El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 349 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:35 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica que con motivo del 69 aniversario de la Expropiación Petrolera tendrá lugar el 18 de marzo a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se designa en comisión de cortesía a los diputados Salvador Arredondo Ibarra, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y al diputado Eduardo Sánchez Hernández.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
Pido respetuosamente a las señoras y señores de los medios de comunicación nos hagan favor de pasar al lugar que tienen designado. Adelante, Secretaria.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Oficio del diputado Víctor Valencia de los Santos, integrante del grupo parlamentario del PRI, por el que solicita licencia indefinida a su cargo de diputado federal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Están a discusión los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el IV distrito del estado de Chihuahua, a partir del 22 de marzo de 2007.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados. Comuníquense.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados, Presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8o., tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos en comisión solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que el diputado Francisco Antonio Fraile García cause alta como presidente en la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución.
Que la diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gasca cause alta como secretaria de la Comisión de Pesca.
Que el diputado Jesús de León Tello cause baja como integrante en la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.
Que el diputado Silvio Gómez Leyva pase de ser integrante a secretario en la Comisión de Desarrollo Social.
Que el diputado Juan Manuel Sandoval Murguía cause alta como secretario en la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia la mina de carbón Pasta de Conchos, en el Municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.
Que el diputado Silvio Gómez Leyva pase de ser secretario a integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.
Que el diputado Jorge Rubén Nordhausen cause alta como secretario en la Comisión de Energía.
Que el diputado Carlos Augusto Bracho González pase de ser secretario a integrante en la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia la mina de carbón Pasta de Conchos, en el Municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.
Que la diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gasca cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.
Que el diputado Jorge Rubén Nordhausen González cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Que la diputada Sara Shej Guzmán cause alta como integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Que la diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gasca cause alta como integrante en la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos del Sur-Sureste de México.
Que la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez cause baja como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Que la diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se presunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 203 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Salud.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, el texto del convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia recibió del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Jesús de León Tello, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley Federal de Defensoría Pública.
El diputado Jesús de León Tello: Gracias, diputado Presidente. Le solicito que la presente iniciativa, toda vez que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.
Los derechos fundamentales de la víctima son un tema pendiente en la agenda nacional. Su fortalecimiento normativo y las garantías reales y efectivas que se requieren instrumentar en el Estado Mexicano deben ser una prioridad legislativa.
En México, el ofendido es el más débil, después de sufrir el delito tiene que sufrir un calvario en el procedimiento penal.
El Estado no le proporciona un defensor que lo oriente y asesore en el ejercicio de sus derechos. En todo caso, tiene que pagar un defensor privado para que lo represente, pero aún, cuando lo tenga la ley no es clara ni expresa en reconocerle algunos derechos fundamentales, para que el ofendido esté en igualdad de condiciones que el inculpado; pues mientras el inculpado sí tiene derecho a una defensa pública adecuada, a una serie de derechos y garantías del debido proceso penal, el otorgamiento de beneficios para gozar de su libertad, el ofendido no tiene a su vez, algunos derechos que equilibre su situación de debilidad.
La presente iniciativa tiene por objeto desarrollar en la legislación secundaria la propuesta de reforma constitucional que se presentó en el pasado periodo ordinario de sesiones, la cual propone dotar de mayores garantías en el procedimiento penal a la víctima u ofendido de algún delito.
En efecto, es necesario establecer de manera clara las garantías que deben operar jurídicamente para que el ofendido pueda ejercer su derecho a una defensa pública, su derecho a obtener la reparación del daño y a impugnar de manera efectiva los actos que violan su derecho a la persecución del delito.
En primer lugar, el defensor público de la víctima es una propuesta que recoge la teoría del galantismo penal, pero que, sobre todo, trata de resolver una injusticia: la falta de defensa de los derechos de las víctimas en el procedimiento penal. No puede ser posible que la persona más afectada por el delito, no tenga derecho a que el Estado mexicano le proporcione un defensor público. Ningún argumento moral o económico justifica la indefensión de la víctima.
Propongo, por lo tanto, que la Defensoría Pública Federal lleve a cabo a nivel federal la obligación de proporcionar los defensores que tutelen los derechos de las víctimas; además, de que toda violación grave a ello pueda dar lugar a la reposición del procedimiento.
Por otra parte, esta iniciativa también tiene por objeto, fortalecer la garantía de la reparación del daño. Si bien es válido, de acuerdo con la idea del derecho penal mínimo, a establecer una política de sustitutivos penales que beneficien a la parte del proceso penal que cometió un delito. También lo es, que es necesario que la víctima no se vea perjudicada por ese beneficio, sino más bien recompensado, por lo menos con la garantía de la reparación del daño, en caso de que el inculpado se acoja al beneficio.
Es decir, cualquier beneficio procesal, o algún sustitutivo o conmutación de la pena, concedido al inculpado dentro del procedimiento penal tiene que cumplir el requisito de garantizar o pagar la reparación de los daños y perjuicio a favor de las víctimas.
Finalmente, es importante fortalecer el control del monopolio de la acción penal que es parte de la historia parlamentaria de nuestro partido, pues desde siempre se ha propuesto el control del Ministerio Público mediante el juicio de amparo, pero ahora la práctica ha demostrado que es necesario ampliar el control de los actos equivalentes del inejercicio de la acción penal y su desistimiento, pues de nada sirve que el ofendido tenga derecho a recurrir al no ejercicio, si por ejemplo no puede cuestionar la reserva de la averiguación.
Basta con que un Ministerio Público congele la averiguación para que no pueda recurrirla, y por tanto, al transcurso de los años dicha inactividad del Ministerio Público se convierta en la prescripción del delito; causa legal para no ejercitar la acción penal, por lo que cuando el ofendido acuda al amparo le será inoportuno e ineficaz porque el juez federal no tendrá más que validar el no ejercicio de la acción penal.
Igualmente podemos decir en casos como la violación a las pruebas que ofrezca el Ministerio Público o la petición de una medida precautoria que no se resuelva como la restitución provisional en el goce de los derechos, la violación a coadyuvar en la averiguación previa, la omisión de restituirlo en sus derechos, la cancelación de la orden de aprehensión, las conclusiones no acusatorias, entre otros casos.
Señores legisladores, hoy en día el 90 por ciento de los delitos quedan sin castigo, en donde una estimación del año 2001, con datos del INEGI, y otras fuentes oficiales revelan que en México de cada cien delitos que se cometen sólo se denuncian 25; de los 25 ilícitos denunciados, sólo termina la investigación en el 4.55 por ciento. De este porcentaje sólo el 1.6 por ciento se pone a disposición del juez y de esa cifra finalmente sólo el 1.2 por ciento llega a una sentencia, condenándose tan sólo al 1.06.
La seguridad pública es el tema más importante en la agenda de la sociedad, incluso algunos lugares como en Tijuana o el Distrito Federal, es alarmante la percepción ciudadana. En el año 2000, por ejemplo, el 55 por ciento de los entrevistados consideraban que la inseguridad pública era el principal problema de la ciudad; en el 2001, afirmaban esa percepción de inseguridad el 74 por ciento. En una reciente encuesta nacional de victimización, de las cifras de 2005, son similares.
La percepción es del 54.21 por ciento de las personas que se sienten inseguras en todo el país. El Ministerio Público, por su parte, es una de las autoridades más desacreditadas en el país y la Policía Judicial ocupa el primer lugar en el índice de desconfianza de la ciudadanía.
Estos datos además de combatirlos con mejores instituciones de justicia penal y seguridad pública, se deben combatir bajo la cultura de los derechos humanos.
Los ofendidos no denuncian no sólo porque no tengan confianza en las instituciones, sino porque no cuentan con la garantías necesarias para proteger sus derechos, los delitos no se castigan porque el Ministerio Público tiene una gran discrecionalidad y una falta de control en el monopolio de la acción penal.
Esta iniciativa tiene por objeto que discutamos las mejores garantías que se deben establecer por el mal débil de nuestra sociedad: las víctimas el delito. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Insértese íntegro la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia. Esta Presidencia saluda al grupo de universitarios de Administración, Ingeniería Industrial y Preparatoria del Campo Huxtepec y del Río, en el estado de Hidalgo, aquí presentes. También saluda a los alumnos estudiantes de la escuela "Tata Vasco" de aquí de Tequexquinahua. Y también a los invitados especiales del municipio de Zapopan, Jalisco.
Tiene la palabra el diputado Ramón Pacheco Yáñez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El diputado Ramón Pecheco Yáñez: Gracias, compañero Presidente. Compañeras diputadas y diputados. En atención a diversas disposiciones constitucionales y legales, voy a someter a consideración de este Honorable Congreso la iniciativa con proyecto que decreto que deroga, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, conforme a la siguiente
Exposición de motivos
El tema de las tarifas eléctricas es sin duda uno de los más sensibles en la sociedad, el pago de recibo de luz tiene alto impacto en el presupuesto de la mayoría de las familias, de igual modo la competitividad de los productos mexicanos en los mercados internacionales se ve influida por el alto costo del insumo eléctrico.
Del buen cálculo de las tarifas depende la viabilidad financiera del servicio público, el cual es prestado como bien sabemos por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro en el marco del artículo 27 constitucional.
La electricidad es un bien fundamental para el desarrollo económico y el bienestar social, el derecho a la electricidad, que los legisladores debemos de inscribir en la Constitución, significa la posibilidad de conectarse y consumir. En ese sentido el precio debe ser el más bajo posible, pero cubriendo todos los costos para que el servicio sea sustentable. Además, la mayor parte del financiamiento debe basarse en recursos propios y no en endeudamiento como ocurre en la actualidad.
La modernización y expansión del servicio debe recaer en los propios usuarios independientemente del operador y de la estructura de la industria eléctrica.
Las tarifas deben entonces fundarse en criterios técnicos y económicos. Al tener la nación la exclusividad en el servicio público de energía eléctrica, el óptimo colectivo exige tarifas basadas en los costos de desarrollo, los cuales incluyen los de corto y largo plazo.
Sin embargo no basta con cumplir principios económicos fundamentales, también se deben tomar en cuenta al menos tres objetivos sociales: equidad para realizar la mejor asignación de costos entre los usuarios; transparencia para contar con reglas claras y conocidas y; simplicidad, ya que aunque las tarifas sean complejas en su cálculo, a veces se abusa deliberadamente de esta situación para que el usuario ni pueda calcular ni comprenda las tarifas que tiene que pagar.
Como la electricidad es un bien de primera necesidad —pero existen ciudadanos cuya situación económica no les permite pagar la totalidad del servicio— se justifica entonces el otorgamiento de subsidios que nosotros proponemos sean aprobados por este Congreso de la Unión.
Ahora bien, el sistema de tarifas eléctricas que aplica actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es deficiente, poco transparente y de enorme discrecionalidad. De esta manera existen tarifas muy baratas y otras muy caras, de todos modos los usuarios lo resienten y esta asimetría de precios al consumidor final da origen a subsidios cruzados que son injustos en el plano social y que son ineficientes desde el punto de vista económico.
A partir del 6 de febrero de 2002, día en que se decretó un fuerte aumento de tarifas domésticas argumentando una reducción de los subsidios, se ha generado un grave problema social que perdura hasta la fecha.
Durante el sexenio pasado, el precio de la electricidad que consumen los hogares aumento entre 43 y 323 por ciento. Entre 43 —repito— y 323 por ciento en términos reales, dependiendo del nivel de consumo.
Las tarifas por arriba del costo contable son utilizadas para cubrir tarifas deficitarias; tarifas deficitarias ineficientes y para pagar un superávit primario que la CFE debe cumplir por instrucciones de Hacienda con el aval de este Congreso.
Dicho superávit es equivalente a un impuesto que no se utiliza para mejorar ni la confiabilidad ni la calidad del servicio. Ahora bien, el costo contable es muy alto porque incluye un pesado aprovechamiento, equivalente al nueve por ciento de los activos de la CFE.
Para que los usuarios puedan pagarlos, el gobierno otorga un subsidio. Sin embargo, ambos rubros, tanto el subsidio como el aprovechamiento, son virtuales, no generan flujo de efectivo y sólo aparecen en estados contables; de tal forma que el Congreso no aprueba ni los ingresos que se generarían por el aprovechamiento ni los subsidios que saldrían del tesoro público.
Lo más grave es que la relación subsidio aprovechamiento está debilitando las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad pues la diferencia entre uno y otro se registra en cuentas patrimoniales con signo negativo, descapitalizando al organismo.
Es necesario aclarar que las tarifas que pagan los usuarios en la actualidad alcanzan para cubrir la totalidad de los costos variables y de capital, así como el superávit primario exigido por Hacienda. En consecuencia, sería un abuso todavía hacer efectivo el cobro del aprovechamiento previsto en la ley.
Los costos y las tarifas pueden reducirse sensiblemente eliminando ineficiencias, reduciendo la carga tributaria y disminuyendo el precio de compra de los combustibles que se usan para generar electricidad.
Finalmente debo señalar dos ejemplos de como las tarifas son utilizadas con fines políticos y al margen de los preceptos constitucionales. En primer lugar, recordar que Luz y Fuerza del Centro está obligada a vender a los usuarios por debajo del precio que tiene que pagarle a Comisión Federal de Electricidad, cuando lo normal sería que recibiera un margen de utilidad por cada kilowatt-hora recibido y suministrado. En otras palabras, a través de las tarifas el gobierno mantiene deliberadamente a Luz y Fuerza del Centro en números rojos.
En segundo lugar, las tarifas del servicio público, que son excesivas, incentivan el comercio ilegal e inconstitucional de electricidad que se ha estado desarrollando al amparo de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración, otorgados de manera irregular por la Comisión Reguladora de Energía.
El objetivo central de esta reforma es, entonces, coadyuvar al desarrollo del país estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad de las empresas y al aumento de bienestar de los hogares mexicanos.
Nuestra propuesta respeta principios básicos. En primer lugar, salvaguardar el interés de los usuarios, garantizando que la reforma no implicará aumento efectivo de tarifas para nadie; en cambio un altísimo porcentaje verá una notable disminución en su recibo de luz. La esencia de la propuesta consiste, entonces, en crear dos capítulos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y por otro lado en el régimen fiscal.
En tanto, compañeras y compañeros diputados, solicito a la Presidencia que la presente iniciativa se incluya íntegra en el Diario de los Debates para su trámite correspondiente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Ramón Pacheco Llanes. Túrnese a la Comisión de Energía.
Pido a la Secretaría, instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 405 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís para presentar iniciativa que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y abroga la Ley del ISSSTE suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a nombre del diputado Efraín Arizmendi Uribe, del Partido de Acción Nacional; del diputado Juan Manuel Sandoval Munguía, del Partido de Acción Nacional; del diputado Benjamín González Roaro, del Partido de Acción Nacional; de mi compañero diputado Joel Ayala Almeida; a nombre del diputado Juan Manuel Parás González, también de mi bancada; a nombre del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México; a nombre del diputado Ariel Castillo Nájera, del Partido Nueva Alianza y a nombre del diputado Humberto Dávila Esquivel, también de la bancada de Nueva Alianza; y por supuesto, haciendo un llamado para que la totalidad de las bancadas se puedan sumar a esta iniciativa fundamental de las reformas del Estado mexicano a favor de la seguridad social.
La necesidad de la reforma a la seguridad social y al ISSSTE en particular, es un imperativo que emplaza de raíz el núcleo histórico del Estado social mexicano. Tenemos que ver esa necesidad en su perspectiva histórica; es decir tiene que ver, por un lado, con el reconocimiento de éxito de un largo ciclo —de seis a siete décadas— de sustentabilidad y atención a la derechohabiencia, el cual permitió de manera clave la extensión de la esperanza de vida en nuestro país.
Por el otro, a partir de ese éxito también se trata de reconocer que desde hace tiempo se expresaron dos de los cambios sociales y estructurales de mayor impacto en el país, como son la transición epidemiológica y la transición demográfica.
En ese punto se inicia la pérdida de sustentabilidad…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Samuel Aguilar. Pido a los diputados que se han subido a la tribuna guarden silencio y respeto al orador, por favor. Permítame, hasta que terminen de hablar.
Les pido respeto al orador y si alguno desea hacer uso de la palabra, solicítelo respetuosamente. Adelante, diputado Samuel Aguilar.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Gracias, señor Presidente. En ese punto se inicia la pérdida de sustentabilidad de la seguridad social bajo el modelo histórico y como le sucede a la mayoría de los países del mundo, se inicia también el debate y la búsqueda de alternativas.
Hoy resulta claro que las sucesivas adaptaciones y reformas realizadas durante las últimas dos décadas en nuestro país no han sido ni son suficientes para que el Estado garantice en sustancia su responsabilidad constitucional en la materia. Por eso, el debate contemporáneo tiene que ubicarse justo en esos términos como un asunto toral de justicia social, de ética de Estado y corresponsabilidad con la sociedad y los actores políticos implicados y no en falsos dilemas de mercado o Estado.
Lo que está en juego, por el contrario, es garantizar la respuesta del Estado a los trabajadores que ya cubrieron su ciclo en el servicio público, aquellos que estén en activo y, obligadamente, a las nuevas generaciones.
El Estado, compañeras y compañeros diputados, no puede ni debe privilegiar una visión fragmentada de este desafío, sino que debe atender el flujo real y dinámico que amalgama los derechos sociales del conjunto.
No es casual que en las últimas medidas y decisiones al respecto, acertadamente se haya recuperado y puesto en el centro la garantía de la salud como prioridad, como puente institucional y garantía del compromiso social del Estado, al tiempo que se abre el debate sobre las alternativas políticas y técnicas de la reforma que implica el sistema de pensiones.
Desde esa perspectiva resulta claro que el consenso más amplio y plural se identifica justo en ese vértice, en el punto en que el Estado no puede abdicar bajo ningún argumento de su responsabilidad para responder precisamente a esos efectos crecientes que tienen las dos transiciones antes referidas.
El cambio en el perfil de enfermedades y el envejecimiento de la población arrojan ya un cuadro social de salud, una elevación de los riesgos sobre la esperanza de vida y costos económicos para el retiro, que no admiten la parálisis.
De fondo, la salud y las pensiones son indisolubles; constituyen una misma realidad y son el elemento que no debe extraviarse en el debate actual, sino ubicarse como la clave común de los actores políticos y sociales para conservar, en el marco de las reformas que se elija, el carácter solidario que está en los orígenes del Sistema de Seguridad Social y que garantice que el Estado preserve la solidaridad como premisa de futuro.
No existe un modelo fijo, compañeras y compañeros, dogmático y excluyente en esa dirección. Todos han sido revisados y valorados; pero no sólo eso, el país ya cuenta con una larga experiencia de reformas, de momentos de innovación y adaptación que ahora deben de ser explorados con una visión abierta y plural.
Aún mas: se está en condiciones de que la reforma del ISSSTE haga acopio de esta pluralidad reflejada en esta Cámara y establezca un precedente que le permita al país construir la seguridad social del siglo XXI.
En esta perspectiva, es evidente que la ruta que se elija deberá cuidar, construir y propiciar equilibrios y consensos entre los principales actores políticos y sociales…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Samuel Aguilar. Continúe, por favor.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Gracias, Presidente. … en primer término, como ya se ha dicho, se debe responder a la derechohabiencia que suma 10 millones de personas. Del mismo modo se tiene que articular la diversidad sindical que representa los intereses de los Trabajadores al Servicio del Estado y, por supuesto, deben ponerse en juego las nuevas coordenadas de la nueva realidad que implica la división de Poderes y el papel crucial que hoy tiene este Poder Legislativo.
La iniciativa que hoy se presenta es el resultado de un largo proceso de diálogo entre las organizaciones sindicales, el gobierno federal y un grupo plural de legisladores que, insistimos, seguimos llamando a sumarse a esta iniciativa.
Aquí y ahora expresamos nuestro reconocimiento a los trabajadores al Servicio del Estado y a los trabajadores de la Educación. De ellos y para ellos es esta iniciativa que construye la seguridad del siglo XXI. En función de ello, la propuesta de reforma de la Ley del ISSSTE, que hoy se pone a consideración, tiene un acentuado perfil social…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado… Continúe, por favor.
El diputado Samuel Aguilar Solís: … en su contenido y propósitos se reafirma el compromiso histórico del Estado mexicano con la sociedad en general y en especial con los trabajadores del Sector Público.
El ISSSTE no se privatiza: se fortalece. A partir de esta iniciativa —si se aprueba— nuestros trabajadores gozarán de plena portabilidad de recursos y antigüedad…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Samuel Aguilar, permítame. Les pido respeto a mis compañeros diputados del PRD. Está el diputado presentando una iniciativa y esta Presidencia tiene, como en todos los demás casos, la consideración en el tiempo para el orador. Continúe, diputado Samuel Aguilar.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Gracias, señor Presidente. El gobierno federal estaría obligado a aportar una cuota social para salud, que represente seis mil 500 millones de pesos anuales. El gobierno federal estaría obligado también a aportar una cuota social para pensiones, que representará más de dos mil millones de pesos anuales. Se constituiría un organismo público descentralizado del ISSSTE para administrar los recursos pensionarios denominado Pensionissste.
En este fondo se administrarían durante tres años, en exclusividad, los recursos de los trabajadores públicos y no tendría carácter lucrativo, por lo que los ahorros de los trabajadores tendrían mayores rendimientos al invertirse en proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.
Los trabajadores conservarían sus derechos pensionarios si decidieran cambiar de trabajo del sector público al privado, o viceversa, porque podrían aportar sus ahorros y sus años de cotizaciones.
Compañeras y compañeros diputados, quiero insistir en esa apretada presentación de la necesidad de la reforma del ISSSTE y sus principales puntos programáticos. Sólo tienen sentido si se ubican en el contexto de una preocupación común.
La preocupación de que el Estado que estamos construyendo y del que formamos parte los legisladores, sea capaz de conservar, asegurar y proyectar su carácter social de manera sustentable.
El ISSSTE emplaza directamente ese carácter. El costo de no actuar, señoras y señores, puede anular, incluso, futuros debates y obligarnos a actuar sin las reservas y bondades que nos ofrece la nueva realidad política del país. Yo los invito a que juntos rescatemos al ISSSTE y construyamos así la seguridad social del siglo XXI. Por su atención, muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Samuel Aguilar Solís. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
En términos de lo dispuesto por el artículo 98, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como 90 del Reglamento para el Gobierno Interior, se exhorta a las comisiones competentes en la Cámara de Diputados para que conjuntamente con el Senado de la República, la iniciativa sea analizada en conferencia de comisiones a efecto de agilizar, en su caso, su despacho. Remítase para su conocimiento una copia de la iniciativa a la Cámara de Senadores.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Javier González.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias, señor Presidente. Nadie duda que éste es un asunto que sería muy importante discutir abiertamente y si es cierto que hay una discusión con todos los trabajadores del ISSSTE —los Trabajadores al Servicio del Estado— entonces no va haber ningún problema.
Lo primero que quisiera es pedir que el turno fuese a la Comisión de Seguridad Social porque esto tiene que ver con eso, con el concepto general de seguridad social que tenemos en este país y que el Estado mexicano —si nos vamos a meter a esta ley, a la discusión de esa ley— tiene que definir.
Y después puede pasar a la Comisión de Hacienda, pero no es sólo un problema económico. El problema central es el concepto de seguridad social. No tengamos miedo, vamos a discutir; lo que necesitamos es discutir de frente a la sociedad, porque evidentemente hay discrepancias y lo que necesitamos es que esas discrepancias, si hay acuerdo —como se dijo en la presentación, con todos los trabajadores— no habrá problema.
Pero, lo que nosotros queremos es que quede claro que queremos la discusión abierta. No queremos un albazo. Queremos que todos los Trabajadores al Servicio del Estado estén enterados de esto y no sólo las cúpulas, junto con Calderón, y lo que necesitamos es eso, nada más que haya información adecuada al respecto. Y por lo tanto le pido que el turno sea primero a la Comisión de Seguridad Social. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Antes de darle la palabra al diputado Chanona, quiero recordar que el turno es a Comisiones Unidas. Aquí no hay comisión uno ni comisión dos; las dos comisiones deberán trabajar unidas y dictaminar juntas. El turno fue a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. No hay una comisión que prevalezca por encima de otra y si lo que se quiere es la discusión abierta y franca, no tiene por qué haber una comisión por encima de la otra. El turno es a Comisiones Unidas. Sonido a la curul del diputado Chanona.
El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Ciudadano Presidente. En el mismo sentido del diputado González Garza, Convergencia avala que el ejercicio que hagan Comisiones Unidas tenga, por la profundidad y lo delicado de la propuesta del bloque que lo presenta, la discusión social, la cobertura de información, la transparencia en los ángulos más complicados de esta propuesta, para que tenga recepción plural por parte de todos y llegar a buen término.
En ese sentido queremos, igual que González Garza, un ejercicio en donde podamos socializarlo porque nos estamos jugando el futuro de los derechos colectivos de la clase trabajadora de México y no podemos romper, en estos momentos, una visión social en la que trabajadores, patrones y el Estado sean corresponsables de tan delicada propuesta. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Chanona. Esta Presidencia les recuerda a todas las señoras y señores diputados que cualquier diputado puede participar en cualquier comisión, independientemente de que pertenezca a la misma o no. Coincido en que es un asunto que nos interesa a todos y que la discusión tiene que ser lo más abierta y lo más libre posible. Sonido a la curul del diputado Javier González Garza y posteriormente de la diputada Marina Arvizu y del diputado Juan Guerra después.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Lo que pasa es que hay criterios. Por supuesto que creo que todas las comisiones, todos los diputados vamos a discutir el tema. El problema es quién va a hacer el dictamen al final. Entonces, nosotros pedimos, siendo el asunto un asunto de seguridad social, necesitamos que esta ley pase primero a la Comisión de Seguridad Social.
Por supuesto que luego vamos a tener la participación de todo mundo. Desde este momento nos parece que es un asunto fundamental, en donde todos vamos a participar y justo lo que estamos pidiendo es que nos tomemos el tiempo para la discusión con todos los involucrados en este asunto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Abundio Peregrino, del PT; posteriormente de la diputada Marina Arvizu y después del diputado Juan Guerra y después del diputado Rodríguez Prats.
El diputado Abundio Peregrino García (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Nos parece que el pueblo de México debe de saber, y fundamentalmente los trabajadores con derecho al ISSSTE, que esta iniciativa que vemos que quieren hacerla al fast track, con una rapidez tan violenta por parte de algunos diputados del PAN, del PRI, del Verde y del Panal, sea muy responsable ante la toma de decisiones.
El ISSSTE es una institución gloriosa para muchos trabajadores de México. Por esa razón hoy pedimos que se discuta a fondo, que se les dé la voz a los trabajadores, que no corran prisa. Por esa razón pido, a nombre de la fracción del PT, que debe pasar como primera instancia a la Comisión de Seguridad Social. Lo otro nos parece que es darle mucha rapidez a este dictamen que seguramente va a lesionar a muchos trabajadores que tienen derecho al ISSSTE. Muchas gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Yo quiero pedirles a los señores diputados que no anticipemos vísperas. No está a discusión en este momento esta iniciativa. Les recuerdo que se envió a Comisiones Unidas. No se está enviando primero a una y después a otra, se está enviando a las dos comisiones para que trabajen unidas y dictaminen unidas. No hay comisión preferente. Sonido a la curul de la diputada Marina Arvizu y posteriormente del diputado Juan Guerra y después del diputado Rodríguez Prats.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Sólo para decir que en Alternativa estamos conscientes de que nuestro sistema de seguridad social requiere una reforma urgente. Pero esta reforma tiene que estar dotada de información, de transparencia pero sobre todo hacerla con mucha responsabilidad y que las personas que estén involucradas y que vayan a ser afectadas por esta reforma, estén informadas y estén de acuerdo con ella.
Quiero hacer un llamado a las diputadas y diputados de esta Legislatura que el tiempo, es decir, que no hay tiempo y que hay que hacerlo rápido, ha sido justamente el problema de sacar iniciativas al vapor que luego se nos revierten.
Hay urgencias en otras muchas reformas y el tiempo se nos vino encima. Pero esta reforma es tan trascendental como todos los temas que vamos a discutir en la reforma del estado. Por eso quiero hacer un llamado a que hagamos las cosas con responsabilidad frente a la ciudadanía de este país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Juan Guerra, del PRD.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Ciudadano Presidente de la Cámara. No hay comisiones dice usted, de primera y de segunda, y eso es verdad; pero es práctica parlamentaria que cuando se da turno incluso a comisiones aunque sean unidas, la primera comisión que se menciona es la que hace el dictamen.
Como éste es un dictamen que esencialmente debe estar a cargo de la Comisión de Seguridad Social, nosotros le pedimos, porque no es práctica, le quiero advertir, indiscriminada de usted, mandar a que haga el dictamen quien sea, sino a la comisión correspondiente, le solicitamos que rectifique y que primero mencione a la Comisión de Seguridad Social, aunque sean conjuntas.
De igual manera va a ser pertinente que se involucre en esto a la Comisión de Trabajo y se pida la opinión de la Comisión de Presupuesto. Pero por práctica parlamentaria, la primera comisión que se señala es la que hace el dictamen. Y ésa es la rectificación que le estamos pidiendo; que primero mencione a la Comisión de Seguridad Social.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Guerra. Quiero repetirlo y dejarlo muy en claro. Aquí las prácticas parlamentarias o las reglas no escritas creo que son eso, son reglas no escritas o prácticas que no tienen un fundamento.
Yo declaro categóricamente que se envía esta iniciativa a dos Comisiones Unidas y que si bien pudiera haber esa práctica en algunas otras cuestiones, para esta iniciativa o para otras a donde se turne a Comisiones Unidas, se acabe esa práctica parlamentaria. Es Comisiones Unidas y no hay comisión uno ni comisión dos. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente: En primer término quiere decirle que aquí no se ha manifestado de parte de ninguna fracción parlamentaria que esto se precipite, que se violente el proceso legislativo, que se violen los términos que señala la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento.
Queremos que, siendo un asunto tan delicado, se airee, se discuta y desde luego insistimos en la presencia de la Comisión de Hacienda porque implica contribuciones, implica erogaciones por parte del Estado para fortalecer la seguridad social.
Por lo tanto, concluyendo, le pido señor Presidente, que someta usted a consideración de la Asamblea el turno que ha sido elaborado por usted, para que sea ratificado por esta Asamblea. Es todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ha pedido la palabra el diputado José Antonio Almazán, del PRD; el diputado Raymundo Cárdenas, el diputado Alfonso Suárez del Real. Sonido a la curul del diputado Almazán.
El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Diputado Presidente. Le estoy solicitando formalmente, dada las graves afectaciones de esta iniciativa para reforma de la Ley del ISSSTE en materia laboral, que tenga turno también y lo haga usted explícito en la mención, para que sea turnada también a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y por supuesto que insistimos en que no se busque una salida fast track, porque tenemos experiencia en este sentido cuando se tratan de imponer este tipo de reformas que son lesivas a millones de trabajadores mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito a la Secretaría dé lectura al artículo 23 de la Ley Orgánica y al artículo 21 del Reglamento. Artículo 23, inciso f).
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Artículo 23. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, las siguientes… f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora lea el artículo 21 del Reglamento, fracciones III y VI.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Artículo 21. Son obligaciones del Presidente… III. Dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: La VI.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: VI. Dictar todos los trámites que exija el orden de la discusión de los negocios.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Sonido a la curul del diputado Javier González Garza.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Evidentemente no estamos discutiendo el asunto como tal: la facultad. Lo que sí le pido es que sea el Pleno el que determine si es la Comisión de Seguridad Social la que en primera instancia va a ver este asunto en concreto y que podamos votarlo en términos nominales y listo. No le damos más vueltas.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase el sistema de votación electrónica hasta por cinco minutos; aclarando: si se vota sí, se aprueba el trámite dado por la Presidencia a las Comisiones Unidas; si se vota no, el trámite se modificaría como lo han solicitado reiteradamente los legisladores del PRD. Sonido a la curul del diputado Chanona.
El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Ciudadano Presidente, me parece que por la complejidad del tema, en donde creo que cada comisión podrá hacer la propio en un ejercicio de transversalidad, cuando dice el diputado Rodríguez Prats que son erogaciones que tendrá que hacer el Estado, también se refieren al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Si así fuéramos a trabajar, con fineza y agudeza, tendría que entrar la Comisión de Presupuesto, no sólo la de Hacienda. Por lo tanto creo que es muy importante que se tenga voluntad política, que se vea con la delicadeza del tema para que sea Seguridad Social la punta de los ejercicios transversales. Puede haber más comisiones y por la profundidad yo le pido que no caigamos en la rigidez de solamente invocar sus facultades, mismas que no están a debate. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Raymundo Cárdenas. Sonido a la curul.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): Gracias. Presidente, no está a debate su facultad para dar turno, tampoco está —espero— a debate el hecho de que la práctica parlamentaria es una fuente de derecho y la práctica parlamentaria es que la comisión que encabeza la elaboración del dictamen generalmente es la que el Presidente menciona en primer lugar a la hora de determinar el turno.
Lo que le estamos pidiendo al Presidente es, que en uso de su facultad, cambie el orden en que mencionó a las Comisiones, que primero sea, la de Seguridad Social y después la de Hacienda y si también el Presidente así lo considera, creo que es correcto que pudiera irse también a la de Trabajo.
Creo que la petición es razonable, se funda en la práctica parlamentaria. ¿Qué implica esto? Simplemente que la mesa directiva de la Comisión de Seguridad Social encabezará la elaboración del dictamen; caso contrario será la de Hacienda. Creo que eso es lo que está en el fondo de lo que estamos discutiendo y eso es lo que usted va a decidir.
Se trata evidentemente de un asunto excepcional —decía el diputado Rodríguez Prats que nadie está pidiendo un trámite excepcional—; claro que lo es. No hay una sola ley, no hay un solo dictamen al cual el Presidente de esta Mesa haya determinado que se trabaje en conferencia con el Senado. Esta es la primera ocasión y eso indica que sí tienen prisa para aprobar este atraco a los trabajadores mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Como ha sido solicitado ya por dos coordinares y estamos hablando de lo mismo, yo pediría que se abra el sistema de votación y en caso de que la Asamblea decida rectificar el turno, así lo haremos. Ábrase por cinco minutos el sistema de votación, para votar si se acepta el trámite dado por la Presidencia o se modifica.
La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Actívese el micrófono del diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Para rectificar la votación de esta votación: en contra.
La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Gracias. Actívese la curul de la diputada Sonia Noelia Ibarra.
La diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez (desde la curul: Para manifestar mi voto en contra.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Gracias. La curul del diputado Evodio Velázquez.
El diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre (desde la curul): Si, Secretaria. Nada más para el sentido de mi voto: negativo.
La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Gracias. Del diputado Héctor Padilla...
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pido a los diputados que no han votado, que se acerquen y de viva voz manifiestan a la Secretaría su voto.
El diputado Héctor Padilla Gutiérrez (desde la curul: A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Víctor Manuel Méndez Lanz.
El diputado Víctor Manuel Méndez Lanz (desde la curul): A favor.
La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: A favor. De la diputada Elizabeth Morales.
La diputada Elizabeth Morales García (desde la curul): A favor.
La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: La diputada Sara Shej.
La diputada Sara Shej Guzmán (desde la curul): Sara Shej, a favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pediría a los diputados que no han votado, que se acerquen y de viva voz digan su voto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado López Cisneros.
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: La diputada Yadhira Tamayo.
La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Adrián Pedrozo.
El diputado Adrián Pedrozo Castillo (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Jesús Reyna.
El diputado José Jesús Reyna García (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Mario Mendoza.
El diputado Mario Mendoza Cortés (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Lemarroy.
El diputado Juan Darío Lemarroy Martínez (desde la curul): En contra.
La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Señor Presidente, tenemos 266 votos a favor, 111 en contra y una abstención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se ratifica el turno dado por la Presidencia. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe García Noriega… Sonido en la curul del diputado Juan Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Ciudadano Presidente, sólo para dejar consignado que el turno que usted le dio a esta iniciativa, independientemente de que fue avalado por la mayoría, es absurdo. Espero que luego no turne iniciativas de Salud a Justicia o a Hacienda y lo avalen por votación.
Y para dejar consignado que esa mayoría que le avaló el turno ve el asunto de los trabajadores y sus pensiones, no como un asunto de seguridad social principalmente, sino como un asunto financiero; y ese es el criterio que están aplicando.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada María Guadalupe García Noriega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.
La diputada María Guadalupe García Noriega: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado representa un objetivo básico que debe alcanzar nuestra sociedad, por lo que todas las políticas sectoriales que puedan afectar la consecución de dicho objetivo, deben ajustarse a los criterios de conservación de carácter obligatorio previsto por el marco jurídico ambiental.
La materia agraria no es la excepción, debiendo por ello planearse y ejecutarse a través de acciones basadas en un enfoque preventivo que tome en consideración el estado y las condiciones que guardan los recursos a aprovecharse y el tipo de producto que va a impulsarse, dando cumplimiento con el mayor reto que tiene: la sustentabilidad, es decir, que la preservación de nuestros recursos quede garantizada para las futuras generaciones.
De esta forma resulta necesario que la Ley Agraria, ordenamiento encargado de reglamentar el artículo 27 constitucional, en dicha materia se vincula en materia ambiental con otros ordenamientos sectoriales, así como regirse por las mismas reglas que ellos prevén y por el mandato legal.
Al respecto cabe señalar que el doctor Raúl Brañez, destacado jurista ambiental, mencionaba que la expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente implicó un cambio profundo en materia de política ambiental, estableciendo de manera formal los principios para su formulación, así como un conjunto de criterios que deben considerarse como parte de esos principios y al constituirse como ley marco en materia ambiental, los demás ordenamientos sectoriales deberían sujetarse a su aplicación bajo los lineamientos previstos en el citado ordenamiento.
Dichos lineamientos, conocidos como criterios de conservación o preservación, se constituyen como aquellos de carácter obligatorio que orientan las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tengan el carácter de instrumento de política ambiental.
Así los instrumentos de política ambiental revisten una importancia singular al constituirse como herramientas previstas por la legislación, para que los particulares puedan cumplir con los objetivos ambientales previstos en este tipo de ordenamientos.
En el caso que nos ocupa, resulta fundamental que la Ley Agraria se someta en materia de cuidado y conservación de los recursos naturales a los criterios por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de carácter ambiental y social; ello en virtud de que dicha ley al tener como objeto la regulación y fomento de la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, definiendo los criterios de política forestal, describiendo sus instrumentos de aplicación y evaluación, es aplicable y debe observarse en los núcleos ejidales dado el tipo de actividades y el lugar donde se llevan a cabo.
Queda claro la necesidad de vinculación entre el sistema ambiental y el agropecuario, y no resulta suficiente la vinculación que la Ley Agraria hace a las disposiciones ambientales en su artículo 2o., ya que no permite la integración de ambas políticas, de manera que al no establecer dentro de sus articulados las obligaciones para las autoridades y los órganos del ejido en materia de uso racional de los recursos naturales ni mucho menos, fija lineamientos de carácter obligatorio que permitan un mejor aprovechamiento de estos recursos.
Eso sí, que para poder contar con una política transversal que permita un verdadero aprovechamiento sustentable de las actividades que se llevan a cabo en el sector rural, estimamos necesaria la reforma del marco jurídico aplicable, para lo cual se proponen los criterios antes citados en el artículo de la propia ley, con el objeto de que los sujetos de este ordenamiento cumplan con ello y no argumenten que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable no les aplica directamente, o en su defecto, que desconocen su contenido.
Debido a lo anterior es que, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente
Iniciativa de decreto mediante la cual se reforman los artículos 4o. y 5o. de la Ley Agraria y se agrega el artículo 5o. Bis al mismo ordenamiento, para incorporar criterios de conservación de nuestra riqueza natural.
Por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates y se turne a las Comisiones correspondientes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada García Noriega. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
Tiene la palabra la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 2, 14, 20 y 21 de la Ley de Planeación.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Las diputadas y diputados tenemos un compromiso con la nación y la sociedad en cumplimiento a la representación y soberanía que el pueblo nos concede. No debemos eludir nuestra responsabilidad de legislar en su beneficio.
Hoy, y dado el compromiso que tenemos los tres Poderes y los distintos niveles de gobierno, se da inicio a una etapa de esfuerzos compartidos para armonizar y consolidar en el marco de esta soberanía, las leyes necesarias para implementar una verdadera transversalidad de género y puedan realizarse con apego a la Constitución las políticas públicas y sociales que no sólo benefician a las mujeres ya que las bondades de sus frutos se harán extensivas a toda la sociedad.
Es preciso reconocer en el México del siglo XXI el papel fundamental de las mujeres mexicanas para hacer realidad los niveles requeridos de gobernabilidad, consenso y legitimidad para los fines del Estado. Por tanto, un objetivo fundamental estriba en consolidar la justicia y el bienestar de más de la mitad de la población de nuestro país.
Es importante que todos nos esforcemos en consolidar una sociedad incluyente. Para lograrlo se requiere de una planeación de Estado estratégica y de gran visión, que propicie alternativas, genere metas, decisiones y fines precisos a partir de una adecuada articulación integral y transversal de las instituciones para dar respuestas específicas a una sociedad demandante de justicia, igualdad y equidad.
Con las medidas propuestas se propiciará una vida con calidad plena y digna para todas las mujeres de nuestro país. Éste es y debe ser el espíritu que los tres órdenes de gobierno deben asumir para dar pasos firmes y decididos en este sentido.
Por tanto, una política de Estado con estas directrices permitirá corregir la exclusión, el desempleo y la discriminación hacia las mujeres, permitiendo al mismo tiempo aprovechar su tenacidad en la capacidad de trabajo de millones de mujeres a lo largo y ancho del país.
Por lo anterior, el Estado debe asumir la obligación de crear los instrumentos para brindar a la sociedad alternativas y satisfacción de sus necesidades, empero también se requiere desarrollar los instrumentos legislativos necesarios y plasmarlos en las leyes para permitir la implementación de políticas públicas y sociales transversales encaminadas a defender la integridad, la seguridad, la justicia, la dignidad, el empleo, la vivienda, el salario, el desarrollo de empresas, la estructura de las familias, los servicios de salud y los derechos de todas las mexicanos en todos los sectores, niveles y ámbitos en los que se ubica.
Las consideraciones anteriores impactan positivamente en el espacio público y privado. Sólo así se consolida el trato igual para mujeres y hombres a través de la creación del sistema nacional previsto en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde habrán de converger todos los sectores del Estado mexicano porque con la corresponsabilidad y el compromiso entre los gobiernos estatales y municipales, se consolida una política trasversal, federalista, propia de nuestra democracia.
Para que la nación pueda cumplir con estos grandes retos, se visualiza que el Instituto Nacional de las Mujeres puede convertirse en institución que por excelencia organice, estructure, cree, opere, evalúe y dé seguimiento a las políticas transversales perfeccionando cada una de las acciones que se realizan en este sentido.
Con esta iniciativa se establecen y fortalecen los mecanismos, los medios y los instrumentos jurídicos para que las instituciones incorporen en la vida laboral, social y política, en los cargos públicos y en la cultura del país a las mujeres.
Por nuestra parte, ponemos a disposición de los Poderes de la Unión los instrumentos legislativos para fortalecer el estado de derecho, la democracia, la estabilidad, la gobernabilidad, el orden, el consenso y la legitimidad en lo que respecta a la relación del Estado con la sociedad.
En este sentido estamos trabajando arduamente para sensibilizar a los distintos Poderes de la Unión, de esta noble y urgente acción por desarrollar porque las medidas legislativas que se presentan en el actual contexto político pueden hacer realidad las estrategias trazadas al inicio del sexenio.
Con las acciones mencionadas se pueden abatir las prácticas tradicionales, delimitar o excluir el papel de las mujeres al prever las posibles consecuencias de las situaciones concretas que se dan en la vida diaria de las mujeres.
En consecuencia, y dado el sentido que damos a esta iniciativa, no pueden quedar fuera los grupos más desprotegidos. Los grupos vulnerables, los y las indígenas, las mujeres rurales y las personas con discapacidad cuyas necesidades deben ser resueltas por el Estado desde una perspectiva transversal, interinstitucional y federalista. Una planeación deficiente margina, excluye y empobrece.
En este contexto, la planeación nacional de desarrollo del país se sitúa como la base indispensable para encauzar las actividades de la administración pública federal, la cual debe refrendar el compromiso de construir e implementar políticas públicas y sociales, diseñadas con perspectiva de género que garanticen el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a favor de las mujeres, a favor de la igualdad social.
Debemos decirlo con claridad, la norma es letra muerta; y en los resultados emanados de los hechos concretos no existen criterios de conducción capaces de erradicar el riesgo latente de la discriminación y la desigualdad que propician la desmedida violencia económica que afecta a millones de mujeres y de mexicanos en situación de desprotección.
Es una obligación del legislador coadyuvar a superar esta situación, sin distinción de su ideología, creencia religiosa, orientación o condición de género, porque en nuestra cultura de valores aún predomina la grave tendencia a la discriminación, a partir de lo cual se produce la espiral cíclica de violencia que padecen las mexicanas.
Debemos reconocer que la planeación con perspectiva de género y la armónica atención de los grupos desprotegidos constituye un elemento indispensable que da lugar a enfrentar necesidades no atendidas ni resueltas.
Finalmente, es importante exponer ante esta soberanía que los derechos sociales y la protección de los derechos humanos de las mujeres son progresivos y extensivos a la sociedad en su conjunto. La participación de las mujeres permite mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en general y sobre todo, propicia una cultura de igualdad, equidad y procuración de justicia para una sociedad más incluyente.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2; y reforma los artículos 14, 20 y 21 de la Ley de Planeación. Y solicito a la Presidencia de esta Mesa Directiva, considere turnarla a las comisiones de Gobernación y de Equidad y Género para su dictamen en conjunto y con la opinión de Grupos Vulnerables. Además, le solicito atentamente sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Angélica Tagle. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y, como ha sido solicitado, con la opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables.
Se rectifica el turno del oficio enviado de la Cámara de Senadores. De la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turne a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.
También se amplía el turno de la iniciativa presentada por el diputado Ramón Félix Pacheco Llanes, a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a las personas, ciudadanos también, de la ciudad de Puebla que nos visitan el día de hoy.
Tiene la palabra el diputado José Humberto Vela González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma los artículos 83 y 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Compañeras diputadas, compañeros diputados. Mi nombre es Joaquín Humberto, no José Humberto como mencionó el Presidente; y vengo a presentar una iniciativa que reforma el artículo 83 y 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se establezca el referéndum ratificatorio del mandato en los primeros tres años del sexenio presidencial. Al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En el pasado hubo dos intentos de modificación al artículo 83 de la Constitución. La primera en 1927, para permitir la reelección presidencial por un periodo adicional, aunque no inmediato, a fin de favorecer las aspiraciones de Álvaro Obregón. La segunda modificación se realizó en 1933 para regresar al principio de la no reelección.
En pocas palabras, ésa fue la breve pero trascendente historia de las reformas al artículo 83 constitucional en materia de elección y reelección presidencial.
Señoras y señores, hoy vivimos en un cambio global, dinámico y acelerado, sobre todo en lo que se refiere a las formas de gobernar y administrar el poder. En nuestro caso, el sistema democrático se ha vuelto cada vez más moderno y participativo. Sin embargo, la base histórica política que da sustento al cambio presidencial en un período de seis años es una condición emanada de un régimen autoritario, presidencialista, verticalista y por demás sin elementos de carácter democrático; de un sistema corporativista con un débil desarrollo político institucional, todo lo cual ha pasado a ser parte de la historia, ha pasado a ser parte del museo de los recuerdos.
Hoy han cambiado diametralmente las condiciones nacionales e internacionales, la globalización, la economía de la información, la apertura de los mercados internacionales, los avances en materia de telecomunicaciones han dinamizado no sólo la economía sino el quehacer político. En ese sentido, las condiciones y participación política se han incrementado favoreciendo la politización y conscientización de los ciudadanos.
En estas circunstancias está claro que el México de principios del siglo XX no tiene nada que ver con el México de principios del siglo XXI. La apuesta del nuevo México al que todos aspiramos es y debe ser hacia la consolidación del régimen democrático; vinculado con la rendición de cuentas y la transparencia del ejercicio del poder; es hacia la responsabilidad, eficacia y honestidad de los servidores públicos.
En pocas palabras, hacia el fortalecimiento de la democracia directa, tal y como señala el filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio, para el cual —cito— "en la actualidad existe una demanda constatable que busca la democracia representativa, sea acompañada o incluso sustituida por la democracia directa, lo que ante la imposibilidad de implantar una democracia directa pura, debido a la extensión territorial y complejidad del Estado, se le da lugar más bien a la inserción de mecanismos propios de la democracia directa en la democracia participativa".
En otras palabras, debemos avanzar hacia el fortalecimiento del Estado fundado en la participación y confianza de los ciudadanos, lo que significa ciudadanizar a la política. En este escenario, el referéndum como instrumento de legitimación y evaluación del poder público consolida la transparencia e incentiva la eficacia de las administraciones.
El referéndum, considerado como una evaluación o consulta ciudadana, representa una recompensa al adecuado ejercicio del Poder, al compromiso de los políticos con las instituciones y los ciudadanos, así como la resolución de los problemas económicos que los aquejan.
En un Estado democrático, la institución del referéndum consolida el vínculo entre el ciudadano y sus representantes, el referéndum es en la actualidad un elemento al servicio de los ciudadanos para premiar o castigar el ejercicio del poder.
En tal sentido, la posibilidad de ratificación en el ejercicio de poder a través del referéndum genera un incentivo para enaltecer el poder político. Para el caso concreto, proponemos que dicho instrumento se implemente al representante del Poder Ejecutivo federal a fin de estimular el correcto y transparente ejercicio del poder. De esta forma, el jefe del Ejecutivo federal estará obligado a ofrecer rápidamente a la sociedad resultados en materia de transparencia, empleo, inversión, educación y salud.
En este escenario, el Ejecutivo federal estará obligado a someterse a una evaluación social en los primeros tres años de su gobierno mediante referéndum organizado por el Instituto Federal Electoral, a través del cual podrá ratificarse o no para concluir los siguientes tres años de su ejercicio.
Esto implica transformar los fundamentos macro institucionales, liberando a los ciudadanos de los yugos sexenales administrados por gobiernos corruptos, ineptos e ineficientes, que actúan con total impunidad, sin que tengan que enfrentarse a la fiscalización ciudadana.
Es en este escenario que el referéndum trianual se convertirá en un mecanismo e instrumento de control ciudadano.
En palabras de Schumpeter, un mecanismo de estas dimensiones implicaría la fiscalización efectiva de los ciudadanos, por el cual los electores controlan a sus gobernantes. En concreto, el referéndum es un instrumento de empoderamiento social.
Para el caso, proponemos que el referéndum sea organizado por el Instituto Federal Electoral y en caso de que el Presidente en turno no sea ratificado por la mayoría simple de los votantes, el Congreso de la Unión nombre un presidente interino, el cual deberá convocar a elecciones presidenciales en un plazo no mayor a seis meses.
Es por lo antes mencionado que propongo la siguiente reforma al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el primero de diciembre y durará en él tres años, pudiendo ser ratificado por otros tres mediante referéndum organizado por el IFE. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo popularmente o con el carácter de interino provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto.
Artículo 84. —Termino, señor Presidente—. En caso de no resultar ratificado por el referéndum y de falta absoluta del presidente de la República ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviese en sesiones, se constituirá inmediatamente en colegio electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrarán en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino; el mismo Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes al de la designación de presidente interino, la convocatoria para elección de Presidente que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de 14 meses ni mayor de 18.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2007. Joaquín Humberto Vela González, diputado federal, LX Legislatura. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Joaquín Humberto Vela González. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia le da la bienvenida a la Escuela Preparatoria "Juan Palomo Martínez", de la delegación Tláhuac, del Distrito Federal.
Se rectifica el turno dictado a iniciativa presentada por la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, de Convergencia, que reforma los artículos 2, 14, 20 y 21 de la Ley de Planeación. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Equidad y Género, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Rosas Aispuro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por él y el diputado José Murat.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Los suscritos diputados José Murat y un servidor, José Rosas Aispuro, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa que contiene proyecto de decreto para reformar el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de restablecer el principio de reelección de los legisladores federales bajo los siguientes
Principios
Respecto al trabajo de los legisladores, es necesario apuntar que en aras de la profesionalización de los diputados y senadores y de su arraigo y correspondencia con la ciudadanía, la reelección inmediata tendría viabilidad en todos aquellos parlamentarios que, por su vinculación con las reivindicaciones populares, su trabajo en comisiones, sus iniciativas, su debate en las sesiones, sean merecedores de la confianza de los electores para continuar en esa responsabilidad legislativa.
Es importante recordar que el principio de la no reelección fue enderezado originalmente en contra del Poder Ejecutivo, no necesariamente del Poder Legislativo y que a través de las reformas que se llevaron a cabo en 1933, el principio de la no reelección se extendió no sólo al titular del Ejecutivo Federal, sino también en este caso al Poder Legislativo Federal y a los Ejecutivos estatales y al Poder Legislativo en las entidades federativas.
La reelección de los legisladores haría que éstos no sólo se especialicen en el trabajo legislativo, sino que el Congreso realice una mejor tarea. Esto porque se tendría un mayor tiempo para decantar los proyectos económicos, políticos y sociales que demanda la nación.
Así lo han señalado desde hace varios años tanto la doctrina como la experiencia que se ha vivido en otros países y ha quedado claramente demostrado que la profesionalización del Poder Legislativo, ya sea en un régimen presidencial o parlamentario, ha permitido que sea un verdadero contrapeso éste frente al Ejecutivo y que cumpla las funciones que constitucional y legalmente tiene encomendadas este Poder.
Una crítica recurrente es que durante el primer año de ejercicio de una Legislatura, los diputados o senadores experimentan el proceso de aprendizaje y conocimiento tanto de los temas, asuntos y dictámenes pendientes de la Legislatura pasada y aún el establecimiento de relaciones políticas de concertación y convergencia entre los diputados integrantes o de los senadores integrantes de las respectivas Cámaras, todo ello para arribar a un segundo año en el que empieza a dictaminarse y aprobarse iniciativas, asuntos y temas en los que las fracciones parlamentarias se han puesto de acuerdo.
Sin embargo, los tiempos de las circunstancias políticas, económicas y sociales del país no permiten que en el segundo año de ejercicio, con sus dos períodos de sesiones, se signifique por ser éste el último año en el que se pueden lograr acuerdos, porque en el tercer año la mayoría de los legisladores está buscando otras opciones que pueden ser muy legítimas en lo personal, pero que indudablemente debilitan la tarea legislativa y, por ende, no permiten que se profesionalice este poder como es una exigencia de la sociedad ahora en día.
En el México actual oponerse a la reelección de diputados y senadores es apostar a la continuación de un sistema que ya no responde a las expectativas del país y los ciudadanos. La responsabilidad política que implica la reelección inmediata ante la ciudadanía, le da el poder a ésta de evaluar las gestiones de sus legisladores. Es la única forma que tendría el pueblo de poder evaluar de calificar a sus legisladores, porque ahora en día, si es un buen legislador o no lo es, la ciudadanía no tiene la oportunidad de dar esa calificación.
Por ello, me parece que es de la mayor importancia que esta Legislatura, que esta Cámara de Diputados, pueda analizar con toda seriedad, con toda responsabilidad este tema, donde es importante señalar que esta reforma que estamos proponiendo, obviamente no es para beneficiar a los actuales diputados o senadores.
Esta reforma indudablemente, porque así lo señala la propia Constitución, sería para los futuros legisladores. No es una reforma, pues, que esté hecha sólo al interés de quienes ahora estamos formando parte del Poder Legislativo.
Por ello, ante las anteriores consideraciones, nos permitimos, tanto el diputado José Murat como un servidor, proponer el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución Política, para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 59. Los senadores propietarios, o los suplentes que hubieren estado en ejercicio, y la representación hubiera sido mediante el principio de mayoría relativa o de primera minoría, podrán ser electos para un periodo consecutivo.
Los diputados propietarios o los suplentes que hubieren estado en ejercicio y que hubieren sido elegidos según el principio de votación de mayoría relativa, podrán ser reelectos hasta en tres periodos consecutivos. Lo diputados propietarios y los suplentes que hubieren estado en ejercicio y que hubieren sido electos según el principio de representación proporcional, podrán ser electos para un periodo consecutivo siempre y cuando lo hicieren bajo el principio de votación mayoritaria y sólo entonces podrán ser electos para un tercer periodo consecutivo por el principio de mayoría relativa.
Los partidos políticos no podrán registrar, para ser reelegidos, a más del 50 por ciento de los candidatos que postulen en un proceso electoral federal.
Los diputados elegidos, ya sea por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, no podrán ser reelectos por el principio de representación proporcional.
Los senadores y los diputados propietarios que hayan sido electos en los términos del párrafo anterior no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.
Dejo, señora Presidenta, para que se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa que hemos presentado el compañero diputado José Murat y un servidor. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Rosas Aispuro. Que se inserte en el Diario de los Debates íntegro el texto. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Jesús Reyna García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Jesús Reyna García: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El parlamento moderno debe su nacimiento a la función de control; esto es, la facultad de imponer límites al ejercicio del poder público del Poder Ejecutivo.
A fin de que el Poder Legislativo cumpla de manera eficaz con esta función, a lo largo de la historia de nuestro país se han establecido un conjunto de medidas que han derivado en la presentación de una serie de informes con contenido distinto y en diferentes momentos.
Sin embargo, con el propósito de estar acorde con el momento histórico en que se encuentran las instituciones públicas del país y en atención al nuevo papel que ejerce el Poder Legislativo frente al Ejecutivo, resulta conveniente ponderar el contenido, forma y momento de la presentación de cada uno de esos informes, principalmente en lo referente al informe de gobierno, sobre lo cual versa la presente iniciativa.
Es conveniente, al realizar el análisis y evaluación de una obligación constitucional tan ampliamente arraigada en nuestra tradición política, acudir a sus orígenes históricos y su evolución, hasta llegar al texto vigente.
La obligación del presidente de la República de presentarse ante el Congreso al inicio de su periodo de sesiones se remonta a la Constitución de 1824. No se establecía la presentación de un informe; únicamente un mensaje político a los miembros del Congreso. La obligación de presentar un informe por el Presidente de la República fue establecida en la Constitución de 1857.
Emilio Rabasa señala que fue Porfirio Díaz quien inició la práctica de convertir el discurso en un informe y dividirlo en tantas secciones como eran los ramos de su administración. Consecuentemente, el Constituyente de Querétaro formalizó la práctica impuesta por el Presidente Díaz. Después de dos reformas al artículo 69 constitucional, una en 1923 y la segunda en 1986, la disposición constitucional es la vigente.
De los antecedentes históricos podemos concluir que la disposición de que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos asista al inicio del primer periodo de sesiones, muestra una idea de supremacía del titular del Ejecutivo sobre el Legislativo, pues también se atribuía a aquél la obligación de explicar las razones de una convocatoria o un período extraordinario del Congreso.
Por otra parte, lo que ahora es el Informe que debe presentar el Presidente de la República originalmente era un discurso, como ya se dijo, en la Constitución de 1824. El Constituyente del 17 formalizó la práctica iniciada por el Presidente Porfirio Díaz y se consumó como tal, pues éste devino en la explicación anticipada y verbal de la Cuenta Pública, que precisamente en la Constitución de 1917 se dispuso que debía ser presentada en los primero 10 días del inicio del período de sesiones.
Estas coincidencias en tiempo es precisamente la que justificó la presentación del Informe en los términos que actualmente se hace. Así pues, el Informe de Gobierno consistía en la explicación cualitativa de los resultados obtenidos mediante el ejercicio del gasto público. Sin embargo, ahora la Cuenta Pública se presenta en el mes de junio y el Informe en el mes de septiembre. No corresponden los dos al mismo periodo.
El sistema político mexicano, en sus casi dos siglos, marcado con una tendencia eminentemente presidencialista, determinó poner ese espíritu en muchas de nuestras instituciones constitucionales y legales. En este contexto, por décadas el Poder Legislativo se vio sometido al predominio del Poder Ejecutivo.
Ahora vivimos una realidad sustancialmente distinta que se ve reflejada en la pluralidad política que predomina en la integración del Congreso de la Unión y en la exigencia a los legisladores para que ejerzan de manera efectiva el mandato que nos ha sido conferido.
Esta realidad hace imprescindible e impostergable la necesidad de impulsar las reformas que promueven el fortalecimiento del Poder Legislativo que le permitan la efectiva ejecución de funciones y a la vez lograr el equilibrio entre los Poderes de la Unión.
La iniciativa propone que el Informe del titular del Ejecutivo se presente en fecha distinta para que el día 1 de septiembre sea un día de relevancia especial para la nación, por la instalación del poder soberano de la representación popular que es este Legislativo o, en su caso, por el inicio de la anualidad legislativa.
En el año de 1983, con la reforma del artículo 26 constitucional se creó el Sistema Nacional de Planeación, del cual deriva la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y la obligación de presentar anualmente un informe en el avance de ejecución del mismo.
El informe de ejecución es un documento con mayor detalle, información y formalidad; y resulta incongruente que éste no se haga del conocimiento del Pleno, de las comisiones y de los diputados en lo individual.
Si pretendemos eficientar la función de control y vigilancia del Ejecutivo por parte del Congreso de la Unión, las comisiones deberían sancionar este informe de resultados que justifica el ejercicio presupuestal. En conclusión, se estima conveniente modificar la fecha de presentación del informe de gobierno, del 1 de septiembre de cada año, a la segunda quincena del mes de noviembre, dejando al titular del Ejecutivo la propuesta de la fecha, previa solicitud al Congreso.
En virtud de la duplicidad de información que presenta el Ejecutivo federal, mediante los informes de labores de las dependencias que lo integran, se propone que dichos informes sean suprimidos.
Asimismo se propone que el estudio que actualmente deben realizar las comisiones ordinarias respecto del informe de labores de las dependencias del Ejecutivo se realice sobre el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá fortalecerse haciendo una revisión puntual a la ley correspondiente. Es cuanto y solicito que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, diputada Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Jesús Reyna García. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El siguiente punto es dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del siguiente
Dictamen
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede autorización al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
De las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, con proyecto de ley para la reforma del Estado, publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede autorización al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 el Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Se emitieron 250 votos en pro, cinco en contra y 82 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado por 250 votos a favor en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que concede autorización al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen negativo relativo a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputado Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el que se desechan cuatro iniciativas en materia de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Acuerdo
Primero. Se desechan las cuatro iniciativas de la LIX Legislatura en materia de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos, objeto de este dictamen. Mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Segundo. Archívense los presente asuntos como total y definitivamente concluidos.
Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, 7 de marzo de 2007. Firman. La Comisión.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. Se ha inscrito para hablar en contra la diputada Susana Monreal. Tiene la palabra.
La diputada Susana Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. En tres minutos que se me asigna para comentar aquí algunas de las razones por las cuales solicité el uso de la voz, para pedir el voto en contra de este dictamen negativo, no me alcanzarán.
Sin embargo, señalaré la razón fundamental que viene en el argumento de la Comisión de Hacienda, diciendo que desechan estas iniciativas porque en la pasada Legislatura, en el pleno celebrado el día 26 de abril de 2006, se aprobó con 289 votos a favor y cuatro abstenciones, las modificaciones a la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Efectivamente, aquí fue aprobada en esta tribuna por nuestros anteriores compañeros legisladores. Dicha minuta con proyecto de decreto fue turnada al Senado el 27 de abril de 2006 y, como se darán cuentan, ya será casi un año y no se ha aprobado esa minuta. Lo que significa que estas modificaciones planteadas y aprobadas, que en concreto beneficiarían a estos ex trabajadores braceros, no ha sido posible que entren en vigor; y que las condiciones de estos ex trabajadores mejoren y cambien.
Por tal razón, les solicito y les pido que este dictamen se vote en contra y se regrese a la Comisión, en tanto la Cámara de Senadores no apruebe esta minuta. De otra manera, les estaríamos generando menos condiciones a estos ex trabajadores para que puedan cobrar estos apoyos.
El que esté esta minuta en la Cámara de Senadores, o que no se haya aprobado, es lo mismo, porque finalmente no está en vigor. Por eso les pido que no desechemos estas iniciativas que fueron presentadas por diputados del PRI, por una diputada del PRD y fue turnada a otra, por el Congreso local de San Luis Potosí. Como ustedes ven, son diferentes los partidos que seguramente estamos interesados por este tema, porque es un tema no de partidos ni de colores, es un tema de justicia.
Les pido a mis compañeros de la fracción votemos en contra de este dictamen y sigamos defendiendo los derechos de los que menos tienen. Les pido a los diputados y diputadas que representan al sector rural, a los campesinos, voten en contra de de este dictamen y lo regresen a comisiones, porque allá, en sus comunidades, les pedirán explicaciones.
A los diputados que representan al estado de San Luis Potosí les pido que actúen en congruencia con la Cámara local, voten en contra de desechar estas iniciativas y permitan que por lo menos exista la posibilidad de que se tomen en cuenta en tanto el Senado no apruebe dicha minuta.
A éstos —concluyo, señor Presidente—; solamente le pido un minuto a todos mis compañeros que integran esta Cámara de Diputados, les pido no les volvamos a generar una decepción a los ex trabajadores.
El pasado mes de diciembre nosotros, esta Cámara, no les respondimos al haber aprobado sólo 300 millones de pesos para el fondo que administra el fideicomiso, a pesar de haber tenido un acuerdo firmado por todos los coordinadores parlamentarios, ese acuerdo no se concretó en los números. Ahora no les volvamos a cerrar la puerta, no los dejemos solos porque también nos pedirán explicaciones y cuentas a cada uno de nosotros.
Señor Presidente, le pido que esta votación se levante de forma nominal. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Monreal. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos, para tomar la votación nominal sobre este asunto.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general.
(Votación)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dictámenes en sentido negativo, desechados por las comisiones. El voto a favor es para aprobar el dictamen negativo que presentan las comisiones.
Esta Presidencia saluda y les da la más cordial bienvenida a los estudiantes de sexto año de primaria de la Escuela "Francisco Medina Ascencio", aquí presentes. Y también saluda a los estudiantes de la Escuela Telesecundaria número 128, "La Sandía", de León, en el estado de Guanajuato. Esta Presidencia saluda también a los jóvenes estudiantes del Instituto Latino de México, de Coyoacán, Distrito Federal.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente: se emitieron 203 votos en pro y 102 en contra, seis abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Aprobados los puntos de acuerdo por 203 votos. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Si algún diputado no presentó su voto, lo puede hacer aquí en la Secretaría.
Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en los aeropuertos de la frontera norte, de Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Transportes.
Se recibió del diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que se solicita al titular de Semarnat para que, a través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, elabore y publique el Programa de Manejo al Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, en Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta Presidencia recibió también del diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que se exhorte a Sagarpa realice una alternativa ambiental viable para el control de la langosta. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
De la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del grupo parlamentario de Convergencia punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Armonización de la Legislación Federal y Seguimiento del Sistema de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se retira la propuesta del diputado Andrés Bermúdez Miramontes, del PAN, y se pospone la propuesta del diputado Gerardo Sosa Castelán inscrito en el orden del día. Tiene la palabra el diputado Martín Ramos Castellanos, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita se homologuen los recursos materiales, financieros y humanos que disponen las comisiones especiales.
El diputado Martín Ramos Castellanos: Con su permiso, señor Presidente. Los que suscribimos, diputados de diversas fracciones parlamentarias y presidentes de comisiones especiales de la LX Legislatura, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo para que los recursos materiales, financieros y humanos de las comisiones especiales sean homologados con los que cuentan las comisiones ordinarias, lo anterior con base en lo siguiente:
La Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General consignan todo lo referente a las competencias, obligaciones y atribuciones de las comisiones y comités del Congreso. Si acudimos a ello, en ninguno de sus artículos o incisos se hace distinción respecto de la importancia o jerarquía de una comisión respecto de otra.
El inciso 1) del artículo 39 de la Ley Orgánica señala que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informa sus opiniones o resoluciones y contribuye a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, es decir, las comisiones en conjunto facilitamos la labor legislativa del Congreso y nos debemos a este Pleno.
En el artículo 42 de la misma ley se señala como única diferencia, de las comisiones ordinarias frente a las especiales, que éstas tienen un plazo perentorio al término del cual entregan el objeto de su trabajo e informan de su extinción.
Por lo tanto, el término especial no significa que seamos comisiones sin importancia, sin recursos que posibiliten nuestra labor de estudio, análisis, generación de consensos en torno a las iniciativas legales, articulación con otras instancias de la Cámara o de otros Poderes, o sin posibilidad de suministrar información para la toma de decisiones de este Pleno.
Más aún, el artículo 71 del Reglamento señala que cada una de las Cámaras nombrará a las comisiones especiales que crea conveniente, cuando se exija la urgencia y la calidad de los negocios, como lo cual los asuntos de la comisión especial atiende han sido juzgados en atención a la urgente o importancia de esta Asamblea.
Quién duda de las importancias que tengan todas las comisiones especiales, las cuales van desde el combate a la pobreza, a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos.
No pedimos privilegios ni régimen de excepción, pero tampoco estamos dispuestos a permitir que un acuerdo como el tomado por la Junta de Coordinación Política el 21 de diciembre del 2006, por encima de la decisión de esta soberanía, limite y se eliminen los fondos fijos y gastos de operación y limite la plantilla del personal que labora en las comisiones especiales y genere condiciones en esta Cámara para que existan diputados de primera y de segunda.
Por lo anterior, pedimos el respaldo de este Pleno para exigir una respuesta inmediata y favorable, y dada la relevancia que el presente punto tiene, le solicito señor Presidente que con base en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se considere al presente punto de urgente u obvia resolución.
Único. Para que sean homologados los recursos materiales, financieros y humanos a disposición de las comisiones especiales con aquellos recursos a disposición de las comisiones ordinarias.
Esta propuesta la respaldan la totalidad de los diputados presidentes de comisiones especiales de esta LX Legislatura de todas las fracciones parlamentarias: diputado Joel Arellano, Comisión encargada de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago; diputado Francisco Domínguez Servién, Comisión Especial de Ganadería; diputado Carlos Alberto Torres Torres, Comisión Especial de Promoción al Acceso Digital a los Mexicanos; diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México; diputado Gerardo Priego Tapia, Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones de Periodistas y Medios de Comunicación; todos de la fracción parlamentaria del PAN.
El diputado Joel Guerrero Juárez, Comisión Especial Encargada de la Atención a los Pueblos que Viven en el Bosque; diputado Pedro Montalvo Gómez, Comisión Especial de Citricultura; diputado Jericó Abramo Masso, Comisión Especial de la Mina Pasta de Conchos; diputado Miguel Ángel González Salum, Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos; todos de la fracción parlamentaria del PRI.
El diputado Anuario Luis Herrera, Comisión Especial del Café y de la fracción parlamentaria del PT.
El diputado Delio Hernández Valadés, Comisión Especial sobre la no Discriminación, de la fracción parlamentaria de Alternativa Socialdemócrata.
El diputado Martín Ramos Castellanos, presidente de la Comisión Sur-sureste; diputado Rutilio Escandón Cadenas, Comisión Especial del TLCAN; diputado Isidro Pedraza, Comisión Especial de los Braceros; diputada Silvia Oliva Fragoso, Comisión Especial de la Reforma del Estado; diputado Raúl Ríos Gamboa, Comisión Especial Encargada de la Migración Interna, y diputada María Soledad Torres López, Comisión especial Encargada de la Defensa de los Derechos Sociales y Acceso al Agua.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martín Ramos. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución. Permítame. Sonido a la curul del diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): El asunto, con todo respeto para el orador, fue registrado de turno a comisión pero además corresponde a la Junta de Coordinación Política el resolver estos asuntos, por lo tanto yo solicitaría que se respete la forma en que se registró y que se turne a la Junta de Coordinación Política, como corresponde.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El hecho es que el diputado, aunque así lo había registrado, está solicitando que se consulte si el asunto es de urgente resolución. Esta Presidencia tiene que poner a votación el trámite. Sonido a la curul del diputado Cristián Castaño.
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Gracias, Presidente. Para hacer constar que la Junta de Coordinación Política ha tomado el acuerdo entre los diversos coordinadores de los grupos parlamentarios que no puede cambiarse el turno que ha sido registrado previamente en la propia Junta.
Ése es un acuerdo que han tomado todos los grupos parlamentarios, por lo mismo le pido y al propio proponente de esta solicitud, que respetando ese acuerdo sea turnado a la comisión competente, que es la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunto al proponente, diputado Martín Ramos, si acepta que el asunto se turne a la Junta de Coordinación o insiste en el trámite de ponerlo a votación si es de urgente u obvia resolución.
El diputado Martín Ramos Castellanos: Que se someta a votación la urgente resolución.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría de la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente u obvia resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública informe sobre las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y la AFI.
La diputada Silvia Oliva Fragoso: Gracias Presidente. En diciembre de 1998 fue creada la Policía Federal Preventiva, con el objetivo primordial —según la Secretaría de Seguridad Pública Federal— de prevenir la comisión de los delitos y las faltas administrativas que contemplan las leyes federales, pudiendo actuar para ello en coadyuvancia con las autoridades competentes.
A diferencia de ese cuerpo policíaco, la Agencia Federal de Investigación (AFI) tiene como uno de sus principales objetivos ser auxiliar del Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de los delitos federales y de aquéllos que, no siéndolo, sean atraídos por la Federación o pongan en riesgo la seguridad nacional.
Este organismo tiene sus orígenes en la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal en la administración pasada. El Ejecutivo federal reconsideró reestructurar a la Policía Judicial Federal, justificándolo en el enorme deterioro de dicha institución, dando paso a la creación de la AFI en noviembre de 2001.
En marzo de 2004, el entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al sistema de seguridad pública y justicia penal en la que, entre otras cosas, planteaba la unificación de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, denominándose "una nueva policía federal" que tendría a su cargo tareas de investigación.
Esta iniciativa originó una gran discusión entre diversos actores como legisladores, abogados, defensores de derechos humanos, académicos, especialistas, entre otros. Aun cuando la iniciativa de Fox no prosperó, en nuestra legislación el actual gobierno federal ha dado marcha a la formación del cuerpo federal de policía, colocando a los elementos que integran a la AFI y a la PFP bajo un mismo mando; designando para ello al que fuera jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Posada, como comisionado de esta institución y al mismo tiempo director de la AFI.
Hay muchos argumentos en contra de esta unificación que no me da tiempo de ponerlos a consideración, sin embargo lo que sí tenemos que decir, que como legisladores tenemos la obligación, independientemente de los análisis jurídicos, técnicos, operativos o estructurales que puedan realizarse por diversos actores, de cuidar y salvaguardar que los actos emitidos por el gobierno sean siempre apegados al marco legal.
Por tal motivo se solicita y se pone a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea turnada a comisión, por la que:
Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, informe a este Poder Legislativo las bases y consideraciones legales que fundamentan y sustentan la operatividad del nuevo cuerpo federal de Policía, y
Segundo. Se informe detalladamente a esta soberanía sobre las particularidades operativas, administrativas y de carácter estructural de este cuerpo policíaco. Es cuanto, diputada Presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Silvia Oliva Fragoso. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Esta Presidencia da la bienvenida a la Preparatoria "José María Morelos", de Zitácuaro, Michoacán; a los invitados especiales de Temascalapa, Estado de México; a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros "Manuel Acosta" y a la Universidad Autónoma de Puebla. Todos sean bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal conforme el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica.
El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Ejecutivo federal reforme el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, bajo las siguientes... —Este punto, quiero anticipar, se refiere a la retención de pacientes que se hace en los hospitales tanto públicos como privados.
Consideraciones
Que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, lo cual queda establecido en la Constitución y en las leyes, a objeto de ser garantizados por el Estado.
Que, coincidiendo con Miguel Carbonell, uno de los momentos más brillantes de lo que se llama la hora inaugural del Estado constitucional, lo representa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que ha sido calificada como el texto jurídico más importante de la era moderna, en la que enfáticamente se reconoce la libertad de las personas como un derecho natural, inalienable y sagrado.
Que en nuestra Constitución Política, la libertad de las personas se establece como garantía individual cuyo espíritu es instituir ese derecho como valor superior del ordenamiento jurídico.
Que en su artículo 14, párrafo II, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9o., inciso 1), establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 7o., inciso 2), que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
Que consecuentemente, el respeto a la libertad de las personas es una materia obligada para todo ser humano. No obstante ello, diversos titulares o administradores de algunas instituciones de salud pública sociales y privadas del país transgreden este derecho al momento de retener u obstaculizar la salida de los pacientes con el propósito de garantizar el pago del servicio brindado por los establecimientos. Acción que indiscutiblemente no tan sólo viola el derecho a la protección de la salud consagrada en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política, así como en su ley reglamentaria, sino además viola indiscutiblemente el derecho a la libertad de las personas.
Que a esta práctica ilegal, de retener a los pacientes por falta de pago, antecede el hecho de exigir en algunas instituciones de salud privadas como requisito de ingreso hospitalario la expedición de un boucher abierto, con el objeto de garantizar al establecimiento el pago del servicio, acto que de igual forma y expresamente viola el derecho a la protección de la salud.
Que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia comercializar con la salud que representa esa ilegal práctica. —Diputada Presidenta, le pido un minuto para concluir.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Efraín Morales Sánchez: Que en consecuencia, el Código Penal Federal establece en su artículo 230 que se impondrá prisión de tres meses a dos años y hasta 100 días de multa y suspensión de tres meses a un año, a juicio del juzgador, a los directores encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes
Impedir la salida de un paciente cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole.
Que a objeto de evitar expresamente las prácticas ilegales en los establecimientos que prestan servicios de salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, deberá adecuarse conforme a lo establecido por el Código Penal Federal en la misma materia, para lo cual se propone la siguiente reforma al texto del Reglamento mencionado
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención Médica.
Artículo 85. A los directores encargados o administradores de cualquier establecimiento que preste servicios de salud que retenga o pretenda retener a cualquier usuario o cadáver para garantizar el pago de la atención médica prestada o cualquier otra obligación, se hará acreedor a las sanciones previstas en este Reglamento y demás disposiciones aplicables sin perjuicio de las penas a que se hagan acreedores, de conformidad con lo establecido en la legislación penal.
Artículo 244. Se sancionará con multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general diario, vigente en la zona económica de que se trate y se impondrá prisión de tres meses a dos años y suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a los directores encargados o administradores de cualquier establecimiento que preste servicios de salud, que pretendan retener o retengan al usuario o cadáver, para garantizar el pago de servicios recibidos en dichos establecimientos. Esta sanción podrá duplicarse en caso de reincidencia.
Por lo anteriormente expuesto y subrayando que no es pretensión de la presente propuesta motivar la práctica irresponsable de los usuarios de los servicios de salud respecto al no pago de dichos servicios que les fueron prestados y recibidos, ya que al respecto son otras las instancias civiles y mercantiles las encargadas de solucionar los conflictos que resulten de esta relación, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal instruya la incorporación de la presente propuesta de reforma al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, con el objeto de incorporar expresamente la prohibición y sanción que conlleva la retención de pacientes en establecimientos que prestan servicios de salud, pretendiendo garantizar el pago de servicios brindados por los mismos, en concordancia por lo establecido en el Código Penal Federal vigente. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Efraín Morales. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Perdón diputada, permítame. Diputado, ¿va a pasar a tomar la palabra?
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): No están claras las dos terceras partes.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, ya se hizo la declaratoria de las dos terceras partes. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para exhortar a los órganos del gobierno parlamentario, remitan a la Comisión Especial para conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la mina Pasta de Conchos, todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El 19 de febrero de 2006 ocurrió un siniestro en la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila. A partir de esa fecha, se realizaron —desde esta Cámara de Diputados— una serie de investigaciones para saber qué era lo que estaba pasando y deslindar responsabilidades.
En diciembre pasado, el día 27 para ser más concretos, mis compañeros y compañeras diputados de todos los partidos, conformamos otra vez esta Comisión para llegar realmente a fondo; una investigación para obtener una serie de resultados que nos puedan decir, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Quiénes fueron los culpables? Y hasta dónde —nosotros— desde este Poder Legislativo, podemos hacer las modificaciones necesarias y pertinentes para que estas tragedias no vuelvan a suceder en nuestro país.
Es el momento, que tenemos una Cámara donde no se sabe dónde esta la documentación del grupo de trabajo que investigó este asunto en la Legislatura pasada. Hemos estado haciéndonos de una serie de informaciones para que nosotros podamos hacer esta investigación a fondo.
Si no tenemos la documental, ¿qué caso tiene entonces preparar o estar estableciendo una serie de comisiones donde no tenemos ni siquiera los más mínimos elementos para hacer esta investigación?
Mis compañeras y compañeros de la Comisión, estamos realmente sorprendidos de que ninguna de las instancias de esta Cámara de Diputados pueda decirnos quién es el que tiene la documental de esos trabajos anteriormente previstos.
Por ese motivo, las y los legisladores de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Convergencia y del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la mina Pasta de Conchos, con fundamento en el artículo 71, 78, fracción III y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante este Pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente
Proposición como punto de acuerdo, con el objeto de que se exhorte a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a los presidentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, todos de esta H. Cámara de Diputados, para que de inmediato remitan a la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la mina Pasta de Conchos, todas las documentales obtenidas de diversas autoridades y las que entregó también la empresa responsable para el grupo de trabajo creado en la Legislatura pasada.
Con este propósito queremos que puedan participar este Congreso de esta moción que hacemos para que se puedan entregar estos trabajos, ya que incluso la Comisión tiene una fecha de vencimiento y es el 31 de marzo de este mes. Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Claudia Lilia Cruz Santiago. Como ha sido pedido, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. Se ha anotado el diputado Tomás del Toro para hacer uso de la palabra.
El diputado Tomás del Toro del Villar: Con su premiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados. Hago uso de la palabra para informar a esta Soberanía que, independientemente de que este punto ha sido dictaminado en la pasada Legislatura, con fecha 31 de enero de 2007 se remitió, con oficio de esta Comisión número 0018/07 al presidente de esta Comisión Especial de Pasta de Conchos, por medio del cual se remite toda la documental que se detalla en el mismo y consta no nada más de todos los expedientes, todas las investigaciones, incluyendo el propio dictamen que a la fecha existía.
En el mismo sentido, y con oficio 040/07 de fecha 8 de febrero del 2007, se envía respuesta al maestro Christian Alarcón Ojeda, secretario técnico de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, dando cumplimiento a lo solicitado por el diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la mencionada Conferencia.
En este sentido, entonces, quisiera muy respetuosamente entregar a la Presidencia los acuses de recibo en los que consta la información y la fecha en que fue oportuna y debidamente integrada y atendida esta solicitud.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Tomás del Toro. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Cruz.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Gracias, señora Presidenta. En efecto, diputado, fuimos notificados de la información que usted nos envió. Lo que estamos diciendo es que, lo que nos enviaron fue el informe que generó el pasado grupo de trabajo.
Toda la documental que entregó la empresa, que entregó la Secretaría del Trabajo, que son dos cajas, hasta donde tenemos conocimiento es la que no nos han entregado. Nos sorprende mucho en la Comisión que, incluso nuestros compañeros y compañeras de nuestros partidos que participaron la vez pasada, en este momento nos dicen: hay dos cajas de documentales. Ésas son las que tienen que entregar porque si no nuestro dicho de la investigación que estamos haciendo no tenemos cómo soportarla.
Lo que ustedes nos entregaron fue solamente una serie de informes. Y eso es lo que estamos buscando. Si usted no lo tiene, alguien en la Cámara lo tiene que tener y alguien nos lo tiene que entregar, en tanto que esta Comisión, el día 31 de marzo, termina sus trabajos porque así lo ratificó este Pleno de la Cámara.
Ésa es la preocupación que tenemos. Que ya estamos investigando una serie de cosas y no tenemos cómo soportar la investigación que estamos llevando a cabo. Ya tenemos lo que usted nos entregó. ¿Quién más tiene lo otro?
Lo que no puede ser es que tengamos que subir un punto de acuerdo para que alguien nos entregue en la Cámara documentales para un proceso de investigación, ya que se supone que hay la seriedad de todos los partidos políticos en esta Cámara y si no, ¿quién la tiene? es lo que decimos.
Simple y llanamente que se investigue y que nos hagan entrega de la documentación. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. El diputado Tomás del Toro del Villar, desde su curul, por favor.
El diputado Tomás del Toro del Villar (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. En efecto, diputada Cruz, en este sentido hemos dado absolutamente toda la información que obraba en nuestro poder. Simple y llanamente no pudiéramos entregar algo adicional, algo que no está registrado o algo que no tenemos.
Hemos atendido cabalmente el punto y creo que entonces habría que analizar la posibilidad de solicitar en instancias diversas por si ahí pudiera existir algo adicional. Gracias.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Ése es el punto, ése es el punto precisamente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Tomás del Toro del Villar. Consulta la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo…(votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedando suficientemente discutida, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo…(votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para exhorta a la Secretaría de Gobernación no expida ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su permiso, compañera Presidenta. Compañeras y compañeros. La ilegalidad, el abuso, la irresponsabilidad, son elementos existenciales del gobierno de derecha.
Han venido en los últimos años autorizando de manera irresponsable, 709 establecimientos de juegos con apuesta. Alrededor de 350 mil máquinas de bingo, de bugs, etcétera. Por cierto, estas acciones no han comprobado en ningún momento que generen actividad turística. Existen en puerta más de 800 solicitudes que se están desahogando en este momento en la Secretaría de Gobernación.
De tal suerte que este punto de acuerdo plantea que no se autorice ninguna más, que se haga un estudio, un diagnóstico de las 709 autorizaciones y establecimientos que están a lo largo y ancho del país, cuál ha sido su productividad, cómo han venido funcionando, cuántos empleos han generado, si están pagando sus impuestos o no lo están haciendo.
Si el gobierno local o el gobierno municipal están de acuerdo, se expiden estos permisos en contra de la autonomía de los gobiernos municipales. Hay gobiernos municipales sin actividad turística que no desean tener estos establecimientos en sus localidades. Sin embargo, el permiso lo contraviene.
Por eso llamo a la prudencia, a la conciencia de mis compañeras y compañeros legisladores, para que hagamos una evaluación de las autorizaciones que están vigentes y se estudie detenidamente que no se autorice ni una más.
Por eso planteamos los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorte a la Secretaría de Gobernación para que no expida ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país en tanto no se tenga un estudio serio de todos los posibles impactos que conlleva su instalación para la sociedad mexicana.
Segundo. Que en el estudio se establezca un análisis sobre el impacto que causaría en la población mexicana la instalación de juegos con apuesta, cuando primero en razón de su economía a partir de la inversión que se realizaría en las localidades no turísticas en materia de seguridad pública.
Tercero. En materia de lavado de dinero y narcotráfico.
Cuarto. Conocer su régimen fiscal.
Quinto. Conocer su régimen jurídico.
Tercero. Que la Secretaría de Gobernación establezca grupos de trabajo para la revisión y eventual modificación del Reglamento de Juegos y Sorteos, con la finalidad de darle un carácter estricto en cuanto al número de establecimientos que se pueden instalar por cada permiso, como la integración del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.
Este punto de acuerdo inicialmente estaba de urgente u obvia resolución, quisiera corregir el planteamiento y referir que sea turnado a las comisiones de Gobernación y de Turismo. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Octavio Martínez Vargas. Túrnese a las comisiones de Turismo y de Gobernación, tal y como lo solicitó. Diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Rafael Franco Melgarejo (desde la curul): Gracias. No sé si se me permita subir a tribuna para apoyar la proposición del compañero del PRD en el mismo sentido en que posicionó este punto de acuerdo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, usted puede suscribirlo desde su curul, como lo está haciendo en este momento. No está a discusión el punto, ya se ha dado el turno correspondiente.
El diputado Rafael Franco Melgarejo (desde la curul): Me permite un par de minutos entonces, para…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, no está a discusión el punto, está turnando. Tiene la palabra el diputado José Alejandro Aguilar López, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a que los encargados de las diversas dependencias del gobierno federal tomen la medidas necesarias para que al estado de Tlaxcala se le asignen recursos a fin de que tenga los programas, proyectos y planes de desarrollo como los estados de la región Sur-Sureste del país.
El diputado José Alejandro Aguilar López: Con su venia, diputada Presidenta. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal José Alejandro Aguilar López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo que exhorta a todas las dependencias del gobierno federal, en particular a las secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que adopten las medidas conducentes para que el estado de Tlaxcala pueda acceder a los mismos beneficios que los estados de la región Sur-Sureste de nuestro país, en términos de los proyectos, programas, planes de desarrollo y asignaciones presupuestales, basado en los siguientes
Considerandos
En la actualidad el estado de Tlaxcala perfila entre los más rezagados de nuestro país. De acuerdo a los últimos informes publicados por centros de estudios económicos del sector privado, el ingreso per cápita de dicha entidad es el número 30 entre los 31 estados y el Distrito Federal.
Asimismo, de acuerdo con la información publicada por el Consejo Nacional de Población en 2005, 62.5 por ciento de la población tlaxcalteca ocupada ganaba dos salarios mínimos o menos. Lo anterior coincide con la situación que vive la población más rezagada de la entidad, pues en las áreas de educación y salud también es enorme el camino que todavía tenemos por recorrer.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, la tasa bruta de matriculación de educación primaria hasta licenciatura en años recientes apenas supera el 63 por ciento de la población elegible. De acuerdo con estudios recientes, la eficiencia terminal de nivel secundaria y la de la penetración informática de la entidad son áreas de políticas públicas en las que tenemos que avanzar de manera urgente.
Asimismo, cabe resaltar que elementos precursores de la competitividad y la generación del empleo, como son la disponibilidad de líneas telefónicas y de telefonía móvil, así como obras de infraestructura básicas en comunicaciones y transportes como son el número de aeropuertos, constituyen fuertes debilidades de nuestro Estado.
Tenemos ante nosotros la oportunidad de promover el desarrollo de un Estado que presenta excelentes oportunidades de desarrollo económico y social; sin embargo, de no revertirse de manera expedita las tendencias aquí explicadas, en un futuro no muy lejano, Tlaxcala contará junto con otras entidades de la región Sur-Sureste, entre las que enfrenten una mayor problemática socioeconómica a nivel nacional.
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a los encargados de todas las dependencias del gobierno federal, en particular a las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Comunicaciones y Transportes y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala pueda acceder a los mismos programas, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región Sur-Sureste de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Alejandro Aguilar. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Se corrige el turno anterior de la presentación del diputado Octavio Martínez, dándose en primer término a la Comisión de Gobernación y con opinión de la Comisión de Turismo.
Se ha recibido un comunicado de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría le dé lectura, por favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, DF, 15 de marzo de 2007. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8o., tercer párrafo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente, se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente cambio solicitado por el coordinador del grupo parlamentario del PRI.
Que el diputado Horacio Emigdio Garza Garza cause baja como secretario en la Comisión de Hacienda y Crédito Público; que el diputado Carlos Ernesto Zatarain González cause alta como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente. Diputado Emilio Gamboa Patrón. Presidente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba la propuesta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Díaz Contreras, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé a conocer las revisiones que realizan las aduanas de los embarques, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
La diputada Adriana Díaz Contreras: Con su permiso, diputada Presidenta. Diputados y diputadas. Sin duda el campo es un tema a debatir en esta tribuna y no bastarán sólo los posicionamientos de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, sino los hechos y compromisos concretos con el sector más vulnerable de este país: el sector agropecuario.
A tan sólo 40 días del arranque del nuevo gobierno, los mexicanos enfrentamos un brutal incremento de hasta el 200 por ciento de nuestro principal alimento: la tortilla.
Esta situación viene a configurar una crisis muy grave no sólo del orden alimentario, sino también para la paz social.
La medida tomada por el gobierno federal fue que se abrieran de manera anticipada las solicitudes de cupos de importación de maíz, supuestamente porque esto beneficiaría al sector harinero y nixtamalero.
Por una parte el acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla fue un acuerdo signado sólo con algunos de los empresarios más beneficiados de este país.
El pasado 4 de febrero, a quince días de la firma del mismo, la Profeco anunció que 39 por ciento de 1,133 tortillerías monitoreadas, venden la tortilla por arriba de los 8.50 pesos anunciados.
La siguiente consecuencia negativa de este fenómeno se agravó por el juego de los intereses especulativos, es la introducción del maíz transgénico en nuestro país. Ante esta posibilidad advertimos que es indispensable hacer un balance entre las posibles ventajas que esta tecnología ofrece y el peligro de entregar nuestra riqueza genética a las empresas transnacionales en un momento donde este cereal se ha convertido en el "oro amarillo".
No podemos seguir con falsas soluciones que pongan en peligro nuestra biodiversidad. Tenemos el antecedente de la contaminación de maíz criollo con organismos genéticamente modificados que se detectó en 2001 en Oaxaca y que fue ocasionada por el grano que se importaba y distribuía Diconsa, por lo que consideramos un peligro inminente esa solución planteada por el gobierno federal.
Hoy una de las preguntas fundamentales para enfrentar esta amenaza es si se están realizando las pruebas necesarias al grano que se importa, tal y como lo establece por un lado el Protocolo de Cartagena sobre biodiversidad y por el otro lado de acuerdo con lo estipulado por la propia Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
La responsabilidad sobre los embarques que ingresan a territorio nacional es de la Administración General de Aduanas, perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Además las autorizaciones para la aceptación de los embarques se deben otorgar con base en criterios de análisis de riesgos establecidos por la Secretaría de Salud en consulta con el comité respectivo del cual forma parte Sagarpa.
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que me permito plantear con base a los artículos 58 y 59 de nuestro Reglamento camaral, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea considerada de urgente y obvia resolución.
Punto de acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a la brevedad dé a conocer las revisiones que está realizando en las aduanas de los embarques que están llegando, de acuerdo con el mandato de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Segundo. Asimismo se exhorta que la Secretaría de Salud haga públicos los análisis de riesgos desarrollados para dar cumplimiento al Protocolo de Cartagena e informe a esta soberanía sobre las acciones de vigilancia sanitaria y demás de los organismos genéticamente modificados de los productos que los contengan y de los productos derivados de conformidad con la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias.
Diputada Presidenta, solicito que el punto de acuerdo que se ha presentado, sea publicado íntegro en el Diario de los Debates, como fue publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Adriana Díaz Contreras.
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con qué objeto, diputado Cristián Castaño.
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Gracias, Presidenta. De nueva cuenta en esta proposición con punto de acuerdo se hace un cambio del turno que originalmente se registró en la Junta de Coordinación Política. Quiero hacer notar que en la Junta de Coordinación Política, distintos grupos parlamentarios, entre ellos fehacientemente el PRD, han pedido que los puntos de acuerdo, como son registrados originalmente en la Junta, se respeten. El hecho de cambiar aquí los turnos, la pregunta sería si los coordinadores de los grupos parlamentarios están tomando un nuevo acuerdo y que aquí en la Asamblea podamos cambiar cualquier punto de acuerdo, en cualquier momento, sin previo aviso, a cualquier grupo parlamentario? Mi sugerencia sería que se respetara en principio lo que ha acordado la Junta de Coordinación Política, a menos que haya otra acuerdo en contrario.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, lamentablemente ha sido práctica parlamentaria en diferentes momentos que se inscribe un punto de manera ordinaria y se tiene que votar a petición del diputado que se vote de manera como lo está solicitando en este momento la diputada, de urgente resolución.
Lamentablemente no especificamos ningún acuerdo de cambio respecto a lo que tome en cuenta la Junta de Coordinación, pero es derecho de la diputada o de los diputados que pasan a dar sus propuestas, de pedirlo de urgente resolución. Si nosotros vamos a hacer la consulta en este momento, si la Asamblea está o no de acuerdo… Sí, diputado.
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Muy bien, Presidenta. Entonces entenderíamos que cualquier diputado, en cualquier momento puede cambiar el turno que fue registrado en la Junta de Coordinación Política y entonces no respetaríamos los acuerdos de los coordinadores en este sentido, y en cualquier momento, sin previo aviso, podríamos cambiarlo. ¿Es así como estaríamos entendiendo la medida que estamos tomando en este momento?
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No, diputado, en este momento vamos a continuar con la práctica que hemos tenido de votar si la Asamblea está de acuerdo o no, y yo en todo caso, pediría, haría un llamado a la Junta de Coordinación Política a que se discuta este punto para que nos quede claro, a la Asamblea y a la Mesa Directiva, cómo se procedería en lo conducente. Consulte la Secretaría a la Asamblea… Sí, diputada Adriana Díaz Contreras.
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Mire, nada más para hacer una aclaración a mis compañeros diputados, he seguido el procedimiento que marca nuestro Reglamento cameral y en el momento en que yo registré mi punto de acuerdo, lo registré de obvia o urgente resolución. Tengo el ajuste y si ustedes ven la Gaceta Parlamentaria está publicado realmente de urgente u obvia resolución. Desconozco en este momento el porqué que se turne a Comisión, cuando la solicitud inicial fue fundamentada en el artículo 58 y 59 de nuestro Reglamento cameral.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Fernel Gálvez.
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Pues sí, yo creo que ya quedó resuelto, pero quisiera hacer un comentario a mi compañero, el diputado Cristián, que son importantes los acuerdos, pero los acuerdos que se hagan también de parte de los coordinadores, no pueden estar por encima de los derechos que tiene cada diputado, y además quiero decirle que la política no puede ser cuadrada. Sin embargo, yo creo que dependiendo de las cosas que se vayan tomando en consideración, para eso está este Pleno, para que pueda tomar determinaciones. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Antes, diputado, quisiera pedirles que no hiciéramos un falso debate. En realidad esta Asamblea general ha respetado los acuerdos que se toman por mayoría de los grupos parlamentarios y se votan aquí. Sí, diputado…
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Presidenta, sin ánimo de extender este debate, nada más recordar que el acuerdo que en principio tomó la Junta de Coordinación Política para el registro de los asuntos que integrarán el orden del día de cada sesión se propuso al Pleno y el Pleno lo votó. Efectivamente el Pleno está por encima de la Junta y el Pleno votó cómo se registran los puntos. Así se debe de respetar.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Así es diputado. Si le dan la voz a la diputada Valentina Batres por favor.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Si, diputada Presidenta. Aprovechando que la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva seguramente tendrán que discutir cómo le dan viabilidad a esta problemática, yo solamente quiero dejar claro que hay también razones de tiempo cuando se registran los puntos de acuerdo, por la saturación en la agenda parlamentaria, pierden su vigencia y obviamente que a un legislador no le podemos quitarle su derecho, que aunque haya presentado su punto de acuerdo a turno, éste, a la hora que se presenta al Pleno ya hayan transcurrido dos meses y cambie de opinión y lo quiera cambiar como de urgente u obvia resolución.
Lo quiero dejar claro para que no nos censuremos nosotros la posibilidad de cambiar, en su momento, el tiempo o la consideración para los puntos de acuerdo que se pretenden votar aquí en el Pleno o en comisiones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia solicita la sensibilidad de todos los diputados, para que nos permitan continuar con la sesión de la manera que se venía realizando y, en todo caso, este tema se discuta con mayor profundidad en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva; y a partir de la siguiente sesión podamos definir las reglas de cómo continuaríamos el orden del día. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la propuesta: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. ¿Hay algún diputado que quiera pasar a dar su punto de vista? No habiendo ningún diputado inscrito, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la propuesta: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Pedro Montalvo Gómez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo para que se exhorte a la Profeco a que intervenga ante los cobros excesivos de energía eléctrica.
El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidenta. La energía eléctrica es fuente de progreso pero también forma parte de un drama cotidiano para las familias. Sobre todo las de escasos recursos, que residen principalmente en las zonas de alta temperatura.
Esta tribuna ha sido ocupada tanto para plantear este justo reclamo social, mediante proposiciones e iniciativas para modificar el cálculo de las tarifas, para retarificar y para apoyar por lo menos a los municipios con mayor índice de marginación. Mi partido, el PRI, ha sido un activo gestor ante la Secretaría Hacienda y ante las dos empresas públicas de energía eléctrica para sensibilizarlas y atender este problema.
De igual modo, actualmente existen varios proyectos legislativos en la Comisión de Energía y en la de Hacienda, también presentados por legisladoras y legisladores priístas y de los demás grupos. Lo hemos hecho animados por dos criterios políticos fundamentales.
En primer lugar, porque conocemos de primera mano el drama que vive la población principalmente en la zonas más pobres. Frente a los cobros excesivos la respuesta, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Luz y Fuerza del Centro, es la de evitar explicaciones y simplemente señalar que en eso consiste su consumo, dejando en la total indefensión a cientos de miles de personas.
Frente a la indolencia de estas empresas que cada día reciben a muchas personas manifestando su inconformidad, la situación se presenta más difícil en los próximos meses por lo que es necesario demandar atención y respuestas urgentes ante la problemática expuesta.
Se ha pronosticado el incremento del calor por efecto del fenómeno conocido como El Niño, que pondrá en predicamento a muchas regiones para el verano extremadamente cálido.
Los cobros excesivos presentan una violación a los contratos suscritos entre los consumidores y las empresas de energía eléctrica; y la Profeco tiene que cumplir responsablemente con su finalidad y garantizar el cumplimiento del derecho.
Por ello, creemos que es procedente exhortar a dicha Procuraduría para que realice diferentes acciones mediante un programa integral que considere establecer convenios con las empresas paraestatales referidas, para atender rápida y eficientemente las inconformidades que realiza una amplia divulgación en medios de comunicación y su revista, tanto en temas relacionados con el ahorro de energía, como acerca del procedimiento para que las quejas sean atendidas.
De igual manera, es deseable que la Procuraduría Federal del Consumidor establezca mesas especiales para atender a los consumidores y a las familias mexicanas en sus quejas en el caso de los cobros excesivos de la energía, como un trato respetuoso y esmerado, pero sobre todo, resuelva las solicitudes.
Con el trabajo de esta importante institución estamos seguros de que la defensa de los consumidores procurará la tan anhelada equidad, seguridad jurídica y protección social de las que hoy carece un amplio sector de la población.
Por lo expuesto y fundado, solicitando el carácter de urgente u obvia resolución, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que mediante la aplicación irrestricta de las facultades que le confiere el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, promueva mecanismos especiales de protección de los derechos de los consumidores de energía eléctrica ante los cobros injustificados, empleando mecanismos de información, orientación, vigilancia, verificación y apoyo especial a la población, principalmente frente al incremento de este problema por la llegada del fenómeno meteorológico El Niño, que producirá elevadas temperaturas con el consecuente incremento del consumo eléctrico. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Pedro Montalvo Gómez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera urgente resolución la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores anotados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese.
El diputado Martín Ramos Castellanos (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Sí, diputado? Le dan sonido al diputado.
El diputado Martín Ramos Castellanos (desde la curul): Si fuera usted tan amable de solicitar la rectificación de quórum, por favor.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En un momento, diputado, solicitamos la rectificación de quórum.
Por economía de tiempo, diversos diputados han solicitado el turno a sus propuestas:
Del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario Nueva Alianza, que presenta punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades y dependencias federales responsables de la seguridad pública nacional, establezcan programas y acciones en coordinación con las autoridades de las entidades federativas y municipios para frenar la violencia en el país. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Se recibió también del diputado Modesto Brito González, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que exhorta a diversas autoridades para que intervengan en la situación que prevalece en la minera Luismin, del municipio Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. Túrnese a la Comisión de Economía.
Se recibió del diputado Modesto Brito González, también, del grupo parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Economía, a la Sedesol y a la Sectur, diseñen programas de atención para respaldar e incentivar la actividad económica de la ciudad de Taxco y diversas regiones en el estado de Guerrero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Desarrollo Social.
Dé lectura la Secretaría al orden del día de la próxima sesión.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado.
El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sonido a la curul del diputado José Luis Aguilera. ¿Con qué objeto diputado?
El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): Sólo para una duda, señora Presidenta. Usted dio la instrucción de rectificación de quórum y de repente cierra la sesión usted. Quisiera saber por qué, si no hay quórum, o por otra decisión que no nos dimos cuenta, porque un diputado lo solicitó y usted aprobó, y entonces quiero suponer que primero debe de, por orden legislativo, su instrucción y después cerrar la sesión.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (15:03 horas): Para esta Presidencia existía el quórum cuando el diputado lo pidió. Por eso le pedí que posteriormente íbamos a pedir el quórum diputado.
Se levanta la sesión y se cita a sesión solemne de Congreso General para recibir la visita de la Presidenta de la República de Chile, excelentísima señora Michelle Bachelet, que tendrá lugar el martes 20 de marzo a las 11:15 horas. Al término de ésta, sesión ordinaria. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.