El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 327 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:24 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio del gobierno del estado de Tlaxcala con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva en relación con dictámenes negativos de puntos de acuerdo de la Comisión de Comunicaciones, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Comunicación de la Junta de Coordinación Política. Que la diputada Holly Matus Toledo cause baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita al Instituto Nacional de las Mujeres que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, elabore un Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres y el Programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativo a la materia objeto del presente, que presenta la diputada Lourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente
Acuerdo
Primero. Que de conformidad a lo que establecen la Ley de Planeación, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Instituto Nacional de las Mujeres elabore el Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el Programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, haciendo un llamado amplio y plural para que todas las mujeres interesadas participen y sus ideas se vean reflejadas en la elaboración de los programas en comento, a fin de que se incorpore al Plan Nacional de Desarrollo.
Segundo. Que de conformidad a lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de Gobernación, con la coadyuvancia del Instituto Nacional de las Mujeres, elabore el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y se integre al Plan Nacional de Desarrollo.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a los 28 días de marzo de 2007. Signado por el diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Héctor Larios Córdova, diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para hablar sobre este tema ha pedido la palabra la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Gracias, señor Presidente. El grupo parlamentario del PRD se congratula porque en este momento estemos planteando que en el Plan Nacional de Desarrollo exista una serie de programas que tienen que ver con los derechos de las mujeres; sin embargo, existe, por ley, en la Ley para la Reivindicación de la Violencia contra las Mujeres que quien está a cargo de hacer el programa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia es la Secretaría de Gobernación.
En este asunto se está planteando que sea el Instituto Nacional de las Mujeres. Simplemente para hacer esa corrección, señor Presidente, porque pensamos que si nosotros exhortamos a algo que por ley no puede proceder estaríamos en un gran error.
En segundo término, quisiera plantear que no solamente tienen que ver estos dos programas: la erradicación de la violencia y la no discriminación en términos del Plan Nacional de Desarrollo sino qué es lo que va a pasar con una serie de programas que hacen que haya una transversalización de la perspectiva de género en todos y cada uno de los programas que hacen las secretarías de la administración pública federal. Es una preocupación.
Finalmente podemos estar enunciando en el Plan Nacional una serie de temas, pero sí nos preocupa mucho, desde el grupo parlamentario del PRD, que no exista una congruencia con lo que hemos estado firmando en convenios nacionales e internacionales para lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y que claramente quede, en el Plan Nacional de Desarrollo, una perspectiva hacia los derechos de las mujeres muy claramente sustentada en una serie de reglamentos y órdenes jurídicos que tenemos en nuestro país. Eso sería todo. Simplemente sería plantear esta serie de preocupaciones que están ahí y que estamos expresando. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lilia Cruz. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio de la Administración General de Aduanas por el que informa que no asignó mercancías provenientes del comercio exterior en el mes de febrero de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Oficio del Servicio de Administración Tributaria con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo con el que remite iniciativa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Economía.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Cámara de Senadores, oficio con el que remite solicitud presentada por el diputado Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas; y la minuta con proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y que adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Justicia.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas.
Esta Presidencia desea felicitar a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y a su presidente, el diputado Antonio Ortega Martínez, por ser la primera comisión en terminar con el rezago legislativo.
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Octavio Fuentes Tellez, diputado suplente electo en el IV distrito del estado de Chihuahua. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: Cruz Pérez Cuellar, Rafael Villicaña García, César Horacio Duarte Jaquez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Israel Beltrán Montes, Enrique Serrano Escobar, Jesús González Macías, José Luis Aguilera Rico, Rubén Aguilar Jiménez y Jacinto Gómez Pasillas
La Secretararia diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se pide a la comsiión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido)
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se invitar a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadano Octavio Fuentes Tellez ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Octavio Fuentes Tellez: Sí, protesto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenido y puede pasar a su lugar. Gracias.
Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establecen las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Se turna a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el diputado Leonardo Magallón Arceo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma los artículos 162 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo: con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado federal Leonardo Magallón Arceo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II, del 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264 y que adiciona un último párrafo al artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La necesidad de garantizar por parte del Estado el pleno goce de la democracia a los ciudadanos ha provocado que el derecho electoral pase a ser una rama autónoma del derecho y no una ramificación del derecho constitucional o administrativo.
La importancia que en los últimos años se ha dado al tema de la democracia y con éste al de las elecciones y al de la vigilancia y control de los diferentes órganos y niveles de gobierno se ha reflejado en una ciudadanía mejor informada y por lo mismo, más crítica a la hora de emitir su voto.
Esta nueva cultura democrática apenas naciente en nuestro país, pronto se verá reflejada en los niveles de desarrollo cívico-político que como mexicanos podemos alcanzar. Para que esto ocurra es necesario seguir fortaleciendo las instituciones y la legislación, en las que se garantiza y se ejerce la democracia en nuestro país.
La reforma que se propone en la presente iniciativa al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es una práctica que incide en una correcta depuración del padrón electoral, mismo que desencadenará una mayor confianza en nuestros procesos y por ende, en los gobernantes que surjan de los mismos. Esta idea surgió de la praxis y sin lugar a dudas de aprobarse, contribuirá con la integración más exacta de la lista nominal de electores, lo cual se verá reflejado directamente en jornadas electorales más democráticas.
La adición a la que se refiere la presente iniciativa pretende desestimular ciertas prácticas antidemocráticas que eran utilizadas para ganar de forma indebida las elecciones. Esta práctica consistía en utilizar las credenciales de elector de personas difuntas o que se encontraban privadas de su libertad dentro de un centro de reclusión para sufragar.
Se puede señalar con cierta razón que la credencial de elector cuenta con medios de seguridad que no permitirían a una persona votar con la credencial de un tercero ya finado o preso en un centro de reclusión.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los funcionarios de casillas son ciudadanos que sólo reciben un curso introductorio para el ejercicio de su encargo y por lo tanto, presumen de buena fe del ciudadano que se presenta a votar.
Por otro lado, las tendencias crecientes de elecciones cada vez más concurridas y competidas, donde los funcionarios de casilla en la mayoría de los casos sólo verifican que la credencial se encuentre inscrita en la lista nominal de electores y en donde unos cuantos votos pueden ser la diferencia entre ganar o perder la elección.
Nuestra actual legislación en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 162 señala lo siguiente:
Artículo 162, numeral 1. A fin de mantener permanentemente actualizados el Catálogo General de Electores y el Padrón Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores recabará de los órganos de las administraciones públicas federal y estatal, la información necesaria para registrar todos los cambios que lo afecten.
Numeral 2. Los servidores públicos del Registro Civil deberán informar al Instituto Federal Electoral de los fallecimientos de ciudadanos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de expedición del acta respectiva.
Numeral 3. Los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano, deberán notificarlas al Instituto Federal Electoral dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la respectiva resolución.
Numeral 4. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Instituto Federal Electoral dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que:
a).- Expida o cancele cartas de naturalización;
b).- Expida certificados de nacionalidad, y
c).- Reciba renuncias a la nacionalidad.
Numeral 5. Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores deberán remitir la información respectiva en los formularios que al efecto les sean proporcionados por el Instituto Federal Electoral.
Numeral 6. El Presidente del Consejo General del Instituto podrá celebrar convenios de cooperación tendientes a que la información a que se refiere este artículo se proporcione puntualmente.
Si bien es cierto que nuestra legislación contempla de manera puntual la depuración del padrón electoral, lo que ocurre en la práctica es que este aviso al que se están obligados los servidores públicos a que refiere el artículo 162 del Código no se efectúa o es efectuado en un plazo mayor de lo establecido por la norma.
Asimismo, cabe indicar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 264 las faltas administrativas y las sanciones, en caso de incumplir con los ordenamientos que estipula el Código.
La presente iniciativa busca reformar el artículo 264, numeral 3, y adicionar el último párrafo del artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para sancionar de manera expresa y agravada la falta de cumplimiento por falta de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, por no dar los avisos a que se encuentran obligados, según lo señalado en el artículo antes mencionado.
De tal forma se pretende sancionar conforme lo establece la ley a los funcionarios públicos que están obligados a dar aviso al Instituto Federal Electoral de los casos enumerados en el artículo 162 no cumplan en tiempo y forma con lo que les manda la ley.
De aprobarse las propuestas de reforma al artículo 264 y la adición al artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se estará dotando a la ley de un instrumento coercitivo para el mejor cumplimiento de esta norma y la actualización constante de nuestra legislación electoral.
Con base en lo antes señalado es que presento la siguiente iniciativa que reforma el artículo 264 y que adiciona un último párrafo al artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:
Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
En su numeral 7 las autoridades y los funcionarios señalados en el presente artículo, que no cumplan en tiempo y forma con la obligación de remitir la información al Instituto Federal Electoral, acatarán las disposiciones que marca el artículo 264 de este Código.
Segundo. Se reforma el numeral 3 del artículo 264 para quedar como sigue:
Artículo 264, numeral 3. Igualmente conocerá de las infracciones que cometan las autoridades federales, estatales y municipales a que se refieren los artículos 131 y 162 de este Código, en los casos que no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Federal Electoral, para ello se estará a lo siguiente:
a) Conocida la infracción se integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora para que esto proceda en los términos de ley; e
b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior, deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso.
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Magallón Arceo. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia saluda a los niños de la Escuela Primaria, Licenciado "Eduardo Novoa" de aquí del Distrito Federal, presentes en esta sesión.
Se recibió del diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario del Partido Alternativa, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Tiene la palabra el diputado Gilberto Ojeda Camacho, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio.
El diputado Gilberto Ojeda Camacho: Con el permiso de esta honorable Asamblea, quiero me permitan desviarme del tema un minuto, para hacer una reflexión que considero de suma trascendencia, ya que la iniciativa que hoy pongo a consideración de este Pleno me motivó a hacer una reflexión y sacar una deducción de que en muchas ocasiones lamentablemente se legisla sin tener en consideración que tendremos aquí un mandato ciudadano y que debemos obedecer a ese mandato, presentando iniciativas y propuestas de reformas que tengan que ver con el interés general y que no únicamente tratemos de mejorar estadísticas personales con iniciativas que dañan a las mayorías.
En esta iniciativa que hoy presento daré cuenta de lo que estoy diciendo, ya que en 2003 se modificaron unos artículos del Código de Comercio en donde dañan severamente a los abogados, a los jueces de primera instancia y a las partes de los juicios mercantiles en las entidades federativas, y no le encontré nunca el sustento de las reformas de 2003.
Por eso en esta contrarreforma que hoy presento queda de manifiesto lo que acabo de decir, ojalá y que en estos tiempos que estamos siendo convocados a un tema tan importante, como es la reforma del Estado, legislemos con responsabilidad y con una visión de que tenemos que atender un reclamo general y que nos debemos a la gente que está allá en las entidades federativas y que es la que votó por nosotros.
Con el permiso de esta honorable Asamblea el suscrito, diputado Gilberto Ojeda Camacho, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 1411 del Código de Comercio, con el más firme propósito de que en cumplimiento con la determinación constitucional los asuntos se resuelvan de manera pronta, imparcial y expedita al tenor de las siguientes consideraciones y
Exposición de motivos
En el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2003, se dan a conocer las reformas a las que fueron sometidos los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio, mismas que entraron en vigor un día después.
Antes de las reformas a las que fueron sometidos, los artículos en referencia disponían:
Artículo 1054. En caso de no existir convenios de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto, se aplicará la Ley de Procedimientos local respectiva.
El artículo 1063 rezaba: Los juicios mercantiles se sustanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme a este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto, por la Ley Procesal local respectiva.
Actualmente y en virtud de las reformas a las que fueron sometidos estos artículos, establecen:
Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 1063. Los juicios mercantiles se sustanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme a este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto, por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Al comparar los contenidos de ambos artículos, antes y después de las reformas, se aprecia que el cambio que sufrieron fue únicamente en relación al estatuto supletorio. No obstante, ese cambio afecta a todo el Código Mercantil ya que anteriormente a este ordenamiento se aplicaba supletoriamente, en materia procesal, el Código de Procedimientos Civiles local de cada entidad federativa correspondiente; y hoy el aplicable es el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Es evidente que la reforma en comento tuvo como fin principal que existiera unicidad respecto del estatuto supletorio, lo que puede calificarse como una decisión atinada puesto que la uniformidad jurídica genera una mejor administración de justicia. Sin embargo, el legislador de aquella época no previó algunos inconvenientes que una reforma de tal dimensión podía ocasionar, inconvenientes dentro de los que se destaca el siguiente:
El artículo 1411 del Código de Comercio dice textualmente: Presentado el avalúo y notificadas las partes para que concurran al juzgado a imponerse de aquél, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes por tres veces dentro de tres días, si fuesen muebles y dentro de nueve, si fuesen raíces, rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho…
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se ha agotado su tiempo, señor diputado.
El diputado Gilberto Ojeda Camacho: Si me permite, creo que tengo 10 minutos. Siete, permítame.
De dicho texto se advierte que el precepto es omiso en precisar en dónde debe el juzgador ordenar las publicaciones de los edictos, omisión que se suplía con lo que al respecto establecían los Códigos de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa, pero que a raíz de las reformas, en atención a lo previsto por los artículos 1054 y 1063, descrito líneas atrás, debe ser suplida con la que sobre el aspecto previene el Código Federal de Procedimientos Civiles, particularmente con lo dispuesto por el artículo 474 de este ordenamiento, que expresa: valuados los bienes, se anunciará su venta por dos veces, de cinco en cinco días, publicándose edictos en el Diario Oficial de la Federación y en las tablas de avisos o en la puerta del tribunal, en los términos señalados.
El espíritu —para terminar y ya que está publicada en la Gaceta esta iniciativa— es el siguiente: porqué tienen que publicarse los edictos de remate en los juicios mercantiles en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional, cuando tenemos la posibilidad de hacer el mismo procedimiento localmente, en donde la gente tiene mucho más acceso a los periódicos locales y al Diario Oficial de cada entidad federativa.
El espíritu de esta reforma es que se hagan las modificaciones para que vuelva como estaba antes, el artículo 1411 del Código de Comercio, a efecto de que esas publicaciones se hagan en las entidades federativas en los lugares en donde se siguen los juicios mercantiles; y evitemos así gastos innecesarios de las partes del juicio, de los abogados postulantes y trabajo innecesario de los jueces de primera instancia que tienen que enviar exhortos hacia la capital de la República para darle seguimiento a este ordenamiento legal.
Por ello les pido que, al momento de analizar esta propuesta en las comisiones, tomen en consideración lo aquí expresado por su servidor. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Economía. Se concede el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia. Vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Diferentes diputados y diputadas de varios partidos políticos han firmado esta iniciativa; diputados que han tenido la oportunidad de ser presidentes municipales y que conocen que el artículo 10o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos es un artículo que le da toda la posibilidad de concentración a la Secretaría de Gobernación para otorgar los permisos correspondientes en las peleas de gallos y en carreras de caballos.
Ustedes saben, diputadas y diputados, que la historia del juego con apuestas o arriesgando algo de valor —como se conocían hace muchos años— tiene una historia desde el año 1450 antes de Cristo. Incluso en el circo romano, centenas de miles de personas asistían y apostaban en carreras de caballos. En el período Medieval había justas de torneos de arco y flechas. Sin embargo la inercia de las apuestas provocó, desde entonces y hasta la actualidad, una desmedida ambición por apostar y por ganar.
Hace muchos años, desde el año 350 después de Cristo, surgió la figura de un vigilante de los juegos, el cual determinaba la legalidad de las competencias y por ende de los resultados. En la actualidad el Estado es garante de la legalidad de los juegos y competencias. En México no están permitidas las apuestas en casinos, pero sí existe la posibilidad de apostar en carreras de caballos y en peleas de gallos.
Por ello, considerando todo lo que les he comentado, quiero señalar específicamente que el gobierno de Veracruz, a cargo del licenciado Fidel Herrera Beltrán, tiene una enorme preocupación para que los alcaldes o presidentes municipales, y el gobierno del estado, puedan participar sin contravenir los principios que la ley le ha otorgado a la Secretaría Gobernación, de la siguiente manera.
Que se supervise el desarrollo de las competencias o juegos con cruce de apuestas en el territorio de cualquier estado.
Nosotros en este momento nos estamos refiriendo al caso de Veracruz. Soy diputado federal del VI distrito de ese estado y, por lo tanto, conozco la problemática de las carreras de caballos y también la problemática de las peleas de gallos.
¿Qué se propone? Se propone que se pueda reformar el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. ¿Para qué lo proponemos? Lo proponemos con un objetivo esencial: que las autoridades locales; es decir, el presidente municipal y el gobierno estatal coadyuven en la autorización, supervisión, vigilancia, control y desarrollo de los eventos que incluyen carreras de caballos y peleas de gallos con cruce de apuestas y puedan contar con el instrumento jurídico que les permita cumplir con la obligación de protección y salvaguarda, brindando con ello certeza y seguridad jurídica.
Para qué lo proponemos. Lo proponemos para que, como lo señala el artículo 10 de esta Ley, se establezca que todas las autoridades federales, las locales y la fuerza pública cooperarán con la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir las determinaciones que ésta dicte, de acuerdo con la ley.
¿Cómo lo proponemos? Proponemos que con la autorización de la Secretaría de Gobernación, las autoridades estatales y municipales puedan supervisar y vigilar con mayor atingencia este tipo de competencias y juegos con apuestas, mediante la creación de un servidor público denominado inspector. Se trata de que haya un inspector.
¿Qué facultades va a tener ese inspector? Las facultades que tendrían los estados y municipios para intervenir en la designación de servidores públicos locales, facultades para verificar que los organizadores responsables de las carreras de caballos y peleas de gallos cuenten con el permiso correspondiente y además, cumplan con sus obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales.
¿Cómo lo proponen los diputados que firman esta iniciativa y su servidor? Proponemos lo siguiente: Que se modifique el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para quedar como sigue:
Artículo 10. Los gobiernos de los estados y los ayuntamientos en los que se celebren carreras de caballos y peleas de gallos con el cruce de apuestas permitido autorizarán, junto con la Secretaría regobernación, la supervisión, control y desarrollo de estos eventos, quedando facultados para nombrar los inspectores, los que tendrán facultades para verificar que los organizadores y responsables de estos eventos cuenten con el permiso correspondiente, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales y, en su caso, procedan a la suspensión del evento en el caso de detectar alguna irregularidad o violación a la legislación de la materia.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial.
¿Por qué lo proponemos los diputados que hemos ostentado el cargo de presidentes municipales? Porque esta facultad no la tienen los presidentes municipales ni la tienen los gobernadores de los estados y luego resulta que, si hay muertos ahí, los únicos responsables son los presidentes municipales o el gobernador del estado, cuando ni siquiera dan los permisos ni tienen ninguna facultad.
Por eso llamo la atención de ustedes, compañeras y compañeros diputados, para que junto con la Secretaría de Gobernación se nombre un inspector y, en su caso, ese inspector tenga las facultades de suspender una carrera de caballos o una pelea de gallos si no hay condiciones y, no luego se culpe al presidente municipal o se le culpe al gobernador del estado.
No es justo que esto suceda si ellos no han otorgado los permisos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados. Dejo la iniciativa a cargo de la Secretaría. Gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a los alumnos del Colegio de Bachilleres del Municipio de Nopala, Hidalgo, que nos honran con su presencia.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Arredondo Velásquez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jesús Arredondo Velázquez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito, diputado federal Jesús Arredondo Velázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de este Honorable Congreso el proyecto de iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La naturaleza jurídica del presente proyecto de iniciativa consiste en elevar a rango constitucional la obligatoriedad que debe tener todo servidor público para atender en un término realmente breve, las solicitudes de información que se le formulen al organismo o entidad a la que pertenezcan y evitar con ello retardos innecesarios o en su defecto, omisiones que impliquen un vacío en la prestación de un servicio público.
El derecho de petición, jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el Estado de permitir al ciudadano elevar ante los diversos órganos de gobierno una solicitud. Asimismo, existe el derecho de respuesta que se entiende como la facultad que tienen los ciudadanos de, una vez ejercido el derecho de petición, recibir una respuesta en los términos legalmente establecidos.
El derecho de petición debe entenderse como un derecho de seguridad jurídica, en tanto que supone una vía formal de relación y diálogo entre los particulares y las autoridades.
Lo hasta aquí expuesto nos permite establecer que las personas tienen la potestad de acudir ante cualquier autoridad para formular una solicitud o instancia escrita de cualquier índole.
Por su parte los servidores públicos, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8 constitucional, tienen como obligación el deber de dictar en breve término y de manera congruente, la respuesta escrita a la solicitud que el gobernado les haya realizado satisfaciendo de este modo el imperativo constitucional mencionado.
Existen casos en que se solicita información concerniente a la actuación en cualquier materia; es decir, en procesos judiciales, civiles, penales, administrativos, laborales, etcétera, ante diversas instancias, sin que las autoridades emitan su respuesta en un término considerablemente breve, provocando con ello confusión para el peticionario, incurriendo así en prácticas que en nada benefician a la transparencia. Como consecuencia, el peticionario puede interponer un juicio de amparo.
En la práctica encontramos también solicitudes que no se sustentan, por su naturaleza, en otras leyes u ordenamientos jurídicos ni están vinculadas con algún procedimiento seguido en forma de juicio, sino son solicitudes relacionadas con las áreas de atención y/o gestión ciudadana, las cuales deben tener un trato especial por lo que deben ser acatadas en los términos para ser atendidas, prescribiéndose como plazo genérico máximo para la emisión de la respuesta escrita el de tres meses, atendiendo así a los criterios adoptados en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y en lo previsto en criterios sustentados por nuestros más altos tribunales federales.
Es por ello que el presente proyecto de iniciativa evitaría que las autoridades jurisdiccionales federales tengan la carga de analizar, de forma casuista y conforme a las peculiaridades de cada caso, el concepto de breve término, en la omisión de la respuesta alegada.
Por consiguiente, resulta necesario el consignar la obligatoriedad, en el artículo 8 constitucional, para que los servidores públicos emitan una respuesta a las solicitudes de los ciudadanos conforme a los términos que establezcan las leyes y reglamentos en cada materia; y con ello establecer un verdadero régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sujetos al título cuarto de la Constitución federal, ya que dicha obligatoriedad permitirá señalar, como conducta de omisión, el no dar respuesta en los términos establecidos en cada materia.
Por todo lo dicho hasta ahora, la iniciativa que se propone aquí es modificar al segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que a la letra diga:
Artículo 8. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Este acuerdo deberá ser congruente con la solicitud pedida y la autoridad tiene la obligación de hacerlo conocer en los plazos que dispongan las leyes u ordenamientos jurídicos de cada materia y, en caso de no preverse, se tendrá un plazo de tres meses. Es cuanto diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 414 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos y las alumnas de la Universidad Vasco de Quiroga, de Apatzingán, Michoacán. Les damos la bienvenida y agradecemos su visita.
Igualmente saludamos a los ciudadanos de Tecamac, del Estado de México, que están con nosotros esta mañana. Muchas gracias también por su visita. Tiene el uso de la palabra el diputado Victorio Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 324 Bis a la Ley General de Salud.
El diputado Victorio Montalvo Rojas: Con su venia, señora Presidenta. El suscrito, Victorio Montalvo Rojas, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 324 Bis, a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El siglo XX fue el de la revolución científica y tecnológica en una multiplicidad de desarrollos y conocimientos en distintas áreas. Una de las más trascendentes fue la de transplantes de órganos en humanos.
En la década de los sesenta se practicaron los primeros trasplantes y fueron juzgados como auténticas hazañas médico-científicas, México no fue la excepción. La década de los ochenta, fue testigo de los grandes pasos en materia de trasplantes en México. Así, en 1985, médicos mexicanos realizan el primer trasplante de hígado; en tanto que en el 87 se realiza el trasplante de páncreas. Un año significativo fue 1988, cuando se realizó el primer trasplante de corazón y en 1989, el primer trasplante de pulmón.
A pesar de los avances en la medicina, la demanda de órganos no ha sido resuelta. Solamente entre 1991 y el año 2000 el tamaño de listas de espera para trasplantes de órganos se triplico y el número de pacientes que solicitan trasplante único o múltiple se incrementó en un 45 por ciento, entre esos años.
Datos del Centro Nacional de Trasplantes señalan que cada año se llevan a cabo en nuestro país, alrededor de cinco mil trasplantes de órganos y de acuerdo con estas cifras, se estima que hay ocho mil 300 pacientes en espera de un órgano. No obstante, hay un subregistro que podría elevarlos a 18 mil. En 1999, se creo el Consejo Nacional de Trasplantes, debido a la gran demanda de órganos y tejidos que se registran anualmente en México.
Desde que se empezaron a realizar trasplantes en nuestro país se han llevado a cabo más de 30 mil de estas cirugías, principalmente de hígado, riñón, corazón, córneas y piel; sin embargo, es mucho mayor la demanda de pacientes que requieren de este tipo de cirugía que la oferta disponible en los hospitales.
Por otra parte, el incremento de la delincuencia organizada, así como la cifra de muertes violentas por delincuencia organizada ha aumentado significativamente. El informe de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos la (DEA), en su informe sobre la violencia en México señala que la cifra de muertes por delitos de narcotráfico superaría las mil 500 en el año 2005; sin embargo, a la fecha este número ha aumentado a más de dos mil.
El INEGI señala que el número de muertes vinculadas con el crimen organizado en el 2005 fue de mil 776. Cabe señalar que en la comisión de algún ilícito el sujeto activo adopta acciones evasivas, resultando en muchos de los casos herido de gravedad y posteriormente pierde la vida o la pierde en el momento mismo de la comisión del ilícito.
En ese sentido, quien lleva a cabo hechos materiales de violencia con el conocimiento de que constituyen delitos y por tanto, preconcibe, realiza y acepta el resultado material de su conducta adquiere la responsabilidad del hecho, o hechos y en consecuencia, la obligación de resarcir el daño causado.
En este orden de ideas, si la persona que realiza el acto violento constitutivo de delito muere a consecuencia del enfrentamiento que tenga con los elementos policiales al intentar evadirse, a manera de resarcimiento social por su conducta, es justificable que sus órganos y tejidos sean aprovechados por el beneficio social, que en el caso concreto, serían todas aquellas personas que se encuentran en la lista de espera de algún órgano o tejido en el Centro Nacional de Trasplantes.
Ahora bien, en términos del artículo 347 de la Ley General de Salud, los cadáveres se clasifican en personas conocidas y desconocidas. Los no reclamados dentro de las 72 horas posteriores a la pérdida de la vida y aquellos que no se conozca su identidad, se considerarán personas desconocidas.
Por su parte, el artículo 350 Bis 3 de la propia Ley General de Salud previene que en el caso de los cadáveres de personas desconocidas podrán ser obtenidos del Ministerio Público, o de establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia social, por las instituciones educativas con el cumplimiento de los requisitos legales establecidos; es decir, se ensaya con fines científicos con estos cuerpos.
Asimismo, el artículo 350 Bis del propio dispositivo legal previene que los cadáveres de personas desconocidas, las no reclamadas y los que sean destinados para la docencia e investigación, serán inhumados o incinerados.
En virtud de lo anterior y previo los estudios médicos y clínicos correspondientes, en este caso los órganos y tejidos podrían ser utilizados para ser donados a las personas que tienen fincadas sus esperanzas de vida o de mejora de la calidad de ésta en la obtención de un órgano o tejido.
Como es de observarse, la donación de órganos y tejidos es un tema sensible en nuestro país por todo lo que implica en materia de salud para los mexicanos.
Es de conocimiento público que la lista de espera por un tejido u órgano representa una línea muy delgada donde se encuentra la posibilidad de vivir con calidad o el transcurrir intermitente del abatimiento y la desesperación de muchas personas, ya que todo depende —hasta ahora— de la voluntad y decisión de un ser humano en prolongar o mejorar la calidad de vida a otro, a través de la donación de un órgano o tejido.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 324 Bis a la Ley General de Salud.
Artículo único. Se adiciona el artículo 324 Bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue.
Artículo 324 Bis. No se requerirá el consentimiento de las personas mencionadas en el artículo 324 cuando el donante hubiere fallecido a consecuencia del enfrentamiento con elementos policiales al intentar evadirse de manera violenta de su captura por la comisión de un delito grave.
En el caso de los cadáveres que se desconozca su identidad y sean considerados como personas desconocidas en los términos de esta ley, serán considerados como donadores de organismos y tejidos. En ambos casos se dará intervención a las autoridades o instituciones mencionadas en los artículos 328 y 350 Bis, y 3 de esta ley, para la extracción de órganos y tejidos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.
Se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Carballo Bustamante, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Andrés Carballo Bustamante: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito diputado federal Andrés Carballo Bustamante, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19, fracción IV, inciso d); y se adiciona un inciso e) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Mientras en el mundo se libran batallas financieras, bursátiles, políticas y militares en aras de reducir el número de manos en las que se encuentra el control de los principales energéticos, en México la lucha entre los grupos políticos, y sobre todo las fracciones parlamentarias, es en torno del reparto de los excedentes fiscales que ahora dejan los altos precios del petróleo en el mercado internacional.
El Ejecutivo federal, gobernadores y municipios e inclusive acreedores, quieren beneficiarse del reparto, pero nadie da cuenta justa y exacta de qué está ocurriendo con estos recursos.
No es menor la suma en juego para el presupuesto de 2005; se previeron ingresos de 23 dólares por barril de mezcla mexicana de exportación, pero hoy ésta se cotiza en casi 51.73 dólares; es decir, 100 por ciento más de lo esperado.
Estamos hablando de un monto por excedentes petroleros hasta de mil 100 millones de dólares sólo al cierre del primer trimestre del año, mientras expertos calculan que durante todo el 2004 la cifra por ese concepto alcanzó los 10 mil millones de dólares.
Dadas estas observaciones, consultores en economía manifiestan: "Es de suma importancia manejar con prudencia el Presupuesto de Egresos, que es de aproximadamente 1 billón 500 mil pesos: pero al sumarle todos los requerimientos observamos que se eleva a 1 billón 800 mil…", con lo que no hay excedentes que alcancen.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 fue de 1 billón 818 mil 441 millones de pesos. En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006 de 2 billones 72 mil millones 400 mil pesos, para los investigadores, consultores y académicos estiman que urge transparentar el uso que se de a los excedentes petroleros para evitar la discrecionalidad en su distribución, sobre todo cuando se canalizan los recursos a los estados, donde es aun más difícil fiscalizar el gasto público.
Estos mismos investigadores responsabilizan al Poder Legislativo, manifestando lo que es un hecho, es que han formado una maraña tanto en el decreto de Presupuesto como en la Ley de Ingresos, a fin de manejar de manera discrecional los excedentes. Y si bien es cierto que los gobernadores a través de la Conago, o de los diputados en el Congreso de la Unión, piden cuentas claras, al final aceptan lo que les toca y no presentan mayores alegatos. Para Hacienda lo importante es utilizarlos para mantener el balance económico.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó, en diciembre de 2004, establecer en el paquete económico para 2005 modificar su propuesta de fijar un precio de 27 dólares por barril a la venta del crudo mexicano y establecerlo en uno más moderado de 23 dólares el barril, pese a considerarlo muy conservador en momentos en que los precios internacional rondan máximos históricos.
A cambio de tal concesión, los diputados decidieron que una parte de los recursos adicionales que generan los excedentes petroleros quedaran etiquetados para imponer al gobierno federal la obligación de usarlo para inversiones en el sector productivo. Asimismo, etiquetados otra parte de los excedentes por venta de cruda para que se destine a Pemex, mediante un fondo de estabilización petrolera y otra para repartirla a las arcas de los estados de la república.
Sin embargo, hasta el momento no se ha visto claro en dónde se aplican esos recursos, por más que hayan sido etiquetados y reetiquetados por el Poder Legislativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utiliza esos excedentes de acuerdo con sus propias necesidades y metas, con base en las facultades que le otorga la ley para el manejo del presupuesto; y mientras las autoridades financieras prefieren guardar silencio al respecto.
Aun así, ni quien se ocupe ni preocupe por los municipios donde la paraestatal Pemex deja un sinnúmero de problemas; y aunque la ley obliga a resarcir cada uno de estos daños que ocasiona con su exploración, explotación, conducción e infraestructura establecida en cada uno de los espacios ocupados de los diversos municipios afectados, todo ello da como resultado el encarecimiento y deterioro de la vida social. En lugar de recibir desarrollo reciben problemas y muy poco por la vía de los presupuestos, es decir, de los excedentes.
Si reconocemos que existen tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, y actuamos como tal en ese entendido, los productos de los excedentes petroleros y estos mismos deberían ser devueltos a la sociedad por la vía más cercana de relación constante, misma que son los honorables ayuntamientos constitucionales y así dar viabilidad y respeto al artículo 115 constitucional, marco rector vínculo del federalismo en la triada de gobernabilidad representativa, popular y democrática.
El tema del patrimonio del petróleo debe ser situado apropiadamente en este tenor del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera textual, en el párrafo cuarto, señala que: "Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias en v vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos".
En la Constitución queda claro que el petróleo pertenece originalmente a la nación, que el dominio de la nación de conformidad con el párrafo sexto del artículo 27 es inalienable e imprescriptible.
Por lo anterior es de considerar que el pueblo de México es legítimo, único y original propietario del petróleo y de más hidrocarburos del subsuelo; en este sentido podemos señalar que la propiedad sólo puede estar en manos del pueblo o del gobierno. Teniendo en cuenta que la Constitución Política le confiere ese derecho de propiedad al pueblo de México es preciso definir hacia quién deben de ir canalizados los beneficios de los excedentes petroleros, toda vez que este recurso no renovable deja situaciones de desequilibrio ecológico en las amplias zonas donde se encuentra Petróleos Mexicanos.
Por ello, en el proyecto de decreto que se reforma el artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propongo el artículo único que reforma el artículo 19 fracción IV, inciso d), se le adicione un inciso e) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:
IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo, una vez realizadas, en su caso, las composiciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21, fracción I de esta ley, se destinarán a los siguientes:
d) En un ocho por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento a las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones, reportando en la Cuenta Pública reciente.
En el inciso e) que propongo. Es un dos por ciento a todos y a cada uno de los municipios relacionados con Pemex por cuestiones de exploración, explotación, conducción e infraestructura para ser aplicados en la reestructuración del equilibrio ecológico y el amortiguamiento del daño social.
Artículos transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplirá con las proposiciones que establece este artículo relativo a la proporción que le corresponde a los municipios como lo expresa el inciso e).
Dado en el Palacio Legislativo. Pido a la Presidenta sea tan amable de turnarlo a las comisiones correspondientes y de igual manera a la de Fortalecimiento al Federalismo. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo. Sonido en la curul del diputado Montalvo.
El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde la curul): Sí. Gracias, Presidenta. Para solicitarle muy atentamente rectificar el turno de la iniciativa que presenté, para reformar el artículo 324 Bis a la Ley General de Salud, si puede incluir el turno a la Comisión de Justicia.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Le vamos a aumentar al turno de la Comisión de Salud que fue dado, con opinión de la Comisión de Justicia.
Esta Presidencia saluda a los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, le da la bienvenida y les agradece habernos visitado.
Se concede el uso de la palabra, al diputado Alberto Amaro Corona del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El diputado Alberto Amaro Corona: Con su venia, ciudadana, diputada Presidenta. El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3; la fracción VI al artículo 111 del Capítulo II Bis; artículo 113 Bis al Título Séptimo de la Ley General de Salud, bajo la siguiente
Exposición de motivos
La presente iniciativa de reforma a la Ley General de Salud pretende establecer como materia de salubridad general la actividad física para la salud. Ante las condiciones que vivimos de un incremento sustancial en la obesidad de la población de nuestro país, la cual tiene características epidémicas por el alarmante número de casos registrados y en el incremento importante en el porcentaje de casos de este mal. Ante esto, expondré los motivos que llevan a realizar esta propuesta para trasmitir a adultos y niños la importancia de la actividad física.
Debemos plantearnos como objetivos el combate al sedentarismo y la falta de actividad física, considerándolos como una de las principales causantes de la obesidad en nuestro país. La cifra en materia de sobrepeso es alarmante entre los cinco y 11 años de edad, pues uno de cada cuatro niños presenta sobrepeso. Esto es equivalente a cuatro millones de niños. En los últimos siete años creció en 40 por ciento.
Entre los adolescentes la situación es también crítica pues casi seis millones presentan problemas de obesidad. Al llegar a la edad adulta cerca de 70 de cada mujeres mayores de 20 años, es decir 25 millones de mexicanas, tienen condición de sobrepeso y obesidad.
Los hábitos de los mexicanos para realizar actividades físicas y deportivas se reducen a menos de una hora, un día a la semana. Datos de la Conade arrojan que los mexicanos concebimos la actividad física y el deporte como eventos de fin de semana y no como una práctica sistemática y disciplinaria que requiere cuando menos 30 minutos cada tercer día para que el ejercicio mejore a nivel de salud y propicie el desarrollo físico.
De lo contrario tenemos como consecuencia que, producto del sedentarismo, se da el aumento de enfermedades crónico-degenerativas, como obesidad, cardiovasculares, diabetes, cáncer, deformaciones a nivel musculoesquelético, y también la alimentación deficiente y el exceso de presiones, que son factores comunes que detonan una gran cantidad de problemas que afectan a los individuos también psicológicamente.
Por lo anteriormente mencionado y tomando como referencia el panorama internacional, es conveniente retomar experiencias significativas que puedan implementarse en nuestro país, no sólo como una solución sino más bien como medidas preventivas.
Así tenemos casos que han estudiado problemas del sedentarismo y los beneficios de programas de actividad física, por ejemplo, en Australia y Canadá se encuentran beneficios en su población económicamente activa al reducir el ausentismo laboral y aumentar la productividad, así como en disminuir las enfermedades del corazón.
Por otro lado, las enfermedades no transmisibles provocadas por la inactividad causaron 76 por ciento de todas las defunciones en América Latina en el 2002, según datos proporcionados por la Organización Panamericana de Salud, ya que más de dos terceras partes de la población de países de América Latina, como Brasil y México, no practican los 30 minutos diarios recomendados de actividad física moderada para prevenir enfermedades no transmisibles.
En el 2005, según un reporte de la Secretaría de Salud, hubo 50 mil muertes debidas a problemas cardiovasculares, eso significa una de cada 10 muertes en el país. En el mundo cada año mueren 17.5 millones de personas.
La única forma de reducir la incidencia de estos padecimientos es la prevención, por eso se pretende motivar a los mexicanos pequeños, adolescentes y adultos a la práctica de alguna actividad física y llevar estilos de vida saludables evitando el tabaquismo y fomentando una nutrición sana y el chequeo de sus niveles de colesterol, presión arterial, azúcar en sangre, lípidos y sobrepeso, por lo menos una vez al año e impartir prácticas informativas a pacientes y público en general.
En la actualidad hablar de obesidad es hablar de un problema de salud pública. Tenemos que promover actividades donde la familia participe, que conviva, que haya movimiento en lugar de que se reúnan en torno a la televisión, la computadora o el videojuego. Por ello es importante la actividad física para contrarrestar los hábitos actuales de los niños y también de nuestra población adulta.
Sin embargo, es prioritario tomar medidas inmediatas para contrarrestar principalmente las consecuencias en niños con obesidad, las cuales van desde imagen corporal negativa hasta problemas de salud que anteriormente sólo se presentaban en personas en edad adulta, pero que hoy se presentan en nuestra población infantil.
Por ello la importancia de que la población comprenda los beneficios de adquirir hábitos de actividad física. Esto se logrará por medio de personal especializado de las instituciones de salud pública y a través de la promoción y educación en la primaria que permitan a los mexicanos gozar de salud y una mejor calidad de vida y al mismo tiempo, disminuir costos en la atención médica, producto de enfermedades derivadas del sedentarismo y la obesidad.
Bajo este esquema debemos mencionar que desde el punto de vista legislativo es necesario plasmar en la Ley General de Salud un artículo que regule e implemente la actividad física para la salud, haciendo conciencia de que los beneficios que el ejercicio le brinda al ser humano son muchos; entre ellos mejora el trabajo del corazón, disminuye la presión arterial y el riesgo de tener infartos, reduce niveles de azúcar y grasa en la sangre y la ayuda a bajar de peso, favorece el aprendizaje, aumenta la autoestima y la sensación de bienestar.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Concluya por favor, diputado.
El diputado Alberto Amaro Corona: Le solicito respetuosamente me permita un minuto más; con eso concluyo. Por las consideraciones expuestas someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo único. Se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3; la fracción VI al artículo 111 y el Capítulo Dos Bis artículo 113 Bis, el Título séptimo de la Ley General de la Salud en los siguientes términos:
Artículo 3. Se adiciona la fracción XIII Bis, actividad física para la salud.
Artículo 111. Queda como sigue: la promoción de la salud comprende… Y adicionamos la fracción VI, la actividad física para la salud.
Capítulo Dos Bis. Actividad física para la salud.
Artículo 113 Bis. La actividad física para la salud tiene por objeto:
Fracción I. Fomentar, orientar y capacitar a la población para el desarrollo de actividades y conductas que le permitan reconocer los beneficios de la actividad física a la salud; asimismo como un medio para prevenir algunas enfermedades, en especial las crónico degenerativas.
Fracción II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre los daños del sedentarismo, la obesidad y la falta de actividad física.
Fracción III. Desarrollar programas tendientes a establecer los medios para ofertar servicios de manera regular y sistemática, que la práctica de la actividad física sea acorde a las necesidades y posibilidades físicas de los individuos.
La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios y con la colaboración de las dependencias y entidades del Sector Salud, así como las de la sociedad civil organizada y los ciudadanos, formulará, propondrá, desarrollará y escrutará programas de actividad física para la salud, procurando sean efectivos y acordes con las necesidades específicas de cada individuo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito se inserte íntegramente en el oficial Diario de los Debates. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.
Esta Presidencia saluda y felicita a los alumnos ganadores y alumnas ganadoras del Concurso de Oratoria del quinto sector educativo de la zona escolar 29 del Estado de México que nos acompañan esta mañana. Muchas felicidades.
Saludamos también al grupo de mujeres de la comunidad de Acapatzingo, del estado de Morelos; gracias por su visita. También nos acompañan y damos un cordial saludo a los comisariados y líderes del municipio de Atotonilco, Hidalgo, que nos acompañan esta mañana como invitados especiales. Gracias por su visita.
Se concede el uso de la palabra al diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita además por el diputado Alfredo Ríos Camarena.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, hoy presentamos a esta soberanía una iniciativa que nos parece trascendente e importante y me acompañan en ella dos ilustres abogados, el diputado Alfredo Ríos Camarena y el doctor Raúl Cervantes, que vienen a plantear un tema fundamental para el ejercicio del gasto para la función de la administración pública federal, para la práctica diaria a la que nos sometemos y que tiene que ver también mucho con la frustración en la que los legisladores nos encontramos después de aprobar los presupuestos, al no ver aterrizados en nuestros distritos, en nuestros estados, en nuestras regiones, esas políticas que impulsamos, vía presupuesto o vía acuerdos con el Ejecutivo federal.
Estas reformas tienen que ver con que, una vez nombrados los delegados federales, tengamos la capacidad en el Congreso de traer a comparecer a cada una de las comisiones relacionadas con el tema de la responsabilidad asignada en las dependencias.
A comparecer, para que cumplan con el requisito de ser ratificados por esta soberanía y que con ello, más allá de un tinte partidista o de regatearle hoy facultades al Ejecutivo, tengamos una capacidad de convivencia en el equilibrio de Poderes y sobre todo en ese discurso maravilloso que escuchamos siempre de federalismo.
El federalismo deberá de darse en el equilibrio de fuerzas, deberá de darse en la participación responsable de cada uno de los poderes públicos que hoy conformamos el gobierno federal.
Es por eso que sería importante traer aquí, a esta soberanía, a quienes serán los que ejerzan el gasto público, a quienes sean los que participen y complementen las definiciones de las dependencias.
Hoy por hoy no conocemos ni sabemos la trayectoria de los delegados de la Procuraduría General de la República. Hoy por hoy, qué importante sería que hubiéramos sido partícipes, junto con el Ejecutivo, de pasar a cada uno de los delegados federales de la Procuraduría General de la República aquí en la Comisión de Seguridad Pública, por ejemplo, para conocer sus antecedentes, su capacidad profesional, el conocimiento de los temas en este tema tan sensible y sobre todo complicado como es la seguridad pública.
Qué importante sería que tuviéramos la capacidad de que los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social, que muchos se convierten en santaclauses al estar distribuyendo los recursos de los programas que aquí se sancionan, que aquí se aprueban y que allá a veces sólo llevan el matiz partidista.
Cuántos delegados solamente por la conformidad de haber perdido una elección, los mandan como candidatos derrotados a ocupar una delegación. Y en esa delegación, cuántas veces van a cobrar la frustración de no haber sido electos. O lo que es mejor todavía, cuántas veces proyectando solamente la idea de un perfil para hacerlo candidato del partido en el gobierno se le entrega una delegación para que con ello se refleje, se proyecte, se posesione y con eso gane terreno en la elección.
Esto es algo delicado y grave porque si bien hoy gobierna un partido, mañana los partidos que tendremos posibilidades de gobernar, también tendríamos este elemento; pero es fundamental que tengamos ese equilibrio, esa capacidad de conocer y fomentar el Servicio Civil de Carrera.
Que un delegado de Semarnat venga a la Comisión de Medio Ambiente y plantee sus conocimientos en el tema; que un delegado de la Secretaría de Economía, pase la información debida a la producción o la competencia de los productos que la Secretaría está permitiendo en sus importaciones aquí, en la Ciudad de México.
Es elemental que los delegados de Agricultura, de Reforma Agraria, tengan los elementos y conocimientos suficientes del terreno en que van a trabajar y sobre todo en la responsabilidad que se les está otorgando. Es por eso que esta iniciativa es elemental en este tiempo.
Es elemental para fortalecer el federalismo; es elemental para que los delegados federales no se conviertan únicamente en promotores electorales y más en un año como éste que hay 14 elecciones locales y que no pueden ser únicamente el motivo promotor electoral del partido en el gobierno; sino al revés, tienen que ser fieles, responsables, profesionales, pero sobre todo servidores públicos que pasen por el filtro del Congreso en el conocimiento de los temas de los diputados que integren las comisiones de cada una de las actividades.
Es elemental y trascendental para fortalecer el federalismo que deje de ser discurso o una posición solamente mediática en la que en las acciones el Ejecutivo Federal comparta con esta soberanía el nombramiento a la ratificación de quienes sean delegados de cada una de las dependencias.
Es por eso que agradezco enormemente a mi coordinador, el diputado Emilio Gamboa, que se haya sumado en esta iniciativa; al diputado Javier González Garza, coordinador del PRD, que también la ha signado; a Gloria Lavara, coordinadora del Verde; a José Luis Aguilera, de Convergencia; a Rubén Aguilar, del Partido del Trabajo; al profesor Jacinto Gómez Pasillas, mi paisano, diputado por el Partido Nueva Alianza, que también lo ha signado.
Cuarenta y seis legisladores cenecistas, que estoy seguro que esta iniciativa nos fortalece, así como también en la bienvenida que damos al diputado Octavio Fuentes Téllez, que hoy ha asumido su curul.
Al diputado Israel Beltrán Montes, a la diputada Lilia Merodio y al diputado Enrique Serrano, agradezco que hayan signado junto con su servidor, esta iniciativa, la cual pido, Presidente, sea incorporada íntegra en el Diario de los Debates, así como su exposición de motivos para que a la brevedad esta soberanía tenga la posibilidad de dictaminarla y la hagamos una realidad. Es cuanto.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Insértese de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Claudia Cruz Santiago, del grupo parlamentario del PRD para presentar iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La diputada Claudia Cruz Santiago: Gracias, señor Presidente. Uno de nuestros derechos humanos en México es el derecho a la salud y hemos de alguna manera, en algunas zonas del país hay una serie de atenciones que tienen la infraestructura necesaria para que las mujeres puedan tener sus hijos. Pero hay otras zonas del país donde no existe eso y donde hay una serie de mujeres que han hecho tradicionalmente y por muchos siglos en nuestro país, lo que es el servicio de la partería.
Hoy estas mujeres han estado llevando a cabo a través, de una serie de estudios y servicios profesionales, todo este servicio que se da en las comunidades más pobres del país, donde generalmente se encuentran con mujeres de muy bajos recursos que no tienen una condición ni siquiera los medios para poder acudir a ningún hospital. Y que ellas en esta medida han podido ayudar a que muchos mexicanos y mexicanas puedan nacer en las mejores condiciones.
Hoy vengo a proponerles diputados y diputadas, que este servicio pueda se excluido de que paguen el impuesto. Hemos estado haciendo una revisión de cuánto sería ese pago de impuesto, exentarlas de ese pago de impuesto y cuánto nos repercutiría a nosotros; en la práctica es casi nada, es nulo el asunto de cuántos son los impuestos que ellas están pagando y en que reduciría todo este valor que ellas estarían en este momento pagando.
Una serie de grupos, de organizaciones de parteras precisamente, de varias partes del país, han recurrido a este Congreso para que esa exención pueda significar el que ellas puedan cobrar más barato a todas las mujeres a quienes les otorgan el servicio.
Y por ese motivo vengo a exponer y a plantearles la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar de la siguiente manera:
Artículo Único. Se reforma la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 15. Los servicios profesionales de medicina, enfermería y partería profesional, cuando su presentación requiera de título de médico, enfermera o técnico terminal profesional, en el caso de partera profesional conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles y un
Transitorio
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial.
Solidariamente solicitamos que el texto pueda ser integrado en su totalidad en el Diario de Debates. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Damos la más cordial bienvenida a los jóvenes integrantes del Centro Universitario Alianza, de Cuautla, Morelos. Bienvenidos.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedolla, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Adelante, diputado.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedolla: Con su permiso, señor Presidente. Con la alta representación y el apoyo de mis compañeros de Nuevo León, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo y de varios amigos y compañeros de Acción Nacional y atendiendo a una petición que hiciera la titular del DIF de Nuevo León.
En estos meses previos al Día de la Madre, el Día del Niño, ocurrimos a presentar una iniciativa que reforma fundamentalmente la Ley Federal del Trabajo, para que las madres adoptivas, que reciban a un menor de hasta seis meses, puedan disfrutar de los mismos beneficios laborales que las madres biológicas y de igual manera aquellas que adopten un hijo mayor de esa edad, que tengan también algunos beneficios como sucede en otros países.
Todos sabemos que la adopción es una figura jurídica que sustituye, a través de padres artificiales, a los consanguíneos. Sin embargo, es una alta responsabilidad del Estado y de la sociedad el proteger al niño desde sus primeros años, ya que todos sabemos que el hombre es el ser más indefenso de la naturaleza y debemos cuidar su nacimiento y fortalecimiento.
Ya la Declaración de Ginebra hablaba de que el niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse, debe ser alimentado, debe recibir apoyo en todos los órdenes, debe ser dotado de los medios para ganarse la vida.
En México se ha consolidado ese respeto a los niños, ya que desde el año 2000 se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente, pero debemos seguir trabajando y apoyando el fortalecimiento de los menores.
Un niño adoptado pasa por diferentes fases en este proceso de adaptación, pero éstas siempre serán las mismas en todos los casos, lo que variará es la duración de éstas. En ese sentido, se propone que tratándose de la nueva relación entre adoptantes y adoptados, al momento en que se les otorgue a los futuros padres la guarda y custodia del menor con fines de adopción, se conceda a la madre adoptante un permiso de 20 días hábiles, a fin de ejercer su maternaje y facilitar el proceso de adaptación. Entendiéndose por esto, los recursos internos y externos para permitir enfrentar y superar los nuevos desafíos que plantea su desarrollo. En igual forma y atendiendo a todos los derechos aplicables a los hijos biológicos, lo son también para los adoptados.
En el caso de los derechos de maternidad, a la madre biológica la ley le concede tres meses de licencia remunerada en el ámbito laboral. Todas las normas laborales, como las de seguridad social, deben reconocerse también a la madre adoptiva. El derecho de disfrutar de estas prestaciones en el periodo de maternaje. Todo ello, a partir de la fecha en que reciba la guarda y custodia del menor, que es cuando éste se incorpora a su nueva familia y requiere de una atención especializada.
Estos beneficios se otorgan con mayor extensión en España y en Italia, incluso se propone en esta iniciativa que, en el caso de que la madre esté imposibilitada, puedan los beneficios ser también en beneficio del padre: que pueda gozar de días para la atención al hijo o al niño adoptado.
Todo ello debe ser consignado en la Constitución como una protección definitiva al niño y a las madres, que asumen una responsabilidad muy grande y necesitan la protección del Estado y de la sociedad. Todo ello debe incorporarse a la ley federal y a las leyes que regulan estas disposiciones.
En este sentido y con el apoyo de mis compañeros de Acción Nacional de Nuevo León, los diputados que de alguna manera han firmado conmigo esta iniciativa, del PT y de mis compañeros diputados de Nuevo León, hacemos esta propuesta, respondiendo así, a la atención petición que nos hizo la titular del DIF de nuestro estado.
Y finalmente, la iniciativa se reduce a que con carácter de decreto sea reformado el artículo 123 en su apartado A, fracción V y apartado B, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones que aparecen debidamente transcritas en la Gaceta. Por su atención muchísimas gracias, y ruego a usted, señor Presidente, sea insertado en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Rivera Bedoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo solicitó el ciudadano diputado.
Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Mario Enrique del Toro: Con su permiso, señor Presidente. Solicito se inserte íntegro el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Los diputados y diputadas que tengan interés en el tema, está publicado en la Gaceta Parlamentaria. El objetivo de este documento es proponer se haga una adecuación al formato del informe presidencial.
Durante muchos años en este recinto legislativo se han generado polémicas, enfrentamientos verbales entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y la propuesta es que el Presidente de la República simplemente haga entrega de su informe por escrito como lo manda la Constitución, que los diputados aquí hagamos el análisis correspondiente, pero que cada tres meses el Presidente de la República venga a hablar con los diputados, que se analicen en forma abierta y transparente, se discutan los temas nacionales con cada uno de los diputados en formatos previamente establecidos por las diferentes fracciones parlamentarias y la Junta de Coordinación Política.
Que el Presidente de la República, independientemente, también tenga la posibilidad de solicitar su presencia aquí en la Cámara cuantas veces lo desee y que podamos hacer una democracia más fluida, un ejercicio parlamentario más amplio en el que podamos analizar a fondo, podamos cuestionar al Presidente; hagamos un debate intenso sobre los diversos problemas de este país.
Considero que es válida esta propuesta y pediría a los compañeros del Partido Acción Nacional, los diputados de Acción Nacional, que esta iniciativa se considere con la responsabilidad que se tiene toda vez que yo creo que el viejo sistema nos implantó un esquema de informe presidencial que ya ha quedado muy acartonado, ya está anquilosado y necesitamos darle vida a esta nueva dinámica de régimen parlamentario. Y solicito a los señores diputados del PAN que no se esperen a que sean oposición nuevamente para que hagan suyas estas demandas que creo que bien le van a servir al fortalecimiento de nuestra naciente democracia. Sería cuanto, y muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: Con su permiso, señor Presidente y con el permiso de esta soberanía. El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso a), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a esta LX Legislatura, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de rectoría del desarrollo nacional para que el Estado garantice el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de motivos
Los derechos sociales son garantías que el Estado debe atender en su reconocimiento político y jurídico desde lógicas de emancipación. De la profundización de estas garantías depende la conversión de un Estado social administrativo a un auténtico Estado democrático de la sociedad.
Los actores institucionales como el legislador, la administración y los jueces deben ser los custodios de los derechos humanos y de los derechos sociales, así como los que, a través de la opinión y acuerdo, definan un sistema de protección de estos derechos.
El establecimiento en nuestra Carta Magna de los derechos sociales o colectivos constituye una de las más grandes aportaciones de nuestro sistema constitucional al mundo moderno. Sin embargo la realidad por la que atraviesa nuestro país es una clara señal de que estos derechos deben de ser fortalecidos y desarrollados, para verse reflejados en instituciones fuertes y acordes con la sociedad mexicana, es decir, fomentar el establecimiento de un Estado democrático de la sociedad.
El reconocimiento y garantía de los derechos sociales hacen posible uno de los principios esenciales del estado de derecho, el principio de igualdad. Se puede decir también que el reconocimiento de la legitimidad del estado de derecho supone que uno de los valores superiores que tienen que integrarse es el de la igualdad; y por lo tanto los poderes públicos y los ciudadanos se encuentran vinculados en su contenido y en la protección de sus derechos. La legitimidad del Estado implica, por lo tanto, el respeto a la garantía de los derechos fundamentales y por ende de los derechos sociales.
La constitucionalización de los derechos sociales debe sin duda tener presente las nuevas condiciones sociales, culturales y tecnológicas que enfrenta nuestra sociedad; como es la situación de las familias de nuestro país, en donde hay menores viviendo únicamente con uno de sus padres, familias de ancianos, familias que tienen a cargo parientes con alguna discapacidad, la feminización de la pobreza que se ve reflejada en madres solteras, madres con familias numerosas y con bajos ingresos y con ancianas que viven solas y que no tienen ningún apoyo familiar.
El de los inmigrantes es uno de los sectores de nuestra población con graves problemas ya que sufren de desintegración familiar, escasa preparación para el trabajo, problemas en la integración y reintegración a la sociedad y los avances tecnológicos que han provocado, sobre todo en el ámbito laboral, una disminución en oportunidades del trabajo por falta de capacitación.
La constitucionalización plena de los derechos sociales implica el reconocimiento de los mismos como normas supremas para el Estado y origina las condiciones necesarias para su debido cumplimiento.
En este tiempo, la transformación de las instituciones del Estado mexicano implica la constitucionalización plena de los derechos sociales y su total vinculación con los ciudadanos para que estos ejerzan estos derechos.
Por lo tanto, la iniciativa que someto a la consideración de esta soberanía busca la constitucionalización de los derechos sociales para que el Estado, como responsable de la rectoría del desarrollo nacional, garantice entre otros principios que señala el primer párrafo del artículo 25 de nuestra Carta Magna el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.
De esta manera, la iniciativa que presento consolida las garantías de nuestra Constitución Política y señala el mandato a las instituciones del Estado mexicano para que éstas cumplan, a través del ejercicio de acciones de gobierno, el pleno disfrute de los derechos sociales de los mexicanos.
Además, la iniciativa integra la preocupación de organizaciones de la sociedad civil, protectora de estos derechos sociales y humanos, toma en cuenta informes de observadores y de organismos internacionales que recomiendan al Estado mexicano en esta materia, para que en sus programas de gobierno se ponga más atención al grave deterioro que sufren muchos mexicanos en sus derechos humanos y sociales.
Esta iniciativa también tiene su sustento en las opiniones de expertos y académicos que han realizado diversos estudios del impacto social, en lo que respecta a los presupuestos, equidad social, tratados comerciales y convenios con organismos financieros y de comercio internacional, en donde señalan que el Estado mexicano debe poner mayor atención al cumplimiento de estos derechos en forma progresiva y poner un alto a su grave deterioro.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rectoría de desarrollo nacional, para que el Estado garantice respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.
Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita y garantice el pleno ejercicio de la libertad de los derechos humanos y de los derechos sociales, la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de marzo de 2007. Muchas gracias por su atención. Señor Presidente, solicito su inclusión completa en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese el texto integro en el Diario de los Debates como lo ha solicitado el diputado Izquierdo Bustamante.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, en la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del presente año se adujo que el gasto público es un instrumento fundamental para dar cumplimiento al programa de gobierno, y que la propuesta presupuestaria remitida por el Ejecutivo federal debía cumplir con objetivos muy concretos:
Dar prioridad a los programas para la superación de la pobreza y propiciar un mayor crecimiento de la economía y el empleo; privilegiar el gasto social; incrementar el gasto en educación y salud y la calidad de los servicios; favorecer el acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos y contribuir a una mejor protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Todos coincidimos en estas prioridades para el país, por lo que estamos obligados con el concurso de todas las fuerzas políticas, no sólo a analizar y a aprobar cada año el gasto público para cumplir tales objetivos sino a realizar las adecuaciones a nuestro orden jurídico para dar puntual respuesta y satisfacción a las necesidades más apremiantes de la sociedad y de esta forma consolidar a México como un Estado garante del desarrollo y bienestar de todos sus ciudadanos.
El mandato popular que se nos ha conferido nos pide reconocer que ya no es posible seguir destinando recursos económicos para cubrir partidas presupuestales que hoy en día no encuentran justificación política, jurídica y social alguna; por el contrario, ante el grave deterioro de las economías familiares por la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia del incremento de precios de productos básicos, aunado al aumento del desempleo y la falta de oportunidades para millones de mujeres y hombres, esta erogación de recursos públicos discrepa y obstaculiza el avance de los procesos de recuperación y desarrollo económico y social que la República reclama de manera urgente emprender.
Tal es el caso de los recursos económicos que se erogan para el pago de la pensión vitalicia a los ex presidentes de la República, que por el estado actual de cosas significa una afrenta para la mayoría de los mexicanos cuyas condiciones nos indican que el 81.3 por ciento de la población vive en la pobreza y el 39.1 por ciento en la indigencia a nivel nacional, de acuerdo con un estudio realizado por el economista Julio Boltvinik, también investigador del Colegio de México.
Cabe referir que este beneficio de la pensión vitalicia con otro conjunto de prerrogativas para los ex presidentes se encuentran previstas en dos acuerdos presidenciales de fecha 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987. En estos acuerdos se establecieron, entre otros aspectos, que al concluir su mandato el ciudadano que hubiese ocupado el cargo de Presidente de la República dispondría bajo sus órdenes directas y como apoyo para el desempeño de sus actividades generales, de personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Dichos ciudadanos disfrutarían de una pensión y de prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe en la actualidad un secretario de Estado, además que se garantizó el derecho del cónyuge para continuar disfrutando de la pensión presidencial en caso de fallecimiento del ex presidente, así como de los seguros de vida y gastos médicos mayores incluidos los hijos.
También se incrementó la planta de personas a su servicio, destinando 25 servidores públicos civiles adscritos a la Presidencia de la República para atender los asuntos personales de cada ex presidente.
Estas disposiciones contenidas en tales acuerdos, más que prestaciones representan privilegios cuya naturaleza no encuentra base constitucional ni legal, particularmente la relativa a la pensión presidencial, ya que la pensión en lato sensu se concibe como el derecho que tiene toda persona que se retira de la actividad laboral fundamentalmente por razones de edad y que deja de percibir una remuneración o ingresos económicos para recibir una renta de carácter vitalicia, en sustitución de la remuneración o ingreso que percibía durante su actividad o vida laboral.
A manera de ejemplo, basta señala que un trabajador para poder disfrutar una pensión o jubilación debe reunir requisitos como el de haber laborado por un tiempo determinado, aproximadamente 30 años o más, además de haber realizado durante el mismo ciertas aportaciones, así como reunir otros requisitos legales; a diferencia de los ex presidentes, cuyas pensiones vitalicias se justifican tan sólo bajo el argumento endeble de que en países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Chile, Argentina y Canadá, entre otros, se acostumbra desde hace ya varios años la aplicación y otorgamiento de este tipo de beneficios económicos, toda vez que los ciudadanos que han ocupado el cargo de presidente o primer ministro gozan de una pensión vitalicia en reconocimiento a la labor que desempeñaron como jefes de gobierno o Estado.
Tal fue el caso de la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a esta Cámara en el 2002 por el ex Presidente Vicente Fox, quien ahora ya goza de ese reconocimiento por haber ostentado durante seis años el cargo de Presidente de la República, con los resultados por todos conocidos.
Haciendo un análisis de los recursos que se destinan para el pago de dicha pensión, puede establecerse que la percepción anual total de los ex presidentes oscila entre los 29 y 53 millones de pesos, considerando los rangos mínimos y máximos que tienen todos y cada uno de los servidores públicos que se encuentren prestando servicios con cada uno de los expresidentes.
Estudios que se han realizado sobre este tema señalan que con las pensiones vitalicias de un año que percibe cada uno de los expresidentes se podrían pagar 17 mil salarios mínimos mensuales en sólo un año; cuatro mil 814 días de salarios de policías en el DF en el mismo período, así como la construcción de mil 444 viviendas populares.
Con estas cifras debemos preguntarnos ¿cuál debe ser la posición y el camino a seguir por esta Cámara en el propósito de alcanzar una mejor distribución y aplicación de los recursos públicos en favor de las clases más desprotegidas?
Por salud de la República, tenemos que reorientar el gasto público hacia la aplicación de programas sociales e inversiones útiles para la nación en materia de salud y educación, así como en medidas que hagan posible un incremento en los salarios mínimos o, porqué no, modificar nuestra legislación para establecer e incrementar las pensiones a favor de los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad o capacidades diferentes o adultos mayores.
Compañeras y compañeros diputados, la propuesta de reforma constitucional que propongo a su consideración no tiene mayor objetivo que el de armonizar la norma constitucional con nuestra realidad social, lo que debe motivar al Constituyente Permanente para tomar la decisión política fundamental de suprimir los privilegios o prerrogativas contrarias a los intereses colectivos.
Este propósito se inspira en otras decisiones de igual naturaleza, como aquella que expresa que ninguna persona o corporación puede gozar más emolumentos que los que sean compensaciones de servicios públicos y estén fijados por la ley; así como en la máxima de Morelos que sostiene: "Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicta nuestro Congreso deben ser tales que obligan a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte aumente el jornal del pobre y que mejore sus costumbres al eje de la ignorancia, la rapiña y el hurto".
Por lo anterior expuesto, y con el fin de eliminar privilegios que representan una carga onerosa e innecesaria para el erario público y la sociedad mexicana y poder construir una política eficaz para garantizar el uso eficiente y racional de los recursos y riqueza públicos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un segundo párrafo a dicho artículo del mismo ordenamiento para quedar como sigue
Artículo 127. El Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irrenunciable, durante el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda.
El ciudadano que hubiese ocupado el cargo de Presidente de la República no podrá recibir remuneración, prestación económica o pensión por retiro con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, excepto cuando se reúnan los siguientes requisitos
Primero. Tener cumplidos los 60 años de edad al momento de haber concluido su encargo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya, señor diputado.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Ya termino, ya termino.
Segundo. No percibir remuneración económica alguna por prestar sus servicios o ejercer cualquier cargo en órganos u organismos públicos de la administración pública federal, estatal y municipal.
Tercero. Así como desempeñar algún empleo, cargo o comisión retribuida en organismos internacionales e iniciativa privada nacional o extranjera.
La remuneración o pensión de retiro se otorgará mensualmente de forma permanente y su monto no podrá exceder el equivalente a 500 días de salario mínimo. Para tal efecto, la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, determinará con precisión la partida correspondiente. El pago de la pensión podrá suspenderse en el caso de que se deje de cumplir con alguno de los requisitos contenidos en la fracción II y III del presente artículo o bien por fallecimiento del ciudadano que hubiera ocupado el cargo de Presidente de la República. En este caso, los familiares que le sobrevivan tendrán derecho a la pensión, conforme a las condiciones que la misma ley establezca.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo Se abrogan y derogan los acuerdos y demás disposiciones vigentes relativas al otorgamiento de pensión y apoyo a los ex presidentes que se opongan al presente decreto.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 29 días del mes de marzo de 2007. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mayans Canabal. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la Universidad Privada del Estado de México, a los invitados especiales del municipio de Xaltenco, del Estado de México, al grupo de personas de San Martín de las Pirámides, del Estado de México, a los estudiantes de la escuela primaria "Niños Héroes", de Atizapán, Estado de México y a los estudiantes de la escuela primaria "Gregorio Torres Quintero", aquí presentes.
Tiene la palabra el diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos Ernesto Zatarain González: Con su venia, diputado Presidente Zermeño. Compañeras y compañeras diputados, el suscrito, Carlos Ernesto Zatarain González, diputado de esta LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforma y adiciona una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
A raíz de la firma de los tratados de libre comercio y de la inclusión de México en la OCDE se ha venido sucediendo una serie de cambios en la vida política, económica y educativa de nuestro país.
La educación está inmersa en una reforma histórica, ya que el epicentro de la misma está transitando de un modelo centrado en el maestro a uno centrado en el alumno y por competencias. Esto es muy relevante y revolucionario, ya que se formará a un nuevo ciudadano más democrático, participativo, creativo y con las competencias que demanda la sociedad para su desarrollo.
Hoy, para formar jóvenes de clase mundial se requiere elevar los índices educativos a los niveles promedio de los países de la OCDE, para lo cual se está exigiendo a las instituciones educativas que cambien su modelo, que vayan hacia la gestión integral del conocimiento y la calidad a través de los procesos ISO-9000, ISO-9001, la certificación de competencia de sus recursos humanos, la acreditación de carreras, la automatización de la gestión, la utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de su infraestructura tecnológica, la cobertura, la equidad, etcétera.
Pero esto demanda grandes cantidades de recursos financieros con los que el Estado no cuenta, debido a la baja recaudación y en muchos casos, a la mala distribución del presupuesto, por lo que se hace necesario y urgente que las instituciones educativas se alleguen financiamiento y recursos alternos e innovadores que les permitan hacer frente a sus necesidades y es por esto que se propone una adición a nuestra Carta Magna que les permita lograr los recursos financieros necesarios para cumplir con las exigencias que están teniendo.
Los plantes de educación media superior y superior no están impedidos por la Ley para generar sus propios recursos y obtener financiamiento, pero sí por la normatividad que se ha ido tejiendo a lo largo de los años y que prácticamente ha obstaculizado a los directivos y autoridades de estas instituciones, inhibiéndolos en la generación de estos financiamientos alternos, por lo que se hace necesario que se expresen en ley los lineamientos que le den una base jurídica a estas acciones.
Es impostergable formular programas institucionales para generar recursos propios en proporciones significativas para la atención de las necesidades presupuestales. Es de suma importancia que las instituciones de educación media superior y superior diversifiquen sus fuentes de ingreso y se alleguen recursos complementarios.
Por ello, se recomienda que las instituciones realicen actividades especificas, orientadas a lograr el incremento de sus patrimonios y a completar sus propios presupuestos mediante acciones diversas, tales como la venta de servicios, la obtención de productos, sistemas de crédito, colaboración de egresados y otras.
Sin lugar a dudas, el fortalecer el sistema educativo es la herramienta más importante para lograr abatir los rezagos sociales, disminuir los grandes contrastes que existen entre la sociedad mexicana y buscar lograr mejorar la calidad de vida y mejores oportunidades para todos los mexicanos.
Es conocido de todos mis compañeros legisladores la gran necesidad de recursos que las diversas universidades públicas del país nos solicitan en el Presupuesto de Egresos. Sin embargo, en el caso de todas las universidades públicas del país se cuenta con infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados que están siendo subutilizados y que podrían contribuir de manera importante a mejorar la calidad educativa de las instituciones y puedan colaborar a lograr la autosuficiencia financiera y contribuir a la sustentabilidad de nuestras universidades.
Nada más por mencionar algunos aspectos de oportunidad de las universidades públicas, podrían explotar la impartición de cursos de capacitación, cursos de idiomas, de actualización, a solicitantes externos, la renta de instalaciones, la elaboración de peritajes, la elaboración de estudios y proyectos a la comunidad regional, la celebración de rifas y sorteos.
Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado respetuosamente somete a la consideración de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto de ley por el que se modifica el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3o. …
Fracción IX. Las instituciones de educación media superior y superior, deberán realizar acciones para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento.
Transitorio
Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de marzo de 2007.
Solicito se publique, diputado Presidente, de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, a todos ustedes amigas y amigos legisladores, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Zatarain. Publíquese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, junto con un servidor, el diputado Rodrigo Medina pone a la consideración de ustedes esta iniciativa de reformas y adiciones al artículo 22, párrafo tercero, de la Constitución Federal.
Nos consta a todos, no sólo porque los medios lo consignan sino porque lo hemos padecido, el crecimiento de la delincuencia y la forma en que se ha hecho más compleja la forma de delinquir. Este crecimiento del fenómeno obliga también al Estado mexicano a estar dotado de los instrumentos más eficaces, sobre todo de instrumentos de indudable apego a la ley para hacerle frente a este creciente fenómeno.
Me refiero a lo que recientemente se ha dado en la capital del país y en algunas otras partes, que es la apropiación por parte del Estado de bienes propiedad de los particulares relacionados o afectos o que han sido instrumento para la comisión de delitos.
Se ha echado mano seguramente por la falta de instrumentos idóneos, de la expropiación. Es evidente que esta figura del derecho administrativo difícilmente puede funcionar en el campo del derecho penal.
Adicionalmente las leyes de expropiación federal y de las de los estados y del Distrito Federal no tienen en su larga lista de hipótesis, de supuestos, una que corresponda a los hechos delictivos, alguna que corresponda a la necesidad de llevar a cabo esta apropiación de bienes relacionados con la comisión de delitos.
Pero si esto fuera poco, ya nada más faltaba que se tenga que indemnizar a los propietarios de bienes que son instrumento, sujetos o producto de la acción del crimen. Existen, los conocemos, la figura del decomiso o de la apropiación de los medios comisivos siendo evidentemente insuficientes.
El Estado mexicano contemporáneo tiene que buscar instrumentos modernos, eficaces, pero lo digo subrayadamente, sin ningún viso de ilegalidad. Nos pronunciamos por la implantación de un sistema en donde se respetan y observen las garantías de todos, las garantías individuales de las personas, no podemos pensar de un modo diferente; queremos consolidar un sistema democrático de justicia penal.
Pues bien, en este orden de ideas se inscribe la propuesta que traigo a su consideración, la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales, cuando esos bienes, cuando esas cosas son, insisto, instrumento, objeto o producto de actividades delictivas.
En otras latitudes, a esta figura se le ha llamado extinción de dominio. Es más, se ha presentado ya en la Colegisladora una iniciativa que robustece a la Procuraduría por parte del Ejecutivo, que a mi juicio tiene algunos bemoles de carácter jurídico y constitucional, que con una propuesta alterna, la que ahora pongo a su consideración, pudiera, primero, generarse una prolífica y amplia discusión y enseguida dotarnos del instrumento que las autoridades de la Procuraduría y del Poder Judicial necesitan.
Algunos rasgos de la propuesta en cuestión: para poder ejercer éste que es un pleno, rotundo y severo acto de autoridad, no basta tener datos, se necesitan pruebas suficientes y es la autoridad la que debe tener la carga de la prueba, la que debe demostrar la vinculación con la ilicitud y no ser el particular quien tenga que demostrar el origen lícito de los bienes.
Por supuesto, los bienes abandonados que son tan frecuentemente objeto de incautación, de decomiso, tienen por la falta de solidez jurídica, o generan, problemas de operación por parte de las autoridades de justicia.
Y algo más, los bienes que se logren recuperar, cuyo dominio se extinga, deben formar parte de un caudal depositado en un fideicomiso, para que sean parte de la justicia restaurativa, es decir, ante la eventualidad de que una persona resulte absuelta después del proceso penal correspondiente, el resarcimiento en el ejercicio pleno de sus derechos, debe también contener el pleno goce y disfrute de los bienes que le fueron afectados.
Dos características más entre otras, la no afectación de los derechos de propietarios y poseedores de buena fe y la necesidad, la obligación imperiosa de establecer un procedimiento ad hoc.
Una serie de pasos procesales que desemboquen en una resolución judicial y que en el proceso, que durante el desahogo del mismo, haya efectivamente igualdad de armas, la posibilidad de que las partes, no sólo haya corrimiento de traslado, conocimiento de lo que se está imputando sino la posibilidad de responder en forma oportuna y apegada a derecho.
La pretensión del proponente, de los proponentes es que, por supuesto, se implante la figura de extinción de dominio, pero que no caigamos en el error de generar o de tener un instrumento para hacer justicia y que este instrumento pueda tener visos de ilegalidad o que pueda ser un vehículo de la injusticia.
Al crimen sofisticado le haremos frente con una serie de instrumentos, de herramientas jurídicas modernas, de un Estado como el nuestro, como el Estado mexicano, que quiere implantar de una vez por todas, un sistema garantista, un sistema de absoluto apego al derecho, porque no sólo es nuestra obligación jurídica; ésa es una convicción democrática. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado César Camacho. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia. Esta Presidencia saluda a los estudiantes de preparatoria de la delegación Iztacalco en el Distrito Federal, presentes aquí, en esta sesión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, voy a explicar de forma breve los motivos de esta iniciativa, ya que ésta misma ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La razón principal de esta reforma es lo que percibimos a diario, las instituciones encargadas de la seguridad pública, así como de la procuración de justicia y las normas que la regulan, han sido rebasadas completamente por la delincuencia. El problema está claro, ni las instituciones que procuran justicia ni las corporaciones policíacas han podido responder y contener a esta delincuencia.
Estudiosos de esta problemática han llegado a la conclusión de que el actual modelo de procuración de justicia basada en un Ministerio Público que monopoliza la investigación y persecución del delito y una policía auxiliadora se encuentran politizadas, corrompidas, saturadas, retrasadas y sobre todo, muy rebasadas.
Estos calificativos que describen puntualmente el estado que guarda el Ministerio Público y su relación con los cuerpos encargados de la seguridad pública traen también cifras alarmantes. Valdría la pena mencionar algunas.
En un año se cometieron más de 11.8 millones de delitos, de los cuales las autoridades reconocieron solamente 1.4 millones de ellos. Se calcula que las procuradurías registran poco más de un delito por cada ocho que se cometen. Sólo se inicia una averiguación previa en el 20 por ciento de los casos; es decir, a nivel nacional sólo se inician dos averiguaciones previas por cada diez delitos que se comenten.
Sólo el 25 por ciento de quienes padecieron un delito lo denunciaron ante el Ministerio Público, de estos denunciantes el 63 por ciento quedaron insatisfechos con su actuación. El 88 por ciento de los delitos no quedan registrados en las estadísticas oficiales; 45 por ciento de la población opina que la policía actúa mal o muy mal para controlar el delito. Todavía peor, 7 de cada 10 personas manifestaron desconocer a la AFI y a la PFP.
Si revisamos las cifras de la incidencia delictiva y su relación con los principales delitos que se cometen, encontramos que el 94 por ciento son de competencia local y el seis por ciento representan delitos del fuero federal.
El robo, el daño en propiedad ajena y lesiones son los que corresponden a la jurisdicción estatal y la portación ilegal de armas de fuego, delitos contra la salud y ataques a las vías generales de comunicación, son los que corresponden a la jurisdicción federal.
Por ello nos preguntamos, ¿qué es lo que no está haciendo bien el gobierno para combatir a la delincuencia? ¿En dónde estamos fallando? A nosotros como legisladores nos corresponde preguntarnos también, ¿qué es lo que está faltando para la eficacia en nuestras leyes?
Como resultado de estas reflexiones creemos que es necesario poner al día el artículo 21 constitucional y redefinir algunos términos que a principios del siglo XX no fueron imaginados, es decir, la carrera delictiva inicia en el fuero común con delitos simples como el robo de una cartera, de una bolsa, las partes de un vehículo. Con ello el delincuente se va comprando una navaja, luego una pistola. Poco a poco se va ganando un respeto entre quienes realizan este tipo de actividades. Y de ahí se van organizando en bandas y terminan realizando lo que hoy conocemos como la famosa delincuencia organizada: lavado de dinero, delitos contra la salud, terrorismo, tráfico de órganos, secuestro, tan sólo algunos ejemplos de este tipo de delincuencia que no fueron contemplados por nuestros Constituyentes de 1917.
Por ello, esta reforma busca generar un texto ordenado y funcional que fortalezca a nuestras instituciones de seguridad pública y justicia penal con la facultad de investigación, pero también que garantice a la población de manera clara y precisa, el respeto a sus derechos y libertades fundamentales.
Por ello proponemos que el artículo 21 constitucional incorpore el concepto de seguridad pública, amplíe las facultades investigadoras del Ministerio Público a las corporaciones de seguridad pública, municipal, estatal y federal; mantenga como exclusiva la facultad de imponer penas a los órganos jurisdiccionales, delimite el actuar de la autoridad administrativa, contemple las obligaciones internacionales de las que México es parte y desarrolle realmente un sistema nacional de seguridad pública transversal y transparente en el que los programas, políticas públicas y recursos sean formulados, ejecutados, controlados y evaluados por este mandato constitucional.
En el caso particular de nuestras policías preventivas municipales no debemos perder de vista que son las que tienen el contacto diario con la población; muchas veces ellos tienen información de posibles delitos, antes de que exista una denuncia o querella ante la autoridad ministerial. Sin embargo no pueden denunciar por no contar con los conocimientos suficientes para identificar el delito o simplemente porque están impedidos por ley para realizar acciones de investigación y rastrear estos indicios.
También en la práctica encontramos casos de muchos policías preventivos municipales que realizan investigaciones maquilladas de acciones preventivas, gente que se arriesga a ser sancionada administrativa o penalmente por ser algo ilegal, pero que han dado resultados muy eficientes e importantes para descubrir personas o bandas delictivas.
El debilitamiento de nuestra policía municipal al quitarles la facultad de investigación y limitar las funciones supuestamente de prevención, bajo la premisa de corrupción e impunidad, sólo ha contribuido al crecimiento de la delincuencia, al grado tal que hoy en día quien delinque sabe perfectamente que las probabilidades de que sea detenido son prácticamente nulas.
La solución que busquemos debe tener presente las pocas denuncias y los muchos delitos, la gran sensación de inseguridad en la población y la poca confianza en nuestras instituciones, las averiguaciones previas mal integradas que difícilmente llegarán a poner al presunto responsable ante la autoridad judicial.
Sabemos que existen algunos cuerpos policiales en los que la corrupción en las organizaciones criminales se han infiltrado, que hay violaciones a los derechos humanos de la población, que existen altos niveles de impunidad y que un gran número de policías municipales no cumplen ni siquiera con un perfil de ingreso, selección y permanencia, que están mal capacitados.
Sin embargo todo esto no debe ni puede mantener nuestras leyes estáticas. Las deficiencias de la mayoría de las instituciones responsables de seguridad pública y procuración de justicia, no pueden continuar gracias a estos temores. Por el contrario, los temores del hombre deben ser las fortalezas de nuestras instituciones.
Para finalizar, quiero mencionar que el pasado 9 de marzo el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Senadores una propuesta de reforma en la que sugiere facultar a la Policía Federal, para que investigue los delitos conjuntamente con el Ministerio Público.
Nosotros creemos que esta modificación debe de ir más allá y fortalecer también en la investigación a las policías preventivas, municipales y estatales.
Compañeras y compañeros legisladores, la población no sabe de competencias, no le interesa conocer de jurisdicciones, le interesan las soluciones, vivir con seguridad en su persona, en su patrimonio y en su familia. Gracias por su atención. Señor Presidente, solicito se inserte esta participación en el Diario de los Debates, es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vargas Landeros. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado Carlos Armando Biebrich para presentar iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Carlos Armando Biebrich Torres: Con su permiso señor Presidente. Compañeros y compañeros diputados, México experimentó durante las últimas décadas un profundo proceso de transformación para poder consolidar su régimen democrático en un sistema de partidos plural y competitivo.
A través de distintas reformas fue posible encontrar respuestas acabadas para expresar un régimen de transición que, en los términos del artículo 40 de la Constitución General de la República, concrete el anhelo de integrarnos como una república representativa, federal y democrática.
La competencia y la pluralidad política fueron aspectos atendidos por las reformas electorales de los últimos años, con ello logramos que la sociedad manifestara sus preferencias políticas y en un amplio margen de libertad y opciones partidarias.
Consecuente con ello, desde 1997 la Cámara de Diputados y el Congreso General han sido conformados sin que ningún partido político tenga la mayoría absoluta, este mandato ciudadano significa un gran reto para el Congreso Mexicano, que nos obliga a encontrar los mecanismos de organización y trabajo camaral que correspondan a las expectativas ciudadanas. Los electores nos convocan a crear las condiciones más propicias para el acuerdo político, al negarlo reiteradamente la mayoría a un partido político.
Es así como se impulsa la reforma a la Ley Orgánica del Congreso en 1999, la cual entre otras de sus muchas innovaciones creó la institución de la Mesa de Decanos. No hay duda que esa iniciativa ha mostrado sus bondades, ha permitido la transición entre Legislaturas en forma ordenada y en un ambiente de libertad y diálogo entre las fuerzas políticas aquí representadas.
Por otra parte, cabe señalar que la figura de Mesa de Decanos es, en el ámbito internacional, una institución que goza de gran prestigio y en la cual se sustentan mucha de la fortaleza de los cuerpos parlamentarios.
Amigos y amigas legisladores, acceso a esta tribuna a solicitar su apoyo a la iniciativa que he presentado, misma que ha merecido la solidaridad y apoyo de los señores Coordinadores de los distintos grupos parlamentarios aquí representados.
El objetivo de la propuesta es darle permanencia a la Mesa de Decanos como entidad y apoyo y asesoramiento a los distintos órganos legislativos y de gobierno de la propia Cámara. Se trata de una función de asesoramiento y opinión, en la cual las resoluciones que se adopten carezcan de carácter vinculatorio, a efecto de no trastocar el esquema de responsabilidades que actualmente tienen los órganos de gobierno de la Cámara.
Se propone, por lo tanto, crear un comité que tome en algunos de sus rasgos la experiencia europea, sin duda, cuna del sistema parlamentario universal. La iniciativa pretende conjugar experiencia y formación de nuevos cuadros, de ahí que la conformación del Comité que se propone, además de los miembros de la Mesa de Decanos, que incluya la participación de diputadas o diputados más jóvenes de cada grupo parlamentario.
Como se puede apreciar la iniciativa comprende varios propósitos, cumple una función importante dentro de la Cámara para apoyar al trabajo parlamentario, con el aporte de la experiencia que rescata o puede rescatar lo mejor de nuestro pasado y otorga serenidad para vislumbrar el futuro.
Incluye también a jóvenes quienes arriban a este espacio, imbuido de nuevas ideas y propósitos renovadores que a todos nos enriquece. Vincular juventud y experiencia es una de las más sabias ecuaciones a la que se puede aspirar en política; eso es lo que pretende lograr esta iniciativa y es lo que se puede lograr si ustedes la respaldan.
No omito destacar que presento esta iniciativa con la firma y colaboración de los integrantes de la Mesa de Decanos, a quienes agradezco sus aportaciones y compromisos. Solicito, señor Presidente, la transcripción de esta intervención y de la iniciativa en el Diario de Debates. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Armando Biebrich. Insértese integro en el Diario de los Debates. Sonido a la curul del diputado Suárez del Real.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Con todo respeto quisiera solicitarle rectificación del quórum, señor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahorita lo hacemos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Secretario, ábrase el sistema de asistencia hasta por 10 minutos.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Por lo pronto tiene la palabra el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con el permiso de la Presidencia. La iniciativa que hoy propongo a este Pleno, diputadas y diputados; proviene de diversas reflexiones de los diputados de la LX Legislatura. Como las propuestas del diputado Rodríguez Prats, como las propuestas del diputado Aispuro Torres, como las propuestas del diputado Guerra Ochoa; me parece que en este contexto de que también hemos aprobado la Ley para la Reforma del Estado es fundamental que nos realicemos no solamente preguntas sino compromisos sobre una reforma radical al sistema electoral mexicano.
Lo que estoy proponiendo es la federalización de las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Instituto Federal Electoral se haga cargo de las elecciones en los 31 estados y el Distrito Federal.
Para Felipe Tena Ramírez, federalización, etimológicamente, es la acción de hacer federal, que es precisamente lo que ocurre cuando los Poderes federales atraen hacia sí, incorporan hacia su jurisdicción actividades o atribuciones que antes pertenecían al patrimonio de las entidades federativas.
En el sexenio pasado la Comisión para la Reforma del Estado la propone, así como también Enrique González Pedrero; el doctor Miguel Carbonell, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El doctor Luis Carlos Ugalde en una entrevista que tuvo en octubre de 2004 con la dirigencia nacional del Partido Convergencia, le solicita al Congreso de la Unión que pueda evaluar cuáles serían las nuevas funciones del Instituto Federal Electoral.
El diagnóstico parte del sexenio pasado en las elecciones en Tabasco del año 2000 —que se tuvieron que repetir—, también parte del proceso político en el estado de Yucatán en el 2001, donde prácticamente hubo rebelión de los consejeros ciudadanos y de los magistrados electorales locales. O qué decir de las elecciones de Veracruz en el año de 2004 y las elecciones de Oaxaca, cuyo resultado fue un proceso que está tomando carta de naturalización en el país, que es la judicialización de la política.
El sexenio pasado pudimos observar que los gobernadores, sobre todo del sur-sureste del país, tenían controlados a los órganos estatales electorales locales —llámense institutos, comisiones o como se definan—; era un control similar al que tenía la Secretaría de Gobernación en 1988 con la Comisión Federal Electoral, es decir, se tenía el control desde el poder político.
Sin embargo, dos compañeros diputados de Baja California hace un par de semanas propusieron un punto de acuerdo aquí en esta misma tribuna, lo turnaron a comisiones, donde realizaban el diagnóstico de lo que estaba pasando con el órgano electoral local en Baja California. Es decir, asistimos también a un nuevo fenómeno de la privatización de la política, en donde un poder fáctico se puede apropiar del Consejo General de un órgano electoral local.
Sin embargo, por qué proponemos que el Instituto Federal Electoral sea el que organice las elecciones. En el año de 1997 organizó las elecciones para la Jefatura de Gobierno, las primeras elecciones que se realizaron en el Distrito Federal. No hubo impugnaciones, fueron elecciones legales, legítimas y sin ningún problema de organización.
El Instituto Federal Electoral tiene 333 oficinas a lo largo del país, desde distritales hasta oficinas estatales, sin embargo, si pensamos también no solamente en quitarle el control del poder político a los gobernadores sino en reducir el costo de la democracia en este país.
En la elección para el gobernador del Estado de México en el año de 2005 tan solo la elección del Estado de México costó mil 800 millones de pesos. Si le agregamos las otras 12 elecciones locales que hubo en ese año, estaríamos hablando que se destinaron cinco mil millones de pesos para que se organizaran las elecciones estatales, lo mismo que se le dio a los partidos políticos para las elecciones federales del año 2003 y el año 2006.
Para este año, las elecciones de 2007 —las 14 elecciones— se va a erogar un gasto de mil 773 millones de pesos, que bien se pueden distribuir para lo que aquí hemos dicho, lo que aquí hemos debatido, vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera. Es así como quizá resulte un poco provocador, pero es el tránsito del federalismo a la federalización.
La propuesta se encuentra dentro de una concepción de la democracia constitucional o desde un punto de vista del neoconstitucionalismo que, desde nuestro punto de vista, significa hoy que la democracia es la paradoja de la política.
Hoy tenemos que repensar a nuestro nuevo sistema político mexicano, donde no solamente podamos ahorrar dinero, sino que tenemos que elevar la calidad de la democracia en un solo nivel democrático: el nivel de confiabilidad, de legitimidad y de credibilidad que tienen las elecciones en un nivel federal, necesitamos que los 31 estados y el Distrito Federal tengan el mismo carácter de certidumbre y, sobre todo, de legitimidad de los resultados electorales.
Es así como les pido no solamente su reflexión para esta propuesta, sino también a la Presidencia, que se inserten en el Diario de los Debates las reflexiones, así como solicitar que se pueda turnar para su opinión a la Comisión Especial de Reforma del Estado, señora Presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro, como lo solicita, el diputado en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Gobernación, con opinión de la Comisión de la Reforma del Estado.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular y de la ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La diputada Silvia Oliva Fragoso: Con su permiso, diputada Presidenta. Diputados y diputadas, la iniciativa que pongo hoy a su consideración, es respecto de un problema que se ha estado presentando cotidianamente y es el problema de que los compradores de autos usados no tienen certeza jurídica y por lo tanto ha habido problemas judiciales muy serios porque no hay autoridad que expida un certificado que indique que ese vehículo no es robado.
Por tanto, se propone que se haga en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal un convenio en el cual puedan tener una base de datos —que ya existe— pero que esté actualizada y se pueda otorgar ese certificado que les daría certeza jurídica a los compradores de autos usados.
Por tal motivo, se proponen reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por tanto y en obviedad de tiempo, solicito a la Presidencia se inserte íntegramente esta propuesta en el Diario de los Debates, para que sea analizada y discutida. Muchas gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Silvia Oliva Fragoso. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública. Pido a la Secretaría cierre el sistema de asistencia y dé cuenta del registro de la misma.
La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la Curul de la diputada Maricela Contreras. Permítame, Secretario. Sonido a la curul de la diputada Maricela Contreras.
La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Diputado, le solicito el uso de la palabra para la presentación de un punto de acuerdo de las diputadas que subieron a hablar con usted sobre el tema de la violación y asesinato de Ernestina Rosario Ascensión, presuntamente por miembros del Ejército mexicano.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. Dé cuenta de la asistencia. Ahorita le damos trámite, diputada.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciérrese el sistema electrónico.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Batres y de la diputada Holly Matus.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Señor Presidente, también para pedirle el uso de la palabra para hablar sobre la declaración que hoy hizo el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como resultado de las investigaciones de la mujer indígena que falleció en la sierra de Zongolica.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Alma Lilia Luna.
La diputada Alma Lilia Luna Munguía (desde la curul): En el mismo sentido, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Martha Tagle.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Señor Presidente, para pedirle, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, que se agende la discusión del tema de la mujer asesinada en Zongolica, Veracruz.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Holly Matus.
La diputada Holly Matus Toledo (desde la curul): Gracias, Presidente. También solicitando la intervención, por favor, para poder emitir una opinión sobre el tema relativo a la muerte de la mujer indígena de la región de Zongolica.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Salvatori Bronca.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca (desde la curul): Gracias, Presidente. En el mismo sentido Convergencia y yo, como legisladora veracruzana, emitir mi opinión al respecto de ese lamentable suceso.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Mercedes Maciel.
La diputada María Mercedes Maciel Ortiz (desde la curul): A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en el mismo sentido que mis compañeras para que se presente este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Alliet Bautista.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): Señor Presidente, en el mismo sentido, para opinar acerca de este tema.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia hace suya la solicitud de las diputadas y le pide a la Secretaría consulte a la Asamblea si acepta la participación en el orden del día sobre el asunto que están solicitando las diputadas.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se incorpora al orden del día el tema solicitado: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, no hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. Les pido que conserven sus lugares. Es mayoría simple.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Siendo mayoría simple, no está claro el sentido, no está claro el sentido de la votación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Yo les pediría a las diputadas que han solicitado el uso de la palabra, se inscriban para que podamos hacer una participación ordenada.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 345 diputadas y diputados; hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pediría que se pongan de acuerdo. Yo les pediría que nombren dos oradoras y posteriormente... Ábrase el sistema de votación para ver si se aprueba en el orden del día que se abra este asunto.
Ya había dicho que esta Presidencia hace suya la solicitud de las diputadas; yo le pediría a las señoras y señores diputados que hagan suya también esta propuesta pero tiene que ser la Asamblea la que decida si se modifica el orden del día.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico para determinar si se acepta la modificación del orden del día en la incorporación del asunto solicitado.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame diputada Batres. Sonido a la curul de la diputada Batres.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Señor Presidente, quisiera por medio de usted, dirigirme al Pleno y comentar que en varias ocasiones aquí, a petición de los coordinadores, se ha abierto, se ha modificado el orden del día para darle paso a una discusión sobre la agenda política.
No puede ser que este Pleno solamente permita un orden del día administrativo para solicitar iniciativas de ley, dictámenes a discusión y puntos de acuerdo; y estemos cancelando la discusión política que es la naturaleza de este Pleno.
Me parece que no es un asunto de votaciones; es un asunto de libertad de debate, de expresión y que solamente aquellos que no tengan elementos para debatir podrán estar votando en contra de que hagamos uso de la palabra. ¿O qué se necesita ser coordinador de fracción para poder modificar el orden del día?
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítanme. Voy a pedir, para ilustrar a la Asamblea, que se dé lectura al artículo 5o. del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, de las discusiones de los dictámenes y de la operación del sistema electrónico de votación.
Dé lectura al artículo 5o. en su segundo párrafo y dé lectura también al artículo 20.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Artículo 5o. De la integración del orden del día. La Mesa Directiva integrará los asuntos a deshogar durante las sesiones de acuerdo con el siguiente orden… Los grupos parlamentarios, cuando lo estimen conveniente, podrán modificar el orden de presentación de sus asuntos registrados en el orden del día, debiendo notificarlo a la Mesa Directiva, a los demás grupos parlamentarios, hasta 30 minutos después de iniciada la sesión. Posteriormente no podrá efectuarse ningún cambio en el orden de presentación, salvo acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Artículo 20. Sólo por resolución del Pleno a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Isidro Pedraza.
El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): Gracias, Presidente. Compañeros diputados de las diferentes bancadas, el día de hoy el PRD está presentando un punto para manifestar una posición.
Yo llamo a que previo a que se abra ese tablero y a que se someta al procedimiento de votación pudiéramos contar con el respaldo de ustedes. Hay temas que no pueden pasar desapercibidos; hay temas que están en el ánimo de la sociedad; hay cosas que en este momento dividen y preocupan a México.
El poder externar en la tribuna posiciones en el sentido de esta violación, de este abuso que se ha cometido con una compañera indígena, obliga a que tengamos que ser un poco maduros y permitirnos la discusión en este Congreso.
Yo los llamo y los invito a que podamos llevar esta sesión en los términos planteados y si requiere que tengamos que validar este procedimiento por la votación, los invito a que su voto sea en sentido afirmativo. Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Maricela Contreras.
La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Presidente, es lamentable que demos estos espectáculos y que no seamos capaces de dar la discusión sobre temas tan sensibles. Yo quiero decirle que este punto de acuerdo está inscrito desde hace más de 30 días y es el día en que no hemos avanzado ni cuatro posiciones.
Yo hago un exhorto a este Pleno para que los diputados y las diputadas realmente trabajemos y saquemos lo que tenemos en la agenda. Los puntos de acuerdo son en función de las demandas que las diputadas y los diputados tenemos de nuestros distritos y de los temas que trabajamos.
Yo exhorto a este Pleno para que sea sensible y se permita la lectura de la proposición de este punto de acuerdo. Y exijo a la Mesa Directiva que usted preside, para que tome las medidas conducentes y que realmente los diputados y diputadas podamos trabajar, no importa que nos vayamos a las 9, 10 u 11 de la noche, con tal de que saquemos la tarea para la que hemos sido contratados en esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputada, he dicho que esta Presidencia ha hecho suya la solicitud de ustedes para que se agende. Como usted lo ha señalado, ese punto de acuerdo está en el lugar 79. La voluntad de la Asamblea está por encima de la voluntad del Presidente. Por eso someto a votación de esta Asamblea si se acepta cambiar el orden del día o no, en eso estamos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Martha Tagle y de Alma Lilia Luna.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Presidente y compañeros legisladores. Quiero hacer un exhorto antes de que emitan su voto con respecto a poder abrir el debate de este tema.
Y hago un exhorto a la sensibilidad política de los y las compañeras legisladoras, porque creo que como lo dice la diputada Valentina Batres, este recinto es precisamente para poder intercambiar ideas y poder debatir los diferentes puntos de vista que tenemos.
El tema de la violencia hacia las mujeres es un tema en el que todos los diputados aquí tenemos algo que decir. Los diferentes grupos parlamentarios deben de tener la oportunidad de expresarse al respecto y yo creo que si tenemos la disponibilidad para hablar del tema podemos en tribuna intercambiar las diferentes opiniones que tenemos al respecto. Por eso le solicito y en particular, a mis compañeras legisladoras, que su voto sea a favor de abrir un debate serio y responsable acerca del tema. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Sonido a la curul de la diputada Lilia Luna. Sonido a la curul de la diputad Alliet Bautista.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): Señor Presidente, en el mismo sentido. Yo creo que este es un recinto donde venimos a discutir y a exhortar a todas las compañeras y los compañeros de esta Cámara, para poder discutir este tema que está muy ventilado en los medios de comunicación y es por este medio que les pido por favor, que pudiéramos discutirlo en este momento, tenemos desde temprana hora, en la misma Junta de Coordinación, donde nuestro coordinador de igual manera les hizo extensiva esta invitación a que pudiéramos subir este punto en el orden del día.
Este punto—como usted bien lo dijo—ya tiene varias semanas y en la siguiente semana no vamos a sesionar. Por ello, es urgente que podamos discutir este tema el día de hoy. Llamo a la sensibilidad de los coordinadores de la fracción parlamentaria del PRI y del PAN, que podamos tener este punto de acuerdo y podamos discutirlo en este mismo momento. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Villanueva.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado Presidente. Usted acaba de ordenar a la Secretaría dar lectura a un acuerdo parlamentario, pero ningún acuerdo parlamentario está por encima de la Ley Orgánica de esta Cámara de Diputados y usted, diputado Presidente, tiene la facultad de ordenar los debates de esta Asamblea.
Es decir, no basta, no basta con que usted se adhiera o la voluntad de un diputado más, para que suba a ese punto a discusión, a debate el día de hoy. Usted tiene la facultad y usted lo sabe, de cambiar el orden del día y que podamos dar este debate de un tema tan grave y tan doloroso y que afecta, que afecta y lastima a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. Le ruego que tome en consideración y haga uso de las facultades que usted tiene para incorporar este punto y que se dé el debate de una vez. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Quiero recordarle que los acuerdos con los que trabajamos en estas sesiones fueron votados por ustedes. He dicho que esta Presidencia hace suya la solicitud de quienes están pidiendo la modificación del orden del día, pero ni la voluntad del Presidente ni la de algunos diputados están por encima de la mayoría. Por eso estamos sometiendo a votación y que sea la mayoría en la Asamblea la que decida, si se modifica o no, el orden del día. Sonido a la curul de la diputada Holly Matus y del diputado Hernández.
La diputada Holly Matus Toledo (desde la curul): Sí, señor Presidente. No es posible que el derecho a expresar una opinión de las mujeres tenga que ser votado. No es posible que en este Congreso también por votación se nos restrinja el presupuesto a las mujeres, yo apelo a la congruencia, por favor. El día de hoy votamos por unanimidad la necesidad de establecer un plan de igualdad entre hombres y mujeres. Es nuestra palabra, es nuestra voz y estamos exigiendo nuestro derecho a expresarnos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Hernández.
El diputado Sergio Hernández Hernández (desde la curul): Señor Presidente, muchas veces he subido a la tribuna y he llegado a votar incluso en contra de lo que la gran mayoría de mi partido ha hecho, porque lo hago consciente de que tengo aquí una obligación ante esta Cámara, más que cumplir un compromiso porque alguien me lo ordene.
Quiero decir aquí en esta Cámara, que ojalá cada uno de los diputados que está emitiendo su voto para que este asunto no se discuta, quisiera solamente preguntar: si no fuera una mujer indígena, si fuera la hija de un hombre prominente económicamente en nuestro país, si fuera la hija de un hombre… sí, sí, sí, no tengan doble moral, si así fuera, estoy seguro que se estaría discutiendo ese asunto, pero como es una mujer indígena, no tiene derecho esta mujer a que se discuta sobre su vida, sobre lo que posiblemente le hayan hecho.
Solamente quisiera terminar con esta pregunta. ¿Si fuera su hija, su esposa o su madre, actuarían igual? Eso es todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Maciel.
La diputada María Mercedes Maciel Ortiz (desde la curul): Sí, Presidente, para recordar que usted en un inicio de esta discusión ya había dado trámite para que se interviniera. Yo quisiera hacer un llamado a todos mis compañeros diputados del PAN y del PRI para que rectifiquen su votación. No es posible que en esta Cámara de Diputados se evite la discusión.
Hace una semana, para ser exactos, en Tijuana, en uno de los operativos militares mataron a un indigente también. Afortunadamente ya hubo testigos. Hoy que tenemos esta situación de la mujer que en Veracruz presumiblemente fue asesinada y violada por militares, aquí es necesario que lo discutamos; no podemos estar alejados los diputados, y de manera muy particular las diputadas, de estos acontecimientos. Yo pediría un cambio en la votación; que rectificaran las compañeras diputadas del PAN y del PRI, fundamentalmente. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Aurora Cervantes, de la diputada Susana Monreal y por último, del diputado Alfonso Suárez del Real.
La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): Señor Presidente, quisiera señalar que el hecho de mencionar este evento no es precisamente faltarle al respeto o no reconocer el valor que tiene el Ejército Mexicano; se trata más bien de señalar un hecho que nos lastima sobre todo a las mujeres. Es necesario que se haga justicia, es necesario que en los casos en que haya dudas con respecto a la aplicación de la justicia, ésta sea abierta al conocimiento de las y de los ciudadanos.
Me parece que es sumamente inadecuado que en este Congreso, que es un espacio de diálogo, se cancele el diálogo y el debate con un avasallamiento de fracciones partidarias. No me parece democrático eso. Creo que tenemos que aprender a ser congruentes entre lo que hablamos y lo que practicamos. Es necesario tocar este tema que toca las fibras más íntimas de las mujeres y de la nación mexicana.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Monreal y finalmente el diputado Alfonso Suárez del Real.
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente, reconociendo su solidaridad, pero sobre todo dirigiéndome a todos mis compañeros diputados que hace apenas unos días nos estuvieron dando abrazos y besos de felicitación por el Día de la Mujer, aquí es donde deberían de respaldarnos, aquí es donde deberían de demostrar que están con nosotros.
No se me hace extraño de la demagogia de esos diputados. Lo que se me hace extraño es la actitud de las diputadas. Eso sí se me hace extraño, que ellas mismas estén excluyendo un tema sobre una posición de otra mujer.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Suárez del Real.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente, va en este mismo sentido de reconocer su solidaridad y a través de su conducto exhortar a mis compañeros legisladores y compañeras legisladoras que analicemos bien nuestro voto en este sentido de que éste es un asunto al que debemos de darle la cara, no negar la discusión en esta que es la máxima tribuna de la nación. Son millones de mujeres que están fuera, escuchando y esperando que sus representantes den la discusión acerca de esta situación tan ignominiosa que no ha quedado claro, y es por ello que llevamos a esta tribuna la propuesta de discutir a este respecto.
Se trata de una mujer de la tercera edad, se trata de una mujer indígena, se trata de una mujer marginada y por eso la pena discutir qué fue lo que ocurrió y tratar de resolver las incógnitas que la sociedad tiene. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada María del Pilar Ortega Martínez.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Señor Presidente, nada más que quede asentado que la posición del Partido Acción Nacional en este punto es no subir un debate que tiene como único objetivo denostar a una institución como es el Ejército mexicano, a pesar de que hay una serie de dictámenes que prueban, que demuestran que no hubo tal violación; por lo tanto, queremos que esto quede debidamente asentado y que se cierre la votación, porque creo que ha excedido muchísimo el tiempo y es urgente que prosigamos con el orden del día.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciérrese la votación. Ya he dado la palabra a más de 20 diputados, estamos en votación, diputado, ciérrese el sistema.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que se emitieron 119 votos en pro 215 en contra y 7 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor diputado. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de la misma.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Proposición de Acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Profeco, para que den inmediata atención a los pasajeros afectados por la suspensión de la línea área Azteca. Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora consulte a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera Lectura de los dictámenes:
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marcos Romano Hassán, José Octavio Pérez Nava, Cynthia Patricia Garza García, Daniela Aguilar Treviño y Alejandro García García, para prestar servicios en las Embajadas de Austria y de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Monterrey. Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, para aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España. Publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión de Juventud y Deporte.
Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud de fecha 7 de septiembre de 2005.
Acuerdo
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, presentada por el diputado Alfonso Nava Díaz y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 5 de junio de 2005.
Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.
De la Comisión de Hacienda
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. Permítame, señor Secretario.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: …, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el 12 de mayo de 2005.
Segundo…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (14:48 horas): En virtud de que no se permite la conducción de esta sesión, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 10 de abril a las 11:00 horas.