El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 336 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:26 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Comunicaciones. De los Congresos de los Estados.
El Congreso del Estado de Querétaro remite acuerdo por el que se solicita se dictaminen las reformas propuestas a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Sanidad Animal, sobre la utilización de sustancias Beta-Agonistas en los animales.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones de Salud, de Agricultura y de Ganadería, para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Dos del Congreso del Estado de Querétaro, con los que remite acuerdos relativos al Presupuesto de Egresos de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Dos oficios del gobierno del Estado de Puebla, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que remite acuerdo por el que solicita se aprueben reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el derecho de acceso a la información.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que remite acuerdo por el que solicita que se lleve a cabo un debate público con todos los sectores económicos del país sobre el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión Federal de Telecomunicaciones por el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de enero de 2007, desagregada por tipo de fondo, de conformidad.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Adriana Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García, John Carles Palmerin y Mari Rivera Landavazo puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco y Hermosillo, Sonora, respectivamente y asimismo informa que los ciudadanos Gabriela Rodríguez Valenzuela, Jorge Andrés Soto Chávez-Camacho Pedraza y Mitzy Matamoros han dejado de prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en su consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación.
Por lo que se refiere a los que dejan de prestar servicios, túrnense a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Irma Ayala Castillo, Laura Yolanda Parra Ramírez y Carolina Marín Hernández puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en su consulado en Matamoros, Tamaulipas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse al promovente para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite solicitud presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección a los Migrantes y sus familias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Solicito la atención de todos ustedes y pido a los señores de los medios que nos ayuden pasando a sus lugares.
La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista de México, de Convergencia, del Partido del Trabajo, de Nueva Alianza y de Alternativa, integrantes de la LX Legislatura, condenamos el cobarde atentado que el día de ayer sufrió nuestro compañero el diputado Horacio Garza Garza y su acompañante, el señor Héctor Morales Juárez, por lo que exigimos urgentemente a las autoridades competentes para que hagan una investigación pronta y expedita y se deslinden las responsabilidades, aplicando, en su caso, todo el rigor de la ley ante tan recriminable hecho.
En el siguiente punto del orden del día, tenemos dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación:
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Ruiz Gamiño para prestar servicios en la Embajada de Bélice en México.
Con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios en la Embajada de Jamaica en México.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Constituyentes de Apatzingán".
Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.
En el capítulo de dictámenes a discusión, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Secretario. Sonido en la curul de la diputada Batres.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Señor Presidente, ahorita que le den lectura o se decida exentar de lectura el dictamen, quisiera reservarme, quisiera solicitar pueda presentar una moción suspensiva sobre el dictamen.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En su momento le damos la palabra. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la primera lectura y es de segunda lectura. Tiene la palabra, para presentar una moción suspensiva, la diputada Valentina Batres, del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Con su venia, diputado Presidente. La suscrita diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente solicitud de moción suspensiva respecto a la discusión del dictamen de la minuta por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. La Ley de Concursos Mercantiles entró en vigor el 12 de mayo de 2000, después de una ardua discusión de dos legislaturas.
Entró con el propósito de ayudar a los comerciantes a flexibilizar las reglas del mercado para buscar que las empresas salgan de su estado de insolvencia, en un marco de garantías jurídicas para todos los que intervienen en el proceso. Siempre, en la búsqueda de instalar un sistema de manejo de insolvencia en nuestro país, que construya confianza a todos aquellos que se dedican a la producción e inversión, otorgándole al papel del Ministerio Público, el papel de dar certeza y seguridad jurídica.
Segundo. En fecha ocho de marzo del 2005, los entonces senadores panistas, Fauzi Hamdan, Jorge Zermeño, César Jáuregui; entre otros, presentaron una iniciativa para modificar la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Esta iniciativa proponía permitir a las empresas que estuvieran sujetas a un procedimiento de concurso o una figura similar, licitar o contratar obra pública con las entidades del Estado. Es decir, que aún y cuando una empresa enfrentará problemas de liquidez, esta tendría la posibilidad de contraer obra pública o prestarle cualquier otro servicio al Estado. Intención que desecharon las Comisiones dictaminadoras de esta Cámara, por existir un alto riesgo de que una empresa declarada en concurso, incumpla con sus contratos, perjudicando con ello al erario, quedando aprobada solo modificaciones a la Ley de Concursos Mercantiles.
Pero no quiero dejar de señalar, que esta misma iniciativa de origen, estaba hecha a la medida para solucionar un problema que enfrentaba—según un artículo de fecha ocho de febrero del 2004, de la Revista Vértigo—la empresa Asesa, filial del Grupo Protecsa, quién participó en un proceso de licitación, aún y cuando había solicitado concurso mercantil.
Cabe informar que Protecsa se encuentra representada por el despacho de abogados Hamdan, Manzaneros y Asociados, despacho del cual es socio el ex senador Fauzi Hamdan, uno de los autores de la reforma y que a la par de su labor legislativa, defendía al Grupo Protecsa contra Pemex, Hacienda y el IMSS.
Protecsa, entre otras cosas, es propiedad de los hermanos Lobo Morales, quienes en otros tiempos mantuvieron negocios con el narcotraficante Ángel Rodríguez "el divino". Con este ejemplo, que es uno de varios, se demuestra que la intervención del Ministerio Público tiene razón de ser en cada una de las etapas procesales para darle vista él, pues son hechos de interés público y por lo tanto, sería doloso quitarle la intervención que hasta ahora ha tenido y dicho sea de paso, señoras y señores diputados, no ha sido suficiente.
Tercero. La exposición de motivos para reformar la Ley de Concursos Mercantiles, aduce que su intención es acortar plazos, aclarar términos y hacer más eficiente el procedimiento para ayudar a los comerciantes a enfrentar sus problemas de liquidez; con lo cual estamos totalmente de acuerdo ya que para el PRD es importante que las empresas mexicanas cuenten con posibilidades de sobrevivir cuando éstas enfrentan problemas de liquidez, pero no por una administración irresponsable, sino por el contexto económico en que realizan sus actividades.
Por eso, no podemos dar nuestra aprobación en la reducción de las funciones del visitador, que pretende esta reforma, limitando su función en la comprobación del activo en la primera etapa del proceso, desprotegiendo a los acreedores que no tienen créditos privilegiados con el comerciante.
Tampoco estamos de acuerdo en que, al dictarse sentencia de concurso mercantil, ya no produzca efectos de arraigo al comerciante en aquellos casos en que él solicite el concurso; pues el hecho de que él mismo sea el que haya promovido el concurso, no garantiza su buena fe, ni que su intención no sea sustraerse de sus obligaciones, pudiendo darse a la fuga con una serie de adeudos a su masa de acreedores. Hay que recordar que si nos interesa el desarrollo productivo, hay que recordar que los acreedores también son comerciantes y ayudan también al desarrollo económico del país.
Por último, lo que es más grave es prácticamente la eliminación de la participación del Ministerio Público, pues lo reducen únicamente al papel de demandante, sin considerar que aun tratándose de actos de comercio entre particulares, debe prevalecer sin condición la protección de los intereses sociales a cargo del Ministerio Público. Incluso en estos tiempos de libertad de mercado, si los neoliberales siguieran a sus clásicos, aceptarían como obvio el arbitrio del Estado.
A las empresas mexicanas —y nos tiene que quedar claro— les interesa contar con un gobierno que sea capaz de dar certeza y seguridad, tanto al enfrentar problemas de liquidez, como a la hora de hacer cobrables sus adeudos.
Por ello, la reforma que de aquí salga debe responder a todas las empresas mexicanas, no sólo a las que tienen el lujo de contar con litigantes en el Congreso. Porque estamos ciertos que deben ser las empresas —no los abogados de unas cuantas— las que deben analizar qué figuras jurídicas pueden ayudar a superar los problemas financieros, sin defraudarse entre si, ni defraudar al erario.
Por lo anterior, proponemos regresar a las comisiones dictaminadoras la elaboración de un instrumento ágil, sin restarle seguridad jurídica a quienes viven en este país y contribuyen a su desarrollo, o sea un instrumento para todos los tipos de empresa que existen en este país: la pequeña, la mediana y la grande.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente moción suspensiva con el único acuerdo:
Se aprueba la moción suspensiva de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Concursos Mercantiles, con el objeto de que sea devuelto a las comisiones respectivas para su revaloración, previa consulta con los comerciantes. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se admite la moción suspensiva.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo… (votación).
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretario. Ciérrese el tablero electrónico para la asistencia y vamos a tomar la votación de manera electrónica.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 443 diputados y diputadas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase para votación hasta por cinco minutos. La votación es si se acepta o no la moción suspensiva. Quienes estén a favor de la moción suspensiva votarán sí, quienes estén en contra de la moción suspensiva votarán no.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos.
(Votación)
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se emitieron 117 votos en pro, 250 votos en contra, una abstención. Desechada, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Desechada la moción suspensiva. Está a discusión en lo general el dictamen. Se han registrado los diputados Cuauhtémoc Velasco Oliva; Jorge Mario Lescieur Talavera; Valentina Batres Guadarrama y Jesús de León Tello. En consecuencia tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia para hablar en lo general.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: La fracción parlamentaria de Convergencia
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Les pediría a las señoras y señores diputados que guardaran silencio para escuchar al orador. Adelante, señor diputado.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: La fracción parlamentaria de Convergencia considera que este dictamen tiene avances indudables que van a permitir que haya una mejor aplicación de esta Ley de Concursos Mercantiles, pero le preocupa que haya algunos aspectos que no se resolvieran a juicio de todas las fracciones parlamentarias adecuadamente.
Nos preocupa que los acreedores tengan la misma oportunidad de recuperar sus créditos y sentimos que esta iniciativa plantea la posibilidad de que sean aquellos, los acreedores más importantes, los que tengan más posibilidades y más oportunidades de recuperar esos créditos. Por eso creemos que esta parte debe ser corregida, a efecto de garantizar igualdad de condiciones para todos ellos.
También nos preocupa el hecho de que el Ministerio Público no tenga participación. Creemos que es la autoridad competente para que se pueda garantizar la mejor aplicación de las normas previstas en estas reformas y el hecho de que no esté prevista su participación nos parece que es un asunto que debería de replantearse.
Estas consideraciones no invalidan la propuesta en lo general. Pero sí queremos hacer un llamado a todas las fracciones parlamentarias, para que estos aspectos se corrijan al momento de la discusión de los artículos en lo particular. Que se hagan las modificaciones necesarias para que esta Ley cumpla cabalmente con su cometido. Es por eso que hacemos esta invitación a las fracciones parlamentarias. En el momento procesal oportuno haremos nosotros la petición concreta de aquellos artículos en los cuales consideramos que deberían de hacerse estas modificaciones.
Éste es el planteamiento que pone a su consideración la fracción parlamentaria de Convergencia, con este llamado para que nosotros podamos finalmente aprobar una iniciativa de ley que nos permita tener el mejor instrumento para enfrentar las quiebras y plantear condiciones de equidad, de seguridad, de certeza y de justicia para todos los involucrados. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco. Tiene la palabra el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera: Con su permiso, señor Presidente. Respetable Asamblea. A nombre del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional venimos a sostener que la Ley de Concursos Mercantiles en vigor desde mayo de 2000 ha probado su utilidad al desterrar vicios que se habían conformado con la anterior Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
El objetivo de la Ley es que las empresas que tengan problemas de liquidez cuenten con un instrumento jurídico que les permita renegociar su situación y alcanzar acuerdos que mantengan viva la fuente de empleo o, en el peor de los casos, una salida ordenada y legal.
El legislador quiso privilegiar, al crear esta Ley, que los comerciantes y acreedores pudieran llegar a convenios que evitaran litigios largos y dolorosos; por eso se ha logrado, pero se ha descubierto que podrían existir otro tipo de convenios que ayudarían a lograr el propósito del legislador original y que no se contemplan en la Ley.
La reforma provee la posibilidad de celebrar convenios previos al concurso que facilitarán y harán enormemente ágil y justo el concurso mercantil. Asimismo, regula la posibilidad de hacer convenios en la última etapa, la de la quiebra, a fin de agilizar la conclusión de una empresa que ha agotado su viabilidad. En ambos casos se cuida respetar los derechos de todos los involucrados y se da al juez la intervención que garantizará el que todo suceda ajustándose al orden de derecho.
La creación de los especialistas auxiliares de la justicia que reemplazaron a los antiguos síndicos ha sido adecuada, pues ha dado transparencia al procedimiento y ha eliminado antiguos vicios. Desafortunadamente, el momento que la Ley señala en que los especialistas pueden cobrar el honorario justo que determina las reglas de carácter general de la Ley, se colocó de manera que se desanima a muchos profesionales competentes y capaces de inscribirse como tal, como especialistas.
La reforma, en cambio, ubica su pago como un gasto ordinario del comerciante y mantiene el que sea acorde a resultados. Con ello se asegura que podrá haber el número suficiente de especialistas competentes y honrados que atiendan los casos de concurso mercantil en apoyo de jueces, comerciantes y acreedores, entre los que están los trabajadores y el fisco.
Finalmente, toda ley muestra, al aplicarse en la práctica, que quedaron algunos pequeños desajustes, contradicciones o disposiciones sin razón de ser. Estos detalles dificultan un desarrollo ágil porque obligan a incrementar el litigio, interponiendo recursos o a la interpretación que tengan que hacer los jueces. Algunos de estos temas han tenido que llegar hasta la Suprema Corte para su definición. La reforma propuesta recoge —y esto es lo más importante— todos esos hallazgos de la práctica y los corrige.
El dictamen a discusión y el que el Senado aprobó en su oportunidad es una reforma que removerá, al ser aprobada, los obstáculos que limitan la posibilidad de lograr acuerdos ágiles aprobados por el juez, los que impiden contar con un número suficiente de especialistas auxiliares de la justicia probos y capaces y aquellos obstáculos también que dificultan un trámite sencillo y rápido.
No estamos de ningún modo de acuerdo con las observaciones que se han hecho acá por el diputado que nos precedió en la palabra sobre la actuación del Ministerio Público en este mecanismo. Debemos señalar que en este sentido el representante de la sociedad tiene, permanentemente, la injerencia que la propia Ley le da y en cuyo aspecto o capítulo no se infiere ninguna modificación.
En este sentido, la fracción parlamentaria de mi partido da la bienvenida a esta nueva aportación que se otorga al procedimiento del concurso mercantil, demostrando con ello nuestra creencia en el empresariado mexicano, el que crea empleos, el que consolida y busca junto con los mexicanos el desarrollo. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jorge Mario Lescieur. Esta Presidencia saluda respetuosamente a los jóvenes del Centro de Estudios Superiores del norte de Veracruz; a los jóvenes de la Escuela Primaria "Generalísimo Morelos" de Tlalnepantla; también a los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de Maravatío, Michoacán, y a los estudiantes de la Universidad Oparin, aquí presentes. Gracias.
Tiene la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores diputados. Quiero hace la siguiente posición de la fracción del PRD. Vamos a votar en lo general a favor de este instrumento, porque en efecto parte de estas reformas son para hacer un instrumento ágil y un proceso jurídico mucho más rápido, que no detenga el pago a los acreedores que están en espera del término de un proceso de concurso mercantil.
Sin embargo, adelanto nuestra posición. Vamos a reservar siete artículos de esta reforma que comprende 36m, porque como así de cierto es que parte de la reforma hace un instrumento ágil, también es cierto que el quitar al Ministerio Público la observancia del Ministerio Público, no habrá proceso en el que se pueda meter el Ministerio Público.
Lo voy a aclarar de la siguiente manera. Tenemos un conflicto de tres empresas que se han declarado en concurso mercantil, que son un asunto público, entre ellos Protexa, Accesa y Safmex. Las tres compañías tienen una serie de irregularidades en su proceso de concurso mercantil, donde se han declarado en concurso mercantil para evadir el pago a las instituciones públicas nuestras.
Curiosamente, no resulta un instrumento para la pequeña empresa y nosotros tenemos que partir de la naturaleza de este instrumento. Por eso parecería repetitiva pero este instrumento es para el manejo de insolvencia de todas las empresas, no solamente de las empresas grandes.
Pareciera que les estorba el Ministerio Público, cuando el diputado que me antecedió habla de que esta iniciativa ha quitado obstáculos. Yo le pregunto, ¿en qué obstaculiza el Ministerio Público en su observancia, si tiene 10 días para observar en cada etapa procesal? Que son tres; ¿En qué les estorba el Ministerio Público para que no detecte las irregularidades en empresas que, al mismo tiempo que se declaran en concurso, están licitando con Pemex?
¿En qué les estorba el Ministerio Público, para que no nos enteremos del fraude de Safmex con bonos de menoscabo que protegían 25 por ciento de las acciones de dinero del erario? ¿En qué les estorba el Ministerio Público? Acaso pretenden hacer un instrumento para que en lo oscurito resuelvan los asuntos entre la Federación y las empresas que le trabajan servicio y obra. Porque no es asunto de un instrumento entre particulares nada más, es un asunto de reconocer la serie de negociaciones mercantiles que se hacen.
¿En qué estorba el Ministerio Público? En mi oficina estuvo el director general del Instituto de Investigaciones sobre Concurso Mercantil y después de un debate de tres horas, el mismo licenciado Mellán reconocía que efectivamente el Ministerio Público no podía ser un estorbo en el proceso de concurso mercantil.
Entonces, la pregunta es ¿por qué debiéramos quitar al Ministerio Público? ¿No son suficientes las facultades que tiene actualmente en este instrumento el Ministerio Público? Y todavía aún más, lo quieren quitar.
¿No es suficiente la serie de escándalos? Debo decir además que otro de los escándalos que debió haber observado el Ministerio Público y que el juez tampoco ha dado parte, son los orígenes del dinero de los hermanos Lobo, propietarios de Protexa, que años atrás tuvieron negociaciones de dinero con el famoso "Divino", Ángel Rodríguez, "El Divino".
De verdad, señoras y señores, nosotros estamos desprotegiendo la observancia de la legalidad, que no es asunto entre particulares; es un asunto público. Y aquí hemos oído reiteradamente, en esta Cámara, en los medios de comunicación, que es una prioridad del PAN el asunto del combate a la corrupción. Si es así, entonces hagamos un instrumento fuerte.
Hay una serie de observaciones que hizo la Función Pública que no tienen destino para observar las irregularidades en el concurso de licitación que llevaba Protexa hacia Pemex. Hubo una serie de recomendaciones para que no se aceptara en el proyecto Cantarell y ahí está haciendo servicios a Pemex. ¿De verdad no necesitamos al Ministerio Público?
Pero hay otros dos elementos. Dice esta reforma que no es necesario generar el arraigo cuando el comerciante se declara en concurso mercantil. Quieren hacernos pensar que el hecho de que él mismo se declare en concurso mercantil es porque no hay mala fe, que quiere pagar sus adeudos. No es cierto, no es cierto porque entonces que nos pague primero Protexa a la Federación, los más de 500 millones de dólares que le debe tanto Hacienda, al IMSS y al Infonavit. Que nos pague primero, si ese es el punto.
Se necesita el arraigo y el arraigo no es una medida represiva, es una medida precautoria. En esta figura el arraigo incluso es alternativo porque no necesita que el arraigo lo personalice el propietario de la empresa, el comerciante por sí mismo, si deja un sustituto suficientemente con facultades suficientes para el encargo del concurso mercantil, puede ser él o puede ser el encargado.
Y en asunto del visitador, todas las empresas que se declaren en concurso mercantil y entren a esta naturaleza de tres tiempos, en la primera etapa se trata de verificar que efectivamente se trata de una empresa falta de liquidez, pero es importante que el visitador no solamente observe libros, es importante que el visitador también observe cualquier irregularidad que pueda reportar su visita. O sea, que de fe o de observancia de los activos, de los bienes que se encuentra en la empresa que se ha declarado en concurso mercantil o que se encuentra en concurso mercantil.
Por eso, señoras y señores, nuestra posición es votar a favor en lo general, pero con la propuesta de reservarnos los artículos 34, 41, 47, 48, 59, 60 y 136 que tocan el tema de la observancia de la legalidad, que es un asunto que nos debe interesar a todos. Muchas gracias, es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Batres. Tiene la palabra el diputado Jesús de León Tello, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Jesús de León Tello: Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Vengo a solicitarles su voto favorable a la aprobación del dictamen con proyecto de decreto en el cual reformamos diversos artículos de la Ley de Concursos Mercantiles por las siguientes
Consideraciones.
Primero. Las reformas que hoy discutimos tienen como objetivo la de dotar de mecanismos legales tanto a los comerciantes como a sus acreedores, de poder llegar a convenios en cualquier etapa del proceso y no sólo en la etapa de conciliación y así poder finiquitar los créditos contraídos por el comerciante, logrando el mantenimiento de la fuente de trabajo.
Otro de los puntos positivos de esta reforma es que se debe entender que un comerciante ha incurrido en el incumplimiento generalizado a sus obligaciones cuando no tenga activos para hacer frente a sus obligaciones por lo menos en el 80 por ciento, a la fecha de la presentación de la demanda.
Y si uniforma este criterio conforme a los incisos a), b), c) y d) del artículo 10 en comento, que se establecía un momento diferente para considerar los activos existentes del comerciante y se cuantificaban al momento de la admisión de la demanda. Esta uniformidad en el criterio, tiende a evitar que el demandado pueda simular que cuenta con bienes propios suficientes para hacer frente a sus obligaciones, evitando que sea sujeto a este tipo de procesos que puede concluir en la quiebra del comerciante.
Igualmente encontramos aclaraciones en el sentido de que las excepciones de incompetencia y falta de personalidad se tramitarán en vía incidental, sin esperar a que el juez se pronuncie sobre las mismas en la sentencia definitiva; por el contrario, será en una sentencia dentro del incidente en donde se pronuncie al respecto.
Igualmente, el juez tendrá la obligación de precisar si en el escrito inicial de demanda encuentra irregularidades y en vez de desechar la misma, tendrá la obligación de precisar cuáles son esas irregularidades que él ha detectado y prevenir a la parte actora para que la subsane en un plazo no mayor a 10 días.
Así, a lo largo de la reforma podríamos comentar muchas más como la vista al Ministerio Público respecto del dictamen del visitado, el fortalecimiento al Instituto Federal de Concursos Mercantiles.
Pero lo más importante es que damos respuesta a un perfeccionamiento de esta ley subsanando lagunas, contradicciones, incorporando criterios del Poder Judicial con la finalidad de que la misma sea clara, moderna y que no quede rezagada por la realidad que vive nuestro país.
Recordemos que son normas que el legislador en el año de 2000 entendió la necesidad de regular este proceso de una manera más sencilla, con especialistas en la materia, ya que la anterior Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos no obedecía a la realidad de nuestro país. Por el contrario, hacía sumamente difícil poder llevar un procedimiento en donde las partes pudieran encontrar mecanismos de negociación y especialistas que pudiera emitir opiniones de cómo lograr un acuerdo entre las partes sin que esto implicara el cierre de la fuente del empleo.
Por otra parte, la participación del Ministerio Pública está garantizada en la reforma y en el mismo cuerpo de la Ley de Concursos Mercantiles.
No podemos interpretar una disposición aislada con el conjunto del articulado de la ley. En el artículo 24 de la misma ley se establece que el Ministerio Público puede iniciar, detonar la instancia demandando el concurso mercantil en contra de un comerciante. Y todavía va más allá, le exenta de la obligación de garantizar los honorarios del visitador en mil 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, garantizándole así al Ministerio Público la potestad de poder iniciar los juicios de suspensión y de quiebra en contra de cualquier empresa, de cualquier comerciante que se encuentre en los supuestos de la misma ley.
Pero no obstante, si la preocupación es de que se puede dar un fraude en contra de acreedores, la misma Ley de Concursos Mercantiles establece que el juez de distrito, que es el que tiene la competencia para conocer de este tipo de procedimientos, tendrá la obligación inmediatamente de que detecte, de acuerdo al dictamen que emita el visitador o de las constancias en el proceso, tendrá la obligación no solamente de darle vista el Ministerio Público para que inicie las acciones penales que él considere, sino también a las autoridades fiscales para que inicien los procedimientos correspondientes.
En caso de no hacerlo, el mismo juez de distrito estaría incurriendo en una responsabilidad en términos del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la fracción XXXVI de la misma ley.
Creo que está garantizada la participación del Ministerio Público en este tipo de procesos porque es una facultad potestativa del mismo, conocer de todos los juicios y sin duda, prevenir que se vaya a dar una figura del fraude de acreedores.
Por eso, desde el artículo 1o., también de la Ley de Concursos Mercantiles, se estableció que era de interés público conservar la empresa y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás, con las que mantenga una relación de negocios.
De esta disposición se desprende que lo importante es armonizar los intereses de las partes procurando en principio una conciliación en donde no se afecte a la parte actora en cuanto a sus créditos, pero también no se concluya con las actividades del comerciante demandado. Esta reforma obedece a una modernización de la ley.
Compañeros legisladores, no olvidemos que al final el contenido de las leyes es la conducta humana. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jesús de León. Solicito a la Secretaría, en virtud de que se ha agotado la participación en lo general, preguntar si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. Antes informaré que se ha reservado el artículo 34, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán; se ha reservado el 41 y 48, la diputada Silvia Oliva Fragoso; el artículo 47, el diputado Javier Hernández Manzanares, los artículos 59, 60 y 136, el diputado Andrés Lozano Lozano.
Pregunte la Secretaría si hay algún otro artículo reservado. A ver, permítame, sonido a la curul de la diputada Valentina Batres.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): En lugar del diputado Andrés Lozano, haré yo la reserva por los artículos 59, 60 y 136. Le agradezco que me registre.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. El diputado Suárez del Real, lo tengo en el artículo34, es correcto. Pregunte la Secretaría si hay algún otro artículo reservado.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta, ¿existe algún otro artículo reservado para su discusión? No, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular, de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
(Votación)
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Esta Presidencia envía cordiales saludos a nuestros visitantes y les agradece su presencia, a los invitados de la Fundación Mier y Pesado, de la Escuela primaria "Generalísimo Morelos"; del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México; del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por su visita. Estamos dando la bienvenida a los alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria número 588 "Tierra y Libertad", de Chimalhuacán, en el Estado de México. Muchas gracias por su visita.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Señor Presidente, se emitieron 399 votos en pro, dos en contra y una abstención; 399 votos en pro y dos en contra y una abstención, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada, en lo general, la Ley de Concursos Mercantiles; y en lo particular, los artículos no impugnados por 399 votos.
Para la discusión en lo particular de los artículos reservados, para el artículo 34 tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente. La minuta que motiva esta reserva modifica el artículo 34 de la Ley de Concursos Mercantiles, en relación con el papel que juega un especialista clave en el concurso mercantil correspondiente al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
Me refiero al visitador, quien actualmente tiene funciones para comprobar la falta de liquidez de la empresa que fue demandada o que solicitó el concurso mercantil. Ahora, se pretende reducir las funciones del visitador eliminándose del objeto de la visita la posibilidad de realizar verificaciones directas a bienes y mercancías del comerciante, lo cual es contrario al sentido de la misma ley, debido a que el objeto de la visita es la comprobación del activo, y al eliminarse este aspecto limita la función del visitador y altera totalmente el sentido de la visita.
De aprobarse la minuta en esos términos, el juez no contará con elementos de convicción para emitir sus resoluciones. La verificación de bienes y mercancías sirve para que con posterioridad el comerciante no pueda ocultar su activo, que puede servir si se llegase a la quiebra, para su venta y con el producto de esa venta, el pago de sus adeudos.
Si se aprueba el dictamen en sus términos se facilitará la posibilidad de evasión de los pagos a los acreedores.
Por lo anterior, llamamos a esta Asamblea a votar en contra de la reforma al artículo 34 del dictamen y a dejar el artículo tal y como se encuentra en este momento. Es decir, que se precise que el visitador podrá llevar a cabo verificaciones directas de bienes y mercancías de las operaciones, así como entrevistas con el personal directivo, gerencial y administrativo. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Para la reserva de los artículos 41 y 48 tiene la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Silvia Oliva Fragoso: Con su permiso, diputado Presidente. La reserva de estos dos artículos, el 41 y el 48, es con la intención de que queden tal como se encuentra ahora, porque para nosotros es muy importante que quede incluido el Ministerio Público dentro de todo el cuerpo de la ley.
La institución del Ministerio Público tiene por definición la protección y garantía de los intereses de la sociedad. En la Constitución Política se le asigna la misión de órgano de acusación y de perseguir los delitos que se cometan contra cualquiera de los individuos que integran la comunidad. No hacerlo, constituye un grave problema.
En este sentido, la reforma a la Ley de Concursos Mercantiles que se discute en este Pleno es improcedente, en el sentido de querer quitar al Ministerio Público, que debe ser el garante de los intereses y de la protección de los bienes jurídicos de las personas y que no debe ser ajeno de ninguna manera ninguna legislación como la que estamos discutiendo.
En este sentido, de acuerdo con los artículos 21 y 102 de la Carta Magna, la institución del Ministerio Público garantiza el cumplimiento de la ley en cualquiera de las materias en las cuales le compete intervenir. Específicamente en el caso del ramo mercantil tiene el deber jurídico y ético de denunciar quiebras fraudulentas, mismas que redundan en contra de los derechos de las personas que integran la sociedad.
En el dictamen que se pretende aprobar estos artículos reservados lesionan el interés público y el principio de legalidad, porque limita e inhibe las facultades inherentes al Ministerio Público, que es precisamente perseguir delitos que resulten por la comisión de cualquier abuso y exceso que lesione los principios que tiene la Carta Magna.
Hoy en día cuando la sociedad ha sido víctima de muchos quebrantos económicos y sociales es menester luchar por fortalecer y apoyar las instituciones democráticas de la República que permitan desarrollar adecuada y eficazmente el estado social y democrático de derecho. Como sabemos, el fraude constituye un delito perseguible, de conformidad con las leyes penales, por tanto es necesario salvaguardar adecuadamente la facultad del Ministerio Público para intervenir y poder garantizar eficazmente los derechos e intereses de la sociedad.
En consecuencia, limitarlo e inhibirlo en sus consustanciales atribuciones constituye un grave atentado a la Constitución Política y a los intereses más elevados que la nación ha establecido. Limitar a través del presente dictamen la legítima intervención de la institución ministerial en el desarrollo de los procedimientos de quiebra fraudulentos, constituye una evidente negación para el desarrollo armónico de las instituciones democráticas de nuestro país, pero además constituye un grave grillete para garantizar legalmente la impunidad; es decir, la no sanción de los responsables intelectuales y materiales de quiebras fraudulentas en nuestro país.
El presente dictamen contiene inquietantes elementos propicios para generar impunidad. Uno de los promoventes tiene conexión con elevados intereses de empresas tales como Protexa, Sapsa, ASESA, Sadnec, situación que explica el porqué de la urgencia de legislar para impedir la intervención del Ministerio Público en los casos de quiebras fraudulentas en materia mercantil.
El Ministerio Público siempre ha tenido un vínculo jurídico constitucional de garantía de los intereses sociales, de ser una institución garante del principio de legalidad y debe ubicase como un protector y defensor de las personas en todos los procedimientos de su incumbencia. En este orden de ideas, a la institución ministerial siempre se le deberán resguardar y asignar las atribuciones que el Constituyente Permanente deberá vigilar su cumplimiento.
Por todo ello, el compromiso del Partido de la Revolución Democrática con los más altos principios establecidos en la Constitución, consideramos que no se deben aprobar estas reformas a los artículos mencionados y que votemos a favor de que quede tal y como se encuentra ahora la Ley de Concursos Mercantiles. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Silvia Oliva Fragoso. Para la reserva del artículo 47 tiene la palabra el diputado Javier Hernández Manzanares, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Javier Hernández Manzanares: Con su permiso, compañero Presidente. Para dar principio a mi intervención quisiera solicitarle que instruya a la Secretaría para que dé lectura al texto del artículo 47 de la Ley en comento, para efecto de —insisto— iniciar mi intervención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a leer el artículo 47 de la actual Ley.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la actual Ley de Concursos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De la Ley de Concursos Mercantiles. Si la trae usted a la mano, diputado.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: La sentencia producirá los efectos del arraigo del comerciante y tratándose de personas morales, quien o quienes sean responsables de la administración, para el sólo efecto de que no puedan separarse del lugar de su domicilio sin dejar, mediante mandato, apoderado suficientemente instruido y expensado, cuando quien haya sido arraigado demuestre haber dado cumplimiento a lo anterior, el juez levantará el arraigo.
El diputado Javier Hernández Manzanares: Gracias. Esto es lo que actualmente el artículo 47 de la Ley de Concursos Mercantiles menciona.
Se pretende una adición a este artículo que textualmente dice: El arraigo previsto en el párrafo que antecede, no será aplicable en aquellos casos en que el concurso mercantil hubiese sido solicitado directamente por el comerciante.
El artículo 47 pretende, en términos generales, garantizar la certeza y la seguridad a la masa de acreedores. Tiene como espíritu fundamental, que el comerciante cumpla con sus obligaciones.
En el caso concreto de la adición, me parece que es una contradicción con el espíritu del artículo 47. ¿Por qué? Porque si lo que pretendemos es que el comerciante no se sustraiga de sus obligaciones, el hecho de que de manera individual pretenda o instruya al concurso mercantil, no quiere decir que no pueda sustraerse de sus obligaciones. Me parece que es demasiada fe la que le podemos dar a la visión de este artículo.
Creo en términos generales, que el mismo artículo en el caso de que exista la buena fe le da la posibilidad al comerciante, de que en el caso de que deposite la confianza en un responsable, le sustrae inmediatamente del arraigo. Por ello me parece que no puede ser, no es fundamental la adición que se está proponiendo.
Además, en el caso de las pequeñas empresas —pequeñas, medianas empresas—, me parece que esto atenta mucho contra sus intereses. Las grandes empresas se sustentan en documentos mercantiles tales como fianzas, seguros, cartas de crédito irrevocables que garantizan de cierta forma la recuperación de sus inversiones. Ello contrasta con la pequeña y mediana empresa, quienes no tienen acceso o no serían competitivos en el momento de las licitaciones., siendo el artículo 47 de la Ley de Concursos Mercantiles la única garantía de contar con un aval para sus inversiones y transacciones mercantiles.
Por ello me parece que la adición sobra y creo que es conveniente y por ello propongo que el artículo se quede tal y como se encuentra en este momento. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Javier Hernández Manzanares. Tiene la palabra para la reserva de los artículos 59, 60 y 136 la diputada Valentina Batres Guadarrama.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: En el mismo sentido que se propone la reserva de los artículos 41 y 48, vengo a solicitar que se vote a favor de la reserva de los artículos 59, 60 y 136, para que quede exactamente como actualmente está el texto vigente.
Quiero hacer la siguiente consideración para apoyar nuestra propuesta de que no haya modificación en estos artículos: La Ley de Concurso Mercantil —vuelvo a reiterar— es un instrumento que entró en vigor el 12 de mayo de 2000. Le antecedieron prácticamente cinco años de consulta entre dos Legislaturas.
Ésta sustituyó a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos —como decía nuestro compañero del PAN— que tuvo su origen en 1943. Después de resistir a diversas crisis económicas del país se vio inoperante durante la crisis económica de 94, debido a la enorme cantidad de comerciantes que se acogieron a los beneficios que ésta otorgaba, ya que provocaba que al acreedor o acreedores no se les pagara, incluso, ni los intereses de sus deudas, ya que el proceso jurídico era muy largo y lento, lo cual perjudicó la solvencia de los comerciantes en este país y la falta de certidumbre, seguridad y equidad fueron uno de los tantos motivos que espantaron la inversión.
Por ello, el espíritu de la Ley de Concursos Mercantiles que entró en vigor en el 2000 llevó la intención de construir un sistema de manejo de insolvencia que permitiera sacar adelante a los comerciantes y a sus acreedores.
En ese espíritu fue concebido el papel del Estado como árbitro entre los particulares, para evitar irregularidades entre ellos o detectar irregularidades al interior de ellos, por lo cual se incluyó al Ministerio Público en su papel de representante social y garante de la legalidad, diferente al que el juez podría desempeñar, separando funciones entre el Ministerio Público y el juez rector del procedimiento, dando la posibilidad real de vigilar que no se puedan hacer simulaciones teniendo la posibilidad de saber si se configura algún fraude o cualquier otro delito. Ese cualquier otro delito también puede ser el lavado de dinero.
El juez que interviene en este proceso tiene la naturaleza, tiene la encomienda de asegurar en la parte del proceso mercantil, está especializado sobre el tema. El Ministerio Público no está ahí para observar en qué condiciones se acuerdan los pagos; el Ministerio Público está para observar cualquier irregularidad.
Por eso es necesario, porque este instrumento fue concebido precisamente para salvar a las empresas y cuando decimos salvar a las empresas, nos referimos a la empresa mexicana: la pequeña, la mediana, la que está en condiciones de iniquidad en las relaciones comerciales.
Insistimos, no hay condiciones todavía en este país para dejárselo al libre albedrío entre el grande y el pequeño. Sabemos lo que pasa. Hay que estudiar u observar un poco de la economía nacional para saber cuántas empresas pequeñas han quebrado, cuántas empresas medianas han quebrado.
Es y se trata del desarrollo económico mexicano, compañeros. Por eso les solicitamos que tomen conciencia y hagan compromiso verdadero, no de discurso con el desarrollo económico de este país.
Hagamos que los instrumentos legales reparen y vigilen la legalidad en todo ámbito. No hagamos menos el papel del Estado. Fortalezcámoslo como el gran árbitro porque si no, de otra manera permitiremos que en lo oscuro se coman a nuestra empresa mexicana y se fragüen una serie de delitos y fraudes y lavado de dinero. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Valentina Batres. Pido a la Secretaría que dé lectura a la modificación presentada por el diputado Alfonso Suárez del Real, con respecto al artículo 34, en votación económica, pero primero dé lectura.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: La propuesta es que se elimine el primer párrafo del artículo 34, verificaciones directas de bienes y mercancías.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la propuesta presentada por el diputado Suárez del Real.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se le consulta a la Asamblea en votación económica, si se admite la modificación propuesta por el diputado Suárez del Real, al artículo 34. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el texto en los términos del dictamen del artículo 34. Se desecha esta propuesta. Vamos a hacerlo en votación nominal al final.
Del artículo 41 y 48, la propuesta es que queden los artículos en los términos en que están en la actual Ley. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aceptar la propuesta hecha por la diputada Silvia Oliva Fragoso para que los artículos 41 y 48 queden en los términos en que está actualmente la Ley de Concursos Mercantiles.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se consulta a la Asamblea si se aceptan las modificaciones y las propuestas realizadas por la diputada Silvia Oliva. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se desecha la propuesta. Ahora consulte la Secretaría si es de aceptarse la propuesta de modificación al dictamen presentada por el diputado Javier Hernández Manzanares, en el artículo 47. La propuesta es que quede en los términos actuales de la Ley de Concursos Mercantiles. Sonido en la curul de la diputada Batres.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Sí, señor Presidente. Hay la impresión de que se tomó con ligereza la apreciación del voto y nos gustaría que se tomara registro de la votación para que se tuviera sobriedad sobre el número de votos que se obtuvieron en las propuestas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No hay problema, diputada. Repita la votación de los artículos 41 y 48.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, por la sobriedad de esta Secretaría, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Ahora consulte la Secretaría en el artículo 47, si es de aceptarse la propuesta del diputado Javier Hernández Manzanares, para modificar el dictamen y que el artículo 47 quede en los términos actuales de la Ley de Concursos Mercantiles.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, se le consulta a la Asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta por el diputado Rodríguez Manzanares. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se acepta la propuesta. Respecto de los artículos 59, 60 y 136, la diputada Valentina Batres solicita por escrito que se suprima la adición del Ministerio Público demandante en el texto del artículo 59. Consulte la Secretaría si se acepta esta propuesta de la diputada Batres.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta por la diputada Batres Guadarrama. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Desechada la propuesta. En el artículo 60, también propone la diputada Valentina Batres, que se suprima también la mención del Ministerio Público. Consulte la Secretaría si se acepta esta propuesta.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, se le consulta a la Asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta por la diputada Batres Guadarrama. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Desechada. Finalmente en el artículo 136, la diputada Valentina Batres propone que al final del párrafo se elimine la palabra "demandante del concurso". Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta esta propuesta.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se le consulta a la Asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta por la diputada Batres Guadarrama. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Desechada la propuesta.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ábrase el sistema electrónico hasta por diez minutos, para la votación en conjunto de los artículos reservados para que se vote en los términos del dictamen. Quienes estuvieran a favor, votarían sí; y quienes estén contra de los términos del dictamen de estos artículos, votarían en contra.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos 34, 41, 47, 48, 59, 60 y 136 en términos del dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a esta Cámara a los jóvenes de la Escuela primaria "Licenciado Juan de Salmerón", del estado de Puebla; a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Puebla y a los invitados especiales de Xochimilco, que se encuentran presentes aquí en la sesión. Gracias.
(Votación)
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 266 votos en pro, 126 en contra y dos abstenciones, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los artículos 34, 41, 47, 48, 59, 60 y 136, por 266 votos a favor, en los términos del dictamen.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; de la Ley de Sociedades de Inversión; de la Ley del Mercado de Valores; de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
Pido a la Secretaría que dé lectura a dos oficios que tiene esta Mesa Directiva.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente. Por medio de este conducto le solicito atentamente sea retirado el voto particular que emití respecto al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; de la Ley de Sociedades de Inversión; de la Ley del Mercado de Valores; de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 15 de febrero de 2007. Sin otro particular me despido con un cordial saludo. Atentamente, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, 20 de febrero de 2007, diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Dé lectura a la fe de erratas enviada por la Comisión.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Fe de erratas. Dice, artículo 10. Se reforma el artículo 140, párrafo uno, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue, debe decir:
Artículo 10. Se reforma el artículo 140, fracción I de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue… Diputado César Camacho y diputado Jorge Estefan Chidiac.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Agréguese al dictamen. Se han inscrito para hablar en lo general, el diputado Jaime Cervantes Rivera, el diputado Faustino Javier Estrada González, César Camacho Quiroz, Alliet Mariana Bautista Bravo y Felipe Borrego Estrada. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Jaime Cervantes Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras, legisladores. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna con el propósito de fijar su posición acerca del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, por el que se reforman diversos ordenamientos.
A nuestro grupo parlamentario le parece que la intención contenida en varios artículos de este dictamen y que se refieren al combate al terrorismo y las distintas actividades que en él se ven involucradas, no están siendo debidamente valoradas.
Desde luego, que no nos oponemos a que se tomen medidas de índole legislativa para salvaguardar la seguridad del Estado mexicano; pero el problema surge cuando bajo el pretexto de combatir al terrorismo, se puedan crear culpables de la supuesta comisión de actos terroristas. Sabemos que el uso indebido que de los medios de comunicación hacen algunos comunicadores, pueden exacerbar los ánimos de la sociedad y establecer una condena previa.
Por ejemplo, en la reforma que se nos propone al artículo 1o, referente al Código Penal Federal, en la reforma al artículo 2o, fracción I, se plantea sancionar por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero. En nuestra opinión, esto podría llegar a constituir una aplicación extraterritorial de esta norma.
Es más, debemos recordar cómo el año pasado el gobierno mexicano, extraditó a España a un grupo de ciudadanos del país vasco, bajo el pretexto de tener nexos con la organización terrorista ETA y no obstante que se demostró que ellos no tenían ningún vínculo con esta organización, fueron entregados al gobierno español.
Por ello, nos parece sumamente grave, que aspectos y acciones de índole estrictamente política puedan tipificarse como delitos. Más aún, en el capítulo de terrorismo internacional debemos reconocer claramente que desde del gobierno de los Estados Unidos de América se realiza un auténtico terrorismo de Estado en contra de muchos países. El caso más reciente, que no es el único, es el de la invasión a Irak.
Por ello, consideramos que en este Título Segundo de delitos contra el derecho internacional, Capítulo Tercero del terrorismo internacional, se soslaya el hecho de que el terrorismo internacional es auspiciado, protegido o tolerado por el gobierno norteamericano.
Ahí está el caso de Luis Posadas Carriles, quien participó en el atentado a un avión de Cuba en el que murieron muchas personas y que actualmente se encuentra protegido por el gobierno norteamericano.
En el resto de los artículos que se contienen en el dictamen y que modifica diferentes ordenamientos de leyes financieras, nosotros nos preguntamos. ¿Qué capacidad de investigación tienen las autoridades financieras del gobierno mexicano para detectar dinero, presuntamente dedicado al financiamiento de actividades terroristas, cuando esas mismas autoridades fueron incapaces de detectar oportunamente la actuación irregular de los funcionarios bancarios en el megafraude del Fobaproa y el IPAB o bien, recientemente la información publicada en los periódicos del pirateo de cuentas individuales de ahorro de los trabajadores en las Afores, sin que las autoridades encargadas de vigilar estas instituciones hayan hecho algo por sancionar a estas empresas.
Compañeras y compañeros legisladores. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ha condenado las acciones terroristas cometidas en contra de la población civil, en cualquier parte del mundo.
Pero nos parece que en el caso que hoy discutimos, tendremos que ser muy cuidadosos de que efectivamente estas medidas puedan servir para combatir el terrorismo y no como un instrumento legal que permita la represión y extinción de voces disidentes en contra del régimen. Hay que tener en cuenta que esas medidas que se contienen en el dictamen pudieran llegar a ser utilizadas para el combate de la disidencia política.
Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo queremos dejar constancia desde esta tribuna, que votará en contra del dictamen que se nos presenta. Es cuanto. Muchas gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jaime Cervantes Rivera. Tiene el uso de la palabra el diputado Faustino Javier Estrada González, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Faustino Javier Estrada González: Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los últimos años la comunidad internacional ha sido víctima de uno de los peores problemas, el terrorismo.
Según un informe sobre la guerra contra el terrorismo, el departamento de estado norteamericano en el 2003 se registró una cifra récord de 175 acciones terroristas de consideración.
El más reciente caso de esta situación es el terrible atentado realizado el día de ayer en la India, en contra de un tren que iba de Nueva Delhi a Pakistán, en el que fallecieron más de un centenar de personas y se produjeron numerosos heridos.
El terrorismo ha sido un tema de interés internacional desde 1937, en el que la Sociedad de las Naciones redactó el Convenio para la Preservación y el Castigo del Terrorismo. Desde 1963, la comunidad internacional ha elaborado 12 instrumentos jurídicos para prevenir y sancionar actos terroristas, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales han sido ratificados por nuestro país.
En este sentido, el Estado mexicano por ser parte de dichos instrumentos internacionales tiene la obligación internacional de cooperar con los Estados en la lucha contra este delito; siempre con el pleno respeto a la soberanía nacional.
Como lo expresó el Partido Verde en su momento, al presentar en la Cámara de Senadores la iniciativa que hoy se dictamina conjuntamente con la presentada por el titular del Ejecutivo federal, la ausencia de la descripción típica de los delitos a que se refieren los tratados internacionales en materia de terrorismo, de los que México es Estado parte y que no encuadran en tipos genéricos descritos en la legislación penal sustantiva del orden federal, implica graves consecuencias tanto a nivel internacional, como a nivel interno de nuestro país.
A nivel internacional, en caso de que México no tuviere competencia para la investigación, persecución y sanción de actos terroristas, estaría imposibilitado para proceder a la extradición del posible responsable, por no cumplir con el principio de doble incriminación; contribuyendo así a la impunidad de los delitos cometidos.
Por esta razón, el dictamen que hoy se discute resulta de suma importancia para nuestro país. Al reformarse el tipo básico de terrorismo e incluir como otros medios comisivos del ilícito penal, la utilización de armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones para producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo de ella, sin que necesariamente estos medios de comisión sean de carácter violento.
Un ataque terrorista con armas biológicas, químicas o radiológicas tendría consecuencias devastadoras de gran alcance, además de causar muerte y destrucción generalizada podría crear un golpe catastrófico a la economía mundial y así sumir a millones de personas en la pobreza extrema.
En este mismo orden de ideas resulta relevante que el día de hoy esta Cámara acuerde cumplir con una obligación internacional de nuestro país al tipificar el financiamiento al terrorismo, particularmente si se trata de actos terroristas que se cometan o que se pretendan cometer en el extranjero.
Lo anterior en razón de que las medidas contra el terrorismo deben incluir acciones eficaces para impedir promover los recursos a las organizaciones terroristas, a la obtención de armas, equipo para cubrir el costo de entrenamiento, viajes y documentación falsa con reclutamiento, comunicaciones y cualquiera otra actividad que tenga por objeto financiar actos con fines terroristas.
Compañeras y compañeros diputados. No obstante lo anterior, es necesario contar con un orden jurídico que permita al Estado mexicano cooperar con la comunidad internacional, con pleno respeto a nuestra soberanía nacional, a fin de contribuir a la investigación y persecución de actos terroristas cuyos efectos son devastadores, ya que ponen en peligro vidas humanas inocentes y causan su pérdida; comprometen las libertades fundamentales y atentan gravemente contra la dignidad del ser humano.
Definitivamente nuestro país no está exento de esta grave amenaza. Recientemente la agrupación terrorista Al Qaeda lanzó una amenaza contra los mayores abastecedores de petróleo a Estados Unidos, entre los que mencionó fueron Canadá, México y Venezuela, en una publicación de la red terrorista divulgada por Internet desde Arabia Saudita. Como consecuencia de lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública estatal implementó en Tabasco un dispositivo de seguridad.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista destaca que es injustificable la realización de actos y prácticas terroristas, razón por la cual se deben sancionar permanentemente, tope donde tope y caiga quien caiga. Dado que su comisión amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados. Sin embargo sus consecuencias van más allá, al poner en peligro vidas humanas inocentes o causar su pérdida, como sucedió en los lamentables actos terroristas realizados en Estados Unidos, España e Inglaterra.
Por lo expuesto, el grupo parlamentario del Verde Ecologista celebra la decisión de esta Cámara de legislar en esta materia. Es cuanto, señor Presidente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Faustino Javier Estrada González. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario Nueva Alianza.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. El tema del terrorismo es un asunto que, para efectos del dictamen que hoy se presenta, ha estado en discusión desde hace casi cuatro años. En 2003 se empezó con este tema en las anteriores Legislaturas.
Nadie puede estar a favor del terrorismo, nadie puede desconocer que México es un país de paz. Acabamos de refrendar los términos sobre los cuales se debe basar nuestra política internacional. Acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia sobre la jerarquía de las leyes.
Sin embargo, los diputados de Nueva Alianza no podemos pasar por alto que el terrorismo debe de ser combatido, que el terrorismo implica, entre otras cosas, nuevas formas de implementación de guerras. Por eso Nueva Alianza, en lo general, vamos a favor del dictamen.
Vamos a favor del dictamen, también, porque México ha suscrito en la Organización de las Naciones Unidas aproximadamente 12 instrumentos, que de una u otra forma atienden el combate al terrorismo en sus distintas manifestaciones. Así también porque ha quedado claro que los tratados y los convenios internacionales están inmediatamente después de la Constitución, pero antes de las leyes secundarias.
Ahora entonces, lo que habría que preguntarnos y sobre esa base se establece la litis a la hora del debate respecto del dictamen, es del por qué querer clasificar el terrorismo como tal —para luego hablar del terrorismo internacional— como si esta modalidad implicara el que para efectos prácticos y legales hay un tipo de terrorismo que se pudiera suscitar en México, frente a uno distinto que se pudiera suscitar en el extranjero, y en ello hay asuntos graves.
Hay asuntos graves, como lo acaba de señalar el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, en el que por el simple hecho de ser proveedores de los Estados Unidos de América, alguien ya nos está supuestamente amenazando, aunque no está confirmada la veracidad de la nota.
Sin embargo, lo que habríamos que preguntarnos es si en el concierto del pleito de los intereses o por las rutas del opio para los laboratorios o para los mantos de gas o para el surtimiento del petróleo, "nosotros tenemos que ir en la cola de ese tren", pero sufrir las consecuencias de los intereses de quienes están propiciando esos conflictos.
Fue por demás claro lo que se suscitó en la Organización de las Naciones Unidas, a partir de la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente. Fue por demás claro, que so pretexto del terrorismo, a la fecha no encuentran armas químicas en la zona, lo que motivó los distanciamientos de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
Es por demás claro que Estados Unidos no les garantizó, a quienes le siguieron en esa afanosa búsqueda de apoderarse de los contratos de surtimiento y de las tecnologías en materia petrolífera, la paz; más sí los contratos. Fue muy clara la posición de Francia, de Alemania y de la China respecto de que no debía intervenirse en Irán, de que no podíamos ir en el conflicto Irán-Iraq.
Aún no encuentran a quien suscitó el problema y, sin embargo, ya juzgaron a quien —después de no haber encontrado— sí encontraron que fue Sadam Hussein. ¿Cómo nos van a proteger estos países, que lo que quieren es garantizar sus reservas petroleras? Ejercer y orientar, so pretexto de ello, el derrocamiento de estados consolidados y decididos democráticamente. ¿Qué iremos a pensar el día de mañana, si alguno de los países proveedores de petróleo no cumple por las razones que sean con el contrato de proveer a Estados Unidos de las cuotas a las que está comprometido?
¿Hasta dónde quedaremos sujetos a la extraterritorialidad de la aplicación de la Ley? ¿Hasta dónde nos haremos vulnerables sólo, simple y sencillamente, porque quisimos ser cortesanos en la clasificación de un delito sobre el que el concierto internacional aún no se ha puesto de acuerdo? El propio dictamen en sus antecedentes así lo señala.
Y si México ya suscribió los convenios, están en nuestro derecho positivo. Y si México es un país de paz, no vayamos más lejos que de lo que la propia autodeterminación de los pueblos nos lo determina.
En Nueva Alianza iremos en lo general a favor y buscaremos, en el debate en lo particular, hacer conciencia en las distintas bancadas de que el término terrorismo internacional no aplica para la materia ningún beneficio a nuestro país y sí lo circunscribe en muchísimos riesgos que pondrían en peligro la vida de los mexicanos. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Manuel Cárdenas Fonseca. Tiene el uso de la palabra el diputado César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del PRI.
Esta Presidencia se permite saludar a las siguientes escuelas e invitados que están con nosotros. La Universidad Insurgentes de Ecatepec, del Estado de México; la Escuela Primaria "General Emiliano Zapata" y la Escuela Primaria "Eliseo Presidente Kennedy", del Estado de México. Les damos un fuerte aplauso por estar aquí con nosotros.
El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Compañeras, compañeros diputados. Uno de nuestros quehaceres primordiales es por supuesto actualizar, poner al día los instrumentos jurídicos que México necesita para consolidarse como una nación libre, soberana e independiente; una nación fuerte.
Y en los tiempos que corren, cuando México forma parte de este mundo vertiginoso en donde las relaciones no sólo entre gobiernos, sino entre todos los que integramos la sociedad se vuelven más intensas y complejas, un asunto como el que nos ocupa no es por supuesto una cuestión menor.
Creo que nadie ha puesto en tela de duda la necesidad de combatir el terrorismo, toda vez que éste es un delito que trasciende fronteras y que protege intereses inconfesables que a la larga lesionan la justa y la sana convivencia social. Por eso me parece digno de destacarse, digno de encomio, el esfuerzo del Poder Legislativo por perfeccionar el marco jurídico relacionado con el terrorismo.
En la minuta que ahora mismo está a nuestra consideración, se hacen una serie de precisiones, a mi juicio, todas pertinentes. Se expresa, por ejemplo, a diferencia de la minuta proveniente del Senado, que el medio que eventualmente utilicen los infractores a la Ley, sea un medio violento, no cualquier medio.
Se introduce la posibilidad de la utilización de armas químicas, biológicas, similares, material radiactivo y se introduce —y me parece importante subrayarlo— la tipificación del financiamiento al terrorismo, que era una institución jurídica, una figura jurídica no contemplada en el ordenamiento en vigor.
Se tipifica también la amenaza de cometer actos terroristas y el encubrimiento del terrorismo. Y algo mucho más profundo y que ha suscitado debate y seguramente los siguientes minutos abordaremos el tema, se introduce el delito de terrorismo internacional.
Primera consideración, mientras el primero de los delitos mencionados esté inscrito en los delitos contra la seguridad de la nación, el segundo se inscribe en los delitos contra el derecho internacional. Esto es mucho más que una ubicación en el código. Es tener claro que el bien jurídico tutelado de uno y otro delito son diferentes.
Se establece —por ello no puede simplemente ampliarse el 139 como se sugiere— que éste atente, el delito de terrorismo internacional, contra bienes o personas de un estado extranjero o de un organismo o una organización internacional para menoscabar la autoridad de un estado extranjero u obligarlos a tomar una determinación.
Existe por supuesto similitud y forman parte de una suerte de tronco conceptual común pero por supuesto que tienen diferencias y deben ser destacadas. Nada que ver, por ejemplo, porque aquí se ha dicho seguramente de buena fe pero no con suficiente información, nada tiene que ver por ejemplo con la extradición, figura emparentada jurídicamente hablando pero con contornos perfectamente diferenciados.
Tampoco tiene, para que despejemos cualquier duda, que ver con la aplicación extraterritorial de la ley. Por supuesto que no.
Las conductas que se tipifican son las que se desarrollan en el territorio nacional. De acuerdo a una expresión aprendida por muchos de nosotros en las escuelas de derecho, el lugar rige al acto.
De modo que, por otro lado, también porque compartiría la preocupación si un bien jurídico como el que me referiré pudiera estar en riesgo: la libertad de expresión, el régimen general de libertades. Por supuesto que nada tiene que ver con ello ni la lesiona y mucho menos va a contrapelo de los principios de política exterior a los que tiene que atenerse el Presidente de la República y todos los vinculados con esta arista de la política mexicana.
Y sí, por el contrario, salvaguarda, preserva, acrecienta el prestigio que México ha logrado en el orbe al contribuir de manera decidida, inteligente y legal al combate de un flagelo que no conoce fronteras.
Me parece importante que con una decisión legislativa como la que esta tarde nos hace estar atentos a todos, podamos consolidar un régimen de libertades en el que todos creemos, podamos también consolidar el régimen democrático al que todos le apostamos y de esa suerte México no se rezague sino por el contrario, vaya adelante en el combate a una figura delictiva compleja en la que hay muchos actores eventuales en escena y donde por supuesto los recursos financieros menudean.
Hago un llamado atento, respetuoso a las señoras y señores diputados para que apoyemos este dictamen que con las debidas enmiendas que se hicieron en las comisiones de dictamen, en la de Hacienda y la de Justicia, pueda devolverse al Senado de la República para la consideración de esta segunda Cámara.
Termino, porque me parece que no es un dato menor, diciendo que el dictamen que hoy se presenta se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia porque dada la sana interacción de diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, pudimos ponernos de acuerdo modificando la minuta proveniente del Senado y construyendo un producto legislativo que en la Cámara de Diputados pudiera satisfacernos a todos.
De suerte que, vamos pues a perfeccionar el marco jurídico del Código Penal, la legislación penal sustantiva y adjetiva y así México no se rezagará. México seguirá adelante en el combate de un ilícito que no conoce fronteras. Vamos para adelante, no mirando por el retrovisor. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado César Camacho Quiroz. Tiene el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El terrorismo, aunado a la proliferación de las armas de destrucción masiva, constituye una de las principales amenazas a la seguridad y libertad de los ciudadanos en el mundo.
Actualmente la comunidad internacional se siente amenazada por el fenómeno del terrorismo, por lo que es prudente que tanto a nivel internacional como nacional, los propios Estados establezcan políticas que propongan y hagan efectivos los sistemas de salvaguarda y defensa de su seguridad interna.
Es evidente que el terrorismo, incluyendo al terrorismo de Estado, ha aumentado de manera global. Incluso existen regiones en el mundo donde este fenómeno comienza a colapsarse y atraviesa a países enteros.
Este flagelo ha golpeado fuertemente no sólo a los países occidentales con hechos como los del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York o el 11 de marzo, en Madrid, sino que se ha extendido a regiones como Bali, Casablanca, Estambul, Moscú y un largo etcétera como los acontecimientos del día de ayer en la India.
Es claro que estamos hablando de hechos no sólo violentos, sino delictivos, que deben ser sancionados conforme lo establece la legislación nacional e internacional.
El dictamen que se somete a nuestra consideración es trascendental y da cumplimiento a los compromisos internacionales que nuestro país ha adquirido. De ahí que nuestro grupo parlamentario durante la discusión del mismo sostuvo la necesidad de modificar la redacción del tipo penal de terrorismo, ya que la propuesta permitía una interpretación laxa y subjetiva que colocaba al individuo en una situación vulnerable.
Una vez precisado el tipo penal y sus características, estimamos que en lo general nuestro voto es a favor; sin embargo, consideramos que incluir la figura del terrorismo internacional coloca a nuestro país en una situación de riesgo y lo expone a que cualquier gobierno pueda reclamar la aplicación de esta ley para la persecución de quienes ellos consideren terroristas, lo que contrapone los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, de solución pacífica de las controversias y del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, de igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo y de la lucha por la paz y la seguridad internacional.
Es con base en este último principio, el de la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacional, que nuestro grupo parlamentario votará en lo general a favor de este dictamen, no sin antes dejar muy clara nuestra posición respecto al capítulo de terrorismo internacional.
Somos testigos de que en aras del combate al terrorismo se han cometido excesos y aberraciones que violan flagrantemente los derechos humanos. Muestra de ello son los centros de detención en la base naval norteamericana en Guantánamo, Cuba, donde cientos de detenidos de origen afgano y de otros países del Medio Oriente han sido torturados e incomunicados, no cuentan con las mínimas garantías del debido proceso, violentando así todos los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Por su propia naturaleza, es obvio que la legislación penal genera en algunas sociedades rechazo por la dureza de su contenido. La limitación de garantías procesales y penales que en muchos casos contravienen a los principios elementales del derecho penal, de un estado social y democrático, principios como el de la legalidad, la proporcionalidad y dejando atrás también nuestra tradición de territorio neutro.
La mínima intervención, son al parecer sacrificados en este tipo de legislación, de manera que en las sociedades modernas, que no son necesariamente avanzadas, parece que la tendencia actual es establecer excepciones al derecho penal tradicional, imponiendo mayores penas, limitando garantías. Tendencia que en el PRD no compartimos.
El terrorismo —entre otros delitos contemporáneos— forma parte de la nueva agenda internacional, comparte espacios de realización que trasciende las fronteras nacionales. El narcotráfico, el lavado de dinero, la delincuencia organizada transnacional, al igual que el terrorismo, son delitos que ciertamente trascienden el ámbito nacional pero que no merecen una tipificación dual, pretende la minuta.
Es importante también precisar que a pesar que existen diversas resoluciones internacionales contra el terrorismo internacional no hay un consenso sobre una definición universal de terrorismo internacional; menos aún una tipificación común ni un órgano rector sobre la materia. Hasta ahora, cada Estado lo tipifica a su conveniencia y eventualmente se han generado consensos cuando hay acontecimientos, cuya fragancia no deja lugar a dudas.
Es por ello que de igual manera, en lo general, nuestra fracción parlamentaria va a votar a favor, pero nos vamos a reservar en lo que respecta al terrorismo internacional, por lo que ya he expuesto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Borrego Estrada, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe Borrego Estrada: Muchas gracias, diputada. El dictamen a consideración, el Partido Acción Nacional lo aprobará en los términos propuestos por la Comisión.
Es importante recalcar la Resolución 1373, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde insta a los Estados a trabajar de consumo, urgentemente, para prevenir y reprimir los actos de terrorismo y en particular, acrecentando su cooperación y cumpliendo plenamente los convenios internacionales contra el terrorismo que sean pertinentes.
Reconociendo la necesidad de que los Estados complementen la cooperación internacional, adoptando otras medidas para prevenir y reprimir en sus territorios por todos los medios legales, la financiación y preparación de esos actos de terrorismo. Al respecto también caben algunos comentarios.
El artículo 139 del Código Penal Federal vigente en estos momentos nos habla de la pena de prisión de dos a 40 años y nos habla de cómo se va a aplicar la pena y se desprende que el delito de terrorismo consiste en la ejecución de actos violentos que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, siempre y cuando dichos actos tengan por finalidad:
a) Perturbar la paz pública;
b) Menoscabar la autoridad del Estado, y
c) Presionar a la autoridad para que tome una determinación.
El precepto está ubicado en el Libro Segundo; es decir, en los Códigos del Estado Mexicano.
También es conveniente hablar sobre la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, en el artículo 1.1 de la Convención para la Protección Física de los Materiales Nucleares; artículo 7.1. o del la Convención Internacional para la Represión para la Financiación del Terrorismo, como se desprende de todos estos artículos, el chantaje a un Estado —al mexicano o al extranjero— ya que donde la ley no distingue, no se faculte al intérprete a distinguir o a un organismo internacional, está previsto como elemento de diversos tipos penales al terrorismo.
El delito de terrorismo previsto en el artículo 139 del Código Penal federal se acota a los chantajes al Estado mexicano, de tal suerte que no pueden sancionarse los actos violentos que tienen por objeto lograr que un Estado extranjero u organismo internacional realicen o se abstengan de realizar algo o menoscabar la autoridad del primero.
El elemento de internacionalización o internacionalidad del tipo penal radica en el hecho de que los actos que generan alarma, terror o temor en la población mexicana —ya que se cometen dentro del territorio nacional— tienen por finalidad menoscabar la autoridad del Estado extranjero u obligarlo a él o a un organismo internacional, a realizar un determinado acto o abstenerse de realizarlo.
Es decir, con el tipo penal vigente no podría sancionarse a los responsables de un acto terrorista cuya finalidad probada es la de menoscabar la autoridad de un Estado extranjero ya que el artículo 139 se constriñe al Estado mexicano.
Por lo anterior, no se protegen bienes jurídicos de otro Estado ya que la intención sólo es ajustar la legislación penal para prever supuestos que no se contienen en el Código Penal Federal vigente, pero que pueden cometerse en México, lo que justifica el uso de los términos autoridad del Estado y población.
El elemento paz pública en el delito de terrorismo internacional se debe emplear para evitar que los probables responsables no aludan como fin la comisión de actos en contra de cosas o personas de un Estado extranjero u organismo internacional.
La tipificación del delito de terrorismo internacional obedece a los compromisos y a las firmas que México ha suscrito y a la resolución de la ONU en concordancia con sus políticas de política exterior.
Se considera que el argumento presentado por los que me han antecedido y no están de acuerdo con el dictamen, es inoperante, dado que el tipo quedó configurado de tal manera que no da lugar a discrecionalidad por parte de las autoridades mexicanas encargadas de la procuración e impartición de justicia, por lo que no deben caber dudas o presiones de países extranjeros.
Igualmente resulta precipitado a la luz de la teoría del delito y los elementos del tipo penal, pues si bien es cierto que el delito de terrorismo internacional se redactó de manera similar al delito diverso de terrorismo nacional, ello obedece a varias razones. La tipificación parece similar por compartir los medios comisivos, los elementos normativos, los elementos subjetivos de tipo penal de terrorismo nacional.
Sin embargo, sí hay diferencias que producen una diversa tipificación. El sujeto pasivo es diverso; en tanto que en el delito de terrorismo nacional, el sujeto pasivo es el Estado mexicano; en el delito de terrorismo internacional no sólo son los estados extranjeros sino también los organismos u organizaciones internacionales.
El bien jurídico tutelado también es diferente. En el terrorismo nacional el bien jurídico tutelado es la seguridad de la nación mexicana, en tanto que en el internacional, el bien jurídico tutelado es la seguridad de un Estado extranjero.
Por estos razonamientos y además los argumentos que aparecen en el dictamen, la fracción del Partido Acción Nacional aprobará en sus términos la propuesta del dictamen puesto a consideración de esta Asamblea. Gracias Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Felipe Borrego Estrada. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la Ley de que se trate.
Para este efecto tenemos registrados los siguientes artículos reservados:
Del artículo 1º del proyecto de decreto, los artículos 139, 139 bis, 139 ter y 139 quinquies; 148 bis, 148 ter y 148 quáter, todos del Código Penal Federal, por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Del artículo 2º del proyecto de decreto, el artículo 194, fracción I, inciso 4) del Código Federal de Procedimientos Penales, por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Del artículo 3º del proyecto de decreto, el artículo 2º, fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Del artículo 4º del proyecto de decreto, del diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El artículo 115, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito, por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Del artículo 5º del proyecto de decreto, el artículo 124, fracción I de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, por el mismo diputado.
Del artículo 6º del proyecto de decreto, el artículo 108 bis, fracción I de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de igual manera por el mismo diputado.
Del artículo 7º del proyecto de decreto, el artículo 91, fracción I de la Ley de Sociedades de Inversión.
Del artículo 8º del proyecto de decreto, el artículo 212, fracción I de la Ley del Mercado de Valores.
Del artículo 9º del proyecto de decreto, el artículo 112, fracción I de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Del artículo 10º del proyecto de decreto, el artículo 140, fracción I de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Del artículo 11º del proyecto de decreto, el artículo 95, fracción I y 95 bis, fracción I de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del mismo diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Si no hay más reservas, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sean bienvenidos los líderes estudiantiles de la delegación Benito Juárez; y la Universidad "Carlos Septién García", que se encuentran presentes en esta sesión.
(Votación)
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Ábrase micrófono a la curul 129, para el diputado Alejandro Padilla.
El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco (desde la curul): Sí. El sentido de mi voto es a favor, por favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Presidente, se emitieron 413 votos en pro, dos en contra y seis abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 413 votos. Esta Presidencia informa que se han reservado los siguientes artículos
Del artículo 1o. del proyecto de decreto, los artículos 139, 139 Bis, 139 Ter y 139 Quinquies; 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter, todos del Código Penal Federal, por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Del artículo 2o. del proyecto de decreto, el artículo 194, fracción I inciso 4), del Código Federal de Procedimientos Penales.
Todas las reservas son del diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Del artículo 3o. del proyecto de decreto, el artículo 2o., fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Del artículo 4o. del proyecto de decreto, el artículo 115 fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito.
Del artículo 5o. del proyecto de decreto, el artículo 124 fracción I de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Del articulo 6o. del proyecto de decreto, el artículo 108 Bis fracción I de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Del artículo 7o. del proyecto de decreto, el artículo 91 fracción I de la Ley de Sociedades de Inversión.
Del artículo 8o. del proyecto de decreto, el artículo 212 fracción I de la Ley del Mercado de Valores.
Del artículo 9o. del proyecto de decreto, el artículo 112 fracción I de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Del artículo 10 del proyecto de decreto, el artículo 140 fracción I de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Del artículo 11 del proyecto de decreto, el artículo 95, fracción I y 95 Bis fracción I de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Todos ellos reservados por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Pregunte la Secretaría si hay algún otro artículo reservado.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se pregunta a las diputadas y diputados, si hay algún otro artículo reservado. No lo hay, señor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Secretario. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, diputado Presidente. Me permitiré referirme a las reservas hechas en una sola intervención, con el propósito de presentar un planteamiento sintético.
La consideración de esta reserva tiene una propuesta alternativa de redacción que consiste en suprimir el artículo 148 Bis de la redacción y agregar las diferencias de su contenido al artículo 139, sin la tipificación diferenciada del delito de terrorismo internacional, del delito del terrorismo en forma genérica, que contiene el Código Penal Federal, de tal manera que la redacción alternativa que se propone es exactamente la que actualmente está propuesta en el dictamen como 148 bis, pero sin tipificarla de manera diferente, terrorismo en lo general como terrorismo internacional diferenciado.
De tal manera que el artículo 139, de aceptarse esta propuesta, tendría la siguiente redacción:
Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y de 400 a mil 200 días de multa sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilizando sustancias tóxicas, agentes químicos, biológicos o similares, material radioactivo o cualquier otro medio realice actos que produzcan alarma, temor o terror en la población o en grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
Al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán utilizados en todo o en parte para cometer actos terroristas internacionales; o en apoyo de personas u organizaciones terroristas que operen en el extranjero, y al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer o se haya cometido en el extranjero.
Artículo 139-Bis. Se impondrá pena de cinco a 10 años de prisión y de 100 a 300 días de multa, al que teniendo conocimiento de las actividades de un terrorista o de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.
Artículo 139 Ter. Se aplicará pena de 10 a 20 años de prisión y de 200 a 600 días de multa, al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139.
Las diferencias mencionadas se pueden incluir en el artículo 139 y ninguna hace indispensable tipificar en forma diferenciada el delito de terrorismo internacional.
Las razones que expongo para mi exposición al respecto de la propuesta son las siguientes:
La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada con posterioridad a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos el 28 de septiembre de 2001, es la base a la que se sujetan los países que lo suscriben, cuyo cumplimiento es monitoreado por el Comité contra el Terrorismo, dependiente del propio Consejo de Seguridad.
Después de que México presentó su tercer informe, se le pidió adecuar su legislación en materia penal para cumplir con los siguientes requisitos —y se establecen cuatro requisitos de manera específica—.
En su momento, el informe del gobierno mexicano contestó a esta petición argumentando que se trataba de una iniciativa que cubría estos requerimientos por parte del Comité contra el Terrorismo. La respuesta fue firmada en aquel entonces por el representante de México ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Adolfo Aguilar Zinser y está contenida en el tercer informe de México, recibido por esta instancia el 8 de septiembre de 2003.
Esta reforma no menciona la tipificación de terrorismo como terrorismo internacional y tampoco implica que sea necesaria.
En ningún documento suscrito o firmado por el Consejo de Seguridad o por el Comité contra el Terrorismo de éste mismo, se le exige a México ni a ningún país una tipificación diferenciada de terrorismo internacional respecto del delito de terrorismo.
Las razones por las cuales consideramos no sólo innecesario, sino riesgoso para México tipificar el delito de terrorismo internacional, son las siguientes:
Primero. La reforma propuesta no considera la tipificación de terrorismo de Estado. Este tipo de terrorismo se ha observado en el pasado y en el presente, y baste recordar que hay gobiernos que han financiado actividades terroristas y que sus aparatos de inteligencia lo reconocen.
Si se hará una diferenciación entre terrorismo nacional e internacional, por qué no hacerla e incluir la tipificación de terrorismo de Estado.
Segundo. La medida tiene la finalidad de formar un circuito de seguridad con Estados Unidos y los países vecinos pero en esa formación debe estar como primer lugar el interés nacional de México. No es posible que el gobierno republicano de Estados Unidos, no necesariamente avalado por los demócratas, deje fuera de su concepción de seguridad a México, cuando aprueba la construcción de un muro fronterizo tratando como delincuentes a nuestros connacionales.
Estados Unidos tampoco reconoce como problema de seguridad para sí el tráfico de armas, del cual es proveedor masivo, cuando en México vivimos una creciente escalada de narcotráfico y crimen organizado con el uso precisamente de estas armas.
De aprobarse la ley como se propone, México pondría en riesgo una larga tradición de política exterior de no intervención, de neutralidad y de promoción de la paz tal y como lo establecen los principios constitucionales en materia de política exterior, de la misma manera que no se requiere tipificar como delito internacional al narcotráfico.
Sólo se tipifica como narcotráfico y de todas maneras se persigue, a través del mismo, el narcotráfico internacional, el crimen organizado, etcétera. No se requiere esta tipificación específica porque en esta propuesta ya estaría contenida en el artículo 139 del Código Penal Federal con la nueva redacción que estoy proponiendo en este momento.
México ya reconoce claramente el terrorismo internacional en las figuras de extradición y en todos los tratados internacionales, incluida la resolución 1373 firmada y suscrita por México al respecto.
Los organismos internacionales reconocen que México tiene herramientas jurídicas para combatirlo y sus recomendaciones no predican la necesidad de una tipificación especial del delito de terrorismo internacional.
De tipificarse en forma separada, México estaría —y lo advertimos claramente— dando el primer paso para convertir en sus enemigos a los enemigos de otros Estados. No se trata ni mucho menos de propiciar que México sea campo fértil o paraíso de actividades terroristas. Nunca lo ha sido y nunca lo ha permitido. Por todo lo anterior, propongo que se apruebe la presente redacción alterna.
Por último, me permito finalizar mi intervención señalando que México siempre ha sido tierra de paz. Es promotor de la neutralidad y la resolución pacífica de las controversias. En nada nos afecta combatir el terrorismo sin tipificarlo específicamente como un delito separado al de terrorismo internacional y sí nos va a afectar el entrar en un circuito en el cual los enemigos de otros estados automáticamente los promovemos como enemigos propios.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo. Están inscritos también el diputado Andrés Lozano y el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez. Tiene la palabra el diputado Andrés Lozano, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Andrés Lozano Lozano: Gracias. Con su venia, diputado Presidente. Sólo para fortalecer lo aquí ya comentado por el diputado Tonatiuh Bravo y, en síntesis, lo que quisiéramos expresar es que inclusive desde el punto de vista de la técnica legislativa, no podríamos hacer referencia respecto de conducta que tiene los mismos elementos del tipo y que aquí en esta tribuna ya se reconoció que así sucede con este dictamen.
Ambos tipos penales se refieren a multa, a elementos como el uso de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, explosivos, armas de fuego que provoquen incendio, inundación o cualquier otro medio violento. En ambos artículos existen estos elementos.
Lo único que hace la diferencia —y como aquí lo reconoció hace un momento el diputado Borrego Estrada— es precisamente, el sujeto pasivo; que un artículo se refiere a lo que sucede en la nación mexicana y otro en el extranjero o a organizaciones internacionales.
Y entonces es ahí donde se abre esta pregunta y este debate. Si ésta fuera la lógica, ¿entonces tendríamos también que hablar de un homicidio tipificado en un código penal, en un homicidio de un nacional y de un extranjero? Porque eso es lo que estamos aquí haciendo en este momento y ésa es la reflexión a la que los queremos traer.
Sin duda es el apoyo total a las medidas que prevengan el terrorismo. Nadie quiere terrorismo en nuestro país ni lo apoyamos. De lo que queremos sensibilizar es cómo lo estamos definiendo en el Código Penal Federal y cuál es esa diferencia sustancial entre un tipo penal y otro, y ésa es la reflexión profunda de tratar de aprobar en este momento, un ordenamiento jurídico con la mayor precisión y características y elementos que en ellos se contienen.
Eso es lo que nosotros queremos aquí manifestar y ésa es la reflexión a la que queremos llegar en este debate. No es un debate profundo de tratar de darle otro contexto o de ver de manera distinta lo que se refiere al terrorismo, sino simple y sencillamente de decir que no es necesario que teniendo los mismos elementos de tipo penal, uno lo hagamos como nacional y otro con extranjero por la afectación que éstos pudieran tener de una nación o de un Estado extranjero. Igual es de grave que sea respecto de nuestro país que de cualquier otro; igual es de grave que sea de nuestro país que de un organismo internacional. Hagamos una sola redacción y atendamos a lo que aquí se está mencionando que es ése el objetivo fundamental. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Lozano. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En primer lugar quisiera comentarles que hoy por la mañana el grupo parlamentario del PRD se reunió para discutir este asunto.
Muchos creíamos que era necesario que rechazáramos por completo las propuestas y después de una discusión que tuvimos al interior de nuestra fracción parlamentaria se decidió mayoritariamente votar a favor, por eso es que en lo general hemos votado a favor de estas propuestas, en lo general.
Sin embargo, sí queremos remarcar que tenemos un conjunto de objeciones, válidas todas ellas, acerca de este tema del terrorismo. Y antes de continuar quisiera decir y rendir un homenaje al embajador mexicano en Naciones Unidas que le tocó la crisis del 11 de septiembre de 2001, que fue diputado federal también en la LVI Legislatura, Adolfo Aguilar Zínser. Él fue uno de los artífices de que México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no avalara la agresión militar de Estados Unidos a Irak, y junto con otros países, expresamos nuestra profunda insatisfacción y rechazo a esta aventura militar de Bush en Irak.
Y eso le valió a México el que no seamos escenario, el que México no sea escenario de guerras de otros países. Creo que ésta es una lección muy importante y por eso destacar esto que decía el diputado Tonatiuh Bravo, en el sentido de que no tenemos que comprar enemigos externos, que pueden ser enemigos de otros países, pero no enemigos nuestros.
Y me parece que la lección de la guerra, la intervención militar de Estados Unidos en Irak, nos muestra que un terrorismo no puede ser combatido con otro tipo de terrorismo; que al terrorismo de Al Qaeda y al terrorismo de otros grupos de la delincuencia organizada nacional e internacional hay que combatirlo con el estado de derecho nacional e internacional, con el respeto absoluto a los principios del derecho internacional, porque no se puede en este mundo decir que porque a mí me conviene, conviene a mis intereses, vamos a invadir otros países y vamos a aplicar guerras preventivas.
Y a raíz del 11 de septiembre, Bush dictó un acta patriótica que es lesiva a los derechos individuales de los norteamericanos.
Ahora, a raíz de las elecciones del 4 de noviembre pasado, se mostró claramente un rechazo de la opinión pública norteamericana a esta intervención militar en Irak y hay ahora en proceso una discusión en la Cámara de Representantes y en el Senado para que no se apruebe la extensión de soldados norteamericanos en Irak.
Si me he extendido en este tema es porque quiero señalar que el tema del terrorismo, si no lo tipificamos bien, si lo dejamos suelto, si lo dejamos laxo, esto puede generar un efecto contrario al efecto que nosotros estamos buscando. Por eso es que nosotros hemos planeado redacciones y propuestas alternativas muy claras que tienden a que el combate al terrorismo sea especificado con absoluta claridad.
Y no me voy a extender más en este tema sino señalar simplemente que este tema del terrorismo, el combate al terrorismo produce diferencias, incluso en filas de partidos que están aquí representados.
Recordemos que en España el gobierno socialista de José Luis Zapatero decidió agarrar al toro por los cuernos y llamar a negociar a la ETA sobre la base de suspender el fuego. Durante algunos meses el gobierno español estuvo negociando con ETA, que se ha interrumpido a raíz de los atentados al Aeropuerto de Barajas, en Madrid, y a raíz de esto Manuel Espino, Presidente del PAN, criticó duramente a Rodríguez Zapatero, diciendo que estaba negociando con criminales y terroristas.
Después Los Pinos tuvieron que retractarse de estas declaraciones de Manuel Espino, pero muestran claramente cómo un mismo tema, un mismo concepto si no se aborda en toda su exactitud, si no se aborda claramente en sus justos términos, queda laxo, queda todo a discreción de quienes consideran que es terrorista o no se es terrorista.
Creo, compañeras y compañeros, que la lección que tenemos que sacar de aquí es incitar a las otras fracciones parlamentarias a que aprueben las precisiones, las reformas que estamos aprobando; así como, nosotros logramos que nuestro grupo parlamentario votara a favor en lo general, ahora estamos demandando por respeto a las normas parlamentarias, que la propuesta de adiciones que se han hecho de modificación al texto presentado por mi compañero Tonatiuh Bravo Padilla, sea aprobada por esta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cuauhtémoc Sandoval. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos impugnados.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos impugnados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame diputado. Consulte primero en votación económica, si son de aceptarse a discusión las propuestas hechas por el diputado Tonatiuth Bravo y apoyadas por los diputados Lozano y Sandoval.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea, si son de aceptarse a discusión las…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si se admite a discusión.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: …si se admite a discusión —perdón— las propuestas presentadas por el diputado Tonatiuth Bravo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputados y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Desechadas las propuestas. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en los términos del dictamen de los artículos reservados.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos impugnados en sus términos.
(Votación)
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Presidente, se emitieron 271 votos en pro, 132 en contra y nueve abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Oralia Vega.
La diputada María Oralia Vega Ortiz (desde la curul): Señor Presidente, mi voto es a favor, por lo que pido que si lo pone en acta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se toma en cuenta. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
Sonido a la curul de la diputada Erika Larregui.
La diputada Erika Larregui Nagel (desde la curul): Presidente, nada más para pedir que quede registrado mi voto a favor, también. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se toma en cuenta, diputada Larregui. El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura al encabezado.
El Secretario diputado Antonio Xavier López: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura al encabezado. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat informe a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Pesca, el estado que guardan las concesiones, las medidas tomadas para la resolución del conflicto y si existe alguna resolución al asunto planteado en el dictamen y en su caso, la fecha en que dicha resolución fue notificada a las partes interesadas, de la zona marítima y terrestre del poblado pesquero de La Manga, en el municipio de San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ha solicitado el diputado Carlos Morales, hacer uso de la palabra.
El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez: Con su permiso, Presidente. Con el propósito de hacer algunas consideraciones a nombre de la Comisión de Pesca sobre este asunto.
El encabezado que aparece publicado en la Gaceta pareciera que en el dictamen se está solicitando se autorice la concesión en la zona marítima y terrestre del poblado pesquero La Manga, en el municipio de San Carlos, Nuevo Guaymas.
Deseo informarle a este Pleno que si bien es cierto el dictamen está en positivo, lo que estamos haciendo es solicitando información a la Semarnat, para que el punto de acuerdo que vamos a razonar, a discutir y a valorar en la Comisión, tenga un sustento suficiente que nos permita que la resolución que dictemos esté sustentada en tiempo y forma. Pero que además conozcamos la realidad del conflicto que se viene discerniendo en este punto de acuerdo.
Por lo tanto, estamos solicitando a la Semarnat, que nos informe en la colaboración de Poderes, el estado que guarda la concesión de la zona marítima y terrestre del poblado pesquero de La Manga, en el municipio de San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora.
En segundo lugar, estamos solicitando que nos informe de las condiciones y las resoluciones que se hayan tomado en este conflicto.
En tercer lugar, que si existe alguna resolución en particular respecto al asunto planteado en el dictamen que nos ocupa y, en su caso, que se nos informe la fecha y términos de las resoluciones que hayan tomado.
Lo anterior es con el propósito de tener actualizada la información, ya que este punto de acuerdo fue presentado incluso en la Legislatura anterior con fecha 24 de agosto de 2005, pero es necesario tener la información precisa de la Semarnat para poder dictaminar y poder avanzar en la Comisión, en la resolución de los rezagos que tenemos pendientes en dicha Comisión. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Morales. Tiene la palabra el diputado Carlos Navarro, del grupo parlamentario del PAN, desde su curul. Sonido a la curul del diputado Navarro.
El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich (desde la curul): Sólo para aclarar, señor Presidente. Con independencia del sentido en el que se vaya a votar, que se aclare que no existe el municipio de San Carlos Nuevo Guaymas, el municipio es Guaymas, Sonora, y el poblado es San Carlos, pero no existe el municipio como tal de San Carlos Nuevo Guaymas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado, por la aclaración. Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura al punto de acuerdo y si hay que hacer esa corrección, hágala en el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Punto de acuerdo.
Único. Se solicita al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de colaboración entre los Poderes y con fundamento en lo dispuesto por el párrafo II del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 45 numerales 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informe a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Pesca, dentro de término de 30 días naturales, sobre lo siguiente:
A) El estado que guardan las concesiones de la zona marítima y terrestre del poblado pesquero de La Manga, en el municipio de Guaymas, Sonora.
B) Qué medidas ha tomado para la resolución del conflicto planteado en la proposición expuesta, de la cual se anexa copia al presente dictamen.
C) Si existe alguna resolución particular respecto al asunto planteado en el dictamen que nos ocupa y, en su caso, la fecha en que dicha resolución fue notificada a las partes interesadas. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Luis Fernando Rodríguez.
El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (desde la curul): Gracias, Presidente. Solamente para manifestarnos a favor del punto de acuerdo presentado por el presidente de la Comisión, el diputado Carlos Morales. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si autoriza una modificación en el orden del día, para dar lectura a una efeméride que presenta el diputado Wenceslao Herrera Coyac, relativa al Día Internacional de la Lengua Materna. Pregunte en votación económica si autoriza una modificación al orden del día para presentar este asunto en este momento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si se acepta la modificación al orden del día para referirse a la efeméride. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Wenceslao Herrera Coyac, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Wenceslao Herrera Coyac: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Una vez más en la lengua de mis mayores, el náhuatl, habré de referirme a ese día tan importante.
In cuicapihqui Nezahualcoyotzin oqhihto. El poeta Nezahualcóyotl dejó dicho: Amo queman ixpolihuis noxochiuh, amo queman ixpolihuis in cuicatl. Nehuatl nicuicani nictlalana, nicxitinia, nicmoyahua. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen.
Ipan senmpoali ihuan se tonati tlen febrero metztli, tech nahuatia UNESCO matiquilhuichihuaca "Semanahuac Totlahtolnantzin". Axcan melahuac cuali tonali tlen ica huelis ticyeyecoseh quenihqui sen yetoseh masehual tlahtolmeh tlen Mexihco totlalnantzin. El 21 de febrero de cada año se conmemora, por acuerdo de la UNESCO, el Día Internacional de la Lengua Materna. Qué mejor ocasión para reflexionar sobre el futuro de las lenguas originarias de México.
Como lo han expresado muchos escritores, la lengua preserva la memoria de cada pueblo. Sus historias, sus mitos, sus conocimientos ancestrales, los valores morales y espirituales, se transmiten a través de la propia lengua.
Además, la lengua materna nos da identidad y pertenencia a un grupo social, a una comunidad, a un pueblo. Por eso, el poeta siciliano Ignacio Buttita escribió a principios del siglo pasado "un pueblo se vuelve pobre y esclavo cuando le roban la lengua heredada de sus padres". Todo esto explica el porqué nuestros pueblos lucharon durante cinco siglos para mantener sus propios idiomas, pese a las políticas de imposición castellano como única lengua para todos los mexicanos.
Afortunadamente, en el momento actual, México cuenta con la Ley General de Derechos Lingüísticos, que garantiza el estudio y el fortalecimiento de nuestros idiomas originarios. Esta Ley, hay que reconocerlo, es el resultado de la lucha que los pueblos indígenas han llevado a cabo en los últimos 30 años.
Sin embargo, de aquí en adelante las instituciones y la sociedad debemos trabajar más ambiciosamente sobre el futuro de nuestras lenguas, pensando en el proyecto de nación multilingüe y multicultural del siglo XXI.
Para ello hay que emprender una tarea amplia y permanente involucrando a todas las sociedades en el estudio, en el conocimiento y valoración de nuestros idiomas nacionales. Estas ocasiones deben realizarse de manera que las lenguas indígenas puedan disfrutarse por su contenido, por su musicalidad y como puentes para el diálogo intercultural que nos ayude a conocer y a valorar otras lenguas, otras culturas y otras visiones del mundo.
Sobre todo, hay que impulsar el canto en las diversas lenguas para que los pueblos y la sociedad mexicana recuperen la dignidad, el orgullo y el aprecio por nuestros propios idiomas.
Señoras y señores. Compañeras y compañeros diputados. Los invito, los convoco a que superemos la vergüenza que sentimos por los idiomas mexicanos. Recuperemos la dignidad y el orgullo, porque ellos constituyen nuestra fortaleza y nuestra raíz antigua y son el sustento de nuestra identidad como nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Wenceslao Herrera Coyac. Pido a la Secretaría dé lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los trabajadores migrantes.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la protección de los derechos humanos en relación a las deportaciones masivas de trabajadores migratorios que transitan o trabajan dentro del territorio nacional.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral uno, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 14o del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que proponen el diputado José Jacques Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del grupo parlamentario de Convergencia, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, especialmente al secretario de Gobernación, para que se decrete una moratoria suspensiva a los operativos de deportaciones masivas en contra de los trabajadores indocumentados que transitan o trabajan en nuestro territorio nacional, para garantizar plenamente el respeto a los derechos que se contemplan en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y de la cual nuestro país es parte firmante.
Segundo. Solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de Migración ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con el propósito de que informe de los objetivos, avances y resultados de los programas relacionados con el fenómeno migratorio y comuniquen de la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados en territorio nacional.
Tercero. El Pleno de la Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para que forme un grupo de trabajo y que en conferencia, de manera inmediata, inicien el análisis de las reformas legales que se requieran para garantizar el respeto pleno a los derechos que se contemplan en la Convención antes mencionada.
Palacio Legislativo. México, Distrito Federal, a 20 de febrero de 2007. Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Para hablar sobre este tema están inscritos la diputada Elsa Conde, la diputada Irma Piñeyro, el diputado Rodolfo Solís Parga, el diputado Elías Cárdenas Márquez, el diputado Sergio Augusto López Ramírez, el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, el diputado José Jacques y Medina y el diputado Antonio Valladolid Rodríguez.
Tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con el permiso de la Mesa Directiva. "Nos subimos y como a una hora de haber arrancado, cerca del Chahuite, entre Chiapas y Oaxaca, el tren se paró de repente. En las dos orillas de la vía, cientos de policías con armas gritaban que nos bajáramos. Todos corrían lo más lejos posible, porque los policías los golpeaban para subirlos a las camionetas. Yo me resbalé y caí. Pasaron sobre mí y entonces perdí el conocimiento". Éste es el testimonio de Teresa García, inmigrante guatemalteca herida en una redada organizada por el gobierno mexicano el pasado 10 de febrero.
Testimonios como éste dan cuenta de la manera en que México enfrenta la situación migratoria en la frontera sur. La represión, la discriminación, la violencia y aislamiento, son algunos de los usos ordinarios de quienes interceptan a los miles de indocumentados centroamericanos que día con día llegan a territorio mexicano.
Sólo entre enero y diciembre del año pasado ingresaron por la frontera sur 174 mil 836 centroamericanos. El trato denigrante no tiene distinciones. El hacinamiento y el maltrato son iguales para hombres, mujeres o niños. Aún más, las mujeres son especialmente vulnerables, toda vez que suelen ser sujetas del abuso sexual o pueden encontrarse embarazadas.
¿Con qué calidad moral se puede exigir trato digno a nuestros connacionales en el extranjero, cuando en nuestro propio territorio se llevan a cabo actos de injusticia, maltrato, tortura y discriminación? Continuar con una política de trato injusto e inhumano hacia la población migrante equivale a desconocer la importancia fundamental que ese grupo tiene para la economía mundial y representa un enorme retroceso en materia de protección y garantía a los derechos humanos.
Cada vez más, con mayor intensidad, México actualiza su marco jurídico internacional mediante la suscripción de tratados y convenciones mediante las cuales asume compromisos. Para Alternativa es prioritario exigir al gobierno de México, el respecto irrestricto a los derechos humanos, por lo que nos manifestamos por una urgente necesidad de contar con un Programa de atención y protección al migrante en México. Ser un ejemplo en el trato a los migrantes en nuestro país le dará al gobierno mexicano calidad y respaldo internacional para exigir el mismo trato a nuestros connacionales.
Es imperioso dejar de equiparar el tránsito de personas con el tránsito de mercancías. Desvincular al trabajador migrante del delincuente o el narcotraficante; contar con estaciones migratorias adecuadas que incluyan servicios sanitarios, lugares de descanso, garantía de comunicación, alimentos y servicios de salud.
El trabajador migrante es eso, un trabajador en tránsito que busca alternativas de desarrollo. Por lo que sus derechos deben incluir todos aquellos que la Organización Internacional del Trabajo contempla para cualquier trabajador.
Si no somos capaces de darles seguridad social a ellos y a sus familias; trato igual y digno; condiciones laborales equitativas con otros trabajadores, por lo menos debemos garantizar que sean tratados con dignidad, junto con la garantía a sus derechos humanos los inmigrantes centroamericanos deben contar con la protección jurídica que les permita ser sujetos de deportaciones fundadas y motivadas que impliquen un curso legal respetuoso del procedimiento, que les garantice un trato digno e individual, por lo que es imperioso y urgente terminar con los operativos y deportaciones masivas que en el anonimato de la multitud propician con mayor frecuencia prácticas violatorias a los derechos de los indocumentados.
El grupo parlamentario de Alternativa suscribe este punto de acuerdo y se pronuncia a favor de cualquier acción que promueva la construcción de un Estado mexicano más justo y equitativo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Conde. Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, del Partido Nueva Alianza.
La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias: Con su permiso, señor Presidente. Nueva Alianza rechaza las deportaciones masivas de trabajadores indocumentados que transitan y laboran en territorio mexicano.
En México, al igual que en otros países y regiones del mundo, el fenómeno migratorio es complejo y difícil de abordar, ya sea desde la perspectiva de la salida, llegada, retorno, tránsito o refugio de migrantes. Todos estos procesos migratorios están presentes en nuestro país.
México guarda respecto al fenómeno migratorio, una posición y reclamo permanentes de respeto a los derechos humanos y laborales de los migrantes que nos obligan a buscar acuerdos bilaterales, regionales y multinacionales para atender y buscar soluciones de fondo al fenómeno.
Las implicaciones internacionales que para México presenta este fenómeno, requieren de acciones y compromisos con el exterior, en particular con las regiones y los países vecinos, que en el marco de la cooperación internacional deben guiarse bajo el principio de responsabilidad compartida.
Al desarrollar y aplicar sus leyes y políticas migratorias, México debe hacerlo con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio, así como el respeto al derecho de refugio y asilo y en apego a los instrumentos internacionales en esta materia.
Los procesos migratorios que prevalecen en México se articulan regionalmente, en particular con Centroamérica, por lo que la política migratoria mexicana debe profundizar su enfoque regional.
Debemos evaluar y actualizar la política migratoria del Estado mexicano, así como su marco legal y normativo ante las nuevas realidades regionales e internacionales en materia de inmigración, transmigración y emigración.
Fortalecer el combate a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y el uso de documentos falsos, así como a las políticas y el marco legal y normativo para la prevención y persecución del delito de trata de seres humanos, especialmente mujeres, niñas y niños, y la protección a las víctimas de ese delito, en un marco de cooperación internacional.
No es con muros ni deportaciones masivas como vamos a resolver el problema. Actuemos con responsabilidad compartida, respetemos los derechos humanos de los migrantes y sus familias, cumplamos con nuestro compromiso con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de la cual nuestro país es parte firmante.
Por lo anterior, la fracción de Nueva Alianza apoya el punto de acuerdo en comento. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Irma Piñeyro. Tiene la palabra el diputado Rodolfo Solís Parga, del Partido del Trabajo.
El diputado Rodolfo Solís Parga: Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea. En múltiples ocasiones nuestro grupo parlamentario ha señalado que en materia de respeto a los derechos humanos de los indocumentados que se encuentran en México, el gobierno ha sido candil de la calle y oscuridad de su casa.
Se ha criticado de manera severa al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica porque no respeta los derechos humanos de nuestros paisanos que se encuentran en ese país. Para nadie es un secreto que las corporaciones policíacas de los estados de Chiapas y Tabasco, entre otras, son el peor flagelo que encuentran estos migrantes en su tránsito por nuestro país. En el mejor de los casos, únicamente les roban sus pocas pertenencias. Entre el tren y la Policía, ellos no saben cuál les puede causar más daño, pero sin lugar a dudas temen más a la Policía.
Por otro lado, cuando son detenidos y puestos a disposición de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, los centros de dicho Instituto carecen de las más elementales condiciones de trato humanitario a estas personas.
No es concebible que en nuestro país las autoridades castiguen más a quienes de manera irregular se encuentran en nuestro territorio con el propósito de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, que a los integrantes de las mafias de polleros que son quienes los introducen a nuestro territorio y que cuentan con una gran infraestructura y red de complicidades para hacerlos llegar hasta el vecino país.
Las dificultades que entraña la seguridad fronteriza y las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos para garantizarla han ocasionado que los cruces de los migrantes tengan que hacerse por rutas más peligrosas en el desierto, y en el caso de los migrantes centro-sudamericanos, se agudiza el problema porque tienen que sortear las redes de corruptelas de mexicanos, que al amparo de un cargo público, les roban y les extorsionan.
Reiteramos, no podemos exigir un trato digno y de respeto hacia nuestros compatriotas en Estados Unidos cuando aquí no somos capaces de generar ese mismo trato hacia personas de otros países que se encuentran de manera irregular en el nuestro.
Así como decimos que nuestros mexicanos en Estados Unidos no son delincuentes ni terroristas sino personas que desean ganarse honradamente el sustento de sus familias; los migrantes de Centro y Sudamérica que se encuentran en México ni son terroristas ni son delincuentes; quieren al igual que nuestros paisanos ganar el sustento para sus familias con un trabajo honrado.
El gobierno de México no puede convertirse en cazamigrantes actuando al estilo de los grupos paramilitares del estado de Arizona. México no puede convertirse en cómplice del impulso de El gran muro de la tortilla para contener los flujos migratorios de Centro y Sudamérica. Nuestro gobierno no puede ni debe hacerle el trabajo sucio al gobierno de los Estados Unidos de América.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor de que se implementen medidas que eviten la violación de los derechos humanos de los trabajadores centro y sudamericanos y de que se suspendan de manera inmediata las deportaciones masivas de los indocumentados que se encuentran en México.
Seamos congruentes. Demos un trato digno y respetuoso a estas personas para que con autoridad moral estemos en condiciones de exigir el mismo trato al gobierno norteamericano para nuestros connacionales.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por estas razones esta a favor de una moratoria en relación a las deportaciones que nuestro gobierno realiza. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Solís. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas, de la fracción parlamentaria de Convergencia.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso, señor Presidente. Distinguidas diputadas y diputados. La frontera sur de México se ha convertido en una franja de constante conflicto. En ella encuentran sus límites tres entidades federativas y dos naciones centroamericanas. En esta frontera altamente porosa se aprecia un crecimiento constante de la migración compuesta por trabajadores temporales, visitantes, comerciantes y turistas, cuyos cruces y actividades se realizan sin documentos migratorios por diversas razones. Muchos cruzan ilegalmente y lo hacen con el propósito de llegar a los Estados Unidos de América.
En el 2000 México contaba con 27 estaciones migratorias; al término del sexenio pasado el número llegó a 52 y otras 50 habilitadas provisionalmente en el territorio nacional. México ha adquirido la obligación internacional de brindar protección jurídica a los migrantes que han sido víctimas de tráfico, trata u otras violaciones de sus derechos.
Sin embargo, el trato que se da a los indocumentados en las estaciones migratorias está muy lejos de ofrecer la dignidad y el respeto a los derechos humanos que nuestra ley y compromisos internacionales exigen.
Se ha generado un número creciente de quejas sobre la condición de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, robo de pertenencias, incomunicación y negación de la asistencia legal de abogados particulares a los migrantes, a lo que tienen derecho.
Estos hechos han sido ya denunciados hasta la saciedad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de nuestro país. Qué ironía: exigimos despenalizar la condición del trabajador indocumentado en los Estados Unidos de América y aquí pretendemos dar trato de criminales a los extranjeros que no prueben su acreditación legal.
Tampoco sabemos cuáles son las facultades que tienen las autoridades en las detenciones. Existen quejas sobre la participación de cuerpos no competentes, como policías privadas que intervienen en la detención de indocumentados, lo cual nos habla de una red de violencia y corrupción.
Todo parece indicar que los agentes migratorios no tienen la preparación necesaria para la realización de sus funciones ya que el Instituto Nacional de Migración no cuenta con una academia especializada para dicha preparación y formación.
La noticia del operativo pasado, el viernes 9 de febrero en Arriaga, Chiapas, llama con fuerza a atender este asunto. No es posible que ante nuestros ojos agentes federales y del propio Instituto detengan a los indocumentados con violencia, golpes y agresiones. Historias como la de la indocumentada Yolanda de León, que perdió una pierna durante la redada, no pueden repetirse.
México debe honrar su tradición de respeto a los derechos humanos de las personas y dar a nuestra política hacia los extranjeros indocumentados la fuerza moral que nos permita exigir al gobierno de los Estados Unidos de América, el mismo trato a nuestros connacionales.
Por todo lo anterior, es urgente que la titular del Instituto Nacional de Migración comparezca ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en esta Honorable Cámara de Diputados, a efecto de que explique satisfactoriamente la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados en nuestro territorio. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Elías Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Adelante, diputado.
El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Compañeras y compañeros diputados. El fenómeno de la globalización ha provocado un incremento en los flujos migratorios, pues cada vez son más quienes buscan mejorar su calidad de vida fuera de sus lugares de origen.
México tiene un papel preponderante en el fenómeno de la migración, ya que según datos publicados por la Secretaría de Gobernación, en la actualidad hay alrededor de 10 millones de personas nacidas en México que tienen su residencia en los Estados Unidos, pero la cifras se eleva a más de 26 millones si se incluye a los estadounidenses de origen mexicano; es decir, abarca el nueve por ciento de la población americana y el 26 de la población mexicana.
México es un país expulsor, receptor y de tránsito de migrantes; México vive día con día el movimiento de personas en sus fronteras; México conoce el dolor que viven los migrantes en su búsqueda por alcanzar una mejor situación de vida; México ha levantado la voz en defensa de los derechos de sus migrantes en todos los foros internacionales. En honor a la congruencia es que México debe respetar a los migrantes de todas las nacionalidades.
Los migrantes, sea cual sea su origen o el país donde se encuentren, tienen que lidiar con problemas como xenofobia, discriminación o la violación a los derechos humanos. Constantemente son acusados de usurpar trabajos de los nacionales o de incrementar la inseguridad, así como de otras afectaciones.
México no es la excepción de ninguna de las anteriores cuestiones, por ello no podemos permitir ninguna de estas violaciones en el propio territorio. Sólo los que se ven obligados a abandonar los hogares, los orígenes, o la gente que ya sabe lo difícil que es, pero es aún mayor cuando se encuentran dificultades en el país receptor.
¿Qué no hemos aprendido en carne propia? ¿Cómo es posible que infrinjamos el mismo dolor contra los migrantes que vienen a México? Quienes nos visitan tienen los mismos derechos que tanto peleamos para los nuestros allende nuestras fronteras, ¿o qué son diferentes los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, a los derechos humanos de los migrantes que entran por nuestras fronteras?
Aunado a todos los problemas ya señalados, los migrantes sufren abusos laborales sin poder levantar quejas ante las autoridades competentes por su calidad de indocumentados. Muchos son obligados a trabajar más de 12 horas al día y en repetidas ocasiones sin el equipo de protección necesaria.
Los migrantes por lo general viven en las sombras, viven en la oscuridad, alejados de los beneficios que las leyes otorgan a los nacionales del país donde se encuentran. Son historias comunes, son historias que día a día leemos en los diarios nacionales; son historias que se reproducen en México.
No podemos permitir que nuestras autoridades actúen de la misma manera que lo hacen otras autoridades contra nuestros paisanos. La comisionada del Instituto Nacional de Migración debe venir a esta soberanía a responder por esas acciones implementadas en contra de los migrantes que han sido deportados masivamente o se encuentran en las estaciones migratorias.
Es por esto que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México exhorta a redoblar esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, tal como lo dispone la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.
Nuestras autoridades migratorias tienen la obligación de conocer este texto y otros relacionados con este tema, a fin de que sean aplicados a cabalidad. México tiene el deber y la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales y uno de ellos es salvaguardar los derechos humanos de todas estas personas, cuya única meta es alcanzar una vida digna.
Todos los seres humanos nacemos libres e iguales, con dignidad y derechos y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional.
Reconozcamos una vez los grandes aportes que los migrantes han llevado a todo el mundo, por ello es urgente que nuestro gobierno tome medidas concretas sobre la situación imperante con respecto a los trabajadores migrantes que viven en México.
¿Cómo exigirle a otros Estados ese tipo de respeto para nuestros connacionales, cuando no se lo otorgamos a quienes viven huyendo de la pobreza y de la miseria en otras latitudes? Ya las mismas Naciones Unidas han declarado el 18 de diciembre como el Día Internacional —o mundial— del Migrante.
Y nada más por dar un dato —ya para terminar— 150 millones de migrantes en el mundo están día a día moviéndose. Y algo más importante: solamente en América del Norte son 17 millones y en América Central 17 millones de esos 150 millones. Resumiendo, son 29 millones los que andan de un lado para otro. Ya basta ese maltrato, ya basta esa discriminación, ya basta que no se les dé un trato como seres humanos que tanto, y como cualquiera de nosotros, lo merecen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado López Ramírez. Tiene la palabra el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez: Muchas gracias, señor Presidente. El fenómeno migratorio en Latinoamérica tiene un comportamiento que ha ido modificándose en el tiempo por distintos factores políticos, económicos, sociales y culturales, aunque en ningún caso adquiere la importancia de México, que es tierra de recepción de migrantes de países sudamericanos, centroamericanos y caribeños y en donde, debido a la magnitud de este fenómeno, existe una creciente conciencia de las dificultades y de la discriminación que sufren las personas migrantes de estas regiones en nuestro territorio nacional.
Sin embargo, el aumento de la xenofobia, ocasionada por la recesión y el desempleo, ha incrementado las hostilidades contra las personas migrantes.
Las violaciones de sus derechos, la explotación y el abuso ocurren a gran escala y continúan a pesar de los instrumentos nacionales e internacionales que los protegen; provocando que los miles de centroamericanos que cruzan la frontera de México en busca de una vida mejor, muchos de ellos desgraciadamente ven truncado su sueño al ser víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. O bien sufren accidentes, asaltos, maltratos, abusos y extorsiones por parte de las autoridades y son tratados, por el solo hecho de ser indocumentados, como delincuentes.
Hay que decirlo así de claro. No debemos seguir viendo la paja en el ojo ajeno y dejar de ver la viga en el propio. Y para esta soberanía debe de ser una de sus prioridades principales la de construir una legislación integral, que pueda garantizar un trato digno para los migrantes y que a su vez propicie condiciones de seguridad en nuestras fronteras.
La migración en nuestro país tiene proporciones y repercusiones de la mayor importancia, reflejándose en los más de 500 mil mexicanos documentados e indocumentados que emigran a los Estados Unidos anualmente.
Por otro lado, se estima que aproximadamente 25 mil migrantes centroamericanos cruzan la frontera sur de México cada mes, 300 mil al año; cerca de mil migrantes centroamericanos cruzan diariamente por nuestro país, en donde —según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos— más de 200 centroamericanos mueren cada año en el intento por cruzar nuestro territorio y que más de 100 sufren mutilaciones al tratar de abordar los trenes que los llevan a la frontera norte.
Cabe mencionar que las autoridades mexicanas deportaron el año pasado más de 170 mil indocumentados, según datos proporcionados por el propio Instituto Nacional de Migración.
Es preocupante saber que organizaciones no gubernamentales en El Salvador afirman que más de 50 mil centroamericanos, que buscaron llegar a Estados Unidos entre 1997 y 2006, han desaparecido sin que nadie ni nada se sepa de ellos.
Debemos estar muy atentos también, y receptivos, a las declaraciones como las de la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, que plantea que en México existe un clima generalizado de hostigamiento y aprovechamiento de la vulnerabilidad del migrante, así como de diferentes organizaciones que han señalado que México está en riesgo de ser enemigo de toda Centroamérica, por hacer el trabajo sucio a los Estados Unidos.
Lo anterior se debe en mucho a los casi nulos resultados de los programas federales al respecto, como el Plan Sur, puesto en marcha en 2001, donde el propio Instituto Nacional de Migración no presentó avance de los programas implementados pero sí una visión corta y superficial de este fenómeno migratorio.
Es por eso que el Estado mexicano debe de dar el ejemplo respecto a la protección de los derechos humanos de los migrantes de otros países, para tener la autoridad moral para exigir lo mismo para nuestros connacionales.
No podemos exigir afuera lo que no se cumple adentro, compañeros legisladores. En este contexto, el grupo parlamentario del PRI en esta Legislatura está consciente de que si bien la emigración puede traer beneficios y desarrollo a los países de origen, tránsito y destino y que también puede influir positivamente en los aspectos económicos, sociales y culturales; por otro lado sabemos que si las sociedades no se preparan para la migración, generalmente las consecuencias son negativas, principalmente para los sectores vulnerables, como los adultos mayores, mujeres, niñas y niños migrantes.
De ahí que uno de nuestros principales compromisos para con los migrantes es que como Estado tengamos la capacidad para que el fenómeno migratorio signifique beneficio para todas las personas y para todas las regiones.
Hoy más que nunca esta soberanía debe de comprometerse de manera seria y decidida a garantizar los derechos y libertades de todas las personas migrantes, derechos que son reconocidos universalmente.
De ahí es que debemos de implementar acciones inmediatas y solidarias con nuestros hermanos centroamericanos como este acuerdo signado por la Junta de Coordinación Política.
Compañeros legisladores, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra propia casa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Jacques y Medina, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Jacques y Medina: Con su venia, señor Presidente. El pasado 8 de febrero, una comisión meta partidista, fuimos a cumplir la encomienda de esta soberanía de entregar un punto de acuerdo a los congresistas allende la frontera.
Y efectivamente, ese día nos recibió el Pleno de los legisladores latinomexicanos que representan a los latinos de Estados Unidos. Le hicimos entrega de este punto de acuerdo que recordarán llevaba, fundamentalmente apelando a la cultura y a los valores norteamericanos, la defensa de la unidad familiar, de los derechos del niño, la moratoria a las deportaciones en base a los derechos adquiridos y de la Ley de mayo del año pasado, así como impulsar y apoyar el movimiento santuario activo que existe en aquél país.
Lo recibieron con mucho gusto y aprovechamos que la presencia de nuestro grupo de trabajo que se integró con legisladores que nos acompañaron de Centroamérica y de El Caribe y que se adhirieron a este punto de México por el interés que tienen sobre la cuestión migratoria, a decirle a los 27 legisladores latinomexicanos, que no están solos, que su voz en el Congreso norteamericano representan a miles de oficiales electos en toda esta zona de Centroamérica, de México y de El Caribe, que representan a sus pueblos y que son la voz dentro de ese gran poder que es el Congreso norteamericano.
Hicimos claro de que América no es un país, de que América es un continente y así lo hicimos saber y de esa manera está nuestra fuerza. Somos uno porqué América es uno y en ese compromiso quedamos con estos legisladores que en algunos casos son binacionales, como en el caso de los puertorriqueños, que cumplen como norteamericanos, pero también representan a sus países respectivos.
Tuvimos por decirlo, también reunión con los representantes del Senado, como Harold Read, Kennedy y Pelosi. Con sus asesores tuvimos una reunión plenaria, en donde le hicimos entrega de esta solicitud de moratoria para las deportaciones masivas, basados fundamentalmente en la propuesta que el propio senador Kennedy había hecho en relación con la guerra. Que parara todo hasta que no se lograra un acuerdo en relación a qué iba a definirse tanto sobre este migratorio, en lo particular, como en el caso de la propia guerra.
Se habló de la seguridad nacional, como la base fundamental de todos estos debates sobre el tema migratorio y nosotros dijimos que no se puede hablar de seguridad nacional si no se incluye una seguridad regional.
Que esa seguridad regional está basada fundamentalmente en la seguridad económica, en la seguridad social; y que esa seguridad social no es otra cosa más que la justicia económica; es la justicia social que es la que no permite que haya esa seguridad nacional de la que tanto se cacaraquea en Estados Unidos.
Debemos ser incluidos en esa seguridad nacional, en esa seguridad regional, porque somos parte de todo este proceso de construcción como mano de obra, como gente que ha construido aquella nación.
Por eso siempre decimos que no somos terroristas, somos trabajadores. Siempre hemos construido, nunca —y se lo dijimos a los senadores, aquí están presentes los diputados que oyeron cuando dijimos— nunca les hemos volado un puente, nunca les hemos volado un edificio, al contrario, se los hemos construido casi todos.
Nuestro grupo de trabajo es un grupo que hoy, con esta decisión, con este punto de acuerdo se enriquece. Ése va a ser nuestro capital social porque, fundamentalmente en las reuniones que vienen, vamos a hablar de que la construcción de toda esta región va a estar fundamentalmente basada en que, a los problemas humanos tenemos que darle soluciones humanas.
Estas soluciones humanas rechazan la guerra, rechazan los muros y nosotros no vamos a emular ese tipo de políticas con nuestros hermanos del sur. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado José Jacques. Tiene la palabra la palabra el diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Antonio Valladolid Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. Integrantes de esta Honorable Cámara. Para el Partido Acción Nacional la política tiene como objetivo la búsqueda del bien común.
Y para tal, se requiere el reconocimiento pleno de la inminente dignidad de las personas. La persona es pues, el principio y el fin de la política y toda persona nace con ciertos derechos que conocemos como derechos humanos que nadie nos puede quitar. Y uno de esos derechos es la búsqueda de una mejor vida.
También podemos decir que el patrimonio más importante que tienen todas las naciones, son sus ciudadanos. La ONU, el 18 de diciembre de 1990, reconoció el derecho de los migrantes en la Convención Internacional sobre protección de derechos de trabajadores migratorios y sus familias. Y en ese sentido, 20 años posteriores, también el 18 de diciembre, se reconoce como el Día Internacional del Migrante.
La migración es un fenómeno que tenemos que aprender a entender; por un lado se presenta la Unión Europea en lugares como Polonia con Alemania, como Marruecos con España y en México se nos presenta en doble vía. Por un lado somos un país de origen hacia Estados Unidos y por otro lado somos país de tránsito y receptor del sur de la frontera.
Y como mexicanos debemos ser congruentes. Lo que pedimos al norte debemos ofrecerlo al sur. El respeto a la dignidad de la persona debe ser nuestra motivación, pero existen otros elementos que debemos de considerar, como es el caso que cada vez que vamos a Estados Unidos nos señalan —las personas que no quieren aprobar la reforma migratoria en Estados Unidos— que la política mexicana en el tema de migración es muy excesiva.
Yo creo que esta cuestión no es una cuestión de números, es una cuestión de familias, de personas, de seres humanos y tenemos que luchar para que esto lo entendamos de una mejor manera.
Y en ese sentido también hacemos un paréntesis, que no se ha comentado aquí, pero creemos que es importante, hay que diferenciar la cuestión migratoria de los grupos que pueden entrar al país para cometer algún delito, como es el caso de los Mara Salvatrucha, que creemos que quien comete un delito en el territorio nacional debe ser sancionado, no importa de qué nacionalidad sea.
Por último, cuando Estados Unidos, su Senado y su Congreso dictaminaron hacer un muro que costaba mil cien millones de dólares, que dividía a nuestro país con el de Estados Unidos, nosotros, como Cámara, nos juntamos para hacer un rechazo todas las fuerzas representadas en el Congreso, manifestamos nuestro rechazo a ese muro.
De igual manera me da mucho gusto que, en este sentido, ahora hacemos un llamado a la autoridad del Ejecutivo para que decrete una moratoria suspensiva a los operativos de deportación masiva; y también la otra parte que consideramos de suma importancia es que esta misma Cámara legisle para que los mexicanos podamos tener una mejor ley migratoria. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Valladolid. En virtud de que ha concluido la lista de oradores inscritos, se instruye a la Secretaría para que en votación económica pregunte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con punto de acuerdo relativa a los trabajadores migrantes en el territorio nacional. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobada. Comuníquese. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Junta de Coordinación Política, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, presente.
Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al Pleno en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente de la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que rectifique su postura y destine recursos del Fondo de Desastres Naturales, en términos de lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley General de Protección Civil, para atender la problemática de hundimientos y deslaves de las viviendas de las familias avecindadas en la colonia Las Golondrinas, segunda sección, de la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirvan dar a la presente. Atentamente.
El oficio está signado por los ocho coordinadores, uno de cada partido político.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta el cambio en el orden del día.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la modificación del orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar este punto de acuerdo.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias. Con su venia, diputado Presidente. La historia de los asentamientos humanos en la colonia Golondrinas, de la Delegación Álvaro Obregón, se remonta a la década de los 70, cuando el entonces Presidente, Luis Echeverría Álvarez, emitió un decreto expropiatorio de una proporción de tierra de 987 mil 114 metros cuadrados a favor del Departamento del Distrito Federal, para el beneficio de los habitantes de la colonia denominada en aquella época Barrio Norte.
En septiembre de 1980 los desplazados por el proyecto urbano Santa Fe, autorizado por el regente Carlos Hank González, se concentraron en una parte de este inmenso terreno, constituyendo la colonia Lomas de Capula.
En abril de 1989 ordenó el entonces Presidente de la República, a Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal, la emisión de un acuerdo de facilidades para vender los lotes de la nueva colonia, Segunda Ampliación Golondrinas, ubicada en la parte sur de Lomas de Capula.
Como es sabido, la colonia Golondrinas se asienta sobre minas subterráneas de arena pómez abandonadas que implican la posibilidad de hundimientos súbitos del terreno a causa de la migración de cavidades, así como taludes inestables. Al paso del tiempo en esta colonia se han presentado hundimientos diferenciales en el subsuelo que han provocado la afectación de la infraestructura hidráulica y los elementos estructurales de las viviendas.
El día 31 de agosto del año pasado en la temporada de lluvias se presentó un hundimiento súbito de la construcción ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, en la que se observaron fisuramientos graves en las paredes y loza de piso, de nivel del desplante de la pared posterior de la vivienda, así como en el piso del patio trasero, los cuales tuvieron que ser demolidos debido a los daños sufridos y por seguridad de las familias afectadas. El siniestro descrito es sólo una muestra del riesgo permanente en el que se encuentran las familias, por lo que la intervención gubernamental en todos sus órdenes es necesaria.
El pasado 24 de octubre de 2006 este Pleno aprobó un punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Gobernación que destine fondos de manera urgente de recursos suficientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender la problemática de hundimientos y deslaves de las viviendas de las familias avecindadas en esta colonia.
A esta solicitud la dependencias federal informó a esta Honorable Cámara, que para atender la petición era necesaria la declaratoria de emergencia del Gobierno del Distrito Federal, cosa que se dio el 29 de noviembre del 2006, pero la respuesta manifestada en Gobernación, y una vez presentada esta declaratoria del gobierno capitalino, se negaron los recursos con una explicación muy limitada.
Los argumentos esgrimidos por la autoridad señalaban que la causa del riesgo era antropogénica, es decir, atribuible a la actividad del ser humano. Sin embargo, esta actividad fundada en las reglas de operación del Fondo es contraria a la definición de desastre que señala la Ley General de Protección Civil y la cual contempla estos hechos como materia susceptible de apoyo del Fonden, que así establece.
Es inadmisible pues, que Gobernación subordine a la ley por debajo de las reglas de operación, las cuales en el sistema de derecho representan la materialización de lo señalado por la primera, y no su limitación.
Este acto jurídico la administración federal conculca los derechos humanos y las garantías constitucionales de los habitantes de esta demarcación.
Por lo anteriormente expuesto, por considerar que es un asunto de atención inmediata por involucrar la seguridad e integridad de 90 familias en esta delegación del Distrito Federal, me permito presentar el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que rectifique su postura y destine recursos del Fonden, por lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley General de Protección Civil, para atender la problemática de hundimientos y deslaves de las viviendas de las familias avecindadas en la colonia Golondrinas, Segunda Sección, de la delegación Álvaro Obregón, y
Segundo. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrad, para que en términos de lo dispuesto por el numeral 6 del acuerdo que establece las reglas del Fopreden, formule la petición de recursos para realizar acciones que atiendan la problemática de hundimientos y deslaves de las viviendas de las familias antes mencionadas.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en su momento destine recursos suficientes del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, para atender la problemática de Merito.
Dado en el Salón de Sesiones, a los 20 días del mes de febrero de 2007.
Agradezco mucho la participación de todos los grupos parlamentarios en urgir de estos recursos al gobierno federal para evitar una desgracia en esta demarcación del Distrito Federal. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Alavez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto es de urgente resolución.
El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo. México, Distrito Federal, 15 de febrero de 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del PAN:
Que el diputado Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo sustituya al diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; que el diputado Rolando Rivero Rivero sustituya al diputado Leonardo Melesio Magallón Arceo como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; que el diputado José de Jesús Solano Muñoz sustituya al diputado Francisco Domínguez Servién como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología; que la diputada Marisol Mora Cuevas sustituya al diputado José de Jesús Solano Muñoz como integrante en la Comisión de Vivienda.
Que la diputada Marisol Mora Cuevas sustituya a la diputada Alma Hilda Medina Macías como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; que la diputada Sara Shej Guzmán cause alta en la Comisión de Turismo; que el diputado Juan de Dios Castro Muñoz cause baja como integrante en la Comisión de Defensa Nacional; que el diputado Gerardo Buganza Salmerón cause baja como integrante en la Comisión de Pesca; que el diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, cause alta en calidad de sustituto ante el Comité de Administración.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
Esta Presidencia recibió de la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, iniciativa que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. Se turna a la Comisión de Economía.
Se recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del INEGI comparezca ante las comisiones ordinarias y especiales del sector agropecuario, a fin de que explique la metodología, las etapas operativas y los alcances del VIII Censo Agropecuario. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.
Se recibió del diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia investigue respecto de la concentración de empresas concesionarias de televisión por cable que realiza el grupo Televisa. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.
Se recibió de la diputada María Soledad López Torres, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos órganos y comisiones remitan a la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, todas las documentales relacionadas con su objeto. Túrnese a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día de la próxima sesión)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (16:03 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 22 de febrero a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.