La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Lista de asistencia.
Aguilar Solís Samuel.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Alavez Ruiz Aleida,
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Andrade Quezada Humberto.
El diputado Humberto Andrade Quezada: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Arellano Arellano Joel.
El diputado Joel Arellano Arellano: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Arreola Ortega Pablo Leopoldo
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Aureoles Conejo Silvano.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Barajas del Toro Salvador.
El diputado Salvador Barajas del Toro: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Barradas Miravete Gregorio.
El diputado Gregorio Barradas Miravete: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Calzada Rovirosa José.
El senador José Eduardo Calzada Rovirosa: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Camarillo Ortega Rubén.
El senador Rubén Camarillo Ortega: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Castellón Fonseca Francisco Javier
El senador Francisco Javier Castellón Fonseca: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Elías Serrano Alfonso.
El senador Elías Serrano Alfonso: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: García González Carlos Alberto.
El diputado Carlos Alberto García González: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: González Carrillo Adriana.
La senadora Adriana González Carrillo: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: González Yáñez Alejandro
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Legorreta Ordorica Jorge.
El senador Jorge Legorreta Ondorica: Presente
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: López Reyna Omeheira.
La diputada Omeheira López Reyna: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Mendoza Maldonado Fausto Fluvio.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Moreno Cárdenas Alejandro.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Mota Hernández Adolfo.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ocejo Moreno Jorge Andrés.
El senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Orozco Ruiz Velasco Marco Heriberto.
El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Pérez Plazola Héctor.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Polevnsky Gurwitz Yeidckol.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Portilla Diéguez Manuel. Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ramírez Barba Ector Jaime.
El diputado Ector Jaime Ramírez Barba: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Rojas Hernández Laura Angélica.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Presente
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Rueda Sánchez Rogelio.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ruiz Chávez Sara Latife.
La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Tamborrel Suárez Guillermo.
El senador Guillermo Tamborrel Suárez: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Velasco Oliva Cuauhtémoc.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Walton Aburto Luis.
El senador Luis Walton Aburto: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Zavaleta Salgado Ruth.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: ¿Falta algún diputado? Arreola.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Aguilar Solís Samuel.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: González Morfín José.
El senador José González Morfin: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: ¿Ruiz Sánchez?
El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Toledo Infanzón Adolfo.
El diputado Adolfo Toledo Infanzón: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: ¿Alguien más falta? Fausto Fluvio Mendoza.
El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Presente.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Señora Presidenta, hay una asistencia de 31 legisladores, por lo tanto existe quórum para iniciar la sesión.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (A las 11:35 horas): Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Orden del día.
Lectura del acta de la sesión anterior; comunicaciones.
La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que con motivo del CI Aniversario de la Huelga de Río Blanco que tendrá lugar el 7 de enero a las diez horas.
Del Congreso del estado de Yucatán.
Del Congreso del estado de Tabasco.
Del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores.
De la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco.
Iniciativas del Congreso del estado de Yucatán, que reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes del comercio exterior en el mes de noviembre de 2007.
Oficios de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que e Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pueda ausentarse del territorio nacional los días 13 y 14 de enero de 2008, a efecto de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la República de Guatemala…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Manuel Portilla, disculpe, ya tienen distribuidos los diferentes diputados y senadores el orden del día. Podríamos obviar la lectura en vista de que ustedes ya lo tienen en sus anos por escrito, si nos lo permiten, vamos a obviar la lectura del orden del día y pasaríamos a la aprobación.
Pasaríamos al acta. Entonces dejaríamos ahí la lectura del orden del día y le pido a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión anterior. ¿También la tienen en sus manos? Si la tienen en sus manos, también obviaríamos la lectura del acta de la sesión anterior. Entonces proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén a favor, favor de manifestarlo (votación). Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo (votación).
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Sobre las comunicaciones, por favor, continúe.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Comunicación de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Para asistir en representación de esta Comisión Permanente se designa a los siguientes diputados: A la diputada Aleida Alavez Ruiz y al diputado Adolfo Mota Hernández.
Del Congreso de Yucatán, del estado de Yucatán.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Oficio del Congreso del estado de Yucatán.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Comunicación del Congreso del estado de Tabasco.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrmese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados.
Del Congreso del estado de Tabasco, continúe, por favor.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Comunicación del estado de Tabasco.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. Continúen, por favor.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Oficio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el que se remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Oficio de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Oficio del Congreso del estado de Yucatán con el que remite iniciativa que reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de noviembre del 2007.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Secretarios de la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, presentes.
Para los efectos de los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente la iniciativa de decreto por el que se solicita autorización para que el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pueda ausentarse del territorio nacional los días 13 y 14 de enero del 2008 a efecto de asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Guatemala.
Sin otro particular, reciba un cordial salud. Atentamente, Armando Salinas Torre, Subsecretario.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos David Alejandro Olvera Ayes y Juan Arturo Brennan Hanson puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan la Santa Sede y el Gobierno de la República de Finlandia, respectivamente.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Edgar Eligio Garduño Sánchez, Rosalba Murcia Vázquez y Teresita Vergara Valderrama puedan prestar servicios a la Embajada de la República de Honduras en México y en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de la República de Corea en México, respectivamente.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gabriela Frayre Muñoz, María Verónica Franco Vidaurri y Nahum Nathanael Sears Travis puedan prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán, respectivamente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Diez oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite las hojas de servicios de: Rolando Enrique Garza Rodríguez, Abelardo Galindo Para, Mario Castro Méndez, José Raúl Celedón Lamas, Esau Rodríguez Cuellar, Juan Alfredo Montoya Valdés, José Carlos Beltrán Benites, Rafael Lira Benseman, Mario Alberto Escamilla Pérez y Efraín Escobar Juncos, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Veintidós oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Doce oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a la Cámara de Senadores.
El siguiente punto del orden del día son iniciativas de legisladores. Tiene la palabra la diputada Omeheira López Reyna, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Justicia Militar, de la Ley General de Salud y del Código Federal de Procedimientos Penales.
La diputada Omeheira López Reyna: Con su permiso, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Omeheira López Reyna: Los suscritos, su servidora, Omeheira López Reyna, Esmeralda Cárdenas y Joel Arellano Arellano, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración, a este Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar de la Ley General de Salud, así como del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de adecuar nuestro marco jurídico previsto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Nuestro país a lo largo de su historia ha sido un actor importante en el contexto internacional, en la búsqueda de las soluciones eficaces, en la lucha contra los crímenes de grave trascendencia para la comunidad mundial en su conjunto.
Es así que nuestro orden normativo vigente ya sanciona delitos como el genocidio, la violación de los deberes de la humanidad, la desaparición forzada de personas, la tortura, la toma de rehenes, los crímenes en conflictos armados cometidos en contra de población civil, en contra de personal habilitado por el derecho internacional, para utilizar los emblemas distintivos por los convenios de Ginebra.
En suma, se puede señalar que unos de los avances más significativos en los últimos años, que se ha suscitado en la esfera internacional, concretamente en materia de acciones del derecho internacional humanitario, ha sido la aprobación del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, cuyo establecimiento ocupa en la actualidad un lugar fundamental en la agenda mundial.
Esta nueva acción por parte de la comunidad internacional, ha tenido su justificación en respuesta a los evidentes abusos y crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos en los diversos países del mundo.
Por ello, el consenso internacional, en la Corte Penal Internacional emerge como una de la primera instancia internacional permanente, con capacidad de juzgar a los individuos que hayan cometido crímenes de grave trascendencia para la comunidad mundial en su conjunto.
Por lo anterior, bajo la óptica de que el propósito fundamental de la Corte Penal no es el de sustituir o suplantar a las jurisdicciones nacionales en el conocimiento de este tipo de delitos, pues ello implicaría una posible vulneración a la jurisdicción interna de cada país, por el contrario, su función se ejercerá de manera complementaria a ellas, en aras de evitar que por cualquier acción u omisión voluntaria por parte del Estado, e incluso, por imposibilidad de éste, se genere impunidad.
En otras palabras, el Estatuto de Roma convoca a los mismos Estados para que sean ellos, por regla general, quienes ejerzan competencia sobre los delitos señalados en el propio Estatuto.
El respaldo por parte de la comunidad internacional, en los que está incluido nuestro país, hacia los tratados internacionales y en el derecho internacional humanitario, así como hacia las instituciones de justicia internacional, como es el caso lo es la Corte Penal Internacional, debe ser visto y entendido como un respaldo de legalidad y de justicia mundial.
Actualmente el Ejecutivo federal, en su Plan Nacional de Desarrollo, recientemente ha publicado, en congruencia con estos postulados y ha previsto que uno de sus objetivos rectores la obligación de México de participar en el objetivo universal de difundir y proteger el pleno goce de los derechos humanos, debiendo en consecuencia tomar medidas contundentes para avanzar con celeridad hacia los estándares internacionales en materia y establecer los mecanismos para hacer efectivo el respeto a los instrumentos internacionales.
En consecuencia de lo anteriormente señalado, cabría señalar que dada la amplitud del marco normativo penal, este prevé conductas como el homicidio, las lesiones, la violación, el embarazo forzado, la esterilización forzada, por mencionar algunos, que en determinado momento podría actualizarse a las hipótesis previstas por el Estatuto, dada en la generalidad en que se encuentra planteados.
Por tal motivo es necesario que modifiquemos nuestro marco interno y a fin de ampliar el marco protector de nuestras normas penales en franca sintonía a lo establecido por el Estatuto de Roma sin dejar de apreciar que en algunos casos la gravedad y consecuencias y penalidad de las conductas establecidas por el estatuto, distan de la penalidad prevista por el derecho común, como es el caso de que sería un homicidio perpetuado en tiempos de guerra por un militar, como en un homicidio cometido por un militar en casos de paz.
Lo anterior, con el objetivo de fundamentar y de lograr una sanción de los delitos de lesa humanidad, la presente iniciativa plantea lo siguiente
El tipo penal de genocidios incorpore nuevos elementos exigidos por el Estatuto de Roma.
Que el Código Penal Federal incluya el tipo penal de lesa humanidad, así como en el Código de Justicia Militar se modifiquen y se creen diversos tipos penales, a fin de tipificar las conductas descritas por el Estatuto de Roma.
Dicha iniciativa reforma constitucionalmente que se adicione y se proponga a este respecto establecer, tanto en el Código Penal Federal como en el de Justicia Militar, la imprescriptibilidad del delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Ello también con la finalidad de dar cumplimiento por parte de nuestro país y adecuar nuestra legislación interna a los instrumentos internacionales.
En la Ley General de Salud se tipifique en el marco jurídico lo exigido por el derecho internacional y es precisamente la esterilización forzada.
Si bien ya se tipifica el embarazo forzado, en dicho cuerpo legal existe una laguna jurídica respecto a este tipo de conductas ilícitas, de las cuales llegan a ser las víctimas en la mayoría de los casos mujeres, que por dicha razón se estima oportuno crear un tipo de "tipo penal".
Se incorpora también en los delitos graves previstos por el Código Federal Penal, que en su caso, el Código de Justicia Militar adquiera nuevos tipos penales debido a su gravedad e implicaciones que generen en cuanto a su comisión.
Dichas propuestas de tipos penales se hizo en base a la especialidad y conductas tipificadas y recientemente tomado por la Suprema Corte de Justicia que emitió un criterio que todos los delitos contra la disciplina militar a la que se refiere en su artículo 57 para su acreditación, basta que el sujeto que lo realice tenga calidad militar activo.
Por tanto, hay un resumen dentro de la Gaceta, de todos los artículos que están siendo solicitados su modificación y por cuestión de tiempo los resumimos. Muchísimas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Omeheira López Reyna. Intégrese el documento a la Gaceta Parlamentaria y al Diario de Debates íntegro. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa Nacional y de Salud de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del grupo parlamentario del PRI para presentar iniciativa que adiciona un párrafo sexto al artículo 14 de la ley Aduanera.
La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Con su permiso, Presidenta. La economía mexicana atraviesa por una fase de desaceleración provocada principalmente por la disminución de la demanda externa de productos de exportación en Estados Unidos y por un incremento en los mercados internacionales de materias primas.
Hasta el momento dos son los sectores que han mostrado sólidas tasas de crecimiento y que están vinculados con el mercado interno, con los cuales se ha compensado la reducción de las exportaciones donde existe un vínculo estrecho en las relaciones interindustriales de México con Estados Unidos. Estas son los servicios y el consumo.
La dinámica reciente del consumo privado y el sector servicios han mantenido tasas de crecimiento de entre el 3 y 5 puntos porcentual.
En el caso del sector servicios la división que más participación ha tenido no sólo para el sector, sino para el producto interno bruto durante el 2005, 2006 y lo que va del presente año, ha sido de comercio, restaurantes y hoteles, en cuyo caso la participación ha sido del 19 por ciento, la mayor de todas las divisiones de la actividad económica incluso de la industria manufacturera.
Los ingresos por visitantes internacionales a México, mostraron un incremento del 3.2 por ciento en 2006, al registrar 12 mil 176 millones de dólares, lo que refleja la afluencia de turistas internacionales con un mayor gasto medio.
En el periodo enero-junio de 2007 ingresaron 6 mil 871 millones de dólares, 9.3 por ciento más que en el mismo lapso de 2006; 5 mil 527 millones de dólares correspondieron a turistas internacionales de internación y fronterizos y mil 343 millones de dólares a excursionistas fronterizos y en crucero.
Además de la derrama económica que generan los visitantes internacionales de nuestro país con motivos de esparcimiento, el turismo de negocios se ha convertido en una fuente de ingresos de divisas mucho más importantes. El turismo de negocios está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales, llevadas a cabo en reuniones de negocios con diferentes propósitos y magnitudes, tales como congresos, convenciones, ferias y exposiciones, viajes de incentivo y que han cobrado cada vez mayor importancia porque mejoran la ocupación en temporada baja, contribuye a elevar el gasto medio de los visitantes, eleva la estancia promedio en el país y apoya la generación y distribución del ingreso.
Debido a que el turismo de negocios es un sector potencialmente que puede ser explotado para no sólo contrarrestar los riesgos que presenta el país a nivel internacional sino también para promover el crecimiento del país a través de una mayor captación de divisas, en el marco del proyecto nacional de facilitación turística, al mes de junio de 2007, se concluyeron 32 de los 38 temas generales que lo conforman, con un avance acumulado de 84 por ciento, y corresponden en su mayoría a trabajos de simplificación administrativa y de mejora regulatoria.
Si bien con los cuadernos ATA se permite la libre admisión exenta de derechos de importación, de ampliar categoría de mercancías destinadas a ser presentadas, utilizadas en ferias, exposiciones comerciales o actos similares, muestras comerciales y material profesional, se considera necesario dar un mayor impulso a la presentación de estos eventos que generan una importante fuente de divisas.
En congruencia con lo anterior, y con el propósito de fomentar aún más el turismo de negocios en hoteles, se propone a esta soberanía que en aquellos casos donde los empresarios extranjeros requieran presentar convenciones, congresos y feria internacionales para mostrar bienes de origen extranjero en nuestro país, y que no cuenten con el cuaderno ATA, puedan realizar estos eventos brindándoles mayores facilidades administrativas.
Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar el artículo 14, inciso A de la Ley Aduanera para los hoteles autorizados por la Secretaría de Administración Tributaria, donde se lleven a cabo congresos, convenciones o ferias internacionales, y que puedan fungir temporalmente como recintos fiscalizados en aquellos casos en donde los empresarios extranjeros no cuenten con cuaderno ATA y cuyas mercancías sean distintas de alimentos y bebidas, al tenor de las siguientes consideraciones.
Único. Se incluye al párrafo VI al artículo 14 para quedar como sigue:
Artículo 14. El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior complete a las aduanas, los recintos fiscales. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías en inmuebles ubicados dentro o fuera de los recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados.
La concesión se otorgará mediante licitación conforme a lo establecido en el reglamento, incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios.
Para obtener la concesión. Las concesiones se podrán otorgar al término de la concesión.
En el caso de que el Servicio de Administración Tributaria otorgue concesión para que lo particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados fuera de los recintos fiscales, sólo podrá ser de manera temporal, en un plazo no mayor de 30 días y en hoteles donde se realicen convenciones, congresos o ferias internacionales.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Sara Latife Ruiz Chávez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Manuel Portilla Diéguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma los incisos B y C, y adiciona el inciso D, al artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Perdón, es por la fracción parlamentaria.
El diputado Manuel Portilla Diéguez: Gracias. Con el permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. La educación, como factor de desarrollo económico para cualquier país, es trascendental debido sobre todo a que la inversión en capital humano se verá reflejada en el bienestar social.
Sin embargo, en la actualidad las necesidades de la población a nivel global han provocado una sobreexplotación de los recursos naturales, atentando contra la satisfacción de las presentes y de las futuras generaciones.
Por tanto, es indiscutible el establecimiento de un modelo educativo que fomente un desarrollo sustentable que no ponga en peligro los recursos naturales y que sostenga los procesos ecológicos que sustentan la vida en el planeta.
De igual forma, el espíritu de esta iniciativa tiene como finalidad establecer, como derecho constitucional, el de recibir una educación que fomente la conciencia ambiental, tanto en el concepto de individuo y sociedad, en el cuidado de su entorno.
La educación ambiental contribuye al conocimiento de la población desde temprana edad para el manejo y conservación de los recursos nacionales, así como para la concientización de la gente sobre la problemática del deterioro del medio ambiente y la búsqueda de opciones para convivir con la naturaleza sin detener el desarrollo económico del país.
Esta formación académica cimentará valores, aptitudes y actitudes para comprender la interrelación del hombre y su entorno natural.
Este modelo educativo debe capacitar a los maestros sobre temas fundamentales como la ecología, geología, meteorología, geografía física, botánica, química, física, así como temas de protección civil en caso de desastres naturales.
Estos conocimientos en el educando derivan de un mayor criterio del cuidado del medio ambiente y las repercusiones que conlleva en sí su deterioro.
La educación ambiental es una actividad cada vez más reconocida por gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales como una herramienta útil en la difusión de la problemática ambiental y como promotora de prácticas conservacionistas.
Como campo de acción específico, la educación ambiental ha reconocido que su labor fundamental es promover el conocimiento, cuidado y mejor aprovechamiento de los recursos naturales, a través del desarrollo de patrones de comportamiento humano que no sean destructivos del medio natural donde se desarrollan las sociedades.
Este proceso educativo lleva un proceso a mediano plazo y comienza desde la transmisión de conocimientos y valores en las familias, así como la influencia de medios masivos de información y los sistemas formales de escolarización.
Aunado a esto, el modelo educativo de desarrollo sustentable contribuye en el medio rural en la labor de concientización sobre problemas ambientales y el cuidado del entorno, derivando en un papel protagonista del poblador rural en la intervención activa en las decisiones sobre la gestión de los recursos naturales.
Actualmente la educación ambiental debe fomentar el desarrollo sustentable en los educandos para poder cimentar conocimientos en la materia que puedan ser pragmáticos en la vida diaria de la población del país.
Es necesario establecer un modelo educativo que sensibilice sobre problemas como el cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la contaminación, por mencionar algunos ejemplos.
Por lo anterior expuesto, los diputados y senadores legisladores integrantes del grupo parlamentario respetuosamente sometemos a la consideración el siguiente proyecto que adiciona un inciso d) del artículo 3 de nuestra Carta Magna y que a la letra dice:
Inciso d) Fomentará las bases culturales, técnicas y científicas para el establecimiento de un modelo educativo nacional de desarrollo sustentable que estimule en el educando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social y ambiental para alcanzar los fines a los que se refiere este artículo. Gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Portilla Diéguez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se les recuerda a todos los presentes que aquí no se puede fumar, por favor.
Tiene la palabra el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco: Con su venia, diputada Presidenta. El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Compañeros legisladores, en México el número de adictos crece constantemente y es muy preocupante.
Para que entendamos mejor este tema, cabe mencionar que la adicción es una enfermedad en la que se necesita algo concreto para estar o sentirse confortable. Y cuando no se puede conseguir se produce malestar. Toda adicción es una necesidad a consumir algo con el fin último de sentirse bien.
Las más comunes son el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción y sus orígenes se deben a diversos factores, entre los que se encuentran los biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.
Las adicciones no respetan ni edad, ni sexo, ni posición social ni económica, destruyen a todos por igual. Es muy triste conocer que en ciertos estados de la República la edad promedio en que los jóvenes inician el consumo de drogas es de 12 años de edad, por lo que considero como una prioridad nacional el implementar mecanismos para rehabilitar a las personas que por diversas causas han caído en manos de alguna adicción.
Lo reconfortante de este tema es conocer que a base de un tratamiento íntegro se puede combatir y vencer. En México tenemos 18 millones de fumadores activos, 3 millones y medio de personas que dependen del alcohol y aproximadamente o como mínimo un millón de mexicanos que son propensos a las drogas ilegales.
Las consecuencias son preocupantes, pues esclavizan, enferman y debilitan la voluntad y el cuerpo, además de que terminan por destruir a las personas, las familias y a la sociedad misma. Incluso, en varias ocasiones llevan hasta la muerte misma.
Con base en distintos estudios se ha observado que el crimen organizado no sólo está haciendo de nuestro México un país de paso, sino un país de consumo y no lo debemos permitir.
Esta lucha para erradicar las adicciones es ardua y difícil, pues en ella se encuentran involucrados varios intereses: Por un lado encontramos a los que se dedican a traficar sustancias ilícitas y por el otro lado, a las personas que consumen dichas sustancias.
La mayoría de los esfuerzos que se han implementando para combatir el consumo de sustancias ilícitas y adictivas por parte del gobierno, han sido enfocados para entablar una lucha frontal contra el crimen organizado, olvidando que los más afectados de todo esto son las personas presas de algún tipo de adicción, los cuales tenemos olvidados.
Ciertamente, son importantes los operativos implementados, pues gracias a ellos, en este año se han erradicado y fumigado cerca de 200 mil plantas de marihuana y amapola, se han destruido 737 pistas de aterrizaje y 220 campamentos. Incluso, se rompió el record de dinero decomisado, pues a una sola persona se le encontraron 205 millones de dólares, 17 millones de pesos, etcétera.
Pero es lamentable que esa cantidad de dinero, sólo una tercera parte se destine a la rehabilitación y prevención, lo cual se me hace muy poco.
En el artículo 4o. de nuestra Carta Magna encontramos que todos los mexicanos tenemos el derecho de que nuestra salud sea protegida, suena muy bien en la teoría, pero en la práctica falta mucho por hacer.
Un ejemplo palpable es que hasta el momento no hay clínicas gratuitas sostenidas por el gobierno, para la atención de las personas que quieran rehabilitarse.
Hay que considerar que no todas las personas pueden solventar el alto costo de un tratamiento y no por eso pueden estar excluidas de su atención, sino al contrario, son a los que más debemos apoyar para que su rehabilitación sea satisfactoria.
Pues como todos sabemos, la rehabilitación de las personas que son esclavizadas por alguna adicción, requiere de un periodo de internamiento mínimo durante cuatro semanas, en el cual el paciente estará siendo tratado por especialistas en distintos ámbitos, ya sea desde aspecto médico, psicológico, toxicológico.
Es muy loable que en Chihuahua aprobaran la Ley para la Prevención de las Adicciones, tratamiento y disminución de daño y reinserción social de personas con adicciones, pues con ello el gobierno del estado está obligado a hacerse cargo de la rehabilitación de dichas personas, que no tengan recursos para pagar su tratamiento.
La citada ley establece en su artículo 26, que cuando una persona adicta solicite los servicios de tratamiento por decisión propia o por mandato judicial, pero no tenga los recursos económicos, el Estado se hará cargo de su cobertura.
De conformidad con lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable pleno, el siguiente
Proyecto de decreto, por el que se modifica el artículo 182-R para quedar como sigue:
Artículo 182-R. Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a excepción de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I, del artículo primero, de la Ley Federación para la Administración y Enajenación de bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada ley, en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud.
Cuando se trate de delitos contra la salud, dichos bienes y frutos de los mismos, serán entregados íntegramente a la Secretaría de Salud. Los recursos que correspondan a la Secretaría de Salud, deberán destinarse en la creación de clínicas de tratamiento y a los programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes.
Transitorio
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cabe mencionar que he visto cómo la sociedad civil busca con sus propios recursos ayudar a quienes no tiene recursos para rehabilitarse, y realmente hay mucha gente que requiere de este apoyo, el dinero federal siempre es escaso.
Entonces, es en base a esto que yo solicito el apoyo de todos ustedes para impulsar esta iniciativa para que los recursos derivados del comercio ilegal de drogas cuando sean decomisados, vayan a aliviar las consecuencias de este mal comercio. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias, por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz, túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar iniciativa que adiciona los artículos 113 Bis y 123 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Uno de los temas más recurrentes en nuestro país, sin duda, lo es el de la seguridad pública y, es que no es para menos, es evidente el aumento de la incidencia delictiva, lo que ocasiona inseguridad y temor en la sociedad.
En efecto, un gran porcentaje de mexicanos tiene una intensa percepción de inseguridad y violencia. De acuerdo con la segunda encuesta nacional sobre inseguridad en las entidades federativas del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 44 por ciento de los mexicanos se sienten algo o muy inseguros.
Los encuestados perciben que la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia tiene muchas limitaciones e ineficiencias, y que la mayoría de los delitos queda impune.
Ante el desafío de enfrentar las altas tasas delictivas y al crimen organizado, se ha puesto en evidencia la crisis del sistema de seguridad ciudadana y justicia penal. De hecho, uno de los principales factores de los fenómenos de inercia delictiva y consolidación del crimen organizado es la ineficiencia institucional, que se traduce en elevados indicadores de impunidad, alta proporción de reincidencia y violación a los derechos humanos, entre otros.
Los datos anteriores ocasionan que la justicia penal se perciba como un sistema ineficiente y corrupto. Las causas principales de esta ineficiencia y corrupción se deben a fallas estructurales que presenta el sistema. Esto significa que el problema no siempre radica en conductas ilegales, sino en leyes y procedimientos penales obsoletos y contraproducentes.
Una práctica común es que el Ministerio Público antes de iniciar una averiguación previa a partir del conocimiento que tiene de un hecho presuntamente constitutivo de un delito, realiza una valoración ex ante, que en muchos casos, lo lleva a levantar un acta circunstanciada en lugar de dar inicio a la actuación que constitucionalmente está obligado a integrar, lo cual demerita en perjuicio de los gobernados, ello al amparo de un acuerdo dictado por el titular de la procuraduría a la que pertenezca.
La preocupación de esa legisladora estriba básicamente en aquellos casos en que desaparecen personas, ya que si bien es innegable que existe una alta incidencia de casos en los que los padres de familia acuden a la agencia del Ministerio Público a denunciar la desaparición de sus menores hijos que se resuelven favorablemente, cuando finalmente se descubre que aquellos abandonaron voluntariamente sus hogares por problemas con los padres u otros familiares, cierto es también que muchos de estos casos obedecen tristemente a casos de privación ilegal de la libertad ya con fines de secuestro, de explotación sexual, de tráfico de órganos, etcétera.
Y por estos casos que desafortunadamente van en aumento, la autoridad ministerial debe inmediatamente proceder a hacer las labores de investigación necesarias para determinar el paradero de la persona desaparecida.
Según datos reportados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la trata de personas representa un negocio global de 32 mil millones de dólares al año, que en sólo dos años el tráfico de personas para fines de explotación sexual, laboral, en prácticas similares a la esclavitud o trabajo forzado o para la extracción de órganos, triplicó el monto de los recursos obtenidos por este negocio, dejando incluso atrás al tráfico ilegal de armas.
Lo anterior significa que anualmente se trafica entre uno y dos millones de mujeres, hombres, niñas y niños para fines de explotación y los victimarios ganan entre cuatro mil y 50 mil dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima.
La trata incluye la captación, traslado, acogida o recepción de personas con amenazas o engaños con fines de explotación.
Por eso considero necesario establecer de manera expresa dentro del Código Federal de Procedimientos Penales, que el inicio de una averiguación previa no debe ser condicionada, salvo que se requieran presupuestos procesales como la querella u otro equivalente; pero en los delitos oficiosos no debe existir impedimento alguno para que las pesquisas den inicio, sobre todo si con ello pueden evitarse consecuencias nefastas de actuar con prontitud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 Bis, así como un último párrafo del artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo único. Se adiciona el artículo 113 Bis, así como un último párrafo al artículo 123 del Código Penal para quedar como sigue
"Cuando se denuncie la desaparición de una persona y dicha desaparición actualice algún delito que no requiera requisito de procesabilidad o presupuesto procesal para su persecución, el Ministerio Público, sin más trámite de manera inmediata y sin exigir requisito de temporalidad alguno, dará inicio a la averiguación previa correspondiente y ordenará las diligencias necesarias para encontrar a la persona desaparecida.
"En el caso de que se trate de un delito que requiera para su persecución de algún requisito de procedibilidad o presupuesto procesal, el Ministerio Público deberá de observar lo señalado en el párrafo anterior, tan pronto como este requisito o presupuesto sea satisfecho".
Artículo 123. "Cuando exista el riesgo fundado de que la persona privada de su libertad pueda ser trasladada fuera del territorio nacional, el Ministerio Público dará aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a las autoridades migratorias correspondientes, para que realicen, dentro del ámbito de su competencia, todas aquellas acciones tendientes a evitar que aquella pueda ser trasladada o entregada fuera del territorio nacional". Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Laura Angélica Rojas Hernández. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De la Primera Comisión de Trabajo con proyecto de decreto por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Israel Cervantes Salinas, Chilnta Eleni Vlachopoúlou Corona —perdón por la expresión, pero ni siquiera lo he pronunciado bien—, Olaya Delgado Antillón, Jaime César García Hernández, José María Rico Murrieta y José Jonathan Reyes Saucedo, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados de Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
Con proyecto de decreto por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Asís Abraham Daguer y Abelardo Vara Rivera, para aceptar y usar las condecoraciones de la "Orden del Cedro Nacional" en Grado de Comandando y de la "Orden de Dannebrog" en Grado de Caballero que le les otorgan los gobiernos del Líbano y del Reino de Dinamarca, respectivamente.
Con proyecto de decreto por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Patricia Zamarrita Portillo, Nicolás Torres Rodríguez, María de Lourdes Magaña Vázquez y Esperanza Salazar Ruiz Ibarguen, puedan prestar servicios en los consulados de los Estados de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.
Con proyecto de decreto por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sandra Paola García Jiménez, Isabel María Valdez Pérez, José Antonio Cosío Pérez y Belinda Frías Núñez, puedan prestar servicios en las embajadas de Japón y del Reino de Noruega en México, en a Delegación Especial de Palestina en México y en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior de la Embajada de Italia en México, respectivamente.
Con proyecto de decreto por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Martínez y Hernández pueda aceptar y usar las condecoraciones de la "Orden Jinete de Madara", en primer grado y de la "Orden al Mérito de la República de Hungría", en grado de Comendador (división civil), que le otorgan los gobiernos de las Repúblicas de Bulgaria y de Hungría, respectivamente.
Con proyecto de decreto por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Selma Ancira Berna y Luis Maldonado Venegas, puedan aceptar y usar las condecoraciones "medalla de Aleksandr Punshkin" y de la "Orden del Cedro Nacional", en Grado de Comandante, que les otorgan los gobiernos de la Federación de Rusia y del Líbano, respectivamente.
Con proyecto de decreto por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Javier Treviño Cantú, puedan aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Corea en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se les dispensa la lectura.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedan de primera lectura. Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presienta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 175 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por acuerdo del grupo parlamentario del PRD en esta comisión Permanente, me permito solicitar a usted atentamente para que instruya a quien corresponda a fin de que se sustituya a la diputada Aleida Alavez Ruiz, como integrante de la Tercera Comisión, por la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz. Sin más por el momento le agradezco sus finas atenciones y aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo. Salvador Ruiz Sánchez, diputado federal.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: La Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución General de la República, los artículos 116, 123 y 127 de la ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso General la sustitución de integrantes en comisiones de trabajo conforme al siguiente acuerdo
Único. Se incorpora como integrante en la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, a la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en sustitución de la diputada Aleida Alavez Ruiz.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 4 día del mes de enero de 2008. la Mesa Directiva, diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta; el senador Rubén Camarillo Ortega, Vicepresidente; la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, Vicepresidenta; la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Secretaria; el senador Rogelio Rueda Sánchez, Secretario; el diputado Salvador Ruiz Sánchez, Secretario y el diputado Manuel Portilla Diéguez, Secretario.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, e insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates.
Vamos a comenzar con el punto de proposiciones. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal instruya a las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero a que homologuen sus horarios de trabajo en las aduanas del país.
El diputado Carlos Alberto García González: Con su venia, señora Presidenta. El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, de la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal a que instruya a las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero, a que homologuen sus horarios de trabajo en las aduanas del país bajo las siguientes consideraciones.
La globalización integra a las economías del mundo haciendo que el intercambio de bienes y servicios sea una constante; las aduanas, bajo este contexto, son infraestructura fundamental para el intercambio comercial con el resto del mundo.
En nuestro país en materia de aduanas reconocemos el esfuerzo que está llevando a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, así como la propia Administración General de Aduanas. Sin duda, el Plan de Modernización Aduanera que se presentó en marzo del año pasado, así como el Plan Estratégico Aduanero Bilateral, suscrito con los Estados Unidos en agosto de 2007, son prueba inequívoca de que existe voluntad de mejorar nuestro sistema aduanero.
Sin embargo, también reconocemos que hay mucho qué hacer en las aduanas del país, existen tareas pendientes que necesitan muchos recursos económicos, como la inversión en tecnología y en infraestructura, pero hay tareas que sí se pueden llevar a cabo de manera administrativa, que lograrían elevar la competitividad de la aduana y el comercio exterior en México, tal es el problema que expusieron recientemente diversos sectores y operadores del comercio exterior, durante una reunión de trabajo del Comité de Competitividad de esta Cámara de Diputados.
No existe una coordinación de horarios entre las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero con la aduana, y esto es que llegan los camiones o los contenedores a la aduana, y resulta que no puede entrar o salir del país, porque los funcionarios de alguna dependencia no han llegado a trabajar o ya cerraron sus oficinas.
Compañeros legisladores. La comunidad de comercio exterior de nuestro país nos solicita nuestra intervención, a fin de que los funcionarios de las diferentes dependencias y entidades, por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, que tienen como facultad revisar las mercancías de su competencia, tengan los mismos horarios de trabajo que la aduana; es decir, que mientras la aduana esté abierta todos los servidores públicos del gobierno federal se encuentren en funciones para despachar todo tipo de mercancías.
Tenemos una gran ventaja con nuestra colindancia con los Estados Unidos, que es el primer mercado del mundo, pero esta ventaja se ve mermada, disminuida por la falta de coordinación y voluntad política de las dependencias y entidades que coadyuvan en el despacho de las mercancías en las diferentes aduanas de nuestro país.
Nuestras empresas y la competencia mundial nos obligan a que el proceso de cruce en las aduanas sea más rápido y eficiente, por lo que es primordial que mientras estén en horario de trabajo las 49 aduanas del país, se puedan introducir o extraer todo tipo de mercancías bajo la supervisión de todas y cada una de las dependencias y entidades responsables en el despacho aduanero. Esto será sin duda, un gran avance en materia de competitividad de las mercancías nacionales y de la aduana México.
Es por lo anterior, que someto a la consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que instruya a las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero a que homologuen sus horarios de trabajo con las aduanas del país.
Segundo. Se solicita respetuosamente al titular de la Administración General de Aduanas para que informe cada tres meses al Congreso de la Unión sobre el avance en los trabajos de coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal para la homologación de los horarios en las aduanas. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo. Gracias, diputado Carlos García González.
¿Hay acuerdo para continuar con el punto como iba? Está el punto de ustedes y está el punto del PRD. ¿Hay otro alternativo para presentar o van a presentarlos así como están? Por favor.
El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): Hay un acuerdo de los grupos parlamentarios para que tengamos un debate pactado con los dos puntos de acuerdo y hemos llegado a un consenso para que posesionemos cada uno de los grupos parlamentarios sobre este tema y que la Presidencia sea tan amable en leer el punto de acuerdo de consenso.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pero de todos modos van a subir a leer el punto cada quien. OK.
El senador Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Hay un debate pactado, Presidenta, con los grupos parlamentarios, el PAN, el PRI y el nuestro que estaba publicado en la Gaceta, para que se hable del tema. Le pedimos a la Presidenta de la Mesa que lea el punto de acuerdo consensado para después someterlo a votación.
Si se aprueba de urgente, hay el debate. Concluido el debate, usted leerá, si nos hace favor, el acuerdo, el punto que hemos consenado, y someterlo a la votación. De los puntos que están en la Gaceta se hará uno.
El senador José González Morfín (desde la curul): De acuerdo con el orden del día, nos saltaríamos el segundo y el tercer punto de acuerdo en lo que tenemos la redacción, para que pueda ser leída y después se abra el debate sobre esa proposición. En cinco minutos estará lista.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De acuerdo. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envíen a esta soberanía un informe detallado del monto total recaudado por los donativos para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Honorable asamblea. Someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envíen a esta soberanía, en el ámbito de sus competencias, un informe detallado del monto total recaudado por concepto de donativos nacionales y extranjeros para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas, así como el destino que se dio a tales recursos.
Consideraciones. En México tenemos una indiscutible costumbre por la ayuda solidaria, misma que hemos desarrollado debido a experiencias muy dolorosas, en donde muchos mexicanos han perdido su patrimonio y, lo que es peor, la vida.
Una larga lista de casos podría llenar este documento, pero lo verdaderamente importante por destacar es la cultura de la solidaridad que nos caracteriza como nación.
El caso más reciente que demuestra este hecho son los desastres en Tabasco y Chiapas y, no está por demás decirlo, no fueron solamente desastres naturales sino producto de la corrupción.
Estos desastres motivaron que millones de mexicanos, gobiernos extranjeros, asociaciones nacionales e internacionales y personas altruistas realizaran aportaciones que representan recursos importantes, cuyo destino y aplicación nosotros, como legisladores, estamos obligados a vigilar.
Esta situación se deriva de otro hecho que debemos analizar y reformar. Me refiero a la falta de una legislación clara y puntual que regule el flujo de los recursos provenientes de donativos.
De acuerdo con expertos en el tema, es bien sabido que en México no existe evasión fiscal más elegante, entrecomillado, que hacer donaciones deducibles de impuestos.
Según la Asociación de Bancos de México, los recursos captados por la Banca para los damnificados de Tabasco y Chiapas y que comprende los depósitos de los clientes y los donativos de las instituciones sumaron 262.9 millones de pesos, de los cuales 108.4 millones correspondieron a aportaciones realizadas por los propios bancos.
El destino de los recursos, a decir del presidente del organismo Enrique Castillo Sánchez Mejorada, será la reconstrucción de infraestructura y equipamiento, así como la reactivación económica de ambas entidades.
En este rubro destaca la aportación del empresario Roberto González Barrera, que ascendió a 100 millones de pesos.
La Asociación de Bancos de México decidió, entrecomillado, distribuir el recurso de la siguiente forma: 106.5 millones de pesos se canalizaron a las zonas afectadas a través de la organización Unidos por ellos; 4.2 millones de pesos se destinaron a la Cruz Roja Mexicana; 31.6 millones de pesos al gobierno de Tabasco; 110.4 millones de pesos al gobierno de Chiapas y 50 millones de pesos al gobierno federal, dando un total de 202 millones de pesos y de los 60 millones restantes no se ha dado cuenta. Esto sin mencionar que mientras no se entreguen a las entidades, instituciones u organizaciones, las aportaciones siguen generando intereses.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se habían recibido 11 millones 200 mil dólares como ayuda internacional para Tabasco y Chiapas. La dependencia indicó que la contribución la hicieron 27 países y 16 organismos internacionales, tanto en dinero como con suministros en especie y ayuda técnica.
Sin embargo, el informe presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, señala en varios de los casos como receptores de la ayuda a organizaciones no gubernamentales, sin precisar sus nombres o datos que permitan determinar su localización y mencionando el rubro de receptor y punto de entrega de donativo a ONG no precisadas.
Asimismo, donativos de diversos países de organismos internacionales permanecen en estatus de ofrecimiento y se desconoce el monto de tales ofrecimientos o si estos han cambiado de estatus.
A estos hechos debemos sumar la denuncia mediática realizada por el Consejo Ciudadano para la reconstrucción de Tabasco, al señalar que a principios del mes de diciembre las sumas millonarias que se obtuvieron de las donaciones nacionales e internacionales aún no aparecían en la entidad, generando con ello confusión y desconfianza entre la ciudadanía por las elevadas cifras dadas a conocer y que no se habían aplicado.
Ante estas irregularidades es evidente la necesidad de contar con la información completa para tener una idea íntegra de los recursos captados a través de donativos, así como el destino y uso que se dará a los mismos.
De igual manera, desastres como los ocurridos en Tabasco y Chiapas hacen patente la urgencia de legislar sobre la forma en que las instituciones bancarias y las dependencias gubernamentales de cualquier nivel podrán recibir y utilizar las aportaciones económicas hechas por particulares, organismos internacionales u otras naciones.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, dejando asentado que en Convergencia estamos trabajando como parte de nuestra agenda política, en una iniciativa que subsane estas deficiencias. De manera tal que se eliminen las suspicacias y corruptelas y se subsane la falta de una ley que regule de manera transparente el desempeño de un número de fundaciones y asociaciones civiles, así como el origen y destino de los recursos captados a través de donativos.
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe detallado de los montos recabados por concepto de donativos, para mitigar los daños en los estados de Tabasco y Chiapas, aportados por empresas, bancos particulares, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como el destino de los mismos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un informe detallado de los montos recabados por las representaciones de países del extranjero, por concepto de donativos para mitigar los daños en los estados de Tabasco y Chiapas, así como el destino de los mismos.
Y tercero y último. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un informe detallado de los montos recabados por las instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, que operen en el país, por concepto de donativos para mitigar los daños en los estados de Tabasco y Chiapas, así como el destino de los mismos y el monto generado por concepto de intereses.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González, a nombre de la Segunda Comisión de Trabajo, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los asesinatos de connacionales en territorio norteamericano.
El diputado Carlos Alberto García González: Con su venia, señora Presidenta.
A nombre de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de la LX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena los hechos ocurridos sobre los connacionales asesinados en territorio norteamericano al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado lunes 17 de diciembre de 2007, el Consulado de México en Indianápolis recibió información sobre el fallecimiento de cuatro connacionales, originarios de la comunidad El Zacatón, municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en la localidad de Sharonville, condado de Hamilton, estado de Ohio, en Estados Unidos.
Inmediatamente, la representación entró en contacto con las autoridades locales, que confirmaron los decesos, indicando que los cadáveres mostraban heridas por arma blanca. En ese sentido se solicitó una amplia investigación sobre las circunstancias en que habrían ocurrido estos lamentables hechos, misma que permitiera identificar a los presuntos responsables.
El Consulado localizó a los familiares de las víctimas en San Luis Potosí, ofreciéndoles asistencia y orientación. Con apoyo de las familias fue posible confirmar la identidad de los fallecidos quienes respondían a nombre de Manuel Dávila Dueñas, de 31 años; José de Jesús Dávila Dueñas de 21 años; Lino Guardado Dávila de 43 años; y Conrado López Guardado de 20 años.
Con fecha 2 de enero de 2008, fueron repatriados los cuerpos de los cuatro potosinos radicados en el extranjero, sin embargo, se ha reconocido que en este momento apenas se han iniciado las investigaciones por parte de las autoridades norteamericanas, sin que se hayan divulgado las líneas de investigación sobre las que se trabaja en el presente caso.
Al ser cuestionadas dichas autoridades sobre una fecha probable para conocer los avances de las investigaciones e incluso el móvil del homicidio, se advierte que hasta ahora no hay indicios de que se trate de un crimen de carácter racial.
En esta tesitura, el Congreso de la Unión condena los hechos ocurridos y comprometidos a fortalecer las acciones legislativas y gubernamentales para revertir la violencia que sufren día a día nuestros connacionales en la frontera norte y dentro de todo el territorio norteamericano, es que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, condena los hechos ocurridos sobre los connacionales asesinados en el territorio norteamericano.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que brinde a los deudos, orientación jurídica a fin de que recuperen sueldos devengados, pólizas sin reclamar y las pertenencias de los finados.
Tercero. Que a través de los canales diplomáticos que correspondan, la Secretaría de Relaciones Exteriores verifique el cumplimiento del apoyo que concierna otorgar al estado de Ohio mediante el programa estatal de ayuda a víctimas de crímenes violentos, así como el total esclarecimiento de los homicidios perpetrados.
Muchas gracias, señora Presidenta. Es de urgente u obvia resolución.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Carlos Alberto García. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo ningún orador inscrito, se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si es de aprobarse.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.
Tiene la palabra la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgico repudio a las acciones de xenofobia, perpetradas contra la migración indocumentada en los Estados Unidos y su respaldo a una cruzada para la defensa de los migrantes.
La senadora Adriana González Carrillo: Gracias, Presidenta. En las últimas semanas, las denuncias de una ola de xenofobia en Estados Unidos han aumentado notablemente a partir de la multiplicación de redadas masivas de inmigrantes indocumentados, y de otras acciones de corte represivo y antiinmigrante en ese país.
Frente al ambiente político y electoral que vivirá Estados Unidos el próximo año, se reconoce que estas acciones podrán extenderse y que en general 2008 será un año poco favorable para los migrantes indocumentados y su lucha por mejores condiciones de vida y respeto a sus derechos humanos.
Nuestros 6.2 millones de connacionales indocumentados en Estados Unidos, reciben cada vez con mayor frecuencia e intensidad un constante trato discriminatorio y son víctimas sistemáticas de las redadas policiales y deportaciones masivas e indiscriminadas que los separan de sus familias, violan sus derechos humanos y les niegan los derechos consagrados en la Convención de Viena.
En diciembre pasado, autoridades federales de los Estados Unidos informaron que el número de arrestos de inmigrantes indocumentados, acusados de distintos delitos o simplemente con órdenes de deportación, se duplicaron al pasar de 15 mil 452 en el año 2006 a 30 mil 408 en lo que va de 2007.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo estadounidense promulgó una partida de mil 200 millones de dólares para la construcción de muros en la frontera con México, como parte del presupuesto federal para 2008 de ese país, sin explicitar la localización o el tipo de muro, decisión que en su momento tomará el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.
El Congreso estadounidense, por su parte, aprobó levantar más de 500 kilómetros de vallas y muros que serán construidos este año y que sin duda, no harán más que afectar severamente la vida cotidiana de la frontera, una de las más dinámicas del mundo en materia de intercambio de personas, mercancías y servicios.
En ese contexto, resulta sumamente importante esclarecer el caso de los cuatro mexicanos originarios de San Luis Potosí y presuntamente asesinados hace algunas semanas en el condado de Hamilton, en el estado de Ohio.
Toca al congreso igual que al Ejecutivo insistir en una amplia investigación sobre las circunstancias en que estos lamentables hechos tuvieron lugar. Al mismo tiempo en distintas entidades de la Unión americana las iniciativas antiinmigrantes avanzan y empiezan a incorporarse en el derecho vigente. Este es el caso de Arizona, que se ha convertido en el tema central del debate migratorio por la entrada en vigor, este primero de enero, de duras restricciones contra los indocumentados y quienes los contraten.
De acuerdo con la legislación HB2779 aprobada por la legislatura local, se penaliza a las compañías que contraten indocumentados por la suspensión de sus licencias por 10 días, la primera vez y con la revocación de las mismas si reinciden.
Este clima de hostilidad y endurecimiento de las medidas antiinmigrantes, mantienen sumamente angustiados a nuestros connacionales que residen en los Estados Unidos.
De acuerdo con la encuesta nacional de latinos 2007 levantada entre el día 3 y 9 de noviembre pasados y difundida por el Viw Spanic Center, más de la mitad de los hispanos en edad adulta temen se objeto de esta redadas o deportaciones o que un familiar o un amigo cercano lo sea.
El acoso alcanza a residentes legales en Estados Unidos, quienes son frecuentemente detenidos por la policía local para comprobar su estancia documentada y contra quienes se verifican también múltiples abusos.
Todo ello a pesar de que distintas entidades y grupos de expertos han venido publicando estudios y análisis que demuestran el sobresaliente nivel de aportación que los inmigrantes indocumentados hacen a la economía y a la sociedad estadounidense. Es el caso del reporte más reciente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, que admite que los estadounidenses se benefician con el trabajo de los inmigrantes en tanto que no sustituye, sino que complementa el trabajo de los nativos y por lo tanto que los inmigrantes hacen una aportación relevante al crecimiento económico de los Estados Unidos.
Adicionalmente, el reporte concluye que los inmigrantes representan una porción crítica de la fuerza de trabajo estadounidense que contribuye a la productividad y el desarrollo tecnológico, que los inmigrantes y que sus hijos se asimilan fácilmente a la cultura y la lengua de este país; que la tasa de criminalidad es menor entre los indocumentados que entre estadounidenses nativos y que el impacto de la inmigración en materia fiscal es de al magnitud que se encuentra muy por debajo de lo que en realidad reciben en forma de servicios públicos.
En este contexto el presidente Calderón ha convocado a una cruzada para la defensa de los migrantes, ante un sentimiento antimexicano que parece generalizado en los Estados Unidos.
Ante embajadores y cónsules de México en Estados Unidos y Canadá, el presidente instruyo en el exterior ante el encono y la animadversión, que se ha venido generalizando en su contra, a conformar una estrategia para la defensa de los mexicanos en el exterior.
Para ello les ordenó participar en debates públicos, utilizar los medios de comunicación para difundir argumentos a favor de los migrantes y sus aportaciones económicas y sociales, apoyarse en el trabajo de distintas organizaciones gubernamentales y en general adoptar una actitud más activa y vigilante de que se evite el trato como criminales a quienes no buscan un mejor futuro trabajando honradamente y aportando a la sociedad que visitan.
Al mismo tiempo el presidente Felipe Calderón exigió a los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos, a no utilizar a los migrantes mexicanos como rehenes temáticos en sus campañas políticas, advirtió que se impulsarán acciones diplomáticas al más alto nivel para hacer civilizar a las autoridades estadounidenses de la importancia de parar la persecución antimexicana; se insistirá en la necesidad de una reforma legal en materia migratoria y se pondrá en marcha un plan mediático para ganar la batalla ante la opinión pública norteamericana.
Además en diciembre pasado el presiente Calderón visitó Tijuana y anunció un programa de repatriación de migrantes que mucho hará en responder a la injusticia de las acciones unilaterales y xenófobas emprendidas en Estados Unidos.
Finalmente, el presiente se ha comprometido a solicitar al Congreso el permiso correspondiente para efectuar una visita a distintos puntos de la Unión Americana durante el primer trimestre de este año 2008 a fin de redoblar esfuerzos de protección y de defender a los mexicanos en ese país.
Por ello, por estas consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, manifiesta su más enérgico rechazo y repudio a las acciones de xenofobia perpetradas contra la inmigración indocumentada en los Estados Unidos, especialmente en las redadas y deportaciones masivas registradas en los últimos meses. Y exhorto al Ejecutivo federal para que a través de los canales diplomáticos y consulares correspondientes se fortalezcan y profundicen las acciones de protección y defensa de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su respaldo al Presidente de la República en la cruzada para la defensa de los migrantes, así como a las acciones que tanto el titular del Poder Ejecutivo federal como los cónsules mexicanos en la Unión Americana están implementando para responder a las acciones de corte represivo y xenófobo en contra de la migración indocumentada que se registre en ese país.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reafirma la importancia de respetar los derechos consulares de los migrantes, de acuerdo con lo dispuesto por la Convención de Viena de 1963, y exhorta al Ejecutivo federal a seguir de cerca el proceso de ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el denominado caso Avena, para revisar y reconsiderar los juicios y las sentencias a los 51 connacionales mexicanos condenados a pena de muerte en los Estados Unidos.
Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión insiste en que no son vallas ni leyes restrictivas lo que necesita esta región para estimular la integración y la cooperación entre dos naciones vecinas, hermanas y socias, por lo que reitera su rechazo a la construcción de barreras y muros en nuestra frontera común, así como a la promulgación de leyes que restrinjan los derechos humanos de nuestros connacionales.
Quinto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia por una reforma migratoria integral, rechazando toda aquella propuesta o iniciativa que no abone a una solución en el esquema de responsabilidad compartida; que no tome en cuenta la importancia de reunificación familiar y que contravenga los derechos humanos y el derecho internacional.
Sexto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión resuelve que a través de los canales institucionales establecidos por la diplomacia parlamentaria, se haga del conocimiento del Congreso de los Estados Unidos de América el contenido íntegro de este punto de acuerdo. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senadora Adriana Gonzáles Carrillo. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
Proceda la Secretaría a dar lectura a una proposición con punto de acuerdo consensuada por los representantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, sobre el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Punto de acuerdo.
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión muestra su preocupación ante la apertura total del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y resuelve exhortar al Ejecutivo federal a establecer a la brevedad una mesa de diálogo y negociación con las organizaciones campesinas en el marco del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de analizar la conveniencia de revisar el capítulo agropecuario del TLCAN y establecer las medidas que permitan resolver la situación del sector agropecuario.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, unánime la afirmativa y es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, estando a discusión la proposición, se han inscrito los siguientes participantes: El diputado Salvador Manuel Barajas del Toro, del grupo parlamentario del PRI; el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del grupo parlamentario del PRD; el senador Jorge Ocejo Moreno, del grupo parlamentario de Acción Nacional, y en una segunda ronda el diputado Pablo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del PT; el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia; el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD y el diputado Gregorio Barradas Miravete, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Tiene el uso de la palabra, por lo tanto, el diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Salvador Barajas del Toro: Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. En el marco de la apertura del sector agropecuario dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han sido evidentes los desequilibrios del sector agrícola mexicano que en muchas décadas no se ha corregido.
Lo anterior se deriva de un aumento en los precios de los productos básicos, generando un rechazo de millones de campesinos mexicanos cuyos intereses se ven afectados.
A pesar de que en años anteriores se aumentó el presupuesto para el campo, el abandono y el mal uso de los recursos han ocasionado que sean insuficientes para mitigar la crisis que se vive en el agro, haciendo cada vez más notorias las desigualdades con los productores de Estados Unidos y Canadá.
Lamentablemente, la inversión extranjera directa en el sector agropecuario desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio se canalizó a la agroindustria y no a la producción primaria, provocando disparidades en la política de compensación, en donde los trabajadores agrícolas sin tierra han sido excluidos y los productores con más de 100 hectáreas reciben dos veces más recursos que los campesinos con menos de una.
El problema de la liberación comercial no sólo provocará graves problemas sociales y económicos en las comunidades rurales dedicadas a la agricultura, sino que además, al final del día, provocará una mayor migración del campo a la ciudad y a los Estados Unidos, haciendo más notorio el crecimiento de la pobreza y el aumento de la marginación rural.
Para nosotros los mexicanos no es sólo un asunto económico, sino un asunto de seguridad nacional. La realidad del asunto es que las compañías transnacionales de los alimentos están controlando los mercados y destruyendo la capacidad de los pequeños productores mexicanos, que no pueden competir contra las importaciones en sus propios mercados.
Lo anterior está llevando a la ruina a los campesinos, que producen más caro debido a que el precio de los insumos es mayor y los apoyos que reciben no se comparan con los que reciben los agricultores de Estados Unidos y Canadá.
Si bien con la firma del Tratado de Libre Comercio se preveía que la economía de los países integrantes de dicho Tratado mejoraría de manera integral, desafortunadamente nuestra economía se ha ido rezagando, ya que durante los 13 años de vigencia del Tratado se perdieron dos millones de empleos y las remuneraciones de los trabajadores agropecuarios tuvieron una gran caída.
Lo que debemos buscar es que el Ejecutivo federal se sensibilice a la demanda de uno de los sectores más desprotegidos de nuestro país, puesto que Estados Unidos y Canadá cuentan con subsidios y apoyos importantes para sus productores, por lo que nuestro país debe competir en las mismas condiciones con las que cuentan esas naciones, dejando en claro que el campo mexicano no está en condiciones de competir con las producciones foráneas.
Ante la inequidad representada por el Tratado de Libre Comercio en el capítulo del sector agropecuario, es necesario revisar dicho Tratado, evitando se limite el desarrollo del campo mexicano.
La desgravación arancelaria en materia de comercio agropecuario debe servir como inicio para un replanteamiento del aparato productivo agrícola mexicano y sobre todo para hacer un análisis objetivo de las ventajas y desventajas de dicho acuerdo y los efectos en la economía mexicana.
No podemos dar marcha atrás ni regresar al país a una época de economía cerrada, con una política proteccionista en la que los sectores industriales y productivos vuelvan a ser ineficientes y carentes de competitividad internacional sólo por un nacionalismo mal entendido.
Por ello debemos replantear las disposiciones contenidas en el Tratado, ponderando las indudables ventajas que el Tratado ha conllevado para el país, pero no afectando los intereses de los sectores más desprotegidos y vulnerables de México.
Si bien el descuido al sector agrícola es evidente, estamos a tiempo de que se haga un gran pacto nacional en apoyo al agro para evitar un nuevo conflicto social.
Debemos evaluar y actuar con rapidez y proteger al sector agrícola ante una economía como la norteamericana que merma la generación de empleos e incrementa las desigualdades entre los mexicanos.
Compañeras y compañeros legisladores, siendo el campo la base de toda sociedad, no debemos permitir que arrasen con él, ya que sólo traería una mayor desigualdad en nuestro país.
El tiempo de ayudar a los agricultores mexicanos es ahora. Nosotros como legisladores debemos tenderles la mano para que su situación de marginación y pobreza no se vea más acrecentada.
Es evidente que en un mercado en el que impera la inequidad, la desprotección y la desigualdad, no existen las condiciones necesarias para competir.
En México necesitamos políticas públicas en el campo, donde los productores estén en el mismo nivel de apoyos y subsidios para adquirir los servicios, como la luz eléctrica, combustibles. Insumos como semillas, como fertilizantes, agroquímicos y sobre todo, la tecnología, así como el financiamiento en el mismo nivel que lo perciben productores de nuestros socios comerciales.
Además, necesitamos que las reglas de operación de los recursos presupuestados por la Cámara de Diputados sean con mayor accesibilidad, sean federalizados y sobre todo, con menor tramitología y menor burocracia porque el campo lo exige.
Para ello, debemos evitar los conflictos y ofrecer soluciones diferenciadas a los retos que plantea la apertura comercial del sector agropecuario, en aras de fortalecer el campo mexicano.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Salvador Barajas del Toro.
Tiene el uso de la palabra el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Los productores agropecuarios nacionales han sido gravemente afectados por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Dadas las asimetrías que existen entre nuestra agricultura y la de nuestros socios comerciales, sobre todo con Estados Unidos.
En materia de condiciones agroclimáticas, política de fomento, subsidios, etcétera. Al punto que sólo seis de cada 100 productores están en posibilidades de competir ventajosamente en el marco del Tratado de Libre Comercio.
Así como las aplicaciones de las políticas neoliberales que han disminuido la actividad agropecuaria, con la entrada en vigor de la última etapa de dicho Tratado en materia agropecuaria, se somete a una gran incertidumbre, tanto a productores como a consumidores nacionales. Dado que no existe una reserva estratégica de granos de control público los productores estarán expuestos a la competencia de importaciones a precio dumping, mientras que los consumidores podrán sufrir, en cualquier momento, los efectos perniciosos del desabasto y carestía de alimentos producidos por las exportaciones sin control de productos básicos.
El agro mexicano sólo ha crecido a razón de 1.2 por ciento anual en la participación del PIB con apenas de 3.4 por ciento.
La producción rural ha disminuido para ubicarse en el 30 por ciento del total, porque cada año 300 mil campesinos migran a Estados Unidos, mientras que en México se han perdido 2 millones de empleos en el sector agropecuario.
Muy diversas organizaciones campesinas y algunos gobernadores, incluso algunos congresos de los estados de la República se han venido manifestando desde hace varios meses, demandando la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el Capítulo Agropecuario.
Cuando menos la implementación de un sistema intersecretarial e intersectorial de control de importaciones y exportaciones en el contexto de materia de la entrada en vigor de la última etapa, que ha iniciado ahora el 1 de enero; por lo tanto, al primer minuto del primer día de este año, diversas organizaciones de la campaña Sin maíz no hay un país y sin frijol tampoco, realizaron un muro humano en el Puente Internacional de Córdoba, en Ciudad Juárez, para exigir la atención a las citadas demandas.
La inestabilidad de las condiciones económicas generales del país inducidas por las políticas de ajuste y los efectos que acarrearían al aumento de las gasolinas, el Impuesto Empresarial a Tasa Única, el aumento de los precios internacionales de los alimentos básicos hacen necesario que el Estado mexicano apoye decididamente a sus productores, sobre todo a los campesinos e indígenas de nuestro país. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante senador.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno: Señoras y señores legisladores.
Vengo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fijar nuestra posición sobre este tema, importante tema que tenemos ahora.
Lo primero que tendría que decir es que nos corresponde actuar con responsabilidad, con prudencia, pero también, dando con verdad cifras y hechos. Asuntos como los Tratados de Libre Comercio siempre tendrán ventajas y desventajas. Esto no se puede negar.
Por eso requerimos evaluar las oportunidades de las ventajas y los riesgos de las desventajas para poder proyectar aquellas acciones que tengamos que llevar a cabo para que no haya un impacto negativo en nuestros productores.
Sin duda, uno de los asuntos que en esta fecha más nos preocupan, es el de la desgravación de cuatro productos relacionados con el campo. Pero en ellos, el maíz, por decirlo de alguna manera, es un cultivo emblemático y de importancia nacional.
Está entrando en vigor, este año, esa desgravación, pero analicemos con serenidad y digamos la verdad. Ha venido sucediendo desde el año 94 hasta el 2007. Primero fue 206 el arancel; en 2000 ya bajó a 145; en 2006 a 36 y hoy estamos desgravando sólo el 18 por ciento. Entonces hay que decir las cosas y decirlas bien.
Ya fue efectuado este ajuste y estamos hoy ante el 18 por ciento. Ahora quiero plantearles a ustedes, menos arancel tiene por un lado una ventaja, pero por otro, una gran desventaja que tenemos que hacer patente.
Si se desgrava un producto, las posibilidades que existen es que traigamos un producto más barato y beneficie al consumidor. Ah, sí. Pero la gran desventaja, es que entonces vamos a perjudicar a los productores agropecuarios que ya no van a poder estar produciendo ese producto, porque hay otros que lo importan del exterior.
En consecuencia, ahí nosotros tenemos que cuidar este impacto negativo que hay sobre los productores nacionales, porque ahí habría pérdida de ventas, pérdida de producción, problemas no resueltos que tenemos en el campo mexicano, asimetrías con sectores de Estados Unidos. La urgencia es, conciliar estos dos efectos.
Veamos, en el 94 nuestra producción en cuestión de maíz era un poco más de 18 millones de toneladas. En el 2007, la producción es de 23 millones de toneladas. Entonces, hemos crecido, pero también es cierto que esto lo han logrado principalmente los productores que tienen más hectáreas de cultivo, que están asociados para aprovechar las ventajas y que han aplicado mejores tecnologías, pero el pequeño agricultor, ése que nos preocupa, ése es el que no ha llegado a esto, y no ha superado la sola producción para el autoconsumo.
En consecuencia, nosotros vemos que por ejemplo, hay tres y medio millones de productores, pero el 70 por ciento tiene menos de cinco hectáreas para producir. Y si nos vamos un poco más abajo, sólo el 57 por ciento, tienen dos hectáreas. El 57 por ciento tienen menos de dos hectáreas, y el 23 por ciento menos de una hectárea. En cambio, en Estados Unidos un productor promedio tiene 49 hectáreas.
Las estadísticas nos dicen que en maíz blanco, somos autosuficientes y en maíz amarillo, es donde importamos mucho y este maíz es el que tiene impacto en toda la cadena de carácter pecuario, por la producción de alimentos para los animales.
Entonces, estamos ante dos opciones: importar barato o producir más con mejores costos. Esta es la opción que nosotros tenemos que buscar, esta segunda. Lo primero, importar, ya sucede desde hace tiempo; pero la otra, no hemos podido llegar a los niveles que requerimos.
Por otro lado, tenemos que el ciclo de la demanda es muy estable en cuanto al maíz; en cambio el de la producción tiene unas variantes muy grandes. Los primeros meses del año un cierto nivel, luego cae mucho y luego hacia septiembre vuelve a subir, y ahí tenemos un problema: el acaparamiento de los granos por grandes comercializadores.
Ahí es donde tiene que poner el dedo en el renglón el gobierno de la república para no permitir ese acaparamiento. Porque hay incluso productores que los hacen harina y después lo venden a otros países. Exportan el maíz blanco habiendo hecho harina de él.
También tenemos que decirlo con verdad. Entre este acaparamiento hay algunos comercializadores que incluso se ostentan como dirigentes y representantes de organizaciones que han estado manifestándose, que también han estado acaparando. Hay por ahí algunos.
Nuestro campo, por diversas razones de geografía, de extensiones cultivadas, de tecnología y de costos de insumos, no tiene aún los niveles de competitividad comparables con los Estados Unidos. En México la producción nuestra es de 2.4 toneladas por hectárea y en Estados Unidos 8.4 toneladas por hectárea. Sin embargo, tomemos en cuenta que en el 94 la producción por hectárea casi era la mitad de estos 2.4 millones en promedio, de 2.4 toneladas por hectárea.
El problema también es que nuestro sector no ha tenido acceso a un financiamiento adecuado, barato, de buenas condiciones y que le permita tener acceso a él. Tampoco ha habido coberturas en precios y en seguros. O por lo menos ha sido muy difícil para los productores. Y los subsidios, obviamente no son comparables.
En el propio Centro de Estudios de Finanzas de aquí, de la Cámara de Diputados, establece que Estados Unidos da 150 dólares por hectárea, Canadá 52 y nosotros 47 dólares. Tenemos disparidades en muchos aspectos.
Dicho todo lo anterior, creo que debemos entonces tener propuestas viables y que vean las oportunidades hacer más productivo el campo, producir más e incluso generar excedentes.
Siempre que hablamos del campo, desde hace muchos años se reclaman insuficientes apoyos, falta de programas de capacitación, financiamiento caro y a destiempo; falta de organización de los productores, falta de almacenaje por parte de los propios productores para impedir el acaparamiento, falta de información y logística para vender cosechas y vender con mejores precios.
Los apoyos del gobierno no llegan completos a los productores, porque organizaciones intermedias se quedan con parte de esos recursos; pulverización en la propiedad y algo que se tiene que atacar muy bien, que es el combate a estos monopolios comercializadores que nos dañan terriblemente.
Ante lo que hoy es una realidad, ya se tuvo un largo periodo de desgravación. Estamos de acuerdo con que se requiere el concurso de todos. Por un lado las autoridades y por el otro lado los productores, para concertar políticas públicas de largo plazo y recursos de apoyo a los programas enfocados al campo.
Sin duda situaciones como la de hoy, siempre nos ponen en el escenario de buscar alternativas, pero también reaccionar rápido y con ello tener éxito.
Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, apoya en todos sus términos el punto de acuerdo que se ha propuesto en esta ocasión. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senador Jorge Ocejo Moreno. Tiene el uso de la palabra el senador Silvano Aureoles Conejo. Hizo un intercambio con el diputado Pablo Arreola Ortega y va a pasar ahorita el senador y posteriormente pasaría el diputado Pablo Arreola. Tiene el uso de la palabra el senador, por favor.
El senador Silvano Aureoles Conejo: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros. En primer lugar, yo quiero reconocer esta disposición de nuestros compañeros y compañeras de Acción Nacional; por supuesto del PRI y de los demás grupos parlamentarios, para que el punto que ya ha sido planteado aquí fuera apoyado de manera unánime, porque el asunto no es menor.
Yo quiero destacar el tema porque si bien coincidimos en que ha sido un proceso largo y desgravación, los efectos han sido muy dolorosos y lamentables. El tema a debate hoy, no es si en este momento, primero de enero de 2008 es el 18 por ciento o es el uno por ciento o es el 10 por ciento. El problema es todo lo que ha sucedido, senador Ocejo, a lo largo de la desgravación arancelaria, particularmente en el caso del maíz, en el caso del frijol y en el caso de la leche y que hoy se agrega también el tema del jugo de naranja, que se ha comentado también en estos días de manera muy intensa.
Por supuesto que la situación para los productores nacionales es terriblemente complicada. Es prácticamente un estado de bancarrota de los productores nacionales y ojo, compañeros, no solamente hablamos de los de granos, maíz, frijol, también están en esa condición los productores de cerdo, los productores de pollo, los productores de carne del país. Es decir, ha sido todo el sector agropecuario el que ha entrado en una crisis recurrente porque no hemos generado los mecanismos adecuados de defensa de nuestros productores nacionales.
Ahora, el problema no es que hayamos firmado el acuerdo comercial, el problema no es quizá la competencia, sino en qué condiciones van a competir nuestros productores.
Y el otro tema más importante, el más delicado, el tema que hoy traemos a debate, compañeras senadoras, compañeros senadores, no es solamente un asunto de intercambio de mercancías, no es si vendemos más o menos, el problema de fondo es que tiene que ver con la soberanía del país, que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Lo vivimos hace un par de años con las crisis del maíz y entonces cuando nosotros llevamos este asunto del Tratado de Libre Comercio, el asunto del capítulo agropecuario a solamente cifras de intercambio comercial, como si fuera cualquier otra mercancía, no coincide con la realidad de nuestro país.
Por eso yo reitero el reconocer la disposición de los senadores del PAN, porque lo que esto significa es que tenemos que ponernos de acuerdo para entrarle de lleno al tema. No hemos querido entrarle al tema del sector agropecuario. Siempre la discusión, el debate en torno a la situación de los productores del campo ha sido de manera marginal. Y entonces el tratamiento que les hemos dado también a los temas que son colaterales, también se convierten en temas de manera marginal porque la crisis que vive el campo, nos genera problemas tan graves como el que ha presentado aquí la senadora Adriana González, estamos lamentando la situación que v9ven nuestros hermanos del otro lado de la frontera, que no es ni más ni menos la consecuencia y la situación que prevalece y que priva en el sector rural, porque el 95 por ciento de nuestros migrantes, queridos compañeros, provienen del medio rural.
Aquí hemos aprobado también ya el punto de acuerdo presentado por un compañero diputado, condenando los hechos lamentables de paisanos nuestros que fallecieron del otro lado de la frontera. Ese es otro ejemplo vivo de los hechos lamentables, dolorosos que nos ha generado una condición totalmente desigual, totalmente asimétrica con nuestros socios comerciales.
Y le quiero dar también unos datos a propósito de lo que decía el senador Ocejo, de cuál es nuestra condición y por qué expresamos de manera reiterada nuestra preocupación. Por ejemplo, la proporción de tierras que dedican nuestros socios comerciales a las actividades productivas en el campo, rebasa los 10 millones de kilómetros cuadrados. En México no llegamos ni al 1.5 millones de kilómetros cuadrados.
Nada más empecemos a ver las cifras. En Estados Unidos, por ejemplo, se invierte, solamente en el tema de investigación, casi el 3 por ciento de producto interno bruto para el sector agropecuario, en México no llegamos ni al .5 por ciento, si bien le va al sector, el .5 por ciento es el que se dedica al tema de la investigación en el sector agropecuario.
Otro dato que ilustra la situación tan desigual por los Estados Unidos. Los productores norteamericanos por cada mil trabajadores del campo tienen en promedio mil 480 tractores, si hablamos de maquinaria, en México no llegamos a 20 por cada mil trabajadores, 20 tractores por cada mil trabajadores del campo, es el promedio que se tiene en México.
Otro dato. De las tierras que tienen en producción los norteamericanos, casi 180 millones de hectáreas, en México no llegamos a los 20 millones de hectáreas.
En los subsidios directos al productor, mientras que los productores norteamericanos tienen casi 50 mil millones de dólares, nosotros no llegamos a los cinco mil millones de dólares en subsidios para productos que tienen desventajas en el mercado. En promedio en dólares, el subsidio por cada productor norteamericano o canadiense, oscila en los 21 mil dólares, en México no llegamos a 700 dólares.
Mientras nuestros vecinos del norte tienen en rendimientos promedio por habitante de los productotes del campo cinco toneladas, nosotros escasamente llegamos a 2.5. Mientras tienen, en el caso del frijol, por ejemplo, rendimientos de dos toneladas por hectárea, en México no tenemos ni 0.5 de rendimiento por hectárea. En el caso del maíz, tema más ilustrativo, nuestros socios comerciales tienen casi 10 toneladas, y en México apenas llegamos a 2.5 toneladas.
Productividad laboral de un trabajador del sector agropecuario en Estados Unidos, casi 76 mil dólares, en México escasamente llegamos a los tres mil 500 dólares.
Esto es en términos muy generales un panorama de nuestra situación tan dispareja con los vecinos del norte.
Por ello considero, amigos, compañeros, y senadores, que el tema que hoy nos ocupa —y concluyo, Presidenta—, es de la mayor importancia, porque no podemos, no puede el Ejecutivo federal, el Congreso, los productores, seguir actuando de manera desarticulada y aislada, y yo hago votos porque este primer paso que hemos dado el día de hoy en este pleno de la Comisión Permanente en aprobar este punto de acuerdo, sea el inicio de un proceso de discusión, de análisis, de encuentros y de entendimiento, para poder ofrecerle a los productores nacionales una alternativa concreta, porque el tema del capítulo agropecuario del TLC, queridos compañeros, no es un asunto sólo del Ejecutivo federal o un asunto del Senado, o un asunto de los productores que se manifiestan en la calle, sino tiene que convertirse en un asunto del Estado Mexicano, tiene que ser un asunto del Estado Mexicano de que con mucha responsabilidad, con mucha madurez, más allá de las posiciones ideológicas, las posiciones partidistas, los intereses de grupo, logremos ofrecer a los productores mexicanos y a la sociedad mexicana en general, certidumbre en un tema que nos preocupa mucho.
Hay mucha miseria en el campo, hay marginación, hay violencia, hay abandono, hay rezago, que la única forma que le vamos a hacer frente es siendo conscientes de que como han expresado de manera reiterada nuestros compañeros productores: El campo mexicano no aguanta más. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En primer lugar quisiéramos destacar que la desgravación de las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar provocará que los campesinos mexicanos tengan que defenderse contra productos que cuentan y han contado con un subsidio de los gobiernos estadounidense y canadiense hasta 30 veces superior al subsidio promedio que otorga o ha otorgado el gobierno de México.
Con la entrada en vigor de esas desgravaciones se materializan, pues, las asimetrías o culmina el proceso de materialización de las asimetrías entre México, Estados Unidos y Canadá en el campo de nuestros países, lo que hace indispensable, como se ha señalado aquí en forma reiterada, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, no solamente en materia de subsidios, en materia de costos de producción, pues lamentablemente en México no somos competitivos en una gran cantidad de insumos como diesel, energía eléctrica, costos financieros, etcétera.
Tenemos también mayores costos de transacción por la insuficiente y deficiente infraestructura carretera y de almacenamiento, costos que son ajenos al poder de influencia de los productores.
A diferencia de nuestros socios comerciales, México no excluyó del Tratado de Libre Comercio los productos más sensibles para su economía nacional, como lo hizo Canadá con productos avícolas y lácteos.
Adicionalmente, no se consideró la posibilidad de revisión, suspensión, moratoria u otros instrumentos de protección a la planta productiva nacional, a lo que se suma la desigualdad jurídica, ya que Estados Unidos negoció un acuerdo, subrayo, un acuerdo, mientras que para México es un Tratado con carácter de ley. De ello se derivan márgenes jurídicos para la revisión del Tratado de Libre Comercio.
Qué bueno que hoy se abra una posibilidad de entendimiento entre todos los partidos políticos y entre los productores y el gobierno. Para que pueda llevarse adelante esta revisión del Tratado tenemos nosotros que dejar en claro que no solamente hay posibilidades jurídicas en función de que Estados Unidos firmó un acuerdo y esto nos abre un espacio, sino también tomar en cuenta la experiencia europea, que ha tenido que hacer varias renegociaciones –la de Ámsterdam, la de Niza— en el intento del establecimiento de la constitución, etcétera, para poder adecuar las condiciones del campo a términos que sean simétricos y equitativos.
México no puede desconocer que es indispensable que nosotros avancemos necesariamente en esa dirección, ya que las asimetrías, las desigualdades se tradujeron en daños económicos y sociales para el sector agrícola y en general obviamente, por extensión, para todo el pueblo mexicano.
Sin duda cualquier evaluación que se haga sobre los impactos del Tratado de Libre Comercio debe de ponderar también los objetivos que entraña el mismo. Se dijo que habría un crecimiento económico, y bueno, hemos visto que éste ha sido insuficiente y obviamente menos en la agricultura.
Actualmente estamos importando más de lo que exportamos, ya que tan solo en el 2006 el déficit fue de cuatro mil millones de dólares. Las importaciones de maíz y de frijol han aumentado de 8.8 millones de toneladas al año en 93 a 20.3 millones de toneladas en el 2002. Estas importaciones han incrementado el desempleo rural y han favorecido la pérdida de la soberanía y de la seguridad alimenticia.
Asimismo, hemos tenido una expulsión de más de dos millones de personas del medio rural de 1993 a 2003, según estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Tomando en cuenta que las consecuencias de no llevarse a cabo esta renegociación no van sólo a tener efectos en México, sino que también se van a reflejar en la problemática, en Estados Unidos, ya que es previsible un aumento de la migración, con todos los problemas que esto entraña para Estados Unidos.
Por esto, también es importante insistirles a ellos en la importancia que para ellos mismos tienen que este proceso de renegociación se apruebe y se ponga en marcha.
También quisiera subrayar que en el aspecto interno, es evidente que nuestro país no se ha preparado, para que todos los campesinos y agricultores puedan hacerle frente a esta liberación comercial, ya que en particular, los subsidios se encuentran rezagados, como ha sido puesto en evidencia, en forma reiterada, respecto a los que prevalecen en Estados Unidos y Canadá.
Amén de que su distribución es desigual, como también en esta tribuna ha sido señalado y beneficia fundamentalmente al norte del país y a los agricultores que han avanzado más en su desenvolvimiento tecnológico. Lo que implicaría en la necesidad de hacer una revisión integral de esos subsidios, para que sin desincentivar el fortalecimiento de la productividad agropecuaria, se distribuyan de la manera más equitativa.
Por ejemplo, los productores de Estados Unidos recibieron 70 por ciento más de apoyos. Antes del TLCAN los niveles de los mismos en Estados Unidos y Canadá fueron mayores que en México y en lo que va del Tratado, el 33 por ciento de la producción agropecuaria de Estados Unidos fue subsidiada y en México solamente el 16 por ciento.
Hay otro aspecto que es crucial y que Convergencia quiere llamar la atención sobre este particular, porque nos parece muy importante y fundamental traerlo a colación en este momento.
Hay que subrayar el autoritarismo con que se han manejado las reglas de operación para el presupuesto agropecuario para el 2008, ya que hay una actitud inflexible por parte de la Secretaría de Agricultura, que no ayuda a resolver la problemática del campo en un momento tan delicado.
Por lo que urge que se instale esta mesa de concertación entre la Secretaría de Agricultura y las organizaciones campesinas, para que se revisen esas reglas de operación, pero con una actitud distinta, diferente por parte de la Secretaría de Agricultura.
De nada valdría la pena que se instalara la mesa para que fuera un diálogo de sordos y para que a final de cuentas la Secretaría simplemente le diera largas al asunto y no se lograra avanzar.
Qué bueno que se inicie el día de hoy este diálogo, pero Convergencia demanda no solamente la instalación de esa mesa de concertación, sino una actitud abierta y flexible del secretario de Agricultura, al mismo tiempo que demandamos la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en materia agropecuaria, siguiendo los mejores ejemplos de los que disponemos a nivel internacional y no solamente actuando de forma dogmática y por qué no decirlo, hasta necia, en nuestra relación con los Estados Unidos y Canadá.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Tiene el uso de la palabra el senador Alfonso Elías Serrano del Grupo Parlamentario del PRI.
El senador Alfonso Elías Serrano: Con su permiso, senadora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No, no soy senadora, pero gracias. Para la próxima.
El senador Alfonso Elías Serrano: Diputada Presidenta. Honorable asamblea, la entrada en vigor en pleno del Tratado de Libre Comercio, referente a los productos agropecuarios, le debemos poner especial atención, especialmente a cuatro puntos fundamentales para el reestablecimiento de un comercio justo y equitativo en cuanto a la comercialización de los productos agropecuarios entre los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio: Canadá, Estados Unidos y México.
El primer punto es la revisión del Capítulo Agropecuario, en relación a los productos de mayor impacto a los productores nacionales, que ponen en riesgo la producción nacional y el trabajo de miles de campesinos y de pequeños productores en el campo, a los cuales demandan ya protección y apoyos a su trabajo y a su labor que han venido desarrollando durante muchísimos años, especialmente a los productores de azúcar, de maíz, de frijol, a los productores de leche y también mencionar a los productores del sector pecuario, como ya los mencionaba anteriormente el senador, que son los productores de pollo, de cerdo y de carne bovina.
El segundo punto al que tenemos que hacer frente, y un frente común, con voluntad política necesaria para poder utilizar los mecanismos o los instrumentos con los que contamos como país que normalmente se utilizan en el mercado o en las transacciones comerciales en el mundo entero, que inclusive están incluidos como posibilidades de defensa en el propio Tratado de Libre Comercio, y hacer valer con valentía nuestros derechos y no permitir —como se decía hace unos momentos— subsidios tan diferentes e inequitativos entre los países con los que competimos, como los que otorga el gobierno de Estados Unidos a sus productores.
Tenemos que hacer frente y utilizar esos mecanismos como son las salvaguardas, las demandas de antidoping, los cupos también; debemos de usar otras herramientas que si no son legales, sirven para poder proteger a los productores nacionales, como son las medidas sanitarias a las que tanto recurre el gobierno de los Estados Unidos para proteger a sus productores.
Creo que debemos, como Poder Legislativo y también el Poder Ejecutivo, ver por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos, más que sujetarnos a tiempos fatales de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
El tercer punto es hacer adecuaciones en las políticas públicas internas del gobierno mexicano; del Estado mexicano en su conjunto, tanto del Ejecutivo como del Legislativo para, de una vez por todas, poder contar en México con las condiciones necesarias para que nuestros productores puedan hacerlo a costos competitivos, equivalentes o similares a como producen los productores de los países con los que competimos en Estados Unidos y de Canadá, como son políticas públicas que verdaderamente tomen en cuenta el costo de la energía eléctrica, el costo del gas natural, el costo de los fertilizantes, el costo del financiamiento; la realización de la infraestructura necesaria en el campo, sobre todo hidráulica y la realización de la investigación y la transferencia de tecnologías necesarias, para que nuestros productores puedan producir en mejores condiciones.
El cuarto punto es no caer en la finta o en la creencia de que por las condiciones actuales en el mercado mundial, los precios de los productos a los que hemos hecho referencia son históricamente los más altos y que el agravio o el daño que puedan sufrir los productores nacionales no es inminente, dentro de unos pocos meses o de un año o dos años, las condiciones van a cambiar y vale más que nos agarren preparados, porque entonces sí, sufrirían enormemente las consecuencias nuestros productores nacionales.
Actualmente nos toma la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio arriba de la rueda de la fortuna, porque por coyuntura, afortunadamente para nosotros, los precios de estos productos en el mercado internacional excepto el azúcar, son los precios más altos.
Sin embargo, si no nos preparamos y cometemos el mismo error que ya hemos cometido en los últimos años desde 1994 cuando entró el tratado en vigor, y no implementamos las condiciones necesarias para competir justamente, vamos a tener un severo problema en el campo mexicano.
Por eso en el Grupo Parlamentario del PRI, apoyamos y promoveremos todas las acciones e iniciativas que se implementen, tanto por el gobierno federal, por el Ejecutivo como por el propio Congreso de la Unión, para atenuar o para resolver los problemas y las amenazas que representa la entrada en vigor en pleno del Tratado de Libre Comercio, en beneficio de México y de nuestros productores. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senador Alfonso Elías, Serrano. En correspondencia, le podríamos poner una candidatura, pero mejor No. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT, por favor.
El diputado Pablo Arreola Ortega: Con su permiso, compañera Presidenta. Primeramente solicito de manera respetuosa que también el grupo parlamentario del PT signe el documento en referencia. Compañeras y compañeros legisladores, la imperiosa demanda de los campesinos mexicanos para que se renegocie el capítulo agropecuario del TLC con Estados Unidos y Canadá, debe de ser ejecutada por la administración que encabeza Felipe Calderón. De no hacerlo así, quedará al descubierto su preferencia por cuidar los intereses y privilegios de los grandes capitalistas que son pocos en el campo mexicano y que no alcanzan el 2 por ciento de la totalidad de nuestros campesinos.
Ya quedó de manifiesto que el gobierno federal está subordinado a los grupos de poder, como fue el caso de la negativa a la apertura del sector farmacéutico.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está claro que con la liberación y desgravación total de los aranceles a los productos agrícolas importados de Estados Unidos y Canadá, terminará por llevar a la ruina total a los pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios de nuestro país.
Las repercusiones que ya se están dando por esta liberación, son contundentes y altamente preocupantes. Para todos nuestros productores, fundamentalmente para aquellos que se dedican a la producción del frijol, va a significar este año que parte de sus cosechas sean abandonadas en el surco, debido a los bajos precios que se les pagará, dada la creciente importación que no permitirá recuperar los costos de producción.
Con respecto al maíz, la situación es similar, aunque no tan dramática como en el frijol, la carne y la leche en polvo.
En lo que hace a la caña de azúcar, el panorama es desolador, porque este cultivo está altamente subsidiado por los países vecinos del norte, en tanto que nuestro país la falta de reglas de operación claras y precisas no permiten aplicar recursos e incluso que ya fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos de este año.
Además el precio de referencia de la caña de azúcar, aún cuando recientemente fue revisado, no presenta condiciones favorables para nuestros productores en el campo de México.
Para nosotros la única explicación de fondo, por lo que no se quiere abordar el problema de la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, no es porque se altera nuestra relación con los países del norte, sino porque la verdadera pretensión es la de despojar a los campesinos de su único patrimonio que es la tierra.
Como no lo han podido hacer a través de la reforma constitucional del 92 al artículo 27, entonces quieren que el mercado a través de una competencia desigual y voraz, sea la que se encargue de lanzar a las calles a los campesinos mexicanos.
Compañeras y compañeros legisladores, la vía que han elegido los campesinos para defender su patrimonio es legítima y debe de ser apoyada por todo el pueblo mexicano.
La movilización que han emprendido es una estrategia que deberá obligar a este gobierno a tomar en cuenta las legítimas demandas que están enarbolando.
Como el gobierno federal no está cumpliendo con su papel de meter las manos para defender a los productores del campo, el Poder Legislativo Mexicano exige al Ejecutivo federal que con base en las disposiciones de la Convención de Viena, en materia de tratados internacionales, inicie de inmediato con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, la renegociación del capítulo agropecuario en comento.
La resolución a este problema, atraviesa por tres caminos: Renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio; al interior, establecer mecanismos de compensación vía subsidios, con reglas precisas como se llevó a cabo en Europa en años anteriores en su tratado de libre comercio, y finalmente, crear un fondo bipartita, Estados Unidos y Canadá, para paliar el desequilibrio que sufre México y apoyar la reconversión productiva del campo mexicano.
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está claro que no existe ninguna limitación para no llevar a cabo este reclamo de los campesinos mexicanos. No queremos más mentiras de parte del Ejecutivo.
La solicitud que estamos haciendo el día de hoy no es la carta de los legisladores a los santos reyes, para que ellos la cumplan, si quieren y pueden; requerimos, porque es una exigencia de millones de campesinos. Estamos hablando de más de 25 millones de campesinos que están en esta situación y que están en la sobrevivencia, y esa exigencia debemos de cumplirla a partir de darle todo el apoyo a esta iniciativa, a este punto de acuerdo, y que veamos dos cuestiones fundamentales, a parte de la mesa de trabajo que se instale con las organizaciones campesinas para direccionar el Presupuesto. No es cualquier cosa 204 mil millones de pesos que aprobamos para el campo de México para el 2008, tenemos que darle dirección, tiene que haber una revisión por cada cadena productiva, con cañeros, con la gente que se dedica a la producción del frijol, con los productores de carne, de leche, etcétera, a revisar las partes sensibles que requieren el apoyo fundamental de estos recursos, y no se vayan a perder, como ha sucedido en estos años.
Recordemos lo que pasó en este año recién terminado, donde hubo un subejercicio muy grande en el sector agropecuario. No nos debe de pasar eso, tiene que haber reglas de operación claras, y por lo que hemos visto, por la actitud del titular de Sagarpa, creemos que va a ser difícil poder transitar por este camino.
Por eso también nosotros estamos solicitando, como grupo parlamentario, la renuncia inmediata del secretario de Sagarpa, y que los interlocutores sean otros, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, que tiene que ver en este asunto, para que podamos resolver a fondo este gran problema que se avecina a millones de mexicanos. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Tiene el uso de la palabra el diputado Gregorio Barradas Miravete, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Gregorio Barradas Miravete: Con su permiso, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, adelante, diputado.
El diputado Gregorio Barradas Miravete: Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para también dar el respaldo a lo que hoy muy adecuadamente y muy a tiempo, creo que se ha estado dando en el pleno de esta Comisión, en el sentido de estar de alguna manera unidos, porque a final de cuentas sentimos que a todos nos interesa ese tema tan delicado, que es la situación que pasa actualmente por nuestro campo mexicano.
El campo mexicano, los productores, el sector rural, ha travesado muchas crisis a lo largo de la historia en nuestro país, y yo creo que frente a esta nueva entrada en el Tratado, que se ha venido dando, como bien se dijo aquí, desde hace algunos años, tenemos dos grandes retos a los que debemos trabajar y en los que debemos de poner mucha consideración para sacar adelante; primero, es el otorgamiento de subsidios de las grandes potencias a sus productores, con el fin obviamente de generar un excedente de producción que deprime a nuestros precios en los productos nacionales, y el segundo, es esa apertura, esa presión a la apertura de las fronteras para la importación de alimento.
Yo creo que ahí debemos de poner mucho hincapié en los cupos de importación, en la revisión de los subsidios que se puedan generar de alguna forma escondidos en los productores de Estados Unidos, puesto que estamos viviendo una desigualdad competitiva con otros productores; uno, por los subsidios que legalmente les dan a sus productores en otros países, y dos, por los subsidios —que también habría que decirlo— ilegalmente reciben productores de otros países, a lo cual debemos de poner mucho, mucho hincapié en revisar.
Siento que para mitigar este problema, todos los actores de gobierno debemos de mantener una unidad, y que obviamente, gracias al acuerdo que aquí se ha dado, iniciaría con ese gran consenso y esa mesa de trabajo que obviamente no será menor, porque siento que este problema lo sentimos muchos productores, ganaderos, agricultores y será corresponsabilidad de muchos actores de gobierno poner empeño en que esto salga adelante.
Lo que reclaman los productores es un precio justo, un precio justo a su trabajo, a su producto, un precio justo que obviamente les garantice una mejor calidad de vida a ellos y a sus familias. Es una demanda justa la que los productores en México están haciendo.
Esas condiciones en nuestro país desde hace mucho tiempo no se han dado. Tenemos que los recursos que se destinan para el campo mexicano normalmente se van quedando en intermediarios, y las organizaciones muchas veces son las que de alguna manera toman esos subsidios y los que realmente necesitan esos apoyos no los reciben, no pueden accesar a esos recursos.
Normalmente, en el caso de muchas partes en nuestro estado de Veracruz hay una desinformación absoluta de productores menores en cuestión de los apoyos que por ejemplo Sagarpa y los gobiernos de los estados tienen para el campo mexicano.
Tenemos gente que vive de esos apoyos y que no son ni productores agropecuarios. Hay muchas personas, organizaciones que están al pendiente de la apertura de las ventanillas y en esos momentos ya tienen las reglas de operación de este año y están esperando esa apertura de las ventanillas y cuando el productor, que realmente es el que necesita quiere reaccionar, ya todos los recursos han sido agotados.
Es una realidad que obviamente entre todos y con la ayuda de todos nosotros y del gobierno federal y los gobiernos de los estados porque muchos recursos los manejan los gobiernos de los estados, tiene que manejarse a favor de los productores.
Aquí se decía que la población objetivo para apoyar deben ser los productores menores de cinco hectáreas, de tres hectáreas. Porque si bien es cierto que los grandes productores no tienen el problema resuelto, es cierto también que los menores son los que de alguna manera no tienen por lo menos las condiciones adecuadas para tener una calidad de vida justa y humana.
Necesitamos llevarles a los productores menores la información exacta, precisa y a tiempo. Fortalecer los Dipai, esos jóvenes desarrolladores de proyecto que son apoyados con recursos también de la federación y que sean los encargados de ser el enlace con los productores y el gobierno para el desarrollo de esos proyectos.
Porque el productor menor no tiene tiempo de andar haciendo manifestaciones. El productor menor es muy difícil que salga de sus cosechas puesto que, por ejemplo, un día que no vaya a una ordeña se descuida todo el campo en México.
Los productores menores están demandando que las herramientas del gobierno lleguen a ellos para que sean apoyados, y eso es parte de las políticas públicas que todos debemos de generar en conjunto para esta gran demanda.
Siento que debemos de hacer mucho, que hay un gran reto. Que si bien es cierto que el maíz, la leche, el azúcar y el frijol son productos de verdad muy golpeados por esta gran apertura que se ha estado dando, también es cierto que el gobierno ha puesto mucho empeño en poder hacer planes estratégicos para que estos productores sean apoyados.
Ahí están los planes emergentes del Fomagro para la producción del maíz, para la producción de frijol. El Plan Emergente en Competitividad para la producción de maíz, para la producción de leche. Apoyo a la competitividad de la caña de azúcar. Hay muchos apoyos y el gobierno ha puesto gran astucia o gran interés en generar para los productores.
Pero también es cierto que no los hemos sabido adecuar, llevar y transmitir a quienes de verdad los necesitan. Siento que depende de toda nuestra voluntad, de todo nuestro empeño ver estas cosas de manera muy objetiva y politizarlas de la menor forma posible para que de verdad la gente que está necesitando el recurso, la información, la capacitación sea apoyada y obviamente con la organización de nosotros, del gobierno federal, del gobierno de los estados, de todos los órdenes de gobierno para que esto sea de verdad una pauta que se siga y poder salir adelante en este tema tan importante, que nos duele a muchos y que nos interesa a todos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedando suficientemente discutido, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.
Tiene la palabra el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al doctor Jesús Reyes Heroles, director general de Petróleos Mexicanos.
El senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: Con su permiso, Presidenta. Señores, señoras legisladoras, durante el mes de noviembre del año que acaba de finalizar, la paraestatal Petróleos Mexicanos inició el cambio de los términos del contrato laboral de más de 30 empleados de confianza del corporativo y sus filiales, como Pemex Exploración y Producción, Refinación, Gas, Petroquímica Básica y Petroquímica.
La modificación consiste en sustituir la llamada tarjeta de trabajo por un nuevo contrato individual de trabajo, proceso que se espera culminar durante el primer trimestre de este año.
Esta estrategia promovida por Pemex ha generado inquietud entre el personal de confianza, en virtud de que ven violentados derechos laborales adquiridos con anterioridad, que no son considerados en el contrato que les han solicitado firmar. En algunas ocasiones, de acuerdo a sus declaraciones, bajo presión de sus superiores.
De acuerdo con la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, el nuevo contrato individual de trabajo no cumple con las formalidades legales esenciales para su firma. Asimismo, no toma en cuenta o elimina derechos laborales adquiridos, tales como su antigüedad, el derecho a ser reinstalado en caso de despido injustificado, el pago de tiempos extras, además de no estipular de manera clara y precisa las prestaciones y derechos a que es acreedor el trabajador, ni establecer las funciones específicas a realizar. Todo ello en claro perjuicio de los trabajadores.
En este sentido, la paraestatal ha sostenido que el nuevo contrato individual no afecta los derechos de los trabajadores y que los cambios que se están realizando obedecen al propósito de optimizar el funcionamiento de la empresa y fortalecer el proceso de modernización administrativa de ésta.
Hasta ahora, compañeros legisladores, desconocemos el número de empleados de confianza que han firmado dicho contrato individual; sin embargo, es nuestra obligación velar por el respeto y el cumplimiento de los derechos laborales establecidos en nuestras leyes.
Es por ello que me permito solicitar a esta honorable asamblea, la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, doctor Jesús Reyes Heroles, para que explique los términos en que se encuentra elaborado este nuevo contrato individual de trabajo, los objetivos y fines por los que se ha implementado esa estrategia, así como la forma en que se garantizarán los derechos laborales de los trabajadores del organismo.
Cabe mencionar que en algunos medios de comunicación se ha publicado que uno de los motivos por los que se está implementando este cambio de contrato, es para abatir el costo de la nómina de la paraestatal, por lo que me parece indispensable que el director de Pemex nos explique qué otros mecanismos está utilizando para este objetivo, ya que éste no se puede lograr sin la revisión de las altas percepciones que tienen directores, subdirectores y gerentes.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no podemos quedarnos impasibles ante una posible reducción, desaparición o incumplimiento de los derechos laborales de ningún trabajador, por ello, creo indispensable contar con la información suficiente sobre este importante tema y asegurarnos que los trabajadores no sigan viendo disminuidos o violentados sus derechos por temor a perder su empleo, al enfrentarse a prácticas insensibles.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del doctor Jesús Reyes Heroles, director General de Petróleos Mexicanos para que informe a esta soberanía sobre los términos en que se encuentra elaborado el nuevo contrato individual de trabajo para empleados de confianza de la paraestatal, así como las medidas implementadas para garantizar los derechos laborales de estos trabajadores. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Oaxaca, dicten las medidas cautelares necesarias, a efecto de garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los menores y sus familiares por agresiones sexuales en colegios particulares en dicha entidad.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias. Con su venia, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Adelante, diputada.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Elementos aportados a la averiguación previa 191/DS/2007 radicada en la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Mujer de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca, a cargo de Aída Gómez Piñón, en el que se consigna el abuso sexual de un menor de cuatro años de edad, escolar del Colegio San Felipe de la ciudad de Oaxaca, se describen los abominables hechos mediante los cuales la profesora Magdalena García Soto entregaba al educando bajo presiones a su catedrático de computación, quien lo conducía al salón de gimnasia ubicado en el tercer piso del centro educativo.
En ese lugar Adán Salvador y Constantino lo amordazaban y le ataban las manos para ultrajarlo sexualmente. El menor refiere que Adán Salvador y Constantino García usaban una cámara —al parecer fotográfica— mientras lo mancillaban.
Estos horrorosos pasajes de la vida de un pequeño de tan solo cuatro años de edad, deben despertar el azoro y al mismo tiempo la acción inmediata de los representantes sociales, quienes no podemos exigir menos que justicia y castigo a los depredadores sexuales.
A partir de la denuncia de estos acontecimientos del menor, la madre del niño, Leticia Valdés Martell y su familia, han sido víctimas de amenazas, acoso policial, intimidaciones, difamaciones.
Este caso y otros que se presentaron en Oaxaca, no son ajenos al conocimiento de este Congreso. El día 15 de octubre de 2007 en el Senado de la República se presentaron cuatro madres para presentar una denuncia pública por el abuso sexual cometido contra sus hijos, todos ellos niños de cuatro años de edad. Tres de ellos dentro del Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en Villa de Etla; el otro en la ciudad de Oaxaca en el Instituto San Felipe.
Tres madres del Distrito de Etla —quienes prefirieron guardar anonimato por las distintas amenazas de las que han sido objeto y a las que llamaremos "Ana", "Claudia" y "Lucía"—, fueron notando distintos cambios en las conductas de sus hijos y muestras físicas de maltrato, golpes y abuso, por lo que acudieron con los pediatras y psicóloga los cuales a través de juegos, dibujos y terapias distintos, identificaron la agresión de la que habían sido víctimas los pequeños.
Huella perdurable e innegable de dicho abuso sexual, es que lamentablemente los tres pequeños del Distrito de Etla fueron contagiados de una enfermedad de transmisión sexual herpes tipo 2.
En el caso del Instituto Miguel de Cervantes, el teacher Domingo Ramírez Ramírez, ha sido dos veces detenido, siendo la primera ocasión liberado bajo el pago de una fianza de 10 mil pesos. En este momento sigue preso, pero con un proceso de apelación. Los otros cómplices y responsables, aún siguen libres.
Sobre la denuncia contra el Instituto San Felipe, sólo una de las responsables ha sido detenida. Los otros abusadores siguen aún libres.
Es inadmisible que en un supuesto estado de derecho, a las víctimas —máxime tratándose de infantes— se les someta durante el proceso de denuncia a las largas horas de interrogatorios, pese a las súplicas —en algunos casos— de varios de éstos para no seguir declarando.
Así también, autoridades distintas han realizado comentarios descalificatorios sobre las declaraciones de los menores, mencionando que son simplemente dibujitos, monitos; que el lenguaje que utilizan los pequeños es producto de fantasías, como si los delincuentes fueran éstos.
El abuso sexual no es una fantasía. Existe y es un negocio muy rentable a nivel mundial, reportando ganancias de siete billones de dólares convirtiéndolo en el tercer negocio más fuerte del mundo.
La UNICEF, cifra que en América Latina Más de seis millones de niñas y niños son objeto de agresiones severas, incluida la sexual, comentan que cerca de 16 mil menos de edad mexicanos son víctimas de abuso y comercio sexual, con secuelas que ponen en riesgo la llegada a su mayoría de edad.
La red de pederastas, es una red internacional que ha encontrado resguardo donde la impunidad y corrupción son moneda de cambio todos los días. Estos hechos que ponen en riesgo a la sociedad, requieren de una acción contundente del Estado mexicano mediante la elaboración de nuevas políticas públicas tendientes a reconocer y enfrentar el problema, como medida de salvaguarda de los intereses fundamentales de lo más valioso del futuro de México: sus niños.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración como asunto de urgente y obvia resolución la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Oaxaca, dicten las medidas cautelares necesarias, a efecto de garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los menores y familiares de los menores, denunciantes de agresiones sexuales en los colegios particulares San Felipe de la ciudad de Oaxaca y del Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en Villa de Etla de la misma entidad federativa.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a informar de las acciones tomadas para el caso y reforzar las gestiones necesarias para el esclarecimiento y sanción a los responsables de los lamentables hechos descritos en el cuerpo del presente documento y, en momento oportuno, informe a esta comisión los avances de sus gestiones.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de enero e 2008. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, sírvase la Secretaría… Adelante, senador.
El senador Guillermo Tamborrel Suárez: Gracias. Los legisladores del Partido Acción Nacional habremos de votar a favor del presente punto de acuerdo ya que sin duda alguna la pederastia es una conducta abominable que no sólo daña de manera profunda y prácticamente de manera permanente a las víctimas, también lacera a los familiares de éstas, y yo diría que daña hasta a la misma sociedad.
Por ello es reprobable que una maestra explote sexualmente a sus alumnos y todavía es más inaceptable que crímenes de tal magnitud queden impunes.
Por ello es que solicitamos al gobierno del estado de Oaxaca informe sobre las acciones emprendidas en aras de atender y proteger a las víctimas y desde luego que exigimos que los responsables sean severamente sancionados y que por ningún motivo se agreda a los familiares que han tenido el valor y la confianza de presentar las denuncias correspondientes.
Que quede claro, o vamos a permitir otro caso donde el gobernador vuelque la fuerza del estado en contra de quienes sólo exigen justicia. Todo lo contrario, y confío que así se hará en el estado de Oaxaca. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Sara Latafi Ruiz Chávez: Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra, para manifestarse en pro, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI.
El senador Adolfo Toledo Infanzón: Gracias, Presidenta. Con respecto a la proposición de la diputada Aleida Alavez, quisiera comentar que este multicitado caso del cual los órganos de derechos humanos tanto a nivel nacional como a nivel estatal han tomado conocimiento y seguimiento incluso para poder dar las medidas cautelares que acá se han solicitado y por otro lado en lo que corresponde a la acción del órgano de justicia del gobierno local, quiero señalar que en lo que respecta al punto de acuerdo presentado por la diputada Aleida Alavez, coincidimos en el sentido de que ya hay una acción que ha estado ejecutando la procuraduría de justicia, que incluso se refleja en espectaculares en la propia capital del estado y en las principales ciudades del estado donde se busca a dos de los indiciados sobre estos reprobables hechos y que esto de muestra que hay la voluntad del gobierno estatal, del gobernador y del órgano encargado de procurar la justicia, rechazamos que se haya volcado la fuerza del estado oaxaqueño para poder detener o impedir que se esclarezcan estos hechos, creo que estos hechos están en proceso de esclarecerse, por eso coincidimos con el punto de acuerdo que pueda reforzarse la acción de lo que ya se está haciendo, en eso estamos totalmente de acuerdo y también que rechazamos que hechos de este tipo o casos de este tipo se lleven a cabo en lo que se refiere a la pederastia o a la violación de los derechos no sólo sexuales, sino de cualquier tipo de los infantes y de los menores.
Por eso quisimos hacer uso de esta tribuna para fijar la posición del grupo parlamentario del PRI en esta tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en este sentido. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Gracias, señor senador. No habiendo más senadores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Aprobada. Comuníquese.
La siguiente proposición con punto de acuerdo, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, se pospone para la siguiente sesión.
Tiene la palabra el senador José Eduardo Calzada Rovirosa, a nombre de la Segunda Comisión de Trabajo, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza la violencia y hace votos para el reestablecimiento de la paz, el diálogo político y la unidad nacional de la hermana República de Kenia.
El senador José Eduardo Calzada Rovirosa: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Adelante, senador.
El senador José Eduardo Calzada Rovirosa: Quienes suscribimos, integrantes de la Segunda Comisión, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la situación de la hermana República de Kenia, al tenor de las siguientes consideraciones.
A partir de la disputada reelección del presidente keniano, Mwai Kibaki, el pasado 27 de diciembre, este importante país africano se ha visto inmerso en lo que podría ser el conflicto más grave que ha vivido en décadas. Más de 330 muertos, aproximadamente 100 mil desplazados y un número incalculable de heridos es el saldo de una jornada de violencia donde el Gobierno y la oposición se acusan mutuamente de genocidio y de limpieza étnica.
En pocos días una de las democracias más estables de África, con una economía y cultura sumamente relevantes para el continente se ha convertido en un escenario de confrontación de históricas rivalidades tribales a partir de una crisis eminentemente electoral.
Tan sólo el martes pasado, en la localidad de Eldoret, a apenas 300 kilómetros de la capital, Nairobi, un grupo de personas prendió fuego en una iglesia pentecostal donde, cientos de personas, integrantes de la tribu Kikuyu, buscaban refugiarse de la violencia provocando la muerte al quemarlas vivas de al menos 50 de ellas.
El desacuerdo sobre el resultado electoral ha hecho estallar lo que algunas agencias internacionales ya han calificado como un desastre humanitario por el desabasto alimentario y de salud, las restricciones impuestas a los transportes, las comunicaciones y al suministro internacional de ayuda, el desplazamiento de personas y la amenaza latente de que el conflicto político devenga en un conflicto étnico entre las tribus Kikuyu —a las que pertenece Kibaki— y Luo —a la que pertenece el principal opositor Raila Odinga.
La propia ONU ha denunciado que a causa de este conflicto el pasillo de transportes, desde el puerto de Mombasa a través de Kenia, estando restringido, obstruye también la cadena de suministro a las operaciones humanitarias y de paz en la región; es decir, en Sudán, en Uganda y en algunas regiones del Congo.
La comunidad internacional en su conjunto, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Africana, con el respaldo de los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos y la Cruz Roja Internacional se han volcado a buscar fórmulas para mediar y poner freno a esta grave crisis.
Sin duda resulta lamentable que los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Kenya se hayan traducido en la pérdida de vidas humanas, en desplazados huyendo de la violencia y en un clima general de encono entre los principales actores políticos de ese país.
Por tanto, conviene hacer un llamado a los líderes políticos y sociales de ese país a fin de instrumentar un cese al fuego, restablecer la paz y acordar los mecanismos idóneos para recuperar el diálogo, la reconciliación y el apoyo pleno a las instituciones y la vida democrática en Kenya.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se solidariza con los familiares de las víctimas de la violencia desatada en Kenya.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza la violencia y hace votos para el restablecimiento de la paz, el diálogo político y la unidad nacional en la hermana República de Kenya y se pronuncia por una pronta solución al conflicto, mediante los cauces institucionales y democráticos del país africano.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respalda el trabajo de los funcionarios a cargo de la Embajada Mexicana en Kenya y reconoce la importante labor que desempeña para la protección de los mexicanos que residen en ese país. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Gracias, senador. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficiente discutida la proposición.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidente diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática fortalezca las acciones relativas a la cuantificación precisa de los grupos vulnerables y otros grupos especiales de población.
El Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborel Suárez: Estimados legisladores. Acudo a esta tribuna para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a continuar y fortalecer las acciones para la generación de información sobre los grupos vulnerables y de manera muy particular sobre las personas con discapacidad.
Quiénes son, cuántos son, dónde están, cómo están, con qué capacidades cuentan, en qué condiciones viven, qué necesitan, de qué tratamientos o terapias son o han sido objeto, ¿les han funcionado?, son tan solo algunas de las muchas preguntas que requieren ya de una respuesta puntual y completa. Respuestas que son necesarias si realmente queremos, primero legislar sobre bases sólidas y concretas que nos permitan construir un marco jurídico que considerando la realidad de nuestro país, sí funcione y por ende, sí garantice el respeto a los derechos de todas las personas.
Segundo. Implementar efectiva y eficientemente políticas públicas que permitan alcanzar el desarrollo integral, sin discriminación, de todas y cada una de las personas con discapacidad.
Tercero. Orientar y apoyar de mejor manera a las organizaciones de la sociedad civil, que con una auténtica vocación de servicio, ya hoy realizan una invaluable tarea a favor de las personas con discapacidad y en sí, de todos los grupos vulnerables.
Con todo lo anterior, sociedad y gobierno seguiremos construyendo, pero con mayor efectividad y eficiencia, una nueva cultura con una nueva visión, la del pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos. Una cultura que considere a la discapacidad como parte de la condición humana, dejando atrás esa visión asistencialista, esa cultura del pobrecito, dale chance, que en la mayoría de los casos lacera la dignidad de las personas con discapacidad y de las personas que los rodean y los quieren.
Con ello, estimados compañeros legisladores, estaremos favoreciendo directamente, no sólo a más de 10 millones de mexicanos que hoy ya viven con alguna discapacidad y de ellos, cuatro millones con una discapacidad severa. Estaremos favoreciendo también a sus familias, por lo que el número de beneficiados pudiese llegar a 50 millones de personas.
Ello, sin mencionar que lejos de lo que pudiésemos desear, el número de personas con discapacidad crece día a día. Esto por múltiples razones, como lo son el avance con los tratamientos médicos, como ocurre con la diabetes, cuyo desarrollo provoca ceguera o la amputación de extremidades, o también el salvamento de vidas en accidentes, que no hasta hace mucho eran accidentes fatales. O simplemente, el reto que conlleva la discapacidad propia de la vejez.
No sobra recordar que acorde con lo señalado por los especialistas, todos los mexicanos, todos los que aquí estamos, todas nuestras familias y amigos habremos de vivir, en promedio, los últimos ocho años de nuestras vidas con alguna discapacidad.
De ahí, por los millones de personas con discapacidad y sus familiares y por los que sin duda alguna se sumarán, la urgencia de seguir construyendo esa nueva cultura a la que me he referido. De ahí la importancia de contar con información veraz y suficiente. De ahí la importancia de las respuestas a las preguntas que he señalado y que el INEGI puede y nos debe suministrar a los mexicanos.
Concluyo afirmando que no podemos considerar un pueblo democrático, un pueblo civilizado, es más, no podemos ni siquiera considerarnos un pueblo solidario y con calidad humana, como hemos presumido serlo, si no hacemos lo que tenemos que hacer en aras de incorporar en el desarrollo nacional, sin discriminación y sin distingos, a todas las personas y de manera particular, a las personas con discapacidad y que para ello es imprescindible contar con más y mejor información.
Por su atención, mucha gracias.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Gracias, senador. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades correspondientes vigilen las casas de empeño para evitar abusos a las familias mexicanas.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, como todos sabemos, las festividades decembrinas constituyen para la gran mayoría de las familias mexicanas una tradición que refuerza los lazos de unión y solidaridad, con celebraciones que demandan gastos extraordinarios y para muchos jefes y jefas de familia representan verdaderos sacrificios económicos, que realizan con tal de no privar a los suyos de ofrecerles en estas importantes fechas, momentos de unión.
Es también un período en que ante la circulación de recursos provenientes de los aguinaldos, cajas de ahorros y otros estímulos de fin de año, prolifera la excesiva comercialización y los abusos en contra de los consumidores, lo que derive en gastos mayores que aún lo tienen previsto.
Por ello, es muy común que el inicio de año sorprenda a muchos con los bolsillos vacíos y que tengan que recurrir a los préstamos para cubrir los gastos de reyes y cumplir con los primeros compromisos del año en lo que se le ha denominado la cuesta de enero.
Desafortunadamente son las familias de menores ingresos la que en mayor número y con mayor frecuencia acuden a los créditos con garantía prendaria, es decir, al empeño de sus pertenencias, que es el único crédito al que pueden acceder para resolver sus necesidades extraordinarias como las que se presentan en estos días, después de las fiestas de fin de año.
En épocas anteriores, hablar del empeño era hablar únicamente del Monte de Piedad, que se fundó precisamente como una institución de beneficencia para auxilio de los más necesitados.
En la época actual, existen por lo menos 50 firmas de casas de empeño que operan en nuestro país de manera legal, las cuales se disputan un mercado, que de acuerdo con la Asociación Nacional de Casas de Empeño, está integrada por unos 40 millones de mexicanos. Son más de tres mil 500 las sucursales en todo el territorio nacional que se han expandido rápidamente, muchas de ellas bajo el régimen de franquicias de Estados Unidos y otras de nuestro país.
Nos parece que es importante que exista una actividad financiera de este tipo porque como ya se mencionó, para muchos mexicanos es quizá la única vía para acceder al crédito que no obtienen en el sistema bancario, pero por eso mismo debemos de estar atentos a que esta actividad se dé en un marco de reglas claras y que no se cometan abusos.
Por ello, compañeros legisladores, en otras ocasiones en esta tribuna, compañeros legisladores de mi fracción, compañeros legisladores de otras fracciones parlamentarias se han ocupado y se han preocupado por el tema. Y por ello, gracias a esta preocupación, ya tenemos y ya existe una Norma Oficial Mexicana, que regula esta actividad.
Por ello, en estas condiciones de apremio, pocos son quienes prestan atención a las condiciones de préstamo que obtienen, sólo un poco más del 30 por ciento lee cabalmente el contrato que firma y el 16.3 por ciento de quienes hicieron uso de esos centros financieros no recuperó sus prendas.
Así pues, las casas de empeño son accesibles, pero su servicio verdaderamente los costos de interés y el costo financiero son un atraco.
Yo les pudiera poner como ejemplo a muchos legisladores y muchos temas y muchos ejemplos que ustedes tienen claro, donde les cobran más del 150 o más del 160 por ciento de interés a los compañeros que solicitan este instrumento financiero.
De ahí, la necesidad de que se intensifique la atención de las autoridades correspondientes, especialmente en esta temporada de inicio de año.
Por lo anteriormente expuesto, por ello propongo a su consideración y a la consideración y la consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realiza un atento llamado al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y de las autoridades correspondientes, se encuentren atentas para evitar cualquier tipo de abuso hacia las familias mexicanas de parte de casas de empeño en nuestro país, ante la afluencia creciente de personas que en esta temporada acuden a estos centros a empeñar a sus prendas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federa, remita un informe detallado a esta soberanía con respecto de los avances en la aplicación de la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007, los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, que regulará a todas las personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruíz Chávez: Gracias, senador Moreno. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la trayectoria profesional de la periodista Carmen Aristegui y su contribución cotidiana al desarrollo democrático de la sociedad mexicana.
La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Sara Latife Ruíz Chávez: Adelante senadora.
La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Los suscritos diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PRD, integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en el tenor de las siguientes
Consideraciones
En México la construcción de la democracia ha sido un proceso complejo que ha costado muchos esfuerzos, sacrificios y vidas humanas. Sin duda alguna, uno de los baluartes de nuestra incipiente democracia ha sido la labor periodística en la que se han distinguido por su uso responsable y serio de la libertad de expresión, profesionales de la información que han aportado mucho a la construcción de la democracia en nuestro país, dotando al público de información fidedigna, interesante y plural, ofreciendo todos los ángulos de la información y permitiendo el ejercicio del derecho de réplica.
Tal ha sido la actitud y el compromiso de la periodista Carmen Aristegui, que con profesionalismo y profundidad, brinda diferentes perspectivas del acontecer nacional.
Reconocida como una de las líderes de opinión más importantes de México, Carmen Aristegui se ha distinguido por su actitud en búsqueda de la verdad, de hacer preguntas puntuales, de no intimidarse frente a ningún poder institucional o fáctico.
Por este quehacer que para muchos resulta incómodo, y que sin duda le da sentido al trabajo periodístico profesional que ha realizado Carmen Aristegui todos estos años, nos parece muy preocupante la desaparición de las voces críticas del periodismo del aspecto radioeléctrico, piezas esenciales para el desarrollo democrático del país.
Aristegui llevó el noticiero Hoy por hoy, en la emisión matutina a los más altos niveles de audiencia, afianzó su prestigio y reconocimiento por la forma crítica, plural y profunda con que aborda los temas controversiales.
En este espacio se ventilaron con amplitud tema en torno a los resultados en las elecciones del 2006; a la resolución del Tribunal Electoral; a la versión de la muerte por gastritis de la anciana náhuatl de la sierra de Zongolica, Ernestina Ascencio; a las denuncias de pederastia; al caso de la periodista Lydia Cacho. Nadie mejor que Carmen Aristegui para ubicar el punto neurálgico de la discusión en su columna habitual del Diario Reforma.
Sin embargo, la verdadera discusión está en recuperar el carácter público de los medios, está en el tema de la regulación de las telecomunicaciones de radio y televisión, de los derechos de audiencia, del asesinato de periodistas, de las libertades de conciencia, de opinión, de pensamiento, son aquellas las que permiten expresar y defender las ideas propias y críticas con las que se estime conveniente, sin sufrir por ello reprimenda, o represalia por parte de las autoridades o de algún otro interés.
Y me pregunto ¿esto ocurre en democracia? También no puedo evitar preguntarme si tiene que ver esto con su línea editorial, si tiene que ver esta decisión con haber estado de acuerdo con la reforma electoral recientemente votada o si no haber estado de acuerdo con la Ley Televisa.
Los intereses económicos, de negocios, políticos o de cualquier otra índole, no deben, bajo ninguna circunstancia, interferir en el libre flujo de comunicación entre emisores y receptores. Cuando esto ocurre, la víctima principal, por supuesto, es la propia sociedad.
La libertad de expresión es reconocida en el mundo entero como un derecho humano fundamental, de su sano ejercicio depende la viabilidad y funcionamiento de una vida democrática.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconoce la trayectoria profesional de la periodista Carmen Aristegui y su contribución cotidiana al desarrollo democrático de la sociedad mexicana.
Segundo. La Comisión Permanente manifiesta su extrañamiento por la salida del aire de Carmen Aristegui y dado el interés y relevancia que esa decisión tiene para la sociedad, solicita conocer los motivos reales de esta disposición.
Solicito a la Presidencia instruya que se integre este texto en la Versión Estenográfica y al Diario de los Debates.
Dado en el salón de sesiones de la comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de enero del año 2008. Entrego. Gracias, Presidenta. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González, a nombre de la Segunda Comisión de Trabajo para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende una cordial felicitación al presidente electo de Guatemala por su próxima toma de protesta.
El diputado Carlos Alberto García González: Con la venia de la Presidencia. Quienes suscriben integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende una cordial felicitación al presidente electo de Guatemala, el ingeniero Álvaro Colón Caballero, por su próxima toma de protesta y le desea éxito en su encargo al tenor de las siguientes consideraciones:
Hace más de 180 años México y Guatemala establecimos como naciones independientes relaciones diplomáticas. El primero de septiembre de 1824 México y Guatemala nos reconocimos como naciones vecinas, que entre muchos rasgos culturales, sociales e históricos, compartimos una frontera de 967 kilómetros a lo largo y ancho de la cual conviven más de un millón de mexicanos y medio millón de guatemaltecos que ahí residen.
Guatemala es la economía más fuerte de Centro América, y al mismo tiempo nuestra puerta natural de entrada a esta región. La magnitud y el potencial de la economía guatemalteca, hace sentir su peso en la región, toda vez que supone aproximadamente el 35 por ciento del total.
Su peso político y diplomático tampoco es menor, lo mismo que su importancia por la seguridad y el desarrollo de la región mesoamericana.
En Guatemala los mexicanos hemos identificado un espacio de oportunidades par ala cooperación y una prioridad sobresaliente para nuestra política exterior.
Baste recordar para ello que fue el primer país que el presidente de la república visitó en octubre como parte de su primera gira presidencial como presidente electo. Después de un proceso electoral ejemplar por su transparencia y por el comportamiento de todos los actores políticos, en apoyo incondicional al resultado, el ingeniero Álvaro Colom, resultó vencedor en la segunda vuelta con más del 52 por ciento de los votos.
Hasta el momento no hay declaración pública del ingeniero Colom, que no denote un profundo compromiso con objetivos, causas y valores, que compartimos los mexicanos.
Así, el próximo Presidente de Guatemala, que asumirá su encargo a partir del próximo 14 de enero, afirmó que trabajará por la unidad y por la conciliación de Guatemala, dejando de lado los intereses de su partido para asumir el de todos los guatemaltecos.
Además, resulta especialmente satisfactorio constatar que temas cruciales como el combate a la pobreza y la lucha contra el narcotráfico, son hoy más que nunca prioridades compartidas por nuestros gobiernos.
Como lo ha demostrado a través de su política, trayectoria política y social, en el Congreso mexicano estamos convencidos que el ingeniero Colom, seguirá trabajando con ahínco a favor de desarrollo, la democracia y la paz en Guatemala, y desde luego, de nuestra gran familia latinoamericana.
Más aún, el próximo 14 de enero se abre una nueva etapa para la política guatemalteca, y con su administración para las relaciones, el diálogo y la cooperación entre nuestros países.
Por ello, este momento representa una gran oportunidad para estrechar la cooperación y adquirir un fuerte compromiso desde México para atender los problemas comunes que presenta nuestra vecindad y desde luego, la frontera sur.
En consecuencia, creemos pertinente no sólo enviar una sincera felicitación al presidente Colom, a propósito de su toma de protesta, sino también desearle el mayor de los éxitos en este encargo, que tan dignamente le han conferido los guatemaltecos, sino todavía más importante, reiterar el compromiso del Congreso mexicano para dar solución a los problemas comunes y cauce a las oportunidades de cooperación entre nuestros países.
En esta medida es que resulta indispensable retomar una agenda interparlamentaria entre México y Guatemala, que profundice la agenda diplomática y acompañe los proyectos de los ejecutivos de ambos países en el fortalecimiento de nuestras relaciones de amistad y cooperación.
Es necesario recuperar las reuniones interparlamentarias periódicas con Guatemala, que hace años no se celebran, y consideramos que abonaría al diseño de un indispensable esquema de cooperación parlamentaria con nuestros vecinos de la frontera sur.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende una cordial felicitación al Presidente Electo de Guatemala, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, por su próxima toma de protesta y le desea éxito en su encargo.
Segundo. La Comisión Permanente del H, Congreso de la Unión se pronuncia por la pronta reinauguración de las reuniones interparlamentarias anuales entre el Congreso mexicano y el Congreso de la República de Guatemala.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Alberto García. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Chávez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.
No hay ningún orador inscrito, por lo que pasaríamos a consultar a la asamblea en votación económica si es de aprobarse la proposición.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Chávez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales e Ingresos y Servicios Conexos analice la situación del aforo vehicular, las condiciones de seguridad y la calidad de la carretera internacional México 15, a efecto de incluirla en el Programa de Congelamiento de Tarifas de Peaje.
El senador Alfonso Elías Serrano: Gracias, Presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras. El pasado 19 de diciembre del 2007 el Presidente de la República anunció la reducción en las cuotas de peaje en las carreteras federales del país durante la temporada vacacional, así como el congelamiento de las tarifas para el año 2008; sin embargo, excluyó de dicho programa el tramo Nogales-Estación Don de la carretera federal México 15.
El criterio para la selección de las autopistas objeto de descuentos y congelamiento de cuotas se basó en la participación total del aforo vehicular y el nivel actual de cuotas, pero para el caso del tramo ubicado en el estado de Sonora no se tomaron en cuenta estas razones en las que se basó para la selección de las carreteras apoyadas en el programa, ya que en el primer caso, es decir en el del aforo vehicular, en el tramo Estación Don-Nogales se ha incrementado en un 24 por ciento en los últimos cuatro años, pasando de 10.5 millones de automóviles en el 2004 a 13 millones en el 2007.
En este mismo período han aumentado los ingresos de la carretera en un 40 por ciento, derivado de las crecientes cuotas en las seis casetas existentes. Pero además en los períodos vacacionales este tramo carretero presenta incrementos superiores al 40 por ciento respecto de otros períodos, ya que es la principal ruta de salida de los vacacionistas mexicanos y de entrada para nuestros paisanos provenientes de la Unión Americana.
Por otra parte, en este tramo cruza la mayor parte de las mercancías de exportación hacia los Estados Unidos.
La segunda situación que se omitió tomar en cuenta es la relativa a las condiciones y a la calidad de la infraestructura carretera en relación con el costo del peaje, es decir, que la tarifa que paga el automovilista no corresponde al servicio que presta la carretera.
Estas condiciones se reflejan en el gran incremento en el número de percances ocurridos en este tramo durante los últimos cuatro años, acumulándose más de mil 100 heridos y alrededor de 330 decesos en los cerca de cuatro mil 600 accidentes.
Tan solo en el 2007 se registraron más de 190 accidentes fatales, cifra que asciende a más de tres veces de la registrada en el 2004.
Pero además la inversión en mantenimiento y obras de mejora de la carretera se ha disminuido drásticamente, pues de destinarse en el 2003 el 50 por ciento de los ingresos por las cuotas, se redujo al 14 por ciento en el 2007, lo que ha ocasionado el deterioro de la carretera.
Asimismo, encuesta tras encuestas publicadas en los diversos medios de comunicación en el estado de Sonora revelan el enorme descontento que existe entre los usuarios de la carretera por el alto costo de las cuotas y las pésimas condiciones en que se encuentra. Incluso el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora ha calificado públicamente a la señalada carretera como un peligro para la integridad física de los mexicanos y su falta de mantenimiento como una violación a los derechos de los individuos.
En este sentido es que presento a esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, analice la situación del aforo vehicular, las condiciones de seguridad y la calidad del tramo Nogales, estación donde la carretera internacional México 15, a efecto de incluir dicha ruta en el programa de congelamiento de las tarifas de peaje de las carreteras federales para el ejercicio 2008 y descuentos en las mismas rutas durante los periodos vacacionales, anunciado por el propio Ejecutivo federal el 19 de diciembre de 2007.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Alfonso Elías Serrano. Sí, diputado. Por favor, adelante.
El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Gracias, Presidenta. Solicitarle al proponente de este punto de acuerdo si se pudiera incluir la carretera Guadalajara-Colima, que está en las mismas condiciones y que es un punto turístico muy relevante en el occidente de nuestro país.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Acepta la solicitud del diputado, senador Alfonso Elías Serrano?
El senador Alfonso Elías Serrano: Señora Presidenta, con mucho gusto lo podemos incluir si es el caso y la aprobación de la directiva de la sesión. Muchas gracias.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, va a consultarle a la asamblea, en votación económica, si aceptan la modificación que propuso el diputado al documento, el diputado Barajas del Toro al documento.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: O sea, si se aprueba la modificación que están proponiendo.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Si se aprueba la modificación propuesta por el diputado Barajas. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución con la modificación propuesta por el diputado Barajas.
En consecuencia, estando a discusión la proposición y no habiendo oradores inscritos, ¿no los hay, verdad, nadie se va a inscribir? Bueno, queda suficientemente discutido y consulte en votación económica la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición con la modificación que se realizó.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado, comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González, a nombre de la Segunda Comisión de Trabajo, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y agradece el gesto de hermandad del Senado de la República de Chile, que aprobó solicitar a la presidenta haga un firme reclamo al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, por la construcción del muro en su frontera con México.
El diputado Carlos Alberto García González: Con la venia de la Presidencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, por favor.
El diputado Carlos Alberto García González: A nombre de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de la LX Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por la cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce y agradece el gesto de hermandad del Senado de la República de Chile, que aprobó solicitar a la presidenta Michelle Bachelet, que haga un firme reclamo al gobierno de los Estados Unidos de América por la construcción del muro en la frontera con México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 2 de enero, el Senado de la República de Chile aprobó solicitar a la señora presidenta de aquel país, Michelle Bachelet, que haga llegar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica una protesta por su decisión de seguir construyendo un muro en la frontera con la República Mexicana. Esta propuesta de nuestros colegas chilenos, sin duda es un gesto de hermandad y de buena voluntad con el pueblo mexicano.
A decir de los autores de este llamado, la construcción de este muro en la frontera de Estados Unidos y México, el cual afecta principalmente a personas de origen latino, sólo puede entenderse como una medida racista que vulnera diversos convenios y tratados suscritos en materia de derechos humanos por la comunidad internacional.
En general, este acuerdo aprobado por el Senado chileno propone que la presidenta Bachelet instruya —si lo tiene a bien— al ministro de Relaciones Exteriores, para que, en representación del Senado, haga llegar la protesta al gobierno, a la Cámara Alta y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
En tal sentido, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce y agradece el gesto de hermandad del Senado de la República de Chile que aprobó solicitar a la presidenta Michelle Bachelet, que haga un firme reclamo al gobierno de los Estados Unidos de América por la construcción el muro en su frontera con México, por considerarlo una agresión y un acto discriminatorio contra los latinoamericanos. Al mismo tiempo, reitera la amistad del Congreso mexicano con el gobierno y el pueblo chileno. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Carlos Alberto García. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo ningún orador inscrito, consulte la Secretaría en votación económica, si es de aprobarse la proposición.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Salvador Ruiz Sánchez: Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 14.55 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 9 de enero a las once horas.