El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 268 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum..
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:24 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo … (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortíz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Gabriela Stephens Camacho, Rocíos Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México en sus consulados en Cuidad Juárez, Chihuahua y en Mérida, Yucatán, respectivamente.
María Luisa Elío Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.
Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué y Ernesto Warnholtz Unghavary De Retteg para aceptar y usar las condecoraciones en diferentes grados que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.
Álvaro Castro Estrada para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Jerónimo Mango, en grado de Comendador, que le otorga la nunciatura apostólica en México.
Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de Austria y el Reino de España, respectivamente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Gabriela Stephens Camacho; Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Mérida, Yucatán, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se encuentra ningún artículo reservado, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Luisa Elío Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary De Retteg, para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.
El presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. Esta Presidencia informa a la Asamblea que se ha reservado para la discusión en lo particular el artículo primero del proyecto de decreto, por la diputada Valentina Batres Guadarrama. Tiene la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Con su permiso, señor Presidente. Vengo a esta soberanía a pedir el voto en contra del primer artículo de este decreto bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. En la práctica, las autorizaciones para aceptar o usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros a ciudadanos mexicanos, por ser asuntos que son turnados a los integrantes de la Comisión de Gobernación, la mayoría de las veces en paquete y sin más antecedentes que el escueto dictamen, se suscriben éstos de buena fe, atentos a que son premios o reconocimientos a una labor que nuestros connacionales realizaron seguramente, de manera honrosa en otra nación, es que se han suscrito sin dificultad alguna.
Sin embargo, el caso del ciudadano Daniel Cabeza de Vaca merece un análisis serio y una reflexión oportuna, puesto que consideramos que su labor como procurador general de la República no es digna de ningún reconocimiento.
Segundo. Durante la gestión del licenciado Cabeza de Vaca, la PGR consumó la entrega para su extradición de Juan Carlos Arlota Díaz, María Asunción, José María Urquijo, Ernesto Alberdi, Félix Salustiano y Asier Arronategui, éste último naturalizado mexicano, ciudadanos vascos detenidos en el reclusorio oriente.
El Tratado de Extradición entre México y el Reino de España, así como sus dos protocolos, no fueron suscritos por el titular del Poder Ejecutivo, ya que el primero, que data de 1978, lo suscribió Santiago Roel, entonces secretario de Relaciones Exteriores; y en 1997 lo suscribió el subprocurador jurídico de la Procuraduría General de la República, Rafael Estrada Sámano, con lo que se violentó el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su fracción X las facultades y obligaciones exclusivas del Presidente de la República de celebrar los tratados internacionales.
Dicha extradición estuvo plagada de irregularidades, fue más que evidente que las autoridades mexicanas en sus resoluciones le dieron prioridad al Tratado de Extradición suscrito por México con el Reino Unido y su protocolo, que a nuestra Constitución. Se le analogaron indebidamente con el Código español los delitos de terrorismo y el de delincuencia organizada previstos en nuestro Código Penal federal, violentando el artículo 14 constitucional que prohíbe imponer —por simple analogía— una pena que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.
Además de que el artículo 15 de nuestra Constitución establece la prohibición para la celebración de tratados para la extradición de reos políticos y para la de aquellos que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos y de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos en la propia Constitución.
Tercero. La Condecoración Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco representa un premio por la sumisión que tuvo el gobierno mexicano con respecto al gobierno de España, dejando a un lado su Constitución y los tratados internacionales a los que se comprometió con la comunidad internacional.
Como un dato adicional, esta ley data del franquismo, que después fue modificada por el Rey Juan Carlos y que en su artículo 4 de la Ley para la Reglamentación de la Orden al Mérito Policial, establece que podrán ser recompensados con estas condecoraciones los miembros y funcionarios de los cuerpos que integran la policía gubernativa, cualquiera que sea su categoría, así como aquellos otros componentes de los restantes cuerpos y unidades integrados en las fuerzas de seguridad del Estado y excepcionalmente a las personas ajenas a dichas corporaciones cuando se hagan acreedoras a ello por su decisiva colaboración con aquellos funcionarios que practiquen actos de relativa importancia en defensa del orden, de las personas o de la propiedad o así resulte aconsejable por otros importantes motivos.
Cuarto —termino, señor Presidente—, por último es importante destacar que además del señalamiento de realizar la extradición de los ciudadanos vascos en un mar de irregularidades, fue exhibido por los diputados de la LIX Legislatura, dada la dilación para integrar las denuncias interpuestas en contra de los hijos de Marta Sahagún, así como de funcionarios del IPAB y empresarios relacionados con los hermanos Bibriesca.
Por lo antes expuesto, nuestro grupo parlamentario hace la reserva al artículo primero del dictamen con proyecto de decreto que concede el permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que le confiere el Reino de España.
Por lo anterior, solicito al Pleno que le neguemos, por falta de méritos, porque no encontramos dentro del desarrollo de su trabajo al exprocurador Cabeza de Vaca algún mérito que le dé la autorización de portar esta condecoración. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Para hablar en pro tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Muy respetables, desde luego, los puntos de vista de la oradora que me antecedió en el uso de la palabra. Sin embargo, señores diputados, yo me permitiría invitarlos a reflexionar que aquí no están a discusión los méritos, las fallas, que pudo haber tenido en su desempeño como procurador el licenciado Cabeza de Vaca. Lo que él está solicitando es el permiso para aceptar una condecoración que ya un gobierno extranjero ha decidido otorgarle.
Esta discusión ya se dio hace muchos años en un distinguido mexicano, Andrés Iduarte Fouche, que era distinguido por el gobierno inglés y por diversas razones se le negó. Un paisano de él aquí recordó alguna vieja querella, alguna vieja rencilla, y la Cámara de Diputados le negó el permiso.
Y el gran jurista, el gran constitucionalista Manuel Herrera y Lasso señaló que la Cámara de Diputados se había equivocado, porque —repito— aquí no estamos analizando si el licenciado tiene los méritos. Eso ya el gobierno español lo ha decidido. Lo que él nos está pidiendo es el permiso.
Este es un artículo reminiscencia del siglo XIX en que se consideraba que mediante una condecoración podía un gobierno extranjero cooptar a un mexicano. Por eso se le obligó y sigue permaneciendo en la Constitución el que se requiera el permiso del Congreso mexicano para aceptar condecoraciones.
Definitivamente no tenemos ningún derecho a analizar los méritos o las fallas que puede tener el funcionario. Repito, esto ya le correspondió al gobierno extranjero, por lo tanto mi fracción parlamentaria votará a favor y yo invitaría a los señores diputados a que con base en derecho, con base en esta experiencia, depositen su voto, den su voto a favor para otorgarle permiso al licenciado Cabeza de Vaca y acepte esta condecoración. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Sonido a la curul de la diputada Batres.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Sí, señor Presidente. Quisiera que me otorgara el uso de la palabra por hechos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Quiero comentar que es vigente nuestro artículo constitucional, donde le da la facultad a este Pleno de decidir si un mexicano puede aceptar una condecoración de un gobierno extranjero y todavía, debo decir, que es tan vigente no solamente porque existe y no se ha modificado en la Constitución sino porque sigue vigente el peligro de que un mexicano haga favores a un gobierno extranjero, como es el caso de Daniel Cabeza de Vaca.
Si revisamos, sí está a juicio la serie de irregularidades que caracteriza o que caracterizaron la extradición de los vascos que estuvieron en el reclusorio oriente en este país. Si ese es el mérito digo habría que cuestionarlo.
Además quiero comentar otra cosa, tiro por viaje y de buena fe, estamos firmando estos decretos donde ni siquiera la Secretaría de Gobernación nos trata con respeto a los diputados dándonos un expediente más vasto, en cuáles son los méritos que consideró el gobierno extranjero para otorgarle una condecoración o un premio a un mexicano por alguna labor de colaboración.
Y debo decirlo, estamos votando a ciegas en este caso preciso. Vuelvo a reiterar la solicitud a nuestros compañeros diputados de negar el permiso para portar esta condecoración. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Sonido a la curul del diputado Pech.
El diputado Edgar Martín Ramírez Pech (desde la curul): Para rectificación de hechos y desde mi lugar, señor Presidente. Desde luego que no está a discusión que está vigente el artículo constitucional que establece que esta Cámara tendrá que aprobar el permiso a un ciudadano mexicano para recibir alguna condecoración; pero lo que no me parece en el argumento que se ha presentado anteriormente es que se insinúe, y que eso es lo que tendríamos que analizar, que el gobierno español está otorgando esta condecoración por un favor recibido por una persona o por un ciudadano mexicano.
Y en este sentido, la fracción parlamentaria de Acción Nacional no tiene ningún argumento para que se pudiera sostener esta aseveración. Y nos parece que negar un permiso en este sentido no sería, en todo caso, dañar al señor Cabeza de Vaca sino ofender al gobierno español que ha otorgado ya esta condecoración que no está en valoración; ya ha sido otorgada y sólo se pide el permiso para aceptarla.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramírez Pech. Sonido a la curul de la diputada Batres.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Señor Presidente, otra vez por hechos. Yo no estoy cuestionando al gobierno español, estoy aludiendo a una facultad que tenemos como Congreso, como Cámara de Diputados para darle o no el permiso al señor Daniel Cabeza de Vaca. Y ahí sí es todo nuestro derecho hacer las objeciones, análisis correspondientes para saber si le damos o no el permiso.
Como es vigente y tiene sustento, y yo radico en que el origen de este artículo era precisamente por el peligro de que otras naciones compraran favores de funcionarios mexicanos. Yo no creo que haya desaparecido este peligro y lo pongo claro en el punto de la discusión.
Ante una extradición plagada de irregularidades, la posición de la fracción parlamentaria del PRD es negarle que se le otorgue el permiso para portar dicha condecoración. No vemos mérito alguno, no tenemos otro dado que nos haya dado el expediente más que la solicitud del gobierno español, del Reino Español.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Solicito a la Secretaría ponga a votación este artículo primero del decreto que concede permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca.
Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de ciudadanas y ciudadanos diputados.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 367 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no se han registrado en su asistencia disponen de quince minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Vamos a reservar la votación al final, una vez que se den a conocer los demás proyectos. Adelante, secretario.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno en grado de comendador, que otorga la Nunciatura Apostólica en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea, si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto. Se van a hacer dos votaciones, éste de todos los proyectos de decreto de los dictámenes con excepción del que se reservó en el caso del artículo primero, del ciudadano Francisco Cabeza de Vaca.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Se va a proceder a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto, excepto el artículo primero, por el que se concede permiso al ciudadano Daniel Cabeza de Vaca Hernández.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Informo a la Presidencia que se emitieron 314 votos en pro, 8 abstenciones y 8 votos en contra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Ábrase nuevamente el sistema electrónico hasta por tres minutos para la votación de los demás decretos no reservados.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Se va a proceder a recoger la votación nominal de la reserva del artículo primero, por el que se concede permiso al ciudadano Daniel Cabeza de Vaca. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Batres.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Señor Presidente, para pedirle respetuosamente que le indique al Pleno que vamos a votar el artículo primero del decreto relativo al permiso para el señor Cabeza de Vaca. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Efectivamente se va a votar la reserva hecha por la diputada Valentina Batres respecto a la condecoración que otorga el gobierno de España al ciudadano Francisco Cabeza de Vaca. Ábrase hasta por tres minutos el sistema electrónico.
Esta Mesa Directiva lamenta el sensible fallecimiento del señor Federico Torres Nava, padre de la diputada María Elena Torres Baltazar, del grupo parlamentario del PRD. Descanse en paz.
(Votación)
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se emitieron 103 votos en contra, 5 abstenciones y 206 votos en pro.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el artículo reservado por 206 votos. Pasa al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Punto de acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Primero. Se exhorta a la Sagarpa a realizar estudios técnicos necesarios para garantizar que los recursos del FAPRACC mitiguen efectivamente los efectos negativos de fenómenos climatológicos extremos, para que los productores afectados aseguren su reintegración a sus actividades productivas lo más pronto posible.
Segundo. Se exhorta a la Sagarpa a llevar a cabo una revisión a fondo en las reglas de operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, FAPRACC, con la participación que corresponda de los gobiernos estatales y del Distrito, además de la opinión que sobre el particular puedan emitir los diputados federales con la finalidad de que dichas reglas sean más eficientes en su aplicación, que permitan que los recursos asignados a través de dicho programa se canalicen en forma oportuna y eficaz, logrando atacar el problema de que se trate a tiempo. Firma la Comisión de Agricultura y Ganadería. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. Se ha registrado para hablar en pro de este punto de acuerdo, el diputado Gustavo Pedro Cortés. Tiene la palabra.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las contingencias ecológicas se han sucedido con mayor intensidad en nuestro país en los últimos años; ello ha provocado que cada vez un número mayor de poblaciones y sus habitantes sufran los estragos de los cambios climatológicos, ya sean heladas, huracanes o sequías.
El dictamen que hoy discutimos surge de la preocupación de este Poder Legislativo por buscar mecanismos más eficientes para atender los daños que provocan las contingencias relacionadas con los abruptos cambios de clima.
El Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, el FAPRACC, es un mecanismo de respuesta y atención que busca minimizar los efectos negativos en el patrimonio de los productores y habitantes del campo.
Este programa otorga recursos a los productores para que puedan reemprender su actividad productiva, cuestión que es fundamental para garantizar que su nivel de vida no sea afectado de manera severa; sin embargo, uno de los problemas asociados a este programa es que los recursos no llegan con oportunidad o no son suficientes para apoyar a los productores rurales.
Las disposiciones normativas del Presupuesto de Egresos de la Federación señalan que debe haber revisiones externas a los programas y acciones del gobierno federal. En este contexto, la Sagarpa solicitó a la Universidad Autónoma de Chapingo una evaluación externa del FAPRACC.
Los resultados de dicha revisión arrojan que casi la mitad de los beneficiarios están insatisfechos con este programa. El mismo estudio señala que hay debilidades que deben ser subsanadas, por ejemplo que el padrón de beneficiarios es inconsistente.
Los diputados del Partido del Trabajo hemos señalado en reiteradas ocasiones que los programas públicos deben ser aplicados de manera rigurosa y buscando el beneficio de la población a la que van dirigidos. Hemos sostenido también que sólo con la fiscalización por parte de la sociedad podremos garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
Compartimos las razones que llevaron al diputado Alejandro Sánchez Camacho a presentar el punto de acuerdo que hoy se discute. Es necesario que los recursos del FAPRACC sean aplicados con transparencia y apegados a las normas presupuestales. Asimismo, nos parece adecuado que se revisen las reglas de operación de este fondo y que en ellas participen las instancias de las entidades federativas, el Poder Legislativo, con el fin de hacerlas más eficientes y que no se constituyan en un obstáculo para la aplicación de los recursos.
Compañeros y compañeras diputados. Los pronósticos del clima para este año indican que el calor va a ser muy intenso. En Durango, en particular, hay una gran preocupación de los productores porque los efectos de este calor ya se empiezan a sentir. Desde aquí invitamos a nuestros compañeros diputados para que apoyen este punto de acuerdo y las autoridades correspondientes tomen las medidas para que el programa se aplique de manera suficiente y con oportunidad, en bien de los productores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gustavo Pedro Cortés. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados, comuníquese. Continúe con los demás puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Punto de acuerdo
Único. La Honorable Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal envíe a esta soberanía la posición del Estado mexicano frente a la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros Fines Hostiles (ENMOD) y remita sus consideraciones a esta soberanía, a fin de que se puedan discutir en el seno de las comisiones de Relaciones Exteriores. Lo firma la Comisión de Relaciones Exteriores.
Acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa al gobernador del estado de Nayarit para que rinda un informe sobre los planes y trabajos que se han realizado durante su gestión para erradicar los altos índices de feminicidios en el estado.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al gobernador del estado de Nayarit para que en el ámbito de su competencia refuerce las acciones necesarias para que garanticen la seguridad de las mujeres y niñas en la entidad. Lo firma la Comisión de Gobernación. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquense.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Comisión de Salud.
Acuerdo
Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona un artículo 348 Bis a la Ley General de Salud, de fecha 21 de diciembre de 2006.
De la Comisión de Salud.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que les otorga el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de febrero de 2005.
De la Comisión de Salud.
Acuerdo
Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada Concepción Oliva Castañeda Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de noviembre de 2005.
De la Comisión de Salud.
Acuerdo
Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 22 de febrero de 2005.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 12 a la Ley sobre Celebración de Tratados y reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 6 de diciembre de 2005 por el diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento del Federalismo.
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que los municipios puedan aplicar hasta el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, a fin de cubrir adeudos en materia de alumbrado público, presentada por el diputado Martín Remigio Vidaña, el 22 de abril de 2004.
Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación, presentada por los diputados Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena, el 21 de noviembre de 2006.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Dictamen por el que resuelven las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 10o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Rangel Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de junio de 2006.
De la Ley del Impuesto Sobre la Renta presentado por el senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de octubre de 2005.
De la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los diputados Graciela Larios Rivas y Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de marzo de 2006.
De la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 3 de noviembre de 2005.
De la Ley del Impuesto Sobre la Renta presentado por el diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 25 de octubre de 2005.
De la Ley del Impuesto Sobre la Renta presentado por el diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 27 de abril de 2006.
De la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles, en materia de estímulos para inversión en energía renovable presentada por el senador Fauzi Hamdán Amad, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre propio y diversos senadores, el 25 de octubre de 2005.
De la Ley del Impuesto Sobre la Renta presentada por el disuado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 2 de febrero de 2006.
De la Ley del Impuesto Sobre la Renta presentado por el diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 30 de marzo de 2006.
De la Ley del Impuesto Sobre la Renta presentada por el diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 9 de febrero de 2006.
Acuerdo
Primero. Se desechan las 10 iniciativas mencionadas de la LIX Legislatura en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta objeto de este dictamen, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Segundo. Archívense los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos.
Es cuando, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo; archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas, de la Ciudad de México; de la Universidad del Valle de Atemajac de La Piedad, Michoacán; y del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, de Peana, Puebla aquí presentes. Bienvenidos.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se le dispensa la lectura.
Esta Presidencia recibió comunicación de la Comisión de Justicia. Proceda la Secretaría a dar lectura al comunicado.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicado firmado por los diputados César Camacho, Felipe Borrego y Víctor Montalvo de la Comisión de Justicia, dirigido al diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva.
"De conformidad con lo acordado por los integrantes de la Comisión de Justicia someto a su consideración la siguiente propuesta, con el objeto de modificar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en lo relativo al artículo 34, fracción I; así como la adición de una fracción III a dicho artículo.
En consecuencia, también se solicita la modificación de los considerandos del dictamen respectivo, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del jueves 8 de marzo de 2007, visible en la foja 16 del Anexo II.
Las modificaciones que se proponen son las siguientes:
a) En el proyecto de decreto se modifica la fracción I y se adiciona una fracción III al artículo 34, página 30.
Artículo 34. Las salas regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:
Primero. Se trate de personas morales que...
III. Se impugnen resoluciones emitidas por la administración general de grandes contribuyentes del servicio de administración tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha administración general.
a) En los considerandos del dictamen, apartado B, modificaciones a la minuta —página 19— se incluye el siguiente párrafo en el orden consecutivo que corresponda, de acuerdo con los artículos de la minuta que se modifica.
Se modifica la fracción I del artículo 34 para cambiar la palabra "empresas" por "personas morales", por ser este último el término jurídico correcto. Asimismo, se adiciona una fracción III al artículo 34, incluyendo como excepción para que las salas regionales conozcan de los juicios por razón de su territorio, los casos en que se impugnen resoluciones emitidas por la administración general de grandes contribuyentes del servicio de administración tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha administración general. Lo anterior obedece a los montos tan elevados que forman parte de las litis de dichos juicios. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por la Comisión de Justicia.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la Comisión de Justicia: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa y es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión en lo general, con la modificación propuesta por la Comisión de Justicia y aceptada por la Asamblea. Se han inscrito para fijar posición en esta discusión el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, el diputado José Manuel del Río Virgen, el diputado Jesús González Macías, el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera y el diputado Víctor Rubén Montalvo Rojas. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez: Con su venia, señor Presidente. Nueva Alianza reconoce que la principal obligación de los legisladores es adecuar la normatividad jurídica a la realidad social, económica y política de nuestro país.
Aprovechando las experiencias pasadas, consciente del futuro y con visión de futuro, este proceso de actualización o adecuación de la norma se verifica con este dictamen con proyecto de decreto de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que presenta la Comisión de Justicia, con el que se pretende reconocer la estructura y procedencia del tribunal con el fin de hacerlo más acorde con las competencias que actualmente tiene.
Al respecto, nos parece adecuado que se otorgue al pleno del Tribunal la posibilidad de abocarse primordialmente a la atención de los asuntos de índole jurisdiccional mediante la creación de la Junta de Gobierno y Administración, cuya función principal será dictar las medidas conducentes para el buen funcionamiento del Tribunal, dejando al pleno sólo la atención de las decisiones administrativas más relevantes como la propuesta de nombramientos de magistrados al Presidente de la República, la expedición del Reglamento Interior y el Estatuto del Servicio de Carrera.
Es positiva la propuesta de colaboración entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo por conducto del Senado de la República o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la participación del propio Tribunal por cuanto hace a las propuestas de magistrados que le formule el pleno, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración, pero reservando al pleno de la Sala Superior sugerir el candidato a una magistratura del propio Tribunal al Presidente de la República.
Se destaca la estrecha vinculación de las dos principales vertientes del proyecto. Por una parte, la modificación al proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal que contempla su propia participación y, por la otra, la creación de la Junta de Gobierno y Administración y la incorporación de los magistrados supernumerarios.
Otro acierto, sin duda, de esta Ley, es que mantiene el carácter del pleno de la Sala Superior como órgano supremo del Tribunal sobre la base de una permanente coordinación entre el pleno y la Junta de Gobierno y Administración.
No necesariamente aprobamos la temporalidad del cargo en el caso de los magistrados pero reconocemos la necesidad de dar una mayor estabilidad en el ejercicio y desempeño de este encargo.
Se incluyen en la Ley Orgánica del Tribunal cuestiones de competencia tales como la de conocer sobre resoluciones dictadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sobre los juicios que se promuevan contra los activos, actos administrativos.
Se crea el Sistema de Carrera Jurisdiccional, sustentado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia y que abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de los funcionarios públicos con funciones jurisdiccionales.
Como podemos ver, este dictamen sobre la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, representa un avance en la administración de justicia del país, por lo que el grupo parlamentario de Nueva Alianza, dará su voto a favor. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jiménez Godínez. Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Justicia discutió con profundidad el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Hay cambios significativos, de fondo. Hay un aumento en la competencia, se les otorgan mayores facultades de competencia al Tribunal, se crea una Junta de Gobierno y Administración, modificamos la integración de la Sala Superior, se crean dos magistraturas de Sala Superior, por lo que ésta se compondrá ahora de 13 magistrados, de los cuales 11 ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración.
Creación de cinco magistrados supernumerarios de la Sala Regional. Se encargarán principalmente de cubrir las faltas de los magistrados de Sala Regional y de sustituir a los dos magistrados de la Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración durante su encargo.
Crece la duración del cargo de magistrados; se aumenta la duración del nombramiento de los magistrados de la Sala Superior a 15 años improrrogables. Se les quitó un cochinito que se estaban preparando ahí los magistrados para que cuando se fueran, querían que les dieran un pago y hasta decía "por única vez".
Se les quitó, ahí hubo una votación favorable para que no se les diera ese cochinito a los magistrados una vez que terminaran esos 15 años.
Se crea un sistema profesional de carrera jurisdiccional; se crean salas regionales especializadas; habrá un domicilio fiscal del demandante como base de la competencia territorial de las salas regionales del tribunal; se crea un boletín procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos.
En la Comisión de Justicia discutimos y concluimos que los magistrados en ejercicio continuarán hasta concluir su periodo y luego, podrán ser propuestos pero ya será la potestad del presidente y por supuesto, del propio Congreso, quien determine el futuro de ellos.
Fue verdaderamente una discusión a fondo, todos los partidos participamos, los miembros de la Comisión de Justicia discutimos. Recuerdo muy bien que había el interés por algún lado, de que también los magistrados ganaran igual que los ministros de la Suprema Corte. Se discutió a profundidad y se concluyó que para que ganen como ministros de la Corte, pues tienen que ser ministros.
Así es que a profundidad, con toda libertad discutimos este dictamen que hoy nos da una Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si todos ustedes la votan a favor, fuerte, perfectible claro, pero tendremos una nueva ley para beneficio de todos los que acudan a ese Tribunal. Muchísimas gracias. Les pido su voto a favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen. Tiene la palabra el diputado Jesús González Macías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Jesús González Macías: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas, la trascendente función pública encomendada al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del sistema jurisdiccional mexicano y la confianza en el cumplimiento exige en nuestros días, llevar a cabo reformas legales que permitan garantizar a los gobernados un verdadero acceso a la justicia.
Por una parte, al modificar el proceso de nombramiento de magistrado del Tribunal se prevé la participación del Pleno de la Sala Superior, quien tendrá la facultad para someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración.
Esta reforma propicia que al evaluar el desempeño de los magistrados, implícitamente éstos estén limitados a desempeñar sus funciones en materia eficaz, eficientemente; ya que la evaluación estará basada en elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño de su cargo.
Por otra parte, la creación de la junta de gobierno y administración, que tendrá competencia para conocer de la administración, vigilancia, disciplina y la operación de la carrera jurisdiccional, dará lugar a descargar al Presidente del Tribunal de alguna de sus funciones, materialmente administrativas, que lo distraen de las funciones primordiales, que es impartir la justicia.
La creación de un sistema profesional de carrera jurisdiccional que estará basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia aplicable a los secretarios de acuerdos de la Sala Superior y la Sala Regional, actuarios, contralor interno, entre otros, fomentará la integración de un Tribunal con personal idóneo, bien preparado y con la práctica previa en las funciones esenciales en el que normalmente se permanece un largo tiempo en su desempeño.
El sistema profesional de la carrera jurisdiccional propiciará que el Tribunal cuente con funcionarios con una adecuada formación y capacitación. Estas reformas y las relativas al aumento de la competencia material del Tribunal, la modificación de la integración de la Sala Superior, el incremento de la duración del cargo de los magistrados, entre otras, constituyen un avance positivo en nuestro sistema de impartición de justicia.
Compañeros legisladores, en virtud de que el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contribuirá a una mayor eficiencia y dinamismo en la administración de la justicia y a elevar y dignificar la actuación de los magistrados. Por eso, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor de su dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Macías. Tiene la palabra el diputado Jorge Mario Lesciur Talavera, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea. La modernización y fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país debe ser un imperativo que permita la solución de controversias de manera clara, accesible y eficaz, mediante juzgadores públicos, fuera de sospecha y subordinación política. Así lo sostiene mi grupo parlamentario del Revolucionario Institucional.
El dictamen que se pone a discusión persigue precisamente ese objetivo, a favor de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Primero, como tribunal fiscal, este órgano jurisdiccional conoció juicios de revisión en materia fiscal, pero su competencia se amplió para un radio material de controversias del ámbito del derecho administrativo.
Fue constituido con una natural dependencia del Ejecutivo federal, sus magistrados eran nombrados por él y su ejercicio presupuestal era asfixiado por la Secretaría de Hacienda. Eso le valió —inclusive— que, al igual que otros tribunales, fuera señalado por la doctrina como tribunal administrativo, en su connotación burocrática, y no precisamente por la materia de su competencia.
Afortunadamente, tan importante órgano jurisdiccional, virtud a las reformas del Congreso, ha venido superando estas etapas, ensanchando su competencia y ganando cada vez una mayor autonomía.
Ahora, el tribunal ya no es sólo un órgano para impugnar las resoluciones fiscales y administrativas, sino que está a punto de dar un gran salto hacia la jurisdicción autónoma, con la acción y el juicio de responsabilidades, a partir de la reforma constitucional de noviembre pasado —cuyas generalidades me permití señalar en una intervención anterior en este podium— al proponer a ustedes la necesaria iniciativa de reforma complementaria.
Esto es, deberán adecuarse y reformarse para la eficacia de la ley —cuyo dictamen hoy votamos— tres leyes más que son: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Responsabilidades Administrativas y, por supuesto, la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo.
En responsable y unánime criterio, la Comisión de Justicia de esta Legislatura —como se ha dicho acá— entró al análisis de la minuta del Senado, para transformar radicalmente su ley orgánica, oyendo incluso la comparecencia de sus magistrados de su Sala Superior.
De estas discusiones se deben destacar, como principales aportaciones alcanzadas en el dictamen, las siguientes:
Surge un aumento de su esfera autonómica Se introduce novedosamente su competencia material, para conocer de diversos juicios. Se conforma una Junta de Gobierno de Administración. Se apuntala una mayor vigilancia de los recursos asignados y de esta manera se le pretende una mayor desvinculación de la Secretaría de Hacienda, se crean dos magistraturas de Sala Superior para un total de 13, cuya designación la deben compartir el Ejecutivo, el Legislativo y el propio Tribunal; se amplía su ejercicio del cargo a 15 años; se crea un Sistema Profesional de Carrera Jurisdiccional y, ahora el domicilio legal fiscal del demandante será la referencia de la competencia territorial.
Esta Cámara puede coincidir, si encuentra la empatía de ustedes, con el interés de la colegisladora, para actuar por la vía institucional, la impartición de justicia administrativa sustentada en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia.
Mi grupo parlamentario solicita a todos ustedes, a todas ustedes, su voto decidido a favor de este dictamen, el cual con las modificaciones aportadas por la Cámara de Diputados, hallará —estamos seguros— el eco necesario en la Cámara de Senadores.
Y finalmente, quiero informar a esta Asamblea, este día se está verificando en la conocida Universidad La Salle, por cierto en un foro con la presencia de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Senado, un importante foro donde me permití, por la mañana, a nombre de mi grupo parlamentario, presentar estos avances que venimos desarrollando en la materia. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Lescieur. Tiene la palabra el diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: Con su venia, señor Presidente. Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fijar posición respecto de esta trascendental reforma al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Efectivamente, al seno de la Comisión se desarrolló una discusión muy seria, vasta, responsable. Convencimos, nos convencieron, tenemos la intención de votar en lo general a favor; sin embargo, mantenemos también una reserva respecto del artículo séptimo transitorio, que al seno de la Comisión indudablemente generó suspicacia y no sólo al seno de la Comisión; también al seno del mismo Tribunal.
Y es importante resaltarlo porque este Tribunal, como todos sabemos, sigue siendo dependiente; es un apéndice, desafortunadamente, del Poder Ejecutivo. Hoy, un ciudadano que impugne cualquier resolución administrativa se encuentra con que la misma resolución recae en el Poder Ejecutivo.
Quisiéramos haber visto una reforma que equiparara o que dotara de autonomía plena, que se incorporase al Poder Judicial de la Federación; sin embargo, a valoración de nuestro grupo parlamentario, hay avances significativos; efectivamente se crean facultades nuevas, se dota de presupuesto, de una cierta autonomía, de una desvinculación de la Secretaría de Hacienda, y esperamos que este camino nos lleve finalmente a cortar el cordón umbilical del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, quisiera alertar en términos de la reserva que hará nuestro grupo parlamentario del artículo séptimo —como lo anuncié—, en el sentido de que tenemos un temor fundado de que esta reforma lleve nombre y lleve destinatario.
El mismo Tribunal llegó a la Comisión de Justicia dividido; llegaron magistrados con posiciones diversas. Destacaban dos, en términos de la interpretación que se le da al artículo séptimo transitorio, con relación a la permanencia de magistrados que hoy detentan su cargo y tenemos fundado cuestionamiento, porque hemos sabido de intenciones de introducir en el Tribunal a destacados litigantes o cercanos litigantes a los despachos de Diego Fernández de Cevallos, de Fauzi Hamdan, en fin.
Esto sí lo queremos dejar claro, lo vamos a reservar, pero no quisiéramos dejar la percepción de que estamos en contra de esta ley únicamente por eso; lo vamos a dejar muy claro para que sea la opinión pública, los litigantes y todo aquel ciudadano que llegue a solicitar justicia administrativa, que sean vigilantes de las acciones que se tomen en términos del nombramiento de futuros magistrados.
Estamos a favor de que efectivamente, el Tribunal sea dotado de presupuesto autónomo, de que se puedan emprender acciones en aras de establecer la transparencia, de que se otorgue al Pleno la posibilidad de abocarse a la atención de asuntos jurisdiccionales. En eso estamos de acuerdo y contarán con nuestro voto en lo general, a favor; sin embargo, haremos la reserva que acabo de mencionar. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Montalvo. Tiene la palabra el señor diputado Jesús de León Tello, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Jesús de León Tello: Con su permiso, señor Presidente. Antes de dar inicio al posicionamiento del grupo parlamentario de Acción Nacional, quiero precisar que el artículo séptimo transitorio de la ley del dictamen que está a discusión habla de la posibilidad de continuar, previa evaluación de los magistrados que actualmente están en funciones, no tiene que ver, no tiene nada que ver la autonomía del Tribunal, toda vez que la autonomía viene desde la Constitución en el artículo 73.
Creo que el artículo 7o. es muy claro, que previa evaluación que tengan los magistrados al concluir para el periodo que fueron designados, podrán —previa evaluación— ser nuevamente propuestos para que sean ratificados en el cargo de magistrados, que no tiene que ver nada con la autonomía del Tribunal.
Hecho lo anterior quiero pedir el voto a favor de todos los legisladores en este dictamen, toda vez que la importancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del sistema jurisdiccional mexicano, se plasmó en la exposición de motivos de ley que lo creó.
Se deseaba desde el inicio, que este Tribunal Administrativo se convirtiera en el órgano que prestigiará en México la impartición de la justicia administrativa.
El Tribunal ha ido evolucionando y se le ha dotado de nuevas competencias, con el objeto de ampliar los supuestos en que los particulares antes de recurrir ante el Poder Judicial de la Federación acudan ante una instancia administrativa plenamente autónoma. El objetivo es claro, revisar los actos de la administración pública federal que les producen un perjuicio o alteración en su esfera jurídica.
Bajo esa perspectiva de origen, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha cumplido fielmente el alto encargo de ser custodio de la legalidad de los actos de la administración pública, en aquellas materias de su competencia.
Recordemos que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano jurisdiccional autónomo, que en términos del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.
Acción Nacional tiene claro que el desarrollo del país requiere de instituciones fuertes, sólidas y comprometidas con la sociedad mexicana. Por lo que el pasado 10 de febrero de 2006, los entonces senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, Héctor Larios Córdoba y Jorge Zermeño Infante, presentaron e impulsaron la iniciativa de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; la cual, entre sus principales objetivos, busca reconocerlo como un tribunal de lo contencioso administrativo, con la fortaleza y profesionalización que una institución de tal importancia debe tener en todo momento.
El pasado 19 de abril la Cámara de Diputados recibió la minuta de la colegisladora que contenía la iniciativa de la nueva ley. Consideramos que es de vital importancia promover y alentar todas aquellas reformas que vengan a actualizar y mejorar nuestras instituciones jurídicas, tal y como la reforma que hoy se impulsa que contiene, entre otras, las siguientes características principales:
Que sea el domicilio fiscal del actor el que se tome como base para fijar la competencia territorial de las salas regionales del Tribunal; la creación de la Junta de Gobierno y Administración; se modifica la integración de la Sala Superior; la creación de cinco magistrados supernumerarios; amplía la duración del cargo de los magistrados; crea un sistema profesional de carrera jurisdiccional, lo cual permite una mayor capacitación y mejor calidad de las actuaciones del tribunal; crea las salas regionales especializadas; una mayor competencia en materia del tribunal y el boletín procesal para notificar las resoluciones y acuerdos.
Sin duda, la reforma refleja claramente el sentir institucional de los legisladores de Acción Nacional, así como el compromiso que tenemos respecto de la profesionalización de nuestras instituciones gubernamentales, jurídicas y políticas, siempre con la intención de elevar el estado de derecho y posicionar a México como un país de instituciones sólidas y a la vanguardia en la modernización y profesionalismo de todos y cada uno de los órganos de nuestra nación.
Finalmente, reconocemos ampliamente a los señores legisladores de la Comisión de Justicia que en un ejercicio de pluralidad y consenso votaron a favor de la iniciativa que hoy presentamos, la cual constituye el reflejo de un diálogo y de una gran apertura al interior de este honorable recinto legislativo. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jesús de León Tello. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa a la Asamblea que se ha reservado para la discusión en lo particular el artículo 7o transitorio, por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo. Se pregunta a la Asamblea si hay algún otro diputado que desee reservar algún otro artículo.
En consecuencia, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior, ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
(Votación)
Señor Presidente, se emitieron 2 votos en contra, 1 abstención y 362 votos en pro.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 362 votos. Para la reserva en lo particular, tiene la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el artículo 7o. transitorio.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor Presidente. Los suscritos diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como integrantes de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124, 125 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formulamos reserva con relación al dictamen con proyecto de decreto de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Reconocemos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como aquel órgano que tiene como principal función la impartición de justicia, en específico donde un particular o gobernado se enfrenta a la administración pública federal para tratar de obtener la nulidad de un acto de autoridad que le cause una afectación en su esfera jurídica.
Reconocemos la aceptación de modificaciones planteadas por nuestro grupo parlamentario ante el pleno de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados; sin embargo consideramos que sería inapropiado aprobar el artículo séptimo transitorio, toda vez que establece que los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el periodo para el cual fueron designados.
De acuerdo con la Ley que se abroga, al término de dicho periodo entregarán la magistratura sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos previa evaluación de su desempeño, para ser nombrados como magistrados en términos de lo dispuesto por esta Ley.
De la lectura de este artículo transitorio, se aprecia que cuando menos tiene dos problemas serios:
Primero. Con base en la redacción del transitorio propuesto, los magistrados del Tribunal que fueron propuestos con la Ley vigente, no tendrían la misma oportunidad para cumplir con los años establecidos en esa misma Ley que los propuestos con la nueva Ley, lo cual sería violatorio de la garantía de igualdad establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establece que se debe dar un trato igual a los iguales y en ese sentido, tanto los magistrados propuestos por la Ley vigente como los propuestos por esta Ley, deben estar en igualdad de circunstancias para el ejercicio de sus funciones.
Segundo. ¿Quién o qué órgano evaluaría el desempeño de los magistrados, no obstante que la evaluación se realice por la Junta de Gobierno y Administración del propio Tribunal? Lo trascendental es quién decide sobre la permanencia de los magistrados. No debe pasar desapercibido que una de las últimas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgó el amparo a siete magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Jalisco, por violaciones cometidas a sus garantías individuales por una reforma del Congreso local, donde se señalaba que los magistrados serían evaluados por ellos mismos y el Congreso decidiría si los mismos eran ratificados o separados de su encargo.
Este mismo asunto derivó en una controversia constitucional por invasión de competencias del Poder Legislativo de Jalisco en contra del Poder Judicial de la misma entidad. Dicha controversia fue resuelta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando inconstitucional dicha reforma.
Es necesaria la adecuación para que no se perjudique a los magistrados actuales y a los que están en proceso de ratificación. Esta propuesta coincide con la de la mayoría de los magistrados que acudieron a solicitud de la Comisión de Justicia, el pasado 21 de noviembre.
Por las razones anteriormente expuestas, nuestra propuesta del séptimo transitorio es la siguiente:
Séptimo transitorio. Los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el periodo al que se refiere el artículo quinto de esta Ley.
Por su atención gracias, y esperamos, de igual manera, que pueda tenerse la mayoría para darle la inmovilidad a los magistrados y garantizar que los magistrados que estén en este alto Tribunal, puedan tener la capacidad y que tengan una carrera jurisdiccional y no violar este derecho constitucional. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, al artículo séptimo transitorio.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la diputada Alliet Mariana al artículo séptimo transitorio: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se desecha. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo particular.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficiente discutido: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por tres minutos para proceder a la votación del artículo séptimo transitorio reservado y todos los demás artículos.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal del artículo séptimo transitorio en los términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, se emitieron 245 votos en pro, 79 votos en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
Esta Presidencia recibió del diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que haga un llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de connacionales. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
También se recibió de los diputados Ector Jaime Ramírez Barba y Margarita Arenas Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud emita el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones. Se turna a la Comisión de Salud.
Del diputado Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo al Día Internacional contra la Tuberculosis. Se turna a la Comisión de Salud.
De la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado al Estado por los medios de comunicación se destine un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva y a la no discriminación. Se turna a la Mesa Directiva.
De la diputada también, Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud emita comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-190. Se turna a la Comisión de Salud.
Del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que solicita una auditoría a la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
De la diputada Aleida Alavez Ruíz, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo a la protección de los humedales mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Del diputado Carlos Sánchez Barrios, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Capufe instrumenten las medidas necesarias para reducir las tarifas de peaje en las autopistas que administran. Se turna a la Comisión de Transportes.
Se recibió de diversos grupos parlamentarios punto de acuerdo por el que se crea la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad y cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídos por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo expida un decreto para que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2006.
El diputado José Luis Varela Lagunas: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea, el suscrito, José Luis Varela Lagunas, diputado federal por la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal para que expida un nuevo decreto por el que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones más afectadas del estado de Oaxaca a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal y a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla, prorrogando la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de octubre de 2006, a efecto de que los beneficios y estímulos fiscales continúen aplicándose y se amplíen durante el año 2007.
Consideraciones
La economía en el estado de Oaxaca está paralizada por la baja actividad turística causada por el conflicto magisterial y social, además de la poca promoción de la misma por parte de los gobiernos estatal y federal.
En Oaxaca hay un estado débil de derecho y un ambiente de desconfianza en relación con la solución real del conflicto, por lo que la sociedad oaxaqueña insiste en que lo peor de la recesión económica está por venir.
Los beneficios, exenciones y estímulos otorgados por el Poder Ejecutivo mediante el acuerdo del 28 de noviembre de 2006, si bien es cierto que constituyeron una respuesta a las circunstancias imperantes, también lo es que las condiciones han variado, por lo que se impone ampliar sus alcances y objetivos.
Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Punto de acuerdo
Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, expida un nuevo decreto por el que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal, a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de las zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla, prorrogando la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2006, a efecto de que los beneficios y estímulos fiscales relativos continúen aplicándose durante el año 2007.
En un momento termino, señor Presidente. Le pido su anuencia para continuar esta propuesta.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Adelante.
El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Segundo. Se amplíen los beneficios y estímulos considerados en el decreto que prorroga la vigencia del expedido el 28 de noviembre de 2006 por el Ejecutivo Federal, con los siguientes:
Exención del 100 por ciento del Impuesto sobre la Renta para Personas Morales y Físicas, previstos en los artículos 10 y 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Diferimiento del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a efecto de que los contribuyentes puedan realizar el pago en parcialidades durante el Ejercicio Fiscal de 2008.
Reducción en el pago de 50 por ciento de las cuotas del Seguro Social, a que se refiere la fracción XV del artículo 5o. de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Diferimiento de las aportaciones que corresponden al patrón y a los trabajadores en los términos de la fracción II del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que se paguen en parcialidades durante el Ejercicio Fiscal del 2008.
Se promuevan mayores fuentes de financiamiento a los empresarios oaxaqueños, incluyendo a la mediana y pequeña empresa, a profesionistas, taxistas, artesanos con instituciones públicas y privadas para impulsar las actividades productivas, comerciales y prestadoras de servicios.
Se acuerde con las instituciones financieras correspondientes, el Infonavit y Fovissste, una prórroga de 18 meses a efecto de que los deudores hipotecarios de las Sofoles puedan regularizar sus pagos mensuales relativos a la adquisición de casa-habitación.
Se deberá conceder un plazo de gracia de 18 meses, contados a partir de la expedición del decreto correspondiente o cuando menos, el del 28 de noviembre de 2006, en el que se suspendan todos los trámites de cobranza o procesos de ejecución relacionados con los contribuyentes, o pagos a que se refieren los incisos anteriores.
Durante este plazo de gracia se aplicará un sistema general de condonación del 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución.
Los beneficios que se determinan en los incisos 1), 2), 3) y 4) se otorgarán a favor de todos los contribuyentes en general, y/o tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las regiones afectadas del estado de Oaxaca, o que tengan su domicilio fiscal fuera de las regiones afectadas del estado de Oaxaca pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento dentro de dichas regiones, o que tengan su domicilio fiscal en las regiones mencionadas, pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento o actividad fuera de ellas, quienes gozarán de los beneficios establecidos correspondientes a las agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento, o bien a los atribuibles al domicilio fiscal ubicados en las regiones afectadas del estado de Oaxaca.
Concluyo, señor Presidente. Se solicita del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo y se tramite a comisión con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Les pido, por favor, de que también Oaxaca es un estado de la Federación, el cual necesita del apoyo de esta soberanía. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como lo ha solicitado el diputado José Luis Varela. Sonido por favor a la curul del diputado Arredondo.
El diputado Salvador Arredondo Ibarra (desde la curul): Presidente, sólo para sumarme al punto de acuerdo del compañero diputado José Luis Varela.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Diputada Irma Piñeyro, ¿con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada Irma Piñeyro.
La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias (desde la curul): Señor Presidente, para sumar mi apoyo al punto de acuerdo presentado por el diputado José Luis Varela ya que el 16 de noviembre del año pasado, presenté un punto de acuerdo en los mismos términos. Confiamos ahora que con esta propuesta se dé una respuesta positiva para el Estado de Oaxaca. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Pablo Arreola y si no hay inconveniente del diputado Varela, para que se sumen a su punto de acuerdo. Queda entonces a las órdenes de ustedes aquí en la Secretaría el documento para que lo suscriban. Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Señor Presidente, para sumarme al punto de acuerdo del compañero José Varela.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: De acuerdo. Carlos Altamirano del PRD.
El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): También para sumarnos a ese punto de acuerdo, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Diputada Patricia Villanueva.
La diputada Patricia Villanueva Abrajan (desde la curul): Señor Presidente, para solicitarle al diputado Varela me permita también adherirme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Está a disposición de todos los diputados que han hecho uso de la palabra y si alguno más así lo considera, este punto de acuerdo en la Secretaría para que lo puedan suscribir. Se ratifica el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Beatriz Pagés Llergo, para presentar punto de acuerdo en relación con el cierre de la biblioteca "José Vasconcelos", suscrito también por el diputado Alfonso Suárez del Real.
La diputada Beatriz Pagés Llergo Con su permiso, señor Presidente. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional someten ante esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como ha trascendido, la biblioteca "José Vasconcelos", la obra cultural más importante del sexenio que presidió el señor Vicente Fox Quesada, está cerrada debido a una serie de problemas e irregularidades derivados de las condiciones en que fue construida. Además que la precipitación en el desarrollo y ejecución del proyecto impidieron definir si la citada obra era biblioteca de acervo, biblioteca de investigación o una central digital.
En un principio se habían presupuestado para el proyecto de la biblioteca "José Vasconcelos", mil millones de pesos, monto que al final alcanzó los dos mil 300 millones de pesos más un fideicomiso de 289 millones de pesos administrados por Nacional Financiera, cuyo contrato es poco claro.
Una donación de 40 millones de dólares que realizó el empresario Bill Gates que se usaría para equipamiento de la mega biblioteca y que a la fecha no se sabe cuál fue el destino de los recursos. Así también como 418 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a favor del Conaculta, cuya aplicación también se desconocer.
El mega proyecto de la biblioteca "José Vasconcelos" fue diseñado con una infraestructura para albergar un acervo bibliográfico de millón y medio de libros; sin embargo, sólo existen 500 mil libros de los cuales aún no se clasifican, permaneciendo vacíos más del 40 por ciento de los anaqueles, de los cuales las goteras y filtración de humedad han dañado cerca de 30 mil volúmenes.
Contar con 750 terminales de cómputo con acceso público y gratuito conectadas a Internet, donde casi la tercera parte de las terminales no funciona. Se construyó una cisterna con una capacidad de 6 millones de litros, que se utilizarían para regar los 22 mil metros del jardín botánico y así evitar que la biblioteca se inundara; sin embargo, el edificio en la primera temporada de lluvia sufrió inundaciones. Por todas estas razones presentamos el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Solicitamos a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya a ésta para que en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como lo previsto por los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Realice una revisión de situación excepcional aplicada al proyecto de construcción de la mega biblioteca, México "José Vasconcelos" y el impacto de sus modificaciones, mecánica de suelos, de comportamiento sísmico, estructural y cimentación, en particular, la calidad, cantidad y estado de los materiales utilizados; así como, el cumplimiento de las normas básicas del programa de protección civil con el que debe de contar —un minuto solamente señor Presidente, para terminar.
Segundo. Que la revisión de la situación excepcional comprenda el período del 16 de mayo del 2003 al 30 de noviembre de 2006.
Tercero. Con la finalidad de otorgar certeza, imparcialidad y objetividad solicitamos que se constituya un comité técnico pericial, conformado por especialistas reconocidos por la Facultad de Ingeniera de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de Ingenieros.
Cuarto. Se cree una comisión especial conformada de manera plural, con el objeto de dar seguimiento a las investigaciones y acciones emprendidas en torno a la biblioteca "José Vasconcelos", cuya duración será de un año, a partir de la fecha de su constitución.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de marzo de 2007. Firman los diputados José Alfonso Suárez del Real, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Emilio Ulloa, del mismo partido y la diputada María Beatriz Pagés Llergo, del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Presidente, yo sí pediría, no me queda clara la votación. Yo la pediría nominal.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Ábrase el registro electrónico para que se haga la votación nominal, en virtud de que así lo solicita la propia Secretaría, por cinco minutos.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Háganse los avisos del artículo 161. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos.
(Votación)
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Señor Presidente, se emitieron 163 votos en pro, 3 abstenciones, 143 votos en contra. No hay las dos terceras partes.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En virtud de que no hay las dos terceras partes, no se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, suspenda las importaciones de carne de cerdo, en tanto no se resuelva la situación de la porcicultura nacional.
El diputado Francisco Domínguez Servién: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas de esta LX Legislatura. Con fundamento a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presentó el siguiente punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal, suspenda las importaciones de las piernas, paletas y trozo de cerdo, en su modalidad fresca, refrigerada o congelada, en sus fracciones arancelarias 0203.12.01 y 0203.1, en tanto no se resuelva la situación crítica de la porcicultura nacional.
La porcicultura mexicana, compañeros, como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte —el TLCAN—, se ha visto seriamente afectada por importaciones a precios dumping de todos los productos de la cadena porcícola, desde el cerdo en pie hasta los diferentes cortes.
Dejaría de manera ilustrativa a esta Mesa Directiva y a la Presidencia, donde se muestran las siguientes estadísticas de importaciones de piernas de cerdo, donde se observa tan sólo en los últimos seis años, crecieron 116 por ciento, sin considerar el periodo de 1996 al 2006, donde ésta creció en dos mil 600 por ciento.
El crecimiento sostenido de importaciones dio como resultado una saturación del mercado, donde la competencia desleal ha mermado el ingreso de los productores. Ante esta situación, los precios del ganado de cerdo en pié han mantenido una tendencia a la baja en los últimos dos años; de enero de 2005 a la fecha se redujo 20 por ciento mientras que en el 2006 fue del 17 por ciento.
El incremento en los precios de los granos en el año de 2006 y lo que va de 2007 fue del 54 por ciento, lo que repercutió en un momento en los costos de producción en un 24 por ciento, y ante esta situación de depreciación no se han logrado repercutir estos costos en el mercado que han mermado las utilidades de los productores.
Considerando esto, que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores han hecho diversos puntos de acuerdo que ven esta situación, que la porcicultura es importante para la actividad pecuaria, de la cual dependen un gran número de familias del sector rural.
Finalmente es urgente, compañeros, adoptar medidas de protección a la porcicultura nacional, para preservar esta garantía, que asegura la soberanía alimentaria del país, evitando la dependencia de productos de importación, con mayor razón cuando éstos son introducidos al país con precios dumping.
Emito el siguiente
Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Primero. Se solicita al Ejecutivo federal suspenda las importaciones de las piernas, paletas y trozos de cerdo en su modalidad de fresca, refinada y congelada, en tanto no se resuelva la situación crítica de la porcicultura nacional; y
Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal realice una investigación minuciosa de la actuación de las instancias responsables del monitoreo de prácticas desleales de comercio en la atención de esta problemática que afecta gravemente a la producción nacional. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Hay dos terceras partes; hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución, en consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Adelante, compañero, diputado Salvador Barajas del Toro.
El diputado Salvador Barajas del Toro: Muchas gracias, Presidente. Y con su permiso en nombre de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta alta tribuna para manifestar nuestra adhesión sobre este exhorto de esta honorable Asamblea al Ejecutivo federal, para que de una vez por todas se decida enérgicamente a tomar decisiones para socorrer a los productores pecuarios mexicanos.
Las estadísticas citadas por quien presenta esta iniciativa, referentes a la importación de carne de cerdo, son patéticas pues exhibe de manifiesto que no existe una soberanía alimentaria como tal y que revela el desmesurado acaparamiento de la disponibilidad en el mercado por la introducción de despojos cárnicos comestibles.
Es oportuno exponer que en este mismo sentido y en materia, una observación adecuada a la que se pretende pronunciar no es otra sino el perjuicio provocado por la exorbitante importación, debido al libre comercio que ejercemos en nuestro vecino país del norte, en donde otros sectores pecuarios y, muy en particular, también el bovino y el avícola se ven involucrados.
Por eso quisiera mencionarles las importaciones de carne de ave y de res deshuesada que han estado ingresando en los últimos días en toneladas. En el 2006 fueron doscientas 110 mil toneladas de carne de especie bovina fresca refrigerada, de corte sin deshuesar fueron dos millones 629 mil toneladas; en lo que se refiere a la carne de aves fresca, refrigerada y congelada fueron 382 mil 150 toneladas.
Por lo cual nosotros nos sumamos a este punto de acuerdo, pero a la vez también, le proponemos a quien ha presentado esta iniciativa que no nada más se detengan las importaciones de carne de cerdo, que en este mismo punto de acuerdo se plasme el que se agregue "que se limiten las importaciones de carne de res y la carne de aves" para verdaderamente proteger a los productores de nuestro país.
La alza de los granos no ha venido nada más a afectar a los porcicultores, la alza de granos ha venido a afectar a toda la cadena pecuaria, por lo cual si queremos una verdadera solución a este tema y verdaderamente queremos defender a los productores pecuarios mexicanos vamos diciéndole al Poder Ejecutivo federal que retenga las importaciones de cerdo, de res y de aves; ésa es la postura del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado César Duarte.
El diputado César Horacio Duarte Jácquez: Gracias, compañero Presidente. Este tema sin duda que es un tema sensible, delicado, pero que también nos lleva con una enorme responsabilidad a la posición que este Congreso pueda asumir en este punto de acuerdo.
Sin duda somos solidarios con una expresión de desesperación de los productores porcícolas del país, pero como aquí el diputado Salvador Barajas Del Toro también lo plantea desde el punto de vista de los productores de carne bovina y de ave.
Pero la trascendencia de una decisión de esta envergadura, de este tamaño, significaría la posición del Congreso a cerrar la importación de todo producto cárnico, de cerdo, de ave y de res. Lo cual, sin duda, al no ser autosuficientes en algunos de estos sectores, pondríamos en difíciles condiciones a la industria nacional que ya tiene en un proceso permanente de transformación de estos productos.
Por lo que a la circunstancia, yo plantearía al diputado Domínguez —iniciador de este punto— que hagamos a un lado la posición radical de cerrar en este momento, que sea la posición de cerrar la importación de estas carnes y que naturalmente sería el apoyo a Salvador Barajas Del Toro y que nos diéramos a la tarea en un acuerdo, de convocar al subsecretario Carlos Arce, que tienen en la responsabilidad la autorización de las importaciones de productos cárnicos al país, a una comparecencia a la Comisión de Agricultura, Ganadería, a la Especial de Ganadería, a la de Desarrollo Rural, para que ahí pudiéramos ventilar los criterios que mueven y motivan a los diputados que con toda solidaridad hoy reflejan inquietud de los productores agropecuarios, sobre todo porcícolas del país.
Sería esa la postura en que me gustaría que más que radicalizar la posición del Congreso diéramos la oportunidad de una comparecencia para llegar a acuerdos con la Secretaría de Agricultura.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Pablo Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, señor Presidente. El asunto que estamos discutiendo y que espero que sea votado por unanimidad, tiene una razón fundamental de acuerdo con la situación económica de nuestro país. En la cuestión de importaciones se está dando una política indiscriminada y no únicamente en el asunto de la carne de cerdo, sino también de otros productos agropecuarios.
Creo que es correcto lo que está planteando el compañero diputado Domínguez; y también fortalece la posición del diputado Salvador Barajas y de César Duarte. Sí se requiere ahorita que se detenga la importación.
El mismo punto de acuerdo nos está diciendo que revisemos, no es cerrar ya la importación y después a ver qué hacemos; el punto es muy concreto y dice: "Hay que parar las importaciones de los productos cárnicos de puerco", pero también revisemos y yo creo que es correcto que comparezca la instancia correspondiente para que se revise con exhaustividad cuál es la situación que están guardando todas las importaciones de los productos cárnicos.
Entonces nos sumamos y en lo individual, como diputado del Partido del Trabajo, Pablo Arreola, en todos los términos nos sumamos al punto de acuerdo.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Javier González.
El diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señor Presidente. Es un tema fundamental, quisiéramos de partida coincidir con la propuesta que se está haciendo por parte del Partido Acción Nacional.
Efectivamente hay problemas de más profundidad. No nos equivoquemos, estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo con el añadido. Sí hay problemas de mucho más profundidad.
Nuestros productores están compitiendo en una competencia desleal, porque resulta que de los Estados Unidos nos están enviando lo que ellos no consumen, pero no nos están permitiendo a nosotros exportarles —y no nos permiten exportarles— por asuntos de sanidad. De pronto nos dicen que no puede entrar ni carne de res ni carne de pollo porque tiene problemas con la sanidad, pero eso lo manejan de acuerdo a sus intereses.
El problema tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con respecto a eso. Cualquier productor de pollo les dice: "Si a mí me permiten vender la pechuga en los Estados Unidos al precio que se compra allá, les regalo todo lo demás". Eso es lo que está pasando; estamos compitiendo con esa carne deshuesada y con esa carne congelada que nos están enviando y están en contra de nuestros productores.
Por lo tanto, nosotros, el grupo parlamentario del PRD está de acuerdo y se suma a la propuesta con el añadido que hace el compañero Duarte. Nos llama la atención un problema; resolvamos ese problema de fondo, no ahorita, discutamos el problema en serio, de cómo vamos a integrar nuestros productos en el Tratado de Libre Comercio, porque lo que está pasando hasta ahora es que vamos a la cola y nos van a reventar a los productores nacionales y se van a quedar con todo el mercado interno.
No lo debemos dejar pasar. Estamos de acuerdo con esa propuesta, resolvamos esa propuesta hoy y estoy de acuerdo en que llamemos a las comisiones a discutir el punto de más trascendencia y que vayamos a tomar acuerdos de otro orden, pero por lo pronto no frenemos esta posibilidad y estamos de acuerdo con ustedes. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación)…
El diputado Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la tribuna del diputado Francisco Domínguez.
El diputado Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Nada más para sumarme y estar de acuerdo al añadido que hace mi compañero César Duarte.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En su momento; ahorita estamos viendo si ya está suficientemente discutido.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: … en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Están terminando la redacción para someterla a votación. Un momento, compañeros. Se instruye a la Secretaría para que dé lectura a la redacción del artículo primero del punto de acuerdo, para ver si se acepta.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Artículo primero. Se cita a comparecer al subsecretario Carlos Arce, para llevar a cabo una revisión de las importaciones de carne de cerdo, ave y res y que se cite a las Comisiones de Agricultura, de Desarrollo Rural y Especial de Ganadería a la brevedad para dicha comparecencia.
Artículo segundo. Se solicita al Ejecutivo federal realice una investigación minuciosa de la actuación de las instancias responsables del monitoreo de prácticas desleales de comercio, en la atención de esta problemática que afecta gravemente al sector productivo nacional.
Es cuanto.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición… A ver, antes, diputado Barajas. Sonido a su curul, por favor.
El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Gracias, Presidente. Efectivamente me sume a la propuesta que hizo el diputado Duarte Jáquez, pero sí quedar de manifiesto de que si queremos una verdadera solución, si queremos que verdaderamente se beneficien los productores nacionales pecuarios tenemos que hacer que se ejerzan las facultades que tiene el Poder Ejecutivo dentro del artículo 89, fracción X de la Ley de Comercio Exterior en su artículo 4o., fracción II; todo ello para que se pueda incrementar la competitividad de la economía nacional.
Creo que llamaremos a un funcionario y en unos pocos meses estaremos nuevamente viendo que sigue ingresando carne de res, de ave y de cerdo a nuestro país y no vamos a resolver el problema. Pero creo que hay buena voluntad de la fracción del PRI, convocaremos a funcionarios, si así lo aprueba la Asamblea. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el texto propuesto por los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con los añadidos leídos: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición con su modificación, hecha por el diputado Francisco Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba esta proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobada; comuníquese.
Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruíz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte nombre comisionados especiales para investigar las violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores, el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en investigación de violaciones a garantías individuales, la cual puede ser de oficio cuando este máximo Tribunal de la República lo estime conveniente o a petición de parte, pero no de cualquier sujeto indeterminado sino exclusivamente cuando lo solicite el titular del Poder Ejecutivo o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado.
Sin duda, la facultad investigadora que le otorgó el Poder Constituyente Permanente en la Ley Suprema hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erija como un verdadero Poder ante delicados temas de violaciones graves a garantías individuales. Ejemplo de ello es la reciente integración de una comisión para investigar el caso Atenco y los resultados en las investigaciones de la periodista Lidya Cacho.
Hoy a más de nueve meses de haberse iniciado el conflicto social en el estado de Oaxaca y de existir constantes violaciones graves a las a garantías individuales de los habitantes, permanentes o temporales en dicha entidad, nos encontramos en el escenario para que la Suprema Corte de Justicia ejerza su facultad investigadora. Hoy ante la falta de soluciones a este grave conflicto es necesario la voluntad y decisión de los ministros en un asunto que requiere de información veraz, investigación imparcial y autoridad moral para ser resuelto.
Sobre este punto es de señalarse el informe sobre el conflicto de Oaxaca elaborado por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que ilustra con toda crudeza y precisión lo que ha ocurrido en esta entidad, las numerosas irregularidades y abusos cometidos contra activistas y la población en general.
El informe confirma que las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales de forma recurrente y en ocasiones masiva contra la población civil. Ratifica, asimismo, que las detenciones se efectuaron con violencia física y síquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres, ante la indiferencia de las autoridades.
Pero el informe no apunta únicamente a una serie de abusos aislados, como han justificado en su momento autoridades estatales y federales. En Oaxaca se estableció una estrategia jurídica policiaca y militar, cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista. Esta situación es muy grave porque prácticamente pulveriza el estado de derecho. No existen las garantías individuales, por lo que cualquiera puede convertirse en una nueva víctima.
En este contexto se ubican las detenciones de menores de edad, con uso indebido de la fuerza, y numerosas agresiones verbales físicas y sexuales contra mujeres, por su condición de género, detectadas por la Comisión.
De acuerdo con esa organización no gubernamental, se constata un incremento significativo de la violencia de la presencia militar, así como ataques en contra de civiles, en su inmensa mayoría pertenecientes a grupos indígenas.
Por cuestiones de tiempo, diputadas y diputados, me gustaría que se integrara este texto completo en el Diario de los Debates, porque no solamente hacemos alusiones en lo general, sino se establecen los casos particulares que esta Comisión informó en su momento al Poder Ejecutivo federal y cómo se documenta toda la violación a garantías que estamos señalando.
Por todo lo anterior, espero podamos contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para que el punto de acuerdo sea aprobado de obvia y urgente resolución, estableciendo como punto único:
La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales para que averigüen sobre los hechos que se han puesto en su conocimiento en el presente documento, que constituyen graves violaciones a las garantías individuales de la población que permanentemente o temporalmente reside o habita en el estado de Oaxaca. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En consecuencia, se considera de urgente resolución. Está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. No habiendo oradores consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobada; comuníquese. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria "Gabriel Ramos Millán"; a la Asociación de Mujeres de Aguascalientes; a los alumnos de la Barra Nacional de Abogados del Distrito Federal; y a los presidentes de las Ligas Unidas de Beisbol, de Baja California. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Sosa Castelán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una investigación sobre el Programa Enciclomedia.
El diputado Gerardo Sosa Castelán: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros, a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, someto a la consideración de todos ustedes el siguiente
Punto de acuerdo
Ustedes saben que México tiene un gran problema en este momento de competitividad, y este problema no sólo está inmerso en relación al asunto empresarial o productivo sino está inmerso en algo que es todavía fundamentalmente más importante, el asunto educativo. En este sentido, nosotros como país hemos pasado en el ámbito de competitividad, del lugar 33 al 55, en los últimos seis años y obviamente que esto nos ubica de manera muy desventajosa en relación al punto educativo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha realizado en los últimos dos años diversas evaluaciones de la calidad de la educación que se imparte en México y en ellas los alumnos del Sistema de Educación Básica resultaron con calificaciones en los últimos lugares en matemáticas y lectura por lo que con estos resultados, nuestra expectativa se reduce considerablemente.
Sólo para dar un ejemplo, la importancia de la sociedad del conocimiento ha identificado a Corea como el primer país en integrar todo un sistema educativo por Internet de banda ancha, empleando de manera generalizada los pizarrones electrónicos y ahora los libros electrónicos. Ese país pasó de ser una nación subdesarrollada a otra mejor con tasas de crecimiento superiores al ocho por ciento anual.
En nuestro país hemos escuchado ya ejemplos como el de la Biblioteca José Vasconcelos y ahora éste, que sin duda es un problema para todos nosotros. Hay asuntos de opacidad en este Programa, relativos a los siguientes: el que cada aula cuesta 50 mil pesos al erario; el que la inexistencia de indicadores no sirvieron para medir la eficacia y la eficiencia; que faltó capacitación de docentes para operar el equipo y la constancia en serie; que la Universidad de Harvard envió a profesores para hacer una evaluación y lo primero que determinaron fue que no había electricidad en las aulas. Acusan a ex funcionarios, sobre todo a personas como Ramón Muñoz, a Reyes Tamez y Eduardo Romero, de tráfico de influencias.
Éstos y otros son problemas que sin duda tienen que aclararse; por lo tanto, estamos solicitando en la fracción parlamentaria del PRI, que la Cámara de Diputados pueda aplicar y solicitar a la Secretaría de la Función Pública que en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, realice una auditoría integral al Programa Enciclomedia tanto en sus procesos de licitación y adjudicación como en la evaluación de sus resultados durante el periodo que abarca desde su origen y enfocado al Sistema de Educación Primaria, hasta la fecha.
Segundo. Que la Cámara de Diputados de esta Legislatura exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que en base a los principios rectores de transparencia y revisión de cuentas, envié a la brevedad los resultados a esta Cámara, derivados de la auditoría, solicitados en el artículo anterior. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de la Función Pública. Se concede el uso de la tribuna al diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para investigar el rescate carretero y el fideicomiso de apoyo al rescate de autopistas concesionadas.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con el permiso del Presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a proponerles un punto de acuerdo para la integración de una Comisión Especial que investigue el rescate carretero y el Fideicomiso de apoyo al rescate de autopistas concesionadas.
Compañeras y compañeros diputados, el 27 de agosto del año de 1997, el rescate de las carreteras concesionadas mediante el pago de pagares de indemnización de carreteras o conocidos como PIC y de la asunción de una deuda de los concesionarios ascendió a la cantidad de 58 mil 123 millones de pesos.
Durante los últimos años el gobierno federal ha recurrido a la creación de múltiples fideicomisos, ya que la existencia del llamado secreto fiduciario le ha permitido operar de manera discrecional. Y también le ha permitido operar al margen del control presupuestario de esta soberanía. El instrumento para llevar a cabo el rescate fue la constitución de un fideicomiso en Banobras denominado FAPRACC, donde la institución actúa como fideicomitente y fiduciario.
Por ello compañeras y compañeros diputados, vengo a proponerles con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de este Congreso, se cree la Comisión Especial que les he propuesto. Esta Comisión deberá de tener los apoyos que requiere para investigar a profundidad todo el rescate carretero.
No se trata de decir no a determinada opinión de algún legislador, se trata compañeras y compañeros, que ustedes que son soberanos en sus decisiones, absolutamente soberanos, se interesen en este asunto, que son más de 58 mil millones de pesos que en el año de 97 se entregaron para rescatar las carreteras.
Hay que fortalecer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; hay que darles instrumentos para que avancen los tramos carreteros que tanto necesitamos pero hay que investigar qué pasó en el 97.
Por lo tanto, señor Presidente, le ruego que todo el documento que le quiero entregar a los secretarios se inscriba en el Diario de Debates como si hubiera sido leído aquí y también en la Gaceta Parlamentaria. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados por su atención.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese de manera íntegra, como lo ha solicitado el diputado José Manuel del Río Virgen, este punto de acuerdo y túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra la diputada Susana Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que se dictamine la cuenta de la hacienda pública federal, correspondiente a los ejercicio fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005.
La diputada Susana Monreal Ávila: Compañeros diputados y compañeras diputadas. Vengo a esta tribuna a solicitarles el apoyo para la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, relativo a la dictaminación de la Cuenta Pública de la hacienda pública federal, correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005, en tenor de las siguientes
Consideraciones
Que la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Que la Auditoría Superior de la Federación tiene como facultad la fiscalización en forma posterior de los ingresos y egresos, el manejo, custodia y aplicación de los recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales.
Que el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a esta Cámara facultad exclusiva para revisar la cuenta pública del año anterior y el artículo 45, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el objeto de hacer aportaciones sobre aspectos programáticos presupuestales específicos, para que sean considerados en la revisión de la cuenta pública.
Que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 80 y 81, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la obligación de examinar la cuenta pública y presentar el dictamen dentro de los 30 días posteriores.
Que el pasado 21 de abril del 2005, en la LIX Legislatura la Cámara de Diputados aprobó con reservas la Cuenta de hacienda pública 2001, en ejercicio de la facultad exclusiva otorgada por la fracción IV, del artículo 74 constitucional, instruyendo a la Auditoría Superior de la Federación para que en uso de sus atribuciones legales continué con los procesos de solventación que quedaron pendientes y dé trámite al fincamiento de responsabilidades procedentes, ya que se detectaron diversas irregularidades.
Las dependencias o entidades revisadas en mayor o menor medida no cumplieron algunas de las disposiciones y normas jurídicas aplicables, reportando un efecto económico en el orden de los 331 mil millones de pesos, cifra equivalente a la quinta parte del gasto ejercido durante el 2001.
Que nos encontramos ya en una nueva administración y sólo se ha aprobado, con reservas, el primer año de gestión del Presidente Fox, estando pendientes por revisar los cinco años restantes de su administración y, por tanto, las responsabilidades que de ella se derive.
Que de acuerdo con estudios denominados: Proyecto Internacional de Presupuesto realizado a 59 países, México ocupa el lugar 22, con apenas 50 de los 100 puntos posibles, caracterizándolo por no tener espacios abiertos para la apertura, transparencia presupuestaria y opacidad total.
Señor Presidente, le pido un minutito, ya concluyó.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Adelante, diputada.
La diputada Susana Monreal Ávila: Que la sociedad a la que representamos demanda de los Poderes públicos, transparencia en la administración de recursos y eficiencia en los programas y acciones de gobierno.
Esto no es un asunto ni es cuestión de posturas políticas ni de ideologías partidistas, sino más bien, es un elemento esencial de la rendición de cuentas y del eficaz ejercicio gubernamental tendiente a la retición de cuentas, a la erradicación de prácticas de corrupción, de arbitrariedad y de autoritarismo.
Por lo antes expuesto, propongo un único punto.
Que la LX Legislatura de la Cámara de Diputados dictamine a la brevedad la Cuenta Pública de la hacienda federal, correspondiente a los ejercicios fiscales, 2002, 2003, 2004 y 2005. Asimismo, solicite a la Auditoría Superior de la Federación informe detalladamente a las Cámaras del Congreso de la Unión respecto del status que guardan los procesos de solventación que quedaron pendientes y del fincamiento de responsabilidades derivadas del dictamen de la Cuenta Pública 2001. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, no hay las dos terceras partes; no hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En virtud de que no se considera de urgente resolución, túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene el uso de la tribuna el diputado Robinson Uscanga Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones correspondientes, retomen los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex.
El diputado Robinson Uscanga Cruz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, Petróleos Mexicanos requiere un nuevo régimen fiscal que le permita mejorar su situación financiera y sustituir de forma competitiva importaciones de gas, gasolina y petroquímicos.
Hay que dotar a Petróleos Mexicanos de amplias posibilidades de autonomía de gestión para una mejor operación, administración y actividad financiera, además disminuir el endeudamiento al que recurre para financiar proyectos de inversión, cuidando que la formulación de la política energética sea siempre responsabilidad compartida entre los Poderes Legislativo y el Ejecutivo.
Se debe garantizar un aumento en petroquímica, exploración, mantenimiento de sus instalaciones y prevención de accidentes. Es inadmisible extraer del subsuelo mucho más petróleo del que somos capaces de reponer por medio de nuevos campos o pozos petroleros. Sabemos que las reservas totales han disminuido en más de 10 mil millones de barriles en sólo seis años.
Es importante considerar que el nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos deberá ser cien por ciento deducible de impuestos; las inversiones en exploración de manera efectiva, tanto en campos petroleros como en las nuevas explotaciones de los importantes yacimientos de gas con que cuenta México.
Dotemos a Petróleos Mexicanos con la capacidad financiera para invertir en la exploración y en su caso explotación de los 15 mil 788 millones de barriles, que significan las reservas probables y prospectar el desarrollo de las reservas posibles. Inversión es lo que requiere la paraestatal.
La propuesta del nuevo régimen fiscal consiste en hacer efectiva la gradualidad en la disminución de la lista de contribuciones con que la paraestatal debe sufragar a Hacienda, quien ha visto en Petróleos Mexicanos una fuente de ingresos con carácter eminentemente recaudatoria y ha sido lamentablemente un estímulo perverso para mantener detenida la reforma fiscal.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, para exhortar a las Comisiones Unidas de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, a retomar los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos iniciado en la pasada Legislatura. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Robinson. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente u obvia resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo …(votación), gracias. Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Claudia Sánchez Juárez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas se integren al programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.
La diputada Claudia Sánchez Juárez: Con su venia, señor Presidente. Por razones de tiempo me permito leer sólo un extracto de lo más relevante de este punto de acuerdo y solicito su inserción íntegra en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria.
En atención al programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, el cual deriva el Plan Nacional de Desarrollo, acuerda:
En su Vertiente 1 estrategia 3; y en la Vertiente 3, estrategia 4. El apoyo social a la población para la consolidación jurídica de su patrimonio, reduciendo los gastos de titulación de vivienda, coadyuvando a la modernización de catastros y de los registros públicos de la propiedad en las entidades federativas.
De igual manera el artículo 6, fracción III, de la Ley de Vivienda promueve las medidas regulatorias encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda.
De acuerdo con lo antes mencionado, uno de los esfuerzos del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda es identificar los mecanismos y procesos relativos a la generación de vivienda y a los esquemas existentes en el país para la titulación y registro de las propiedades inmobiliarias.
Los registros públicos de la propiedad tienen una problemática que se puede sintetizar en los siguientes puntos:
Se encuentran apartados del proceso económico del Estado;
No ofrecen plena certidumbre jurídica;
Su marco jurídico no responde a sus necesidades actuales;
La tecnología de información es nula o ineficiente en la mayoría de ellos;
Están desvinculados de los catastros.
Debido a ello, la Conavi inició en el año de 2003, el programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad en conjunto con algunas entidades federativas del país, con el objetivo fundamental de contar con registros públicos de la propiedad eficaces y eficientes que aseguran la certeza jurídica de la titularidad, de las inscripciones registrales.
Que sirvan de garantía y legalidad en las transacciones comerciales, además de abatir los tiempos de respuesta y el alto costo de los trámites relativos a la producción de la vivienda y con ello fomentar el mercado inmobiliario nacional.
Para dar inicio con este programa se seleccionaron tres estados para participar en un proyecto piloto de modernización: Baja California, Colima y Sonora, iniciando estas acciones en dichas entidades bajo los principios de modernidad definidos y elaborados por la Conavi.
El financiamiento oficial para este programa de Modernización partió de la donación de dos millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, a partir del 17 de junio de 2003, con lo que se suscriben tres anexos de ejecución con los convenios de desarrollo de la vivienda y del suelo. Con los estados mencionados adicionalmente se aportó un millón de dólares por parte del gobierno federal y otro millón de los gobiernos estatales, haciendo un total de cuatro millones de dólares.
Con ello se obtienen los siguientes beneficios: reducción de tiempo en la atención de trámites, servicio de consulta vía Internet, portal de Internet para los notarios, sistema de precaptura para los fraccionamientos y trámites masivos vía Internet, para los desarrolladores de vivienda, ventanilla de atención a clientes institucionales, vinculación de información del registro público con información del catastro.
El modelo integral mencionado está formado por nueve componentes que proporcionan una visión global de la modernización de un registro público de la propiedad, los cuales son:
Marco jurídico; aceptación de firma electrónica y folio real; procesos registrales; reingeniería de procesos; tecnologías de información; sistemas de captura y consulta ágiles; gestión de la calidad; certificaciones ISO/9000; profesionalización de la función registral; capacitación universitaria; políticas institucionales; gestión y acervo documental; participación y vinculación con los otros sectores; indicadores de desempeño, así como la evaluación de su operación para mejoras adicionales.
Punto de acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto a los gobiernos de las entidades federativas que aún no se han integrado al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, instrumentado por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda a que lo hagan y de esta manera se operen con mayor eficiencia en beneficio propio y de los estados y de la sociedad los registros públicos de la propiedad. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía e insértese el texto de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Se recibió del diputado Miguel Angel Peña Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química. Túrnese a la Comisión de Economía.
Se recibió del diputado José de Jesús Solano Muñoz, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública modifique y homologue para todo el país el Programa Curricular del Sistema de Educación Media Superior. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se rectifica el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Beatriz Pagés Rebollar, del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del PRD, en relación con la Biblioteca "José Vasconcelos". Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.
Por lo que respecta al punto cuarto de la proposición en relación con la creación de una comisión, túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Chanona Burguete, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, instrumente medidas de seguridad fronteriza con los Estados Unidos de América.
El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores.
El punto de acuerdo que pongo a su consideración para ser votado por urgente u obvia resolución emana de una preocupación sustantiva. A veces nos perdemos también cuando vemos el bosque de la relación México-Estados Unidos y no vamos observando cómo, día a día, se deterioran las posibilidades de consolidar una política exterior de Estado que privilegie en particular las relaciones regionales con los Estados Unidos y Canadá.
El punto de acuerdo por su generalidad pretende, entre otros temas, revisar algo que es ineludible. Le hemos apostado en los últimos años a que la relación bilateral vaya por la vía del entendimiento, a construir una base de respeto y de reciprocidad, sin embargo los hechos han ido en sentido contrario.
Si ustedes sitúan en su contexto reciente la relación bilateral y la anclamos en el giro que recibió la política exterior de Estados Unidos hemisférica y global después de 2001, toda la estrategia antiterrorista que se consagra en la doctrina de la defensa de la patria interna del Home Lance Security, podríamos verla como una problemática interna de Estados Unidos, sin embargo nos ha repercutido de tal manera que no hemos podido satisfacer los estándares de entendimiento bilateral para poder recibir una posición respetuosa de parte de ellos. Voy al punto y luego hago las especificidades.
Por un lado, firmamos en marzo del año 2002 el Acuerdo de Fronteras Inteligentes, que habrían de establecer el conjunto de medidas para el entendimiento de cruce de personas, bienes y servicios, entre otros, pero en particular en relación al cruce de personas y esto llevó, entre otras, a que se firmara la afamada Alianza para la Seguridad y Progreso (Aspan), que eventualmente daría un marco en donde, por un lado, Estados Unidos sacaría una Ley Migratoria respetuosa de México, y México estaría estandarizando las medidas de control para poder resolver el problema de la seguridad regional de manera responsable, recíproca y con la coparticipación también de Canadá. Esto no ha sido así, esto tiene como ciclo histórico el que en el año 2006 tuviéramos frente a nosotros un tema de fondo. En vez de haber avanzado, tenemos un muro.
Creo que el tema que —en mi opinión— debe quedar en la mesa para seguir avanzando es el tema de las garantías mutuas para el cruce de personas México-Estados Unidos. En este sentido voy al punto.
El pasaporte que nosotros sacamos cuando llenamos la solicitud de visa de no inmigrante y los datos complementarios, permiten a Estados Unidos una transferencia de datos biográficos exagerado que está violentando y raya en la violación de derechos humanos y en la intimidad de los individuos.
Si queremos regresar a un punto de respeto y reciprocidad, tenemos que hacer lo que hizo la Unión Europea —pido 30 segundos más adicionales— que fue lo siguiente:
En la Unión Europea, el Parlamento Europeo en el 2004 le dijo a la Comisión de la Unión Europea: no permitas, por el exceso de datos biográficos, que se violenten los derechos humanos y la intimidad de los individuos. Y decidieron, por un lado, sacar un pasaporte biométrico y reducir de 15 a 35 datos biográficos para la preservación de la intimidad y de la individualidad de todos los ciudadanos, que implicaba no tener por qué confesar de manera irrestricta por ejemplo la religión, la raza, el color de la piel, hasta el color de los ojos.
En ese sentido, yo quisiera que hiciéramos algo parecido a lo de la Unión Europea. Tenemos Estado, tenemos coparticipación, tenemos corresponsabilidad, somos pares a nivel regional, por lo cual yo quisiera poner a su consideración como primera piedra angular un exhorto que, en mi opinión, podría servirle a muchas otras instancias a empezar este tipo de negociaciones.
El punto de acuerdo quedaría de la siguiente manera: es un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al gobierno federal a que a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, instrumenten las políticas necesarias a fin de que las medidas de seguridad fronteriza México-Estados Unidos, no atenten contra la soberanía nacional y se respete la vida privada, los derechos y las libertades fundamentales de las personas.
Ruego a usted, señor Presidente, que se inscriba en el Diario de los Debates el texto íntegro de este punto de acuerdo firmado por los ocho coordinadores parlamentarios, cuyo original entrego en este momento a la Mesa Directiva. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Chanona. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución e insértese el texto en forma íntegra en el Diario de los Debates, como ha sido solicitado.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén pro la afirmativa sírvanse manifestarlo …(votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo …(votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición y se abre el registro de oradores en pro. Diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es muy loable y positivo que la Junta de Coordinación Política, que los ocho coordinadores parlamentarios hayan acordado apoyar esta petición del diputado Alejandro Chanona, que se refiere a este tema de los requisitos que se están pidiendo por parte de algunos gobiernos en relación para que ciudadanos de otros países ingresen, sobre todo a la Unión Americana.
Es claro que estamos en una situación en la cual se están imponiendo criterios de mucha histeria antiterrorista, de tal modo que a los ciudadanos mexicanos se les están pidiendo un número de datos para ingresar a la Unión Americana que exceden con mucho los estándares internacionales.
Ya lo decía aquí el diputado Chanona, cómo los convenios que tiene Estados Unidos con los países, con los 27 países de la Unión Europea, son distintos a los que se aplica en el caso mexicano y por lo tanto, no hay una tesis fundamental que hay en la diplomacia que es la reciprocidad. Entonces, creo que está muy bien planteado el punto de acuerdo, es muy bueno que lo haya suscrito y quisiera ir más allá.
Creo que lo que hoy ha planteado el diputado Chanona, suscrito por la Junta de Coordinación Política, nos debe llevar también a avanzar en un conjunto de acuerdos en relación con la agenda México-Estados Unidos.
Tenemos enfrente ya, en el mes de junio, una importante reunión interparlamentaria México-Estados Unidos que el año pasado fue en Valle de Bravo, Estado de México y ahora se va a hacer en Austín, Texas. Creo que a este evento debemos llevar este tipo de planteamientos que ha hecho el diputado Chanona y otros más.
El año pasado, en plena campaña electoral, fuimos capaces de elaborar un documento que se llamó México frente al fenómeno migratorio. Fuimos capaces de lograr que Andrés Manuel, Madrazo, Calderón y no sé quién más estaba de candidato, se pusieran de acuerdo y suscribiera este tema que fue muy importante, de tal modo que llegamos a la interparlamentaria con un documento base.
Hoy necesitamos que las fuerzas políticas mexicanas nos pongamos nuevamente de acuerdo en un documento que pueda ser la base de la posición mexicana que suscriba ante la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos.
No podemos llegar con las manos vacías; no podemos llegar nuevamente con improvisaciones y qué bueno; y celebro, ya que me están aquí marcado el tiempo, que el hecho de que el diputado Chanona haya tenido la iniciativa de plantear este tema. quedan otros más en la agenda, de tal modo que debiéramos tomar medidas para que la delegación mexicana que asista a la próxima interparlamentaria México-Estados Unidos, lleve documentos de consenso tal como éste que ha sido aprobado por esta soberanía. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputado Cuauhtémoc. Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Diego Cobo Terrazas: Muchas gracias, Presidente. Señoras y señores legisladores:
La frontera entre México y los Estados Unidos puede entenderse como un símbolo entre el choque de civilizaciones que a diario enfrentan mexicanos y estadounidenses. La frontera norte es un escenario en el que se enfrentan discrepancias y tensiones siendo el primer punto de controversia el cruce de migrantes, pero el que sin duda es de gran preocupación para nuestro vecino del norte es la seguridad, o mejor digamos, la falta de ella.
Si bien es cierto que en nuestra amplia y vasta frontera norte se aglutinan una serie de fenómenos que contraen implicaciones económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales, una de esas implicaciones se refiere a la alta incidencia de crímenes derivados del narcotráfico, el tráfico de personas y del contrabando, como parte intrínseca de la agenda internacional.
De tal manera es que muchos de los esfuerzos bilaterales se haya volcado hacia un aspecto específico de este problema: el control de la seguridad por parte de nuestro país a manera de moneda de cambio.
Pero en ese trueque el que ha salido perdiendo, sin duda, es nuestro país pues el pago que hemos recibido de parte del gobierno de Estados Unidos han sido mayores restricciones, como el Programa US Visit, propuesta que he mencionado anteriormente, o la construcción de un muro no sensibilizan a nadie sobre la realidad actual sino que sólo incrementan los temores en ambos lados de la frontera.
Este tipo de propuestas tampoco evitarán que los terroristas entren a territorio norteamericano ni tampoco obstaculizará a quienes se dedican a actos ilegales de diversa índole. En lugar de entorpecer una verdadera cooperación se deberían instrumentar políticas que sean realmente efectivas e integrales con respecto a la cuestión de seguridad en la frontera. Se requieren medidas que vayan más allá de hacer cada vez más difícil el paso de un lado hacia el otro de esa frontera.
Desafortunadamente lo que sigue imperando son actitudes discriminatorias que sólo avivan la llama del racismo; pero no sólo eso, dichas iniciativas legislativas hacen que las raíces del miedo sean más profundas al crear temores infundados contra los migrantes, quienes su única culpa es ser de otra raza y buscar un trabajo digno para sobrevivir.
Por ello, un enfoque en términos de igualdad es fundamental para avanzar de manera integral y conjunta hacia la solución de este complejo fenómeno para desarrollar políticas de Estado en ambos países, que garanticen no sólo el respeto y protección de todos sino una solución conjunta al lastre de criminalidad en la frontera.
México tiene que ser firme con relación al respeto que Estados Unidos le debe como socio comercial y como vecino. Un ejemplo exitoso de que se puede llegar a acuerdos de toda índole entre naciones diversas es la Unión Europea. Ese ejemplo es el que debemos seguir, pues en esa región se han dado grandes avances en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Cobo. No habiendo más oradores inscritos consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo …(votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo …(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobada; comuníquese. Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la PGR, a fin de que informe sobre la situación laboral del personal técnico operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación y de Servicios Aéreos.
El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputadas, diputados, comento a ustedes y solicito su respaldo con el propósito de revisar la situación que priva dentro del personal técnico operativo y administrativo de las direcciones de Erradicación y Servicios Aéreos, dependientes de la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República, quienes desde 1970 han venido organizando de manera sistemática el ataque a los plantíos ilícitos en territorio nacional, como parte de los convenios de cooperación bilateral entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de América para la lucha contra el narcotráfico, con la creación de la campaña permanente que se sigue combatiendo a través de la aspersión aérea de herbicidas, con una metodología técnico operativa funcional, basada en la investigación y experimentación realizada por el mismo personal y con procedimientos metodológicos de gabinete para la planeación, registro, análisis y seguimiento estadístico de los resultados obtenidos en sus operativos.
Queremos decirles que estas operaciones hasta hace algunos años habían sido compartidas con la sección de antinarcóticos de los Estados Unidos de América y desde hace tres años con una periodicidad semestral, han sido evaluados también por la Dirección General de Erradicación cumpliendo satisfactoriamente con las normas de certificación de calidad ISO 901-2000.
Sin embargo, con fecha 2 de enero de 2007, el personal adscrito a estas direcciones fue notificado de su baja en la prestación de estos servicios en estas dos direcciones y fueron integrados a las corporaciones de la Policía Federal Preventiva en donde permanecen desde hace cuatro meses bajo las órdenes de quien coordina actualmente esas fuerzas federales de apoyo.
Queremos señalar dos cuestiones importantes. —Solicito unos segundos más para concluir con esta exposición. La primera de ellas es la violación de los derechos laborales de los trabajadores de estas direcciones; y en segundo lugar, el desconocimiento que se tiene de las actividades de erradicación de los plantíos ilícitos, particularmente de marihuana y amapola en el territorio nacional.
Por lo tanto, estamos solicitando su respaldo y poniendo a su consideración el siguiente punto de acuerdo que ya desde hace cuatro meses considerábamos de urgente u obvia resolución y que consideramos sigue siendo de actualidad en este sentido.
El primero de ellos es que esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicite la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República a fin de que informe sobre los mecanismos de coordinación de policía única en los recientes operativos en diversas entidades.
Segundo, la Cámara de Diputados solicite del titular de la Procuraduría General de la República, informe la situación laboral actual del personal técnico y operativo, así como del administrativo adscrito a la Dirección General de Erradicación, dependiente de la Agencia Federal Investigadora y del personal de Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República que ha sido comisionado para formar parte del cuerpo de fuerzas federales de la Policía Federal Preventiva.
Y tercero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a que se respeten todos los derechos laborales del personal mencionado en la presente proposición, como lo establecido en sus condiciones generales de trabajo.
Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Armando Barreiro Pérez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, no hay dos terceras partes.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que publique el decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil Federal en materia de despenalización del delito de difamación y calumnias.
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El diputado Humberto López Lena Cruz: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros, en virtud del tiempo y de que este punto de acuerdo tiene ya varias semanas, quiero decir lo siguiente: En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento por el hecho que se haya atendido la excitativa que el de la voz envió a la Colegisladora, para que dictaminaran de acuerdo al decreto que reforma el delito de difamación y calumnias, el cual lo hicieron hace unas semanas en forma favorable, por lo cual los reconozco y felicito por esta decisión.
Por otro lado, quiero ser enfático también diciéndoles de que la despenalización del delito de difamación y calumnias no quiere decir que sea un cheque en blanco para los comunicadores o para los que ejercen la libertad de expresión. Y menos que signifique impunidad, porque será la vía de lo civil, la que recoja y persiga si es que existe algún delito en esta materia.
Por lo tanto, quiero hacer un exhorto al Presidente de la República, Felipe Calderón, en una forma respetuosa, para que de acuerdo a las facultades del artículo 89 pueda publicar esta reforma de decreto e inicie su periodo.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remite a la Mesa Directiva del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, un reconocimiento por la aprobación a la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado para los efectos constitucionales, misma que deroga diversas disposiciones del Código Penal federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias y adiciona diversas disposiciones al Código Civil federal, para que sea esta la vía por la que se reclamen los daños que pueda causar lo antes mencionado.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gire atento oficio al Ejecutivo federal, a efecto de exhortarlo a la aprobación y publicación del decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal federal y adiciona diversas disposiciones del Código Civil federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias.
Tercero. Después de publicarse por parte del Ejecutivo federal el mencionado decreto se gire oficio donde se exhorten también a congresos locales, para que adecuen sus marcos jurídicos, a efecto de despenalizar los delitos de injuria, difamación y calumnias. Es cuanto, señora Presidenta, solicito que se publique en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Humberto López Lena. Inscríbase íntegro en el Diario de Debates; túrnese a la Mesa Directiva. Tiene la palabra el diputado Martín Malagón Ríos, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda otorgue los recursos financieros aprobados en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2007, correspondientes a las obras de infraestructura carretera.
El diputado Martín Malagón Ríos: Con su permiso, diputada Presidente. El que suscribe, diputado federal Martín Malagón Ríos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Reconocemos que se ha impulsado el proceso de programación del presupuesto asignado al sector de infraestructura carretera, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2005-2006, por lo que se llevan procesos de programación en su presupuesto, de conformidad con la norma.
Sin embargo, la asignación de los recursos a los tramos carreteros se hace cuando el proyecto ejecutivo cumple con todos los requisitos marcados por la Ley de Egresos de la Federación y es muy común que las licitaciones y construcciones de las obras sean desfasadas en sus agendas y programas, iniciando estos procesos generalmente después de la primera mitad del año, adicionando a ello los cambios climáticos como la época de lluvias que no favorecen a la construcción y/o mantenimiento de los tramos carreteros, generando tiempos muertos y pérdida de valiosos recursos financieros asignados para su construcción.
Bajo este contexto y con razones sencillas, pero de vital importancia, solicito que se haga entrega puntual e inmediata de los recursos financieros en el ejercicio cabal de los programas y calendarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene responsabilidad de cumplir y hacer cumplir, con respecto a los presupuestos aprobados por esta soberanía.
Pero sobre todo, debemos insistir en la planificación y calendarización a la par de los estados, distritos y municipios que se ven inmersos en este proceso y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de tal suerte, que el crecimiento real de la infraestructura a través de la aplicación de presupuestos y de la disponibilidad puntual del presupuesto y de los recursos, dé certidumbre, a la cual se derivará la proyección y planeación por ministraciones.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de obvia y urgente resolución.
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones, cumpla de manera oportuna con las disposiciones del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, en el ejercicio de las partidas presupuestales, para que el otorgamiento de los recursos fiscales correspondientes a las obras de infraestructura carretera se hagan de manera programada y calendarizada, con el objetivo de lograr su aplicación en tiempo y forma, logrando con ello cabalmente el cumplimiento de las licitaciones y construcción de la infraestructura carretera; sin que ello implique retrasos y ejecución de obras de baja calidad en sus procesos constructivos por la premura del calendario del ejercicio fiscal anual. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Martín Malagón Ríos. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo …(votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo …(votación). Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa y hay mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría si es de aprobarse el punto presentado.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo …(votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo …(votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, Secretario. De enterado. Aprobado. Se recibió de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que dé a conocer criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado Salvador Arredondo Ibarra, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud lleve a cabo el programa de Salud Auditiva.
El diputado Salvador Arredondo Ibarra: Con su permiso, señora Presidenta. Diputadas y diputados, todos compañeros, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el suscrito, diputado federal Salvador Arredondo Ibarra, presenta ante esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo el programa de Salud Auditiva basado en las siguientes
Consideraciones
Se estima que en México más de 8 millones de personas tienen problemas de audición en diversos grados, de los cuales 200 mil padecen sordera profunda y del 10 al 20 por ciento pueden ser candidatos a un implante cloquear, una opción científica con la que podría recuperar la capacidad auditiva.
En México se inició con el programa Multiinstitucional de Implantes Clocleares, en que participan el INED y los hospitales Infantil "Federico Gómez" y General de México, los tres de la Secretaría de Salud.
La sordera es la privación completa o parcial de la facultad de oír y puede deberse a múltiples causas, el caso de la sordera profunda puede deberse a causas congénitas, enfermedades virales dentro del primer trimestre del embarazo y meningitis, entre otras.
Hay dos tipos de sordera: la de la conducción y la neurosensorial. La primera se debe a las alteraciones del oído externo, desde el pabellón de la oreja, conducto tímpanos y huesecillos. En la actualidad este tipo de sordera puede resolverse a través de una cirugía que restituye los mecanismos de la conducción del sonido, por ejemplo, si esa persona no tiene conducto o se perforó el tímpano, se le puede crear el primero o reparar el segundo. También se puede hacer una restitución de los huesecillos, como sustituir el estribo por una prótesis.
El implante cloquear consiste en colocar, mediante cirugía, un dispositivo electrónico de múltiples canales en el lugar del caracol afectado. El aparato cumple las funciones del oído interno ya dañado y a través de él los sonidos del exterior son procesados hasta el nervio auditivo sano.
Una vez que se cicatriza la herida se procede a colocar un receptor en la parte posterior de la oreja, como un micrófono que se encarga de captar las ondas sonoras, que son enviadas a un procesador, que puede ser como un audífono para sordera o una caja del tamaño de una cajetilla de cigarros que se coloca en el cinturón o en un bolsillo. Éste codifica los sonidos, en otras palabras, separa las diferentes frecuencias graves, medias y agudas, y el estímulo acústico convertido en señales eléctricas es enviado a la parte del implante colocado en el oído interno, que al estimular el nervio auditivo transmite las señales neuroacústicas al cerebro.
Son candidatos a un implante cloquear: las personas con sordera profunda en ambos oídos, a quienes los audífonos convencionales no les sirven, por muy potentes que sean; las personas cuyos audífonos les den una buena ganancia, definitivamente no son candidatos a este procedimiento.
Como legisladores tenemos que ser la fuerza trabajando juntos con las instituciones que atienden este problema, para mejorar en México el manejo de la hipoacucia profunda, sistematizando y difundiendo los procesos de detección profunda, selección de auxiliares y prótesis, calibración de las mismas y metodología de la rehabilitación o habitación en su caso.
La selección de beneficiarios para asegurar el éxito de implante es con evaluaciones médicas. Por lo anterior se considera que las personas locutivas, con una sordera de poco tiempo de evolución, así como los niños implantados precozmente por su mayor plasticidad neurosensorial, antes de los tres años de edad es mejor este implante.
Por todo lo anterior y en el ámbito de la competencia de la institución mencionada, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo el Programa de Salud Auditiva, el cual consiste en:
1. Realizar una campaña de educación y promoción para la salud con el objeto de informar sobre la importancia de la audición y los cuidados que requiere, así como la identificación temprana de este problema.
2. Identificar a los niños menores de tres años con problemas de audición, ya que es más efectivo a esa edad y menos costoso.
3. Realizar las pruebas para valorar a un candidato, si puede o no llevar el implante coclear.
4. Realizar la operación para el implante coclear.
5. Llevar a cabo la realización de la rehabilitación que dura entre un periodo de seis meses a un año.
6. Enseñar al portador del implante coclear el mantenimiento y cuidado para su buen funcionamiento posterior, así como indicar que las revisiones periódicas sean cada tres meses en un principio y posteriormente reducirse dos veces al año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 28 de marzo. Señor Presidente, le pido que se inserte íntegro en el Diario de Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Salvador Arredondo. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Salud. Sonido a la curul del diputado Mayans.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Señor Presidente, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para sumarnos al punto de acuerdo del diputado Salvador Arredondo y si el diputado estuviera de acuerdo, que se pudiera votar de urgente u obvia resolución, por lo importante del tema y lo urgente del problema nacional en este padecimiento.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado Salvador Arredondo ¿está usted de acuerdo en que el trámite sea de urgente resolución? Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto es de urgente resolución.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo …(votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo …(votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese. Tiene la palabra el diputado Carlos René Sánchez Gil, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.
El diputado Carlos René Sánchez Gil: Con su venia, señor Presidente. En virtud del tiempo que tenemos haré una breve síntesis del punto. Compañeros y compañeras legisladores, la transparencia y la rendición de cuentas es premisa incuestionable en el ejercicio del poder público. Es demanda de nuestra sociedad el que los recursos públicos sean ejercidos con total transparencia y rendición de cuentas de cualquier instancia de gobierno.
El municipio tiene autonomía en el manejo de su hacienda municipal; sin embargo tratándose de recursos federales tiene una acotación en cuanto a su supervisión, control y fiscalización, de acuerdo con el artículo 79, fracción I de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confiere esta facultad a la Auditoría Superior de la Federación. En este sentido, los recursos federales derivados del Ramo 33, desde luego que son recursos federales que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación su fiscalización, control y supervisión.
El gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, en su administración 2004-2006 se distinguió por una ausencia de transparencia y nula rendición de cuentas. Tuvo muchas situaciones de escándalo que fueron del conocimiento de la opinión pública, dados a conocer por la prensa local.
Entre ellas destaca un endeudamiento excesivo y sobre todo, el que haya dejado una deuda al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema de Pensiones del estado de Jalisco. Con ello se perjudicó a cientos de trabajadores del municipio a quienes les fueron suspendidas sus prestaciones en materia de seguridad social por este motivo; no obstante que a estos trabajadores se les habían descontado sus cuotas.
Para colmo, el último día de la gestión de esta administración —31 de diciembre de 2006— el municipio se quedó sin electrificación porque le fue cortado este servicio por otra deuda que el ayuntamiento tenía con la Comisión Federal de Electricidad.
Este punto de acuerdo, compañeros y compañeras legisladoras, no se fundamenta solamente en estos antecedentes. Se cuenta con las observaciones que hizo la Auditoría Superior del estado de Jalisco en la revisión de la Cuenta Pública de este municipio en su ejercicio 2005 y en trámite 2006, observaciones por una cuantía superior a los 50 millones de pesos para aclarar el gasto de compras y trabajos a sobreprecios de obras no ejecutadas y no concluidas. Destacan entre esas observaciones de la Auditoría Superior local, que la mayoría de estas obras corresponden a recursos federales del Ramo 33.
El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación en su fracción IV, señala que el órgano de fiscalización local, cuando detecte que los recursos de los fondos federales no sean destinado a los fines establecidos en esta ley deberá de hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior, quien, en ejercicio de las facultades del artículo 33 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación podrá requerir a las entidades fiscalizadas revisiones de conceptos específicos por irregularidades en el presunto manejo, aplicación o custodia de recursos públicos federales.
En consecuencia, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al ejercicio y destino de los recursos federales del Ramo 33, denominado Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal y de fortalecimiento municipal, correspondiente a los años 2005 y 2006.
Segundo. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación que informe al Pleno de esta Cámara de Diputados el resultado de la auditoría realizada y en caso de que existan irregularidades y daños y perjuicios a la hacienda pública federal se ejerzan las acciones correspondientes.
Invito a todos mis compañeros y compañeras legisladores a que se sumen a este punto de acuerdo que no tiene qué ver con colores o posicionamientos políticos, sino con un reclamo legítimo de nuestra sociedad, que es la transparencia y la rendición de cuentas.
Solicito, señor Presidente, que este punto de acuerdo sea inscrito íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos René Sánchez. Insértese íntegro en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Tiene la palabra el diputado Odilón Romero Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública atiendan y doten de infraestructura a fin de permitir el óptimo servicio de la educación básica indígena del sur-sureste del país.
El diputado Odilón Romero Gutiérrez: Con su venia, señor Presidente. El que suscribe, diputado federal Odilón Romero Gutiérrez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de esta LX Legislatura, vengo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, a proponer punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública para que atiendan y doten de infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena, del sur-sureste de nuestro estado, bajo las siguientes
Consideraciones
El pasado día 2 de marzo la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, anunció que esta dependencia destinará 700 millones de pesos para rehabilitación de escuelas urbanas pobres. Es de suponer que estos recursos se destinarán para atender los rezagos de infraestructura para dos mil 300 escuelas primarias y secundarias de todo el país, ubicadas en zonas de pobreza urbana, con lo que se busca renovar las instalaciones eléctricas hidrosanitarias y el mantenimiento de techos y fachadas. Se anunció también que el programa se aplicará en las 32 entidades de la República de forma proporcional al número de escuelas que tengan en zonas de pobreza urbana.
Sin duda es una buena intención; sin embargo, se excluyeron a las escuelas en zonas rurales indígenas, particularmente de los estados más pobres y de mayor atraso social del sur-sureste de nuestro país.
A lo largo de la historia de la educación indígena, México transita aún por el camino de la segregación social. Persisten estigmas racistas y discriminatorios. Todavía hay ciudadanos de segunda y de primera: unos que lo tienen todo y otros que carecen de lo elemental.
Las niñas, niños y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, fundamentalmente, tienen serias dificultades para elevar su nivel intelectual, profesional y moral y prácticamente su futuro se encuentra secuestrado; y es que sufren mortalidad infantil, desnutrición crónica y la necesidad de trabajar desde pequeños, ya sea en actividades agropecuarias o en otras, lo que constituyen signos de alarma y tragedia nacional.
En general, la niñez y la juventud indígena de las tres entidades federativas en referencia se encuentran desprovistas de oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida en un corto plazo. De mantenerse los altos niveles de pobreza rural y de marginación social y cultural, resulta previsible el incremento de la migración y como consecuencia de ello, el secuestro del futuro de las niñas, niños, jóvenes y mujeres indígenas.
En estas condiciones es necesario y urgente replantear las políticas públicas en el ámbito educativo y especialmente por un reparto equitativo de los recursos públicos, ya que las escuelas indígenas representan el 5.6 por ciento del total de las escuelas públicas del país.
Ahora, de acuerdo con datos oficiales, ocho mil 615 escuelas primarias de educación indígena se encuentran en condiciones materiales muy deplorables y en un ambiente desolador. No hay aulas, sino galeras construidas de madera; otras están hechas de enramadas e incluso algunos alumnos indígenas reciben clases a la sombra de los árboles.
Asimismo, aunado a todo esto, el 50 por ciento de la población indígena de 15 años y más, no tienen educación primaria. Resulta importante, en consecuencia, reconocer que el Gobierno federal y las entidades garanticen una educación pública de calidad para las niñas, niños y jóvenes indígenas con nuevas modalidades que garanticen la igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, incluir a las escuelas de las zonas rurales indígenas en el Programa de Fortalecimiento y Dotación de Infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena de los niños, niñas y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, del sur-sureste de nuestro país.
Asimismo se solicita que, en un plazo de 30 días a partir de la aprobación de este punto de acuerdo, la Secretaría de Educación Pública informe a esta soberanía de los planes, el ejercicio y la distribución de los recursos asignados para infraestructura básica de las zonas rurales indígenas, particularmente en el sur-sureste de nuestro país.
Se solicita, señor Presidente, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Romero Gutiérrez. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría si el asunto es de urgente resolución. Permítame por favor, Secretaria. Sonido a la curul del diputado Herrera Coyac.
El diputado Wenceslao Herrera Coyac (desde la curul): Sí, para expresarle en primer lugar mi solidaridad al señor diputado que leyó el punto de acuerdo y pedirle que me permita suscribir este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Venga a firmarlo aquí a la Secretaría. Consulte la Secretaría si se acepta de urgente resolución.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo …(votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo …(votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese. Tiene la palabra la diputada Elizabeth Morales García del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo en relación con la problemática que representan los trastornos alimenticios para la juventud mexicana.
La diputada Elizabeth Morales García: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Seré breve en atención a tantos puntos de acuerdo y además el tema que voy a compartir con ustedes ha sido insistentemente abordado hace algunas semanas y algunos meses, he de decirlo así, por los medios de comunicación. Se trata de los desordenes alimenticios de la anorexia y de la bulimia.
Además, en próximas fechas una servidora presentará diversas reformas y adiciones a disposiciones legales en relación con este tema, como son por ejemplo la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, pero como sabemos que el proceso legislativo lleva su tiempo, por eso les quiero pedir su apoyo para poder aprobar el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.
Es paradójico que por una parte seamos un país donde más de 70 y casi 80 por ciento de la población tiene algún problema de sobrepeso y obesidad y por otra parte, tres millones de mexicanos, generalmente jovencitas y jovencitos en búsqueda de la figura perfecta, sufran de anorexia y de bulimia.
Es necesario trabajar para prevenir esta enfermedad y este tipo de desordenes, una enfermedad en que participan diversos factores como son la presión social, la presión familiar, los medios de comunicación, el falso concepto de belleza, el falso concepto del éxito, hasta el perfil para encontrar un trabajo si vemos en los periódicos.
En La Prensa, por ejemplo, donde se dice se solicita empleado o empleada; uno de los requisitos es buena presentación, e incluso, lo que se cree como una característica fundamental para encontrar un novio o una novia, el ser bonito o el ser bonita.
Además de prevenir, es urgente trabajar en atender a quienes hoy padecen ya este mal. Entre el cinco y 10 por ciento de quienes padecen anorexia mueren y mueren por alteraciones electrolíticas graves, por infecciones, por complicaciones gastrointestinales, por desnutrición extrema y hasta por suicidios porque crea un problema tan grave que incluso les lleva a trastornos psicológicos.
Se tienen datos de que la anorexia se inicia entre los 14, 15 y se da hasta los 18 y más años. Y la bulimia entre los 13 y 20 años de edad. Estamos hablando que entre anorexia y bulimia, es un problema que está afectando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes entre los 13 y los 20 años.
Pero además, también hoy sabemos que desde los nueve años, las niñas y los niños hoy se están preocupando por sus medidas, por su figura y por su posible sobrepeso, lo que nos debe poner en alerta.
Por eso, hoy compañeros, les pido su apoyo para las jovencitas, para las mujeres, para los jóvenes, para los hombres y para los niños que tienen esta enfermedad, para aprobar el siguiente
Punto de acuerdo de obvia o urgente resolución
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que de manera inmediata se implementen, a través de la Secretaría de Salud y en los tres ámbitos de gobierno, programas específicos de atención integral personalizada y profesional a personas que padezcan algún trastorno alimenticio.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que dentro de los planes de estudio del Sistema Educativo Nacional se incluya información básica que permita a los niños, adolescentes y padres de familia detectar de manera oportuna y prevenir eficazmente cualquier tipo de trastorno alimenticio. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Elizabeth Morales. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa; hay dos terceras partes, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución. La diputada Daisy Hernández Gaytán, ¿solicitó el uso de la palabra? Adelante.
La diputada Daisy Selene Hernández Gaytán (desde la curul): Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea, una de las tareas y responsabilidades de las y los legisladores, es generar herramientas jurídicas que creen y garanticen la seguridad económica, política, social, educativa y de salud; a éste último es al que haremos referencia, pero sobre todo cuando afecta de manera alarmante a las niñas, niños y jóvenes de México.
En México y el mundo el cumplimiento por alcanzar a toda costa el ideal estético, socialmente impuesto, deja de lado la atención por la pérdida de la salud y en los casos extremos, la vida. La anorexia nerviosa es un trastorno de alimentación potencialmente fatal, en el que la persona voluntariamente decide estar en ayunas para evitar el sobrepeso.
El 90 por ciento de las personas que padecen o han padecido anorexia son mujeres; mientras que el 10 por ciento restante son varones. La edad suele estar comprendida entre los 13 y 24 años, aunque existen casos descritos desde los siete hasta los 25 años.
La anorexia así como la bulimia, pueden ser mortales, su tratamiento y prevención es indispensable ya que la persona que enfrenta estos trastornos, raramente reconoce su padecimiento que se desprende fundamentalmente de la preocupación que genera la cultural actual por exhibir un cuerpo delgado; demanda que presiona de manera particular a las y los adolescentes y jóvenes, olvidando que la estructura de nuestra raza en muchos casos es incompatible con la imagen y el ideal mundial. En todos los casos el tratamiento inmediato consiste en que la persona tome alimentos y gane peso.
A medida que se intenta que la o el paciente ingiera algún alimento, se requiere de tratamientos psicológicos, psiquiátricos y endocrinológicos. Detectar a tiempo la anorexia tiene buen pronóstico. A pesar de ello se estima que entre el 5 y el 18 por ciento de las personas que sufren anorexia pueden morir.
El tema es muy discutido últimamente, pues determinadas actitudes modernas, como la ropa cada vez más estrecha, la aparición de modelos cada vez más delgadas, influye negativamente en el ánimo de muchas jóvenes que tratan de conseguir el supuesto cuerpo perfecto que la sociedad pide.
Para muchos psicólogos, la educación a este problema pasa por educar y alertar a las jóvenes preparándolas para escapar de estereotipos y de manera particular, de esta mortal moda de la delgadez extrema, enseñando a la gente a incrementar su autoestima y asumir una actitud crítica y de rechazo hacia toda acción que tienda a descalificar su propio cuerpo.
Por ello, nos pronunciamos por la cultura de la prevención para evitar estas enfermedades de salud pública, impulsando campañas y la información necesaria que logren reeducar y proteger a nuestras nuevas generaciones.
Es por ello que el grupo parlamentario de la Revolución Democrática votaremos a favor por este punto de acuerdo, ya que en toda acción, grande o pequeña que tenga como fin proteger, mantener y/o acrecentar el derecho de las y los jóvenes mexicanos, vamos a favor.
Es por ello que invitamos a todos los grupos parlamentarios a que voten a favor de la juventud. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese. Tiene la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, para presentar proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo instruya a la presidencia permanente de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático y sean incluidos los miembros de las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión.
El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, señor Presidente. Hace apenas un par de días el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Elvira Quezada, comentó que las medidas que se adopten en este país para impedir el cambio climático no deben sacrificar el crecimiento económico de México.
En principio nosotros estaríamos de acuerdo, porque sí efectivamente para generar bienestar, hay que crear mayor riqueza. No obstante, habría que acotar dicha afirmación y sobre todo, acotar el tipo de crecimiento que deseamos para que éste sea realmente compatible con los esfuerzos internacionales para contener los cambios del clima.
Desde un punto de vista ambiental México tiene el privilegio, pero también la obligación de cuidar la megadiversidad biológica de la que gozamos, si consideramos que a nivel mundial pueden desaparecer hasta 150 especies diarias por el calentamiento global. Es evidente que México debe asumir una mayor responsabilidad de conciencia sobre el tema.
Pero también desde una perspectiva puramente económica, el Estado mexicano no puede dejar de reconocer, que el costo de los efectos del cambio climático en la tierra podría llegar a equivaler hasta el cinco por ciento del producto interno bruto mundial por año y este costo podría elevarse hasta el 20 por ciento del PIB mundial; según las estimaciones que dio a conocer el economista Nicolas Stern, que es el asesor económico del gobierno británico.
Por el contrario, el costo de tomar las medidas necesarias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero se calcula en aproximadamente el uno por ciento del PIB. Esto implicará que tanto las naciones desarrolladas como las naciones en desarrollo deban contener y acotar su crecimiento económico, basado en el uso exclusivo de combustibles fósiles, en el consumo excesivo y en la sobre explotación de los recursos naturales; es decir, para evitar la catástrofe del planeta no se requiere impulsar cualquier tipo de riqueza, no podemos apostar al crecimiento económico a cualquier costo sino sólo aquel que sea compatible con la preservación de nuestros recursos naturales y con la estabilidad climática del país.
Lo que requiere México, compañeros legisladores, se llama: desarrollo sustentable, y ello implicará no solamente crear riquezas sino distribuirlas mejor, además de impedir mayores daños a nuestros ecosistemas que incidan en nuestras posibilidades de desarrollo, y por supuesto, en asumir mayores compromisos para reducir emisiones y capturar gases de efecto invernadero, siendo que nuestro país está entre las primeras 15 naciones con mayores emisiones.
Una de las acciones más importantes que ha tomado el gobierno federal en esta materia ha sido la creación de una Comisión Intersecretarial integrada por diversas dependencias. Esta Comisión se creó con el objeto de coordinar en el ámbito de sus respectivas competencias las acciones de la administración pública federal relativas a la formulación, instrumentación de políticas nacionales para prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por la relevancia del tema, los legisladores del Partido Verde Ecologista consideramos relevante que el Congreso de la Unión participe de estos esfuerzos y se coordine con el gobierno federal en la definición de las políticas de Estado en materia de cambio del clima.
Por lo expuesto nos permitimos poner a consideración un punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular del Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la presidencia permanente de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, para que sean incluidos los miembros de las comisiones ordinarias del Honorable Congreso de la Unión, relacionadas con las materias relevantes a partir de los trabajos referentes a la definición de políticas públicas que tengan como fin abatir los efectos del cambio en el clima. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Xavier López Adame. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Rivas: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura orden del día)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 29 de marzo a las 11:00 horas. Y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.