El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 332 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:22 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Oficio del ciudadano Humberto Peláez Gutiérrez, secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: La Procuraduría General de la República remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación de la Mesa Directiva, en relación a dictámenes negativos de puntos de acuerdo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 12 de marzo, de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Relaciones Exteriores.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a que intervengan en el conflicto del diario El Financiero y un grupo de sus trabajadores.
En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señores diputados, estamos votando un punto de acuerdo. Aquellos que se manifiesten por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la Curul de la diputada.
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Es en relación al punto de acuerdo. Quisiera ver si puedo pasar a tribuna a dar un posicionamiento en relación al punto de acuerdo que se acaba de aprobar ya por este Pleno.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya está votado, diputada, perdóneme. Si quiere decir algo, pásele.
La diputada Adriana Díaz Contreras: Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados. Hago uso de esta tribuna para plantear la injusticia que está sufriendo el periodismo mexicano por el despido injustificado de trabajadores del diario El Financiero.
El trabajo periodístico es vital para el avance de la democracia en México y hoy enfrentamos una situación de la falta de credibilidad, profesionalismo y transparencia por parte de los directivos de uno de los medios de comunicación más importantes del país.
Se ha despedido a periodistas y técnicos especializados argumentando falta de colaboración, colaboración que exige supeditar el ejercicio del desempeño periodístico al aval de una práctica administrativa y empresarial basada en la manipulación de los contenidos, la búsqueda de los recursos económicos por parte de los periodistas y, por lo tanto, la inseguridad laboral.
La propuesta es que mediante la firma de un contrato con una empresa prestadora de servicios se institucionalice la docilidad informativa, a fin de que la oferta periodística que desde ahí se genere promueva ingresos publicitarios suficientes para solventar el pago de los elevados pasivos, salarios y los gastos del cuerpo directivo.
Para el grupo de los despedidos, pero también para el resto de los periodistas que permanecen en El Financiero, la situación profesional fue colocada frente al abismo. Sus ingresos han sido condicionados a la firma del convenio laboral con una naciente empresa prestadora de servicios, cuya razón social no es solamente para editar un periódico prestigioso, sino para respaldar un proceso de producción sustentado en la evasión y elusión de todos los compromisos fiscales, para tolerar que en función de las necesidades administrativas se posponga la cobertura de las aportaciones obreras y patronales ante el IMSS y el Infonavit, con las consecuencias que esto representa para los trabajadores en sus fondos de pensiones.
A los periodistas se les despidió individualmente y sin la posibilidad de apelar a ninguna ley, mucho menos pedir liquidación ni exigir el pago del salario correspondiente y el aguinaldo se les fue también retenido.
Las medidas tomadas plantean un presumible fraude fiscal porque el objetivo de la empresa no es cumplir con el pago puntual de los impuestos, sino de lograr que los contribuyentes sigan subsidiando una producción periodística que desde hace tres años dejó de ser independiente y confiable para los lectores, pero también para los anunciantes.
Por lo anterior se presentó este punto de acuerdo que ya fue aprobado por este Pleno y decirles a todos los periodistas que estamos en apoyo de sus derechos laborales. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Adriana Díaz. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: El Instituto Mexicano del Seguro Social, remite el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2006, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las Comisiones de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la ciudadana María Luisa Elío Bernal por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el cual remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase al promoverte para su conocimiento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la Cámara de Senadores. México, DF, a 6 de marzo de 2007. Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados, presente. Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento del desarrollo y del elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos, precisar responsabilidades y proponer acciones correctivas con objeto de alentar el crecimiento del mercado interno y promover el desarrollo del país, integrada por los senadores: Presidente Dante Delgado; integrantes: Guillermo Tamborrel Suárez, Javier Castelo Parada, Rafael Moreno Valle, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Lozano de la Torre, Ricardo Olivares Sánchez, Francisco Javier Castellón Fonseca, Manuel Velasco Coello, Alberto Anaya Gutiérrez. Atentamente, senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, de Convergencia.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficios de la Cámara de Senadores con los que remite minutas con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary De Retteg, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.
Minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada, para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.
Minuta con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Castellano y Federico Sada González, para aceptar y usar las condecoraciones Orden del Mérito en grado de Gran Cruz y Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda, que les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación. Esta Presidencia recibió del grupo parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos y se inserta íntegro el texto en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado Victorio Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Victorio Montalvo Rojas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El juicio de amparo tiene un principio fundamental que lo rige: el de la relatividad en las sentencias de amparo o también conocido como "fórmula Otero". Con base en este principio las sentencias dictadas tienen efectos relativos, es decir, se limitan sólo a amparar a la persona que invocó la protección de la justicia de la Unión.
Este principio en lo que se refiere a la sentencia emitida en los amparos contra leyes, hoy en día es objeto de gran polémica y debate entre los estudiosos del derecho, los juzgadores y la sociedad en general.
¿Qué sucede con las sentencias emitidas en los juicios de amparo contra leyes donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley? Sin lugar a dudas es aquí donde se observa una gran deficiencia cuando al concederse el amparo en este tipo de juicios solamente se ampara al quejoso sin hacer una declaración general, lo que se traduce en una desaplicación de la ley a favor de persona determinada, quien por cuestiones de carácter económico tiene la posibilidad de impetrar este tipo de juicios, restando con ello su carácter general a la norma jurídica y violando el principio de igualdad de las personas.
Hoy es necesario que el Constituyente Permanente realice una reforma a la fracción II, párrafo primero, del artículo 107 constitucional en el sentido de incluir una declaración con efectos generales tratándose de amparos contra normas de carácter general, declaración que se verificaría desde el momento en que la suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la misma sentando jurisprudencia.
La modificación que se propone en nada atenta contra el equilibrio entre los Poderes de la Unión, ya que la Suprema Corte al declarar la inconstitucionalidad de la norma por jurisprudencia, no anularía los actos del Poder Legislativo, en virtud que quien lo hace es la Constitución de la República estableciéndose de tal forma la imposición a todos los Poderes.
En el caso de los legisladores, la limitante básica no es otra que la propia Constitución y que la Ley Suprema de la nación como obra del Constituyente, expresa la voluntad del pueblo mexicano, quien depositó en dicho Constituyente su soberanía para que pudiera expedir este documento de esencia jurídica superior; por tanto, no puede existir acto o ley que viole o vulnere la Constitución puesto que es nula de pleno derecho.
En el México de hoy no es posible que pueda darse una sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley sin que ello tenga efectos erga omnes. La sociedad mexicana necesita contar con un marco legal que les proporcione seguridad y certidumbre jurídica.
Nuestra actividad legislativa debe tomar en cuenta las necesidades del pueblo mexicano, sus reclamos y esperanzas. La modificación que hoy se propone es sólo reconocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que de ella deriva todo el orden normativo positivo y que es la que establece los criterios para determinar la idoneidad y legalidad de la actuación de particulares y autoridades. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 107. Párrafo segundo: La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja; con excepción de aquellas leyes federales o locales, tratados internacionales o cualquier norma jurídica de carácter general que sea declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso la sentencia de amparo tendrá efectos generales.
Transitorio
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente. Le solicito asimismo, atentamente, que por lo apretado de la síntesis en tribuna, se inserte íntegro en el Diario de los Debates la iniciativa con su exposición de motivos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Victorio Montalvo. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia saluda a los jóvenes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, del Instituto Politécnico Nacional del Distrito Federal, aquí presentes.
Tiene la palabra la diputada Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional y del Código Civil federal.
La diputada Juana Leticia Herrera Ale: Buenos días. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la adopción es el acto jurídico que crea un vínculo de parentesco civil entre el adoptante y el adoptado, derivado en relaciones análogas en las que resulta la paternidad y filiación legítimas.
Hace años la adopción se percibía como la última opción para las parejas que no podían lograr la concepción biológica de un hijo, situación que generaba reservas frente al adoptado, al que con frecuencia se le ocultaba su origen e incluso el propio hecho de la adopción, ya que los padres querían evitar al niño adoptado los problemas de integración que pudiera sufrir un hijo diferente. Además la posibilidad de que en un futuro pudieran interesarse por su familia biológica e incluso pretender vivir con ella.
Hoy, afortunadamente se ve a la adopción como un medio para poder disfrutar de la experiencia de tener un hijo. Por ello los adoptados se constituyen en protagonistas, ofreciendo a quienes los acogen el ansiado privilegio de ser padres.
Sin embargo, es lamentable que en nuestro país aún no se desarrolle una plena cultura de la adopción, dificultad que se acrecenta en los niños mayores de seis años de edad, toda vez que las expectativas de las parejas es siempre tener un bebé.
Caso contrario al que existe en países como España, Francia y Canadá, los cuales durante el período comprendido de enero a julio de 2006, arrojaron el mayor índice de adopciones de niños mexicanos.
A pesar de que la adopción tiene como principal objetivo el dar un hogar a niño en situación de abandono, en México seguimos padeciendo el aumento de niños y adolescentes que ingresan a los centros de atención o albergues, siendo los principales motivos el maltrato, abandono, orfandad total, abuso o porque sus familiares estén en un centro de readaptación social y requieren de la custodia institucional.
Aunado a esto el Estado, quien es el encargado de procurar en todo momento el interés del adoptado, no cumple con el objetivo primordial de la adopción que es dar bienestar al menor e incapaz, por lo que seguimos enfrentando problemas en esta materia.
Para que México avance en materia de adopción es importante la agilización del proceso actual, reduciendo el tiempo para informar a un matrimonio si cumple o no con los requisitos para adoptar, procurando en todo momento que las necesidades esenciales de los niños, el perfil psicológico y que las expectativas sean acordes al solicitante.
En este mismo contexto, las autoridades administrativas y judiciales aseguren que los niños, adolescentes e incapaces se desarrollen en un ambiente de bienestar adecuado.
Compañeras y compañeros, es facultad también de los legisladores cuidar a la familia mexicana como núcleo de nuestra sociedad, conservando nuestros rasgos de identidad, propiciando el respeto, la equidad generacional y la transmisión de valores y cultura a los niños y niñas de México. Por ello, debemos superar los convencionalismos que existen en el tema de la adopción, permitiendo que paulatinamente se vaya teniendo una mayor aceptación social.
Se considera necesario promover nuevos avances para dar mayor sustento y certeza jurídica a la figura de la adopción, en beneficio del adoptante y del adoptado; por lo que se propone modificar el Código Civil federal, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del artículo 123 constitucional.
En materia de Código Civil Federal, la iniciativa propone hacer una definición más clara de los conceptos de adopción simple y adopción plena, disipando con esto cualquier duda que pudiera surgir en el proceso de la adopción. Es por ello que la iniciativa propone adicionar los artículos 402 Bis y 410 A Bis, asimismo, reformar los artículos 402 y 410 A, para establecer con claridad una definición de adopción simple y adopción plena, en donde en el primer caso, el menor o incapacitado que haya sido adoptado puede impugnar su adopción dentro del año siguiente a su mayoría de edad o a la fecha en que haya desaparecido su incapacidad; y en el segundo caso confiere al adoptado los apellidos de los adoptantes y los mismos derechos, obligaciones y parentesco de la filiación sanguínea.
La iniciativa propone eliminar en el artículo 390 lo referente a que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado, lo cual es incongruente a lo que estipula el propio precepto, al marcar como edad mínima para adoptar 25 años.
En el mismo artículo se adiciona una fracción IV, en la cual se prevé que el adoptante debe contar con buena salud y no tener ninguna enfermedad terminal o contagiosa.
En el artículo 391 del Código Civil Federal se modifica lo referente al texto: el marido y la mujer; ya que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. contempla el término adecuado de: el hombre y la mujer, además se agrega la figura del concubinato en este artículo, siendo que el derecho civil lo contempla como otra forma en que dos personas de distinto sexo hagan vida marital y por ende puedan tener derecho a adoptar.
Se adiciona un artículo 401 Bis, en el que se propone que los requisitos para adoptar deben ser claros y congruentes con este Código, debiendo contener un plazo las autoridades para negar o aprobar la adopción de cuatro meses cumpliendo este plazo; en caso contrario, el funcionario que actúe fuera de tiempo será sujeto a responsabilidades.
Es por ello que la iniciativa propone reformar los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y adicionar un artículo 31 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, referente al artículo 123 de la Constitución. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Justicia.
Tiene la palabra la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores.
Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi carácter de diputada federal de la fracción parlamentaria de Convergencia, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
En su capítulo primero, que reforma y adiciona el artículo 3o., fracción II, adiciona la fracción III y recorre las fracciones subsecuentes; adiciona un segundo párrafo a la fracción VII y reforma las fracciones VIII y IX y se agrega la fracción X; en el capítulo 5o. se reforma y adiciona el artículo 17 y se agrega un segundo párrafo, conforme a la siguiente
Exposición de motivos.
El derecho, como producto humano, se advierte rebasado por el hecho social. Las demandas para que los legisladores aborden y eviten lagunas a través de la regulación eficaz son innumerables, de aquí que esta iniciativa represente un proyecto de respuesta a una de las más sensibles necesidades de la sociedad, como lo es una mayor certidumbre y seguridad en el manejo de los pagos a través de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito, las cuales constituyen un elemento que ha sido fuertemente popularizado por las diversas instituciones bancarias y comerciales que el día de hoy se erigen como un verdadero poder fáctico.
De acuerdo con datos emitidos por Condusef, las tarjetas de crédito son uno de los productos financieros más utilizados en México. Actualmente existen 13.5 millones de plásticos. Tan solo de 1999 a 2004, el porcentaje de las transacciones vía terminal punto de venta creció del cuatro al 12 por ciento.
Paralelo a lo anterior, padecemos un incremento proporcional de falsificación y uso indebido de instrumentos de crédito que hacen aquellos que detentan ilegítimamente las tarjetas. Ese uso indebido va desde la compra de diversos artículos usurpando la identidad del titular hasta la realización de transferencias electrónicas o la disposición de efectivo en los llamados cajeros electrónicos.
Es conocido por todos el incremento de las cifras relativas a la comisión de diversos tipos de robo, tales como los cibernéticos, los de tarjetas de crédito e incluso aquellos que se arremeten directamente en contra de las mujeres, violando sus bolsos para extraer las tarjetas bancarias.
Señoras y señores legisladores, la suscrita sufrió este problema en Veracruz y realmente es lamentable que esté pasando esto a las mujeres. Tenemos que presentar esta iniciativa. Los exhorto porque no nos puede estar pasando esto a las mujeres que ahora somos sujetas a estos delitos en toda la República Mexicana; por eso el interés de presentar esta iniciativa.
Y por otra parte, referirme al marco jurídico vigente de la actividad crediticia. No se encuentra una definición jurídica de tarjeta de crédito, mucho menos los elementos que debe contener el plástico o la normatividad que regule el uso de la misma entre consumidores y proveedores, por lo que en caso de un uso indebido del sistema de pago electrónico, no hay tipificación del delito; y en consecuencia no existe penalización alguna.
Y qué decir de aquellos comercios establecidos que admiten como medio de pago las tarjetas bancarias a través del sistema denominado terminales punto de venta. Estos negocios nunca solicitan una identificación oficial como medida de seguridad para confirmar la titularidad de los clientes ni tampoco se hacen responsables de las compras efectuadas por personas distintas a la de los titulares, pues a ellos sólo les interesa vender.
Por todo lo anteriormente expuesto someto a esta Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo primero. Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 3. Fracción II. Cliente: la persona que utiliza los medios de disposición emitidos por cualquier entidad financiera o entidad comercial.
Artículo segundo. Fracción III. Comercio establecido: es aquel que celebra contrato de afiliación con alguna entidad financiera para aceptar tarjetas de crédito y débito como medio de pago, a través de un sistema electrónico denominado terminales punto de venta. El comercio establecido estará obligado a solicitarle al cliente una identificación oficial para poder realizar dicho pago.
Artículo tercero. Fracción VII. Entidad comercial: las sociedades que se dediquen al comercio de bienes y servicios no financieros que otorguen financiamiento a sus acreditados. La entidad comercial estará obligada a solicitarle al cliente una identificación oficial para poder realizar el pago.
Artículo cuarto. Fracción VIII. Medio de disposición: las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios de dinero a la vista, a las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito, a los cheques, así como a las órdenes de transferencias de fondos.
Artículo quinto. Fracción IX. Sistemas de pago: la serie de instrumentos, procedimientos, reglas y sistemas para la transferencia de fondos.
Artículo sexto. Fracción X. Tarjeta de crédito: es el instrumento financiero a través del cual una entidad financiera o entidad comercial como emisores de la tarjeta, conceden a sus clientes mediante la suscripción de un contrato de adhesión una línea de crédito hasta por importe determinado, conocido como límite de crédito.
Por eso compañeros y compañeras legisladores, vengo a presentar esta iniciativa y los exhorto a que votemos realmente con estas propuestas que vengo a presentarles, porque es impresionante lo que está pasando en México en estos robos y que tengamos la tarjeta de crédito con una identificación oficial para que no puedan hacer esos ilícitos.
Por eso el presente decreto entrará en vigor —como transitorio— al siguiente día de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado a los 13 días del mes de marzo de 2007.
Solicito a la Presidencia que se inserte íntegro el texto al Diario de los Debates. Por su atención, señoras y señores legisladores, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 447 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia y solicitando que el texto se inserte íntegramente en el Diario de Debates.
Compañeros y compañeras legisladores. La iniciativa que hoy someto a consideración de ustedes pretende reformar el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación y que se refiere a la figura del depositario.
Es práctica frecuente por parte de los ejecutores fiscales, que al momento de ejecutar un embargo un por un crédito fiscal no cubierto, ya sea de monto pequeño o mayor, se nombre depositario del mismo a la persona que atendió al ejecutor, quien por lo regular no es el contribuyente ni su representante legal, sino que por el contrario, se designa a una secretaria —que su trabajo es muy digno y muy importante— o a un mensajero, al igual que el trabajo de la secretaria, pero que bueno, el causante fiscal y el representante legal, conocedores de las consecuencias legales que tiene el ser nombrado depositarios legales, asumen una actitud de abuso respecto de estos otros compañeros, sean trabajadores o empleados, para que sea el ejecutor de la Secretaría de Hacienda, quien los designe a ellos los depositarios.
Lógicamente estas personas no toman en cuenta la responsabilidad que se les ha conferido con el nombramiento de depositario en este trámite de embargo, debido a que los ejecutores no nada más no les informan de los derechos que tienen, sino simplemente les informan de las obligaciones que tendrán hacia delante en el caso de que incumplan, debiendo decirles que es su derecho el aceptar o rechazar el ser nombrados depositarios.
Posteriormente, llegado el momento en que la administración local de recaudación desea hacer efectivo el crédito fiscal, resulta que ese empleado ya no trabaja en la empresa, no se pudo llevar consigo los bienes porque no eran de su propiedad.
El propietario o el representante legal del causante o de la persona física o moral, ya le dieron otro destino u otro uso, pero para efectos legales y para efectos del derecho positivo mexicano, el responsable es aquél empleado que en su momento fue nombrado depositario y entonces, para hacer efectiva la causa, concurre ante la Procuraduría General de la República y lo demanda por la vía penal, al configurarse la figura conocida como depositario infiel.
Este tipo de abusos no deben permanecer en el tiempo. Y gran parte de la ineficacia y del abuso en que pudiera caer en un momento dado la autoridad, al conocer de suyo que el causante y el representante legal nombrarán a un empleado que no conoce de la materia y que el día de mañana puede ser retirado de la empresa o de la plantilla laboral del causante, persona física, lo hacen con toda la intención.
Así pues, lo que pretende esta reforma es que la autoridad sea la exactota, o sea el funcionario de la misma oficina del SAT para efectos de nombrar depositarios, nombren al representante legal o al causante del crédito fiscal.
Por ello, tomando en cuenta estos antecedentes y considerando que el contribuyente y su representante legal sí conocen de la responsabilidad en la que incurre el depositario de los bienes embargados y al conocer esto no se apersona, porque también es necesario proteger a las personas ajenas de la responsabilidad legal, cuando se trate del representante legal, o de la responsabilidad legal y de causahabiensa fiscal, cuando se trate de la persona física o moral que causó el crédito fiscal, con este tipo de iniciativa se busca eliminar este tipo de abusos.
Por lo anteriormente expuesto someto a esta Honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice:
"Artículo 153. Los bienes o negocios embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras bajo su responsabilidad nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales". Y sigue el texto.
Lo que proponemos es que se reforme para quedar como sigue:
"Artículo 153. Los bienes o negociaciones embargadas se podrán dejar bajo la guarda de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras sólo podrán nombrar depositarios al deudor del crédito fiscal o a su representante legal, indistintamente, pudiendo renovarlos bajo su responsabilidad, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo resguardo o entregarlos al nuevo depositario.
"En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 165, 166 y 167 de este Código.
"Asimismo, para el caso de que el representante legal del causante, o el causante mismo que originó el crédito fiscal no atiendan la depositaría, la autoridad exactora podrá nombrar, con las facultades mencionadas anteriormente, a un tercero o a varios, según considere necesario, cuyos emolumentos por este desempeño correrán a cargo del causante.
"La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de los autoridades fiscales y el depositario será designado por el ejecutor, cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora". Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Con su permiso, señora Presidenta. El pasado mes de diciembre presenté un punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados solicitara al Instituto Federal Electoral redujera el financiamiento público a los partidos políticos. Ese punto de acuerdo no pretendía suplir la necesidad de reforma al marco legal que regula dicha prerrogativa.
Hoy presento una propuesta de reforma constitucional que precisamente busca atender esa problemática; próximamente habré de hacer lo propio al Código Electoral para concretar y ampliar los alcances que hoy propongo.
El excesivo financiamiento público que se otorga a los partidos políticos deriva de los elementos descritos en el artículo 41 constitucional, pero sobre todo deriva de la lógica con que fue concebido dicho artículo, orientada a ver el problema del financiamiento público de los partidos desde la exclusiva óptica del gasto siempre creciente y en volúmenes excepcionales.
No es causal que la fórmula para determinar dicho financiamiento tenga como factor base un elemento denominado precisamente costo mínimo de campaña, el cual hace caso omiso de la precariedad de los recursos públicos para cubrir ese costo. Incluso resulta paradójico que el costo de campaña sirva para determinar un financiamiento federal en años en que no hay campañas políticas.
Sumado a lo anterior encontramos que la atribución otorgada al Consejo General para modificar los costos mínimos de campaña resulta en los hechos letra muerta. Toda vez que las únicas ocasiones en que ha ejercido esa atribución derivó de la decisión de esta Cámara, al reducir el presupuesto al propio Instituto.
La tendencia hacia el aumento del financiamiento público a los partidos políticos es una constante. Un ejemplo, mientras que el incremento ponderado de la inflación de 1998 a la fecha ha sido del siete por ciento, el aumento ponderado al financiamiento a los partidos ha sido del doble. Una somera revisión desde la perspectiva del derecho comparado nos demuestra la incongruencia de nuestra legislación electoral al respecto.
En primer término, en ningún país de América Latina se determina el financiamiento a los partidos desde la lógica propia del gasto partidario, como se hace en México. Y si hablamos de montos la comparación resulta terrible para el sistema electoral y para el costo que en nuestro país asignamos a la actividad política.
Dejando de lado a los países latinoamericanos que no otorgan financiamiento público permanente, tenemos que en los países que resultan comparables, el financiamiento público a los partidos es entre un 50 y un 90 por ciento inferior al que erogamos en México. Efectivamente —y sólo para ejemplificación—, mientras que en Ecuador y Bolivia se gastan la mitad que lo erogado en nuestro país; en Perú y Argentina gastan entre una tercera a una décima parte de lo que gastamos en México.
Caso paradigmático lo constituye Brasil, país que no obstante tener una población y un producto interno bruto significativamente superior al nuestro, eroga a lo sumo una tercera parte de lo que se gasta en México para el financiamiento a partidos políticos.
Incluso desde la perspectiva teórica y desde 1996 se determinó la actual fórmula del financiamiento. Los especialistas habían advertido sobre las consecuencias, el riesgo que se corre del financiamiento en grandes cantidades de aportes públicos resulta en la estatificación de los partidos políticos.
La consecuencia no puede ser otra que el financiamiento partidista se disocie del gasto de los propios partidos; de ahí que la propuesta que ahora presentamos asocie el financiamiento público de los partidos a un monto equivalente al 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo pasado. El principio que sustenta lo anterior es por demás evidente.
El financiamiento a los partidos políticos debe correr con la misma suerte que las finanzas públicas y el desarrollo global de la economía, de la manera que ocurre con todos los mexicanos. Dicho porcentaje coloca a nuestro país en un nivel similar a lo que se otorga en otros países de América Latina e incluso todavía por encima de ellos.
Para conocer los efectos de dicha medida bastará señalar lo siguiente; de haber aplicado la formula que hoy se propone, el sexenio anterior, hubiera significado un ahorro aproximado a las finanzas públicas de 11 mil millones de pesos; sin embargo tal criterio no debe plantearse de manera aislada.
Por eso, en dicha reforma que estoy presentado hoy, se consideran otros aspectos que por jerarquía normativa los presento de la siguiente forma:
Primero. Se establece un régimen transitorio para que la reducción del financiamiento se realice de manera paulatina a partir del próximo año, a efecto de que año con año y de manera gradual dicho financiamiento se vaya reduciendo hasta alcanzar el citado porcentaje en el presupuesto de egresos.
Dos. Distinguen el rubro de financiamiento de campaña, elecciones generales de elecciones intermedias.
Tres. Es una reforma con perspectiva de género en tanto que dentro del rubro conocido como "financiamiento por actividades específicas" establece un financiamiento adicional del 10 por ciento otorgado por actividades ordinarias permanentes, por concepto de representación política femenina en cualquiera de las Cámaras del Congreso.
Cuatro. Establece desde la norma constitucional la obligación para que cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno, así como para cualquier persona física, moral u organización o ciudadano deba atender a los requerimientos de información que solicite el Instituto Federal Electoral en materia de fiscalización de partidos políticos y
Cinco. Prohíbe que cualquier entidad pública de los tres niveles de gobierno realicen promoción institucional durante todo el período que abarque la campaña electoral.
En suma, esta reforma constitucional que Alternativa presenta comprende varios de los principales pendientes del sistema electoral mexicano en materia de financiamiento, fiscalización de recursos, equidad en la contienda y perspectiva de género.
Es obvio que los planteamientos expuestos no agotan la agenda electoral ni lo pretenden, pero difícilmente la próxima reforma electoral podrá considerarse de fondo si se dejan de lado los asuntos que hoy estoy exponiendo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos visitan, y al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, quien los ha invitado. Y les damos la bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria "Selma Lagerlof". Muchas gracias por habernos visitado.
Tiene la palabra el diputado Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población.
El diputado Cruz Pérez Cuéllar: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El suscrito diputado Cruz Pérez Cuéllar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente decreto que reforma los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Subo a esta tribuna sobre un asunto que de antemano sabemos es una preocupación general de los distintos partidos políticos aquí representados y de una demanda social que ha permanecido al margen, que es la situación de los migrantes que se integran a territorio mexicano de forma ilegal.
En efecto, mediante el documento "México frente al fenómeno migratorio", un grupo integrado por funcionarios del gobierno, encargados de la gestión de este fenómeno, senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos de la sociedad civil acordaron iniciar un esfuerzo conducente a la consolidación de una política migratoria nacional a partir de un diagnóstico y plataforma comunes.
Se establecieron algunos principios y compromisos que deben ser atendidos, como lo son: principios como el desarrollar y aplicar leyes y políticas migratorias con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio y compromisos, como el evaluar y actualizar la actual política migratoria del Estado mexicano, así como su marco legal y normativo ante las nuevas realidades regionales e internacionales en materia de inmigración, trasmigración y emigración, con un horizonte de 15 a 20 años.
Lo anterior, compañeros diputados, viene a colación ante el evidente rezago en que se ubica actualmente la Ley General de Población, vigente desde 1975, sobre un asunto que debe ocuparnos no sólo por los principios y compromisos arriba descritos y asumidos sino por un sentido elemental de congruencia y respeto a los derechos fundamentales de todos los migrantes, esto es el trato que se les da a los migrantes extranjeros que se internan en territorio mexicano de forma irregular.
Según cifras del Instituto Nacional de Migración, en los últimos cuatro años han aumentado considerablemente las detenciones de indocumentados extranjeros que se internan en suelo mexicano.
Lo anterior indica claramente la magnitud del desafío que las autoridades mexicanas enfrentan y más aún la trascendencia de renovar ciertos aspectos de la Ley General de Población, en este caso, con la intención de garantizar siempre y en todo momento la protección y salvaguarda de sus derechos fundamentales.
En apenas cuatro años se ha duplicado el número de indocumentados devueltos por México a su país de origen, lo que resulta en un llamado urgente de atención. Dicha atención adquiere también su especial importancia en el marco de la negociación o impulso por una reforma migratoria en los Estados Unidos.
Como ejemplo, resulta conveniente mencionar y recordar lo ocurrido durante la presentación de la llamada HR-5523, iniciativa de ley presentada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el congresista John Linder. Dicha Iniciativa, irónicamente, pretende trasladar ciertas restricciones y endurecer las políticas de entrada de inmigrantes al territorio estadounidense, tal y como lo establece la Ley General de Población Mexicana.
De hecho, en una visita que realizamos al Congreso de los Estados Unidos, varios legisladores que apoyan o impulsan una reforma migratoria en Estados Unidos que proteja los derechos de los migrantes mexicanos o latinoamericanos argumentaron que los congresistas más conservadores de Estados Unidos usan la Ley de Población Mexicana como su principal argumento; y esta iniciativa es una copia de la Ley de Población de nuestro país.
En efecto, llama la atención como en los Estados Unidos, país con el que la migración ocupa un espacio trascendental en la agenda bilateral y donde el respeto a la dignidad y derechos de nuestros migrantes es un tema permanente, se propusiera incorporar ciertos elementos de nuestra Ley General de Población para fortalecer la legislación migratoria de dicho país.
Sin duda, nuestra Ley de Población debe ser urgentemente revisada pues se encuentra francamente rebasada por el contexto actual.
De manera específica debemos revisar el trato que la propia ley establece para los migrantes extranjeros que se internan a territorio mexicano de manera irregular. El principio de partida debe ser el mismo que se exige. La búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida, no es un crimen.
Como sabemos, el derecho penal garantista tiene como fin la protección de bienes jurídicos, fundamentales por ello, si tomamos en consideración que el objeto de la Ley General de Población es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, resulta necesario reflexionar respecto sobre si la legislación migratoria en la actualidad, particularmente los delitos especiales previstos por la norma se encuentran adecuados a la nueva realidad social y política por la que atraviesa nuestro país, así como si llega a cumplir los fines para los que se creó en un inicio.
De esta forma, actualmente resulta obligado el replantear algunas disposiciones penales previstas en la norma que se estima han quedado rebasados y no son propios de un Estado democrático de derecho bajo la óptica de que no cualquier infracción a las disposiciones migratorias debe implicar una conducta delictuosa.
En efecto, la facultad punitiva del Estado sólo debe funcionar como última instancia y en aquellos casos en donde la conducta cometida implique la conculcación de los valores fundamentales de la sociedad.
En tal virtud, se plantean reformas para despenalizar conductas migratorias que hoy se consideran un delito y que están sirviendo de pretexto para que los más radicales en Estados Unidos ataquen a los migrantes mexicanos y latinoamericanos.
Finalmente, cabe reiterar que resulta este esquema actualmente rebasado y no corresponde a una visión de Estado caracterizada por altos flujos migratorios que dirigen tanto transito y estancia, por lo tanto estamos proponiendo esta iniciativa de ley. Solicitamos que se inserte íntegro el texto, señora Presidenta, en el Diario de los Debates y los exhortamos a apoyarla para ser congruentes con lo que estamos exigiendo en Estados Unidos, para no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Sonido en la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Sí, Presidenta. Nada más para felicitar la iniciativa que ha presentado el diputado Cruz Pérez Cuéllar y ya que entremos a discutirla, realmente despenalizarla por completo, pero en principio es muy buen avance y quería hacer esta felicitación pública. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Raciel Pérez Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Raciel Pérez Cruz: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto por la normatividad que nos rige, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de las siguientes
Consideraciones
Parto de la premisa de que el ayuntamiento debe ser el órgano de gobierno que represente los intereses de la comunidad municipal y constituye una fuente fundamental de la soberanía popular.
Debo aclarar que esta iniciativa considera la contrastante diversidad de municipios que representa los intereses de la comunidad municipal y que existen en nuestro país. Es entonces imposible que esta iniciativa contemple las condiciones y necesidades de todos los municipios del país, por lo que excluye de su espectro la situación de los municipios rurales e indígenas que demandan análisis y respuestas específicas.
Esta iniciativa está dirigida a los municipios que atraviesan por un rápido proceso de desarrollo económico y en donde se ha generado un aparato municipal de gobierno complejo. De manera gradual se ha producido una intensa revaloración pública de los gobiernos municipales, revaloración que se puede constatar por su presencia cotidiana en los medios de comunicación y en el debate académico.
El municipio ha sido estudiado con minuciosidad en su labor administrativa. Los gobiernos municipales se han convertido en un espacio intenso de interacción con el ciudadano quien contribuye a su financiamiento y recibe directamente sus servicios y obras públicas. Las administraciones municipales han crecido como aparatos y han incrementado sus capacidades instrumentales y de recaudación.
Sin embargo, la descentralización y modernización del municipio no han seguido los mismos ritmos que la promoción de prácticas democráticas en el funcionamiento de los ayuntamientos. El fortalecimiento de la hacienda municipal por sí misma no constituye una relación democrática con la sociedad ni define una mejor calidad de la representación política.
En los últimos años en el país se han producido cambios importantes en la configuración de su estructura institucional; cambios costosos y complejos que han producido un nuevo equilibrio de Poderes; cambios que deben involucrar también a los gobiernos municipales porque son indudablemente instituciones asociadas a la gobernabilidad.
Las estructuras de poder en el municipio han sido las últimas en avanzar en la dinámica del cambio institucional del país. Las administraciones municipales carecen de políticas e instrumentos de continuidad; sus acciones siguen ligadas al corto plazo, a las necesidades inmediatas, a atender demandas urgentes o promesas de campaña electoral desligadas de cualquier estrategia de desarrollo regional o federal.
Basta con revisar las páginas de algún periódico de circulación nacional o local para darnos cuenta de las múltiples problemáticas que aquejan la vida municipal: finanzas municipales quebradas; nepotismo; falta de transparencia en la administración de sus recursos; sueldos onerosos e inmorales; servicios deficientes o inexistentes.
Incluso desde hace algún tiempo se ha iniciado la discusión en los círculos académicos y políticos sobre la posibilidad de promover la reelección inmediata de los presidentes municipales o de ampliar el período de su ejercicio.
Sostengo que ésa es una discusión desfasada, porque antes debemos llamar la atención sobre la necesidad de actualizar la vida institucional de nuestros municipios. Desde esta tribuna hacemos un cuestionamiento a la capacidad de los gobiernos municipales para incorporar la pluralidad de intereses y demandas sociales a la toma de decisiones. Ni la competitividad electoral ni la alternancia política municipal han modernizado sus estructuras de poder.
La vida de nuestros municipios se asienta sobre una herencia que pertenece al modelo autoritario del sistema político que impone fuertes restricciones a la representación política y a la participación ciudadana. La fundamentación de la representación política en nuestros municipios radica en las reglas de integración de los cabildos, establecidas por la legislación electoral de los estados, donde predomina un modelo de características uniformes; elección de los integrantes del ayuntamiento por medio de una planilla bloqueada y cerrada y un sistema mixto entre mayoría relativa y pseudo representación proporcional.
La integración virtualmente monopartidista de los cabildos permite al partido ganador imponer absolutamente sus decisiones a una débil minoría. Más aún, cancela la posibilidad de la negociación política de las decisiones que en los hechos se traduce en una prerrogativa del partido mayoritario.
En los reglamentos municipales no existen niveles mínimos de aprobación, tal como sucede en los Congresos estatales o en las Cámaras federales, donde determinadas decisiones requieren de tres cuartas partes de la votación para ser aprobadas.
Es incorrecto que a los regidores de los partidos minoritarios se les denomine de representación proporcional, cuando son en realidad regidores de un sistema presidencialista de mayoría absoluta. Por eso, desde esta tribuna señalamos que las legislaciones de los estados no han cumplido con el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos, tal y como lo establece la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Federal desde 1983. Persiste en nuestros municipios una estructura presidencialista que concede al presidente municipal atribuciones excesivas.
Concluyo, ciudadana Presidente. Honorable Asamblea, esta iniciativa plantea que en tanto no existe diferencia entre el Poder Ejecutivo municipal y la Asamblea que forma el ayuntamiento con sus respectivas atribuciones y facultades específicas ni tampoco existen delimitaciones territoriales, es decir, distritos electorales municipales, la asignación de síndicos y regidores municipales debe obedecer a la vía de la representación proporcional pura, es decir, directamente proporcional a la votación que cada partido obtenga.
La modernización política de los ayuntamientos pasa necesariamente por la construcción de mecanismos que permitan sentar las bases para una efectiva representación de todos los integrantes del cabildo. Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el párrafo de la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue
Artículo 115, fracción VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional pura en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, eligiendo por planilla separada al presidente municipal de los otros integrantes del cabildo. Es cuanto, ciudadana Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se concede el uso de la tribuna al diputado Israel Beltrán Montes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
El diputado Israel Beltrán Montes: Con su permiso, diputada Presidenta. Al presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que someto a la consideración del honorable Pleno, le solicito atentamente se sirva ordenar la publicación del texto íntegro en el Diario de los Debates conforme se encuentra inserto en la Gaceta Parlamentaria.
Señoras y señores legisladores. El suscrito, diputado Israel Beltrán Montes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia conforme a las siguientes
Consideraciones
Al promulgarse el 15 de enero de 2002 la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia tuvimos un avance significativo en el proceso de regular el crédito y minimizar el riesgo crediticio, porque al proporcionar información que ayuda a conocer el comportamiento en el pago de empresas y personas físicas, otorga determinadas garantías al cliente deudor contribuyendo a formar la cultura del crédito entre la población e impulsar el desarrollo general del país. No obstante experiencias previas y posteriores a su vigencia han demostrado que siguen existiendo desequilibrios e iniquidades en perjuicio del sector de los deudores.
La economía del presente se caracteriza, de manera significativa, en una masificación del crédito, entre las manifestaciones distintivas de la globalización y el vertiginoso desarrollo tecnológico en que vivimos. Es común el uso de dinero de plástico, como se denomina al crédito que se ejerce mediante tarjetas de crédito y la comercialización a través de los medios electrónicos y televisivos, cada día más intensa.
Estos procesos, lo podemos constatar, se han visto acompañados de prácticas abusivas y crisis cíclicas que ponen en peligro no sólo la economía de los deudores, sino la economía nacional en su conjunto.
La crisis económica que sufrió nuestro país en 1994 —según opinión de los expertos— tuvo entre sus causas el crecimiento desmesurado del crédito a través del uso de tarjetas de crédito, práctica que no obstante haber coadyuvado a que los efectos de la devaluación de ese año no fueran tan desastrosos, también puso en claro que la insolvencia generalizada de millones de familias generó, a su vez, la crisis en todo el sistema bancario.
Pudo así confirmarse que el crecimiento desmedido y sin salvaguardas del dinero de plástico puede crear la ilusión de una mejoría en el nivel de vida hasta que se llegue al nivel de incapacidad de pago, que puede degenerar en la quiebra real o virtual de los deudores y, según el grado de su alcance, causar un efecto catastrófico en la economía nacional como el de 1994 que impactó nuestro desarrollo económico durante varios años; experiencia que no puede ser olvidada.
A principios del año en curso, el Banco de México reveló que el saldo de la cartera vencida en tarjetas de crédito creció desmesuradamente al pasar de dos mil 114 millones de pesos en noviembre de 2000 a 12 mil 131.8 millones de pesos en 2006, casi seis veces más, mostrando un crecimiento exponencial.
Estamos inmersos en una agresiva política de oferta de créditos por instituciones financieras y empresas comerciales que con hábiles promociones de mercadotecnia como son las ofertas de productos en pagos mensuales sin cargo de intereses, tarjetas de crédito y otro tipo de concesiones crediticias, prácticamente sin exigir requisitos, imprimen una dinámica de consumo excesivo que deriva, como lo confirman las cifras del Banco de México, en la morosidad en el pago entre los usuarios de tarjetas de crédito; fenómeno que muestra índices de crecimiento como no se contemplaban desde 1994.
Lo anterior propicia campañas no sólo agresivas sino amenazantes y ofensivas contra quienes —seducidos por la ilusión del crédito— han caído en la desgracia de la morosidad en los pagos, pues basta el incumplimiento de una mensualidad para que se pongan en operación por un sistema de grabaciones telefónicas repetidas hasta el cansancio, advertencias que hacen empleados adiestrados en la manipulación personal, la presión psicológica y la amenaza; o bien, recordatorios por vías telegráfica o postal.
Agregado a todo lo anterior, el cobro exagerado de comisiones, intereses moratorios, gastos de cobranza que agravan todavía más la situación crediticia y crítica, y posición en desventaja de los deudores que así son explotados sin medida, sin ética y muchas veces impunemente.
El 12 de febrero un periódico Uno más Uno consigna: "El abuso en el cobro de comisiones por uso de servicios bancarios dejó a los bancos y otras instituciones financieras ingresos por 12 mil 520 millones de pesos, lo que representó el 27.8 por ciento de sus ingresos totales, y que los ingresos por comisiones netas por las actividades de intermediación arrojaron utilidades de 402 millones de pesos en el mismo periodo. Todo ese capital, en detrimento de los usuarios".
Lamentablemente la ley en la materia es un mecanismo pensado, creado y operado para el beneficio de las entidades financieras y las empresas comerciales, que sólo marginal y tibiamente se ocupa de la tutela y salvaguardar de los derechos de los deudores.
Al registrarse en el Buró de Crédito el adeudo vencido de un cliente deudor, sin que él haya tenido participación alguna en el proceso, sin haber sido notificado o escuchado para hacer las aclaraciones pertinentes, además de que pasa por alto la aplicación de derechos importantes como son los relativos al secretario financiero y al aspecto de confidencia que se está causando un daño evidente, porque además de ocasionarle desprestigio personal e impedirle acceder a más créditos, se afecta su economía y desempeño.
Le suplicaría, si me puede extender un minuto más su tiempo.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante.
El diputado Israel Beltrán Montes: Por eso proponemos que el cliente deudor reciba información oportuna sobre algún adeudo en cartera vencida y que sea escuchado para defenderse y pueda aplicar oportunamente el recurso de reclamación.
Por tal motivo se expresa de esta manera el siguiente
Decreto
Único. Se adiciona una fracción VIII al artículo 2o., recorriendo en su orden las numerales de las fracciones subsecuentes; se reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 5o.; se reforma el artículo 23, en sus párrafos primero y segundo; se adiciona un párrafo cuarto recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes y se reforma el párrafo final del artículo 28; se reforma el párrafo primero del artículo 29; se reforma el último párrafo del artículo 30; se adicionan los párrafos tercero y cuarto del artículo 38; y se reforman los artículos 44, 45, párrafos primero y segundo, 51 y 52, párrafo primero, y 53, fracción I, todos de esa Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia extiende un cordial saludo a los maestros del Colegio de Profesores de Idiomas que nos hacen el honor de visitarnos. Gracias por esa visita.
Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Humberto López Lena Cruz: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros. Ha sido muy discutido el tema de la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias por considerarse un atentado contra la libertad de expresión.
Hace unos días, la colegisladora aprobó la minuta emanada en esta Cámara para la derogación de dichos delitos del Código Penal federal y su inclusión en el Código Civil federal para que sea ésta la vía idónea para castigar algún atentado contra la moral, el honor y la reputación.
Lo anterior, como producto de distintas iniciativas que se han presentado en el mismo sentido y que aglomeran la fundamentación teórica y jurídica respecto a la necesidad de eliminar las medidas punitivas contra la libre manifestación de ideas.
La despenalización impulsada por la Cámara de Diputados y aprobada recientemente por la Cámara de Senadores es sin duda un gran avance para unificar los criterios internacionales al respecto y evitar la censura previa en los medios de comunicación, sentándose un precedente importante que se pueda tomar como base para que nuestro marco jurídico normativo otorgue los medios que garanticen el cumplimiento exacto a la libre expresión.
En mérito de lo antes expresado y en mi carácter de integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y la Especial para la Atención a las Agresiones a los Periodistas y Medios de Comunicación, considero de esencial importancia que la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias no sólo sea en el ámbito federal, sino que sea extensiva para todas las entidades federativas, y eso puede conseguirse estableciendo el mismo criterio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En esta iniciativa propongo una reforma de adición al artículo 6o. constitucional que automáticamente hará efecto en el 7o. en la misma Ley fundamental. Dicha reforma consiste en que se prohíba la pena privativa de la libertad en el ejercicio libre de las manifestaciones de las ideas, trasladando al ámbito civil cualquier ofensa al honor, reputación, moral o cualquier otro bien jurídico tutelado similar.
El efecto referido sobre el artículo 7o. es en razón de que al brindarse mayores apoyos para la libre manifestación de ideas, se hará extensivo a la libertad de expresión.
La reforma anunciada pretende rescatar el importante contenido de la minuta aprobada recientemente en el Senado, en el entendido de que sólo se está eliminando el fuero federal de estos delitos, subsistiendo los mismos en las entidades federativas, con excepción de cuatro estados de la República: el Distrito Federal, Durango, Morelos y Baja California, que ya han despenalizado esos delitos, pero en todos los demás siguen tipificándose, con el riesgo consecuente de que las autoridades sigan abusando del poder y utilicen esta figura jurídica para acallar a quienes consideran sus enemigos y por pensar diferente a ellos, o no someterse a sus caprichos.
Ahora bien, en atención a lo anterior y con la finalidad de que la reforma constitucional sea armónica con los demás ordenamientos jurídicos emitidos previamente y que siguen estando vigentes, por lo cual se propone derogar los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta. La cual establece, en los citados numerales, las sanciones penales por la realización de los delitos contenidos en los mencionados ordenamientos, los cuales son: los ataques a la vida privada, los ataques a la moral, los ataques al orden o a la paz pública.
Por lo antes expresado, y en el entendido de que el tema se ha debatido ampliamente —no pretendo ser repetitivo—, me permito presentar la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta.
Artículo primero. Se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque a la moral, los derechos a terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público. En estos casos sólo se aplicarán sanciones civiles que reparen el daño causado, quedando prohibidas las penas privativas en la libertad, el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Artículo segundo. Se derogan los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta para quedar como siguen:
Artículo 31. Derogado.
Artículo 32. Derogado.
Artículo 33. Derogado.
Transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se establece un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la iniciación de la vigencia de la presente reforma, para que las legislaturas de los estados ajusten sus códigos penales y civiles en el sentido de la reforma constitucional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de marzo del 2007.
Es cuanto, señora Presidenta. Solicito que se inserte en el Diario de los Debates por haberle hecho algunas modificaciones.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Insértese el texto, como lo solicita el diputado, íntegramente en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribunal al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Solicitándole muy respetuosamente que esta intervención se inserte en forma íntegra en el Diario de Debates. Estimados compañeros legisladores.
El día de hoy respetuosamente someto al Pleno de esta soberanía decreto de reforma que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General.
El tema es el formato del informe presidencial. Es de todos conocido —ha sido por la gran mayoría de nosotros expresado inclusive— que el formato del informe presidencial es obsoleto, es inoperante y es insuficiente para la relación entre Poderes.
Así pues, lo que hoy pretendemos hacer, porque no podemos esperar a tener la gran reforma estructural en materia de reforma del Estado; ya tenemos ahí una iniciativa que como iniciativa de ley no cumple los requisitos de ley y de reforma del Estado no toma en cuenta lo que debe de considerarse como partes integrantes del Estado, y a veces dejamos de lado que el trabajo legislativo es por aproximaciones, reconociendo los pequeños detalles que le den viabilidad y sustento a la convivencia parlamentaria y al trabajo legislativo. Así, la historia del ritual político en el que se ha convertido el informe presidencial, está agotado.
De una breve recapitulación histórica se desprende que desde las constituciones anteriores a 1857 se consignaba que el Ejecutivo debía presentar durante el segundo periodo de sesiones el presupuesto del siguiente año, pero no se establecía la obligación de informar sobre el estado de la administración pública.
Así transcurrió, se llegó a la Constitución del 24, a la del 42, a las bases orgánicas de 43 y al acta de reforma de 1847.
Respecto del informe presidencial y aun cuando las constituciones no fundaran la responsabilidad del Ejecutivo para presentarlo, desde el gobierno de Guadalupe Victoria, primer Presidente de la República, se introdujo la práctica de pronunciar discursos meramente informativos o como preámbulos generales a la situación política, bélica y económica del país.
De hecho el Ejecutivo intervenía en la apertura y en el cierre de sesiones. Y es así que en la Constitución del 57 en ella se estableció claramente en su artículo 63, párrafo primero, Título 111, que durante la asistencia del Ejecutivo a la apertura de sesiones del Congreso —que entonces eran dos periodos por año— aquél pronunciaría un discurso en el que se manifestaría el estado que guardaba el país y la Cámara respondería en términos generales.
En la Sección Segunda, Sobre el Poder Ejecutivo, en su artículo 89 de la Constitución liberal del 57, se asentó que una vez abiertas las sesiones del primer período, los secretarios de despacho darían cuenta al Congreso, del estado que guarda su respectivo ramo o carteras.
Los constituyentes temerosos de que el Ejecutivo se impusiera sobre el Legislativo y extralimitara sus facultades, intentaron contenerlo mediante la supresión del Senado, de tal forma que en un solo cuerpo colegiado pretendía tener mayor cohesión y decisión sobre las actividades y las responsabilidades del Presidente. Y así siguió.
Llegó la etapa de Porfirio Díaz en la que finalmente llegamos a los tiempos de nuestros días en el siglo XX, y las variantes del recurso oratorio y del discurso revolucionario —y en ocasiones bélico— a partir de la segunda mitad del siglo XX, pasó a ser un discurso de exaltación, propio de la más pura vanidad en el sentido negativo.
Por lo anteriormente expuesto, compañeros, y para que en próximas fechas en este mismo año no caigamos en el mismo error de que la Constitución no contempla en ninguno de sus momentos, que el Ejecutivo dirija un mensaje a esta soberanía; lo que contempla es simple y sencillamente que rinda un informe escrito, pretendemos que ese texto sí sea congruente con el texto de nuestra Ley Orgánica, para entonces suprimir lo que sí establece la Ley Orgánica, que no es lo que demanda la Constitución, de que algún diputado le conteste al Presidente sobre un tema que la propia Constitución no establece, que deba rendir el mensaje oral al que nos hemos venido refiriendo.
Así, esta iniciativa de decreto con proyecto de reforma, establecería lo siguiente
Artículo Primero. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue
Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias de los períodos del Congreso, el Presidente de la República remitirá un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue
Artículo 7o. 1. El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer período del Congreso, el Presidente de la República remitirá un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.
2. Se deroga.
3. El Presidente del Congreso turnará el informe remitido por el titular del Ejecutivo a comisiones. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del período de sesiones y que el Presidente de la República remita informe. En tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.
4. Las Cámaras analizarán el informe remitido por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.
5. Tal cual.
Transitorios
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señores, hagamos congruente el texto de nuestra Ley Orgánica con el texto constitucional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Cárdenas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se rectifica el trámite dictado a la iniciativa presentada por el diputado Humberto López Lena Cruz que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga los artículos 31, 32 y 22 de la Ley de Imprenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 351 y 352 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Con su permiso, señor Presidente. En la escala de valores de los mexicanos, según una encuesta hecha en el mes de febrero por la empresa Mitofsky, dice que lo más importante para el mexicano es la familia en el 67.4 por ciento.
En el país existen aproximadamente 10 millones de talleres o establecimientos familiares. En estos se ocupan alrededor de 14.4 millones de personas, poco más de una tercera parte del total de la población económicamente activa del país.
La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 351 al 353 reconoce que los talleres familiares son una forma especial por la que se organizan las personas para realizar las actividades productivas de las que obtienen el ingreso para su hogar, a partir de actividades que llevan a cabo los mismos familiares y los pupilos; es decir, las personas asimiladas a la familia y que dependen económicamente de los ingresos que genera el establecimiento familiar.
Por ello, la legislación vigente reconoce a la industria familiar como una figura sui géneris a la cual ubica en el Título Sexto denominado "Trabajos especiales". En este sentido, a los negocios familiares no les son aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con excepción de las normas relativas a seguridad e higiene. La permanencia de un enorme número de negocios familiares en México, evidentemente demuestra que dichos negocios tienen virtudes y aptitudes especiales, por las que son capaces de perdurar como forma viable de organización de la producción en el mundo de hoy.
Por esta razón, en el mes de marzo del año 2006 el gobierno federal emitió un decreto mediante el cual los negocios familiares podrán recibir una amplia variedad de apoyos a través de diversas secretarías.
A partir de este decreto, los integrantes de los talleres familiares podrán recibir capacitación y consultoría en asistencia técnica, apoyos económicos para la adquisición de herramientas y equipo y maquinaria, asesorías administrativas y tecnológicas y la incorporación de sus integrantes a la seguridad social que ofrece el Estado, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.
No obstante el impulso que el gobierno federal ha dado a la industria familiar, es necesario actualizar el marco jurídico regulatorio aplicable a los establecimientos familiares. Por ello la presente iniciativa es una primera puntualización y propone cambiar el título del Capítulo XV del Título Sexto, denominado "Industria familiar" por el de "Establecimientos familiares".
Con esta precisión se avanza al hacer claramente aplicable a los establecimientos familiares la acepción que dispone los tres artículos citados de la Ley Federal del Trabajo en toda clase de actividad productiva.
En segundo lugar, la iniciativa propone establecer que el número de personas que integran el establecimiento familiar, sea el correspondiente al número de integrantes de la familia con la limitación derivada de hasta el 50 por ciento de pupilos, respecto al número total de familiares directos que integran el establecimiento. Entendiendo por pupilo a las personas que estén como asimiladas a la familia y que dependen económicamente de los ingresos que se generan en el establecimiento familiar.
En un tercer punto, la iniciativa busca la protección del trabajo infantil realizado en el ámbito familiar. Desafortunadamente, el hogar es el primer lugar donde se explota laboralmente al niño y el régimen de excepción en el que se encuentran los establecimientos familiares, no puede ser una justificante del trabajo infantil, así como tampoco la tutela o custodia de los hijos no puede otorgar el derecho a los padres o tutores, para someter a los niños a jornadas laborales propias de los adultos.
El trabajo infantil es una forma de maltrato, aun cuando esta institución no sea reconocida por los que rodean al menor, pues se aparta al menor de las actividades y redes sociales que permiten su formación sucesiva y la recreación necesaria.
Por esta razón me atrevo a hacer estas propuestas de modificación, porque indiscutiblemente que 10 millones de talleres o establecimientos familiares, o mejor dicho, 10 millones de establecimientos familiares que es la forma como se gana el mexicano éstas 14.4 millones de personas se gana el pan, me parece a mí prudente que las sostengamos y la hagamos brillar. La familia, sin lugar a dudas, es factor de desarrollo y progreso social, cuidémosla mucho. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Francisco Antonio Fraile. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
Le damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Escuela Preparatoria y personal académico del Colegio Baden Powell, invitados por el diputado Jorge Justiniano González Betacourt; bienvenidos. Adelante, señor diputado.
El diputado José Antonio Almazán González: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, 62y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que consagra los llamados fines de semana largos, no respetó la previa consulta a los trabajadores, especialmente de los sindicatos cuyos contratos colectivos contienen disposiciones diversas.
Las manifestaciones contra este decreto, incluida la interposición de amparos, no se han hecho esperar. En tal virtud, urge establecer de manera indiscutible en la Ley Federal del Trabajo que las disposiciones sobre los fines de semana largos no afectan las cláusulas en contrario que tengan o lleguen a establecerse en los contratos colectivos de trabajo e incluso los contratos individuales.
Ya han tenido lugar en el país los primeros fines de semana largos conforme al decreto de reformas al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero de 2006.
Sindicatos y grupos importantes de trabajadores han estado exigiendo la inmediata derogación de los fines de semana largos, bajo el hecho inadmisible de que el goce de un derecho trueque en una imposición unilateral y por tanto obligatoria para los trabajadores, buscando recobrar el texto anterior del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que estiman más tutelar.
En efecto, estos trabajadores que se oponen a lo que consideran un despojo a sus derechos mínimos, entre otros argumentos han expresado que en general este decreto de reformas al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que establece los fines de semana largos, restringe los derechos de los trabajadores desde el momento en que los subordina a intereses económicos-financieros ajenos al derecho laboral, desnaturalizando la esencia de los días de descanso obligatorio que persiguen fines históricos, cívicos y sociales, además de afectar los fines ideológicos de clase que persigue la conmemoración de varias de las fechas que los originan.
Partiendo de estos variados argumentos expuestos por los trabajadores, especialmente por el Sindicato Mexicano de Electricistas y los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, comenzaremos diciendo que es el derecho del trabajo un producto histórico de justicia social, consecuencia de siglos de lucha de la clase trabajadora, intelectuales solidarios y políticos visionarios.
En el caso particular de México, su nacimiento exigió una Revolución con más de un millón de muertos. Por tal motivo, la Ley Federal del Trabajo, su producto más acabado, ha sido defendido sin tregua por el pueblo de México porque sabe que renunciar a ésta sería arrancar de raíz una base esencial de su bienestar, su dignidad y libertad.
Defender a la Ley Federal del Trabajo en estos momentos abarca, entre otras cuestiones, la defensa de una reforma parcial o integral que se traduzca en el fortalecimiento de los derechos individuales, colectivos y procesales de los trabajadores, por lo que debemos oponernos a toda supresión de elementos de tutela en aras de impulsar los intereses empresariales para los que existen otros ordenamientos como los de carácter mercantil y financiero, siendo inadmisible que se pretenda ir transformando a la Ley Federal del Trabajo en un código para la defensa del capital.
Por todo lo antes expuesto y fundado, propongo a esta Cámara de Diputados la adición de un último párrafo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:
Si existe contrato colectivo o individual y en éstos se estipulan modalidades específicas para el disfrute, pago u otras sobre los días de descanso obligatorio, estos descansos se regirán por lo que establezca el contrato respectivo.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Si a la entrada en vigor del presente decreto existieran estipulaciones específicas para el disfrute, pago u otras sobre los días de descanso obligatorio en los contratos colectivos e individuales, éstas mantendrán su vigencia. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Presidente, pido se inserte de manera íntegra esta iniciativa para reformar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese la iniciativa en forma íntegra al Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado José Antonio Almazán González y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil federal.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, ciudadano Presidente. Compañeros y compañeras diputadas. El que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ustedes esta
Iniciativa
Decía el filósofo Benito Espinosa, que el hombre es una partícula infinito-decimal perdida en la totalidad inmensa del universo; sin embargo, el hombre es un ser pensante y tiene, como decía Ortega y Gasset, la facultad de proponerse fines y acudir a medios para realizarlos.
El hombre tiene un destino dentro del cual se ubica su nacimiento, su crecimiento, su reproducción y su muerte; pero será quizá este último tema el que siempre rehuimos, el que nunca queremos de alguna manera aceptar. Tomamos algunas medidas para proteger a nuestra familia, como es el caso de los seguros de vida, ahorros, pero hay algo que nos provoca miedo y esto es precisamente el hacer un testamento.
Lo que ahora les propongo es crear un mandato para nuestros fines, cuando tengamos en algún caso algún problema de salud: que perdamos la capacidad, que no tengamos las facultades necesarias para determinar la forma en que vamos a ser atendidos por médicos o por familiares en la última etapa de nuestra vida.
Muchos tribunales están llenos de pleitos legales porque familiares pretenden asumir el carácter de tutores o bien, hay un Consejo Local de Tutelas que impone a un incapacitado ya en fase terminal, quién le va a regir o quién lo va a representar.
En varios países del mundo existe lo que se ha llamado "tutela especial de atención médica". Así como es factible hacer un testamento para disponer de todo lo que deseamos para el último fin de nuestra vida, también podemos instituir un mandato sin destruir lo que es el efecto de la tutela que ya está prevista en el Código Civil.
Requerimos también crear una figura que no existe en el procedimiento ni en la parte sustantiva de la legislación mexicana y es la facultad de la persona para otorgar un mandato y decir de antemano quién desea que vigile la última etapa de su vida en caso de una incapacidad, en caso de un accidente que lo imposibilite; un mandato que rija exactamente qué es lo que va a suceder en la última etapa de su vida.
Es muy importante que tomemos en consideración estos aspectos porque así le evitaremos muchos problemas a los tribunales; también habremos de dejar disposiciones muy concretas de cómo queremos que se nos atienda en la última etapa de nuestra vida, quitando el peso moral a nuestros familiares, facilitar también a los médicos que nos atiendan y poner restricciones hasta dónde queremos que se nos siga provocando la medicina defensiva, que no nos tengan metidos a un tubo por meses o por semanas respirando artificialmente o conectados por sistemas artificiales.
Es posible que los ciudadanos, que las personas, podamos de alguna manera instituir un mandato y designar a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestro familiar o a nuestros amigos más cercanos para confiar estas disposiciones finales de nuestra existencia.
Para ello se requiere reformar algunos aspectos, algunos capítulos del Código Civil, dando lugar a esta tutela para el final de nuestra vida, ya que a veces los jueces designan del Consejo local de Tutelas a personas que ni siquiera conocemos, que no tienen conocimiento de nuestra vida y precisamente esta es la propuesta que estamos haciendo, para que tengamos la previsión no sólo de hacer un testamento —que a veces rehuimos tomar esa responsabilidad y dejamos la carga de litigio a nuestros familiares.
Es tan simple hacer un testamento recíproco entre marido y mujer o disponiendo los bienes para con los hijos, pero también debemos de prever dentro de las disposiciones finales de nuestra vida cómo queremos que se nos atienda en la última etapa de esta.
En esta propuesta, y de acuerdo con lo publicado en la Gaceta, vienen todas las disposiciones que es necesario reformar para incorporar esta figura de mandato, que puede incluir donación de órganos o atenciones específicas de nuestros últimos días.
Con todo respeto, expongo a ustedes esta propuesta y solicito, señor Presidente, se agregue en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Juan Francisco Ribera Bedoya, y túrnese a la Comisión de Justicia.
Tienen la palabra, como lo han solicitado, el diputado Carlos Alberto Torres Torres y Salvador Arredondo Ibarra, para presentar ellos dos la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Alberto Salazar Madero, Carlos Alberto Torres Torres y Salvador Arredondo Ibarra. Por tres minutos, tiene la palabra cada uno de ellos.
El diputado Carlos Alberto Torres Torres: Con su permiso. Los suscritos, diputados Mario Alberto Salazar, Carlos Alberto Torres, Salvador Arredondo, Antonio Valladolid y Pilar Ortega, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa.
México está cambiando, nuestro país demanda moderación en el manejo de los recursos. Acabar con las prácticas del pasado penosamente reciente, en donde era común que los funcionarios públicos amasaran grandes fortunas a costa del erario.
Debemos reconocer que una de las causas que han provocado la falta de confianza de los ciudadanos hacia la política ha sido el abuso en la asignación de las remuneraciones de los servidores públicos.
Es un agravio que en nuestro país las remuneraciones de los servidores públicos sean de las más altas en el mundo, mientras la gran mayoría de la población vive con salarios limitados.
En este sentido, reconocemos el esfuerzo que ha venido haciendo el Presidente Calderón desde los primeros días de su mandato. Primero, a través del decreto de austeridad, acto que ha venido acompañado con diversas medidas administrativas para darle consecución; y después a través de una iniciativa de reforma constitucional que presentó a finales del mes de enero en materia de regulación de remuneraciones de los servidores públicos.
En México requerimos que nosotros, los servidores públicos, dejemos de ser juez y parte al momento de fijar el salario que recibimos. En otras palabras, compañeros diputados, las percepciones de los servidores públicos deben de ser definidas por un comité ciudadano independiente y no por nosotros mismos.
Por tal motivo, en esta iniciativa proponemos la creación de un comité técnico de valoración salarial de los Trabajadores al Servicio del Estado a nivel federal y la obligación para las entidades federativas de conformar sus respectivos comités.
Dichos órganos tendrán como función el establecimiento de un parámetro a través de sus recomendaciones, capaz de otorgar certidumbre tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos sobre el monto que los primeros debemos de percibir como remuneración.
Es momento en México de acabar con la improvisación y con las arbitrariedades en materia de remuneraciones. Es momento de acabar con la discrecionalidad para pasar al establecimiento de criterios técnicos fijados por ciudadanos independientes.
El diputado Salvador Arredondo Ibarra: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La transparencia en la función pública implica adoptar una serie de medidas que posibiliten a los gobernados conocer con precisión el comportamiento de los servidores públicos.
Uno de los asuntos que mayormente ofende a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los funcionarios públicos se asignan.
Desde la perspectiva social existe la idea de que los funcionarios públicos de alto nivel reciben sueldos desproporcionados, ajenos a la autoridad que reclama el país en materia de gasto público, que resulta políticamente incorrecto exista un gobierno rico con un pueblo pobre.
En los estudios que se han hecho al respecto se han indicado como aspectos negativos en materia de remuneraciones en México los siguientes: que no existen criterios claros para la definición del monto de los salarios y compensaciones de los funcionarios, particularmente de los de alto nivel, sino que existe una verdadera anarquía o discrecionalidad en esta materia y no existen políticas coherentes para determinar el monto de las percepciones de los servidores públicos.
Que las remuneraciones que perciben los altos funcionarios públicos se componen de diversos rubros y conceptos que los hacen complejos, pero particularmente los aumenta de manera exorbitante.
Que el sueldo base de los altos funcionarios públicos es simulado en el salario base, al ser relativamente bajo, pero la percepción es alta por otros conceptos, tales como bonos, compensaciones, gratificaciones, entre otros, llegando a ser mayor este tipo de prestaciones que el salario base.
Que existe una gran disparidad entre las remuneraciones que perciben los servidores públicos de alto nivel y los otros funcionarios públicos de nivel inferior. Que en varios de los casos se da una autoasignación de los salarios y compensaciones por parte de los propios funcionarios públicos, sin estar relacionados a parámetros de méritos y desempeño en el cargo.
Que ha existido poca publicidad o transparencia por parte de los propios funcionarios públicos para proporcionar información a la sociedad sobre las verdaderas remuneraciones de los gobernantes.
Compañeras y compañeros diputados. La presente iniciativa precisamente busca recobrar la racionalidad y la moderación en la función pública, privilegiando la actitud del servicio. En suma, de lo que se trata es de detonar el principio de compromiso social de la función pública y hacer vigente el pensamiento de Benito Juárez, quien al referirse a la función que desempeñan los servidores públicos señala que no se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse arduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley señala.
La iniciativa que se propone es congruente con este postulado y busca también lo que afirma el doctor Valdés Zepeda: la consecución de la sobriedad republicana que debe prevalecer siempre en la función pública. En este sentido, la presente iniciativa propone lo siguiente:
En este contexto se plantean las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política, a fin de establecer en otros aspectos, que ninguna remuneración será superior a la que perciba el Presidente de la República. Asimismo, que el Congreso de la Unión y los órganos legislativos de las entidades federativas establecerán órganos auxiliares de los poderes públicos y organismos autónomos existentes en cada ámbito de gobierno, responsables de realizar estudios y emitir recomendaciones no vinculatorias en materia de remuneraciones de servidores y entes públicos descritos en este artículo.
Por último, lo cierto es que la creación de dicho comité ha sido un instrumento importante para el control y moderación de las percepciones de los salarios de los servidores públicos. Ha servido como un mecanismo preventivo, ya que ha permitido ser freno de posibles excesos; toda vez que ha permitido que se ponga especial cuidado al momento de fijar los emolumentos a percibir.
Finalmente, se propone que en el ejercicio de la función para la fijación de remuneraciones, igualdad, equidad, racionalidad, disciplina presupuestal, proporcionalidad, certeza, legalidad, austeridad, transparencia, serán principios rectores.
Compañeras, compañeros diputados, por su atención, muchas gracias. Le pido señor Presidente, que se inscriba íntegro en el Diario de Debates.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates como ha sido solicitada y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Sonido a la curul de la diputada Esmeralda Cárdenas.
La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez (desde la curul): Diputado Presidente, para solicitarle, si no tienen inconveniente los promoventes, de que pudiera suscribir la iniciativa su servidora.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Si no tienen inconveniente los compañeros que promueven esta iniciativa, está a su disposición aquí en la Secretaría. Se amplía el trámite a la iniciativa presentada por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil federal. Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Salud.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Pablo Trejo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión. Con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
El artículo 31, fracción IV de nuestra Ley Suprema, establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos; así de la Federación como del Distrito Federal o del estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Esta disposición juega un papel muy importante en el derecho tributario mexicano, ya que el mandato constitucional establece la exigencia de que las contribuciones que se impongan solamente se harán por medio de una ley, la cual se traduce en el principio de legalidad en materia tributaria.
Con base al principio de legalidad tributaria, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar; así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad.
En el principio de división de Poderes, el acto legislativo es la facultad del Congreso de la Unión, razón por la cual sólo él podrá emitir leyes en sentido formal y material.
Sin embargo, nuestro sistema constitucional prevé dos excepciones al principio general: cuando se trate de situaciones de emergencia que pongan en grave peligro la seguridad del país, y cuando el Ejecutivo sea autorizado por el Legislativo para dictar leyes a fin de regular la economía del país y el comercio exterior.
En estos casos el Ejecutivo podrá ejercer facultades legislativas emitiendo los llamados "decretos ley", que son formalmente decretos del Ejecutivo y materialmente normas jurídicas generales, impersonales y abstractas.
En este contexto también se enmarca la llamada "miscelánea fiscal", la cual aunada a los reglamentos administrativos, la jurisprudencia, los tratados internacionales, los principios generales de derecho, la doctrina, la costumbre, los tratados internacionales, es fuente formal del derecho tributario, toda vez que son reglas de carácter general que derivan del mandato del Legislativo sin estar previstas en la Constitución, pero sí en el Código Fiscal.
Tenemos que el legislador ordinario, a través de la ley ha facultado a la autoridad administrativa en los artículos 33, fracción I, inciso g); 35 y 39 del Código Fiscal de la Federación a emitir documentos, prescripciones, normas o disposiciones, ya sean generales o particulares que involucren obligaciones que incumplidas generen infracciones sancionadas por leyes, reglamentos o cualquier otra disposición, existiendo el principio legal de que las prescripciones, normas, reglas o disposiciones generales no podrán transgredir el principio de legalidad tributaria, los elementos esenciales de las contribuciones, así como tampoco establecer disposiciones que incrementen obligación tributaria de los contribuyentes y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Por otra parte, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece los supuestos normativos sobre los cuales el Ejecutivo federal emite las reglas de carácter general en materia fiscal, las cuales se clasifican en tres tipos: de emergencia, administración e incentivadoras fiscales. Estas últimas exceden el principio de legalidad porque el uso de estas facultades es discrecional y puede originar una situación de ventaja entre un contribuyente de igual capacidad contributiva a otro, otorgándosele un incentivo fiscal bajo el amparo de fines extrafiscales.
La administración tributaria cuenta con más facultades discrecionales para interpretar y aplicar la norma tributaria.
Lo anterior es así en virtud de que la fracción III del articulo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria en relación con el artículo 33 fracción IV, inciso g); y 144 de la ley Aduanera faculta al presidente del SAT a expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera.
Dado que no hay una claridad en las disposiciones fiscales al definir cuál es el carácter propio de estas supuestas reglas de carácter general, pueden ser malinterpretadas, como actualmente sucede por las autoridades fiscales y el mismo Poder Legislativo.
Actualmente la baja recaudación fiscal se explica por varios factores que continúan presentes, como las amplias exenciones fiscales, la excesiva dependencia de los ingresos petroleros, los altos niveles de evasión, elusión fiscal, las fallas administrativas, ineficiencias institucionales, lagunas legales, expansión creciente de la economía informal, la deficiente cantidad y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos, y por último, los factores políticos.
Por ello resulta indispensable que el Congreso de la Unión legisle en la materia estableciendo los alcances y los límites de la miscelánea fiscal.
El principio de seguridad jurídica en relación con la emisión de la misma, debe manifestarse en su doble aspecto: certeza en la aplicación del derecho y la eliminación de la arbitrariedad de la autoridad.
Por ello se propone que sólo se puedan emitir dos modificaciones a las resoluciones de miscelánea fiscal al año para eliminar la inseguridad jurídica para el contribuyente, ya que anualmente en promedio se publican 50 resoluciones misceláneas.
Asimismo se plantea eliminar la facultad del Ejecutivo federal para que pueda determinar o autorizar regímenes fiscales de manera individual o grupal y que pueda conceder subsidios o estímulos fiscales sólo cuando lo disponga expresamente la Ley de Ingresos de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto se propone lo siguiente:
Artículo primero. Se reforma el artículo 33, fracción I, inciso g); el 36 Bis y 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación en los términos que está planteado en la iniciativa, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y por lo tanto le pido, diputado Presidente, que en obvio de tiempo se inserte esta iniciativa tal como fue publicada en la Gaceta, en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, a solicitud del diputado Pablo Trejo Pérez y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa de Ley General de Coordinación de los Programas Sociales para la Igualdad de Oportunidades.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa con proyecto de ley que hoy someto a la consideración de esta Asamblea, tiene particular relevancia en las actuales condiciones económicas y sociales de la Nación.
De hecho, es parte de uno de los compromisos de los 100 días que formuló el ciudadano Presidente de la República y que no ha sido posible concluir como iniciativa desde el Ejecutivo.
Quiero decir a ustedes que procuré establecer comunicación con los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social para tener un intercambio previo a la presentación de esta iniciativa, sin que haya sido posible hasta el momento.
De modo que he decidido presentarla, seguramente con algunas limitaciones de carácter legislativo.
La reforma consiste básicamente en hacer un esfuerzo de integración del cúmulo de programas sociales, que siguen creciendo por cierto, de todo tipo, de manera apresurada algunos, otros con un gran impacto social pero evidentemente estamos ya ante un problema de dispersión del esfuerzo institucional no sólo desde la Federación sino también desde los estados y desde los municipios, cuando, compañeras y compañeros diputados, estamos hablando de un problema de la mayor trascendencia política, social y de enorme compromiso ético para todos quienes tenemos una responsabilidad popular delegada por la ciudadanía.
Destaco brevemente que el crecimiento del producto interno bruto per cápita de México, a precios de 2005, está del orden de siete mil dólares al año; el de España, cerca de 25 mil según datos del Banco Mundial; el de Canadá, del orden de 34 mil dólares y Estados Unidos del orden de 49 mil dólares.
México, compañeras y compañeros diputados, necesitaría crecer al seis por ciento promedio anual su producto interno bruto en los próximos 20 años, tan sólo para alcanzar un nivel similar al de España, y aún tendríamos pendiente de resolver el tema de la distribución del ingreso y fundamentalmente de que la población en desventaja económica y social pueda acceder a los beneficios de ese crecimiento.
De modo que el desafío es realmente enorme y tenemos la obligación de crear esas condiciones para que nuestros compatriotas en desventaja económica y social, en condiciones de vida humildes puedan tener acceso, primero a la salud, a la educación, a la capacitación y derivado de ello a una fuente de empleo y de ingreso.
La iniciativa que hoy se propone, justamente pretende incidir en esta realidad de una manera más comprensiva, más integral, no atendiendo a las coyunturas electorales, porque si estamos cuidando la próxima elección electoral, compañeros diputados del Partido Acción Nacional, no vamos a lograr la gran transformación que nos hemos propuesto.
Esta iniciativa propone tomar como base el sistema de transferencia de ingreso del programa Oportunidades. Es el único programa de transferencia de ingreso suficientemente amplio que tiene el Estado mexicano, justamente para igualar Oportunidades.
Propone la coordinación de los tres órdenes de gobierno, una coordinación real, una coordinación con visión de Estado, que pueda —insisto— superar las coyunturas y las disputas electorales que van a ser permanentes, a propósito del calendario electoral.
Propone que sea el municipio el responsable de ejecutar el conjunto de los programas sociales, porque es ahí donde están los beneficiarios, no tiene sentido continuar con tres estructuras burocráticas para una misma población objetivo.
Recuerdo a ustedes que el gasto de operación de indirectos de algunos programas sociales, por cierto, ya que se habla aquí de los gastos electorales y demás.
Recuerdo a ustedes que el gasto de operación de algunos programas sociales de indirectos, es del siete por ciento, multipliquen el orden de los 35 mil millones de Oportunidades por un siete por ciento y veamos cuál es el costo operativo de estos programas.
La propuesta propone ampliar el programa Oportunidades a estudiantes de educación superior, a niños y jóvenes sin padres, adultos mayores de 65 años no afiliados al régimen de seguridad social, a las mujeres trabajadoras que se hacen cargo de su hogar y a las personas con discapacidad, y desde luego, a las personas en situación de calle.
¿Por qué continúan los niños y los adultos en situación de calle? Bueno, porque no hay un sistema de transferencia de ingreso permanente, como lo existe en otros países, al que puedan acudir esas personas y los apoyos son temporales o son coyunturales por el DIF o por los municipios o los gobiernos de los estados o las empresas, las organizaciones benefactoras. Termino, señor Presidente.
Propone ampliar la posibilidad de incluir beneficiarios en el programa Oportunidades, al pasar el factor de gastos no alimentarios de 1.5 a 2, actualmente es de 1.5, se calcula la canasta básica, se multiplica por 1.5, sale 50 por ciento y nos da un colchón —digamos— de gastos no alimentarios. Aquí estamos proponiendo que sea de dos, considerando una concepción más amplia del bienestar, más allá de la mera satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales.
Este proyecto incorpora la propuesta del Presidente Calderón del subsidio energético, que de hecho ha sido asignada a Oportunidades, pero bajo un criterio de ingresos y sin considerar el criterio de temperaturas extremas.
Más que el problema de ingreso, el problema de las tarifas lo es también desde luego para las familias de bajos ingresos, pero el problema mayor está en las temperaturas extremas y así lo establece esta iniciativa.
Incluye en el sistema transferencias de ingreso, las familias en pobreza de patrimonio para contribuir al mejoramiento de su vivienda, igual, bajo una visión integral que pueda ser complementada por los estados y por los municipios.
Le pido, señor Presidente, que sea tan amable de inscribir esta iniciativa en su conjunto —es muy larga— y que pueda por favor ordenar se repita su publicación en la Gaceta Parlamentaria, toda vez que hemos agregado algunas sugerencias de compañeros diputados.
Termino con una idea de John Rolls sobre la justicia: "Lo justo y lo bueno son complementarios. Toda concepción de justicia —también una concepción política— necesita de ambos y esto —dice Rolls— no niega la primacía de lo justo sobre lo bueno". Muchas gracias, compañeras, compañeros diputados.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates —le informamos que está publicada en la Gaceta, diputado Alberto Amador— y túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
El diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo: Gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas. Con fundamento en el artículo 71, fracción II de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la presente
Iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 20, 23, 25, 28 y 44 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para que las personas tengan mayor claridad y certidumbre cuando hacen uso de los servicios financieros y se hagan valer sus derechos, en virtud de la siguiente
Exposición de motivos
Como todos recordaremos, a mediados de la década de los 90 nuestro país presentó una crisis muy severa que afectó en mayor medida al sector financiero y al sector bancario. Lo anterior ocasionó un incremento importante en las tasas de interés y una alteración en el tipo de cambio. Trajo como consecuencia de lo anterior, un alto índice de morosidad entre las personas que habían obtenido algún tipo de crédito bancario y que dichos empréstitos se volvieron prácticamente impagables.
Con esta crisis las instituciones bancarias incrementaron sus activos en especie debido a que embargaban los bienes muebles e inmuebles a las personas deudoras, sin embargo, en la mayoría de los casos las cantidades excedían por mucho el monto de lo embargado y el cliente deudor podía solicitar un nuevo crédito en otra institución bancaria, siempre y cuando cubriera con los requisitos. Con lo anterior, las carteras vencidas de los bancos comenzaron a crecer de una manera desproporcionada, trayendo como consecuencia la quiebra de los mismos.
Ante esta situación, el Estado inicia una transformación integral de su sistema financiero, por una parte creando instituciones nuevas que se encargarán de vigilar y de evaluar el buen funcionamiento del sistema financiero; y por otro, fortaleciendo a las instituciones dotando de mayores atribuciones y de autonomía, como fue incluso en el caso del Banco de México.
Esta transformación tiene como principal objetivo corregir las fallas que habían ocasionado el deterioro del sistema bancario, financiero y crediticio del país. Instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ahora desempeñan un papel más activo y claro en el funcionamiento de este sistema financiero. De igual forma, instituciones de nueva creación especializada como la Condusef, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, son las encargadas de vigilar que se hagan valer estos derechos de estas personas que hacen uso de los servicios financieros.
Dentro de los nuevos actores que se desarrollan en el sistema financiero mexicano encontramos a la Sociedad de Información Crediticia, el llamado Buró de Crédito, que tiene como principal objetivo llevar un control de aquellas personas que son sujetas a algún tipo de crédito a fin de tener un control más estricto de los clientes que sean morosos o no puedan hacer frente a los gastos de la deuda contraída.
Estas empresas reúnen, estandarizan y venden esta información a los acreedores o empresas comerciales en forma de reportes de crédito. Dichos reportes son utilizados comúnmente para determinar si las personas son o no sujetas de crédito. Pueden ser determinantes para que las entidades financieras o las empresas aprueben o rechacen estas solicitudes de crédito de las personas.
La Sociedades de Información Crediticia están reguladas por la Ley que regula las Sociedades de Información Crediticia, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2002. En esta Ley se especifica y se regula la creación y la participación de las mismas.
Sin embargo, compañeros y compañeras diputadas, es importante mencionar que esta Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia presenta serias inconsistencias que afectan a las personas físicas y morales, por lo que es importante construir herramientas suficientes que les permitan a los usuarios defender sus derechos.
Ante tales inconsistencias legales, las Sociedades de Información Crediticia se convierten en juez y parte al ser quienes evalúan y dictaminan si las personas físicas o morales mantienen un buen historial crediticio y pueden ser sujetos del mismo.
Dicha situación se agrava si consideramos que la Ley en esta materia permite llevar la información crediticia, además de otras consideradas de naturaleza análoga, permitiendo a estas Sociedades la libertad de registrar todo lo que a sus intereses convenga.
Con lo anterior las instituciones financieras realizan una labor mínima de cobranza, delegando esta responsabilidad a despachos de cobranzas que de manera anárquica y discrecional incluyen a las personas físicas o morales en lo que se ha denominado el Buró de Crédito, dejando a millones de usuarios de los servicios crediticios en una situación de descrédito ante cualquier institución bancaria o crediticia. Esto es muy contradictorio si consideramos que una de las más grandes preocupaciones del Estado es que todos los mexicanos seamos sujetos a algún tipo de crédito.
Los datos más recientes indican que hay más de 20 millones de personas físicas que están incluidas en este Buró de Crédito y de ese total, un poco más del siete por ciento llegan a tener algún problema crediticio, en tanto que existen casi 200 mil registros de personas morales, de las que el 10 por ciento tiene problemas con sus créditos.
La preocupación más importante ante este tipo de situación no es la existencia de estas Sociedades de Información Crediticia, sino la forma en que las instituciones financieras y bancarias usan información que se les proporciona, ya que en muchas ocasiones las carteras vencidas de los bancos son vendidas a instituciones de cobranza, que en realidad son despachos jurídicos que se encargan de realizar el cobro mediante métodos y mecanismos que transgreden los derechos de muchos mexicanos.
Seguramente varios de nosotros hemos pasado por los problemas que implica realizar algún tipo de trámite crediticio, o bien, hemos sido testigos de cómo algunas personas son despojadas de sus propiedades por el área de alguna institución de cobranza o también de muchas personas que se encuentran en prisión debido a que sus créditos superaron por mucho las posibilidades de su pago incluyendo a todas las personas que por error en la información son consideradas como imposibilitados para acceder a los créditos. En cualquiera de las anteriores situaciones, el ciudadano se ve imposibilitado para realizar alguna acción que le permita hacer frente a esta circunstancia.
Termino, compañeros, diciendo que en razón de esto es importante reformar la ley para proteger a los ciudadanos de los abusos y excesos del llamado buró de crédito, pues queda claro que en este país poco puede hacer un ciudadano que en la mayoría de las veces carece de información, carece de recursos económicos, tiempo, tecnología ante una gran corporación financiera que lo tiene todo, incluso el respaldo institucional y legal.
Por lo aquí señalado considero a esta Honorable Cámara y solicito al Presidente, que sea incluida mi propuesta en todos sus términos, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Inscríbase la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates como lo ha solicitado el diputado Gustavo Fernando Caballero, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que ha enviado a esta Mesa Directiva.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a la Secretaría de Economía y a la Sagarpa, un informe relativo a la decisión del gobierno mexicano de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó ante la OMC, por la entrega de subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de Estados Unidos de América.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el gobierno de Estados Unidos proporciona grandes cantidades de recursos fiscales, vía subsidios a sus productores agrícolas. Esto posibilita que ése país articule incentivos y programas suficientes que le permiten colocarse como uno de los de más de alta rentabilidad y productividad agrícolas.
Segundo. Que dicho país es el mayor productor de granos y controla los precios de los principales productos agrícolas, pero lo hace mediante la entrega de importantes subsidios a la producción agrícola, lo que distorsiona el comercio mundial y en especial viola las reglas de la OMC.
Tercero. Que las medidas que instaura el gobierno estadounidense y en especial el Departamento de Agricultura posibilitan un alto nivel de subvenciones a los productores agrícolas, distorsionan la asignación de recursos y la formación de precios y estructuran una competencia desleal internacional, donde países como el nuestro y Canadá, integrantes ambos del Tratado de Libre Comercio, se ven seriamente afectados.
Cuarto. Que este tipo de subvenciones a los productores agrícolas incrementan la oferta internacional, presionan a la baja los precios y desincentivan a nuestros productores por el hecho de que se deprime su nivel de rentabilidad.
Quinto. Que es necesario que nuestro país participe activa y consistentemente en las negociaciones ante la OMC, para que se detengan los subsidios a los productores de maíz estadounidenses.
Sexto. Que las prácticas comerciales estadounidenses violan las reglas establecidas por la OMC y sus principales propósitos, tales como:
1.- Evitar prácticas desleales de comercio y asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible.
2.- Que los países productores y exportadores tengan la certeza de que los mercados exteriores permanecerán abiertos a sus actividades.
3.- Las decisiones de la OMC son adoptadas por consenso entre los países miembros para después ser ratificadas por sus respectivos parlamentos.
4.- Que resuelve las controversias o fricciones comerciales a través del mecanismo de solución de diferencias, centrado en la interpretación de los acuerdos y compromisos que tienen por objeto garantizar que las políticas comerciales de los distintos países se ajusten a éstos para, de este modo, reducir el riesgo de que las controversias desemboquen en conflicto.
Séptimo. Que la Junta de Coordinación Política estima que debe analizarse la posibilidad de que nuestro país se sume como tercero interesado a la solicitud de consultas presentada por Canadá al gobierno de Estados Unidos, con relación a los apoyos que éste último ofrece a sus productores y exportadores de maíz.
Asimismo, que ratifique ante el Comité de Agricultura de la OMC diversos posicionamientos de México que en materia agrícola ha establecido de manera independiente y como parte del Grupo de los 20.
Por todo lo anterior, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación envíen a esta soberanía un informe por escrito sobre la decisión del gobierno mexicano de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó a la Organización Mundial de Comercio por la entrega de subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de Estados Unidos de América.
Transitorio
Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Dado en el Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 12 de marzo de 2007. Lo firman todos y cada uno de los miembros de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para hablar sobre este tema se han inscrito los diputados Manuel Cárdenas Fonseca, Enrique Serrano Escobar y Rutilio Cruz Escandón Cadena. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con la venia de la Presidencia, solicitando que la intervención se inscriba en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros legisladores. 15 de febrero próximo pasado. Punto de acuerdo para que el Ejecutivo informara a esta soberanía respecto de la posición de Canadá en contra de los subsidios indiscriminados. Oídos sordos de los secretarios; desdén a los acuerdos de este Pleno.
6 de marzo. Nuevamente, la Junta de Coordinación Política, todas las fracciones parlamentarias suscriben el acuerdo que contempla tres puntos, desagregando el punto dos en cinco temas. Nuevamente, el secretario de Comercio y el secretario de Agricultura desdeñan lo que acuerdan las fracciones políticas en esta soberanía.
Día de hoy. Nuevamente, la Junta de Coordinación Política emite un acuerdo firmado por todos los coordinadores parlamentarios para tratar ya no los seis temas, sino éste en particular porque los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo, en unas cuantas líneas ágata, anunciaron de su reunión con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, la semana pasada pareciera ser; pero a los dos acuerdos del Pleno y al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política desdén, desprecio, ignorancia.
Ojalá y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que busca los acuerdos, que busca el diálogo, que busca participar en una igualdad de Poderes, tenga claro que con ese tipo de actitudes en sus secretarios de despacho no van a llegar a ningún buen puerto.
Veremos qué pasa, si en los próximos días estos secretarios de despachos atienden esta tercera respetuosa llamada y petición de información. En ellos estarán los sectores productivos del campo; a ellos y al Presidente Calderón se los reclamarán. Esta práctica parlamentaria y este trabajo de oídos sordos entre Poderes no puede ni debe continuar. Avancemos en la reforma de la Ley General que atiende el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Manuel Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Enrique Serrano Escobar, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Enrique Serrano Escobar: Con el permiso del Presidente. Diputadas, diputados. Igualmente en el sentido de la exposición del diputado que me antecedió, manifiesto lo siguiente:
Los subsidios que el gobierno norteamericano otorga a sus agricultores, especialmente a los que cultivan maíz, causa un grave perjuicio a la agricultura mexicana. Nuestro país se prepara a quitar los aranceles a la importación de maíz en los términos del Tratado de Libre Comercio para el próximo año y México no se preparó en estos últimos años —en el sexenio de Ernesto Zedillo y en el sexenio de Vicente Fox— para hacer frente a la competencia en total desventaja que habrá de enfrentar el campo mexicano; y hoy, mientras Canadá impugna los apoyos norteamericanos a la agricultura, los cuales le perjudican, nuestro gobierno federal no hizo lo propio.
En la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional demandamos que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura informen a la brevedad —como dice el punto de acuerdo— a esta Cámara de Diputados, cuáles fueron las razones por las cuales México no se ha sumado a la queja presentada por Canadá ante la Organización Mundial de Comercio.
Asimismo, exhortamos al Presidente de la República para que ejerza una defensa digna, firme y eficaz del campo mexicano en la entrevista que está teniendo en estos momentos con el Presidente norteamericano, George Bush. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Enrique Serrano. Tiene la palabra el diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Ya como lo mencionaron aquí mis compañeros en esta tribuna y como lo hemos venido comentando desde hace tiempo ya, es más, esto ya se volvió hasta una falta de respeto a toda la Cámara de Diputados; inmediatamente la Junta de Coordinación Política hizo suyo este acuerdo desde la primera vez que lo presentamos, desde el 15 de febrero, luego volvió a repetir la dosis y la volvió a hacer suya el 6 de marzo. Hoy otra vez.
Este asunto es delicado, compañeras y compañeros, por una parte el discurso demagógico del Ejecutivo federal, que dice que va a apoyar al campo, que va a rebasar por la izquierda, que va a atender los asuntos más sentidos y más sensibles de la sociedad mexicana y por otro lado, no es capaz de realizarlo en los hechos.
Esto definitivamente es un desmentido contundente, pleno, rotundo, lo acaba de declarar el Ejecutivo federal, de que va a ser independiente de la política de los Estados Unidos, es totalmente falso; porque se están privilegiando los intereses del pueblo estadounidense y no de los mexicanos más pobres, más adoloridos por la situación económica del campo.
Imagínense ustedes, ¿qué le podemos creer al Ejecutivo federal ahora que está en esas pláticas con el Presidente de los Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de credibilidad tiene cuando nos relate a los acuerdos que llegaron, de que se van a cumplir en beneficio de México? Si ahora, que la Cámara de Diputados en Pleno, le está pidiendo que se sume a este acuerdo, a esta demanda, a esta controversia que presentó Canadá contra los Estados Unidos, no lo ha hecho.
El Ejecutivo federal en su conjunto, todos los que tienen responsabilidad en esta área, que es el secretario de Economía, el secretario de Agricultura, el secretario de Comercio, Relaciones Exteriores, todo lo que tiene que ver con el campo ni nos oyen ni nos ven. Es más, no quiero recordar de quién es esa frase, compañeros y compañeras.
Pero definitivamente aquí le hemos pedido que defienda los intereses de México y no lo está haciendo, pero sí, sin que se lo pidiéramos, el Ejecutivo federal está defendiendo los intereses de los Estados Unidos contra China, que nos informe por qué. Compañeras y compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats?
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Si por su conducto le puede preguntar a nuestro colega, el diputado Rutilio Escandón, si me permite hacer una pregunta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya terminó. Pero, ¿acepta la pregunta?
El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas: Ya terminé, que suba y después subo yo, si me dan oportunidad.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rutilio Cruz. Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Azcapotzalco, aquí presentes.
Tiene la palabra la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por tres minutos.
La diputada Sara Isabel Castellanos Cortés: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Ante la evidente competencia desleal de los Estados Unidos de Norteamérica y la violación de las reglas establecidas por la Organización Mundial de Comercio para el Tratado de Libre Comercio y el comercio internacional de maíz, nuestro país debe participar activamente y cuestionar las prácticas de nuestro principal socio comercial.
No debemos olvidar que contamos con elementos jurídicos y algunos mecanismos con los que se puede hacer frente a esta situación de competencia desleal y que aún estamos a tiempo de buscar alternativas distintas a las que se han utilizado en el pasado. Mencionamos algunas alternativas.
México puede sumarse como tercer interesado a la solicitud de consultas presentadas por Canadá, ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. Esta iniciativa canadiense puede significar para México un gran paso. Canadá es nuestro socio comercial y de manera conjunta podríamos resolver problemas comunes. Si concluido el proceso de consulta no se llega a un acuerdo, Canadá podrá solicitar la integración de un grupo especial que resolverá el conflicto.
Otro mecanismo que se podría utilizar atendiendo a los diversos posicionamientos ante la OMC en materia agrícola que México ha iniciado y que debe ratificar ante el Comité de Agricultura.
Asimismo como una medida de emergencia o salvaguarda se debe acudir al artículo 80 del TLCAN, donde se prevé evitar daños a la producción nacional de productos o mercancías idénticos o similares a las que se están importando.
México cuenta con las instituciones y la normatividad necesaria para hacer valer el Tratado de Libre Comercio de América a favor de los productores agropecuarios, quienes están en una situación muy vulnerable por la liberación de maíz, frijol, leche en polvo, azúcar; es más, ya se avecina con la apertura total a partir del primero de enero de 2008.
Es necesario, compañeros, que nuestros gobernantes se responsabilicen por las acciones que inciden directamente en el sector agropecuario y en nuestro mercado interno. Muchas gracias, compañeros, por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Sara Isabel Castellanos. Tiene la palabra el diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler: Con su permiso, señor Presidente. Una y otra vez y otra vez hemos dicho que no estamos de acuerdo con la forma como lo Estados Unidos lleva sus políticas agrícolas.
Hemos estado aquí anteriormente en esta misma tribuna y lo hemos dicho en diversos foros; hemos estado con diferentes personas, con funcionarios de los Estados Unidos, y lo hemos dicho: No estamos de acuerdo.
Todavía la semana pasada tuvimos una reunión con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos; nuestros compañeros de grupo parlamentarios del PRD y del PRI se expresaron en esa forma. También nosotros estuvimos de acuerdo en que no era posible continuar con este tipo de prácticas desleales.
Ellos son testigos, nosotros también lo somos; está ahí la evidencia y por eso no estamos de acuerdo con esta forma en que los Estados Unidos ha hecho, desde hace tiempo, su política agropecuaria, su política agrícola.
Pero también es importante mencionar que los tiempos y los procedimientos de la Organización Mundial de Comercio no se cierran ni son tampoco fatalistas con fechas definidas.
Lo que la semana pasada se comentaba, incluso tuvimos hasta una rueda de prensa, ante toda la sociedad mexicana nos presentamos el PRD, el PRI, el PAN también, en donde le dijimos a la sociedad que no estábamos de acuerdo y creo que coincidimos. Sin embargo, insisto en que no hay fechas fatales.
Creo que esta parte es necesario aclararla porque es importante que continuemos en este proceso hasta lograr ese punto de coincidencia jurídica y legal con los otros países que ya están precisamente en esta demanda contra los Estados Unidos.
Sin embargo les comento que la semana pasada el secretario de Agricultura de México, el señor Alberto Cárdenas, ante la prensa comenta que desde luego que nos vamos a sumar, que desde luego que estamos de acuerdo y que una vez instaladas las mesas de negociación, las mesas de discusión —les llaman páneles—, en ese momento México estará presente. Y lo digo porque esto no es un secreto, ésta es una declaración del secretario de Agricultura, de Alberto Cárdenas.
Creo que estamos coincidiendo, creo que estamos de acuerdo en lo sustantivo y lo único que les pido es que tengamos paciencia porque los tiempos están ahí, los tiempos están establecidos en la Organización Mundial de Comercio y nosotros seguramente estamos de acuerdo en que seguiremos exhortando al Ejecutivo, seguiremos exhortando al secretario de Economía y al secretario de Agricultura para que no dejemos de insistir sobre esa necesidad de estar ahorita unidos con Canadá y con otros países frente a estas prácticas desleales de los Estados Unidos.
Creo que está la coincidencia ahí. Lo único es la forma de procedimiento y les pido que estemos juntos también para que cuando esto se dé estemos de acuerdo y podamos rebatir todos estos temas y estos puntos que los Estados Unidos tienen y que no es justo. Buscamos precisamente eso.
La justicia en el espejo y la justicia precisamente en las políticas públicas agrícolas de los países vecinos y que estamos en el Tratado de Libre Comercio.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Antonio Escaroz. Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Rutilio Cruz Escandón, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Rutilio Cruz Escandón: Gracias, señor Presidente. Sí es cierto que hemos estado de acuerdo todos, de eso no hay duda. Primero, en la Comisión Especial que me honro en presidir, ahí estuvimos de acuerdo todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias. Después, la Junta de Coordinación Política y esta Cámara de Diputados votó por unanimidad.
Claro que sí urge que el Ejecutivo federal apoye a Canadá en este asunto, se sume a Canadá. Canadá presentó esta discusión, esta demanda contra Estados Unidos el día 8 de enero y solamente México tenía 60 días para sumarse. No lo hizo. Ya venció el término para sumarse. Para que México pudiera participar plenamente en las discusiones, podría ser incluso tomado en cuenta para que enviara delegados al órgano que va a determinar en la Organización Mundial de Comercio.
Pero imagínense ustedes si Estados Unidos y Canadá hubieran llegado a un acuerdo, a una solución voluntaria antes de los 60 días, México se hubiera quedado fuera de toda posibilidad de recibir los beneficios. Entonces sí es importante que se haga.
Además, creo que México ha tenido mucha paciencia con todos sus gobernantes, con todos y México sigue sufriendo las mismas necesidades, las mismas carestías y las mismas injusticias en todos los sentidos.
Por eso, sí es urgente que lo haga. Ya el pueblo de México y principalmente los campesinos más pobres están desesperados de que no reciben ningún beneficio, por eso yo creo que el gobierno debe actuar ya, así como lo hizo contra China, a favor de los Estados Unidos.
Por qué contra China sí lo hizo y ni siquiera se lo pedimos, ni siquiera se lo recordamos. Y lo hizo de manera urgente para sumarse a los Estados Unidos y este asunto que es tan delicado, tan importante, porque se trata del maíz y otros productos agrícolas, estamos todavía esperando la respuesta del Ejecutivo federal.
Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Rutilio Cruz. Sonido a la curul de la diputada Monreal.
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente, le solicito una modificación, si es posible considerar, a esta proposición, donde además de solicitarle el Informe a la Secretaría de Economía y de Sagarpa, también se le requiere el informe a la Embajada mexicana con representación en Estados Unidos, en específico en Washington. Ellos supieron de esta consulta que iba a presentar Canadá antes de que la presentara y no hicieron ninguna notificación, o que informen qué procedimiento hicieron.
Hace unos días hubo una representación de esta Cámara, en Estados Unidos —en específico en Washington— y ahí directamente, personalmente el representante de Canadá nos informó que él sí comentó con tiempo a la Embajada mexicana sobre esta controversia que se iba a presentar y permitió que pasara el tiempo y no se sumara como lo hicieron los otros 33 países.
Es un asunto delicado, Presidente, donde tendrá que esclarecerse, dónde hubo la omisión, porque efectivamente el tiempo ya transcurrió y ya México no se integró en la primera etapa. Por eso solicito se pueda pedir también un informe a esta representación del Poder Ejecutivo en el país de Estados Unidos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El punto de acuerdo, diputada, lo presentó la Junta de Coordinación Política.
En todo caso si usted presenta por escrito su propuesta, se podrá poner a consideración de la Asamblea. Nada más recordarle que las embajadas o los consulados son representaciones del Estado mexicano y en todo caso dependen directamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sonido a la curul del diputado Escajeda.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Solamente para comentar, señor Presidente, que la ineficacia y la insensibilidad del Ejecutivo de este país queda de manifiesto, porque está claro que no interpretan el sentir de este pueblo.
Cómo es posible que no hayan hecho uso de sus facultades, para que nuestro país pudiera entrar como el tercero en discordia. Es ineficacia, es falta de voluntad política y es estar faltando a su responsabilidad como Ejecutivo de esta nación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya quedó en el Diario de los Debates su intervención, diputado. Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Sí. Para hacer un añadido por escrito a la propuesta de la Junta de Coordinación Política, para que en el primer renglón donde se dice que se solicita el informe, se agregue un renglón que diga lo siguiente: la Cámara de Diputados lamenta y reprueba la decisión del Ejecutivo federal, de no…. Y ahí seguiría. De no adherirse a la demanda de Canadá. Y se la entrego por escrito.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Antes de ponerla a votación, si quiere traerla por escrito y la pondremos a consideración de la Asamblea, al igual que la propuesta de la diputada Monreal. Le recuerdo que es una propuesta firmada por todos los coordinadores a través de la Junta de Coordinación Política. Sonido a la curul de la diputada Adriana Díaz.
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Sí, señor Presidente. Quisiera hacer también una propuesta en relación, que esta Cámara le dé un tiempo determinado al Presidente de la República para que nos dé una respuesta.
Considero que en un plazo no mayor de 10 días, se nos pudiera responder a los diputados de esta Cámara, el que él nos manifieste si está dispuesto o no está dispuesto a la solicitud que le estamos haciendo, al exhorto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Francisco Domínguez.
El diputado Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Con su permiso, señor Presidente. Nada más para aclarar, esta Cámara de Diputados ha hecho diferentes exhortos al Ejecutivo. La política agropecuaria de este país le corresponde al Ejecutivo, no al Legislativo, y que quede clara nuevamente, el martes pasado el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, en presencia del Secretario de Agricultura de Estados Unidos, le manifestó que México se sumaría a la demanda de Canadá contra Estados Unidos en las políticas del maíz. Por lo tanto, habrá que esperar el panel en cuanto lo abra la Organización Mundial de Comercio y México se sumará a esta demanda. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Domínguez. Le voy a pedir al Secretario que dé lectura al artículo 34, numeral uno, inciso b), de las facultades de la Junta de Coordinación Política; de la Ley Orgánica.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Artículo 34 de la Ley Orgánica. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes… inciso b). Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. ¿Ya están por escrito las propuestas? Le voy a pedir a la Secretaría que dé lectura al punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación; y le pediría al diputado Sandoval que nos diga en dónde iría su propuesta. Dé lectura al punto de acuerdo como lo presentó la Junta de Coordinación.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Punto de acuerdo. Único. Se solicita a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación envíen a esta soberanía un informe por escrito sobre la decisión del gobierno mexicano de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó a la Organización Mundial de Comercio, por la entrega de subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de Estados Unidos de América. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito que ponga en votación económica la propuesta de la diputada Susana Monreal, para agregar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al igual que, como está en el punto de acuerdo, a la Secretaría de Economía y a la Sagarpa.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la solicitud de la diputada Monreal, en los términos que dijo el Presidente: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se desecha la propuesta de la diputada Monreal. La propuesta del diputado Sandoval es una expresión: "la Cámara de Diputados. Lamenta esta decisión". A ver, en esos términos, que "la Cámara de Diputados lamenta la decisión de no haber participado". Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta ese agregado.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el agregado del diputado Sandoval: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se desecha la propuesta presentada por el diputado Sandoval. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse en los términos propuestos por la Junta de Coordinación Política el punto de acuerdo ya leído.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo en sus términos: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Adriana Díaz.
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Presidente, hice una propuesta y usted no la puso a consideración de este Pleno. Sé de la voluntad política que hay de los diputados del PAN en cuanto a este tema y es momento de demostrarlo.
En virtud de que el Ejecutivo ha hecho caso omiso a estos exhortos, yo pedí, solicité, que el Ejecutivo nos manifestara por escrito si estaba dispuesto a integrarse a esta controversia junto con Canadá y pedí que en un plazo de 10 días se nos diera una respuesta, situación que no se puso a consideración de este Pleno.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado, tiene usted que presentarla por escrito. No tenemos la propuesta suya, perdóneme.
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada.
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Si no la presenté es porque nosotros no contamos con una copia del texto redactado. Hace un momento que lo leyó el Secretario de esta Mesa fue cuando ya supe, en sí, en qué consistía el punto de acuerdo y en este momento voy a hacer entrega de la propuesta por escrito.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya está votada y ya se aprobó, y le recuerdo que está firmada por todos los coordinadores, incluyendo el de su grupo parlamentario, eh. Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese.
Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Conferencia par la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo a la celebración de una sesión solemne de Congreso General, para recibir la visita de la excelentísima señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados acuerda celebrar una sesión solemne de Congreso General el martes 20 de marzo de 2007, a las 12:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de recibir la visita de la Presidenta de la República de Chile, excelentísima señora Michelle Bachelet.
Segundo. El orden del día para la sesión solemne del Congreso General será el siguiente:
1. Designación de la Comisión de Cortesía para recibir a la Presidenta de la República de Chile.
2. Mensaje del Presidente de la Cámara de Diputados.
3. Mensaje del Presidente de la Cámara de Senadores.
4. Mensaje de la Presidenta de la República de Chile.
5. Acta de la sesión solemne.
6. Clausura de la sesión solemne.
Tercero. La organización e invitaciones a la sesión solemne se acordarán con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Cuarto. Comuníquese al Senado de la República para los efectos conducentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de marzo de 2007.
Firman todos los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretario. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
Se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile. Se turna a la Comisión de Gobernación.
El siguiente punto del orden del día es la discusión con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. y el último párrafo del artículo 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. Se han anotado varios diputados: el diputado Elías Cárdenas Márquez, Héctor Hugo Olivares Ventura, Alfonso Suárez del Real y Aguilera y María del Pilar Ortega Martínez.
Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez. Se pospone. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura: Con su permiso, señor Presidente. Al presentar la Comisión de Gobernación su dictamen aprobatorio de la iniciativa que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se está dando una muestra inequívoca de la trascendencia que confieren a esta reforma.
Cuando promoví esta iniciativa, el pasado 17 de octubre, lo hice con pleno convencimiento de la trascendencia de preservar la integridad de nuestros símbolos patrios como medio de identidad nacional. Expresé al presentarla —lo reitero hoy— que la Bandera y el Escudo nacionales simbolizan la patria y la nacionalidad mexicana y contienen una raíz histórica y un significado esencial sobre los ideales que inspiraron la vida del pueblo mexicano.
Hoy, al darse la segunda lectura del dictamen que nos ocupa, hemos de reconocer con justicia que los grupos parlamentarios representados en la Comisión y en el seno de esta Asamblea están comprometidos con la preservación y el respeto de nuestros símbolos patrios.
Y es que no es cosa menor para una nación el que se inculque de manera cotidiana y para siempre el respeto a los símbolos que refieren su historia. No lo es el que se trate de preservarlos íntegros, en muestra de respeto a la formación cívica permanente de los mexicanos, los de ahora y los de siempre.
La identidad nacional —reconoce el dictamen en sus consideraciones— ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía, de libertad y justicia, de la democracia y del amor a la patria.
Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios: Escudo, Bandera e Himno, cuyo respeto y veneración refrendan la unidad y afianzan la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica.
No nos llamemos a engaño. Los símbolos patrios son historia e identidad y como tales es menester procurarles durabilidad y permanencia; permanencia por virtud del arraigo que promueven en la conciencia histórica de un pueblo y certeza por los contenidos históricos que representan.
La identidad en todas sus vertientes se fortalece o se debilita, se enriquece o se empobrece. Por ello, es vital para nuestra nación el que hagamos lo necesario para preservar indemnes en el tiempo y en nuestra conciencia a nuestros símbolos patrios.
Cuando se permiten cambios con la ligereza de una supuesta creatividad, que además de irreverente es atentatoria de la identidad de nuestra nación, se desprecia nuestro patrimonio histórico y cultural.
Con estas reformas que hoy se aprueban se ponen a salvo a nuestros símbolos patrios de cambios a capricho que buscan manipular el inconsciente colectivo para ponerlos por vía de la imagen, al servicio del gobernante en turno. Asegurémonos, compañeras y compañeros diputados, que no vuelva a suceder. Aprobemos ahora apoyando este dictamen, el blindaje legal contra cualquier águila mocha del futuro.
Como bien precisó el Legislador de 1983, "ni indolencia a los símbolos por su control excesivo ni saturación ni falta de respeto por su uso indiscriminado". De ahí que las modificaciones contenidas… le pido su anuencia, señor Presidente, para un minuto más.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.
El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura: De ahí que las modificaciones contenidas en el dictamen en comento den contundencia a las disposiciones que se modifican. En él se reforman únicamente los artículos 5o. y 6o. del último párrafo de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El artículo 5o. del proyecto de decreto contenido en el dictamen dispone que toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, el cual —subrayó— no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia.
En el artículo 6o. en su último párrafo se establece, cito: El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial por acuerdo de la autoridad correspondiente, apegándose estrictamente a lo establecido por los artículos 2o. y 5o. de la presente ley.
De esta manera se atienden las principales motivaciones de la iniciativa en el cuerpo del dictamen que hoy se somete a votación. Con estas reformas que hoy se aprueban se ponen a salvo nuestros símbolos patrios de cambios sin justificación. Al aprobarla nos aseguraremos de que no se atente nunca más contra los símbolos de nuestra identidad nacional.
Por todo lo anterior, solicito a los integrantes de esta Asamblea, su voto aprobatorio. Gracias por su gentileza, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Héctor Hugo Olivares Ventura. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, del grupo parlamentario de Convergencia.
Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de México y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí presentes.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso, señor Presidente. Diputados y diputadas. El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales son los símbolos que otorgan identidad nacional a México. Los tres tienen profundas raíces en nuestra singular proceso histórico, surgen en las grandes conquistas del pueblo mexicano, se concretan en sus luchas para acrecentar las áreas de libertad y de justicia.
Para fijar los tres símbolos nacionales los mexicanos los consagramos en la ley. Ésta es la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que otorgan pertinencia a los más profundos sentimientos nacionales y porque queremos conservarlos bajo el imperio del derecho.
La historia es recipiendaria de la grandeza de nuestros símbolos patrios. Por ello hoy venimos a confirmar nuestra fe y nuestra convicción en los mismos. Y por eso apoyamos la iniciativa presentada por el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, para que queden estos símbolos permanentes en nuestra legislación y en nuestra ley.
Hagamos perdurables estos símbolos hoy, mañana y siempre. En ello estamos comprometidos quienes pensamos que la patria, nuestro México tiene un rostro emblemático en esta representación simbólica, en esta representación por la que lucharon nuestros ancestros, que es legado de abnegación y admiración para nosotros y que serán las guías permanentes para las generaciones que nos sucedan.
Nuestros símbolos nacen del águila que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico en actitud de devorar a una serpiente curvada; varias pencas de nopal se ramifican, una rama de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto.
La Bandera es la expresión más cara de nuestra lucha por la Independencia; el Himno nace en aquella época en que México buscaba afanosamente su rumbo y su perfil como nación. Es la triada que nos da lugar ante las demás naciones, es nuestra identidad nacional. Por ello hagamos perdurables para siempre nuestros símbolos nacionales. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Elías Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Humberto Dávila, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. En todas las épocas y culturas los grupos sociales han tenido emblemas de unión, llámense banderas, escudos o himnos que han sido unificadores de una conciencia de identidad colectiva.
Nuestro Himno nacional, nuestra Bandera y el Escudo nacional, son los símbolos más representativos que nos distinguen como mexicanos ante el mundo, nos identifican como nación y están más allá de cualquier ideología y de intereses personales. Representan la patria y la nacionalidad mexicana, la lucha de un pueblo por su soberanía y dignidad, el orgullo de nuestra historia, de nuestros valores y de nuestros ideales.
Ahora, que se ha restablecido nuestro Escudo nacional a sus rasgos originales y que ha adquirido nuevamente el significado de un símbolo patrio, no podemos arriesgarnos a que por vanidad e interés de una persona lo mutilen impunemente. Con esto, estarían mutilando también nuestra cultura y lo que esto significa para todos nosotros, la unidad nacional.
Es por esto que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, apoyamos plenamente el sentido de esta iniciativa presentada por el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, que busca proteger nuestros símbolos patrios.
Estamos completamente de acuerdo que cualquier reproducción que se realice del Escudo nacional, no podrá ser variada o alterada bajo ninguna circunstancia.
Como legisladores, debemos dar a los mexicanos los principios necesarios para hacer respetar nuestros símbolos patrios. Quien los violente deberá ser sancionado de manera estricta.
Los símbolos patrios son elementos de conciencia nacional y están dentro del sentimiento de todas y todos los mexicanos y por esto, precisamente estamos legislado a su favor. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Humberto Dávila. Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real Aguilera, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente. Parece ser coincidencia pero precisamente el día de hoy, hace 682 años un grupo de aztecas se encontraba en un islote y descubrió el portento de que la señal de la fundación de México Tenochtitlán estaba en este lugar. Terminaba con ello la peregrinación de un pueblo y se confirmaba su designación como un pueblo ejemplar que incluiría un proceso de culturización en la zona del lago.
Hoy, México Tenochtitlán conmemora 682 años de su fundación y el día de hoy esta Legislatura tiene la oportunidad de aprobar la iniciativa de uno de nuestros compañeros, el diputado Héctor Hugo Olivares a través de la cual está impulsando medidas necesarias para evitar que el escudo nacional sea mutilado como ocurrió en la pasada administración.
Nos ha quedado claro que la importancia de los símbolos patrios, de nuestra Bandera y del Himno nacional, ha sido objeto del trabajo y el estudio de los legisladores, y es por ello que existe de manera puntual legislación a este respecto. No se trata de que nuestro Escudo sea objeto de un manual de imagen corporativa que permita adecuaciones o modificaciones a modo.
Desde un principio ha quedado clara la importancia de estos elementos como parte integral de nuestra identidad. Es por ello que el Partido de la Revolución Democrática, desde la presentación de esta iniciativa ha manifestado su decidido apoyo porque con ello, tal y como lo han expresado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, estamos garantizando la integralidad de nuestro símbolo patrio para esta y las futuras generaciones.
Por ello, compañeros y compañeras legisladoras, legisladores, es menester expresar nuestra convicción patriótica con un voto a favor de esta iniciativa, que precisamente se da este día en que se celebra la fundación de México Tenochtitlan que aún subsiste. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real.
Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.
Señoras y señores legisladores, vengo a nombre del Partido Acción Nacional a expresar nuestro voto a favor de la iniciativa que hoy se propone a segunda lectura. En efecto, esta iniciativa que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales, tiene fundamentalmente el propósito de que cualquier reproducción que se realice del Escudo Nacional no podrá variarse ni alterarse bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial.
Igualmente, se propone la reforma del artículo 56, con la finalidad de sancionar a través de los procedimientos y sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que incumplan con lo dispuesto por las disposiciones relativas al uso y reproducción del Escudo Nacional.
Por supuesto que Acción Nacional está de acuerdo con esta iniciativa y además, la celebramos. Acción Nacional se ha distinguido siempre en su larga tradición política, por ser un partido que avala, impulsa y refuerza todas aquellas propuestas que tienen que ver con el respeto a nuestros símbolos patrios.
Ojalá que con la misma pasión que hoy el diputado Héctor Hugo Olivares condena el uso inadecuado de los símbolos nacionales, pudiera impulsar también una reforma para que su partido deje de usar de manera indebida el uso de los colores de nuestra Bandera.
Un reclamo añejo ha sido éste, de parte de Acción Nacional, que lo ha puesto en la mesa en innumerables ocasiones. Hoy más que nunca conviene recordar, señor diputado, a su partido, que debe entender que no es el todo, que sólo es parte.
Esperamos sinceramente esta iniciativa y en ese momento, cuando ésta se presente como el día de hoy, Acción Nacional por supuesto que expresará también su voto a favor. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María del Pilar Ortega. No habiendo más oradores, ábrase el sistema electrónico votación hasta por 10 minutos para la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron, diputado Presidente, 412 votos en pro, cero en contra y una abstención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 412 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. y el último párrafo del artículo 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Punto de acuerdo.
Primero. La Cámara de diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que de inmediato evalúe exhaustivamente las acciones emprendidas en materia de prevención y control del dengue en territorio nacional, derivadas del Plan Nacional de Salud 2001-2006.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo el diseño, implementación y evaluación permanente de las acciones correspondientes para el presente sexenio en materia de prevención y control del dengue, las cuales privilegien la participación de la comunidad, ejerciendo plenamente los presupuestos previstos para la ejecución de dichas acciones y
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud de los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí, Sinaloa y demás afectados por el problema del dengue a colaborar con la Secretaría de Salud federal en la implementación y evaluación permanente de las acciones señaladas los párrafos anteriores.
Y está firmado por los integrantes de la Comisión de Salud.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Están a discusión los puntos de acuerdo. Se han anotado para este punto el diputado Efraín Morales Sánchez, del PRD; la diputada Oralia Vega Ortiz, del PRI. Si gusta pasar el diputado Efraín Morales Sánchez, por favor.
El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Efraín Morales Sánchez: Vengo a nombre de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, a fijar la posición con respecto a este dictamen que emite la Comisión de Salud.
Sin duda el dengue constituye una de las enfermedades emergentes transmitidas por vector más importantes en América Latina, no es la excepción México. Es una enfermedad endémica, producto de la coexistencia de ciertas condiciones como la insalubridad, el hacinamiento, el clima y la propia existencia del agente transmisor, el cual se reproduce y multiplica en función de estas condiciones.
Vengo a manifestar que votaremos en favor de este dictamen, no si antes señalar, a nuestro juicio, una serie de necesidades fundamentales que es necesario atender de manera inmediata.
Primero, que es el desarrollo sanitario y que atiende a una necesidad fundamental. Segundo, la seguridad sanitaria.
Como necesidades estratégicas, fortalecer los sistemas de salud en sus tres niveles. Tener datos sólidos para fincar en buena medida las estrategias que permitan medir los resultados.
Necesidades operacionales. Se requiere de una mayor y mejor coordinación entre el ámbito federal y local y de una organización más eficaz en los tres niveles de gobierno y en todos los programas. Desde luego, abatir la pobreza y marginación de millones de mexicanos.
Decía la directora general de la Organización Mundial de la Salud en días pasados: planteamientos sencillos para tareas complejas. No más convenios, no más consejos, no más institutos, no más encimamiento de responsabilidades en las propias secretarías de Estado. Acabemos con esos convenios burocráticos y ayudemos a que la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades se den de manera más eficiente.
Por estas razones, el PRD votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Efraín Morales. Tiene el uso de la palabra la diputada Oralia Vega Ortiz, del grupo parlamentario del PRI.
La diputada María Oralia Vega Ortiz: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada María Oralia Vega Ortiz: El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se manifiesta a favor de este punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud emprenda las acciones necesarias para evitar una epidemia del dengue clásico y dengue hemorrágico en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa.
El dengue constituye una de las enfermedades emergentes transmitidas por el vector más importante de muchos países de América Latina y también aquí en México, siendo una enfermedad endémica, la cual es producto de la coexistencia de ciertas condiciones tales como insalubridad, hacinamiento, clima y la propia existencia del agente transmisor, por lo que se reproduce y multiplica en función de estas condiciones.
Conforme al Programa Nacional de Salud de 2001-2006 de la Secretaría de Salud, el dengue es un problema infeccioso-emergente relacionado con el saneamiento doméstico, para el cual no existen vacunas ni medicamentos específicos, por lo que su control depende de la disminución eventual, eliminación de las larvas del mosquito vector Aedes Aegipty, que se reproducen en los criaderos domésticos ubicados en altitudes menores de dos mil metros sobre el nivel del mar.
Cabe mencionar que hasta el día de hoy la forma más conveniente de prevenir la enfermedad es mantener el hogar limpio, sin basura y eliminación de los recipientes contenedores de aguas en aquellos sitios en que se desarrolla el transmisor —en este caso el mosquito Aedes Aegipty— por lo cual se deben tener programas regionales e interestatales para trabajar de manera coordinada en acciones para el control de los vectores, la implementación de la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención de la salud en materia de saneamiento y control de brotes.
Bajo estas características, es imperativo que se apruebe el punto de acuerdo para implementar, por parte de la Secretaría de Salud, las acciones necesarias para evitar una epidemia de dengue clásico y dengue hemorrágico, principalmente en los estados mencionados y aquellos afectados por el problema del dengue en coordinación con los servicios de salud en dichas entidades, así como las autoridades municipales correspondientes.
Por lo anterior, compañeros diputados, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional por mi conducto, apoyamos el punto de acuerdo que se va a dictaminar en discusión para exhortar a la Secretaría de Salud que de inmediato evalúe exhaustivamente las acciones emprendidas en materia de control y prevención del dengue en territorio nacional y lleve a cabo el diseño e implementación y evaluación permanente de las acciones correspondientes para el presente sexenio en materia de prevención y control del dengue, las cuales incluyan la participación de todas las comunidades.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Oralia Vega. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Me da mucho gusto saber que el día de hoy hemos decidido unir las voluntades para aprobar este punto de acuerdo que tiene que ver con la propuesta de un diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y este diputado, Víctor Manuel Torres, está buscando sobre todo, con este punto de acuerdo, no solamente hacer el exhorto a la Secretaría de Salud a nivel federal, sino también buscar que nos involucremos todos en el proceso de la salud.
No es solamente exhortar a la autoridad sino también el exhorto corre hacia los estados y hacia los municipios. Hay que empoderar a las comunidades, a las colonias, a los municipios y a los estados para que todos podamos colaborar en la tarea de darle la oportunidad a nuestros hijos de tener un país diferente.
Este tipo de infecciones que pueden ocasionarse, 100 por ciento pueden ser prevenibles y ésta es la manera de hacerlo. Evitarlo depende de nosotros y de estar constantemente buscando mantener limpias nuestras comunidades.
Esto tiene que ver con la permanente limpieza descacharrización y desde luego, cuidar nuestras aguas estancadas en los barrios, en las colonias, en los estados. Entonces este exhorto tendrá que ir más allá de la Secretaría de Salud sino también buscar concientizar a nuestros alcaldes, a los jefes de colonia y que toda la comunidad y todos los mexicanos puedan cuidar y limpiar las áreas de posible contagio, desde luego, estas áreas que pueden tener oportunidad para que se pueda el vector desarrollar.
Es por esto que el grupo parlamentario del PAN agradece y una vez más confirma que la salud no tiene bandera política y la única bandera es el futuro y la salud de los mexicanos. Muchas gracias, por eso pido su voto a favor. Gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Antonio Muñoz Serrano. Agotada la lista de oradores se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Punto de acuerdo.
Único. Se aprueba la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta de manera respetuosa y con estricto apego al Pacto Federal al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a que instruya al titular de la Secretaría de Educación de esa entidad federativa para que investigue el presunto cobro ilegal de los servicios de supervisión escolar en las escuelas particulares de preescolar en dicho estado.
Asimismo, en caso de comprobarse la comisión de cualquier ilícito, se proceda al fincamiento de las responsabilidades correspondientes.
Lo anterior en el marco de la transparencia y rendición de cuentas que rige a las instituciones del Estado mexicano. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2007. Lo firman los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Punto de acuerdo. Único. Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instaurar, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y demás instancias competentes, en acuerdo con las entidades federativas, un programa para abatir de manera integral el analfabetismo en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2007. Está firmado también por los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se les dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Comisión de Salud. Único. Se desecha la iniciativa que reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de noviembre de 2003.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Comisión de Salud. Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, presentada por el diputado Ricardo Alegre Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 21 de febrero de 2006.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Comisión de Salud. Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 6 de abril de 2006.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se registró ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Comisión de Salud. Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 219 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 18 de marzo de 2004.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Comisión de Salud. Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Patricia Chozas y Chozas, el 24 de octubre de 2006.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo, también de la Comisión de Salud, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 16 de noviembre de 2006.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continué la Secretaría.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 1, segundo párrafo; 77 Bis 9, segundo párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Ley General de Salud.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha reservado ningún orador, se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman las fracciones I y IV del artículo 17; la fracción VI del artículo 262 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 217 de la Ley General de Salud.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 184 Bis, de la Ley General de Salud.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, respecto a la agenda política relativa a la visita… Sí, diputado. El diputado Ramírez Barba, si le dan sonido.
El diputado Ector Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Gracias. Para comentarle que son dictámenes, no puntos de acuerdo, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Son puntos de acuerdo que se dictaminaron en las Comisiones, diputado. Gracias. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, con respecto al tema de la visita a México del Presidente de los Estados Unidos de América. Se le pide al Secretario dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente la Mesa Directiva. Presente. Con fundamento en el artículo 5o. del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativos al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios nos permitimos solicitarle sea incluido en el orden del día de la sesión de la hoy, al termino del apartado de dictámenes a discusión, el siguiente asunto.
Agenda política relativa a la visita a México del Presidente de los Estados Unidos de América. El asunto en comento se abordará en una sola ronda, con intervención de hasta por cinco minutos de un diputado por grupo parlamentario en orden creciente.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Atentamente. Lo firman todos y cada uno de los miembros de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política: las diputados y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Se dará participación a los siguientes diputados. Tiene el uso de la palabra la diputada Aida Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa, hasta por cinco minutos.
La diputada Aida Marina Arvizu Rivas: Con su permiso, señora Presidenta. A propósito de la visita del Presidente Bush, quisiera hacer un rápido recuento de cuál ha sido nuestra relación como país en su mandato.
Según consigna el historiador norteamericano John F. Dulles, en alguna ocasión el Presidente Álvaro Obregón instruyó al embajador mexicano en Washington y le dijo: El mejor instrumento con que cuentan los países débiles es su dignidad, defienda la nuestra, señor embajador.
Con motivo de la actual visita del Presidente de Estados Unidos, esas palabras son más que significativas, son obligadas.
El Presidente norteamericano llega a nuestro país sin ideas claras; llega prácticamente sin agenda y en una posición de debilidad como nunca antes, luego de su derrota electoral, al final de su mandato.
Bueno, está tan de salida que en lugar de haberlo recibido el Presidente Felipe Calderón debió de haberlo recibido el ex Presidente Vicente Fox, para que entre jubilados pudiesen conversar.
Esto lo incapacita para llevar a cabo compromisos bilaterales con nuestro país. Ante la enormidad de los problemas que se presentan de la relación México-Estados Unidos, su visita más parece responder a una intentona desesperada de recuperar en el poco tiempo que le queda, la hegemonía hemisférica, violenta y devastadora que ha sido debilitada por fortuna, por su propia actuación.
A ello hay que agregar de suyo que el Presidente norteamericano trae consigo una enorme estela de agravios y descrédito internacionales. En términos reales es este Presidente responsable de buena parte de los conflictos que hay hoy en el mundo, sea por omisión o bien por una clara política intervencionista y bélica.
Este presidente, no se nos debe de olvidar, fue el que intentó forzar a nuestro país para que votara a favor de la guerra contra Irak, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, conflicto del cual hoy sus propios aliados se han ido deslindando.
De igual forma ha ignorado de manera descarada acuerdos y tratados internacionales como el Protocolo de Kioto, siendo su país uno de los principales responsables del calentamiento global que afecta a toda la humanidad.
Y para efecto de nuestra relación bilateral, la situación no es en absoluto mejor. La construcción de un muro para impedir la migración de mexicanos, dándose el permiso para violar derechos humanos bajo el pretexto de proteger a su país del terrorismo; es decir, con licencia para matar, es el último de los agravios, no sólo para nuestro país sino para la memoria histórica del mundo en general.
Si no fuera por la enorme distancia ideológica que nos separa, casi podríamos parafrasear a Ronald Reagan en los 80 cuando dijo: Señor Gorbachov, derribe ese muro.
El señor Bush es el principal opositor de una globalización con rostro humano, es el mejor representante del patriarcado violento y devastador, promotor de guerras y sin agenda para esta visita, sólo nos restaría preguntarle: ¿A qué viene a nuestro país?
Y a la ciudadanía mexicana habría que decirle que tenemos que esperarnos a que haya un nuevo gobierno en Estados Unidos para ver si ahora sí los responsables de conducir este país tenemos la capacidad de establecer una relación de pares con nuestros vecinos del norte. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Aída Marina Arvizu Rivas. Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
No encontrándose la diputada, vamos a darle la palabra al diputado Rodolfo Solís Parga, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Rodolfo Solís Parga: Con el permiso de la Presidencia. Honorable soberanía. George Bush llega a México en esta gira por algunos países de América Latina, en un contexto de aproximadamente 400 millones de personas en el subcontinente de América Latina en la pobreza, de los cuales cuando menos 100 millones de personas se encuentran sumidos en pobreza extrema con ingresos de un dólar o menos diario para su subsistencia.
Llega en un nuevo escenario político y en una recomposición del mosaico político en América Latina, en donde la izquierda ha venido avanzando. Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Chile mismo, Uruguay, Bolivia y por supuesto la heroica República de Cuba. Un escenario en donde haya avances importantes no solamente triunfos sino también avances significativos de las fuerzas progresistas liberales y de izquierda, como en el caso de Perú, en El Salvador, en Colombia y en México.
George Bush llega tarde y sin propuestas, y lo único que viene a decirnos es que quiere extender el patio trasero de Estados Unidos hasta la Patagonia. Trae como instrumento el ALCA y como reclamo el suministro de energéticos a su nación. Llega con más de 600 mil muertos civiles en Irak a cuestas y sobre su espalda, y llega con un creciente repudio en su país a su política guerrerista.
Por otra parte, tenemos iniciativas importantes que están promoviendo una integración real en la región, en América Latina, como son el Mercosur y el Alba que se han ido constituyendo en acuerdos que van más allá de los tratados comerciales para efectos de la cooperación, desarrollo científico, tecnológico, económico entre los países y que están generando un nuevo bloque de naciones.
Aquí tenemos tareas nacionales, temas nacionales, agenda pendiente. El Tratado trilateral de Libre Comercio con América del Norte que ha significado como si hubiera pasado una guerra sobre el país y que ha devastado la economía nacional, el tema de la migración y el muro de la ignominia.
Y tenemos que hacer un balance de estas relaciones con Estados Unidos y sus efectos perniciosos, negativos, destructores en México y el papel del gobierno y de las administraciones que han jugado mexicanos en la instrumentación de la política neoliberal que promueve la metrópoli.
Hoy tenemos que reivindicar los principios de la doctrina Estrada, el respeto al derecho de libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos de otros Estados, la solución pacífica de los conflictos, entre otros.
Esto, frente a la política de terrorismo de Estado que implementa George W. Bush y la cúpula industrial y militar de Estados Unidos y la sistemática violación de los derechos humanos que se realizan, no solamente en contra de nuestros compatriotas, sino además, en contra de quienes están detenidos en cárceles clandestinas —pediría unos segundos para terminar— como en el caso de Guantánamo y todo y las anuencias de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
Hoy tenemos que establecer claro, se exige al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a expresar y representar los intereses del pueblo de México, de manera patriótica y asumir la defensa de la nación mexicana frente al imperio.
Bush: "cenas y te vas". Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Rodolfo Solís Parga. Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Irma Piñeyro Arias: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Irma Piñeyro Arias: Compañeras y compañeros diputados, hoy nuevamente llegamos a un encuentro bilateral, de acuerdos bilaterales, entenderíamos; necesitaríamos y confiamos que pudiéramos buscar realmente lo que miles, millones de mexicanos y centroamericanos, latinoamericanos todos, en Estados Unidos están buscando el pleno respeto a sus derechos humanos.
Qué bueno que venga el Presidente Bush, qué malo que llegue tan tarde para México, para los acuerdos que necesitamos. ¿Quién nos va a responder por los cientos de miles de hombres y mujeres que han sido agredidos en lo más sensible de su dignidad humana? ¿Quién nos va a responder por nuestros muertos? ¿Quién nos va a responder por el muro que se levanta para frenar a millones de hombres y mujeres que van a este país, a Estados Unidos, a incorporar con su trabajo y su conocimiento, el desarrollo y la competitividad de un país que ha logrado, a base de esos esfuerzos y de este trabajo cotidiano de hombres y mujeres honestos, estar en posibilidades de competencia, estar en posibilidades de una baja inflación y crecimiento?
¿Quién nos va a responder a las mujeres, a los hombres que se quedan en las comunidades en espera de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos? Queremos sí, reuniones bilaterales con compromisos compartidos, con responsabilidades compartidas.
Es urgente que replanteemos en las mesas de negociación al más alto nivel, el que la migración es un asunto de Estado para los mexicanos que necesitamos creer que las autoridades, el Presidente de la República, el secretario de Gobernación, la secretaria de Relaciones Exteriores están ocupados en posibilitar una política migratoria integral, de visión compartida, con los acuerdos multinacionales necesarios, con los acuerdos binacionales también fundamentales.
Que llevemos nosotros en la práctica, y en el ejercicio político de nuestra política migratoria, el respeto pleno de los derechos humanos de hombres y mujeres que transitan por nuestro país, también en esta necesidad de ir a la frontera norte y llegar a los Estados Unidos.
Seamos muy responsables para recuperar en la memoria y en el compromiso público de gobierno, lo que tenemos que hacer en el sur de México, en esta frontera tan lastimada, tan agredida por acciones de grupos diversos y de organizaciones criminales que buscan un ya basta para atender a estos hombres y mujeres en la defensa de sus derechos elementales: los derechos humanos y laborales.
¿Quién va a responder también y cómo vamos a llevar a la mesa, cómo vamos a plantear respeto a la dignidad humana, a los derechos laborales de nuestros trabajadores si nosotros hacemos deportaciones masivas? ¿Dónde se quedó el espíritu de refugio? ¿Dónde está esa política migratoria que nos hizo hacer notar en el contexto nacional e internacional como país de defensa de los derechos humanos elementales?
¿Dónde quedó esta historia de migración de México, que nos ubica en una situación donde las aristas del problema se multiplican? Porque no nada más es cómo contener, no nada más es cómo seleccionamos. México tiene en esta gran frontera con Estados Unidos y nuestra frontera sur un tránsito cotidiano. Tenemos también un flujo migratorio muy alto y muy importante, tenemos también esta vinculación histórica de defensa refugio político. Son temas que nos obligan a la reflexión.
Qué bueno por las visitas, qué bueno por las cortesías; qué triste por los millones de mexicanos migrantes que esperan respuesta de un gobierno que queremos, de una nueva alianza que actúe en consecuencia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Irma Piñeyro Arias. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros, ante este Pleno semivacío, permítanme manifestarles que la visita del presidente estadounidense, George Bush, deja a nuestro país consternado y al estado de derecho seriamente vulnerado.
La logística desplegada con una cuasi militarización de la ciudad de Mérida y el vacío de contenido de la visita demandan hoy una expresión firme al señalarse las violaciones a nuestras leyes.
¿Cómo explica el Ejecutivo a esta soberanía la movilización de fuerzas combinadas de tres mil agentes del servicio secreto norteamericano, del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Judicial, perdón, de la Policía Federal Preventiva y del Ejército mexicano? Y si ello fuera poco, que se hubiera desarmado a la policía local.
¿Qué acaso cuando el titular del Poder Ejecutivo mexicano vaya a los Estados Unidos se va a desarmar a la policía de los lugares que él visite? ¿Cuáles fueron las condiciones —nos preguntamos— de internación de los servicios de seguridad y fuerza aérea norteamericanos en territorio nacional?
Demandamos saber cómo se explica la presencia y el sobrevuelo en espacio aéreo nacional de 15 aviones y helicópteros de la fuerza aérea de Estados Unidos. ¿En qué momento se notificó a esta soberanía sobre estas acciones?
Asimismo, se ha levantado un cerco por demás insultante en diversas áreas de la ciudad de Mérida; se han cerrado accesos al libre tránsito; se han instalado retenes y revisiones en lugares públicos.
En síntesis, la vista del presidente Bush ha significado la disminución del goce de las garantías individuales. Nuestra Constitución mexicana ha sido letra muerta. En el desarrollo de su visita se han violado las garantías individuales contenidas en nuestra Carta Magna; se ha disminuido el derecho que toda persona tiene para circular libremente.
Debemos recordar que la seguridad de los jefes de Estado o de gobierno que visitan nuestro país es, en primera instancia, responsabilidad de México. Habrá también que preguntarse si es una visita inútil.
A escasos meses de que el presidente Bush termine su mandato presidencial, esta visita no tiene mayores consecuencias para el mejoramiento de las relaciones bilaterales o para el desarrollo nacional. Durante la mayor parte del período presidencial de George Bush México ocupó un lugar menos entre las prioridades de política exterior de aquella nación.
El avance en las agendas bilaterales fue mínimo y ahora, cuando el Presidente norteamericano va de salida, organiza una gira de trabajo por países latinoamericanos en la que no está claro cuál es el propósito de su visita a México.
Pero lo que no sorprende es la agenda desgastada, la posición inamovible, los temas bilaterales en los que no hay ningún cambio. ¿O es que acaso nos va a anunciar el Presidente Bush que va a retirar la iniciativa del muro en la frontera común? ¿Nos garantizará una reforma migratoria antes de irse? ¿O es que el Ejecutivo mexicano va a expresar la profunda indignación que ese muro causa en nuestro pueblo? ¿O tal vez van a anunciar alguna iniciativa que le ayude al Presidente Bush a recuperar la popularidad perdida?
Por esta inútil visita, compañeros y compañeras legisladoras, se han violentado las garantías individuales de los mexicanos y la soberanía nacional. Se ha debilitado el estado de derecho, se ha vulnerado al Estado mexicano y, de todo ello ni siquiera se dio un aviso al Congreso de la Unión.
Nuestro grupo parlamentario, Convergencia, expresa su más enérgico rechazo a estas acciones que en nada ayudan a definir una política exterior de Estado a favor de los intereses nacionales. En última instancia, que se aclare en las próximas horas si hubo resultados concretos. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Tiene el uso de la palabra la diputada Érika Larregui Nagel.
La diputada Érika Larregui Nagel: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Para todos queda claro que la gira por América Latina del Presidente de Estados Unidos, George Walter Bush, es una visita que llega tarde. Llega tarde porque está a escasos dos años de terminar su segundo período; periodo que se ha caracterizado por ser sumamente desafortunado. Se acerca tarde a nuestra región, pues virtualmente va de salida.
No obstante, hemos de notar que es una oportunidad para que este gobierno que acaba de cumplir sus primeros 100 días, revise la agenda bilateral que se ha caracterizado históricamente por ser sumamente complicada.
No olvidemos que desde que Estados Unidos y México existen como naciones la relación ha estado marcada por la desconfianza, las mutuas acusaciones y descalificaciones. Hoy nuestra diplomacia tiene frente a sí el reto de sacar adelante esa compleja relación. Hoy estamos esperanzados de ver resultados tangibles en nuestro actuar a nivel bilateral, aunque poco hemos de esperar. Lo que Bush no hizo en seis años, no lo va a hacer en dos.
Si bien Bush llegó haciendo ofrecimientos importantes en materia migratoria, hemos de notar que su espacio de acción actualmente se encuentra restringido pues enfrenta a un Congreso que no es afín a todas sus propuestas. El Presidente Calderón debe de tomar con cautela dichas promesas, aunque también debe de tomarle la palabra, pues llegar a una solución del fenómeno migratorio es una conveniencia mutua que es indispensable. Es indispensable que México le haga entender a Estados Unidos que nuestras naciones tan diferentes, son igualmente complementarias.
Por ello, más bien la ocasión debe ser aprovechada para consumo interno, ya que es un momento idóneo para que la nueva Canciller y su equipo demuestren que la política exterior de México ha renacido; que el cuerpo diplomático ha vuelto a tomar el rumbo perdido por los últimos seis años.
Con esta visita, con la que el gobierno del Presidente Calderón puede reinstalar esa visión en la que la relación con Estados Unidos se funda, sobre todo en el respeto y el cuidado perenne de nuestros intereses nacionales. Sin duda es un equilibrio siempre difícil de lograr, pero que a perpetuidad será mucho más eficaz, puesto que un gobierno que tenga claros sus propósitos a largo plazo, le será más fácil representar los intereses de la nación.
Compañeras y compañeros. Elevemos nuestras voces para defender los principios constitucionales en materia de política exterior a fin de lograr que se mantenga la consistencia histórica que nos ha caracterizado por décadas.
La política exterior mexicana tiene una larga tradición de apego a sus principios que debe ser respetada y de la cual todos debemos de estar orgullosos. Esos principios tienen que ser puestos por delante, sin importar con qué gobierno se está negociando.
Esta reunión entre los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y de Estados Unidos, George Bush, es una oportunidad para hacer una revisión de los principales temas de la agenda bilateral, sin que se le otorgue mayor importancia a alguno en particular. La migración, la seguridad en la frontera, la lucha contra el narcotráfico son sin duda temas centrales, pero no pueden quedar atrás y en un segundo plano asuntos como el medio ambiente, el desarrollo sustentable o la cooperación para el desarrollo.
Somos corresponsables en materia de delincuencia organizada, violencia fronteriza, migración, así como tantos otros temas que forman esta basta y complicada agenda bilateral. Esforcémonos entonces por llevar a relaciones conjuntas, pues el beneficio va a ser recíproco.
Tenemos la obligación y el deber de buscar respuestas que sean operativas, que cuenten con un respaldo intelectual y que ante todo sean moralmente dignas.
Estados Unidos tiene intereses prioritarios, México también. En ese sentido es que debemos hacerle ver a nuestro vecino del norte que existe respeto de esta parte, pero nunca subordinación. Este gobierno no puede dejar de lado la objetividad y evadir nuestra relación histórica. No volvamos a partir de la subobjetividad para definir nuestra relación con ese país. La razón de Estado es la que debe imperar, no la de las grandes amistades.
Nos congratulamos por las declaraciones que el Presidente Felipe Calderón ha hecho respecto al consumo de drogas en Estados Unidos, al rechazo a la construcción del muro, a negarse a ser un instrumento. La inherencia debe desaparecer. Nuestro gobierno debe ver por una oportunidad para diseñar un nuevo esquema, ya que prácticamente se está partiendo de cero.
Es una nueva coyuntura en la que se pueden realizar propuestas negociadas; es una oportunidad más para hacer replanteamientos globales sobre la cooperación del desarrollo. Nos guste o no aceptarlo, sigue vigente lo que en 1911 dijera el Presidente Francisco I. Madero: La paz y la prosperidad de México dependen de las relaciones amistosas con Estados Unidos.
Más nos vale reconocer que así es. Pero también, más nos vale trabajar desde el territorio nacional para lograr que los estadounidenses reconozcan que también ellos nos necesitan. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio de Jesús Díaz Athié, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Antonio de Jesús Díaz Athié: Compañeras y compañeros legisladores. No podemos dejar de reconocer que la visita del Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, se da en un momento de tensión en la relación entre ambas naciones.
El levantamiento de un muro fronterizo denominado "de la vergüenza", en cuya construcción han participado funcionarios del gobierno norteamericano, como es el caso del responsable de seguridad interna Michael Chertoff, es una muestra de su equivocada visión para solucionar el problema de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos.
El PRI ratifica la trascendencia del artículo 39 constitucional y su adhesión a los principios establecidos en la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna en materia de política internacional, actividad indispensable para preservar nuestra soberanía en un mundo globalizado con creciente independencia, interdependencia entre los países.
Estamos convencidos de la necesaria igualdad jurídica de los Estados porque ése es el principio que sustenta todo el andamiaje de la política exterior, porque si la dimensión del poder económico, del poderío militar o la ventaja tecnológica definirán de manera exclusiva y excluyente a los Estados, la vida internacional no sería mejor que el peor de los imperialismos que ha vivido la historia.
La soberanía nacional se sustenta en la soberanía popular y no se negocia. Por ello, reiteramos nuestra convicción en la rectoría del Estado sobre los recursos naturales, en especial los energéticos, con apego a la Constitución. Asumimos el movimiento mundial a favor de la democracia y de los derechos humanos.
En ese sentido es el que la fracción parlamentaria del PRI se pronuncia a favor de una política internacional que nos dignifique como nación, que defienda los intereses de los mexicanos y que construya acuerdos políticos y económicos transparentes que nos aporten beneficios tangibles.
Seguir permitiendo los abusos, las desventajas en el terreno comercial, las violaciones de nuestros compatriotas y los señalamientos del gobierno estadounidense en relación con el narcotráfico es llenar a nuestra nación de oprobio.
Por ello, desde esta tribuna confirmamos nuestra posición para que el Ejecutivo federal se conduzca de manera firme y con pleno respeto a nuestra soberanía. Sólo entendemos la presencia del Presidente Bush en nuestro país como una acción reivindicatoria de los derechos de nuestro pueblo y como una muestra de respeto y voluntad.
Y sólo en ese sentido es que el Presidente Felipe Calderón deberá conducirse. De no hacerlo, la patria se lo reclamará. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Con su permiso, señora Presidenta. El Presidente de los Estados Unidos, George Bush, llegó tarde y desde hace seis años ha venido ofreciendo el compromiso de otorgar una atención prioritaria a América Latina y particularmente a México.
La realidad ha demostrado que Bush nunca tuvo el interés en este objetivo. El mandatario de Estados Unidos ignoró a la región durante todos estos años y rompió su promesa de hacer de México su mejor aliado.
Mientras Bush y Estados Unidos llevaban a cabo una guerra injusta en el Medio Oriente, ha surgido en su propio continente la mayor oposición de gobiernos, provenientes de ideologías de izquierda, más grande desde la época de la Guerra Fría, que han rechazado el modelo de capitalismo salvaje que ha impuesto Estados Unidos.
La vista de Bush a México llega muy tarde. Los compromisos que el debilitado Presidente estadounidense pudiera asumir con nuestro país, no tendrán ahora el peso necesario para ponerlos en marcha, teniendo al Congreso y la opinión pública de su país en contra. Por tanto, no se esperan grandes avances en la relación bilateral con esta visita.
En el tema migratorio, por mucho el asunto que más preocupa a nuestro país, es muy difícil que Bush pueda hacer algo después de que durante seis años ha tenido en sus manos las posibilidades de influir en una reforma migratoria integral y no lo ha hecho.
Adicionalmente, Bush ha impulsado la militarización de la frontera con México, provocando que miles de mexicanos que se dirigen a Estados Unidos sean actualmente humillados, perdiendo incluso la vida.
El Presidente estadounidense también es responsable de la construcción del muro de 700 millas a lo largo de la frontera, tal vez una de las obras más detestables en la historia de la relación bilateral.
En el fondo la presencia del mandatario estadounidense obedecerá al afán de exaltar a Felipe Calderón y a su administración conservadora como la mejor opción para la política de América Latina con el objetivo de aminorar en lo sucesivo el avance de la izquierda política en el continente y en nuestro país.
No obstante, existe un tema que debería llamarnos seriamente a la preocupación, que puede ser planteado durante la visita de Bush. Como han señalado atinadamente algunos analistas, el presidente estadounidense se refirió en días pasados a algunos de los objetivos que intentará cumplir durante su estancia en México.
El mandatario estadounidense habló en días pasados a favor de la apertura del sector petrolero y eléctrico al capital privado en nuestro país. Esto no nos extraña. Las empresas transnacionales estadounidenses alimentadas por una posición complaciente del gobierno federal panista no han quitado la vista sobre una posible privatización de nuestros recursos naturales, fundamentalmente los energéticos.
Uno de los medios que las oligarquías de los dos países han adoptado para avanzar en sus intereses es la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Este nuevo instrumento se ha venido utilizando para garantizar la continuidad de la dependencia de nuestro país con Estados Unidos.
Amplios sectores de la población, incluido por supuesto el Congreso de la Unión, han sido dejados fuera de la discusión y del debate para la elaboración de propuestas, como en el TLCAN; en la Alianza no existen mecanismos que permitan reconocer y enfrentar las disparidades económicas entre los países socios.
Por si fuera poco, la iniciativa muestra también el plegamiento en términos de agendas a la voluntad de Washington al incorporar en una negociación internacional la agenda energética descartando la migratoria y el tema agrícola del TLCAN.
Por tanto es fundamental que el Ejecutivo federal mexicano se comprometa a respetar la Constitución mexicana y evite llevar a cabo compromisos que involucren a la potestad de nuestros recursos naturales, particularmente los energéticos.
Es importante y con esto concluyo, que esta Cámara pudiéramos elevar una protesta fuerte sobre la manera en que han sido secuestrados los derechos de nuestros compatriotas y de la sociedad en Yucatán a partir de la llegada de Bush.
No es posible que podamos aceptar calladamente que se despliegue militarmente como lo hemos visto en estos días de manera impresionante, y se militarice en la ciudad de Mérida, a partir de la llegada de un presidente, cosa que no lo hace ningún otro país ni nosotros cuando nuestros ejecutivos asisten a otros países.
Nosotros no podemos permitir que esta situación se siga presentando; no podemos permitir que la llegada de ejecutivos como el de Estados Unidos lleven a que en nuestro territorio actúen el Ejército, la Armada estadounidense, el FBI, coordinados con las fuerzas de nuestro país, que son las que en todo caso deberían de estar coordinando la visita del algún ejecutivo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María Eugenia Campos Galván, del grupo parlamentario del PAN.
La diputada Maria Eugenia Campos Galván: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Existen circunstancias que ya se cuentan para los anales de la historia, pero existen otras que merecen ser trabajadas y tomarlas en cuenta para el presente y para el futuro de nuestro país.
El Presidente Bush, señores, no llega tarde. Los casi dos años que tiene como jefe de Estado representan la tercera parte del gobierno del Presidente Felipe Calderón. Si eso no es importante entonces, ¿qué es?
No hay que sorprendernos si como lo dicen varios editorialistas de periódicos estadounidenses como el Washington Post, qué pasa si el legado histórico del Presidente George Bush es precisamente la reforma migratoria integral.
La visita del Presidente Bush a México se enmarca en cumplimiento de los primeros 100 días de gobierno del Presidente Felipe Calderón. Durante este primer período, su postura ha sido clara y sus acciones firmes con relación a las prioridades establecidas para su gobierno: combate al crimen organizado, reducción de la pobreza y defensa y promoción de los intereses de México, el interés nacional por sobre todas las cosas.
En este sentido, en el grupo parlamentario de Acción Nacional coincidimos plenamente con la postura establecida por Felipe Calderón, en el sentido de buscar en un plano de igual a igual acciones compartidas en plena corresponsabilidad para buscar soluciones de fondo a los problemas migratorios íntimamente ligados a la frontera compartida entre México y Estados Unidos.
En ambos casos, señores legisladores, sería un error trascendental el observar una actitud limitada en visión y alcances, en el cual se ataquen únicamente los síntomas visiblemente manifiestos en la línea fronteriza y sus cercanías y no en las causas de fondo, como lo son la reducción de la demanda de estupefacientes en los Estados Unidos y el combate al tráfico de armas en el tema de seguridad.
Aquí, en esta misma tribuna, ya hace varios meses hemos manifestado y por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios aquí presentes, que la construcción de muros separa a nuestras naciones y que solamente resultan una medida ineficaz que no obedece a una estrategia de cooperación y cercanía sino de alejamiento y unilateralidad.
Por ningún motivo las prioridades de nuestro país hacia nuestros vecinos deben verse subordinadas a los designios o intereses de los Estados Unidos o cualquier otro país. Nuestro liderazgo deberá ser ejercido de manera responsable y firme, y sobre todo, con una visión estratégica que consolide a la región y lleve a capitalizar su potencial para ocupar el lugar que le corresponde dentro del sistema internacional.
En suma, el grupo parlamentario de Acción Nacional entendemos la visita a México del Presidente Bush como un acercamiento necesario y por supuesto, benéfico para ambas naciones en la que el Presidente Felipe Calderón podrá plantear de manera directa las prioridades y objetivos del gobierno mexicano en los temas que nos atañen y que son de interés común, para marcar así el inicio de una nueva relación que deberá distinguirse por la firmeza en las acciones, el respeto e igualdad en el trato y el compromiso de ambas naciones para con el bienestar, el desarrollo y la seguridad de sus habitantes.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Habiéndose agotado la lista de oradores, continuamos con el orden del día. Se recibieron las siguientes
Excitativas
De los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Margarita Arenas Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Del diputado Jaime Verdín Saldaña, del grupo parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Del diputado Pablo Trejo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Del diputado Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.
Se recibieron también dos excitativas del diputado Mario Salazar Madera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa al Senado de la República.
De los diputados Marco Antonio Peyrot Solís y Gerardo Buganza Salmerón, del grupo parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa al Senado de la República.
Remítanse a la Cámara de Senadores.
Se va a dar lectura a las proposiciones con punto de acuerdo que los proponentes han solicitado sean turnadas directamente a las comisiones respectivas.
Del diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Tamaulipas lleve a cabo los trabajos para la construcción de la vialidad denominada Circuito Interior de Reynosa. Túrnese a la Comisión de Transportes.
Del diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que se instale una mesa de diálogo entre la Segob, una comitiva del Congreso de la Unión y autoridades del INEGI a fin de lograr una solución al conflicto laboral que existe en dicho Instituto. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Del diputado Adolfo Orcí Martínez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Sagarpa y de la Conapesca, destine recursos para el Programa de Sustitución de Motores en beneficio de los pescadores ribereños. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería.
Del diputado Erick López Barriga, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se constituye el Grupo de Amistad México-Oceanía, de la LX Legislatura. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Del diputado Ramón Félix Pacheco Llanes, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en relación con los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto público, Pidiregas. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Del diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Investigadora del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
De la diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, del grupo parlamentario del PAN, solicita retirar del orden del día, el punto de acuerdo que estaba agendado.
Y continuando con las proposiciones de punto de acuerdo, se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita un aumento de emergencia a los salarios mínimos.
El diputado José Antonio Almazán González: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante, diputado.
El diputado José Antonio Almazán González: El suscrito, diputado Antonio Almazán González, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que se acuerde un aumento de emergencia a los salarios mínimos.
Las consideraciones están a la vista de todos nosotros y tienen como fundamento lo que establece en su segundo párrafo del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento de su vigencia, siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen. Esta es la letra de lo que establece el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo y los datos también están a disposición de todos nosotros.
Me permito recordar que en la reunión de trabajo que tuvimos con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la semana pasada, esta propia Comisión, aunque reconoce que no ha recibido petición alguna en términos de lo que la ley establece, sí reconoce de acuerdo a los datos actualizados que maneja que, en efecto, el incremento a los precios y artículos de lo que se conoce como una canasta básica han sido incrementados de manera sustancial. Habla para un total de siete artículos y un incremento superior al 50 por ciento.
El fundamento de esta petición es la ley, tal y como deriva de lo que establece la fracción VI del artículo 123 de la Constitución. Y como parte de estos argumentos están presentes, de acuerdo a los datos disponibles, el hecho de que el incremento en los precios tanto de la tortilla como de otros artículos de consumo alimenticio, prácticamente han nulificado el incremento que reconoció la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con vigencia a partir del primero de este año.
Quiero dirigirme con todo respeto a todos ustedes, compañeras, compañeros diputados, a los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias, al diputado Héctor Larios, al diputado Gamboa Patrón, a todos los demás coordinadores de las demás fracciones, a que aceptemos el debate.
Hay un debate de fondo que ha tratado de eludirse y que tiene que ver con visiones diferentes de cuál es el papel que juegan los salarios en una economía como la mexicana. Pido un minuto para concluir mi intervención.
Entonces, debatamos el asunto, pero actuemos de manera responsable tomando este debate y fijando una posición frente a un problema que afecta a millones, a millones de trabajadores en nuestro país. Por lo menos de acuerdo a los cálculos oficiales, alrededor de 14 millones de mexicanos perciben salarios entre uno y dos salarios mínimos.
Ésta es la gravedad de la situación que estamos planteando y frente a lo cual estamos planteando un punto de acuerdo para hacer un exhorto al secretario de Trabajo y Previsión Social, para que conforme lo establece la fracción VI del apartado A del 123 y los artículos 90, 571, 572 de la Ley Federal del Trabajo, se haga la solicitud por parte del secretario de Trabajo ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que se proceda de inmediato a un incremento de emergencia a los salarios mínimos. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Diputada Presidenta, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Tiene la palabra el diputado Pedro Armendáriz García, del grupo parlamentario del PAN para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoria Superior de la Federación realice la fiscalización de la empresa Liconsa.
El diputado Pedro Armendáriz García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el punto de acuerdo para solicitar a la Auditoria Superior de la Federación, la fiscalización de Liconsa, bajo las siguientes
Consideraciones
La pobreza en México es una realidad que pesa en nuestro pasado histórico y que lamentablemente permanece en la actualidad. Es por ello que con el propósito de mejorar los niveles de nutrición de millones de mexicanos, nuestro país ha instrumentado desde 1944 un Programa de Abasto Social de Leche, mismo que inició con la inauguración de la primera lechería de la empresa pública nacional, Distribuidora y Reguladora, SA de CV.
A partir de diciembre de 1944 el Programa se resectorizó de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En ese cambio determinó su desincorporación como filial del Sistema Conasupo y por tanto, la sustitución de su razón social a la actual Liconsa, SA.
En 1999 su acción quedó sujeta a las reglas de operación para el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa. La operación, coordinación, seguimiento y evaluación del Programa están regulados por los estatutos sociales de Liconsa y por las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, contribuyendo así su incorporación al desarrollo del país, mediante el apoyo a la alimentación de familias en condiciones de pobreza extrema, con leche de excelente calidad a precio subsidiado, fundamentalmente para niños menores de 12 años.
Mientras que países como Francia, Holanda, Alemania y Estados Unidos subsidian sus exportaciones de leche hasta con un 30 por ciento promedio, más los estímulos otorgados a la producción, la Federación Internacional de la Leche, considera a México como el país con mayor apertura en el mundo a la leche y sus derivados, siendo Liconsa de las primeras empresas que importa más productos lácteos, por lo menos en el periodo 2005, con una cantidad de 90 millones 155 mil toneladas.
De esta manera, Liconsa se encuentra dentro de las últimas cinco empresas en comprar leche nacional en promedio en 2005, con la cantidad de 278.9 millones de litros al año, siendo un equivalente de 0.76 millones de litros al día.
Sobre este particular, el gobierno mexicano no ha hecho esfuerzo alguno para evitar la competencia desleal; más todavía, en el 2008 los acuerdos del TLCAN permitirán la entrada de este producto al mercado nacional sin aranceles. Ante esta realidad, Liconsa tendrá que sufrir algunos ajustes en su política comercial y el mercado cautivo de los productores nacionales será saturado por productos lácteos de importación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía como de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación que a la brevedad realice la fiscalización de Liconsa, con el fin de esclarecer dudas y transparentar la información de las operaciones tales como padrón de proveedores, políticas de importación, compras nacionales, políticas de precios, proyecto a largo plazo, padrón de beneficiarios e impacto social. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. En votación económica consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. Para apoyar el dictamen ha solicitado y hará uso de la palabra el diputado Rubén Escajeda Jiménez.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso, señora Presidenta. Por supuesto que en la fracción parlamentaria del PRI estamos de acuerdo en este punto de acuerdo que se ha propuesto por un compañero de Acción Nacional.
Desde que se inició a tratar este tema estuvimos de acuerdo y hemos estado insistiendo justamente en la urgente necesidad que hay de que una empresa que fue creada justamente con fines nobles pueda ser auditada, pueda ser revisada para que cumpla con las funciones para la que fue creada.
Una empresa que con criterios totalmente discrecionales en la compra de la leche y que ha mostrado una falta de transparencia y no checan en su totalidad la calidad de las compras que hacen. Una empresa que es la primera compradora de leche a nivel mundial, Liconsa, empresa mexicana.
Una empresa que se ha detectado que de 5.7 millones de beneficiarios, solamente el 1.7 millones se encuentran en condiciones de pobreza extrema, por lo que se beneficia a gente que no necesariamente requiere de este apoyo.
Y estas políticas que ha implementado Liconsa ha venido en detrimento de los ganaderos de este país, los que han pagado el costo de este programa de abasto social, ya que Liconsa crea una competencia desleal con producto importado que desplaza la producción nacional y depreda precios internos al productor.
Por ello, como aquí se ha mencionado, estamos de acuerdo en que Liconsa ajuste sus políticas; que revise a profundidad el padrón de beneficiarios y por supuesto, que en una muy enérgica actitud, se transparente y se audite para que la gente pobre de nuestro país pueda —realmente los que la requieran— hacer uso de este importante programa para el que fue creado Liconsa.
Los diputados federales de la fracción parlamentaria del PRI, en apego y en congruencia a la lucha que hemos manifestado en todos los temas que tienen que ver con el beneficio de la gente, estaremos muy pendientes que este punto de acuerdo que hoy aquí se ha aprobado de urgente resolución, sea por supuesto, revisada a profundidad y que nuestra gente, la gente humilde, pueda ser beneficiada de los beneficios de este programa. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado. Para apoyar el punto de acuerdo propuesto tiene la palabra el diputado Víctor Varela, del PRD.
El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputada Presidenta. Para apoyar, obviamente, la fiscalización de cualquier recurso que se haga llegar a empresas, en el caso de Liconsa, no tanto por el destino de sus beneficiarios, no tanto por si sus beneficiarios son o no meritorios de este subsidio. Ya el director de Liconsa ha dicho que no hay problemas en este caso, que quien recibe la leche es gente realmente pobre.
Lo que nos preocupa es que el padrón de los ganaderos que están siendo subsidiados con recurso fiscal sean realmente productores minoritarios; que no se esté creando, desde aquí, la protección a grandes emporios ganaderos y que dejen de lado el apoyo a productores pequeños.
Esa es la intención que nosotros, como Partido de la Revolución Democrática, tenemos en cuanto a la fiscalización a recursos del erario público destinados a Liconsa. Creemos que no se puede permitir que Liconsa pueda estar apoyando a empresarios o a grandes corporaciones de productores de leche que no sean los pequeños y medianos productores.
Por otra parte, creo que sería también congruente para todos los grupos parlamentarios que si ahorita pedimos la fiscalización de recursos públicos, lo primero que debemos hacer es destinar recursos públicos. Recordarle al Partido Acción Nacional que se opusieron, en la Comisión de Desarrollo Social, a que se destinaran recursos tanto para subsidiar al beneficiario, como para subsidiar al productor.
Pedimos un poco de congruencia en este caso. Y si vamos a pedir que se auditen recursos fiscales, lo primero que hay que hacer es aprobar estos recursos fiscales.
En el caso de la leche Liconsa, tanto el PRD, como el PRI y otras fracciones como Convergencia, aprobamos que se destinaran recursos fiscales tanto para los productores de leche como para la compra de sus beneficiarios.
Apoyamos obviamente esto, pero sería mucho mejor que hubiera congruencia en cada una de las etapas del subsidio y de la fiscalización de los recursos públicos. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Agotado el turno de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada. Comuníquese. Sírvase la Secretaría tomar nota de que al punto de acuerdo propuesto por el diputado Juan Adolfo Orci Martínez, del grupo del PRD debe corregirse el turno para quedar como sigue: túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Pesca.
Esta Presidencia quiere recomendar a los señores diputados que van a presentar puntos de acuerdo sujetarse a los tres minutos que se acordaron debido a que en el orden del día de esta sesión tenemos registrados 154 proposiciones con punto de acuerdo, de las cuales 75 se ha solicitado se tramiten como de urgente resolución. Así que, si pueden abreviarlo a menos de tres minutos mejor, pero no excederse por favor de los tres minutos. Muchas gracias.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal implemente acciones que modernicen los puntos de revisión carreteros.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señora Presidenta. Trataremos de ajustarnos a los tres minutos. Primeramente, hacer del conocimiento de mis amigas y amigos diputados que la petición que estamos haciendo, referente a la modernización de los sistemas de los puntos de revisión carreteros, hay que hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, quienes son los responsables de ellos mismos y especialmente a los elementos de tropa, que son los que están las 24 horas del día pendiente de ellos.
Comentarles que el origen de estos Precos fue elevar los niveles de seguridad para todas las personas que transitan por las carreteras principales de nuestro país. Y esto se está derivando de una preocupación concreta que la sociedad en su conjunto, en sus diversas actividades, principalmente en los estados de Sinaloa y de Sonora, son los comerciantes, los productores hortofrutícolas, los transportistas de carga y los usuarios del transporte público, ya que ahorita tenemos, por la época de cosechas, grandes retrasos a la hora de hacer la revisión en estos sistemas carreteros.
Es importante destacar que estos Precos ya tienen bastante tiempo que están operando y sobre todo, que lo están haciendo con las deficiencias en lo que se refiere al tipo de sistema con lo que lo están realizando; es decir, no tienen la tecnología adecuada.
Este reclamo ya se ha presentado en varias partes de la República, en varios congresos locales. En mi estado, en Sinaloa, lo hizo un compañero de partido del Revolucionario Institucional y un compañero diputado amigo, de Acción Nacional, donde estaban solicitando la intervención del Ejecutivo federal, para la modernización de estos sistemas carreteros.
Datos concretos que se piden sobre las pérdidas que se están teniendo por estos retrasos oscilan entre los 50 y los 60 millones de dólares, por lo que estamos previendo que, año con año, ya no estén dándose estas cuantiosas perdidas, por el contrario que llegue la modernización a estos puntos tan importantes.
Es importante destacar que los empresarios, los organismos productivos del sector social y del gobierno del estado hemos expresado nuestro beneplácito por estos puntos de revisión. Creemos en ellos y consideramos que en estos tiempos son importantes hacerlos, pero también hemos hecho algunas propuestas para que se hagan con mayor agilidad. Como es, que se doten con equipo electrónico, los famosos rayos gama, para poder hacer más ágil esta revisión.
Además hemos propuesto que la Secretaría de la Defensa Nacional, asigne personal a las empresas de origen, para que puedan sellar los semi remolques y no tengan mayores problemas.
Asimismo, los gobiernos de los estados, los particulares nos hemos propuesto donar terrenos aledaños a estos puntos de revisión, para que la revisión, la vigilancia no se haga por encima de las carreteras, sino sea a un lado de ellas mismas.
Por lo tanto, quisiera poner a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en ejercicio del mandato que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordene la revisión inmediata de toda la infraestructura y ubicación de los puntos de revisión carreteros e implemente acciones para su modernización, con el fin de cuidar que la calidad de las mercancías perecederas y carga en general no se vean afectadas, en particular los ubicados en la carretera internacional México 15, que conecta la frontera norte con nuestro país.
Atentamente. Diputada Alma Alcaraz Hernández, de Acción Nacional; Carlos Felton González, de Acción Nacional; Eduardo Ortiz Hernández, de Acción Nacional; Gloria Guadalupe Valenzuela García, de Acción Nacional; Diego Aguilar, del PRI; Amador Gaxiola Daniel, del PRI; Barajas López Ramón, PRI; Rubén Aguilar Jiménez, Partido del Trabajo; diputado Gilberto Ojeda Camacho, PRI; Jesús Patrón Montalvo, PRI; Mayra Peñuelas, PRI; Juan Guerra Ochoa, PRD, Érika Larregui Nagel, Partido Verde Ecologista; Manuel Cárdenas Fonseca, Nueva Alianza; Layda Sansores, Convergencia; y un servidor, Gerardo Octavio Vargas Landeros. Gracias por su atención y solicito sean insertados los nombres de todos los diputados que se adhirieron a este punto de urgente u obvia resolución, al Diario de los Debates. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. Sonido en la curul del diputado Armando Jesús Félix.
El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde su curul): Diputada Presidenta, con su permiso. Únicamente para sumarnos a la posición que hacía el compañero diputado del PRI, en el del estado de Sonora, los diputados federales por Sonora, pues es un reclamo muy fuerte también de la población el que en los Precos constantemente hay mucha acumulación de vehículos. Nos sumamos a esa propuesta para que se modernice la forma como se están revisando los vehículos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tome nota la Secretaría. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese. Se concede el uso de la palabra al diputado Ramón Valdés Chávez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal actualice y active la Comisión Intersecretarial prevista en el artículo 15 del decreto presidencial del 30 de agosto de 1988, en el que se declara zona de monumentos arqueológicos al área conocida como Teotihuacan.
El diputado Ramón Valdés Chávez: Gracias, señora Presidenta. El que suscribe, Ramón Valdés Chávez, diputado federal del grupo de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior de este Congreso, propongo ante esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
De urgente y obvia resolución, a efecto de solicitar al Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones y de conformidad con la normatividad vigente, la actualización y activación de la Comisión Intersecretarial prevista en el artículo 15 del decreto presidencial del 30 de agosto de 1988 en el que se declara zona de monumentos arqueológicos al área conocida como Teotihuacan, en razón de los siguientes
Antecedentes
La UNESCO ha definido esta zona arqueológica como un Patrimonio de la Humanidad, por lo que potenciar y detonar el sano desarrollo de su entorno es responsabilidad de todos.
Ante las necesidades de empleo y deterioro de la calidad de vida que hoy enfrenta la población de este valle, pese a contar en su territorio con uno de los sitios más visitados del mundo, con más de cuatro millones de visitantes anuales, consideramos de urgente u obvia resolución activar el decreto presidencial en mención, lo que permitirá definir un futuro más promisorio con acciones de gobierno condensadas, que por una parte proteja el patrimonio de todos los mexicanos y por la otra, fortalezca la vocación turística del mismo valle.
El Valle de Teotihuacan, integrado por los municipios de Nopaltepec, Ajapuxco, Otumba, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacan y Acolman, cuyos principales problemas son el crecimiento de la mancha urbana, la contaminación visual, la escasez de empleo y la falta de infraestructura turística y con esta puesta en vigor del decreto de 88, sin duda alguna se constituirá en un gran corredor turístico de la máxima importancia para el corazón de México.
Estamos seguros que los compromisos que presentó el pasado martes el Ejecutivo federal para impulsar la actividad turística de nuestro país en los próximos años, coinciden con las demandas que la ciudad teotihuacana visualiza para su región. Esta región se suma a la labor y compromiso compartido del ahora denominado Consejo Consultivo de Turismo.
Por lo antes expuesto solicito a esta honorable Legislatura se sirva apoyar y aprobar el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que dictamine favorablemente y solicite al Ejecutivo federal para que conforme a sus atribuciones y las normas vigentes ordene la actualización y activación de la Comisión Intersecretarial prevista en el artículo 15 del mencionado decreto del 88, para que se declare a esta zona de monumentos arqueológicos, conocida como Teotihuacan y que con esta acción habremos de impulsar planes y proyectos de inversión que ordenen y protejan el patrimonio cultural objeto del presente acuerdo.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada. Comuníquese. Se concede el uso de la palabra al diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal acepte y cumplimente la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia. El día 10 de noviembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 16/2006 en la cual señala que: en los 47 días que duró el plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, el Gobierno del Distrito Federal no salvaguardó los derechos humanos de los capitalinos.
En virtud de la comentada recomendación, se estableció, entre otros: que el jefe de gobierno impulse proyectos de ley que regulen las manifestaciones en la Ciudad de México, así como que el gobierno local brinde apoyos a los comerciantes que fueron afectados.
El día martes 14 de noviembre de 2006 se dio a conocer, por los medios de comunicación, que el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión aludida, protagonizaron un duelo de críticas y descalificaciones con motivo de la recomendación señalada que emitió la Comisión al jefe de gobierno por su desempeño durante los 47 días que duró el plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico.
A criterio del organismo público autónomo, la Administración del Gobierno del Distrito Federal se abstuvo de ejercitar sus atribuciones y aplicar la normatividad para retirar los bloqueos.
Por su parte, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, cuestionó la recomendación y en su momento, señaló que sería la secretaría de gobierno, la responsable de analizar la recomendación aludida, así como determinar su aceptación.
El 5 de diciembre del año en curso se dio a conocer por los medios de comunicación, que el gobierno de la Ciudad rechaza aceptar la recomendación que se emite por ese motivo. El documento enviado al organismo público, signado por el secretario de gobierno, desestima las observaciones del organismo y se pronuncia a favor de ejercer la libre manifestación de las ideas en la Ciudad de México.
Asimismo, considera que la Comisión no efectuó una valoración adecuada de la tutela de una garantía fundamental como podría ser, la libre manifestación de las ideas. También, dentro de los argumentos esgrimidos por la administración local, para su negativa, se encuentra que considera que en su momento dieron cumplimiento a las medidas precautorias solicitadas por los líderes del plantón.
Igualmente comentan que proporcionaron servicios sanitarios a los manifestantes y reabrieron vialidades alternas al inicio del ciclo escolar. No debe pasar inadvertido que es responsabilidad de todo gobierno, sin distinción de ámbito de competencia u origen ideológico o partidario, atender en todo momento a los ciudadanos.
No es posible que los conflictos políticos dejen a la ciudadanía en la indefensión y que además, los gobiernos sean parte activa en los conflictos. Desde la función del Estado y la perspectiva de los derechos humanos siempre deben prevalecer los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses particulares.
Por ello pues, pido a todos los miembros de esta Cámara que voten por urgente esta resolución en virtud de los argumentos aquí esgrimidos, en donde se señala pues, una afectación a derechos fundamentales, donde se señala un daño económico grave para la Ciudad de México, la capital de todos los mexicanos. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, no hay dos terceras partes.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: No se considera de urgente resolución. Diputado Minjares.
El diputado José Manuel Minjares Jiménez: Para solicitarle la repetición de la votación nominal de este punto de acuerdo.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ya se había declarado, perdone. Ábrase el registro electrónico. Rectificar la votación. Pido a la Secretaría leer el artículo 148 del Reglamento.
El Secretario diputado Eduardo Sergio De la Torre Jaramillo: Artículo 148. De las votaciones. Las votaciones serán precisamente nominales: primero, cuando se pregunte si ha o no lugar a aprobar algún proyecto de ley en lo general; segundo, cuando se pregunte si se aprueba o no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen el artículo; y tercero, cuando lo pide un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros cinco. También serán nominales en el caso del artículo 152.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Rubén Montalvo, del PRD. Sonido en la curul del diputado Rubén Montalvo, por favor.
El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde la curul): Sí, únicamente para decirle, señora Presidenta, que estamos viendo una actitud profundamente parcial toda vez que no es la primera vez que se dan este tipo de votaciones, donde no es evidente que no existen los tercios necesarios para que proceda la proposición de Acción Nacional. En todo caso, le pido que acate lo que usted misma indicó, dando el turno original de turno a la Comisión del Distrito Federal. Gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Tiene razón en el sentido de que a veces no es clara la votación y en este caso tenemos que acatar el artículo 148 que acaban de leer, porque fue pedido por un diputado el que se rectifique la votación, y está apoyado por cinco, como dice el artículo del Reglamento.
A ver, sonido en la curul del diputado que está solicitando, la curul del diputado Víctor Varela.
El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): Sí, diputada. Nada más para decir que todos los supuestos que le leyeron en el artículo son antes de que se declare la no urgencia; ya se había declarado que no era urgente. Entonces ya está votado esto, ya es irreversible la reversión. Se pide la revisión de la votación, en tanto no se haya determinado que no era urgente el punto de acuerdo.
Por tanto, yo pido que respete la declaración que usted misma hizo y que se determine como no urgente esta votación y se declare como asunto concluido. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene usted razón en el sentido de que la Presidencia había dicho que no era de urgente resolución; sin embargo, la petición del diputado Minjares cae dentro del artículo 148 y la Presidencia rectifica y se atiene a lo que dice el artículo 148, si usted nos lo permite. Sonido en la curul del diputado Andrés Lozano, del PRD.
El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Escuchamos con detenimiento lo establecido en el artículo 148 del Reglamento de este Congreso y en ninguno de los supuestos encontramos que, una vez que la Secretaría ha obtenido la votación del caso concreto, pudiera pedirse en votación nominal, porque esto sería posterior a que se ha determinado cuál fue el sentido de la votación.
Aunado a esto, tenemos la definición de la propia Presidenta respecto del turno del caso concreto; de tal manera que lo que usted estaría en este momento es generando un precedente de que, una vez determinado por parte de usted el turno a una comisión y habiendo concluido, en este caso concreto el punto de acuerdo en turno, pudiese pedirle la revisión correspondiente; lo cual me parece que no es ni práctica parlamentaria ni apegado a los ordenamientos jurídicos que rigen a este Congreso.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí, señor diputado, lo único en que no concuerdo con usted es que no estaba todavía turnado a comisión; simplemente se estaba declarando que por lo que la votación nominal —digo—, por lo que en la votación simple se estaba percibiendo no era de urgente resolución; pero todavía no estaba turnado a la comisión.
Octavio Martínez Vargas del PRD tiene la palabra.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Presidenta, qué pena que se conduzca de esa manera. Le quiero recordar que fue usted quien pidió a la Secretaría que diera cuenta de los votos. La Secretaría le dijo que no había dos terceras partes. Luego entonces, usted respondió que no era de urgente u obvia resolución; que se turne a la Comisión. Todavía el diputado solicitó la palabra y usted textualmente le dijo: lo siento, no hay dos terceras partes.
Qué pena que se esté conduciendo de esta manera en este Poder, cuando la Presidenta debiese de asumir una actitud diferente. Le pedimos rectifique su conducta y sea congruente con lo que había dicho de que no había dos terceras partes y con la respuesta que le dio al legislador de Acción Nacional de que lo siento, se turna a Comisión.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Está pidiendo la palabra el diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Con su permiso, Presidenta. Creo que no es cosa de si da pena o si nos sentimos ruborizados por una decisión. Siempre, cuando se ha solicitado por un diputado que sea votación nominal, se ha concedido; y me sorprende y me sorprende la escasa vocación del PRD, que en contra de su lema de ser un partido democrático, no quiere someterse a una votación ni a un debate.
Sin embargo, para efectos de que esto pueda caminar y proceder, el Partido Acción Nacional no tiene inconveniente que se turne a Comisión y que la Comisión sea la que le exija al gobierno de la Ciudad este cumplimiento de un deber.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal. Gracias, señor diputado. No se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo relativo a la protección del Valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado. Les recordamos la duración de tres minutos, si son tan amables.
El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su venia, diputada Presidenta. La historia y destino del delta del río Colorado ilustra la interacción bilateral compleja entre México y los Estados Unidos.
Las prácticas del manejo de agua, las batallas legales y los acuerdos políticos en ambos lados de la frontera han tenido impactos dramáticos en la cultura local y su economía que perturban el ecosistema delicado del delta del río Colorado.
En tal virtud, una política enérgica para la restauración del delta del río Colorado, constituye un reto que no sólo compete a nuestra nación, sino que se requiere de la cooperación y compromiso de largo plazo con el vecino del norte.
El Río Colorado, con una longitud de dos mil 333 kilómetros, drena casi 625 mil metros cuadrados en seis estados del país vecino, así como en los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Sus corrientes alguna vez sustentaron 780 mil hectáreas de desierto en el delta, con vastos humedales y mareas que se vacían dentro del Golfo de California.
A mediados de la década de 1970, 10 presas principales y muchos proyectos de irrigación y desviación de agua para el uso humano del caudal, disminuyeron la capacidad del río y del delta. Los permisionarios, para evitar la pérdida de derechos adquiridos, utilizan el agua en cultivos de poco valor. El distrito de irrigación Cibola tiene un número de derechos que igualan a todos los derechos asignados a México y por tanto, tiene para vender al mejor postor.
La mayoría del agua que cruza la frontera es dirigida por las autoridades mexicanas hacia las granjas de los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado, sale de los drenajes salinos, de los procesos agrícolas o se filtra del canal Todo Americano y surge como acuífero al sur de la frontera estadounidense.
Son múltiples las historias legislativas y acuerdos que han permeado en la historia de los dos países para proteger esta importante región, y por lo tanto y por obvio del tiempo, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en el marco de sus respectivas competencias instauren un grupo de trabajo interinstitucional con la finalidad de aplicar acciones urgentes e inmediatas, para proteger el desarrollo rural del valle de Mexicali y la región del delta del Río Colorado y alto Golfo de California.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que inicie los contactos diplomáticos necesarios con el gobierno de los Estados Unidos de América para establecer compromisos conjuntos que devengan en la protección y desarrollo sustentable de las aguas que alimentan la región del valle de Mexicali y del delta del Río Colorado, mediante addendum capitular al Tratado de Aguas entre ambos gobiernos.
Tercero. Que la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos de la Cámara de Diputados se aboque a realizar un diagnóstico social, económico y ambiental de la región del valle de Mexicali, del delta y del Río Colorado y alto Golfo de California, cuya finalidad tenga como función primordial contribuir a los trabajos del grupo interinstitucional al que se refiere el primer punto de este acuerdo, así como para definir las reformas legales que sobre este respecto deben realizarse.
Por su atención y aprobación, es cuanto, diputada Presidenta y solicitamos el texto íntegro que está publicado ya en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Relaciones Exteriores, con opinión de las Comisiones de Desarrollo Rural y Especial de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos.
Tiene la palabra el diputado Adrián Pedrozo Castillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, decrete un aumento salarial y establezca un control de precios a diversos productos de la canasta básica.
El diputado Adrián Pedrozo Castillo: Con su venia, diputada Presidenta. La siguiente es una proposición de la que vamos a retirar una parte, la que se refiere al aumento de emergencia, en virtud de que nuestro compañero diputado Antonio Almazán presentó un punto en relación a este mismo tema y ha sido ya votado en esta misma sesión. En consecuencia, esa parte la vamos a retirar y solamente nos vamos a referir al punto de acuerdo que dice lo siguiente:
Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al Ejecutivo federal a que evalúe la posibilidad de establecer un control de precios a diversos productos de la canasta básica, que presentan los diputados Adrián Pedrozo Castillo, Alejandro Sánchez Camacho y Pablo Trejo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los precios de los diversos productos de la canasta básica no han dejado de aumentar desde la asunción de Felipe Calderón como Presidente. Tan sólo en la última quincena de febrero de 2007, el Banco de México ha reportado un incremento significativo de precios en el limón, la zanahoria, papa, vivienda propia, servicios domésticos, autobuses urbanos y universidades. En cuanto a la electricidad, jitomate, calabacitas, pollo en piezas, tomate verde y nopales, sus precios han estado variando siempre, con una tendencia al alza.
Sin duda alguna, uno de los productos que han detonado esta escalada de precios es la tortilla de maíz. Si al final del año el precio de este alimento básico se encontraba entre los seis y los 6.50 pesos por kilogramo, hoy lo encontramos incluso en 13 pesos en algunas regiones importantes del país.
En términos porcentuales, esto representa un incremento de entre el 60 y el 100 por ciento de la tortilla de maíz. Inclusive la incluyente Cámara Americana del Comercio Mexicano anunció a principios de año que el precio del maíz era y sigue siendo un factor de presión inflacionario.
Todavía más. En 2001, el precio promedio para el azúcar refinada por bulto de 50 kilos estaba en 280 pesos; para febrero del 2000 este mismo producto se encuentra en 332 pesos. Un año después, para febrero del 2007, el azúcar se encuentra en 425 pesos promedio. Esto representa un incremento de casi el 40 por ciento en un solo año.
Esta situación resulta inaceptable, dado que a la clase trabajadora y sus familias se les ha venido violentando su poder adquisitivo para acceder a alimentos diarios básicos para su sostenimiento.
Los incrementos desmedidos de precios —voy a pedir un poquito más de tiempo, diputada; estoy a punto de terminar––, los incrementos desmedidos de precios con Calderón nos ponen en una situación económica similar a la de un estado de guerra.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía valore la posibilidad de establecer un control de precios a diversos productos de la canasta básica, en tanto no existan condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y los comercializadores de bienes y servicios básicos.
Firman los diputados: el de la voz, Alejandro Sánchez Camacho y Pablo Trejo Pérez. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Sonido en la curul del diputado Minjares.
El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde la curul): Gracias, Presidenta. Para solicitar que esta consulta, si es urgente u obvia, sea por tablero en votación nominal.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Pregunto quiénes se adhieren a la petición del diputado Minjares. Con base en el artículo 148, ábrase el registro de votación nominal por cinco minutos.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ábrase el registro de votación nominal por cinco minutos, para consultar si se considera de urgente resolución. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido en la curul del diputado Diego Aguilar.
El diputado Diego Aguilar Acuña (desde la curul): Señora Presidenta, nada más para poner a consideración que el punto de acuerdo que acaba de leer el señor diputado, que lo turne a Comisión para que ahí se analice, cual es debido.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Quien puede pedir esto, sería el diputado que lo está proponiendo. Si el diputado que lo propone cambia su petición, sería atendido. Sonido a la curul del diputado Adrián Pedrozo
El diputado Adrián Pedrozo Castillo (desde la curul): Si diputada, para hacer de su conocimiento que estamos de acuerdo con la propuesta que hace el diputado Diego y que aceptamos que se vaya a las Comisiones.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ruego a la Secretaría, instruya el cierre del registro y túrnese a la Comisión de Economía.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Esta votación que se inicio y se suspendió no se computará para ningún punto estipulado en ninguna norma. Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo relativo a los subsidios al gas natural.
El diputado José Rosas Aispuro: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Para nadie de los que estamos aquí en la Cámara de Diputados —estoy seguro— es desconocida la problemática que se vive en cada una de las regiones de nuestro país, en cada entidad, en cada comunidad, en cuanto al precio que ahora en día tiene uno de los insumos indispensables para la subsistencia, como lo es el servicio del gas natural y del gas LP.
Por ello, en los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado de manera desproporcionada el precio del gas, frente al incremento a los salarios mínimos. De 2000 a 2006 el precio del gas aumenta en más de 80 por ciento, cuando los salarios apenas rebasaron el 15 por ciento. Eso nos demuestra la grave problemática que enfrentan las familias de más escasos recursos económicos.
Si a eso le sumamos el incremento en artículos de la canasta básica, como la leche, el huevo, las tortillas, el pollo, la carne, entre otros, le sumamos que de lo que gana una familia cerca de 25 por ciento de los ingresos que tiene los tiene que dedicar ahora para la compra del gas, ya sea natural o del gas LP.
Por ello me parece que los diputados ahora debemos de hacer un esfuerzo, junto con el Ejecutivo federal, para que de los recursos que se tienen en el Fondo de Estabilización, podamos destinar una parte de estos al subsidio a las familias de más escasos recursos económicos para que a éstas se les pueda subsidiar hasta en un 20 por ciento el precio de cada kilogramo de gas, para que de esa manera podamos atender una de las demandas más sentidas que presentan nuestras gentes en cada una de las regiones. Por ello someto a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía, su intervención ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para que se autorice un subsidio al precio del gas natural de uso doméstico y del gas LP, hasta del 20 por ciento; que la Comisión Reguladora de Energía, las secretarías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público sean las responsables para la instrumentación de este programa de apoyo a las familias de más escasos recursos económicos.
El financiamiento de este subsidio, que representaría cerca de 300 millones de pesos, sería cubierto con los recursos provenientes del Fondo de Excedentes Petroleros que están incluidos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros…
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, el diputado Rodríguez Prats está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Si me permite el orador hacerle una pregunta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: ¿Acepta la pregunta, diputado?
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con todo gusto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Si la acepta, diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): El impacto fiscal sentimos que es una cantidad muy superior a 300 millones de pesos. Estamos hablando de un 20 por ciento de subsidio en todo el país a un insumo que tiene una enorme demanda en todo el mercado nacional. ¿Podría afirmar que ese sería el impacto presupuestal?
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Creo que si, como se pudiera pensar, fuera abierto a la población en general, sí estaría yo de acuerdo, pero la propuesta que estamos haciendo es que sea hasta los cinco deciles, o sea, hasta quienes ganan hasta aproximadamente siete mil 500 pesos, que es un universo de la población que está claramente demostrado, de acuerdo con las cifras del INEGI, con las cifras que los propios centros de estudios en materia financiera nos han dado y podemos, con cerca de 300 millones de pesos, subsidiar con el 20 por ciento del precio del kilogramo de gas, a las familias de más escasos recursos económicos.
Esta propuesta no va para la población abierta en general, va únicamente para las familias de más escasos recursos económicos.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí, diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Si me permite de nuevo el orador otra pregunta.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con todo gusto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí la acepta.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Partiendo, sin conceder, que pudiera usted estar acertado en sus cifras ¿no sería preferible que esto lo analizara la Comisión conjuntamente con las autoridades de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Economía para efecto de que esta Asamblea pueda tomar una decisión? ¿Estaría usted en contra de que pudiéramos tomar una decisión y que pudiéramos turnarlo a comisión y que ahí sea donde se hagan los estudios correspondientes?
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Me parece que lo que importa es que haya voluntad política de este Congreso para resolver un problema que día con día aqueja seriamente a las familias de más recursos económicos; y si usted y su grupo parlamentario se comprometen a trabajar en las comisiones con el ánimo de encontrarle una solución a este problema, desde luego que mi grupo parlamentario, el Revolucionario Institucional, estaría de acuerdo en que le diéramos ese seguimiento para dar una respuesta mucho más concreta y puntual a nuestra gente. Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, si quiere entonces rectificar el turno sería a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Economía y de Energía.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Así es y dejo el documento íntegramente para que se inserte en el Diario de los Debates, en virtud de que el que estaba inscrito en la Gaceta trae algunos cambios porque hablaba nada más del gas natural y aquí estamos incluyendo el gas LP también. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Túrnese la proposición a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Economía y Energía.
Tiene la palabra el diputado José Gildardo Guerrero Torres, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe reubiquen la plaza de cobro 156 Plan de Barrancas, ubicada en la autopista Guadalajara-Tepic.
El diputado que la va a presentar es el diputado Gustavo Macías.
El diputado Gustavo Macías Zambrano: Con su permiso, señora Presidenta. José Gildardo Guerrero Torres y Gustavo Macías Zambrano, diputados federales de la LX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijar las normas y técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes.
Por ende, dicha Secretaría es competente para revisar y aprobar los proyectos que modifiquen las condiciones de operación de las carreteras en nuestro país a través de sus diversas direcciones.
Hoy en día es misión de Capufe consolidarse como una institución modelo en la prestación de servicios carreteros de calidad que faciliten el desplazamiento de personas, bienes y servicios con seguridad, comodidad, rapidez y economía y entre sus metas institucionales se encuentra la de garantizar elevados niveles de seguridad y de servicio de infraestructura carretera a su cargo.
No obstante lo anterior, hoy en día en la autopista Guadalajara-Tepic-Puerto Vallarta es necesaria la eficaz intervención de dichos organismos competentes para reubicar la plaza de cobro número 156 Plan de Barrancas, pues la ubicación geográfica de la misma al encontrarse al final de una prolongada pendiente ha sido determinante para el acontecimiento de 36 siniestros vehiculares de consecuencias fatales durante el año 2006, tanto para los viajantes como para el personal de la empresa Servicios Profesionales de Infraestructura y Urbanización, encargada de la administración de esta autopista, la cual cabe mencionar, ya ha presentado la solicitud correspondiente para que los organismos competentes aprueben la reubicación de la mencionada plaza de cobro.
En consideración de lo antes mencionado, sometemos a esta honorable Asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe, a realizar y en su caso aprobar un proyecto de reubicación de la plaza de cobro 156 Plan de Barrancas, de la autopista Guadalajara-Tepic.
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe a adoptar las medidas técnicas necesarias para incrementar la seguridad en el tramo carretero antes mencionado, mientras se aprueba el proyecto de reubicación de la plaza de cobro número 156, Plan de Barrancas, de la autopista Guadalajara…
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido en la curul. Un momento, diputado, sonido en la curul del diputado Tonatiuh.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Al término, si es tan amable Presidenta, al término.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Al final de la intervención. Continúe diputado.
El diputado Gustavo Macías Zambrano: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe a informar a esta soberanía, este asunto en particular. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. ¿Con qué objeto, diputado Tonatiuh Bravo?
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Solamente para apoyar la propuesta del diputado que acaba de hacer uso de la palabra, Gustavo Macías, del Partido Acción Nacional, en el sentido que lo establece su redacción de punto de acuerdo para reubicar la caseta de esta carretera de Guadalajara-Plan de Barranca.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tome nota la Secretaría y consulte en votación económica si se considera de urgente resolución.
El diputado Lizaola, ¿con qué objeto, señor? Sonido en la curul del diputado.
El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre (desde la curul): Gracias, Presidenta. Si les parece bien, a los diputados que suscriben la misma, pudieran incluirme en su propuesta.
La Presidenta María Elena Álvarez Bernal: Con mucho gusto. Tome nota la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución.
Consulte la Secretaría si es de aprobarse la proposición.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputado que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobada, comuníquese.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo, a fin de que se realice el Parlamento de la Juventud de México.
La diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Me presento ante esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Asamblea, una proposición con punto de acuerdo a fin de establecer anualmente la realización del Parlamento de la Juventud, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En estos momentos, me permito externarles una propuesta que considero de suma trascendencia para la edificación de una juventud mexicana más comprometida con los aspectos políticos de nuestro país, con la cual construiremos los cimientos para que las futuras generaciones sean más activas y participativas.
Dicha inquietud consiste en la organización del Primer Parlamento de Jóvenes Mexicanos en esta Honorable Cámara de Diputados. Hay que considerar que en los últimos años la Cámara de Diputados ha sido Parlamento de Mujeres, ha sido sede de Parlamento de Mujeres y del Parlamento de Niños y Niñas de México; ambos con excelentes resultados.
Pero considero que ha faltado escuchar las ideas e inquietudes de los jóvenes. En México, una de cada tres personas somos jóvenes ansiosos de expresar ideas, inquietudes, necesidades y de llevar a cabo sueños y proyectos, por lo que considero que dicho evento servirá, ante todo, para crear mejores seres humanos, además de analizar y establecer las condiciones necesarias para crear jóvenes, para crear generaciones de mexicanos capacitados, para hacer frente a un futuro incierto en donde exista equidad y una sana competencia.
Compañeras y compañeros legisladores. Vengo a plantear a este Pleno la realización del primer Parlamento de la Juventud de México, que tendrá como sede la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de manera alterna y al que acudirán jóvenes de entre 12 y 29 años, en el cual desempeñarán funciones de legisladores.
Esto nos permitirá conocer las inquietudes que cada uno de ellos tiene y, a su vez, escuchar las ideas de solución que los mismos jóvenes nos establezcan; ya que en ocasiones nosotros queremos hacer propuestas que beneficien a este sector, pero muchas veces no los tomamos en cuenta. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se apruebe la realización del Parlamento de la Juventud en México, que se llevará coordinadamente por el Poder Legislativo, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, con el Ejecutivo federal, a través del Instituto Mexicano de la Juventud.
Segundo. Este evento se realizará con una periodicidad anual y tendrá como sede en forma alterna a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Tercero. Se establece como sede del primer Parlamento la Cámara de Diputados, a celebrarse el mes de agosto del año de 2007.
Cuarto. Se instruye a las Comisiones de Juventud y Deporte y de Participación Ciudadana de la LX Legislatura de esta Cámara, para que en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores y con las instancias de gobierno federal, establezcan en un plazo no mayor de 120 días las bases y lineamientos de funcionamiento, organización, convocatoria y realización de acciones necesarias para el desarrollo del primer Parlamento de la Juventud de México. Diputada Presidenta, solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Fernández Balboa, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Formalización y Supervisión del Acuerdo Político Nacional para la Transparencia y Equidad en los Procesos Electorales Locales.
La diputada Mónica Fernández Balboa: Con su venia, señora Presidenta. En estos días en que en esta Cámara estamos trabajando y con la mejor disposición para lograr la reforma del Estado que el país nos demanda, es notable que todas las agendas legislativas presentadas en esta LX Legislatura por los grupos parlamentarios coinciden en una reforma integral en materia electoral.
Sin embargo, aun cuando hay auténticas intenciones de llevar a cabo por esta Legislatura las citadas reformas, es importante que los procesos electorales locales no incidan negativamente en el desarrollo de los trabajos para la reforma del Estado.
La situación del país exige que se dé un paso a un acuerdo político nacional que garantice que los próximos procesos electorales locales tengan un avance democrático real y que se evite, por una parte, que la legitimidad de las elecciones quede en entredicho y, por otra, que los actores políticos polaricemos nuestras diferencias en vez de suscribir nuestras coincidencias en aras de la reforma electoral que México exige.
En ese sentido, la suscrita integrante del Partido de la Revolución Democrática propone a esta Honorable Cámara de Diputados convoque de manera inmediata a un diálogo político nacional con todos los actores y organismos involucrados en los procesos electorales de 2007 a asumir un gran acuerdo nacional a favor de la transparencia, equidad y justicia en los comicios locales de nuestro país.
Se considera que este acuerdo debe contemplar los siguientes puntos: que el financiamiento privado en las precampañas y las campañas electorales quede plenamente transparentado, tanto en el origen del dinero como en los montos que reciben los candidatos y partidos políticos, para lo cual proponemos que la función de fiscalización de los organismos electorales sea reforzada por la creación de una Comisión Especial en el Congreso de la Unión que dé seguimiento a los gastos electorales y prevenga oportunamente el rebase de los topes de gastos de campaña.
Que los tiempos en los medios de comunicación sean negociados por conducto de los organismos electorales locales y que los partidos políticos aporten de sus prerrogativas un fondo para tales efectos, a manera de dar certeza de que prevalecerá la equidad.
Un acuerdo en que las empresas televisoras y radiodifusoras asuman su corresponsabilidad en el proceso cívico del país, aceptando que más que promover compras masivas de tiempo aire en los medios, es indispensable que asuman el compromiso de contribuir a la consolidación de la democracia como una forma de vida, tal como lo establece la Constitución de la República.
—Termino en un minuto, Presidenta. Que el titular del Ejecutivo federal y los titulares de los Ejecutivos locales se abstengan de hablar en actos de gobierno a favor de los partidos políticos a los que pertenecen; por el contrario, es indispensable que asuman y respeten el compromiso de neutralidad para dar certeza de que se gobierna para todos.
Que el Poder Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales sean los primeros en comprometerse a que no se desvíen recursos públicos hacia las campañas electorales, para lo cual serán supervisados por una comisión plural de la Cámara de Diputados y por la Auditoría Superior de la Federación.
Que los programas sociales, federales y estatales, a partir de tres meses antes de los procesos electorales, sean supervisados por la misma comisión plural de esta Cámara.
Que se instrumente una supervisión, contabilización y fiscalización especial para la propaganda en especie que se entrega a los ciudadanos en las campañas políticas, tales como despensas, materiales de construcción, bicicletas y utilitarios, entre otros rubros.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. En virtud de las coincidencias en las agendas legislativas de la LX Legislatura, la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de todas las fracciones parlamentarias y a los partidos políticos, a asumir un gran Acuerdo Político Nacional para la Transparencia y Equidad en los Procesos Electorales Locales.
Segundo. Se crea la Comisión de Formalización y Supervisión del Acuerdo Político Nacional para la Transparencia y Equidad de los Procesos Electorales Locales del año 2007.
Tercero. El objeto de la Comisión Especial está contenido en la denominación de la misma. Para el cumplimiento de su objetivo podrá allegarse de la información que considere pertinente. Asimismo, podrá reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los organismos electorales responsables de la organización de las elecciones en cada una de las entidades.
Cuarto. La Comisión Especial estaría integrada por 15 miembros propuestos por los grupos parlamentarios, de acuerdo al porcentaje de representación en esta Cámara.
Quinto. La Comisión Especial contará con una mesa directiva que se conformará con un presidente y tres secretarios designados por los grupos parlamentarios.
Sexto. La Comisión Especial estará vigente hasta el fin de esta Legislatura. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso, ante la Comisión Permanente. Asimismo, contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, mismos que le serán asignados del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo federal.
Noveno. El acuerdo por el que se crea esta Comisión Especial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señora Presidenta, le ruego que el texto íntegro de este punto de acuerdo sea incluido en el Diario de Debates. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señora diputada, un momento por favor. El diputado Pablo Arreola quiere hacerle una pregunta. Adelante, diputado Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Señora Presidenta, comentar a todos los compañeros y compañeras diputadas, que el punto que está tratando la compañera diputada Mónica Fernández es fundamental para la vida política de nuestro país en el desarrollo de las elecciones de este año; que tomemos muy en cuenta la propuesta de formar esta Comisión, porque va a coadyuvar a que la vigilancia que se desarrolle en dos estados de la República en los que tendremos elecciones, hablo de ello, porque en Zacatecas —al estado que pertenezco— vamos a tener elección tanto de diputados como ayuntamientos, y es importante y fundamental que no dejemos este punto de acuerdo para después que inicien los procesos, ya varios procesos electorales están encaminados en diferentes estados y si este punto de acuerdo…
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado, perdón, considero que usted se adhiere a la propuesta de la diputada. O sea, no era una pregunta, sino una adhesión a la propuesta por la importancia que manifiesta…
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): No, aparte de adherirme, tengo una pregunta para la compañera diputada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante con la pregunta, diputado.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Sí. La cuestión para la compañera Mónica Fernández va en el sentido de que si esta Comisión llega a fructificar en poco tiempo, ¿si hay también la intención para que los senadores también formen parte, se involucren también en esta comisión, que no nada más únicamente sean diputados? ¿Si hay esa consideración de parte de ella?
La diputada Mónica Fernández Balboa: El punto de acuerdo plantea que sea la Honorable Cámara de Diputados la que haga este exhorto y esta comisión, pero de aprobarse, yo creo que sería muy importante que pudiéramos hacerlo extensivo a todo el Congreso de la Unión e incorporar a los senadores de la República.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría con el orden del día.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Orden del día de la próxima sesión del 15 de marzo de 2007.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (18:01 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 15 de marzo a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30.