deriva de la necesidad de que nuestra legislación sea acorde a los tiempos que actualmente se viven y que responden generalmente a la necesidad de regir la realidad jurídica en que se encuentra inmerso un pueblo determinado. Y por ello su fuente de inspiración procede rigurosamente de fenómenos sociales, económicos y políticos preexistentes en una época y un lugar también determinado o bien para que dicha normatividad se ajuste a las exigencias impuestas por la sociedad a que se encuentra dirigida para poder alcanzar su conveniente y efectiva aplicación.
El Código Federal de Procedimientos Civiles que nos rige, fue publicado desde el 24 de febrero de 1943, por lo que algunas de las disposiciones que se contienen en dicho instrumento legal actualmente hacen nugatoria su aplicación, por lo que se propone la presente reforma sobre el medio de apremio contenido en el artículo 59, fracción I del citado Código, con que pueden contar los tribunales federales a efecto de que puedan hacer cumplir sus determinaciones.
En ese sentido, resulta que el medio de apremio de carácter económico que actualmente contempla el Código que se modifica ya no tiene una aplicación efectiva, toda vez que la multa que contempla nunca tuvo una modificación a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 1943.
Derivado de ello, las expresiones en moneda nacional contenidas en la fracción I del citado artículo 59 del Código citado no se adecuaron a la realidad jurídica y económica en que tiene aplicación, ni tampoco se adecuó el decreto por el que se crea una nueva Ley Monetaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992.
En virtud de lo señalado con antelación, la cantidad que se impone como multa por parte de los juzgados federales a los gobernados como medio de apremio, derivado de la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se entiende hecha en viejos pesos, de manera tal que al computar expresamente a pagar la cantidad establecida como multa conforme a la unidad monetaria, debe aplicarse la equivalencia establecida en el artículo primero del mencionado decreto, por lo que la medida de apremio consistente en una multa equivalente a mil pesos del año 1943 al momento de pagar dicha cantidad actualmente se conviene en una multa muy ridícula, equivalente a un peso, que hace de manera evidente nugatoria la aplicación de dicha medida de apremio y por consiguiente una medida de apremio ineficaz y poco persuasiva.
El criterio emitido por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto sostiene que la expresión en moneda nacional contenida en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones en vigor con anterioridad al 1 de enero de 1993, debe convertirse a la nueva unidad monetaria vigente a partir de esa fecha para pagarlas, computarlas o expresarlas, por lo que dicho criterio se emitió considerando el hecho de que mientras no se promulgue una nueva ley o no se realice la reforma correspondiente de los ordenamientos vigentes, al momento de aplicarse el decreto por el que se crea una nueva Ley Monetaria publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de junio de 1992, en cuanto a las expresiones en moneda nacional contenidas en los diversos ordenamientos vigentes, debe aplicase la equivalencia prevista en el artículo primero del citado decreto, con estricto apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello resulta indispensable adecuar dicha disposición a la actualidad para dar un instrumento efectivo de persuasión a los juzgadores federales para que puedan cumplir sus determinaciones.
Con base en lo anterior, se propone el siguiente proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:
Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear a discreción los siguientes medios de apremio:
I. Multa hasta por la cantidad de 120 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como máximo. Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con mula mayor del importe de su jornal o salario de un día.
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de ingreso.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Esta Presidencia da un cordial saludo a los alumnos y alumnas del Colegio Jean Baptiste, del municipio de Cuautitlán en el Estado de México, y les agradece su visita.
Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Presidenta. De manera breve daré una explicación del objetivo de esta iniciativa que ha realizado el grupo parlamentario, en términos de sus normas internas.
Por todos es sabido que por años en Petróleos Mexicanos el gas natural asociado se estuvo quemando por muchísimo tiempo y después se ha venido utilizando para extraer petróleo. Al no estar gravado, no tiene ningún incentivo Petróleos Mexicanos para utilizar flujos alternos, como es el agua o el hidrógeno.
Hoy día, México es un importador de gas natural asociado por la necesidad que tiene México de ser productivo.
Para darnos una idea, lo que utiliza Petróleos Mexicanos para extraer petróleo son mil 313 millones de pies cúbicos diarios y lo que importamos y necesitamos son sólo 476. Si nosotros a través de aprobar esta iniciativa como Congreso modificamos los incentivos que tiene Petróleos Mexicanos para utilizar tecnología interna e inyectar otro tipo de fluidos para extraer el petróleo, en automático México se convertiría de importador de gas a exportador de gas, que traería otro tipo de consecuencias: primero, aumentar la oferta en los Estados Unidos por no necesitar México gas natural, que se está quemando, por recibirlo de Petróleos Mexicanos y en automático tendería el mercado, de forma natural, a bajar el precio.
No es un tema menor, simplemente se modifican dos artículos. Y como está en la preocupación nacional el que la macroeconomía esté bien y que los aspectos competitivos del país con los que ha podido superar los últimos años la competencia internacional se han derivado de estos números, que vienen de la macroeconomía y han podido servirle a la industria nacional para ser competitiva, los subsecuentes pasos son bajar sus costos y realizar mejores marcos jurídicos que incentiven al crecimiento del país, que es el principal problema, y por lo tanto, al empleo.
Pido a ustedes la atención con todo cuidado y a la comisión correspondiente su análisis. Es la modificación de dos artículos. Se explican técnicamente los porcentajes de hacer estas tasas diferenciadas de gas natural y gas asociado y modificar el entorno de México para volverlo exportador-importador.
Pido que se inserte en el Diario de Debates íntegra la exposición de motivos de la presente iniciativa. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Erika Larregui Nagel: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores. La política exterior de cualquier país debe entenderse como el conjunto de normas básicas que responden a su autodeterminación, su soberanía y a sus vivencias históricas. Es a través de esos ordenamientos mediante los cuales los gobiernos expresan sus intereses de forma independiente frente a la comunidad de las naciones.
No se puede poner en tela de juicio que nuestra política exterior no sea un digno ejemplo de ello. No en vano los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales fueron elevados a rango constitucional hace más de una década, quedando inscritos en el artículo 89, fracción X, con esa atinada adición en nuestra Carta Magna, se fortaleció a nivel institucional el ejercicio de la diplomacia mexicana, por tal motivo es que el Partido Verde Ecologista de México se niega a que estas nociones sean vistas sólo como un paquete de ideas abstractas, carentes de pragmatismo pues es una parte de la soberanía de nuestro país y descansa sobre ella.
Debemos pues, tener en claro que la soberanía tiene tareas domésticas y exteriores ya que en estas se caracteriza por dos aspectos esenciales: En lo interno, por la autoridad completa que ejerce el Estado sobre todas las personas y cosas que encuentren en su territorio mediante el establecimiento de su propio régimen; y en lo externo, por la independencia y autonomía del Estado en sus relaciones interestatales.
Además, la soberanía posee diversas expresiones concretas que radican en la preservación de nuestra integridad territorial y de nuestra nacionalidad, así como el aseguramiento de la vigencia del estado de derecho, la democracia, la capacidad de los mexicanos para tomar decisiones políticas libremente con independencia del exterior, el desarrollo social, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la cultura, así como de la defensa de las riquezas naturales.
De ahí que los recursos existentes en el territorio nacional pertenezcan a la nación y sean considerados como bienes del dominio público, intransferibles e imprescriptibles.
Esa concepción de independencia se finca en el artículo 27 constitucional que establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público así como el de regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación. Este patrimonio pertenece a todos los mexicanos y debe de cuidarse para las generaciones futuras.
Es así pues que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acoge las nociones que rige nuestro actuar internacional, suscribe a la soberanía nacional y establece que los recursos naturales pertenecen a la nación, sin embargo no contempla el dominio sobre ellos como un precepto de política exterior, por lo que consideramos conveniente introducir una adición a la fracción X del artículo 89 con ese efecto, adición que consideramos no sería una simple añadiría sino un complemento.
Recordemos a Isidro Fabela, destacado abogado, escritor y diplomático mexicano, cuando manifestó que "la soberanía exterior implica necesariamente la existencia de la soberanía interior y no existe ni se concibe la soberanía interior de una nación sin los derechos de la legislación jurisdicción, dominio y soberanía territorial sobre los recursos naturales de un país".
Hoy más que nunca, los hechos nos obligan a mirar hacia otros asuntos extremos que se relacionan con el dominio sobre nuestro patrimonio natural. La labor de nuestra política exterior será concluyente para proteger esas riquezas inherentes del territorio mexicano.
México debe ostentar una política exterior orientada a mejorar las condiciones internas, una política exterior que se nutra de la política interna y se sustente en un proyecto democrático de la nación; que logre un mejor posicionamiento negociador frente a otros estados.
Nuestro país debe tener una política exterior que disminuya el peso de intereses extranjeros preservando y afianzando nuestra soberanía, pero lo más importante, que responda de forma fehaciente al interés nacional.
La discusión acerca del dominio sobre los recursos naturales es un tema de actualidad y tanto es así, que entre las prioridades de la política exterior de México figuran la promoción económica, el respeto de los derechos humanos, la democracia, la protección a los recursos naturales, el combate al terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. No olvidemos que esas riquezas de la naturaleza representan ventajas competitivas y tenemos la obligación de resguardarlas, sobre todo siendo uno de los 15 países mega diversos.
De ahí la necesidad para contar con una política exterior que se encuentre facultada para defender ese acervo. Dicha inclusión en nuestra Constitución servirá sin duda para maximizar esas ventajas en aras de promover el interés nacional y afirmar nuestro dominio permanente sobre las riquezas naturales, así como todo estado realmente soberano.
La presente iniciativa se desprende de las experiencias nacionales y de esa lucha perenne por preservar nuestra autodeterminación frente a los intereses extranjeros.
El Partido Verde Ecologista de México considera que esta adición nutrirá a la fracción X del artículo 89 constitucional con un precepto que ya ha sido glorificado por nuestra tradición política y cuya vigencia es indiscutible.
Esta adición le conferirá a la nación la autoridad para iniciar la legitimidad, para proponer una firme defensa sobre nuestro rico patrimonio natural.
La historia de nuestro país es una lección en sí misma que no debe ser olvidada. Enriquezcamos hoy éste que será nuestro pasado.
En atención a lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista y los abajo firmantes, respetuosamente sometemos a este honorable Pleno la siguiente
Iniciativa de decreto, mediante la cual se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Uno. Se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue
Artículo 89. X. Dirigir la política exterior y celebramos tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado, en la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la seguridad internacionales y la protección de los recursos naturales.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia saluda cordialmente a los invitados especiales que nos visitan del municipio de Tulancingo, Hidalgo. Y da también un cordial saludo a los ciudadanos visitantes de la Asociación Santa Cecilia, muchas gracias por su visita. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Montalvo Gómez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar la iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. A petición del grupo parlamentario se pospone para la siguiente sesión.
Y pasamos al apartado de dictámenes a discusión. Se presenta el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado Diódoro Carrasco Altamirano, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Diódoro Humberto Carrasco Altamirano: Señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Fue turnada a la Comisión de Gobernación la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución General de la República, aprobada por las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 2004.
La trascendencia de este dictamen, donde se aborda la facultad exclusiva del Senado para resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado, exige ubicar primero la circunstancia histórica por la cual a lo largo de decenios, de hecho más de un siglo, pues el ordenamiento original proviene de 1874, tal reglamentación no se observó como necesaria. Ello nos remite a la existencia de una estructura de poder en la que este tipo de conflictos se resolvían casi de manera invariable por la intervención de una última instancia que tenía el carácter de inapelable.
Esta estructura de poder que entre otras cosas contribuyó destacadamente a la estabilidad política del país y cuyo eje era lo que se ha denominado "facultades meta-constitucionales de la Presidencia de la República", no existe más. Hoy tenemos en el país una realidad muy distinta, caracterizada por una intensa pluralidad política, por avances democráticos sustantivos, por la alternancia en el poder y por la revitalización del formato republicano que se ha dado mediante la creación de nuevas instituciones, o bien reformando las existentes.
Los ciclos de reformas electorales y otros cambios profundos en estructura política y social han impulsado un proceso de cambio democrático continuo que se muestra irreversible en el nuevo equilibrio entre los poderes de la Unión y de las entidades federativas, en los avances del federalismo y en una profunda recomposición política de la geografía nacional que abarca los tres niveles de gobierno.
La tarea legislativa es permanente, pero no cabe duda que son las circunstancias históricas las que ponen uno u otro tema en el orden del día. Por ello es necesario actualizar las leyes y las instituciones para encontrar en ellas los recursos y los mecanismos para anticipar y destrabar conflictos potenciales y abrir así nuevos cauces civilizados a la marcha de la República.
La pluralidad y la democracia significan riqueza y libertad de opciones, cierto, pero también espacio del disenso y, por ello, fuente potencial de conflictos, pues los intereses y los ideales ya no se asimilan a un eje único y determinante, sino que luchan entre sí por prevalecer.
Que la lucha política sea democrática está en el mejor interés de los mexicanos, pero siempre está presente el riesgo del conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un estado, si la cultura política y las normas no abonan la opción por el cauce pacífico, por el cauce legal.
Es precisamente para contribuir a evitar que se disparen este tipo de conflictos que se modifican las leyes y se crean otras nuevas. Así, el proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria de la fracción VI del 76 constitucional, atiende a la necesidad de establecer definiciones y precisiones en relación a conceptos del texto constitucional.
En primer lugar, el del significado del término cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado, así como a fortalecer la pertinencia constitucional de la intervención de la Cámara de Senadores para resolver en definitiva estos diferendos o conflictos políticos.
Por ello el proyecto de decreto es un paso adelante en el objetivo de dar certeza y claridad jurídica al país y a los ciudadanos, pues al precisar y reglamentar conceptos constitucionales de larga data, los actualiza y los pone en contexto, alejando así a las instituciones de las tentaciones de interpretaciones subjetivas o arbitrarias.
El proyecto de decreto muestra también el camino para resolver estos conflictos o cuestiones políticas dentro del orden constitucional, sin invadir las atribuciones de otros poderes o de otros niveles de gobierno.
En este sentido es oportuna la aclaración desde el mismo artículo 1o. de la ley reglamentaria del proyecto de decreto, de que la Cámara de Senadores no ejercerá funciones jurisdiccionales. Queda claro que las controversias constitucionales entre Poderes de un mismo Estado las resuelve conforme a la Constitución General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El proyecto de decreto prevé y provee el conjunto de recursos e instancias que las partes pueden ejercer o apelar en aras de hacer oír sus opiniones y defender sus intereses; poniendo por encima de todo interés particular el interés general de la entidad federativa de que se trate, y más allá el interés superior de la República.
Compañeras y compañeros legisladores. Termino expresando mi reconocimiento al autor de esta iniciativa, el diputado César Camacho Quiroz, de la fracción parlamentaria del PRI y al mismo tiempo anticipando la intención de la bancada de Acción Nacional, de votar a favor. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Para apoyar el dictamen ha solicitado y se le concede el uso de la tribuna al diputado César Camacho Quiroz.
El diputado César Camacho Quiroz: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeros legisladores. El Poder Legislativo mexicano está pagando con este dictamen puesto a la consideración de ustedes, una deuda legislativa histórica.
Hace 133 años a propósito de la restauración del Senado, que paradójicamente en la Constitución Federal —lo subrayo— de 1857, había desaparecido de la vida pública, suscitó el debate de sobre quién debía resolver los diferendos políticos entre Poderes del Estado, y después de una acalorada discusión se resolvió, en aquel entonces, que debía ser el Senado, en tanto Cámara del federalismo; en tanto instancia política y jurídica responsable de mantener la unidad de la Unión.
Y no obstante, el mandato expreso en la Constitución de expedir las leyes reglamentarias de esta facultad, la que se refiere a resolver cuestiones políticas, y otra, la relacionada con la desaparición de Poderes; no obstante este mandato expreso hasta ahora es cuando el Poder Legislativo cumple esta expresión concreta.
Quizás el diagnóstico de lo que ocurría en México a lo largo de las últimas décadas nos puede decir que un Poder Ejecutivo omnipotente hacía innecesaria la existencia de la ley y del mecanismo para resolver este tipo de diferendos. Sin embargo, la intensa vida política que hoy caracteriza al Estado mexicano; la vida entre instancias de gobierno en la que los partidos políticos tienen un especial papel ha hecho que el diagnóstico cambie y que también en consecuencia, la respuesta institucional venga igualmente en un sentido moderno y eficaz.
Para evitar resolver las cuestiones políticas que surjan entre Poderes del Estado, la intención de la ley que nos ocupa es evitar que se resuelva con discrecionalidad o con posiciones facciosas. Hasta los conflictos políticos pueden y deben ser tratados de manera tasada, ordenada y regulada por la ley.
Bien se ha dicho aquí: primero definir cuáles son las cuestiones políticas; cuáles son los supuestos que se deben surtir para estar enfrente de una cuestión política; cuál es el procedimiento al que nos debemos atener; cuáles son las autoridades competentes para resolverlo.
Y finalmente —que esto es lo que le da eficacia al precepto jurídico— cuál es la consecuencia específica en el caso de un desacato de la resolución del Senado de la República a este respecto. De otra suerte, como ya ocurrió en algún incidente de esta naturaleza hace dos o tres años, queda trunca la disposición del Senado, no tiene eficacia y, por supuesto, no tiene sentido para la gente.
La consecuencia específica que prevé la ley que ahora está a discusión es poner en la antesala del juicio político a la autoridad que deje de acatar las decisiones del Senado.
Me da mucho gusto que este dictamen llegue hasta el pleno de la Cámara de Senadores, en tanto Cámara de Revisión, porque ha sido objeto de una larga discusión y un intercambio fructífero de ideas; y acreditamos —creo que como una buena señal para los mexicanos— que los legisladores, independientemente de origen partidario, somos capaces de ponernos de acuerdo cuando en el centro de la atención se encuentra el interés nacional.
Qué bueno que hoy el Senado de la República se consolide como la Cámara que tiene a su cargo la salvaguarda del pacto federal y que podamos entregar un instrumento eficaz y que lo pongamos en buenas manos. Un órgano colegiado de integración plural que —estoy seguro— estará en cada episodio de la vida política a la altura de las demandas de su tiempo.
Compañeras, compañeros legisladores. Les pido respetuosamente su aval jurídico, su apoyo político a través del otorgamiento positivo del voto, de suerte que de esta manera redondeamos, completamos el marco jurídico para que el pluralismo, la consolidación de la democracia, tenga un instrumento más de su lado. Gracias a todos por su atención.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Para hablar en favor del dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Muchas gracias, diputada Presidenta. El pasado 12 de octubre presenté una iniciativa sobre el tema contenido en el proyecto de decreto que hoy está a consideración de esta Asamblea. Un proyecto de ley reglamentaria de las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La idea era similar a la que ha animado la iniciativa del diputado César Camacho: por un lado, reglamentar la fracción VI que carecía de ese ordenamiento secundario y por otro, revisar también las disposiciones relativas a la reglamentación de la fracción V en un solo cuerpo normativo, tal y como lo establece el artículo 76 en su último párrafo.
Considerando, primero, que compartimos los motivos y el contenido de la reglamentación propuesta por el diputado César Camacho, hemos retirado de la Comisión de Gobernación la parte relativa a esta fracción y consideramos pertinente, sí, hacer algunas precisiones en su momento respecto de la fracción V.
Quiero, de manera muy breve —compañeras, compañeros diputados—, sólo puntualizar un aspecto de la trascendencia, la importancia de la iniciativa de decreto que hoy esta a nuestra consideración.
Y como aquí se planteaba, tanto por el diputado César Camacho como por el diputado Diodoro Carrasco, una parte medular es dilucidar la diferencia entre la atribución que se establece a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 105 fracción I inciso h), que faculta a la Corte para conocer de controversias entre dos poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y por otra la atribución contemplada en la fracción VI del artículo 76 en materia de la iniciativa que estamos analizando.
Qué debe entenderse por cuestiones políticas que se susciten entre poderes de un Estado, para que la solución de las mismas sea de la competencia del Senado y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Me parece que el proyecto de decreto, la forma en que ha sido aprobada en primer término por el Senado y después por la Comisión de Gobernación de esta Asamblea, justamente aclara esta distinción, esta diferencia, permite una normatividad que deje fuera de duda la intervención del Senado en un tema que puede finalmente ser sujeto de situaciones subjetivas o de presiones fuera del espíritu que marca la Constitución.
En consecuencia de lo anterior señora Presidenta, me permito primero solicitar se inscriba mi rúbrica en el dictamen correspondiente, dado que no pude asistir a la sesión de la Comisión que aprobó este dictamen y por otro lado dejar constancia de mi reconocimiento y apoyo a la iniciativa que está a consideración de la Asamblea. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Ponga la Secretaría a disposición del diputado Alberto Amador Leal, el texto de la iniciativa para su firma.
Habiéndose agotado el registro de oradores, se considera suficientemente discutido en lo general el dictamen. Y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De viva voz el diputado Jesús González Macías, sírvase a manifestar su voto.
El diputado Jesús González Macías: A favor.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se emitieron 396 votos en pro, uno en contra y cuatro abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular, por 396 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia recibió un oficio firmado por el diputado Diódoro Carrasco Altamirano y el diputado Benjamín González Roaro, que dice lo siguiente: Con fundamento en lo que disponen los artículos 11, 21 y 22 del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación aprobado el 26 de septiembre de 2006, solicitamos a usted se retire de la sesión del día de hoy y se difiera la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.
Esta Presidencia concede esta petición. No se discutirá el día de hoy, hasta la siguiente sesión.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de… son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y en conmemoración del XC Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, imprima por única vez durante el ciclo escolar 2006-2007, ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición revisada para las niñas y los niños de México.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Semarnat incorporen obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada, la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y de los contextos naturales del país.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para exhortar al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública hacer públicas las medidas tomadas respecto a la implementación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que exhorta a las universidades públicas incrementen la transparencia en torno a sus actividades administrativas, financieras, educativas y de investigación.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para exhortar al secretario de Educación Pública garantice la gratuidad de la educación básica en todo el país y detenga el cobro de cuotas obligatorias en todas las primarias y secundarias públicas que tengan como condicionante la prestación del servicio.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor eliminen del acuerdo que establece las bases mínimas de la información para la comercialización de los servicios educativos que prestan particulares, el concepto de cobro por reinscripción.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que solicita al secretario de Educación Pública, a través de su Órgano Interno de Control, supervise las impresiones que con recursos federales realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública verifique el cumplimiento de los programas de estímulos y subvenciones a estudiantes de educación media superior y superior, para los alumnos de escasos recursos que no sean beneficiarios de otro sistema de apoyos financieros.
Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, para exhortar al gobierno del estado de Chiapas tome las medidas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos entre comunidades indígenas por el conflicto agrario en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.
Esta Presidencia recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo en relación con los programas y mejoras al medio ambiente, derivados del proyecto Burgos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra la diputada Elizabeth Morales, del grupo parlamentario del PRI, a fin de presentar punto de acuerdo para que se liberen recursos del Fonden, a efecto de atender contingencias climáticas en el estado de Veracruz.
La diputada Elizabeth Morales García: Gracias, señor Presidente; buenas tardes. Compañeros diputados, les pido su apoyo a favor de la población que se está viendo afectada a causa de los desastres naturales, entre ellos Veracruz.
En oficios de fecha 10 y 15 de enero del año en curso, el gobierno del estado de Veracruz ha solicitado a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación de Protección Civil los recursos y la declaratoria de emergencia del Fondo de Desastres Naturales, a efecto de ver por las necesidades inmediatas y urgentes de la población de 141 municipios que se han visto afectados por los frentes fríos números 30 y 31 que han azotado a la región.
Los frentes fríos se extendieron del Golfo de México al centro del estado de Veracruz. En esta temporada invernal, la Secretaría de Salud ha reportado 59 decesos en estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Durango, Tlaxcala y Veracruz.
Los efectos de este tipo de fenómenos naturales han generado lamentablemente lesiones a la integridad física y a la salud e las personas. Ha también ocasionado irreparables pérdidas al patrimonio de las mismas, problemas en las comunicaciones y en los servicios básicos que se dan en esas comunidades.
En ese sentido, el gobierno del estado de Veracruz ha observado y cumplido los lineamientos en la materia. Asimismo, ha informado a la Secretaría de Gobernación que se ha rebasado la capacidad operativa y financiera del gobierno del estado, de los municipios afectados y del apoyo a través del DIF estatal, de los DIF municipales y de lo que ha hecho el propio gobierno.
Sin embargo, la Coordinación de Protección Civil, aun cuando cuenta con los elementos para la declaratoria de emergencia ésta, en las dos ocasiones y una tercera que se ha refrendado, la ha desechado, la ha negado, basándose simplemente en parámetros meteorológicos e hidrometeorológicos y en lo que ellos llaman una confusión en un término.
La Comisión Nacional del Agua es la instancia técnica facultada para la corroboración de una declaratoria de emergencia hidrometeorológica a partir de septiembre del 2006, que cambiaron los lineamientos para la declaratoria de emergencia y desconoce fundamentalmente la teoría de desastres, en los que se interaccionan componentes como el peligro, la exposición y la vulnerabilidad que pone en riesgo a la población.
La Comisión Nacional del Agua solamente toma en cuenta uno de estos parámetros, que es el de peligro, pero deja a un lado el de exposición de la población y el de la vulnerabilidad de la misma ante estos fenómenos.
En la normatividad anterior —y reitero que se cambió en septiembre de 2006— el criterio de autorización recaía sobre el Cenapred, que es el Centro de Prevención de Desastres Naturales, cuya instancia es investigadora en la protección civil en México y tiene las facultades, con conocimiento de causa y criterios basados en esos conocimientos, para determinar el riesgo al que está expuesta la población.
Compañeros legisladores, el objetivo de la declaratoria de emergencia es dar respuesta de manera inmediata a las necesidades urgentes de una población que está en riesgo su vida y la salud afectada por un fenómeno perturbador, pero con las modificaciones, se ha negado esta ayuda, además de que se ha alentado y burocratizado porque ahora dicen que son los días hábiles y no los días naturales, dejando fuera lo que sucede en sábados, en domingos y en días festivos.
El Fonden tiene mecanismos difíciles de funcionamiento. La burocracia es enorme. La lentitud para determinar una zona de emergencia es abismal y además los apoyos para quienes están esperando —como lo es en Veracruz en estos 141 municipios— una ayuda, que está llegando del gobierno del estado pero que ya es insuficiente y esperando el apoyo de este fondo para los desastres naturales, llega meses después, años después y en ocasiones no llega, además de que curiosamente, cuando sí llega, ha llegado cuando se celebran elecciones o previo a las elecciones.
En Veracruz y en otros estados de la República hay gente que se está muriendo, gente que ha perdido todas sus pertenencias y gente que está esperando una respuesta. Por ello, nos permitimos someter ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.
Primero. La Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal emita la declaratoria de desastre natural para los efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales vigente, en virtud de los daños provocados por los frentes fríos en los municipios del estado de Veracruz.
Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se modifiquen las reglas o lineamientos para la emisión de las declaratorias de emergencia para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación y a favor de la gente que hoy necesita de una ayuda. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Elizabeth Morales. Y como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa. Hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. En consecuencia, está a discusión y está anotado el diputado Cuitláhuac Condado Escamilla, del grupo parlamentario del PRD. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Cuitláhuac Condado Escamilla: Gracias señor Presidente. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se suma a la propuesta que hace el Gobierno del estado de Veracruz, a través de la diputada que me antecedió.
Creemos que son lamentables algunas de las circunstancias que pasan en dependencias del gobierno federal. Vemos que el tortuoso trámite que se da para este tipo de eventos trágicos y que pasan, que suceden, que acontecen en un solo segundo, tenemos que hacer una serie de trámites que nos llevan a la desesperación de la población que en ese momento está vulnerada.
Decirles compañeros, que básicamente quienes muchas de las veces pasan por estas circunstancias, son comunidades de menos recursos. Nosotros estamos y nos sumamos a esta proyección y le hacemos un exhorto a la Secretaría de Gobierno para que, de forma ágil, traslade los recursos que tanto necesitan estos ayuntamientos que han sido lastimados por los frentes fríos que han sucedido en estos meses que han pasado.
Gracias señores y esperemos votar todos en conjunto para que de esa forma le demos celeridad y trámite a este documento que tanta falta nos hace. Por ello, reitero que el Partido de la Revolución Democrática se suma a esta proyección. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Condado Escamilla. Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, desde su curul. Sonido en la curul del diputado José Manuel del Río Virgen.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente, Convergencia quiere solicitar el voto de todas las compañeras y compañeros diputados para que rápidamente la Secretaría de Gobernación atienda la problemática en nuestro estado de Veracruz.
Nosotros nos sumamos a esta petición que ha hecho la diputada Morales y que ha apoyado el compañero del Partido de la Revolución Democrática, porque verdaderamente tenemos urgencia en el estado de Veracruz.
En otros partidos que hay diputados del estado de Veracruz seguramente van a convencer a sus compañeros para que voten por esta propuesta que ya se ha puesto. Muchísimas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Río Virgen.
Tiene la palabra el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD. Comunico que están anotados también el diputado Elizondo, el diputado Mota y el diputado Castro de la Rosa.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente. Reiterando lo que mi compañero ha venido a plasmar y a expresar aquí, el Partido de la Revolución Democrática considera sumamente importante este punto de acuerdo que en esta ocasión se refiere al estado de Veracruz.
Y hay dentro del punto de acuerdo un tema que resulta toral y fundamental: la solicitud de regresar a los esquemas de apoyo inmediato que desde 1985 aquellas personas que tuvimos la desgracia de vivir uno de los percances más graves de la historia de nuestro país impulsamos, un sistema de respuesta inmediata en apoyo a la comunidad.
Nos parece importante resaltar que con el dolor, que con la necesidad de la población en situación de emergencia no se debe de privilegiar la burocracia y los procedimientos burocráticos; se debe de facilitar la entrega y el apoyo del material y los recursos que se requieren en el lugar de los hechos.
A lo largo de estos cuatro meses hemos escuchado en diferentes ocasiones solicitudes de declaratorias de estado de desastre y en todos los casos hemos escuchado el pedimento de nuestros compañeros y compañeras, para buscar las fórmulas y la manera de agilizar la entrega de recursos a quienes los necesitan.
Es menester ser fuerte en esta solicitud y exhortar a las autoridades a que se busquen esos mecanismos que ya en el pasado fueron utilizados y que resultaron convenientes, tanto para el manejo de los recursos, el manejo transparente de los mismos y la entrega oportuna de ese apoyo que tanto requieren en esta ocasión los habitantes del estado de Veracruz; pero seguramente con el cambio climático existente, tendremos la necesidad de acudir nuevamente a esta tribuna, para solicitar las declaratorias de desastre en algunas otras entidades del país.
Por este motivo pedimos y apoyamos este exhorto a que se modifiquen los esquemas de apoyo que hasta el momento están operando desde la Secretaría de Gobernación federal. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Tiene la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Francisco Elizondo Garrido: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. En esta ocasión hago uso de esta tribuna para manifestar el apoyo de mi grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, en apoyo al punto de acuerdo presentado por la diputada Elizabeth Morales.
Sin lugar a dudas, la actual temporada invernal ha traído a la población de diversas entidades del país graves daños, desde las bajas temperaturas hasta las torrenciales lluvias han provocado no sólo afectaciones en la infraestructura de los estados y municipios afectados, sino que además han causado menoscabo a la salud y posesiones de sus habitantes.
El gobierno del estado de Veracruz se ha visto rebasado por los fenómenos meteorológicos, por lo que en dos ocasiones ha solicitado al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y su Coordinación General de Protección Civil, emitiera la declaración de emergencia correspondiente, a fin de apoyar de manera pronta y cabal la integridad física de los veracruzanos afectados.
Al igual que los compañeros diputados promoventes, también nosotros consideramos que los actuales mecanismos e instrumentos legales e institucionales hacen que el Fonden sea poco efectivo, por lo que no cumple con sus fines, por lo que es necesario que sea revisada la normatividad aplicable a fin de que la ayuda llegue de manera pronta a los lugares que la requieren.
Por ello, los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía apoyamos en todos y cada uno de sus términos el presente punto de acuerdo y los exhortamos a todas y a todos ustedes a apoyarlo, a fin de que sean atendidas las necesidades de los pobladores de los municipios afectados por la actual temporada invernal. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Elizondo. Tiene la palabra el diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, señor Presidente. Solamente para subrayar, a nombre del grupo parlamentario del PRI, la posición de solicitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios para el estado de Veracruz, subrayando que el día 10 y 15 de enero, como es del conocimiento público, por conducto de las áreas adecuadas solicitó el estado necesidades prioritarias para 141 municipios y que en ese sentido, nosotros vemos que las reglas que estaban funcionando con el Centro de Prevención de Desastres Naturales, en temas de fenómenos hidrometeorológicos, la Comisión Nacional del Agua pudiera ser, tiene algunas deficiencias en tanto a los criterios que tiene para fijar el desastre.
Por lo mismo, nosotros consideramos que las reglas que estaban en operación eran más puntuales y de respuesta inmediata, funcionan mejor y dan mayor sustancia a las necesidades que requiere el estado de Veracruz en este momento.
Por eso solicitamos también que los términos de "días hábiles" y "días naturales", sean revisados. Creemos que no tiene mayor polémica, solamente el exhorto, rogarles que nos apoyen en esta solicitud.
Por la mañana le hicimos entrega de este documento al señor Presidente de la República y al Secretario de Gobernación, refiriendo el término y la connotación de "fenómenos típicos" y "atípicos", que en términos hidrometeorológicos pareciera que ahí estuviera la fundamentación. Y creemos conveniente que con la aprobación de este punto de acuerdo pudieran liberarse los recursos que está demandando la sociedad.
Estamos aquí a solicitud de cientos de miles de pobladores que se han visto afectados en sus cosechas, en sus viviendas por este fenómeno hidrometeorológico que nos pegó a principio de año.
Por su atención, muchas gracias y por su voto, también.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mota. Tiene la palabra el diputado Osiel Castro de la Rosa, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Osiel Castro de la Rosa: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados. Con beneplácito el grupo parlamentario de Acción Nacional ve el punto de acuerdo que somete a consideración la compañera diputada Elizabeth Morales.
Y sí es importante también destacar que tenemos especial interés de que efectivamente se redoblen los esfuerzos para que esos recursos lleguen a quien verdaderamente los necesita. Por ello solicitamos que también la Secretaría de Gobernación en esa revisión a la que exhortan los compañeros de los grupos parlamentarios que me antecedieron, también pusiéramos a consideración que el recurso llegue directamente a los municipios para que el federalismo se dé al 100 por ciento y en consecuencia, dentro de la agilidad que está demandando el grupo parlamentario de Acción Nacional también para este tema, que llegue el recurso directamente a los municipios.
Esa es nuestra petición y nuestro exhorto también para la Secretaría de Gobernación, sumándonos de todos modos y en todo momento al punto de acuerdo que hace nuestra compañera Elizabeth y los compañeros que me antecedieron. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Castro. Tiene la palabra la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, del grupo parlamentario del PAN.
La diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes: Con su permiso, señor Presidente. Como diputada emanada del Partido Acción Nacional, de Veracruz, Veracruz, quiero manifestarme a favor del punto de acuerdo que presenta la compañera diputada, siempre y cuando este recurso llegue a todos los municipios y que no se vea con tintes partidistas. Esto es, que no llegue sólo a aquellos municipios afines al partido del señor gobernador. Además, que no se utilicen para manejar la imagen del señor gobernador Fidel Herrera.
Quisiera por favor, que se tome en cuenta esto y por supuesto nos manifestamos a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Victoria Lagunes. Sonido a la curul del diputado Pablo Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, señor Presidente. A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos sumamos a este punto de acuerdo. Creemos fundamental e importante que el contenido de los dos elementos que se marcan en este punto de acuerdo se cumplan a cabalidad.
El segundo es de suma importancia porque lo que está buscando es acabar con la burocracia, y el tiempo que muchas ocasiones pasa de meses y a veces se da hasta en años, para que puedan llegar los recursos a los estados. Por eso el Partido del Trabajo está de acuerdo en que pueda cumplirse a cabalidad lo que nos acaba de proponer la compañera Elizabeth Morales. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante; Gracias, diputado Arreola. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo para que las diputadas y diputados de la LX Legislatura, participen en las actividades que se realicen dentro del marco del V Parlamento de las Niñas y Niños de México, suscrita también por la diputada María Esperanza Morelos Borja.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso del ciudadano diputado Presidente de la Mesa Directiva y de los integrantes de la misma. Durante poco más de 60 días, la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, a través de dos comisiones: la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y la Comisión de Participación Ciudadana ha venido trabajando con distintas instituciones y organismos como el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNICEF.
Esta tarea que se ha venido desarrollando es con el propósito de elaborar la convocatoria para el V Parlamento Infantil, en donde las niñas y los niños de México tendrán oportunidad, en esta nueva edición del V Parlamento, de acudir y sentarse en los lugares que ustedes ocupan, subir y expresarse a través de esta máxima tribuna del país para exponer los temas que le preocupan a la infancia de México en cada una de sus comunidades.
El documento de la convocatoria ha sido firmado ya por el diputado Jorge Zermeño en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores ha designado también a la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, al senador Guillermo Torralba, que es el titular de esta Comisión, para que se integre la Comisión Bicameral.
Y el día de hoy queremos poner a consideración de esta Asamblea el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que contempla la posibilidad de sumar el esfuerzo de los legisladores y las legisladoras, primero, para hacer del conocimiento del pueblo de México que se va a llevar a cabo este V Parlamento Infantil.
Segundo. Para que a través de su representación, tanto los diputados y las diputadas, tanto en la vía de mayoría como de representación proporcional, gestionen ante autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de las distintas municipalidades del país, la posibilidad que se patrocine el transporte terrestre y aéreo de los 300 niños y niñas que serán electos para participar en este V Parlamento Infantil.
Durante una semana van a estar en estas instalaciones de la Cámara de Diputados y la petición es que todos y cada uno de nosotros nos involucremos en los trabajos de este V Parlamento, pero también las autoridades electas de todo el país conozcan la trascendencia de venir aquí a este recinto a exponer los temas torales para la infancia, que la infancia se haga escuchar.
La modalidad en este V Parlamento es que se ha considerado la posibilidad de que se incorporen en el desarrollo del mismo los principios y valores no solamente democráticos, sino los principios y valores universales. Si la sociedad mexicana está en crisis es justamente porque no hay principios y valores porque hoy los niños son educados a través del Internet, a través de la televisión y a través de otros actores que no son propiamente los que integran la familia mexicana.
Por eso es importante que los representantes de la nación estén pendientes del desarrollo de este V Parlamento Infantil y que ayuden a que esto se difunda, pero que también las autoridades en las entidades federativas se sumen.
Por esta razón, queremos que los niños y las niñas de México tengan este derecho que es incuestionable de estar informados, prepararse en la toma de decisiones futuras y, a su vez, todas las instituciones públicas deben respetar esta prerrogativa, además de crear en los estudiantes un sentido de pertenencia a su comunidad, a fin de que asimilen los principios de diálogo, participación, horizontalidad, comunicación, justicia, equidad, tolerancia, honestidad, respeto, libertad, compromiso, conocimiento y respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocimiento y respeto a las diferentes culturas y formas de gobierno en el interior y más allá de nuestros límites geopolíticos.
Ellos vienen a hacerse escuchar y nosotros estamos en la obligación ante el pueblo de México de actuar en consecuencia. Los que vienen a recibir una lección no son los niños de México; son los mexicanos y las mexicanas que estarán atentos de esta celebración del V Parlamento.
Solicito a la Mesa Directiva se le haga llegar a todos los diputados integrantes de esta LX Legislatura la convocatoria y los lineamientos para este V Parlamento Infantil y sea considerado como un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Esteva Salinas. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urge y obvia resolución la proposición. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. La diputada Yolanda Rodríguez del PRI tiene la palabra.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Hemos escuchado con atención a nuestro compañero legislador, respecto de la importancia de la participación de las y los legisladores en los trabajos que se realicen respecto al Quinto Parlamento de las Niñas y Niños.
Las y los legisladores priístas consideramos de suma importancia la incorporación de las niñas y los niños en el acontecer nacional, ya que es imperativo generar una cultura cívica y de participación de las niñas y de los niños en la vida pública; porque ellos serán quienes, en un futuro no muy lejano, tomen las decisiones respecto al rumbo que debe tener este país.
El Parlamento de las Niñas y los Niños es un mecanismo de interlocución sumamente importante entre la niñez mexicana y las Cámaras de Diputados y de Senadores; por ello debemos mantenerlo, mejorarlo, brindarle todo el apoyo.
A lo largo de estos cinco años que lleva de realización este Parlamento hemos visto brillantes participaciones de niñas y niños que ahora son adolescentes muy participativos en la vida pública; y no dudo que alguno o algunos de ellos o de ellas sean el día de mañana legisladores electos constitucionalmente de este país.
Todas y todos sabemos que la realización del Parlamento de las Niñas y Niños está a cargo de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Participación Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Sin embargo, esto no nos exime de poder participar, brindando el apoyo necesario a las niñas y a los niños para que pese a sus condiciones sociales y económicas —sobre todo de los que no tienen facilidades— puedan participar en esta V edición del Parlamento.
Por lo anterior, se vuelve imperativa nuestra participación, de los 300 diputados y diputadas que fueron electos por los distritos electorales, así como de los diputados y diputadas que fuimos electos por las circunscripciones plurinominales, para que las voces de todos los niños y niñas de todos los grupos sociales en este país sean escuchados y que nos comprometamos a traducir en hechos sus demandas.
Por eso no podemos mantenernos ajenos o ajenas o indolentes ante estas legítimas demandas de la niñez de México, porque es a ellos a quienes les vamos a heredar nuestro país; y las y los legisladores estamos obligados a entregarles un país mejor.
Por ello convoco a todos y todas, mis compañeros diputados y diputadas que nos encontramos en este recinto y los que andan en trabajo de Comisión, para que apoyemos el punto de acuerdo del diputado Alberto Esteva Salinas que ha presentado, y nos incorporemos en nuestros distritos y circunscripciones a las actividades que se realicen en el marco del V Parlamento de las Niñas y de los Niños.
Tenemos una responsabilidad ineludible con la sociedad mexicana y muy particularmente con las niñas y los niños. Este es un buen momento para mostrar nuestro compromiso y no debemos dejarlo pasar. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola, del grupo parlamentario del PT, desde su curul. Sonido a la curul del diputado Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde su curul): Gracias, señor Presidente. A favor de este punto de acuerdo, pero quiero llamar la atención de todas las compañeras y compañeros diputados.
Este asunto no es menor, debemos de tomar con mucha responsabilidad la votación que vamos a emitir en unos momentos más porque en el transcurso de los cuatro parlamentos anteriores de las Niñas y de los Niños de México, hemos estado construyendo la cultura democrática de nuestro país.
Debemos de asumir todos y cada uno de nosotros este próximo Parlamento, el V, que se va a desarrollar del 27 de mayo al 2 de junio en cada uno de nuestros distritos y las circunscripciones, la responsabilidad no únicamente de invitar; debemos de participar y estar atentos al desarrollo de las actividades de este V Parlamento. De ahí la importancia y me sumo a la iniciativa del compañero Alberto Esteva y haría la siguiente propuesta, compañero diputado.
Hacer una invitación especial después de aprobar el punto de acuerdo, para cada uno de las diputadas y diputados, haciéndoles ver la necesidad de que debemos de estar al pendiente del desarrollo de este V Parlamento. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del PRI.
El diputado Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda: Con su permiso, diputado Presidente. Este punto de acuerdo que ha sometido nuestro compañero diputado Alberto Esteva es de enorme relevancia, ya que es un compromiso de todos los legisladores fortalecer la cultura democrática de la niñez mexicana y si bien es cierto en los últimos años hemos escuchado el deterioro de la imagen de los legisladores, está en las nuevas generaciones ir cultivando que la democracia también tiene fortalezas y una de ellas es la cultura de los pequeños.
Quienes somos integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables felicitamos el punto de acuerdo que emiten el día de hoy, ya que es una Comisión que trabaja en conjunto y que ha celebrado diversas reuniones —sin temor a equivocarme— más de 15 reuniones para poder organizar un evento tan importante como éste, en donde muchas horas se han reunido funcionarios, directivos de las diferentes dependencias para poder contribuir a este ejercicio parlamentario tan importante.
Grande va a ser la sorpresa de todos quienes somos legisladores, por escuchar a los niños de México que en forma democrática serán electos para participar en este evento, y grande será la sorpresa al saber que habrán niños y niñas del país que ocuparán la tribuna con más dignidad de la de muchos diputados que se encuentran en esta Legislatura, porque nos darán ejemplo de lo que es la imagen, la solicitud de lo que piensan los niños de los valores que debemos de tener los mexicanos y quizá legisladores actuales, ni valores ni imagen tienen.
Por eso será mucho muy importante —como lo dice el punto de acuerdo— que participen todos estando presentes, que cada uno se da cuenta da cuenta de los 300 niños que van a participar; de qué manera van a llegar inclusive a ser atendidos, porque hay que atenderlos como se merecen; van a ser electos democráticamente; van a participar todas las instituciones públicas y privadas del país, para poder enviar a sus representantes a este Parlamento.
Y si queremos llevarnos una lección de lo que es participar en una Legislatura, valdrá la pena aprender de los niños mexicanos que estarán ese día con nosotros. Yo les pido a todos que nos sumemos a esta solicitud respetuosa de nuestro compañero diputado y apoyemos estar presentes, cuando menos los 300 diputados electos que venimos aquí y por supuesto que sería una enorme garantía contar con los 500 legisladores. De lo que estoy plenamente seguro es que nos llevaremos una enorme lección. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fernando Moctezuma. Tiene la palabra la diputada Esperanza Morelos Borja, del PAN.
La diputada María Esperanza Morelos Borja: Señor Presidente, gracias. Compañeros y compañeros diputados. Hablar del Parlamento de los Niños y las Niñas de México es hablar de democracia, es hablar del interés que tenemos los diputados y diputadas de esta Legislatura por involucrar a los niños y a las niñas en la realidad mexicana. En mostrarles lo que es la Cámara de Diputados y abrirles las puertas para que puedan participar.
Es darles un protagonismo en la vida del país; es reconocer su capacidad de enseñarnos, porque probablemente nos pueden enseñar mucho.
Todavía ayer oímos cuando un diputado aquí en tribuna, a otro diputado le dijo vendepatrias. Qué ejemplo podemos dar las y los diputado aquí, si así nos tratamos. Ellos están molestos, ellos están enojados. Las niñas y los niños se quieren hacer oír; y este Parlamento es el lugar ideal y adecuado para hacerlo.
El Parlamento de las Niñas y los Niños ha venido creciendo. ¿Ustedes saben cuántas escuelas primarias tiene la República Mexicana? Alrededor de 100 mil, y la Secretaría de Educación envía a todas la convocatoria.
Y en las escuelas más lejanas de México, los niños y las niñas empiezan a participar, a competir, pero con reglas claras porque el IFE es el que cuida —¿y saben?—; hemos tenido algunos elementos que nos informan que los niños han tenido conductas que los adultos tenemos.
Por eso tenemos que informarles que la democracia se construye —en la vida pública y en la familia— y que tienen derechos; derechos que pueden exigir y que también tendrá obligaciones, obligaciones que tendrán que cumplir.
Por ello, las comisiones encargadas, que son la de Participación Ciudadana y la de Atención a Grupos Vulnerables, estamos convencidas y convencidos de la necesidad de que los diputados y las diputadas se involucren, porque a veces uno opina sin conocimiento.
Ha ido aumentando cada vez más el número de niñas y niños que participan. De hecho un dato especial, saben cuál es: últimamente el porcentaje es 70 por ciento niñas, 30 por ciento niños. Queremos que participen niños indígenas, niños y niñas con discapacidad, que toda la pluralidad que hay en México se vea representada; que dialoguen y que se expresen.
Por ello venimos y firmamos conjuntamente las dos comisiones para decirles: este evento es de los más reconocidos, de los más respetados que hace la Cámara de Diputados.
Es una oportunidad para que ellos nos hablen de cómo nos ven, es una oportunidad para escucharlos, pero más que nada, es para consolidar la democracia en México, para que ellos sepan que van a ser y serán los protagonistas futuros del parlamento aquí en México, para ayudarles y que vean que pueden convivir en la pluralidad, en la tolerancia, en el respeto.
Por ello, compañeros y compañeras, les solicito que voten a favor, no por lo que implique del tiempo de ustedes o el recurso por apoyarnos, sino por lo que podemos aprender de los y las niñas de México. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Morelos Borja. Tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, desde su curul.
El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): Para manifestar que los diputados de Nueva Alianza con mucho gusto sumamos nuestro voto en pro de la proposición que se ha presentado.
Cuando pensamos en democracia y participación tendemos a pensar únicamente en los adultos y se nos olvida a veces que los niños y niñas son también ciudadanos en formación, que si bien no tienen voto, tienen voz, pues son los ciudadanos del futuro, son por sí el futuro de México.
Este proceso de conformación del Parlamento de las Niñas y los Niños de México es un ejercicio de singular importancia para la educación cívica y por ello confiamos en que la participación e involucramiento de los 500 miembros de esta Cámara ayude a presionar una dinámica del más amplio involucramiento y participación de todas las escuelas en todas las entidades federativas, tanto de los medios urbanos, suburbanos, como rurales del país. Por ello, por la importancia que tiene lo que aquí los compañeros que me precedieron en la palabra han expresado, votaremos a favor de la proposición.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jacinto Gómez Pasillas. Tiene la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Othón Cuevas Córdova: Compañeros y compañeras diputados, diputadas. En el mes de septiembre de 1989, nuestro país participó en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña celebrada en la ciudad de Chantilly, en Francia. Firmó el compromiso de elevar a rango de ley los derechos del niño y de la niña.
Tuvieron que pasar 10 años y más todavía para que en nuestro país existiera una ley de infancia. Y es el momento en el que todavía casi la mitad de los estados de la República no tengan leyes de protección a la infancia; más aún, la misma ley federal, así como las leyes de carácter estatal no cumplen cabalmente con elevar a rango constitucional los derechos del niño y de la niña, pues no basta con que únicamente se enuncien en las leyes a qué es a lo que tienen derecho los niños y las niñas.
Si revisamos la Ley Federal de Protección a la Infancia, nos daremos cuenta que esta Ley no compromete presupuesto para atender a los niños y a las niñas y no pasa absolutamente nada cuando a un niño, por ejemplo, se le niega el derecho a la educación, se le niega el derecho a la alimentación.
Celebramos por supuesto este V Parlamento y nos sumamos al punto de acuerdo expuesto aquí por el compañero diputado Alberto Esteva, pero hacemos, compañeros, un enérgico llamado para que los derechos de la infancia contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña —a los cuales nuestro gobierno se comprometió en elevarlos a rango constitucional— para que en efecto, se cumplan cabalmente tanto en el ámbito federal como en los distintos estados de la República.
Aquí tendremos, compañeros, la voz de los niños y de las niñas de todo el país. Quiero hacer un especial llamado, compañeros y compañeras, para que escuchemos muy atentos la voz de los niños indígenas porque justamente allí es donde estos derechos que solamente se enuncian, simple y sencillamente no se han cumplido.
Nos sumamos por supuesto al punto de acuerdo expuesto por el compañero Alberto Esteva pero hacemos un enérgico llamado para que los derechos del niño y de la niña sean ley y que se cumplan. Muchas gracias, compañero Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Othón Cuevas. Tiene la palabra, desde su curul, el diputado Mario Enrique del Toro.
El diputado Mario Enrique del Toro (desde la curul): Gracias, Presidente. Yo considero que es muy importante que este tipo de congresos infantiles pase solamente de ser buenas intenciones y que tengamos resultados tangibles, concretos.
Yo quisiera exhortar para que le diéramos un obsequio a los legisladores infantiles para que tengamos una reforma a la Ley en la cual se sancione penalmente, una pena corporal, a aquellos padres y a aquellos profesores que todavía golpean a los niños.
Esto es común que ocurra todavía en nuestro país como una forma de educar a los niños. Sé que es un tema muy difícil pero que es uno en el que podemos ayudar a que de alguna u otra forma se garantice que nuestros hijos, que nuestros niños, no sean golpeados y que se tenga una sanción muy específica para padres de familia y para profesores que lo hagan y que, los servicios parlamentarios de esta Cámara nos ayuden a hacer la propuesta de esta reforma —en su caso— si hay el consenso para que se haga. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Toro. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora consulte si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y difúndase en los medios de comunicación la convocatoria con la mayor amplitud.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Joaquín Humberto Vela González, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a fin de que dictamine el punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Antimonopolio.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Efectivamente, vengo a esta tribuna para exhortar a la Junta de Coordinación Política para que desahogue algunos —de la enorme cantidad de puntos de acuerdo—, muchos de ellos ustedes han dicho que no se acordaban. En este caso específico, es una atribución de la Junta de Coordinación Política. Voy a dar lectura a este punto.
El que suscribe diputado federal Joaquín Humberto Vela González integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 34 incisos a) y b) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Señoras y señores diputados. Es importante replantear la actual política legislativa, que hasta ahora ha seguido esta Honorable Cámara de Diputados. En tal sentido habrá que establecer cuáles son las prioridades legislativas en función de las necesidades, problema y expectativas de nuestros ciudadanos.
Ello implica que debemos ser sensibles al sentimiento nacional, estableciendo y fortaleciendo normas e instituciones necesarias para el efectivo cumplimiento de nuestro marco institucional, pasando desapercibida dicha problemática implica un acto de indiferencia por parte del Poder Legislativo hacia el sentimiento de nuestra sociedad.
Para el caso tenemos un ejemplo en el incremento del precio de la tortilla, producto de acaparamiento y especulación de un grupo controlado, situación que se une al problema del control oligopólico de los medicamentos financiero y de las telecomunicaciones por unas cuantas empresas.
Creo, compañeras y compañeros legisladores, que esto amerita una autocrítica, en el sentido de que debemos pasar de una política legislativa de apagafuegos a una política legislativa proactiva, eficiente y eficaz.
La pregunta al respecto sería, si no es importante establecer una comisión especial antimonopólica que fomente la competencia en el mercado, evite la especulación y el acaparamiento, que afectan la salud y el bienestar nacional, entonces cuál es lo importante para nuestra actual política legislativa y cuál es la prioridad legislativa, de no ser la alimentación, la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Podríamos repetir y plantear nuevos datos adicionales a los que ya se menciona en el punto de acuerdo por el que se solicita la creación de esta comisión especial antimonopolio y sus efectos nocivos para la sociedad, a la cual se encuentran atentos los ciudadanos y los medios de comunicación, sin embargo, tenemos que la realidad habla por sí misma.
Es importante que los criterios por los cuales se aprueben las comisiones especiales, trasciendan el simple ámbito puramente político proporcional, basado en el número de legisladores por grupo parlamentario, anteponiendo los criterios urgentes y prioritarios para la economía nacional, máxime cuando nuestra economía se encuentra secuestrada por los grandes grupos de intereses oligopólicos y monopólicos que lucran con las necesidades de nuestro pueblo. Con la aprobación o no de esta comisión, tenemos a quién responde los intereses de esta Cámara de Diputados, si a la soberanía nacional o a los intereses facciosos de los monopolios.
Por nuestra parte nos resistimos a creer que la falta de dictamen del punto de acuerdo, para crear la comisión especial antimonoplios, se deba a que los intereses particulares de los poderes fácticos han terminado por minar y prevalecer el interés social de esta Honorable Cámara de Diputados.
Por el contrario, soy sumamente creyente en la necesidad del trabajo legislativo de todas y todos mis compañeros legisladores. Creemos que la Cámara de Diputados se guía y se gerenta por el interés nacional, velando por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos.
En tal sentido estamos ciertos de que la Junta de Coordinación Política, siendo sensible a la gran cantidad de problemas que aquejan a la economía y a la sociedad en su conjunto y que requieren un trato legislativo particular, que se lo dan en los inmediatos para este caso al igual que para algunas otras propuestas de comisiones especiales presentadas por nuestros colegas y amigos legisladores, y que a la fecha no han sido dictaminadas y que también son de vital importancia.
Por todo lo anteriormente expuesto es que proponemos el siguiente
Punto de acuerdo
Único. En consideración a la grave problemática que aqueja a nuestra sociedad, propiciada por el incremento especulativo en el precio de la tortilla, medicamentos, comunicaciones y servicios financieros.
Esta Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Coordinación Política a dictaminar el punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Antimonopolios, presentada el día 23 de diciembre de 2006 por el diputado Joaquín Vela González en el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados.
Atentamente, Joaquín Humberto Vela González, servidor. Gracias, compañeros.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Joaquín Humberto Vela. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario del Partido Alternativa, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de Gobernación, a fin de que informe sobre los mecanismos para garantizar los derechos de la libertad de expresión de los partidos políticos.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Con su permiso, señora Presidenta. Había preparado una intervención antes de la concesión que ayer nos hiciera el secretario de Gobernación, que en aras de la democracia concede las libertades públicas, aunque viole la Constitución.
Pensé en cambiar mi intervención pero en realidad creo que ésta se sostiene punto por punto. Y es que lo que está en juego es la existencia de una sociedad de derechos que pretenden someter a los caprichos y a la arbitrariedad de la Secretaría.
Se atribuye a Voltaire, uno de los líderes intelectuales de la ilustración francesa, el poderoso movimiento cultural que desbarató del oscurantismo religioso y la tiranía política, aquella frase famosa a fuerza de repetirse: No estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que usted dice, pero daría mi vida por su derecho a decirla. Nada más preciso para hoy que esta frase, porque en efecto, ni yo ni mi partido, Alternativa, coincidimos con las acciones del señor Andrés Manuel López Obrador.
Por el Partido de la Revolución Democrática tenemos el mismo respeto que por todos los demás partidos representados en esta Cámara.
Quizás con el PRD compartimos más intensamente que con otros, el ideal de la igualdad social y las causas de los más pobres.
Jamás he estado de acuerdo con la línea de constituir un gobierno y un presidente legítimos, por oposición al presidente constitucional. Más allá de las dudas y sospechas que dejó a un sector importante de la ciudadanía la última elección presidencial.
Pero sin ser simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, sin tener por el PRD un afecto preferente y siendo severa crítica de la idea de un supuesto gobierno legítimo, me queda claro que el PRD, su excandidato presidencial y sus militantes, tienen todo el derecho de expresar sus ideas políticas, y es este derecho, hoy, el que subo a defender, y lo defiendo por principio.
Pobre democracia sería aquella en la que la autoridad tuviera la facultad de definir por sí y ante sí qué nos estuviera permitido decir a los partidos políticos y a la ciudadanía, porque nuestra democracia, no hay que olvidarlo, se construyó para combatir y acabar con un régimen autoritario que cercenó la libertad de expresión y toda libertad política que se expresara sin sucumbir a la captación y al arreglo espurio.
Lejos y enterrados están o deberían estar los tiempos en que el dictador decidía la madurez del pueblo de México para vivir en democracia y como fantasma del pasado, ahora la Secretaría de Gobernación pasando por encima de la Constitución y de las leyes de la República, además de los tratados internacionales, pretende decir qué podemos conocer y qué no, qué podemos decir y qué no, qué puede ser materia de nuestras opiniones políticas y qué no.
El señor Ramírez Acuña, resucitando a Porfirio Díaz pretende imponer su voluntad autoritaria escondiéndola en una tramposa vocación reglamentarista.
La Secretaría de Gobernación sí puede, una vez expresados los puntos de vista de los ciudadanos y de los partidos, reclamar el cumplimiento de la ley, si así lo considerara, a través de las instancias pertinentes, ruta perfectamente establecida en nuestro ordenamiento legal.
Lo que no pueden ahora y espero que nunca más, es interponer una censura previa arrogándose facultades que ni tiene ni debe tener.
Y no es la primera vez que esto ocurre, la misma Secretaría, aunque con otro secretario, pretendió hacer lo mismo con el Partido del Trabajo, lo que derivó en un exhorto de la Cámara de Diputados el 13 de noviembre del año pasado.
Por ello nuestra defensa es de principios, aunque también hay razones de conveniencia. Lo que ayer intentaron con el PT, hoy con el PRD, mañana pueden intentarlo contra cualquiera de nosotros.
Aunque no lo parezca, el asunto es grave, se está vulnerando un principio fundamental de nuestra Carta constitucional y una columna fundamental de nuestra democracia. Es tan importante que esa razón, la libertad de expresión, es acaso la única que hace que nosotros tengamos fuero.
Si dejamos pasar este hecho, habrá de volverse costumbre y seremos nosotros quienes tengamos el dudoso honor de no haber sabido defender nuestra libertad; la libertad de Morelos y de Hidalgo; la libertad de Juárez y de Cárdenas; la libertad de Gómez Morín, de Maquío, de Carlos Madrazo y de Heberto Castillo.
El secretario de Gobernación ha hecho una confesión de parte y hoy más que nunca tiene que responder. Violó la ley antes, cuando impidió la transmisión del spot motivo de este punto o viola la ley ahora, porque según él, antes estaba dentro de la ley. En cualquier caso, para nosotros está en falta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de acuerdo
Que se cite a comparecer de manera inmediata al secretario de Gobernación, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Radio y Televisión, para que informe de los procedimientos y mecanismos mediante los cuales habrá de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos nacionales, para que tales situaciones no se presenten en el futuro. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Aída Marina Arvizu Rivas. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul) Pido la palabra, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con qué objeto, diputada Alavez?
La diputada Aleida Alvavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. El PRD desea añadirse a este punto de acuerdo; más aún cuando es de todos conocido que debido a las presiones de todo tipo que la Secretaría de Gobernación recibió por su negativa a transmitir un programa televisivo importante para el Partido de la Revolución Democrática, el titular de ésta aceptó difundirlo.
Es de gran importancia que ese servidor público acuda ante nosotros para explicar en primer lugar qué fundamento legal lo facultó para violar el artículo 7o constitucional al ejercer la previa censura sobre un programa televisivo.
Y en segundo lugar, que aclare si los secretarios del despacho son servidores públicos al servicio del pueblo de México, o soberanos que graciosamente nos obsequian sus favores. Tenemos entendido que hay un compromiso previo para que la comparecencia sea lo más pronto posible, porque esto genera un precedente muy deleznable para la libertad de expresión en este país.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Aleida Alavez. Le dan sonido al diputado Elías Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Señora Presidenta, Convergencia se pronuncia por la comparecencia que pide Alternativa, del secretario de Gobernación, en virtud de que constituyen una amenaza todas las declaraciones y escritos del secretario de Gobernación y de sus empleados como el señor Garzón y el señor subsecretario de Gobernación, en ese sentido.
En última hora ellos consideraron este punto ya como irreversible, en virtud de que iban a obtener graves sanciones por este hecho de violar el artículo 6 y 7 constitucionales en esta materia.
El secretario de Gobernación debe comparecer para que explique su actitud contumaz y renuente en perjuicio del principio de la libre expresión en México que tanto nos ha costado conquistar. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Cárdenas. Se ratifica el trámite. Se turna a la Junta de Coordinación Política para su discusión y se toma nota por la Secretaría, de las diferentes opiniones que se han vertido aquí de los diputados que se sumaron.
Se retira el siguiente punto que era para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal de Electricidad amplíen el periodo de aplicación del descuento a la tarifa de electricidad.
Tiene la palabra el diputado Carlos Altamirano Toledo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Sagarpa indemnicen al grupo de Pescadores Unidos de Altamar, del Golfo de Tehuantepec.
El diputado Carlos Altamirano Toledo: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Altamirano Toledo: Compañeras y compañeros diputados. Hoy vengo ante esta tribuna nacional a traer la voz de los pescadores del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, quienes durante 20 años han visto que su fuente de trabajo se agota poco a poco, desde la instalación en ese puerto de la refinería "Antonio Dobalí Jaime". La actividad de esta refinería no ha tenido un impacto positivo para los pescadores y tampoco para elevar de manera consistente la calidad de vida de los habitantes del Puerto de Salina Cruz.
El país se ha beneficiado de la explotación petrolera, pero es injusto que este proceso se haga destruyendo el medio ambiente y cancelando otras actividades productivas.
Anteriormente, Salina Cruz llegó a ser considerado uno de los puertos pesqueros más importantes del Pacífico mexicano por su actividad de altamar y con la flota camaronera más grande de México.
La instalación de la refinería trajo a los habitantes del puerto muchas consecuencias negativas. Su ciudad, de repente se vio invadida y su infraestructura urbana, rebasada por una explosión demográfica sin precedente. La falta de planeación y de inversión en obras urbanas y sociales, detonó los problemas de hacinamiento.
Ahora Salina Cruz, Oaxaca, es una ciudad con servicios urbanos de mala calidad e insuficientes para su población: Escasez de agua potable, colonias populares irregulares, pobreza, marginación, corrupción y falta de esperanza para una vida mejor, son los signos de hoy, puerto petrolero de Salina Cruz. Sus habitantes esperan y requieren de Petróleos Mexicanos y de las dependencias del gobierno federal que se les haga justicia y se les recompense por los daños sufridos.
El aspecto fundamental de la reparación que se solicita está en revertir la destrucción de la actividad pesquera que, antes de la llegada de la refinería, tenía gran importancia económica y era generadora de empleos directos e indirectos.
Con la refinería, la pesca en Salina Cruz se acabó a consecuencia de la gran contaminación de las aguas del Golfo de Tehuantepec y por las prohibiciones establecidas a la actividad pesquera al establecerse área restringida.
Los pescadores de altamar, quienes vivían y mantenían a sus familias con su actividad productiva, hoy sufren la desaparición gradual de su fuente de trabajo. Con ello han sido condenados, junto con sus familias, a la pobreza y a la marginación, como consecuencia del desempleo y el abandono.
Por esos pescadores y sus familias y por los habitantes del Puerto de Salina Cruz, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo que no voy a leer, en virtud de haber sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el que se exhorta a Pemex y a las dependencias del gobierno federal que corresponda, para que integren un programa emergente de inversiones para el rescate urbano y ecológico de la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca y se decrete una indemnización justa que compense a los más de 700 pescadores de altamar por la pérdida de sus fuentes de trabajo.
Señor Presidente, le solicito que el texto íntegro del punto de acuerdo se inserte en el Diario de los Debates. Y cambio: que se turne a las comisiones correspondientes este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Altamirano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Pesca. Tiene la palabra el diputado José Murat, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El diputado José Murat: Señor Presidente. Honorable Asamblea. Yo estoy inscrito para hacer dos presentaciones, pero si dejamos en pendiente la otra corro el riesgo de que sea hasta Semana Santa, así es que si me permiten voy a tratar de hacer una apretada síntesis y dejar en la mesa las dos propuestas.
La primera. Durante las últimas semanas hemos venido escuchando con gran insistencia una serie de planteamientos orientados a la necesidad de incorporar capital privado a las diversas instituciones que forman el sector energético del país.
Con una clara definición —que se me antoja conservadora— se pretende sembrar en la opinión pública la necesidad de privatizar algunos sectores estratégicos e incrementar la preparación de capital extranjero en organismos paraestatales como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, etcétera.
Por supuesto que es imperativo que estas entidades cuenten con mayores inversiones para modernizarlas y hacer más eficiente su operación, sin embargo la modernización de las instituciones públicas debe hacerse con respeto a la Constitución y sin darle la vuelta a nuestras leyes secundarias.
Al grupo parlamentario del PRI le preocupa que se pretendan meter por la puerta de atrás medidas privatizadoras que no son viables por su carencia de sustento económico, como por la evidente violación tanto a la Carta Magna, como a las leyes secundarias en la materia.
Ante esta situación es necesario que el Poder Ejecutivo defina con detalle cuál es la verdadera propuesta de la reforma energética y diga de cara a la nación cuáles son sus verdaderas intenciones.
Para los legisladores del PRI es importante que se realice una reforma energética que permita subsanar los rezagos del sector, pero conservando los principios rectores de nuestra Constitución. Debe quedar claro. Las fuerzas progresistas del país no podemos estar de acuerdo con que se desmantelen y se malbaraten industrias que con su carácter estratégico pertenecen a todos los mexicanos.
Será pues muy útil para esta soberanía que la secretaria de Energía de este gobierno venga y comparezca ante todas las fuerzas políticas y de una vez por todas establezca cuáles son los lineamientos de esta administración.
Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados cita a comparecer a la secretaria de Energía del gobierno federal para que exponga ante esta soberanía las estrategias y lineamientos del sector en materia energética para los próximos años. Firma su servidor, José Murat y el señor diputado Ricardo Aldana.
La segunda, son las consideraciones, señor Presidente, sobre la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores. Está claro que los principios de política exterior de México han gozado del más alto reconocimiento y han permitido que México desempeñe un papel relevante en momentos de la mayor importancia para el mundo.
Aportamos definiciones como la Doctrina Carranza y la Doctrina Estrada, que forman parte del derecho internacional vigente y norman el principio fundamental de la soberanía de los Estados como valor jurídico indivisible, sustentado en la igualdad jurídica y en la no intervención.
México ha sido constructivo y determinante en importantes procesos como la edificación del sistema de Naciones Unidas; la definición precisa de los derechos económicos de los Estados; en la organización, actuación conjunta de los países no alineados; en la concreción de la importante herramienta para la paz que representó el Tratado de Tlatelolco en materia de proscripción de las armas nucleares en la región latinoamericana.
Quién puede negar y poner en duda la importancia de los buenos oficios de México para la pacificación de Centroamérica y para la unificación de todos los pueblos de América Latina y de El Caribe. Nuestra diplomacia tiene envergadura constitucional, sus principios se consagran en la fracción X del artículo 89 y deben ser la referencia obligada —guste o no— en la delicada encomienda de conducir las relaciones bilaterales y multilaterales de nuestra nación.
Además de todo lo que hemos observado nos parece verdaderamente lamentable la confrontación que se tiene con algunos países de América Latina. Fue en el pasado un hecho cotidiano, llegando al extremo de sufrir vergonzosos aislamientos como en el caso de la elección del Secretario General de la OEA y el turbio manejo de diversas recomendaciones en materia de derechos humanos para aparentar que eran promovidas por otros países, lastimando importantes relaciones geopolíticas para México.
Nos parece urgente, siendo precisamente el carácter de esta proposición que se llame a comparecer a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para precisar la naturaleza y alcances de la diplomacia mexicana llevadas a cabo y lo que se plantea para los próximos meses y los próximo años.
Ante esto, pongo a la consideración el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados cita a comparecer a la licenciada Patricia Espinosa, Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe a esta soberanía, las razones, objetivos y metas que orientan el trabajo de la dependencia a su cargo.
Firma su servidor, José Murat.
En este caso, solicito señor Presidente, que el documento sea publicado en su totalidad en el Diario de los Debates.
Nada más una última consideración. Para darle trámite y que no sea materia del debate, porque lo importante es que estén las dos secretarias ante esta soberanía, pido que las dos proposiciones vayan a la mesa de los coordinadores y que se determine día, fecha y hora para poder tener una definición que nos permita plantear el país que queremos, el México con futuro que buscamos, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado José Murat. Inscríbase íntegro en el Diario de los Debates y túrnense ambas proposiciones a la Junta de Coordinación Política.
Esta Presidencia recibió del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
También se recibió del diputado Ariel Castillo Nájera, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.
Y esta Presidencia recibió también del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Cámara de Senadores. Se remite a la Cámara de Senadores.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va dar lectura al orden del día de la próxima sesión…
El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame secretaria. Sonido a la curul del diputado César Duarte.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Señor Presidente, sólo para desearle de manera muy sincera, que este paso que dará usted estos días, sea para bien de su familia y su futuro. Felicidades, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Orden del día.
(Orden del día de la próxima sesión)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:10): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 13 de febrero a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. Gracias.