El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 274 diputadas y diputados; por lo tanto hay quórum, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11.20 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.
Pido respetuosamente a las señoras y señores de los medios de comunicación, nos hagan favor de pasar al lugar que tienen asignado.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Comunicaciones. Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica que con motivo del 482 Aniversario Luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 28 de febrero a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y quienes designe los grupos parlamentarios.
Se encuentra —permítame, Secretario— a las puertas de este recinto, la ciudadana Teresa de Jesús Alcocer y Gasca, diputada federal electa por el Distrito I del estado de Yucatán. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de Ley, para entrar en funciones a las siguientes diputadas y diputados:
Edgar Martín Ramírez Pech, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, Faustino Soto Ramos, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, José Luis Aguilera Rico, y Silvia Luna Rodríguez.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadana Teresa de Jesús Alcocer y Gasca, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Teresa Alcocer y Gasca: Sí, protesto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenida, diputada.
Esta Presidencia saluda respetuosamente al señor secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares y a todos los contralores de los estados de la República y del Distrito Federal que se encuentran aquí presentes para presentar un pronunciamiento que han signado todos los contralores de todos los estados de la Federación y del Distrito Federal. Bienvenidos.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Reincorporación. El diputado Jorge Rubén Nordhaussen González con licencia por tiempo indefinido en sesión celebrada el 7 de septiembre de 2006, comunica que a partir del 1 de marzo de 2007 se reincorpora a sus labores legislativas.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, con el que remite informe estadístico de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al período enero-diciembre de 2006.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Economía.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional para que los ciudadanos José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Angel Rodríguez García, Erika Marí Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz, puedan prestar sus servicios en las Embajadas de la República de Hungría, de la República Checa en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnense a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase al promovente, para su conocimiento.
Pasamos al capítulo de iniciativas de diputados. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Esta iniciativa, permítanme iniciar con una especial presunción. Creo que tiene una gran trascendencia. Permítanme también hacer un poco de historia.
Cuando se instaló la LVIII Legislatura en el Senado de la República se integró un grupo de trabajo para diseñar la reforma electoral. Y lo primero que hicimos un grupo de senadores fue acercarnos a los consejeros del Instituto Federal Electoral para que nos transmitieran su experiencia de lo que debería ser modificado en la Constitución General de la República y en el Código Federal Electoral de Procedimientos Electorales (Cofipe).
Trabajamos durante varios meses, avanzamos sustancialmente en lo que consideramos más indispensable; los señores consejeros estuvieron abiertos en una amplia coordinación y en un trabajo muy bien sincronizado, y se hizo una iniciativa.
La iniciativa era muy ambiciosa y tenía un motivo fundamental que quiero destacar. Por una omisión del Poder Legislativo en la reforma del 96, los partidos políticos percibimos la misma cantidad de subsidio en la elección intermedia que en la elección final.
Esto, y lo anunciamos por todos los medios, buscaba devolverle al pueblo de México, en aquella ocasión eran mil 200 millones; hoy calculamos que son mil 350 millones que los partidos políticos le devolveríamos al pueblo de México.
Desafortunadamente por razones que no viene al caso analizar, cuando ya teníamos elaborado el predictamen, se rompió el acuerdo y la iniciativa que estaba suscrita en el aquél entonces por el señor senador —hoy diputado— Jorge Zermeño, por el Partido Acción Nacional; Demetrio Sodi, en aquél entonces senador por el Partido de la Revolución Democrática y Antonio García Torres, por el Partido Revolucionario Institucional, porque los tres habían suscrito la iniciativa a nombre de todos los grupos parlamentarios, repito, desgraciadamente, aquello fue truncado, se rompió el acuerdo. No viene al caso hacer deslindes de responsabilidades, pero desafortunadamente la iniciativa no prosperó y —repito— nos quedamos con el dictamen elaborado.
Hoy, y así lo manifiesto, esto es un refrito. Rescato aquel esfuerzo, rescato aquel esmero y desempeño que se hizo con gran dedicación para hacer una reforma que avance, para que se liberen las campañas políticas del peso del dinero, para que se abarate nuestra democracia que en toda la opinión pública está arraigada la idea de que tenemos procesos caros y que tenemos una democracia demasiado cara para un país que carece de muchísimas cuestiones elementales.
Por lo tanto, procedo a leer los párrafos fundamentales para, posteriormente, hacer una exhortación final. Esta iniciativa de reforma constitucional —posteriormente presentaré la iniciativa de reformas a ordenamientos secundarios— persigue tres objetivos fundamentales: reducir los costos de la democracia mexicana, transparentar el uso de los recursos por parte de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales y permitir el fortalecimiento de partidos para, de esta forma, contribuir a la consolidación del sistema democrático en nuestro país.
La reforma de 1996 hizo del financiamiento público la fuente principal de ingresos de los partidos políticos buscando, con esa medida, evitar la tendencia que la intervención de intereses económicos tuviera poder de decisión en las campañas políticas. Con esto se buscó evitar que la operación y funcionamiento de los partidos políticos estuviera condicionado a los intereses particulares que decidieron realizar aportaciones a éstos.
Sin embargo, esta reforma omitió una diferenciación en el financiamiento para los procesos electorales intermedios en los que solamente se renueva la Cámara de Diputados y el financiamiento para los procesos electorales en que se renueva el Congreso de la Unión y se elige el Presidente de la República.
Dicha omisión ha significado un financiamiento desproporcionado para los partidos políticos en relación al tipo de proceso electoral que se llevó a cabo. Recordemos inclusive que el Partido Acción Nacional, siendo presidente precisamente Felipe Calderón Hinojosa, devolvió cantidades el IFE porque definitivamente no se justificaba que se percibieran las mismas cantidades en la elección intermedia que en la elección final.
Es por ello que, con el propósito de ahorrar recursos para el erario, proponemos estas modificaciones constitucionales para diferenciar el financiamiento público para elecciones intermedias y el financiamiento para la elección de senadores y Presidente de la República.
Con esta medida, tan solo para el 2009, se generará un ahorro de más de mil 350 millones. De acuerdo con nuestras estimaciones, el Partido Acción Nacional dejaría de percibir 750 millones, más de la mitad de esta cantidad.
El Estado mexicano podrá utilizar estos recursos en atención de las necesidades más importantes de la sociedad. Bajo el principio de austeridad, esbozamos esta iniciativa para que se aplique para las campañas electorales el financiamiento de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.
No hay excepciones, todos debemos contribuir al beneficio ciudadano y al buen uso de los recursos públicos. La competencia abierta y libre entre los distintos partidos políticos sólo podrá estar garantizada si se realiza una fiscalización adecuada de su financiamiento. Si bien es cierto que la contienda electoral se ha nivelado al grado que se produjo la alternancia en el gobierno federal, existe una tarea pendiente: la transparencia en las finanzas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.
Los partidos, como entidades de interés público, y las agrupaciones políticas nacionales tienen la obligación de utilizar con transparencia los recursos que reciben del Estado mexicano y por ende deben rendir cuentas claras a la ciudadanía en esta materia.
Asimismo en el artículo 116 constitucional, al establecer la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales, se permitirá una mejor fiscalización de los recursos públicos en tal ámbito de competencia, sin menoscabo de la soberanía de los estados.
Los diputados que suscribimos la presente iniciativa consideramos que estas reformas son de la mayor importancia, ya que contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema federal electoral y por ende a la consideración de la democracia representativa en nuestro país.
Exhorto a los señores diputados hoy, que fuimos senadores en las anteriores dos Legislaturas: a Emilio Gamboa Patrón, a Carlos Chaubrand, al señor diputado González Zarur, al diputado Carlos Rojas, al diputado Víctor Méndez Lanz, a mis colegas Raymundo Cárdenas, Antonio Soto, a los señores diputados que también hicimos este esfuerzo a no dejar trunco este trabajo que tanto significó y tanta dedicación tuvimos.
Tenemos que poner el interés nacional por encima del interés partidista. Sería un magnífico mensaje hacia la opinión pública que ésta fuera una de las primeras reformas a aprobarse, como parte de la reforma del Estado.
El pueblo de México espera decisiones. La política es de decisiones. Dejemos ya de seguir manoseando, de seguir enturbiando la vida política nacional y aprobemos esta iniciativa, que sería un magnífico mensaje hacia el pueblo de México.
Si no somos capaces de dar este paso, tan simple, tan sencillo, tan objetivo, tan concreto, no seremos capaces de abordar otros temas de mayor complejidad.
Quiero decirles que a esta iniciativa se han sumado con su firma los señores diputados Héctor Larios Córdova, Rogelio Carbajal, Cristián Castaño y Carlos Navarro Sugich.
Espero que tenga el adecuado proceso de acuerdo al 72 constitucional, que elaboremos un dictamen y que por fin podamos avanzar en nuestro trabajo legislativo. Posteriormente presentaré las reformas hacia el Código Fiscal, hacia el Código Electoral, en las que hubo consenso, acuerdos para hacer una serie de reformas. De ninguna manera las califico como definitiva. Es un principio y habrá que sumarse a otras iniciativas.
Yo confío en que se haga este trabajo y confío en que podamos mandar un mensaje claro al pueblo de México de avance para dar un marco jurídico adecuado a nuestra frágil, vulnerable y aún incipiente democracia. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ramón Pacheco Llanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
El diputado Ramón Pacheco Llanes: Muchas gracias, compañera Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Ramón Pacheco Llanes: Compañeras y compañeros diputados. En ejercicio de las facultades constitucionales y legales que nos rigen, me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con el objeto de transformar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en un organismo público descentralizado, para que los trabajadores y sus intereses tengan mayor representatividad en los órganos de gobierno de esta Comisión; para que se reconozca a los trabajadores el carácter de socios mayoritarios de las sociedades de inversión, especialidad a de fondos para el retiro las Siefore, como dueños de prácticamente la totalidad de su capital variable, debiendo entonces participar en la toma de decisiones de estas sociedades de inversión.
No va a pasar mucho tiempo, para que se tenga que reconocer que las Afore han sido una de las reformas más negativas para la seguridad social y las finanzas públicas, reduciéndose a un sistema exfoliador, tiendas de raya moderna que succionan los ahorros de los asegurados; por lo que al final será otra vez el pueblo de México el que con sus impuestos deberá de cubrir las pensiones a los trabajadores, mientras estas empresas, casi en su totalidad transnacionales, habrán hecho el negocio del siglo.
Este intercambio de oro por espejitos tiene que acabar. Debemos ir buscando los caminos para deshacernos de las Afore y volver a una seguridad social integral y solidaria. Entre tanto, propongo que avancemos en el rescate de derechos mínimos de los trabajadores frente a estas administradoras, de los que alevosamente han sido despojados por la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. Debemos impedir pues, el actual estado de indefensión en que se encuentran los trabajadores.
Entre las atribuciones de la Consar, de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentran las siguientes:
Otorgar y revocar las autorizaciones de funcionamiento a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y Afore (Siefore).
Expedir las circulares en donde se define mediante disposiciones generales y detalladas, la operación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de los participantes en estos sistemas y llevar a cabo su supervisión; administrar la base de datos nacional SAR; autorizar la estructura de comisiones a las Afore; determinar el régimen de inversión de los recursos de los trabajadores, por citar algunas.
Eso significa, compañeras y compañeros, que la Consar es el gran rector del destino de los recursos de los trabajadores. Por lo tanto, si este dinero es propiedad de los trabajadores y están a efectos de fines de seguridad social, lo lógico es que en la toma de decisiones prioritarias sobre estos recursos, que comprenden un monto gigantesco de 692 mil millones de pesos, 692 mil millones de pesos a 2006, deben prevalecer ante todo los puntos de vista de los asegurados y no como sucede actualmente, en que los órganos de gobierno de la Consar están integrados mayoritariamente por funcionarios del gobierno federal, pertenecientes a áreas financieras y por representantes patronales, lo que provoca prácticamente la instauración de una dictadura en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la patronal; de manera que hasta la más simbólica representación de los trabajadores en la Junta de Gobierno es designada por esta Secretaría.
En ese sentido hay que transformar a la Consar en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; que el presidente de la Consar sea designado por esta Cámara de Diputados, de una terna que presente el Presidente de la República; la Junta de Gobierno integrada por el presidente de la Consar, quien presidirá y tendrá voto de calidad en caso de empates; dos vicepresidentes designados entre las organizaciones nacionales de los trabajadores, conforme a las bases que establezca el Ejecutivo; igualmente en los vocales se busca una integración más equitativa e incluyente, siempre conforme a las citadas bases.
De esta manera, sin descuidar el aspecto financiero que involucra a los sistemas de ahorro para el retiro, se darán pasos sólidos para que éstos recobren su esencia laboral y de seguridad social.
Sólo así se comenzará a poner remedio a la irracionalidad de que un pretendido órgano tripartita esté aplastantemente en manos de patrones y de la burocracia básicamente financiera, y los trabajadores —de cuyo dinero y destino se trata—, estén prácticamente borrados o marginados, de adornos justificativos solamente.
La otra parte de la reforma tiene que ver con la ilegalidad prevaleciente en el manejo de las Siefores, en las cuales —no obstante que los trabajadores son los dueños y accionistas mayoritarios del capital variable de estas sociedades de inversión— no tienen injerencia alguna en la toma de decisiones, contrariando así los principios jurídicos que presiden a las sociedades anónimas y a las sociedades de inversión en general; en apego de los cuales, los accionistas integran la asamblea de socios y toman las decisiones más importantes de la sociedad mercantil de que se trate.
La participación de los trabajadores en su carácter de socios no sólo permitirá que la Afore y las Siefore tomen el camino de respeto e impulso de sus intereses, sino que los trabajadores se involucren en una cultura financiera que hoy les es negada.
¿Por qué —compañeras y compañeros— las Afore y Siefore sí quieren el dinero de los trabajadores, pero no quieren su participación en la toma de decisiones de la vida corporativa, como lo hace cualquier otro tenedor de acciones?
Se trata entonces, en suma, de respetar los derechos mínimos que como accionistas le corresponden a los trabajadores, democratizando las tomas de decisiones en la sociedades de inversión que manejan su dinero.
En base a todo lo expuesto y fundado, propongo a esta Cámara de Diputados esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que no detallaré, en virtud de que la iniciativa íntegra se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, compañeras diputadas y diputados, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Ramón Pacheco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Se concede el uso de la palabra al diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Raúl Cervantes Andrade y el de la voz.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias compañera Presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los diputados Raúl Cervantes Andrade y César Horacio Duarte Jáquez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los suscritos diputados, integrantes de la LX Legislatura, en uso de las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución y el artículo 55 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 37 del Reglamento Interior del grupo parlamentario del PRI, correspondiente a esta LX Legislatura, por acuerdo del Pleno del grupo y los secretarios del mismo a nombre de nuestros compañeros integrantes del PRI, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto en el que se adicionan un segundo párrafo al numeral 4; un inciso h) al numeral 6; un numeral 6 Bis; un párrafo segundo numeral 7, pasando el actual segundo párrafo a tercero; un numeral 8 al artículo 45 y un numeral 4 al artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Se reforman los incisos a), b) y g) del numeral 6 del artículo 45; el numeral 3 del artículo 49 de la Ley del Congreso General y el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
El pasado 6 de diciembre del 2006, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentamos ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de iniciativa del titular del Ejecutivo Federal.
En esa iniciativa se propuso establecer mecanismos institucionales de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de análisis, discusión y aprobación de las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, estableciendo la obligación por parte de los legisladores de darle prioridad a la elaboración de los dictámenes a las iniciativas presentadas desde el Ejecutivo federal.
No obstante los avances que se proponen en la iniciativa en comento, se requiere adecuar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que las modificaciones contenidas en la Ley reglamentaria propuesta sean ubicadas en la legislación específica para que las cámaras del Congreso de la Unión tengan la obligación de aplicar en sus procedimientos internos las disposiciones propuestas en la Ley Reglamentaria a la fracción I del artículo 71 de nuestra Constitución.
Por lo anterior, establecemos la obligación de las comisiones dictaminadoras en ambas cámaras, que en caso de iniciativas de ley o de decreto del titular del Ejecutivo federal, tomar en cuenta los estudios presentados con la iniciativa a efecto de ponderarlos para su inclusión o no en el proyecto de dictamen, así como dar a conocer al Presidente de la República a través del secretario o titular del ramo al que pertenezca la iniciativa en discusión, el proyecto de dictamen previo a su aprobación, para que éste haga en un plazo no mayor de cinco días naturales las opiniones correspondientes sin que tengan el carácter de vinculatorias.
Del mismo modo, se establece la obligación de que los centros de estudios de Finanzas Públicas, de estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, de estudios Sociales y de Opinión Pública, de estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y de estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de realizar los estudios de derecho comparado nacional o internacional, viabilidad técnica y jurídica, referencias o estudios de impacto social, presupuestario y económico de cada una de las iniciativas de ley o decreto presentadas ante el Pleno, a fin de que las comisiones cuenten con más elementos para la elaboración del dictamen correspondiente.
Con esta medida no solamente las iniciativas presentadas por el Presidente de la República contarán con los estudios necesarios para que los parlamentarios tengamos elementos suficientes al momento de tomar decisiones para el cumplimiento de nuestras obligaciones legislativas.
Estamos seguros que esta reforma, espejo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del artículo 71 constitucional, en materia del derecho —iniciativa del titular del Ejecutivo federal—, ayudará a abatir el rezago legislativo de las comisiones y a que el desempeño de todos sea eficiente y eficaz en beneficio de nuestro país y el de nuestros representados.
La mayor comunicación entre los Poderes y la documentación de las iniciativas presentadas tendrá efectos altamente deseables; una reducción de los reclamos de la frustración ciudadana, puesto que los problemas y quejas serán bien recibidas.
Asimismo, y toda vez que se está proponiendo modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos proponer una serie de modificaciones a las normas que rigen el trabajo en las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, con el fin de agilizar el trabajo de comisiones y a efecto de reglamentar algunas situaciones que actualmente se rigen en la práctica parlamentaria.
Así pues se introducen reformas a fin de ordenar los trabajos legislativos en comisiones y facilitar que exista agilidad en el trabajo que se realiza para el cumplimiento de sus obligaciones.
De igual forma, se adiciona un segundo párrafo al numeral 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la información proporcionada a las comisiones o al Pleno de la Cámara de Diputados por los servidores públicos sea declarada bajo protesta de decir verdad y, en caso de que ésta sea falsa, se inicie el procedimiento administrativo o en su caso, penal, en contra del servidor público responsable.
También se propone adicionar un numeral 6 Bis al artículo 45 de la Ley Orgánica en donde se establecen los requisitos para que las reuniones de las comisiones legislativas puedan convocarse, ya que al no existir una norma expresa para esto, las comisiones legislativas utilizan diversos criterios, complicando de esta manera el trabajo legislativo.
Además estamos seguros, que con estas nuevas disposiciones habrá mayor certidumbre en los trámites que se llevan a estos órganos. Al fin de agilizar los trabajos legislativos, se propone: Que cuando la reunión de comisiones se celebre en virtud de la primera convocatoria y no se lleve a cabo, se requerirá de una asistencia de la mitad más uno de los diputados integrantes y en caso de contar con el quórum necesario, se realizará una segunda convocatoria con al menos 24 horas durante los períodos de sesiones ordinarias y de 48 horas en el tiempo de recesos, a fin de realizar esta reunión en la cual el quórum se integrará con los diputados que asistan.
Lo anterior, con el propósito de que las comisiones ordinarias cuenten con herramientas para celebrar sesiones y aprobar los dictámenes correspondientes, sin que sea obstáculo para ello la exigencia del quórum si a dichas sesiones se convoca formalmente y dentro de los plazos mencionados.
Adicionalmente y con el propósito de que los integrantes de las comisiones legislativas tengan el tiempo necesario para conocer los proyectos de dictamen que se someterán a consideración para votarlos, se propone adicionar un nuevo segundo párrafo al numeral 7 del artículo 45 de la Ley Orgánica, estableciendo que para efectos de someter a discusión y votación los proyectos de dictamen, éstos deberán hacerse del conocimiento de los integrantes de las comisiones cuando menos 48 horas antes al día de su discusión en la comisión.
De conformidad a lo anterior expuesto y a nombre de mis compañeros, le pido Presidenta, sea íntegra la publicación de esta iniciativa ya que es elemental darnos herramientas en este Congreso, primero para que los funcionarios cuando asistan ya sea en la glosa del Informe, ya sea a atender una comisión; ya sea que sean llamados los funcionarios públicos, éstos protesten bajo decir verdad y de lo contrario, se sujeten en una información falsa o un documento falso, les sea inmediatamente iniciado un proceso administrativo o penal para que esta Cámara tenga la seguridad y sobre todo la claridad de que el manejo de la información oficial que nos dan las dependencias, sea en rigor apegada a la verdad.
Es por eso que esas herramientas, así como también darnos en las comisiones la fuerza suficiente para que la atención del trabajo legislativo se tome con mayor seguridad y seriedad, puesto que hay grupos parlamentarios que por estrategia y en la negación más amplia —vale la pena recalcarlo— a la esencia que es el debate de las ideas y las propuestas en estar o no de acuerdo con un dictamen como acaba de suceder en la Comisión de Comunicaciones, en el que se hace vacío negando toda discusión, todo debate o plantear simple y sencillamente sus ideas, se hace vació para que no se lleve a cabo el quórum.
No se puede detener el trabajo legislativo y si no asisten los diputados en una segunda convocatoria, con los que asistan sea suficiente para que ahí se dictamine lo propuesto y finalmente sea este Pleno el que tenga la última palabra. Es cuanto, señora Presidenta.
Me parece muy importante que esta iniciativa tome el curso inmediato y que sea Prácticas Parlamentarias fundamentalmente a donde sea consignado el trámite que corresponde.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado César. Como usted lo solicitó, se inscribirá íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, haciendo la aclaración de que el diputado presentará dos iniciativas; la primera que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo y la segunda, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en el tiempo que le corresponderá en una sola presentación.
El diputado José Antonio Arévalo González: Con su permiso, diputada Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos diputados. La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la Ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación.
México como nación debe siempre velar por estos principios, debe observar las determinaciones de dicha Declaración no sólo por ser parte de la misma, sino porque se trata de nuestros hijos.
La OIT ha manifestado que, pese a que, por una parte la edad mínima para trabajar recomendada internacionalmente es de 15 años para países industrializados y de 14 para países en desarrollo, esto no se cumple. Es cierto que prácticamente toda la información estadística relativa al trabajo infantil se refiere al grupo de edad de 10 a 14 años, pero dichos datos son sólo una muestra de la problemática mundial y nacional.
En el año de 1995 la OIT calculó que más de 73 millones de niños de este grupo de edad ejercían una actividad económica, cifra que correspondía al 13.2 por ciento de dicha población infantil en todo el mundo. Por lo que hace a las tasas porcentuales de actividad económica de los niños en el grupo de edad de 10 a 14 años para México, implicaban el 6.7 por ciento de la población total de esa edad.
Para el año 2005 se estimó que la población infantil de cinco a 13 años en nuestro país sería la siguiente: niños, 11 millones, 357 mil 38; niñas, 10 millones, 910 mil 502. Un total de 22 millones 267 mil 540.
De ahí que alrededor de un millón 700 mil niños y de un millón 745 mil niñas, aproximadamente, laboran en diversos ámbitos de la economía y actividades ocupacionales. Para dicho año, estas cifras implican el 15.47 por ciento de la población infantil entre esas edades. Adicionalmente se calcula que cerca de 11 millones de niños menores de esa edad vivirán en nuestro país. Esto implica que hay altas probabilidades de que el porcentaje mencionado se incremente en poco tiempo.
El problema tiene varios aspectos. Por ejemplo, la proporción de niños que trabajan ha sido tradicionalmente muy superior en el campo o zonas rurales, donde según la OIT nueve de cada 10 niños realizan labores agrícolas o ramas afines. En cuanto a las ciudades, en los países en vías de desarrollo se ha ido incrementando la ocupación infantil, en virtud del rápido crecimiento de las manchas urbanas. Por esto se ha elevado la ocupación en empresas de manufactura, en comercios y en la rama de los servicios.
Pero lo que se pretende abatir con la presente reforma es el problema de la esclavitud infantil. Las formas han ido creciendo, son más complejas, se establecen vínculos en el contrato de trabajo de un adulto y la puesta a disposición de un niño o por intercambio de un niño por una suma de dinero, que se suele presentar como adelanto salarial.
La esclavitud infantil, señala la OIT, se produce principalmente donde existen unos sistemas sociales fundados en la explotación de la pobreza como la servidumbre por deudas, que se origina por el endeudamiento de la familia para cumplir con una obligación social o religiosa o sencillamente para adquirir los medios para sobrevivir.
Se debe entender que el trabajo infantil tiene efectos altamente discriminatorios y empeora la situación de desventaja de personas y grupos que se cuentan ya entre los socialmente marginados, beneficiando, en cambio, a los ya privilegiados.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que este problema, además, implica la ruptura de un sistema democrático y de justicia social. La UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador. Los criterios sostenidos por este organismo internacional entre otros son:
Si la actividad a realizar es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana; si se pasan demasiadas horas trabajando; si el trabajo provoca estrés físico, social, psicológico indebido; se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones; el salario es inadecuado, etcétera.
En nuestro país no se respetan dichos criterios ni las convenciones y tratados internacionales que pretenden proteger los derechos de los niños en esta materia.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone reformas a diversos ordenamientos, a fin de proscribir estas prácticas deleznables y contrarias a la salud de aquéllos que tienen en sus manos en futuro de nuestro país.
En México, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Universidad Iberoamericana publicaron un informe realizado en esta materia. Dicho estudio señala que, de acuerdo con los datos en el terreno educativo, las niñas y los niños que trabajan tienen una tasa de inscripción escolar del 33 por ciento, en tanto que los menores que no laboran es del 85 por ciento. En el documento también se precisa que las tasas de reprobación de niñas y niños que trabajan son más altas que las de aquéllos que no laboran, de 36 y 21 por ciento, respectivamente.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone, en primer término, la adecuación de la Constitución, planteando la inclusión de un párrafo sexto al artículo 4º. constitucional en donde, de forma clara, se prohíbe el empleo de los niños menores de 14 años en las áreas productivas del país; se establece además la obligatoriedad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para la aplicación de las sanciones que las diversas leyes que norman esta problemática prevén.
Por su parte, se propone incluir un párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establecen las sanciones a que se harán acreedores los patrones que empleen, bajo cualquier denominación, a niños menores de 14 años.
Dichas sanciones consisten en la clausura inmediata del establecimiento o negociación, así como la imposición de una multa de seis mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, se remite al Código Penal para la imposición de penas privativas de libertad y multas.
Es así que en dicho ordenamiento criminal federal se propone una pena privativa de la libertad a aquél o aquellos que, en clara contravención de la Constitución y la Ley Laboral, empleen a menores de 14 años. Dicha sanción tendrá una mínima de cinco años y una máxima de 12 años, además de la multa de tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Adicionalmente se prevé la concurrencia de delitos por lo que se incrementará en una mitad por cada uno de los menores que fueran víctimas de este ilícito.
Dicho tipo penal será incluido dentro del Título Octavo, Delitos contra la moral pública y las buenas costumbres. Capítulo II. Corrupción de Menores e Incapaces. Pornografía infantil y prostitución sexual de menores, adicionándole "Del trabajo infantil", del Código Penal Federal.
Con lo anterior, nuestro país avanzaría en la protección de los derechos de la niñez, garantizando su desarrollo y protegiéndolo de la explotación laboral infantil. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Antonio Arévalo González.
Túrnese la primera iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social; y la segunda iniciativa a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Chanona Burguete, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con el permiso de la Presidenta. Señoras y señores legisladores. Someto a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 3o. y la fracción XIII al artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, considerando los efectos del cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional.
Fundamento
El aumento de la temperatura promedio del planeta resultado de la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, es decir, el cambio climático, debe ser un tema que llame la atención urgente de esta soberanía.
La comunidad internacional está tomando conciencia sobre los terribles efectos de este cambio climático. De ahí la firma de instrumentos tan valiosos como la Convención Marco sobre Cambio Climático, las medidas derivadas de la Cumbre de la Tierra, de 1992; y desde luego, el Protocolo de Kyoto.
No obstante, persiste la resistencia de muchos gobiernos a comprometerse en la lucha contra el cambio climático y sus nocivos efectos a la naturaleza y, desde luego, a la humanidad; paradójico, porque justamente los gobiernos deberían ser los más preocupados por tomar medidas ante una amenaza global que rebasa las fronteras nacionales, tan real como el terrorismo o como la delincuencia organizada transnacional.
Muchísimos científicos compartes esta certeza, se prevé que durante este siglo las alternaciones climáticas se presentarán a una velocidad que podría exceder a cualquier otra ocurrida en los últimos 10 mil años.
De acuerdo a la ONU, para el año 2050 el cambio climático podría exterminar a una cuarta parte de todas las especies de plantas y animales en la faz de la tierra. Los esfuerzos por mitigar la emisión de gases de efecto invernadero han sido claramente insuficientes. Los informes científicos alertan sobre los riesgos de continuar ignorando el tema para la vida del planeta.
En consecuencia, es momento de adoptar medidas urgentes en nuestro país, no sólo para evitar que sigamos contribuyendo a profundizar el problema sino para prevenir los futuros desastres que se avecinan, producto de calentamiento global.
México está entre los 15 primeros países en desarrollo con mayores emisiones de bióxido de carbono, aunque sólo contribuye con el dos por ciento de las emisiones a nivel global. Nuestro país ratificó tardíamente el Protocolo de Kyoto, sólo hasta febrero del año 2005 lo que revela un serio problema de compromiso del gobierno mexicano con el medio ambiente. Preocupante, ya que los países menos desarrollados somos los más vulnerables a los efectos del cambio climático.
En la reciente Conferencia de París sobre Cambio Climático, Mario Molina, nuestro Nóbel de Química, proyectó, entre otras cosas, que en México la sequía se agravará y se reducirán los espacios de aptitud para los cultivos, poniendo en peligro a las comunidades agrarias dueñas de los bosques, porque tendrán que reciclarlas y destinarlas a la agricultura. Se incrementarán las enfermedades y muertes por la contaminación del aire y del agua, al igual que las erosiones, las olas de calor e inundaciones.
Para el año 2030, la disponibilidad de agua por mexicano será apenas del 11 por ciento del mínimo adecuado que recomiendan los organismos internacionales. Estos datos, diputadas y diputados, no provienen del Apocalipsis ni son catastrofistas, son científicamente comprobados.
Desafortunadamente, en México no existe una verdadera conciencia de las implicaciones que trae consigo el cambio climático. En los últimos años nuestras emisiones de bióxido de carbono no han disminuido, registrando incluso incrementos.
Por ello es imperativo que seamos capaces de generar estrategias para enfrentar los riesgos que conlleva el cambio climático. Por eso también estoy convencido de que un primer paso, repito, un primer paso es identificar este riesgo como una amenaza seria y real a la seguridad nacional.
Barry Busen ha definido que la seguridad está relacionada con las condiciones de existencia del Estado y la sociedad, lo que incluye la capacidad de los Estados de mantener su identidad independiente, su integridad y funcionalidad contra fuerzas que sean vistas como hostiles.
Las condiciones de existencia del Estado abarcan varias esferas: militar, política, económica, social y, subrayo, ambiental. Esta última fundamental para la posibilidad de preservar, desarrollar y dar viabilidad a cualquier Estado.
Enfatizo. Por ello, la seguridad ambiental es considerada como la última seguridad. Repito. La seguridad ambiental es considerada como la última seguridad, un elemento vital para la supervivencia del Estado y el desarrollo de su población, que se refiere a los daños al ambiente ocasionados por las actividades humanas, ya sea por ignorancia, accidentes o mala administración, cuyo origen se encuentra dentro o a través de las fronteras nacionales.
En este tenor, si partimos de la definición básica de amenaza como todos aquellos elementos que atentan contra la estabilidad, viabilidad y existencia de cualquiera de las esferas de la seguridad, queda claro, señores diputados, señoras diputadas, que por sus efectos ambientales, sociales y económicos, el cambio climático constituye una amenaza de seguridad nacional que requiere atención inmediata de forma conjunta.
Compañeras y compañeros legisladores. Es urgente la formulación de políticas públicas y la concertación de esfuerzos para desarrollar capacidades de respuesta ante los impactos previsibles del calentamiento global.
Primero definamos al calentamiento global como una amenaza a la seguridad nacional, porque tiene que ver con la vida de las personas, de sus bienes materiales y culturales y con la integridad de los ecosistemas.
Por ello, y con el ánimo de que impulsemos una serie de acciones para combatirlo, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 3o y la fracción XIII al artículo 5o de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Para efectos de esta Ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a
Fracción VII. La protección del territorio nacional y sus habitantes, a través de medidas conducentes a prevenir y evitar los efectos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático.
Artículo 5o. Para los efectos de la presente Ley son amenazas a la seguridad nacional,
Fracción XIII: Actos que alteren los patrones climáticos como la emisión excesiva de bióxido de carbono, deforestación y cualquiera otra acción que propicie la degradación medioambiental.
Ruego a la Presidencia de la Mesa Directiva insertar el texto de esta iniciativa y mi intervención en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Chanona. Se toma en cuenta su petición. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 442 diputadas y diputados, quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, Secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar iniciativa de reforma del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pablo Arreola Ortega: Buenos días, compañeros. Con su permiso, señora Presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto de reformas el artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de Motivos
La sociedad mexicana demanda mayor exigencia de los órganos públicos defensores de los derechos humanos, en julio de 1990 fue establecida en nuestro país la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos años más tarde se le otorga el rango constitucional al igual que a sus similares en cada entidad federativa.
Lo anterior significó un notable avance, ya que permitió la creación de organismos no jurisdiccionales, que de manera rápida y sencilla atendieran los reclamos de la sociedad mexicana, cada vez que con mayor rigor exigía respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, y a pesar de que han transcurrido casi 15 años de su incorporación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ombudsman mexicano no ha logrado consolidarse, puesto que hasta la fecha no ha logrado la confianza y credibilidad de amplios sectores de la sociedad mexicana.
Además, y esto es necesario establecerlo con claridad, el único que viola derechos humanos de los gobernados es la autoridad, para la autoridad ni las garantías individuales consagradas en la Constitución ni los derechos humanos de las personas son límites para el ejercicio arbitrario de sus funciones.
Es más, es necesario reconocer que el establecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari se dio más como un proceso de búsqueda de la legitimidad interna y externa que como un acto pleno de respeto a los derechos de los gobernados.
Por ello a las autoridades no les importa el respeto a los derechos humanos, sin contar con un órgano que institucionalmente realice esta tarea pero que se encuentra maniatado, en virtud de que sus recomendaciones en ningún caso tienen efectos vinculantes.
Para la autoridad a la cual va dirigida, en tal virtud que es destinataria de una recomendación, determina si la cumple o no, pero en ningún caso se le puede forzar a que realice dicho cumplimiento.
En el aspecto teórico se establece que la fuerza moral de una recomendación emitida por las comisiones de Derechos Humanos, sería tal que obligaría a su cumplimiento; sin embargo, en la práctica esto no ocurre.
En el pasado período presidencial se realizaron por parte del gobierno de Fox múltiples violaciones a los derechos humanos, entre la más significativa, que no la única, recordamos la de mayo del 2006, en donde en el poblado de San Salvador Atenco en el Estado de México, la población de dicho municipio fue literalmente víctima de una represión gubernamental, coordinada por los tres órdenes de gobierno, las policías municipales de San Salvador Atenco, la estatal del Estado de México y sobre todo la Policía Federal Preventiva, fueron el brazo represor del Estado en contra de los habitantes de dicho municipio.
No obstante que se demostró el exceso de poder de las autoridades policíacas en contra de la población, los autores materiales e intelectuales de esta represión no fueron sancionados. El entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, hoy procurador general de la República, licenciado Eduardo Medina Mora, en todo momento exculpó a los miembros de la Policía Federal Preventiva y nadie resultó sancionado.
No obstante que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que quedó radicada con el expediente 2006/2109/2/Q, en el expediente integrado por dicha Comisión y que consta de más de 20 mil fojas, se acreditó que en perjuicio de los habitantes de San Salvador Atenco, existieron detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano, degradante, allanamiento de morada, retención ilegal, incomunicación, tortura, violación a la libertad sexual, derecho a la vida, derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Como resultado de esta queja la Comisión Nacional de Derechos Humanos envío el 26 de septiembre del. 2006, la recomendación 38/6, dirigida al secretario de Seguridad Pública, al gobernador del Estado de México y al comisionado del Instituto Nacional de Migración.
En dicha recomendación que forma parte del Informe del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presentó a la Comisión Permanente de este Congreso, se establece en la página 222, cito textual: "En el presente Informe se considera no aceptada, respecto del secretario de Seguridad Pública Federal, ya que mediante oficio SSP/082/2006 del 31 de octubre del 2006, suscrito por dicho funcionario, consideró no procedente aceptar la recomendación que se le dirigió, en razón de que se refirió a los elementos de la Policía Federal Preventiva que participaron en los operativos en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, actuaron conforme a los principios constitucionales de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez, con pleno respeto a los derechos humanos de los manifestantes y de las personas que fueron detenidas en comisión flagrante de delito, actuando con sentido de oportunidad y prudencia, sin haberse excedido de la fuerza, al haber utilizado sólo estrictamente la fuerza necesaria para detener in fraganti, a quienes se sorprendió cometiendo conductas probablemente delictivas".
Con qué cinismo se planteaba estos asuntos. Como podemos ver al apreciar la cita anterior, las violaciones a los derechos humanos de los gobernados pueden estar perfectamente acreditas y con motivo de ellas, los particulares agraviados, presentar su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ésta realiza sus investigaciones y comprueba que efectivamente se cometieron dichas violaciones. En tal sentido, emite una recomendación a la autoridad responsable, pero en un caso similar, como ocurrió con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, si éste determina no cumplir la recomendación, no hay nadie que pueda obligarlo a tal cumplimiento.
Compañeras y compañeros legisladores, en el antecedente directo de nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman escandinavo formula recomendaciones que cuentan con el respaldo del peso moral de dicha Institución, que depende del Parlamento y la autoridad a las que dichas recomendaciones van dirigidas de cabal cumplimiento. En el caso de México hemos visto que esto no ocurre así, que la autoridad renuente a cumplir las recomendaciones, lo hace sin que sufra ninguna sanción.
Precisamente por esto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que en verdad queremos contar con una Comisión Nacional de Derechos Humanos, autónoma e independiente. Se le debe fortalecer modificando la naturaleza no vinculativa de las recomendaciones que emite, para evolucionar en su tratamiento y que éstas sean de cumplimiento obligatorio por parte de la autoridad a la que van dirigidas.
En tal virtud la propuesta de nuestro grupo parlamentario, somete a su consideración, se centre en la reforma del párrafo segundo, del Apartado B del artículo 102 constitucional, para que quede establecido de manera expresa que las recomendaciones que emitan las comisiones defensoras de los derechos humanos tendrán plenos efectos vinculantes, con lo que su cumplimiento resulta obligatorio para estas autoridades. Pero además, proponemos que en la hipótesis de que las autoridades se nieguen a cumplir las recomendaciones, las propias comisiones de derechos humanos puedan formular denuncias penales, en cuyo caso el texto de la recomendación no atendida servirá de base para la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que sólo de esta manera, con el impulso de la propuesta que les presentamos podemos romper el ámbito de impunidad en que las autoridades actúan, ya que saben que si no atienden las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, simplemente no pasa nada y seguirán acostumbradas a vivir y a actuar en la simulación y el engaño en perjuicio de la sociedad mexicana.
Compañeras y compañeros diputados, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas al artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 102, párrafo B, los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas vinculatorias y denuncias penales por la comisión de delitos que violen los derechos humanos de las personas, en cuyo caso la recomendación dirigida a las autoridades responsables y no atendidas por éstas servirán de base para la denuncia ante el Ministerio Público que corresponda, así como quejas ante las autoridades respectivas.
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, dentro de los seis meses contados a partir de la publicación del presente decreto realizarán las modificaciones que correspondan a la Ley de Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes a las leyes de los estados para que éstas en congruencia con la reforma del presente decreto.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero del 2007. Atentamente el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativas que reforman los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud.
La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Hoy vengo ante ustedes no únicamente como diputada, sino vengo como mujer. Vengo a hablarles de un mal que ha cobrado muchas vidas y al cual no podemos seguir dándole la espalda. Les pido a hombres y mujeres, diputados, diputadas, que nos comprometamos con impulsar esta iniciativa.
Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cervicouterino es la segunda mayor causa de mortalidad femenina por cáncer en todo el mundo, con unas 300 mil muertes al año. El 80 por ciento de los casos corresponden a los países en vías de desarrollo y cerca de 500 mil casos nuevos se presentan cada año.
Resulta sumamente alarmante que esta enfermedad haya sido la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas con cáncer. La mayoría de las mujeres que desarrollan esta enfermedad tiene entre 40 y 50 años de edad; sin embargo, cada vez es más común ver mujeres jóvenes infectadas que a edades de 20 y 30 años se les diagnóstica cáncer cervicouterino.
Con frecuencia en sus etapas iniciales el cáncer cervicouterino no muestra síntomas por lo que a menudo no se detecta hasta que se hace severo. El factor de riesgo más común de esta enfermedad es la exposición a ciertas variedades de papiloma virus humano, mejor conocido como virus del papiloma humano.
El VPH es una infección de transmisión sexual que en muchos casos es asintomática. Los tipos de virus más importantes del papiloma humano trasmitidos sexualmente, asociados con el cáncer en hombres y mujeres, pueden causar el crecimiento de células anormales en el cuello del útero hasta llevar al desarrollo de cáncer.
En los varones es menor la incidencia de afectación, no así en la mujer debido a que la vagina es una reservatorio más apto para la permanencia del virus; sin embargo el hombre es un potencial trasmisor que debe atenderse. En nuestro país cifras de la Secretaría de Salud revelan que cada día mueren 12 mexicanas debido al cáncer cervicouterino y que 38.8 de cada 100 mil, viven con el mismo.
Un foco de atención alarmante lo representan estados como Chiapas, en donde el 80 por ciento de las neoplasias se encuentran íntimamente asociadas con el virus.
Por edad, el grupo más afectado son las mujeres de 14 a 26 años, donde el riesgo es doble comparado con el de las mujeres mayores de 50 años. Entre la población joven, la asociación con el virus es de 100 por ciento, razón que nos permite determinar que este virus de transmisión sexual es oncogénico y quizás el más importante factor en donde debemos enfocar acciones, prevención y educación sexual.
Tanto en México como en Estados Unidos y en Europa, la vacuna fue aprobada para mujeres y hombres dado que éstos pueden trasmitir los serotipos de alto riesgo; sin embargo la vacuna solamente se encuentra accesible para el público privado y no para los servicios públicos de salud.
Dado que el cáncer cervicouterino es uno de los tipos de cáncer más fáciles de detectar y prevenir, la vacuna contra el mismo es una importante medida de prevención para contraer el virus que causa este cáncer. Los exhorto a que aprobemos esta importante medida de prevención que puede salvar millones de vidas en nuestro país.
La alta incidencia encontrada así como los actores de riesgos identificados nos indican que estamos ante un problema de salud pública que afecta fundamentalmente a las mujeres con desventajas sociales importantes.
Por ello y como resultado de una serie de estudios en torno al virus, diversas instituciones médicas realizan desde hace varios años una exhaustiva investigación para desarrollar vacunas contra este grave mal.
La salud de millones de mujeres mexicanas no es cosa de juego. Démosle una renovada fe en la vida. Apoyemos la vacuna contra el virus del papiloma humano. Nuestros hijos y las futuras generaciones nos lo agradecerán.
Someto, en mi calidad de integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza, la aprobación a esta honorable soberanía de la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 134 para que la actual fracción venga a ser la XV y se reforme el artículo 144 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Capítulo II. Enfermedades trasmisibles
Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades trasmisibles: virus del papiloma humano (VPH)...
Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y el virus del papiloma humano, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimará necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia.
La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Mónica Arriola. Túrnese a la Comisión de Salud.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señora Presidenta. Esta iniciativa le da continuidad a la que presenté anteriormente, en donde se modificaba el artículo 41 y 116 de la Constitución, como se propone modificar.
Aquí ya me refiero a modificaciones específicas al Código Federal Electoral, que lo sugirieron —como repito— los consejeros del IFE. No pretendo —que quede muy claro— arrogarme la autoría de estas iniciativas. Corresponde a un trabajo de equipo en donde participamos muchísimos senadores por varios meses y que —repito—, desafortunadamente ya cuando se iba a concretar en el dictamen quedó trunco en la pasada LVIII Legislatura.
Me voy a permitir leer algunos puntos de la exposición de motivos. Solicito desde luego como lo hago también con la reforma constitucional, que se pueda reproducir en forma íntegra en el Diario de Debates mi intervención.
La presente iniciativa busca fortalecer las atribuciones de las autoridades, de tal suerte que se propone reformar el Cofipe, la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Fiscal de la Federación. De esta forma al ampliar las excepciones al denominado secreto bancario para los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, se busca brindar elementos para una investigación eficiente por parte de las autoridades correspondientes en caso de ser necesario.
La reforma al Cofipe está encaminada a fortalecer las facultades del Instituto Federal Electoral, extendiendo su actividad con la cooperación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efecto de verificar operaciones mercantiles realizadas por los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.
En muchos casos ya mediante acuerdos el Consejo, se ha concedido estas atribuciones; pero me parece que debe estar consignado en el Código Electoral, éstas deberán rendir cuentas mediante inventarios de los bienes que adquieren con los recursos públicos. En el caso de pérdida de registro se contempla un mecanismo de reincorporación de los bienes adquiridos por aquellos, reforzando el principio de pertenencia patrimonial de los bienes adquiridos con recursos provenientes del Estado.
Asimismo, al establecer la coordinación entre el Instituto Federal Electoral en los institutos electorales locales se permitirá una fiscalización de los recursos públicos en cada ámbito de competencia sin menoscabo de la soberanía de los estados.
Hemos partido de la reflexión de que para poder alcanzar un sistema electoral eficiente es necesario que los partidos políticos rindan cuenta a la ciudadanía en las urnas. Es por ello que planteamos en la reforma al Cofipe una reestructuración en materia de coaliciones, de forma que los votos de los partidos que decidan participar coaligados se contabilicen de manera separada; esto permitirá que sólo los partidos con un respaldo electoral, de al menos el dos por ciento de los votos válidos, conserven su registro partidista.
Los cambios legales que aquí se proponen tiene la finalidad de introducir una serie de mecanismos que permitan identificar con precisión las preferencias electorales de todos los partidos que participen en una elección y en ese sentido poder identificar el peso real que cada partido político tenga entre los electores, aún cuando participe en una coalición.
Se trata esencialmente de permitir que los partidos coaligados reciban su votación de manera separada y que los cómputos en las casillas se hagan de manera diferenciada para identificar con claridad la votación de cada uno de los partidos que integran las coaliciones.
Con el objeto de facilitar a los electores que se encuentran transitoriamente fuera de su domicilio el ejercicio de su derecho constitucional al sufragio, se propone aumentar el número de casillas especiales que se instalarán en cada proceso electoral federal.
Otros de los temas que trata la reforma al Cofipe están relacionados con la reducción y financiamiento público que les es otorgado a partidos políticos del nuevo registro y las agrupaciones políticas nacionales que actualmente establece el dos por ciento del presupuesto destinado a todos los partidos políticos con registro. Se plantea una disminución al uno por ciento, con lo cual consideramos que se garantizan recursos importantes para que acrediten su presencia y respaldo ciudadano.
Los diputados que suscribimos la presente iniciativa consideramos que estas reformas son de la mayor importancia ya que contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema federal electoral y por ende, a la consolidación de la democracia representativa en nuestro país.
De los anteriores considerandos se desprende, ya viene el proyecto de decreto, los artículos, que son muchos, que se modifican del Cofipe, de lo que es el Código Fiscal, reformas al Código Fiscal y el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Son diversos artículos, es muy amplia la iniciativa, por eso insisto en su publicación total. La suscribimos, al igual que la anterior, el diputado Héctor Larios, el diputado Cristián Castaño, Carlos Navarro Sugich, el diputado Diódoro Carrasco, Rogelio Carbajal y me permito una apretada síntesis —y en esto doy el crédito a la fundación Miguel Estrada Iturbide, que coadyuvó con este trabajo— de cuál es el contenido de amplias iniciativas, que son fundamentalmente 13 puntos:
Uno. Cambio en la distribución de financiamiento público de los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias.
Dos. Reducción del financiamiento público a los partidos políticos para campañas electorales, hasta en un 50 por ciento en elecciones intermedias.
Tres. Coordinación ante el IFE y las autoridades electorales locales para la fiscalización de recursos de los partidos políticos en sus respectivos ámbitos de competencia.
Cuatro. Autentificación adecuada del IFE para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales.
Cinco. Obligación de las agrupaciones políticas nacionales de acreditar cada tres años el requisito de número mínimo de afiliados.
Seis. Disminución de financiamiento público a agrupaciones políticas nacionales.
Siete. Obligación a las agrupaciones y partidos políticos nacionales de presentar cada año un inventario de los bienes muebles e inmuebles que adquirieron con el financiamiento público otorgado por las autoridades electorales.
Ocho. Perfeccionar la facultad de control y vigilancia de la autoridad electoral, a efecto de optimizar la fiscalización que lleva a cabo el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas.
Nueve. Comprobación de la auténtica representatividad de los partidos políticos que acuerden coaliciones.
Diez. La obligación de reintegrar al Estado los bienes adquiridos con financiamiento público, cuando un partido político pierda el registro.
Once. Aumentar el número de casillas especiales que los consejos distritales del IFE puedan instalar por distrito.
Doce. Disminuir los tiempos para la campaña presidencial, campaña de aproximadamente tres meses y medio, y
Trece. Acotar un tiempo determinado a las precampañas para la elección presidencial.
Como ustedes pueden ver, es una reforma muy ambiciosa, fue un trabajo de varios meses. Tampoco podemos presumir que ésta sea la reforma definitiva, habrá que discutir temas como la relación con los medios; las precampañas; el tema de la transparencia; la compactación del aparato electoral —en este sentido el señor diputado Rogelio Carbajal me asesoró para ver estos temas—, las quejas genéricas; la democracia partidista; la justicia electoral; las salas regionales para darles más trabajo en virtud de que prácticamente están pasivas durante tres años; el contenido de las campañas; los derechos personales de autoridades; los programas de gobierno y los delitos electorales.
Yo creo que debemos esmerarnos en simplificar nuestro proceso electoral. Hemos hecho de nuestro proceso electoral un mazacote, debemos tratar de transparentarlo, de simplificarlo, de hacer un proceso que ya venga de retorno en la desregularización.
Hago una reflexión final. Al igual que en mi propuesta de la reforma constitucional, tenemos que demostrar al pueblo de México que hay voluntad política de cambio y de reformas. De nada vale que aprobemos la Ley de Reforma del Estado, de nada vale que cacareemos ante la opinión pública que éste es un Congreso maduro y sensible, si no estamos emitiendo mensajes claros de que hay voluntad política, que hay anhelo de consenso; que sobre nuestras diferencias partidistas está la preeminencia del interés nacional.
Ojalá y con todas estas consideraciones logremos hacer las modificaciones que en materia electoral me he permitido proponer y también a nombre de mi grupo parlamentario, del Partido Acción Nacional. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Alfredo Ríos Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para la reforma política del Estado Mexicano.
Esta Presidencia da un cordial saludo a la Universidad Interamericana para el Desarrollo y al Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, que se encuentran con nosotros el día de hoy.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Vengo a esta tribuna a hacer un llamado a la conciencia legislativa y jurídica de los señores diputados. Me voy a referir a la llamada —mal llamada, para mi gusto— Ley de Reforma del Estado.
Vengo a proponer no una ley, sino un decreto. Vengo a tratar de inscribir en un marco jurídico solvente, con una actitud responsable, lo que debe ser el camino —que aplaudo— del Senado de la República. El Senado de la República, el pasado día 23, por unanimidad aprobó esta minuta que hoy se encuentra en esta Cámara; sin embargo, es preciso hacer algunas modificaciones y enriquecer este proyecto.
Para empezar, yo no pienso de ninguna manera que se trate de una ley. La ley tiene el carácter, como todos lo sabemos, de regular asuntos generales, impersonales abstractos y no es el caso de este instrumento que se ha presentado en esta Cámara; sin embargo, el artículo 70 constitucional establece con claridad qué es lo que hace el Congreso.
El Congreso tiene la obligación y hace toda resolución que tenga, tiene el carácter de ley o decreto. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el decreto? El decreto tiene un carácter personal, tiene un carácter concreto. Esto se estableció con claridad en la Constitución Centralista de 1836; pero a mayor abundamiento, todos los teóricos que han estudiado esto, empezando por Emilio O. Rabasa y siguiendo por los nuevos —ya no tan nuevos— constitucionalistas como el doctor Burgoa, están claros en la interpretación de lo que es un decreto. Se quitó de la Constitución, en la del 57 y en la de 1917.
Pero ahí está el espíritu que finalmente recoge la Corte. Ya la Corte estableció en ejecutoria de todo el pleno de la Corte, lo que significa un decreto que sí se puede aplicar a un instrumento jurídico respetable, donde todos nos pongamos de acuerdo para hacer un gran pacto, un acuerdo que logre modificaciones sustanciales de reforma política, como muchas de las que mencionó mi antecesor hace unos minutos.
Tenemos que tener la voluntad, porque así lo exige el pueblo de México, de ir por encima de nuestras diferencias de fracción parlamentaria, para conciliar acuerdos que le den en este momento al pueblo una solución. Eso es lo que pretende el Senado de la República, eso es lo que pretendemos nosotros. Solamente que no podemos cometer un error tan grave como de llamar ley a lo que no es ley, sobre todo cuando la Constitución de la República establece con claridad mecanismos para formular un decreto al respecto.
Por otra parte, tampoco es de reforma del Estado. El Estado, en la vieja concepción de Jelenec y de todos los teóricos, se establece con tres elementos básicos: pueblo, gobierno y territorio. Para que una reforma sea de Estado debe transitar por estos tres temas, que los recoge perfectamente la parte orgánica de la Constitución, en donde se va reflejando cada uno de estos aspectos torales del constitucionalismo mexicano que le dan la característica de Estado al Estado nacional mexicano. Por eso lo que yo propongo es una reforma política del Estado nacional mexicano.
Por eso lo que yo propongo es una reforma política del Estado Nacional mexicano, que acredite los puntos de vista que ya concilió el Senado con algunos cambios no muy importantes, pero creo que deben tomarse en cuenta. Uno de ellos sería incorporar al Poder Judicial Federal para que participe en el debate de esta llamada reforma del Estado que yo califico como "reforma política".
Otro tema muy importante para esta Cámara, es que hay paridad. El proyecto del Senado no nos da paridad entre el Senado y la Cámara de Diputados y ambos tenemos el mismo valor constitucional, por lo que debe reformarse esa minuta presentada por el Senado.
No vengo a oponerme. No vengo a impedir o poner trabas a algo que está requiriendo la nación, vengo a apoyar a plenitud al Senado de la República, a la fracción parlamentaria del PRD que a través de Juan N. Guerra, presentó también una iniciativa en estos textos. Vengo a pensar como piensan muchos de mis compañeros del PAN, porque esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de teoría jurídica, de interpretación jurídica y de responsabilidad legislativa.
No podemos pasar en esta Legislatura como ignorantes de temas sustanciales de la interpretación jurídica y del proceso legislativo. Tomemos mucho de lo que trae el Senado. Tomemos mucho de lo que han aportado otros compañeros y fijemos las bases de un decreto que verdaderamente conmueva a la nación y nos permita encontrar caminos para una reforma de fondo del sistema político mexicano.
Ya está inscrita y publicada en la Gaceta del día de hoy esta iniciativa. Sólo me resta convocar a mis compañeros, todos, más a los abogados, más a los que como yo nos dedicamos a la actividad académica a que reflexionen. No se trata de pugnas, eh. No se trata de enmendar planas. Se trata simplemente de darle dignidad, de darle conocimiento, de darle jerarquía a esta Cámara de Diputados que lo merece, por la presencia de diputados tan importantes y tan distinguidos y tan ilustres como los que están aquí presentes.
Creo que todos juntos en un esfuerzo supremo, podemos salir adelante para abrir mejores caminos para México. Es el tiempo y es el momento. La historia lo requiere. Muchas gracias, señores diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado Alfredo Ríos Camarena. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de Cabildeo.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputado.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros. Someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, por el que se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la Ley Federal de Cabildeo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos.
El cabildeo, entendido como un "proceso a través del cual grupo de interés y sectores de la sociedad buscan incluir en quienes tienen la facultad de legislar y de decidir en la administración pública federal", no ha sido regulado en nuestro país pese a que constituye una práctica común.
Precisamente por ser una actividad que establece lazos de comunicación entre sectores de la sociedad y las instituciones, debió ya haber sido objeto de revisión, análisis y sobre todo regulación. Sin embargo, por estar alejado del escrutinio público, se ha convertido en ocasiones en instrumento para comprar conciencias.
Cabildear no es una actividad nueva en México, es una práctica que se desarrolla tanto en el ámbito legislativo, como del Poder Ejecutivo. En los corredores de las oficinas del Presidente, era donde se llevaba a cabo, por haber sido éste el centro de las decisiones políticas. Así ha subsistido por varias décadas como una actividad secreta, ajena a cualquier tipo de revisión o explicación de cara a la sociedad.
En la práctica, el cabildeo se presenta bajo un esquema en el que las empresas dedicadas a dar este servicio reclutan con tal propósito a ex legisladores o ex funcionarios públicos en razón del conocimiento que poseen sobre el proceso legislativo, las relaciones que establecen y el manejo de los tiempos para incidir en las decisiones que se habrán de tomar.
Actualmente, la alternancia del poder, el desgaste de la figura presidencial y la gran relevancia que el Congreso ha adquirido, en razón del pluralismo en su integración, han venido a trasladar gran parte de esta actividad hacia las Cámaras del Congreso de la Unión, escenario natural del cabildeo.
No obstante, los servicios de cabilderos se siguen prestando en las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal, sin que exista norma alguna que regule los términos y condiciones en que se desarrolla.
Por la pérdida de influencia del Ejecutivo federal, ahora tiene que negociar muchas veces con los legisladores apoyos para su agenda de gobierno, sin que se conozcan quiénes cabildean, en qué términos lo hacen qué asuntos abordan y los resultados de sus reuniones.
No podemos permitir, por ejemplo, que quien por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había sido nombrado Presidente Electo, sin haber tomado la protesta de ley, es decir, sin aún ser Presidente, ya estaba negociando con personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, la riqueza nacional que representa el sector energético, sin que la sociedad conociera los términos de estas reuniones.
En Convergencia tenemos claro que el cabildeo, en un contexto plural y democrático, puede ser un vehículo para hacer avanzar diferentes iniciativas ciudadanas y defender de manera legítima ciertos intereses.
En este sentido, la presente iniciativa enmarcada en el ámbito del combate a la corrupción, junto con otras iniciativas como la que presentamos sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona el Capítulo VII y el artículo 47 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer un código de ética y un consejo de ética, busca sentar las bases que regulen una actividad que se realiza sin ningún tipo de escrutinio y, en consecuencia, dotar al ejercicio del cabildeo de la mayor transparencia posible.
Debemos dar oportunidad a que los grupos y los sectores sociales interesados en influir en las decisiones del Congreso, y en el ámbito del Poder Ejecutivo, puedan llevar a cabo tareas de cabildeo de manera complementaria al proceso legislativo y al trabajo administrativo y no en sustitución de ambos.
La presente iniciativa, pues, procura recoger todos aquellos aspectos del cabildeo que creemos es imperativo regular ya. Para ello se analizaron las propuestas presentadas en anteriores Legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y obviamente las que se han presentado también en esta Legislatura.
Dicho análisis nos permitió identificar aspectos comunes en las mencionadas iniciativas, pero sobre todo nos planteó la necesidad de transparentar la actividad del cabildeo.
Por ello, el objeto de la Ley Federal de Cabildeo es regular y controlar cualquier comunicación escrita o electrónica tendiente a formular, modificar, abrogar o derogar leyes, decretos o acuerdos del Congreso de la Unión o que pretenda influir en la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas de cada entidad, dependencia u organismo de la administración pública federal correspondiente, llevada a cabo por personas físicas o morales a favor de sus intereses, los de sus clientes o de sectores sociales en el caso de la gestión de causas legítimas, reconociéndole un carácter profesional a la actividad de cabildeo.
En el apartado relativo a las normas de conducta ética de los cabilderos se delimitan sus obligaciones e incompatibilidades, se precisa que es obligación de los cabilderos informar sobre los proyectos específicos que atienden, con qué grupos o personas celebran reuniones de acercamiento y el éxito o fracaso obtenido, ya sea en el ámbito del Poder Legislativo, como del Ejecutivo federal.
Con esta norma se delinea un código de ética que fija reglas de conducta para cabilderos, clientes de éstos, legisladores y funcionarios del Congreso, así como para cabilderos, clientes de éstos y funcionarios del Ejecutivo federal.
En este rubro destacan las siguientes reglas éticas: los funcionarios y empleados, tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo federal, no podrán aceptar regalos de ninguna especie para ellos o para miembros de su familia. Se prohíbe a funcionarios y empleados del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal aceptar comidas, alojamiento o algún tipo de servicio, de parte del cabildero o cliente de éste, ya sea para ellos o para miembros de su familia.
El cabildero y el cliente deberán de abstenerse de ofrecer cualquier tipo de pago o dádiva en dinero, especie o servicios a miembros del Congreso y a funcionarios de la administración pública federal.
El cabildero y su cliente no podrán condicionar la prestación de sus servicios a la realización de reuniones en lugares ajenos a las instalaciones del Congreso o de las dependencias y entidades u organismos de la administración pública federal.
Todos los involucrados en cabildeo deberán actuar con probidad. Las partes deben denunciar la negligencia, dolo o mala fe en el desempeño de sus funciones, de parte de funcionarios del Congreso o del Ejecutivo federal, de cabilderos con algún cliente.
Deberán declinar participar en algún asunto en el que exista relación entre el cabildero y algunos de sus clientes, sin notificar dichas circunstancias. No podrá suministrar a terceros información relacionada con algún asunto abordado en reuniones celebradas en Congreso o en dependencias y entidades u organismos de la administración pública federal. Guardar el secreto profesional sobre informaciones de carácter reservado producto de su actividad.
Los servidores públicos asignados como enlace ante los órganos legislativos no podrán recibir regalos o servicios de parte de cabilderos, clientes u otros servidores públicos o legisladores. Y los servidores públicos asignados como enlace ante los grupos legislativos o cabilderos al servicio de alguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública federal, no podrán suministrar información ni celebrar contratos o convenios con terceras personas que no tengan calidad de servidores públicos.
Con estas reglas éticas se busca evitar actos de corrupción, tráfico de influencias y posibles faltas de probidad en las actividades de cabildeo.
Como parte de las acciones de control se propone la creación de un Registro Público de Cabildeo Legislativo, registro de los particulares con actividad profesional de seguimiento al trabajo legislativo que acceden al registro legislativo, cuya integración de actualización de prestadores de servicios, profesionales de cabildeo, estará bajo la responsabilidad del Consejo de Ética, cuerpo colegiado encargado de: promover entre los legisladores la observancia de los principios y valores establecidos en el Código de Ética Parlamentario; hacer un seguimiento de los posibles conflictos de interés de los diputados y hacer recomendaciones a la Junta de Coordinación Política para prevenirlos; así como recibir, procesar y resolver con efectividad, oportunidad e imparcialidad las consultas o denuncias que presuntamente contravengan lo dispuesto por el Código de Ética Parlamentario que le sean remitidas por algún legislador o ciudadano por sí mismo.
También se propone un Registro Público de Cabildeo ante el Poder Ejecutivo federal que estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo para darle efectividad a la Ley Federal de Cabildeo en lo relativo al registro y acceso al Congreso, así como respecto a las autoridades responsables del Registro Público de Cabildeo, se propone la adición de un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Señora Presidenta, por economía procesal ruego se inscriba en el Diario de los Debates íntegra ésta iniciativa de ley que nos parece indispensable en el marco de los trabajos que actualmente desarrolla esta Legislatura. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco. Inscríbase íntegro el texto de la iniciativa y túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Función Pública con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Con respecto a la iniciativa presentada por el diputado Juan José Rodríguez Prats, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, suscrita también por el diputado Obdulio Ávila Mayo.
La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputado Presidente. Los suscritos diputados federales Obdulio Ávila Mayo y la de la voz, Gabriela González Martínez, de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
La función pública es una actividad de interés general, que tiende a la satisfacción de las necesidades colectivas. Por lo que el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público, representa en nuestro estado de derecho, una de las más elevadas responsabilidades sociales, que debe ser conducida a través de normas jurídicas que propicien su ejercicio eficiente y honesto.
De lo anterior se desprende que en el ámbito de acción de los poderes públicos, esté determinado por la ley, y los agentes estatales responden ante ésta, por el uso de las facultades que expresamente se les confiere. La irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, insolvencia social y corrupción, su irresponsabilidad erosiona el estado de derecho y actúa contra la democracia.
Tampoco hay responsabilidad cuando el afectado no puede exigir, fácil, práctica y eficazmente el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. La responsabilidad de los servidores públicos debe traducirse, en la práctica, en un escrupuloso manejo de los recursos públicos y en el cumplimiento eficaz de las funciones que tienen encomendadas, lo que hace conveniente contar con un marco normativo, acorde con las necesidades sociales que regule en forma adecuada estas responsabilidades.
En el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagran los principios rectores que rigen en materia de responsabilidad de los servidores públicos, mismos principios que deben ser plenamente compartidos, tanto por los Poderes de la Unión, como por los gobiernos de los estados, al momento de expedirse las leyes federales o locales en esta materia.
Entre los aspectos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos actual se destaca lo siguiente:
Se especifica quienes tienen el carácter de servidor público.
Se determina cuáles son los servidores públicos que están sujetos a responsabilidad de carácter federal y cuáles son sujetos a responsabilidades de carácter local.
Se establece que el Congreso de la Unión, expedirá las leyes de responsabilidades aplicables en el ámbito federal y para el Distrito Federal.
También establece que las Legislaturas locales deben expedir las leyes de responsabilidades que rijan en sus respectivos estados.
El Congreso de la Unión, en cumplimiento de este imperativo constitucional, ha expedido la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dispositivo que recoge los principios consagrados en la Constitución en esta materia y tiene su ámbito de aplicación para toda la República, en cuanto a los servidores públicos que integran a los Poderes de la Unión; así como, también comprende a los servidores públicos en el Distrito Federal.
En consecuencia, la Ley Federal de Responsabilidades determina las conductas por las cuales, por afectar a los intereses públicos fundamentales y a su buen despacho, se incurre en responsabilidad política y se imponen sanciones de esa naturaleza.
Los sujetos de responsabilidad política por integrar un poder público, por su jerarquía, o bien por la trascendencia de sus funciones son: los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada el 31 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, fue acorde a una necesidad de valorar la conducta de quienes servían en la administración de los recursos públicos. Se hizo necesario regular las normas que regulaban las responsabilidades, a efecto de que la ciudadanía acudiera a ella, como consulta y defensa de sus intereses y por otro lado, sirviera de guía en el proceder de los servidores, sujetándolos a la legalidad en todos los actos de administración.
Por lo anterior, podríamos decir que actualmente está claramente planteado y legalmente atendido el tema que corresponde a las responsabilidades empero, y en ejercicio de la revisión permanentemente de las leyes para evaluar su correspondencia con la realidad que regulan, observamos que la Ley Reglamentaria del Título Cuarto constitucional; así como el artículo 15 del Gobierno del Distrito Federal, limitan en su alcance y facultades al Distrito Federal, para que esta entidad pueda crear un marco normativo que regule las responsabilidades de los servidores públicos que integran la administración pública de la Ciudad, provocando con ello que no existan en la entidad los mecanismos suficientes para salvaguardar la unidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en los servidores públicos independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión de todo servidor público; sin perjuicio o independientemente de sus derechos y obligaciones laborales.
El régimen vigente de responsabilidades de los servidores públicos para el Distrito Federal sigue estando supeditado a la Ley Federal produciendo imprecisiones en la Norma, que conllevan a que los servidores públicos que integran la administración pública local, evadan responsabilidades o no sean sancionados.
En la presente iniciativa de ley se permitirá que conforme el texto de la nueva redacción del artículo 109, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expida una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Locales.
Asimismo, mediante esta reformas se coadyuva en la mejoría jurídica y política de la evolución de la Ciudad; se garantice el ejercicio seguro y eficaz de las funciones de los Poderes locales y al mismo tiempo se fortalece el Distrito Federal como parte integrante de la Federación.
Los legisladores federales debemos estar conscientes de que es necesario modificar el marco jurídico actual del Distrito Federal, a través de iniciativas de ley que garanticen el desarrollo institucional de las dependencias y órganos de gobierno de la ciudad en beneficio de sus habitantes.
La administración pública local precisa de nuevos impulsos para vitalizar sus principios y su interés en torno a la vigencia de los mismos y las metas de transformación comprometidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En las reformas que se proponen, los servidores públicos del Distrito Federal ya no estarían sujetos en materia de responsabilidades, a las leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión, sino que quedarían sujetos a las leyes que al respecto expidiera la Asamblea Legislativa. En consecuencia, se suprimen las facultades del Congreso de la Unión para expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que rigen el Distrito Federal.
En este sentido también se pretende que los servidores públicos que integran los órganos de gobierno del Distrito Federal, Legislativo, administrativo y jurisdiccional, entre ellos el Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y otros, sean considerados en cuanto al ámbito de responsabilidades a que están sujetos, como sucede en los estados de la Federación, es decir, que sus responsabilidades sean sólo de carácter local y que la autoridades encargadas de juzgar y en su caso sancionar, sean también las de la entidad.
Con la modificación a la ley, se sientan las bases para que los sujetos de responsabilidades por integrar un poder público cumplan con sus obligaciones políticas y administrativas propias de su encargo y sean responsables del incumplimiento en las tareas del mismo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados esta iniciativa con proyecto de decreto. Firman los diputados Obdulio Ávila Mayo, la diputada Gabriela González Martínez. Pido a la Presidencia que se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Gabriela González Martínez. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.
Tiene la palabra la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar: Con su permiso señor Presidente. Iniciativa de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la declaración del español y las lenguas indígenas como patrimonio cultural de la Nación.
Esta iniciativa compañeros diputados, diputadas, busca darle al español y a las lenguas indígenas la dignidad que merecen tener y crear desde la Constitución las condiciones para defenderlas y preservarlas.
Exposición de Motivos
La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas como lo establece expresamente la Constitución, adoptando como consecuencia de la colonización, el idioma español.
El Continente Americano, específicamente México, Centro y Sudamérica, aportó al español una dimensión mestiza al ensanchar su horizonte con la incorporación de vastos indígenas y africanos que ampliaron demográficamente su extensión geográfica, su vocabulario y gama de acentos. El español le debe por lo tanto a los pueblos prehispánicos su importancia demográfica y riqueza lingüística.
Actualmente hablan español más de 300 millones de personas en el mundo, de las cuales 110 millones aproximadamente viven en México. Esto significa que el español, después del mandarín y el inglés, es la tercera lengua más hablada en el planeta.
El español, por el número creciente de hablantes, se ha convertido en un factor estratégico de inserción en el mundo. En Estados Unidos hay 45 millones de hispanos o latinos, lo que significa que representan el 15 o 16 por ciento del total de habitantes que viven en ese país. Cabe subrayar que gran parte de esos hispanohablantes son mexicanos.
Oficialmente se reconoce la existencia de 65 lenguas indígenas en territorio mexicano. Aunque la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de 2003 las declara, junto con el español, lenguas nacionales, no existe en la Constitución una especificidad en ese sentido. Al no ser contempladas como parte del patrimonio cultural de la nación, nadie está obligado a protegerlas y preservarlas.
La globalización, la imposición de patrones y estereotipos culturales ajenos a nuestros valores y costumbres, ha provocado tanto la deformación y/o marginación del idioma español, como el olvido y consecuente desaparición de las lenguas indígenas, colocando en un serio riesgo la identidad y pluriculturalidad que caracteriza a nuestra nación.
Por considerar que nuestra legislación no precisa con claridad la obligación que tiene el Estado, la Federación, los estados y municipios en la protección y promoción del español y las lenguas indígenas, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente
Iniciativa
Adicionar el artículo de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos en los términos siguientes
Segundo artículo constitucional dice: La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
Debe decir: Artículo 2o. la nación mexicana es única e indivisible. El español y las lenguas indígenas son lenguas nacionales y forman parte del patrimonio cultural de la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2007. Atentamente la diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta iniciativa ha sido suscrita por compañeros diputados de diferentes grupos parlamentarios. Le ruego, señor Presidente, incluirla íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar. Insértese íntegra en el Diario los debates la iniciativa y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia saluda a los ciudadanos del municipio de Ecatepec, del Estado de México, que han sido invitados a esta sesión.
Tiene la palabra el diputado Ramón Landeros González, del grupo parlamentario del PAN; para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de José Vasconcelos Calderón, suscrita por él mismo y por el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo.
El diputado Ramón Landeros González: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los suscritos diputados federales, Ramón Landeros González —el de la voz—, y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados, el nombre de José Vasconcelos Calderón bajo la siguiente
Exposición de motivos
Los mexicanos arribamos al inicio de un siglo entre cuyas grandes herencias podemos mencionar una conciencia más clara y aguda de lo que somos, de lo que representa a nuestra historia y define nuestra nacionalidad. Esta conciencia surgida de la indagación y la afirmación de nuestra identidad que aún no termina es uno de los mejores signos del México actual, del México vivo.
El siglo XX además de haber representado uno de los momentos de mayor esplendor en la larga historia de la cultura mexicana, fue un siglo de extraordinaria efervescencia creativa, reflejada en la obra de artistas, escritores, músicos, así como de intelectuales como el maestro José Vasconcelos, que engradecieron las instituciones dando con ello un significado histórico profundo al patrimonio cultural nacional.
José Vasconcelos Calderón, nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882, y muere el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Vasconcelos, es considerado el ideólogo más original que hasta hoy ha habido en América Latina y el pensador más representativo.
Intelectual comprometido con la política y su tiempo, hombre dialéctico y provocador, de invaluables aportaciones a la educación, la cultura y la filosofía. Creyó firmemente en la educación como el principal instrumento liberador del pueblo; "la educación libera de la ignorancia a un país" decía, y en congruencia llevó a cabo el primer análisis de la revolución educativa.
Raza, religión y lengua, trilogía de identidad, fueron los principales motivos de los escritos de Vasconcelos. En ellos se inspira para acuñar la frase "por mi raza hablará el espíritu", lema de la Universidad Nacional.
Fue nombrado rector de la Universidad Nacional el 29 de junio de 1920, en el desempeño de este cargo organizó el Ministerio en tres departamentos: Escolar, de Bellas Artes y de Bibliotecas y Archivos. Mejoró la Biblioteca Nacional, creó varios repositorios bibliográficos y editó una serie de clásicos de la literatura universal.
Al frente de la Universidad Nacional y del Ministerio de Instrucción Pública, Vasconcelos tenía un concepto claro de lo que debía ser la organización y las principales directrices de la educación nacional.
Se entregó con entusiasmo a conseguir dos metas: Las reformas constitucionales que fundamentan el Ministerio de Educación Pública y la reconstrucción del edificio que hoy alberga a la Secretaría de Educación Pública.
Una vez nombrado secretario de Educación Pública, decidió trasladar la revolución del campo de lo político al terreno de la educación. Como él mismo afirmaba, el destino llevaba a un filósofo a la magna tarea de educar a un pueblo. Para ello era necesario despertar la conciencia del pueblo sobre la necesidad de una cultura nacional que le fuera propia al pueblo mexicano y cuyas bases se debían encontrar en la raza, el idioma y las tradiciones.
Desde la Secretaría de Educación Pública movió y conmovió la inteligencia de México; Mujeres y hombres, niños, jóvenes y adultos, en la afirmación de un auténtico mexicano y la reconstrucción de un pensamiento propio. Como muestra baste citar las misiones culturales que llegaron a todos los rincones de México y que se constituían en verdaderas fiestas del espíritu.
Empezó combatiendo el analfabetismo y continuó con las reformas a la escuela primaria, comprendió que lo más urgente era enseñar al mexicano a vivir. Sus ideas impulsaron la creación de las escuelas técnicas donde se preparaba a los obreros; creó la escuela agrícola para producir más y mejor; dignificó el arte popular mexicano haciéndolo volver a sus raíces.
Al mismo tiempo impulsó la educación indígena, la rural y la urbana; creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas del pueblo que convirtió en centros educativos básicos; fomentó la lectura; editó colecciones de libros de los autores clásicos; apoyó la obra de los primeros muralistas y construyó el Estadio Nacional como un lugar de espectáculos populares.
Vasconcelos presidió el Ateneo de la Juventud, que más que una corriente constituyó una fuerza renovadora que contribuyó de manera decisiva a sentar las bases de la cultura mexicana del siglo XX. Los atenienses propusieron una revisión crítica de los valores intelectuales, así como una apertura hacia el saber universal como medio para comprender y apreciar en su justa medida la cultura mexicana.
La obra emprendida por Ateneo contribuyó a ampliar la visión, despertar la inquietud, difundir nuevas ideas; inculcó a la juventud el sentido de los valores del espíritu. La generación de inicios de siglo tiene el encargo de buscar una nueva filosofía, en palabras de Vasconcelos: "el nuevo sentir nos lo trajo nuestra propia desesperación, el dolor callado de contemplar la vida sin nobleza y sin esperanza".
Siente una profunda admiración e identificación con la raza indígena de nuestro país y le dedica gran parte de sus estudios a través de una cosmovisión y escribe La Raza Cósmica, en la que convergen y alcanzan plenitud todas las razas, llegando ahí a su realización y superación.
Con su propuesta, José Vasconcelos se va a convertir en el Maestro de América, según se decía, en el profeta de nuestro continente, porque estaba convencido de que podía haber una mezcla de razas que se produciría en América para formar lo que él llamaría la raza cósmica.
La raza cósmica es la que será una superación de estirpes, una raza síntesis hecha con el tesoro de todas las razas anteriores. Este estudio filosófico que desarrolla Vasconcelos sobre su propuesta de las razas va a constituir el centro del análisis de la propuesta de una filosofía propia y en consecuencia, su libertad.
En síntesis, la figura de José Vasconcelos Calderón es la del filósofo, educador, sociólogo, político y literato. Perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua, doctor honoris causa por las universidades Nacional Autónoma de México, de Puerto Rico, Chile, Guatemala y El Salvador, fue nombrado Maestro de las Juventudes de América por los estudiantes de Colombia, Panamá y Perú, en 1923.
La obra de José Vasconcelos se encuentra entre las principales contribuciones que inauguraron una diferente concepción de la nacionalidad mexicana. Su aporte abarcó la construcción de nuevas instituciones del régimen revolucionario.
La propuesta que hacemos ante ustedes es hacer un reconocimiento a la vida y obra de uno de los grandes hombres que ha dado esta patria y que contribuyeron al fortalecimiento de su identidad, como lo fue José Vasconcelos Calderón.
Por lo anteriormente expuesto, en el CXXV aniversario del nacimiento de José Vasconcelos, proponemos al pleno de esta honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de decreto
Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados el nombre José Vasconcelos Calderón.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único de este decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 27 de febrero de 2007. Diputados Ramón Landeros González, el de la voz; Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y se une a esta propuesta la diputada Claudia Sánchez Juárez. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramón Landeros González. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Pido a la Secretaría dé lectura a la Comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia informe el estado que guarda la zona arqueológica protegida de Tulum.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral uno del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados:
Alejandro Landero Gutiérrez, Aurora Cervantes Rodríguez, María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Emilio Ulloa Pérez, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Octavio Martínez Vargas, Benjamín Hernández Silva, Miguel Ángel Solares Chávez, María Gabriela González Martínez, Ramón Ignacio Lemus Muños Ledo, María del Carmen Salvatori Bronca, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y del Partido Convergencia, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia informe a esta soberanía el estado que guarda la zona de monumentos arqueológicos de Tulum, las causas por las que no se han impuesto medidas necesarias para proteger la zona arqueológica y hacer cumplir la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinarse con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para la revisión de permisos de construcción dentro de la zona protegida como parque nacional y zonas de monumentos arqueológicos de Tulum.
Tercero. Se exhorta al gobierno estatal de Quintana Roo y al honorable ayuntamiento del municipio de Solidaridad, detener los permisos de construcción a particulares hasta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia valore la situación que guarda la zona y determine sobre ella.
Cuarto. Esta soberanía solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que realice una investigación profunda sobre la posible comisión de delitos por parte de funcionarios públicos en los hechos aquí descritos.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal a 27 de febrero de 2007.
Firman todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Para hablar sobre este tema, se han inscrito la diputada Blanca Luna Becerril, el diputado Jesús González Macías, la diputada Sara Latife Ruiz Chávez y el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
En consecuencia tiene la palabra la diputada Blanca Luna Becerril, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Blanca Luna Becerril: Con su venia, señor Presidente. Tulum fue una ciudad amurallada del imperio Maya ubicada en el estado de Quintana Roo, al sureste de México.
En la actualidad es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados; ocupa el tercer lugar como sitio arqueológico más visitado de México, sólo después de Teotihuacan y Chichén Itzá. Le región de Tulum tiene características únicas en cuanto a ubicación, belleza, valor científico, educativo y recreativo. Cuenta con manglares de singular belleza, en cuyo interior se albergan diversas especies de flora y fauna, características de la región que debemos proteger.
Asimismo, existen dentro de esta área diversos cenotes de agua dulce ligados a las tradiciones, ceremonias y leyendas del pueblo Maya. Elementos que unidos a las demás bellezas escénicas y vestigios de culturas anteriores a la nuestra, constituyeron parte esencial de los elementos que el Ejecutivo federal estimó necesarios para proteger a Tulum en 1981, dentro del rubro de Parque Nacional, declarado como monumento arqueológico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Dentro de esta mencionada área se contempló el establecimiento de instalaciones adecuadas para que sin alteraciones de los ecosistemas propios del lugar, se facilite a la población el disfrute de las bellezas naturales existentes, contribuyendo a su recreación, facilitando a su vez las labores de investigación del área, que en este caso era casi virgen.
En este tenor, los pequeños hoteles de Tulum se enfocaron principalmente al ecoturismo, el desarrollo sustentable y la preservación de la naturaleza, bajo la idea principal de respetar y convivir con esta última.
Resulta inconcebible que en la actualidad las grandes edificaciones hayan violentado el espacio y el paisaje simbólico con el cual fueron edificadas las ciudades y las zonas arqueológicas, en el caso que nos atañe, construyéndose dentro de la zona arqueológica de Tulum, varios hoteles sin la autorización del INHA.
Tulum es un área única en el mundo. Su inigualable riqueza arqueológica se combina con un prodigioso espacio natural y representa uno de los gloriosos ejemplos de nuestro pasado histórico.
Nosotros, como legisladores, no podemos permitir que una zona que tardó cientos de años en construirse, sea destruida por la comercialización irresponsable y avariciosa de sus terrenos. Resulta alarmante ver cómo en esta zona tan importante, a pesar de estar protegida por el gobierno federal, se devasta ante nuestros ojos, pero es aún más preocupante darnos cuenta que son las mismas autoridades encargadas de su protección las que la están destruyendo, ya sea vendiéndola u otorgando permisos al mejor postor para su explotación.
El INAH, por su parte, ha presentado varios procesos administrativos con el objeto de que sean derribados los grandes hoteles construidos sin permiso. Sin embargo, los hoteles se encuentran actualmente amparados, bajo el argumento de que fue la Semarnat la que les otorgó los permisos.
Por todo esto, los integrantes del grupo parlamentario de Nueva Alianza, nos unimos a los diputados reclamantes y votamos a favor para que esta Cámara de Diputados intervenga de manera inmediata y se exhorte a todas a las autoridades a verificar el estado en que se encuentra actualmente esta zona. De igual manera, a que se verifique que se cumpla a cabalidad la ley y se sancione a los responsables de su destrucción. Gracias. Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Esta Presidencia da la bienvenida y saluda cordialmente a los invitados especiales que están con nosotros de Chimalhuacán, Estado de México. Muchas gracias por su visita.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Macías, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús González Macías: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados. El día de hoy aprovecho la oportunidad para reflexionar acerca de la importancia que reviste la aprobación del presente punto de acuerdo que tiene por objeto conservar el patrimonio natural y cultural de nuestra nación, específicamente con el punto de acuerdo que presenta la Junta de Coordinación Política, donde se busca proteger el Parque Nacional Tulum, el cual se encuentra en el estado de Quintana Roo, contando con una superficie de 431.5 hectáreas y que en ocasiones se ha considerado hasta de 664.32 hectáreas.
Su declaratoria como Parque Nacional atiende a la existencia de manglares de singular belleza, en cuyo interior se albergan diversas especies de flora y fauna características de la región, que deben se ser protegidas.
Dentro de las áreas se encuentran diversos cenotes de agua dulce, ligados a las tradicionales ceremonias y leyendas del pueblo Maya; elementos que unidos a las demás bellezas escénicas y vestigios de culturas anteriores a las nuestras, constituyen elementos que justifican el establecimiento de un parque nacional.
Dicha área cuenta con dos de los ríos subterráneos más largos del planeta: el sistema Sac-Actun y el sistema Ox Bel Ha, con 144 kilómetros de extensión, con la cueva más grande de México y la novena a nivel mundial, contando con seis sistemas que pudieran estar conectados.
Dicho sistema corre justamente debajo del poblado de Tulum hacia la reserva del Sian Ka’an, alimentando sus humedales y descargando hacia el mar e interactuando con el arrecife mesoamericano, situación que ha permitido su declaratoria tanto como sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como humedal prioritario para la conservación por el Ramsar.
Lo anterior evidencia la importancia que dicha área natural protegida reviste para el equilibrio del sistema ambiental y, por ello, requiere ser preservada.
No obstante ello, actualmente la existencia de Tulum se encuentra condicionada en virtud de la aprobación de la construcción de desarrollos turísticos en el interior del Parque Nacional de Tulum, que se traducirá en la construcción de una ciudad sobre el sistema acuífero, sin tomar en cuenta los humedales y arrecifes de la región, que dependen directamente de dicho acuífero; construcciones que encuentran fundamento en la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano que el cabildo del Municipio de Solidaridad pretende llevar a cabo, violando el marco jurídico aplicable, como se detalla a continuación.
Específicamente viola disposiciones del artículo 115 constitucional al interpretar mal su fracción V, que establece la facultad municipal para formular los planes de desarrollo urbano, siempre y cuando estén circunscritos a lo que establecen las leyes federales y estatales relativas.
En este sentido, la actual versión del Plan en comento contraviene los derechos que lo establecen como área natural protegida que en el 81 y 93 se dio para garantizar la conservación de la naturaleza y valores escénicos, en el primer caso; y la protección y preservación de los monumentos arqueológicos, en el segundo.
Más aún, con la aprobación de esta actualización se están contraviniendo los criterios contenidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum 2001, que marca una densidad de cero para la zona del parque nacional, lo que necesariamente impide la construcción de cualquier obra.
De igual manera se están contraviniendo las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente.
Más aún, con este plan estamos violando nuestros compromisos internacionales al pretender asignar densidades hoteleras a los predios continuos a las zonas arqueológicas que se encuentran dentro de un área protegida, ya que en la declaratoria de Estambul sobre asentamientos humanos y en su apartado 43 comprometen los firmantes a proteger y mantener los patrimonios históricos, culturales y naturales y a proteger los lugares sagrados y de importancia cultural histórica.
Es por ello alarmante la posición del ayuntamiento de Solidaridad, y en virtud de que no están ni garantizando ni salvaguardando el interés público en la integridad del patrimonio biológico y cultural de la nación, en contravención a todo nuestro marco jurídico, por ello los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, preocupados por la eminente desaparición del parque nacional de Tulum y con ello la belleza natural e histórica, nos sumamos a la proposición con punto de acuerdo presentada a la Junta de Coordinación Política y votaremos a favor de la misma, en aras de la conservación de nuestro patrimonio biológico y cultural. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Tiene la palabra la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del PRI.
La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Con su permiso, diputada Presidenta. Ante la presentación de este punto de acuerdo ante el Pleno donde se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia presente un informe a esta soberanía del estado que guarda la zona de monumentos arqueológicos de Tulum, y también como segundo punto donde se exhorta a la Semarnat a coordinarse con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y al honorable ayuntamiento de Solidaridad de detener los permisos de construcción a particulares, me permito fijar mi postura como diputada del primer distrito del estado de Quintana Roo y representante en este punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del PRI, con una intervención que no avala el unto de acuerdo aquí presentado por lo siguiente:
El 23 de abril de 1981 el gobierno federal declara al parque nacional de Tulum como tal. Aquí señalaba un compañero diputado sobre el hecho de que en las acciones el municipio de Solidaridad no está salvaguardando el entorno ambiental que se da alrededor del parque Tulum, quisiera yo puntualizar y hacer una reflexión al respecto.
En breve está por aprobarse en el estado el Programa Director Urbano de Tulum que ha sido nombrada ya ciudad, este programa ya es un modelo nacional en la concepción del mismo y cuenta con los acuerdos de las asociaciones ambientalistas de la Semarnat, de la Conam, del gobierno del estado, de la iniciativa privada y del honorable ayuntamiento del municipio de Solidaridad.
Este programa, en donde uno de los objetivos principales es respetar el decreto de parque nacional de Tulum, no solamente se pone de manifiesto el interés del gobierno del estado de Quintana Roo y del ayuntamiento de Solidaridad que —como mencionaba mi compañero diputado—, de 654 hectáreas de las que consta el parque nacional de Tulum, ha concedido el gobierno del estado y el honorable ayuntamiento de Solidaridad, ocho mil hectáreas como parte de este parque nacional de Tulum, por lo que hay de manifiesto el total trabajo y las acciones que el ayuntamiento y el gobierno del estado, conjuntamente con la Semarnat, han realizado en pro del cuidado del entorno ecológico.
Por ello, manifestamos como fracción parlamentaria del PRI, nuestro desapruebo por este punto de acuerdo en el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a detener las licencias de construcción, fundamentando que hay una incongruencia total en lo aquí planteado. Eso es todo, es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del PRD.
El diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señora Presidenta. La UNESCO, en un documento emitido por el ex embajador Francisco Lacayo, ex director de cultura de esta importante y honorable institución, dice: que los países debemos de tener mucho cuidado ante ciertos comportamientos desviados del turismo y recalca que, el turismo puede ser y debe ser un motor de desarrollo para los pueblos y para las regiones, en donde se ubican zonas arqueológicas o donde exista patrimonio cultural tangible o intangible.
El espíritu que animó a mis compañeros del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia, del Partido de la Revolución Democrática y algunos representantes del PRI, fue definitivamente llamar la atención en una serie de hechos que no están preservando la riqueza cultural de un corredor que en diciembre de 1993, por decreto, se declara como zona de corredor arqueológico, el tramo comprendido entre la zonas de Tulum y Sian-Káan.
La realidad nos demuestra que en este espacio se está llevando a cabo una serie de construcción que está afectando una zona patrimonial. No nos dejemos llevar por el espejismo de un crecimiento y desarrollo turístico de cartón-piedra, prueba está la Isla de Palma de Mallorca en España.
En diferentes espacios del mediterráneo español se han revertido este tipo de acciones que depauperaron, destruyeron zonas con valor histórico, artístico y arqueológico, en aras de propiciar una derrama de turismo. El turismo del siglo XXI, tal y como lo dice este documento de la UNESCO, invierte en un viaje para regresar con un enriquecimiento, cambio cultural o natural, de algo distinto a l o que vive.
En el estado de Quintana Roo es evidente que existe una voracidad de inversores, sobre todo de origen ibérico, que no están respetando esos espacios que son los atractivos para el turismo; nos referimos a los espacios arqueológicos; nos referimos a las playas; nos referimos a la zona de humedales.
Por ello es por lo que estamos solicitando en esta ocasión el apoyo de todos ustedes, a efecto de que sea la institución que por ley tiene la facultad para determinar qué es lo que se puede efectuar en una zona arqueológica, en una zona de preservación monumental, como la que hemos aludido.
Y esta institución no es otra que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuya ley, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, de manera puntual, además de concederle las facultades en la materia, también delimita las acciones que se pueden llevar en ese tipo de zonas arqueológicas.
Es por ello que aun entendiendo la postura de la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, no está de más detener lo que se está llevando a cabo, revisarlo a la luz de las leyes y proseguir de conformidad a lo que determinan las disposiciones legales en esta zona arqueológica de primer nivel; orgullo de todos los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alfonso Suárez del Real. Tiene la palabra el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Alejandro Landero Gutiérrez: Compañeros legisladores. Sólo quisiera apuntar algunos puntos de reflexión por los cuales el Partido Acción Nacional ha impulsado este punto de acuerdo, lo sostiene, lo defiende y lo apoya.
En primer lugar fue muy grato lograr un consenso incluso de compañeros del PRI, para apoyar este punto de acuerdo que busca proteger nuestro patrimonio cultural, nuestro legado histórico.
La zona arqueológica de Tulum es una de las muestras más representativas del esplendor de la civilización Maya y una síntesis casi perfecta del diálogo entre el obrar humano y la naturaleza. Esta zona se encuentra seriamente amenazada por la construcción de grandes desarrollos turísticos que se han asentado dentro del perímetro protegido como zona arqueológica, lo cual viola los artículos 42, 43, 44, de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
Se está poniendo en riesgo no sólo la cultura sino también el medio ambiente y el desarrollo económico. Estamos a favor de una inversión, pero de una inversión que sea sustentable; no de una inversión que cancele el futuro. Estamos a favor de una vocación turística; pero no de una vocación turística que se anule a sí misma en el futuro, con unas políticas públicas con visión meramente inmediatista.
Por eso en el punto de acuerdo queremos y hemos exhortado en primer lugar a la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el gran ausente en la autorización precisamente de estos permisos.
También exhortamos a que la Semarnat, quien ha dado algunos de estos permisos, se coordine con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que el ámbito local, el municipio, el gobierno del estado, detenga estos permisos hasta que se haga una valoración no sólo de tipo medioambiental seria, sino precisamente histórica, cultural, que es la que no se ha hecho.
Y por último también exhortamos a la Secretaría de la Función Pública a que haga los trámites conducentes para ver si no hay omisión o responsabilidad de servidores públicos.
Así pues, estamos contentos por este consenso, porque la Junta de Coordinación haya asumido este tema como un tema prioritario y que lo veamos precisamente como un sí al turismo, pero un turismo que no cancele precisamente el futuro natural y cultural de esta zona.
Por eso Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo, lo promueve, lo apoya y se congratula por las distintas fracciones parlamentarias que se han sumado también. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Alejandro Landero. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura y en consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. Esta Presidencia comunica que se han inscrito para hablar sobre este tema, la diputada Mónica Arriola, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, el diputado José Luis Aguilera Rico, la diputada Elizabeth Morales García, la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán y el diputado Gregorio Barradas Miravete.
Declina la diputada Arriola. Tiene la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo pero no estando presente, tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado José Luis Aguilera Rico: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. A esta Comisión de Juventud y Deporte fue turnada una intención bastante importante donde esta Comisión valoró mucho la equidad; valoró esta prevención de enfermedades; valoró la prevención del delito y donde se consagra precisamente la intención de la Comisión de Juventud y Deporte en diversas modalidades.
Lo primero de ello, el fomentar el ordenar el desarrollo de la cultura física —que es algo importante— y que hoy va a ser una punta de lanza desde los municipios hasta los gobiernos de los estados, y que la Ley de Cultura Física y Deporte Federal puede implementar ya el término cultura física dentro del municipio.
La preservación a la salud, la prevención de enfermedades, el fomentar el desarrollo de esta cultura física, incentivar la inversión social y privada es algo que todos los días hay dudas dentro de las personas y empresarios donde muchos gobiernos de los estados siguen teniendo la duda de invertir en el deporte y hoy en día esta inversión tanto de la sociedad como a nivel privado, se podrá dar un auge más importante en la actuación pública en la cultura física.
El promover las medidas necesarias para erradica la violencia y reducir los riesgos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, el que pudieran también implementarse diversas medidas de seguridad de las sustancias prohibidas en el deporte.
Uno de los temas que a nosotros nos llamó mucho la atención, es la oportunidad de que tengan las personas con capacidades diferentes.
Las personas que hoy ocupan las instalaciones deportivas, las personas que hoy tienen la oportunidad o podrán tener la oportunidad de que no sean en un aspecto discriminativas y que de alguna manera nosotros en este espíritu de reforma queremos llevar a cabo una igualdad y una equidad dentro de las personas de capacidades diferentes. Por supuesto, también el garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil.
La igualdad es la oportunidad que tenemos precisamente en los programas de desarrollo social, y como lo dejamos muy claro al director general de la Conade, hoy en día le apostamos nosotros más a esta igualdad dentro de las instalaciones deportivas, con el objetivo de que tengan una igualdad en este término "con capacidades diferentes".
Nosotros queremos llevar a cabo también como Comisión de Juventud y Deporte, la oportunidad de que, ya a partir de esta reforma, comiencen las pláticas entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para que en este ámbito de competencias comiencen a proveer el adecuado ejercicio de los recursos también financieros para la práctica de la cultura física y del deporte.
Es por ello que el grupo parlamentario de Convergencia se suma precisamente a esta reforma y sobre todo es una de las cosas muy, muy importantes para nosotros el fomentar desde el municipio, desde el Estado y por supuesto, sin distinción, el que la práctica de la cultura física y el deporte sea el lenguaje de nuestro México. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Aguilera Rico. Tiene la palabra la diputada Elizabeth Morales García, del grupo parlamentario del PRI.
La diputada Elizabeth Morales García: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Compañeras y compañeros: La búsqueda de la equidad ha sido y es un trabajo de todos los días, en el deporte no es la excepción; les voy a dar algunos ejemplos.
Por ejemplo: La liga de fútbol profesional, la liga de las selecciones nacionales femeninas y varoniles de fútbol se tratan de forma diferente, en lo que hace al avión, en lo que hace a los viáticos, en lo que hace a los hoteles, en lo que hace al equipamiento; y las selecciones nacionales de otros tipos de deportes con respecto a las selecciones nacionales de fútbol, de mujeres ambas, también reciben un trato desigual.
Otro ejemplo, lo que es el basquetbol. Las ligas profesionales y semiprofesionales de basquetbol varonil, reciben un salario. Las ligas femeninas no las reciben, reciben solamente viáticos y eso muy limitados. Los deportes de espectáculos, lo que es el tenis, el voleibol de playa, lo que es el golf, los premios que se dan a los varones y a las mujeres son distintos.
Hoy día hay que reconocer por ejemplo, que en el tenis hay dos torneos de Grand Slam que ya igualaron los premios pero todavía queda mucho por hacer. En la televisión los horarios estelares están reservados para las finales de torneos varoniles, en lo que hace a los patrocinios. Si bien las marcas saben el poder de compra que tienen las mujeres, en lo personal y en lo familiar, los comerciales sí se dirigen en este sector, pero los patrocinios no van hacia las deportistas femeninas.
Por eso es importante la reforma que vamos a votar en este momento; porque además esta reforma incluye la igualdad de oportunidades por razón para todas las personas de género, de edad, de discapacidad, de condición social, de religión, de opiniones, de preferencia, de estado civil.
Como ejemplo, en este punto les comento lo siguiente: Hoy en el alto rendimiento hay un programa que se llama programa CIMA, que es el Compromiso Integral de México con sus Atletas. En este programa no se incluye a los discapacitados y es un apoyo muy importante en becas para equipo, para programas, para competencias, para materiales, para su vestuario.
Los deportistas que están en CIMA, a los que sí contempla, a los que le llaman ellos "deportistas de pie"; estos deportistas tienen becas cuando son campeones mundiales y olímpicos hasta de 25 mil pesos. Los discapacitados no tienen derecho al CIMA, pero además, la máxima beca quienes están activos a la que pueden aspirar, es de ocho mil pesos mensuales.
En los niños, existen en todo el país pocas instalaciones de acuerdo al tamaño de los pequeños, y además como otro ejemplo, también hay pocos árbitros que estén capacitados con lo que es especialización pedagógica para poder estar con los pequeños.
Por último, la reforma que votaremos también hace un agregado importante ya que considera que el deporte se debe fomentar para la prevención de los delitos —lo cual ya contemplaba— pero se han agregado además para la preservación de la salud y para la prevención de enfermedades.
En la preservación de la salud estamos hablando de la salud física y de la salud mental. Sabemos que en este país más del 80 por ciento de los mexicanos no hace ningún tipo de ejercicio; que más del 70 por ciento tiene sobrepeso; que somos el noveno país a nivel mundial con enfermos de diabetes y que la primera causa de morbilidad en nuestro país, la primera causa de enfermedades se llama diabetes, que crea amputación por problemas de circulación de pie, de piernas, de brazos, de dedos; que crea problemas renales y que crea ceguera, por ejemplo, y que este problema de salud llamado diabetes se puede prevenir con algo muy sencillo: una buena alimentación y realizar actividad física.
Lo que hace a la preservación de la salud mental. La salud mental, por supuesto, también es importante. En nuestro país la cuarta causa de muerte entre los jóvenes son los suicidios. Por eso es importante promover el deporte y por eso es importante esta reforma. Y la prevención de enfermedades —que hemos hablado mucho de ello—, la prevención de problemas como son el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo.
Por eso el grupo parlamentario del PRI, promoviendo como efectivamente lo hicieron en su momento —y a quienes felicitamos por esta iniciativa en un principio—, la compañera del PRI, María Elena Orantes López y el diputado Jorge Kahwagi, promoventes de esta reforma, el que se hayan preocupado por la equidad, por la igualdad, por la no discriminación y por la preservación de la salud. Por ello, el grupo parlamentario del PRI dará su voto a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Morales García. Tiene la palabra la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán, del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Daisy Selene Hernández Gaytán: Con su permiso, señor Presidente. El dictamen que votamos el día de hoy representa un avance en el objetivo de lograr que la práctica deportiva como medio de la preservación de la salud busca el involucramiento en la promoción para el ejercicio de este derecho de las y los mexicanos, de la Federación, de los estados, en el Distrito Federal y los municipios. De tal manera, buscamos que el Estado se haga responsable del ejercicio de programas que posibilitan una auténtica práctica deportiva como un acto elemental del ser humano.
Esta Ley que se vota el día de hoy, el grupo parlamentario de la Revolución Democrática está a favor, pues es perfectible y consideramos que existen algunas lagunas que se habrán de solucionar para beneficio de los deportistas de nuestro país. Es por ello que el grupo parlamentario de la Revolución Democrática va a favor y espera del trabajo de los y las legisladoras para resolver este sector que ha sido olvidado y marginado. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Hernández Gaytán. Tiene la palabra el diputado Gregorio Barradas Miravete, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Gregorio Barradas Miravete: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. El proyecto de decreto que reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte que estamos votando hoy a favor, el Partido Acción Nacional también está a favor de esta iniciativa y este proyecto de decreto que reforma esta Ley, porque creemos que las familias mexicanas debemos generar un desarrollo sustentable para los hijos; que se tenga al deporte como una práctica común para los niños y los jóvenes y que la armonía familiar sea un elemento primordial para la cultura moral de nuestras familias en México.
El fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones también es algo que está dentro de esta iniciativa y de este proyecto de decreto para reformar esta Ley.
El deporte y la práctica del deporte es un medio importante no tan solo para la salud de las familias mexicanas, sino también es un medio importante para la prevención del delito, para el desarrollo social de las familias, para la armonía familiar y el buen crecimiento y desarrollo de los mexicanos.
En Acción Nacional, al igual que en las demás fracciones parlamentarias, como ya lo han manifestado anteriormente, es nuestro interés que México sea un México sano con una juventud deportista, participativa y propositiva de cara a los problemas del país; pero también debemos luchar porque esto que se vota hoy llegue a las entidades, llegue al pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y del Deporte, que es el órgano donde confluyen todos los organismos deportivos del país, para que ahí se acuerden las medidas para el fomento equitativo del deporte.
Que no se quede nada más el letra muerta, sino que todas las organizaciones deportivas y los integrantes que conformamos esta Comisión de Juventud y Deporte seamos actores principales para que la Ley llegue a la práctica; para que el deporte llegue a todas las entidades federativas, a todos los municipios, rancherías, puesto que México es un país con todas las cualidades y condiciones para ser una potencia deportiva mundial, puesto que tenemos diferentes aptitudes, diferentes etnias, razas, diferentes climas donde podemos practicar diferentes deportes.
Es por ello que hoy el Partido Acción Nacional aporta el voto a favor a este proyecto de decreto que reforma esta Ley, en aras de que México sea un México sano, con una juventud deportiva y participativa y, sobre todo, al exhorto de que la sociedad y organizaciones deportivas impulsemos juntos, con esta Comisión, la acciones para que las reformas realmente lleguen a la práctica y que realmente se tenga una cultura real, como se llama esta Ley de Cultura Física y Deportiva. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gregorio Barradas. No habiendo más oradores, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Únicamente existen dos diputados que van a votar de viva voz, que es la diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gasca y el diputado Gustavo Ramírez Villarreal; y el diputado Carlos Rojas, del PRI; y Gerardo Priego, de Acción Nacional. Inicio con la diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gasca.
La diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gasca (desde la curul): Señor Presidente, mi voto es a favor.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Diputado Gustavo Ramírez Villarreal.
El diputado Gustavo Ramírez Villarreal (desde la curul): A favor de la propuesta.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Diputado Carlos Rojas.
El diputado Carlos Rojas Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: El diputado Gerardo Priego.
El diputado Gerardo Priego Tapia (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Diputado Luis Sánchez.
El diputado Venancio Luis Sánchez Jiménez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Y diputado Faustino Soto.
El diputado Faustino Soto Ramos (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se emitieron 399 votos en pro, cero en contra, cero abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 399 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se acaba de recibir oficio de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a dar cuenta con el oficio y la minuta.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores firmado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, presente. Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 2 y 3 de marzo del año en curso, con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, para participar en el XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río.
Minuta proyecto de decreto
Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 2 y 3 de marzo del año en curso con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, para participar en el XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río.
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, D. F., a 27 de febrero de 2007. Lo firma el senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente, y el senador Renán Clominio Soreda Novelo, Secretario. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con fundamento en los artículos 55 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensan todos los trámites. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Proyecto de decreto.
Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 2 y 3 de marzo del año en curso con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, para participar en la XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Saludo a los alumnos de la Escuela Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional aquí presentes.
El Secretario diputado Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se registrará el voto de viva voz del diputado Gustavo Ramírez Villarreal.
El diputado Gustavo Ramírez Villarreal (desde la curul): A favor de la propuesta.
El Secretario diputado Gildardo Guerrero Torres: Se emitieron 280 votos en pro 68 abstenciones y 20 votos en contra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 280 votos el proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 2 y 3 de marzo del 2007, con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, para participar en la 19 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política del Grupo de Río. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo para que promueva y fomente el turismo cultural en los sitios denominados "patrimonio cultural de la humanidad".
Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a realizar una campaña promocional de México como un destino seguro, así como un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas implemente las políticas necesarias para el aprovechamiento de la Laguna del Carpintero.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia están a discusión y para cada uno de ellos se han anotado diversos diputados.
Con respecto al primer punto de acuerdo para que se promueva y fomente el turismo cultural de los sitios denominados "patrimonio cultural de la humanidad", están anotados los diputados Alberto Amador Leal y la diputada María del Carmen Salvatori. Tiene la palabra el diputado Amador Leal del grupo parlamentario del PRI.
Y esta Presidencia aprovecha para saludar al diputado del Parlamento Europeo Jean Claude Martínez, diputado francés aquí presente en la Asamblea. Bienvenido diputado.
El diputado Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Hemos apoyado este punto de acuerdo para promover el turismo cultural, entre otras razones, porque tiene que ver con nuestras ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Como ustedes saben, México se adhirió a la Convención correspondiente de la UNESCO, que declaró dentro de 170 ciudades a nueve ciudades mexicanas declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad: el Centro Histórico de la Ciudad de México y la zona lacustre de Xochimilco, la zona histórica de Oaxaca, la Ciudad Histórica de Guanajuato y minas adyacentes, la zona de monumentos históricos de Morelia, centro histórico de Zacatecas, Tlacotalpan en Veracruz, la Ciudad Histórica de Campeche y además de una lista indicativa que incluye a varios centros culturales con esa distinción.
El tema es que necesitamos, desde luego, promover el turismo y como condición de ello, necesitamos preservar estas ciudades culturales. De modo que la exhortación que hoy se hace a la Secretaría de Turismo habrá —suponemos, y también pedimos a la Comisión de Turismo que así lo considere— habrá de extender su ámbito hacia la preservación, cuidado, remozamiento de estas ciudades.
Quiero destacar que existía ya en el Presupuesto de Egresos del 2006 una partida de 50 millones de pesos —muy pequeña, pero al menos existía esa partida— y que desafortunadamente en el Presupuesto de 2007 hemos tenido un retroceso, toda vez que la partida fue suprimida y se quedó en todo caso una gran bolsa en el rubro del Programa Hábitat, de la Secretaría de Desarrollo Social; que sin embargo, no tiene una asignación específica para este Programa, para estas ciudades.
Lo anterior —quiero destacar— no obstante que hay un punto de acuerdo del Senado de la República, que pidió a esta Asamblea, autorizar una partida de 500 millones y que también existe un punto de acuerdo, incluso suscrito por lo menos por dos coordinadores o tres de las fracciones parlamentarias, para que esa partida permaneciera y se ampliara a 500 millones de pesos.
De modo que estamos en este momento en una situación de que los propios municipios de estas ciudades tendrán que negociar a través de los gobiernos de los estados, o quizás de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara, cuál será el monto de la partida destinada a las ciudades consideradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Por estas razones, nos sumamos al punto de acuerdo que hoy se discute y que está a consideración de esta Asamblea, a la vez que exhortamos a las Comisiones de Turismo y la de Presupuesto y Cuenta Pública, a que consideren que el espíritu de este acuerdo que hoy habremos de votar, implica también una revisión a la asignación presupuestal correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Salvatori, del grupo parlamentario de Convergencia.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El 7 de noviembre pasado presenté a la consideración de este Pleno, este punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo, con el objeto de promover y fomentar el turismo cultural en los sitios denominados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ello, estoy comprometida con el turismo nacional ya que de él dependen casi dos millones de empleos directos en México y tenemos ingresos por casi 12 mil millones de dólares.
Solicito que se apoye con esta promoción turística a los 25 sitios considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Busco, entre otros sitios, que se promocione la cultura Olmeca y Totonaca de Veracruz, de donde vengo por supuesto, diputados.
Compañeras y compañeros legisladores. Les ruego y suplico voten el siguiente exhorto y punto de acuerdo favorable porque realmente conviene promocionar estos sitios, patrimonio de la humanidad; no sólo las hermosas y hermosos lugares de playa y sol en México. Por ello considero las noblezas de este exhorto como parte del turismo cultural en nuestro país.
Por lo tanto, aprovecho para invitarlos a la Cumbre del Tajín, en el estado de Veracruz, los próximos días 19, 20 y 21 de marzo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada María del Carmen Salvatori. Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
Para el siguiente punto de acuerdo relativo a un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Turismo realice campaña promocional de México como un destino seguro, así como un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país, se ha inscrito el diputado Joel Guerrero Juárez, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Joel Guerrero Juárez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados. Este punto de acuerdo, el cual firmamos los integrantes de la Comisión de Turismo, nos parece muy importante dado que hoy muchos países fincan su desarrollo económico y un alto porcentaje de su producto interno bruto en el turismo y han logrado desarrollar políticas públicas estratégicas en esta materia, a fin de canalizar recursos y experiencia en el turismo; es el caso de España, es el caso de Francia, es el caso de Argentina y Brasil en Latinoamérica.
Esta situación nos ha llevado a que México tenga dificultades para los turistas por la propia campaña que el embajador norteamericano ha hecho recientemente, desacreditando a nuestro país como un país inseguro cuando quizás ellos tengan más inseguridad que nosotros.
Por ello, yo creo que es bueno destacar, el día de ayer las instituciones de Seguridad Pública de nuestro país presentaron al Presidente de la República, Felipe Calderón, el Programa Estratégico Conjunto de Seguridad Pública, Seguridad Nacional, en el que se desarrollan estrategias coordinadas con todas las coordinaciones de seguridad pública en nuestro país, tanto institucionales como territoriales.
Este mismo programa queremos que se extienda y que dé la posibilidad de que la Secretaría de Turismo establezca uno propio y específico, para dar certeza a los visitantes extranjeros a nuestro país.
Por ello, estamos apoyando este punto de acuerdo y les pedimos a ustedes que se sumen a este acuerdo por razones de que nuestro país tiene importantes ingresos en divisas por este concepto, y reconocemos que la Secretaría de Turismo ha hecho esfuerzos importantes, programas como el de Ángeles Verdes, programas regionales que ya funcionan en el país y que son y tienen buenas experiencias; sin embargo, requieren mucho más apoyo para poder lograr lo que todos queremos.
Para efectos del turismo, la seguridad es fundamental, por eso firmamos este punto de acuerdo exhortando al gobierno federal para que dé más apoyos a la Secretaría de Turismo y pueda ésta a su vez, cumplir con este programa de seguridad que requerimos y consideramos para bien del turismo extranjero, especialmente el norteamericano que se ha estado ahuyentando por la propia promoción que la embajada norteamericana ha estado haciendo.
Yo exhorto a todos los compañeros a que votemos a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Joel Guerrero. Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real, del grupo parlamentario del PRD para hablar sobre el mismo punto de acuerdo.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente. Este dictamen de punto de acuerdo resulta, para el Partido de la Revolución Democrática, de gran importancia, toda vez que en efecto estamos atendiendo a una de las industrias más nobles con que cuenta este país, que es el turismo.
Recordarles a mis compañeros legisladores que tan sólo en el año 2006 llegaron a nuestro país 15 mil 847 personas, las cuales generaron gastos por casi nueve millones de dólares, colocándose por este monto la actividad económica en el tercer puesto de importancia en captación de divisas.
De tiempo ha, nuestro país ha sido víctima lamentablemente de algunas campañas de desinformación que han generado severos golpes a esta industria que se conoce como "la industria sin chimeneas".
Recordar hace algunos años, en los 70, 80, cuando derivado de una impropia expresión de algún político mexicano, la comunidad judía determinó efectuar un boicot en contra del turismo hacia México que ocasionó severos daños a nuestra economía. Allá por el año de 1976.
A lo largo de estas décadas, siempre que intereses obscuros al desarrollo sano de la industria turística mexicana se han cebado en contra de nuestro país, han argumentado situaciones que también se dan en los países emisores de las famosas warning u observaciones.
Se habla que nuestra Ciudad y nuestro país tiene altos índices delictivos, olvidándose que capitales como Washington, Los Ángeles o Nueva York, muchas veces nos superan en el índice de delincuencia que afecta fundamentalmente al turismo.
Por ello es por lo que consideramos fundamental e importante que se apoye este punto de acuerdo a efecto de exhortar a las autoridades de la Secretaría de Turismo a realizar una campaña decidida y agresiva que genere entre los posibles visitantes la sensación de que éste es un país hospitalario. Que éste es un país que recibe con calidad y calidez al turismo y que éste es un país en el cual los índices delincuenciales se están combatiendo de manera decidida. Y por tanto su visita debe estar considerada dentro de los rangos de seguridad de cualquier destino turístico en el mundo.
Mucho se está haciendo por retomar y retornar a la tranquilidad en ciertos espacios turísticos. De mucho ayudaría que esas acciones se viesen complementadas con acciones de promoción decidida a favor de la visita a nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. En relación con el dictamen con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a que implemente las políticas necesarias para el aprovechamiento de la laguna de El Carpintero, tiene la palabra el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. He solicitado el uso de la palabra en contra del dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, respecto del proyecto de desarrollo de la laguna de El Carpintero, en las inmediaciones de Tampico, Tamaulipas, por varias razones. La primera es que se trata de un dictamen inusualmente carente de adecuaciones y fundamentos y con una estructura que expresa diversas contradicciones a la falta de información.
Adicionalmente, se propone un articulado en donde se pone en duda la calidad técnica, la seriedad y el rigor parlamentario que deben regir los acuerdos sometidos a la aprobación de esta Asamblea.
En cuanto a la información, el proyecto de dictamen cuestiona la legalidad de un importante desarrollo turístico y económico de Tampico, consistente en construir en el entorno de dicha laguna instalaciones para el turismo ecológico y un centro comercial que articule la oferta de esparcimiento con la satisfacción de la demanda de diversos productos regionales, locales, ordinarios, tanto para el turismo como para los residentes.
Quiero señalar que en diversas ocasiones, y por parte de la Legislatura, de varios partidos se ha demandado que se aprovechen más las importantes reservas ecológicas del país, principalmente alrededor de proyectos turísticos, bajo el concepto de sustentabilidad. Está especialmente la óptica del proyecto impulsado por el gobierno del municipio de Tampico y por el gobierno del estado de Tamaulipas.
Carecíamos de una serie de contradicciones si no nos opusimos a una iniciativa, que además de generar importantes recursos económicos y elevar la calidad de vida, permite fortalecer el cuidado y el patrimonio ambiental.
Por ello quiero señalarles que, entre las fallas del dictamen se encuentra la contradicción de señalar, en parte, que una laguna cuenta con importantes reservas de flora y fauna, reconociendo la acción estatal, que ha impulsado su planeación y ordenación con respecto a su vocación natural, mientras que en otras partes señalan que es un frágil ecosistema.
Asimismo, es prolijo de reconocimiento el Plan de Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano de Tampico, pero pone en duda la legalidad del desarrollo turístico sobre el que se pronuncia.
Para despejar el cuestionamiento respecto del sustento legal de este proyecto, me permito informar a ustedes que los terrenos donde se erige este proyecto se donó por Pemex, condicionándolos a que se orientaran a un desarrollo social y al proyecto de Laguna del Carpintero, para edificar instalaciones culturales, recreativas y de esparcimiento, así como un parque ecológico.
Sin embargo, con todos los requisitos legales el proyecto se modificó en el 2003 para permitir la construcción de una zona comercial adicional en lo que se dio como base jurídica necesaria para llevar a cabo el proyecto que hoy se pone en tela de juicio.
Adicionalmente, quiero señalar que el anterior ayuntamiento de extracción panista propuso, además de una zona comercial, una torre de oficinas corporativas y una torre de tiempos compartidos. Los dos últimos no se concluyeron por falta de espacio y autorización. Sin embargo, sí hay un acuerdo de las instalaciones incluido Pemex, para realizar el megaproyecto incorporado al centro comercial, objeto de dictamen. El diputado Jesús Antonio Nader, el 15 de abril de 2004 en la Legislatura LIX, propuso precisamente este mismo proyecto.
Asimismo, quiero señalar que este proyecto permitirá captar una utilidad promedio de 25 millones de pesos al año para Tampico. Además de generar recursos e infraestructura para preservar la riqueza ecológica de la Laguna que no está en riesgo, lo cual es difícil de lograr bajo el esquema actual en las zonas naturales que generalmente se encuentran en…
Quiero mencionar también que Tampico es una de las regiones donde pueden desarrollarse riquezas naturales, tratándose de explotaciones adecuadas sin ponerlas en riego. Todo esto, lo que buscamos y lo que queremos llevar a cabo es que en este punto de acuerdo —a nuestra consideración— adolece de información y perjuicio por falta del gobierno del estado de Tamaulipas y el ayuntamiento. Va en contra del anhelo local y de la sociedad del desarrollo. Desconoce el beneficio de los ambientes que generaría y exhibe la capacidad de dictamen y prejuicio de nuestra Cámara.
Yo quiero mencionar que el proponente de esta iniciativa, el diputado Jesús Alonso Mejía García, él fue regidor y en su tiempo él no votó en contra de esa propuesta. Por ello solicito que este dictamen sea votado en contra y desechado como asunto totalmente concluido. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Luis Alonso Mejía García: Con su venia, diputado Presidente. Muchas gracias. Hago uso de esta tribuna para pedirles su voto a favor del dictamen y para hacer algunas precisiones respecto de los comentarios que el diputado Enrique Cárdenas Del Avellano acaba de hacer en esta tribuna.
Para empezar, mi nombre es Luis Alonso y no Jesús Alonso. Y bueno, tendremos un nuevo debate, estimado y fino amigo, como lo tuvimos en el Congreso local. Nuevamente usted diciendo medias verdades, como lo acostumbró hacer allá en el Congreso local.
Este proyecto, ni fue votado por un servidor cuando fui regidor —que sí lo fui; miente el diputado— ni inicia así este proyecto. Inicialmente la Hacienda Pública federal desincorpora 87 hectáreas y las dona al municipio de Tampico, con un candado para que sea únicamente para construir un parque ecológico para disfrute de todos los tamaulipecos, los de la zona sur de Tamaulipas.
Cuando yo presento una denuncia ante la Función Pública, el señor alcalde se da cuenta de que no lo va a poder lograr y entonces recurre a Pemex y pide el cambio de uso de suelo de las 16 hectáreas adicionales que componen este terreno de la Laguna del Carpintero. Laguna que está casi en el centro de la ciudad y el único pulmón ecológico con que hoy contamos en Tampico. Se va a dañar flora y fauna que ahí existe, fue incluso el difunto Steve Irwin, en su momento, a verificar todo lo que ahí había y a decir que deberíamos de preservar flora y fauna, incluida la cuestión de los cocodrilos, a lo que él fue llamado.
Yo pido la comprensión de todos ustedes y el apoyo para que respetemos la donación en todos sus principios y cómo fueron concebidas estas 16 hectáreas que dona Petróleos Mexicanos, son también para construir, dice textualmente "para ampliar el parque ecológico", lo cual es indicativo de que ya había en las otras 87 hectáreas, constancia de que iba a ser un parque ecológico.
Por favor, diputado, no confunda a los demás compañeros diputados presentes en este recinto y les pido el voto a su favor para preservar la ecología, para preservar la flora y la fauna y para que de esta manera tengamos un turismo a la altura de todas las condiciones sociales, porque si hacemos como si fuera un Chapúltepec en pequeño, en esta zona estarían entrando el turismo extranjero, el turismo nacional, pero sobre todo, las clases humildes podrían ir a disfrutar de este parque, como hoy lo hacen, sábados y domingos, con la poca infraestructura que ahí existe.
Les pido, pues, por este motivo, su apoyo y su voto a favor del dictamen como está presentado. He dado cuenta, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Alonso Mejía García. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica…
El diputado Enrique Cárdenas Del Avellano (desde la curul): Señor Presidente, para alusiones personales.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para alusiones personales tiene la palabra el diputado Enrique Cárdenas Del Avellano. Sonido a la curul del diputado Enrique Cárdenas.
El diputado Enrique Cárdenas Del Avellano (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente. Qué bueno que ahora sí no me dijo que era del otro partido, soy del PRI.
Quiero nada más hacer algunas aclaraciones. Quiero, al señor diputado que acaba hacer uso de la palabra, que cuando él fue regidor no estuvo en contra y hoy está en contra del desarrollo. Cuando el señor presidente municipal Arturo Elizondo, que encabezaba la presidencia municipal del Partido Acción Nacional, él hizo la primera propuesta precisamente para todos estos desarrollos. Ahí están las actas de cabildo que acabo de cotejar, sino, con todo gusto, le puedo enviar copias también.
No acostumbro a decir mentiras ni medias verdades, digo las verdades derechas. Lo único que sí es que el proyecto es un detonante para el municipio, es un ingreso para el municipio como lo tienen en Veracruz, que reciben o ingresan al municipio de Veracruz, alrededor de 50 millones de pesos. Creo que esto nada más es ponerlo a consideración y decir las cosas como son. Es cuanto. Muchas gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Enrique Cárdenas, del PRI. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados de los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza. Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Acuerdo.
Primero. Se desechan las 13 iniciativas presentadas en la LIX Legislatura en materia de Ley Aduanera, objeto de este dictamen, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados a 21 de febrero de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no hay registrado ningún orador, se consideran suficientemente discutidos.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Acuerdo.
Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 1º, 19 y 66 de la Ley General de Cultura Física y Deporte recibida el 6 de abril de 2006.
Segundo. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recibida el 19 de abril de 2006.
Tercero. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se consideran suficientemente discutidos.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Pido a la Secretaría dé lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, firmada por el diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios solicitados por la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que el diputado Jesús González Macías sustituya a la diputada Ana María Ramírez Cerda como secretario en la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos. Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Es cuanto.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación).. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación de la Junta de Coordinación Política firmada por el diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día, le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno las siguientes integraciones solicitadas por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Joel Ayala Almeida sustituye al diputado Juan Manuel Parás González en la Secretaría de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, lo anterior para los efectos a que haya lugar.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (Votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (Votación). Diputado Presidente. Mayoría por la afirmativa. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.
El Secretario diputado Gildardo Guerrero Torres: Comunicación de la Junta de Coordinación Política. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General y del artículo 8 relativo al orden del día le solicito atentamente, se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento en Comisión, solicitado por el diputado Javier González Garza, coordinador de grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Mario Enrique del Toro cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Gildardo Guerrero Torres: Comunicación del Presidente de la Junta de Coordinación Política Emilio Gamboa Patrón. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica así como el artículo 8 tercer párrafo del acuerdo del Orden del día, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, las siguientes integraciones solicitadas por el Coordinador del grupo parlamentario del PRI. Que el diputado Yerico Abramo Masso sustituya al diputado Enrique Serrano Escobar como integrante en la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos. Que el diputado Salvador Barajas del Toro cause baja como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana. Que la diputada María Mercedes Colín Guadarrama cause baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Que el diputado José Edmundo Ramírez Martínez cause baja como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Es cuanto Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
Esta Presidencia recibió de los diputados Antonio Valladolid Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias del grupo parlamentario del PAN, Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral del Estado de baja California, se sujete a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia que señala ley. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Se recibió de los diputados María Eugenia Campos Galván y Cruz Pérez Cuéllar del grupo parlamentario del PAN, Punto de acuerdo por el que se solicita una auditoría a los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura creado por el decreto 1123/04. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Se recibió del diputado Moisés Alcalde Virgen del grupo parlamentario del PAN, Punto de acuerdo relativo a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, durante el período 2003-2006. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió el diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI modifique el contenido de las encuestas que lleva a cabo. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Se recibió del diputado José Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, adecue la formula de referencia prevista en la Ley de Ingresos de 2007, referente al precio de adquisición de los productores de leche. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Economía, realicen diversas acciones a favor del Sistema de Centrales de Abasto del país. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.
Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal publique la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatro Ciénegas, El Hundido y Las Calaveras, en el estado de Coahuila.
No estando presente, el diputado Armando Barreiro en lugar de la diputada Aleida Alavez. Tiene la palabra.
El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Por tercera ocasión para este tema estamos solicitando de ustedes su respaldo, su sensibilidad y la posibilidad de que se haga cumplir de acuerdo con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y poniendo de nuevo a su consideración este punto de acuerdo, para que el titular del Ejecutivo Federal publique de manera inmediata la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatro Ciénegas, El Hundido y Las Calaveras en el estado de Coahuila y para coordinar los trabajos sobre la Consulta Nacional Pública sobre Humedales, con base en las siguientes
Consideraciones
La protección de los ambientes acuáticos del territorio nacional y la generación de veda de aguas son instrumentos de política pública con suficiente fundamento en el marco jurídico nacional. Incluso el propio artículo 27 constitucional señala que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, así como para cuidar de su conservación.
Durante la última semana de septiembre y primera de octubre de 2006, el otrora secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hoy director general de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero José Luis Luege Tamargo, se comprometió públicamente y ante la nación entera, a promover en un mes la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatro Ciénegas, El Hundido y Las Calaveras.
Sin embargo, ya han pasado cuatro meses y no hay viso de publicación alguna, incluso el 15 de febrero próximo pasado, desde la oficina del secretario de la Semarnat se nos indicó que máximo en 10 días saldría publicada la veda. Sin embargo, ya han pasado 12 días y no ha salido de la Cofemer el dictamen de ninguno de los tres valles, Cuatro Ciénegas, El Hundido y Las Calaveras.
Es urgente que el gobierno mexicano adopte sus compromisos contraídos con la comunidad científica nacional, los legisladores, el pueblo de México en general, mediante la urgente publicación de la declaratoria de veda de aguas correspondientes para esta región, ya que cada día de retraso implica la disminución de las aguas llamadas fósiles, que predominan en dichos valles, aunado a la pérdida de especies únicas y a la transformación del ambiente que ha prevalecido durante miles de años.
Lo mismo esperamos que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas proceda a declarar el área de El Hundido, como espacio protegido, toda vez que es congruente con lo que el pasado 5 de octubre aprobó esta soberanía, cuando se presentó la proposición con punto de acuerdo sobre la región en comento. En esa fecha se solicitó la ampliación del poligonal de protección en Cuatro Ciénegas, para incluir los valles El Hundido y Las Calaveras. Resulta importante que el Ejecutivo retome las propuestas del Legislativo.
Por ello ponemos a su consideración nuevamente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publique la declaratoria de veda de aguas de la región de los valles de Cuatro Ciénegas, El Hundido y Las Calaveras, en el estado de Coahuila. Es cuanto, diputado Presidente. Proponemos este acuerdo de obvia o urgente resolución.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Armando Barreiro. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa, no es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene la palabra el diputado Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con motivo del CX aniversario de su natalicio, reconoce la aportación que para la construcción de la democracia en México hizo don Manuel Gómez Morín.
El diputado Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia. Hoy, hace CX años el 27 de febrero de 1897, nació don Manuel Gómez Morín. Hombre clave en la historia de México del siglo XX. Constructor de instituciones, servidor público ejemplar, legislador ciudadano, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Partido Acción Nacional. Abogado y consultor intachable.
Los nombres de las obras en su haber se suceden: Banco de México, Banco de Crédito Agrícola, Nacional Financiera, Banco de Obras y Servicios Públicos, Fondo de Cultura Económica, Ley de Instituciones de Crédito, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Partido Acción Nacional. Todas, iniciativas parcial o totalmente suyas, que perfilan un hombre polifacético, un estadista, un visionario. En esta ocasión me permito plantear brevemente tan sólo una de sus ricas vertientes, el constructor de la democracia. Gómez Morín fue protagonista de la construcción del México moderno.
En el país devastado aún por la lucha revolucionaria y en plena edificación institucional, fue quien con hambre y determinación proponía soluciones a los problemas de su querido México.
En materia política creía firmemente en el ideal maderista del sufragio efectivo. Consideraba que la Revolución Mexicana era patrimonio común de todos y nunca privilegio exclusivo de una fracción política.
Gómez Morín observó la Revolución Mexicana desde dentro y advirtió con claridad los elementos que precipitaron la desviación de su finalidad democrática. Descubrió, aceptó, compartió y luchó por el perfeccionamiento de los valores implícitos de nuestra Revolución, particularmente el principal de ellos, la democracia.
Fue una consecuencia lógica ineludible, que pasara de la reflexión a la acción. Participó activamente en la campaña presidencial de 1929, al lado del candidato José Vasconcelos, viviendo en carne propia la negación del sufragio efectivo, el atropello a la voluntad popular, la barbarie política, el fraude electoral.
Una de sus más brillantes aportaciones como constructor de la democracia tiene que ver con el aprendizaje de esta campaña, tiene que ver con su convencimiento de que una obra política, de objetivos trascendentes, no podía quedar a espaldas de un solo hombre por muy brillante, carismático y caudillo que éste fuera.
Por eso, planteó desde 1929 la creación de un partido político que compitiera electoralmente con el partido del Gobierno y que lograra por tanto civilizar la política e institucionalizar los mecanismos democráticos como la campaña y el diálogo, el acuerdo y el respeto.
El fracaso en todos sentidos que constituyó para él la sucesión presidencial de 1929, no sólo no lo detuvo sino que aún fue capaz de convocar a los partidarios de la vida democrática del país, tanto a los vasconcelistas del 29, los universitarios del 33-34, los católicos de los 20, los ciudadanos de los 30, que integraron la base social que él supo guiar y desarrollar y de la cual nació Acción Nacional y con Acción Nacional nació, creció y culminó, gracias a la transición democrática, la posibilidad de que la palabra razonable y de buena fe sustituyera en este país a la violencia y al autoritarismo como métodos políticos.
Con respecto a esto, Carlos Castillo Peraza comentaba "Gómez Morín fundó una tradición. Los fundadores de tradiciones no miran hacia atrás, por el contrario, a partir de un enraizamiento sin ambages en el pasado, son capaces de elaborar y dejar como herencia una mirada acertada hacia adelante. Sólo así puede entenderse que sigan generando vigencias. Acción Nacional tiene el reto ahora no sólo de mantener sino de construir nuevas tradiciones, no de administrar sus recuerdos sino de crear esperanzas".
Difícil fue el trayecto para Gómez Morín que dirigió el partido en su primera década, con una convicción democrática, estaba convencido que no era el único llamado a dirigir el partido y dejó esta dirección 10 años después. Tuvo un trayecto difícil, la construcción de la actual vida democrática del país.
Hubo que vencer obstáculos tremendos para construir un partido de oposición realmente nacional, para que tal oposición alcanzara una madurez que la trasformara en alternativa electoral y competencia democrática por el poder, que desembocara en una alternancia y en la normalidad democrática.
Cierto es que Gómez Morín no pudo ir más allá de soñar el México democrático que hoy ya tenemos, pero la institución que fundó y que impulsó fue en gran medida la causa eficiente de la transformación política pues él mismo señaló caminos claramente diversos a la clandestinidad, a la subversión, a la intransigencia o a la ruptura. La construcción de la democracia mexicana bien valía la constancia, la mística, la lealtad del juego democrático y la seriedad en el debate y en el acuerdo político.
Por ello, el día de hoy es fundamental reconocer y valorar lo que ha significado la edificación de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de nuestros partidos por lo que también es de justicia reconocer el papel que todos los actores políticos que participaron en la construcción de esta edificación merezcan, aún cuando ellos sean incógnitos, un reconocimiento de parte de los mexicanos.
Particularmente el día de hoy, 27 de febrero, en que celebramos 110 años de su natalicio, me permito proponer a esta Asamblea el siguiente resolutivo como
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con motivo del 110 aniversario de su natalicio, hace un reconocimiento a la aportación en la construcción de la democracia en México que hizo don Manuel Gómez Morín. Dado en el salón de sesiones, 27 de febrero de 2007. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Héctor Larios Córdova. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Se acaba de recibir una proposición con punto de acuerdo suscrita por coordinadores de diferentes grupos parlamentarios. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para la incorporación y trámite.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para incorporar y dar trámite a la proposición. Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, del grupo parlamentario del PRD, para dar lectura a la proposición.
El diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre: Con su venia, diputado Presidente. Primero que nada quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que se dieron la oportunidad de suscribir este punto de acuerdo presentado por su servidor. Creo que el tema es muy sentido e importante en el hecho de lo que representan tres entidades federativas de nuestro país, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Me permito dar lectura a la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que den cumplimiento a la disposición por la cual la Honorable Cámara de Diputados aprobó de manera extraordinaria 600 millones de pesos para el desarrollo regional de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Este punto de acuerdo es presentado por su servidor, diputado Jesús Evodio Velázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el artículo transitorio décimo tercero del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de la Honorable Cámara de Diputados, aprobó de manera extraordinaria a la asignación tradicional, 600 millones de pesos para el desarrollo regional de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, enunciando que tal disposición se establece con el fin de entender de manera integral a las zonas de mayor marginación en las entidades federativas del sur de nuestro país.
Dichos recursos extraordinarios se integraron dentro del subprograma de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para ser aplicado bajo la mecánica del programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), mismo que aparece en el programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en el Anexo 7 del decreto referido.
Los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, constituyen una región de país que se caracteriza por contar con los mayores rezagos sociales. Por ello, el Poder Legislativo Federal tiene la responsabilidad de encauzar acciones para fomentar la superación de la pobreza extrema, destinando recursos presupuestales para que el Ejecutivo federal lleve a cabo los programas procedentes a fin de elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral sustentable de las regiones con rezagos económico-sociales, situación que se presenta con agudeza en las entidades federativas antes mencionadas.
La Cámara de Diputados cumple su compromiso de encaminar una política de fomento productivo y desarrollo económico sustentable con orientación social, a fin de revertir los angustiosos años de política gubernamental que han fomentado el abandono, la pobreza y el aislamiento de amplios núcleos de la población, en particular de aquellos que habitan en la región del sur de nuestro país.
En la dinámica del desarrollo nacional, compañeras y compañeros diputados, los indicadores del desarrollo social muestran una notable marginación. Por citar un ejemplo, estas tres entidades muestran un grado de marginación muy alto. Su contribución al producto interno bruto es marginal y el ingreso per cápita es de los más bajos de nuestro país.
Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que dé fiel cumplimiento a la disposición de esta Honorable Cámara de Diputados, que aprobó de manera extraordinaria 600 millones de pesos para el desarrollo regional de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, se solicita atentamente a la Sagarpa a que informe a esta soberanía en un plazo de 30 días naturales sobre el calendario de la ejecución, el ejercicio de la distribución de los recursos asignados a los estados antes mencionados.
Decir, compañeras y compañeros, que este punto de acuerdo es suscrito por los compañeros diputados, lo firman sus coordinadores parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido de Convergencia. Muchas gracias. Es cuanto, compañero Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre.
El diputado Jorge Toledo Luis (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Jorge Toledo Luis.
El diputado Jorge Toledo Luis (desde la curul): Sólo para pedirle al diputado que me acepte para sumarme a este punto de acuerdo, el cual no solamente significa apoyar a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sino que esta Cámara haga valer su soberanía al hacer respetar los acuerdos que ya tomamos con anterioridad, al hacer respetar los acuerdos que se tomaron en el marco del Presupuesto y que ahora se quieren modificar. Si me permite el diputado sumarme a este punto de acuerdo y exhortar a todos los diputados a que respetemos los acuerdos que ya tomamos con anterioridad.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Si no tiene inconveniente el proponente, le pido a la Secretaría que ponga el documento a disposición del diputado para que lo firme.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres:
(Lectura del orden del día de la próxima sesión.)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:52 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 1 de marzo a las 11:00 horas y se comunica que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30.