El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 386 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:27 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presiente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Comunicaciones. Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica que con motivo del 508 Aniversario del Natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 23 de febrero a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designan a los siguientes diputados: diputado Christian Martín Lujano Nicolás y diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Esta Presidencia saluda a los jóvenes del Colegio "Guadalupe Victoria" de Monclova, Coahuila, que están aquí presentes. Y también a los jóvenes del Colegio "Netzahualcoyotl", del Estado de México.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica que, con motivo del 67 Aniversario del Día de la Bandera, tendrá lugar el 24 de febrero a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: diputado Christian Martín Lujano Nicolás y diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa la integración de la Comisión del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que funcionará durante la LX Legislatura.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Sonido a la curul de la diputada Mónica Fernández.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Solamente para solicitarle una copia del acuerdo porque en lo que nos acaban de leer no se mencionan los integrantes del Partido de la Revolución Democrática y no está publicado en la Gaceta. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se instruye a la Secretaría que le entregue copia del acuerdo y en caso de que tengan los espacios, yo pediría al grupo parlamentario del PRD que dé los nombres. Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Esta Presidencia saluda la presencia de los estudiantes y maestros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí presentes.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Solicitudes de particulares. Dos oficios de las ciudadanas Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany, por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios en la embajada de la República de Angola en México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la Cámara de Senadores. Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por la senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Oficio de la Cámara de Senadores. Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona los artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Ricardo Olivares Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores. Con el que remite solicitud presentada por el senador Felipe González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la minuta proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores. Con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 267 y 323 Ter, del Código Civil Federal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Justicia.
Esta Presidencia recibió de la diputada Sara Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se recibió también, iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por él mismo y por el diputado Carlos Navarro Sugich.
El diputado Antonio Valladolid Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. Los suscritos diputados federales, Carlos Navarro Sugich y Antonio Valladolid Rodríguez, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político.
Y con el propósito de ser solidario con los tiempos, le pido que inserten en el Diario de los Debates el texto íntegro de esta iniciativa y expondré de breve manera este proyecto.
En primera instancia el juicio político es un acto materialmente jurisdiccional al tener un órgano acusador y desde luego un jurado que determina la procedencia o no del juicio; es una herramienta clave contra la corrupción y la impunidad.
Y bueno, ahora pretendemos presentar esta iniciativa de reforma al artículo 110 en sus segundo párrafo que habla de los gobernadores, habla de los diputados, habla de los magistrados y los miembros de la Judicatura y señala que quienes violen la Constitución Política de una manera grave, las leyes que de ella emanan o bien, hagan mal uso de los recursos públicos, el Congreso de la Unión hará, en el juicio político, una sentencia declarativa para que sea la Legislatura local quien determine si procede o no el juicio contra estos servidores públicos locales.
Lo que pretendemos es quitar estos efectos declarativos y convertirlos en vinculativos, sobre todo porque se trata de cuestiones eminentemente federales, como es el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el caso de las leyes federales que de ella emanan, como es el caso de los fondos públicos federales.
¿Y por qué, en resumen, por qué llevar a cabo esta reforma? Primeramente, para fortalecer las atribuciones del Congreso de la Unión, sobre todo en estos temas que son eminentemente federales. Además, mejoraremos esta herramienta del juicio político, que es una lucha importante contra la corrupción y la impunidad.
En la actualidad, como se encuentra el texto vigente, es dado a demora por ser dos instancias, y esto puede provocar impunidad en los servidores públicos en materia local.
Por último, voy a leer la iniciativa en los términos que proponemos la reforma.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juicio político.
Único. Se reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Y un transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Antonio Valladolid Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa de decreto interpretativo del artículo décimo cuarto transitorio y del anexo 7 del programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2007.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Iniciativa con proyecto de decreto interpretativo del artículo décimo cuarto transitorio y del Anexo 7, programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Que el artículo 70 de la Constitución establece que toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto.
Que la facultad prevista en el artículo 72 inciso f) de la Ley Fundamental se erige como un mecanismo de control, incluso superior a la jurisprudencia, ello en razón de que la obligatoriedad de esta última se encuentra limitada por la ley, en cambio la interpretación del Poder Legislativo tendría formalmente el rango de ley, ya que sus actos pueden adoptar la forma de ley o decreto y, por ende, sería obligatoria para todos los órganos que la aplican, así como para los gobernados que deben cumplirla.
Que el Congreso de la Unión al ejercer facultad referida se convierte en auténtico intérprete tanto de las leyes federales de la Constitución. En este último caso la comparte con las asambleas legislativas locales de los respectivos ámbitos.
Que el procedimiento contenido en el inciso f) del artículo 72 de la Carta Fundamental es conocido como duda de ley, mismo que sigue el procedimiento de formación legislativa y con el cual se caracteriza al Congreso de la Unión como intérprete auténtico.
Que el procedimiento anteriormente referido apareció por primera vez en el artículo 64 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824 y establecía la forma de cómo debían resolverse las dudas de la autoridad Ejecutivo-Judicial, respecto de la aplicación y la interpretación de una norma, a través de lo previsto por el artículo 165, es decir, a través de un decreto. Se reforma, se deroga, se modifica, se adiciona, en tal sentido y con tal espíritu y significado.
Que no obstante la facultad contenida en el citado inciso f) del artículo 72 de nuestra Constitución, mediante la cual erige al legislador ordinario en intérprete vinculante, son nulas las veces que se recurre a ella.
Que el motivo del presente decreto es ejercer la facultad anteriormente expuesta, con el único propósito de interpretar el artículo décimo cuarto transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 fue aprobado un artículo décimo cuarto transitorio y el Anexo 7, Programa Especial Concurrente; que por este decreto se interpretan en los siguientes términos.
Décimo cuarto. Con el fin de recuperar el macizo boscoso de las zonas de mayor marginación de las entidades federativas del sur del país, se destinarán para el desarrollo regional de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas 450 millones de pesos extraordinarios del Programa de Conservación y Restauración de los Ecosistemas Forestales, Procoref, a cargo de la Comisión Nacional Forestal, para apoyar la conservación, restauración de suelos y ecosistemas forestales de esas entidades federativas.
Por no contar con la suficiente infraestructura para la producción de germoplasma se destinarán 300 millones de pesos para consolidar de manera regional la instalación, operación de viveros y producción de planta, mismos que aparecen en el programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable en el Anexo 7 de este decreto, derivado de las condiciones de restricción presupuestal que se enfrentan en esta región. Dichos recursos se asignarán en partes iguales sin necesidad de aportación estatal en contrapartida.
Este artículo, sujeto a interpelación, establece la etiquetación de 450 millones de pesos extraordinarios al Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales Procoref, a cargo de la Comisión Nacional Forestal y 300 millones de pesos para la producción de germoplasma; mismos que aparecen en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en el Anexo 7 de este decreto.
Que el etiquetamiento de los 750 millones de pesos, en el décimo cuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, tuvo como espíritu promover en estricta justicia que parte de los recursos de ambos programas lleguen a los estados más pobres e históricamente marginados, tanto social como ambientalmente en el país, como son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, evitando además la tentación de que sean usados por parte del Ejecutivo federal con tintes políticos y clientelistas, que conforme a los anexos técnicos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para dar cumplimiento al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, en relación con el Ramo 16, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se establece el presupuesto signado a la Comisión Nacional Forestal.
Que a la Comisión Nacional Forestal se le autoriza, para el año 2006, un ejercicio de dos mil 189.9 millones de pesos para el año 2007 esto es un incremento y con esto se incrementa a cuatro mil 466.4 millones de pesos, es decir, un aumento de más del doble, 104.0 por ciento.
Que al programa de manejo de germoplasma y producción de planta a cargo de la Comisión Nacional Forestal se le asignan 354 millones de pesos en el año 2006 y para 2007 son 761 millones de pesos, más del doble, 115 por ciento.
Que al Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales, a cargo de la Comisión Nacional Forestal, se le asignan 497 millones de pesos para el año 2006 y para el año 2007 son mil 410 millones de pesos, casi tres veces más, 183.5 por ciento.
Que la Cámara de Diputados aprobó en la sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2006 una ampliación de mil 275 millones de pesos al Ramo 16, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el Anexo 7, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, quedando un total aprobado de 14 mil 289 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Que el espíritu de la asignación por parte de la Cámara de Diputados de mil 100 millones de pesos al rubro Otros programas del ramo 16 y Recursos Naturales del Anexo 7, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del Presupuesto de Egresos de la Federación, no va dirigido a dichos recursos, se otorguen para aumentar el presupuesto de programas que cuentan con recursos etiquetados dentro del mismo, que pretende asignar los 450 millones de pesos del Programa de Conservación de Restauración de Ecosistemas Forestales y los 300 millones de pesos para la producción de germoplasma, del rubro Otros Programas, del Ramo 16, para el Ejercicio Fiscal 2007. Significaría que la Comisión Nacional Forestal llegaría a disponer de cinco mil 216 millones de presupuesto total, es decir, un incremento en relación al 2006, de 138.3 por ciento.
Por lo anteriormente expuesto, someto al Pleno de esta soberanía el siguiente decreto interpretativo del artículo décimo cuarto transitorio y del Anexo 7; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2007.
Artículo primero. Los 450 millones de pesos para el Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (Procoret) y los 300 millones para la producción de germoplasma, previsto en el artículo décimo cuarto transitorio, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, para los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se aplicarán con los recursos asignados a la Comisión Nacional Forestal, organismo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del monto aprobado para la ejecución de estos programas, incluso señalados en el Anexo 7 del PEC.
Artículo segundo. Del presupuesto, mil 100 millones de pesos aprobados para Otros rubros, Otros Programas, del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Anexo 7, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se asignan a programas operados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diferentes a los etiquetados en el artículo décimo cuarto transitorio.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de febrero. Suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD.
Es muy importante que podamos atender que del decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 no haya discrecionalidad en el gasto, que tengamos mucho cuidado con que haya respeto a los dictámenes que emanaron de las comisiones ordinarias y que por lo tanto, tienen la facultad de establecer qué montos van a dirigirles a los programas, en especial en este caso del Ramo 16, para restaurar diferentes ecosistemas de diferentes estados de la República que desafortunadamente no está contemplando Semarnat en su atención. Es cuanto, diputado Presidente
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Aleida Alavez. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Esta Presidencia saluda respetuosamente a los alumnos de la Universidad Londres, plantel Querétaro, aquí presentes. Y también saluda a los jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres, del Estado de Oaxaca.
Tiene la palabra el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados. El que expone, diputado federal por el Estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me concede el artículo 71, fracción II de la Constitución, me permito someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Estimados compañeros, el abordar este tema tiene como propósito fundamental destacar que se ha trabajado en este Congreso en los últimos días, y me da mucho gusto, por algunas reformas en materia mercantil.
Sabemos muy bien que si no actualizamos nuestras leyes en el comercio, vamos a permanecer estancados. El Código de Comercio es un código de origen porfiriano, de antes de 1890 y precisamente acaban de presentarse unas reformas que fueron aprobadas por ustedes, sobre la Ley de Concursos Mercantiles.
Pero es importante también que veamos los títulos valores, que veamos las sociedades, que veamos los instrumentos para que pueda esto ser más práctico para toda la vida comercial y económica de nuestro país.
Uno de los temas fundamentales que está prevaleciendo en nuestro país es el caso de las sociedades anónimas. De acuerdo a las últimas reformas para que pueda constituirse una sociedad anónima, se requieren cuando menos dos socios. Esto ha llevado a que en algunas ocasiones, para poder formalizar este contrato se ponga como socia a la esposa o a un testaferro, a fin de integrar el elemento jurídico y poder así de alguna manera, manejar la responsabilidad limitada, porque el comerciante empieza su tarea desde muy abajo, con el esfuerzo de sus hijos, con el esfuerzo de algunos compañeros.
Pero llega el momento en el que tiene que constituirse con un patrimonio autónomo, distinto al patrimonio personal. De tal manera que si creo una sociedad y asumo responsabilidades y no tengo una responsabilidad limitada, pueden acabar con mi patrimonio, de mis hijos, de mi casa, en fin, es un riesgo generalizado.
Con el ánimo de eliminar testaferros y de crear una sociedad que verdaderamente responda a las necesidades actuales de la vida comercial, es que estoy proponiendo esta reforma que ya opera en muchos países. Las sociedades unimembres o de un solo socio, pero con la misma responsabilidad que pueden tener los miembros de una sociedad anónima, deben ser actualizadas y puestas en la Ley de Sociedades Mercantiles Mexicanas.
Sabemos que el esfuerzo del comerciante tiene esa posibilidad de progresar, pero no arriesgar el patrimonio de sus hijos y de su familia. Esto requiere, desde luego, perder de alguna manera la personalidad jurídica propia y asumir la personalidad de un ente moral distinto; aunque sea una persona física, al crear esta sociedad se pretende que su responsabilidad esté limitada exclusivamente a su patrimonio. Que no arriesgue todo lo demás para que pueda, de alguna manera, prosperar.
La Ley establece claramente las responsabilidades que puede tener el comerciante frente a los proveedores, frente a los acreedores.
Ante estas consecuencias se ha generado la existencia de una cantidad extraordinaria de sociedades de único socio, en las cuales de alguna manera aparecen socios aparentes que no responden a la realidad.
Ante esta circunstancia es importante que el derecho reaccione frente a este fenómeno y por ello, reconociendo dicha realidad, se plantea la solución a la cual no tan solo podrán acogerse los pequeños y medianos comerciantes, profesionistas, artesanos o empresarios en su carácter individual, sino también a las grandes corporaciones.
A través de esta fórmula, que estamos proponiendo que se incorpore a la Ley, se reducirá la responsabilidad ilimitada de los comerciantes, profesionistas, artesanos o empresarios en lo individual; se evitará el indeseable uso de socios simulados para cumplir con el requisito mínimo de personas para formar una sociedad, las cuales en muchas ocasiones se ven involucradas en situaciones jurídicas desastrosas: quiebra, delito de los administradores, problemas de carácter fiscal o bien, en situaciones de abuso a los socios simulados en contra de los verdaderos socios que involucran, para buscar beneficios económicos y de cualquier otra naturaleza.
En algunos casos, salvar la exigencia de los órganos de la administración pública, así como del mercado mismo de operar con sociedades y no con particulares; la comodidad que se origina a las empresas al tener ella su propio patrimonio y su personalidad.
En este sentido, es importante resaltar que este tipo de sociedades están ampliamente reconocidas en el derecho comparado y ya existen en Europa como en Suiza, España, Alemania, Italia, Dinamarca, Francia, Holanda, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Venezuela, entre otros y en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que demuestra con toda claridad la bondad y los beneficios que trae la existencia de las sociedades unipersonales.
Podría considerarse un contrasentido hablar de sociedades unipersonales, pero baste decir que el término sociedad es un concepto semántico. En España —por señalar algún ejemplo— esta figura jurídica de las sociedades unimembres, en el año 2000 ya se había declarado y señalado la existencia de 97 mil sociedades, de las cuales 42 mil eran de creación nueva y 55 mil sobrevenida.
Con base en lo anterior, se propone el proyecto de decreto que modifica todos los artículos inherentes a algunas disposiciones concretas de la Ley de Sociedades Anónimas, para crear esta figura que es importante para poder darle vida al empresario individual, a la inversión en México.
Desde luego, ratifico mi agradecimiento por su atención y mi felicitación a este Honorable Congreso que ya ha aprobado varias reformas en materia mercantil, que no podemos dejar de paso, ya que nuestro Código de Comercio tiene disposiciones muy antiguas y obsoletas.
Pongo a consideración de ustedes, para beneficio de los comerciantes en pequeño y comerciantes que se están desarrollando actualmente, para que asuman este tipo de sociedad que les va a representar una responsabilidad limitada sin arriesgar el patrimonio de sus hijos. Ruego atentamente se tome nota íntegramente en el Diario de Debates. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Rivera. Túrnese a la Comisión de Economía. Y se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Chanona Burguete, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alejandro Chanona Burguete: Gracias. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Hace unos meses, en el primer período ordinario de esta Legislatura, presenté a su consideración una iniciativa para hacer vinculante el Plan Nacional de Desarrollo, sometiéndolo en un futuro inmediato a la ratificación de esta soberanía.
Decía en aquella ocasión que el Plan debe responder a las aspiraciones democráticas de los mexicanos; debe dotar a nuestro país de un proyecto de nación y generar una auténtica política de Estado.
La iniciativa de reforma a los artículos 26 y 73 tienen la virtud de cruzar transversalmente todas las políticas públicas que están contenidas en dicho Plan. Todos los programas sectoriales de la administración pública se derivan necesariamente de ese instrumento de planeación, de corto y mediano plazo. Al aprobar el Plan estamos sentando las bases de un mejor entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en una sana relación entre poderes.
Además, estaríamos tomando una medida muy adecuada para avanzar en una de las principales metas de la reforma del Estado que hoy estamos discutiendo, es decir, terminar con el presidencialismo.
Transitemos —y llamo su atención compañeras y compañeros diputados, a los 500— en aprobar a la brevedad la Ley Nacional sobre la Reforma del Estado. Advierto preocupado, es nuestra auténtica oportunidad de cumplirle a México y a los mexicanos.
Como dije en aquella ocasión, es momento de dejar atrás la potestad unilateral del titular del Ejecutivo, de diseñar y aprobar si el Plan es de una manera o de otra. Al limitar esta facultad, les aseguro, estamos en los hechos acotando el poder presidencial. Sin la participación del Congreso, sin la participación de esta Cámara, el Plan Nacional de Desarrollo es letra muerta, un simple ejercicio retórico que busca vestir a un gobierno.
Por ello, compañeras y compañeros, debemos dar sentido y contenido al nuevo equilibrio democrático, en el que el Congreso represente las más altas aspiraciones del pueblo mexicano. En este sentido es que me permito proponer, modificaciones sobre la manera en que la Constitución distribuye facultades entre poderes en materia de política exterior.
La Constitución, como ustedes saben, establece en su artículo 89 fracción X que la conducción de la política exterior es facultad del Ejecutivo. Limitando, desde luego, y normando su actuar al cumplimiento de los siete principios rectores de la diplomacia mexicana.
En el artículo 76 fracción I se define la atribución de la Cámara de Senadores de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo, con base en los informes anuales, únicamente, que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rinden a este Congreso de la Unión. Nada dice de la participación nuestra en el diseño de dicha política exterior.
Entendemos el espíritu del Constituyente, al depositar en el jefe del Estado la representación de la nación, es decir, la jefatura de Estado. Pero en la práctica ese presidencialismo imperial es una facultad que se ha traducido por la vía de los hechos en una conducción unipersonal de los asuntos externos, manejados muchas veces —ahí esta la prueba del ex Presidente de México— con filias y fobias o con simpatías o antipatías, dependiendo el momento y la hora —yo diría como metáfora—, de cómo le cayó el desayuno o cómo lo aconsejó previamente su esposa.
Las consecuencias de ello —lo digo con gran seriedad— las seguimos viviendo. En una sociedad democrática esta forma de llevar la política exterior ya no tiene cabida. Es necesario, compañeras y compañeros, incrementar la participación del Legislativo en nuestras relaciones con el exterior. La construcción de una política exterior de Estado en este sentido, debe pasar por un nuevo acuerdo entre los Poderes de la Unión, por un equilibrio de Poderes renovado, en el que todas las fuerzas políticas y sociales tengan expresión.
La política exterior de México constituye una fuerza viva y dinámica de las relaciones sociales, políticas y económicas. Hoy las agendas mundiales exigen marcos interpretativos más amplios, mayores conocimientos y experiencias múltiples. No puede concebirse una política exterior de Estado con la simple intervención del Ejecutivo o una política que sólo esté sujeta a las interpretaciones parciales de un grupo minúsculo o al albedrío del Presidente en turno.
No puede tolerarse, por ejemplo, la construcción discursiva de una política exterior que enuncia un reencuentro con América Latina por un lado, mientras que la práctica del Ejecutivo la desmiente por el otro.
De este modo los objetivos y acciones de política exterior que deben estar contenidas en el PND no pueden de modo alguno limitarse a la presentación de un discurso, al enunciado de buenas intenciones y al mismo tiempo dejar que la acción en el exterior corra por otro lado.
Las ambivalencias deben quedar atrás; el uso personal de la política exterior debe quedar atrás. El Congreso no puede cumplir con su obligación de evaluar una política exterior sin un referente claro. El PND debe constituir el sustento de dicha política y la medida de la acción presidencial. Hoy debemos construir una política exterior suscrita por todos los actores a partir de los acuerdos que logremos esencialmente para la confección del Plan Nacional de Desarrollo.
Sólo en el encuentro democrático de un PND en el que el Poder Legislativo intervenga de manera efectiva podrá construirse una política exterior de Estado. De este modo se generará una nueva fase de nuestros acuerdos políticos, en el que el Poder Legislativo sancionará, mediante su participación y aprobación, el Plan Nacional de Desarrollo y en consecuencia todas las políticas públicas, incluyendo la política exterior.
Compañeras y compañeros diputados. Por lo anteriormente expuesto y con base en las facultades que me concede la Constitución, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su discusión y aprobación, en su caso, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y modifican los artículos 76 fracción I y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal —subrayo— con base en el Plan Nacional de Desarrollo y en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan a esta soberanía.
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados —subrayo— con base en el Plan Nacional de Desarrollo, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
Ruego pues a la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar esta iniciativa a las comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Puntos Constitucionales, así como insertar su texto íntegro y mi intervención en el Diario de Debates. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Insértese de manera íntegra el texto en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los recientes incrementos a los precios del maíz y de la tortilla vinieron a poner al desnudo algo que ya se conocía en México desde los años 70 del siglo pasado: la especulación a gran escala que se hace de los bienes y servicios por parte de los grandes conglomerados industriales en la economía nacional.
La especulación con el maíz tuvo una gran resonancia económica y social, porque se trata del principal consumo en la dieta del pueblo mexicano. Dado que históricamente somos producto de la cultura del maíz y la tortilla, debe quedar claro que la existencia de los monopolios en la economía mexicana no es producto de una distorsión del mercado, se trata de un proceso inevitable en el marco del capitalismo que tiene su origen en dos causas fundamentales que discurren a lo largo del tiempo de manera simultánea.
La primera de ellas tiene que ver con la concentración del capital. Implica que los productores capitalistas eliminen de forma progresiva a los productores no capitalistas, despojándolos de las tierras y convirtiéndolos en obreros asalariados que tienen que emigrar a las ciudades para poder subsistir.
La segunda tiene que ver con la concentración del capital, que implica la eliminación de unos capitalistas por otros a través de la competencia feroz por los mercados.
Con el paso del tiempo, el resultado final de la combinación de estos dos factores es el desarrollo de la gran industria controlada por enormes grupos económico financieros y su máxima expresión, la concentración de los medios de producción en pocos y poderosos empresarios.
Al comienzo de su desarrollo, los monopolios tienen una acción revolucionaria porque elevan la productividad laboral, abastecen el mercado interno y generan excedentes para la exportación.
Con el paso del tiempo, estos monopolios llegan a concentrar a tal grado la riqueza que excluyen del progreso material y social al grueso de la población del país. Esta exclusión económica y social se ve reforzada cuando los Estados nacionales aplican políticas públicas que favorecen su desarrollo y consolidación, al grado de que estas políticas dejan de lado el apoyo a los pequeños y medianos productores capitalistas y no capitalistas.
La afirmación anterior se debe constatar nítidamente para el caso de México, donde el Estado prolongó de manera casi indefinida la protección del mercado interno para favorecer precios altos y, en consecuencia, altas ganancias para los grandes conglomerados industriales que surgieron en nuestro país al amparo de la política sustitutiva de importaciones.
Las repercusiones negativas de esta política proteccionista que favoreció a los monopolios fueron el desaliento a la competencia, a la productividad laboral y al retardo del progreso tecnológico.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 28, primer párrafo, que en nuestro país están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas en los términos que fijan las leyes.
Por ello, creemos que es muy importante que en la Ley Reglamentaria se promuevan cambios que permitan hacer efectivo el precepto constitucional antes citado, máxime que es un hecho notorio que no requiere ser probado, que en México existen múltiples monopolios que se disfrazan al amparo de otras disposiciones jurídicas del área mercantil que se organizan en holdings.
En consecuencia, en opinión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, modificar la naturaleza jurídica en la Comisión Federal de Competencia de órgano desconcentrado, como lo es actualmente, a organismo público descentralizado y ampliar sus facultades permitirá que esta Comisión cuente con instrumentos legales que le permitan combatir de manera frontal las prácticas monopólicas.
Compañeras y compañeros legisladores, de manera conjunta a las reformas que proponemos a la Ley Federal de Competencia Económica, proponemos que se adicione al párrafo tercero del artículo 3° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que la Comisión quede excluida de la observancia de este ordenamiento y en consecuencia no quede sectorizada a ninguna dependencia del Ejecutivo federal, con lo que se salvaguarda y fortalece la autonomía que le otorga en virtud del decreto que esta soberanía aprobará.
En este contexto, la propuesta que está haciendo el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario es, en primer término, dotar de autonomía administrativa, financiera, técnica y operativa a la Comisión Federal de Competencia, para que se convierta en un verdadero instrumento de regulación de la competencia y ponga un freno real a los monopolios privados.
En segundo lugar, estamos proponiendo que el presidente de esta Comisión sea designado por la Cámara de Diputados a partir de la propuesta que haga su órgano de gobierno, que derive de una consulta que incluya a empresarios, académicos y funcionarios públicos.
Asimismo, se propone que los cinco comisionados también sean designados por la Cámara de Diputados siguiendo el mismo procedimiento que el propuesto para elegir al presidente de la Comisión.
En tercer lugar, estamos proponiendo ampliar las facultades de la Comisión Federal de Competencia como se indica a continuación:
Primero. Se considera de orden público la obligación de la persona física o moral de entregar la información o documentos que la Comisión estime pertinentes para realizar su labor de investigación y poder emitir un dictamen fundado respecto de la posible práctica que limite la competencia económica.
Segundo. Crear un instrumento de investigación de las prácticas monopólicas con el fin de conocer a fondo el nivel o grado de concentración económica por parte de las empresas privadas. Dicho instituto será órgano técnico auxiliar de la Comisión.
Tercero. Establecer lineamientos que permitan determinar si una concentración económica limita o no la competencia.
Cuarto. Definir el alcance de la cláusulas de confidencialidad de la información que las empresas deben entregar a la Comisión para efectos de la investigación que realice sobre las prácticas monopólicas o la invitación de la competencia, porque las prácticas monopólicas no se reducen a la concentración económica, sino que también abarcan los acuerdos de cartel que los monopolios establecen para fijar condiciones de mercado a influir en los precios de los bienes y servicios que ofrecen.
Quinto. Crear un Consejo Consultivo ciudadano que auxilie en la implementación de sus atribuciones y facultades a la Comisión Federal de Competencia.
Sexto. Crear un registro de las empresas que realizan prácticas económicas restrictivas y de limitación de la competencia, con objeto de que la opinión pública tenga conocimiento sobre ellas.
Séptimo. A los criterios de fijación de control de mercado también se deben añadir el conocimiento de los acuerdos entre las empresas para la producción y venta de los bienes o servicios y demás relativos a su desempeño económico.
Compañeras y compañeros diputados: las propuestas que estamos haciendo serán insuficientes si no avanzamos también en la discusión de diversas iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados para romper con el secreto bancario y fiduciario, porque si no lo hacemos los grandes consorcios financieros seguirán utilizando esta figura para amparar sus prácticas monopólicas.
Solicito a usted, diputado Presidente, se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta Cámara. Por sus atenciones, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Cantú. Insértese de manera íntegra el texto en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Gobernación.
Se precisa el turno de la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Chanona Burguete a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 437 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarla por cédula.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Saludamos la presencia en este salón de sesiones de alumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. Bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Humberto Dávila Esquivel, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Año con año en amplias regiones del mundo mueren más de tres millones de personas debido a enfermedades causadas por la falta de agua potable.
Para un significativo sector de la población de México y del mundo el tener acceso al agua potable constituye una lucha cotidiana. En este contexto, la administración eficiente, la distribución y suministro en lo hogares y la calidad del agua son esenciales para que las familias cubran sus necesidades básicas.
El promover y proteger la salud de las personas es un asunto que ocupa un lugar prioritario dentro de las agendas gubernamentales. Sin embargo, a pesar de lo anterior millones de personas no han logrado gozar de uno de los derechos humanos fundamentales: el derecho al suministro de agua.
Ante esto se enfrenta un desafío que no se puede posponer más. Urge tomar medidas para cumplir con quienes aún no gozan del derecho del agua y, por otro lado, garantizar el abasto para las generaciones futuras.
La falta de suministro y del saneamiento hídrico es un factor que refuerza el ciclo de pobreza, dificulta la capacidad de desarrollo de la sociedad. La salud de las familias es lo que está de por medio. Es inadmisible no asumir la gravedad del problema.
Corresponde a quienes representamos la nación impulsar políticas que, además de que permitan satisfacer las necesidades básicas de las personas, promuevan la protección del medio ambiente. Hoy somos testigos de cómo la industria y otros usuarios mayores la utilizan y la devuelven al medio ambiente con altos grados de contaminación.
Se estima que para el 2020 el 60 por ciento de la población mundial será urbana, cifra que hace que el desarrollo de infraestructura para el abastecimiento del agua en las ciudades tome carácter de urgente.
En México, estados como Hidalgo, el Estado de México, San Luis Potosí y Tlaxcala han presentado en estos últimos años graves problemas de salud relacionados con la contaminación del agua por desechos tóxicos, como el arsénico, el plomo, los hidrocarburos y aromáticos.
Se ha comprobado que esta contaminación del agua produce en las personas alteración del ADN, que pueden derivar en problemas como la pigmentación de la piel y enfermedades como la leucemia, el púrpura, cáncer de piel, riñón, vejiga o mama, al igual que malformaciones congénitas o incluso la muerte.
México enfrenta serios problemas en el suministro de agua a la población, mismos que tienen su origen en dos factores: la falta de disponibilidad del recurso y la falta de transparencia en su administración, a lo que se agrega el desperdicio y la contaminación de la misma.
Esta situación, en un escenario de urbanización y crecimiento económico nos pone —como país— ante el riesgo de que en el futuro se dé una crisis por la escasez generalizada del recurso. De no adoptar las medidas requeridas, en pocos años la situación se volverá insostenible.
Hoy muchas regiones ya padecen problemas por abastecimiento o mala calidad del agua. Importantes sectores de la población, ante la mala calidad y los riesgos que para su salud trae el consumir agua contaminada, recurren al agua embotellada, destinando para ello un significativo porcentaje de sus ingresos.
El otro extremo se encuentra en quienes, ante la escasez y el desabasto, se ven obligados a comprar pipas para cubrir sus necesidades.
El diagnóstico nacional de salud ambiental y ocupacional de la Secretaría de Salud nos muestra que uno de los problemas más graves en materia de calidad del agua tiene que ver con la contaminación con arsénico, problema que se presenta de forma más preocupante en el centro y norte del país.
Baste mencionar lugares como el río Zahuapan-Atoyác, los mantos acuíferos de Matehuala y la región lagunera. La concentración de arsénico supera en hasta 50 veces los parámetros mundialmente aceptados.
Es muy grave que, ante esta situación, las plantas potabilizadoras en México no cuenten con la tecnología necesaria para eliminar estas sustancias. Pero más grave es el hecho de que no funcionen por los altos costos de mantenimiento.
La Comisión Nacional del Agua rechaza que las familias mexicanas estén expuestas al consumo del agua contaminada. Refutan la información de la Organización Panamericana de la Salud, según la cual aproximadamente un millón de mexicanos está expuesto potencialmente a contaminantes como el arsénico. Asegura también que está combatiendo este problema.
No obstante, en las regiones mencionadas queda constancia de su falta de sensibilidad, de la arbitrariedad con la cual elude su responsabilidad y de la poca o nula transparencia con la que manejan los recursos destinados a garantizar para todos agua suficiente y de buena calidad.
México se encuentra entre los países del mundo cuya disponibilidad promedio de agua se encuentra en un bajo nivel y, más aún, de no tomar las medidas necesarias en materia de administración, gestión y cuidado de nuestros recursos hídricos se mantendrá la tendencia que nos coloca ante un escenario preocupante para el año 2020, es decir, en poco más de una década.
En este escenario de potencial crisis se sustenta la exigencia a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de su responsabilidad se impulsen las acciones que garanticen una administración transparente, eficaz, responsable, con visión y sujeta a las evaluaciones del Congreso, a partir de una verdadera rendición de cuentas.
Lo que se está exigiendo es que la Comisión Nacional del Agua cumpla con lo ya establecido en el artículo 44, párrafo segundo, del Reglamento Interior de la Semarnat, que a la letra dice: "Asimismo deberá aplicar las políticas y disposiciones emitidas en materia de transparencia y acceso a la información".
Las cifras oficiales sobre suministro de agua carecen de credibilidad al no aclarar que en muchas regiones el agua entubada no se encuentra disponible en forma permanente, ya que se dispone del servicio solamente en unas horas del día, el llamado "sistema de tandeo".
Y una vez vacíos los tinacos y/o las cisternas, no queda otro remedio para los hogares que comprar agua. Ya han hecho de su distribución un negocio, aun a costa de la gente de escasos recursos.
Por otro lado, también es una realidad que el suministro del agua favorece a las grandes ciudades, en detrimento de la población rural.
Muy ilustrativas en este sentido son las protestas recientes que el pueblo mazahua, en el Estado de México, está realizando.
En esta región, desde la planta potabilizadora de Los Berros, construida a principio de los años 80 y ubicada cerca de las comunidades indígenas mazahuas, se bombean 16 mil litros de agua potable por segundo hacia la ciudad de México, mientras que gran parte de la población mazahua espera, desde hace décadas, su conexión a la red del agua potable. La distribución de los recursos hídricos se ha venido dando de una manera coyuntural y no siguiendo los lineamientos de la política distributiva estratégica establecida en la ley, que nos dice en el artículo 5o. fracción I: "El agua es bien del dominio público federal, vital, vulnerable y finito; con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional".
Finalmente, quisiera insistir en que los problemas relacionados con el abasto y la calidad del agua constituyen una llamada de atención para las autoridades y para la sociedad misma, de no adoptar de inmediato las medidas pertinentes para detener el desabasto del agua potable que estamos viviendo, la situación podrá llegar a tal grado de complejidad que este problema trascendería al ámbito de la salud y derivaría en un conflicto con impacto en la vida social y política del país.
Con base en lo anterior, a nombre de Nueva Alianza, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
Artículo primero. Se reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 9o. La Comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le correspondan a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación.
En materia de gestión, integrar en los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control, protección, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos asignados al dominio público hídrico.
Es cuanto señor Presidente. Compañeras y compañeros, por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Dávila Esquivel. Y tiene la palabra el diputado Carlos Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Carlos Navarro Sugich y Antonio Valladolid Rodríguez.
Permítame tantito, compañero diputado. Sonido a la curul de la diputada Aleida.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Es para solicitar que la anterior iniciativa sea también turnada a la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de los ambientes acuáticos, si no tiene inconveniente, al diputado promovente.
El Presidente diputado Arnaldo Ochoa González: Con opinión de la Comisión, cómo no. Adelante, señor diputado.
El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich: Con su permiso, señor Presidente. Con objeto de obviar tiempo y por economía procesal, solicito que tanto mi intervención como el contenido de la presente iniciativa se inserten íntegramente en el Diario de Debates de esta Cámara.
Los suscritos, diputados federales Carlos Navarro Sugich, Antonio Valladolid Rodríguez y Gerardo Priego Tapia, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Título Cuarto constitucional, a fin de acotar el fuero de no procesabilidad y perfeccionar su aplicación.
Yo reconozco —antes de entrar al contenido de la presente iniciativa— enormemente la tarea que conjuntamente llevamos a cabo en la presentación de esta iniciativa, el diputado Valladolid, el diputado Priego y un servidor.
¿Qué es lo que no propongo? Lo que no propongo es tocar el fuero inmunidad, aquél que tiene que ver con la facultad y con la permisión que tenemos los legisladores de poder expresar libremente nuestra opinión, con eso me meto.
¿Con qué sí nos metemos? Con el fuero de no procesabilidad, esa es la materia, el objeto de esta iniciativa, que es lo que estamos proponiendo.
Actualmente, no puede ejercitarse la acción penal en contra de un funcionario con fuero, si antes no se solicita la declaratoria de procedencia por parte de la Cámara respectiva. Es decir, sí puede el Ministerio Público iniciar averiguación previa en contra de algún funcionario público con fuero, pero no puede ejercitar la acción penal, si antes no le solicita permiso a la Cámara que corresponda. Lo que estamos proponiendo son algunas cosas.
En primer lugar, que tratándose de delitos flagrantes y graves, el funcionario público con fuero pueda ser detenido sin mayor requisito. Es decir, esta iniciativa pretende que si alguno de nosotros, a los funcionarios con fuero, nos sorprenden en la comisión de un delito flagrante y grave al mismo tiempo, pueda la autoridad ministerial o pueda la autoridad policíaca detenernos sin mayor trámite. Eso por principio de cuentas.
Para continuar estamos proponiendo la desaparición de la declaratoria de procedencia por parte de las Cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público podrá, sin ningún problema, ejercitar la acción penal en contra de un diputado, un senador, por ejemplo, sin necesidad de pedir la declaratoria de procedencia por parte de la Cámara.
La verdad es que esto implica un cambio radical en la tradición jurídica nuestra. Implica, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, un cambio en la manera no solamente en que se protege la función pública sino en la manera en que nos vinculamos con la ciudadanía.
Hay iniciativas cuyo valor rebasa o va mucho más allá, es trascendente a la simple suma de sus artículos; creo que esta es una de esas iniciativas.
Desde hace varias décadas el fuero constitucional, el fuero de no procesabilidad fue ideado, fue creado, con el objeto de proteger al funcionario público de probables amenazas en contra del recto ejercicio de su encargo. Eran momentos en que la nación requería de esa figura para poder tener solidez, para que hubiera seguridad.
Hoy, miles de funcionarios públicos en México tenemos fuero; repito y enfatizo, miles de funcionarios públicos en México gozamos de fuero constitucional. Un caso muy triste es el de mi estado, Sonora, donde regidores, agentes del Ministerio Público, subsecretarios de Estado, gozan de fuero constitucional.
A mí me queda claro que la razón de ser del fuero, cuando se creó esta institución, era para proteger a las instituciones y en última instancia, el contrato republicano. Por lo mismo, uno no puede dejar de pensar, yo no puedo dejar de pensar, cómo esa figura se ha propagado de tal manera en México, tanto a nivel federal, como a niveles estatales.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Permítame, señor diputado. Pido a los señores diputados que están en el salón de sesiones, atención y respeto para la intervención del señor diputado.
El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich: Irónicamente, cuando se creó el fuero había muchas amenazas para la función pública y pocos funcionarios con fuero. Hoy, habemos muchísimos funcionarios con fuero y pocas amenazas para el ejercicio de nuestro encargo. Lo cierto es que el fuero constitucional ha dejado de ser un resguardo funcional para convertirse en una auténtica conquista sindical de parte de quienes lo gozamos.
Los ciudadanos hemos visto cómo escudados en el fuero, funcionarios públicos de todos colores y de todos partidos, hemos dado y hemos brindado muy tristes espectáculos, escudados en otra cosa, más que la charola, que no es la metalización del fuero. La naturaleza del fuero ha dejado de ser una medida de resguardo, para erigirse como una canonjía gubernamental.
Yo no vengo solamente a proponer la eliminación del fuero de no procesabilidad, vengo a proponerle, venimos a proponerle al Poder Constituyente, a que le diga al pueblo de México que estamos listos para transformar el ejercicio de la función pública en México. Venimos a proponer que la clase gubernamental asumamos el costo de nuestros errores pasados y le apostemos al éxito del futuro.
Vengo a proponer que enviemos la mejor y mayor exitosa de las señales que podemos enviar, respeto al estado de derecho. Lo dijo el maestro Rodríguez Prats, en esta misma tribuna y lo dijo muy bien; hay que legislar no en reacción a lo que ocurra, sino en anticipación a lo que queremos que suceda en nuestro país.
Y compañeros legisladores, debe ser deseo de nosotros que en México tanto ciudadanos como funcionarios del más alto rango le tengamos el mismo miedo y el mismo temor a la ley y a su recto cumplimiento.
Debe ser deseo de este Congreso que en México no se necesite protección institucional para nadie. No sé ustedes, pero yo quiero que en México tanto un diputado como un albañil, como un senador, como un abogado, todos le tengamos el mismo respeto y apego a la ley.
Quiero que el respeto a la ley sea un valor cuya profundidad sea tal, que no sea necesaria la utilización de remedios callejeros para salvaguardarlo. Quienes generamos la ley debemos ser los primeros en acatarla. Quienes queremos generar mejores condiciones de justicia social, debemos ser los primeros en correr los riesgos de no cumplir con esa tarea.
Yo les pido humildemente su apoyo a esta iniciativa de mis compañeros diputados. Se los pido de todo corazón. Para mí es un verdadero privilegio estar en esta tribuna haciendo esta propuesta que alguna vez y en su momento hice en el Congreso del estado de Sonora.
Me queda también muy claro y me parece muy curioso, y con esto quiero finalizar, que antes debíamos ganarnos el fuero para tener respeto. Yo creo que hoy es al revés, yo creo que primero hay que ganarnos el respeto para poder tener fuero. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Navarro. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia da la bienvenida al señor presidente municipal, delegados y comisariados del municipio de Nopala, Hidalgo; a estudiantes del Instituto Juventud, de Naucalpan, Estado de México y a los alumnos de la Universidad Insurgentes, plantel Tlalnepantla. Bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 85, del Código Penal Federal.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En obvio de repetir lo que ya está inscrito en la Gaceta Parlamentaria sobre la iniciativa de reforma al artículo 85 del Código Penal Federal, voy a hacer algunas reflexiones únicamente.
La comisión de delitos contra la salud en sus modalidades de producción, tenencia, tráfico y principalmente en lo que se refiere a la transportación de narcóticos, se ha incrementado significativamente desde principios de los años 90.
En el 92 el legislador comienza un proceso de reformas a la legislación penal para tratar de contrarrestar el aumento a la incidencia delictiva mediante la aplicación de penas más severas. Hay que destacar que la delincuencia organizada diversificó sus redes y especializó a sus operadores y trazó nuevos caminos para evidenciar y evadir las acciones de procuración e impartición de justicia.
Uno de estos caminos, es importante destacarlo, tiene que ver con la manipulación de las personas de origen humilde, que provienen de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad y donde son más involucrados es en los eslabones de la cadena delictiva, lo que se refiere a la transportación de los estupefacientes.
Hoy, el número de estas personas que se encuentran sentenciadas en los reclusorios por esta modalidad de transporte de narcóticos es sumamente preocupante. Unos desconocían la carga que llevaban; otros, orillados por sus circunstancias económicas y socioculturales decidieron trasladarlas sin saber a lo que realmente se estaban enfrentando.
Si hacemos un recorrido por los principales reclusorios de este país, nos vamos a encontrar que tenemos a miles de personas que están sentenciadas por este delito en su modalidad de la transportación. Lo más desagradable de esto, es que estas personas no tienen acceso al beneficio de la libertad preparatoria por no reunir los requisitos que marca la Ley en lo que se refiere a la primodelincuencia.
Entiéndase que este concepto tuvo su origen en una solución que el legislador permanente buscó para controlar el problema del narcotráfico, solución que pretendió inhibir la conducta antijurídica sin un resultado palpable hasta esta fecha. Ha quedado demostrado que el combate al crimen organizado a través del endurecimiento de las penas no ha sido eficaz.
El beneficio de la libertad preparatoria no debe ser restringido, pues su fin mismo es precisamente que las personas recluidas trabajen en su mejoramiento como seres humanos para una futura reincorporación con la sociedad y esto es manteniendo una buena conducta durante la ejecución de su sentencia y cumpliendo con las tres quintas partes de su condena. Esto debe ser más que suficiente.
El artículo de referencia, el 85 del Código Penal Federal dice que no se va a conceder la libertad preparatoria a aquellos que en el delito contra la salud y en su modalidad de transportación, sean primodelincuentes. Y aquí habría que ser más certero en las reflexiones. La delincuencia está avanzando en caminos alternos para evadir la justicia y uno de ellos es aprovechándose de las carencias económicas que tienen grandes sectores de nuestra población.
Yo preguntaría ¿debemos hacer válido y fáctico el beneficio de libertad preparatoria? Yo digo que sí. Sigo preguntando ¿debemos los legisladores perfeccionar el tipo penal, en particular para atender a aquellas personas que por su situación económica y cultural se vean afectadas? Sigo diciendo que sí, siempre y cuando no hayan sido condenados con anterioridad por un delito doloso con sentencia ejecutoriada.
Si uno revisa las estadísticas, encontraremos casos de sentenciados que no pueden acogerse a este beneficio porque tienen delitos culposos, generados muchas veces por descuidos de ellos mismos.
Un ejemplo de los muchos que existen, si nos vamos a los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el porqué le niegan este beneficio, puede ser —y en muchas ocasiones nos hemos encontrado— por simples accidentes de tránsito de vehículos, donde han sido delitos imprudenciales.
Según cifras del Ejecutivo federal, la población penitenciaria actualmente es de aproximadamente 208 mil internos. Su crecimiento gira anualmente alrededor del ocho por ciento, es decir entre 15 y 20 mil personas por año. Un porcentaje significativo de estas personas son transportistas de este narcotráfico.
Por último, quisiera recordarle a esta soberanía que el actual titular del Ejecutivo federal cuando respondió el cuestionario enviado a los entonces candidatos a la Presidencia de la República en el programa Diálogos de México, coincide con hacer una revisión a la legislación penal mediante modificaciones al esquema que autoriza la libertad anticipada. Y entiéndase el beneficio que habrá para un grupo de la población penitenciaria vulnerada por el crimen organizado.
Por lo tanto, concedamos la libertad preparatoria si los sentenciados cumplen con los requisitos de la legislación penal. Hagamos, pues compañeras y compañeros legisladores, accesibles a este beneficio a quienes anteriormente no hubiesen sido condenados en sentencia ejecutoriada por un delito doloso. Gracias por su atención. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Se pospone la iniciativa de la diputada Mónica Arriola, por no encontrarse en el salón de sesiones. Y por tanto, se concede el uso de la tribuna a la diputada María de Jesús Guerra Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada María de Jesús Guerra Sánchez: Con su venía, diputado Presidente. En mi carácter de diputada federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche; me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al tenor la siguiente
Exposición de motivos
El proceso de transición a la democracia en nuestro país logró avances significativos después de la última gran reforma electoral de 1996: el acceso a un financiamiento público más equitativo, el acceso a los medios de comunicación por parte de todos los partidos políticos, pero sobre todo, la consolidación de las instituciones electorales que organizan y califican las elecciones.
Dentro de este marco se ha venido reformando nuestro Código Electoral con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como también con la finalidad de seguir fortaleciendo a los organismos electorales.
Es en este sentido que los partidos políticos mexicanos se han visto obligados —y no por propia voluntad— a otorgar candidaturas para mujeres a puestos de elección popular en el rango que la misma Ley lo marca.
Como podemos ver, estamos lejos de que la equidad e igualdad de género en materia político-electoral sea una realidad en nuestro país. Esto sigue obedeciendo a una cultura política dominada por el género masculino y contra la cual hemos tenido que luchar para abrirnos espacios que por derecho constitucional nos corresponden.
En los procesos electorales los partidos políticos están obligados por Ley a cumplir en la integración de candidaturas con un determinado porcentaje para cada género. De acuerdo a nuestra legislación federal, todos los institutos políticos tienen la obligación de que en la integración de sus listas a puestos de elección popular ningún género debe tener una representación mayor al 70 por ciento.
Esto sin duda es un avance, pero es imprescindible señalar que existen legislaciones locales en las que el avance ha sido más equitativo y significativo; claro está, sin llegar al 50 por ciento para cada género que sería lo ideal. Incluso, una vez que los procesos electorales terminan y se asumen los cargos, resulta que la integración de los órganos legislativos o los cabildos ya no reflejan el mismo porcentaje que en las candidaturas.
Todo esto sucede porque los partidos apartan los espacios o territorios electorales que mayores condiciones tienen para ser ganados por las personas que integran las dirigencias partidistas, que comúnmente son integradas mayormente por los varones.
Regularmente a las mujeres se les otorga candidaturas de mayoría relativa que están dentro de los distritos difíciles, donde el partido que las está proponiendo no tiene muchas posibilidades de ganar y en la mayoría de los casos en las listas plurinominales se suele colocar a las mujeres en las suplencias.
Otros problemas colaterales a los que se enfrenta la mujer tienen que ver con el hecho de que a las mujeres les cuesta mucho trabajo acceder al financiamiento por su condición en el hogar y deben obtenerlo por diversos medios. Y si a esto le agregamos la doble o triple jornada a la que están sometidas, la situación se vuelve más compleja. Asimismo, es necesario seguir explorando mecanismos que concilien la selección de candidatas o candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional con la cuota de género.
Avances en este terreno existen en la legislación electoral del estado de Chihuahua, en donde un porcentaje bajo de candidatas de mayoría relativa debe ser compensado por cada partido con la colocación de más mujeres en los primeros lugares de sus listas de representación proporcional, mientras que en el caso del estado de Campeche el porcentaje para candidaturas de un mismo género no debe de exceder del 60 por ciento.
No está por demás señalar que en otras latitudes el avance en la participación de la mujer es muy evidente. Por ejemplo en Noruega y Dinamarca las mujeres han logrado acceso del 40 y 50 por ciento en posiciones políticas, y ahora piden que en los consejos empresariales haya un 30 por ciento de mujeres.
De acuerdo con el último análisis hecho por el Instituto Nacional de las Mujeres, con base en datos del Instituto Federal Electoral (IFE) el mayor porcentaje de candidaturas de mujeres lo tienen ahora los llamados partidos chicos, Nueva Alianza y Alternativa.
Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que me permito someter a la consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 171 A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 175 A. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del 60 por ciento de candidatos o candidatas propietarios de un mismo género.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado Presidente y solicito que se inserte de manera íntegra el texto en el Diario de los Debates. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese de manera integra el texto de la iniciativa, tal como lo ha solicitado la diputada María de Jesús Guerra Sánchez, y túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se concede el uso de la palabra al diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de Fiscalización Superior de la Federación; de Coordinación Fiscal y de Instituciones de Crédito.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, misma a la cual pido inserte íntegra la iniciativa que hoy presento, ya que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo cual solamente daré lectura a una síntesis de la misma.
La presente iniciativa de reformas tiene como principal objetivo llevar a cabo una reforma integral tanto de la naturaleza jurídica y orgánica de la Auditoría Superior de la Federación, así como elevar a la Auditoría como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la revisión de la cuenta pública.
Derivado del análisis al proceso fiscalizador en México, nos damos cuenta que, en efecto, el procedimiento al que está sujeta la revisión de la cuenta pública tiende a politizarse, de tal forma que las decisiones y determinaciones que pueda tomar ese órgano se pueden ver afectadas precisamente por la dependencia que la misma Auditoría tiene del órgano político, tomando en cuenta las diversas corrientes que hoy convergen en la Cámara de Diputados.
En este contexto, en nuestro país existen antecedentes en el sentido de transformar a la Auditoría Superior en un órgano constitucional autónomo ya que su propia naturaleza como entidad de fiscalización la hace incompatible con las demás funciones del Estado que se llevan a cabo a través de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
En síntesis, la fiscalización es una función propia del Estado pero al ser una faceta distinta del poder, debe ser ejercida por un órgano autónomo y no conservarse como una prolongación de la actividad legislativa.
En este orden de ideas, al dotar de autonomía al órgano aludido nos encontraremos frente a un órgano constitucional autónomo que no pertenecerá a ninguno de los poderes existentes, lo cual traerá consigo una autonomía orgánica y funcional.
Así las cosas, no debe caber la menor duda de que en la actualidad es necesaria la creación de nuevos órganos capaces de disminuir la burocracia y la corrupción, por lo que la autonomía y fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación será un paso más para transitar a la adecuada fiscalización, total transparencia y democratización en nuestro estado de derecho.
Además, la presente iniciativa busca actualizar a la Auditoría Superior de la Federación de manera que se coadyuve a eficientar la consecución de los propósitos, espíritu y mandato que le fijó el constituyente permanente, por ello debe ser el punto de partida para el rediseño y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación ya que como un órgano constitucional autónomo, para que exenta de cualquier tipo de presión, vigile y responsabilice los exceso en el ejercicio de los recursos federales puedan incurrir aquellos sujetos fiscalizables que los hayan recibido.
Debemos impulsar un sistema de fiscalización más simple pero a su vez, lo suficientemente sustancioso para conocer en qué se gasta el dinero, de qué manera se gasta y, lo más importante, quién lo gasta. De esta forma, empezaremos a sanear a la Administración Pública de entidades y funcionarios que generan gastos innecesarios mediante la práctica de actividades ilegales o ineficientes.
La iniciativa considera que la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, tenga por objeto determinar si en la gestión financiera se cumple con toda clase de leyes no solo con las correspondientes a los ingresos y egresos a efecto de que la revisión de la Cuenta Pública no se limite a una fiscalización contable de recursos y erogaciones sino que sea una garantía de que los entes fiscalizados cumplen con todas sus obligaciones legales.
También se consideran, en el cuerpo de la iniciativa, adelantar la fecha de presentación de la Cuenta Pública a efecto de que la Auditoría cuente de manera oportuna con la información. En este sentido, se propone establecer que la Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la entidad de fiscalización superior a más tardar el 31 de marzo del año posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
Así, se pretende promover la prontitud y eficacia en la revisión y fiscalización de los recursos federales.
En resumen, al adelantarse la fecha de entrega de la Cuenta Pública, las entidades ejecutoras de gasto se verán forzadas a planear mejor su presupuesto a lo largo del año, perdiendo discrecionalidad en la ejecución del mismo. Lo anterior redunda en una mejor calidad en el empleo del gasto público.
En aras de fortalecer a la Auditoría mencionada, se propone adicionar la atribución de fiscalizar la recaudación de fondos y recursos de los poderes de la Unión, de los entes públicos federales y demás entidades fiscalizadas por ser el texto constitucional omiso al respecto.
También se propone precisar la atribución de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar de manera directa los recursos ejercidos por las entidades federativas, los municipios y las administraciones públicas paraestatales.
Lo anterior, en virtud de que en algunas autoridades locales, invocando el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se oponen al ejercicio de las atribuciones de la Auditoría sosteniendo que la facultad de fiscalizar los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios, compete exclusivamente a sus órganos locales al formar parte de sus cuentas públicas.
Asimismo, se plantea adicionar como sujetos de fiscalización a los órganos político-administrativos del Distrito Federal, los que se han transferido a los particulares, los partidos políticos inscritos en el Instituto Federal Electoral; los fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico que ejerzan recursos públicos y los que sean transferidos a los particulares.
Lo anterior en complemento de la reforma al artículo 2, fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior, publicada el 4 de abril del año 2005, que amplía el concepto de entidades fiscalizadas para incluir en él a los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administre recursos federales.
La presente reforma no sólo precisa cada uno de los órganos fiscalizables, sino también las obligaciones con las que cuentan todos y cada uno de ellos, lo cual viene a despejar dudas sobre el actuar de los entes que participan en la actividad fiscalizadora y a su vez trae consigo una mayor certidumbre en los procedimientos, toda vez que se minimizará la participación del Poder Judicial de la Federación en tratándose de la interpretación y alcance de las normas objetivas y sustantivas en materia de fiscalización superior.
En virtud de la aprobación de la presente iniciativa, los sujetos de fiscalización estarían obligados a proporcionar la información que requiera la Auditoría Superior de la Federación bajo el apercibimiento de la imposición de sanciones en el caso de faltar a esa obligación, ya que en la normatividad actual, las sanciones por el incumplimiento de atender los requerimientos de información de la auditoría, sólo están previstas en el caso de revisiones de situaciones excepcionales.
Con esa misma intención se expone la propuesta de dotar a la Auditoría de facultades para emitir actos concretos a las entidades fiscalizadas. En ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y de revisión de situaciones excepcionales, así como para emplear medidas de apremio con el fin de hacer cumplir sus determinaciones, en virtud de que en la normatividad vigente, la Ley no confiere atribuciones a la Auditoría Superior para emplear medidas de apremio.
Igualmente, en el cuerpo de modificaciones se contempla que el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública deberá estar concluido a más tardar el 31 de octubre del mismo año de su presentación.
Ello, dado que se considera que es suficiente el plazo de siete meses con que contaría la Auditoría Superior para la elaboración y presentación del informe de resultados de su revisión, permitiendo conocer de manera más oportuna los resultados de la gestión financiera del gobierno y si ésta se ajustó o no a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior.
Por lo que hace a la composición de la Auditoría Superior de la Federación, como órgano constitucional autónomo, se propone que la máxima auditoría sea un órgano colegiado integrado por tres auditores superiores de fiscalización, lo cual atendiendo al principio tripartita que rigen diversos órganos de gobierno, viene a reforzar al órgano fiscalizador, así como a transparentar sus actuaciones de tal forma que existirá mayor vigilancia y control sobre sus facultades, además de que en el sentido tripartita, trae consigo mayor practicidad y agilidad en las votaciones y por ende, en las decisiones que se vayan a tomar respecto de esta trascendental función.
Con el interés de complementar la referida modificación constitucional, se proponen diversas reformas a otras normas secundarias para que se tenga la obligación de entregar documentación y toda clase de información que les requiera la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de situaciones excepcionales. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Ávila Mayo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Quintero Bello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El diputado Jorge Quintero Bello: Con su venia, Presidente diputado. El suscrito, Jorge Quintero Bello, diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 fracción V de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Voy a intentar hacer una síntesis y unas citas en la exposición de motivos por economía procesal.
El grupo parlamentario de Acción Nacional, a través de su plataforma política, exalta la necesidad de dotar de igualdad de oportunidades a los mexicanos, en este caso reformando leyes que van a favor de los grupos vulnerables; caso específico, en beneficio de las madres adolescentes.
Todos conocemos el alarmante incremento de adolescentes que se embarazan en edades cada vez más jóvenes. Una estadística reciente del INEGI dice que el 23.3 por ciento de nacimientos registrados en al año 2005 corresponden a madres aún niñas, que terminaron su nivel primaria, y el 33.5 por ciento corresponden a las adolescentes de secundaria, de acuerdo con cifras de la misma fuente.
Los datos anteriores demuestran una clara preocupación por este sector de la sociedad ya que es un problema de salud pública de muy rápido crecimiento y por el cual se están realizando políticas públicas y diversas reformas, como por ejemplo la Ley de Asistencia Social, la Ley de Educación, la Ley del Trabajo, entre otras; y señalar que recientemente se expidió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Actualmente el Presidente Felipe Calderón Hinojosa creó varios proyectos para la protección de los grupos más vulnerables, entre los que destacan el Seguro Universal, el cual garantiza a todos los niños que nazcan en este sexenio la protección médica que requieran. Asimismo, el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en Situaciones de Vulnerabilidad.
Es cierto que el apoyo a las madres adolescentes se ha incrementado a través de programas sociales eficientes, focalizados, especializados y coordinados otorgando capacitación, becas, bonos y pensiones para ellas, generación de nuevas fuentes de trabajo, oportunidades de formación para la madre adolescente y acciones emprendedoras.
No obstante todos los esfuerzos realizados día con día para la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, estos grupos vulnerables siguen viviendo cotidianamente algún tipo de discriminación, y la desigualdad es un reflejo de la gran vulnerabilidad que enfrentan las madres adolescentes desde su hogar hasta con la sociedad misma, que limita y en ocasiones vulnera su desarrollo humano y personal.
Las oportunidades de estas madres se ven mermadas ya que en algunos casos son discriminadas, tanto académica como laboralmente, bien sea por su condición de embarazo o por tener un hijo a temprana edad.
Las bases que se encuentran para poder seguir dando certidumbre y apoyo a las madres adolescentes las encontramos en el marco normativo, tanto leyes federales como locales, que son instrumentos de construcción y seguimiento para garantizar la igualdad de oportunidades en función de la no discriminación a las madres adolescentes, para que puedan acceder a todos los programas, becas, créditos u otras acciones que les proporcionen algún beneficio para dotarlas de las herramientas necesarias que les permitan tener una mejor calidad de vida para ellas y sus hijos. Se deba hacer más y continuar legislando para las mujeres.
El discurso público busca el reconocimiento de la igualdad de género; sin embargo, pareciera que no alcanza para las mujeres jóvenes.
Como legisladores tenemos la obligación de facilitar y garantizar las soluciones que faltan, para encontrar la forma de pasar de las palabras a los hechos y lograr así entretejer las bases sólidas a través de las reformas necesarias que nos permitan llevar a cabo acciones con perspectiva de género y, mejor futuro para compartir experiencias y sueños, involucrando plenamente a todos los gobiernos en sus diferentes niveles.
Luchas por combatir la pobreza, ofrecer a las madres adolescentes los mecanismos de fortalecimiento personal, educación y capacitación profesional para que superen esa condición de vida.
Estos asuntos de interés público que vislumbramos, efectivamente tienen que ver con las niñas, adolescentes, y en general, con la juventud de nuestro país. Pero también con nosotros y el resto de la sociedad, pues damos cuenta de lo que queremos construir cuando pensamos y sobre todo, cuando decidimos y actuamos para tener una sociedad más igualitaria, más justa, más tolerante, más democrática, más participativa, más cercana a lo que todos deseamos.
La pobreza se puede superar y quién más que las mujeres para dar ese salto siempre y cuando las dotemos de las herramientas necesarias.
Compañeras y compañeros legisladores, realicemos una revisión de las leyes promoviendo las reformas de éstas y garantizando una efectiva administración de justicia, con igualdad de oportunidades, con equidad de género que promueva y contribuya al desarrollo integral de las madres adolescentes y de sus hijos, los cuales se encuentran en estado de vulnerabilidad trabajando con transparencia y rendición de cuentas.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Artículo único. Se reforma el artículo 11, fracción V, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
Fracción V. Preferir con equidad de género el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios a las personas que tengan a su cargo menores de edad y estén en situación de pobreza.
Transitorio
Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Presidente diputado, le solicito se transcriba íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
Esta Presidencia saluda a los invitados del diputado Moisés Dagdug, que son alumnos de la Universidad Indígena Latinoamericana de Tabasco. Bienvenidos.
Asimismo saludamos a la Asociación Internacional de la Ciudad de Saitama, Japón, invitada esta delegación por el diputado Gustavo Cárdenas Monroy, a quienes les damos la más cordial bienvenida y deseamos una grata estancia en nuestro país. Sonido a la curul de la diputada Marina.
La diputada Aida Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Sólo para solicitarle que esta iniciativa que se acaba de leer, también para que tenga la opinión de la Comisión de No Discriminación, "Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos". Gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Esta Presidencia está de acuerdo con la propuesta de la diputada Marina Arvizu. Tome nota la Secretaría.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Roberto Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 276 de la Ley General de Salud.
El diputado Roberto Mendoza Flores: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito diputado Roberto Mendoza Flores, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta a la consideración de esta honorable Asamblea, iniciativa que modifica la fracción II del artículo 276 de la Ley General de Salud, en base a la siguiente
Exposición de motivos
La búsqueda del bien común público constituye el fin principal de los que ejercemos algún cargo de representación popular, es así que los ciudadanos al depositar el sufragio a favor de cada uno de sus candidatos intervienen en un acto de mandato y así inviste a otro ciudadano de su representación ante distintos órganos de gobierno.
Vengo ante esta soberanía a efecto de proponer modificaciones a lo establecido en la Ley General de Salud en materia de prevenciones en la lucha contra el tabaquismo y así exponer muy claramente el compromiso de los legisladores de la Unión para erradicar el uso y abuso del tabaco.
Sin lugar a dudas el principal problema de la salud pública que enfrenta el Estado mexicano son aquellas enfermedades ocasionadas directa o indirectamente por el cigarro de distribución comercial.
Al día de hoy en México mueren entre 120 y 150 personas diariamente según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales; es decir, al año en nuestro país están condenados a muerte más de 40 mil mexicanos. Lo peor del caso es que esta muerte es permitida y validada por las instituciones del Estado.
La primera pregunta que me surgió al respecto es, ¿cómo el Congreso mexicano puede contribuir contra estos hechos? La respuesta más sencilla sería erradicar y no permitir su producción, distribución o comercialización; sin embargo, un hecho irreductible es que de este producto dependen miles de familias mexicanas.
Para entender la gravedad del problema les daré algunos de los contenidos de las más de cuatro mil sustancias que forman parte del cigarro: isocianato metílico, aceton, armoníaco, arsénico, benceno, butano, monóxido de carbono, cianuro, DDT, formaldehído, naftaleno, nicotina, entre otros. De todas y cada una de las anteriores sustancias ha sido comprobado científicamente el grado de daño que causan a la salud del ser humano.
Es así, compañeros legisladores, que podemos decir con absoluta certeza y sin cortapisas que fumar no sólo ocasiona daños a la salud, "fumar es causa de muerte".
¿Qué se necesita para erradicar este mal hábito de más de 50 millones de mexicanos a este producto nocivo para la salud? Les pregunto, ¿cuántos muertos de cáncer y enfisema pulmonar se requieren?, ¿cuántos bebés prematuros necesitamos ver con problemas respiratorios?, ¿cuántos incendios forestales accidentales que acaban con la naturaleza serían suficientes para ser sensibles? Desgraciadamente ni los muertos ni los bebés prematuros ni los bosques pueden venir hoy a manifestarse a la Cámara, pero les garantizo que no sería una imagen muy agradable. El tabaquismo es la peor epidemia del mundo, ya no es una amenaza, es una realidad.
Es por eso, que hoy en día, no sólo acudo como legislador, vengo como médico a pedir de ustedes acciones urgentes y determinantes para ayudar a la prevención del tabaquismo y así juntos podamos decirles a nuestros hijos, amigos y representados, que estamos conscientes y que esta soberanía realiza acciones directas en beneficio de su salud. Esta propuesta es un primer paso, el siguiente será la eliminación de su comercialización, ya que dotemos de instrumentos alternos a los dependientes a su exposición y venta.
Compañeros legisladores, es nuestra obligación dotar a la ciudadanía de instrumentos jurídicos que velen por su salud, reconociendo a ésta como un derecho humano y garantía social prevista en el Constituyente de 1917.
Ante la nueva realidad y la acreditación plena de los daños irreversibles a la integridad física del ser humano y particularmente, de los ciudadanos de nuestro país, surge la necesidad de construir consensos que permitan el mayor conocimiento de la sociedad civil, de los daños ocasionados por el tabaquismo.
Con lo anterior se presenta el siguiente proyecto de decreto que modifica la fracción II del artículo 276 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 276. En las etiquetas de los empaques y envases en que se expenda o suministre tabaco; además de lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes deberán figurar de forma clara y visible, leyendas de advertencia escritas con letras fácilmente legibles con colores contrastantes, sin que se invoque o haga referencia a alguna disposición legal, con un tamaño equivalente al 25 por ciento, por lo menos en cualquiera de las caras frontales o traseras de la cajetilla, en adición a una leyenda de advertencia, en una de las caras laterales de la cajetilla, las cuáles alternarán con los contenidos siguientes:
Fracción II. Fumar es causa de muerte. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud. Tiene la palabra el diputado José Amado Orihuela Trejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 15 y 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado José Amado Orihuela Trejo: Con su permiso, señor Presidente. Durante décadas la agricultura mexicana cumplió cabalmente su papel asignado históricamente en la economía de todas las naciones, intercambio económico para empujar a los sectores de la producción y generación de alimentos suficientes y a buen precio para la población urbana.
Hoy en día, la situación en el campo mexicano es muy diferente, presenta serios problemas estructurales, entre los cuales podemos mencionar, la falta de un sistema financiero rural eficiente que vincule todos los eslabones de la cadena productiva, desde la compra de semillas hasta la recolección de la cosecha y su posterior comercialización.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores mexicanos es la falta de créditos accesibles para la realización de sus actividades agropecuarias, debido a innumerables factores; entre los que podemos mencionar, la falta de planeación en base a programas de formación, para que los productores estén capacitados para llevar a cabo proyectos factibles, eficientes, realistas y bien fundamentados, para que tengan la posibilidad de obtener créditos y poder pagarlos con el fruto de sus cosechas.
La cartera vencida es un problema añejo que sigue sin resolverse plenamente en el campo mexicano.
En 1991, el gobierno mexicano inició la privatización del Sistema de Banca Múltiple para promover una economía abierta. Este nuevo sistema financiero mexicano fue tan sólo una de las causas que originaron la crisis financiera del año de 1995. Crisis que originó el ingente incremento en los montos de las deudas de todos los usuarios del crédito, personas físicas y morales, originando el quebranto financiero de numerosas empresas; además, debido al sorprendente incremento de las tasas de interés, los usuarios del crédito vieron de un día a otro cómo se incrementaban sus deudas de manera tal que ya resultaban impagables.
Este fenómeno originó el surgimiento de movimientos sociales en defensa del derecho al crédito y del pago justo de éstos, como es el caso de El Barzón, siendo los más afectados los campesinos y los pequeños productores.
Once años después vemos que los esfuerzos realizados por el gobierno federal han sido insuficientes. Miles de familias campesinas siguen con enormes problemas de acceso a créditos, principalmente debido a que no han podido pagar sus adeudos anteriores.
Actualmente la situación en el campo mexicano es muy alarmante, pues si bien los datos del Sexto Informe de Gobierno del ex Presidente Fox muestran una importante tendencia a la disminución del importe de la cartera vencida agropecuaria, silvícola, pesquera, tanto de la banca comercial como la banca de desarrollo, ubicándola a junio de 2006 en 949 millones de pesos y 483 millones de pesos, respectivamente, la realidad en los campos de cultivo de nuestro país es que miles y miles de familias se encuentran en esta situación y, lejos de visualizar una solución, se encuentran inmersos en un círculo vicioso que día con día empeora su situación financiera, patrimonial y de salud.
El gobierno federal ha tenido que instrumentar cuantiosos rescates, entre los que podemos destacar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que llegó a 991 mil 828 millones de pesos para rescatar la banca. Instrumentó el rescate carretero, el cual alcanzó 157 mil 316 millones; también expropió ingenios.
Por otro lado y en contraste con esto, con los campesinos y productores rurales producto de su reclamo y movilización nacional, solamente se comprometió y firmó el pasado 28 de abril de 2003 el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentaria el cual, en su numeral 35, señala que el Ejecutivo federal se compromete a la instrumentación de un programa de apoyo a deudores en cartera vencida en la banca de desarrollo del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural que promueva su reingreso al financiamiento a través de quitas parciales y sustantivas a los productores medianos y pequeños, respectivamente. Si bien se han venido implementando programas que coadyuvan a la solución de este problema, éstos no han sido suficientes, los campesinos siguen en cartera vencida.
El enorme otorgamiento de créditos agropecuarios en los 90 se debió a la visión excesivamente optimista del progreso y bienestar que se avecinaba. Visión compartida por empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, el gobierno y sobre todo la población que de un momento a otro se había convertido en sujeto de crédito, el cual era algo diferente para ellos, ya que durante años no habían contado con suficiente financiamiento o crédito.
La crisis surgida a partir de la devaluación le dio el golpe letal al sistema bancario, así como la caída de los precios en los productos agropecuarios, los precios controlados de los productos básicos, en contraste con las constantes alzas de los insumos.
La combinación de todos estos factores originó el abultamiento de la cartera vencida en el sector agropecuario. La situación se torna más preocupante debido a la inminente entrada de la última etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por lo tanto, la entrada sin ninguna restricción de prácticamente todos los productos agropecuarios.
Ante este panorama es necesario hacer uso del marco jurídico nacional existente. Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su artículo 25 la obligación que tiene el Estado de ejercer la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga esta Constitución.
Es obligación del Estado dictar políticas públicas que coadyuven al fomento del crecimiento económico. Sin duda, la reactivación del crédito, los agentes de la sociedad rural y la eliminación de la cartera vencida coadyuvarán con este objetivo.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece un sistema de estructuras e instrumentos de planeación para fortalecer el federalismo e incrementar la eficiencia y la eficacia de las acciones del desarrollo rural que encuentra su centro en el Programa Especial Concurrente, el cual integra y concerta las propuestas sobre los muy diversos aspectos de un desarrollo auténticamente integral, por medio de las diferentes instancias creadas en ella.
Es en el marco de este Programa Especial, en donde las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario se van a definir, la iniciativa que se propone hoy es la adición de un inciso XVIII recorriendo el último XIX al artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en donde se determinan las acciones que fomentará el Programa Especial Concurrente, incluyendo entre estas acciones el impulso a los programas orientados a eliminar la cartera vencida de los agentes de la sociedad rural y su acceso al crédito.
La iniciativa que someto a su consideración propone adicionar un inciso VIII al artículo 71 de la Ley, para orientar apoyos con base en lo estipulado en el PEC al pago de la cartera vencida. Sin duda alguna, un esfuerzo de esta naturaleza coadyuvará al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros productores y de nuestros campesinos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 y 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo primero. Se adiciona un inciso XVIII al artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se recorre el inciso XVIII al XIX para quedar como sigue:
Inciso XVIII. Impulso a los programas orientados a eliminar la cartera vencida de los agentes de la sociedad rural y su acceso al crédito.
XIX. Las demás que determine el Ejecutivo federal.
Artículo segundo. Se adiciona un inciso VII y se recorre el actual al VIII del artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:
Inciso VII. El pago en base a programas incluidos en el PEC de la cartera vencida de los agentes de la sociedad rural.
VIII. Los demás que establezca la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería.
Esta Presidencia saluda a los invitados especiales del estado de Hidalgo, invitados especiales del grupo "Primero los Pobres", de la delegación Coyoacán y a los alumnos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
A petición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pospone la presentación de la iniciativa del diputado Javier Estrada González. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros. La diputada Mary Carmen Salvatori, el diputado Rutilio Escandón y el de la voz, desde esta tribuna le mandamos nuestra solidaridad y nuestro afecto al compañero diputado Horacio Garza Garza y hacemos votos porque pronto se reincorpore a su trabajo legislativo. También enviamos nuestro pésame a la familia de su colaborador, el señor Héctor Morales Juárez. Lamentable lo que pasó en Nuevo Laredo.
Vengo en nombre de mis compañeros diputados Rutilio Escandón, de la diputada María del Carmen Salvatori y su servidor, a presentar iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un tercer párrafo al artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para establecer como pérdida del cargo, la reincidencia de diputados y senadores que acuden a pasar lista y se comprueba que abandonan la sesión sin justificación.
Por ese motivo quiero expresar lo siguiente: El día de ayer, la Mesa Directiva en un acto sin precedente tomó la decisión de crear un grupo de trabajo denominado "el grupo por la ética de los legisladores".
En una exposición de motivos brillante por parte de la diputada María Elena Álvarez, nuestra vicepresidenta, la mayoría de los que ahí estuvimos, coincidimos plenamente de que los diputados y las diputadas tienen una imagen negativa. Que no es esta Legislatura, que han sido otras, otras y otras, pero que esta Legislatura es la que en este momento tiene la responsabilidad con la nación y por tal motivo debe de presentar resultados suficientes que permitan, que podamos resolver la problemática de todos los mexicanos.
El día de ayer otra compañera de nosotros, del Partido Acción Nacional, decía: Lamento y me da pena ver tantas curules vacías. Tenía razón la compañera, si hoy, que hoy está aquí, ve cuantas curules vacías hay en este momento; seguramente le volvería a dar pena y volvería a decir lo mismo.
El día de ayer diferentes diputados de diferentes partidos dijeron que había que reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica, el Reglamento y que había que trabajar sobre un esquema que permita dar una buena imagen. El día de hoy, apenas tendremos 251 diputados que están aquí, otros estarán haciendo trabajos en comisiones, pero en el Pleno no están "y Pleno mata Comisión".
Por lo tanto, como estuve muy de acuerdo con lo que propusieron ayer los coordinadores parlamentarios, el Presidente de la Junta de Coordinación Política y como queremos ser congruentes en lo que decimos, se tiene que reflejar en lo que hacemos.
Y así como lamentamos lo que pasa a nuestro amigo diputado Horacio Garza Garza y lo que pasa en otras partes del país, nosotros venimos aquí para poder hablar en nombre de todos nuestros representados; para decir que esta inmunidad legislativa que tenemos los diputados y los senadores no se puede perder nada más porque conviene que se pierda; porque entonces no podremos decir todo esto que estamos diciendo en este momento.
Porque esa inmunidad legislativa se podrá perder una vez que se reforme el Ministerio Público; porque esa inmunidad legislativa se podrá perder cuando suceda que se han renovado las instituciones de procuración de justicia, que se han renovado los poderes judiciales estatales. Entonces se podría perder para no darle paso a un estado autoritario, que por una u otra cosa quiera quitarnos la oportunidad que como legisladores tenemos para decir la verdad y la verdad aunque duela siempre tiene sustento.
Vengo compañeras y compañeros, a nombre de la diputada Salvatori y del diputado Rutilio Escandón, a decirles que nosotros somos los primeros que queremos que ese comité, ese grupo de trabajo de ética funcione y dé resultados a la brevedad.
Y vengo a nombre de ellos a decirles que nos preocupa muchísimo que hay tantas iniciativas para reformar los artículos que tienen que ver directamente con los diputados y las diputadas y los senadores, y que ahí guardan el sueño, ahí duermen el sueño de los justos y que eso no es posible.
Si nosotros tomáramos la decisión, porque tenemos la potestad total, absoluta, legal y constitucional de decir: "se acabaron las ausencias, se acabaron las faltas, salvo las condiciones de enfermedad o el caso que ahora nos ocupa", en ese momento estoy seguro que todos se normaría. Pero si es que es tan fácil, de veras lo digo, con toda sinceridad. Es que podemos trabajar en diferentes horas, es que podemos estar presentes aquí para que el debate nutra y sirva para tener un Estado fuerte, que permita que esta nación se desarrolle y no el acuerdo de los grandes partidos, que eso ha lastimado también a la sociedad mexicana.
Compañeras, compañeros diputados. Qué buena oportunidad venir a esta tribuna y poder decir con base en el artículo 63, en el 64, con base en la Constitución General de la República, que no es más que la fuerza del legislador la que permite, cuando está presente, cuando tiene autoridad moral, cuando discute aquí; da gusto venir aquí y decir: "qué bueno que una Secretaría cumplió o incumplió. Qué bueno". Por ejemplo, hoy es el caso; qué bueno que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió y nos va a construir un nuevo Puente Remolino en nuestro estado —y tengo que decirlo aquí— porque aquí mismo dije que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos estaba atrasando la construcción de este tramo.
Hoy como legislador puedo decir: "no tuve ninguna represalia, al contrario; aquí está el Diario Oficial" y aquí puedo decir muchas gracias a quienes hicieron su trabajo para que tengamos un nuevo Puente Remolino y comunique 22 comunidades que están cercanas.
Termino, compañeros, proponiéndoles el párrafo, un párrafo nuevo pequeñito al artículo 63, que dice el que propongo que se adicione:
Cuando un senador o un diputado se ausente de la sesión una vez que haya pasado lista de asistencia, será sancionado con la pérdida de la dieta respectiva. Si el abandono de la sesión se verifica por tres veces consecutivas o cinco discontinuas en un mismo período de sesiones, ordinario o extraordinario, será sancionado con la pérdida del cargo llamándose entonces a su suplente, quien concluirá el período para el cual fue electo.
Ésta es la idea que tenemos los legisladores que preparamos esta iniciativa y le ruego al señor Presidente sea tan generoso de que íntegra, con todas las valoraciones de carácter técnico-jurídico, se inscriban en el Diario de los Debates como si se hubieran leído aquí y conmino a mis compañeras y compañeros diputados que este Pleno siempre trabaje con temas de las comisiones y diputado que falte a las comisiones, diputado que se le debe de sancionar, porque no es justo; los diputados tienen una dieta muy alta para que no la disfruten en su trabajo legislativo. Muchísimas gracias y ojalá y la aprueben, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese íntegra la iniciativa presentada por el diputado José Manuel del Río Virgen como lo ha solicitado y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud; del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Propiedad Industrial.
El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. En virtud de que voy a dar lectura a una síntesis de la propuesta, solicito atentamente a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates el texto que contiene la reforma propuesta.
Honorable Asamblea, el que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El derecho a la protección de la salud de los mexicanos es bienestar, protección, calidad de vida y seguridad que contribuye al ejercicio pleno de sus capacidades y al desarrollo social, así como a extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, mejoramiento y restauración de la salud.
De igual forma, este derecho implica —entre otros— el disfrute de los servicios de salud, de medicamentos suficientes y genuinos, con las calidades terapéuticas preventivas y de rehabilitación adecuadas, y de la asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
Por ello, el robo, contrabando, falsificación, copia, adulteración y contaminación de medicamentos, así como la comercialización de muestras médicas no negociables y de medicamentos caducos se ha convertido en un grave problema mundial, debido a que gran parte de los productos originales puestos en los mercados de distintos países, son materia y objeto deliberado y flagrante de delitos contra las empresas, la economía general y en especial, contra la salud e integridad de los seres humanos.
De acuerdo con un reporte del III Congreso Mundial sobre la Lucha contra la Falsificación y la Piratería, económicamente esta práctica implica la pérdida anual a nivel mundial de 100 mil millones de dólares. Esta práctica y comercio ilícito han expandido su abanico de productos hasta alcanzar hoy la producción, tráfico y venta de medicamentos. Datos relevantes como son los siguientes:
Que el 20 por ciento de los medicamentos que se consumen en todo el mundo, están alterados, falsificados, clonados o adulterados siendo éstos principalmente antibióticos, hormonas, analgésicos, esteroides, antihistamínicos, antimalaria, así como otros medicamentos como es el caso de la viagra.
Que en el año 2006 se confiscaron 500 mil unidades de medicamentos en las fronteras europeas y que el 25 por ciento de los medicamentos que circulan en los países en desarrollo son falsificados, encontrando pronta cabida en estos países debido a las condiciones de pobreza de su población.
Para el caso de México encontramos que la venta anual de medicamentos pirata oscila entre los 850 y un millón, 700 mil millones de dólares, lo cual representa hasta un 20 por ciento de las ventas del mercado legal en nuestro país.
Esta venta fraudulenta al público se lleva a cabo principalmente en tianguis y mercados sobre ruedas, a pesar de estar prohibida por la Ley General de Salud la disposición de medicamentos en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.
Aunado a ello cabe mencionar que actualmente la venta de esta clase de medicamentos ha sido detectada incluso en farmacias, en las cuales se ponen a disposición del comprador muestras médicas no negociables, así como medicamentos caducos, práctica fraudulenta y perversa que contraviene lo dispuesto por la Ley General de Salud respecto a la prohibición de la venta y suministro de medicamentos caducos.
Evidentemente el fraudulento y doloso proceder que representa el comercio con medicamentos pirata conlleva a tres grandes problemas de interés público: el fortalecimiento de grandes redes delictivas o crimen organizado; la afectación negativa al desarrollo y crecimiento económico y un altísimo riesgo para la salud, integridad y vida de la población en general.
Sin estar categóricamente definido el término "medicamento pirata", de acuerdo a la Ley General de Salud podemos entender que es aquel insumo para la salud que ha sido falsificado, adulterado y contaminado. Así queda consignado en los artículos 206, 207, 208 y 208 bis de dicha ley.
Sin embargo, no podemos soslayar que otros actos como el robo, contrabando, la venta de medicamentos caducos y la venta de muestras médicas no negociables, necesariamente deben ser considerados como parte de este grave ilícito, lo cual debe tipificarse como delitos graves y establecerse expresa y claramente en las leyes correspondientes para de esta forma subsanar lagunas legales que actualmente impiden prevenir su comisión e imposibilitan su enérgica sanción.
Es por ello que considero conveniente castigar no sólo la falsificación, adulteración, contaminación y alteración de medicamentos, sino además que el robo, contrabando, comercio de medicamentos caducos y de muestras médicas no negociables sean considerados también delitos sancionados por la Ley General de Salud.
Asimismo y derivado de lo anterior, resulta conveniente tipificar estas conductas como delitos en el Código Penal Federal y como delitos graves en el Código Federal de Procedimientos Penales. De igual forma es necesario precisar y sancionar dichas prácticas como delitos en la Ley de la Propiedad Industrial.
Al mismo tiempo, la iniciativa que ahora presento, tiene por objeto hacer congruente y coincidente la prisión y multa entre las leyes que abordan y sancionan estas prácticas deliberadas dolosas y flagrantes ilícitos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Propiedad Industrial. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia y de Economía.
Se recibió del diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa de decreto interpretativo por el que se aclara y explica la aplicación y destino específico de los recursos establecidos en el Anexo 7 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia instruye a la Secretaría dé lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, un pronunciamiento especial en relación a los premios y distinciones recientemente obtenidos por diversos miembros de la comunidad cinematográfica mexicana.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, un pronunciamiento especial en relación a los premios y distinciones recientemente obtenidos por diversos miembros de la comunidad cinematográfica mexicana.
La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el inciso b) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo XIV del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la:
Proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que presentan los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; por lo que somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados se pronuncia en reconocimiento al esfuerzo de los miembros de la comunidad cinematográfica mexicana laureados por premios y distinciones nacionales e internacionales, en particular a Alejandro González Iñárritu, Guillermo Arriaga, Adriana Barraza, Guillermo del Toro, Guillermo Navarro, Eugenio Caballero, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki, Alex Rodríguez, Fernando Cámara y Salma Hayek.
Segundo. Se exhorta a las autoridades competentes para que lleven a cabo programas de apoyo a la industria cinematográfica nacional, con objeto de que quienes a través del séptimo arte ponen en alto el nombre de México, cuenten con el respaldo necesario y la oportunidad de desarrollar su talento de manera plena.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 2007.
Lo firman todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de esta H. Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Para hablar sobre este tema, se han inscrito los diputados Aurora Cervantes Rodríguez, María del Carmen Salvatori Bronca, Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil, la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar y el diputado Rodolfo Solís Parga.
Tiene la palabra la diputada Aurora Cervantes Rodríguez.
La diputada Aurora Cervantes Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La industria cinematográfica es considerada una de las actividades culturales prioritarias para la política de comunicación de varias partes del mundo, entre ellos los Estados Unidos de América.
Aunque el cine mexicano es, por su sentido social, una actividad cultural de primer orden que repercute de manera trascendente en la economía nacional y es una fuente significativa de empleo directo e indirecto, no se ha desarrollado una política de promoción, fomento y financiamiento.
Algunos de los factores que han propiciado dicho estado son la insuficiencia de recursos financieros, la falta de inversión productiva y las inequidades del mercado, todas las cuales han propiciado una injusta distribución de los ingresos en taquilla.
En otras naciones se han establecido estímulos fiscales para sus industrias cinematográficas, las cuales se han convertido en actores dinámicos de la economía y fuente de creatividad artística. En México, por el contrario, la industria cinematográfica pasa por una profunda crisis, misma que se hace perceptible en el número de producciones realizadas por año, ya que de 150 películas que se producían anualmente hace 20 años, en el 2004 sólo se realizaron seis.
Aunado a lo anterior, debe decirse que la mayoría de las producciones cinematográficas nacionales desgraciadamente arrojan pérdidas económicas para los productores, por lo que en promedio ocho de cada 10 películas no alcanzan ni siquiera a recuperar los costos de su producción fílmica, lo cual desincentiva de manera importante el impulso de esta industria, por las condiciones desfavorables del mercado, que se ve inundado con producciones estadounidenses.
Por lo anterior, es apremiante que el Estado mexicano establezca una política fiscal y cultural orientada a equilibrar las condiciones que el mercado no ha sido capaz de equilibrar, toda vez que en las condiciones actuales no resulta posible —ya ni siquiera redituable— apoyar la producción de películas nacionales porque, como se mencionó con antelación, casi todos los proyectos cinematográficos mexicanos reportan números rojos.
En sentido contrario, el ex Presidente Vicente Fox Quesada pretendió desincorporar las entidades del sector público que promueven la producción, financiamiento y formación educativa cinematográfica. Afortunadamente, este intento logró frenarse gracias a la participación de la comunidad intelectual y artística y a la intervención del Congreso de la Unión.
Es el Congreso de la Unión quien ha tenido, como una de sus prioridades, la creación de un marco jurídico para el cine y el desarrollo de formas de financiamiento para las producciones cinematográficas.
Atendiendo a tales circunstancias, el 11 de noviembre del 2004 se aprobó una adición legal al artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, consistente en otorgar un estímulo fiscal hasta por un monto de 500 millones de pesos a las personas físicas o morales, con independencia de la actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión productiva que realicen en el ejercicio fiscal correspondiente, equivalente al tres por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo.
Después de un largo proceso de discusión y afinación de los mecanismos para implementar esta deducción, podemos decir ahora, en 2007, que ese incentivo fiscal es ya una realidad.
Otra acción significativa del Congreso de la Unión a favor de la industria cinematográfica nacional es el conjunto de ampliaciones presupuestales que han permitido implementar fondos institucionales para el financiamiento del cine, el Fidecine y el Foprocine en específico, lo cual nos permitió pasar del financiamiento de 16 películas en el 2004 a 56 películas en el 2006 especialmente encontramos no sólo un incentivo cuantitativo en la producción cinematográfica, sino que el cine mexicano se ha abierto paso en los circuitos internacionales y cobra un nuevo significado en los certámenes y premiaciones más importantes del mundo.
El notable grupo de artistas mexicanas y mexicanos que motivan este punto de acuerdo han logrado destacar este año en la escena mundial gracias a sus obras. Algunos han ganado ya distinciones internacionales como los de los premios Bafta, Los Globos de Oro o los premios Goya. Otros fueron nominados para diversos premios a nivel internacional y se encuentran en estos momentos en la antesala de la entrega de los premios Oscar, de los que se encuentran nominados.
Es para nuestro país un motivo de orgullo su trabajo, por lo que conminamos a esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a expresar nuestro reconocimiento al valor y creatividad, al esfuerzo y profesionalismo, particularmente a Guillermo del Toro, a Alejandro González Iñárritu, a Guillermo Arriaga, a Adriana Barraza, a Guillermo Navarro, a Eugenio Caballero, a Alfonso Cuarón, a Emmanuel Lubezkii, Alex Rodríguez, Fernando Cámara y Salma Hayek. Es cuanto, señora Presidenta, por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Aurora Cervantes. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodolfo Solís Parga, del PT.
El diputado Rodolfo Solís Parga: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Venimos a esta tribuna para sumarnos a este punto de acuerdo de reconocimiento a quienes han sido galardonados en distintos premios, a artistas, directores y actores, básicamente del séptimo arte. Premios que enorgullecen a México, por supuesto.
Es importante este acuerdo porque es el cine, la cinematografía, un vehículo que transmite, que promueve la cultura, que establece los parámetros culturales y que refleja, a su vez, los propios parámetros culturales de la sociedad.
Hay que recordar también que, aparte de los galardonados, hay una gran cantidad de artistas, directores y productores independientes que con mucho esfuerzo producen cultura en México, con mucho esfuerzo y con poco reconocimiento, porque no son precisamente obras de carácter comercial; en muchos casos tienen que ver con las expresiones, corrientes culturales y artísticas a que se suscriben.
Sin embargo tenemos que reconocer que la comunidad artística en lo general es extremadamente sensible, es la parte más sensible de la sociedad; son los artistas quienes primero reflejan los rumbos de los cambios de las sociedades, han sido los artistas en el pasado quienes han sido precursores de esos cambios, así como en el Renacimiento medieval, también hoy en México esperamos el renacimiento de la cultura y los precursores de los cambios de este país.
Nuevos vientos soplan en América y también en México. Y esos nuevos vientos los esperamos ver reflejados en la actividad artística, no solamente aquella que es galardonada sino en la explosión y en la creación, el destrabamiento de las fuerzas creativas del pueblo de México y de sus mejores exponentes, los artistas.
Estos premios significan aire fresco en el mundo artístico y en el cinematográfico en lo particular, frente a la gran cantidad y capacidad de los grandes monopolios transnacionales del mundo de la cinematografía y de la comunicación electrónica.
Es intención del Partido del Trabajo sumarse a este reconocimiento, en el sentido de promover que estos reconocimientos, estos premios y galardones sirvan para promover la cultura y los valores nacionales, los valores del pueblo de México, los valores de una nueva sociedad. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Rodolfo Solís. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, del grupo parlamentario Nueva Alianza.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez: Con su venia, señora Presidenta. En entrevista, el escritor Guillermo Arriaga dijo recientemente: "Ya ganamos en Cannes, ahora estamos postulados a los Oscares, ¿qué más quieren las autoridades para apoyar al cine mexicano? Y no pedimos que nos regalen nada, sino que den incentivos, que nos den herramientas".
Por décadas el cine ha impactado al público y ha revolucionado su existir y su propia existencia, ha pasado por todo tipo de vanguardias artísticas, movimientos culturales, coyunturas políticas, conflictos bélicos y demás complejidades de la vida.
Cómo olvidar y no reconocer el talento del séptimo arte y el impacto a nivel mundial de películas como Casablanca, Lo que el viento se llevó o El Ciudadano Kane, estas tres consideradas por los críticos como las películas que han marcado tendencias en la historia del cine. Y más recientemente La Guerra de las Galaxias, nada más por citar sólo algunas de ellas.
En todo el mundo existe un sistema de apoyos que vinculan al gobierno con el arte y en particular la vinculación cultural y el reconocimiento que esta rama tiene, no solamente como promotora de posiciones culturales, nacionales y políticas. Sin embargo, el cine en nuestro país es poco apoyado e incluso muchas veces olvidado por las autoridades.
¿Qué no bastan los logros obtenidos por los cineastas mexicanos? ¿Qué más nos hace falta ver para darnos cuenta de que verdaderamente podemos triunfar en esta materia y tener presencia a nivel mundial? ¿Cómo es posible que nuestras salas de cine se encuentren casi en su totalidad en manos extranjeras? Justamente es esta situación la que hace más difícil, tanto a productores como a creativos, financiarse y recuperar sus inversiones y participar de manera activa en el negocio del cine.
Ante tal escenario, las autoridades han impulsado la Ley Federal de Cinematografía para la promoción, producción, distribución, comercialización y exhibición de películas mexicanos así como para su rescate y preservación, empero el apoyo brindado a la industria sigue siendo muy pobre.
México puede exportar arte a la altura de los países del primer mundo e incluso ganar batallas a nivel internacional. Nuestros cineastas han demostrado ser de calidad mundial y nosotros seguimos con oídos sordos.
Esta situación no puede seguir así, debemos gestionar apoyos para que nuestro cine vuelva a vivir años esplendorosos, para que se le posicione y se le vuelva a admirar. No basta con que nuestros cineastas se abran las puertas a base de su trabajo individual; también requieren que el gobierno y esta soberanía, les brinden el apoyo necesario.
Nueva Alianza le apuesta al talento de los cineastas actuales. Las nuevas y las futuras generaciones de emprendedores cineastas que buscan abrirse el espacio son un ejemplo no solamente lúdico, sino de esfuerzo individual que tiene que ser reconocido por la sociedad en su conjunto. Por ello hacemos un firme exhorto al Gobierno federal para que apoye a nuestros cineastas; así como a aquellos jóvenes con aptitudes creativas, que pueden ser las estrellas del cine del mañana.
Termino retomando algunas palabras del negro Alejandro González Iñarritu, quien dijo: "No sé si el cine mexicano tenga buena salud, pero creo que le hace falta un par de cirugías mayores para salvarle la vida". Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Jiménez. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Salvatori, del grupo parlamentario de Convergencia.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Sin lugar a dudas, el cine constituye el reflejo fiel de lo que ocurre en las diversas sociedades del mundo.
Sin embargo, es menester hacer un reconocimiento especial al cine realizado por mexicanos que tradicionalmente se han caracterizado por poseer un profundo sentimiento de identificación, que nos ayuda a distinguir y reflejar nuestra riqueza cultural.
Para dar credibilidad a las historias, los cineastas mueven a sus personajes y, para hacerlo, parten de la recreación, de la copia y de la caricatura, de las actividades sociales cotidianas. En los pequeños detalles de estas recreaciones se encuentra la atadura del cine con la vida cotidiana; es ahí donde reside la credibilidad de la imagen.
Los directores —como los novelistas en su momento— con agudo sentimiento y con un sentido de observación, plasman esa vida cotidiana en esas obras. Es precisamente en este marco de exaltación, en la importancia de la obra de los cineastas, quienes manifiestan en sus historias e imágenes, los diversos procesos culturales que existen en México y en el mundo.
El día de hoy acudimos a esta tribuna para reconocer y engrandecer la importante labor artística que han venido realizando mujeres y hombres, como los mexicanos Alejandro González Iñarritu, Guillermo Arriaga, Adriana Barraza, en la cinta Babel; Guillermo Del Toro, Eugenio Caballero, Pilar Revueltas y Guillermo Navarro, en la película El Laberinto del Fauno; Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki, en Children of men; y Fernando Cámara en Apocalypto, cuyos filmes no sólo ponen alto el nombre de México, sino que también tienen grandes posibilidades de ser premiados por la academia de cinematografía, en la entrega de los Oscares, que se llevará a cabo en días próximos.
No obstante el orgullo y el beneplácito que sentimos por nominaciones tan distinguidas, desafortunadamente es conocido por todos el escaso apoyo que se le brinda a la industria cinematográfica en México, razón que ha llevado a los diversos talentos nacionales a realizar sus obras fuera de nuestro país.
Convergencia precisa que esos artistas mexicanos no han encontrado el camino fértil en México para desarrollar su vocación, merced a la indiferencia, menosprecio por las manifestaciones culturales que han demostrado los últimos gobiernos federales; tal como ha sido el pasado gobierno, quien realmente fue el constructor mismo de la contracultura, lamentablemente.
Por lo tanto Convergencia se une al pronunciamiento en relación a los premios y distinciones que recientemente han obtenido nuestros cineastas y artistas mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputada María del Carmen Salvatori. Tiene el uso de la palabra la diputada Erika Larregui Nagel, por parte del grupo parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Erika Larregui Nagel: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. El trabajo de la nueva generación de cineastas de México, como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, por mencionar algunos, ha tenido que lidiar con problemas por falta de financiamiento, de distribución del material en los diversos cines del país.
Es vergonzoso que los directores, productores y actores mexicanos tengan que emigrar a otros países en busca de apoyo para la realización de películas, ya que la generación de ganancias producidas por parte del cine, no son reinvertidas en esta industria. Aunado a esto, el productor que arriesga su dinero sigue siendo el que menos gana. Por cada peso que ingresa a taquilla sólo 14 centavos le corresponden.
El Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, declaró que el cine mexicano es tan perverso que los grandes beneficiarios son el exhibidor norteamericano que obtiene el 60 por ciento de cada peso en taquilla y el distribuidor con sólo un 30 por ciento de ganancia, marginando a los productores y creadores del cine nacional; afectando a 30 mil trabajadores de la industria del cine mexicano. Es injusto el trato que se les da a las producciones mexicanas por parte de los intermediarios, debido a que el cine americano abarca el 90 por ciento de las salas en México
Son varios los problemas que afronta la industria del cine en México en cuanto a recursos, debido a que son escasos los incentivos fiscales que apoyan la industria cinematográfica. Por lo tanto, se pondrá en marcha el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que permite a cualquier persona deducir 10 por ciento que actualmente pagan por este concepto.
En el Partido Verde Ecologista de México reconocemos la labor de los cineastas mexicanos que han recibido múltiples premios como los premios Bafta, Globo de Oro, Goya y ahora con nominaciones a los galardones de la Academia de Cine, de Estados Unidos.
Sin embargo, nuestra labor como legisladores es apoyar la producción y la distribución del cine mexicano, para impulsar a los nuevos talentos de este país. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputada Larregui. Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Pages Llergo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se une a la propuesta de reconocer el talento de los cineastas, guionistas, fotógrafos, actrices y actores mexicanos, que han recibido numerosos premios y el próximo domingo recibirán el Oscar por haber roto paradigmas en calidad y originalidad, dentro del cine internacional.
Pero al mismo tiempo que celebramos con ellos, lloramos por México. Se cumple otra vez con la regla no escrita de que los hombres y las mujeres sabios del país, los cerebros científicos, los artistas destacados, los escritores talentosos y los deportistas de alto rendimiento, tienen que salir al extranjero para poder encontrar oportunidades, patrocinio, poder triunfar y ser reconocidos.
Es decir, celebramos el triunfo de nuestros connacionales pero no podemos dejar de hacerlo sin vergüenza y amargura. Vergüenza porque México no ha sido capaz, hasta el día de hoy, de construir las políticas públicas y el modelo económico indispensable no sólo para producir cineastas, sino mexicanos exitosos en todos los ámbitos y en todas las especialidades.
Lo que tenemos es un sistema que sólo es capaz de producir perdedores. Lo que tenemos es un cine mexicano abandonado por el Estado. Los artistas hoy homenajeados forman parte de esta lista ya casi infinita de cerebros en fuga —o de fuga de cerebros.
Jorge Ayala Blanco, uno de los especialistas en cine más destacados del país, ha señalado que la industria cinematográfica mexicana se encuentra en medio de una tremenda ironía. Por un lado, hay jóvenes que están destacando en el extranjero; y por el otro, aquí, en su país ni se distribuyen ni se conocen, por lo tanto, sus películas; y es que así como México depende hoy de las transnacionales para producir, distribuir y almacenar maíz; así como la nación es esclava y prisionera de los laboratorios farmacéuticos extranjeros para curar a sus enfermos; así como importa gas pese a tener petróleo, así también se encuentra sometida y de rodillas ante las transnacionales que distribuyen películas.
Mientras en otros países la industria cinematográfica es eso, una industria motor de desarrollo y puerta de entrada de divisas; mientras en naciones avanzadas las pantallas se utilizan como un poderoso instrumento político para educar, orientar y civilizar a los pueblos, en México se le desprecia y consecuentemente se le elimina del Presupuesto federal.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional comparte, por lo tanto, el éxito de esos esforzados, valientes y talentosos cineastas mexicanos y propone a su vez que el 25 de febrero, día en que las películas Babel y El Laberinto del Fauno recibirán probablemente el Oscar, pensemos que el mejor homenaje al cine nacional es crear las leyes, pero también y sobre todo, las políticas que lo conviertan en un puntal de desarrollo nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Beatriz Pagés. Tiene la palabra la diputada Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil, del grupo parlamentario del PAN.
La diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil: Con su venia, señor Presidente. Queridos diputados y diputadas, creo que es muy significativo el que hoy el Congreso de la Unión dé este reconocimiento a estos 11 mexicanos que están participando dentro de los premios internacionales más importantes.
El reconocer su creatividad, su esfuerzo y su profesionalismo y sobre todo su mérito en llegar a estos niveles de reconocimiento internacional, implica un gran cambio dentro de la Cámara: la valoración al quehacer cultural. Creo que esta es una responsabilidad no sólo de la Comisión de Cultura, de nuestro grupo parlamentario, sino de todo el Congreso. El reconocer es valorar; el valorar es difundir; y el difundir, necesariamente implica apoyar.
El cine hoy sin duda es uno de los elementos culturales que más influye en los jóvenes, que más influye en las identidades. México tiene todo para ser una gran industria cinematográfica.
Desde tiempo inmemorial, en las culturas prehispánicas ya la voz, el canto y la danza eran un elemento fundamental dentro de nuestras culturas. En la época colonial el teatro se usó como uno de los elementos de aculturación más importantes. En la época de la Independencia y el siglo XIX, las representaciones en México fueron de gran importancia. Qué decir del Siglo de Oro del cine mexicano.
Hoy, con estos reconocimientos estamos comprobando que el cine mexicano tiene calidad. Nuestra responsabilidad en esta Cámara implica el tener la responsabilidad de apoyar a las instituciones que tienen en sus manos la creación del cine y a las instituciones académicas que están formando a esta serie de jóvenes que tienen todo el talento y que debemos de garantizar que tengan las oportunidades para hacer del cine una gran industria.
Los convoco a que felicitemos con un gran aplauso a estos 11 mexicanos y que nos sintamos orgullosos de este reconocimiento, como Cámara de Diputados. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil. Consulte la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Daré lectura a un punto de acuerdo que nos envía la Junta de Coordinación Política, con la firma de todos los coordinadores y dice lo siguiente.
La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condena la violación del territorio mexicano por parte del personal que está edificando la valla metálica entre las ciudades de Douglas, Arizona, y Agua Prieta, Sonora, actividades que estuvieron encabezadas por el director del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, Michael Chertoff.
Consulte la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo, presentado por la Junta de Coordinación.
El Secretario Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante Aprobado. Comuníquese. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Constituyentes de Apatzingán".
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaría diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante Se dispensa la lectura y, en consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación... hasta por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Se emitieron 381 votos en pro, cero en contra, cero abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 381 votos el proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda "Constituyentes de Apatzingán". Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Alberto Ruiz Gamiño para prestar servicios en la embajada de Belice, en México; Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios en la embajada de Jamaica, en México. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema de votación electrónica hasta por cinco minutos.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Se emitieron 365 votos en pro, ninguno en contra y una abstención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 365 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se le dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2 y 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no hay oradores, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. Se reservan para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No habiendo quien haga uso de la palabra, se reservan para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En los mismos términos, se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta que reforma los artículos 126 y 127 de la Ley de Navegación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No habiendo oradores se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Dictamen de la Comisión de Salud con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta que reforma el artículo 113 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se reserva para su votación en conjunto. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueban estos puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Solicitud de licencia del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El que suscribe, Joaquín Jesús Díaz Mena, diputado federal correspondiente a la tercera circunscripción uninominal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en atención a lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 23, fracciones f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me dirijo a usted a fin de que por su amable conducto sea sometida a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia a partir del día 23 de febrero del 2007, hasta el 23 de abril de 2007.
Agradeciéndole cordialmente la atención que se sirva dar a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.
Atentamente, diputado Joaquín Díaz Mena.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Están a discusión los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia al diputado Joaquín Jesús Díaz Mena para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito del estado de Yucatán, del 23 de febrero al 23 de abril de 2007.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados. Comuníquense. Esta Presidencia felicita a los ingenieros agrónomos de México con motivo del día de su aniversario y presentes aquí en esta sesión. Gracias.
Esta Presidencia recibió del diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
También se recibió del diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Salud.
Del diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública.
Del diputado José Amado Orihuela Trejo, del grupo parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Energía.
De la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
También de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día de la próxima sesión)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:11 horas): Gracias Secretario. Esta Presidencia saluda y le desea el mayor de los éxitos a nuestra ex compañera legisladora, la diputada Beatriz Paredes, ex diputada, que estará hoy presente en San Lázaro.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 27 de febrero a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. Gracias.