La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se ruega a los señores de los medios ocupen el lugar que está destinado para el desempeño de sus funciones. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (11:23 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada el acta.

Continúe con las comunicaciones, señor Secretario.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo remite oficio por el que comunica que se reincorpora a sus labores legislativas, a partir del 11 de febrero del presente año.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El Congreso del estado de Chihuahua remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El Congreso del estado de Guerrero remite acuerdo para que la Cámara de Diputados realice los trámites correspondientes para el establecimiento de tarifas preferenciales y la reclasificación de las tarifas eléctricas de 1B a 1C para el municipio de Acapulco de Juárez y San Marcos del estado de Guerrero.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: El Congreso del estado de Guerrero remite acuerdo por el que rechaza el subejercicio y los recortes de recursos federales destinados a Guerrero en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2006.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que remite contestación a punto de acuerdo.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicaciones. Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXVI Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes señores diputados: Obdulio Ávila Mayo, diputado Christian Martín Lujano Nicolás, Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y diputado Víctor Ortiz Del Carpio. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación de la Mesa Directiva en relación a proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaría del día 12 de febrero, de las Comisiones de Comunicaciones, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Energía, de Salud y de Seguridad Pública.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Junta de Coordinación Política.

México, Distrito Federal, 7 de febrero de 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo XXXIV inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8o, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD:

Que el diputado Juan Adolfo Orcí Martínez cause alta como secretario en la Comisión Especial de Citricultura.

Que los diputado Cuitlahuac Condado Escamilla, Odilón Romero Gutiérrez e Irineo Mendoza Mendoza causen alta como integrantes en la Comisión Especial de Citricultura.

Lo anterior para los afectos la que haya lugar. Atentamente, diputado Emilio Gamboa Patrón.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: México, DF, a 7 de febrero de 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva. H. Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios solicitados por la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Que la diputada Gloria Lavara Mejía cause baja como secretaria en la Comisión de Gobernación. Que la diputada Gloria Lavara Mejía cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Que la diputada Érika Larregui Nagel cause baja como integrante en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. Que la diputada Érika Larregui Nagel cause baja como integrante en la Comisión de Derechos Humanos. Que la diputada Erika Larregui Nagel cause alta como secretaria en la Comisión de Gobernación. Que la diputada Érika Larregui Nagel cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales. Que la diputada Patricia Chozas y Chozas cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos. Firma diputado Emilio Gamboa Patrón. Presidente.

En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada.

De la Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva. Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 tercer párrafo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente cambio solicitado por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que el diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo cause baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Firma, diputado Emilio Gamboa Patrón. Presidente.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: México, DF, 7 de febrero de 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios solicitados por el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Que el diputado Efraín Morales Sánchez cause baja como integrante en la Comisión del Distrito Federal. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Firma: diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Es cuanto, Presidenta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la Comisión ordinaria de Seguridad Pública de la LX Legislatura.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Póngalo a votación.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la Comisión Especial de Reforma del Estado de la LX Legislatura.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sírvase someterlo a votación.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco que reforma el artículo 464-Ter.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Salud.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Solicitud de particular. Oficio del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios en la Embajada de Jamaica en México.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica que la Junta de Coordinación Política aprobó acuerdo para la creación de una Comisión Especial Bicameral encargada de los festejos con motivo de la conmemoración de los 150 años de la Promulgación de la Constitución Federal de 1857.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite su calendario de sesiones del segundo período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de enero 2007.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que informa que el Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, designó a la ciudadana Sigrid Arzt Colunga como Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento. Tiene la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que expide la Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo y reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social.

El diputado David Mendoza Arellano: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Diputadas y diputados. Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley que permita dar cauce a uno de los reclamos más insistentes de la clase trabajadora en nuestro país, el establecimiento de un seguro de desempleo.

Esa demanda recurrente de los trabajadores se ha venido postergando año con año bajo el argumento de la insuficiencia de recursos para su viabilidad; sin embargo, hoy vengo a plantear a esta soberanía que sí es posible instrumentar un seguro de desempleo, sin afectar con esto las finanzas públicas de nuestro país.

La iniciativa que presento fue elaborada pensando, sobre todo, en las familias jóvenes, porque resulta verdaderamente lamentable que las personas que forman parte de la población en edad productiva, aquellos que están en la plenitud de su vida y que tienen toda su fuerza y su inteligencia para generar desarrollo en nuestro país sean despojados de su capacidad para crear.

Aunado a esto, recordemos que las personas económicamente activas son también jefes y jefas de familia, que tienen la responsabilidad de dirigir millones de vidas humanas y que además, son el futuro de nuestro país. En sus manos está gran parte de nuestro destino y consideramos como nuestro deber y obligación protegerlos.

Como ustedes saben, en nuestra sociedad la inmensa mayoría de las personas viven de su trabajo. Por ello, los ingresos económicos que se perciben por este concepto son la única o principal fuente de recursos para la subsistencia del trabajo y su familia.

Como es natural, la pérdida de este ingreso pone en grave crisis la sobrevivencia de éstos y arrastra un caudal de secuelas que se refleja en la desintegración familiar, las enfermedades, la deserción escolar, la baja autoestima del individuo y otros trastornos que descomponen el tejido social y también afectan el mercado interno.

El impacto del desempleo en una economía en recesión, como la nuestra, es mucho más grave que el de las economías en expansión, debido a que el individuo debe de atravesar un proceso largo y tortuoso para lograr reemplearse.

El desempleo masivo que acarrea la crisis económica, como en el caso de México, debe considerarse como un problema de Estado. Por lo cual, es necesario implementar urgentemente todos los instrumentos posibles para poder amortiguar al máximo los efectos negativos en contra del individuo y de la sociedad.

En nuestro país el desempleo constituye una verdadera emergencia nacional, como lo demuestra la cifra de 15 millones de personas que forman parte del desempleo acumulado. En muchos países del mundo se han implementado medidas exitosas para respaldar a los trabajadores que se quedan desempleados.

Tal es el caso de la implementación del seguro de desempleo, cuyo financiamiento está a cargo en algunos casos de los trabajadores, en otros a cargo de los patrones y finalmente hay otros casos en los que participan conjuntamente en el financiamiento los propios trabajadores, las empresas y el Estado.

En la iniciativa de ley que hoy presentamos ante esta tribuna se plantea un mecanismo para instrumentar un seguro de desempleo que opere como un fondo de administración y aportación tripartita, para lo cual se propone crear el Fondo Nacional del Seguro de Desempleo como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual se encargará de aplicar esta ley y concretamente de administrar las cuentas individuales de desempleo de los trabajadores, pudiendo apoyarse en los gobiernos estatales mediante la celebración de convenios.

Se plantea que el Fondo Nacional del Seguro de Desempleo opere con una junta de gobierno integrada de manera tripartita; sería presidida anualmente y de manera alterna. Además se integrarían con voz y voto dos especialistas en la materia con el grado de doctor y pertenecientes a instituciones nacionales de educación superior. En ambos casos mediante convocatoria expedida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

El Consejo de Vigilancia del Fondo Nacional del Seguro de Desempleo se integrará también de manera tripartita y sería presidido de manera alterna por períodos anuales. Además se integrarían dos representantes de organizaciones no gubernamentales, especialistas en el tema mediante convocatoria expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Fondo Nacional de Seguro del Desempleo deberá impulsar con recursos presupuestales programas de becas de estudio para los hijos de los beneficiarios, con el Seguro de Desempleo, debiendo ser preferidos los menores de 16 años y previo estudio socioeconómico que justifique la necesidad de la beca.

El Fondo Nacional del Seguro de Desempleo deberá coordinarse con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, así como con el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores y demás institutos e instituciones públicas que otorguen crédito para la vivienda de interés social, con el objeto de que apliquen un porcentaje de sus créditos a los trabajadores desempleados, sujetos a montos de amortización en concordancia con el ingreso personal o familiar del beneficiario.

Como lo he señalado anteriormente, las aportaciones del fondo serían tripartitas; estarían obligados a realizar aportaciones tanto el gobierno federal como los trabajadores y los patrones.

El gobierno federal deberá aportar por cada trabajador y día de salario devengado al Fondo Nacional del Seguro de Desempleo la cantidad de cinco por ciento sobre el salario de cotización previsto en la Ley del Seguro Social. Los patrones deberán efectuar aportaciones al fondo Nacional del Seguro de Desempleo por un monto de 2.5 por ciento sobre el salario del trabajador, así como retener y enterar las aportaciones de los trabajadores a este fondo por una cuantía de 1.5 por ciento de su salario.

Estas aportaciones se depositarán en la cuenta individual que se abrirá a favor de cada trabajador y que sería administrada por el fondo.

Para que los trabajadores tengan derecho a las prestaciones por desempleo deberán cubrir los siguientes requisitos: encontrarse en situación legal de desempleo y estar disponible para ocupar un puesto de trabajo adecuado; haber cotizado al Fondo Nacional de Seguros de Desempleo durante un período mínimo de 12 meses durante los tres años anteriores al cese de la relación de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo.

Los trabajadores eventuales y los independientes, incluidos los informales, deberán haber cotizado un mínimo de 100 días durante los 12 meses anteriores al cese de la relación que originó el desempleo.

No percibir beneficios provisionales o prestaciones no contributivas; solicitar el otorgamiento de la prestación en los plazos y formas que corresponden.

El tiempo total de prestación estará en relación al período de cotización dentro de los tres años anteriores a la conclusión del contrato o relación de trabajo que dio origen a la situación legal del desempleo.

Quienes coticen de 12 a 23 meses podrán gozar durante cuatro meses de las prestaciones; quienes coticen de 24 a 35 podrán gozar durante ocho meses de las prestaciones y quienes coticen de 36 meses en adelante podrán gozar durante 12 meses de las prestaciones.

Todo lo anterior es, diputadas y diputados, una síntesis del contenido de la iniciativa que se ha publicado en la Gaceta y yo los invito a que revisemos esta propuesta con detenimiento, a que tengamos una visión a largo plazo y que seamos capaces de plantear un futuro exitoso para una importante parte de la clase productiva de este país. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Montalvo Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidenta. Dice el adagio: "Pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla". Evidentemente la historia de México está llena de capítulos azarosos que forman parte del proceso lento pero tenaz y patriótico para construir una nación independiente, soberana e imbuida de los mejores valores de la democracia y la justicia.

No ha sido tarea fácil llegar a ser el México que somos ahora. Provenimos de siglos de enfrentamientos y guerras que han marcado el carácter de nuestros ciudadanos y el aprecio profundo por nuestros principales valores cívicos. Como ejemplo de lo anterior recordemos que el proceso independiente consumió 11 largos años de guerra, de inestabilidad, de muertos para alcanzar el status de país con el reconocimiento propio.

A partir de ahí, el siglo XIX pasó prácticamente entero lleno de asonadas, rebeliones y golpes de Estado para definir en nuestra patria instituciones como son el Estado laico, la igualdad jurídica entre los ciudadanos; el sistema federal y promoviendo la reafirmación del derecho a tener una patria independiente, puesta ésta en riesgo de manera constante por invasiones y amenazas extranjeras.

Cuando la estabilidad parecía haber llegado entramos a un período en donde la dictadura cobijó la profundización de graves desigualdades sociales acentuadas por el despojo de la tierra de millones de campesinos y la expoliación de los derechos elementales de los trabajadores, en una industria que florecía pero para el provecho de unos cuantos. Ello resume 32 años de iniquidad y marginación de la mayoría de los mexicanos.

El resultado fue nuevamente la salida a las calles de las clases populares para realizar una nueva reivindicación de su derecho a la existencia.

La Revolución Mexicana nos sumió en siete años más de violencia, produciendo las instituciones liberales y sociales que contiene nuestra Constitución Política, aunque al costo de millones de personas muertas en guerra.

Entreverados en estos tramos heroicos de la historia patria, muchos otros hechos definen la esencia de lo mexicano; son acontecimientos humanos que adquirieron con el tiempo un amplio simbolismo y que conforman el orgullo cívico con que todos nos formamos de la niñez a la madurez. Entre ellos se encuentran las Leyes de Reforma, el Acta de la Federación Mexicana; los Sentimientos de la Nación la secularización de los bienes eclesiásticos; la hazaña de El Pípila; la defensa del Puerto de Veracruz; la actuación de Los Niños Héroes del Castillo de Chapultepec, así como el conjunto de planes y proclamas como el Plan de Ayutla, el de San Luis, el Pacto de la Empacadora, la Declaración de la Soberana Convención Revolucionaria, el Plan de Iguala; por ello, los mexicanos no podríamos reconocernos sin recordar y rendir honores a nuestros símbolos patrios.

De esta manera nuestras calles, plazas, avenidas, mercados, escuelas y edificios públicos llevan el nombre de gestas y de personajes que encabezaron los momentos definitorios de la nación. La relación de fechas que tienen contenido cívico es amplia, pero aún faltan muchos otros episodios que tuvieron un resultado importante de nuestra historia.

A los veracruzanos nos llena de honor la manera en la que resuelta y firmemente, nuestra entidad ha sido protagonista en la defensa de la patria. Por ello esta iniciativa hace referencia a un hecho poco reconocido en el estudio de nuestra historia y en el calendario cívico. Se trata de la fecha del 24 de agosto de 1821, en la que se suscriben el 17 de septiembre del mismo año en la Villa de Córdoba, los tratados del mismo nombre, mediante los que se pone fin a la lucha armada por la Independencia y que es el precedente más importante para el reconocimiento de esta calidad jurídica y política a nuestro país.

Estos tratados representan el retiro de los fusiles y el principio de la paz que garantiza el ejercicio del derecho del pueblo mexicano a su autodeterminación. Para abundar en ello, valga citar que los historiadores coinciden en que el proceso independiente tiene tres etapas:

La primera. Constituida por el inicio de la Independencia a partir de la proclama de Miguel Hidalgo y Costilla, del 16 de septiembre de 1810; que se propuso tácitamente el objetivo de luchar por un México libre de la Corona española.

La segunda etapa. Consiste en la formación de los objetivos programáticos de la Independencia y el sentido de disciplina del movimiento, asumiéndose como un gran anhelo de carácter nacional, su impulso fue dado por José María Morelos y Pavón, conjuntamente con otros preclaros insurgentes, entre otros hechos se emprendieron cuatro campañas entre 1811 y 1915, se organizó el primer Congreso de Chilpancingo, exponiendo los Sentimientos de la Nación que proclaman el mejoramiento económico, político y social del pueblo.

Se reafirma la soberanía, se propone la división de Poderes y se establece a la Constitución como la Ley Suprema.

La tercera etapa. Consiste en la culminación de la Independencia de México, cuando Agustín de Iturbide propone unir fuerzas a los insurgentes por conducto de Vicente Guerrero; suscribiéndose el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.

A partir de esto se presenta el momento trascendental de la firma de los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, en donde el virrey Juan de O'Donojú investido de poderes asume formalmente el fin del dominio peninsular y se resuelve reconocer la Independencia de México.

Por primera vez, por obra de dichos Tratados, México es reconocido como una nación independiente, en nuestros documentos históricos las partes en conflicto resuelven dejar las armas y reconocer la justa demanda del pueblo mexicano de asumirse como una nación con un Estado propio.

Ésa es ni más ni menos, la importancia de los Tratados de Córdoba, que vuelven a colocar al estado de Veracruz en los principales anales de la historia de este país al que pertenecemos y servimos con el mayor honor y decoro.

Por otro lado el festejo de las fechas cívicas de la patria se realiza en los términos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, con izamiento del lábaro patrio en todo el país, en los edificios públicos como en las escuelas, además de dárseles un lugar destacado en las clases de historia y civismo que cursan todos los mexicanos en camino de convertirse en buenos ciudadanos.

De este modo la presente iniciativa con proyecto de decreto, propone reformar el artículo 18 de dicha Ley, para incorporar como fecha cívica y que dé motivo al homenaje del izamiento del lábaro patrio y de su conmemoración el 24 de agosto.

Con esta reforma estarán consideradas todas las fechas relevantes que permitieron que México viera la luz como nación independiente. Con su dictamen y posterior aprobación por esta soberanía, los mexicanos rendiremos el honor que merecen, no sólo las fechas cívicas, sino en el fondo, el reconocimiento a los millones de personas que pusieron su patrimonio, sus familias, sus propiedades, sus convicciones al servicio del más noble de los fines que es la defensa histórica de su patria y del derecho a tener un lugar en la historia.

Como veracruzano, suscribo con el mayor respeto esta iniciativa y exhorto a los legisladores y a las legisladoras de la LX Legislatura a manifestar su apoyo para fortalecer la cultura cívica y nuestra identidad nacional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Único. Se reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue.

Artículo 18. En términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse a toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones: 24 de agosto, día de la Firma de los Tratados de Córdoba, que reconocen la independencia de México en 1821.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de febrero de 2007. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 461 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. Se concede el uso de la tribuna al diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias, señora Presidenta. Compañeras, compañeros diputados. Vengo ante ustedes para solicitarles que reformen los artículos 73 y 76 constitucionales con la finalidad de homologar varias denominaciones de órganos del Distrito Federal.

Miren ustedes, han habido tantas reformas a la Constitución General de la República que no nos hemos dado cuenta, como Congreso, que algunas denominaciones han seguido utilizándose en la Carta Magna como antes estaban redactadas.

Les voy a poner un ejemplo. En el caso del artículo 73 fracción VIII y del artículo 76 fracción IX de la Norma Suprema, ahí se emplean denominaciones distintas sobre los órganos de gobierno del Distrito Federal, por lo que estos dos últimos preceptos ameritan la reforma constitucional, que es de redacción, no es de fondo, pero que nuestra obligación es ir adecuando a la Norma Suprema.

Por ejemplo, en el artículo 73 fracción VIII, la denominación de Asamblea Legislativa debe instaurarse por la errónea de Asamblea de Representantes, que es la denominación antigua y que ya no tiene ninguna vigencia.

Igualmente se debe aludir correctamente al titular del órgano de gobierno Ejecutivo local que es jefe de Gobierno del Distrito Federal por la denominación que existe en la Norma Suprema actualmente que dice que es jefe del Distrito Federal, expresión que todavía se emplea en el artículo 73 fracción VIII y 76 fracción IX, ameritando actualizar estos numerales y hacer la denominación correcta del Ejecutivo local.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, diputados y diputadas, les propongo que estas cuestiones que son de redacción, las atienda urgentemente la Comisión de Puntos Constitucionales y rápidamente se envíen al Senado y podamos ir adecuando nuestra Norma Suprema con las denominaciones correctas. Se ha reformado tanto la Constitución que tenemos estas viejas expresiones.

Por lo tanto, señora Presidenta, y en obvio de tiempo, le quiero rogar que toda la justificación técnico-jurídica que trae esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 76 constitucionales, con la finalidad de homologar varias denominaciones de órganos del gobierno del Distrito Federal, se inscriban en el Diario de los Debates como si se hubiera leído toda.

Y le ruego, Presidenta, que la envíe usted a la Comisión de Puntos Constitucionales para que rápidamente esta iniciativa se pueda trabajar y se vaya adecuando la Norma Suprema a los términos reales legales y constitucionales a que tenemos derecho todos los mexicanos. Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Raciel Pérez Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Raciel Pérez Cruz: Con su permiso, ciudadana Presidente. El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Ley Fundamental y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Diversos estudios sobre las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana, a pesar de tener diferentes enfoques, plantean una convergencia al definir que el movimiento armado de la primera década del siglo pasado en nuestro país, es ante todo, un movimiento anticentralista; es decir, un movimiento social de la periferia contra el centro.

Paradójicamente, al término de la lucha armada la nación estaría dividida bajo un ordenamiento político y legal sustentado en un centralismo más agobiante sobre las bases de un partido hegemónico, el poder absoluto de la figura presidencial y las corporaciones de sectores sociales que otorgarían estabilidad política durante algunas décadas.

En consideración, los gobiernos estatales y municipales, se desarrollaron dentro de la estrechez del poder vertical surgido de la Federación y dirigido por el Presidente de la República.

Los gobernadores y presidentes municipales reprodujeron, en distintas escalas, las formas, prácticas y costumbres también de poderes locales sumamente centralizados. Por ello, no sorprende que la Carta redactada en Querétaro en 1917 integrara como orden constitucional en su artículo 115, el fundamento para establecer que la organización de los estados tendría, como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre; y asimismo este artículo constitucional planteara las bases de su organización, sobresaliendo especialmente las siguientes:

El ayuntamiento electo en votación popular directa, sin autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado. La administración libre de su hacienda dependiente de las contribuciones que señalaren las Legislaturas de los estados y otorgara personalidad jurídica al municipio para los efectos legales pertinentes, dejando en la indefinición las facultades específicas de los cargos con que integra o de que debe componerse el gobierno del ayuntamiento.

A lo largo del siglo pasado, el municipio como entidad de gobierno tuvo una función nula, marginal en el sentido de su soberanía gubernamental y política. Su acceso a la justicia federal hasta hace poco más de una década no existía en los hechos, aun a pesar de contar con los recursos de controversia constitucional y amparo.

Cabe hacer la crítica de que, a pesar de ampliar las facultades de los municipios, las reformas de los años 1982 y 1999 sólo plantearon la función de los ayuntamientos para asociarse, ser prestadores de servicios, fijar y ser recaudadores del impuesto inmobiliario, pero no modificaron el de su función como entidad de gobierno ni sus facultades políticas.

Actualmente los conflictos municipales se evidencian en la asignación presupuestal participable que confiere la Federación a los estados y estos últimos a los municipios, tal como lo establece el artículo 73 de nuestra Carta Magna.

Es importante señalar que a todo lo largo y ancho del país se identifican 55 zonas metropolitanas que integran cientos de municipios, desde Tijuana a Cancún, y municipios de grandes dimensiones poblacionales hasta con casi cuatro millones de habitantes, como los de la zona oriente del Valle de México. Municipios altamente industrializados como los del estado de Nuevo León, lo que los convierte en entidades político-administrativas con un manejo de recursos considerable, superior en muchos casos a algunos gobiernos de los estados.

Asimismo, municipios que viven en una gran precariedad de recursos, incluso aquéllos regidos por los usos y costumbres, como los del estado de Oaxaca, que en los últimos años han solicitado a la Auditoría Superior de la Federación auditorías para sus ayuntamientos, por la presunta irregularidad en los manejos de los recursos de la hacienda municipal.

Estas asimetrías y desproporciones se agudizan y cobran fuerza en el ámbito de las sobreatribuciones que ejerce el presidente municipal como jefe o quien preside al ayuntamiento. Hay una indeferenciación en las facultades expresas entre los presidentes municipales, los regidores y los síndicos.

En todo el artículo 115 constitucional no existe una sola línea que defina las funciones específicas de los cargos de los integrantes del ayuntamiento, lo que provoca concentración del poder personal del presidente municipal y centralización de la administración municipal. Es fundamental dotar de contrapesos y equilibrios al municipio.

Compañeras y compañeros. Esta Cámara de Diputados obtuvo una facultad reformadora, cuando en el artículo 74 constitucional se estableció de manera expresa que esta soberanía tuviera, entre otras de sus facultades, aprobar o modificar el Presupuesto anual enviado por el Poder Ejecutivo federal. Facultó a cada uno de nosotros, en virtud de nuestra representación popular y como Asamblea deliberante, a tomar parte en uno de los aspectos más significativos y donde cobra vida una de las formas expresas de equilibrios entre poderes.

Al diferenciar tan solo la aprobación y modificación de los presupuestos de egresos de los municipios, que sea facultad exclusiva de los síndicos y regidores, a propuesta del presidente municipal, se contribuiría a sensibilizar a los gobernantes de los municipios, originaría que las Legislaturas de los estados modificaran las leyes locales para facultar con exclusividad a regidores y síndicos dando apertura a la descentralización de la administración municipal y comenzar a sentar las bases para el funcionamiento democrático del gobierno del ayuntamiento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

"Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos municipales serán aprobados en cabildo por los síndicos y regidores, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el presidente municipal, con base a sus ingresos disponibles".

Es cuanto, ciudadana Presidente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos y alumnas de la escuela primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", del municipio de Tlanepantla, y les agradece su visita.

Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 313 y 315 de la Ley General de Salud.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El suscrito, diputado federal por el Distrito de Ahome, del estado de Sinaloa, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión y miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente

Exposición de motivos

El problema universal de los trasplantes es la baja tasa de donaciones cadavéricas de órganos. Esto es evidente en nuestro país. México es de los países que tienen una tasa de donación muy baja, de 3.2 donaciones por millón de habitantes.

En 2005 sólo hubo 320 donaciones cadavéricas. Como referencia comparativa, España tiene una tasa superior a 39 donaciones por este millón de habitantes. Más grave es que nuestro país, México, por falta de procuración profesional de órganos, sólo se aprovecha el ocho por ciento de las muertes cerebrales.

En nuestro país la demanda de pacientes que esperan un órgano es de 10 mil, que están sólo en la lista de espera nacional. Cabe señalar que 50 por ciento de la población de este país no cuenta con seguridad social, por lo que difícilmente tienen acceso a medicina de trasplante y por lo tanto no están en esta pequeña lista de espera.

De conformidad con información disponible al 11 de noviembre del 2006, el Registro Nacional de Trasplantes presenta una lista de espera nacional de 5 mil 67 personas para córneas, tres mil 913 para riñón, 13 mil 337 para hígado, 64 para corazón, entre otros órganos.

El problema fundamental es la limitada coordinación institucional entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hospitales de salud estatales y los hospitales privados.

Existen muchos programas de trasplantes que tienen licencia, 423 para ser exactos; sin embargo, se realizan muy pocos por falta de profesionalización y capacitación en la procuración de los mismos, además de los pocos incentivos que se encuentran para ello.

De acuerdo a la actual legislación, cada unidad con licencia para manejo y extracción de órganos debe de contar con todo un esquema de profesionales de la salud, con la finalidad de garantizar la eficiencia, pues de acuerdo a la estadística de donaciones cadavéricas del 2005, cada equipo hospitalario procuró menos de una donación en el año, lo que equivale a decir que se requiere contar con capacidad que conlleve a esta mejor efectividad.

Dicha información refleja el sufrimiento, no sólo de la persona que se encuentra en la lista de espera sino también de sus familiares y amigos, al tener conocimiento de que el trasplante es la única opción terapéutica para mantener la vida.

Es por ello que se proponen diversas modificaciones, con el objeto de procurar que con base en éstas se pueda hacer efectiva la donación y el trasplante de dichos órganos.

En esta ocasión, se proponen reformas adicionales a los artículos 313 y 315 de la Ley General de Salud en materia de donación y trasplante de órganos, con objeto de garantizar la protección de la salud de las personas. Aumentar las expectativas de vida así como incrementar y mejorar la calidad de los mexicanos que sufren algún padecimiento crónico degenerativo. Ya han sido presentadas iniciativas en esta materia por otro legislador, como es el caso de la senadora Emilia Patricia Gómez Bravo, el 7 de marzo del año próximo pasado.

Por lo que mediante una apropiada adecuación de la norma a la realidad imperante en nuestra sociedad se propone entre otros aspectos relacionados con la pérdida de la vida y la muerte cerebral o encefálica:

1o. Que el Centro Nacional de Trasplantes sea un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud para que realice las actividades de planeación, promoción, apoyo y coordinación de las acciones en materia de donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células.

2o. Se creen las agencias procuradoras de órganos, tejidos, células y huesos como organismos descentralizados de la Secretaría de Salud, con el fin único de coordinar los esfuerzos de los profesionales de la salud pública para procurar las donaciones cadavéricas en los hospitales con licencia de extracción de una manera más eficiente.

3o. Que el Centro Nacional de Trasplantes pueda, por única vez, otorgar permisos provisionales para los actos de disposición de órganos, tejidos y células a establecimientos de salud.

Por lo anteriormente expuesto y como legislador y representante de Ahome, Los Mochis, Sinaloa, considero es una necesidad urgente salvaguardar y llevar a cabo las reformas correspondientes, con la finalidad de atender el interés ciudadano que hoy me solicita la Asociación Ale, Institución de Asistencia Privada, la cual nace precisamente en mi distrito en Ahome, a raíz de un evento doloroso vivido por la señora Adriana Castro Careaga, que es de todos conocido, quien en septiembre del 2004 perdió a su pequeño hijo Ale de tres años de edad, pero junto con su familia, dio vida a seis personas, a través de la donación de órganos de su pequeño menor.

Dicha organización trabaja con alto nivel de vocación, convicción y compromiso, para intensificar en México la cultura de donación de órganos y tejidos y la estructuración de mejores y más profesionales alternativas de servicios de apoyo para la recepción y trasplante de órganos.

Por ser el estado de Sinaloa pionero en la atención de demandas de trasplantes y donación de órganos, considero prioritaria la urgencia, como diputado de ese estado, fomentar la cultura de la donación y de los beneficios que ésta pueda proporcionar a la lista de pacientes en espera de una oportunidad de vida. Se tiene que trabajar de manera intensa, porque cada año tristemente fallece un gran porcentaje en esta interminable espera.

De conformidad con lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este Pleno, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción II, y la segunda se recorre en su orden a la fracción II del artículo 313 y se adiciona la fracción V del artículo 315 de la Ley General de Salud.

Artículo primero. Se reforma la primera y se adiciona una segunda, para quedar como sigue.

Artículo 313. El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Centro Nacional de Trasplantes, dando aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Segundo. La planeación, promoción, apoyo y coordinación de las acciones en materia de donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células, a través del órgano desconcentrado denominado Centro Nacional de Trasplantes.

Artículo segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 315 de la Ley General de Salud para quedar como sigue.

Artículo 315. Se crean las agencias procuradoras de órganos, tejidos, células y huesos, como organismos públicos descentralizados de la administración pública, con personalidad jurídica propia y patrimonio, el cual estará integrado al sector que se coordine con la Secretaría de Seguridad Pública.

El Centro Nacional de Trasplantes podrá otorgar permisos provisionales para actos de disposición de órganos, tejidos y células, a establecimientos de salud.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan y en su caso se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Favor de insertarlo, señora Presidenta, en el Diario de los Debates. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.

Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria "Gustavo Baz Prada", del municipio de Tenayuca, en el Estado de México, y les agradece su visita.

Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional… rectificamos. Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Comisión Reguladora de Energía, Orgánica de la Administración Pública Federal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y de Coordinación Fiscal.

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Presidenta. La presente iniciativa tiene la motivación de convertir lo que el día de hoy se está dando, las tarifas a la electricidad como la tasa al IEPS de gasolina y diesel, lo que está generando es, quien la fija es la Secretaría de Hacienda, con el único incentivo, adecuado o no—no lo califico—de poder tener los recursos necesarios para pagar las necesidades del gasto público del gobierno federal.

Es evidente que lo que tenemos que convertir en el sector energético, su objetivo y su fin, debe ser el crecimiento y el empleo. Por lo tanto, la iniciativa está buscando cambiar los incentivos, cambiando las facultades, dándole a la CRE —Comisión Reguladora de Energía— las facultades con criterios diferentes, no recaudatorios, no con el fin de recaudar, porque si el único fin es recaudar, lo que ganan las finanzas públicas, vía las tarifas, lo pierden vía el impuesto sobre la renta y el IVA, en la generación de mayores empleos y de crecimiento del país.

Si la Comisión Reguladora de Energía tiene estas facultades y genera un incentivo de tener la conformación tanto de la tarifa para la electricidad como del IEPS, la tasa del IEPS a diesel y gasolina con dos criterios fundamentales: uno técnico que más adelante explicaré, y uno de competencia.

Los dos, en resumen, traerían el resultado de volver un país más competitivo, tener un sector energético con la visión y la exclusividad de ver el crecimiento y la competitividad del país en el exterior y buscar subsanar los ingresos que pierdan las finanzas públicas, como lo dispone el transitorio de la presente Ley.

¿Cuáles serían los criterios técnicos? Tenemos que hacer competitiva, viable, la inversión en infraestructura tanto de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro; tenemos que generar que el IEPS, que es un impuesto especial, tenga un destino específico, como no lo tiene ahora, para que se gaste específicamente en infraestructura, capacidad de rodamiento.

Por lo tanto le estamos dando facultades a los gobiernos, a las entidades federativas, a sus congresos, para que puedan poner un dos por ciento adicional a este IEPS, para que tenga también ese destino específico.

Se busca una solución integral al problema exclusivo de las altas tarifas a la electricidad, los altos precios del diesel y la gasolina que están generando en México afectación a la competencia de las empresas y una afectación directa al patrimonio de las familias.

También se le están dando facultades a la Comisión Reguladora para que supervise a estos tres órganos. Hoy el Estado mexicano no tiene una política energética real en su estructura jurídica ni tampoco tiene una política ni facultades ningún organismo, de revisar y volver estos organismos eficientes, eficaces y de nivel internacional.

¿Por qué se busca cambiar estos criterios? Si la Comisión Reguladora cambia la conformación, ella es la que lo fija y publica, como dice la iniciativa, trasparenta, como se dice ahora, la conformación de la tarifa, la iniciativa también dispone que esta Comisión Reguladora y la Secretaría de Energía y después esta Cámara de Diputados con facultades exclusivas constitucionales, fije los criterios de subsidio.

Lo mejor que les puede pasar a las finanzas públicas es transparentar la forma de la conformación de la tarifa y sobre todo, el por qué y la política del por qué de los subsidios.

También en esta iniciativa tratamos la problemática que viven día a día los usuarios y que también vive la Comisión Federal de Electricidad, que es cuando no se paga adecuadamente; le estamos dando facultades específicas y nada más a la Procuraduría del Consumidor, y estamos generando concretamente que la obligación probatoria en el procedimiento sea por parte de los organismos y no del usuario y que no como actualmente sucede, que tiene que pagarse como se manda el recibo y después se pone el recurso y eso afecta al usuario. Cambiamos la materia de la prueba y lo que generamos con esto es que se paga el promedio de los últimos doce meses.

El grupo parlamentario del PRI está consciente de que no es una reforma integral del sistema energético, pero estamos poniendo las bases, el origen y el destino de para dónde debe de ir hoy en congruencia con su plataforma electoral y con las promesas de campaña tanto de los diputados federales como de los senadores, en buscar mecanismos para bajar el precio de las gasolinas, el diesel, buscar tarifas eléctricas más baratas, generar competitividad, generar empleo.

Reconocemos que habría un problema en las finanzas públicas y por eso lo buscamos resolver a través del transitorio, para que en un plazo razonable el Ejecutivo busque dos cosas: uno, ¿cómo va a sustituir el ingreso que el IEPS le daba y que no tenía destino? Hoy queremos que tenga destino en capacidad de refinación, insito, en carreteras, en infraestructura específica, en hacer eficientes a los órganos en materia federal y en capacidad de rodamiento en materia local y generar un mejor criterio de desarrollo del país y subsanar las finanzas públicas con mayores ingresos.

En conclusión, darle un destino real a lo que es el IEPS, que es un impuesto especial a un producto o servicio que debe de estar casado a un fin específico de su naturaleza jurídica, de su naturaleza económica —y la hemos abandonado— y segundo, responsablemente los grupos parlamentarios aquí presentes y el Ejecutivo federal le damos a través de un transitorio la forma de sustituir estos ingresos.

Si esta iniciativa, esta soberanía considera, previo el estudio de comisiones y fuera aprobada, lo que lograríamos con responsabilidad es un nuevo sistema y las bases de lo que tendremos que discutir a futuro: cómo debe ser el sistema energético, cuál debe de ser su política y objetivo, si debe de ser crecimiento y empleo y cuál debe de ser la reforma hacendaria adecuada para sustituir los ingresos y dar un desarrollo sustentable a las siguientes generaciones.

Le pido, Presidenta, que la iniciativa íntegra se plasme en el Diario de los Debates. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Sonido en la curul del diputado César Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Presidenta, para solicitar al orador, a quien quiero hacer un reconocimiento por esta iniciativa de fondo que nos ha llevado a debates, discusiones y posiciones y que finalmente nos da el mecanismo para lograr establecer cómo el Poder Legislativo se puede involucrar en el tema de los precios de las tarifas eléctricas, que hoy es una preocupación nacional.

Quiero pedirle al orador si me permite signar junto con él esta iniciativa y felicitar por esta iniciativa de fondo que plantea un mecanismo legal en la transformación de tarifas.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí. Si el diputado lo acepta aquí está el texto para que pase a estampar su firma. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, señora Presidenta. En mi carácter de diputado federal por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proyecto de decreto que reforma y modifica diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y del Código Fiscal de la Federación.

Esta iniciativa hace referencia a la necesidad de modernizar y hacer más justos los derechos de los acreedores en el proceso de concursos mercantiles que actualiza la Ley de Quiebras centenaria, en virtud de se requiere más equidad, más justicia entre los acreedores que concurren cuando un comerciante ha caído en desgracia y particularmente refieren la participación que debiera tener el fisco federal en el tratamiento de su carácter de acreedor y participar más en la rehabilitación del comerciante que en su cierre, que en su destrucción.

En efecto, a raíz de que fue promulgada la Ley de Quiebras y en su lugar la Ley de Concursos Mercantiles, el legislador se ha planteado cuál es la mejor forma de hacer valer los derechos de los acreedores, de quienes se hayan en concurso mercantil y atender de manera efectiva también los derechos del fisco, que representa ante el público el valor oficial de estos procesos.

Con las reformas que se pretende dotar a las autoridades fiscales, se trata de que éstas tengan facultades amplias para concurrir junto con los acreedores privados y buscar una forma justa de tratar a los comerciantes.

Sabemos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución de la República, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza para que se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanden el interés general, y que bajo criterios de equidad social y en productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores sociales privados, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y el uso en beneficio general de los recursos productivos.

Se hace mención de lo anterior con la finalidad de dejar claro que la participación del Estado es determinante para el desarrollo nacional. Participación que se da en el marco de una rectoría estatal que implica la búsqueda de los equilibrios necesarios, para que se desarrollen armónicamente los sectores productivos de la nación.

Es en ese mismo sentido se han constituido instituciones múltiples que tienen que ver con esta regulación económica, porque en última instancia, el buen desarrollo de los sectores productivos de empresas sanas significa empleos para cientos de familias y mejores condiciones y expectativas de vida.

Éste es el bien superior de la comunidad que el Estado debe tener presente cuando se crean programas de apoyo a los programas de empresas privadas de todas las dimensiones, pero sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que mayor número de empleos generan y que son la parte sustancial que soporta la producción nacional a través de las cadenas productivas.

Por lo anterior, es claro que este apoyo debe de estar presente para el caso de que una empresa esté en problemas y es motivo de concurso mercantil, por lo que se debe dar prioridad a la preservación de las fuentes de trabajo generadoras de riqueza para las familias, como queda de manifiesto al establecer los créditos laborales por encima del resto de los demás créditos.

Pero el mismo espíritu de preservar el ingreso de los trabajadores debe de estar presente también en el momento de la celebración de los convenios para los concursos mercantiles, a fin de participar en la recuperación de los diversos créditos que se tienen con estas empresas sujetas a concurso.

Es decir, se debe privilegiar, no afectar los intereses de quienes ya cuentan con un empleo dentro de la totalidad de la cadena productiva, procurando que los acreedores diversos al fisco hagan valer sus créditos motivo del concurso y no verse perjudicados de manera que puedan entrar también en situaciones de riesgo en sus propias empresas.

Así con las reformas que se presentan, se pretende que los créditos fiscales sean parte de los convenios respectivos, a fin de que si bien se garantice el interés general a través de la recuperación de los créditos fiscales, también se garantice que los sectores productivos no se vean afectados.

Sería triste e injusto que el fisco federal acabe con las empresas, con las pequeñas empresas, y deje también en la calle a muchos proveedores, a muchos comerciantes que dependen del buen funcionamiento de la empresa materia del concurso.

No tiene ningún sentido privilegiar a través de una disposición legal, hacer efectivos los créditos fiscales para ingresarlos a las arcas nacionales y después, mediante programas, dar apoyo a los sectores productivos. Se trata de que mediante una evaluación de los involucrados y el Estado se juzgue qué es lo más conveniente para cada caso específico respecto de los créditos fiscales en un marco de integralidad con el resto de los acreedores.

De esta forma se pretende dejar sustentado legalmente que los créditos fiscales sean sujetos también a los convenios, en los cuales, por supuesto, deberán de participar las autoridades correspondientes.

De lo que se trata es de confiar en el buen juicio y en la honradez de las instituciones y autoridades del Estado mexicano, quienes a través de las evaluaciones correspondientes podrán celebrar los convenios que juzguen más convenientes para el interés público, pero sin afectar el interés privado o social.

Se trata de ejercer de manera inmediata esta atribución —director de la economía nacional— buscando el equilibrio del desarrollo nacional y de velar por el interés de la clase trabajadora.

En beneficio de la empresa y de los comerciantes mexicanos, presento esta iniciativa para actualizar la Ley de Concursos y hacer más justa la distribución de lo que quede de los activos de la empresa y que no sea el fisco el que se lleve la mayor parte. Desde luego, respetando por siempre el derecho inalienable de los trabajadores mexicanos para ser preferidos en los activos de una empresa, pero sí solicitar la intervención del fisco federal para que, como los demás acreedores, se sume el esfuerzo de rehabilitar al comerciante.

Solicito a usted, señora Presidenta, se inscriba esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El diputado Samuel Aguilar Solís: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En México las primeras medidas de protección al ingreso formalizadas en la legislación laboral surgieron a principios de los años 30, y la seguridad social se inició una década después con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. La seguridad social que a partir de ese momento ofrecería esta institución converge en un sistema general y homogéneo de prestaciones de derecho público y supervisión estatal.

La reforma de la Ley del Seguro Social que entró en vigor el primero de julio de 1997 tuvo, entre sus principales modificaciones, el cambio al sistema de pensiones de beneficio definido de los trabajadores afiliados al Instituto que operaba como un sistema de reparto, por un sistema de contribuciones definidas y cuentas individuales administradas por empresas de giro exclusivo, denominadas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

Dicha reforma señaló como objetivo estratégico promover un crecimiento económico, vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional y redunde en el bienestar social. Todo ello a través de la generación de empleos permanentes, bien remunerados, así como por el incremento de los ingresos de la población.

La estabilidad y el crecimiento económico sostenido son condiciones indispensables para el progreso social. La constitución de ahorro interno indispensable para incrementar la inversión se orienta a la generación creciente de empleos sobre bases sólidas para hacer posible el bienestar social de manera perdurable.

Estos objetivos coinciden con las demandas de los mexicanos, quienes exigen mejores niveles de vida, estabilidad y certidumbre, mayores oportunidades de empleo y salarios más elevados, mejores y más equitativas condiciones al momento de su retiro laboral. Es decir, un Estado garante en sus derechos y un desarrollo compartido.

La obligación estatal de contribuir de manera más efectiva al desarrollo nacional, a la generación del ahorro interno y al crecimiento del empleo coincide con la necesidad de enfrentar las complejas circunstancias como el adecuarse al cambio demográfico, responder a las crecientes demandas de mayor eficiencia en el uso de cuantiosos recursos que le confieren al Instituto, para convertirlos en servicios y prestaciones y de superar insuficiencias con la firme voluntad de dar plena vigencia a sus principios y filosofía originales de la seguridad social.

Hoy empezamos a vivir un proceso de transición demográfica consistente en que ha aumentado la esperanza de vida y paulatinamente han disminuido las tasas de natalidad y mortalidad, teniendo por resultado el crecimiento de la población y la edad promedio de ésta, la cual se agudiza en aquélla que tiene derecho a la seguridad social.

El aumento en la esperanza de vida implica que más gente llegue a la edad de retiro y que el número de años durante los cuales se paga una pensión se incrementa sustancialmente, prolongándose el tiempo en el que se ofrece la atención médica respectiva, precisamente en la edad que resulta más necesaria y también más costosa el sistema de pensiones habría entrado en una trayectoria de crisis si no se hubiera reformado y de persistir las tendencias que acusaba, se hubiese llegado a un colapso financiero.

En efecto, las previsiones demográficas estimadas para los países desarrollados donde la estructura demográfica y su evolución ha alcanzado lo que puede llamarse una madurez demográfica, presenta situaciones críticas, pues la relación de pensionados al personal activo, puede representar porcentajes sumamente elevados.

En México, en diciembre de 1995 fue aprobada por el Congreso una nueva ley que constituye un cambio radical, incluso para muchos analistas, significaba el desmantelamiento de la concepción y práctica de la seguridad social mexicana vigente a principios de los años 40.

El objetivo central de dicha reforma fue la privatización de los fondos para el retiro de pensiones de cientos de millones de trabajadores asalariados del mercado formal de trabajo afiliados al régimen obligatorio de la seguridad social.

En el nuevo sistema cada trabajador posee una cuenta que confía para su administración a una empresa especializada en la administración de fondos de retiro, que a su vez lo invierte en instrumentos financieros.

Esas empresas especializadas compiten entre sí con base en el rendimiento que ofrezcan al trabajador, o en su defecto, a partir de las comisiones que cobran por el manejo de cuentas. El trabajador puede cambiar periódicamente de empresa y en general existen regulaciones que impiden que alguna administradora de fondos de pensiones acapare un alto porcentaje del mercado.

El Estado lleva a cabo las labores de supervisión y regulación mediante organismos especializados y en algunas pensiones realiza aportaciones a las cuentas, además de garantizar a todos los trabajadores una pensión mínima; así queda expresamente en la ley.

La transición en el sistema de pensiones es un proceso importante. En efecto, de un sistema de pensiones público, colectivo y de beneficios definidos o de reparto, se da paso a un nuevo sistema de pensiones de mercado individual y de contribuciones definidas. Esta nueva modalidad teóricamente busca eliminar inequidades, mantener el valor real de las pensiones, establecer una pensión mínima garantizada por el Estado y mediante la individualización de las cuentas, asegurar el acceso directo del derechohabiente de sus recursos, ofreciéndole una alternativa segura de ahorro.

Sin embargo, las elecciones individuales no garantizan que los anteriores pronósticos se vayan a cumplir de manera efectiva. Con este nuevo sistema se pretende también alcanzar tres ambiciosos propósitos: contribuir a la generación de ahorro interno y crear nuevos empleos en la economía; segundo, la indización de las pensiones para mantener su valor real; y tercero, mantener un nivel de ingresos de un salario mínimo para todos los pensionados.

El ahorro interno en México comprende a todo el ahorro realizado en instrumentos financieros tanto bancarios como no bancarios y se mide mediante el agregado monetario amplio, menos billetes, más monedas en poder del público. Este ahorro interno incluye, entre otros conceptos, al ahorro obligatorio que proviene de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de las empresas y entidades del sector público que tiene que realizar a favor de sus trabajadores.

De 1998 a 2005 el ahorro interno ha incrementado su proporción con respecto al producto interno bruto. El ahorro interno sin los recursos del SAR representa el ahorro voluntario del país, y a diferencia de lo que ha pasado con el ahorro interno, su proporción con respecto al PIB no ha aumentado de final de 1998 a 2006.

Este comportamiento se explica por la mayor tasa de crecimiento que el ahorro interno ha registrado en compensación con el ahorro voluntario en el mismo lapso. Así, de diciembre de 1998 a finales de 2006 la tasa de crecimiento medio anual real del ahorro voluntario fue del 7.4 por ciento; en tanto que en el ahorro voluntario ascendió a 5.3 por ciento. El mayor dinamismo del ahorro interno y en compensación al del ahorro voluntario se explica porque su componente de ahorro obligatorio ha crecido a tasas altas.

Esto se ha reflejado en una proporción creciente de ahorro interno con respecto al PIB, lo cual no ha sucedido con el ahorro voluntario.

Conforme al ambiente económico mejore y el sistema financiero madure, el papel de la regulación prudencial debería fortalecerse y las restricciones cuantitativas a las inversiones reducirse.

Lo anterior ampliaría las opciones de riesgo-rendimiento de los ahorradores sin recurrir en riesgos excesivos. Estas medidas ampliarían la diferencia en estrategias de riesgo-rendimiento y permitiría que ésas se aproximen a las necesidades y preferencias de los diferentes trabajadores. Asimismo, se incrementarían los incentivos para que los trabajadores se involucren más en sus planes de pensiones.

Por eso, esta iniciativa propone llevar una política conservadora en la inversión de los fondos de pensiones y reducir la inversión de los fondos de pensiones en valores extranjeros de 20 por ciento a 10 por ciento, generando así un aumento en el ahorro interno y por ende mayor inversión en el país.

Solamente hago una acotación. Si en este momento esta iniciativa se aprobara, de manera automática se reduciría el 50 por ciento en términos de ahorro invertido en el exterior y significaría en este momento 10 mil millones de dólares adicionales, directamente para la inversión productiva en nuestro país.

Debemos buscar, pues, esquemas más justos y equitativos. Debemos de revisar nuestra manera de entender el desarrollo y atender las necesidades nacionales como el empleo, la alimentación y el bienestar en su conjunto.

Por último, diputada Presidenta, de manera atenta solicito que la iniciativa, así como esta intervención, sean publicadas en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchísimas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértense los textos íntegros en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Las diputadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional suscribimos la presente iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tiene como objetivo establecer, en los preceptos legales, los conceptos de equidad de género y perspectiva de género.

La importancia de la incorporación de estos conceptos a la ley en comento radica en que, de acuerdo con la Ley de Planeación, el Presupuesto de Egresos es una herramienta administrativa que asigna los recursos disponibles a los programas públicos.

En este sentido, forma parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática y tiene que señalar las metas anuales con que se vayan logrando los objetivos de desarrollo del Plan Nacional. Por lo que, si se tiene perspectiva de género en estos aspectos de la vida pública, habrá mecanismos adecuados en las políticas públicas para la eliminación de la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres.

Los presupuestos generan políticas públicas viables si se tienen definiciones de principios y de normas ajustadas a las aspiraciones reales de la sociedad. Por ello, no pueden estar concebidos con un espíritu meramente técnico y estadístico; deben reflejar el interés social y convertirse en instrumentos de cambio.

Los presupuestos proequidad de género, o con enfoque de género, son aquellos procesos y herramientas propuestas planteadas en los presupuestos públicos, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, que entienden que las relaciones de género —que marcan pautas sociales, económicas y políticas que repercuten en que el presupuesto— tengan un impacto diferenciado sobre hombres y mujeres.

Un presupuesto proequidad de género toma en consideración las diferentes necesidades, privilegios, derechos y obligaciones que las mujeres y los hombres tienen en la sociedad. Asimismo, valora de manera diferenciada las contribuciones de hombres y mujeres, tanto en la producción de bienes y servicios como en el trabajo humano, para movilizar y distribuir los recursos.

La necesidad de lograr presupuestos con perspectiva de género radica en que es una de las estrategias más exitosas llevadas a cabo a nivel internacional para incorporar la visión de género en la planificación y en la evaluación gubernamental del impacto de las políticas públicas, a fin de hacer real el compromiso de promover el respeto de los derechos de las mujeres y la igualdad entre los sexos.

A mayor abundamiento sobre los presupuestos pro equidad de género, podemos mencionar que la primera experiencia de este tipo se emprendió en Australia hace dos décadas. Ésta y la de Sudáfrica que se impulsó en 1995, todavía sirven como punto de referencia para muchos de los proyectos que se realizan en diversos lugares del mundo incluyendo la región de Latinoamérica a partir de los años 90.

De ahí que sea importante que valores como la no discriminación, la igualdad social o la equidad de género, sean la base ética y normativa de los presupuestos que dan cauce y operación a las políticas públicas y que con ello se realicen acciones afirmativas con el objeto de eliminar desigualdades existentes entre hombres y mujeres.

No podemos permitir que el Presupuesto de Egresos de la Federación siga sin tener lenguaje incluyente y peor aún, que haya retrocesos en la asignación de recursos para programas enfocados a las mujeres ya que en la práctica demuestra que a través de estas acciones afirmativas el Gobierno federal puede impulsar acciones y políticas públicas a favor de las mujeres en materia de salud, educación, atención a la violencia, procuración de justicia, entre otras.

Con esta reforma, estaremos dando respuesta favorable a las recomendaciones hechas por el Comité de Expertas de la CEDAW, respecto a que México debe de trabajar para lograr presupuestos con perspectiva de género. Además, las dependencias y organismos autónomos estarían obligados por ley a incorporar la perspectiva de género en los proyectos enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ésta a su vez, considerarlos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.

En resumen, podemos decir que la incorporación de estos conceptos a la Ley en comento, tendrá como resultado la visibilización de la equidad entre hombres y mujeres y la necesidad de desarrollar mecanismos para la adecuada asignación de recursos para programas y actividades sustentadas en el reconocimiento de que las políticas públicas y la realidad, tienen que acercarse mediante nuevos diseños y formas de operación acordes a una realidad diferenciada que exige nuevas respuestas.

Señora Presidenta de la Mesa Directiva, le pido atentamente que la iniciativa que hoy presento sea incorporada íntegramente en el Diario de Debates y que la exposición que tuve en esta tribuna sea considerada dentro de la exposición de motivos de la misma iniciativa.

Por la atención a todos y a todas, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señora diputada por su excelente iniciativa. Le consultaría si le parece que además de ser turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se turnara a opinión de la Comisión de Equidad y Género.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Gracias Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Con opinión de la Comisión de Equidad y Género, túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El siguiente punto, son los dictámenes de primera lectura.

El primero, de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 bis a la Ley General de Salud.

Otro dictamen de primera lectura de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María del Carmen Beatriz Icazuriaga Montes, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

De la misma Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Azucena Tabares Juárez, Jaime Pérez Rincón, Calendario Ramos Ocampo, Judith Monroy Ramírez y Román González Pedroza, para prestar servicios en los consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco y Tijuana, Baja California, respectivamente.

Están publicados en la Gaceta Parlamentaria y son de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día, es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se autoriza. Continué la Secretaría.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la conformación de un grupo especial de investigaciones en el combate al crimen organizado en el estado de Nuevo León.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la recuperación de la seguridad en el estado de Quintana Roo.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Salud informe a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Salud, sobre la situación actual, problemática y proyecciones de diversos temas y programas del Sistema Nacional de Salud. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. Para dirigirse al primero de estos dictámenes, ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, y tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada Presidenta. Compañeros, compañeras legisladores. La situación de violencia que vive el estado de Nuevo León es preocupante y no es de un año, dos años atrás, tiene ya alrededor de… se acerca ya a una década en donde se han visto acciones del crimen organizado, de asesinatos de agentes del Ministerio Público, de abogados, de personas involucradas en el narcotráfico y esto preocupa enormemente al pueblo de Nuevo León, Yo soy de Nuevo León y, en consecuencia, pido el uso de la palabra para señalar la preocupación que tenemos al respecto.

Pero también para señalar que este problema no es único del estado de Nuevo León. Incluso en el estado de Nuevo León es un problema más reciente que el que se tiene en otros estados de la República, donde han tenido problemas aún más fuertes, como es el caso de Tamaulipas, que es vecino de Nuevo León, especialmente en los pueblos fronterizos, como es el caso de Sinaloa, como es el caso de Guerrero, como es el caso de Michoacán.

Entonces, en ese sentido, yo creo que es un problema que ya está tomando tintes nacionales y yo creo que es necesario que la Cámara de Diputados integre un grupo de investigación —como se señala en el punto de acuerdo— pero que no se limite únicamente al estado de Nuevo León sino que vea la problemática nacional, que se está dando en diferentes estados del país y que vea la manera de llamar a cuentas a todos los niveles de gobierno involucrados y a coadyuvar en la coordinación de estos niveles de gobierno para poder atacar este grave problema que tenemos.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha mostrado gran preocupación por este problema del crimen organizado, del narcotráfico, del aumento en las adicciones, en la drogadicción que se ha estado dando en el país. Por eso propusimos al inicio de esta Legislatura la creación de una comisión especial que pudiera dedicar sus trabajos a evitar las adicciones y la drogadicción en el país.

Desafortunadamente, no prosperó la integración de esta comisión especial pero estamos tratando de crear el consenso para que al menos se integre como subcomisión en la Comisión de Salud o en alguna otra comisión que esté relacionada con esta problemática.

También recientemente, la semana pasada presentamos una iniciativa donde señalamos que se requiere que en la primaria a los niños, y en la secundaria se les instruya sobre la problemática que trae el consumo de drogas y la adicción a éstas.

Entonces es un problema serio, grave en el país. Creemos que debe ser apoyado este punto de acuerdo pero no nada más limitarse al estado de Nuevo León, sino a la problemática que se está presentando en todo el país. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. También para referirse al mismo punto de acuerdo ha solicitado el uso de la palabra y se le concede al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, quien va a proponer una modificación al primero de los puntos de acuerdo.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores. El tema que nos trae a esta tribuna es de todos conocido, por eso nosotros también habíamos enlistado un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se atendiera el combate al crimen organizado en todo el país.

¿Qué tenemos como precedentes? Tenemos como precedentes que el sexenio pasado, ya lo hemos comentado en esta tribuna, so pretexto de la tolerancia, nos dejó como lugar común de convivencia la impunidad y la violencia.

En diciembre de año pasado el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tomó acciones para el combate a la delincuencia y fue de suyo notorio que en Tijuana, que en Michoacán las autoridades municipales y las estatales no tuvieron la más mínima información al respecto.

Así transcurrió y se llegó al 22 de enero pasado en el que el propio secretario de Seguridad Pública reconoce que el gran aliado de la delincuencia organizada es la incomunicación entre los tres órdenes de gobierno y la falta de coordinación.

En esa misma reunión el Presidente de la República ordenó que antes de que terminara el mes de febrero debieran de presentar un programa que estableciera las competencias, los mecanismos, la temática y la metodología en la que se trabajaría.

No queremos, desde esta tribuna, que suceda lo que ha pasado con la reforma fiscal. El actual gobierno se comprometió a que en enero presentaría un diagnóstico que todos nosotros hiciéramos común y a partir de ese acuerdo establecer la metodología y la temática para atender la materia.

El Ejecutivo no ha cumplido. Pero si no cumple en la materia fiscal, eso cuesta dinero. Si no cumple en la materia de combate a la delincuencia organizada está costando vidas inocentes cada hora.

Los medios de comunicación abren todos los días con la nota roja, pero lo que es más grave es que ya hacemos acusaciones sin pruebas en la mano y de la manera más trivial.

No pueden los titulares de las dependencias del gobierno federal seguir acusando de esa manera. Si hay armas en el país de uso exclusivo del Ejército en manos de la delincuencia organizada es un delito de competencia federal. Sean eficaces en el combate al contrabando. Si hay droga, estupefacientes en el territorio nacional es un delito de competencia federal. Sean eficaces y competentes en la detección de esos productos de contrabando.

Si hay plantíos de enervantes en este país es competencia federal. Ya no pretexten que son los ayuntamientos y los estados de la Federación. Y si la delincuencia organizada es rentable económicamente, el combate al lavado de dinero también es competencia federal.

Que quede muy claro, porque no es posible que lleguen las autoridades federales y le digan a los ciudadanos comunes que denuncien. Si ellos que tienen las armas legales, si ellos que pueden intervenir teléfonos, cuentas bancarias, no los aprehenden y presentan las pruebas, menos un ciudadano mortal y menos si el Estado no le da ninguna garantía sobre su vida y sobre sus bienes y la de sus familiares a la hora de la denuncia.

Por eso nosotros proponemos que este dictamen en su punto de acuerdo sea modificado para que establezca lo siguiente. Leo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, formula una firme exhortación a los titulares de las dependencias de la administración pública federal y a los mandos de las corporaciones y fuerzas de seguridad pública a diseñar y establecer instrumentos y mecanismos de coordinación y comunicación eficaces, expeditos y claramente verificables en el marco de la lucha conjunta que libran los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal contra la inseguridad pública y la delincuencia organizada.

Segundo. En el marco de la instrucción y compromiso asumido por el titular del Ejecutivo federal para que el procurador general de la República y el gabinete de seguridad presenten a la sociedad mexicana a más tardar a fines del presente mes de febrero, un programa integral para mejorar los mecanismos de seguridad y procuración de justicia, se exhorta a los destinatarios de dicha instrucción para que en el mencionado programa se expresen y detallen con toda claridad las acciones, mecanismos de coordinación; ámbitos de competencia y colaboración entre los tres órdenes de gobierno a que obligan la Constitución General de la República y la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tercero. La Cámara de Diputados expresa plena disposición a coadyuvar, en el marco de sus competencias y responsabilidades, en la lucha integral y permanente del Estado mexicano para combatir el delito y mejorar las condiciones de seguridad pública y respeto al estado de derecho en todo el país.

Por tanto, Presidencia, le solicito muy respetuosamente que en su momento considere esta propuesta de modificación para que se someta a la votación correspondiente en los términos parlamentarios. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Si es tan amable de dejar su propuesta para votarla en su oportunidad. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Manuel Villanueva Arjona, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Manuel Villanueva Arjona: Buenas tardes. Venimos aquí, a esta tribuna, representando a los diputados del Partido Acción Nacional en Nuevo León, porque nos parece importante dejar en claro este reclamo, este dictamen que se tiene, que más que un reclamo de la sociedad se ha hablado efectivamente sobre el problema de la violencia que aqueja en muchos puntos del país y en el caso de los legisladores de Nuevo León nos preocupamos por esta incidencia en este estado de la República. Este punto de acuerdo fue presentado el 19 de septiembre de 2006 por el entonces legislador Marco Heriberto Orozco.

Nosotros quisiéramos dejar en claro que es necesario, sin venir a buscar ni a ver ni a señalar culpables, sin venir a buscar y decir: te falta esto o tú no hiciste o aquello pasó hace años, que es necesario poner una solución a este problema que agrava a la sociedad; que los ciudadanos de Nuevo León, en general de muchos puntos del país, reclaman y que lo piden de sus funcionarios y que lo piden de sus gobernantes. Lo que piden de sus legisladores es que se pongan a trabajar, para aquejar y para quitar la problemática de inseguridad que hay en el país y que hay ––en específico hablamos–– también en el estado de Nuevo León.

Las constantes ejecuciones que se dieron el año pasado, que podríamos hacer un comparativo numérico y que alguien pudiera meter a debate, no son más que el producto y el reflejo de una sociedad que de alguna manera ha llegado a un proceso en el que hay una descomposición de las formas de convivencia que se tenían, de las formas en las que se actuaba.

Yo nada más quisiera venir a dejar a esta tribuna que es claro y necesario apoyar toda la coordinación, todo el trabajo en equipo de todas las actividades, de toda la planeación que se tengan que hacer por parte de todas las autoridades de todos los niveles, que no se pueden escapar y que no pueden andar diciendo: No me corresponde. Tanto las autoridades municipales en el aspecto preventivo, las autoridades estatales y las autoridades federales.

Es mucha la incertidumbre y el clamor de las familias por la seguridad en sus vidas, por la seguridad de no poder sentirse confiados de salir a la calle, de salir a un centro comercial, de salir a un restaurante como ha pasado en el caso de Monterrey y que terminan viendo escenas de gente ejecutada, escenas de policías también que han perdido la vida, algunos en el cumplimiento de su deber, otros vigilando y que vienen y les echan una ráfaga de metralleta.

Ése es el clamor de la ciudadanía que es necesario hacer llegar a todas y a cada una de las autoridades para que nos pongamos a trabajar y verlo también desde el punto de vista autocrítico aquí en la Cámara de Diputados, porque falta actualizar mucho el marco legal, falta darle más autoridad, falta darle más herramientas de trabajo a las diversas autoridades federales, estatales y municipales y eso es parte de nuestro trabajo y que queremos hacer.

Queremos que se solucione este problema, tenemos que actuar todos en conjunto y tenemos que venir a darle solución a los problemas que la ciudadanía nos pide y nos reclama. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Para hablar en contra del dictamen ha solicitado el uso de la palabra el diputado Alberto Amador Leal del PRI y después para hablar en pro, el diputado Juan Guerra Ochoa del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, diputada Presidenta. En realidad he pedido el uso de la palabra porque la propuesta recientemente formulada de modificación a los términos del dictamen, no sólo me parece pertinente sino que toca el problema de fondo.

No es Nuevo León, no es Quintana Roo ––lo vamos a tocar, tengo entendido, en el punto siguiente–– sino el tema de fondo es el grave problema de seguridad pública y de seguridad nacional que tiene este país y el método, la forma en que lo estamos enfrentando.

Se ha abierto ya incluso un debate que abordó el ciudadano Presidente de la República y abordó también el General, secretario de la Defensa Nacional, y que empieza a tomar —a mi juicio— un rumbo no conveniente para la nación, porque ése no es en todo caso el tema del debate.

No se está cuestionando la honorabilidad del Ejército Nacional, no se está cuestionando la pertinencia de las acciones que ha promovido el ciudadano Presidente de la República. Todos estamos de acuerdo en esta lucha frontal, pero nos estamos enfrentando, primero, a una propuesta confusa de cómo se van a organizar las policías, el nuevo cuerpo de la Policía nacional.

Se habla de una súper Secretaría de Seguridad Pública con nuevas subsecretarías, seis o siete; de una súper Procuraduría igual, con seis o siete nuevas entidades; se ha anunciado el nuevo cuerpo de Policía y todo indica que incluso estamos ya ante una confrontación muy riesgosa, gravísima, del control de la Policía Judicial, del control de las Policías Preventivas y también del control del Presupuesto.

Hay que recordar que esta misma Cámara aprobó un aumento sustantivo para el gasto centralizado —por cierto—, no federalizado, siendo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como aquí se dijo, es compartido por los tres órdenes de gobierno, incluso por mandato constitucional, según reza el artículo 21 de nuestra Carta Magna.

Entonces me parece, compañeras, compañeros diputados, que estamos ante un tema que justamente es competencia de este Congreso. Si vamos a tener una nueva Policía que agrupe al órgano auxiliar del Ministerio Público, como lo dice la Constitución; si vamos a incorporar a ese cuerpo a la Policía Federal Preventiva, la de Migración, la de las Aduanas, como ya se dijo, entonces empecemos por construir ese marco legal.

Y este Congreso está llamado entonces a modificar, por lo menos —sea a propuesta del Ejecutivo, sea por iniciativa de los legisladores— el artículo 21 y 102 constitucionales; la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Orgánica de la Procuraduría General de la República; insisto, por lo menos estos ordenamientos legales.

De modo que nos parece pertinente que no se intente —digamos— ubicar el problema en una sola entidad o dos o tres. Es un problema más a fondo. El propio gobernador del estado de Nuevo León ha manifestado su preocupación, no porque no le interese resolver el problema o que modifique su colaboración con el gobierno federal, sino justamente porque estamos ante un vacío que puede ser peligroso, reconociendo que la gravedad del caso requiere acciones urgentes, oportunas y pertinentes. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen del punto de acuerdo.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras, compañeros. El acuerdo en materia del dictamen dice así, sobre todo el que ha resultado aquí polémico, que es el punto primero o el primero; dice: "Se exhorta al Procurador General de la República, al secretario de Seguridad Pública, al procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León y al secretario de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, para que desde el ámbito de su competencia conformen un grupo especial de investigación en el combate al crimen organizado, con la finalidad de detener la escalada de violencia en la entidad".

El mecanismo de coordinación, éste del que se forma este grupo especial, nadie lo ha objetado. Los compañeros del PT, primera intervención, lo que están planteando no es objeción al mecanismo. Incluso, en la participación también del diputado Cárdenas que plantea modificaciones, no es objeción a este mecanismo de coordinación, tampoco lo fue en el caso de la bancada del PRI.

El asunto que se cuestiona es ¿por qué sólo una entidad? O sea, pareciera que esto lleva una dedicatoria, cuando el problema de inseguridad, de narcoviolencia lo tenemos desgraciadamente en varias entidades del país.

Y ciertamente, hay que decirlo, éste es un problema que, si hablamos de corrupción, sí tiene que ver con corrupción en los estados, pero también en la Procuraduría General de la República, porque de otra forma no se explica el crecimiento del narcotráfico y la narcoviolencia si no es por la impunidad que, cuando menos desde el órgano competente para combatir este tipo de ilícitos, ha existido.

Ahora, nosotros estamos proponiendo una modificación, por eso escribir en pro en contra, es lo de menos. Estamos proponiendo una modificación que diga así:

"Con fundamento en el artículo 24 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someto a consideración del Pleno el acuerdo primero de la proposición sujeta a discusión para quedar como sigue

"Se exhorta al procurador General de la República y al secretario de Seguridad Pública, al procurador General de Justicia y al secretario de Seguridad Pública de cada entidad del país para que, desde el ámbito de su competencia, conformen un grupo especial de investigación en el combate al crimen organizado con la finalidad de detener la escalada de violencia". Es decir, le estamos quitando la etiqueta y la estamos generalizando.

Ahora, ¿qué es lo prudente? Resolverlo aquí, o yo le pido a la Comisión de Gobernación que quizá lo más prudente es que se retire el punto provisionalmente para no votarlo y buscar una redacción que nos satisfaga a todos, que implique no sólo una entidad, sino el conjunto de entidades cuando menos, si no es que todas, que tienen este tipo de problemas, porque sí requerimos que en la Cámara apoyemos los esfuerzos de combate al narcotráfico, requerimos mecanismos de coordinación en las entidades, pero requerimos que no parezca que es una etiqueta para una entidad, cuando desgraciadamente el problema lo tenemos muy generalizado. Por su atención, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido en la curul del diputado Juan José Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta, yo creo que estamos violentando el proceso legislativo.

Aquí hay un dictamen que se está discutiendo de un punto de acuerdo que se propuso en el mes de septiembre. Y ahora resulta que se está adicionando con otro punto de acuerdo. Yo coincido en que el problema corresponde a todas las entidades de la República; por lo tanto, yo sugeriría, le sugeriría, con base en el Reglamento, con base en el proceso que ya se dio en el punto de acuerdo y que emanó de un dictamen de la Comisión de Gobernación, que se vote el punto de acuerdo específico sobre el caso de Nuevo León, sobre el caso de Quintana Roo y que, en virtud de las intervenciones del diputado Manuel Cárdenas y del diputado Juan N. Guerra, se turne a la Comisión de Gobernación esta nueva propuesta para que emane un nuevo dictamen en virtud de que se trata de otro asunto, y que definitivamente debemos deslindarlos. Esa sería mi propuesta, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Es de atender la moción del diputado. Entonces pediría yo que se turne a la Comisión de Gobernación la propuesta hecha por el diputado Manuel Cárdenas y por el diputado Juan Guerra Ochoa. Sonido a la curul del diputado Juan Guerra, por favor.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Gracias. En el caso de la propuesta del diputado Cárdenas, en efecto es un punto de acuerdo. Yo estoy proponiendo la modificación al punto de acuerdo en discusión.

Yo no estoy haciendo la propuesta de otro punto de acuerdo. Yo estoy planteando que se modifique el primero, de manera que se incluya a todas las entidades este mecanismo de coordinación. Es una modificación.

Si se va a votar, le ruego entonces que tome en cuenta en qué carácter está presentada la propuesta, no como otro punto de acuerdo sino modificando el punto primero del punto de acuerdo en discusión. Eso si pasara a favor, entonces en lo particular se tendría que votar lo que hay contra la modificación. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: El diputado Juan Guerra sostiene como una modificación al punto de acuerdo que se está aprobando. Si el diputado Manuel Cárdenas está de acuerdo en que se turne nuevamente a la Comisión de Gobernación o si lo ponemos… Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. El tema que aquí estamos tratando como lo plantee, cuesta vidas. El que yo haya solicitado la palabra no fue en términos del punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que inscribí, porque en el cabildeo con las distintas bancadas lo que se acordó por la mayoría de ellas, de manera verbal, era que la extemporaneidad que tiene sólo atender Nuevo León. En aras de la propia práctica legislativa que tenemos y de asuntos rezagados, no nada más en términos de estos pronunciamientos sino de muchas iniciativas de ley, en ese sentido, fue que yo propuse la modificación de los acuerdos del dictamen.

Yo no he retirado el punto de acuerdo. Yo no me he sustraído al debate. Por eso el tema que aquí nos trae —y que en ello convergieron la mayoría de las bancadas— es que un servidor hizo una propuesta que contempla los tres puntos: uno, a todos los integrantes del Consejo de Seguridad, todos, porque el enunciado acuerdo excluye a los demás; a todos los que están involucrados de los tres órdenes de gobierno, al partido en el poder, que haga verdad el compromiso del programa que se comprometió a establecer y a dar a conocer en la reunión del 22 de enero y a la Cámara, que seamos coadyuvantes como otro Poder.

Lo que nosotros estamos planteando es, en los mismos términos que plantea el PRD, que se sometan a votación los términos del dictamen, si eso es lo que procede, y entonces que el PAN vaya nada más por Nuevo León en un prurito y una técnica legislativa que aquí a cada rato atropellamos, o se suma a la expresión de las otras bancadas y acepta que sea un dictamen que abarque el mosaico nacional. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Vamos a poner a votación las dos propuestas de modificación. Consulte la Secretaría… Sonido en la curul del diputado Juan José Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Dado el reconocimiento explícito del diputado Manuel Cárdenas en el sentido de que se está atropellando el proceso legislativo porque esto debe emanar de un dictamen, en virtud de que es otro tema, pero en el afán de superar esta discusión y terminar con el orden del día, el PAN se allana y estaría de acuerdo en que se voten los tres puntos en una misma votación, en un mismo acto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Son dos puntos. Pregunte la Secretaría, en votación económica… Sonido en la curul del diputado Rivera Bedoya, por favor.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (desde la curul): Nada más para poder precisar que no se trata de un atropellamiento al proceso legislativo. El artículo 124 del Reglamento dice que en la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados.

Es una propuesta modificatoria perfectamente apegada a derecho y qué bueno que no se señale o se quiera señalar a un estado como el único emproblemado en nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí, de acuerdo con el artículo que usted ha mencionado, es lo que va a proceder a hacerse en este momento; poner a votación las propuestas de modificación de los dos diputados.

Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de admitirse la modificación presentada por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se acepta la modificación. Consulte la Secretaría en votación económica, si se admite la modificación presentada por el diputado Juan Guerra Ochoa.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Juan Guerra Ochoa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se acepta la modificación presentada por el diputado Juan Guerra y se pone a votación. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los dictámenes presentados, el primero con las modificaciones y los demás en los términos que fueron presentados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Quedan aprobados los puntos de acuerdo en sus términos y se le ruega a los proponentes de las modificaciones se sirvan reunirse con la Secretaría para adecuar la redacción integrando las modificaciones presentadas para que queden totalmente apegadas a la intención de las propuestas presentadas de modificación.

El siguiente punto del orden del día es un pronunciamiento en relación con la producción del maíz en el país. Se han registrado para participar en este pronunciamiento los siguientes ciudadanos diputados y diputadas.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas, de Alternativa

Diputada Irma Piñeyro Arias, de Nueva Alianza

Diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo

Diputada Patricia Castillo Romero, de Convergencia

Diputado Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista

Diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, y

Diputado José Víctor Sánchez Trujillo, del Partido Acción Nacional.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Aida Marina Arvizu Rivas.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Con su permiso, señora Presidenta. El alza del precio de la tortilla no es un hecho menor, como se ha querido sugerir por las autoridades que han estado vinculadas al problema, el mensaje de que no es más que el abuso de unos cuantos especuladores que ya fueron aplacados y que la acción del gobierno ha sido, es incorrecta.

En el fondo existe un fenómeno de dimensiones estructurales que mucho debería preocuparnos, a nosotros y al gobierno federal. He sabido que el que mercado internacional del grano sufrió un fuerte desequilibrio, principalmente provocado por el aumento de la demanda de 40 millones de toneladas, inducido por la industria fabricante de etanol, por lo cual a decir del propio Presidente de Estados Unidos en su último informe, se alcanzó una contribución de este bioenergético en el orden del dos por ciento en el consumo total de la gasolina en el país del norte.

Pero dentro de esta misma declaración, el propio George Bush advirtió de un proyecto que dirige a contribuir en el 20 por ciento en un plazo de 10 años, lo cual representa diez veces más; es decir, 400 millones de toneladas, cuando en Estados Unidos tan sólo poco más de 250 millones de toneladas, y aunque se pueda suponer que no toda la producción de etanol correrá a cargo del maíz, cualquiera que sea la participación implica una fuerte presión en los mercados internacionales y por tanto, una tendencia estructural a la alza del precio de este grano.

Así las cosas, podemos afirmar que el aumento del precio del maíz no queda en el tenor de una burbuja especulativa, más bien los inventarios ya existentes y la advertencia de abrir importaciones ciertamente aplacaron los ímpetus especulativos de ir más lejos, pero en cualquier caso el precio aumentó muy por encima de los cargos inflacionarios, afectando fuertemente el consumo popular y el futuro es de precios al alza en los próximos años.

Sin duda, la canasta básica y con ello el nivel de inflación también serán afectados gradual y estructuralmente al alza, con lo que la política de estabilización macroeconómica del gobierno federal como baluarte de la estrategia de crecimiento será seriamente dañada.

Este problema se combina con la volatilidad en los precios del petróleo, pero aun más con la ausencia de una política que ayude a enfrentar el problema.

Apostarle ––como lo hace el gobierno federal–– todo a la política de estabilidad de precios al consumo, pensando que al cumplirse con este factor automáticamente se genera la estabilidad macroeconómica y con ella todo el trabajo lo hace el resto del mercado es un gran error, por ello no existen ni políticas agropecuarias ni política industrial ni política de comercio; es decir, no hay políticas sectoriales para el desarrollo.

En este contexto el incremento al precio de la tortilla no sólo es un grave problema para el consumo popular sino también es un problema de grandes dimensiones para el proyecto gubernamental.

Es en estos casos cuando queda de manifiesto la fragilidad de la estrategia macroeconómica, porque la acción monetaria para el control de los precios al consumo no alcanza la estabilidad de los precios de los factores de la producción, y mientras se insista con esta receta epidérmica, se mantendrá una base endeble para el desarrollo productivo y para la competitividad en los precios al consumidor.

En Alternativa proponemos en la reforma fiscal, una recaudación progresiva con compromisos expresos para el crecimiento, con empleo productivo y de gasto, en apoyo de los sectores de menores ingresos.

Le solicitamos al gobierno federal que instrumente un esquema de apoyos compensatorios al ingreso de la población inscrita en el programa de Oportunidades, a efecto de darle focalización y transparencia al subsidio para apoyar el consumo popular.

También le solicitamos que genere un programa emergente de fomento a la producción nacional del maíz para consumo humano y forrajero en las diversas regiones.

Que se integre una política agropecuaria y comercial con dirección a resarcir los desequilibrios regionales y logre la integración agroindustrial a favor de la economía nacional.

Asimismo que se conforme una reserva técnica, alejada de los antiguos esquemas de Conasupo que ponga en operación instrumentos modernos de regulación del mercado del maíz.

Que se promuevan las condiciones para la competitividad de los sistemas de almacenamiento y transporte y de la industria harinera y la modernización de la industria de la masa y la tortilla.

Y yo les propongo a ustedes compañeros diputados y diputadas, que discutamos una reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Marina Arvizu Rivas. Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, de la fracción parlamentaria Nueva Alianza.

La diputada Irma Piñeyro Arias: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Ayer el precio de la leche, hoy el incremento al maíz y el precio de la tortilla.

Es verdaderamente lamentable que en México, lugar de origen del maíz, estemos padeciendo las consecuencias de la especulación en el mercado internacional del maíz amarillo, y a la fecha no tengamos estructurada y en operación plena una política agrícola que posibilite la autosuficiencia e, inclusive, la producción de excedentes de maíz, insumo básico para la producción de la tortilla.

El incremento del precio al maíz y a la tortilla representa un duro golpe a la economía familiar y en especial a las familias de menores ingresos. En nuestro país, más del 50 por ciento de la población se ubica en pobreza y cerca de 20 por ciento en pobreza extrema. Uno de cada cinco mexicanos no tiene lo suficiente para comer, mientras que 15.8 por ciento de las familias mexicanas es extremadamente pobre.

Cincuenta millones de mexicanos viven con 80 pesos diarios mientras que un poco más de cuatro millones se quedan con el 80 por ciento del ingreso nacional; por lo que el incremento al precio del maíz y a la tortilla impacta la economía de los más pobres de este país.

El aumento en los precios también refleja producción insuficiente de maíz blanco y un abierto comportamiento monopólico, oligopólico y acaparador por parte de los comercializadores. Al mismo tiempo refleja la incapacidad o nula voluntad política para regularlos, a pesar de que estas prácticas afectan el ingreso y el consumo de los grupos más sensibles de la población.

Los procesos especulativos obligan a las instituciones encargadas de vigilar el desempeño del mercando interno, como son la Secretaría de Economía, Sagarpa, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia, a tomar medidas definitivas para proteger los niveles de consumo de los estratos más pobres y a regularizar el funcionamiento de la cadena productiva del maíz y la tortilla, creando los incentivos suficientes para no afectar a toda la cadena.

La Sagarpa y la Secretaría de Economía deben garantizar el pleno abasto de maíz blanco y amarillo al mercado interno; asimismo, deben de propiciar una política de precios que no lesione la economía familiar, para así cumplir con la promesa de que el gobierno hará su parte en este problema.

México debe reestructurar y eficientar la producción de maíz. Al año se producen alrededor de 20 millones de toneladas y necesitamos, para cubrir nuestras necesidades, alrededor de 30 millones, lo que nos coloca en una posición delicada y nos expone a la especulación en el mercado internacional de granos.

Nueva Alianza propone que se instrumente de inmediato una regulación eficiente a los sectores económicos que producen bienes y servicios para consumo popular, como son el maíz y la tortilla, y rechaza las prácticas económicas que permitan el incremento a los precios de los productos básicos.

El grupo parlamentario Nueva Alianza persigue el bienestar general como el objetivo primordial de la política, por lo que es urgente y necesario que nuestro país, de una vez por todas, defina la producción del maíz blanco como una meta prioritaria, estratégica y de seguridad alimentaria.

De lo contrario, seguiremos siendo víctimas de los procesos de especulación en el mercado internacional y de sus impactos en el mercado interno, vía precios, con el consiguiente perjuicio a los más pobres de este país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Irma Piñeyro Arias. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT.

A invitación de la Comisión de Turismo, queremos destacar la presencia en el salón de sesiones, de una delegación de parlamentarios de Bundestag, encabezada por la señora Anette Fasse, y a la que acompaña el doctor Roland Michael Wegener, embajador de la República Federal de Alemania en México. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos una grata estancia en nuestro país.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Los incrementos a los precios de diversos productos básicos como el maíz, la tortilla, el huevo, la carne de pollo, de res, entre otros más, mostraron la incapacidad de nuestro aparato productivo y de la política gubernamental para ofrecer alimentos baratos y suficientes al pueblo mexicano.

Las causas de esta incapacidad se deben al abandono deliberado de los productores ejidales, comunales y pequeños propietarios rurales por parte del gobierno federal que provocó el abandono de superficies productivas en zonas temporales.

Al mismo tiempo generó un creciente flujo migratorio de pobladores rurales con destino hacia las grandes ciudades de nuestro país y a los Estados Unidos de Norteamérica.

Asimismo, el apoyo decidido que brinda a una elite de capitalistas dedicados a la producción de hortalizas y frutas que son los grandes monopolios del campo.

Para nadie es desconocido que los grandes acaparadores de los productos del campo se concentran en las redes de distribución, tal como ocurre en el caso del maíz que está concentrada su distribución en tres grandes empresas monopólicas como son Grupo Maseca, Minsa y Cargill; pero lo mismo ocurre con la producción de todos los bienes que producen del campo y de la industria.

Con la crisis y escasez del maíz se ha puesto al desnudo todo el poder perverso de los grandes monopolios que dominan desde hace varias décadas a nuestra economía.

También el TLC ha desnudado de forma nítida el poder que tienen los monopolios sobre los consumidores y la sociedad mexicana.

Resulta ridículo que tengamos un TLC y los precios de los bienes sean más caros en nuestro país que los que prevalecen en el resto del mundo y en la de nuestros socios comerciales. Resulta más ridículo que nuestros socios comerciales apoyen más a sus productores agrícolas que el gobierno mexicano a los nuestros, que enfrentan mayores dificultades en sus procesos de producción.

Allá es de sobra conocido, el nivel de productividad que arroja el campo, mientras en el nuestro está estancado.

Ha quedado claro que el estancamiento de nuestra economía no sólo se reduce al campo, también abarca a la industria y al conjunto del aparato productivo. Pero este estancamiento se debe a que el Estado mexicano concentró el conjunto de las políticas públicas en fomentar el control del mercado interno por los monopolios, no escatimó esfuerzos en apoyar la penetración de éstos en el mercado mundial, financiándolos mediante el establecimiento de regímenes especiales de tributación, precios altos a sus productos y una sobrevaluación cambiaria que les abarata los dólares.

En cambio a los consumidores esta política de fomento a la gran empresa resultó muy cara: precios altos a todos los bienes; bajos salarios, desempleo y un Estado convertido en negocio del gran capital.

La reciente estrategia mediática del gobierno federal de clausurar una bodega en el estado de Jalisco donde se acapara el maíz muestra la falta de una estrategia clara de combate a los especuladores porque estos siguen haciendo de las suyas.

El supuesto control del precio de la tortilla que estableció por acuerdo del gobierno no sólo no se respeta, sino que a los ojos de todos no existe tal control, ya que la tortilla sigue en la nubes y esto ha provocado que cientos de familias de escasos recursos hayan reducido el consumo de este bien básico en sus dietas. Por esta razón el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que ha llegado la hora de poner un alto a esta política de fomento al gran capital monopólico.

También es necesario revertir la crisis del campo mexicano revalorando a nuestros productores ejidales y comunales, así como a los pequeños propietarios y estableciendo una política integral de fomento a la producción de granos básicos y asegurando una distribución directa a los consumidores. Para nosotros la producción del maíz debe ser considerada como un tema de prioridad y seguridad nacional. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Ricardo Cantú Garza. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Castillo Romero, del grupo parlamentario de Convergencia.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al Club de la Tercera Edad de Tenango del Valle, del Estado de México. Gracias por estar aquí.

La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero: Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, legisladoras, legisladores, muy buen días a todos ustedes. Y digo buen día porque hoy es un día propicio para traer de nueva cuenta a discusión las acciones y los resultados que en torno a la estabilización del precio de la tortilla se han dado y por supuesto que es producto del acaparamiento de maíz de los grandes monopolios.

Hoy efectivamente es un buen día para reconocer que las medidas implementadas por parte del Ejecutivo federal son de una enorme inmediatez, que a toro pasado aparentan haber sido lo que sentenciamos en la comparecencia de los secretarios de Economía, Agricultura y Desarrollo Social; que fue sólo para tomarse la foto.

Como bien recordarán, señoras diputadas, señores diputados, en los primeros días de enero fue notoria el alza a uno de los bienes más importantes de la alimentación en nuestro país, el kilogramo de tortilla pasó de 6.50 a finales de noviembre, hasta 15 pesos el kilo. Ello significó en su momento un aumento del 135 por ciento que a propósito de las metas inflacionarias del Banco de México, rompía todos los parámetros para contener el aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y provocó que en el último año de la pasada administración simplemente se lograse la meta inflacionaria propuesta.

Por eso efectivamente, ya es pasado; lo que es presente y que a todos debe preocupar y particularmente interesa a Convergencia, es el alcance real que pudieran tener los famosos 13 puntos de acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla —y repito— los famosos 13 puntos de acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla. Todos ellos —como lo mencionamos en su momento— de carácter coyuntural y de plazo inmediato; un acuerdo que más bien parece solamente beneficio a los productores y comercializadores y no necesariamente a las familias mexicanas consumidoras finales, a legitimar el establecimiento del precio de la tortilla en ocho pesos el kilo, por cierto, 23 por ciento de aumento con respecto al precio de noviembre.

¿Por qué no en siete pesos, por qué no en 6.50?. ¿Se estableció un precio que dañaba lo menos a las familias o que beneficia más a los comercializadores? Hacemos estas preguntas al Ejecutivo federal y pido a usted, diputada Presidenta, las comunique a la oficina de la Presidencia, porque a nadie le ha quedado claro quién fue el beneficiado.

Lamentablemente el acuerdo que Presidencia tanto festinó no contiene una sola, ni siquiera una sola mención a los apoyos que necesitaban los productores de maíz en México. Al revisar los 13 puntos encontramos una serie de medidas que tienen que ver con la comercialización, particularmente el punto nueve indica que se incentivaran apoyos para la comercialización y la competitividad, como si acaso Cargill pudiera, requiriera de subsidios, transferencias o apoyos para sus actividades comercializadoras.

El acuerdo además caduca el 30 de abril. A partir del 1 de mayo, Día del Trabajo, el precio de la tortilla se va a disparar. ¿Celebraremos y celebrarán los trabajadores del país su día con el kilo de tortilla en más de ocho pesos?

Porque recordemos que a los trabajadores se les negó un aumento salarial con base en el aumento de precios, ya que las autoridades indicaron que eso sería fuente de una espiral inflacionaria. Parece ser que al Ejecutivo se le olvidó que fue él quien puso el primer giro a la espiral a la que tanto temen con los aumentos en el precio de las gasolinas, de las casetas, en fin; eso parece ser lo que le preocupa más al Ejecutivo federal.

En Convergencia —insisto— nos preocupa que el alcance de miras de quienes llevan las riendas de esta nación llegara solamente hasta el 30 de abril. Esperamos del Ejecutivo una postura de responsabilidad para que señale cuáles son las acciones de largo plazo que se habrán de instrumentar, una vez que el campo mexicano esté abierto a la importación sin gravámenes de maíz y frijol provenientes de los Estados Unidos. Señalamiento mismo al que no ha dado respuesta. No hay maíz, pero que tal maiceados. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Patricia Castillo Romero. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Compañeras y compañeros legisladores. Como bien se ha manifestado en esta tribuna, es mucho el descontento social causado por el aumento del precio de la tortilla y de otros bienes de la canasta básica.

Conforme a las proyecciones de febrero de 2007, se estima que en Estados Unidos los inventarios finales de maíz para el ciclo 2006-2007sufran una caída, incluso, de alrededor de 62 por ciento respecto del ciclo anterior, esto supone una mayor presión en los precios internacionales del grano.

¿Cómo explicamos esto? Por un decremento del cinco por ciento en la producción de maíz por parte de Estados Unidos para el ciclo 2006-2007. Además, por el considerable incremento de la utilización de este grano para la producción de etanol, un aumento de más de 62.5 por ciento del ciclo 2004-2005 que aspira, que significan, 33.6 millones a más de 54.6 millones de toneladas de maíz que en Estados Unidos son utilizados para la fabricación de etanol.

Hace unos días estuvo aquí, en esta Cámara de Diputados, el Premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina. El doctor Molina dejó bien claro que la explotación del maíz para la producción de etanol no genera necesariamente beneficios ni económicos ni ambientales, adicionales al actual uso de la gasolina y en cambio resulta evidente que sí se generan distorsiones en el mercado de maíz, debido al incremento de la demanda de dicho producto que es hoy utilizado en nuestro país, principalmente para consumo humano y para forraje.

El doctor Molina sugirió, en cambio, explorar otras alternativas energéticas como los biocombustibles derivados del etanol celulósico, producido a partir de desechos agrícolas orgánicos.

Por lo tanto, el uso de maíz para la producción de etanol como complemento o sustituto de los combustibles fósiles no es ninguna solución para nuestro país, puesto que no es rentable económicamente ni benéfico ambientalmente y sí ha complicado la disposición de maíz para el consumo de la población.

México no es autosuficiente en materia de maíz, toda vez que produce alrededor de 22 millones de toneladas frente a una demanda estimada de cerca de 29 millones de toneladas. En otras palabras, se calcula que nuestro país importa aproximadamente 7.5 millones de toneladas de dicho grano; en este punto es conveniente señalar:

Que según las estimaciones de febrero de 2007 se proyecta que México tenga 3.21 millones de toneladas de inventarios finales. Un incremento de más de 20 por ciento con respecto a las estimaciones realizadas en enero de 2007.

¿Acaso dicho aumento en inventarios finales ha incidido en la baja del precio de la tortilla? Si no es así ¿por qué el gobierno federal autorizó mayores cupos de importación de maíz?

Y por otra parte ¿qué acciones preventivas ha tomado el gobierno federal para evitar que el maíz autorizado sea transgénico para así proteger la salud pública y el medio ambiente? Pues resulta absurdo que pese a que nuestro país ha entrado de lleno a una era de transparencia de acceso a la información pública siga negándose a la población mexicana el derecho de conocer la información en etiquetado de productos, para que sepa si el producto que va a consumir fue hecho o no, con semillas genéticamente modificadas.

Por otra parte, sí comparamos la producción de maíz blanco con la de maíz amarillo encontramos que más del 98 por ciento de la totalidad del maíz blanco nacional disponible se produce en México; en cambio, sólo el 25 por ciento del maíz amarillo se produce en el país. De aquí la importancia del consumo del maíz en la dieta de todos y cada uno de los mexicanos y el impacto negativo que tiene en sus bolsillos el alza del precio.

Cabe decir que los hogares con menores ingresos destinan una parte importante del mismo para adquirir tortilla, leche y huevo, aproximadamente el 20 por ciento de su ingreso para comprar alimentos; y de esta cantidad, el 10.5 por ciento para comprar tortilla; alrededor del 10.1 por ciento para adquirir leche y otro 5.3 por ciento para comprar huevo.

Compañeras y compañeros diputados, lo mínimo que esperan los mexicanos de sus representantes es que realicemos acciones legislativas concretas, con las cuales hagamos accesibles los precios de los bienes de la canasta básica y también que el incremento en la demanda del maíz y por lo tanto de su precio, debiera ser la oportunidad para fortalecer la producción nacional de este grano y dejar de importar de empresas transnacionales y de otras empresas nacionales granos que establecen y controlan los precios, pero sin beneficiar a los agricultores mexicanos ni a los consumidores. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Antonio Xavier López Adame. Tiene el uso de la palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, compañera Presidenta. El tema del maíz, la tortilla, la cadena productiva que tiene que ver de manera directa con el maíz; el pollo, la producción de huevo, la producción porcícola; la leche, que ha sido un debate también permanente en esta Cámara, se ven hoy afectados de manera muy clara por la crisis del tema del maíz y que si el gobierno define y atiende esta circunstancia especial que llega, se puede convertir sin duda para México en la oportunidad.

La crisis del maíz es un asunto de especulación y de manejo de producto que vino a impactarnos, pero que también refleja y es algo que tenemos que tener muy claro qué tan endebles somos, qué tan frágiles somos como país, como economía, en un artículo elemental que ha sido dejado por el gobierno, que no ha sido atendido como un asunto estratégico del país en el alimento fundamental del pueblo de México que es el maíz.

Se reclama por parte de los productores la falta de solidaridad en un plan para la producción de maíz; falta un esquema de comercialización adecuado. Reclaman los productores de tortilla, los fabricantes de tortilla el maltrato en tema de tarifas eléctricas y el gobierno responde: es un asunto de mercado, es un asunto de competitividad y la gente pregunta ¿cuándo esto es un asunto del Estado? El Estado debe asumirse como el conductor, si bien en un mundo globalizado en el que hoy vivimos, pero en el conductor de asuntos estratégicos para el país, como es la alimentación básica.

Es por eso que este debate no debe llevarnos sólo a una confrontación o a quién le salió mejor el dicho que consignó la prensa, si un asunto que la Cámara, como parte del gobierno, como Poder Legislativo, qué debemos hacer verdaderamente para involucrarnos y apoyar en una política que permita resolver temas frágiles para nuestra nación, como es el tema del maíz.

Si bien de los siete mil 500 millones de pesos de apoyo para el precio objetivo de los diferentes granos —que ya hicimos nuestra tarea en diciembre y fueron consignados en el Presupuesto Federal en el Ejercicio 2007— debemos atender con la Secretaría de Agricultura, que los más de tres mil millones de pesos que se establecieron para el precio objetivo del maíz, se dé en el apoyo a los productos pecuarios; que no tenga un impacto el problema del maíz en el tema del huevo, del pollo, del cerdo, de la leche, de la carne de res; que seamos efectivos para que esos recursos no sólo se ubiquen en una estrategia de esa naturaleza, sino que con prontitud no nos vaya a alcanzar —ahora sí— la crisis del huevo o la crisis del cerdo o el tema de la leche que está colgada de alfileres y que requiere de una gran visión y sensibilidad para resolver este tema.

En el PRI sí somos un partido de oposición, pero somos opositores a las políticas inadecuadas o a los fallos que el gobierno hace respecto a las políticas públicas. En el PRI somos responsables para ser solidarios con el gobierno cuando decisiones del gobierno tengan qué ver con resolver este tipo de problemas y sobre todo, preverlos.

Somos solidarios y pudimos dar una gran lectura a los diputados identificados o involucrados con el sector agropecuario, a sacar un buen presupuesto, pero que tenga, sin duda, un efecto en los que ahora sí son asuntos del gobierno, como éste.

Es elemental, pues, que esta disposición y esto que nos ha llevado a la unidad en una posición de buscar resolver el conflicto de la tortilla y recordar aquí —¿por qué no?—, el día de la marcha, que se hizo la megamarcha respecto a los precios, la consigna popular era amplia; la consigna popular nos debe llevar a revisar qué está sucediendo. Decía la gente en la marcha: Felipe y su pandilla se arroparon la tortilla.

Y eso es algo que tenemos que prever, porque yo estoy seguro que no es un asunto de definición del Presidente, en lo particular, ¿quién que esté en el poder, por más perverso que fuera, va a querer tener una circunstancia en que el pueblo le atribuya la carestía en la tortilla?

Hubo errores, se formalizó el incremento a la tortilla en un 30 por ciento de facto con la firma del acuerdo, pero sí podemos prever precisamente que esto no vuelva a suceder. Por eso, gracias, en la última tarjeta del tiempo, agradezco la oportunidad para llamar a todos a que cerremos filas y tenemos herramientas hoy para prever circunstancias que hoy, desgraciadamente, nos llevan a este debate, como la crisis de la tortilla. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado César Horacio Duarte. Tiene el uso de la palabra, el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Muchas gracias, ciudadana Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Compañeras, compañeros de todos los grupos parlamentarios. Antes que nada, el PRD lo que desea es un acuerdo con todos ustedes para bajar el precio de la tortilla, porque es posible bajar el precio de la tortilla. No estoy hablando de los 8.50 que se legalizaron. No estoy hablando de cantidades superiores; estoy hablando de bajarlo cuando menos a siete pesos o menos, porque es totalmente posible hacerlo.

Y es posible porque el incremento en el precio de la tortilla no tiene nada que ver con una escasez o con un producto que se hubiera adquirido caro. Es más, nunca en la historia de este país había habido tanto maíz como ahora. Nunca. No tiene precedente la cantidad de maíz que está embodegado en estos momentos en relación a años anteriores. Producto de qué; de una cosecha récord, sin precedentes en la historia de todo el 2006, que fue de más de 22 millones de toneladas. Producto de qué: de una importación que también fue récord en el 2006, de más de 10 millones de toneladas.

Ni los 22 millones de toneladas ni los 10 de importación se habían alcanzado nunca en la historia de este país. Y si le sumamos además hasta el maíz basura que se importó por el etanol, estamos hablando de una disponibilidad el año pasado de más de 33 millones de toneladas, cuando este país, para resolver el problema de la tortilla sólo requiere de 10 millones de toneladas.

Luego entonces, habiendo tanto maíz, teniendo Cargill tanto maíz, teniendo Maseca tanto maíz, o sea Gruma, teniendo Mimsa tanto maíz, porqué se produce. Porque artificialmente se fabricó la escasez con vistas en los mercados de futuro.

Ellos están partiendo de que en Estados Unidos el próximo año va a ser seco, se va a reducir la producción. Pero hay consultoras que les dice a estos especuladores: cuidado porque está aumentando la superficie de siembra de cultivo en Estados Unidos y también lo está haciendo en México.

¿Y saben qué va a ocurrir con esos especuladores si no hay esa caída? Que se van a quedar con su maíz. ¿Pero saben qué van a hacer, quién los va a subsidiar? Las mismas empresas gubernamentales que los ayudaron a acaparar y les subsidiaron el acaparamiento y la exportación de maíz, que también sacaron a mediados del año pasado. Las mismas empresas.

No sé si Felipe Calderón tenga qué ver, pero Sojo sí tiene que ver y Aserca sí tiene que ver con la corrupción, el solapar a los especuladores, el acaparamiento y el ocultamiento. Son cómplices, incluso, del delito que se establece y se tipifica desde el artículo 28 constitucional y que está muy bien establecido en el Código Penal.

No necesita la Procuraduría andar persiguiendo sólo en Jalisco productores. Que le pregunte a Sojo y a Aserca cuántas toneladas les han subsidiado: miles, millones de toneladas para acaparar el maíz, para tenerlo embodegado y para estar especulando.

A ellos es a los que deben de mandar a declarar porque ellos son cómplices de estar ocultando, de no entregar la información, porque ellos son los que subsidiaron estas operaciones de monopolio. Este es el asunto.

No es tampoco asunto de precio. El maíz se pagó por estos acaparadores a no más de mil 450 pesos la tonelada y el mercado de Chicago, que ahorita está en 150 dólares la tonelada, estaba en septiembre a 80 dólares la tonelada. De manera que el promedio es un precio muy similar a los mil 450 pesos que se pagaron aquí.

No tiene tampoco nada qué ver con el precio. Simple y sencillamente el productor recibe más por subsidios que a ellos les dan. A ellos mismos les pagan la pignoración, el almacenaje; les pagan el transporte y todos estos subsidios al productor vienen a beneficiarlos a ellos para adquirir maíz a más bajo precio.

Éste es el problema. Aserca dedica más de 20 mil millones de pesos para estar subsidiando esa comercialización. Pero no se la da al productor, no es para producción ese subsidio. Éstos, que son 23 mil millones de pesos este año, son directamente para estos grupos que acaparan.

Lo que requerimos en esta Cámara, si realmente queremos resolver las cosas, es:

Primero. Aceptemos una auditoría a Aserca para ver cómo ha manejado estos recursos para el campo. Ya el informe el año pasado de la Auditoría Superior de la Federación nos decía que no pueden comprobar con productores los subsidios que se les han dado en materia, por ejemplo de frijol, que también nos va a ocurrir lo mismo si siguen estos mecanismos.

Dos. Además de la auditoría a Aserca, necesitamos que esta investigación que está haciendo la Procuraduría, además de que vaya a la Comisión Federal de Competencia, tenga una comisión coadyuvante de diputados que le digan: aquí están todos los estudios, los análisis, la importación —que lo sabe el gobierno—, de manera que no hay porqué no exista maíz.

Y tres. Habrá tiempo en otro momento. Nosotros estamos de acuerdo en que gobierno y productores puedan hacer una reserva y salgan al mercado para bajar al precio que realmente debe tener.

Lo que ocurre en Estados Unidos puede ser, pero nosotros incluso somos autosuficientes en maíz harinero y estoy hablando específicamente de la tortilla, no en pecuario y por eso importamos.

Por su atención, muchas gracias. Vamos a continuar este debate a ver si podemos construir acuerdos para bajar el precio de la tortilla. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Juan Guerra. Tiene el uso de la palabra el diputado José Víctor Sánchez Trujillo, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Con su permiso, señora Presidenta. Hasta hace algunos meses, el debate en cuanto a maíz se refiere, obedecía a la ya pronta apertura comercial del 2008 y el amague, la amenaza era que con esa liberación entrarían al país cuantiosas cantidades del producto subsidiado a bajo precio. El debate entonces era qué hacer con nuestros productores, nuestros agricultores, que no podrían competir con esos precios a la baja.

Después, ahora mismo, el debate ha volteado 180 grados. Hoy es que el precio del maíz se ha sobrecotizado incluso por encima de los precios de futuro del mercado de Chicago. En efecto, por especulación, pero ciertamente porque somos autosuficientes en producción de maíz blanco para consumo humano, pero ante la dificultad de la importación, las líneas industriales presionan esa misma producción.

Estamos concentrados en la tortilla pero el maíz abastece, como ustedes saben, a la industria de la producción de fructuosa, de alimentos balanceados para el ámbito pecuario, para almidones en industrias diferentes, también para nixtamal, para harina y hoy —que es lo que está presionando con mayor fuerza— la producción de etanol que —como bien se señala— también hay un falso debate en cuanto a que si es rentable o no, si es conveniente o no en el ámbito de sustentabilidad.

¿Por qué entonces está pasando esto? Por qué ante una circunstancia que tendría que ser un área de oportunidad como bien se ha comentado, hoy pareciera ser que nos preocupa tanto cuando los productores agrícolas hoy ven con emoción el poder regresar a la producción de maíz; maíz que ha sido altamente subsidiado a lo largo de las décadas.

La diferencia está en que esos subsidios evidentemente han apoyado la tonelada y no la productividad de las toneladas. Ahí está el Procampo que lo recibe el tenedor de la tierra y no el que renta la tierra ya para producir el campo.

Ahí está el diesel agropecuario que a final de cuentas en su ámbito de operación es cierto, falta que se instrumente para que tenga mejor rentabilidad, lo mismo en la semilla. Y en Aserca como bien se comenta, durante muchos años se ha preferido apoyar, bajo clientelismo, a cada una de las toneladas de los estados y de los productores que sí lo generan, generando con ello que los productores de autoconsumo eso hagan.

Porque no es negocio. Porque en efecto es el precio. Porque es un precio que por más subsidios no le alcanza al productor para que con ello pueda vivir dignamente. La paradoja entonces es mayor precio a los agricultores, mayor ingreso a los agricultores. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Los que representamos al ámbito agropecuario pensamos que sí.

Es justo que el agricultor reciba más. Que su precio por grano sea realmente lo que el mercado demande pero a cambio por supuesto, no estamos de acuerdo que esto genere especulación y ahí aplaudimos las diferentes propuestas que de las diferentes fracciones aquí se han generado.

Lo que aquí se requiere pues, es un equilibrio. El que el industrial aprenda de esta experiencia amarga que es importante asociarse del agricultor y ofertar un precio justo, agricultura por contrato pues…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Me permite diputado, ¿con qué objeto diputado Guerra? Sonido por favor.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Señora Presidenta, pregúntele al orador si me permite hacerle una pregunta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado José Víctor Sánchez, ¿si le permite hacerle una pregunta el diputado?

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Al final de la exposición con mucho gusto diputada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ya ha escuchado diputada Guerra.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Decía yo que entonces las propuestas están claras y, como bien también aquí se comenta, hicimos un esfuerzo importante en diciembre para lograr dos cosas: presupuesto importante al sector agropecuario, particularmente en cuanto a Aserca se refiere, con dos circunstancias también.

Hoy es la oportunidad de que no se vaya en un pago inútil por tonelada, sino que ese recurso pueda ofrecer a las circunstancias del propio mercado, sea en el ámbito pecuario o en el ámbito agrícola.

Dos, acompañar a la Secretaría de Agricultura sí, con las políticas públicas, pero entender que quien genera las políticas públicas es el Ejecutivo, y es nuestra responsabilidad acompañarlas, supervisarlas, corregirlas incluso, pero permitir que en ello vaya la posibilidad de salir avante en esto. El ordenamiento de la producción por supuesto que también es un ámbito muy importante que debemos de rescatar

Todo pues se suscribe a que el aumento en el precio de los granos traerá como consecuencia el aumento en los precios; el fondo entonces es reforma del Estado sí, para que los ingresos que la mayoría de los mexicanos podamos tener compense en esa alta, en efecto, sin pasar por encima de subsidiar en la canasta básica a quienes menos tengan, a quienes menos tiene.

Ese equilibrio es lo que tenemos que buscar para lograr y tomar la palabra de que baje donde debe de estar efectivamente el precio de la tortilla. Es cuanto, señora presidenta, y con todo gusto acepto la pregunta del diputado Guerra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputado Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Si, muchas gracias ciudadana diputada. Le escuché que usted está de acuerdo en que es un asunto de especulación lo de este incremento del precio de la tortilla; de igual forma que Aserca quizá no ha utilizado los mejores criterios. Entonces la pregunta es ésta: primero, ¿está de acuerdo en la auditoría a Aserca? Y, segundo, ¿estaría de acuerdo también en una comisión plural de diputados que coadyuven con las investigaciones con la Procuraduría y la Cofeco?

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: ¿Es cuanto?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputado José Víctor.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Dentro de las acciones que en esta firma para compensar o para corregir el precio de la tortilla se llevaron al cabo, el Presidente Calderón fue muy efusivo en cuestionar precisamente que a quienes estuvieran guardando maíz, sin justificación o contrato, se les aplicaría el peso de la ley. Por supuesto, nosotros en Acción Nacional, estamos totalmente de acuerdo con ello.

En cuanto a la auditoría que Aserca debe de tener, eso yo creo que es una obligación que como Legislativo tenemos, no únicamente de Aserca sino de todos los ámbitos del Ejecutivo, incluido Aserca diputado, a través de los grupos colegiados; por supuesto que para eso está la Comisión de Agricultura, las comisiones unidas, las comisiones que para tal efecto que se han nombrado en este Poder Legislativo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado José Víctor Sánchez Trujillo. En la segunda ronda de estas participaciones, tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega del grupo parlamentario del PT.

El diputado Pablo Arreola Ortega: Con su permiso señora Presidenta. Todos sabemos que somos descendientes de quienes hace miles de años lograron, a partir del teocintle, producir el maíz, incluso según la mitología fuimos creados a partir del maíz.

La base de nuestra cultura es el maíz a lo largo y ancho de nuestro territorio. En forma de tortilla, pozole, atole, tamales, sopes, quesadilla, pinole y un sinnúmero más de diferentes platillos, la base de la alimentación para la mayoría de los mexicanos es el maíz.

A pesar de lo anterior, en días pasados hemos sido testigos de la indolencia, la irresponsabilidad con la que se han referido a la problemática provocada por el aumento de los precios del maíz y de las tortillas. Esto lo han hecho miembros destacados de la elite política, económica e incluso religiosa de nuestro país.

El aumento de los precios en algunos casos llegó a ser mayor de cien por ciento, fue considerado como un ajuste normal del mercado o como un asunto intrascendente de que de ninguna forma nos llevaría a una revolución, e incluso —en el colmo de la insensibilidad social— como una oportunidad para incrementar la producción del maíz en nuestro país.

La realidad es que ese asalto a los bolsillos de los mexicanos, particularmente a los pobres, lo realizó un grupo de especuladores para quienes el único interés posible es lograr la mayor ganancia en el menor tiempo posible.

Por estas razones, de manera responsable, sostenemos que México pueda tener una posición clara al lado de sus campesinos, es apoyar de manera decisiva el fomento de la producción del maíz en nuestro país.

Nos hemos dado cuenta que en estos últimos años la producción del maíz en nuestro país se incrementó de forma importante, pero también la importación del maíz se hizo así. En este último año, la cifra oficial fue de seis millones de toneladas del vecino del norte.

¿Qué significa esto? Que nuestro país está perdiendo una falta fundamental del alimento de su pueblo, que es la soberanía alimentaria, fundamentalmente de este producto. Pero también ya estamos incluyendo al fríjol y esto es peligroso para el desarrollo económico, para el desarrollo del campo de nuestro país.

Por eso nosotros proponemos, como fracción del Partido del Trabajo, que veamos varias medidas que son importantes.

La primera, que coincidimos con los compañeros de Acción Nacional, con los compañeros del PRD y del Partido Revolucionario Institucional, es que sí exista verdaderamente una revisión, una revisión a fondo de lo que está sucediendo con las instituciones gubernamentales que tienen que ver con la importación y también con el desarrollo y el consumo del maíz.

Debemos tener tino para que las tres empresas que están especulando con la distribución del maíz sean revisadas y sean castigadas si han cometido delitos. El Gobierno federal quiso entrarle, pero le entró de manera tibia, lo hizo en una ocasión y después de ello ya no ha habido ninguna otra acción de parte del gobierno federal para detener esta situación de la especulación de grandes cantidades; estamos hablando de millones de toneladas de maíz. Ahí hay que entrarle.

Un segundo asunto que es fundamental. Debemos utilizar instrumentos legales que ya tenemos y que no se han utilizado adecuadamente. Me refiero a la ley de Desarrollo Rural Sustentable y que también tenemos ya una minuta en el Senado de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

También, nuestra fracción parlamentaria —en días anteriores— hizo una propuesta importante para que, en el caso de los productos de la canasta básica, exista un verdadero control de precios. Creo que hay condiciones para que se pueda detener esta especulación, pero requerimos firmeza. Y la firmeza creo que sí está dada aquí en el Congreso, donde veo que no está es en el Ejecutivo.

Creo y veo también que el Ejecutivo no ha tomado la posición que le han marcado, muchos, miles y millones de mexicanos. Que asuma su responsabilidad para el que el Estado sea el rector, tanto de la producción, distribución de estos productos básicos. Por eso, yo hago un llamado a todos ustedes, cerremos filas en asunto del maíz, podamos salir adelante con los puntos que hemos estado proponiendo.

Nosotros sí estamos de acuerdo en que se le haga la auditoria a Aserca, no nada más a Aserca, también se le tendrá que hacer a Sagarpa, para revisar cuál es la situación que ha guardado en sus políticas en estos últimos años. Ojalá que con estos puntos de coincidencia podamos hacer un llamado enérgico al Ejecutivo, para que podamos resolver a la brevedad el problema del maíz. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Tiene el uso de la palabra la diputada Pilar Guerrero Rubio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Pilar Guerrero Rubio: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Como diputados y más aún como mexicanos, debemos debatir y aprobar aquellas leyes o decretos que genere las condiciones adecuadas para garantizar la soberanía alimentaria del país.

No podemos ni debemos estar expuestos a los abruptos cambios en los precios de los principales bienes de la canasta básica, al juego de la oferta y la demanda de los mercados internacionales en los que participan especuladores que se escudan bajo el lema de que proporcionan liquidez al mercado.

El problema del alza en los precios es real y consideramos que en una cuantía mayor a las estimaciones de inflación que determina el Banco de México. En este punto no podemos aceptar las declaraciones del gobernador del Banco de México en torno al alza de los productos de la canasta básica —y leo la cita—: "había una especie de psicosis de alzas".

Le recordamos al gobierno federal que de seguir la escalada de precios no sólo se afectarían las variables macroeconómicas del país sino también podrían generarse estallidos sociales que desde luego afectarían las decisiones de inversión en el país, así como la generación de empleo en el mismo.

No es por demás señalar que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no está en contra del desarrollo de la biotecnología en la medicina ya que su manejo contribuiría a mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, no debemos permitir su utilización en la producción de maíz toda vez que afectaría las variedades criollas que se dan en México, sin dejar de lado los probables efectos negativos que tiene sobre la salud pública y el medio ambiente.

No por el hecho de abaratar el precio del maíz debemos permitir en México la utilización de la biotecnología en el mismo o la importación del maíz transgénico proveniente de Estados Unidos.

Para concluir, deseamos manifestar que en caso de aprobar el proyecto de ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos existirá una mayor demanda de maíz para utilizarse en la producción de biocombustibles como el etanol. Sin embargo, también manifestamos que en relación a la utilización de los transgénicos en el maíz mexicano que potencialmente se utilizaría en la fabricación de etanol, debemos plasmar en dicho producto lo siguiente:

Primero. Acotar que los productos bioenergéticos no deben provenir de siembras que contengan organismos genéticamente modificados.

Segundo. Establecer mecanismos con los cuales, en el caso de que existiera un auge agrario relativo a cultivos que deriven en bioenergéticos, no exista deforestación ni cambio de uso de suelo forestal para dichos cultivos; y

Tercero. Establecer procedimientos de control a efecto de que los aprovechamientos de vida silvestre y forestales derivados de la producción de bioenergéticos se lleven a cabo conforme a la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás disposiciones jurídicas aplicables. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Pilar Guerrero Rubio. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Compañeras y compañeros diputados. Qué importante que mediante un consenso de los diferentes grupos parlamentarios destinemos una parte importante del tiempo para analizar algunos de los problemas de mayor trascendencia que afecta a toda la sociedad de la nación.

El momento para iniciar el proceso de especulación con el maíz a costa de extraer del bolsillo de toda la sociedad de México, fue un mal momento seleccionado por los especuladores, cuando estábamos en plena cosecha de un ciclo importante, como ya se mencionó, del 2006, donde se está calculando la obtención de 22 millones de toneladas y donde en el ciclo inmediato anterior, sólo en Sinaloa se cosecharon cuatro millones de toneladas. Un mal momento para aventar el argumento de la escasez del producto a partir de la reducción de los inventarios internacionales, cuando en territorio nacional abunda la cosecha de maíz para abastecer durante varios meses a toda la sociedad nacional.

Es mal momento también para que el secretario de Economía, el doctor Sojo, salga con el argumento de que no tiene elementos para poder detener esta escalada de agresión contra toda la sociedad, a partir de extraerle unos centavos más, unos pesos más a partir del precio de la tortilla. Qué ignorancia para cumplir con un encargo que le está encomendando el Presidente de la República.

En el caso de los precios, sólo para puntualizar algunas cosas para ver dónde está el problema. A la mitad del ciclo anterior, a la mitad del 2006, en la cosecha de Sinaloa se pagó a los productores a mil 400 pesos la tonelada; se presentó un fenómeno meteorológico, el huracán del año pasado, que inmovilizó la salida de esa producción del estado de Sinaloa a los grandes centros de consumo. Se quedaron, por lo tanto, cuando menos dos millones de toneladas almacenadas en los graneros del estado de Sinaloa que empezaron a salir apenas el año pasado, en el mes de noviembre.

En la cosecha de primavera-verano, que se inicia en el mes de noviembre, se estuvo pagando a los productores —en noviembre— a mil 800 pesos la tonelada con el repunte de la escalada de precios por las señas internacionales. En el mes de diciembre el maíz llegó a dos mil pesos la tonelada en las diferentes zonas de producción, precios pagados a los productores.

En el mes de enero, cuando sale la última parte de la cosecha, subió el precio a los productores a dos mil 200, dos mil 300 y una pequeña parte lograron vender a dos mil 500 pesos la tonelada. Este producto, compañeros y compañeras diputadas, que se compró a mil 400 pesos, se estuvo vendiendo arriba de cuatro mil pesos la tonelada a las redes de molineros y tortilladores para que tuvieran el argumento de estar llevando el precio de la tortilla hasta 18 pesos el kilo.

Ahí está el problema, el problema es simple y llana especulación de los grandes acopiadores de granos y tienen nombre y apellido y el gobierno sabe dónde están ubicados sus almacenamientos. Y en este operativo de detección de inventarios que se ha dado en las últimas semanas se han estado tocando pequeñas y medianas empresas, muchas incluso son propiedad de los propios productores organizados. No le han llegado en el proceso de inspección a los grandes acaparadores de México, que los encabeza Cargil, el gran consorcio acaparador de granos del mundo y también de México.

Necesitamos por lo tanto en lo inmediato detener este fenómeno especulativo, y se hace con energía, y el gobierno tiene leyes para poder detenerlo en el mediano plazo, compañeros. La solución necesitamos preverla aquí en nuestro propio territorio nacional, en virtud de que no va a haber inventarios en otras partes del mundo para ir a comprar lo que podemos producir aquí en México.

Necesitamos por lo tanto retomar y construir una política agrícola propia, clara y precisa que garantice la producción y el abasto de los principales alimentos que consumimos en México: el maíz, el frijol y la leche cuando menos, olvidándonos que hay un libre mercado que sólo acude a nuestro país cuando hay oportunidades de grandes negocios, porque el mercado va por la utilidad, no va por el beneficio y la protección a la sociedad. El gobierno y nosotros tenemos la obligación de diseñar ese tipo de políticas, política agrícola propia con instrumentos específicos para estos tres grandes productos que son los que nos garantizan la alimentación y la dieta y la nutrición a toda la sociedad mexicana. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Héctor Padilla Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Con su permiso, Presidenta. Qué bueno que en la Cámara de Diputados se discuta el problema que desde hace más de un mes se está discutiendo en todos los espacios. El 31 de enero hubo una manifestación muy importante de cientos de organizaciones gremiales populares y campesinas por el asunto del alza del maíz y la tortilla, y el alza de precios.

Yo creo que está quedando claro que el problema del alza del maíz y de los precios en general, es un problema que tiene que ver con el abuso, con la complicidad, con la impunidad con la que actúan los grupos de poder en este país.

Como ya se mencionaba, no es un problema de precios internacionales, no es un problema tampoco de escasez, ciertamente como nunca ha habido maíz en este país. Acaparamiento, especulación y avaricia de las empresas monopólicas es lo que está explicando este problema que golpea al ingreso de los más pobres del país.

Yo creo que aquí el asunto es ver si este Pleno tiene la decisión para demandar que se vayan a fondo las investigaciones y se castigue a quienes han incurrido en delitos en este problema que estamos discutiendo.

Yo quiero leerles el artículo 253 del Código Penal para aquellos compañeros que tienen duda de si se están cometiendo delitos en este tema. El inciso a) dice: Acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para la venta, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores.

Todo acuerdo —inciso b)— o combinación de cualquier manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes o transportistas para evitar la competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados.

Entonces yo creo que si vamos al fondo del asunto y queremos terminar con este abuso, pues debemos de demandar en este Pleno que actúe la PGR, le dé curso a las denuncias y pueda castigar estas empresas que todos mencionamos y que por cierto, se tomaron la foto con Calderón el día que se anunció el Pacto de la tortilla. Con esa frase de "no toleraré especuladores" y con esa foto estaba claro que no hay voluntad para ir a fondo en este problema.

Yo creo que hace falta que se coloque en el centro de la discusión, en este momento, el diseño de una política agroalimentaria adecuada y también lo del Tratado de Libre Comercio. Ciertamente que se argumentaba, como dice el diputado Sánchez, que nos iban a invadir los granos de Estados Unidos y de Canadá, pero creo que si entendemos las grandes asimetrías que existen entre ellos y nosotros tenemos que establecer desde ya acuerdos para, efectivamente, revisar el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio.

Nada más recuerdo dos datos: Estados Unidos produce 300 millones de toneladas de maíz al año, 300 millones; nosotros 20. Ellos tienen una productividad de más de 10 toneladas por hectárea; nosotros tres. Entonces sí estamos en desventaja, sí hace falta iniciar la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio.

Y bueno, creo que el Pacto de la tortilla no ha servido para nada; en 21 entidades del país no se respeta. En la gran cantidad de tortillerías se pasa por encima de esto y el problema no está abajo sino arriba en los grupos de poder.

Yo propongo lo siguiente: Que acordemos revisar, que se inicie la revisión por parte de los mexicanos, productores, niveles de gobierno, diputados y senadores, sobre el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio.

Que también empujemos un programa emergente de producción de maíz porque con todo y que hay cosecha récord, hace falta prever lo que se viene en los próximos años en este terreno.

Que también los subsidios no lleguen a los que comercializan y acaparan el maíz; que llegue directamente de los productores y por cierto, también de manera oportuna, no con el retraso que se hace. Creo que tampoco debe permitirse la exportación de maíz. El año pasado se exportaron medio millón de toneladas, cuando hace falta primero garantizar el consumo nacional. Y finalmente, me parece que se debe de priorizar en este país la producción de alimentos y no la producción de etanol. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Carlos Ernesto Navarro López. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Francisco Domínguez Servién: Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Francisco Domínguez Servién: Compañeras y compañeros legisladores. Quiero destacar nuestra posición en temas fundamentales como es hoy este debate. Estoy seguro que cada uno de mis compañeros diputados de los diferentes grupos parlamentarios es sensible a las necesidades de aquéllos que confían en la gran posibilidad de construir un país con mejores oportunidades.

El maíz ha representado el gran tesoro de la historia de México desde los tiempos prehispánicos. Fue durante siglos sinónimo de riqueza y motivo de orgullo. Nuestros antepasados fueron hombres que tenían la virtud y el conocimiento para forjar la tierra y dar de comer. Hoy el maíz se reposiciona como sumamente importante en el futuro de nuestra nación.

Este revés en la historia nos da una gran enseñanza, compañeros. Lo importante únicamente no es el precio de la tortilla, señores compañeros legisladores. Lo importante es trabajar por lograr un campo tecnificado, rentable y productivo; contar con esquemas eficientes.

Haciendo un breve análisis —como ya lo han dicho algunos compañeros— tenemos una idea clara de cómo se distorsionó el mercado mundial: cambio de políticas de nuestro país vecino del norte, China, Europa y Brasil.

La industria de Estados Unidos demanda 48 millones de toneladas de maíz para el uso de etanol y se prevé que para el bienio 2012-2013 tendrá necesidad de 70 millones de toneladas. La situación de alta demanda del maíz para el uso industrial ha generado tendencia hacia mayores niveles de precio en los mercados internacionales.

México no es deficitario de maíz blanco, compañeros, si en el año 2006 —como ya bien lo dijeron— cerramos con una producción de 22 millones de toneladas. Si nuestra producción nacional —como ustedes saben— apenas si un seis por ciento es de maíz amarillo, el resto es de maíz blanco. El consumo humano para la demanda es de 11.6 millones de toneladas.

Con estos datos podemos observar dos situaciones muy claras. En primer término, el incremento del maíz en general beneficia a los productores que, después de una larga espera, tendrán la oportunidad de ver su trabajo en el futuro reflejado en mayores ingresos. Lo cual me parece, compañeros, justo e indiscutible. De esta economía depende 25 por ciento de nuestra población, que está directamente ligada al sector rural.

En contraparte, se propició —y totalmente de acuerdo— un fenómeno de especulación, donde unos cuantos pretendían enriquecerse a costa del consumidor, aprovechando el manejo tendencioso de información, cuando en realidad el sector de transformación, como el ganadero, que utilizan maíz amarillo para producir proteínas de origen animal, como carne, leche y huevo, es el más afectado.

En lo que respecta al problema de maíz para consumo humano, estamos de acuerdo y compartimos el esfuerzo que realiza el Presidente Felipe Calderón al establecer un programa emergente que por un lado aminore el impacto negativo que generó la especulación y la desestabilización de la tortilla.

Mantener a través de las redes de Diconsa un precio de 3.50 para la población, que atiende el programa de Sedesol con 22 mil establecimientos. Y donde esta Cámara de Diputados incrementó el Presupuesto en el Ramo 20, la Sedesol pudo asignar o reasignar 500 millones de pesos a Diconsa, de los cuales 100 millones de pesos se destinaron al abasto rural, con lo cual está asegurado el abasto de 40 mil toneladas en bodega y 170 mil adquiridas a partir del programa emergente.

¿Cuál es el objetivo señores compañeros legisladores y del Ejecutivo? Incrementar cultivos de 300 mil hectáreas, un millón de hectáreas y pasar de 2.5 toneladas de maíz por hectárea, a producciones de nueve a 14 toneladas.

A través de Sagarpa y organismos vinculados a este sector, programas para mejorar como la agricultura por contrato, para la cual esta Legislatura destinó más de siete mil millones de pesos, que serían para infraestructura de significación de riego, ingreso objetivo, fertilizantes, compactación para la compra de insumos, financiamiento a tasas justas, capacitación y esquemas de comercialización.

Compañeros legisladores. La fracción parlamentaria de Acción Nacional tiene el firme propósito de impulsar una economía eficiente y moderna; equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios; respetuosa de la dignidad humana.

Estaremos pendientes de que el Estado vigile ordenando el desenvolvimiento de la economía para garantizar que concurra en el interés nacional, se subordine al bien común y busque la justicia en relaciones económicas para que se compita en condiciones de equidad. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Francisco Domínguez. En la tercera ronda tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del PT.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Discutir el tema del maíz y de la tortilla, sin duda, es discutir uno de los temas más importantes de la mayoría, de la inmensa mayoría de los mexicanos en este país. No es un tema menor.

Quiero recordarles que este debate no es nuevo. Quisiera recordarles, compañeros, que el 28 de abril del 2003, el gobierno del cambio firmó un acuerdo, el Acuerdo Nacional para el Campo. La firma de este acuerdo fue el reconocimiento del gobierno a un grave problema que enfrenta el campo mexicano. En este acuerdo se establecen compromisos. Me voy a referir a algunos solamente, a tres de ellos.

En el punto número 50 del Acuerdo, dice lo siguiente: El Ejecutivo federal con base en las facultades que le otorga la Constitución y las leyes respectivas, iniciará de inmediata consultas oficiales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con el objeto de revisar lo establecido en el Tratado de Libre Comercio para maíz blanco y frijol; y convenir con las contrapartes el sustituto por un mecanismo permanente de administración de las importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentaria.

El 51. Entretanto se logra lo anterior, en lo referente a maíz blanco se suspenderá la asignación de cupos de importación de maíz blanco, excepto en casos comprobados de desabasto.

De igual manera, en el caso de frijol el gobierno federal iniciará el procedimiento de investigación para el establecimiento de una investigación contra prácticas desleales o salvaguarda con base en información proporcionada por los productores.

El número 104 establece el siguiente compromiso del gobierno federal: Establecer un programa de fortalecimiento a la productividad de la agricultura campesina para los sistemas de producción de maíz blanco y frijol y otros relacionados con los sistemas diversos de producción familiar; y colectivos tradicionales. Este fue el acuerdo que Vicente Fox firmó en el 2003.

Hoy estamos dando el mismo debate; es decir, estamos debatiendo un tema que el gobierno de Vicente Fox no cumplió, uno que quedó en letra muerta.

Nos parece pues, compañeros, que más allá de los posicionamientos que se hacen es necesario que esta Cámara de Diputados haga suyo el documento del Acuerdo Nacional para el Campo y le exija al gobierno federal el cumplimiento de los compromisos establecidos en este Acuerdo.

Aunado a lo anterior, en la marcha del día 31 de enero, que no es un acto menor porque participaron miles de mexicanos, se demandaron cuatro cuestiones: primero, un programa de subsidio directo a la tortilla para los sectores pobres. Un incremento inmediato al salario.

Discutir el tema de la entrada en vigor del TLC, que es un tema que ya está encima de nosotros, y la instrumentación de un programa especial de apoyo a los productores para la producción de granos básicos.

Éstos son compromisos y demandas de la sociedad mexicana, compañeros, que nosotros, como diputados, debiéramos hacer que el Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad de cumplirlos, los haga realidad porque muchos de ellos fueron compromisos firmados, como es el caso del Acuerdo Nacional para el Campo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Lo que estamos viviendo hoy en México va mucho más allá de una crisis de la tortilla o de un fenómeno transitorio, de una burbuja inflacionaria temporal.

La crisis que ha estallado y que a todos ha sorprendido no es una mala jugada, es simplemente el dato evidente de una crisis anunciada y cuyo impacto está cimbrando a toda la economía.

No es un problema estrictamente de mercado que pueda reducirse a un accidente pasajero y que tenderá a normalizarse con la dinámica de los factores de competencia en relación con la oferta y la demanda. Quien sostenga esto revela que no entiende nada de lo que el maíz representa para nuestro país.

En la presente crisis, la punta del iceberg es la crisis de la tortilla, es la que nos revela el fin del modelo de dependencia por la vía de las importaciones de granos baratos, entre comillado, y el abandono total del campo mexicano y el agotamiento del modelo impuesto y practicado durante los últimos 30 años.

Hoy no hay hacia dónde hacerse, ni para atrás ni hacia delante. Estamos a la mitad del río, un río revuelto como desconcierto social y económico que nos revela que no hay manejo de las variables económicas al dispararse la inflación, el encarecimiento, y más grave si lo que se intenta es focalizarlo como un asunto coyuntural de fácil solución.

Hoy hay que encarar el hecho. Urge la presencia del Estado, no dejar el asunto al mercado. Dar paso a la seguridad alimentaria.

Por eso resulta sorprendente que ahora, frente a la crisis, las políticas públicas se privaticen, que se encargue a los grandes monopolios comerciales poner en manos de los millones de mexicanos las tortillas, la harina, el maíz y el abasto del producto en manos de una transnacional.

El Estado se está desentendiendo de la crisis y al margen de la ley deja la rectoría del Estado en manos de las transnacionales, de la globalización. Ahora, cuando parece que se busca superar la crisis se abren las importaciones del maíz para bajar el precio de la tortilla, aunque con ello se agrave y prolongue la crisis alimentaria. La especulación provocada por los monopolios de la harina y la comercialización del maíz se le encarga para resolverla.

En menos de dos meses, la transnacional pasó de comprar la tonelada de maíz a mil 750 pesos a venderla a tres mil 500, lo que evidencia que no son los costos de la producción los que determinan el precio sino el poder que tiene la transnacional sobre el mercado.

Esto es posible porque la transnacional controla las importaciones de maíz a México y las compras nacionales, así como la red nacional de almacenamiento y distribución, la especulación tiene nombres reconocidos.

Pero además, la crisis alimentaria es una situación estructural de la que está colgado el modelo neoliberal. No es un problema temporal. La actual crisis puede convertirse en una coyuntura para realizar un cambio, un giro en la política económica, tomando medidas urgentes tanto de orden estructural como de transición y de parte inmediato.

Un programa urgente de producción sustentable del maíz, fomentando y apoyando al productor campesino, la construcción de una reserva de maíz controlada por el Estado que permita regular el precio y parar la especulación de los monopolios; la aprobación de la Ley de Planeación Alimentaria que parece dormir el sueño de la tranquilidad en el Senado de la República para dar estabilidad y certidumbre a la producción nacional de alimentos.

Pero todo esto sabemos que está cuesta arriba pues el maíz es el grano odiado por los neoliberales, repudiado por los modernizadores y conocido como el bastardo, nombre que le dio el entrañable Arturo Barman al grano que fue condenado por el neoliberalismo a desaparecer por improductivo, el perseguido por todos los gobiernos modernizadores apegados a la globalización. Se decretó el desmantelamiento de toda la organización productiva del campo mexicano y todos los gobiernos neoliberales creyeron que habían acabado con el maíz.

El bastardo se ha colocado en el centro de la correlación de fuerzas y está llamando a una recomposición social y política a favor de un proyecto nacional en donde el campo sea una pieza central a favor de una sociedad incluyente, en donde el desarrollo rural sea la pieza central de una profunda recomposición social y económica que haga posible una sociedad incluyente y democrática.

Pero no repitamos las viejas prácticas. Todos los emisarios del pasado que le declararon la muerte al maíz y que desmantelaron al campo mexicano están vivos y presentes, ahora y aquí. No sólo los autores intelectuales, sus aliados, todas las cúpulas que convalidaron y apoyaron el desmantelamiento del agro y que han acompañado durante 25 años la destrucción del campo mexicano.

No repitamos esa historia. Es la hora de un verdadero cambio porque el asunto va mucho más allá del logro de algunas prebendas. El asunto va mucho más allá de los intereses populares de una coyuntura electoral como la del 2007. Es un asunto estratégico de la nación y de toda la sociedad; involucra todo el legado histórico y el porvenir e involucra a todos los niveles del gobierno.

Hoy hay que dar certidumbre, rumbo y proyección al país sentando las bases de la sustentabilidad alimentaria y energética.

Es el pronunciamiento de compañeros líderes rurales de Convergencia, encabezados por Vicente Granados, que lo han formulado para su lectura en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Muchas gracias, señora Presidenta. Complacido por la oportunidad de estar en esta tan importante tribuna. Consciente también de que en este debate, como aquí se ha mencionado, que para mí más que un debate es una serie de posicionamientos que ciertamente ilustran y manifiestan muchos datos y la postura que cada una de las fracciones parlamentarias tiene, y que por supuesto encontramos en estos posicionamientos la coincidencia y el factor común que es nuestro interés en éste, tan delicado tema.

Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que pensar en cómo resolver, en cómo encontrar las coincidencias entre cada una de las fracciones parlamentarias para generar los instrumentos necesarios al Poder Ejecutivo para resolver de fondo este gran problema.

Necesitamos sacudir las estructuras de las instituciones que tienen que ver con la construcción de dichos instrumentos y de las normas que le den a la sociedad, a la gente pobre, a los productores y a los consumidores, la tranquilidad para no vivir en la zozobra y en la especulación porque estamos dependientes totalmente de los esquemas de oferta y demanda de los distintos productos alimenticios.

Así como el sistema-producto maíz fue la víctima de la escasez de estos instrumentos normativos, si no tomamos las medidas necesarias a tiempo, si el Poder Ejecutivo y sus dependencias no asumen su compromiso histórico y su responsabilidad, en poco tiempo tendremos el mismo problema con el sistema producto frijol.

Ya le quitaron la tortilla a los pobres y a la sociedad, ahora quítenle el plato de frijoles, para que vean qué va a pasar, qué va a suceder.

Hoy, que se da un debate y una controversia entre Estados Unidos y Canadá, en este importante tema del frijol, y que nuestro país vive, como lo dije, con la incertidumbre de la inminente entrada del Tratado de Libre Comercio, nuestros estados productores, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, entre otros, viven con la misma incertidumbre.

Por eso desde ésta, la más alta tribuna, el reclamo enérgico y la exigencia expresa, para que la Sagarpa y la Secretaría de Economía, tomen las medidas necesarias, cumplan con su responsabilidad para que al sistema producto frijol no le suceda la amarga experiencia vivida con el maíz.

Es increíble, compañeros diputados, cómo si somos un país que produce lo suficiente para el abasto nacional, los monopolios y los acaparadores le estén ganando la carrera al gobierno, ¿o no, señores funcionarios, señores de Sagarpa y señores de la Secretaría de Economía?

Los productores estamos haciendo nuestra parte, los acaparadores la suya, ustedes, señores funcionarios, tienen la palabra.

La sociedad los califica y los observa, y hasta este momento en este importante tema, señores funcionarios, la calificación es: reprobatoria. Por su atención muchas gracias.

La Presidenta María Elena Alvarez Bernal: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Marcial Alvarez del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Héctor Marcial Alvarez: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros de las distintas fracciones respecto al tema de la discusión del maíz, ya los compañeros que me antecedieron en la palabra, han señalado las principales líneas estratégicas que como grupos parlamentarios estamos planeando, para atender la terrible situación del incremento del precio del maíz y del precio de la tortilla.

En cuanto a la especulación del precio del maíz, fueron condiciones favorables para dichos acaparadores, que con su poder han podido someter al pueblo de México a una difícil situación para nuestra alimentación, en cuanto al alza al precio de la tortilla.

Para poder evitar estas irregularidades en los años venideros, insisto en que se piense en la formación de una reserva estratégica de productos básicos, especialmente del maíz, y asimismo incentivar la producción a través de programas productivos, subsidiando la producción, considerando que estos apoyos deben llegar a los verdaderos productores oportunamente, con la finalidad de garantizar una buena producción y alimentación para los mexicanos con menores costos de producción.

También solicitamos que se realicen las auditorías con las instituciones que operan los subsidios en el campo como Aserca, para revisar que realmente los subsidios lleguen directamente a los productores o son los intermediarios o acaparadores quienes se benefician, de lo contrario es necesario estructurar políticas adecuadas que atiendan directamente al productor. Hoy me comprometo a defender, como legislador lo que nos corresponde y como representante de los productores, les aseguro y les planteo que es factible disminuir el precio de la tortilla y regular el precio del maíz en el mercado.

Permítanme ahora darles un breve panorama de lo que estamos haciendo en el estado de Chiapas para producir maíz y poder llegar a vender la tortilla a un precio de 6.50 centavos por kilo. Lo que nosotros hacemos en Chiapas favorece a los productores y a los consumidores y lo que queremos como diputados es que este esquema se extienda por todo el país.

Los productores en Chiapas nos hemos organizado para coadyuvar con el gobierno federal y con los mexicanos mediante planes estratégicos de producción. Por ejemplo, nosotros organizados obtenemos diferentes apoyos para la compra de semilla, para la adquisición de fertilizantes, de pesticidas, para tener seguros agrícolas, seguro de vida, para cobertura de precios y obtener financiamientos.

Esto lo logramos gracias a que nos juntamos y accedemos a esta inversión por parte del gobierno a través de las instituciones que corresponden al sector. Así, nosotros como productores logramos reducir los costos de producción y llegamos a regular el precio del mercado.

Con este esquema hemos logrado rendimiento de cinco toneladas por hectárea en promedio en nuestro estado de Chiapas. Nosotros estamos en este ciclo agrícola obteniendo maíz con un costo de tres mil pesos la tonelada, mientras que en el exterior se está comprando a tres mil 500 pesos la tonelada.

Con la producción nacional no sólo podemos tener maíz en mejor calidad y sanidad, además le damos empleo y posibilidad de permanecer en su país a los miles de campesinos mexicanos que año con año buscamos otras oportunidades y que tenemos que emigrar a otros países.

Esta crisis del incremento de la tortilla, para nosotros los productores se presenta como la oportunidad de que el país vuelva los ojos hacia nosotros los campesinos. Ya lo hemos dicho, nosotros somos quienes podemos alimentar al país, con producto de buena calidad y a precios razonables, sin estar sujetos a los vaivenes del mercado internacional.

Que esta crisis sirva para que el campo mexicano vuelva a ser el granero de los mexicanos y que regresemos a la seguridad y a la soberanía alimentaria de nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, del Partido Acción Nacional.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Con su venia, señora Presidenta. Muy buenas tardes queridos compañeros diputados. El maíz, los productores, las comercializadoras, las harineras, los industriales de la masa y la tortilla y finalmente, lo más importante; ahí están aquellos que menos tienen que son los consumidores y de entre ellos, los que padecen mayor pobreza y ese es el tema justamente que hoy nos ocupa.

Verdaderamente me da muchísimo gusto escuchar que entre todos estamos continuamente poniendo el granito de arena y aportando propuestas que verdaderamente pueden llegar a ser la solución definitiva de este problema que hoy tenemos.

Los antecedentes ya no vale la pena recordarlos nuevamente, han sido antecedentes que todos los que me han antecedido en esta tribuna ya los han marcado. Solamente decirles que bueno, recordar que finalmente, sí, el precio del maíz se fija internacionalmente y que México, está dentro de esta economía mundial y global.

Sabemos también del consumo del maíz amarillo para la producción de etanol y de qué manera, muy poca, pero que si alcanzó a influir el uso del maíz blanco para el consumo de forraje. La especulación y yo diría todavía más, el desordenamiento del la industria de la masa y la tortilla. Debemos considerar también que hay zonas en el campo que todavía tienen mucho qué dar y que seguramente es ahí, a donde tendremos que ir.

El maíz es por mucho, el cultivo agrícola más importante de México, tanto desde el punto de vista alimentario, industrial, pero también político y social.

Hay que reconocer que dentro de las acciones que el gobierno federal tomó en el momento de una emergencia como la que surgió en la escalada de precios de la tortilla, ha dado resultados.

La firma de ese Acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla de maíz en México, si bien ésta es una medida que no ha sido definitiva, sí es una medida definitoria en el momento, tan es así que los objetivos que perseguía y que persigue este Acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla de maíz en México, ha dado sus resultados.

Recuerdo nada más que los objetivos son proteger el abasto de maíz y tortilla a un precio de venta al público, estable y accesible en todo el país; combatir prácticas especulativas que pongan en riesgo la estabilidad de precios y el abasto; evitar que los cambios en el precio internacional del maíz generen incrementos injustificados en el precio de productos básicos derivados; eficientar los mecanismos de apoyo y colaboración del gobierno federal con los productores de cultivo forrajero y aprovechar las tierras cultivables; proteger el ingreso y ahorro de los mexicanos, en particular de quienes menos tienen, y la buena marcha de la economía nacional.

Realmente estos objetivos se han ido cumpliendo con este Pacto, lo que nos habla —perdón, con este Acuerdo— lo que habla de que definitivamente sí ha sido una solución no definitiva, sí definitoria por el momento de crisis que estábamos viviendo.

Por supuesto que no podemos quedarnos en esto y ahí coincido, y coincidimos, yo creo que todos, y eso es lo alentador de este debate, que ha sido de una propuesta constante y es así como podemos seguir avanzando.

Yo diría que actualmente, si tomamos en cuenta qué tenemos en México, solamente se cultivan 300 mil hectáreas, están sembradas para el maíz, y tenemos capacidad de llegar hasta un millón de hectáreas. Ése es el reto y es un reto que tenemos los legisladores y el Ejecutivo en conjunto para llevar, acercar el Legislativo, presupuesto, el marco jurídico y legal a través del cual verdaderamente nuestros productores puedan llegar a ese cultivo, a que sean cultivables, que sean sembradas por lo menos un millón de hectáreas.

Otro reto enorme que tenemos es que el rendimiento actual es de 2.5 toneladas por hectárea, lo que actualmente es el rendimiento del campo mexicano, el reto es llevarlo a nueve o a 14 toneladas por hectárea.

Por supuesto, todas las propuestas que hemos escuchado hacia eso van encaminadas. Yo les diría que nosotros, Acción Nacional, lo que proponemos también es consolidar políticas de competitividad y desarrollo del sector agropecuario que asegure la sustentabilidad del campo.

Por supuesto, también deberemos promover estrategias, tecnologías y apoyos especiales al campo, que incentiven la migración ordenada y gradual de cultivos poco competitivos hacia productos de mayor rentabilidad económica.

Alentaremos también, deberemos de alentar la creación de núcleos de productores campesinos que faciliten el aumento de la producción.

Deberemos de apoyar una política de cercanía con los productores agrícolas. Hoy nos damos cuenta que ojalá y todos nuestros productores tuvieran la misma capacidad para producir, sin embargo, no lo es. Hoy tenemos entonces que hacer entre todos, organizar, ayudar y el reto, repito, es entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Creo que con todas las propuestas que hemos recibido esta mañana y tarde entre todos y que hemos aportado, verdaderamente estoy segura…

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Un momentito, señora diputada. Sonido en la curul de la señora diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Solamente para preguntarle a la diputada Adriana si acepta una pregunta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta la pregunta, diputada?

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Con todo gusto, nada más que termine porque ya me marcaron el tiempo, pero con todo gusto, al terminar.

Antes de terminar quiero decirles que pido a la señora Presidenta que se remitan todas las participaciones que sobre el tema han habido en esta sesión, que se remitan a las secretarías correspondientes para que sean rescatadas todas las propuestas valiosas que en este día han aportado los diputados que han pasado por esta tribuna. Y recordarles que tenemos que ayudar también a ese ordenamiento del mercado, de la industria de la masa y la tortilla. Adelante, diputada.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Diputada, solamente para hacerle la pregunta. Hace un momento hizo uso de la tribuna el diputado Francisco Domínguez a nombre de la fracción del PAN y dijo que para ellos no era importante el precio de la tortilla. ¿Usted coincide con esa afirmación?

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Es importante en el sentido que lo es para todos los mexicanos el precio de la tortilla. Ahora, aquí lo importante también —y él lo marcó— hoy más que nunca los productores de maíz están viendo una posibilidad de que suba un mercado siempre golpeado y los productores de maíz hoy van a poder tener una mejoría y el precio de la tortilla, en la medida en que no sea especulación, deberá estar en lo que debe de estar.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De acuerdo a la precisión de la diputada, se publicará la versión estenográfica de este posicionamiento.

Se han agotado los oradores registrados, continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día de la próxima sesión)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (15:37 horas): Gracias, señora Secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 15 de febrero a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.