El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 376 diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:36): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación del Congreso del estado de Hidalgo, remite acuerdo por el que se suma al Congreso del estado de Jalisco para que se realice una consulta pública nacional para las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación del Poder Judicial de la Federación, remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que comunica el nombramiento de la ciudadana María de la Luz Mijangos Borja como presidenta del Órgano Superior de la Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Comunicación de la Junta de Coordinación Política. Que el diputado Rafael Villicaña García cause baja como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Comunicación de la Junta de Coordinación Política. Que el diputado Alberto López Rojas cause baja como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana; que el diputado Alberto López Rojas cause baja como integrante en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Solicito respetuosamente a las señoras y señores de los medios de comunicación nos hagan favor de tomar sus lugares. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Junta de Coordinación Política por el que solicita que los diputados César Octavio Camacho Quiroz, Carlos Chaurand Arzate y José Murat, causen baja como integrantes en el Parlamento Latinoamericano y los diputados Alfredo Ríos Camarena, Luis Enrique Benítez Ojeda y Alejandro Olivares Monterrubio, causen alta como integrantes en el mismo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información de las finanzas públicas y deuda pública, correspondiente al mes de enero de 2007.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita permiso para que las ciudadanas Gabriela Stephens Camacho, Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Mérida, Yucatán, respectivamente.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por esta Cámara de Diputados.

La Presidenta María Elena Álvarez Bernal: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del primer año de ejercicio de esta LX Legislatura.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítase al promovente para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: De la Cámara de Senadores. Oficio con el remite iniciativa que reforma el último párrafo del Apartado A, del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 419 y adiciona el artículo 48 Bis de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Salud.

Pasamos al apartado del orden del día, relativo a iniciativas de diputados. Tiene la palabra el diputado Neftalí Garzón Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.

Recordamos a los señores legisladores que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se ha reducido a siete minutos el tiempo para presentar la iniciativa, por lo que les suplicamos cumplir con este acuerdo.

El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señora Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos diputados. En virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, me abocaré sólo a comentar el contenido de la exposición de motivos, rogándole a la Presidencia se inscriba en el Diario de Debates.

La democratización de los sindicatos es una exigencia indeclinable. Ya basta de limitarnos a formas huecas de contenido o abiertamente opuestas a éste. No podemos permitir que muchos de los llamados sindicatos sirvan en realidad como instrumentos para desconocer los derechos de los trabajadores y reprimir sus exigencias de democracia que ni siquiera cumplen con la obligación mínima de cualquier organización, cual es la rendición de cuentas a los miembros del sindicato respecto a su patrimonio.

En México se reconoció el derecho a la libre sindicalización en el artículo 123 constitucional como la primera declaración de derechos sociales en el mundo, después de una revolución cruenta por la profundidad de sus contradicciones.

Sin embargo pronto se caminó hacia su distorsión, de manera que los sindicatos, en lugar de ser instituciones para los trabajadores, como si los sindicatos fueran propiedad de los líderes charros y blancos, manejados como negocios particular y subordinados de manera corporativa al gobierno en turno o al patrón, esta realidad chocaba con la esencia de los sindicatos, la democracia y la de su vocación de servicio a los derechos de los trabajadores.

La voluntad de sus integrantes ya no era más escuchada sino perseguida. Las directivas se autoelegían y perpetuaban en el poder valiéndose de todas las trampas y represiones, contando con la complicidad de las autoridades que teóricamente deberían respetar y hacer respetar el estado de derecho.

Sin embargo, aún no podemos ni debemos de hablar en pasado de los sindicatos opuestos a los fines de los que viven de su trabajo, sino que es una realidad lacerante y actual que no sólo violenta la letra y el espíritu del artículo 123 constitucional y las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que choca con el esfuerzo que realiza el pueblo de México por avanzar en otras esferas de nuestra nación en la senda de la democracia.

Uno de los momentos con que más fuerza se manifiestan estas iniquidades y aberraciones es cuando los sindicatos cumplen el proceso para la designación de su directiva. Son ya legendarias las mil chicanadas de que se hace uso para impedir que se manifieste la democracia, la voluntad de la mayoría; y aun cuando ésta no se puede vencer, el empuje de las masas que exigen tomar el control de lo que es suyo, vienen los actos de represión desde el uso de los golpeadores a la fabricación de falsas acusaciones, pasando incluso por el asesinato de los luchadores del sindicalismo democrático.

Por lo que, siendo amplia y compleja la solución que debe darse a este problemática, quiero abordar en esta iniciativa dos de las cuestiones centrales, el derecho mínimo de los miembros de un sindicato a elegir a sus dirigentes mediante el voto universal directo y secreto.

Esto, que tanto ha representado con todas sus dudas y retrocesos, para avanzar en la democratización del país, parece un ideal inalcanzable en la actual realidad sindical, que somete a los trabajadores en los procedimientos para la elección de sus líderes al voto a mano alzada, lo que se presta a todo tipo de presiones y amenazas, impidiéndose que tales elecciones sean democráticas y transparentes.

No podremos hablar de un respeto al derecho humano a la sindicalización en tanto el Legislativo no consagre de manera expresa el derecho al voto universal directo y secreto en la elección de las directivas, de manera que la elección sea verdaderamente libre y a favor de las personas que el trabajador considere que realmente le representarán y defenderán sus intereses de clase.

Suprimiéndose al propio tiempo todo acto de discriminación o adulteración al momento de que los trabajadores cumplan con este derecho y obligación. Este derecho va de la mano de la necesidad de hacer efectiva la obligación de las directivas sindicales de rendir cuentas a sus agremiados, de manera que el patrimonio sindical formado gracias a las cuotas de los trabajadores se use en bien de todos y no como negocio personal de los líderes y sus familias o para alcanzar fines políticos que pavimenten la carrera política de directivas espurias. En suma, el patrimonio sindical que igual es de y para los trabajadores no debe distraerse de los fines propios de los sindicatos.

De manera que sin crear instrumentos jurídicos que se puedan prestar para allanamiento de la autonomía sindical, deben buscarse soluciones para que los miembros de un sindicato puedan avanzar en la democratización de la vida de estos gremios.

No es posible que se permita que las directivas de los sindicatos vivan en un verdadero paraíso de no rendición de cuentas, donde todo les está permitido, so pretexto de la mencionada autonomía sindical. Todo abuso para ellos es legal; y moralmente, insostenible.

A la fecha, el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo consagra de manera expresa la obligación semestral de rendición de cuentas de parte de las directivas sindicales. Esto en los hechos es letra muerta.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tampoco prevé una acción laboral de los miembros del Sindicato para hacerla valer ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo, sino que reduce, en sus artículos 80 y 81, el accionar a meras acciones civiles o del derecho común, lo que evidentemente limita y dificulta la exigencia de responsabilidad frente a los líderes deshonestos, pero además no existe disposición expresa sobre la rendición de cuentas y acciones para hacerlas exigibles.

Evidentemente esto no sería posible sin el apoyo de las autoridades administrativas y judiciales y los instrumentos de represión estatal. En consecuencia, se exige una reforma del Estado mismo y también un cambio integral del marco jurídico laboral, comenzando con las instancias encargadas de registrar los sindicatos, sus directivas y los contratos colectivos, así como la necesaria sustitución de las autoridades que tienen a su cargo la impartición de la justicia en el mundo del trabajo.

Para darles a estas propuestas toda la relevancia que la problemática actual exige, esta iniciativa tiene como particularidad que los derechos de mención se consagrarían a nivel de la Constitución federal, tanto a favor de los trabajadores del Apartado A, como los del Apartado B.

Así, se asignará mayor estabilidad jurídica a esta solución, arrancándose al propio tiempo toda duda sobre la letra y espíritu de las reformas. Paralelamente, bajamos estas reformas a nivel de las leyes federales del Trabajo y las de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objeto de que en automático tomen practicidad, contribuyendo a la transformación de nuestra realidad laboral que así lo exige.

Finalmente, quiero señalar que con las reformas propuestas cumplimos con lo mandatado por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección de sindicalización ratificado por nuestro país. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Intégrese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Se concede el uso de la palabra al diputado César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Camacho Quiroz: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Ya no es nuevo señalar la necesidad de transformar el sistema de justicia penal mexicano. A nadie sorprende a estas alturas la inequidad, la lentitud, la corrupción y, quizá lo más grave, la impunidad que caracteriza a dicho sistema.

Distintos actores, para fortuna de los mexicanos, han manifestado interés por atender la demanda de la sociedad que clama por un sistema de procuración e impartición de justicia eficaz, a cargo de instituciones fuertes que cumplan con las garantías tanto de víctimas como de inculpados.

Destaca el ejemplo puesto por la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso Legal —mejor conocida como la Red— que, conformada por especialistas de la academia, por integrantes de los medios de comunicación, entre muchos otros, presentó en diciembre del año pasado ante esta Cámara una propuesta de reformas a la Constitución para actualizar el sistema en comento, la cual mereció cálida recepción de los partidos aquí representados, al punto que fue convertida en iniciativa formal que ya está radicada en las comisiones de dictamen de Puntos Constitucionales y de Justicia.

En el mismo sentido, el Ejecutivo federal —según han reportado los medios de comunicación— ha mostrado interés de sumarse al análisis del tema que ya ha iniciado esta Cámara. Discusión a la que pretendo se sumen iniciativas como la que en esta ocasión presento.

La participación del Presidente de la República en estos trabajos será bienvenida; sumarse a la labor de construir consensos en esta materia es por supuesto meritorio, toda vez que se trata de un tema de interés nacional. La estaremos esperando.

México, compañeras y compañeros, necesita un nuevo modelo de justicia penal que emigre con pericia y audacia, de prácticas inquisitivas y falsos garantismos, a prácticas que permitan la democratización y eficacia del sistema de procuración e impartición de justicia.

El derecho penal debe ser, en un Estado democrático, el último instrumento, el último recurso, de ultima ratio —como dicen los especialistas— para la solución de conflictos en los que efectivamente se lesionen o se pongan en peligro, de forma grave, bienes jurídicos relevantes. Son éstos los principios de mínima intervención y de lesividad que se incorporan a través de esta iniciativa.

La utilización indiscriminada del derecho penal que ocurre diariamente en las agencias del Ministerio Público las ha convertido, frecuentemente, en agencias de cobro, a donde muchos litigantes pretenden llevar asuntos de carácter civil al derecho penal y criminalizar conductas que nada debieran importar al aparato punitivo del Estado.

Está demostrado que la criminalización irresponsable de conductas y el recrudecimiento de penas no es la solución a esos problemas, que atendidos en sus causas originales, merece otro tratamiento, sin soslayar que cuando una persona ciertamente lesione o ponga en peligro bienes jurídicos relevantes; es decir, como cuando cometa un delito, debe ser sancionada, por supuesto, respetando siempre sus garantías.

El sistema que impulso evita la tentación de falsos garantismos, que por ejemplo, ha llevado a que la defensa en la averiguación previa sea realizada casi por cualquier persona, muchas veces sin pericia, cuando lo realmente garantista sería estar representado por un técnico en la materia.

Y una aportación que considero trascendente es poner a discusión si el concepto "cuerpo del delito", durante décadas, durante mucho tiempo vigente, puede ser cambiado por uno moderno, audaz y seguramente mucho más eficaz. La demostración del hecho delictivo y que si bien, pueda ser mucho más fácil consignar a las autoridades judiciales a una persona, sea mucho más complejo y difícil condenarlo, criminalizarlo, castigarlo.

Y qué decir, qué decir de la retención del probable responsable, únicamente por 48 horas, plazo durante el cual se debe acreditar plenamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, que es, por supuesto, un objetivo de difícil cumplimiento en tan temprana etapa del proceso. Esto desde luego ha generado diversas patologías como la duplicación de plazo y el arraigo.

La democratización del sistema penal, por tanto, significa reconocer los límites del derecho punitivo y por otro el cumplimiento de las garantías del debido proceso penal, en donde las partes que intervienen en la sustanciación del mismo, observen que efectivamente se cumpla con los principios que lo conforman: publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.

Conseguir lo anterior se puede ver reflejado en procesos penales cuyas características sean la oralidad, lo acusatorio y lo adversarial. Las grandes negociaciones y los éxitos legislativos se construyen a partir no sólo de las cesiones mutuas, sino a partir de la detección de aquello en lo que coincidimos.

Vamos pues, por bien de este país, independientemente del origen de las iniciativas, a construir los consensos necesarios y darle a los mexicanos un sistema de justicia moderno y eficaz, que nos haga entrar por la puerta grande al siglo XXI. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

El diputado César Camacho Quiroz: Señora Presidenta, le ruego la ampliación de turno, para que se dictamine también en la Comisión de Justicia, por favor.

La Presidenta diputada María Elena Älvarez Bernal: Se corrige el turno y se turna en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia. Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús González Macías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Jesús González Macías: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas. La participación de los adultos mayores en la sociedad resulta cada vez más evidente, incluida la importancia de incorporarlos en el proceso de desarrollo y utilizar su productividad de manera que beneficie tanto a ellos como a la sociedad.

En los últimos años se ha dado mayor énfasis a esta cuestión, debido a que en el mundo la expectativa de vida ha aumentado en alrededor de 20 años, mientras la tasa de fecundidad va en descenso. Esto da lugar al aumento de las personas adultas mayores tanto en proporción como en números absolutos.

La preocupación que este tema suscita a nivel internacional desde hace ya tiempo quedó de manifiesto en las Cumbres de Viena y Madrid, celebradas, respectivamente, en el año 1982 y en el año 2002, fechas en las que se elaboraron planes de acción internacional sobre el envejecimiento.

Situación a la que no debemos restar importancia ya que nuestro país se comprometió a través del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento a brindar oportunidades de empleo a todas las personas de edad que deseen trabajar, mediante la eliminación de obstáculos que por razones de edad en el mercado de trabajo estructurado se den; fomentando la contratación de personas de edad, impidiendo que los trabajadores vayan envejeciendo y comiencen a experimentar desventajas en materia de empleo.

Más aún en nuestro país, en la medida que avanza el proceso de envejecimiento no sólo habrá cada vez más adultos mayores sino que éstos vivirán por más años como consecuencia de la reducción de la mortalidad en edades avanzadas.

Con base en las proyecciones poblacionales realizadas en el Consejo Nacional de Población en el año 2006, la población en México se estimó de 107 millones de habitantes, de los cuales ocho millones 340 mil son de 60 años y más, y se espera que para el 2050 este sector de la población pase a los 36 millones 960 mil habitantes.

Cabe precisar que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, cada 24 horas, 790 personas llegan a los 60 años, entonces el envejecimiento de la población implica un peso cada vez mayor de los adultos mayores en la población total.

Este cambio trae consigo complejos y variados desafíos tanto a la sociedad como a sus instituciones, entre los que destaca el ámbito laboral, ya que existe una tendencia de minusvalorar las capacidades y experiencias de nuestros adultos mayores.

Sin embargo, diversos estudios científicos han demostrado la falsedad de muchos estereotipos sobre la inevitable e irreversible decadencia que trae consigo la edad, por lo que es inexorable proporcionar a los adultos mayores que deseen y puedan hacerlo, posibilidades de continuar en el mercado laboral. Lo anterior, resulta apremiante si consideramos que uno de cada dos adultos se encuentran en condiciones de pobreza patrimonial.

De acuerdo con la información del Consejo Nacional de Población, el envejecimiento demográfico en México ocurre en un contexto de altos niveles de pobreza, profunda desigualdad en la distribución del ingreso e insuficiencia en la creación de empleos, que alimenta la informalidad, la precariedad laboral.

Es así que más del 75 por ciento de nuestros adultos mayores que trabajan reciben una remuneración menor a dos salarios mínimos. Actualmente las oportunidades de empleo para este sector de la población son menores, a pesar que muchos adultos mayores cumplirían con los requisitos laborales, son discriminados por su edad.

Si se continúa así en México habrá graves problemas sociales, una población envejecida, sin ingresos, pero con capacidad de desempeñar un trabajo, lo que deriva en un crecimiento desmesurado de la miseria.

En tal virtud, resulta ineludible impulsar —tal y como lo hacen otras naciones— acciones orientadas a revalorar el trabajo y la experiencia que aportan los adultos mayores, y por consiguiente, impulsarles en la obtención del mantenimiento de un empleo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que les asegure independencia económica y cierta calidad de vida.

Por lo anterior, se considera necesario implementar una política de Estado para el empleo del adulto mayor, a través del otorgamiento de estímulos fiscales a los patrones que los contraten en su planta productiva. Para tal efecto, se propone reformar el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que los patrones que contraten adultos mayores puedan reducir de sus ingresos un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de éstos, reteniendo y enterando en los términos de la Ley, siempre y cuando los patrones estén cumpliendo respecto a dichos trabajadores con las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social relativa al aseguramiento del régimen obligatorio.

Compañeras y compañeros diputados, la reforma propuesta resulta apremiante. Actualmente el 70 por ciento de la población con 60 años está desempleada y con amplias posibilidades de desempeñar algún tipo de actividad productiva. Por lo que es urgente que en ejercicio de nuestra facultad constitucional legislemos sobre esta materia. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia saluda con agrado al grupo de estudiantes y maestras de la Universidad de Occidente, Unidad Guamuchil, Sinaloa, que nos visitan a invitación de la diputada y diputados integrantes de la comisión por el estado de Sinaloa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por su visita.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

El diputado Miguel Ángel Solares Chávez: Con su venia, diputada Presidenta. Los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reportan que durante cinco años consecutivos México ha ocupado los últimos lugares por el pobre desempeño de sus estudiantes debido a la calidad de la enseñanza, incluida la educación superior o terciaria.

En México, además, existe la problemática de la proliferación de instituciones de educación superior que no cumplen con las expectativas ni de los educandos ni de la sociedad en el sentido de proporcionar las capacidades y herramientas pertinentes para desarrollarse en un mundo donde la calidad de los conocimientos es divisa fundamental.

Recientemente el estudio Análisis temático de la educación terciaria, correspondiente a México, realizado por un equipo de especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —y en el que colaboraron autoridades de la Secretaría de Educación Pública— alertó sobre la proliferación de instituciones de educación superior privada sin calidad, conocidas como universidades o escuelas "patito".

Baste un dato de la OCDE, de las mil 179 instituciones particulares de educación superior únicamente 14 han obtenido las certificaciones que garantizan una enseñanza de calidad. En contraste, prácticamente la mayoría de las instituciones públicas de educación superior han pasado por ambos procesos.

También el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior informa que, de los programas acreditados 62 correspondieron a instituciones públicas y 33 a instituciones particulares.

Por otra parte, datos de la ANUIES señalan que de mil 200 universidades particulares sólo siete por ciento responde a los estándares de calidad académica.

La expansión de las instituciones de educación superior particulares ha sido tal que actualmente superan a las públicas. De un total de mil 982 instituciones de educación superior en el país, mil 179 son privadas y atienden 830 mil 862 alumnos, mientras que 713 son públicas y atienden a una población escolar de un millón 700 mil jóvenes.

El auge de la educación superior particular o privada se ha expandido debido fundamentalmente a tres cosas:

Una. La restricción de recursos del gobierno a la educación superior pública.

Dos. Hay que reconocerlo, a la laxitud o incumplimiento de la autoridad educativa para aplicar lo dispuesto por la Ley General de Educación, para otorgar la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudio, y

Tres. A lagunas e inconsistencias de la legislación educativa.

A ese problema contribuye que la autorización y el reconocimiento son otorgados por distintas autoridades: el jefe del Ejecutivo; dependencias de la Secretaría de Educación Pública; autoridades educativas locales; instituciones de educación superior con carácter de organismos públicos descentralizados, sean federales o estatales. Esto genera que en muchos casos los particulares o dueños de los planteles educativos privados evadan el cumplimiento de la normatividad, toda vez que si una autoridad o institución educativa les negó la autorización o reconocimiento, tienen la opción de acudir a otra autoridad o institución distinta para obtenerlos.

En cuanto a los requisitos y criterios, la legislación educativa propicia la heterogeneidad y discrecionalidad para otorgar la autorización y el reconocimiento, los interpretan o aplican de distintas maneras. A su vez, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior adolece de una adecuada normatividad.

La problemática descrita de ninguna manera debe interpretarse como un ataque o descalificación a la educación superior particular, la cual, consideramos, debe ser coadyuvante del sistema educativo público, pero además el artículo 3o. constitucional reconoce el derecho de los particulares a impartir educación en todos los tipos y modalidades.

Éste es justamente el propósito central de la presente iniciativa, para lo cual proponemos diversas reformas y adiciones a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, particularmente las siguientes.

La autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios se otorgará cuando los particulares cuenten, entre otros, con los siguientes requisitos:

Con personal académico que acredite título correspondiente al nivel educativo en que desempeñen funciones docentes y de investigación.

Instalaciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas con planes y programas de estudio que autoricen las autoridades o instituciones facultadas para otorgar autorización y reconocimiento y con la evaluación y acreditación de sus planes y programas de estudio, personal y servicios educativos que presenten.

A fin de evitar fraudes educativos se estipula que no podrán funcionar instituciones particulares de educación superior que no cuenten con la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios ni tampoco podrán ostentarse como universidades o utilizar este término, a menos que ofrezcan por lo menos cinco planes de estudio de licenciatura y posgrado entre distintas áreas del conocimiento, entre ellas de humanidades.

Se plantea que en ningún caso las autorizaciones o los reconocimientos podrán ser transferibles directa o indirectamente de una institución a otra distinta a la que se le haya otorgado la autorización o reconocimiento.

También se dispone que la autorización y el reconocimiento tendrán vigencia de cinco años, al término de los cuales los particulares de las instituciones de educación superior deberán obtener una nueva autorización o reconocimiento.

Se adiciona el Capítulo IV denominado De la Evaluación y Acreditación, que entre otras cosas establece que la evaluación y acreditación de los planes y programas de estudio, el personal académico y los servicios educativos que presten las instituciones de educación superior son obligatorias y con vigencia de cinco años.

Debido al tiempo, diputada Presidenta, le pido de la manera más atenta que se inserte el texto completo en el Diario de los Debates. Es cuanto y muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Atendiendo a su solicitud, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra la diputada Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional y del Código Civil Federal. En virtud de que no se encuentra la señora diputada, pasa al final de este apartado.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento al Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales con un numeral 18 para tipificar como delito grave el referido en el artículo 253 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La especulación y el acaparamiento injustificados son legal y moralmente condenables por ocultar y alterar el precio de un bien de consumo que en la alimentación y cultura de los mexicanos tiene un simbolismo que llega a la veneración.

En los primeros días de enero del presente año, el precio de la tortilla se disparó de seis pesos hasta incluso 15 pesos por kilogramo. Este incremento ha lesionado la economía de los millones de mexicanos que viven con un salario mínimo y de los que no gozan de un ingreso permanente, toda vez que estas franjas de la población destinan poco más de la mitad de su ingreso mensual al consumo de alimentos.

Sin embargo, el asunto no paró ahí. El aumento en el precio de maíz desató un efecto en cascada impactando el precio de otros alimentos como carnes, huevo, aceite, fécula y mieles, afectando severamente la economía de la mayor parte de la población mexicana, sobre todo en los estratos de clase media y baja.

En los distintos ámbitos de la sociedad, ha sido casi unánime la condena a esta alza así como las causas que la originaron.

El día 10 de enero, el gobernador del Banco de México atribuyó las alzas en los precios de la tortilla y el azúcar a los acaparadores y especuladores, exigiendo al gobierno federal su intervención para detener el incremento de los precios. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión en su sesiones del 10 y 17 de enero.

En un reconocimiento explícito a la gravedad del alza, por sus impactos perniciosos, días después Felipe Calderón instruyó al secretario de Economía, a la secretaria de Desarrollo Social, al secretario de Agricultura y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para poner en operación las medidas a su alcance para asegurar el abasto y contener los aumentos en los precios de los productos básicos.

A pesar de ello la medida fue insuficiente, toda vez que no fueron tocados ni llamados a cuentas los especuladores y acaparadores; en buena medida porque en la legislación penal el acaparamiento que genera ondas especulativas, con el consecuente aumento de los precios de los artículos básicos de consumo, no está considerado como delito grave.

El aumento en los precios del maíz es un problema de seguridad nacional por su importancia estratégica en la alimentación de los mexicanos y ante la situación de pobreza en la que se encuentra más de la mitad de la población total del país.

Coincidimos en la necesidad de que las dependencias del Ejecutivo federal instrumenten las medidas administrativas que se estimen necesarias y que la Profeco sancione a quienes lleven a cabo prácticas desleales de comercio en detrimento de los consumidores, pero también es indispensable que se aplique la acción penal prevista en los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal en contra de quienes resulten responsables de acaparar y especular con el maíz y otros alimentos básicos.

No está por demás recordar que la madurez de un verdadero Estado democrático no se mide solamente por el ejercicio y respeto al sufragio universal. También se mide por su forma de impartir justicia, la que por cierto en nuestro país no goza de cabal salud por la discrecionalidad en su aplicación, pero los diputados en nuestro carácter de representantes populares tenemos la obligación legal de preservarla y vigilar su cumplimiento.

Y como lo recomienda el filósofo-escritor Fernando Savater, "…desde el ejercicio de la función pública practiquemos una pedagogía de la ética… con información veraz y oportuna para que el ciudadano se convierta en un contralor permanente de los actos públicos que realizamos."

De la mano de Savater agregamos que solamente de esta manera estaremos en posibilidades de guardar la observancia de la ley e incluso mejorarla, para que la norma no solamente parezca sino que también lo sea.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita legisladora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con un numeral 18, para tipificar como delito grave el referido en el artículo 253 del Código Penal Federal.

Artículo único. Se reforma y adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, agregando un numeral 18 y recorriéndose los restantes en su numeración para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

Fracción I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

Del 1 al 17 quedan como están.

Se agrega un nuevo numeral:

18. Contra el consumo y riqueza nacionales previstos en el artículo 253, fracción I.

Y se recorren los restantes, según corresponda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de marzo de 2007.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Ana Yurixi Leyva Piñón. Túrnese a la Comisión de Justicia.

En visita de trabajo a nuestro país, queremos destacar la presencia en este salón de sesiones, de una delegación de parlamentarios de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por la diputada Ton Nu Thi Ninh, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien acompaña el excelentísimo señor Le Van Thinh, embajador de la República Socialista de Vietnam en México. Les damos la más cordial bienvenida y les manifestamos nuestra admiración y solidaridad al pueblo de Vietnam, deseándoles una feliz estancia en nuestro país.

Aprovecho también para saludar a diputados del Parlamento inglés, los señores Su Knight y Chris Knight, con motivo de visita de intercambio con el Reino Unido, que se encuentra aquí presente.

Tiene la palabra el diputado David Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que expide la Ley Federal para la No Discriminación de los Derechos Humanos de las Personas, Transgénero-Transexuales y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Código Civil Federal.

El diputado David Sánchez Camacho: Muchas gracias, señor Presidente. Inicio dando un reconocimiento y el mayor de mis agradecimientos al Movimiento Transgénero y Transexual de México, debido a que fueron ellos quienes han unido esfuerzos para regularizar su personalidad jurídica y alcanzar una convivencia social plena en la sociedad mexicana.

Cabe subrayar que esta iniciativa es una propuesta ciudadana en la que participaron especialistas y el sector transgénero y transexual de México.

Aprovecho para enviar una gran felicitación a las personas transgénero y transexuales españoles, debido a que el día 1 de marzo fue aprobada en el Congreso español la Ley de Identidad de Género, que les permitirá cambiar de nombre y de sexo en sus documentos oficiales.

Probablemente la iniciativa de Ley Federal para la No Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales sea susceptible de algunos cambios para su enriquecimiento en su dictamen. Sin embargo, confío en que la misma tenga una aceptación en todas las fracciones parlamentarias que componen este recinto parlamentario, porque tengan la seguridad de que también en cada partido político existen, de forma abierta o encubierta, personas que viven o conviven con esta situación.

En México y otros países se plantea la necesidad de continuar con la regulación social para los efectos de un desarrollo sustentable y una óptima convivencia entre sus miembros, debido a que las personas que por un proceso de reasignación sexogenérica, conocido comúnmente como cambio de sexo, solicitan la modificación en la mención registrada respecto de su nombre y sexo en el atestado de nacimiento.

Esta situación, sin la respectiva normatividad, tiene importantes consecuencias para la persona que requiere el reconocimiento jurídico dentro del ámbito sociocultural, laboral y estatal. Estas consecuencias afectan de forma directa e indirecta al Estado mismo y a las instituciones de gobierno.

A pesar de que históricamente representa un gran avance la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ésta omite, dentro de su articulado, la identidad sexogenérica de las personas, lo cual ha permitido que en nuestra legislación secundaria —como en la interpretación de las instancias jurisdiccionales— se le desconozca como un derecho esencial del ser humano.

Expresamos que es inaceptable la postura de ignorar el reconocimiento y la existencia de las personas transgénero y transexuales y sus derechos que, por el simple hecho de tratarse de seres humanos, se encuentran contemplados y protegidos en nuestra Carta Magna.

Para entender la transexualidad se deben romper las barreras del prejuicio, es decir, entender que la manera más simple de definirla es vivir en el cuerpo equivocado. La transexualidad no es un gusto personal o capricho; es una condición que tienen algunas personas desde su nacimiento.

En palabras de expertos: es una condición cuya única opción es la reasignación sexogenérica y, según los estudios científicos que se han realizado en países como Noruega, Australia, Dinamarca, Grecia, Portugal, Polonia, Luxemburgo, España, Francia, Suiza, Bélgica, Líbano, Suecia, Italia, Holanda, Estados Unidos, Tailandia, Turquía, Irán, Reino Unido, Sudáfrica, Panamá, Israel, Corea, Alemania, Brasil y Argentina han venido adecuando sus legislaciones.

La realidad es que no se trata de una condición voluntaria susceptible de ser cambiada, sino de una condición humana más. Debido a la discriminación que sufren las personas y la limitación al ejercicio de sus derechos fundamentales, así como al reconocimiento de la identidad sexogenérica, es necesario que el Estado genere la protección y regulación apropiada a través de la Ley Federal para la No Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, como reglamentaria de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior a efecto de que no se les restrinja el acceso al trabajo, educación, salud, entre otros, ya que en este sentido en la actualidad, en ausencia de un marco jurídico regulatorio, se encuentran desprotegidos, indocumentados y apátridas en su propio país; además, se les desconoce la escolaridad y experiencia laboral, propiciando una pérdida potencial de la productividad.

Haciendo mención del artículo 4o. constitucional, el cual dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud es preciso destacar que el Estado recibiría un menor impacto presupuestario al implementar la normatividad respecto de la identidad sexogenérica al brindar a la población los cuidados médicos terminales a los que carecen de tratamiento.

La transexualidad sin atención médica provoca que cotidianamente se pierdan vidas humanas y sus consecuencias son, entre otras, la no coagulación sanguínea, trombosis, cáncer y osteoporosis, por el suministro hormonal inadecuado, la intoxicación por plomo, necrosis de músculos y lupus, por las prácticas contraindicadas.

Cabe mencionar que en nuestro país se comenzaron a aperturar espacios legales de reconocimiento a las personas transgénero y transexuales porque no podemos dejar de lado estas necesidades sociales.

Por ello hay que comentar de manera sobresaliente el trabajo legislativo que se ha desarrollado en los estados de Morelos y Coahuila, sobre el particular, ya que en el cuerpo de algunos de sus textos legislativos han reconocido la existencia de este sector anteriormente ignorado.

La iniciativa del diputado que suscribe pone a la consideración de esta soberanía, que pretende garantizar constitucional y legalmente el derecho humano de todo individuo a ser identificado y tratado, reconociendo su identidad y expresión sexogenérica, sea cual sea su sexo de asignación, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas.

Por tanto, resulta necesario que respecto a la garantía, al reconocimiento de la identidad sexogenérica, se evite el doble discurso y se deje de flotar en las lagunas de la interpretación.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, y en su caso, aprobación, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, diversas disposiciones del Código Civil Federal y crear la Ley Federal para la No Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales. Muchas gracias. Solicito a la Presidencia que se publique en el Diario de los Debates en su versión completa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado David Sánchez Camacho. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Insértese íntegro en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra la diputada Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional y del Código Civil Federal. Se pospone la presentación de esta iniciativa.

La iniciativa anterior se turna también para opinión de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos.

La iniciativa de la diputada Herrera Ale se pospone. Y pasamos al capítulo de Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo para aceptar y usar la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Con proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Ángel Rodríguez García, Érika Marí Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz, para prestar servicios en las embajadas de la República de Hungría y de la República Checa en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.

En dictámenes a discusión, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo, con siete fracciones, al artículo 6o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Pido en este momento a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 468 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para fundamentar el dictamen se han inscrito el diputado Raymundo Cárdenas Hernández y el diputado Benjamín Ernesto González Roaro. Para la discusión en lo general están inscritos las diputadas y diputados: Manuel Cárdenas Fonseca, Aída Marina Arvizu Rivas, Silvano Garay Ulloa, Patricia de Jesús Castillo Romero, Erika Larregui Nagel, César Camacho Quiroz, Victorio Rubén Montalvo Rojas y Luis Gustavo Parra Noriega.

Esta Presidencia saluda la presencia distinguida del comisionado Presidente del IFAI, Alfonso Lujambio Irazábal y de la comisionada María Marvan Laborde. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, hasta por cinco minutos.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros. El día de hoy presentamos a este Pleno, el producto o el primer producto de la voluntad de acuerdo, de la voluntad política de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Función Pública. Esperamos encontrar la misma voluntad política en el Pleno, votando a favor de la reforma constitucional que presentamos.

Les quiero decir que hace 30 años ya se llevó a la Constitución el derecho a la información, esa fue una parte de la reforma política que en el sexenio de José López Portillo se impulsó, sobre todo por su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Esa era una reforma política que intentaba, entre otras cosas, abrir la puerta de la izquierda a la legalidad electoral del país.

Evidentemente, no solamente la reforma política contempló la manera de que el Partido Comunista y otros partidos de izquierda tuvieran su registro, sino que también había la preocupación de que una democracia no puede prosperar sin una ciudadanía madura, sin una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus obligaciones y especialmente una ciudadanía bien informada.

Por esa razón, cuando se presentó en un discurso en Chilpancingo la reforma política se hablaba de la necesidad de preservar y desarrollar la expresión de la pluralidad política de los mexicanos. También se planteaba la preocupación de permitir el acceso de los partidos políticos a los medios masivos de comunicación.

Así pues la primera acepción de este derecho a la información estaba referida a medios de comunicación y a su responsabilidad social, especialmente la responsabilidad de entregar información objetiva a los mexicanos y de permitir que la pluralidad de voces de los mexicanos se expresara en todos los medios de comunicación.

Sin embargo, eso no pudo desarrollarse. López Portillo llegó a decir al final de su sexenio que no hubo una reforma o una ley reglamentaria de este derecho, porque no le encontraron la cuadratura al círculo. Lo cierto es que los medios de comunicación ya entonces eran muy poderosos y no admitieron ningún tipo de reglamentación de este derecho a la información.

No fue sino en este principio de siglo que el derecho a la información tuvo una connotación distinta, que es la que hoy estamos continuando y yo diría, completando, que es la obligación del Estado de entregar toda la información a su disposición, a los ciudadanos.

Es evidente que la Ley de Acceso a la Información Pública que se aprobó en el sexenio pasado fue un avance muy importante. Sin embargo, no fue acompañada de un desarrollo homogéneo en todo el país y hoy tenemos legislaciones estatales muy buenas, pero también algunas que sólo son una simulación.

Por esa razón las reformas que hoy estamos proponiendo son muy oportunas y simplemente les quiero decir que si aprobamos estas reformas, el párrafo, agregar un párrafo y las siete fracciones, así como tres transitorios, vamos a propiciar el desarrollo de una legislación en todas las entidades de la República, que permitan que todos los mexicanos ejerzan a plenitud este derecho, el derecho a tener acceso a la información pública.

Compañeras y compañeros, yo quiero simplemente decirles que la Comisión de Puntos Constitucionales está trabajando fuerte. Esperamos traer pronto otros productos; y termino felicitando a mis compañeros, a mis compañeras de la Comisión de Puntos Constitucionales, también a los de la Función Pública. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Raymundo Cárdenas. Tiene la palabra para fijar posición el diputado Benjamín Ernesto González Roaro, para fundamentar el dictamen.

El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias, señor Presidente, y con su permiso. A nombre de los diputados que integran la Comisión de la Función Pública de esta LX Legislatura, vengo a fundamentar el dictamen que se les ha presentado.

Como ustedes recordarán, en el año 2002, cuando esta soberanía discutió y aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las fuerzas políticas del país aquí representadas, sentimos que se estaba dando paso a una nueva etapa en la historia política y administrativa del país. Una etapa definida por la existencia de una nueva relación de confianza entre las instituciones públicas y nuestra sociedad, construida sobre los pilares de la transparencia en la gestión pública, el pleno acceso a la información gubernamental y la certeza jurídica basada en el respeto del espíritu y la letra de la nueva ley.

Sabíamos entonces que para atravesar por el natural proceso que va del diseño y la aprobación de esta ley a su pleno cumplimiento por parte del entorno institucional del país, tendríamos que generar y consolidar una nueva cultura de lo público basada en la confianza de los ciudadanos ante la acción gubernamental; confianza que gradualmente fuera dejando atrás el tradicional escepticismo y el recelo con que los mexicanos asumían su relación con las autoridades gubernamentales del país.

La ciudadanía ha luchado por acceder a la información de algunos de los ámbitos más estratégicos del quehacer gubernamental, ámbitos importantes no solamente para la construcción de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, sino para preservar la salud y el buen estado de las instituciones públicas del país y para contribuir a la estabilidad general del sistema político.

En menos de cinco años se cuenta con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, así como con 32 leyes correspondientes a las entidades federativas, es un avance no menor si se compara con lo que existía antes de 2002; no obstante, se puede decir también que se advierte una peligrosa asimetría que desnaturaliza y deja aún incompleto el derecho a conocer.

Por esa razón, gobernadores de distintos partidos promovieron la iniciativa, el punto de partida fue "La Declaración de Guadalajara" en 2005, que culminó con la denominada "Iniciativa de Chihuahua", en la que un grupo de cinco gobernantes locales de distinto origen partidista, antepusieron sus preferencias políticas por el interés superior del país.

Esa Iniciativa de Chihuahua tiene una legitimidad a toda prueba, pero susceptible de mejorar en técnica legislativa como toda obra humana y ha sido esta técnica legislativa incorporada en el dictamen que hoy se presenta.

La distancia que separaba una redacción principista mínima a la de una redacción prolija con toques reglamentarios se ha acortado y diputados de las ocho fuerzas políticas aquí representadas hemos hecho equipo con juristas y académicos de sobrado prestigio, para generar consensos, para llegar a común denominador que por un lado permita garantizar el derecho de acceso a la información con todos sus atributos y, por otro, que no sea tan amplio, que incluya principios, directivas y disposiciones reglamentarias a algunos de cuyos elementos corresponden a la ley secundaria, no a la Constitución.

Es de justicia destacar la participación del grupo de trabajo integrado por los diputados Luis Gustavo Parra Noriega, César Camacho Quiroz y Victorio Rubén Montalvo Rojas, así como el espíritu que animó al trabajo conjunto con la Comisión de Puntos Constitucionales.

En este dictamen se avanzó en las partes sustantivas, separar con claridad que la adición del artículo 6o. constitucional se refiere al derecho de acceso a la información pública y no al derecho a información que comprende otros derechos, más habida cuenta que aquí es una vertiente de éste y no un sinónimo, privilegiar el principio de máxima publicidad para efectos de interpretación, establecer que la información en posición de los Poderes federales, locales, organismos autónomos, ayuntamientos y cualquier otra entidad federal, estatal o municipal, es pública; salvo las excepciones mismas previstas en la ley.

El derecho de que toda persona pueda solicitar información sin acreditar interés alguno y de manera gratuita; mecanismos de acceso expeditos a través de medios electrónicos por órganos garantes con capacidad propia; publicación como información de oficio de indicadores de gestión y del ejercicio de recursos públicos, así como la existencia de archivos administrativos actualizados y confiables, y la existencia de sanciones a quien incumplan con las disposiciones de esta ley.

Es por todo ello que consideramos que se da un salto cualitativo importante con la aprobación de esta reforma constitucional, que a nombre de la Comisión de la Función Pública, les solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Benjamín González Roaro.

Esta Presidencia saluda al grupo de regidores y personal administrativo del municipio de Atizapán de Zaragoza, presentes aquí en la sesión.

Para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, tiene la palabra la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa, hasta por cinco minutos.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, señor Presidente. En efecto, lo que acaba de comentarnos el diputado Benjamín González Roaro es cierto; éste es un salto cualitativo en el tema de la transparencia, pero es el resultado del arduo trabajo de muchas personas en el país, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gobernadores, personas que trabajan en los organismos dedicados al tema, lo que hoy nos hace llegar a esta tribuna y tener enfrente un dictamen que vamos a votar.

El grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata manifiesta su respaldo en lo general al proyecto de reforma constitucional que en unos minutos se somete a votación de esta soberanía. De hecho, tal reforma no hace sino ampliar e instrumentar los medios a través de los cuales los ciudadanos y ciudadanas de este país conocerán de manera más pronta y clara la actuación y desempeño de los funcionarios públicos, los cuales no tienen otra actividad que servir y atender a los ciudadanos y cuidar el interés público.

Una ciudadanía efectiva no existe sin acceso a la información, es decir, la capacidad ciudadana de exigir y reclamar los actos de autoridad no pueden ejercerse o no encuentran la facilidad, porque los obstáculos imposibilitan este desempeño que tendrían que hacer los funcionarios públicos.

Sin transparencia y acceso a la información no es posible la rendición de cuentas. Es de todos conocido que tal cuestión ha observado a lo largo de los últimos años una deficiencia significativa, dado el extenso margen de posibilidades en la forma de aplicar e interpretar el principio de la transparencia informativa.

Efectivamente y no obstante la existencia de tal derecho desde hace décadas, el mismo había sido inoperante como muchos otros derechos y obligaciones que actualmente existen sólo en la norma constitucional.

Hasta hace fechas relativamente recientes se han creado los instrumentos jurídicos para hacer efectivo este derecho, pero su aplicación ha sido por demás heterogénea sobre todo en la esfera de las entidades federativas, donde cada legislatura estableció leyes que concedieron en mayor o menor medida amplios espacios de discrecionalidad que por vía de los hechos redujeron —por no decir escamotearon— el ejercicio del derecho establecido en la Constitución.

Hoy esta Cámara de Diputados corrige las limitaciones observadas a la fecha en esta materia al establecer criterios y normas básicas de aplicación en los tres órdenes de gobierno, con lo cual el efecto será notable y significativo.

No obstante su avance, no puedo dejar de mencionar el hecho de que los partidos políticos siendo entidades de interés público, no fueron incorporados en esta reforma constitucional. Entiendo y comprendo las razones de las comisiones dictaminadoras, como lo explicaba el diputado Benjamín González Roaro y confío en esta Cámara de Diputados.

Le tomamos la palabra al diputado Raymundo Cárdenas en el sentido de que es un primer producto; por lo tanto espero que para la próxima reforma electoral se instrumenten los medios para hacer extensivo ese derecho constitucional a la esfera de los partidos políticos. De otra manera el cuestionamiento ciudadano será inmediato y no sin razón. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. Para los integrantes del grupo parlamentario Nueva Alianza es muy grato estar en esta tribuna para manifestarnos en pro del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. constitucional. Que este derecho fundamental quede constitucionalmente reconocido, atiende el reclamo de que aquellas personas que se desempeñen en los Poderes públicos actúen con transparencia y estén sujetos al escrutinio de la sociedad.

Más allá del capricho, más allá de la ocasión o de la voluntad de los actores del poder, debe de prevalecer la garantía del ciudadano de estar enterado en qué y para qué funcionan las instituciones. Pero el gusto y la satisfacción van más allá del fondo de la materia que hoy tratamos y que más adelante me referiré a la misma.

En principio, huelga destacar que con la elaboración y votación de este dictamen, esta Cámara de origen da fiel cumplimiento a la técnica jurídica; da fiel cumplimiento al procedimiento legislativo. Rinden frutos los órganos internos de consulta internos y externos. Hacemos votos para que, en la Colegisladora, transite de igual manera y que con el apoyo de los instrumentos internos y externos la enriquezcan.

Pero adicionalmente, compañeros, no podemos dejar pasar por alto que este evento da muestra plena de que cuando se actúa sin frivolidad y sin atender a la vanidad —pecado favorito de cualquier ser maligno— la responsabilidad, la humildad, la seriedad y el compromiso triunfan y se construyen los acuerdos y se legisla sin exabruptos, sin leyes contrarias a la Carta Magna, casuísticas o que establezcan estigmas a priori.

Así, con el dictamen que hoy tratamos, nos alejamos de la tentación de excedernos en nuestro papel para justificarnos y querer limpiar la mala imagen que merecidamente hemos adquirido. También nos alejamos de querer sacar ventajas de la composición numérica y el doblegar al vecino sin importar el daño que le hacemos al país. Así es como se moderan los defectos humanos en el quehacer legislativo y en la convivencia parlamentaria.

Así es como queda claro que no se necesitan nuevos órganos para realizar nuestro trabajo. Antes por el contrario, lo que necesitamos es trabajar hacia dentro del Poder Legislativo para actualizarlo y perfeccionarlo. Regresarlos a su origen primigenio, quitarles los excesos en los integrantes de ambas Cámaras, entre otras cosas.

No se necesitan comisiones ejecutivas de negociación, no se necesitan nuevos procedimientos que se empalman con nuestro quehacer y hacer legislativo, no se necesita legislar para obligar a legislar. Debiéramos apenarnos. Trabajemos responsablemente.

Pero ahora este tema, que es de la mayor trascendencia y envergadura, requirió de la reflexión de esta Cámara. Le pedimos a la colegisladora que lo enriquezca porque tal vez haya mucho que atender en ello. Ya comentaba sobre un tema la compañera de Alternativa, Marina Arvizu, nosotros agregaríamos que también quedaron fuera los otros dos Poderes: el Legislativo y el Judicial.

Pero empezar en casa será el mejor mensaje de que podemos avanzar en un México mejor. Así lo estamos haciendo con este dictamen que tenemos a discusión y que, de aprobarse, dará un sólido sustento jurídico por la transparencia que antes no logramos ni en la política ni en la academia ni en el debate; mucho menos en la rendición de cuentas.

Con esta reforma brindaremos un instrumento más actual y acabaremos con desviaciones caprichosas injustificadas. Coincidimos plenamente con el dictamen al asegurar éste que, cito, "una de las piedras angulares de las democracias contemporáneas son la libertad de expresión y de información".

En otras palabras, la iniciativa que ahora se dictamina desarrolla una de las vertientes del derecho a la información, en particular el derecho subjetivo de tener acceso a la información gubernamental. Pido que se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Garay Ulloa, del Partido del Trabajo.

El diputado Silvano Garay Ulloa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El Partido del Trabajo y su grupo parlamentario en esta Cámara son firmes impulsores de la transparencia gubernamental. Estamos a favor de impulsar los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes a los gobernados, y sobre todo, estamos a favor de que la ciudadanía cuente con información precisa, veraz y oportuna de qué es lo que sus gobernantes hacen con los recursos económicos que manejan.

Nuestro grupo parlamentario siempre se ha pronunciado por la apertura a la información pública con que cuenta el gobierno ya que en la medida en que la ciudadanía cuente con esa información estará en aptitud de protestarla y de fungir como una auténtica y efectiva contraloría social.

Una medida eficaz para que el poder esté en el pueblo es que se cuente con la información necesaria para que tome sus decisiones.

Ahora bien, es un hecho que durante muchos años los gobiernos se manejaban en la opacidad y en la cerrazón informativa ya que de esta manera los regímenes autoritarios no tenían que rendir cuentas a nadie; pero en la medida en que la propia sociedad ha ampliado los cauces de participación política como resultado de múltiples movimientos ciudadanos que fueron brutalmente reprimidos, hoy el resultado es que se cuenta con mayor libertad y espacios de participación democrática y política.

Éste es precisamente el mérito de la reforma que hoy discutimos. El contenido de este dictamen se sustenta en múltiples propuestas provenientes de los ámbitos académicos, gubernamentales y de la sociedad civil.

Durante algún tiempo se pensó que con base en el actual y único párrafo del artículo 6o. constitucional en relación con las atribuciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los correspondientes a los estados, bastaba para que la ciudadanía ejerciera esos derechos y pudieran acceder a la información pública que requirieran. Sin embargo, aún con estas disposiciones la autoridad es reacia a entregar la información a la sociedad.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de las bondades que contiene el dictamen, y que sin lugar a dudas se traducirá en mejores instrumentos jurídicos que permitan el acceso eficaz a los ciudadanos a la información pública gubernamental con que cuenta la Federación, en las entidades federativas y en el Distrito Federal; por esta razón resulta favorable el contenido de la fracción I del párrafo segundo que adiciona al artículo 6o. constitucional en donde se establece el carácter público de toda información en posesión de cualquier autoridad.

Aquí es necesario destacar la eficacia del término usado: la información está en posesión de la autoridad no en propiedad; luego entonces, como la información pública no es propiedad de la autoridad, ésta no puede utilizarla a su arbitrio; antes al contrario, está obligada a ponerla a disposición del particular que la requiera.

En relación al contenido de la fracción III, resulta favorable el no poner obstáculos a las personas para acceder a la información al establecer la fracción III que no es necesario acreditar interés alguno o justificar la utilización de la información. Se rompe con el candado de que era necesario acreditar el interés jurídico para poder solicitar la información pública y que si ante la autoridad no se acreditaba el interés jurídico, la información no se proporcionaba.

Lo mismo ocurre en relación a justificar la utilización de dicha información; en todo caso, el particular se hace responsable del uso de la información obtenida, pero la autoridad no puede —de manera previa— calificar el uso de la misma.

Un aspecto central de esa reforma lo constituye el contenido de la fracción V, en la que se establece la obligación de la autoridad de reservar sus documentos y la misma deberá tomar todas las medidas necesarias con el propósito de salvaguardar esa información.

Nuestro grupo parlamentario considera que con esta disposición se evitará que, de manera deliberada, la autoridad quiera desaparecer la información pública con que cuentan.

Ahora bien, en relación con la inobservancia de las exposiciones en materia de acceso a la información pública, este Constituyente Permanente deja a la potestad de los órganos legislativos, de la Federación, de los estados y del Distrito Federal la facultad de establecer en la ley secundaria las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos.

En los artículos transitorios, en el segundo, se establece la obligatoriedad de la Federación, los estados y el DF de hacer dentro de un término de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta reforma, todas las adecuaciones legales que se requieran.

Por las consideraciones antes expuestas, nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen que se pone a consideración. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, diputado Ulloa. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Castillo Romero, del grupo de Convergencia.

La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero: Muchas gracias, señora Presidenta. Tengo cinco minutos para mi participación y tomaré uno para llamar la atención de las diputadas y de los diputados presentes en este recinto.

Lo que hoy dictaminaremos, lo que hoy aprobaremos no es poca cosa. Es un paso firme para todos aquellos que estamos en contra de la secrecía, que estamos en contra de la corrupción, que estamos en contra de todo lo que era público y que han hecho —por costumbre— privado.

La iniciativa de reforma al artículo 6o. constitucional ha sido no sólo interés de los grupos parlamentarios hoy representados en esta Cámara. No solamente ha sido interés de la Suprema Corte de Justicia o de los gobernadores o de los académicos.

Hoy debemos decirle a la sociedad que a partir de hoy constitucionalizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos de saber qué se hace con los recursos públicos. Por eso, amigas y amigos diputados, no es poca cosa lo que hoy tratamos.

Podemos dar mil discursos sobre la transparencia, pero esto, compañeras y compañeros, es un acuerdo nacional para transformar y democratizar al estado en todos sus niveles, más allá de las etiquetas políticas, de las ideologías y de la fuerza política que gobierne, la reforma es para el Estado, es para México y es para los mexicanos.

La reforma es para un futuro con certidumbre, el eje central de esta iniciativa; el derecho a la información como un derecho fundamental constitucionalmente reconocido no es cosa menor. El derecho de los mexicanos de acceso a la información que se genere en el gobierno es la premisa básica para impulsar y fortalecer nuestra incipiente democracia, sin el ejercicio efectivo de este derecho, siempre habrá dudas y suspicacias acerca del quehacer gubernamental.

En efecto, hoy se reconoce ampliamente que la información es una condición necesaria para la realización del estado democrático, más si consideramos que la transformación de la sociedad ha modificado a la par la concepción de la libertad de expresión para darle un nuevo contenido enfocado a los derechos de todos aquellos que buscan la información.

La apertura de la información de Estado al conocimiento público de los asuntos importantes para la nación ha puesto en manos de los ciudadanos una gran cantidad y variedad de datos, cifras y documentos para la toma de sus propias decisiones.

Esta apertura poco a poco ha ido contribuyendo a la conciencia ciudadana, a la participación ciudadana indispensable si queremos seguir consolidando la democracia en este país. En síntesis, la iniciativa que se dictamina supone una política de Estado plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.

En Convergencia celebramos que hoy se ponga en una caja de cristal la atracción de los órganos públicos. Hoy se termina con el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción y la discrecionalidad. Hoy constitucionalizamos el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Hoy, diputadas, diputados, quienes manejen recursos públicos sí deberán tener las manos limpias. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada Castillo Romero. Tiene el uso de la palabra la diputada Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Érika Larregui Nagel: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy se da un paso importante en la vida pública del país. Hoy votaremos una reforma que sienta las bases para la homologación de criterios para que los ciudadanos de la República puedan ejercer uno de los derechos políticos más importantes: el de conocer los manejos de los recursos públicos y lo gubernamental, de aquellos a quienes les fue encomendado el ejercicio de las funciones para el bien común.

La transparencia, como derecho humano, constituye el derecho mínimo que cualquier ciudadano debe exigir a sus gobernantes. Por ello, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconocemos la labor de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara a fin de sentar los mínimos de obligaciones que los sujetos destinatarios de la norma deberán de cumplir.

El trabajo fue mucho y se lograron consensos, dando así muestra de que si todos queremos trabajar en conjunto, más allá de intereses de grupos o personales, podemos dar a los mexicanos las normas que requieren para la convivencia diaria y su desarrollo.

También debemos de mencionar que hoy, si bien es cierto se ha dado un primer paso, no es el final, pues debemos aún revisar el marco secundario existente a fin de reglamentar a profundidad este derecho político en pos de la modernidad y la democratización del país.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconocemos la importancia de los principios de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental. Asimismo, asumimos nuestro compromiso con el país y sus habitantes.

Por ello, como todos ustedes saben, en el mes de noviembre pasado fue presentada por los integrantes de mi grupo parlamentario, una iniciativa de Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública a fin de establecer no sólo los mecanismos de transparencia y acceso a la información, sino crear instrumentos de rendición de cuentas del Estado en su conjunto.

Por ello es claro que el trabajo en esta materia apenas comienza, por lo que desde esta tribuna los invito a que trabajemos todos juntos para lograr los avances y consolidar éstos en la cultura política y cívica del país.

Por lo anteriormente expuesto me permito, a nombre de quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, refrendar nuestro apoyo al presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada Larregui. Tiene el uso de la palabra el diputado César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores diputados. Abrir de par en par las puertas del poder le da confianza a la gente. La forma republicana da paso al gobierno de las voces múltiples, de las responsabilidades compartidas y de la intensa participación ciudadana.

En la República, informar es práctica cotidiana. Dijo Kant: "para hacer avanzar a la sociedad, se debe hacer uso público de la razón". De esa suerte, la gente bien informada de los asuntos públicos participa mejor en la toma de decisiones públicas; así se construye más ciudadanía.

La República es proclive a la democracia como ésta lo es a la información pública. Cada día más esto forma parte de la cultura política que estamos consolidando.

Por momentos pareciera olvidarse que en la democracia el poder público se instituye para servir a la comunidad y el gobernante al gobernado. La relación entre ambos debe ser edificante. Al mandante debe tenérsele al tanto de los asuntos que le atañen y le preocupan, explicándole cómo se ha cumplido con la confianza que depositó.

El mandatario, esto es, aquél que trabaja a nombre del Estado mexicano en todas sus manifestaciones debe cumplir la ley y, por convicción ética, ofrecer explicaciones, esgrimir razonamientos, justificar decisiones.

Adicionalmente, el ejercicio democrático del poder obliga a la eficacia. Ésta legitima cotidianamente la responsabilidad pública si se entregan buenos resultados, si cambia positivamente el nivel de vida de las personas.

El servidor público que actúe así no sólo cumplirá con la ley, sino que le resultará motivo de orgullo informar que lo hizo bien; rendirá cuentas, puesto que es su obligación, pero también porque está orgulloso de su tarea.

Ésta es la moneda de cambio de la democracia. A la confianza depositada deben corresponder buenos dividendos, apetecibles y demostrables. Si la sociedad conoce lo que el gobierno hace sin confrontarse con éste, llega eventualmente a contenerlo, le ayuda a no incurrir en errores ni excesos, ejerce el poder ciudadano.

Mostrando los resultados de la gestión pública, se evita la suspicacia que proviene de la cerrazón, se alcanza la certeza en virtud de la claridad, se cierra el paso a la sospecha provocada por la confusión.

Rendir cuentas es esclarecer. Donde hay transparencia no se incuba la corrupción que ofende e indigna y que ha mermado peligrosamente la confianza de los mexicanos y que puede llegar a desgarrar el tejido social.

Todas las medidas a favor del control gubernamental son positivas, pero la mejor es, sin duda, colocar en una vitrina a quienes autorizan exenciones, asignan contratos, otorgan concesiones y deciden el destino de los recursos públicos.

Ya Zeneca lo anticipaba: "considérense felices los servidores públicos cuando puedan vivir a la vista de todos".

Esta adición constitucional contiene méritos y proporciona ventajas; con ella se hace más pública la vida pública.

La pluralidad política que desató este trabajo legislativo muestra claramente que el asunto es de la mayor importancia para México, precepto constitucional que amplía las garantías individuales de los mexicanos, pues establece con claridad el derecho de acceso a la información pública y la obligación del Estado de proteger la vida privada así como los datos personales.

Es por su origen y sus efectos doblemente federalista. Ha sido una materia ampliamente desarrollada en algunos estados de la República. Y al aprobar esta iniciativa se revierte una tendencia histórica demostrando que hay buenas lecciones que van de la periferia al centro.

Además esta adición no avasalla a los estados, deposita en sus soberanías la confianza de construir un derecho ciudadano a la medida de sus necesidades locales, establece un piso y amplios márgenes de libertad, armoniza dos principios que parecerían incompatibles: el de la máxima publicidad para la información pública derivada del interés general en los asuntos a cargo del gobierno; y el principio de reserva de la misma, dada la naturaleza de los asuntos o por razones de Estado.

Es una medida mesurada, pues evita que llevado el extremo, el derecho de acceso a la información pública pudiera poner en riesgo la vida privada de las personas o atentar contra la confidencialidad de los datos personales.

Por cierto, esta plausible adición constitucional preludia un debate hasta ahora postergado acerca precisamente, del delicado tema de los datos personales que sintetizan la dignidad de cada uno. Obliga también a discutir sobre la inaplazable necesidad de contar con archivos actualizados, responsabilidad del Estado mexicano, cuya falta de regulación ha dado origen a una práctica que recurrentemente obstruye el acceso a la información. Esta decisión legislativa fortalece a la sociedad y al gobierno y ratifica nuestro carácter republicano y democrático.

Iluminar, iluminar es lo que se necesita ahí donde estaba oscuro y para ello se debe informar, observar con una lente que no refracta, sino que atraviesa lo que era un cuerpo opaco. En virtud de esta adición, el servidor público que haya cumplido su trabajo al dar la cara con orgullo y rendir cuentas con satisfacción, recibirá de los ciudadanos no sólo aprecio sino su invaluable respeto. El ciudadano mexicano por su parte, cobrará mayor poder frente al gobernante, asumirá su responsabilidad que le corresponde como el gran protagonista que debe ser del Estado nacional. Enhorabuena.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras, compañeros diputados. Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros integrantes de la Comisión relatora, a nuestro compañero diputado Gustavo Parra, de Acción Nacional, al que me antecedió en el uso de la misma, al compañero diputado César Camacho, a los compañeros presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Raymundo Cárdenas; al compañero Benjamín González Roaro, de la Función Pública.

A continuación decirles también que como ustedes saben, en el año de 2002 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y con ello el país quedó embarcado en una ruta institucional que hoy va a dar grandes pasos. Sin embargo, el resultado fue el siguiente: un desarrollo complejo, desigual, extremadamente heterogéneo.

El acceso a la información y la transparencia vivieron un destino de varias velocidades: unas más aceleradas, otras con parsimonia y el resto, francamente lentas; tan es así que después de cuatro años de aprobada la Ley Federal de Transparencia, el derecho avanza con dificultad en amplias zonas del Estado, como destacadamente se ha hecho patente en la tan cuestionada actuación del Instituto Federal Electoral, y en particular, de su Consejo General.

Todavía hasta hace un año, la República vio circular un prometedor ciclo legislativo en el cual varios congresos locales estuvieron dispuestos a corregir y modificar sus leyes de transparencia para mejorarlas. Pero al pasar los meses la marcha no sólo se detuvo, sino que presenciamos intentos francos de retroceso.

Por eso, si este avance democratizador va a pervivir y ampliarse en los siguientes años, si van a volverse parte del ejercicio del poder en México, necesita obligadamente un segundo impulso, un nuevo esfuerzo político y legislativo para consolidarlo y vencer las resistencias.

Los actos de todo gobierno que se precie de ser democrático deben estar a la disposición y auscultación permanente de la sociedad. En este sentido al gobierno correspondería tener una ventana limpia, por la cual sea observada su actuación, sin esperar señalamientos, observaciones o cuestionamientos que empañen la ventana de la transparencia y en consecuencia se contravengan las disposiciones de esta garantía fundamental.

La estructura de la presente reforma está pensada de la siguiente manera: Subraya las instancias estatales y los niveles de gobierno obligados a cumplir con los preceptos de la Constitución que hoy pretendemos reformar. Que se escuche bien el amplísimo alcance de esta disposición. Toda autoridad, toda entidad, todo órgano y todo organismo en cualquier nivel del gobierno debe regirse por los preceptos generales. Inmediatamente se describen los principios.

Del mismo modo, de manera categórica, la iniciativa pondera los límites entre el derecho a la información pública y el derecho a la vida privada. Este último, límite esencial de la actividad del Estado en todo régimen democrático.

Esta iniciativa da un paso adelante y reconoce explícitamente que la vida privada es una condición de la civilización. Así, la Constitución mexicana traza por primera vez una ecuación democrática. Los individuos deben saber todo lo posible de los asuntos del Estado y el Estado debe saber lo estrictamente indispensable de los asuntos de los individuos.

Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el presente dictamen es de primer orden, ya que al constitucionalizar el derecho de acceso a la información logramos apartarlo de tentaciones y ánimos retorcidos o contrarios a la construcción de la vida democrática de la nación, resguardando su valor y función preponderante. No es casual que la gobernadora de Zacatecas y el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal aparezcan como dos de sus impulsores iniciales.

Con ello deseamos hacer expreso desde esta tribuna la convicción y el apoyo irrestricto de la izquierda a un proyecto moderno, un proyecto de Estado donde se actualizan y practican los dos grandes principios de la democracia y de la civilización: hacer público lo público y proteger la privacidad del individuo.

Señora Presidenta, por lo importante del tema que es reforma constitucional solicito me dé tiempo de concluir. Y algo más, la reforma equivale a reconocer la necesidad de seguir expandiendo los derechos fundamentales en México por una ruta que recoge los valores de la igualdad.

La democracia, como apunta bien el doctor Ricardo Becerra, es la tutela del más débil, porque si en algún sentido actúan las leyes de acceso a la información es en la dirección de disolver privilegios para proteger siempre al más débil.

Esta reforma constitucional no está hecha para magnates, para los poderosos, para los que poseen amplias palancas o influencias. La reforma al 6o. constitucional está pensada para el ciudadano de a pie, para el que busca tomar una decisión, respaldada con documentos e información oficial de su gobierno.

Por eso es parte de la agenda de la izquierda mexicana y por eso debe ser una garantía individual; porque todos los mexicanos sin excepción la poseen y la ejercen en el mismo piso, con las mismas condiciones y con las mismas garantías; es una conquista democrática para los mexicanos de ahora, de mañana y de pasado mañana. Hoy los diputados federales nos ponemos de acuerdo para instalar la gran ventana de la transparencia en México. Enhorabuena.

Quiero también hacer un amplio reconocimiento por su trabajo y su aplicación al Instituto Federal de Acceso a la Información. Sin su ayuda, créanme, hubiera faltado rigor técnico y científico en este asunto. Solicito asimismo, señora Presidenta, se inscriba en el Diario de los Debates el texto íntegro que tuve que resumir. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la presentación del diputado Montalvo Rojas.

Tiene la palabra el diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del grupo parlamentario de Acción Nacional, y se terminan así los posicionamientos.

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras. La historia constitucional mexicana del derecho a la información ofrece diversos antecedentes; desde el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana hasta el mensaje y proyecto de Constitución de don Venustiano Carranza, por lo que vemos claramente que ha sido propósito de los legisladores mexicanos preservar como libertad política la libre manifestación de las ideas, ya que la información propiamente dicha, producto de la información moderna, ha venido a convertirse en factor de primera importancia en la modelación de la opinión pública.

Por ello en nuestra Constitución, en octubre de 1977, se adicionó en el artículo 6o. que el derecho a la información será garantizado por el Estado, convirtiéndose en una garantía social correlativa a la libertad de expresión, que se instituyó con motivo de la reforma política de ese entonces.

Ello consistía también en que el Estado permitiera que a través de los diversos medios de comunicación se manifestara de manera regular la diversidad de opinión de los partidos políticos, dejando a la legislación secundaria la definición del derecho y de sus vertientes, así como de los mecanismos para ejercerlo.

No obstante el planteamiento constitucional, dicha legislación resultaba insuficiente y no fue sino hasta en el 2001 —en el sexenio de la alternancia— que el Presidente Fox de manera decidida impulsó la creación y aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la colaboración de esta soberanía y por supuesto de diversos actores académicos y sociales; logrando el desarrollo de una de las vertientes del derecho a la información: el acceso a la información pública; y un avance real en la construcción de una cultura de transparencia y de democracia participativa que poco a poco va permeando en los órdenes de gobierno.

El día de hoy la historia nos ha dado cita para formar parte de una votación que tiene visión y compromisos de futuro. Hoy la democracia en México celebra esta fiesta plural y federalista y la Cámara de Diputados muestra que es un espacio de diálogo y consensos al dar un paso tan importante en la construcción de un sistema político con calidad democrática.

Con el paso que estoy seguro daremos el día de hoy, cumplimos también un compromiso establecido por nuestro Presidente de la República, Felipe Calderón, quien se había manifestado en la pasada campaña electoral porque este derecho fundamental estuviera plenamente garantizado en nuestra Carta Magna, y que como sabemos y nos consta, su gobierno ha apoyado sin reservas esta reforma fundamental para la rendición de cuentas y el fortalecimiento de nuestra órbita de derechos como mexicanos.

Desde esta tribuna, en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, quiero reconocer la labor de todos los demás grupos parlamentarios que han asumido la tarea de construir juntos una democracia a través de esta reforma que busca dar estándares mínimos para este derecho tan importante y que va a permitir el pleno ejercicio de esta libertad pública.

En especial quiero agradecer a todos los integrantes de las Comisiones Unidas y a sus presidentes, por la confianza en el grupo de redacción a quienes nos encomendaron la tarea de lograr un texto que, preservando el espíritu de la iniciativa que los señores gobernadores atinadamente nos propusieron, lograra plasmar en esta reforma el consenso fundamental sobre la máxima publicidad de la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los tres órdenes de gobierno.

También quiero agradecer al IFAI por su interés y acompañamiento en esta reforma y a los compañeros legisladores que aportaron y se preocuparon en el tema.

Con todo respeto preciso también de una vez, compañeros, y quiero llamar su atención para dejar en claro un tema que ha generado polémica en los últimos días a raíz de esta reforma, que es el caso de los partidos políticos.

En el texto que hoy conocemos se establece en la fracción VI, del segundo párrafo, que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deben hacer pública la información relativa a los recursos públicos que se entreguen a personas físicas o morales. Éstas últimas con independencia de su naturaleza pública o privada.

De la interpretación de dicha fracción se desprende que sí quedan incluidos, entre otros, los partidos y otras instituciones, así como organizaciones no gubernamentales, sindicatos, sociedades, asociaciones y fundaciones que reciban recursos públicos, entre muchos otros.

En ese sentido, tal y como se argumenta en los considerandos del dictamen, la reforma propuesta no exime a los partidos de sus obligaciones de acceso a la información y transparencia ni a ninguna otra figura de autoridad pública.

Esto abre la posibilidad de que las leyes que la regulan deban desarrollar y traducir en su momento las bases mínimas constitucionales. Por ello los legisladores tenemos el desafío de ampliar el régimen y las obligaciones de transparencia de los partidos, realizando las reformas pertinentes a la Ley Federal de Transparencia y al Cofipe para avanzar de manera paralela con la reforma aprobada.

Otro desafío —y le pido también su comprensión a la señora Presidenta y a los compañeros— otro desafío que se nos presenta es el tema de los datos personales. Esta reforma es muy clara al precisar que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las gestiones que fijen las leyes. Con ello se busca proteger los datos que se encuentran en posesión de las entidades públicas.

No obstante esta importante referencia constitucional, como principio para la protección de los datos, es necesario establecer con toda claridad y a la brevedad posible la facultad del Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional para legislar en la materia y ampliar esa protección al ámbito de los datos personales que recolectan y tratan los particulares.

En Acción Nacional celebramos que estamos ensanchando los cauces constitucionales para la sociedad. A ella va dedicado todo nuestro esfuerzo y trabajo a partir del diálogo responsable y el consenso en los acuerdos.

Celebramos el punto de partida que implica esta reforma para edificar un sistema de gobierno republicano y federal, con autoridades y gobernantes dispuestos a transparentar y rendir cuentas del dinero que todos los ciudadanos aportamos para el buen funcionamiento del Estado.

Celebramos también que el acceso a la información sea un valor que está por encima de los intereses particulares, de instituciones, de funcionarios y que el acceso es un bien público y por lo tanto cuenta con una tutela privilegiada en nuestra arquitectura constitucional.

Esperamos, compañeros, que todas las fuerzas políticas mantengamos este compromiso y desde el más humilde municipio hasta la entidad federativa más poderosa y, por supuesto, los Poderes federales y órganos autónomos cumplan con estos principios y bases constitucionales para el bien y prosperidad de nuestra patria, además de contar con esta voluntad para abordar los temas pendientes señalados.

Quiero terminar con una frase de Madison, eminente constitucionalista, cuando decía: "Un gobierno popular que no proporciona información al pueblo, o que carece de medios para proporcionársela, no es otra cosa que el prólogo de una farsa o de una tragedia y tal vez ambas cosas. El conocimiento privará siempre sobre la ignorancia y un pueblo que espera gobernarse a sí mismo debe armarse con la fuerza del conocimiento". Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto y esta Presidencia informa que se han registrado para participar en la discusión el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una modificación y el diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro. Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Diputada Presidenta, informo a usted y a la Asamblea que en intercambio de opiniones con los miembros de la Comisión, retiraré la propuesta de adición que formulé a la fracción IV del proyecto de dictamen que está a discusión.

Quisiera, no obstante, pedir su autorización para comentar las razones que me llevan —o me llevaron— a hacer esta propuesta, sin dejar de reconocer, desde luego, el esfuerzo de diálogo, de consenso que antecede al dictamen que nos ocupa y al respaldo social y académico que esta iniciativa tiene. Y también por respeto a ese proceso es que he decidido retirar esta iniciativa y dejarla para una posterior presentación en el marco de una revisión más detallada.

La cuestión de fondo es el debate que, por cierto, habrá de darse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito del recurso interpuesto por el Instituto Federal Electoral respecto de la aprobación del Presupuesto de Egresos para ese órgano autónomo; y el tema es respecto de la naturaleza y los alcances de los entes autónomos.

A mí me parece que el desarrollo de diversas instituciones, órganos administrativos, han llevado en un momento dado, a no distinguir o a no dejar claramente establecido cuál es el control legislativo respecto de dichos órganos y es el caso del IFAI.

El tema, insisto, es de fondo, porque lo primero que tiene que hacer un Estado que aspira a ser soberano, que aspira a contar con las bases sociales, materiales, jurídicas para atender los grandes reclamos nacionales, es fortalecer las instituciones básicas del Estado. De otra forma, compañeras, compañeros diputados, corremos el riesgo de dispersar el poder y no sabemos a quién convenga la dispersión del poder.

¿Cuál es el control Legislativo sobre el Instituto Federal de Acceso a la Información? Bueno, está el control administrativo de los recursos fiscales en términos del artículo 79 constitucional, fracción I; y dice el artículo 34 del IFAI —otro control legislativo muy tenue— que la Cámara de Senadores podrá objetar, o la Comisión Permanente, en su caso, podrá objetar el nombramiento de alguno de los comisionados que haga el Presidente de la República. ¿Hasta dónde, entonces, está la autonomía respecto del Ejecutivo, hasta dónde del Legislativo?

Quiero destacar que ya en un breve periodo de vida de este Instituto ha habido por lo menos situaciones polémicas en relación con el nombramiento de los comisionados, si procedía o no procedía la extensión del período —en un minuto termino, señora Presidenta— respecto de la calidad moral de alguno de los comisionados que nombró el Presidente de la República o su vínculo con algunos representantes emblemáticos del gobierno federal.

También ha habido algunas cuestiones no claras respecto del nombramiento de los funcionarios de la propia institución que deben obedecer a un claro procedimiento, más aún en esa institución transparente de servicio público de carrera. De modo que queda pendiente este tema, es una reforma que avanza, es cierto, pero reconozcamos también que es incompleta.

Habrá necesidad de dar nuevos pasos y esperamos que esta disposición al diálogo y a los acuerdos permanezca, de modo que fortalezcamos las instituciones básicas del Estado y a la vez extendamos los criterios sobre los cuales los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal actúen en términos del espíritu constitucional del artículo 6o. de nuestra Carta Magna. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias señor diputado. Preguntamos al Partido Acción Nacional si va a hacer uso de la palabra, como estaba inscrito, el diputado Cruz Pérez Cuéllar. Adelante.

El diputado Cruz Pérez Cuéllar: Con su permiso, señora Presidenta. Debo iniciar haciendo un reconocimiento, señoras y señores legisladores, al grupo de trabajo y a los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, que hacen de este un día muy importante para la transparencia en México.

Los principios y bases en materia de acceso a la información encuentran no solo sustento en el derecho internacional y en la doctrina y jurisprudencia mexicana sino también en las mejores prácticas que al respecto han instrumentado los gobiernos tanto federal como de las entidades federativas en nuestro país, plasmando normas que reflejan su amplitud y alcance.

De esto ha derivado la coexistencia de una ley federal y leyes locales en todos los estados de la República; y tener diversos diseños no ha sido malo, al contrario, dicho esquema ha permitido el enriquecimiento de las disposiciones en materia de acceso a la información.

Al respecto, habría que recordar que antes de que existiese una legislación federal en materia de acceso a la información, entidades federativas como el estado de Jalisco ya contaban con su propio ordenamiento en la materia, con lo que se convirtieron en vanguardia en el tema.

Hay que recordar también que diversos gobernadores, entre ellos el de Chihuahua, firmaron esta iniciativa. Sin embargo, debe reconocerse que la normatividad que existe actualmente inspirada en un esquema federal, cuenta con debilidades derivadas precisamente de la diversidad, pues el federalismo no implica concepciones idénticas de las cosas, sino que permite que cada entidad federativa, de acuerdo con sus aspectos sociales, culturales y de diversa índole, adopten diferentes formas.

Estas debilidades consisten, y esto es importante, en el hecho evidente de que dependiendo del lugar de residencia del ciudadano es la forma en como éste puede hacer efectivo el derecho de acceso a la información.

Los órganos responsables de tutelar dicho derecho, la calidad con la que reciban la información e incluso la forma en que pueden apelar las decisiones que toman las administraciones públicas de las entidades federativas para tener o no acceso a esos documentos, a esas decisiones, a esos datos producidos por los poderes públicos.

De lo anterior, se desprende en obviedad que cuando se está enfrente de un derecho fragmentado, a efecto de dotarlo de eficacia, se tiene que acudir a una solución en nuestro marco constitucional que fortalezca el derecho de acceso a la información, y que al mismo tiempo, preserve e imprima nueva fuerza a nuestro esquema federal.

Esto es lo que hoy tenemos que destacar —aparte de todo lo que han destacado nuestros compañeros—, es que la reforma que estamos por aprobar el día de hoy, hace que no importe, que no deba importar en qué lugar se habite, en qué lugar se resida o se encuentre una persona para tener las mismas condiciones, los mismos derechos y los mismos procedimientos para acceder a toda la información que se produce por los órganos públicos en nuestro país; motivos todos ellos que justifican la aprobación de las presentes adiciones al artículo 6o. de la Constitución general.

Así las posibilidades que cada una de las entidades federativas tiene para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, a partir de principios y bases mínimas consagradas en la Constitución, redundará en beneficio y fortalecimiento de nuestra democracia; máxima publicidad que cualquier persona —sin tener que acreditar el interés jurídico— pueda acceder a la información, que sea gratuito, que se tenga un sistema informático que permita el acceso de manera remota y también gratuita a la información pública; el deber de publicación mínima, es decir, una serie de datos que deben ser publicados y deben estar al acceso de todos los ciudadanos sin que medie la solicitud; un mecanismo ágil, sencillo y expedito y para ver si la reserva a la información es correcta o no en cualquier parte del país y tutelar los datos personales.

Es decir, este paso hace que todos los ciudadanos, que todos los mexicanos, tengamos el mismo derecho a la información, no sólo frente al nivel federal sino frente a los niveles estatales y municipales.

Sin embargo compañeras y compañeros diputados, esto debe ser sólo el inicio. Los gobiernos del ámbito federal, estatal y municipal están obligados a observar y cumplir principios y bases mínimas en materia de acceso a la información.

Y la ciudadanía está obligada a cuestionar, demandar y en suma, hacer valer su derecho para fortalecer nuestro Estado democrático, porque esta reforma tiene un destinatario: los ciudadanos de este país. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Se pide a la Secretaría dé lectura a la comunicación dirigida al Presidente de esta Mesa, por el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Presente. De conformidad con lo acordado por la comisión redactora, encargada de coordinar los trabajos relativos a la elaboración del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo, con siete fracciones, al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el aval de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, someto a su consideración la siguiente propuesta con el objeto de modificar el párrafo sexto del inciso 6), fracción VI.

De los considerandos de dicho dictamen visibles a foja 19 de la Gaceta Parlamentaria del jueves 1 de marzo de 2007, para quedar de la siguiente manera:

De esta manera, la reforma propuesta no exime a los partidos políticos de sus obligaciones de acceso a la información y transparencia. En los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Del mismo modo, otras figuras de autoridad pública o de interés público deberán cumplir este tipo de obligaciones de conformidad con las leyes específicas que las regulan: la Ley de Entidades Paraestatales, en el caso de los fideicomisos que cobran forma de institución; la Ley de Instituciones de Crédito, en el caso de los fideicomisos bajo la forma de contratos; la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social, realizadas por organizaciones civiles, desarrollando y traduciendo con sus peculiaridades las bases constitucionales que se proponen con la adición.

Atentamente, diputado Raymundo Cárdenas Hernández, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Agréguese al expediente.

Se pide a la Secretaría dé lectura a la comunicación dirigida al Presidente de esta mesa por los diputados Gustavo Parra, de Acción Nacional, César Camacho Quiroz, del PRI, y el diputado Victorio Montalvo Rojas, del PRD.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva. Presente. De conformidad con lo acordado por la comisión redactora encargada de coordinarlos trabajos relativos a la elaboración del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo con siete fracciones del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el aval de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, con el fin de dar mayor claridad y precisión al espíritu de la visión constitucional que se pretende, sometemos a su consideración la siguiente propuesta con el objeto de modificar la fracción IV del proyecto de decreto contenido en dicho dictamen, publicado en la Gaceta Parlamentaria del jueves 1 de marzo de 2007, visible a fojas 21 y en consecuencia del párrafo cuarto al inciso 4.1, los órganos garantes, de los considerandos, visibles a fojas 16 de la citada Gaceta, para quedar como sigue en el proyecto de decreto.

IV. Se establecen mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión en los considerandos del dictamen.

Para lograrlo, la reforma establece que los órganos gozarán de tres autonomías orientadas a garantizar estas cualidades operativas, que consiste en la administración responsable, con criterios propios de gestión, para ejercer su presupuesto con base en los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, sujetándose a la normatividad la evaluación y el control de los órganos correspondientes.

Autorizar adecuaciones y determinar los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminución de ingresos, atendiendo a sus competencias conforme a la ley y, finalmente, la de decisión que supone una actuación basada en la ley y en la capacidad de un juicio independiente debidamente fundado y motivado, al margen de las autoridades en turno. Atentamente, diputado Gustavo Parra Noriega, del Partido Acción Nacional, diputado César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, diputado Victorio Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: En relación con las consideraciones del dictamen, agréguese al expediente. Vamos a consultar, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por los diputados firmantes y para ello pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación en el proyecto de decreto del punto cuatro.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Fracción IV. Se establecerá un mecanismo de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de admitirse la modificación propuesta.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por los diputados Gustavo Parra Noriega, del Partido Acción Nacional, diputado César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, diputado Victorio Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aceptada la modificación. No habiendo más oradores registrados, se considera que está suficientemente discutido el proyecto. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto con la modificación a la fracción IV, aceptada por la Asamblea.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, con la modificación a la fracción IV aceptada por la Asamblea

(Votación)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Las Comisiones Unidas de Equidad y Género de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, han pedido a esta Mesa Directiva haga un llamado a todos los diputados y diputadas que quieran adherirse con su firma al Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que fue firmado ayer, que pasen a estampar su firma a dicho Pacto, a la mesa de la Secretaría General, que está aquí a mano izquierda del presidium o a mano derecha de ustedes; y es ésta una ocasión propicia mientras está la votación, que los que deseen adherirse al Pacto, pasen a estampar su firma en esta mesa. Muchas gracias.

Algunos diputados ya están firmando el Pacto.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente: se emitieron 425 votos en pro, una abstención y cero en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Irma Ayala Castillo, Adriana Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García, John Charles Palmerín, Mario Rivera Landavazo, Laura Yolanda Parra Ramírez y Carolina Marín Hernández para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados de Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura a los dictámenes: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no hay artículos reservados, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Irma Ayala Castillo, Adriana Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García, John Charles Palmerín, Mario Rivera Landavazo, Laura Yolanda Parra Ramírez y Carolina Marín Hernández para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora y Matamoros, Tamaulipas respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún articulo para discutirlo en lo particular, en virtud de que no se ha reservado artículo alguno, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany, para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se va a proceder a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se emitieron 355 votos en pro y tres abstenciones. Ábrase el micrófono por favor de la diputada.

La diputada Mónica Fernández (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: A favor. ¿Quién más? Rubén Aguilar en pro.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez (desde la curul): En pro.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Matus, en pro.

La diputada Holly Matus Toledo (desde la curul): En pro.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Dolores.

La diputada Dolores de María Manuell Gómez Ángulo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Layda Sansores.

La diputada Layda Sansores San Román (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Varela.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Aleida Alavez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Navarro.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): En pro.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Jacques.

El diputado José Jacques Medina (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Alberto Esteva en pro.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: ¿Quién más? Diputada Irene Aragón.

La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Rafael Ramos.

El diputado Rafael Ramos Becerril (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: ¿Su nombre, por favor? Diputado Zepeda.

El diputado Martín Zepeda Hernández (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Concepción Ojeda.

La diputada Concepción Ojeda Hernández (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Marino González.

El diputado Mariano González Zarur (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Adrián Pedroza.

El diputado Adrián Pedroza Castillo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: ¿Diputado Adrián Pedroza? Ya votó. Diputado Antonio Soto Sánchez.

El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Ramón Almonte Borja.

El diputado Ramón Almonte Borja (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Concepción Ojeda Hernández, está registrado su voto en pro. Diputada Rosa Elva Soriano Sánchez:

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado José Luis Aguilera Rico.

El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Gilberto Ojeda Camacho.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Humberto Wilfredo Alonso Razo.

El diputado Humberto Wilfredo Alonso Razo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez.

La diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Gerardo Priego Tapia.

El diputado Gerardo Priego Tapia (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Alma Hilda Medina Macías.

La diputada Alma Hilda Medina Macías (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Rocío del Carmen Morgan Franco.

La diputada Rocío del Carmen Morgan Franco (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada María Sofía Castro Romero.

La diputada María Sofía Castro Romero (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Juan de Dios Castro Muñoz.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez.

La diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Luis Gustavo Parra Noriega.

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Ismael Ordaz Jiménez.

El diputado Ismael Ordaz Jiménez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Adriana Dávila Fernández.

La diputada Adriana Dávila Fernández (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Alberto Vázquez Martínez.

El diputado Alberto Vázquez Martínez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Christian Martín Lujano Nicolás.

El diputado Christian Martín Lujano Nicolás (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado José Martín López Cisneros.

El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: El diputado Francisco Antonio Fraile García, corrige su voto, a favor.

Diputado Presidente: se emitieron 392 votos en pro, cero votos en contra y dos abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 392 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.... (votación); las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Proyecto de acuerdo.

Primero. Se desecha la iniciativa de ley por la que se crea el Comité del 195 Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento del México Independiente, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, presentada por el diputado Armando Rangel Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios.

Segundo. Se archiva el asunto como totalmente concluido.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2007. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Proyecto de acuerdo.

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para imponer al salón de plenos de la Honorable Cámara de Diputados, el nombre del "Presidente Benito Juárez", en honor del licenciado Benito Juárez García, Presidente de México y Benemérito de las Américas, presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez.

Segundo. Archívense los asuntos que trata el presente, como total y definitivamente concluidos.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2007.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para hablar en contra de este dictamen, tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros. El dictamen en sentido negativo que hoy se presenta, para desechar la iniciativa con proyecto de decreto para imponer al salón de plenos de esta Cámara de Diputados el nombre de "Presidente Benito Juárez", carece de sustento en sus argumentos, en tanto que son contradictorios.

Como todos sabemos el Presidente Benito Juárez ha sido distinguido tanto en el ámbito interno del país como fuera de las fronteras mexicanas, como un estadista visionario respetuoso de las libertades. Su vida y obra son dignas de admiración y de encomio, los argumentos que desde esta tribuna esgrimo quedan insuficientes con la magnificiencia de tan distinguido mexicano.

La Comisión dictaminadora aduce en su conclusión A que coincide con la intención de rendir homenaje a uno de los héroes más distinguidos de nuestra historia nacional; en tanto en su conclusión B argumenta que comparte también la idea de estimular la cultura cívica y el conocimiento por los próceres de nuestra patria, pero al mismo tiempo considera que el Congreso de la Unión en su conjunto ha realizado varios homenajes y reconocimientos a la destacada vida, obra y aportaciones a la nación, de Benito Juárez García. Y si bien la propuesta de la iniciativa es loable y justa, una nueva distinción no aportaría más al insigne "Juárez".

Como se desprende de lo anterior, este dictamen negativo —dicho sea con todo respeto— presenta incongruencias en sus conclusiones, porque acepta y coincide con los homenajes rendidos al Benemérito de las Américas, pero al mismo tiempo considera que el Congreso de la Unión le ha realizado varios homenajes y reconocimientos a la destacada vida, obra y aportaciones a la nación de Benito Juárez García.

Los diputados de Nueva Alianza discrepamos respetuosamente de la opinión que presenta este dictamen y por ello votaremos en contra del mismo, porque a los héroes que nos dieron patria, que ofrendaron su vida para que los mexicanos de hoy gocemos de una vida armónica, no se le debe limitar su reconocimiento, al contrario son dignos de todos los elogios posibles porque no alcanzan los homenajes para demostrar el reconocimiento que las instituciones y el pueblo deben tributarles.

Estamos convencidos de que no hay actos de homenaje o reconocimiento que sean suficientes para honrar la memoria de los héroes y personajes de nuestra historia que forjaron nuestra nación, defendieron nuestra soberanía y nos dieron patria y futuro.

Por lo anterior, respetuosamente solicito a ustedes su voto en contra del dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto para imponer al salón de plenos de la Cámara de Diputados el nombre de Presidente Benito Juárez, para que sea devuelto a la Comisión y sea reconsiderado a un sentido positivo del mismo. Es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jacinto Gómez. Se reserva para su votación al final. Continúe la Secretaría.

Proyecto de acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se solicita la adición del apellido de Vargas a la inscripción con letras de oro del Benemérito de la Patria, general Hermenegildo Galeana, realizada en el año de 1823 en el salón de cortes, presentada por el diputado Francisco Chavarría Valdeolivas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Se archive el asunto como totalmente concluido. Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2007.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Dictamen de la Comisión de la Función Pública a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está discusión el punto de acuerdo. No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación al final.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Comisiones Unidas de Economía y de Energía.

Resolutivo

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley que declara reservas mineras nacionales los yacimientos de uranio, torio y las demás sustancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan producir energía nuclear, turnada por el Pleno de la Cámara de Diputados a las Comisiones de Energía y de Economía en fecha 1 de abril del año 2004.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de febrero de 2007.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo impugnado por el diputado Jacinto Gómez Pasillas, relativo a imponer al salón de plenos de la Cámara de Diputados el nombre de Presiente Benito Juárez.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese y pido a la Secretaría ponga también a votación todos los demás puntos de acuerdo que no fueron impugnados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo, excepto el que mencionó el diputado Jacinto Gómez: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo que con sus dictámenes desechan los asuntos que han sido planteados. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Pido a la Secretaría dé lectura a una propuesta de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación de la Junta de Coordinación Política mediante la cual acuerdan solicitar al Ejecutivo federal que manifieste ante la Organización Mundial del Comercio su interés en la solicitud de consultas presentadas por Canadá al gobierno de Estados Unidos de América, sobre los apoyos a los productores y exportadores de maíz.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b) numeral uno del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del PRD, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, con carácter de urgencia, a que por conducto de la Secretaría de Economía y en cumplimiento de sus atribuciones dé atención inmediata a lo siguiente:

Primero. Se adhiera formalmente como tercero interesado a la solicitud de consultas que, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, Canadá presentó al gobierno de Estados Unidos el día 8 de enero de 2007 con respecto a las subvenciones para el maíz y otras medidas distorsionantes del comercio de éste y otros productos agropecuarios que el gobierno norteamericano otorga a sus productores, exportadores y procesadores, así como en relación con el incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en los acuerdos suscritos por esta Organización.

Segundo. Ratifique y dé seguimiento formal a los diversos posicionamientos que en materia de comercio agropecuario ha establecido de manera independiente en marzo de 2001 y como parte del Grupo de los 20 en diciembre de 2004, particularmente en lo que se refiere a:

1. La ampliación de la vigencia del período de reforma hasta el momento en el que inicie la implementación de un nuevo acuerdo en esta materia.

2. La eliminación inmediata de las salvaguardas especiales para los países desarrollados.

3. La inclusión como productores especiales de las mismas fracciones que fueron consideradas como sujetas de las salvaguardas especiales, previstas en el artículo 5 del Acuerdo de Agricultura, y

4. La transformación de la cláusula de paz en una obligación permanente para los países desarrollados en relación con las importaciones de los países en desarrollo.

Tercero. Informe si el Ejecutivo federal ya cumplió con la obligación que tiene en defensa de los productores nacionales, en el sentido de adherirse a la solicitud de consultas realizadas por el gobierno de Canadá y, en caso contrario, se le solicita que lo haga de inmediato.

Dado en el Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 6 de marzo de 2007. Lo firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política, diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del PRI; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del PAN; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del PT y diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para hablar sobre este asunto se han inscrito los diputados Manuel Cárdenas Fonseca y el diputado Enrique Serrano Escobar. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Como es de todos conocido, el gobierno de Estados Unidos proporciona grandes cantidades vía subsidios a sus productores agrícolas. Este tema que hoy tratamos fue motivo de que en días pasados nos expresáramos sobre el mismo estando de acuerdo todas las bancadas.

El que hoy estemos en esta tribuna para nuevamente expresarnos y manifestarnos para que México asista y se presente como interesado en la denuncia-demanda que presentó el gobierno de Canadá ante la Organización Mundial del Comercio para salir en defensa y proteger a sus productores agrícolas, es una clara muestra de que México tiene una situación de grave crisis al respecto.

No podemos dejar pasar que en tratándose de este tema, es materia y responsabilidad única y exclusivamente del Poder Ejecutivo, ahora entonces del Presidente de la República, el establecer mecanismos de salvaguardas, el concurrir a paneles de discusión, el establecer medidas de protección vía cuotas o mecanismos no arancelarios; ésa es la responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo.

Aquí lo comentamos entonces, que este tema tenía fecha fatal. Aquí comentamos entonces que no queríamos que en este caso en particular sucediera lo que pasó con el diagnóstico para empezar los trabajos en materia fiscal y de gasto público.

Aquí también expresamos que no queríamos que este tema al igual que como sucedió en materia tributaria y que advertíamos que no debería de suceder en el Programa de Seguridad Pública y Combate a la Delincuencia, que por cierto tampoco presentó en tiempo el Poder Ejecutivo porque ya estamos en marzo y el plazo vencía en febrero, que no le fuera a suceder en esta materia lo mismo que en esos otros casos.

La exhortación es al Ejecutivo, el tiempo corre. Está por concluir y no tenemos conocimiento de que quiera salir en defensa de los productores mexicanos, contra medidas que distorsionan mercado, que deprimen precios y que atentan contra las asimetrías y los mecanismos de justo reconocimiento que establece la Organización Mundial del Comercio.

Por eso nosotros estamos a favor y queremos el apoyo de todas las bancadas en esta materia. Es cuanto, señor Presidente, y le solicito se inscriba en el Diario de Debates.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Manuel Cárdenas. Inscríbase íntegro el texto en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sara Isabel Castellanos Cortés: Con su venia, señor Presidente. Quiero preguntarles, compañeros legisladores: ¿cuál es el peso que el Poder Ejecutivo le otorga al Legislativo? ¿Qué instrumentos jurídicos disponemos para hacer valer los acuerdos de nuestras Cámaras ante los funcionarios de alto rango del Ejecutivo?

Esta sería la segunda vez que nos pronunciamos en materia de subsidios. El mes pasado aprobamos un exhorto para que el Presidente manifestara su interés en la solicitud de consultas presentadas por Canadá al gobierno de Estados Unidos de América sobre los apoyos a los productores de maíz. Lamentablemente, y pese a la buena disposición de los diputados, creo que el exhorto, materia de este debate, también será un intento fallo.

En el primer caso, los tiempos se agotaron; y de acuerdo con los compañeros que asistieron a la reunión para revisar la llamada "Ley de Agricultura" en Estados Unidos, conocida como la Farm Bill, no existe ninguna posibilidad para que México pueda adherirse.

Las secretarías competentes para negociar este asunto no hicieron su trabajo y el tiempo concluyó. ¿Y ahora qué? Lamentablemente los márgenes legales se estrecharon.

Es fundamental que como Congreso exijamos las explicaciones respectivas y se llegue hasta las últimas consecuencias, porque nosotros exhortamos en un momento oportuno para que las secretarías de Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores se suscribieran a la controversia que presentó el gobierno de Canadá con nuestro vecino país del norte, por indiscriminado volumen de subsidios que otorga a sus productores del agro.

Nuestra petición era sin duda alguna por la investidura de nuestra facultad como diputados, un asunto de interés nacional que no estaba dispuesto a la opinión o facultades exclusivas de los secretarios de Estado.

El día de hoy, la Comisión de Agricultura sostiene un encuentro con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica y todavía no sabemos los términos y los puntos agendados para dicha reunión.

Se nos ha dicho que es una reunión de cortesía, pero creemos que vendrán a negociar dos cosas: la aceptación plena de México de su nuevo proyecto legislativo, que se vincula directamente con la problemática de los subsidios y el convencimiento para no acompañar a Canadá sobre su iniciativa, propuesta que por cierto ha sido apoyada por más de 30 países, quedando excluido, como siempre, nuestro país, México.

La ley está enfocada a ofrecer subsidios y mayores apoyos a los productores agropecuarios estadounidenses, lo que genera sin duda alguna una situación de ventaja comercial para los Estados Unidos que pueda hondar en la crisis que vive el campo mexicano.

Debemos entender que, independientemente de la política nacional que se implemente sobre este tema, nuestros campesinos están al margen de la política de subsidios comentada por los estados.

Y como ya no tengo tiempo, ya nada más quiero manifestar que se deben establecer los límites de su actuar en materia agrícola, tratando de frenar la competencia desleal. Debemos partir del hecho de que la Subsecretaría de Agricultura de este país, de manera franca como lo señaló, no quiere y no renegociará el capítulo agropecuario del TLCAN. Por eso, debemos redoblar nuestros esfuerzos a nivel nacional e internacional. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Sara Isabel Castellanos. Tiene la palabra el diputado Enrique Serrano Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Enrique Serrano Escobar: Gracias, diputado Presidente. El punto de acuerdo que nos ocupa, diputadas y diputados, dice textualmente, y cito: "Canadá considera que dichas medidas generan ventajas comerciales desleales, deprimen los precios de mercado y dañan y amenazan causar un daño serio a los intereses de Canadá". Termina la cita.

Esto es lo que dice Canadá. Nuestro país, nuestro gobierno federal no ha dicho nada, señoras y señores. Se ha hecho necesario presentar este punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que el gobierno federal ejerza sus facultades dentro del Tratado de Libre Comercio y se adhiera a la gestión y a la queja que está presentando Canadá.

Es inconcebible que el Presidente de la República, habiendo ofrecido claramente promover una defensa fuerte, decidida de los intereses del campo mexicano, estemos en estas condiciones en que, a punto de vencerse plazos importantes, no hayamos presentado, por nuestro propio derecho, un recurso de revisión, como lo está haciendo Canadá en estos momentos.

Simple y sencillamente estamos exhortando al Ejecutivo federal para que, no habiéndolo hecho por sí mismo, "se sume y se cuelgue" —entre comillas— de la solicitud que está presentando Canadá al gobierno de Estados Unidos respecto de los subsidios que en forma cuantiosa, abundante y ventajosa otorga a los productores agropecuarios en su país, especialmente en este caso, a los productores del maíz.

Los términos del Tratado de Libre Comercio están por concluir y no hemos hecho esta defensa. Hacemos el exhorto para que nuestro gobierno salga en una defensa legítima, una defensa fuerte, que se escuche la voz del gobierno mexicano en los foros internacionales, como sucedía en otros tiempos.

No sólo es una denuncia respecto de este punto sobre el maíz; es un exhorto al Presidente de la República para que no se dejen pasar estos aspectos tan relevantes de nuestras relaciones comerciales con el exterior y especialmente con Estados Unidos, con quien tenemos una relación de natural desventaja. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Enrique Serrano. Tiene la palabra el diputado Rutilio Cruz Escandón, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Rutilio Cruz Escandón: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. No es posible. Desde el día 8 de enero —ya se van a cumplir dos meses este 8 de marzo, en dos días más— Canadá presentó esta controversia en contra de los Estados Unidos por los grandes subsidios que se dan al maíz y a otros productos agrícolas.

No es posible que México, siendo un asunto de interés nacional en el que está de por medio la soberanía alimentaria, México haya hecho caso omiso a todos los llamados, no solamente de esta Cámara, sino de los productores del campo para que nos sumemos a este acuerdo.

El día 15 de febrero nosotros presentamos aquí, la Comisión del Campo, presentó aquí un exhorto al Presidente de la República.

Este punto de acuerdo que lo hizo suyo otra vez la Junta de Coordinación Política. Y todavía el Presidente de la República, el Ejecutivo federal, ha hecho oídos sordos a este reclamo nacional.

No se trata de ir a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Fíjense, se trata nada más de hacer valer las normas que todos los socios firmaron y las cuales se responsabilizaron a respetar. Estados Unidos no lo está respetando y por eso es precisamente que México tiene que inconformarse conjuntamente con Canadá.

Ya lo hicieron 33 países, ya lo hizo la Unión Europea, sin embargo México, a pesar de que el maíz no solamente influye en la economía del país sino hasta en los asuntos de vida de los mexicanos, todavía estamos esperando una respuesta del Ejecutivo.

Ah, pero eso sí, en el caso en el que Estados Unidos presentó una controversia contra la industria, contra las computadoras, contra el ramo textil en contra de China, el Ejecutivo federal inmediatamente se adhirió a Estados Unidos, hace apenas unos días. El 2 de febrero Estados Unidos lo presentó en contra de China, y el 19 de febrero, México ya estaba sumado a favor de Estados Unidos, en contra de China.

Pero en este asunto todavía seguimos esperando la respuesta del Ejecutivo. Y no es posible que a estas alturas todavía no sepamos si ya tomó una decisión. Si nos dice que no se va a sumar, cuando menos tiene que dar una explicación a esta Cámara de Diputados.

Compañeras y compañeros, por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rutilio Cruz Escandón. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, DF, a primero de marzo de 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados, Presente. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8o., tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del PAN. Que la diputada María Dolores González Sánchez cause baja como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: También el siguiente movimiento en comisión solicitado por el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática. Que el diputado víctor Hugo García Rodríguez cause baja como integrante en el Comité de Competitividad.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: También los siguientes cambios solicitados por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Que el diputado Víctor Samuel Palma César, cause baja como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Que el diputado Patricio Flores Sandoval, cause baja como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Que el diputado Daniel Pérez Valdés, cause baja como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

Que el diputado Patricio Flores Sandoval cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social, y que el diputado José Edmundo Ramírez Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores. Es todo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Esta Presidencia recibió del diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que se integre la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de diversos contratos y concesiones públicas otorgadas a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuviera relación con la misma y que dé prioridad a la situación social en Michoacán. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió del diputado Jesús González Macías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo relativo al daño ecológico causado por la actividad petrolera en el estado de Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Cultura, investigue las posibles violaciones al decreto presidencial por el que se declara zona de monumentos históricos a la ciudad y puerto de Veracruz. Se turna a la Comisión de Cultura.

Del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo a fin de que se presente una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, en contra de servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se turna a la Mesa Directiva.

Del diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo promueva la realización del Primer Congreso Internacional sobre Derechos de los Adultos Mayores. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Atención a Grupos Vulnerables.

Pido a la Secretaría dé lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación.

La Secretaria diputado María Eugenia Jiménez Valenzuela: Acuerdo de la Junta de Coordinación, por el que insta a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, a que en el marco de las atribuciones que le confiera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, a efecto de que informe sobre el estado actual de la red carretera nacional.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Junta de Coordinación Política le corresponde impulsar la conformación de entendimientos y convergencias políticas, con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos.

Segunda. Que las Comisiones de la Cámara, de conformidad con los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53 en correlación con 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad de solicitar por medio de su respectivo Presidente, información a las dependencias del Poder Ejecutivo federal; así como la de citar a los secretarios de despacho, jefes de los departamentos administrativos, directores o administradores de organismos descentralizados o de empresas estatales cuando se discuta un asunto de su ámbito de competencia.

Tercera. Que derivado del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se determina que las directivas de las comisiones deberán informar a ese órgano parlamentario sobre la asistencia de los servidores públicos federales, hecho del conocimiento de la Asamblea el jueves primero de marzo del presente, mismo que determina que los encuentros o citas de trabajo entre las comisiones de la Cámara y servidores públicos federales, a los que hacen referencia los artículos citados por el considerando anterior, deben mediarse a través de la Presidencia de dicho órgano de gobierno previa solicitud de la comisión de que se trate.

Cuarta. Que este órgano de gobierno considera pertinente que esta soberanía conozca del estado actual que guarda la red carretera nacional desde su estado físico, sus niveles de seguridad, así como los proyectos de modernización que el gobierno federal tenga contemplados, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto la Junta de Coordinación Política emite el siguiente acuerdo:

Primero. Este órgano de gobierno insta a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para que, en el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, a efecto de que informe sobre el estado de la red carretera nacional.

Segundo. Notifíquese a la Comisión de Comunicaciones. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 6 de marzo de 2007. Firman el diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, y diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sométalo a votación económica.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese. Tiene la palabra el diputado Christian Martín Lujano, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Sagarpa, a la Profepa y a la Comisión Nacional del Agua informen de las acciones que se han realizado sobre el manejo de contaminantes que emite la empresa Granjas Carrol de México, de extracción del agua del acuífero de Perote, en Veracruz.

El diputado Christian Martín Lujano: Con su permiso, diputado Presidente. La actividad ganadera en México es una de las actividades que ha mostrado crecimiento en los últimos años. Dentro de ésta, la porcicultura ocupa el tercer lugar en importancia por su aportación a la producción total de cárnicos.

Estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM enfatizan que las ganaderías, tanto las de pastoreo como las intensivas, tienen un impacto negativo en la fertilidad de los suelos, la biodiversidad y la calidad del agua.

El mismo Instituto de Investigaciones Económicas reconoce que los problema ambientales más relacionados con la porcicultura se deben al mal manejo en la utilización de aguas residuales, pero también a la proliferación de este tipo de granjas sin controles adecuados.

Un ejemplo de este tipo de granjas intensivas son las granjas Carrol de México, empresa que produce cerdos para abasto y que tiene su domicilio en el municipio de Perote, en Veracruz. Esta empresa inició sus operaciones en el año de 1994 y anualmente lo usa alrededor de 800 mil cabezas que hacen un pie de cría de 40 mil vientres, lo que lo ubica como una de las tres principales productoras de cerdo en México.

Es importante resaltar que el cien por ciento de la producción se vende en México, de la cual el 85 por ciento se comercializa en el Distrito Federal y el Estado de México; el resto entre los estados de Veracruz, Puebla y Tabasco.

Recientemente la empresa tuvo serios problemas de tipo ambiental, ya que contaminaba el suelo, el aire y las aguas; sin dejar de lado la sobreexplotación de los mantos acuíferos, en donde se abastece del vital líquido para consumo humano; esto debido a que no aplicaban los mecanismos adecuados para manejar sus contaminantes y por ende la contaminación del aire que es provocada por el olor fétido que emite la granja, así como la contaminación de los mantos freáticos sobre explotación del recurso, entre otros. Esta problemática fue constatada en la anterior Legislatura por diversos diputados, el 22 y 23 de febrero del año 2006.

Es preciso enfatizar que se descubrió que las áreas de eliminación de desechos no están lo suficientemente alejadas de las fuentes de agua. El agua se extrae indiscriminadamente de los pozos para lavar los residuos. Las lagunas de tratamiento no cuentan adecuadamente con geomembranas y filtros y fosas de tratamiento biológico.

Es preciso, compañeros y compañeras diputadas, que si bien es cierto que el desarrollo económico en México tiene una gran virtud, precisamente en este tipo de granjas, es importante que genere un equilibrio en la producción, pero también en el cuidado del medio ambiente.

Es por eso que esta diputación solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua, que en el ámbito de sus respectivas competencias rinda un informe a esta soberanía acerca de las acciones que se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite la empresa; la vigilancia que se ha efectuado por la misma con respecto al manejo de contaminantes, así como un informe detallado sobre la extracción del agua del acuífero del Valle de Perote. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Christian Martín Lujano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.

Tiene la palabra el diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas, establezca políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante.

El diputado Luis Alonso Mejía García: Con su venia, diputado Presidente. El suscrito, diputado federal Luis Alonso Mejía García, a la LX Legislatura, e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Asamblea

Punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución razonado en los siguientes

Antecedentes

La inclusión de los adultos mayores, su presencia e intervención en los diferentes órdenes de la vida pública de nuestro país ha sido una de tantas prioridades del actual gobierno federal. Hace más de dos décadas se creó por decreto Presidencial el Instituto Nacional de la Senectud, el cual se enfocó exclusivamente al aspecto médico asistencial.

A pesar de los beneficios, las necesidades superaron las expectativas de este Instituto, por lo que en el año 2002, por decreto Presidencial, se destina a la Secretaría de Desarrollo Social el compromiso de reformar y restablecer a este sector de la sociedad, para lo cual modifica su nombre por el de Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen).

Se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que da origen al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual tiene hoy día la rectoría de las políticas públicas para la atención de este grupo social mediante la protección, atención, ayuda y orientación a las personas de la tercera edad; así como dar seguimiento y análisis a las diversas problemáticas con el fin de encontrar soluciones adecuadas, otorgar asistencia médica, asesoría jurídica y opciones de ocupación, entre otros muchos beneficios.

Sin embargo, a pesar de que este programa se ha fortalecido año con año mediante la consolidación de vínculos y apoyos tanto federales como estatales, existen hoy día gobiernos que no ratifican su compromiso con nuestros adultos mayores.

El presente punto de acuerdo surge a raíz de las urgentes demandas de la sociedad que cuentan con 60 años de edad o más y que se encuentran domiciliadas en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores trabaja en coordinación con las entidades federativas y los municipios para prestar a nuestra gente grande, entre otros servicios, el de dotarles de la credencial de INAPAM por lo que en Tamaulipas deben existir módulos para la expedición de esta, tal como se lleva a cabo en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria, pero no es el caso en Tampico, Madero y Altamira.

En el año 2005, la directora del Sistema DIF del municipio de Tampico, licenciada Tita Eugenia Pérez Gallardo, solicitó en forma terminante que se retirara de las instalaciones del DIF municipal el equipo de credencialización por no tener espacio para ello.

La misma respuesta se recibió por el municipio de Madero, sin embargo de manera frecuente se ha ofrecido un módulo fijo, o en su caso movible, para poder otorgar los múltiples beneficios a quienes con sus años de vida se lo han ganado y que constantemente lo reclaman en esta zona.

Por la importancia, diputado Presidente, le pido me permita terminar. En Acción Nacional exigimos el respeto al deber de otorga apoyos que garantizan una mejor y mayor subsistencia, por ser un derecho legítimo y concedido a nuestras personas adultas.

Por esta razón exponemos la presente proposición a esta honorable Asamblea, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes para no sobreponer el interés privado sobre el de la sociedad y que implementen las políticas públicas necesarias para la aplicación y seguimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas.

Por lo anteriormente expuesto, y en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar a esta honorable Asamblea la siguiente propuesta. La traigo considerada como asunto de urgente y obvia resolución, pero mis compañeros de Acción Nacional me piden que la pueda turnar a comisiones, lo cual en este momento decido que así sea, diputado Presidente.

Punto de acuerdo

Primero. Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados a exhortar al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, para que intervenga ante el licenciado Fernando Azcárraga López, presidente municipal de Tampico, ante el licenciado José Guadalupe González Galván, presidente municipal de Ciudad Madero y ante el señor Juvenal Hernández Llanos, presidente municipal de Altamira, a fin de que se respeten de manera cabal los derechos adquiridos por nuestra gente grande mediante el cumplimiento con la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Se exhorte a la señora Adriana González Hernández, presidenta del Sistema DIF de Tamaulipas, para que de manera inmediata establezca la infraestructura necesaria en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, con el fin de allegar a nuestra gente grande la credencial del INAPAM y con ello los múltiples beneficios que legítimamente han ganado.

Solicito a usted, diputado Presidente, que el texto íntegro de mi intervención sea insertado en el Diario de los Debates para su constancia, incluido el cambio que estoy haciendo de que pueda ser turnado el punto de acuerdo a comisiones. He dado cuenta, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Alonso Mejía. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e insértese íntegro en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra la diputada Leticia Díaz de León Torres, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo relativo a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, hasta por tres minutos.

La diputada Leticia Díaz de León Torres: Con su permiso, señor Presidente. Nuestro país, para lograr su pleno desarrollo económico, social, tecnológico y cultural, requiere de la participación activa y decidida de cada uno de los que lo formamos. Sin duda alguna los estudiantes de educación media superior y superior tienen una excelente oportunidad de contribuir con la sociedad a través del servicio social y las prácticas profesionales.

Dicho servicio tiene por objeto extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad, consolidar la forma académica y fomentar prestadores con conciencia de solidaridad con la comunidad a la que pertenecen.

En algunas instituciones universitarias, los programas de servicio social se prestan de diferentes formas como son las brigadas comunitarias; proyectos disciplinarios dentro de las especialidades de la carrera; asesoría técnica; labores administrativas; labores docentes en escuelas, en bufetes, en laboratorios, centro de investigación y de servicios; en organismos sociales, cooperativas obrero-campesinas y en ejidos; en asociaciones civiles y en dependencias u organismos descentralizados pertenecientes al gobierno federal, estatal y municipal, situación por la cual este punto de acuerdo busca construir una vía para apoyar a los prestadores de dicho servicio y prácticas profesionales al aplicar los conocimientos adquiridos y tener un acercamiento efectivo con la población en las actividades que los diputados federales tenemos en nuestros distritos.

Como representantes populares ante esta Cámara de Diputados, somos mayoría quienes provenimos y fuimos electos en el interior de la República. En ocasiones deseamos que alumnos de las instituciones de educación superior de nuestros estados y de nuestros distritos, puedan acompañarnos en nuestras tareas legislativas.

Por ello, consideramos que contar con prestadores de servicios sociales y prácticas profesionales en nuestros respectivos estados y en nuestros distritos, a fin de brindar una atención más adecuada a la comunidad de acuerdo con sus necesidades prioritarias. Esto sin lugar a duda permitirá un mayor acercamiento a la ciudadanía con el trabajo que realizamos y de esta manera nos aproximaremos a la creación de un gobierno humanista, cercano y accesible a las necesidades de los mexicanos.

En este sentido, se inscribe este punto de acuerdo que pongo a su consideración, compañeros y compañeras legisladoras. La propuesta va dirigida a crear un proyecto de prestadores de servicio social y prácticas profesionales que apoyen nuestra labor legislativa en nuestros distritos.

Primero. Que esta H. Cámara de Diputados mandate a la Dirección General de Recursos Humanos para que establezca las reglas específicas de operación del proyecto de prestador de servicio social y de prácticas profesionales a través de convenios que se realicen con la Cámara de Diputados, con las instituciones de educación superior, públicas y privadas de nuestro país.

Que los diputados que así lo soliciten y lo requieran, lo gestionen en las mismas, en su estado respectivo y la Cámara de Diputados, pudiendo así darle validez oficial al servicio que preste.

Lo solicito y lo someto que sea de urgente y obvia resolución. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada, comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Priego Tapia, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Tabasco, instruya la investigación relacionada con el paradero del periodista Rincón Taracena, del diario Tabasco Hoy.

El diputado Gerardo Priego Tapia: El pasado martes 29 de enero se realizó en Tabasco una marcha encabezada por más de 70 periodistas, en la que demandaron que se aceleraran las investigaciones en torno a la reciente desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena; también pidieron que se garantice la integridad física en el ejercicio de su profesión.

La presencia de periodistas y de diversas organizaciones civiles en las calles de Villahermosa respondió a la necesidad de que las autoridades encargadas de impartir justicia garanticen la seguridad en la entidad, cumplan a cabalidad con su obligación y especialmente en lo que respecta a la prevención y defensa de agresiones en contra de comunicadores.

El día que desapareció Rincón puso un excelente reportaje de primera plana sobre en dónde estaban situadas las narcotienditas en todo el estado de Tabasco. Un reportaje dejó para el 21 de enero, al día siguiente —era de primera plana también— en donde señalaba en dónde estaban las bodegas en donde habían acumulado los productos de los robos, asaltos bancarios de bandas que operan en Tabasco. Éstos elementos tienen que ser considerados para la investigación.

Es un problema éste de ataques a periodistas, de violencia contra periodistas que aumenta y no baja en todo el país. En el sexenio de Miguel de la Madrid recordemos que hubo 33 asesinados, en el de Salinas 46, en el de Zedillo 24 y en el Fox 30 y cinco desaparecidos.

La libertad de expresión está recibiendo cada vez más un ataque a sus principales bases y no nada más a la libertad de expresión, sino también al derecho a la información, que es la que nos permite a todos los ciudadanos tener un conocimiento de qué es exactamente lo que está pasando, ingrediente básico para una transición democrática, como lo ha sido en los últimos 20 años a nivel mundial, como la que está viviendo nuestro país.

Éste es un problema de seguridad del Estado mexicano, en donde cada vez que es acallado un periodista, un reportero, un fotógrafo o un locutor, en alguna parte del país estamos permitiendo que ese escrutinio público, ya sea de los cacicazgos locales gubernamentales o de las bandas organizadas en el país, no sea puesto a la información de la población y estamos permitiendo que siga esta impunidad.

Algunos de los ejemplos en los que tenemos que pensar y acordarnos es en qué hubiera sido si no hubiéramos tenido esa denuncia de la red internacional de pederastia, por ejemplo, que hizo Lidia Cacho, o cómo entender la explicación y el conocimiento de los cárteles de la droga en el país sin las investigaciones periodísticas de Jesús Blanco Ornelas en Tijuana o cómo no tener el dato de la matanza de Aguas Blancas, gracias una vez más a los periodistas, que nos insisten en ese escrutinio público y en qué hacer para evitar repetir esas negativas historias.

En Tabasco, en este mes la sociedad ha visto aumentar sus temores por la desaparición del periodista y, sin embargo, existen amenazas latentes todavía. Hoy condenamos enérgicamente el cobarde atentado que el general en retiro, secretario de Seguridad Pública, Francisco Fernández, tuvo a las nueve de la mañana, en plena ciudad de Villahermosa y a luz pública, en donde desafortunadamente murió su asistente y él está en el hospital. El esfuerzo, pues, tiene que ser conjunto entre gobierno federal y estatal.

Punto de acuerdo

Primero. Que exhortamos al gobierno del estado de Tabasco y a su gobernador para que tome las medidas conducentes y que se investigue con profundidad el paradero de Rodolfo Rincón y se informe sobre ello.

Segundo. Que se exhorta al gobierno de Tabasco para que garantice la seguridad de los periodistas al realizar su ejercicio profesional.

Tercero. Que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra Periodistas, adscrita a la PGR, para que profundice la investigación del caso y, de ser éste de su consideración, lo atraiga, si es que cabe en su competencia. Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Priego Tapia. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos. Sonido a la curul del diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Queremos adherirnos a este punto de acuerdo, toda vez que debe resultar de urgente y obvia resolución porque estamos, una vez más, ante un ataque del narco en contra de uno de los derechos fundamentales de los mexicanos: la libertad de expresión. Pedimos que se reconsidere en obvia o urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunto al proponente si está de acuerdo con el trámite que solicita el diputado Suárez del Real.

El diputado Gerardo Priego Tapia (desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estando de acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se considera de urgente resolución: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa, hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame, permítame, diputado. Se aprobó que era de urgente resolución por dos terceras partes, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa y hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día de la próxima sesión)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:37): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de marzo a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.