El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:03 horas): Se reanuda la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Está sonando la chicharra y están en los monitores. Yo pediría a los señores diputados quienes nos están viendo en sus respectivas oficinas que ya se vengan. Si es necesario en un momento más volvemos a abrir el registro de asistencia. Sé que nos están viendo en las oficinas y les pido que reanuden y ya está sonando la chicharra.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica que con motivo del 201 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, tendrá lugar el 21 de marzo a las 10:00 horas en el Hemiciclo a su memoria en la Alameda Central, Delegación Cuauhtémoc, por lo anterior me permito solicitar a usted los nombres de los diputados de esta Honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Adrián Fernández Cabrera y Alfonso Suárez del Real y Aguilera.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El Gobierno del estado de Nuevo León remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El Secretario diputado Gildardo Guerrero Torres: Comunicaciones de la Mesa Directiva en relación con dictámenes negativos de puntos de acuerdo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria de las siguientes comisiones:

Agricultura y Ganadería, dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa incluya en el Presupuesto de 2007 recursos para apoyar el cultivo, comercialización e industrialización del nopal en el país.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a que integre una subcomisión que estudie la viabilidad de emprender un programa de expansión del Sistema de Educación Superior. Y dictamen por el que no ha de aprobarse la proposición con punto de acuerdo relativa a la instauración de un Plan de Desarrollo Estratégico en la Educación Normalista.

De la Comisión de Energía, dictamen por el que se desechan 23 proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la LIX Legislatura.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo sobre la propuesta Hacia un nuevo sistema integral de combate al crimen organizado, que se discute al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

De la Comisión de Gobernación, dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal suspender la promoción de programas federales en el proceso electoral del estado de Tabasco 2006.

Dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo en relación a la cancelación del desfile deportivo del 20 de noviembre de 2006.

Dictamen en sentido negativo en relación a la declaratoria de desastre para el municipio de Villa Corregidora, del estado de Querétaro.

De la Comisión de Justicia, dictamen por el que se aprueban 42 proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante esta honorable Cámara de Diputados durante la LIX Legislatura, todos de fecha de publicación del 16 de marzo.

Solicito a usted, lo haga del conocimiento de la honorable Asamblea. Firma el diputado Presidente, Jorge Zermeño Infante.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, lo firma el diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8o., tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, discusión de los dictámenes y operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que la diputada Holly Matus Toledo cause alta como secretaria en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Que las diputadas Maricela Contreras Julián, Daisy Selene Hernández Gaytán, Rosario Ortiz Magallón y el diputado Jaime Espejel Lazcano, causen alta como integrantes en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Firma el diputado Emilio Gamboa Patrón.

En votación económica se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia, que hasta el momento hay una asistencia de 461 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. La asistencia es de 461 diputadas y diputados, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Tres comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, por las que solicita los siguientes cambios de integrantes: Que el diputado Roberto Badillo Martínez cause baja en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Que el diputado Daniel Amador Gaxiola cause baja en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Que la diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar cause baja en la Comisión del Distrito Federal. Que el diputado Manuel Cárdenas Fonseca cause alta en el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Que el diputado Alberto Esteba Salinas cause alta en la Comisión de Derechos Humanos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infamante: De enterado. Esta Presidencia desea saludar respetuosamente al doctor Lawrence Carter, Decano de la Capilla Internacional King de la Universidad More House de Atlanta, Georgia. Bienvenidos a México, bienvenido a esta Cámara. Gracias, mister Carter.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que remite información relativa al pago de participaciones a entidades federativas, correspondientes al mes de febrero de 2007.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita permiso constitucional para que los ciudadanos Marcos Romano Hassán, José Octavio Pérez Nava, Cynthia Patricia Garza García, Daniela Aguilar Treviño y Alejandro García García, puedan prestar servicios en las Embajadas de Austria y de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente, y comunica que ha dejado de prestar servicios el ciudadano Álvaro Cisneros Herrera.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso, túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere al ciudadano que ha dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Dos oficios de la Cámara de Senadores con los que remite solicitudes de los senadores J. Jesús Dueñas Llerenas y Carlos Sotelo García, de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite solicitud del senador Silvano Aureoles Conejo, a nombre de integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que la Comisión de Recursos Hidráulicos presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley de Aguas Nacionales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que adiciona el diverso que establece las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón para aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El siguiente punto del orden del día es posicionamiento en relación al natalicio de don Benito Juárez García. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y diputados: la diputada Elsa Conde Rodríguez, la diputada Irma Piñeyro Arias, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, el diputado José Luis Varela Lagunas, el diputado Antonio Xavier López Adame, el diputado Wenceslao Herrera Coyac, el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez y el diputado Francisco Antonio Fraile García. Tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros. Hoy quiero darle voz a la inteligencia y a la persistencia de Martha Lamas, en su lucha por el estado laico.

Este 21 de marzo Alternativa se pronuncia por el fortalecimiento del Estado laico y reafirma la importancia de la separación Estado-iglesia. Esta fecha no pudo ser más oportuna cuando estamos a unos días de presenciar cómo la jerarquía católica salta de su púlpito a tomar las calles para encabezar una cruzada contra el derecho a decidir de las personas y contra una nueva legislación que amplía la ciudadanía de las mujeres y les garantiza el acceso seguro y sin riesgos a la interrupción de un embarazo no deseado en la Ciudad de México.

Una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democrática requiere contar con un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia bajo el imperio de la ley.

La separación del Estado-iglesia, es esencial porque permite que las personas crean en lo que quieran creer y se reúnan libremente con otras personas que creen lo mismo. Pero sin caer en las confusiones como la de querer imponer a toda la sociedad dichas creencias. Por esta razón, los habitantes del siglo XXI no podemos ni debemos olvidar la importancia de Juárez y sus Leyes de Reforma.

�¿Cuáles son hoy las fronteras del derecho a decidir? Básicamente las que se fijan entre lo público y lo privado. En todo el mundo está visto que las decisiones sobre la vida privada dependen de la conciencia y los valores de cada persona y no de los dictados de altos funcionarios de instituciones religiosas o del gobierno.

La jurisprudencia plantea que el principio de privacidad personal tiene al centro los conceptos de inviolabilidad de la personalidad, la intimidad y la integridad corporal. Por eso, la defensa de la privacidad consiste en el derecho de la persona a no sufrir la intrusión gubernamental injustificada en asuntos que le afectan, como la sexualidad y la reproducción.

La coincidencia amorosa, el deseo sexual, la decisión de compartir la vida con otra persona, la paternidad y la maternidad no son decisiones públicas, son expresiones individuales que conllevan derechos ciudadanos para su ejercicio.

Sólo un Estado laico puede ofrecer el marco de respeto necesario para que la sociedad decida sobre estos temas, según sus creencias religiosas. Por ello, hoy en día es imprescindible confrontar los fundamentalismos de la jerarquía católica por la presión que ejerce sobre esas libertades individuales y sobre las políticas públicas.

Mientras los legisladores nos preguntamos los motivos que tiene la jerarquía católica para entorpecer la aprobación, en el Senado, de una ley que castiga la pederastia y sobre los oficios del cardenal Norberto Rivera, para no ser procesado en Estados Unidos, por encubrir a un pederasta.

La ciudadanía mexicana ejerce su derecho a decidir en libertad y en conciencia. La ciudadanía mexicana decide sobre su vida sexual, el uso del condón, se casa o se divorcia, profesa la religión que más le convence, registra sociedades en convivencia o interrumpe un embarazo no deseado.

En pocas palabras, la ciudadanía mexicana construye una ciudadanía tolerante y respetuosa de la diferencia y no olvida que Benito Juárez nos reconoció el status de ciudadanos, sobre el status de fieles. Fernando Sabater sostiene que la modernidad democrática ha significado el triunfo del laicismo en la vida pública.

Compañeros y compañeras legisladoras, este 21 de marzo de 2007 reivindiquemos la laicidad del Estado mexicano y una vez más hagamos que triunfe la razón republicana sobre los dogmas de la fe. Viva Juárez.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputada. Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario de Nueva Alianza. Sonido en la curul del diputado Pedraza.

El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): Le pido rectificación de quórum, porque esta sala se ve muy vacía, señora Presidenta. Aquí habemos cinco diputados que lo estamos solicitando.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor diputado, el Presidente había dicho que iniciáramos la sesión porque los diputados están pendientes en sus pantallas, en sus oficinas y se irán integrando rápidamente. Como hay cinco personas que han solicitado rectificación, se pide a la Secretaría solicite la apertura del sistema para rectificar el quórum. Un momento, diputada.

El Secretario diputado José Gildardo Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación de quórum.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: La diputada Irma Piñeyro, en cuanto registre su asistencia puede pasar para que continué la sesión, mientras se está verificando el quórum, adelante, diputada Piñeyro, dispone de cinco minutos para su exposición. Muchas gracias.

La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Recordemos sumariamente las condiciones que vivía el país hasta 1857: ingobernabilidad, escasas nociones de lo nacional, patriotismo intenso en algunos sectores pero casi inexistente en otros, miseria y pobreza extremas, hacienda sin fondos, comunicaciones limitadísimas, corrupción extrema en el sistema judicial, ejércitos muy precarios, minorías interesadas en imponer a las mayorías un proyecto nacional, analfabetismo generalizado, gran influencia del pensamiento de la Revolución Francesa y del federalismo norteamericano, clero y conservadores que insisten en que si se permite la existencia de otra fe religiosa la nación se condena al oprobio.

Juárez dirá, frente a los conservadores que reclaman que su pensamiento sea el de todos: "libre y para mí muy sagrado el derecho de pensar". Divisa central de liberalismo juarista a la postre se convertirá en una de las ideas-fuerza vigentes de todos los mexicanos.

Los males tienen causas ciertas y determinadas y Juárez las buscó y las combatió hasta exterminarlas. Su pueblo estaba mayoritariamente desposeído de la protección de la ley y avasallado por minorías dueñas del privilegio. Juárez sabía que nunca se renuncia voluntariamente a esos falsos fueros y hay que abatirlos compulsivamente en nombre de los intereses colectivos.

En esa pugna no se persiguió la sujeción de una u otra clase, ni la imposición de una institución a otra, sino la igualdad de todos ante la ley.

Tan justamente se logró el objetivo que la iglesia, el ejército y todas las demás entidades que en el siglo XIX privaban con fuero sobre la ciudadanía, y muchas veces al amparo de leyes deliberadamente acondicionadas a la injusticia, viven y evidencian a nuestros días históricamente la seguridad de que la Reforma en México nunca se propuso ni originó la destrucción de instituciones, que dentro de los límites de la ley son factores indispensables para la estructura social.

La justamente llamada Ley Juárez es entonces primordial, esa ley es piedra de toque que se ha elevado a la categoría de dogma entre los verdaderos republicanos y sin ella la democracia sería imposible.

Para entonces la democracia es aún aspiración remota y lo concreto es la lucha por el fin de la teocracia y del sometimiento estatal a una religión única.

Con Juárez hay que conseguirlo todo a la vez, implantar la tolerancia, proclamar los derechos del hombre, el derecho a la educación, las libertades de expresión y de reunión, el derecho al trabajo.

Del 12 de julio al 11 de agosto de 1859, el programa liberal muestra su sagacidad, su valentía, su fuerza social, su determinación de avanzar con pasos concretos y seguros. Durante esos días en solo un mes se promulgan las Leyes de Reforma, se nacionalizan los bienes del Clero, se consuma la separación de la Iglesia y del Estado, clave en la formación del Estado moderno y laico, se exclaustra a monjas y frailes, se extinguen las corporaciones eclesiásticas, se concede el registro civil a las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, se seculariza los cementerios y las fiestas públicas, y lo esencial, se promulga la libertad de cultos; es decir, se liquida el pensamiento feudal y se ponen las bases del pensamiento crítico, sin el cual no hay ni puede haber avances en el conocimiento del mundo natural y social.

Juárez no concebía la Reforma como un movimiento exclusivamente político sino como el basamento de un sistema de democracia, para él, el poder tenía el límite de la justicia y no había justicia posible sin ética. Las leyes eran sagradas, porque expresaban la altura máxima de una aspiración moral y de paz colectiva.

El concepto de lo ético en la conducta personal del gobernante y en los actos de los órganos gubernativos es la base del pensamiento juarista.

El laicismo de Juárez será decisivo, garantizará la posibilidad de la actualización permanente del conocimiento, la certidumbre de una enseñanza no sujeta a los perjuicios y a la exigencia del sometimiento a un solo credo, el respeto del Estado a las formas distintas de procesar una fe u abstenerse de hacerlo, la discusión libre de científicos y las libertades artísticas.

La tradición republicana fue unificándose en parte por el énfasis, por la importancia de disponer de ciertas instituciones como Juárez lo decía: por el imperio de la ley en vez de un imperio de los hombres.

Una constitución mixta en la que diferentes Poderes se frenan y contrapesan mutuamente y un régimen de virtud cívica, régimen bajo el cual las personas se muestran dispuestas a servir y a servir honradamente en los cargos públicos.

En fin, Juárez nos dejó lecciones de honradez, de honorabilidad, de transparencia del gobierno. Se empeñó en forjar la democracia representativa, el carácter laico de las instituciones públicas y la libertad de créditos.

Juárez y los liberales de la Reforma construyeron las bases de la República moderna, cuando se es un hombre excepcional se es un hombre universal.

Quizás no es lo apropiado de medir, la grandeza de Benito Juárez se haya en la referencia con que sintetizó esa grandeza Víctor Hugo, cuando al momento en que se iniciaba la intervención extranjera en México dijo en palabras memorables: De este lado del mundo tres imperios, de aquel lado del Océano un hombre: Juárez. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El día de mañana, 21 de marzo, celebraremos el 201 aniversario del natalicio de Benito Juárez García. Benito Juárez es el mexicano universal por excelencia, desde pequeño supo afrontar y superar la adversidad para superarse a sí mismo.

Juárez es el hombre más conocido de México, porque tuvo la firmeza y el talento para afrontar la responsabilidad de ser Presidente de la República en los momentos más álgidos para la patria.

La visión de Juárez y de la generación de liberales que lo acompañaron fue la de modernizar el Estado mexicano, marcando una separación clara entre los asuntos del Estado y los de la Iglesia, sin que ésta siguiera influyendo en las decisiones políticas.

Juárez fue un firme defensor de la legalidad, derivada de la Constitución de l857 que los conservadores y la Iglesia católica tanto combatieron. La Guerra de Reforma es ejemplo claro de la negativa de la oligarquía y de la Iglesia a sujetarse a las disposiciones de la Constitución.

Fue Juárez quien mantuvo firme la idea de la separación del Estado de la Iglesia. La visión de igualdad de todos los mexicanos ante la ley quedó plasmada desde la expedición de la Ley de Juárez del 25 de noviembre de 1855, en donde se suprimen los tribunales especiales.

Como Presidente de la República, en 1859 expide "Las Leyes de Reforma", entre ellas la Ley sobre la Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, en cuyo artículo 3o. se establece la perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos.

La Iglesia católica y la oligarquía conservadora siguieron combatiendo el gobierno legítimo de la República encabezado por el Presidente constitucional Benito Juárez García.

El gobierno de Juárez y el pueblo de México sufrió una nueva agresión cuando bajo los auspicios de Napoleón III se impuso en nuestra patria un imperio de opereta, sin importar que muchos mexicanos se subordinaran al imperio espurio.

Juárez siguió enarbolando las ideas de libertad y de justicia y con el apoyo del pueblo combatió la opresión y la traición.

En esta lucha contra el invasor francés, cuando se escribe la más grande página de las armas nacionales, el 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza escribía al Presidente de la República: �¡Las armas nacionales se han cubierto de gloria!.

Juárez y los mexicanos lograron derrotar al imperio y el Cerro de las Campanas es prueba palpable de que los mexicanos estamos dispuestos a afrontar cualquier sacrificio en aras de mantener nuestra libertad.

Sin el ejemplo de Juárez y la generación de liberales que lo acompañaron en esas duras jornadas, México se habría perdido como República independiente. A él le debemos la consolidación de la segunda independencia de México.

Sin Juárez y sin su intransigencia México no sería lo que es. Sin la Reforma, el Estado seguiría supeditado a la iglesia y la fuente de legitimidad del gobierno no sería la voluntad del pueblo sino de las cúpulas eclesiásticas.

Compañeras y compañeros legisladores. Los mexicanos del siglo XXI debemos aprender de la hermosa experiencia del liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX. Debemos aprender a mantener y fortalecer la separación del Estado y las iglesias ante las fuerzas oscurantistas que buscan nuevamente influir en las decisiones públicas y servirse del Estado, en donde el gobernante es un mero pelele de sus intereses.

Hoy en nuestra nación se debaten dos proyectos políticos claramente contrapuestos, como ocurrió en la época de Juárez. Uno, enarbolado por el pueblo que quiere un país que sea realmente suyo y que le genere oportunidades de progreso; otro, representado por quienes quieren entregar nuestras riquezas materiales a la tutela del capital extranjero y mantener en la pobreza a nuestro pueblo.

En este contexto, hoy más que nunca se hace necesaria la presencia del pensamiento juarista, para construir un estado realmente democrático que sea conducido por el pueblo y para el pueblo.

El mejor homenaje que podemos rendir a Juárez es poner en práctica sus ideales de libertad y de justicia; llevar a la práctica una frase misma que engalana la parte superior de este recinto legislativo: Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

�¡Viva Juárez! �¡Viva Oaxaca!

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 379 diputadas y diputados. Hay quórum, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. Se concede el uso de la palabra al diputado José Luis Varela Lagunas, del grupo de Convergencia.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea. La tradición obliga a ceder ante el imperativo de la conmemoración, más aun siendo oaxaqueño y todavía más, en el contexto de la situación actual del país y de Oaxaca— pero el imperativo no obliga a la reiterada letanía de los lugares comunes traídos para el caso y vueltos al ropero, donde reposan aromatizados por la naftalina de la desmemoria.

Se habla y se escribe mucho y sesudamente sobre el indígena de Guelatao, entre tanta prédica y doctorales tesis, lo elemental se empequeñece hasta casi perderse. Ante tal circunstancia, lo menos que pretendo aquí es arrullarlos con frases hechas, materia del viento, sólo para salir del paso y dar debido cumplimiento a un ritual patriotero intrascendente.

Y es que los homenajes a Benito Juárez García suenan a improperio cuando sus protagonistas arrastran tras de sí la inocultable sombra de la hipocresía, porque la alabanza pretende ocultar la conducta. Tender una cortina de palabras adornada con flores y guirnaldas al pie del monumento resulta fariseo cuando las obras de los autores desmienten al discurso.

Un pensamiento del Benemérito de las Américas debiera recorrer lapidariamente la conciencia de todos y cada uno de nosotros y conforme a su resultado, tener la calidad y entereza suficientes para hacer cualquier guardia de honor.

"Malditos aquellos que con sus palabras dicen defender al pueblo y con sus hechos lo traicionan", dijo Juárez. Conviene a todos los representantes populares y servidores públicos vernos en el espejo de nuestras responsabilidades a la luz de esta frase: aquellos que dicen defender la ley y con ese pretexto en los hechos la violentan, sería la lección de éstos nuestros días. Y en efecto, la legalidad no se construye y se mantiene mediante acciones ilegales en ningún lugar del mundo ni en México ni en Oaxaca.

Con vocación ciudadana y republicana Juárez buscó una nación, una patria justa y generosa. Juárez, protagonista de la construcción del Estado mexicano, señala el marco filosófico y ético en el que deberá realizar su actuación. Nada por la fuerza, todo por la razón. Y si juzgamos conductas y acciones bajo este imperativo habremos de encontrar la coherencia y congruencia en la vida política del Patricio de Guelatao. La fuerza de la razón no ha sido el imperativo ético generalizado en la vida política del México de nuestros días ni en la tierra del Benemérito.

Los panegíricos dedicados a la memoria del indio oaxaqueño pierden sentido y son eslabones de una farsa histórica cuando se observan las condiciones en que sobreviven sus descendientes; cuando en las regiones de refugio de los pueblos originarios muestran los índices de abandono, la pobreza, la marginación y el drama humano de un sufrimiento continuado, fatal de los condenados de la tierra de Juárez.

Desnutrición, déficit de peso y talla, mortalidad y morbilidad materno-infantil, analfabetismo, baja escolaridad encuentran sus más altas expresiones precisamente en esas zonas de refugio; y no es todo. Expulsión de la tierra propia, explotación irracional de recursos naturales, migración forzada por el hambre, les acompaña destrucción de la lengua materna y devastación de la cultura propia. Coronan el conjunto, el ápice, la obscena explotación como objetos de folclor y racismo en el trato a 200 años del natalicio de Juárez. Éste es el dantesco homenaje que le hemos construido al nativo de la cultura zapoteca.

Mis palabras conllevan su parte autocrítica y que el otro destinatario sea aquél que se sienta aludido; el que no, bien puede sentirse heredero legítimo y con feliz desparpajo suponerse con derecho usufructuario de la imagen del Benemérito; a otros nos corresponde intentar con modestia, hacer el esfuerzo por no olvidar las lecciones siendo congruentes con nuestros propios dichos.

A final de cuentas todo lo que se hable y escriba reconociendo la grandeza del Benemérito está bien; sin embargo, los indios de mi tierras, sus paisanos, no comen de ello ni por ello, tienen acceso y oportunidad a una vida digna con posibilidades de modificar la condena a que han sido sometidos.

El homenaje válido —lejano a la sospecha clientelar de oportunismo político— es el respeto a la legalidad y de acciones reales para modificar —aparentemente ineludibles— el destino trágico de los indios de esta tierra. Lo demás, es el alimento para el viento que a Juárez le continúa haciendo, lo mismo, nada. Por su atención, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Nuevamente conmemoramos un año más del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, pero no sólo nos encontramos en este recinto reunidos para conmemorar su natalicio sino sobre todo, el legado histórico que este hombre dejó a nuestro país, a sus instituciones y a su pueblo.

Juárez nos legó como estadista el amor a la patria, pero sobre todo el interés de la patria siempre, siempre por encima del interés propio. Por ello, al conmemorarle, debemos refrendar nosotros, representantes populares, nuestro compromiso con el país, no con el afán de pasar a la historia o de esperar juicios históricos sino de sentar las bases de nuevo destino y desarrollo para nuestra República.

Juárez ha pasado a la historia, sí. Pasó ya la prueba del juicio de la historia, pero también en su época, incluso hoy en día, fue sometido y objeto de crítica y diría también que incluso fue sometido a una rendición de cuentas. Nuestras acciones, las acciones que demanda nuestra patria hoy no pueden esperar los juicios de la historia; necesitamos acciones efectivas en el presente.

Por eso, hoy a todos nosotros nos corresponde sentar las bases para una nueva República. El mandato soberano es claro, debemos darle curso a una nueva reforma política para hacer viable y sustentable nuestra democracia.

Hoy como nunca nos enfrentamos a problemas cada vez más complejos, entre ellos la reivindicación de los derechos ciudadanos de todos y la sustentabilidad de todos los proyectos, pues estos hechos y estas acciones resultan indispensables para el bienestar, el desarrollo y el mantenimiento de nuestra identidad.

Don Benito Juárez actuó siempre con responsabilidad política. Su actuación circunscrita al respeto de los derechos de terceros y al fortalecimiento de un país de leyes e instituciones, nos ha mostrado que el ser libre pensador significa ante todo tener una gran estatura intelectual, política y moral.

Por ello, la obra juarista debe considerase más vigente que nunca en todos los ámbitos de nuestra vida nacional; en la educación laica, en el respeto irrestricto a la división entre Iglesia y Estado; en los principios de respeto de derecho de los pueblos y las naciones y otras muchas cosas.

La época de Juárez fue la etapa en que muchas de nuestras instituciones comenzaron su consolidación al retomar los principios e ideales que le inspiraron. Seamos conscientes y comprometámonos abiertamente con este nuevo desarrollo que requiere nuestra patria para lograr honrar la historia y memoria de un hombre que es el oaxaqueño más universal de todos los mexicanos.

Colegisladoras y colegisladores, es necesario retomar el ejemplo juarista no como un estandarte político… es necesario retomar el ejemplo juarista no como un estandarte político sino como un ideario de vida y de acción en nuestra vida pública, por el bien de México, de su pueblo y de su historia. Que viva siempre don Benito Juárez y su legado histórico-político. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias diputado Antonio Xavier López Adame. Tiene la palabra el diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac: Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Con respeto expreso algunas palabras a la memoria del ilustre zapoteco don Benito Juárez; expreso en mi lengua materna: (habló en zapoteco).

Honra a esta representación popular realizar un homenaje a la memoria del ilustre zapoteco, una de nuestras personalidades históricas más relevantes y de más amplio legado en los valores y la cultura de los mexicanos.

El día de mañana se cumplirán 201 años del natalicio de un hombre excepcional, un hombre entregado a las causas superiores de México, defensor incansable de la República y de la soberanía nacional. Sin regateos ni apologías desbordadas, celebramos la vida y la obra del restaurador de la República.

Don Benito Juárez siembra las instituciones fundamentales del México moderno al erigirse como constructor del Estado mexicano y como padre de la reforma liberal. Recordamos al Presidente federalista que resistió la embestida de los conservadores y que venció al imperio espurio de Maximiliano, representante de una alianza que quería transformar el pacto federal en un conjunto de departamentos del poder central.

Reconocemos al valuarte de la República, impulsor de las Leyes de Reforma, que consolidaron el poder civil frente a los poderes del país, las que definieron que el Estado y la iglesia tienen ámbitos diferentes, las que consagraron las libertades públicas y cimentaron el Estado laico que admite creencias diferentes y, en un ejercicio absoluto de la libertad, inclusive el derecho a no creer.

Las ideas liberales de la ciudadanía, la preeminencia de la ley, la clara separación entre el Estado y la Iglesia, la igualdad plena entre hombres libres, entre otras, provienen de hombres lúcidos como Servando Teresa de Mier, José María Luis Mora, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Lucas Alamán, Pastor Rúa, Crescencio Rejón, que Juárez sabe transformar en instituciones vivas de la República.

Juárez fue también un defensor del federalismo y al serlo lo fue del municipio; del municipio libre que hoy está ayuno de recursos y facultades para combatir con mayor efectividad la pobreza que afecta a la mayoría de ellos. Hoy Guelatao, la tierra natal de Benito Juárez, como muchos municipios, es símbolo de muchas carencias.

En una época sin comunicaciones ni tecnología, Juárez entendió la importancia de la solidaridad entre los pueblos, formada en los valores de la democracia. Defendió a México con la fuerza de la ley y la justicia y contribuyó a edificar un nuevo marco internacional de civilidad y respeto.

Todos le debemos su máxima universal, que es un principio rector de muchas legislaciones nacionales y de las normas internacionales en un mundo que, aunque se une cada vez más en lo económico, continúa dividido en lo político, lo jurídico y lo cultural. "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

Esta expresión sintetiza el objetivo final de la formación de las instituciones. Para que haya civilidad debe haber paz, para que haya paz debe haber justicia y libertad.

Mientras el mundo carezca de las últimas, que constituyen un verdadero anhelo para cientos de millones de personas, la paz estará bajo riesgo. Derechos civiles, libertades y garantías individuales, compromiso social, federalismo y solidaridad internacional son el contenido de la visión republicana juarista.

Por ello, cuando fue perseguido por todo el país, obligándolo a encabezar un gobierno itinerante, es verdad la afirmación de que Juárez llevó a la República en su carruaje. De ese tamaño fueron sus convicciones y su voluntad para resolver cualquier obstáculo, a fin de llevar a cabo su visión de México diferente.

Por ello, en estos tiempos Juárez y su legado son un faro legítimo y adecuado para guiar el destino de México, para sumar esfuerzos en la lucha por un país mejor, más justo y más democrático. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Calos Roberto Martínez Martínez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros y compañeras diputadas. La democracia es el destino de la humanidad futura; la libertad su indestructible arma; la perfección posible del fin donde se dirige. Palabras de don Benito Juárez, Benemérito de las Américas.

Templado en la adversidad, con la sola fuerza de su férrea voluntad forjada con dignidad y patriotismo liberó a la patria y rescató a la República de las garras imperialistas. Gigante de la patria es el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.

A 201 años del nacimiento del más ilustre de los oaxaqueños y el más universal de los mexicanos, hablar de Benito Juárez es remontarnos al pasado, pensar en el presente e imaginarnos el futuro. Es decir, que Benito Juárez sigue siendo el Presidente que vive y convive con nosotros y será el Presidente vitalicio para los mexicanos.

Porque su tenacidad, su energía, su decisión ante la adversidad, su compromiso con la patria y con los que menos tienen son principios juaristas, ejemplos para todos los mexicanos. Juárez en su tiempo y ante las crueles circunstancias que se le presentaron supo defender la República, supo enfrentar el imperialismo que quería adueñarse no sólo de nuestras riquezas, sino de nuestra identidad y de nuestros valores humanos.

Como él mismo lo dijo, defendió a la patria con lo que pudo, con lo que se tuvo y hasta donde se pudo. En este momento en el país nos enfrentamos ante una semejante situación a la que enfrentó el Presidente Juárez.

El imperialismo acecha nuestras riquezas. Si Pemex está en estado terminal, �¿cómo explicar que haya tanto interés y tanto interesado en comprarla? Para quienes quisieran enterrar la esencia de los tiempos de la Reforma, quienes portan el despotismo racista y conservador, queremos decirles que aquí estamos los juaristas para abanderar la lucha del siglo XXI y que vamos a defender nuestra soberanía nacional, tal como hemos defendido nuestra identidad indígena y que vamos a permanecer atentos ante cualquier signo de amenaza.

Porque los más de 500 años de sobrevivencia no pueden ser olvidados y amenazados y mucho menos pueden ser desaparecidos. Los indígenas como lo fue Juárez, estamos de pie, estamos listos para enfrentar el genocidio que se está preparando para nuestros pueblos indígenas.

Hace un año se anunció con mucho entusiasmo el Bicentenario del natalicio de Benito Juárez, pero no pasó de ahí. Los pueblos indígenas a los que Juárez defendió y es parte de ellos, siguen en la misma situación de olvido, de marginación, de pobreza, hostigamiento y amenaza de extinción.

La administración anterior no celebró de manera jubilosa el Bicentenario del natalicio del prócer oaxaqueño. Para estos festejos de carácter estrictamente republicanos, hubo una actitud sinónimo de traición e ignorancia de nuestra historia.

En Oaxaca la situación fue peor, la LIX Legislatura del Congreso de la Unión autorizó un presupuesto para que en el Año del Bicentenario se llevaran a cabo obras y acciones que pudieran engrandecer este gran acontecimiento.

Pero lo que vimos en Oaxaca fue represión, asesinatos, secuestros, violación a los derechos humanos, encarcelamientos injustos, persecución por parte del gobierno de Ulises Ruiz, a quien se le fue la gran oportunidad de demostrar que en Oaxaca, la tierra del Benemérito, se gobierna con el ejemplo de Juárez. Lo que se diga de ahora en adelante será pura demagogia.

Los indígenas queremos decir: que aquí estamos, que exigimos que se respeten nuestros territorios, que se respete nuestra autonomía y nuestra propia forma de elegir a nuestros gobernantes. Que se respete nuestra identidad, ya que cualquier acción gubernamental que se quiera llevar a cabo en nuestros territorios se debe consultar, no nos oponemos al desarrollo, pero queremos participar de él.

Juárez luchó por la dignidad y el desarrollo de los pueblos indígenas y nadie tiene derecho a condenarlo al silencio y al olvido. Juárez defendió a México con la fuerza de la ley y la justicia, ni un paso atrás en la defensa de las instituciones de la República.

Por eso con Juárez, por Oaxaca y por México, ni un paso atrás en la lucha por el bienestar de los pueblos indígenas. Qué viva el Presidente Juárez.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Antonio Fraile García: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras legisladores. Si repetimos la historia, entonces quiere decir que tropezamos con la misma piedra. La vida y obra de don Benito Juárez sigue siendo lección de una profunda actualidad.

Juárez, un hombre de compromiso con las libertades, con la ley y con la República, fue ante todo un estadista. Legó a las generaciones venideras, a nosotros, una República moderna, independiente y libre.

Recordamos hoy a Juárez por su reconocimiento profundo sobre la diversidad del Estado de México del siglo XIX y por su esfuerzo para darle unidad y rumbo político, a través del fortalecimiento de las instituciones. La actualidad en el pensamiento de Juárez radica en su absoluto convencimiento del respeto irrestricto al derecho ajeno y a las instituciones como principio básico de toda convivencia social.

"Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano, para defender y sostener nuestras instituciones —decía Juárez— ha sido mi único fin, proponerles lo que creo mejor para sus más caros intereses, que son, afianzar la paz en el porvenir y consolidar nuestras instituciones". Fin de la cita.

La defensa que Juárez siempre hizo del orden institucional y legal estuvo sustentada en la idea de forjar una patria, en la que nunca más se privilegiara los intereses personales por encima de la legalidad y del interés nacional. Tal y como en su momento con Antonio López de Santa Ana, nada que estuviese fuera de la Constitución —escribe Justo Sierra— sería solución posible para Juárez, toda transacción se basaría en el acatamiento de la Constitución.

De ahí su empeño para contar con el Poder Legislativo fuerte y capaz de adecuar las necesidades de la sociedad al marco legal; un Poder Judicial que garantizará el cumplimiento de la ley y un Poder Ejecutivo que no gobernará a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a la ley.

Recordamos hoy a Juárez por su contribución histórica en la conformación del Estado moderno, de este Estado que hoy disfrutamos. Fue él quien abrió el horizonte del laicismo, sí, fue él el que abrió el horizonte del laicismo y se adelantó a su época y en palabras del propio Juárez: "Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llegarían fielmente ese deber, si fueren sectarios de alguna". Ahí está.

El temple liberal de Juárez y su lucha indeclinable por consolidar el Estado laico, eventualmente condujo a que la conquista de la Reforma tuviera la particularidad que una vez establecida en la ley se convirtieran en hechos perdurables.

Sin embargo, y como lo explica Justo Sierra —y que me parece muy bien— la intención no era hacer un Estado ateo, sólo los individuos pueden ser ateos o deístas; el objetivo era el mismo que prevalece hasta nuestros días: suprimir los fueros. En eso estamos de acuerdo, y que el gobierno se limite a proteger con autoridad el culto público o los cultos públicos de todas las religiones por igual; porque si hoy Juárez escuchara más de un discurso, vendrían a colación las palabras que le mandó en una carta a Severo Cosío, que me permito leer: "Reconozco en cada ciudadano el derecho de tener ideas propias y emitir con entera independencia, sin consideraciones de ningún género, porque sólo así serían practicables, entre nosotros, las sanas doctrinas democráticas que a costa de tanta sangre hemos logrado conquistar".

Hagamos de este día algo memorable: respetémonos entre nosotros. Bien vale la pena. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Esta Presidencia da la bienvenida y envía un cordial saludo al grupo administrativo del municipio de Tlatlauiqui, Puebla, que nos honran con su presencia en este recinto. Sean bienvenidos.

Pasamos al apartado de iniciativas en el orden del día. Se recibió del diputado José Martín López Cisneros, del grupo parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Antonio Berber Martínez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa.

El diputado Antonio Berber Martínez: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El suscrito diputado federal Antonio Berber Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 71, fracción II, y 73 fracción XXIX-f), y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, bajo la siguiente

Exposición de motivos

Es sumamente importante la Ley de Competitividad y el cumplimiento de su objeto a través de la colaboración con los sectores. La relación entre la educación y el desarrollo de emprendedores es un tema que necesita de acciones concretas y efectivas, pues el empleo es una meta natural y un horizonte siempre presente en la educación, ya que la debida conjunción de ambos elementos, contribuye a mejorar sustancialmente el nivel de vida de las personas.

La suma de los jóvenes desempleados que cuentan con niveles educativos de profesional, media y superior, llegan a representar casi la mitad de la población juvenil desocupada, lo cual indica que se está desaprovechando la oportunidad de contar así simultáneamente con la mayor proporción en la historia de jóvenes en edad de desempeñarse productivamente y con el perfil más alto de escolaridad en la historia.

En el segundo párrafo del artículo 2 de la citada ley se establece que la Secretaría de Economía podrá celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal, municipales y con particulares, para concretar acciones de apoyo para el sector de las Mipymes.

Aquí se propone, de acuerdo a la especificación que hace el artículo 3o. y en congruencia con la ley, el término sectores que es más genérico e involucra al sector privado, social y del conocimiento.

Se propone también impulsar la creación de un entorno favorable para el fomento y desarrollo de las actividades de modernización, innovación, fortalecimiento tecnológico en las Mipymes, ya que en la medida en que este sector pueda acceder a una mejor infraestructura, equipamiento, transferencia de conocimiento, capacitación, consultoría, podrá lograr una mayor competitividad en el marco, influida por el mejoramiento en los modelos organizacionales, comerciales y de producción.

Lo anterior se puede lograr con el fortalecimiento de los vínculos entre las Mipymes y los sectores involucrados en estas áreas, como las universidades, laboratorios, incubadoras de empresas, centros de investigación, Conacyt, etcétera.

Para ello se propone pasar de 31 a 33 miembros en el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante la incorporación del titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el titular de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, lo que representa el involucramiento de las universidades en la toma de decisiones y en la integración de políticas para el desarrollo de la competitividad de las Mipymes, ya que las universidades son parte fundamental en el impulso de una cultura emprendedora en nuestro país.

Es necesario incorporar el concepto innovación como uno de los mecanismos que el Consejo deberá impulsar para el desarrollo de las Mipymes, ya que el concepto de innovación involucra aspectos de inventiva y de creatividad en las áreas como diseño, procesos productivos, marketing, tecnología, desarrollo organizacional.

Es importante mencionar que en los modelos actuales de desarrollo para la competitividad a nivel mundial se considera a la innovación como el principal motor para incrementar la competitividad de una economía. Por supuesto, se cuenta con experiencias de países como Finlandia, Nueva Zelanda, Irlanda, Corea del Sur, que han logrado un incremento considerable en su competitividad, dados los mecanismos de innovación y de desarrollo tecnológico que han empleado en sus Mipymes.

Esta propuesta persigue cuatro objetivos principales: armonización legal de los contenidos, toda vez que existen disposiciones que no se refieren a los diversos sectores y que es necesaria su inclusión para la contribución de éstos en el fomento de la competitividad de las Mipymes; claridad conceptual y operativa del apoyo y de la coordinación que debe existir con la Secretaría de Economía y los sectores involucrados para la creación de un entorno favorable a las actividades que fortalezcan el desarrollo de la competitividad; incorporación formal de la representación de las universidades públicas en el Consejo Nacional para la Competitividad; cumplir con la constitución de incubadoras de empresas con el apoyo del sector del conocimiento.

En atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa que reforma y adiciona la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en los siguientes términos:

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 2; la fracción IX del artículo 14, se reforma el primer párrafo del artículo 18; la fracción II y III del artículo 22, y se adiciona una fracción XXIII al artículo 18 para quedar como sigue:

Artículo 2. La Secretaría de Economía en el ámbito de su competencia, podrá convenir con los sectores para concretar las acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.

Artículo 14, fracción IX. La creación de un entorno favorable para el fomento y desarrollo de las actividades de modernización, innovación y fortalecimiento tecnológico de las Mipymes.

Artículo 18. El Consejo estará conformado por 33 integrantes. (…)

Fracción XXI. Tres miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, quienes serán designados por la Secretaría.

Fracción XXIII. El titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el titular de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.

Artículo 22. El Consejo tendrá por objeto desarrollar mecanismos para que las Mipymes reciban consultoría y capacitación en las salas de comercialización, mercadeo, tecnología, innovación y procesos de producción, diseño del producto y financiamiento, así como en materia de normalización y certificación.

Fracción III. Fomentar la constitución de incubadoras de empresas y la iniciativa y creatividad de los emprendedores con el apoyo del sector del conocimiento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, Antonio Berber Martínez, diputado federal por Michoacán. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, 20 de marzo de 2007. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Economía. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. La delincuencia organizada en nuestro país es, sin duda, un mal que aqueja a la sociedad cada día con mayor intensidad, manteniéndola atemorizada.

El tipo penal considera que se materializa la misma cuando tres o más personas se reúnen y deciden organizarse para realizarla en forma permanente o reiterada. Eso ilícitos representan una actividad profundamente nociva para nuestra sociedad y el Estado, que no debe verse sólo como un problema delictivo contra la salud y la integración física, sino que debe verse ya como un problema de seguridad nacional.

Las consecuencias del crimen organizado son principalmente violencia y muertes, inquietud y angustia comunitaria, tensiones en la relación gubernamental, nacional e internacional, aumento en las adicciones, contaminación y corrupción en las instituciones públicas y privadas, pérdida de competitividad e inhibición de la inversión productiva, perversión de los valores éticos y de convivencia social.

Los criminales organizados cuentan con un gran poder de intimidación, fortaleciéndose un círculo vicioso de impunidad. No está en sus prioridades enfrentar al Estado, sino en infundir miedo a la sociedad y a las autoridades para controlar el territorio e inhibir el poder público, rebasando el poder del gobierno, lo que envilece la actuación de este último.

El problema radica principalmente en la impunidad con la que se desempeñan estos grupos, así como la falta de denuncias y testimonios que permitan contar con las herramientas para la persecución y proceso de los agentes activos que participan en estas mismas.

En múltiples ocasiones las actuaciones ministeriales y judiciales tienen cierto grado de dificultad, debido a la falta de testimonios que hagan presumible la comprobación de la delincuencia organizada, por lo que es conveniente dedicar esfuerzos para dejar de obstruir la aplicación de esta misma justicia.

La iniciativa que hoy presento busca eliminar los obstáculos para la presentación de testimonios que permitan, mediante una protección integral, el buen desarrollo y cumplimiento de la averiguación previa y del procedimiento penal en aquellos delitos establecidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Pretende brindar seguridad en la integridad personal de los testigos cuando éstos tengan información que ayude a la autoridad al esclarecimiento de este tipo de delitos desde antes de que se ejercite la acción penal, así como durante todo el procedimiento, pues éstos pueden contar con pruebas muy importantes para la persecución y condena penal.

Intenta, además, alentar la participación de los testigos y protegerlos de posibles represalias. Se adoptan medidas encaminadas a garantizar la protección física de los testigos; permite que el testimonio se preste de modo que no se ponga en riesgo a su persona.

Por lo que el presente proyecto de decreto propone salvaguardar la identidad, domicilios y demás datos personales de los testigos, asegurándose para tal efecto y en todo momento, la reserva de su identificación. Resulta complicado tener que atestiguar contra la delincuencia organizada, por ello esto ayudará al combate de tal ilícito.

En este sentido se pretende derogar el artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en virtud de la limitada protección que ofrece, pues actualmente les otorga reserva de su entidad hasta el ejercicio de la acción penal, lo que significa que no gozan de una seguridad plena en su persona para rendir su testimonio y ello resulta complicado en la participación de los testigos que, a sabiendas de su dicho, corren riesgo en su persona.

Al respecto, el artículo 34 de la Ley en comento establece el derecho de apoyo y protección a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas cuando por su intervención en un procedimiento penal así se requiera. Sin embargo el precepto legal contempla una protección incierta al depender de la discrecionalidad de la Procuraduría General de la República, por lo que se reforma en este sentido dicho precepto legal, suprimiendo el término "testigo" a fin de ser contemplada su protección en el artículo 34 Bis.

La presente iniciativa genera de forma más específica la protección jurídica al testigo manteniendo —reitero— en todo momento la secrecía de la identidad personal, cuando el testigo participe tanto previo a la averiguación, como durante el procedimiento penal contra algún miembro de la delincuencia organizada.

Por lo tanto, solicitamos se adicione el artículo 34 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, garantizando de manera integral su testimonio y no únicamente hasta el ejercicio de la acción penal, como se venía contemplando en el artículo 14 que ahora pretendemos derogar.

También se instituye de manera potestativa la responsabilidad para que la Procuraduría General de la República preste los apoyos y protección necesaria para la salvaguarda de la integridad física del testigo a que se refiere el artículo 34 de esta misma Ley.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 14, se reforma el artículo 34 y se adiciona un artículo 34 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, conforme a lo siguiente

Artículo primero. Se deroga el artículo 14 de esta Ley.

Artículo segundo. Se reforma el artículo 34 de la misma Ley para quedar como sigue:

Artículo 34. La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se necesite.

Artículo tercero. Se adiciona un artículo 34 Bis de esta misma Ley para quedar como sigue:

Artículo 34 Bis. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada, deberá mantenerse en todo momento la secrecía de la identidad, domicilio y demás datos personales de los testigos, previo al ejercicio de la acción penal y durante el procedimiento. En su caso, a solicitud del testigo, la Procuraduría General de la República prestará los apoyos y protección para la salvaguarda de su integridad a que se refiere el artículo 34 de esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Procuraduría General de la República contará con un plazo de tres meses para que implemente todas las medidas presupuestales y administrativas conducentes para otorgar los apoyos y protección a que se refiere el artículo 34 Bis de esta ley, reformado en los términos de este decreto. Gracias por su atención. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas. Túrnese a la Comisión de Justicia. Tiene la palabra el diputado Faustino Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal.

El diputado Faustino Javier Estrada González: Con su permiso, señor Presidente. Discurso, iniciativa de reforma al Código Penal Federal para crear tipo penal de discriminación.

La discriminación es un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones entre diversos grupos sociales; y tiene sus raíces en la opinión que un grupo tiene sobre otro. La discriminación en alguno de sus tipos ha sido causa de grandes problemas mundiales.

En el año de 1948 fue declarada y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la carta que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos. En dicha carta, en los artículos primero y segundo se establece el derecho a la igualdad de todos los individuos frente a la ley.

Así, dicha carta fue ratificada por México ese mismo año. Establece que "toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

Adicionalmente, el 20 de noviembre de 1963, también las Naciones Unidas establecieron mediante otra resolución, la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, en esta ocasión se estableció que la discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En dicha declaratoria se establece la obligación de los Estados para legislar, a fin de combatir y sancionar los actos de discriminación (artículo 9, numeral 3).

Así, la acción de discriminar implica la situación activa o pasiva de diferenciar, distinguir o separar a una persona o grupo de éstas de forma desfavorable, a causa de prejuicios. Estas formas pueden ser variadas: discriminar por categoría social, por raza, por orientación sexual, por la práctica de una religión determinada, por rango socioeconómico, por la edad y por la discapacidad.

Dentro de los países en vías de desarrollo, como México, los problemas de discriminación se agudizan por los problemas económicos. De ahí que grupos vulnerables sean atacados o lesionados por considerarlos como causantes del problema económico, haciendo el problema de la discriminación aún más grave.

El problema de la discriminación en el ámbito mundial se vuelve complejo por los principios de derecho internacional, que salvaguardan la soberanía de los pueblos. Por tanto, al amparo de prácticas sociales, culturales o religiosas realizan actos claros de discriminación en contra de sus connacionales.

Los sistemas jurídicos tradicionales han legalizado la discriminación, al tratar de forma diferente a destinatarios de la norma. Por ejemplo, los hijos son tratados de forma diferente si han sido engendrados dentro o fuera del matrimonio.

Sin embargo, las constituciones modernas han prohibido la discriminación. Es el caso de la Constitución Política. En reformas más o menos recientes se incluyó un tercer párrafo al artículo primero para establecer como garantía la no discriminación.

Por ello, es necesario no sólo establecer como garantía constitucional la no discriminación, sino que, a través de la facultad sancionadora del Estado, se legisle a fin de establecer las sanciones penales adecuadas para inhibir la práctica de esta conducta.

Derivado de las anteriores consideraciones el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en esta Cámara de Diputados presenta la iniciativa de decreto por la que se tipifican como delitos del fuero federal los actos de conductas discriminatorias.

Siguiendo la técnica legislativa adoptada por nuestro Código Penal federal, proponemos establecer un catálogo de conductas que el sujeto activo del delito pueda llevar a cabo en contra de las personas que, por sus cualidades o características señaladas en el primer párrafo del artículo 149 ter, sufran la conducta lesiva.

Esta descripción ha pretendido ser lo más exhaustiva posible, a fin de evitar que conductas necesariamente dañinas para la convivencia social puedan quedar excluidas del ámbito de la norma penal.

Por tanto, se describen conductas como incitar a la violencia o al odio, excluir a alguna persona o grupo de personas, realizar públicamente opiniones o comentarios en los que se denigre a las personas, impedir el acceso a centros culturales, recreativos o de entretenimiento o centros educativos, ya sean públicos o privados, entre otras conductas.

En cuanto a la sanción, se establece una pena de cuatro a 12 años de prisión y una multa de mil a tres mil 500 días multa en contra del sujeto activo de este delito. Con dicha penalidad se pretende inhibir las conductas que tiendan a la discriminación. Puedan ser agravadas hasta en una mitad si quien la realiza es, conforme a la ley, funcionario público.

Con esto consideramos que se otorgan las herramientas necesarias al Estado a fin de combatir esta conducta claramente lesiva para la sociedad mexicana.

El Verde Ecologista a favor de México. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Estrada González. Túrnese a la Comisión de Justicia. Se concede el uso de la tribuna al diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Sonido a la curul de la diputada Elsa Conde.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (desde la curul): Sólo para solicitarle si es posible se nos turne la iniciativa para opinión de la Comisión Especial de no Discriminación, Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Lo que pasa es que no es comisión de dictamen legislativo, diputada. Pero para opinión se turna también a la Comisión Especial de no Discriminación, Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos. Adelante, diputado.

El diputado Humberto López Lena Cruz: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros. Corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio que se propaga a las ondas electromagnéticas.

Dicho dominio es imprescindible, siendo competencia exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, otorgar las comisiones y permisos para el uso del espacio territorial para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, circunstancias que se desprenden del artículo 27 constitucional en relación a los artículos 1, 2, 3 y 9 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión se establece la obligación del Estado de proteger a la industria de la radio y televisión, a la cual se le considera de interés público, obligación que se confirma por virtud del postulado contenido en el artículo 5 de la ley de la materia, por medio de la cual se impone a la industria mencionada la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.

Siguiendo este orden de ideas, el Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene como deber proteger a la industria de radio y televisión no solamente por las características de interés público que se le atribuyen, sino muy particularmente por la función social, que es impuesta mediante el artículo 5o. de la ley en la materia.

En el año de 1994 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 22 de la Ley Federal de Radio y Televisión, dio cumplimiento en el espíritu de lo que señala el artículo 4o. de la ley en comento, al proteger a la industria, ya que desarrolló un programa orientado a apoyar a los radiodifusores que transmitían en la banda de amplitud modulada, con la finalidad de mantener la continuidad en la prestación del servicio, con lo cual se cumplía con la función social a que estaban comprometidos los concesionarios, en términos de ley.

En el año indicado, previamente se le autorizó a 83 emisoras de la banda de amplitud modulada, la ampliación de su capacidad de transmisión mediante las modificaciones técnicas necesarias para el efecto de incluir la explotación de un canal de banda de frecuencia modulada que transmitía en forma simultánea la programación de la estación de radio AM, mediante la misma concesión.

Con base en lo anterior se considera que el otorgamiento de la facultad de transmitir en la modalidad de frecuencia modulada como repetidora de la programación no puede ser considerada como una concesión, sino como una simple autorización para cumplimentar la explotación de la concesión proveniente, otorgada para transmitir por radio en la frecuencia de amplitud modulada.

La Secretaría de la Contraloría en su oportunidad analizó los aspectos legales del procedimiento utilizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para autorizar la ampliación de la capacidad de transmisión a favor de los radiodifusores de amplitud modulada, que se llevó a cabo en 1994, determinando que el mismo se encontró ajustado a la ley.

Cabe señalar que actualmente siguen vigentes los artículos en los cuales la autoridad se apoyó para el otorgamiento de los sistemas de transmisión simultáneas, conocidas comúnmente como combos, como el artículo 22 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que señala: No podrán alterarse las características de la concesión o permiso sino por resolución administrativa en los términos de esta ley o incumplimiento a resoluciones judiciales.

Estudios realizados previamente demuestran que existen los elementos necesarios para el carácter técnico, para que en la actualidad las estaciones de la banda de amplitud modulada puedan utilizar el espectro de la frecuencia modulada para transmitir de manera simultánea la programación de la estación concesionada.

Debido a los avances tecnológicos, con fecha 2 de julio de 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transmisión a la televisión digital terrestre en México; hecho que nos sirve de antecedente para establecer la necesidad de digitalizar la radio de la misma forma.

Ahora bien, actualizar la radio para digitalizarla es algo primordial, pero hasta en tanto no se pueda llevar a cabo la digitalización es necesario dotar de elementos a los concesionarios y permisionarios de las estaciones de radio de amplitud modulada, para que puedan ser competitivos. Y esto sólo se podrá lograr mediante la retransmisión idéntica de su programación en las frecuencias moduladas.

A manera de conclusión, señalamos que debemos garantizar una competitividad entre los medios de comunicación en donde los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada se encuentran en desventaja con sus iguales en la frecuencia modulada; reiterando que con los otorgamientos de una frecuencia espejo, que les permita retrasmitir en amplitud modulada a frecuencia modulada, para garantizar la igualdad y la competitividad.

Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley Federal de Radio y Televisión, reformando los artículos 17-J y 47 y adicionando un artículo 18, para quedar como sigue:

Artículo 17-J. A su vez se deberá de notificar a los participantes que no hubiesen sido seleccionados, mediante resolución, la cual deberá de estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 18. La autoridad llevará a cabo estudios técnicos, cuyo resultado permita valorar la viabilidad de autorizar a los concesionarios y permisionarios de la banda de amplitud modulada, otorgándoles un sistema de transmisión simultánea por el término que dure la transmisión de lo analógico a lo digital.

Artículo 47. El concesionario y permisionado deberán de informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Esta iniciativa la firmamos, su servidor Humberto López Lena, el diputado Félix Moisés Dagdug, secretario de RTC del PRD, el diputado Enrique Benítez, secretario del PRI, el diputado Israel Beltrán Montes del PRI y el diputado Enrique Cárdenas, también del PRI. Es cuando, señora Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Humberto López Lena Cruz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación.

Se concede el uso de la tribuna al diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por él mismo y el diputado Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas: Con la autorización de la Presidencia. En México la Constitución de 1917 prevé en varios artículos diversos derechos sociales. La definición del Estado se funda en los valores liberales del siglo XIX, mismos que devienen en la influencia del proceso norteamericano y del conjunto de declaraciones surgidas de la Revolución Francesa.

Es decir, el artículo 40 señala que nos constituimos como una República representativa, democrática y federal, que aunque resume la dolorosa gesta de la independencia nacional y el esfuerzo nacional por construir una identidad propia, como se demuestra en el proyecto impulsado por personajes históricos de la talla de, Servando Teresa de Mier y de Juárez, no reflejan las llamadas: definiciones fundamentales, la vocación social de todos los mexicanos, aunque aceptemos que la idea del proyecto nacional, implique en primer lugar los derechos sociales.

Nos parece que la falta de esta definición en la Constitución permite que las leyes en materia social se construyan de manera periférica, como una más de las partes de nuestro sistema jurídico.

Creemos necesario alcanzar una nueva definición del Estado mexicano que indique con claridad que lo social es una parte indisoluble de la protección de las garantías sociales, incluso, que permita recuperar el desarrollo social como el conjunto de derecho de las personas y que obligue al Estado a atenderlos con mayor eficacia y fortaleza.

Para fundamentar este objetivo, debemos reconocer que en el mundo prevalece la idea de que deben superarse las visiones asistenciales y marginales del desarrollo social, en donde lo importante no sea cuantificar el número de acciones que se logren en temas como la vivienda o la educación sino evaluar de qué manera modifican realmente la forma de vida de la sociedad.

Por ello, organismos como el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo e incluso instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, recomiendan centrarse en el concepto de la calidad del desarrollo que es un referente cada vez más aceptado, en la creación y administración de las políticas sociales.

En los albores del siglo XXI, una de las cuestiones más importantes que tenemos que abordar, es definir el tipo de Estado con el que nos proponemos asumir los retos tanto de la globalización como del desarrollo tecnológico y del incremento de las carencias humanas a fin de encontrar nuevas soluciones. Este reto no sólo es válido para México, sino para la mayoría de los estados del mundo.

En el caso de México, nuestros principales indicadores son negativos. Dos terceras partes de la población viven en situación de pobreza, una tercera parte en pobreza extrema.

Las evaluaciones internacionales son desfavorables. La OCDE nos ha ubicado en los últimos lugares de aprovechamiento escolar, en el nivel de la educación básica; la ONU señaló que, a pesar de los informes optimistas gubernamentales, las zonas rurales e indígenas son tan pobres como las comunidades más carentes del sur del continente africano.

La debilidad jurídica e institucional de las políticas sociales, permite que en lugar de fortalecer el desarrollo en el largo plazo de las familias, el enfoque sea inmediatista, parcializado y asistencialista.

Los límites institucionales de nuestro desarrollo social contrastan con la amplia experiencia existente en la materia. Hace cuatro siglos se expidió la primera ley de este tipo en Inglaterra, llamada "ley de pobres".

En México durante 60 años se han desarrollado tres generaciones de políticas sociales: la primera centrada en instituciones de acceso y cobertura universal como el Seguro Social y el ISSSTE, entre otras. Se dio paso a una segunda etapa centrada en la acción comunitaria. El tercer momento de estas políticas, que es el vigente, se extrapoló y se dirige a la focalización y al individualismo.

Una definición amplia del Estado mexicano puede iniciar la construcción de una política social auténticamente de Estado que supere el vaivén de los sexenios, la tentación de orientar a las elecciones, su distorsión hacia grupos de interés y su separación de las demás políticas públicas, en particular de la económica.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone modificar el artículo 40 de la Constitución para agregar el principio social a la naturaleza del Estado mexicano como el inicio de una nueva generación de leyes y de políticas nacionales que transformen el desarrollo social en un proceso estructural fundado en derechos y no en paliativos temporales e ineficaces.

Esta propuesta reconoce el acierto de otras naciones, de haberse definido a sí mismas a partir de un estado de naturaleza social como es el caso de Francia, que en el artículo 1o. de su Constitución se define como una República indivisible, laica, democrática y social. O el caso de España, en el artículo 1o. señala que esa nación se constituye como un Estado social y democrático de derecho.

Es una verdad reconocida en todo el mundo, que dichas constituciones políticas son hasta ahora las mejores estructuras de estado de bienestar que haya conocido la humanidad.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 40: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República social, representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, establecida según los principios de esta Ley Fundamental.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo. Rúbricas. Samuel Palma, José Ascención Orihuela y Alfredo Ríos Camarena. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado José Ascención Orihuela Bárcenas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Jericó Abramo Masso: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto e decreto que reforma y adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente

Exposición de motivos

De acuerdo con el informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 19 de julio de 2005, y de conformidad con las resoluciones 57/165 sobre la promoción del empleo de los jóvenes, y 58/133, sobre políticas y programas relativos a la juventud, en la que ésta pidió al secretario general que incluyera en su informe para la Asamblea General en el sexagésimo período de sesiones un análisis y evaluación global sobre los planes de acción nacionales sobre el empleo de jóvenes.

En dicho informe, de acuerdo con la OIT, se estima que 88 millones de mujeres y hombres jóvenes de todo el mundo, están desempleados y muchos jóvenes más trabajan durante largas jornadas a cambio de escasa remuneración, luchando por sobrevivir en la economía no estructurada.

Así pues, el 47 por ciento del total de 186 millones de desempleados corresponde a los jóvenes, hecho que es especialmente alarmante dado que los jóvenes representan sólo el 25 por ciento de la población en edad de trabajar. También informa que tanto en las economías industrializadas como en los países en desarrollo los jóvenes tienen más probabilidades de encontrar un trabajo temporal, parcial o intermitente e inseguro.

Además de los problemas que plantean el desempleo y el subempleo, los jóvenes deben enfrentarse a otros obstáculos, que los convierte en un grupo especialmente vulnerable a las influencias sociales, económicas, físicas y psicológicas.

En muchos países en desarrollo existen numerosos jóvenes que nunca terminan la escuela secundaria; unas dos terceras partes de los estudiantes que abandonan la escuela son niñas y menos de una cuarta parte de las niñas asisten a la escuela secundaria.

Además, la mayoría de personas que han contraído recientemente el VIH/sida son jóvenes, con una tasa de infección más elevada entre las mujeres jóvenes que entre los hombres jóvenes. Junto con la edad, otros factores que contribuyen a que los jóvenes sean especialmente vulnerables son la discapacidad, el origen étnico y social y la situación geográfica.

Varios gobiernos informaron sobre medidas en materia de política y estrategias de inversión para incentivar la creación del empleo. Entre los ámbitos principales se incluyen incentivos fiscales y del otro tipo para que el desarrollo empresarial y el fomento de los sectores económicos con posibilidades de generar empleo, como la agricultura, el sector de servicios y las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Brasil informa sobre su programa de creación de empleo mediante subvenciones financieras, por cada nuevo puesto de trabajo que se crea hay un incentivo financiero por valor de mil 500 reales. El programa se seguirá de cerca con el fin de garantizar unas condiciones de trabajo dignas para los jóvenes recién contratadas. La empresa que está dispuesta a participar en el programa sin recibir incentivos a cambio es reconocida públicamente por el Ministerio de Trabajo y Empleo como Empresa Asociada al Programa del Primer Empleo.

Por consiguiente, las políticas encaminadas a fomentar la aptitud para el empleo y el espíritu empresarial deben ir acompañadas necesariamente de medidas para estimular la demanda y crear puestos de trabajo adicionales. En términos más generales, la creación de empleo debe convertirse en un objetivo central, no en una consecuencia de las políticas gubernamentales a favor de la inversión y del crecimiento económico.

El empleo de los jóvenes no debe enfocarse desde la perspectiva de un grupo específico ni simplemente como un subtema del mercado de trabajo. Si los encargados de formular políticas centran sus esfuerzos, en primer lugar en crear oportunidades sólidas de empleo para los jóvenes es de suponer que los resultados repercutan, de forma sostenible, en el grupo de los jóvenes a lo largo de su vida y que beneficien también a otros grupos de edad.

En vez de adoptar política a favor de los jóvenes que vayan en detrimento de otros grupos de edad, las políticas a favor del empleo de los jóvenes deben promoverse con el propósito de mejorar la situación de todos los grupos de edad del mercado de trabajo.

En México, el 28 de noviembre de 2006 fue publicado en el DOF el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican y se modifican los diversos publicados el 5 de marzo del 2003 y el 31 de octubre del 94, los cuales contemplan en su artículo 1o. la posibilidad de disminuir de la utilidad fiscal determinada para los pagos provisionales, el importe de la deducción inmediata a realizarse en el ejercicio.

El segundo significado se relaciona con el hecho de buscar la justicia tributaria a través de resarcir a los contribuyentes de los efectos económicos negativos de la inflación, el estímulo fiscal es una prestación de carácter económico que se traduce en un crédito o en una deducción que el beneficio hace valer a su favor.

Ante esto, es importante entender que a través de la historia de este país se han venido estableciendo políticas de desarrollo a sectores o grupos minoritarios que de otra manera estarán en la desventaja competitiva de oportunidades frente a las condiciones establecidas por los grupos hegemónicos.

Así, podemos considerar el decreto del Presidente José López Portillo del 19 de marzo del 82, que establecía los estímulos al fomento de la capacitación y el adiestramiento y dirigido a los jóvenes trabajadores.

De un total de 71 millones 613 mil 284, la población económicamente activa de 14 años además de representar el 58.7 por ciento, según datos del INEGI del último trimestre del 2006. Es decir, poco más de la mitad se encuentra con empleo fijo o formal; sin embargo, un poco más de la mitad de éstos gana entre uno a tres salarios mínimos de estos jóvenes en el país y la mayoría de los jóvenes entre 14 y 25 se encuentra en el empleo informal.

Las posibilidades de creación de los empleos adecuados están determinadas por las características y comportamiento de la economía nacional; sin embargo, ha sido una promesa de quien ahora es el Presidente de la República el estimular el empleo en los jóvenes.

Por lo anterior descrito, propongo a esta honorable soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Uno. Se adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: El patrón que contrate a una mujer u hombre cuya edad se encuentre entre los 18 y 29 años, y sea un nuevo puesto de trabajo, podrá deducir de sus ingresos hasta máximo un año, un monto equivalente al 100 por ciento del Impuesto sobre la Renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al capítulo primero del título cuarto de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social y de la constancia de alta como nuevo puesto de trabajo del empleador.

Artículo transitorio primero. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá la obligación de otorgar a los patrones que inscriban ante dicho Instituto a trabajadores de entre 18 y 29 años, un certificado que señale el nuevo puesto de empleador.

Termino. Artículo transitorio segundo. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, siendo en el Palacio de San Lázaro a los 14 días del mes de marzo del 2007.

Atentamente, un servidor y pido que se ingrese textual en el Diario lo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jericó Abramo Masso. Sonido a la curul del diputado José Murat, por favor.

El diputado José Murat (desde la curul): Presidenta, su servidor José Murat, le solicito verifique el quórum porque hay evidencia que no existe tal cosa en este Pleno.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y conforme lo ha solicitado el diputado José Murat, en términos del artículo 27 del Acuerdo parlamentario se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por diez minutos para verificar el quórum, mientras tanto continuará el desarrollo de la sesión.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por diez minutos para la verificación del quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Lourdes Quiñones Canales: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Lourdes Quiñones Canales: Someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar una fracción en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión Ordinaria de Protección Civil, a fin de poder legislar e implementar estrategias que beneficien a la población en materia de protección civil, en virtud de la siguiente

Exposición de motivos

Los cambios climáticos que se presentan en el planeta, ocasionan que se presenten desastres naturales de gran impacto en los países y las regiones que los padecen. México no está exento de estos fenómenos, prueba de ello son los desastres ocasionados por los huracanes que han azotado a nuestras costas. Sin embargo no sólo los desastres son originados por la naturaleza, existen riesgos asociados a acciones del hombre, los cuales repercuten de manera importante en la seguridad de la sociedad, como pueden ser los fenómenos de origen sanitario que en la mayoría de las ocasiones se presentan en regiones consideradas como pobres o marginadas.

Otro tipo de riesgos se posicionan con motivo del avance tecnológico, además de aquellos que originan por la generación y manejo de energía. De igual forma la producción, almacenamiento, transporte y utilización de productos químicos y sus derivados, pueden ocasionar la pérdida de vidas humanas y causar un severo daño al ambiente debido a lo obsoleto de las instalaciones del equipo utilizado y por su mal manejo.

Como consecuencia del desastre natural del terremoto de septiembre de 1985, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, con lo que se le da orden y congruencia a las dependencias y a las distintas disposiciones que permiten la cooperación entre las entidades federativas y el gobierno federal.

En congruencia con lo anterior, por acuerdo del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, el 30 de septiembre de 1997 se constituyó la Comisión Especial de Protección Civil, misma que se instaló formalmente el 8 de octubre del mismo año con lo que se le da cumplimiento a lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica entonces vigente y 65 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de desarrollar un proceso de investigación y consulta para proponer y elaborar el marco legislativo de la protección civil en México.

De igual forma es necesario analizar los problemas reales y potenciales tendientes al diseño de políticas públicas en la materia, de entre los que se destacan los aspectos financieros y presupuestales en materia de prevención de desastres.

Esta Comisión Especial de Protección Civil desarrolló un intenso programa de trabajo, del cual dio puntual cuenta a esta soberanía, destacando una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a fin de que pueda legislar en la materia. Dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 30 de abril de 1998; por la de Senadores el 11 de diciembre del mismo año, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999. Una iniciativa de Ley General de Protección Civil, cuyo proceso legislativo culminó tras su aprobación unánime en ambas Cámaras con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del 2000.

El caso que se presenta a esta tribuna sirve para ilustrar la problemática que se ocasiona con la desaparición de la Comisión Especial de Protección Civil, la cual tuvo a su cargo una encomienda amplia asignada por el Pleno de esta soberanía en diversas épocas de su accionar que se materializó en numerosas situaciones de emergencia, así como su participación en distintas acciones de carácter preventivo llevadas a efecto por el Sistema Nacional de Protección Civil.

La continuidad en el proceso legislativo en materia de protección civil es importante a fin de fomentar y promover la cultura de la prevención y de acciones elementales, de auxilio y recuperación inmediata de desastres.

La difusión y la capacitación permitirán realizar convenios y enlaces con instituciones públicas y privadas, así como tener una mayor colaboración con otros países, siempre dentro del marco de la ley, implementando planes, programas y las acciones relativas que adquieran una perspectiva de gran alcance y de esta manera responder a las necesidades de la población.

La protección civil es un componente fundamental en el desarrollo de la sociedad mexicana. Debemos contar con las herramientas que permitan prevenir tragedias que ocasionen pérdidas humanas. Es importante contar con mecanismos que permitan la atención oportuna ante los desastres y de igual forma es trascendental destinar los recursos suficientes para la materia, así como diseñar políticas públicas que permitan hacer frente a dichos desastres. La suma de los anteriores elementos nos permitirá contar con un sistema de protección civil sólido y en congruencia con las necesidades actuales.

Hace 30 años no se hablaba de protección civil en México. Hace 25 años no se hablaba de legislar en materia de protección civil en el Honorable Congreso de la Unión. Nuestro país requiere de órganos que agilicen el trabajo legislativo y que se tomen medidas para salvaguardar la seguridad de millones de mexicanos.

Es de importancia primordial tener y promover una cultura de la prevención para reducir los efectos de los desastres en el país. Es importante contar con un espacio de discusión en el que los legisladores participen y sean escuchadas sus propuestas, lo cual se logrará mediante el establecimiento de una comisión ordinaria dentro de las comisiones y comités en donde se analizarán, evaluarán y ponderarán los casos en lo individual.

Para poder tomar mejores decisiones y diseñar estrategias adecuadas sobre criterios suficientemente sustentados, pongo a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XXIX y se recorre el orden de las fracciones en el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1.- Las comisiones son… Quedan igual.

2.- La Cámara de Diputados cuenta con… De la I a las XXVIII, igual, como lo tenemos, y se agrega en la XXIX, la de Protección Civil, y las demás se van recorriendo un número.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo del 2007. Diputada Lourdes Quiñones Canales. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Lourdes Quiñones Canales. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 2�° y 6�° de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Muchas gracias. Pedirle, señora Presidenta que se inscriba en sus términos esta iniciativa de la cual sólo formularé algunos breves comentarios.

Quiero destacar en primer término, compañeras y compañeros diputados, que el pasado 29 de septiembre presenté una iniciativa similar bajo la consideración de que existe la necesidad, el imperativo de descentralizar la vida nacional a partir de la ampliación y redistribución de las participaciones federales, motivo de esta iniciativa; la reforma al rubro de aportaciones federales al Ramo 33 para consolidar la descentralización de los servicios de educación, salud y seguridad pública; la ampliación del Fondo de Infraestructura Social del Ramo 33; la inclusión del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en la Ley de Coordinación Fiscal, cuestión que ya se aprobó en esta Cámara, pero que no incluyó el establecimiento de una proporción asignable a los municipios; la incorporación del Programa de Infraestructura para los Pueblos y Comunidades Indígenas al rubro de aportaciones del Ramo 33, y la descentralización de los programas sociales y productivos, incluyendo el correspondiente al gasto federalizado.

Esta iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público en las condiciones que todos vivimos en ese mes de diciembre y reconociendo el esmero, el empeño, el trabajo de los integrantes de esa Comisión.

Cabe destacar, no obstante, que en el capítulo de Consideraciones no se abordó el fondo de la iniciativa que en su momento presentamos. No se argumentó ni a favor ni en contra. Es decir, virtualmente se omitió el dictamen de la propuesta en su especificidad.

Entendemos que esta situación se da a partir de las propias condiciones de excepción en las que se presentó al Pleno el dictamen, así como a la decisión de dejar este tema para las negociaciones de la reforma integral hacendaria que habrá de pactarse para el bien del país en los próximos meses.

Tan es importante volver a este tema que quisiera mencionar brevemente dos aspectos. El primero es que ha recibido esta Asamblea, por parte del Senado de la República, una nueva iniciativa del senador Alfonso Elías Serrano, del grupo parlamentario del PRI, donde vuelve sobre este mismo tema, profundiza sobre los argumentos que hacen indispensable reordenar, redistribuir los recursos entre los tres órdenes de gobierno y propone concretamente aumentar las participaciones federales de un 20 a un 22.5 por ciento del Fondo General de Participaciones.

El día de hoy, compañeros, estamos recibiendo el informe de la Secretaría de Hacienda de las participaciones federales que están siendo entregadas a los estados, a las entidades federativas durante los meses de enero y febrero.

En los meses enero-febrero 2007 se transfirieron 53 mil 721 millones de pesos, en tanto que en el mismo periodo de 2006 se transfirieron 58 mil 919 millones de pesos. Si sumamos esta diferencia a la disminución que se dio el mes de diciembre, estamos hablando que de diciembre a febrero se han reducido las participaciones en más o menos un 30 por ciento.

La situación está en que las entidades federativas de alguna forma tienen posibilidad de compensar estas caídas, pero no los municipios —y hoy tenemos una crisis en los municipios gobernados por todos los partidos— que han visto reducidos sus ingresos, que han tenido que hacer recortes administrativos, operativos, de personal y que los hemos puesto, por falta de determinación del Ejecutivo y del Legislativo, en una situación vulnerable en tanto que repartimos las grandes bolsas de recursos en nuevos programas o entre las dependencias federales y las entidades federativas.

Es por esta razón que he decidido reiterar la petición a esta Asamblea, para que entremos a propósito de la reforma hacendaria que supuestamente habremos de pactar en los próximos meses —y ojalá sea así— a tocar a fondo este tema de las participaciones a los estados y a los municipios particularmente lo que se refiere a establecer en la Ley de Coordinación Fiscal, que las participaciones que reciban los municipios, no serán menores al 30 por ciento de lo que reciban las entidades federativas.

Compañeras, compañeros diputados. Reitero que debemos asumir que la distribución de recursos es un reflejo de los términos en que se comparte el Poder público entre los tres órdenes de gobierno, pero también en que se comparten las responsabilidades para sacar adelante a esta nación.

Su complejidad y el interés que entraña para la vida de los municipios y de los pueblos es de enorme trascendencia. Si algún reclamo recibimos en la reciente jornada cívica, para la renovación de los poderes, fue la indignante falta de recursos para atender las necesidades más elementales de las comunidades, de las colonias populares, de los pueblos, la notable falta de respuesta de los ayuntamientos para hacer frente al crecimiento urbano y al rezago de las poblaciones rurales y la estrechez de los programas centrales para ofrecer opciones que compensen esa falta de ingresos; ese desequilibrio entre los tres órdenes de gobierno.

Por lo tanto, pido a ustedes que en las deliberaciones de la Comisión de Hacienda, y a propósito de la reforma hacendaria, asumamos nuestra responsabilidad ante la nación, promoviendo una amplia descentralización de recursos a favor de los municipios. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Amador Leal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y se inscribe la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates, tal y como lo ha solicitado el ciudadano diputado. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 412 diputadas y diputados. Hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. Esta Presidencia, a nombre del Pleno, da un cordial saludo a los diputados de la LV Legislatura del Congreso del Estado de México, que se encuentran presentes en esta sesión. Tiene la palabra el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley General de Población.

El diputado Alfonso Izquierdo Bustamante: Con el permiso de la Presidencia. El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso a), del reglamento interior del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 71 de la Ley General de Población, en materia de respeto a los derechos humanos de los extranjeros en su aseguramiento, traslado y tiempo de alojamiento de las estaciones migratorias, bajo la siguiente:

Exposición de motivos

El Estado mexicano ha firmado tratados internacionales e impulsado el respeto a los derechos humanos de los migrantes en las instituciones internacionales protectoras de estos derechos.

Asimismo, el responsable de la oficina de los derechos humanos de la ONU es un destacado mexicano; por lo tanto, nuestro país está comprometido con la defensa de estos derechos y las autoridades como el Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, tiene la responsabilidad de atender este sistema de obligatoriedad, de respeto a los derechos humanos de los migrantes.

El Partido Revolucionario Institucional ha estado impulsando desde hace mucho tiempo, la defensa y respeto a los derechos humanos y ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales defensoras de estos derechos.

Por tal motivo, nos preocupan los informes de que han dado cuenta instituciones y organizaciones de la sociedad civil, respecto a las graves violaciones de los derechos humanos que actualmente sufren los migrantes en nuestro propio país.

La frontera con los Estados Unidos es un ejemplo extremo de tráfico de personas de origen mexicano y de otras latitudes del mundo, que se manifiesta en gran parte por la grave corrupción que existe entre autoridades migratorias y corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno.

Este grave problema también tiene su fuente en organizaciones internacionales que operan en nuestro país y que se dedican al tráfico de personas, contando con infraestructura suficiente para realizar traslados de migrantes de diversos países hacia los Estados Unidos.

Otra denuncia recurrente es la falta de infraestructura en las estaciones migratorias, que continúan careciendo de elementos mínimos que permitan dar alojamiento y un trato digno a las personas migrantes que ahí permanecen aseguradas.

En muchos de estos establecimientos existe una concepción enteramente compatible con el sistema carcelario, debido a que las estaciones operan con celdas, rejas metálicas, aldabas, candados y cuentan con base de cemento que hace funciones de camastro. Características que corresponden más a las de centros de internamiento que a los de alojamientos administrativos.

Lo anterior se agrava porque los periodos de aseguramiento pueden prolongarse durante varias semanas o incluso meses. Extorsiones, maltrato y en ocasiones hasta abusos sexuales, son algunas de las conductas detectadas en esos lugares.

Las personas de este grupo vulnerable son víctimas frecuentes de pandilleros que los asaltan y agraden e incluso, los hacen participar en incidentes provocados que les ocasionan lesiones y mutilaciones.

Se ha evidenciado en múltiples ocasiones, a través de los medios de comunicación, la grave violación de los derechos humanos de los mexicanos que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos, por parte de sus autoridades migratorias, al sufrir vejaciones, golpes, maltrato físico y psicológico, pero también por las nulas posibilidades de poder tener una defensa jurídica que proteja sus derechos.

De igual forma, en nuestro país muchos migrantes extranjeros sufren violaciones a sus derechos humanos en similitud a los mexicanos migrantes en Estados Unidos, por lo que el sentido de esta iniciativa que en este momento presento ante esta soberanía, es que el Estado mexicano atienda el contenido de los tratados internacionales que en materia de respeto a los derechos humanos de los migrantes han sido signados y han sido ratificados por el Senado de la República. Asimismo, esta iniciativa busca que se fortalezca el andamiaje jurídico de nuestras instituciones.

El pasado 13 de marzo compareció aquí en esta Cámara, ante el pleno de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Gobernación, la ciudadana Cecilia Romero Castillo, comisionada del Instituto Nacional de Migración, la cual reconoció las graves violaciones de los derechos humanos que se han suscitado en las estaciones migratorias.

Asimismo, comento que a pesar de un gran número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos que se le han proporcionado al personal del Instituto que dirige, no han sido suficientes para poner un alto a las actitudes violatorias de los funcionarios públicos del Instituto a su cargo. Voy a obviar el contenido de la razón de motivos, para pasar a presentar la sustancia.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Ley General de Población en materia de respeto a los derechos humanos de los extranjeros en su aseguramiento, traslado y tiempo de alojamiento en las estaciones migratorias.

Artículo único. Se reforma el artículo 71 de la Ley General de Población para quedar como sigue.

Artículo 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la República que estime convenientes para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como a aquellos que deben ser expulsados. En el aseguramiento, traslado y alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias se respetarán y protegerán sus derechos humanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de marzo de 2007.

Atentamente pido su inserción en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alfonso Izquierdo Bustamante. Como lo pidió el ponente, se inscribe la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Morales García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

La diputada Elizabeth Morales García: Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Sin duda el futbol es uno de los deportes más populares en el mundo y por supuesto en nuestro país, México. También es uno de los deportes que generan mayor pasión. Desafortunadamente en las últimas fechas se han generado hechos de violencia que van en incremento.

La violencia sin duda también es multifactorial y responde a la violencia que se está dando en lo general en los diversos ámbitos de la sociedad mexicana. Por eso nuestra responsabilidad de trabajar para poder apoyar en impulsar la generación de empleos, la oportunidad de estudios para los niños y los jóvenes, el combate a la drogadicción y a la delincuencia, y por supuesto, la oportunidad de expresión positiva entre los jóvenes.

Pero también es necesario trabajar en aquellos hechos particulares que generan la violencia en los estadios. Según el Consejo Iberoamericano clasifica por su orden y peso a los factores que promueven la violencia en el deporte en el siguiente orden:

1.- Grupos de fanáticos.

2.- Declaración de jugadores.

3.- Medios de comunicación social.

4.- Frustración social.

5.- Declaraciones de dirigentes.

6.- Connotaciones políticas y económicas.

7.- Infraestructura inadecuada.

8.- Criterios de los árbitros.

9.- La ingesta de alcohol.

10.- Agrupamientos humanos.

11.- Ausencia o ineficiencia de los contingentes policiales.

12.- Una sociedad mal educada en este sentido, y por supuesto, que no existan medidas punitivas que desalienten a cometer delitos, entre otros.

En este sentido la Federación Mexicana de Futbol ha tomado algunas medidas inmediatas que todos conocemos, como que las barras no puedan entrar por el momento como visitantes a los estadios; el que no puedan ingresar los trapos, en el que tengan que registrarse, sobre todo los grupos de animación para poder entrar nuevamente a los estadios y el que no se les den los boletos regalados, para poder controlar este problema. Sin embargo hay mucho más por hacer.

Por eso la Conade el día de mañana, a través de su director Carlos Hermosillo, ha elaborado un Seminario contra la Violencia, de donde seguramente saldrán muchas propuestas que estaremos en la oportunidad de trabajar los compañeros de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados y también del Senado, que estaremos presentes.

Pero los juegos son cada semana, la violencia es preocupante. En el mundo entero han habido heridos, lastimados, incluso hasta muertos. Por eso en esta Cámara de Diputados, la Comisión de Juventud y Deporte además de reunirse con la Federación Mexicana de Futbol, nos hemos reunido con diversos actores, entre ellos incluidas las barras que sabemos que existen, los grupos de animación que existen, las porras —y que existen las barras—, incluso algunas barras no reconocidas por los mismos equipos a los que apoyan con sus cánticos, con su emoción, con su pasión.

Ellos están en la mejor disposición de sumar; y a nosotros, compañeros diputados, también nos toca poner lo que nos corresponde.

Por eso estamos trabajando en una reforma que ahora voy a comentarles. Esto sin duda no será la única ni será resolutiva en este problema, pero tenemos que ir construyendo al respecto.

Por ello someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo denominado de los delitos contra el deporte del Código Penal federal, para quedar como sigue:

Libro Segundo. Título Vigésimo Séptimo de los delitos contra el deporte. Artículo 430. Cuando una o varias personas de forma espontánea o de común acuerdo realicen actos de violencia en instalaciones deportivas, mediante los cuales perturben el evento, pongan en riesgo la integridad física del resto de los espectadores, causen daños a éstos o alteren las condiciones del inmueble, serán castigados con una pena de uno a seis años de prisión y multa de 150 a 300 días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de que puedan ser sancionados por otros delitos que de ahí se deriven.

Artículo 431. Se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de mil a tres mil días de salario mínimo vigente a quien organice eventos deportivos que no otorguen la seguridad necesaria para garantizar la integridad de los asistentes, deportistas, cuerpos técnicos y en general a toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones y que como consecuencia de dichas omisiones se produzcan los actos de violencia a que se refiere el artículo anterior.

Compañeros diputados. Les reitero que no son las únicas acciones y que además al ser este problema multifactorial, corresponde también a los dueños de los estadios, corresponde a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales donde están los estadios, corresponden a los cuerpos de seguridad, corresponde también a los árbitros, a los jugadores y a todos a quienes tenemos alguna injerencia en el deporte, participar para garantizar que con una familia vaya a un estadio a disfrutar de un partido, de un espectáculo deportivo, sea el que sea, y principalmente en este caso estamos hablando del fútbol, puedan hacerlo en paz, en tranquilidad y salir muy felices para irse a casa todos juntos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Morales. Túrnese a la Comisión de Justicia. Tiene la palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquez del grupo parlamentario del PRI para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria y de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, compañero Presidente. En una sesión tan larga ya no es fácil cautivar la atención de los compañeros legisladores, afortunadamente hay un buen número de compañeros aquí, trataré de ser muy concreto.

Precisamente con las facultades que la Ley Orgánica nos confiere y la Constitución misma, presento esta iniciativa de decreto, la cual tiene como objeto regular un sistema para las demandas de amparo, promociones, notificaciones y demás actuaciones del procedimiento de garantías, para que éstos se puedan realizar a través de un sistema de cómputo habilitado con Internet.

Como bien sabemos, la figura del amparo ha constituido uno de los mecanismos jurídicos más importantes de protección de los individuos de nuestro país contra los actos de autoridad que vulneran sus garantías individuales. A través del juicio de amparo se puede impugnar a la mayor parte de los actos jurídicos del derecho público, ya sean jurisdiccionales, administrativos o legislativos, tutelando íntegramente al estado de derecho en contra de las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual o inminente, personal y directo a los derechos fundamentales de un gobernado.

Es elemental que en este tema en el que estamos inmersos en los medios de comunicación, en el Internet y la naturaleza misma de esta aportación extraordinaria que hicieron abogados mexicanos, juristas mexicanos a través de los tiempos y que le aportaron al mundo el derecho de amparo como una figura extraordinaria, viene hoy con la necesidad de cumplir con uno de los más importantes temas que tienen que ver con el amparo, la inmediatez de este mismo.

Hoy por hoy, un campesino de la sierra de Guerrero o de Chihuahua, tiene que trasladarse a la capital del estado o tiene que buscar a escondidas, si ya está en un proceso que considera le estén violando sus garantías individuales, tiene que darle una cantidad importante de recursos a los abogados afamados para que les consigan un amparo.

Ahí precisamente se está rompiendo la virtud o naturaleza jurídica original que es la protección del amparo, de la ley que le da a un ciudadano cuando sus garantías se están violando en la inmediatez misma.

Es por eso que un empresario, un comerciante que vea afectada su integridad o la posibilidad de perder sus garantías o que éstas sean violadas, puede por medio de Internet —con esta transformación que estamos planteando en esta reforma— solicitar al juzgado de Distrito un amparo, o bien en una oficina pública, en una oficina donde exista Internet, puede cualquier ciudadano por más alejado que esté, solicitar desde ahí su amparo y esto es actualizar precisamente los tiempos a las necesidades.

Por lo tanto, solicitamos que sea plasmada íntegra la exposición de motivos en el Diario de los Debates, señor Presidente y me remito a la lectura de los artículos que se transformarían.

Artículo único. Se reforman los artículos 3, 217 y 219 y se adiciona el artículo 32 Bis de la Ley de Amparo para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los juicios de amparo todas las promociones deberán hacerse por escrito o a través del sistema electrónico, salvo las que se hagan en las audiencias y notificaciones, así como en las comparencias a que se refiere el artículo 117 de esta misma ley.

Las copias certificadas que se expidan para la sustentación del juicio de amparo directo o indirecto, no causarán contribución alguna. Las copias certificadas podrán ser enviadas a través de este mismo sistema electrónico.

Artículo 32 Bis. Las notificaciones podrán hacerse a través del sistema electrónico y surtirán sus efectos a partir de la expedición automática del acuse de recibo.

Las notificaciones efectuadas por correo electrónico, rechazadas o que no se acuse su recibo automático, deberán hacerse en forma personal.

Artículo 217. Las demandas de amparo y promociones podrán hacerse a través del sistema electrónico.

Artículo 219. Se notificará personalmente o a través del sistema electrónico a las entidades o individuos que cita el artículo 212:

I. El auto que deseche la demanda;

II. El auto que se decida sobre la suspensión;

III. La resolución que se dicte en la audiencia constitucional;

IV. Las resoluciones que recaigan a los recursos;

V. Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente o que, por alguna circunstancia se puedan afectar los intereses de los núcleos de población o de ejidos o comuneros en lo particular,

VI. Cuando la Ley así lo disponga expresamente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007. Firma su servidor, César Horacio Duarte Jáquez, del IX distrito del estado de Chihuahua. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado César Duarte. Túrnese a la Comisión de Justicia. Se pospone la presentación de la iniciativa inscrita por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del PRI.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social con proyecto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Gobernación:

Con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Gabriela Stephens Camacho, Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Mérida, Yucatán, respectivamente.

Con proyecto que concede permiso a la ciudadana María Luisa Elio Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg, para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alvaro Castro Estrada, para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González para aceptar y usar condecoraciones que, en diferentes grados, les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente.

Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidente, solicito a la Presidencia que en términos de los artículos 30 fracción IV y 59 del Reglamento Interior, se consulte a la Asamblea se considere de urgente resolución y se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión y votación de inmediato el dictamen de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, con proyecto de decreto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Asimismo, solicito a esa Presidencia, para que no exista duda sobre la votación, que ésta se realice en forma nominal con apoyo del sistema electrónico.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si hay otros cuatro legisladores más que lo soliciten, les pediría que levanten la mano.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Me acompañan en esta petición los compañeros que están aquí presentes: Mónica Arriola, Silvia Luna, Miguel Ángel Jiménez y Humberto Dávila.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Ábrase el sistema electrónico hasta por diez minutos, para tomar la votación si a este dictamen se le dispensa la segunda lectura…

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, Presidente. Solamente para señalar que es un dictamen bastante extenso y que no obstante que nos haya sido entregado el día de hoy por escrito en la Gaceta Parlamentaria, resulta imposible, si no es que verdaderamente muy difícil, que todos los legisladores en las escasas dos horas que lo han tenido en sus manos hayan podido darle lectura completa.

Por ese motivo yo apelaría. No se da el caso ni la hipótesis de la urgente u obvia resolución. Por eso yo apelaría a que respetásemos en este momento el procedimiento legislativo y se votara en la siguiente sesión, se pasara a segunda lectura en la siguiente sesión, para que todas las diputadas y los diputados pudiéramos leer su contenido y poder hacer los trámites que tengan que ver al respecto.

No es ocioso señalar, señor Presidente, que para hacer cualquier reserva de cualquier artículo, para hacer cualquier propuesta alternativa, se necesita preparar; y si el día de hoy hace dos horas nos fue entregada por escrito, es imposible que las legisladoras y los legisladores tengamos el tiempo suficiente para preparar a conciencia ese trabajo.

Por eso, pues yo pediría a la Asamblea, respetuosamente, nos condujéramos respetando el proceso legislativo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo. De acuerdo al proceso legislativo, ha sido solicitado la dispensa de la segunda lectura y será la Asamblea la que determine si se dispensa o no la lectura. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema de votación electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de aprobar la urgente resolución del dictamen.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado Presidente, se emitieron 198 votos a favor, 221 votos en contra y cero abstenciones. No hay mayoría.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Queda de primera lectura.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Cárdenas. Raymundo Cárdenas.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): Gracias. Presidente, sólo para dejar constar que estábamos en el procedimiento de presentación de dictámenes en primera lectura; y el señor de Nueva Alianza pidió que se dispensara esa lectura. En rigor, lo que votamos ahorita es que no se dispensa la primera lectura. De manera que ese dictamen formalmente no es ni de primera lectura porque este Pleno no autorizó que con la simple publicación en la Gaceta se considerara de primera lectura.

Usted nunca declaró que este dictamen era de primera lectura. El aceleramiento de sus socios del Panal, los acaba de conducir a un error de procedimiento que vale la subrayar. Ese dictamen no es de primera lectura porque esta votación indica que el pleno no autorizó que el procedimiento de primera lectura se obviara. Gracias Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le voy a solicitar a la Secretaría le mande la versión estenográfica. Fueron declarados de primera lectura todos los dictámenes. Envíenle al diputado Raymundo Cárdenas, está hecha la declaratoria, de todos los dictámenes de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con Proyecto de Ley para la Reforma del Estado.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Se han registrado para hablar en este dictamen, para fundamentarlo, el diputado Juan José Rodríguez Prats y para la discusión en lo general la diputada Elsa Conde, el diputado Manuel Cárdenas, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, el diputado Elías Cárdenas Márquez, el diputado Francisco Elizondo Garrido, la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, el diputado Jaime Espejel Lazcano y el diputado Rogelio Carbajal Tejada. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats. Para fijar el dictamen, se conceden hasta 10 minutos y para la discusión en lo general, cinco minutos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Yo sugeriría esperar un poco a que la Asamblea…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, señor diputado. Les pido a las señoras y señores diputados si pueden tomar sus lugares y poner atención al orador. Adelante, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Muchas gracias, señor Presidente. Dicen los clásicos que la política es fuego y la sabiduría del derecho coadyuva a atemperarla. Se insiste también en que el derecho es la inteligencia de la política. Y hoy precisamente analizamos una minuta que nos permite organizar nuestro trabajo.

Es una ley sui generis, es una ley que nos convoca a cumplir nuestro deber. No es un punto de llegada, es un punto de partida. Diría yo más: es darle continuidad a una reforma permanente.

Desde hace muchas décadas se viene reformando al Estado, se viene reformando al poder, se viene reformando la participación política y los órganos del poder. Por eso es más bien darle continuidad a un gradualismo, a un mejorismo, como algunos dijeron en su tiempo, para ir adecuando la ley a la realidad.

En muchos casos el Legislativo se adelantaba a la realidad y le ordenaba un cauce, le señalaba una meta. En otros casos, el Legislativo ya reconocía lo que la realidad estaba legitimando. Hoy, sin duda, tenemos una nueva realidad y a esa nueva realidad debe recaer una nueva legalidad. Y ése es el caso.

Estamos analizando un acuerdo político elevado a rango de ley. Estamos analizando un principio que debe orientar nuestro trabajo legislativo. Y esto evoca tal vez el primer debate de trascendencia que hubo a partir de nuestra vida independiente, terminado el imperio, cuando en 1824 discutieron en la Cámara dos presbíteros, dos grandes mexicanos, cuyos nombres están en estas paredes: Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe. Y fíjense ustedes, como anécdota, qué interesante cuando alguien sugirió, teniendo México cuatro millones de kilómetros cuadrados de superficie, seis millones de habitantes, más del 90 por ciento de analfabetismo, que se hiciera una consulta para ver qué clase de República deberíamos ser.

Y Fray Servando dijo algo que me parece muy pertinente citar hoy, Fray Servando dijo: "Yo no soy lacayo y vengo a ejercer un acto de representación pública y a tomar decisiones". Esto es lo que el pueblo de México demanda hoy de su Congreso: decisiones. Eso es lo que esta minuta que estamos discutiendo nos está obligando a realizar: decisiones.

Y por eso se modificaron muchos de sus artículos, porque no pretendemos mediante esta ley, sustituir al proceso legislativo; pretendemos agilizar iniciativas; pretendemos impulsar los acuerdos; pretendemos que esa nueva realidad que México tiene en su sistema político se adecue a una nueva legalidad.

Y por eso los cinco temas: el tema de régimen político, el tema de la reforma política, la cuestión electoral, el federalismo, el Poder Judicial y las garantías sociales. Cinco temas que yo confío y yo espero, que en este periodo ordinario de sesiones podamos emanar algunas conclusiones y algunas leyes que emanen del Congreso de la Unión.

�¿Qué acaso no estamos todos de acuerdo en que deben disminuirse las cantidades en dinero que reciben los partidos políticos? Hay iniciativas ya que coinciden de todas las fracciones parlamentarias. �¿Qué acaso no estamos de acuerdo en reducir el número de diputados y de senadores? �¿Qué acaso no estamos de acuerdo en la precampaña? No me someterían a discusión.

Yo creo señores legisladores que si esto arranca un debate, debemos partir de tres principios éticos: primer principio ético, el principio de falibilidad. Nosotros podemos estar equivocados; ustedes pueden estar equivocados; ambos podemos estar equivocados. Segundo principio ético, el principio de la discusión racional. Discutamos racionalmente sin caer en las descalificaciones, sin caer en el ataque personal; y, tercer principio ético, vamos aproximándonos a la verdad mediante la discusión.

Yo los exhortaría a respetar esos tres principios éticos y definitivamente estaremos de acuerdo en que hay que reducir las precampañas, en que hay que legislar la relación de los medios con los partidos políticos, en que hay que analizar las facultades que se le otorguen al IFE para que revisen y tenga más atribuciones en las finanzas de los partidos políticos. Creo que podemos llegar a acuerdos y —repito— aquí han habido iniciativas que hemos presentado distintas fracciones parlamentarias, en donde han habido coincidencias.

La historia de México es una historia de grandes reformas por lo regular no pactadas, después de conflictos bélicos surgió la necesidad de que emanaran nuevas leyes. Hoy tenemos una gran oportunidad de una reforma pactada y que demos nuevas normas a la conducción política.

Cito a un gran mexicano iniciador y convencido de la reforma del Estado, Jesús Reyes Heroles. Él decía: "Se ha dicho que en materia jurídica la diferencia entre un práctico, quien ejerce cotidianamente su profesión con el bagaje técnico indispensable para ello, y un teórico, que especula sobre el significado y valorización del fenómeno jurídico, es que el primero sabe dónde se está y el segundo sabe a dónde irse".

Y creo que ése es el reto. Un diagnóstico —donde estamos— qué es lo que tenemos que modificar, cuáles son nuestras tareas y emprender en ese trabajo de legislador, utilizando la lupa del detective para ver los pequeños casos, pero también el telescopio del astrónomo para ver lo que sucede en el largo plazo, qué reformas debemos hacer.

Cito a otro gran mexicano, Manuel Gómez Morín. Él decía: justamente cuando se hace depender la solución de los más grandes problemas jurídicos, los métodos técnicos en la legislación, de la exactitud gramatical e ideológica del texto, de la claridad absoluta del mandato, nosotros hacemos leyes ambiguas, plagadas de errores gramaticales, propicias a todas las interpretaciones, confusas en su ideología, faltas de un plan, de una idea central que armonice con el conjunto que le dé fuerza y que permita una interpretación correcta, en los innumerables casos en que la duda y la laguna en la ley no pueden evitarse.

Entonces, tenemos una gran tarea, hacer leyes contundentes, claras, diáfanas, que el pueblo de México sepa a qué atenerse en la reforma del Estado. Y definitivamente esto implica y nos exhorta a la mayor madurez.

Un mexicano ejemplar que en estos días y hace ya algunos años, perdiera la vida, pronunció un discurso, unos días antes de su fallecimiento, del proditorio asesinato de su persona y él habló de la reforma del Estado. Luis Donaldo Colosio, dijo: proponemos la reforma del poder para que exista una relación entre el ciudadano y el Estado.

Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos.

Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático. Reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso federal. Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia, una instancia de independencia de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República. Reformar el poder significa llevar el gobierno a las comunidades, a través de un nuevo federalismo.

Significa también —en unos momentos termino––, a ese es el respeto al que yo aludía hace unos momentos y que yo les agradezco que me concedan…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se permiten diálogos. Concluya, diputado Rodríguez Prats

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Sí, señor Presidente. Significa también nuevos métodos de administración para que cada ciudadano tenga respuestas eficientes y oportunas cuando requiere servicios, cuando plantea problemas, cuando sueña con horizontes más cercanos a las manos de sus hijos.

Esos son los compromisos con la reforma del poder. Es así como cada ciudadano tendrá más libertades, más garantías, para que sus intereses sean respetados, para gozar de seguridad y de una aplicación imparcial de la ley.

Cito esta idea central de uno de los últimos discursos de Luis Donaldo Colosio. "A la minuta de la Cámara de Diputados, le incorporamos muchas modificaciones, de las cuáles reflexionaremos en el transcurso de este debate". Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Para la discusión en lo general tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez del grupo parlamentario de Alternativa, hasta por cinco minutos.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras legisladores. La reforma del Estado en la región latinoamericana ha sido un esfuerzo constante, lamentablemente también un esfuerzo fracasado. Esta concepción ha fracasado.

Primero. Por su optimismo ideológico sin fundamento frente a las capacidades del mercado. La única palabra dicha sobre el rol del Estado en este esfuerzo, ha sido la modernización y su adelgazamiento. El resultado, economías modernas con altos grados de exclusión social, desequilibrios internos, tensiones subterritoriales y daños ambientales.

Segundo. La ausencia de propuestas para la construcción de los consensos sociales y políticos necesarios para su implementación. Así que el talón de Aquiles del conjunto de las reformas fue no sólo de su parte política institucional sino también de su pobre legitimidad.

Durante dos décadas la respuesta de los movimientos sociales que no veían reflejadas sus demandas en la gestión económica predominante fue de un estatismo neoconservador, por defender la única forma de protección conocida, el pacto clientelar que intercambia favores económicos por adhesión política.

Omitieron la lucha por construir una sociedad de derechos en donde la relación de protección no estuviera asociada al clientelismo clásico y en donde lo público no se asociara necesariamente al Estado.

Quienes venimos de la sociedad civil sabemos bien de qué hablamos. De nada serviría hoy reproducir un debate entre neoestatistas y neoliberales. Esa ruta está agotada.

Es preciso hoy volver a un punto clásico, ya no de la teoría política o la sociología histórica, sino de la vida misma de las sociedades: el Estado. Tal reflexión compromete al menos tres procesos: primero, hagamos una valoración de cómo el pasado vive entre nosotros, pensemos en la cultura política que heredamos, la cual debemos usar a favor de la reforma o renunciar a ella para lograrlo. Dos. Preguntémonos qué nación queremos llegar a ser en los próximos 20 años. Dibujemos un horizonte apenas razonable para medir los efectos de nuestros actuales empeños. Y finalmente �¿qué problemas debe acometer la reforma del Estado en este tiempo nuestro?

Para Alternativa, dos fundamentales. El primero es la desigualdad persistente a la que parecen condenadas nuestras sociedades, el incremento de los abismos sociales y la incapacidad manifiesta de las actuales estrategias económicas para hacerles frente.

Mientras la desigualdad persista en el Estado actual, somos la región más desigual del planeta; que no la más pobre.

Mientras en México unos vivan como en Suiza y otros como en las regiones más pobres de África, nada habrá que blinde a nuestras instituciones de su corrosión, de su corrupción y de su perpetuo sobresalto.

El segundo es el predominio de distintas formas de poderes fácticos. Sin esas dos cuestiones de fondo resueltas será imposible el éxito en la defensa del territorio y de la soberanía nacional, en la construcción de una comunidad nacional incluyente de todos en el proceso político y económico; la inserción ventajosa del México en el escenario internacional o la implementación de un modelo sustentable de desarrollo social y económico.

Finalmente, les garantizo que no habrá reforma del Estado sin incorporar a los excluidos de hoy y de manera singular, sin incorporar a la mujer en el razonamiento del Estado, a la perspectiva de género en su construcción, en el modo en que se piensa su economía, su hacienda, su educación, su cultura.

Sin nosotras llegarán a cualquier lado, pero no a un Estado del que nos sintamos parte. Y no lo olviden, somos la mitad de la población. Un Estado sin esa mitad será siempre un Estado excluyente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. El tema a tratar no puede quedar al margen de la condición humana. Las cosas las hacemos los humanos.

Todos los días en la vida parlamentaria, en el proceso legislativo, tenemos que ver si respetamos o no respetamos las leyes que nos hemos otorgado; si respetamos, si honramos los acuerdos, si honramos la palabra o nos desdecimos en términos de intereses personales o de pequeños grupos que trascienden inclusive a la vida de los partidos y de los grupos parlamentarios. No hay nada de qué espantarse, así es la vida en este recinto, unos son la palabra y el acuerdo y otros se desdicen y concurren a cualquier pretexto, para poder hacer valer el interés, ése, mezquino y personal.

Comentaba la persona, el orador, mi par, que me antecedió en la palabra, y se refería a una serie de iniciativas y de reformas, él lo ha planteado en otro tiempo y recogería ese tiempo en que lo planteó, en que lo que primero tenemos qué hacer, antes de mirar afuera del Poder Legislativo, es dotarnos de una nueva Ley Orgánica que nos permita transitar en los términos de los tiempos actuales.

Qué fácil salir a criticar a los otros poderes, sin la moral y sin la ética, para poder darnos la regulación propia, para que no sucedan las cosas como las que hoy hemos visto, atropellando a legisladores fuera del recinto, donde legisladores mismos propician la inseguridad y la anarquía en la que cada uno quiere prevalecer.

Sí, a las reformas, sí a las reformas que señaló el compañero que me antecedió, empecemos con el Poder Legislativo. Dotémonos de una ley de partidos, porque vivimos un sistema de partidos, hagamos cierta y veraz la transparencia y la rendición de cuentas, pero no acusemos, so pretexto de graciosas concesiones, pisotear la ley.

No busquemos que la autoridad y la fama pública de la que hoy nos ha dotado el pueblo, por cierto muy negativa, la vamos a mejorar obligándonos para cumplir la obligación que nos mandata la Constitución y que es legislar, a nosotros no nos eligieron ni siquiera aun cuando sea una actitud muy noble, para concurrir a la gestoría, pero qué bueno que lo hacemos, lo que no es permisible es que nos obliguemos con otra ley al realizar lo que la misma ley y la Constitución nos mandata.

Si lo queremos ver de otra manera, y lo haremos más adelante en términos de las opiniones jurídicas, pero si lo queremos ver de otra manera, de la forma en la que estamos transitando, tenemos que reconocer que el problema somos nosotros mismos, la forma en que nos conducimos y la forma en que queremos ver la paja en el ojo ajeno no la viga en el ojo propio.

Hagamos del Poder Legislativo el poder que la nación nos está demandando y los electores que nos eligieron. Cuando tengamos rendición de cuentas, cuando estemos en similitud de los otros Poderes, entonces y sólo entonces tendremos autoridad moral para sentarnos a una mesa y buscar las reformas de las cuales tenemos ayuno al pueblo de México.

Sí a la reforma, no a un precedimiento que sólo busca cultivar la vanidad y pisotear la necesidad de cumplir los ordenamientos que debemos de observar. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Esta Presidencia envía un cordial saludo al grupo de alumnos de bachillerato que nos acompañan del estado de Puebla, por haber sido galardonados con el premio Campeones de Oratoria. Felicidades y muchas gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El Estado mexicano tiene su soporte constitucional en la Constitución de 1917. El eje articulador del Estado mexicano se sustenta, entre otros, en los siguientes principios: Estado federal, división de Poderes, régimen municipal, garantías individuales y el principio de distribución de competencias.

El cúmulo de facultades metaconstitucionales a favor del Presidente de la República trajeron como consecuencia el que se desarrollara un presidencialismo que limitaba el ejercicio de las facultades legales de los otros dos Poderes constituidos e incluso, que el Poder Legislativo y el Judicial se subordinaran al Presidente de la República.

En este sistema presidencialista, la voluntad del Presidente se convirtió en el fundamento de las decisiones gubernamentales. Esta situación empezó a cambiar cuando en 1997, el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con lo que el Presidente se vio impedido de imponer mecánicamente su voluntad en esta Cámara.

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la premisa fundamental de la reforma del Estado consiste en redistribuir el poder político para que el pueblo sea un actor fundamental en la creación de un Estado democrático, que pasa por la necesidad de establecer en la Constitución las figuras de democracia participativa, ya que el sistema de democracia representativa está agotado.

Dichas figuras son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, entre otras, que combinadas con el sistema de democracia representativa alienten la participación popular. En el Partido del Trabajo y en su grupo parlamentario en esta soberanía, tenemos claro que una democracia que produce pobres, es una pobre pero muy pobre democracia.

El eje de la reforma del Estado debe ser el consenso entre las principales fuerzas políticas del país, con el concurso de la sociedad en su conjunto a través de amplios esquemas de participación ciudadana.

Los temas materia de la reforma del Estado son muy amplios. En el proceso de negociación de la reforma de Estado tendremos que decidir si se mantiene el régimen presidencial o es conveniente innovar, transitando así a un sistema semiparlamentario o plenamente parlamentario.

En el tema de la democracia y sistema electoral tenemos que establecer reglas claras que permitan dar certidumbre al elector sobre el sentido de su voto y que su decisión ha sido respetada. Tenemos que eliminar los fraudes electorales que ponen en riesgo la estabilidad del país, que ahondan las diferencias entre los mexicanos y aniquilan nuestra endeble democracia.

Proponemos el uso de la urna electrónica para eliminar el fraude.

Proponemos que los ilícitos electorales cometidos antes de la jornada electoral sean sancionados con la cancelación del registro.

Proponemos la creación del Instituto Nacional de Elecciones.

Proponemos también prohibir la contratación por los partidos políticos de los spots electorales, como sucede en Francia y en Chile.

La renovación de la confianza en las autoridades electorales pasa, necesariamente, por la remoción inmediata de los actuales integrantes del Consejo General del IFE, que el pasado 2 de julio demostraron no estar a la altura de la responsabilidad que se les confirió y con una actitud facciosa contribuyeron a perpetrar el fraude más grande de la historia en perjuicio de México y de Andrés Manuel López Obrador, hoy Presidente legítimo de nuestro país.

En cuanto al tema del federalismo, es urgente plantear una redistribución de competencias de la federación hacia los estados, el Distrito Federal y los municipios. En nuestra opinión, México no podrá ser un país fuerte si previamente no tenemos estados y municipios fuertes. En este punto es vital plantear un nuevo sistema de coordinación fiscal.

En el tema de las garantías sociales, es imprescindible —ya termino— sostener e incrementar éstas, ya que en 1992 con la contrarreforma al artículo 27 constitucional, la propiedad social se vio severamente afectada y los ejidatarios y comuneros se han visto forzados a vender sus tierras.

Señora Presidenta, por último deseamos manifestar que nos reservamos, para su discusión en lo particular, el artículo 3o., el artículo 6o. y el artículo 6o. transitorio. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, de Convergencia. Les rogamos ajustarse al tiempo de cinco minutos, por favor.

El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea. La reforma del Estado es una necesidad imprescindible en nuestra vida institucional, democrática y constitucional.

Convergencia desde su creación ha pugnado por la transformación que exige y clama la sociedad actual. Ello implicará un profundo cambio de estructuras para adecuar a los órganos de gobierno a los cambios acelerados que han afectado, para bien o para mal, el mundo nuestro en las últimas cuatro décadas oscuras, entre la virtualidad y la realidad.

Por ello, Convergencia ha considerado la reforma del Estado como el eje de la transformación del andamiaje constitucional y que sea el consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la nación, sin mengua, esto, de la participación de toda la sociedad que debe ayudarnos a conformar el mayor consenso nacional posible.

�¿Por qué? Porque estamos en un momento de agotamiento de nuestras instituciones y debemos responder con responsabilidad, so pena de ser avasallados por las fuerzas desencadenadas de los intereses en la disputa de la nación.

La profundización de las desigualdades sociales cada día constituye un agobio social que puede ser detonante de un movimiento social de consecuencias impredecibles que nadie, en su sano juicio, desea.

En consecuencia urgen los cambios del modelo económico haciendo un instrumento de justicia social, de seguridad jurídica, de lograr mejores niveles de bienestar social, pero sobre todo, que sea la entrada a una mejor distribución del ingreso nacional entre todos los mexicanos y mexicanas. Sólo de esta manera podremos combatir con eficiencia, eficacia y globalmente, el creciente desborde de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Combatamos ahora las causas; no nos limitemos a combatir y a atajar los efectos. Caminemos pues a una reforma del Estado con ese espíritu optimista de que la Presidenta chilena, doctora Michelle Bachelet, nos ha dado cuenta este día.

Los chilenos supieron construir estas estructuras positivas de la esperanza social después de una gran tragedia que sufrieron. Los mexicanos debemos evitar esas catástrofes. Estamos ahora a tiempo. Los mexicanos podemos hacerlo, déjenme decirlo con la voz del pueblo que se expresa en las manifestaciones, en los estadios y en cualquier lugar de reunión. Sí se puede. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Francisco Elizondo Garrido: Gracias a esta Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy en esta Honorable Cámara de Diputados se discute la minuta por la que se expide la Ley para la reforma del Estado. Esta ley implica un gran avance para la nación, sienta las bases para el desarrollo del país en los temas prioritarios. En suma, demuestra la voluntad de todos los actores políticos y del pueblo de México para llegar a los acuerdos necesarios y trascendentales.

Es de resaltarse que las modificaciones hechas a las minuta implican el reconocimiento y la paridad de todos los partidos políticos con presencia en este Congreso. Esto manifiesta la responsabilidad con la que se ha actuado, con miras siempre al respeto de los derechos de los distintos sectores sociales.

En cuanto al plazo, es importante resaltar que implica un gran reto para la nación en su conjunto, pues es un plazo en donde todas las voces, todos los actores y todos los sectores deberán participar para que en su conjunto y con sus ideas, se logren las reformas estructurales que nuestro país requiere.

Hoy, hoy damos muestra de todo, a todo mundo, que en México sabemos lograr consensos, pero debemos reconocer que este dictamen sólo es el comienzo de lo que está por venir. Es el primer paso para el trabajo que se avecina. Es necesario que una vez aprobada la ley conforme al proceso legislativo, actuemos con seriedad y con mayor responsabilidad tomando en cuenta las necesidades de la nación, más allá de las necesidades partidistas o de grupo.

México hoy tiene en sus manos su futuro. Nosotros sólo somos la voz del gran pueblo mexicano y por ello, desde esta tribuna, les convoco a que no esperemos la promulgación de la ley, sino al contrario, actuemos con diligencia a fin de iniciar los trabajos necesarios para sentar las bases para una mejor nación.

Por otra parte, hacemos un reconocimiento a todas las diputadas y diputados que participaron en nombre de los distintos grupos parlamentarios en la discusión y aprobación en comisiones para lograr dictaminar la minuta por la que se expide la Ley para la Reforma del Estado.

Las propuestas hechas por todos los partidos políticos fueron retomadas y plasmadas, por lo que dicho proyecto establece las bases del primer acuerdo nacional.

Por lo anterior, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometemos nuestro voto favorable al presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado Elizondo. Hará uso de la palabra la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Sara Latife Ruíz Chávez: Con su permiso, señor Presidenta. Compañeros legisladores. Como consecuencia de la nueva correlación de fuerzas que se produjo a causa de la alternancia en el Poder Ejecutivo que tuvo lugar en el año 2000 y a raíz de la peculiar manera como el Presidente de la República anterior solía manejar y ejercer el mandato popular, durante el pasado sexenio se presentó un especial clima de enfrentamiento entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, a pesar de la buena disposición que siempre se mostró en el seno de esta representación.

Esta confrontación política arrojó resultados perniciosos para la buena marcha de la República, entre los que se destaca la falta de un adecuado marco de convergencia institucional para la construcción de acuerdos de Estado.

Como parte de la extraña estrategia de confrontación que provocaba el entonces primer mandatario, la ausencia de consensos era imputada de manera injusta y sistemática al Poder Legislativo de la Unión, acusando a sus integrantes de incumplir con sus facultades legislativas y de entorpecer la dinámica del cambio.

No obstante que en esta estricta justicia no se le puede atribuir a los legisladores la carga exclusiva de esta tremenda responsabilidad, también es verdad que en el ánimo de los grandes sectores de la sociedad se ha arraigado la percepción de que se encuentra pendiente una batería de ajustes estructurales y que, como presupuesto de éstos, se requiere de una profunda reconversión a diversas disposiciones normativas.

Es evidente que desde hace cuatro Legislaturas ninguno de los partidos políticos nacionales ha alcanzado la mayoría suficiente para orientar por sí mismo el sentido de los cambios que debe experimentar la ley y, por otro lado, si bien existe un consenso unánime en el sentido de que se tienen que impulsar esos ajustes, es claro que sobre el sentido de los mismos existe una diversidad al menos tan extensa como la variedad de las fuerzas representadas en las cámaras.

Todo lo anterior nos lleva a considerar que, como requisito ineludible para la actualización del marco legal que nos está exigiendo la sociedad, es indispensable un intenso ejercicio de concertación y la urgente necesidad de celebrar acuerdos entre las distintas partes que componen el espectro político de la nación.

Por otro lado, en sí misma considerada la reforma al estatuto del poder público, es otra de las asignaturas pendientes de cumplir que desde hace tiempo, mucho tiempo, la clase política tiene para con la sociedad civil.

Y es que para conseguir una reforma legal que cale tan hondo en las estructuras que su sola aplicación sirva para modificar de manera sustancial la situación de grandes grupos de mexicanos, estimamos que como indispensable antecedente de la misma tiene que darse con anticipación, la revisión y posible redefinición de las estructuras del poder público.

La razón fundamental de nuestro apoyo radica en la convicción a la que hemos arribado, en el sentido de que la ley que ahora se debate puede ser el instrumento más idóneo para conseguir una reforma del gobierno que resulte, sino completamente definitiva, sí por lo menos a la altura de las expectativas que tiene la sociedad y que reclama con justa razón.

Hemos apreciado que la Ley para la Reforma del Estado sería una especie de disposición marco que serviría para establecer ante todo una extensa agenda de temas que se proponen para la discusión. Insisto, es una especie de ley marco porque establece el ámbito preciso para la concertación de los más diversos agentes de la vida política institucional del Estado mexicano.

Uno de los defectos de anteriores intentos de concretar una profunda reforma a las estructuras del poder, consistió en la excesiva prolongación de lo que en muchos casos acabaron siendo estériles debates que terminaron por dispersar y anular el esfuerzo dedicado de estos proyectos.

En cambio, la ley que se propone establece una vigencia que terminaría en el curso de un año, en el que de manera inexorable quedarían sentadas las bases para analizar, discutir y hacer propuestas para transformar las estructuras del gobierno en beneficio de la población.

La Ley para la Reforma del Estado, concluyo, es un esfuerzo serio y responsable para restaurar el diálogo institucional como una de las herramientas más eficaces para perfeccionar el ejercicio de la democracia. Pero, sobre todo, es un instrumento certero para reivindicar los espacios del Congreso, como la serie más privilegiada para que resuenen los elevados debates de la República.

En razón de lo anterior, compañeros legisladores, solicitamos su voto aprobatorio. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Espejel Lazcano, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jaime Espejel Lazcano: Con su permiso, diputada Presidenta. Señoras y señores legisladores. Lo que denominamos reforma del Estado es un proceso de adecuación permanente entre los órganos del mismo y las transformaciones propias que se dan al paso del tiempo en la sociedad.

En México el pluralismo político y social ha impulsado los cambios que han logrado incidir en la transformación de las instituciones públicas, al grado de haber logrado la consolidación vigorosa y una representación pluripartidista en el Congreso de la Unión y la alternancia del poder en el Ejecutivo federal.

No se trata en esta ley de alterar principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, como el federalismo, la división de poderes, ni mucho menos el orden republicano, sino de garantizar el equilibrio de las relaciones entre órganos de Poder, en la que se incentive la negociación y la toma de decisiones por consenso.

En nuestro país las principales reformas se han dado en el contexto electoral y no podía ser de otro modo, pues todo país que se precie de ser democrático tiene que cumplir, antes que otra cosa, con las reglas mínimas que garanticen que el juego electoral se realice de manera limpia, transparente y equitativa.

La sucesión de reformas electorales es la que finalmente dio pauta a la pluralidad política, a la redistribución del Poder y a la democratización de nuestras instituciones. Sin embargo, este gran avance se muestra hoy incipiente, si lo comparamos con los retos que tiene México como país.

Simplemente pensemos en un hecho incuestionable, y me refiero al hecho de que la pasada elección federal dejó rastros de incertidumbre jurídica, una duda no resuelta a cabalidad y como resultado de ello una sociedad dividida.

La duda y la incertidumbre han sido el fundamento de una crisis de legitimidad que envuelve al actual gobierno y a las instituciones claves para el desarrollo del país. Por ello se hizo indispensable abrir el debate para nuevas reformas.

El senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Juan Guerra presentaron sendas iniciativas de Ley para la Reforma del Estado, cuyos motivos y fundamentos coinciden en que la elección federal de julio de 2006 fue profundamente inequitativa; y como consecuencia de ello se generó un debate post electoral, enconado con posturas encontradas de las principales fuerzas políticas y desafortunadamente con la polarización de la sociedad.

El dictamen de la iniciativa de la Ley para la Reforma del Estado que hoy está a discusión en esta Asamblea atiende también el desencuentro que ha habido entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para la construcción de acuerdos. Mismo desencuentro del que se han beneficiado los poderes fácticos, para orientar al país a esquemas de vacío legal que han llenado con operaciones y negocios ventajosos, como lo son los monopolios informativos, por ejemplo.

Con esta ley nos estamos dando un tiempo límite y un listado mínimo de temas de capital importancia, sobre los cuales se empezarán a tejer los acuerdos entre las representaciones políticas, en un espacio institucional y reconocido por todas las fuerzas políticas, como el único espacio legítimo del diálogo, como es el Congreso de la Unión, al que debemos poner en el centro del debate, de cara a la ciudadanía.

Tenemos la oportunidad de construir una nueva realidad nacional en la que el sistema político se transforme de tal manera que se funde una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado, en la que éste adopte una posición sensible frente a los reclamos de la sociedad y le permita a la ciudadanía una participación real en los asuntos públicos.

Los legisladores del PRD plantearemos en las discusiones que vendrán la vigencia de los principios fundadores de nuestro sistema constitucional; tales como el pacto federal, los derechos sociales y fundamentales, la forma de gobierno republicano representativa, democrático federales y ahora participativas, la colaboración entre poderes, el ejercicio de la libertad, la justicia social y la rectoría económica del Estado.

Respecto de los cambios sustantivos que presenta el dictamen a discusión, en mi grupo parlamentario creímos indispensable la participación del Poder Judicial en los debates. Sin embargo, objetamos desde el principio los argumentos que llevaron a la supresión del tema hacendario, de las prioridades que marca el artículo 12 de esta ley, ya que los razonamientos vertidos son falaces, ni se trata de una competencia exclusiva de esta Cámara, ya que la materia hacendaria es federalista por decisión y tiene todo que ver con la Ley de Ingresos, que como toda ley es competencia de las dos Cámaras —termino, ciudadana Presidenta.

Hoy, al aprobar la Ley para la Reforma del Estado, daremos un gran paso al consenso, el primer gran paso para la construcción de los acuerdos que le urgen a México. Invito a todos los diputados y diputadas de esta soberanía, a los senadores y a todas las fuerzas políticas, a que nos despojemos del egoísmo e hipocresía, fingiendo reformas que se dicen benefician a los mexicanos y sólo conducen a privilegiar a los grupos de poderes fácticos.

Ninguna reforma que es profunda y benéfica para la sociedad debe quedar marcada por la prisa y el atropello de leyes y de reglamentos de este Poder Legislativo. Contrario a la práctica del albazo es el espíritu consensual de la ley que estamos a punto de votar.

Seamos honestos en nuestra labor legislativa y convoquemos desde aquí, de manera abierta y generosa, a los ciudadanos y a la sociedad organizada, a que en este proceso de reforma del Estado sean ellos los que conduzcan primordialmente las deliberaciones, que sean ellos los que defiendan sus derechos, sus aspiraciones, sus sueños para sí y para sus hijos.

El voto a favor de este dictamen expresará la fuerza de la voluntad política que tienen los legisladores y las legisladoras de los diferentes grupos parlamentarios, para replantear nuestras instituciones pues no podemos postergar los cambios necesarios para recuperar la confianza de las y los mexicanos.

La posibilidad de que la reforma del Estado se concrete significaría un gran avance en el proceso de consolidación de nuestra democracia para asegurar el ingreso de México a la modernidad democrática y el progreso. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Espejel Lozano. Tiene la palabra el diputado Rogelio Carbajal Tejada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Gracias, señora Presidenta. Los diputados de Acción Nacional votaremos a favor del dictamen; no traicionaremos los acuerdos a los que hemos llegado.

Lo haremos honrando la larga tradición legislativa del PAN y sus más de mil iniciativas presentadas que hablan por sí mismas del espíritu reformador de Acción Nacional en seis décadas de presencia en el Congreso.

Daremos nuestro voto a favor porque aunque perfectible en todos sentidos, esperamos que el acuerdo parlamentario para reformar el Estado que aquí se propone, sea elevado al rango de ley, se convierta en una invitación formal al diálogo de todas las fuerzas parlamentarias aquí representadas. Diálogo que sinceramente queremos sea fructífero y que a la vuelta de un año produzca cambios sustanciales a nuestra legislación.

Votaremos a favor con la convicción de que México requiere sin dilación, reformas que consoliden su régimen democrático; reformas que por necesidad den contenido a la República y fortalezcan el estado de derecho.

En efecto, a México le urge dar forma a la República en el sentido más profundo de su significado: como equilibrio de poder.

Citando a Castillo Peraza: "Nuestra democracia germinal, pero real, carece de algún modo de república. De la antigua arbitrariedad centralizada, monopolizada, hemos pasado aparentemente a la arbitrariedad diseminada". De este modo México exige adecuar sus instituciones a las nuevas realidades políticas que desde hace una década enfrentamos como país.

Por ello Acción Nacional impulsará decididamente que en este marco de negociación establezcamos reglas electorales modernas que sigan dando certeza a nuestra democracia, reglas que definan con claridad qué clase de democracia queremos para México.

Por ello, Acción Nacional insistirá en una reforma que disminuya su costo, pero que maximice su calidad; una reforma compacta en los calendarios electorales pero que respete la vida federal; una reforma electoral que permita, sí, la reelección consecutiva de legisladores, pero que aumente la rendición de cuentas ante el ciudadano. Por ahí deberemos comenzar pues sin democracia no hay república y sin república no habrá instituciones que garanticen el estado de derecho ni las condiciones mínimas que aseguren el desarrollo humano de todas las personas.

Fortalecer la República implica desde luego proponer la edificación de un sistema de colaboración entre Poderes, de un sistema que sin menoscabo del poder del otro, fortalezca el poder del Legislativo, el poder del Ejecutivo y el poder del Judicial.

El poder en equilibrio es una premisa del Estado democrático, pero también del Estado de derecho. Por ello será menester de este proceso dialogar acerca de las reglas que norman a aquellos cuyo encargo es el de aplicar la ley y de decir en derecho la última palabra.

Fortalecer la capacidad de quienes se encargan de proveer de seguridad jurídica, es fortalecer nuestra economía y su competitividad y por consecuencia, fortalecer el bienestar de todos los mexicanos.

En este proceso no será menor desde luego, el diálogo que podremos sostener para revisar las reglas de nuestra Federación.

El poder en equilibrio es también una premisa básica del Estado federal. Revisar las potestades y las capacidades de estados y municipios deberá implicar fortalecer las propias del Estado federal.

Señoras y señores diputados, dialogar sin embargo no significa por definición, acordar. Acordar es una consecuencia. La ley que hoy aprobaremos es sólo la forma. Si es genuino el compromiso de todos para reformar al Estado, entonces en este recinto nos veremos para votar las leyes que los ciudadanos nos están urgiendo como legisladores, todo lo demás es lo de menos.

Votaremos a favor de este dictamen, porque independientemente del mecanismo que se adopte, el PAN jamás rehuirá el debate que implican las reformas que nuestro sistema político demanda.

A la vuelta de 12 meses, esperamos que, como legisladores, hayamos acordado y votado los cambios sustanciales que México necesita para dar sentido a su República y dar eficacia a su democracia. Acción Nacional así lo desea, para ello no habrá hecho falta una ley, pero sí, pero sí mucha responsabilidad. No tengo nada más que decir, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rogelio Carbajal. Se han inscrito también para hablar en contra, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca de Nueva Alianza y a favor el diputado Narcizo Alberto Amador Leal del PRI. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca de Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Hemos comentado que estamos a favor de la reforma del Estado, a favor de mejorar nuestros ordenamientos legales pero en contra de procedimientos que trastocan la estructura legal que mandata la Carta Magna.

En días pasados, en el uso de las atribuciones, envié una excitativa a la Presidencia de la Mesa para que de acuerdo a su responsabilidad la turnara a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, toda vez que no hemos tenido los dictámenes de 2002 a 2005.

Así también, respetuoso de la norma que nos rige envíe una segunda excitativa, a la que el Presidente de la Mesa le dio turno y le puso plazo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que presente los dictámenes el próximo 29 de marzo, de no hacerlo habrá que cambiar de Comisión, así lo establece nuestra Ley Orgánica y el Reglamento.

Adicionalmente, en tratándose de la reforma electoral, en días pasados la gran mayoría de los que han presentado iniciativas de reforma electoral firmaron un escrito dirigido al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, para que encontraran las coincidencias, las similitudes y las opiniones y propuestas únicas que ahí reflejan esas iniciativas.

Está por llegar ese estudio, está por concluirlo el Centro de Estudios. Espero que mantengamos lo que ahí propusimos y entonces emitamos un dictamen en lo que somos coincidentes y dejemos el sí pero no y también nos alejamos del no pero sí.

Sin embargo, sólo leeré y cito algunas consideraciones del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias que hablan por sí solas: "Conclusiones. El proyecto denominado Ley para la Reforma del Estado aprobado en el Senado de la República no reúne las características de una ley, en razón de que carece de los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad." Y sigue, es ocioso seguir planteando aquí tantos argumentos de carácter jurídico, que lo que plantea es que esto no transita.

En otra parte y en otro documento dice en sus conclusiones: "En consecuencia, en estricto sentido técnico la iniciativa de Ley para la Reforma del Estado, en realidad se trata de un decreto, pues en rigor es un acto emanado del Poder Legislativo de carácter particular; es decir, relativo a determinado tiempo, corporaciones, poderes y/o personas". Termina la cita del Centro.

Les recomiendo leer el artículo de Eduardo Andere —porque el tiempo no me va a dar— publicado en El Economista el 8 de marzo de 2007 en el que habla de las sandeces legislativas y de que sandio anda suelto.

Compañeras y compañeros legisladores. No caigamos en un esquema que así como le criticamos al Ejecutivo que no planteara cosas cuando el paquete económico en el que a todas luces procedía el amparo, no vayamos a plantear cosas aquí o a aprobar aquello que permita acciones de inconstitucionalidad. Dignifiquemos nuestro trabajo.

La convocatoria es que trabajemos de lunes a viernes y no de martes —iniciada la sesión— a jueves, antes de que termine la sesión.

Por tanto, yo pido a la Presidencia que se deseche en todos sus términos este dictamen mal llamado "Ley para la reforma del Estado", y que se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Manuel Cárdenas. Insértese el texto en el Diario de los Debates. Para hablar en pro, tiene la palabra el diputado Narcizo Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Me parece, compañeras y compañeros diputados, que el propio cuerpo del dictamen aclara con transparencia y de manera contundente el debate en torno a la naturaleza jurídica o no del decreto o de la ley asignada al instrumento que está a consideración de la Asamblea.

El tema me parece que tampoco debemos concentrarlo, referirlo únicamente —aunque es obvio que está en el curso del debate— a si era o no necesaria una ley para la reforma del Estado.

Podíamos —como aquí se ha dicho— no sólo como representantes de la nación ante esta Legislatura, haber emprendido ya una serie de reformas y de decisiones en torno a cuestiones fundamentales; pudieron haberlo hecho también las anteriores legislaturas que no lo hicieron.

De modo que esta ley contribuye a encauzar el debate, a ordenar los términos de la discusión y a fijar un método para llegar una meta que todos queremos que es consolidar la democracia, construir las bases materiales para un desarrollo justo y preservar la soberanía de este país.

Pero hay dos temas que comentaré muy rápidamente, compañeras y compañeros diputados, que por sí mismos justifican un instrumento de esta naturaleza; el tema de régimen de Estado y gobierno y el tema del federalismo.

Es cierto el avance democrático. Es resultado de un largo proceso de reformas derivadas de la determinación y el acuerdo de todas las fuerzas políticas que estamos representadas en esta Cámara.

Ahora sabemos, siempre lo supimos pero hoy lo sabemos con certeza, que la sola alternancia del partido en la titularidad del Poder Ejecutivo, no equivale a un cambio de régimen y, que por ende, es apremiante una amplia reforma del Estado que añada certidumbre al cambio político y a la construcción del desarrollo.

El tema central de división y equilibrio de Poderes es básico para consolidar la democracia. Estamos con las mismas instituciones, con las mismas bases y principios jurídicos de un presidencialismo fuerte, de un régimen presidencial puro que requiere hacer realidad el principio de equilibrio y, por tanto, de división de Poderes.

Y yo les digo, compañeras, compañeros diputados, lo sabemos muy bien cada uno de nosotros, que sin tal equilibrio no se va a consolidar la democracia mexicana. Tendremos que decidir en el curso de los debates si avanzamos a un régimen semiparlamentario o por lo menos avanzamos hacia un conjunto de reformas que nos permitan revalorar la esencia de la representación popular que tenemos ante esta Asamblea.

No es sólo, compañero diputado Cárdenas, la función legislativa la que compete a los legisladores. Compete la representación popular en términos que dicta la Constitución, compete en funciones de control al Congreso. Por cierto —muy mal acotadas en términos legales— la Auditoría Superior de la Federación funciona con evidentes desventajas, no tiene las condiciones materiales ni legales para ejercer una función real de control sobre el Ejecutivo. Tan es así que no existen aún —por ejemplo— los dictámenes sobre la Cuenta Pública. En fin, podríamos tener todo un debate sobre qué es la representación popular y qué papel ocupa la tarea legislativa en ese contexto.

Termino, señor Presidente, pidiendo a la Asamblea que nos demos esa oportunidad de tener un método objetivamente establecido en un instrumento legal para avanzar en lo que todos queremos: consolidar la democracia en México para el bienestar y el progreso de la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador Leal. Para hablar en pro, tiene la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Bueno, en términos de que mi par ya no está en tribuna, no tendría sentido pedirle que me contestara si esto que están apoyando reúne las características de una ley. Pero bueno, así sucede en la práctica parlamentaria.

El Presidente Jorge Zermeño Infante: Continúe, diputada Silvia Oliva.

La diputada Silvia Oliva Fragoso: Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados de este Congreso. El día de hoy estamos discutiendo —y esperemos que aprobemos— la Ley para la Reforma del Estado; y la importancia que esta Ley tiene, es, efectivamente, de que podamos lograr consensos en temas fundamentales para adecuar nuestras instituciones y nuestras leyes a una realidad que hemos estado viviendo en los últimos años.

Nadie puede ser ajeno al problema que tuvimos en las elecciones de 2006. La nación, el pueblo, los ciudadanos, nos están exigiendo que cambiemos estas leyes. Los ciudadanos nos están diciendo que los gastos que se están erogando en las elecciones son muy grandes. Los ciudadanos no están de acuerdo ya con muchas de las instituciones que estamos viviendo. No están de acuerdo en que se gaste tanto dinero en los medios de difusión.

Pero no únicamente es el problema electoral, también tenemos que ver muchos otros temas, como son las garantías sociales que están incluidas en esta ley; y qué decir de la reforma al sistema de justicia, que es un tema que en la actualidad estamos viendo que no está respondiendo a las necesidades de este país.

�¿Y qué pasa con el federalismo? �¿Y qué pasa con todos los temas que están incluidos en esta ley? Por eso es importante que se apruebe esta ley, para que estos temas se puedan discutir y que se llegue a acuerdos.

Lo importante también es que en esta ocasión la reforma del Estado está pasando por las Cámaras, que no es una reforma totalmente impuesta; que no es una reforma que únicamente viene del Ejecutivo y que nosotros vamos a aprobar. Aquí se van a discutir cada uno de los temas que en esta ley se están planteando y por eso es importante que aprobemos esta ley que necesitamos nosotros para adecuar las instituciones de nuestro país.

Realmente a nosotros, en el PRD, nos hubiera gustado y por eso haremos la reserva, de que también se estuviera discutiendo la reforma hacendaria, porque la economía también, como base de muchas de las instituciones, tendría que ver cómo adecuamos ahora esta ley y nosotros sostenemos que la Ley de Ingresos puede entrar perfectamente en esta ley porque no tiene exclusividad la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos —como lo dice en el artículo 73— corresponde al Congreso no a la Cámara.

Efectivamente en el Presupuesto nos corresponde a nosotros la discusión, pero tendremos la posibilidad y los senadores tienen la posibilidad de discutir también cómo se puede este Presupuesto distribuir.

Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy tenemos que tener la firme convicción de que esta ley ayudará a tener las instituciones al día, a cambiar estas formas que tenemos hasta ahora y a responder todo lo que la ciudadanía nos está exigiendo en cuanto a las reformas que nuestra sociedad necesita.

Por eso la vamos a aprobar, a pesar de que tenemos algunas diferencias, a pesar de que no estamos de acuerdo en que se haya eliminado lo de reforma hacendaria, a pesar de que consideramos que el Ejecutivo no debiera participar porque aquí está representado por su grupo parlamentario. Sin embargo, vamos a aprobar esta ley porque es una necesidad, porque nos debemos a los ciudadanos y a ellos tenemos que responder. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Silvia Oliva Fragoso. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Sonido a la curul del diputado Garibay.

El diputado Felipe Díaz Garibay (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para hacer una observación a esta importante ley que se está discutiendo ahorita. Quienes tuvimos la oportunidad de estar en campaña en el año 2006 haciendo recorridos en nuestros distritos, nos dimos cuenta de un factor que es muy importante, que es ese alejamiento del Estado hacia el ciudadano.

Yo creo que en efecto, como se dijo en la mañana allí en tribuna, en presencia de la premier chilena, la reforma del Estado debe ir al rescate del mayor sentido de lo público; por lo tanto, yo creo que la agenda que se está proponiendo, los cinco temas, me parece que son un poco insuficientes.

Faltaría tomar en cuenta también la visión económica, la visión humana, la visión social, la visión de la impartición de la justicia, toda vez que nuestro país ahorita, de acuerdo a apreciaciones de la propia ONU, tiene una calificación reprobatoria en ese tema.

Bien vale la pena que esta reforma vaya encaminada justamente a acercar lo más posible a ese Estado que se le ha ido de las manos ya al propio ciudadano, señor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Informo a la Asamblea que se han reservado el artículo 3o. los diputados Carlos Chaurand Arzate, José Manuel del Río Virgen, Mónica Fernández Balboa y Rodolfo Solís Parga. El artículo 6o. por el diputado Juan Guerra Ochoa y por la diputada María Mercedes Maciel Ortiz. El artículo 12 por el diputado Juan Guerra Ochoa. El 6o. transitorio por el diputado Carlos Zatarain González y también por el diputado Jaime Cervantes Rivera. Si hubiera alguna otra reserva, les pediría que la registraran aquí en la mesa.

Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se informa a la Presidencia que se emitieron 393 votos a favor, dos votos en contra y 18 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 393 votos. Si algún diputado no registró su voto, venga a registrarlo a la Secretaría.

Ya hemos dado lectura a los diputados que reservaron los artículos 3o., 6o., 12 y 6o. transitorio. Tiene la palabra el diputado Carlos Chaurand Arzate para hablar en la reserva al artículo 3o.

El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados. Aprovecho la oportunidad para hacer una propuesta de modificación al artículo 3o., segundo párrafo, del dictamen que está a discusión para compartir con ustedes algunas experiencias, algunos comentarios.

En primer término, deseo agradecer cumplida pero sinceramente a todas y a todos los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Reforma del Estado y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el trabajo desarrollado para elaborar este dictamen. Este dictamen que sufrió una serie de modificaciones que estamos realizando a la minuta que nos envió la Colegisladora, en pleno respeto al trabajo que cada una de las Cámaras efectuamos.

No fue un trabajo fácil la búsqueda de los consensos necesarios entre las diversas fuerzas políticas a efecto de estar en posibilidades de mejorar el trabajo que la Colegisladora presentó. Fue, han sido días de intercambio de opiniones, de debates y por qué no decirlo, de puntos de vista a veces contrapuestos, que sin lugar a dudas y estoy convencido, nos han dado la oportunidad de traer un mejor producto a este Pleno y por eso creo yo que fue aprobada en lo general, en los términos que ya se dio.

Sin embargo, en este proceso de negociación algunos grupos, algunos compañeros en lo individual, algunos partidos políticos, nos han hecho algunas observaciones que vengo a esta tribuna a plantear de manera personal y no en mi carácter de presidente de una de las comisiones dictaminadoras.

La redacción propuesta en el dictamen a este segundo párrafo del artículo 3�° establece la posibilidad de que la representación del Ejecutivo se diera de manera ilimitada; es decir, textualmente señala: Podrán participar en la Comisión Ejecutiva los representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe.

Yo sé que no hay la voluntad política del Ejecutivo de entorpecer estos trabajos, al contrario, presiento la voluntad política del Ejecutivo de coadyuvar con el Poder Legislativo en la búsqueda de esos consensos necesarios para los trabajos de la reforma del Estado.

Sin embargo, al dejarlo en los términos que está redactado, cabría la posibilidad de que se nombraran 50 o 60 representantes, lo que no sería conveniente. Por eso les venimos a proponer a ustedes que se establezca que sean cinco los representantes del Poder Ejecutivo; es decir, uno por cada tema a los que se refiere el artículo 12 de la ley que hoy se analiza. Con esto se tiene una proporción guardada; se tiene una mayor vinculación en los trabajos por parte de ambos Poderes. Y al mismo tiempo aprovechar para hacer una segunda propuesta en este artículo. La Comisión había determinado establecer que los partidos políticos nacionales asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

La propuesta que vengo a plantear es que se suprima esta parte para que quede en los mismos términos que nos lo envió nuestra Colegisladora; es decir, que el segundo párrafo del artículo 3�° establezca: Podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe, así como las presidencias de los partidos políticos nacionales. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

Hago esta propuesta a efecto de que el Pleno valore en su integridad. Y espero puedan ser aceptadas. Por su atención. Muchas gracias. Si la Presidencia lo permite.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado del Río, sonido en su curul �¿Con qué objeto diputado?

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señora Presidenta, para preguntarle al diputado Carlos Chaurand. Yo estoy muy de acuerdo con la propuesta que él hace, solamente preguntarle si en la Comisión queda redactado de la siguiente manera, dice: así como las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho de voz. En el documento que yo tengo dice: pero sin derecho a voto, es con derecho a voto, quiero entender.

El diputado Carlos Chaurand Arzate: Sí, diputado. Al final de cuentas eso se entendería, si no se dice de manera explicita es, a efecto de respetar el texto que nuestra colegisladora envió. Repito, podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal, que al efecto designe; así como, las presidencias de los partidos políticos nacionales. Que es el texto que envió la colegisladora y le suprimimos: de los dictámenes quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Al suprimir esto, se entiende que lo tiene. Gracias, diputado.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido en la curul de la diputada Batres, por favor.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): �¿Sí me permite una pregunta para el diputado?

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sí la acepta el diputado.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Creo que hay consenso o habría algún tipo de consenso, si hablamos del voto para los presidentes de los partidos. Pero confundimos si se elimina el enunciado "sin derecho a voto". Estaríamos hablando también, metiendo en el mismo a la representación del Ejecutivo. �¿También es esa su intención diputado?

El diputado Carlos Chaurand Arzate: Diputada, la intención es regresar a la propuesta original de la Cámara de Senadores. Esto es, que para evitar precisamente el que si el Ejecutivo tiene derecho a voto en cada una de las sesiones y que prácticamente pudiéramos nosotros, ya en el ejercicio de las atribuciones de esta ley, meternos a una serie de discusiones interminables, que todo esto vaya al reglamento, de conformidad con el texto propio del articulado.

La Comisión ejecutiva tendrá las facultades de emitir su reglamento y ahí podrán determinar, a detalle, todas estas cuestiones que no necesariamente tienen que ir en la ley; y si es una ley que —como bien se ha dicho aquí— es un instrumento que nos estamos dando, a efecto de poder lograr esos consensos necesarios en la búsqueda de soluciones al tema de la reforma del Estado, pues sean precisamente estos consensos los que se busquen, más que arrollar o atropellar en algunas votaciones.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido a la curul del diputado Jaime Espejel, por favor. Adelante, diputado.

El diputado Jaime Espejel Lazcano (desde la curul): Sí, estimado diputado. Estuvimos trabajando juntos y veo su gran intención de que el Ejecutivo no se encuentre fuera de los cinco temas. Sin embargo, a mí me llama la atención en lo siguiente:

En el artículo 12, último párrafo, dice: en caso de que surjan otros temas de interés inherentes a la reforma del Estado. Lo que para mí implicaría, �¿por qué no un representante del Ejecutivo en cada uno de los temas? Es una pregunta. �¿Por qué no un representante del Ejecutivo en cada uno de los temas? Son cinco temas, pueden ser cinco representantes. Si surgen otros, �¿por qué limitar a cinco representantes del Ejecutivo?

El diputado Carlos Chaurand Arzate: Sí, diputado Espejel. Efectivamente la ley prevé, en su artículo 12, la posibilidad de que en el transcurso de los trabajos a realizar pudieran surgir algunos otros temas de interés. En lo personal creo que un tema que va a surgir será la reforma al Distrito Federal, por ejemplo. En ese sentido la Comisión podrá tocar estos temas, pero la reforma al Distrito Federal es una reforma que al igual que la necesidad de la equidad y género, son transversales y tocan todos los temas �¿eh?, porque es importante que las mujeres participen en lo que es la reforma electoral, que se les dé el lugar que hace mucho tiempo están reclamando, que se vea el federalismo, la participación de la mujer, que se vea en el gobierno, que se vea en todos los temas, es necesario.

Igualmente una reforma del Distrito Federal tocaría los cinco temas transversalmente; pero no anticipemos vísperas, no digamos que esto ya va a suceder, sino que sea precisamente la dinámica la que determine que la Comisión ejecutiva pudiese en un momento dado ampliar estos temas.

No quedaría afuera la representación del Ejecutivo toda vez que los representantes en el tema de reforma electoral o de reforma al Poder Judicial estarían presentes en el supuesto tema del Distrito Federal, que es el ejemplo que aquí hemos ocupado.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Chaurand, el diputado Pablo Arreola desea hacerle una pregunta. �¿La acepta usted?

El diputado Carlos Chaurand Arzate: Sí, claro.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante, diputado Pablo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Compañero diputado Chaurand, cuando no hay claridad en el concepto de los artículos y más en el contenido de este artículo que usted reserva, cuando se habla de que los presidentes de los partidos tengan derecho a voz y voto, después de cuando nos vamos a la reglamentación, se puede prestar a no una interpretación correcta del espíritu que usted le está incluyendo a este artículo. �¿No le parece mejor que se hablara con claridad que los presidentes tienen derecho a voz y voto?

El diputado Carlos Chaurand Arzate: No lo considero estrictamente necesario, en primer término porque si analizamos en el contexto general de la ley, yo creo que las votaciones que habrán de realizarse al interior de la Comisión ejecutiva serán meramente de carácter administrativo, como bien pudiera ser el nombramiento de los secretarios técnicos, como bien pudieran ser las personas o los expertos que van a participar en una de las subcomisiones.

Los temas centrales de la reforma del Estado, de acuerdo a los consensos que hemos logrado los partidos políticos, son buscar esos consensos, evitando que una fuerza política pudiera detener posibles negociaciones o posibles puntos de acercamiento que hubiese entre las demás fuerzas políticas.

Sí es una ley que en su origen fundamentalmente busca eso, que nos sentemos a la mesa todos los actores políticos, en la búsqueda de acuerdos, pues no partamos de una mala interpretación de que si los votos o que si el voto ponderado o que si yo represento más o yo represento menos.

En ese sentido en la búsqueda armoniosa de esta situación, es por lo que proponemos la redacción en los términos que aquí he expresado.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado Chaurand. Para defender el dictamen en los términos del artículo 3o., se han anotado… El diputado José Murat. �¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Murat (desde la curul): Para hacerle una petición a usted, Presidenta, que solicito que la Secretaría lea con exactitud y precisión cómo venía el artículo 3o., que nos envió el Senado de la República, para que no quede a la interpretación y para dejar clara la definición y el espíritu que tiene este artículo 3o. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: A ver, diputado Del Río.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señora Presidenta, no es pregunta al diputado orador que está en la tribuna sino para decirle que estoy anotado para reservar el artículo 3o., párrafo tercero.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: �¿Es la misma parte del artículo que se está discutiendo?

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): No, es el párrafo tercero.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Si, está usted anotado. Entonces para referirse a la misma parte del artículo a que se ha referido el diputado Chaurand, han pedido la palabra el diputado Rodríguez Prats y el diputado Juan N. Guerra.

Tiene la palabra el diputado Rodríguez Prats. Ah, perdón, la petición del diputado Murat que la Secretaría... perdón diputado Murat; un momentito Rodríguez Prats. La Secretaría va a dar lectura al texto original del artículo 3o.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Gracias, señora Presidenta.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Texto original de la minuta proveniente del Senado. Artículo 3o. La Comisión Ejecutiva estará integrada por los Presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y el presidente de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. Participarán en la Comisión Ejecutiva una representación del Poder Ejecutivo Federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Servido, diputado Murat. Le ruego al diputado Chaurand que prepare el texto exacto de cómo quiere la modificación para que luego se pueda poner. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señora Presidenta. Bueno, en primer término quisiera yo corregir una omisión que cometí en mi pasada intervención. Hablaba yo a nombre de las Comisiones, y lo primero que debía de haber hecho y lo hago ahora, es el reconocimiento al trabajo de las dos Comisiones, de sus presidentes, Carlos Chaurand, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de la Comisión de Gobernación, de Diódoro Carrasco.

Creo que fue un trabajo bien conducido, se lograron los puntos de acuerdo y se logró dar este debate y venir con un dictamen votado por ambas Comisiones en sesión en días pasados.

En lo que se refiere al planteamiento que hace mi estimado colega Carlos Chaurand, nosotros coincidiríamos en la representación del Ejecutivo, pero si reflexionamos un poco en el contenido de toda la ley y de su articulado, vamos a encontrar una contradicción. Por una parte se está diciendo que las decisiones se tomarán por consenso, mayoritariamente por consenso.

Esto significa un trabajo de concertación, esto significa que la Comisión Ejecutiva que va a tener entre 22, 24 integrantes, tendrá que partir de un principio de buena fe para llegar a acuerdos. Yo creo que hemos ya traído este tema de la reforma del Estado por muchos años de discusión y que los temas ahí están y que me parece que con un poco voluntad política de todas las partes lograríamos llegar a conclusiones y a que se redacten las iniciativas e inicie el proceso legislativo y aprobemos estas iniciativas.

Entonces definitivamente no podemos hablar de darle voz, de darle voto a los partidos políticos. El Partido Acción Nacional, no es que esté defendiendo el que sea el partido con el mayor número de diputados en la Cámara de Diputados y con el mayor número de senadores; aquí nos iríamos a un principio de representación, la ciudadanía votó y ya fue su decisión.

Para el Partido Acción Nacional también ha sido difícil entender su papel de ser partido en el poder y ser el primer interesado en impulsar las reformas. Pero yo creo que definitivamente debemos dejar abierta la cuestión de que la Comisión Ejecutiva tome decisiones mediante consenso. No demos voto ni demos voto calificado mediante consenso.

Si hay buena fe, si hay deseo de avanzar, si hay deseo de concertar, si nos estamos poniendo de acuerdo en las cuestiones fundamentales, si ya muchas cosas están convalidadas en la realidad y nos los han venido manifestando en los últimos procesos electorales, creo que podemos llegar a pasar a la subcomisión redactora y posteriormente a la subcomisión de consulta popular, las grandes iniciativas para que arranque el proceso legislativo.

Por eso, el PAN ratifica que está de acuerdo en esta fracción del 3o. como lo ha sugerido Carlos Chaurand en cuanto a la representación del Ejecutivo, pero que definitivamente debemos dejar claro que las decisiones de la Comisión Ejecutiva deben adoptarse por consenso, o sea, de la buena fe, de la buena acción política, de la voluntad política de cada una de las partes para que podamos llegar a los acuerdos necesarios. Es cuanto señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado. Tiene la palabra, para referirse a la misma fracción, el diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros. Yo creo que este asunto hay que discutirlo con calma. Estamos recibiendo propuestas que no teníamos suficientemente consensuadas.

Cuando llegó la minuta del Senado sobre esta Ley para la Reforma del Estado, una de las objeciones —me tocó platicarla con Rodríguez Prats— era de que Acción Nacional consideraba que no estaba representado como grupo mayoritario porque esta era una comisión paritaria.

Nosotros platicando con ellos, les dijimos: es que no se trata que en la Comisión Ejecutiva ahí se van a resolver. Ahí está el Pleno de ambas Cámaras, el Congreso. Ahí es una comisión paritaria que va a buscar construir consensos, para qué quieren una mayoría.

Yo veo que también ha sido aceptado el criterio de la paridad que escuché con atención lo que dijo Rodríguez Prats. Ciertamente este principio parte, si se quiere, de aquella ley que se hizo: la Ley Cocopa, de buscar el asunto de la paridad. Por eso me parece que está mal el diputado Chaurand que quiere dar cinco votos al Ejecutivo que además ni pide Acción Nacional.

Es romper con este asunto de la paridad, o sea cuál es el propósito de desquilibrar esta situación y menos a estas alturas. Porque si retiramos el asunto de los votos del Ejecutivo, que Acción Nacional en eso coincide, nos queda la discusión si los partidos deben tener voto o no. Nosotros pensamos que no deben tener.

Esta es una ley —aunque lo dijo con otra actitud nuestro Presidente del Congreso— pero sí es una ley para hacer leyes, como lo es la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, es una ley que regula y reglamenta la vida del Congreso; y la esencia de un Congreso es legislar, es hacer leyes. Entonces sí es una ley para hacer leyes.

Una ley, evidentemente que es del tipo, pero que está protegida en el artículo 73 de la Constitución, que dice: Facultad que tenemos como Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectiva las facultades que tenemos como legisladores.

Ese es el carácter. Por eso el peso lo tiene que tener el Congreso. Ni el Ejecutivo ni los partidos. Por eso está muy bien la propuesta como se presenta. Es decir en la propuesta actual, quien tiene voto son los legisladores: senadores y diputados. El Ejecutivo participa en una representación pero con voz y los partidos también.

Si nos salimos de esa lógica y empezamos a meter votos del Ejecutivo, empezamos a meter votos de los partidos, estamos desnaturalizando incluso el propio carácter que sí tiene esta ley y que sí es una ley y que está en el marco que he señalado.

Así las cosas, yo pregunto: �¿Qué es lo que dice lo que estamos discutiendo? Dice:

Artículo 3o., segundo párrafo. Podrán participar en la Comisión Ejecutiva —dice actualmente— los representantes del Poder Ejecutivo federal, que al efecto designe, así como las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

Yo sí le pido al diputado Chaurand, si están así las cosas, si hay esa actitud de Acción Nacional, si lo que él quiere precisar es que podrán participar, aquí donde dice: podrán participar en la Comisión los representantes del Poder Ejecutivo... Si él quiere decir hasta por un representante por mesa de trabajo, no habría problema. Pero si le empieza a dar voto al Ejecutivo, la verdad es que ya desnaturalizamos todo esto.

Yo sí les pido que lo reflexionemos. Nadie aquí —de lo que se ha planteado— bueno, nosotros quizá somos los únicos que tenemos inscrito con la diputada Mónica, que no pensamos que debería de participar el Ejecutivo, porque esto es de legisladores.

Sin embargo —bueno, así las cosas— está bien que participe, pero dejemos que los legisladores, buscando los consensos, sean los que hagan la chamba. No se trata de cerrarnos a opiniones, no se trata de no recibir opiniones del Ejecutivo o del Poder Judicial. Es simplemente qué Comisión estamos integrando.

�¿Estamos integrando una Comisión donde el peso de las decisiones —buscando los consensos— las tienen los legisladores o qué es? Yo digo que nos precisen la propuesta. Si es sin voto y se dice que hasta uno por mesa, bueno, podría ser; pero tampoco metamos —y creo que ahí tiene razón Rodríguez Prats— a darle voto también a los partidos; ahí estarán. El voto es de los legisladores, porque tal es la naturaleza de esta ley. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Diputado Chaurand.

El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con su permiso, Presidenta. Compañeras, compañeros. De ninguna manera ha sido la intención de el de la voz, del proponente, el darle un voto a la representación del Poder Ejecutivo.

Si se lee la propuesta, el segundo párrafo del artículo 3o. en los términos que lo entregué a esta Mesa, en ninguna parte se señala que puedan tener ese voto, no. No es ni la intención y que quede claro, porque este debate forma parte del proceso legislativo y en un momento dado a la interpretación de la ley nos podríamos remitir.

Artículo 3o. Podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe, así como las presidencias de los partidos políticos nacionales. —Punto—. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

En ningún momento se habla, pues, de que tengan derecho a voto. Coincidimos plenamente con lo aquí manifestado por el compañero Rodríguez Prats y también con lo manifestado por el diputado Juan Guerra. No es, pues, la intención de darle voto al Ejecutivo. Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido este segundo párrafo del artículo 3o. Es nada más el segundo párrafo, la parte a la que se estaba refiriendo el diputado Chaurand y todavía vamos a seguir. Ahorita nada más es sobre la fracción que estaba discutiendo el diputado Chaurand y enseguida pasamos a todo lo demás. Es sobre lo mismo. Continuamos con el debate.

Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, para referirse al artículo 3o. Quienes quieran intervenir en el mismo párrafo segundo, porque tengo aquí apuntada —sin precisar párrafo— a la diputada Mónica Fernández Balboa. �¿Es sobre el segundo párrafo?

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Sí, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Entonces, si le parece diputado Del Río, que pase la diputada. Adelante. Tiene la palabra la diputada Mónica Fernández Balboa, del PRD.

La diputada Mónica Fernández Balboa: Con su permiso, señora Presidenta. A continuación les vamos a presentar la propuesta del grupo parlamentario del PRD, sin hacer a un lado la propuesta de consenso que nuestro compañero Juan Guerra acaba de mencionar.

Con la aprobación de la Ley para la Reforma del Estado estamos construyendo en el Congreso mexicano, un mecanismo de discusión con tiempos definidos y limitados, con una lista temática de prioridades en donde es fundamental adecuar nuestro marco jurídico.

Esperemos que pronto, una vez aprobado este mecanismo, se empiecen a tejer los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en un espacio institucional como éste. El único espacio reconocido por todas las fuerzas políticas como un espacio legítimo de diálogo, al que debemos honrar y privilegiar y no contaminar con la presencia de como ambiguamente dice en el artículo 3o. del dictamen que estamos discutiendo, los representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe.

Ya que si esta ley está diseñada para alcanzar las decisiones y acuerdos por el máximo consenso posible de los presentes, la presencia del Ejecutivo difícilmente hará prosperar esos amplios consensos de los que habla el artículo 8o. de la presente ley.

Como bien señaló el diputado Espejel, recordemos la duda y la incertidumbre que generó el pasado proceso electoral y sus supuestos resultados. Sabemos que todo ello envuelve al actual gobierno y a las instituciones clave para el desarrollo del país en un ambiente de crisis de legitimidad, que señores, simplemente no vale la pena traer a cuento en este espacio legítimo.

El Ejecutivo podrá verter sus puntos de vista de diferentes maneras, ante la opinión pública y formalmente a través de sus representantes de su propio partido y desde luego en la parte sustantiva del proceso legislativo que es ni más ni menos a la hora de promulgar las leyes que emanen de los acuerdos tomados en este Congreso en torno a estos temas, y la publicación de los mismos en el Diario Oficial de la Federación; funciones, todas ellas, exclusivas del Poder Ejecutivo.

Tenemos la oportunidad de construir una nueva realidad nacional en la que el sistema político se transforme de tal manera que se funde una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado. No metamos elementos ajenos a esta representación nacional que puedan crispar los ánimos de consenso que expresamente reflejará la aprobación de esta ley.

Proponemos entonces a esta soberanía, que el artículo 3o. quede redactado de la siguiente manera:

"La Comisión Ejecutiva estará integrada por los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados; los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas cámaras y las presidencias de las Comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

"Podrán participar en la Comisión Ejecutiva las presidencias de los partidos políticos nacionales quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

"De la misma manera, podrá participar una representación del Poder Judicial, exclusivamente en cuanto al tema de reforma del Poder Judicial.

Señoras y señores. No queremos y no debemos aprobar reformas a pedido ni por mandato. Tenemos que hacerlo por el bien de todos. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, para referirse al mismo artículo 3o.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Se ha aclarado perfectamente bien qué es lo que se desea para esta reforma del Estado.

Soy de los legisladores que creen que la expresión de reforma del Estado es una expresión desafortunada porque el Estado, ahora que hemos aprobado la ley en lo general, no va a ser cuadrado, no va a ser redondo. Sin embargo, desde hace muchos años se ha venido usando esa expresión y para que queden bien claros cada uno de los temas y cada uno de los párrafos, diferentes diputados han hecho uso de la voz para precisar cómo debe quedar cada párrafo.

Yo creo que el párrafo tercero está mal redactado y para que quede redactado de acuerdo con el nivel que tenemos los legisladores aquí y sobre todo tratándose de sujetos iguales, se tienen que utilizar verbos iguales, por lo que vengo a proponerles que el párrafo tercero quede redactado igual que el párrafo segundo. Dice el párrafo segundo: "Podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe".

El párrafo tercero dice: "De la misma manera, podrá participar una representación del Poder Judicial federal". Para que quede bien redactado, les vengo a proponer, diputadas y diputados, lo siguiente:

El párrafo tercero deberá quedar redactado de la siguiente manera: "Podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Judicial que al efecto designe, exclusivamente en cuanto al tema de reforma del Poder Judicial federal".

En realidad se trata de sujetos iguales, verbos iguales. La Constitución General de la República habla perfectamente bien de división de Poderes y además, el problema que tenemos es realmente de taxonomía, no es un problema de profundidad. Así es que les quiero rogar a todos los diputados que quede redactado en los términos que he señalado aquí.

Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados, y así le damos al Poder Judicial federal el mismo trato que la Constitución General de la República le da al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para referirse al mismo artículo, el diputado Rodolfo Solís Parga, del Partido del Trabajo.

El diputado Rodolfo Solís Parga: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que establece el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos a esta tribuna para fundamentar la reserva que se hace del artículo 3o. de la Ley para la Reforma del Estado.

Los partidos políticos han sido actores fundamentales en la negociación e impulso de las reformas electorales que se han dado en el país. En 1977, como resultado de la reforma política de ese año se otorgó a los partidos políticos el rango de entidades de interés público, según disposición del artículo 41 constitucional en su segundo párrafo.

La actual legislación electoral es producto de la negociación de un paquete integral de reformas constitucionales y de la legislación secundaria que en 1996 se dieron en estas mesas de trabajo. Los partidos políticos contaron con voz y con voto y ellos fueron junto con los legisladores, interlocutores directos con el Secretario de Gobernación en representación del gobierno federal.

En el dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas se modifica el artículo 3o. párrafo segundo de la minuta enviada por la colegisladora y al hacerlo se priva a los partidos del derecho de votar en el seno de la Comisión Ejecutiva. Esta medida es antidemocrática, ya que se pretende evitar que los partidos participen con igualdad de derechos en la Comisión Ejecutiva.

Por tanto, nuestra propuesta específica es que se reconozca plenamente el derecho que deben tener todos los partidos en el seno de la Comisión Ejecutiva no sólo para tener derecho a voz, sino también a voto.

En consecuencia, proponemos que se regrese a la redacción original del artículo 3o. contenido en la minuta enviada por la colegisladora, en donde además se otorga una representación al Poder Ejecutivo, por lo que hacemos la siguiente propuesta:

Artículo 3o. La Comisión Ejecutiva estará integrada por los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados; los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y el presidente de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. Participarán en la Comisión Ejecutiva una representación del Poder Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales.

Esto además ha dado buenos resultados en 1996 y para efecto de desahogo de trabajos de los temas que se abordan en esta Comisión Ejecutiva, en este organismo para la reforma del Estado, tenemos también la experiencia de las mesas de trabajo y las mesas técnicas que se organizaron en 1996, en donde cuadros políticos, destacados juristas, participaron y elaboraron los contenidos de la propia reforma política de 1996.

A partir de esto y a partir de la experiencia ya aprobada, que ha permitido que nos hayamos dotado de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la fecha, hasta el 2 de julio de 2002, había funcionado. Nosotros proponemos que se mantenga el mismo formato, el formato además que envía la Cámara de Senadores en relación a la integración de la Comisión Ejecutiva de esta Comisión para la Reforma del Estado.

Y esperamos que no ocurra lo que en el 96, que Felipe Calderón se retiró de la mesa. Igual ahora esperamos que se mantengan en la discusión y en el debate. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidente diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Se agotó el registro de oradores para referirse al artículo 3o. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido este artículo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 3o.: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, suficientemente discutido.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría cada una de las propuestas que fueron haciendo los diferentes diputados que abordaron la tribuna, para preguntarles si se acepta o se desecha la modificación que fueron proponiendo, previa su lectura naturalmente. El diputado Carlos Chaurand Arzate. Por favor, Secretario lea la propuesta que hizo el diputado.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Modificación que propone el diputado Carlos Chaurand al artículo 3o., segundo párrafo, para quedar como sigue: podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal, que al efecto designe; así como, las presidencias de los partidos políticos nacionales. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría si es de aceptarse o se desecha la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por el diputado Chaurand, al artículo 3o., segundo párrafo: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se desecha y se reserva el texto original para su votación en conjunto. Léase la propuesta del diputado José Manuel Del Río Virgen.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: La propuesta de modificación del diputado Del Río Virgen, al artículo 3o., párrafo tercero, para quedar de la siguiente manera: podrán participar cinco representantes del Poder Judicial federal, exclusivamente en cuanto al tema de reforma del Poder Judicial federal. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta del diputado Del Río Virgen: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se desecha. Dé lectura, por favor a la propuesta de la diputada Mónica Fernández Balboa.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: La propuesta de la diputada Mónica Fernández Balboa, al artículo 3o., para quedar como sigue: la Comisión Ejecutiva estará integrada por los Presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las Comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras.

Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. Podrán participar en la Comisión Ejecutiva, las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. De la misma manera podrá participar una representación del Poder Judicial, exclusivamente en cuanto al tema de reforma de Poder Judicial.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa de la modificación propuesta por la diputada Mónica Fernández, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se desecha. Dé lectura y ponga a votación la propuesta hecha por el diputado Rodolfo Solís Parga.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Propuesta del diputado Rodolfo Solís Parga. Artículo 3o., para quedar como sigue: la Comisión Ejecutiva estará integrada por los Presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y el presidente de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores.

Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. Participarán en la Comisión Ejecutiva una representación del Poder Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales.

En votación económica se consulta a la Asamblea, si se admite la propuesta de modificación del diputado Rodolfo Solís Parga: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se desecha y se reserva el artículo 3o. para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Para discutir el artículo 6o. se han inscrito el diputado Juan Guerra y la diputada María Mercedez Maciel Ortiz. Tiene la palabra el diputado Juan Guerra del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros. Una pregunta que desde que trabajamos esto como propuesta, como iniciativa y luego ya como minuta, como resolución del Senado, una pregunta que siempre campeó es �¿por qué necesitamos una ley para cumplir con nuestras responsabilidades?

O sea �¿cuál es la razón de hacer una ley si la responsabilidad de los legisladores es precisamente legislar? Pues, compañeras y compañeros, hay que reconocerlo, porque en muchos temas no estamos de acuerdo, y no nos podemos poner de acuerdo porque si ya tuviéramos los consensos, evidentemente lo que haríamos es hacer las iniciativas.

Se trata por eso de abrir una discusión con la población y de nutrirnos de esa discusión y que eso norme el criterio nuestro y de buscar los consensos con base también en la discusión que se da en la población. Porque si ya tuviéramos aquí para firmar los acuerdos, no estaríamos impulsando esto.

Pero esa es la característica, por eso esta Ley para la Reforma del Estado convoca, no a realizar eventos desmedidos, pero a realizar eventos, los suficientes, para que nos permita a nosotros escuchar la opinión de los sectores productivos, de las asociaciones civiles, de los sectores educativos, de los sectores laborales; oír la opinión para nutrirnos como legisladores y decir: la sociedad en torno a este tema más o menos tiene estas contradicciones, tiene esta opinión. Ese es el asunto de abrir esto de la Ley para la Reforma del Estado y que ésta motive una discusión.

Sin embargo, y aquí viene esta reserva, que les quiero pedir su apoyo, en el último párrafo del artículo 6o. se limita el tratar los cinco temas a seis eventos. Compañeras y compañeros que son presidentes de una comisión legislativa, aquí, para cualquier tema a veces tenemos que llamar a un especialista, llamar a otro, llamar a varias gentes y escuchar la opinión y nos puede llevar hasta dos, tres reuniones de trabajo.

Y aquí para discutir los cinco temas se establecen seis reuniones. �¿Por qué seis? No lo sé, o sea, no le veo ningún fundamento a eso. A la mejor son necesarios seis, siete u ocho, o menos; no lo sé, pero creo que si estamos nombrando una Comisión Ejecutiva, e incluso subordinada a esta Comisión Ejecutiva una Comisión de Consulta, démosles oportunidad que ellos nos hagan una propuesta.

No limitemos desde ahora algo en esta ley. No digamos "a la mejor abrimos uno o dos por tema o a la mejor queremos discutirlo por cinco o seis regiones", está bien, todo eso se vale. Pero no limitemos las cosas, tampoco se trata de hacerlo. Tiene plazos muy medidos la ley para cuándo concluir y hasta dónde podemos llegar.

Por eso �¿qué les propongo? Pues eliminemos ese párrafo que realmente está de más y que puede incluso resultar un estorbo. Esa es la propuesta. Chéquenlo, por favor, denle lectura y verán que lo único que hace es limitar de antemano las cosas, cuando vamos a tener una Comisión Ejecutiva.

Entonces la propuesta en este caso es sencillamente suprimir el último párrafo del artículo 6o., que para lo único que sirve es para decir que va a haber seis eventos, sin saber y sin haber trabajado todavía esta situación. Por su atención y por su apoyo, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Mercedez Maciel Ortiz, para referirse al mismo artículo 6o.

La diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que establece el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para fundamentar la reserva que se hace del artículo 6o. de la Ley para la Reforma del Estado.

En este artículo se propone que se realicen foros regionales por todo el país y que los mismos se deberán llevar a cabo de manera sucesiva en un plazo no mayor de tres semanas. En nuestro grupo parlamentario tenemos la percepción de que este plazo entre foro y foro es muy corto, para que la ciudadanía interesada en participar pueda preparar de manera adecuada sus propuestas.

Además, debemos evitar al máximo la posibilidad de que la ciudadanía piense que los resolutivos de los foros están predeterminados y que éstos únicamente asistirán para legitimar decisiones previamente tomadas.

El objetivo de los foros es precisamente que la ciudadanía interesada en participar cuente con el tiempo suficiente para la preparación de sus propuestas; además si la vigencia de la ley, según se establece en el artículo 7o. transitorio es de 12 meses calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y que conforme al artículo 5o. transitorio, la Comisión Ejecutiva deberá expedir la convocatoria para la consulta pública para la reforma del Estado dentro de los 30 días naturales siguientes a partir de su instalación, estaríamos hablando de 15 días de la Comisión Ejecutiva para instalarse y de 30 para emitir la convocatoria; esto es 45 días y nos restarían 320 días calendario.

Como se plantean que sean seis foros en un plazo no mayor de tres semanas, estaríamos hablando de cuatro meses y medio; esto es, 120 días con lo que nos restan 194 días. Como vemos queda tiempo más que suficiente para que se procesen las propuestas presentadas en los foros, y que la Comisión Redactora pueda preparar las propuestas legislativas que se presentarán a las Cámaras del Congreso.

En consecuencia proponemos que se eliminen las fracciones, que se dé el tiempo que la Comisión estime pertinente para la realización de los foros y que no se le imponga un candado de tiempo, que se regrese al texto original de la minuta enviada por la colegisladora, por lo que formulo la siguiente propuesta:

Artículo 6o. La Subcomisión Redactora será un órgano técnico dependiente de la Comisión Ejecutiva y se integrará hasta por ocho especialistas en materia de derecho constitucional o ciencias políticas y sociales; de nacionalidad mexicana, reconocidos tanto por la calidad de su obra escrita como por su trayectoria profesional.

La Subcomisión Redactora tendrá como funciones elaborar los documentos de trabajo y las propuestas de iniciativa de ley que deriven del acuerdo político alcanzado, a solicitud de la Comisión Ejecutiva, conforme a las indicaciones y orientaciones que expresamente reciba la misma. Es todo y dejo aquí la propuesta de redacción.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Para referirse al mismo artículo tiene la palabra Yadhira Tamayo, de Acción Nacional.

La diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera: Con permiso de la Presidencia. El grupo parlamentario de Acción Nacional quiere hoy estar de acuerdo con la propuesta del diputado Juan Guerra, en que se elimine el párrafo que propone. Y me toca el justificar, �¿por qué? Porque precisamente de acuerdo a la redacción de la ley, es necesario y es facultad de la Comisión de la consulta, que resuelva cuántos foros se deben hacer.

Entonces creemos que lo prudente es que quede la propuesta que hace el compañero diputado Juan Guerra. Sin embargo, queremos hacer las siguientes reflexiones.

Ya hay suficientes consultas, ya los partidos registraron sus plataformas electorales. Ya en los archivos de este Palacio Legislativo existe toda una documentación sobre las posturas, foros, symposia, etcétera, que se han hecho.

Además, es preciso decir que no es privativo esta Ley y que se limita en el número de foros de que estas consultas a las que se refería el compañero Juan Guerra, se sigan haciendo las consultas de las asociaciones, las consultas de los particulares, etcétera, pueden seguirse haciendo, además ya se viene haciendo en muchas de las comisiones.

Asimismo, sobre todo debemos privilegiar las iniciativas que ya existen también hechas por muchos de nosotros y por las Legislaturas pasadas en materia de reforma del Estado. Es necesario remitirnos siempre a ese procedimiento legislativo y a esa esencia de lo que representa que nosotros estemos aquí.

Por último, una reflexión con respecto a la temporalidad. Sabemos bien que esta Ley tiene una temporalidad fija y tiene un objeto, que se le dé celeridad a estas cosas. Que se le dé celeridad porque es importante darle resultados a la ciudadanía, es importante que la gente vea que estamos de acuerdo en transitar por un mismo camino, en brindar resultados, en tener eficacia.

Es por eso que estamos de acuerdo con esta propuesta y es por eso que dejamos sobre la mesa reflexionar en estos puntos que propone el grupo parlamentario de Acción Nacional y que enmarcan esta Ley que hoy pretendemos votar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Se ha agotado el turno de oradores inscritos para referirse a este artículo 6o., consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 6o.: los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, se considera suficientemente discutido.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Dé lectura, señor Secretario, a la propuesta del diputado Juan Guerra y pregunte en votación económica si se admite o se desecha.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: El propósito de la reforma del diputado Juan Guerra es suprimir el último párrafo del artículo 6�º., relativo a la organización del número de foros: los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, a favor de la propuesta del diputado Juan Guerra, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se admite la modificación del diputado Juan Guerra. Dé lectura a la modificación propuesta por la diputada Mercedez Maciel Ortiz.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: La diputada María Mercedez Maciel presenta propuesta de artículo 6o. que a la letra dice: La subcomisión redactora será un órgano técnico dependiente de la Comisión Ejecutiva y se integrará hasta por ocho especialistas en materia de derecho constitucional o ciencias políticas y sociales, de nacionalidad mexicana, reconocidos tanto por la calidad de su obra escrita como por su trayectoria profesional.

La subcomisión redactora tendrá como funciones elaborar los documentos de trabajo y las propuestas de iniciativa de ley que deriven del acuerdo político alcanzado a solicitud de la Comisión Ejecutiva conforme a las indicaciones y orientaciones que expresamente reciba la misma.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Señor Secretario, antes de pedir la votación permítame darle la palabra a la diputada Mercedez desde su lugar. �¿Con qué objeto, diputada Maciel Ortiz?

La diputada María Mercedez Maciel Ortiz (desde la curul): Para retirar la propuesta porque coincidimos con la primera que ya votamos a favor. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se retira la propuesta de la diputada. La diputada Yadhira, �¿ya está incluida su propuesta?… muy bien. Se reserva el texto con la modificación propuesta por el diputado Juan Guerra, para su votación nominal en conjunto.

Pasamos a la discusión del artículo 12. Se ha inscrito el diputado Juan Guerra para referirse a este artículo.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras, compañeros. La modificación que se propone al artículo 12 en sí es muy sencilla, tiene que ver con algo que decía un diputado de Acción Nacional, que lo decía al final. Decía: �¿por qué otros temas no están en la agenda, particularmente el económico?

La verdad, en la minuta que nos enviaron del Senado, venía el tema de la reforma hacendaria. Yo todavía no entiendo por qué se eliminó ese tema. Se nos ha dicho que el tema se está trabajando por aparte en los grupos, pero uno lo que ve es otra cosa. Yo veo bancadas que dicen: el Ejecutivo tiene que hacer una propuesta; y veo como que se está esperando que la propuesta llegue del cielo.

Es un tema, lo reconozco — el hacendario— escabroso. No es un tema fácil. Y lo es no sólo por todo lo que implica: lo económico, lo hacendario; lo es por uno de sus puntos, que es lo fiscal. Ciertamente en México no hay una recaudación fiscal para presumirse. Y cuando uno ve la recaudación fiscal de todos los países de la OCDE, uno se extraña de una cosa. Y eso quizá desencante a alguna gente: el impuesto más alto no es el consumo en ningún país de la OCDE, no lo es. El impuesto más alto es un impuesto que tiene que ver con los ingresos personales; es decir, tampoco es de las empresas.

Las empresas tienen una recaudación incluso más baja que el consumo. Es de los ingresos personales por una razón muy sencilla: porque México es el único país donde los únicos ingresos personales que se gravan son de los empleados. O sea, no se gravan los dividendos en este país. Pero es el único país de la OCDE que no grava los dividendos.

Y no crean que en materia impositiva en la OCDE esta gravación es baja. En promedio está arriba del 40 por ciento, pero hay países que los gravan al 50. Estados Unidos los grava casi al 45. Entonces aquí no se tiene una aportación.

Es un tema escabroso porque aquí hay regímenes de excepción. Es un tema escabroso porque aquí uno no sabe —por ejemplo— y lo digo abiertamente, el dinero que se recauda con el redondeo no se puede presentar más que a nombre de una empresa, porque si no, sería lavado de dinero; y esa empresa cuando entrega este dinero, lo que hace es deducirlo de los impuestos. Es decir, sirve incluso para la evasión fiscal.

Sí, sí es un tema escabroso porque México ha sido el paraíso en ese aspecto y por eso es de los países que se disputa el último lugar en materia de recaudación. Pero yo pregunto �¿a poco porque es escabroso no hay que discutirlo? �¿O pensamos que aparte, en un cuarto se va a resolver esto? �¿O que va a ser una cosa de sorpresa? Yo les digo —los invito— metamos este tema. Que opinen también todos los sectores; que tengamos alguna opinión al respecto.

Yo creo que hay una cosa que si la defendemos siempre sale adelante: hay que defender la equidad. Si alguien paga impuestos, todo mundo debe de pagar en la proporción que está señalado y en la proporción que se debe. �¿Por qué no nos atrevemos a discutir esas cosas? �¿Por qué seguimos con una serie de paraísos, de privilegios y viendo, pues no sé qué medidas que no nos van a resultar?

Yo por eso la propuesta que hago es muy concreta: discutamos el tema, abrámoslo. Los consensos se formarán entre los grupos parlamentarios y se resolverá, pero no veo por qué no vayamos a discutir este tema o que alguien me lo explique. Que alguien de los que defendieron sacar este tema me explique cuál es la razón para no discutir este tema de la reforma hacendaria, venía en la minuta del Senado. �¿Cuál es el temor? �¿Cuál es el conservadurismo para sacar este tema? �¿Por qué este tema está vetado, está prohibido de la discusión?

No lo entiendo, esperaría cuando menos que alguien nos lo explique, si no les pediría que votemos porque éste también sea un tema dentro de la Ley para la Reforma del Estado. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Para referirse al mismo artículo, hará uso de la palabra el diputado Rogelio Carbajal, de Acción Nacional.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada (desde la curul): Declino.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Declina. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o se desecha la propuesta de reforma propuesta por el diputado Guerra.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se admite la propuesta del diputado Juan Guerra.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Dé lectura previamente, señor Secretario, a la propuesta.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Para incluir una fracción VI en el artículo 12 que se incluya el tema de reforma hacendaria entre los temas que deben pronunciarse el Poder Legislativo: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se desecha y se reserva el texto del dictamen para su votación nominal en conjunto.

Pasamos al artículo sexto transitorio y se han inscrito para referirse a él, el diputado Carlos Zatarain González y el diputado Jaime Cervantes Rivera; el primero del PRI, el segundo del Partido del Trabajo. Tiene la palabra el diputado Carlos Zatarain González.

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros y compañeras diputados. El dictamen sobre la minuta de Ley de Reforma del Estado que hoy se puso a consideración y que en lo general fue aprobado por este Pleno de la Cámara de los Diputados, es el marco adecuado de diálogo y la negociación, a fin de llegar a acuerdos entre las principales fuerzas políticas nacionales.

Ésta es una convocatoria a todos los actores políticos de la vida pública nacional. Los partidos políticos, los integrantes del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.

Nuestros compañeros en el Senado están convencidos en esta propuesta y creo que debemos de estar nosotros también, de que México requiere mostrar un rostro moderno, un rostro que la sociedad le está exigiendo, un rostro de cambio, de renovación acorde a nuestros nuevos tiempos como una renovación de la vida política nacional.

Mediante la Ley se pacta una agenda temática que incluye los temas prioritarios para nuestro futuro, que haga posible destrabar los temas que aún frenan el desarrollo y se establecen tiempos perentorios, en donde en un año los actores políticos, Congreso, Ejecutivo federal, nos debemos de poner de acuerdo.

En las circunstancias actuales este hecho adquiere un significado de gran trascendencia. Es posible que logremos ponernos de acuerdo para avanzar hacia la legalidad, las instituciones y las responsabilidades compartidas, así como la certeza y equidad en las contiendas electorales. Tal es el fin que persigue la Ley para la Reforma del Estado, tal es el fin que debemos nosotros aprobar y que hoy que son tiempos compartidos, diputada Presidenta y compañeros diputados.

Quiero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y demás correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacer una propuesta de modificación al artículo 6o. transitorio del dictamen con proyecto de decreto de Ley para la Reforma del Estado por los siguientes motivos.

La colegisladora, en la minuta que envió a esta Cámara, estimó conveniente que los gastos ocasionados por el cumplimiento de la ley corriesen a cargo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación.

Las comisiones dictaminadoras consideraron oportuno que esos gastos fueran cubiertos única y exclusivamente por el Legislativo. Varios legisladores estimamos que por este esfuerzo en la búsqueda de consensos necesarios para la reforma del Estado, los gastos deben de ser compartidos entre ambos Poderes, no únicamente en los aspectos de los trabajos a desarrollar, sino también en los gastos que los trabajos ocasionen.

Por lo anterior, consideramos que se debe de regresar al texto original para quedar como sigue: Artículo 6o. Transitorio. A efecto de cubrir los gastos que ocasione el cumplimiento de esta Ley, se autorizan las transferencias indispensables del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, preferentemente de las partidas de programas no sustantivos que estimen pertinente los Poderes Legislativo y el Ejecutivo federal.

Espero, compañeros diputados, que su voto en sentido favorable al dictamen, con la modificación al artículo 6o. transitorio que estoy proponiendo, habrá de significar un voto para fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza en los compromisos y los acuerdos que requerimos y estamos llevando a cabo, y que benefician a nuestro país. Por su atención muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera. Sonido en la curul del diputado Jaime Cervantes Rivera.

El diputado Jaime Cervantes Rivera (desde la curul): Sólo para informarle que declino mi participación en virtud de que la propuesta que hacemos nosotros va en el sentido de la que hizo el diputado que acaba de intervenir. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta del diputado Carlos Zatarain y apoyada por el diputado Jaime Cervantes Rivera, se acepta o se desecha. Dé previamente lectura a la propuesta. Sonido a la curul del diputado Francisco Santos.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola (desde la curul): Tengo una solicitud para la Presidencia de que se me permita la palabra. Quiero defender el punto a favor de como está el dictamen.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Pase a la tribuna, señor diputado.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola: Compañeras, compañeros, yo sé que ya todos estamos cansados; ha sido una sesión larga, pero me parece grave que por un lado se defienda la autonomía del Legislativo y que por otro lado se esté pidiendo que el Ejecutivo intervenga.

Es una incongruencia compañeros y también lo digo para algunos compañeros del PRD, porque no podemos por un lado decir que queremos la autonomía de cada uno de los Poderes de la Unión y por el otro podemos decir que queremos que intervengan a través del Presupuesto.

�¿Cuánto pueden costar las consultas? No hay grandes gastos que se vayan a hacer. Vamos a la congruencia compañeros. Vamos a las reformas, ya lo dijo el diputado Prats, tiene firmas. No vayamos de antemano diciendo que no a lo que sabemos que es necesario. No obedezcamos línea de nadie, sigamos nuestra conciencia. Esta es la reforma que queremos. Yo les pido a todos ustedes, compañeros, que si somos legisladores y que tenemos fielmente la creencia de la autonomía de este Poder, que no aceptemos un peso del Ejecutivo. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el artículo sexto transitorio se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si las modificaciones al artículo sexto transitorio se encuentran suficientemente discutidas. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo…(votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Suficientemente discutido. Señor Secretario, dé lectura a la modificación propuesta a este artículo sexto transitorio y posteriormente pregunte en votación económica si se admite o se desecha la modificación.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Modificación propuesta por el diputado Carlos Zataráin, al artículo sexto transitorio que a la letra dice: A efecto de cubrir los gastos que ocasione el cumplimiento de esta ley, se autorizan las transferencias indispensables del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2007, preferentemente de las partidas de programas no sustantivos que estimen pertinentes los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados como sigue: 3o. en sus términos; 6o. con la modificación propuesta por el diputado Juan Guerra Ochoa y aceptada por la Asamblea; décimo segundo, en sus términos; sexto transitorio, con la modificación propuesta por el diputado Carlos Zataráin González y aceptada por la Asamblea.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para recoger la votación en sus términos, del artículo 3o. con la modificación propuesta por el diputado Juan Guerra y aceptada por la Asamblea, del artículo 6o. del artículo décimosegundo en sus términos y del artículo sexto transitorio con la modificación propuesta por el diputado Carlos Zataráin González.

(Votación)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Tenemos solamente una votación de viva voz, el diputado José de Jesús Solano Muñoz.

El diputado José de Jesús Solano Muñoz (desde la curul): Para manifestar mi voto a favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: El diputado Francisco Fraile va a expresar su voto.

El diputado Francisco Antonio Fraile García (desde la curul): Mi voto a favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que se emitieron 378 votos en pro, uno en contra y 20 abstenciones.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobados por 378 votos, el artículo 3o. en sus términos, el 6o. con modificaciones, el 12 en sus términos y el 6o. transitorio con modificaciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley para la Reforma del Estado. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. Continué la Secretaría.

La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Lectura del orden del día.

(Lectura del orden del día de la próxima sesión)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (20:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 22 de marzo a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.