La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 302 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:31 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Comunicaciones de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Comunicaciones de la Mesa Directiva. Mesa Directiva…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame. Permítame, diputada. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta. Perdón, diputada, ahora sí comunicaciones de la Mesa Directiva, por favor.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Comunicación de la Mesa Directiva, con relación a dictámenes negativos de puntos de acuerdo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del 3 de diciembre, de la Comisión de Gobernación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Oficio de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite carta original del excelentísimo señor Bronislaw Komorowski, Presidente del Sejm de la República de Polonia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Puede leer la traducción, por favor diputada.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Traducción de la carta original del excelentísimo señor Bronislaw Komorowski, Presidente del Sejm de la República de Polonia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado. Comuníquese.
De la Junta de Coordinación Política
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 29 de noviembre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que el diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena cause baja como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales. Que la diputada Lorena Martínez Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Que el diputado José Jesús Reina García cause alta como integrante en la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Que el diputado José Jesús Reina García cause alta como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales. Que el diputado José Rosas Aispuro Torres cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente
En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Comunicación de la Junta de Coordinación Política. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente someta a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que el diputado Constantino Acosta Dávila cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Que el diputado Sergio Eduardo de la Torre Jaramillo cause alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Firma el Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Héctor Larios Córdova.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado.
La Secretaria diputado Esmeralda Cárdenas Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que exprese al gobierno de los Estados Unidos de América y al Congreso de dicha nación, una recomendación tendiente a condenar la construcción del muro divisorio en la frontera de México, por atentar contra los derechos humanos de los migrantes latinoamericanos.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 14 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativo a la materia objeto del presente que remite a este órgano de gobierno el diputado federal Alfredo Ríos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que por los conductos diplomáticos conducentes exprese al gobierno de los Estados Unidos de América y al Congreso de dicha nación, una recomendación tendiente a condenar en los términos más enérgicos posibles la construcción del referido muro, ellos por atentar contra los más elementales derechos humanos de los habitantes fronterizos de ambos países, así como de los migrantes latinoamericanos.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal recomiende al gobierno de los Estados Unidos de América y al Congreso de dicha nación suspendan las obras de dicha construcción que afectan las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos de América.
Tercero. Que el titular del Ejecutivo federal haga del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicho pronunciamiento, para que con fundamento en sus atribuciones emita una recomendación a los Estados Unidos de América con el fin de que adopte medidas a favor de los derechos humanos de los inmigrantes y fomente el respeto a los mismos.
De igual forma, haga del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de evitar daños irreparables a los inmigrantes mexicanos.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 28 de noviembre de 2007. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política, excepto el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del PT.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Este punto se vota, nada más vamos a permitirle al diputado Ríos Camarena, quiere tomar la palabra. Le vamos a dar cinco minutos para posicionar su punto de vista, por favor.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: En primer lugar quiero agradecer a los integrantes de la Junta de Gobierno que hayan hecho suyo este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Este punto se generó en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano hace unos días en Bogotá.
En efecto, las relaciones bilaterales han sido crónicamente desiguales entre Estados Unidos y México. El trato que se nos ha dado a lo largo de la historia ha sido vejatorio, ha sido humillante; y a pesar de los esfuerzos que se han realizado con la Alianza para el Progreso, con el Tratado de Libre Comercio y con otros instrumentos bilaterales, sigue siendo humillante el trato a nuestros inmigrantes.
Este Tratado de Libre Comercio permitió la libre circulación de mercancías, pero no atacó, como en el caso de la Unión Europea, el hecho de que puedan transitar las personas.
Esto nos ha obligado a una política que no hemos podido realizar. Una agenda migratoria que ha permitido que millones de compañeros latinoamericanos se manifiesten en las calles de New York, de Chicago, de Los Ángeles. Pero el trato sigue ahí vejatorio, injusto, discriminatorio, xenofóbico. Este es el trato que hemos recibido los latinoamericanos por parte de la sociedad derechista de los Estados Unidos de Norteamérica, que no de su pueblo. El pueblo ha sido respetuoso con nosotros.
Pero la producción que se ha dado, sobre todo la producción agrícola y de servicios que se han dado en Estados Unidos, está generada por una mano de obra eficaz, trabajadora, diligente de los latinoamericanos.
¿Y cuál ha sido la respuesta? Se les trata como delincuentes, se les considera ilegales, se vulneran sus derechos humanos permanentemente. Por eso, presenté ante el Parlamento Latinoamericano este punto de acuerdo que no sólo rechaza el muro, sino pide de inmediato que cese su construcción.
En alguna ocasión, el presidente Kennedy, en Berlín, dijo que todos eran berlineses; porque los Estados Unidos, en su supuesta política democrática, condenaba los muros de la ignominia y de la infamia; y sin embargo, hoy, construyen una edificación similar a la gran Muralla China. Son miles de kilómetros los que se están tendiendo y es terrible la agresión que sufren nuestros compatriotas y los de toda América Latina.
Por eso aprovecho esta oportunidad en la tribuna para dar las gracias a los diputados y senadores del Parlamento Latinoamericano que han apoyado esta iniciativa. Y tendremos que seguir haciéndolo.
Los invité a México para hacer una reunión con el propio muro de diputados y senadores latinoamericanos, para seguir condenándolo, porque la obra continúa.
El Senado norteamericano y el Congreso norteamericano han aprobado fondos, primero de 3 mil millones de dólares, luego de 8 mil millones de dólares y van hasta 80 mil millones de dólares, en esa política ineficaz, destructiva, vejatoria, y francamente, que no alienta las buenas relaciones.
Como se dijo siempre, en esa política de buena vecindad, ellos son los vecinos y nosotros somos los buenos, pero somos los buenos desiguales, a los que se nos sigue entrampando en esa terrible telaraña de la economía internacional y del sistema global.
Por eso, señores diputados, vine a apoyar este punto de acuerdo que informo a ustedes será presentado en todos los congresos de América Latina para defender ese derecho de los mexicanos humildes, ese derecho de los mexicanos pobres, ese derecho de aquellos que sólo viajan por la necesidad de trabajo, porque no hemos sido capaces de darles la oportunidad de una vida digna y de una vida justa.
Agradezco así a los diputados de esta honorable legislatura, y de esta Cámara de Diputados, y a todos los diputados y senadores latinoamericanos que están apoyando mi propuesta. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba o no el punto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Javier Treviño Cantú pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Corea en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sandra Paola García Jiménez, Isabel María Valdez Pérez, Belinda Frías Núñez y José Antonio Cosío Pérez puedan prestar servicios a gobierno extranjeros.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnense a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de excitativa con relación a la minuta con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, presentada por el senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El siguiente punto del orden del día es efeméride, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados: La diputada Silvia Luna Rodríguez, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, la diputada María Guadalupe García Noriega, el diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, el diputado Carlos Sánchez Barrios y la diputada Silvia Emilia Degante Romero. Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Esta Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida a los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 81, Justo Sierra Méndez y la Escuela Primaria, General Felipe Berriozabal. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar con nosotros.
La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados: La importancia del Día Internacional de las Personas con Discapacidad consiste en hacer un llamado a la reflexión sobre las desventajas y dificultades por las que todavía atraviesan las personas con capacidades diferentes.
La meta es conseguir que las personas con alguna discapacidad disfruten de los mismos derechos y participen de igual forma en la sociedad. Este objetivo fue establecido en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, que adoptó la Asamblea General en 1982.
Un día como hoy nos brinda la oportunidad de realizar un análisis crítico de las prácticas institucionales y sociales que han impedido o dificultado el pleno desarrollo de este sector. El día 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El primer tratado de este tipo de derechos en el siglo XXI, lo que significó un paso trascendental en la lucha a favor de las personas con capacidades diferentes.
Sin embargo, las estrategias de desarrollo planteadas por este mismo organismo representan todavía marcadas deficiencias. El día de hoy las personas con discapacidad siguen teniendo un acceso limitado a los servicios de salud, educación, trabajo y seguridad social, mismos que son esenciales para garantizarles una vida digna y plena.
En estudio del foro europeo de discapacitados se reveló que en los próximos 30 años el número de personas con discapacidad aumentará en un 120 por ciento en los países en desarrollo y en un 40 por ciento en los países desarrollados. Bajo esta proyección si realmente queremos formar parte de una democracia plena, incluyente, participativa y representativa, debemos hacernos cívicamente responsables y dar a las personas con capacidades diferentes mayores medios para participar en la sociedad.
La no discriminación hacia las personas con algún tipo de discapacidad es una cuestión de justicia. Las principales dificultades a las cuales se enfrenta, su integración a la vida laboral y el tipo de trabajo que desarrollan. Si a este problema sumamos la segregación que ubica a hombres y mujeres en ocupaciones diferenciadas, se puede suponer la vulnerabilidad de este sector.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza creemos que una de las formas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con capacidades diferentes es mediante la eliminación de todas las barreras físicas, sociales y culturales que las excluyen de su plena incorporación y participación.
Nos postulamos a favor de impulsar más y mejores prácticas que faciliten a los discapacitados cambio en sus vidas. Juntos podemos hacer la diferencia. Debemos apoyar políticas públicas que respeten los derechos humanos de estas personas, para que puedan vivir con dignidad. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Silvia Luna Rodríguez. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la presidencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no es cualquier fecha, porque de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud existen en el planeta 650 millones de personas con alguna discapacidad, lo que significa que alrededor del 10 por ciento de la población mundial vive con este tipo de discapacidades.
Al respecto, en el marco internacional existen tratados cuya finalidad es promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. Pero desafortunadamente, las normas y los mecanismos existentes en el marco normativo actual aún están lejos de proporcionarles la protección adecuada.
Por esta razón, en el Grupo Parlamentario de Convergencia trabajamos en una iniciativa constitucional, en el marco de la reforma del Estado, capaz de formular una norma universal jurídicamente vinculante que brinde la protección necesaria a sus derechos fundamentales, a fin de adecuar la legislación existente en México de manera amplia e integral para erradicar la discriminación, la exclusión, la falta de oportunidades y permitir su accesibilidad en todos los ámbitos de la sociedad y en cada una de las etapas de su vida, porque ya no permitiremos que las personas con discapacidad continúen viviendo en las sombras, relegadas y al margen de la sociedad.
Señoras diputadas y señoras diputados, les invito a realizar un examen de conciencia para asumir una nueva visión social de esta situación, porque no se trata de hacerlos acreedores de derechos nuevos ni de contraponer la concepción jurídica actual, tampoco de darles apoyos para que subsistan, sino de reconocerles sus derechos humanos, para atender su especificidad y mejorar sus condiciones de vida.
En este sentido, el cumplimiento adecuado de las convenciones internacionales permitirá generar empleos, accesibilidad en general a las escuelas, a los espacios públicos y privados, por ser más amigables, incluso, para las personas que circulen por ellos. Debemos tener claro que la integración de las personas con discapacidad no es un gasto, sino una inversión en capital humano, invaluable para el desarrollo de la vida nacional, cuya realización debe hacerse de manera planeada, firme, progresiva, sistemática y efectiva, principalmente en lo concerniente a las adecuaciones y modificaciones de accesibilidad urbana y social.
Otra gran tarea pendiente para el Estado consiste en establecer los mecanismos jurídicos para asegurar que las personas con discapacidad o las que pierden su facultad intelectual tengan el acceso a la justicia en igualdad, disfruten el derecho a la libertad, la seguridad en la esfera jurídica y no sean privadas de su libertad de manera ilegal o de manera arbitraria.
Lo anterior implica la realización de un trabajo arduo en los tres Poderes, porque entre sus retos se encuentra garantizar que las personas con discapacidad no sean sometidas a la tortura, a tratos inhumanos, penas crueles o degradantes para su persona; por ello, se deben prohibir los experimentos médicos o científicos sin el consentimiento informado de las personas con discapacidad; esto incluye el internamiento forzado, así como la institucionalización de estas prácticas.
En el Legislativo y el Ejecutivo debemos asegurar el acceso a la educación, la formación profesional, la enseñanza y el aprendizaje permanente, y por esta razón la educación especial debe ser integral, pero especificar las necesidades de las personas con discapacidad. Ello implica que debe continuarse con el esquema de las escuelas o centros especiales que les atienden de manera concreta a su problemática a fin de ser más eficiente su integración social.
En este sentido, consideramos que la educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad, su valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, la creatividad y sus habilidades. Lo anterior significa aplicar políticas públicas de recuperación de los espacios públicos y privados para brindarles la accesibilidad requerida.
En cuanto al aspecto laboral, las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano a trabajar. Por ello, promoveremos medidas legislativas para el acceso al empleo, el desarrollo de su capacidad empresarial; y por otra parte, también debe garantizarse la igualdad de la participación en la vida política y pública para hacer realidad su derecho a ser candidatos, en las elecciones, y ocupar cargos de elección.
Concluiré mencionando la importancia de la realización de una reforma constitucional que, en un ejercicio de armonización legislativa del marco normativo, cumpla con las diversas recomendaciones y acciones contenidas en el diagnóstico de las Naciones Unidas y el Programa Nacional de los Derechos Humanos, capaz de promover, proteger, supervisar y dar seguimiento a la aplicación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a fin de alcanzar resultados óptimos en su inclusión social.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Martha Angélica Tagle Martínez. Tiene el uso de la palabra el diputado Abundio Peregrino García, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Abundio Peregrino García: Muchas gracias, diputada Presidenta Ruth Zavaleta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Abundio Peregrino García: Compañeras diputadas y compañeros diputados, ayer, 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a las que en México le nombramos con capacidades diferentes, que es un acto enfocado a sensibilizar al mundo de los justos sobre la necesidad y apremio de reivindicar el papel de los seres humanos con capacidades diferentes.
Conforme a la información que proporciona la UNICEF, existen en el mundo más de 500 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad de tipo física, mental o sensorial, hecho que no los hace diferentes en ningún sentido frente a los demás seres humanos, porque al igual que quienes no presentan ningún tipo de afectación de su organismo, también tienen capacidades para realizar diversas tareas cotidianas y, en muchos de los casos, mejor que las personas que están completas.
Y muchos podrían preguntarse: entonces ¿por qué celebrar un día como éste? La respuesta salta de inmediato. Porque vivimos en una sociedad que segrega y discrimina todo aquello que, en apariencia, no tiene valor conforme a la lógica del gran capital de explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, se aísla a estas personas de la posibilidad de desarrollarse laboralmente y de otros espacios de la vida productiva y social.
En este contexto, este grupo social ha tenido que luchar y sobreponerse a las etiquetas y obstáculos que la sociedad les ha impuesto, pero que gracias a su tenacidad han ido derribando gradualmente.
Sin embargo, es preciso aclarar que al lado de esta batalla que están dando las personas con capacidades diferentes, también cuentan con el apoyo de un sector importante de nuestra población que no los discrimina y los mira con respeto, y reconoce sus talentos individuales y colectivos.
Reconocer la situación de esta realidad social no resuelve el problema de fondo que enfrentan cotidianamente estas personas con capacidades diferentes. El verdadero reconocimiento se tiene que dar en el campo productivo, porque necesitan contar con un trabajo digno para mostrar sus habilidades, pero también para reproducir sus condiciones de vida.
Esta es una cuenta pendiente que tenemos todos los diputados de este honorable Congreso. Ése es el camino correcto para crearles un mundo accesible como a cualquier ser humano en la vía de reivindicación de uno de los derechos fundamentales de cualquier persona y estas personalidades con capacidades diferentes, creo que todavía tienen profundamente el amor a la familia y el amor a sus padres.
La integración al campo laboral y de todas las prestaciones sociales que emanan de nuestra Constitución como obligación del Estado mexicano, son derechos plenos que deben ser satisfechos a este grupo social olvidado por la sociedad.
Esta es la mejor manera de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Abundio Peregrino García. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Guadalupe García Noriega: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Como sabemos, en 1992 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de los Impedidos. Desde aquél año se empezó a buscar una toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidad y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas.
Posteriormente se hizo un llamado a los Estados miembro para destacar la celebración del día y fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidad.
Es en 2007 cuando la Asamblea General ha elegido como lema para este día: "Trabajo digno para personas con discapacidad". En este sentido, nuestro papel es contribuir en la búsqueda de cómo lograr un trabajo digno para las personas con discapacidad y en las formas de profundizar en estas habilidades de este sector tan marginado.
En México existen aproximadamente 12 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Este sector de la población ha sido históricamente compadecido, ignorado y en más de las ocasiones denigrado, llegando a experimentar reclusión y abandono en instituciones o en sus propios hogares, mermando con ello su calidad de vida y dejando a la sociedad sin la posibilidad de aprovechar sus valiosos talentos.
La larga y difícil lucha por sus derechos fundamentales ha dado sus primeros frutos en las últimas décadas. Actualmente contamos con importante número de leyes y tratados internacionales firmados a favor del reconocimiento de sus derechos y de su integración plena a la vida activa y laboral.
No obstante, es importante reconocer que aun y cuando existen disposiciones legales de protección, todavía es en el entorno económico y social donde se agrava la discriminación de estos sujetos.
Según la Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad, las formas más comunes de discriminación de la que son sujetos se traduce, primero en las barreras físicas para su desplazamiento, después en la conmiseración de personas que son incapaces de verlas como diferentes, pero iguales en derechos y oportunidades.
La falta de acceso a espacios educativos regulares, los escasos esfuerzos para emplearlos y valorarlos como trabajadores competentes. La exclusión social y marginación de las actividades recreativas. El trato despectivo y atención diferente en las instituciones de salud. El establecimiento de políticas y medidas que ignoran y desdeñan sus necesidades y condiciones de vida y finalmente, las dificultades para ejercer derechos políticos y sociales.
Como vemos, nuestro país tiene retos pendientes en materia de discapacidad y derecho laboral. En esa idea proponemos, entre otras cosas, cuatro puntos:
Uno. Consolidar un programa en los tres ámbitos de gobierno, de trabajo y capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto principal sea su integración laboral.
Dos. Fortalecer los programas de educación especial e integración educativa para las personas con discapacidad.
Tres. Determinar los lineamientos para la recopilación de información y estadística de la población con discapacidad en el Censo Nacional de Población y demás instrumentos que conjuntamente se determinen.
Cuatro. Establecer una clasificación nacional de discapacidades.
Estos cuatro aspectos son fundamentales para afianzar una política laboral en la materia. En la observación de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como legisladores reafirmamos nuestro compromiso para hacer cambios fundamentales en nuestra manera de pensar acerca del lugar que deben ocupar las personas con discapacidad en nuestra sociedad y legislar de manera responsables para hacer valer sus derechos.
Debemos tomar medidas para contrarrestar la situación de dependencia económica que actualmente impera en esta población y en consecuencia, generar personas independientes y preactivas que se desenvuelvan con la mayor normalidad posible.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México les exhorta a que trabajemos por un México incluyente y respetuoso de los derechos de todos. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada María Guadalupe García Noriega. Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui: Con su venia, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui: Honorable Legislatura, en los umbrales del siglo XXI el respeto a las diferencias, la no discriminación y la inclusión en todas las esferas de la vida en sociedad son valores democráticos que deben fortalecerse a través de acciones contundentes que vayan desde la creación de políticas y programas públicos vanguardistas hasta la adecuación del marco jurídico que proteja de manera efectiva los derechos y prerrogativas de todas las mexicanas y todos los mexicanos con capacidades diferentes.
Ayer se celebró el Día de las Personas con Discapacidad por lo que es ésta una excelente oportunidad para fomentar el debate y aportar numerosas propuestas en beneficios de este grupo poblacional. Es el momento oportuno para dar cauce a sus demandas más sentidas.
Desde esta tribuna les digo a quienes padecen una discapacidad, que las diputadas federales y los diputados federales del PRI en esta legislatura, al igual que lo hicieron los de las anteriores participaciones, hemos de procurar que todas ustedes y todos ustedes se incorporen plenamente a la vida productiva sin que para ello ningún medio o prurito, ningún tabú y ningún acto discriminatorio los afecte.
Recordemos que en los pasados Paralímpicos compatriotas de gran valía pusieron el nombre de México muy en alto demostrando entereza, valor, esfuerzo y, ante todo, un inquebrantable espíritu de lucha.
Por eso estoy convencido de que es menester impulsar las acciones necesarias para que el equipamiento urbano y el transporte tengan las condiciones adecuadas que permitan a los discapacitados trasladarse con libertad y seguridad.
De igual forma resulta urgente legislar en materia laboral para que ustedes, al igual que el resto de los ciudadanos, puedan acceder a un trabajo digno y remunerado. Además, con las acciones legislativas y los programas de apoyos institucionales, es indispensable impulsar en los diferentes medios de comunicación una nueva cultura en donde la sociedad en general, y en particular las generaciones venideras, conciban y practiquen nuevas formas de convivencia social, en donde el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de los seres humanos sea una constante.
Hace unos instantes reflexionaba sobre la importancia de esta fecha, toda vez que permite diseñar y planear una mejor calidad de vida para las mexicanas y los mexicanos que padecen alguna discapacidad. Es decir, sobre la necesidad de no quedarnos en el discurso y emprender acciones eficaces que respondan no sólo a la coyuntura, sino que permitan construir acciones de mediano y largo plazo.
Estamos ciertos que la vulnerabilidad reacciona y, por tanto, anula el conjunto de garantías y libertades fundamentales; de tal forma que las personas, grupos y comunidades en esta situación tienen derecho únicamente a nivel formal, ya que en los hechos no se dan las condiciones necesarias para el ejercicio.
Por eso, en este día, y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, les refrendo mi compromiso en favor de sus mejores causas. Estoy cierto de que el México que debemos construir es el del respeto, la inclusión y la equidad; un país en donde todos tengamos cabida, independientemente de nuestras capacidades. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Sánchez Barrios, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados. Ayer, 3 de diciembre, se cumplieron 15 años de que la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin de fomentar su mayor integración a la sociedad.
De acuerdo al INEGI, en México la discapacidad más frecuente es la motriz, le sigue la visual, la auditiva, la mental y del lenguaje. Sin embargo, es común que una persona presente más de una discapacidad.
Entre el 7 y el 10 por ciento de la población mundial padece algún tipo de discapacidad. Ésta ha sido definida como la disminución temporal o permanente de las facultades físicas, mentales o sensoriales de un ser humano que le impide realizar una actividad regular.
Con esos antecedentes, reconozco las discapacidades que padezco de motricidad y del habla.
Uno de los problemas fundamentales que impiden la integración plena de los discapacitados a la sociedad es la discriminación.
Sobre el particular me pregunto ¿He vivido la discriminación? Sí, la he vivido, pero la he enfrentado, hasta ahora, pienso que con éxito.
Mencionaré un solo caso, que no el único. Me accidenté el 2 de julio de 2004. En ese entonces me desempeñaba como Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero.
A mi regreso, después de estar hospitalizado, fui desconocido por mis ex compañeros diputados locales. "Ya no te tenemos confianza", argumentaron.
Dejé la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero. Así viví la discriminación, más como afirmo, no solamente la he vivido, la he enfrentado.
Estoy activo, soy presidente de un partido político local, Alianza por Guerrero; soy diputado federal, gané una elección. Si la discriminación existe, también existe la solidaridad. No obstante mis discapacidades, la ciudadanía del VII distrito electoral federal de Guerrero me brindó su voto, su confianza. Mi estancia aquí, en el Congreso de la Unión, no reviste la trascendencia de un periodo vacacional o una beca.
Soy representante popular pleno. He participado en tribuna en varias ocasiones para presentar sendas iniciativas de adiciones y reformas. Como gestor he logrado resultados importantes. A nosotros, los legisladores, nos corresponde complementar y adecuar el marco jurídico existente, para garantizar protección y estímulo a los discapacitados. Así contribuiremos a que la sociedad se beneficie con sus aportaciones y a promover el desarrollo de sus potencialidades.
En el contexto de la competencia la discriminación inhibe. La solidaridad fortalece. Al gobierno de la república, a los gobiernos estatales y gobiernos municipales, los convoco a tomar las medidas necesarias para que en los presupuestos correspondientes destinen recursos suficientes para la atención a los problemas relativos a las discapacidades.
A la sociedad civil y a la población en general, les convoco a evitar la discriminación y a generalizar la confianza y solidaridad que casuísticamente han brindado a los discapacitados. A las personas con discapacidad las invito a sobreponerse a su realidad. A no doblegarse. A no tan solo reconocer las circunstancias y aceptarlas. Su tenacidad y el espíritu de superación siempre deben estar presentes. Enfrentar y superar las discapacidades se puede. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario del PRD, por su intervención. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Silvia Emilia Degante Romero: Con el permiso del señor Presidente, Cristián Castaño. Compañeras diputadas y compañeros diputados, personas que viven alguna discapacidad y que nos observan a través de los medios de comunicación, en este año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy, tenemos que luchar porque ésta sea una plataforma, una puerta para entrar en el 2008 con los grandes retos que tenemos planteados.
Y lo debemos centrar en un objetivo: crear las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad cuenten con un trabajo digno, y éste que les eleve y nos eleve como comunidad, ya que ésta no es una concesión. Es un deber y un derecho.
La voluntad del gobierno federal y del Senado de la República, con la firme ratificación de la Convención acerca de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos recuerda que todos los seres humanos merecen tener la oportunidad y tener esas oportunidades de desarrollo, y desempeñar un empleo productivo en condiciones de libertad, de equidad, de seguridad, dignidad hacia las personas humanas en el pleno respeto a sus derechos laborales, así como lo marca nuestra Carta Magna.
En México las personas con discapacidad todavía carecen de la oportunidad de tener un empleo apropiado. Se estima que por lo menos la mitad de todas las personas con discapacidad, del mundo, de esos países desarrollados, no tienen empleo.
Y en los países que están en desarrollo es muchísimo menor. Su porcentaje todavía de subempleo es apabullante; es algo que lastima a nuestro pueblo. Esta situación es deplorable y no puede continuar así.
Como legisladores de la república debemos de acortar las grandes brechas, estas desventajas sociales, para que juntos, sociedad y gobierno, alcancemos los niveles óptimos para incluir a los mexicanos que viven alguna discapacidad.
Por ello, en abril pasado, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional realizó el Foro hacia una política pública incluyente, hacia las personas con discapacidad. Éste, en el marco de la consulta pública para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.
Las personas con discapacidad pueden hacer una contribución valiosa en la fuerza de trabajo, como empleados, como empresarios emprendedores y empleadores; ciudadanos que con su contribución en el marco jurídico del país paguen impuestos y generen sus propias prestaciones y pensiones a largo plazo.
Compañeros diputados, no dejemos de apreciar que la persona con discapacidad realiza el doble o el triple de esfuerzo dentro de las acciones cotidianas; acciones que nosotros ni siquiera reparamos en ellas.
Sin embargo, en su vida la persona con discapacidad no deja de hacer un gran esfuerzo y no pretende dádivas. Ante ello no debemos desaprovechar la oportunidad de impulsarlos a éstos más de 10 millones de mexicanos que viven esta situación. Si ellos libran grandes batallas, nosotros, de verdad, no podemos hacer menos.
Sin embargo, enfrentan numerosos obstáculos que les impiden aprovechar plenamente su potencial. Temprano en su vida encuentran dificultades para tener acceso a la educación o para adquirir actitudes para facilitar su empleo.
Más adelante los temores y prejuicios sociales les niegan y cierran oportunidades, pese a la ratificación del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, desde 1999, ya que lugares de empleo normalmente son inaccesibles para ellos.
Dicho por la Agencia de Integración Laboral del DIF Nacional, con una buena inclusión laboral bajo esquemas de las normas de competencia laboral, cuando existen oportunidades de empleo las personas con discapacidad demuestran su valor.
Por eso, cada vez más empleadores y empresas socialmente responsables comienzan lentamente a comprender que se justifica dar empleo a las personas con discapacidad y hacer uso de los estímulos fiscales que para ello se han anunciado así, por la Presidencia de la República, en marzo.
Los estados de la república cuentan con una legislación en la materia; sin embargo el reto por venir es la armonización de estos marcos jurídicos locales con la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre sus Derechos.
He aquí, compañeros diputados, nuestra próxima tarea, para que como legisladores lo llevemos a nuestros estados. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en lo que va de esta LX Legislatura, hemos presentado 36 iniciativas que reforman diversas leyes, las cuales pretenden armonizar la Ley General de Discapacidad. Esta armonización, con reflejo en la Convención Internacional.
Por último, quiero agradecer a quien me brindó la oportunidad de estar en esta gran tribuna, para así dar un pronunciamiento en esta celebración tan especial, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Agradezco a las propias personas que viven alguna discapacidad, las cuales me han brindado su amistad y conocimiento, para poder ser la voz que necesitan en este Congreso.
Asimismo, hago un reconocimiento a la voluntad de los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias, ya que juntos en este Congreso logramos aprobar un artículo transitorio para que el Presupuesto de Egresos 2008 se aplique con una perspectiva hacia las personas con discapacidad, a las cuales les manifiesto la necesidad de contar ahora con una comisión especial para que las personas con discapacidad cuenten con ésta y se le dé un seguimiento continuo y se promueva la inclusión en la sociedad.
No dudo que esta LX Legislatura será ejemplo en el futuro; lo sé porque nobleza obliga. Mil gracias a todos, y le suplico, señor Presidente, se inscriba puntualmente en el Diario de Debates este texto. Gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Así se hará, diputada Silvia Emilia Degante Romero, inscríbase íntegramente en el Diario de los Debates.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que deroga los artículos 1o. y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.
De la Comisión de Salud, proyecto de decreto que expide la Ley General para el Control del Tabaco y deroga y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Quedan de primera lectura. Se da cuenta a la asamblea del oficio signado por el doctor Ector Jaime Ramírez Barba, presidente de la Comisión de Salud, en donde solicita que el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Control del Tabaco, deroga y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, quede únicamente de primera lectura.
El diputado Ector Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Con qué objeto, diputado Ramírez Barba? Sonido a su curul.
El diputado Ector Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Diputado Presidente, para hacer del conocimiento de la asamblea que hemos solicitado se dispense retirar la dispensa de segunda lectura con motivo de que el Partido Revolucionario Institucional ha solicitado un poco de más tiempo para terminar de hacer el análisis de este dictamen y que entonces lo haríamos el próximo jueves. Nada más, señor.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado. Ha sido retirada ya la solicitud de dispensa. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Con la anuencia del diputado Presidente, ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 425 diputadas y diputados.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fecha 24 de agosto, firma de los Tratados de Córdoba, que reconocen la Independencia de México en 1821, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le dispensa la lectura. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Se han inscrito de manera previa para dicha discusión en lo general y en lo particular, el diputado José Manuel Del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia; el diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, y el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN.
Se le concede el uso de la palabra al diputado José Manuel Del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia, hasta por cinco minutos.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores.
Vengo a solicitarles que con la fuerza de su voto puedan ustedes votar el artículo único donde se adicione la fecha 24 de agosto, la firma de los Tratados de Córdoba que reconocen la Independencia de México, en 1821, al inciso a) del artículo 18 de la Ley Federal sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:
El presente decreto que entraría en vigor tiene el objetivo de que la firma de los Tratados de Córdoba que reconocen la Independencia de México en 1821, inciso a) del artículo 18 de la Ley Federal sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, quieren reconocer a Córdoba y esta fecha histórica, de la firma de los Tratados de Córdoba como lo que realmente es, una fecha histórica en el devenir de la patria que hemos forjado todos los mexicanos.
Córdoba, Veracruz, en el estado de Veracruz enclavado en el centro del estado de Veracruz, Córdoba es símbolo actualmente de desarrollo y de progreso. Córdoba, Veracruz es símbolo de avance. Mientras que en el país se crece apenas al e por ciento, en Córdoba se viene creciendo a más del seis y medio por ciento.
Córdoba, Veracruz hace justicia a quienes le dieron el tamaño de su nombre, pero también el tamaño de las decisiones históricas que permitieron que ahí se celebrara, en la Villa de Córdoba, el 24 de agosto, entre los señores don Juan de O’Donojú, teniente general de los Ejércitos de España y don Agustín de Iturbide, primer Jefe del Ejército Imperial Mexicano en las tres garantías, los Tratados de Córdoba que señalaban, entre otras cosas:
1. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo imperio mexicano.
2. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado.
3. Será llamado a reinar en el imperio mexicano previo juramento que designe el artículo 4o. del Plan, en primer lugar el señor don Fernando VII, rey católico de España y por su renuncia y no admisión, su hermano, el señor infante, don Carlos.
Estos eran los principios de los Tratados de Córdoba que dieron a México, sin lugar a dudas, no solamente independencia y que todos los que ahí han hecho posible el desarrollo de una ciudad importante, hoy con toda la fuerza que tienen los legisladores, van a darle a Córdoba la posibilidad de que tenga para siempre una fecha instalada en la ley, que va a permitir que podamos votar el artículo 18 que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, es muy importante para todos los veracruzanos, y particularmente para quienes nacieron en Córdoba, poder reconocer en todos los cordobeses el esfuerzo que han puesto para que se reconozca clara y precisa la fecha de que ahí se firmaron los Tratados de Córdoba y con eso se daba inicio a la Independencia de este querido país, que es México. Muchísimas gracias. Con permiso.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Roberto Badillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Roberto Badillo Martínez: Con su permiso, ciudadano Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a apoyar esta propuesta del diputado Pedro Montalvo Gómez para someter al pleno de esta comisión que establezca en el calendario cívico nacional la fecha del 24 de agosto correspondiente a la suscripción de los Tratados de Córdoba de 1821, con nuestro mayor reconocimiento al apoyo plural que esta iniciativa ha tenido en los diversos partidos.
Es una demanda ampliamente compartida en nuestra entidad, en Veracruz, que mueve al orgullo porque en esa fecha y mediante ese instrumento se reconoce por primera vez la naturaleza independiente de nuestra patria.
Quiero testimoniar una vez más en la manera que se plasma en el Muro de Honor que corona este recinto solemne, el apoyo irrestricto de Veracruz a la construcción de la nación, del Estado mexicano y del futuro que queremos.
Dice el adagio: Pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Evidentemente la historia de México está llena de capítulos azarosos que forman parte del proceso lento, pero tenaz y patriótico, para construir una nación independiente, soberana e imbuida de los mejores valores de la democracia y la justicia. No ha sido tarea fácil llegar a ser el México que queremos. Provenimos de siglos de enfrentamientos y guerras que han marcado el carácter de los ciudadanos y el aprecio profundo por nuestros principales valores cívicos.
A partir del siglo XIX pasó prácticamente en cero, lleno de asonadas, rebeliones y golpes de Estado para definir nuestras principales instituciones, como son el Estado laico, la igualdad jurídica entre los ciudadanos, el sistema federal y promoviendo la reafirmación del derecho a tener una patria independiente, puesta en riesgo en diversas ocasiones por las invasiones y amenazas del extranjero.
Entreverados en estos tramos heroicos de la historia patria, muchos otros hechos definen la esencia de los mexicanos. Son acontecimientos humanos que adquirieron con el tiempo un amplio simbolismo y que conforman el orgullo cívico de los mexicanos; entre ellos se encuentran las Leyes de Reforma, el acta de la Federación Mexicana, los Sentimientos de la Nación, la secularización de los bienes eclesiásticos, la hazaña de El Pípila, la defensa del puerto de Veracruz, la actuación de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec, así como el conjunto de planes y proclamas como el Plan de Ayala, el Plan de San Luis, el Pacto de la Empacadora, la Declaración de la Soberana Convención Revolucionaria, el Plan de Iguala, etcétera.
Por ello los mexicanos no podríamos reconocernos sin recordar y rendir honores a nuestros símbolos patrios. De esta manera nuestras calles, plazas, avenidas, mercados, etcétera, llevan el nombre de gestas y de personajes de esos momentos definitorios en nuestra historia.
La relación de fechas que tienen contenido cívico es amplia, pero aún hacen falta muchos otros episodios que tuvieron un resultado importante en nuestra historia. A los veracruzanos nos llena de honor la manera en que resuelta y firmemente, nuestra entidad ha sido protagónica en la defensa de la soberanía.
Por ello, la iniciativa hace referencia a un hecho histórico poco conocido. Se trata de la fecha del 24 de agosto de 1821 en que se suscriben, el 17 de septiembre del mismo año en la Villa de Córdoba los Tratados del mismo nombre, mediante los que se pone fin a la lucha armada por la independencia y que es el precedente más importante para el reconocimiento de esta calidad jurídica y política.
Estos tratados representan el retiro de los fusiles y el principio de la paz que garantiza el estado de derecho. Por primera vez, por obra de dichos tratados México es reconocido como una nación independiente. En estos documentos históricos las partes en conflicto resuelven dejar las armas y reconocer la demanda justa del pueblo mexicano de asumirse como una nación soberana.
Como veracruzano suscribo con el mayor respeto este dictamen de mi compañero Pedro Montalvo y exhorto a los legisladores y legisladoras aquí presentes a que manifiesten su apoyo a esta intervención. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Roberto Badillo Martínez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, Presidente en funciones.
Como ya lo comentaba el diputado que me antecedió, el pueblo que no tiene memoria, que no recuerda su historia está condenado a repetir sus errores. La patria es tradición y experiencia del pasado, actividad y voluntad en el presente y esperanza en el futuro.
No podemos aceptar que la historia sea aquella que solamente se cuenta por quien fue escrita. No podemos aceptar que la historia que estudian nuestros hijos sea a medias. El tema de los Tratados de Córdoba es un adeudo histórico que tiene —huelga a decir y valga la redundancia— la historia con el pueblo de Veracruz y principalmente con el pueblo de Córdoba.
Pero hay que tener antecedentes también. Previo a la fecha del 24 de agosto de 1821, se da también en Córdoba, el 21 de mayo del mismo año, la última batalla, la última batalla que pone fin a casi 300 años de lucha. En esa fecha, Córdoba, 300 personas al mando de Joaquín Herrera: soldados, contingentes amatecos, un gran número de cordobeses, soldados de Cuichapa y otras personas más, encabezaron ésta última lucha sangrienta que realmente es la que da pauta a la firma de los Tratados de Córdoba.
Es con fecha posterior, justo el 24 de agosto, cuando se consuma nuestra independencia. Y por un error, por una omisión tal vez dolosa, tal vez intencional por quienes le han querido imputar un error histórico que es haber aceptado un imperio, que no había de otra en ese momento más que aceptarlo a la firma de los Tratados de Córdoba, otros tintes también de índole hasta religioso que han querido dejar fuera de la historia y de la consumación de la independencia a Iturbide.
Es justamente Iturbide quien llega a la heroica ciudad de Córdoba después de esta lucha del 21 de mayo de 1821. El 2 de noviembre de 1980 se le da este título a la ciudad de Córdoba y solamente Córdoba y el municipio de Veracruz ostentan esta honrosa distinción de ser heroicas.
Y es justamente en la Villa de Córdoba, cuando don Juan de O’Donojú, que venía a aplacar el movimiento de insurrección, firma lo que es de manera legal y expresa, la verdadera consumación de nuestra independencia. Somos el único país, creo, en el mundo, que celebra el inicio de la independencia, pero se le olvidó celebrar la fecha en la que terminamos nuestra independencia y dónde se terminó nuestra independencia que es y fue en la ciudad de Córdoba, Veracruz.
Es justamente esta fecha la que recordemos también, el pasado 24 de abril aprobamos aquí en el pleno un punto de acuerdo también con la única finalidad de que se reconociera de manera más amplia en los libros de texto y que la Secretaría de Gobernación incluyera esa fecha como fecha cívica nacional.
Como diputado de mayoría relativa justamente del distrito con cabecera en Córdoba, me es grato ver que se sumen los veracruzanos a un esfuerzo no solamente de los cordobeses, sino de todos los veracruzanos; pero también de la historia misma de nuestro país y de nuestra independencia.
Por ello requiero a ustedes que este esfuerzo más cuente con su voto positivo, su voto a favor y culmino como dijo Iturbide el día que firmó justamente los Tratados de Córdoba: "Sea pues la buena fe que nos une, creo que será cosa fácil desatar el nudo sin romperlo": Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Duck. Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: La Cámara de Diputados da la bienvenida a los estudiantes del CEBETIS número 65 de Irapuato, Guanajuato, y a los integrantes y estudiantes del Centro de Estudios Superiores de Guamúchil, A. C. bienvenidos a la Cámara de Diputados.
(Votación)
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que se emitieron 367 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular, por 367 votos, el proyecto de decreto que adiciona la fecha 24 de agosto Firma de los Tratados de Córdoba que reconocen la independencia de México en 1821, al inciso a) del artículo 18 de la ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es: Dictámenes a discusión con puntos de acuerdo
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De las Comisiones Unidas de Economía y de Turismo, para exhortar a las secretarías de Economía, de Desarrollo Social, y de Turismo, a que elaboren un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresas de artesanos plateros mexicanos.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales…
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame, diputada Secretaria. Están a discusión los puntos de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos. Continúe.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación, relativos al cambio climático en la costa del Pacífico.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Están a discusión los puntos de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Vivienda, para exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que suspendan la venta de cartera vencida.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. Se ha registrado para hablar en pro del dictamen, el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD, por lo que se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
No estando en el salón de sesiones y no habiendo ningún otro diputado registrado, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
El siguiente punto del orden del día es: Discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto interpretativo de la fracción I del artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Economía, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Economía, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Economía, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Justicia, por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 287 Bis y el Capítulo III denominado "Delitos cometidos en espectáculos públicos", al Título Decimoctavo del Código Penal Federal.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Justicia por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Justicia por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Justicia por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 211-Bis y los artículos 211-Bis 8 y 211-Bis 9, al Código Penal Federal.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El siguiente punto del orden del día es la presentación de iniciativas.
Se recibió del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado Benjamín Ernesto González Roaro, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y del Código Penal Federal.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el día de hoy someto a la consideración de esta asamblea una iniciativa que busca enfrentar un problema que últimamente ha venido creciendo de manera alarmante y que es de los accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país.
A nivel mundial este problema es de tal magnitud que la Organización Mundial de la Salud ya lo considera como un asunto de salud pública. Es cierto que este tipo de accidentes pueden ser causados por varios factores: humanos, mecánicos, por las condiciones de las vías de comunicación y climatológicos. Sin embargo, la estadística nacional nos dice que de cada 10 accidentes ocurridos en la red de carreteras federales aproximadamente el 93 por ciento de ellos son atribuibles al conductor como causa directa.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta soberanía señala que estos porcentajes resultan muy similares a las de otros países y aún cuando la causa directa del accidente haya sido relacionada con otro factor, generalmente un error del conductor o su conducta imprudente impide evitar el accidente y/o agrava las consecuencias del mismo.
Haciendo un recuento de los accidentes más recientes en nuestro país, encontramos los ocurridos en este año en la carretera Huautla de Jiménez, en Oaxaca, en enero de este año, con un saldo de 33 muertos y 20 heridos. En la carretera Cancún-Chetumal, el 5 de marzo de este año, con 6 muertos. En la carretera costera del Golfo de México en Veracruz el 4 de mayo con 69 heridos. En la carretera Monclova-Cuatro Ciénegas, el 9 de septiembre, cuando un trailer con explosivos chocó, provocando la muerte de 28 personas. Asimismo, en la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, cuando un vehículo pesado chocó contra un autobús de pasajeros.
Éstos son sólo algunos de los accidentes que destacan por ser muy aparatosos, pero todos los días y a todas horas suceden accidentes en los que muere 1, 2, 3 o múltiples personas que pasan desapercibidos y en los cuales la mayoría de las veces se debe a la conducta irresponsable o negligente de los conductores.
Es por eso que el día de hoy presento esta iniciativa, que tiene como objetivo principal atender los factores humanos que son causa fundamental de los accidentes de tránsito en las carreteras federales y minimizar los riesgos para la seguridad vial en los caminos del país.
En síntesis, lo que propongo es lo siguiente: elevar a rango de ley las estipulaciones básicas para el otorgamiento de licencias a los conductores de vehículos de autotransporte federal y que ésta se renueven cada ocho años con refrendos vía anuales, al otorgarse o renovarse la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá vigilar que cada aspirante esté capacitado para conducir un autobús de pasajeros, un camión de carga o un tractocamión de carga especializada, y proceso que deberá ser verificado por la Secretaría de la Función Pública.
Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve un registro público de las licencias que suspenda o cancele y no sólo de las que otorgue. Aquel que sea sorprendido con una licencia cancelada o suspendida, será sujeto de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, para lo cual también se hacen propuestas de reforma al Código Penal Federal.
Otra propuesta consiste en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Salud, los concesionarios y permisionarios lleven a cabo pruebas de manera periódica, exámenes médicos y las pruebas sicotécnicas que sean necesarias para revisar las aptitudes mínimas de los conductores sobre la atención distribuida y concentrada, precisión para las diferencias de velocidad, coordinación de movimientos de ambos brazos, rapidez y regularidad de los tiempos de reacción o de inhibición.
Que la ley disponga expresamente, que todo vehículo que preste el servicio de autotransporte que transite en caminos y puentes de jurisdicción federal, deba contar con un seguro para garantizar a tercero los daños que pudieran ocasionarse en sus bienes y personas, así como el camino a consecuencia de un accidente de tránsito.
Se plantean reformas y adiciones al Código Penal Federal para modificar el artículo 60 en lo tocante a los actos u omisiones culposos, calificados como graves, que sean imputables al personal que preste sus servicios en una empresa de transportes, de servicio público, federal o local y se cause homicidio.
Actualmente, se dispone que la penalidad será grave, cuando el homicidio culposo o imprudencial sea cometido en agravio de una, dos o tres o más personas. Considero que una, dos o tres más vidas tienen tal valor que no nos podemos basar en tasas o tabuladores cuantitativos. De ahí que se proponga aplicar esta sanción aun cuando se trate de una sola persona.
Hoy en día, la sanción por la comisión de dicho ilícito oscila entre los 5 y los 20 años de presión, amenaza legal por la que no ha servido para erradicar la gran cantidad de muertes en las carreteras de nuestro país. Por lo tanto, propongo elevar la penalidad máxima a 40 años de prisión, aunado a las otras consecuencias relativas a la destitución del empleo, cargo o comisión o inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza.
Éstas son algunas de las propuestas más importantes que propongo a esta iniciativa, la cual podrán ustedes leer completa en la Gaceta Parlamentaria y que, repito, tienen como finalidad hacer más seguras nuestras carreteras por el bien de los que las usamos, que somos la mayoría de los mexicanos.
No es posible que por la irresponsabilidad de unos cuantos, se ponga en peligro la vida de miles de personas. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Solicito a la Presidencia se inserte el texto en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes y de Justicia.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Servicio Exterior Mexicano ha ganado al paso de los años un indiscutible prestigio a nivel internacional, renombre que ha dado frutos a la nación y que redundan en la salvaguarda de los intereses nacionales en el extranjero, en el fomento de las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional, entre otros.
El personal de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, es permanente y su desempeño se basa en los principios de preparación, competencia, capacidad y superación constante, a fin de establecer un servicio permanente para la ejecución de la política exterior de México.
Es por ello que la designación de embajadores y cónsules generales sea un asunto relevante, ya que gracias a la capacidad y preparación de quienes se forman en el Servicio Exterior Mexicano es que nuestro país ha gozado de un amplio reconocimiento en el ejercicio de sus labores diplomáticas.
Los profesionales de carrera del Servicio Exterior Mexicano han protagonizado la colosal y delicada tarea de mantener en alto el nombre de México a nivel internacional, respetando de forma plena los principios normativos que rigen nuestra política exterior: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional. En consecuencia, nuestro actuar a nivel externo no puede ni debe ser llevado a cabo por quien no conoce de raíz el arte de la diplomacia.
El pasado histórico-jurídico demuestra que el arreglo institucional del Servicio Exterior Mexicano ha pasado por un proceso de reformas de más de un siglo, que denotan el interés del Estado Mexicano por lograr un cuerpo de diplomáticos profesional, sólido preparado y conocedor, y leal a la nación.
En tal virtud, este proceso debe ser respetado y reconocido ya que no existe en el país ningún otro servicio profesional de carrera con las características que posee el servicio exterior.
La expresión viva y actuante de nuestro pasado ha definido esa particular doctrina internacional que ha sido enriquecida a través de los años por mexicanos comprometidos con nuestra soberanía, con el humanismo y con la paz, como, por ejemplo, tenemos a Matías Romero, Genaro Estrada, Isidro Fabela y Alfonso García Robles, Luis Padilla Nervo, Gilberto Bosques, Jaime Torres Bodet, Francisco Castillo Nájera, Jesús Terán, entre muchos más, que hoy conforman ese rico acervo de diplomáticos mexicanos.
Actualmente, un contingente de diplomáticos veteranos y jóvenes, se encuentran adscritos en distintos encargos alrededor del mundo y al interior de la Cancillería. Gracias a esas mujeres y a esos hombres, México cuenta con un servicio exterior de carrera, profesional y experimentado.
Así pues, es de suma importancia de quienes encabezan las embajadas y consulados generales de nuestro país, que sean preferentemente profesionales de carrera, ya que quienes se forman en esta escuela poseen conocimientos particulares que no los domina cualquiera.
Con la presente iniciativa se propone la reforma de los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano contenidos en el Capítulo IV, que se refiere a los embajadores y cónsules generales.
El párrafo primero del artículo 19 dispone que la designación de embajadores y cónsules generales sea realizada por el presidente de la república, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.
Por su parte, el artículo 20 de la misma ley, establece los requisitos para ser designado embajador o cónsul general, en los que se mencionan ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo.
Queda claro en relación al artículo 19 de la ley vigente, que el término preferentemente es el que ha otorgado al Ejecutivo federal la prerrogativa de designar ciudadanos que no han pasado por el escalafón, por ello el nombramiento de dichos funcionarios debería darse solamente entre los miembros de este cuerpo profesionalizado en materia de política exterior. Es necesaria la incorporación inicial a la Cancillería a través de la academia diplomática, pues se necesitan conocimientos especiales para un óptimo desempeño.
Para comprender la importancia de la profesionalización en el ramo del servicio exterior resulta conveniente una comparación. En el Ejército o en la Armada nadie pude desempeñar funciones de general o de almirante si no inició como cadete, por lo que se refiere a los embajadores, en los términos que actualmente dispone la ley al Servicio Exterior Mexicano, éstos últimos pueden tener cualquier procedencia si así lo decidiese el presidente bajo el consejo del canciller.
Así pues, nadie podría pensar en general improvisado en el tiempo. En el mismo sentido y por la importancia que representa, tampoco se debería pensar en un jefe de misión improvisado para llevar a cabo las negociaciones de México en cualquier ámbito de las relaciones internacionales.
Qué ocurriría en nuestras instituciones armadas, si al igual que en la diplomacia hubiera quienes saltasen desde la calle a un grado máximo de militar. Por lo anterior, resulta imprescindible que entre los legisladores se difunda un verdadero conocimiento de las características que debe reunir un embajador o un cónsul. Es decir, debemos hacer de una cultura diplomática a fin de discernir sobre la importancia que tiene México para contar con verdaderos profesionales en la materia.
El diplomático, como el solado o el médico, no nace, se hace y para hacerlo es indispensable una base especial, ya que han de reunir ciertas cualidades que sólo podrán adquirir a través de la especialización y eso se logra al paso de muchos años de preparación. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Jesús Sesma Suárez. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y de la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Señor Presidente, respetuosamente solicito que por encontrarse publicada la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria se inserte íntegramente la misma en el Diario de los Debates, no obstante deseo hacer algunas reflexiones.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, lamentablemente la cultura de la corrupción en México ha arraigado profundamente en la vida nacional y prácticamente se ha institucionalizado. Así como ocurrió este proceso, en esa misma proporción nos cuesta y afecta a todos por igual.
Las conductas contrarias a la ley se presentan en casi todos los niveles de gobierno y en el caso de la licitación de obras el manejo discrecional de asignación de contratos es campo fértil para muchas acciones de corrupción.
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma establece que las dependencias y entidades podrán contratar obras públicas y servicios mediante los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa. Uno pensaría que con estas disposiciones se evitan actos de corrupción.
Revisemos qué pasa en la realidad. Vemos convocatorias hechas a la medida para favorecer a ciertas empresas privilegiadas. Muchas veces el proveedor que se encuentra coludido con los funcionarios de la dependencia o entidad de que se trata, cotiza hasta el momento en que se le da la copia de las condiciones de los otros licitantes, para que estén en condiciones de hacer una oferta por debajo de las propuestas económicas de sus competidores, cuyas propuestas más económicas se descalifican; para evitar que presenten alguna inconformidad lo amenazan o le prometen otra obra.
En licitaciones públicas nacionales o internacionales, se reciben por separado la propuesta técnica en un sobre y la propuesta económica en otro. Primero se procede a la apertura de propuestas técnicas, se revisan por los responsables las disciplinas mecánica, civil, eléctrica, instrumentación, etcétera y permanecen los sobre económicos de 20 a 30 días calendario en poder de las áreas de finanzas. Durante este tiempo no hay garantía de que no manden clonar con las imprentas los sobres de los licitantes, cuyos sobres originales muchas veces se violan.
A los proveedores o contratistas que significan peligro por presentar propuestas más económicas que los funcionarios "apadrinan" —entre comillado—, los descalifican técnicamente. Por consiguiente, se compra siempre en las condiciones técnico-económicas más adversas para la nación.
Suele ocurrir también que se cambien las bases de licitación para imponer las más convenientes para la empresa a favorecer. De ahí resultan obras mal hechas a costos más altos.
En la prensa nacional y aquí mismo, se ha publicitado mucho lo que ha pasado con el complejo petrolero de Cantarell, todo lo de Perforadora Central, licitaciones que se declaran varias veces desiertas y que finalmente —en el caso de plataformas marinas— ¿a quién favorecen? Pues a Oceanografía, SA de CV.
En Comisión Federal de Electricidad, así como en Pemex, la situación es similar. En un documento interno de la paraestatal el licenciado Manuel de Jesús Olvera Masariegos, en ese entonces titular del órgano de control de ese organismo expresó "debido a la multiplicidad de irregularidades que se cometen en la licitación y construcción de las obras de Comisión Federal de Electricidad, así como que estas prácticas son de todos conocidas por empresas internacionales, los beneficios que pudieran resultar no se obtienen, ya que la Comisión Federal se encuentra catalogada como una entidad operada por funcionarios corruptos que impiden la participación de empresas en las áreas de generación, transmisión y distribución".
Un ejemplo patético fue lo que pasó recientemente con La Yesca, que una propuesta, la más económica, la echaron abajo a pesar de que tenía una diferencia de 100 millones de dólares. ¿Para qué? Para finalmente dársela a la ICA.
En otras partes de la vida nacional contemplamos exactamente la misma situación a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal. ¿Por qué? Porque es necesario que se transformen una serie de procedimientos para que las licitaciones se puedan hacer de manera más pública y mucho más transparente.
Es por eso que esta iniciativa propone una serie de modificaciones a la Ley de Obras y de Adquisiciones con el fin de que se transparenten los procesos de licitación, limitando a la posibilidad de adjudicación directa de obras y servicios en todas las dependencias del gobierno federal.
Que el procedimiento asimismo de licitación sea público y se contemple la construcción de salas de evaluación. Que estas mismas salas cuenten con una sola entrada y se instale un arco detector para evitar que se introduzcan o sustraigan documentos y contarán con un sistema de audio y vídeo grabación.
Que en toda compra, licitación y formalización de contratos sea requisito ineludible que se haya realizado el protocolo de utilizar tinta invisible, tecnología disponible en el mercado. Es decir, aprovechar el avance tecnológico para poder manejar estas licitaciones en forma más eficiente y que se preste menos a corruptelas.
Se trata, en síntesis, de una serie de mecanismos que promoverían una nueva cultura en la licitación de obras y servicios públicos y que le harían mucho bien a nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Insértese de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Hago uso de la tribuna de esta honorable Cámara de Diputados para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, solicitándole, diputado Presidente, se inscriba íntegra en el Diario de los Debates.
Esta iniciativa, impulsada por un conjunto de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Luis Alonso Mejía García, el diputado Carlos Alberto García González, la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera, el diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre y el de la voz, tiene como finalidad impulsar a los municipios de México para que aprovechen los beneficios que les otorga la legislación, y que sabedores de tales beneficios, hagan uso de la facultad que tienen para generar electricidad para su autoabastecimiento.
En la actualidad los municipios del país destinan al pago del servicio de energía eléctrica alrededor de 30 por ciento de sus presupuestos de gastos anuales.
Lo anterior se explica por el hecho de que la electricidad se utiliza intensivamente en algunos servicios que prestan las administraciones municipales como son el alumbrado público, el bombeo de agua municipal, además de la iluminación de inmuebles públicos.
A pesar de los elevados costos que el pago de energía eléctrica representa para los municipios, éstos tienen la obligación constitucional, expresada en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, de otorgar servicios que para su ejecución necesitan electricidad.
Esta electricidad tradicionalmente se adquiere de la Comisión Federal de Electricidad o de Luz y Fuerza del Centro, dependiendo de la jurisdicción territorial en la que estén ubicados.
Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, los municipios también tienen la posibilidad de generar energía eléctrica para su autoconsumo, ya sea a través de autoabastecimiento o de cogeneración, y con ello, la posibilidad de reducir sus costos por adquisición de electricidad.
Pese a ello, la gran mayoría de los municipios no contemplan siquiera esa posibilidad, ya sea por desconocimiento o porque no cuentan con el tamaño ni la capacidad técnica y económica necesaria para generar energía eléctrica por sí mismos.
Frente a la existencia de limitaciones técnicas y económicas, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica contempla que los municipios puedan realizar asociaciones públicas y público-privadas a través de las cuales financien las inversiones necesarias para producir energía eléctrica para su autoconsumo, siempre y cuando no se transgredan los aspectos contemplados en la ley de referencia.
Los municipios, especialmente los más poblados, cuentan con recursos energéticos como son los diferentes tipos de biomasa residual que están siendo desaprovechados; de igual forma podrían acceder a la instalación de paneles solares u otro tipo de tecnologías que coadyuvarían a cubrir sus demandas para la prestación de servicios como alumbrado o bombeo de agua, con una consecuente reducción de costos y el beneficio adicional de mejorar y preservar el medio ambiente.
En Monterrey, el uso de este tipo de tecnologías le ha permitido a este municipio generar electricidad que se utiliza para el funcionamiento y operación del servicio del Metro de la ciudad.
En otras ciudades con amplia captación de energía solar, como son las que se ubican en la zona fronteriza norte del país, la instalación de paneles solares ofrecería una solución importante a la demanda de energía eléctrica para los sistemas de climas artificiales en los edificios públicos.
Como vemos, las opciones son múltiples y variadas, de gran potencial. Cabe mencionar que el hecho de que los municipios puedan autoabastecerse de energía eléctrica para sus actividades propias, no implica que los recursos y capacidades de la Comisión Federal de Electricidad, y de Luz y Fuerza del Centro, se mantengan ociosos o se desperdicien.
El servicio público de energía eléctrica, que es el que por ley le corresponde proporcionar a las empresas públicas, es un valor estratégico que contribuye a la cohesión social, a la lucha contra la marginación y al desarrollo económico equilibrado de todas las regiones del país.
Es necesario que las autoridades municipales estén conscientes y sepan de manera fehaciente que el artículo 3o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica les permite a los municipios, es su calidad de personas morales, generar energía eléctrica para su autoconsumo, incluso en asociaciones con el sector privado.
También es importante que estén informados que dicha actividad no es considerada como servicio público, por lo que no es exclusiva de las empresas paraestatales; es decir, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
Aunque en la fracción I del artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica está establecido que la Secretaría de Energía otorgará permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales, es necesario que quede claramente asentado en la ley referida que al no tratarse de servicio público, cualquier municipio tiene la posibilidad de generar energía eléctrica para su autoabastecimiento.
Si se logra fomentar el acogimiento de más municipios al esquema de generación para autoconsumo, éstos lograrán modificar su estructura presupuestal, ya que reducirá sus costos operativos de manera importante y muy probablemente les ayudará a resolver algunos de los problemas que suelen aquejar a los municipios, tales como el manejo de los desechos sólidos y el uso de infraestructura y equipo obsoletos, además del impacto negativo que éstos provocan en el medio ambiente.
Finalmente se considera de suma importancia actualizar algunos conceptos y términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ya que en un número importante de las disposiciones de dicha ley se manejan términos totalmente desactualizados que pueden causar confusiones en la aplicación de la misma y es otro de los objetivos de esta iniciativa, compañeros, poder actualizar algunos de los términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
En atención a lo anteriormente expuesto es que sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en los siguientes
Términos
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Por obviedad de tiempo no haré mención de los artículos reformados, donde únicamente se actualizan algunos conceptos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrico. Me concretaré a dar lectura a la reforma a la fracción I del artículo 3o. para quedar como sigue:
Artículo 3o. No se considera servicio público la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción realizada por personas físicas o morales.
Transitorio
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez. Diputado Rueda, ¿con qué objeto desea hacer usted uso de la palabra? Sonido a su curul.
El diputado Francisco Rueda Gómez (desde la curul): Gracias, Presidente. Para además de felicitar al presidente y a los que firmaron la iniciativa, solicitarle de la manera más atenta al diputado, si acepta que me sume a su iniciativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Además de felicitarlo solicita sumarse a su iniciativa. ¿Acepta usted? Aceptado diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Energía.
La Cámara de Diputados da la bienvenida y saluda a los estudiantes de la Escuela Secundaria número 20, José Arteaga. Asimismo, a los invitados especiales de Atlixco, en el estado de Puebla y a los presidentes municipales de la región Canaña, Sierra Mazateca y cuenca del Papaloapan, del estado de Oaxaca. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
El diputado Alberto Amaro Corona: Con su venia, diputado Presidente. El suscrito diputado federal Alberto Amaro Corona, integrante de la fracción parlamentaria del PRD, de ésta LX Legislatura.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, referentes al destino de los recursos que se obtengan por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales, comentamos lo siguiente:
México es un país que sigue teniendo un gran déficit en materia de transparencia, fiscalización y mecanismos de rendición de cuentas del conjunto de acciones de la Administración Pública en sus tres órdenes de gobierno.
En este contexto que resalta la falta de transparencia y certeza en los actos derivados del aseguramiento y destino de bienes, producto de actividades ilícitas como narcotráfico, tal situación quedó evidenciada en fechas muy recientes con el llamado "caso Zhenli Ye Gon", encontrándose 205.6 millones de dólares, así como miles de euros y pesos, todas cantidades en efectivo.
Casi de manera inmediata, el procurador Medina Mora adelantó que de decretarse la incautación judicial, el dinero tendría tres destinos conforme al marco legal: una parte sería destinada al Poder Judicial, otra a la Secretaría de Salud y una más a la procuración de justicia.
Bajo una serie de argumentos del destino, distribución, nos dimos cuenta de que se estaban falseando varias cosas. En estos mismos días, el 13 de julio, en un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAE informaron que los recursos provenientes del aseguramiento de Zhenli Ye Gon se encontraban depositados en el país, en el Banco de México, a favor de la Tesorería de la Federación.
En esta misma fecha cuando se filtra el oficio DGF/528/2007, de fecha 20 de abril, emitido por el Banjército, mediante el cual se precisa que el Bank of América determinó que se hiciera la exportación.
Por medio de esta publicación periodística, que hasta dos meses después de haberse ejecutado los actos, tanto este órgano legislativo como la opinión pública, nos enteramos con precisión de que el 26 de marzo el bando Santander concluyó el recuento de los dólares, que además preparó el dinero bajo estándares de exportación para su envío al Bank of América. Por estos servicios otorgados Santander cobró un millón 438 mil 960 dólares.
En este mismo momento, cuando nuestro compañero de fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Luis Sánchez señala la gravedad de la contradicción de las autoridades al informarse que el dinero no estaba en México, siendo que se había enviado a Estados Unidos.
El nuevo marco de transparencia que permea el ejercicio de la Función Pública hace inadmisible que se presente esta falta de transparencia y la falsedad en el manejo de la información.
Sin embargo, los cateos y detenciones continúan. En fecha reciente se realizó la detención de Sandra Ávila Beltrán, conocida como "La Reina del Pacífico", quien también constituía un eslabón fundamental en la coordinación de importantes cárteles de droga. Y aunque los bienes asegurados hasta el momento no han centrado la atención como en el caso Zhenli Ye Gon, es indudable que de nuevo nos topamos con procesos de aseguramiento que aún cuentan con vacíos que dan incertidumbre sobre el manejo y destino de los mismos.
De esa manera, la vertiginosidad de los hechos hace impostergable que esta soberanía realice la adecuación de las normas que regulen el aseguramiento de bienes de origen ilícito.
Debemos considerar que la lucha contra las actividades ilícitas no sólo se debe dar por medio de actos correctivos y punitivos, ángulo en el que, por cierto, ha centrado su atención el gobierno federal. Más importante que la corrección es la prevención, y la prevención solamente puede ser desarrollada fomentando la educación de nuestros niños y jóvenes de las futuras generaciones.
Por otra parte, la pobreza, el estado de miseria en el que se encuentra la mayoría de los municipios del país; lo que crea un ambiente propicio y favorece para el desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico, pues se ofrece como una opción atractiva de ingresos en comunidades donde la escasez prevalece. No dejemos de observar que son 31 millones de mexicanos que viven con 30 pesos al día.
Por todo lo anterior, propongo modificar el destino de los recursos confiscados, otorgándolos en partes diferenciadas a programas sociales a saber: educación, desarrollo municipal, salud, vivienda, así como el combate al narcotráfico, siendo prioritaria la educación, la salud y el desarrollo municipal; el poder municipal, en este sentido, quedaría excluido.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa para quedar como sigue:
Primero. Se reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.
Y se adiciona un último párrafo que dice de la siguiente forma:
En partes diferenciadas, a programas sociales a saber: educación, salud, vivienda, desarrollo municipal y combate al narcotráfico, siendo prioritarios la educación, la salud y el desarrollo municipal.
En el caso del combate al narcotráfico, el otorgamiento de recursos se condicionará a un esquema de fiscalización, producto del cual se logre una evaluación objetiva del desempeño de la institución, basado en el planteamiento de metas y logro de resultados en el mismo combate al narcotráfico.
Los recursos que se destinen para salud, educación, desarrollo municipal y vivienda deben beneficiar esencialmente a los municipios con mayor grado de marginación, con una cobertura de atención representativa de todos los municipios del país.
Esto será independiente de los programas de los ejecutivos federal y estatales, para lo cual se deberá presentar una propuesta de distribución de recursos a la Cámara de Diputados para su aprobación y ejecución.
De este procedimiento se informará a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
De la misma forma, reformamos y adicionamos la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en su artículo 1o., y adicionamos el último párrafo para quedar como sigue:
De este procedimiento se informará a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Y una última fracción… cuatro últimas fracciones del artículo 89 de la citada ley.
Los recursos que se otorguen por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados en partes diferenciadas a programas sociales de educación, salud, vivienda y desarrollo municipal.
En el caso del combate al narcotráfico, el otorgamiento de recursos estará vinculado a un programa de fiscalización, producto del cual se logre una evaluación objetiva del desempeño de la institución, basado en el planteamiento de metas y logro de resultados en el combate del narcotráfico. El ejercicio de estos recursos y las acciones a las que se encaminen serán totalmente distintos de los recursos destinados a programas ordinarios ni ningún otro.
Los recursos que se destinen a salud, educación, desarrollo municipal y vivienda deberán beneficiar esencialmente a los municipios con mayor grado de marginación, con una cobertura de atención representativa de todos los municipios del país. Esto será independientemente de los programas de los Ejecutivos federal y estatales, para lo cual se deberá presentar una propuesta de distribución de recursos a la Cámara de Diputados para su aprobación y ejecución.
De este procedimiento se informará a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Alberto Amaro Corona. Túrnese su iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público.
Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor René van der Linden, Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, quien ha efectuado una visita de cortesía a la diputada Presidenta de la Mesa Directiva de este cuerpo colegiado. Le damos la más cordial bienvenida y le deseamos éxito durante su estancia en nuestro país. Bienvenido.
Se concede el uso de la palabra al diputado Faustino Javier Estrada González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma los artículos 59 y 70 de la Ley Agraria.
El diputado Faustino Javier Estrada González: Con su permiso Presidente. Compañeras diputadas compañeros diputados, la "parcela escolar" constituye un patrimonio del pueblo mexicano y se reguló por primera vez en el Código Agrario de 1940. Se disponía que todas las escuelas rurales contaran con una parcela escolar para el desarrollo de los trabajos educativos de los alumnos.
En la Ley de la Reforma Agraria de 1971 se prevé, de igual manera, la figura de la parcela escolar, estableciendo la obligación de deslindar en cada ejido y comunidad las superficies destinadas a parcelas escolares, con fines de investigación, enseñanza y prácticas agrícolas de la escuela rural a la que pertenezca.
No obstante, la tendencia sostenida por los anteriores ordenamientos de la materia en la Ley Agraria de 1992, se establece como una facultad potestativa de la Asamblea Ejidal el deslinde de las superficies que consideren necesarias para establecimiento de la parcela escolar.
Si bien es cierto que a consecuencia de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional y la expedición de la Ley Agraria, la situación del campo mexicano cambió de manera sustancial, es oportuno señalar que por lo que se refiere a las parcelas escolares, su constitución disminuyó en perjuicio de la educación rural.
Según información disponible, en noviembre de 1993 al 31 de marzo de 2006 sólo se inscribieron 511 parcelas escolares en el Registro Agrario Nacional. La anterior cifra contrasta las 1993 parcelas escolares que antes de la publicación de la Ley Agraria se habían inscrito de acuerdo a la información disponible por el propio Registro Agrario Nacional.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, esta disminución en el número de parcelas escolares resulta altamente preocupante, y si no actuamos a la brevedad, los mexicanos perderemos un valioso instrumento pedagógico en la educación rural.
Basta señalar que de acuerdo con el Censo Ejidal de 2001 del INEGI, en México existían 30 mil 305 propiedades sociales, de las cuales 25 mil 173 contaban con parcela escolar.
Si bien se prevé que al término de la presente administración se alcanzará una cobertura aproximada de 25 mil núcleos agrarios certificados y titulados, se desconoce cuántos de esos núcleos efectivamente cuentan con parcelas escolares y cuyos derechos estén titulados a favor de las escuelas, por ello sugiero la necesidad de realizar reformas legales a efecto de reivindicar y activar las parcelas escolares en el proceso educativo nacional.
En consecuencia, como representantes del pueblo debemos tomar en consideración los beneficios que las parcelas escolares generan en los núcleos ejidales y en general de nuestros niños.
Compañeras y compañeros diputados, es el momento de retomar lo dispuesto por la Ley Federal de la Reforma Agraria a fin de que las autoridades educativas reivindiquen las parcelas escolares para garantizar a las generaciones futuras el acceso a las mismas, por ello propongo reformar la Ley Agraria para que en cada ejido se establezca una parcela escolar, lo anterior debido a que no podemos continuar un marco jurídico conforme a la cual la constitución de la parcela escolar sea potestativa.
La reforma propuesta es impostergable en virtud de que es necesario imprimir un mayor sentido social y establecer la obligatoriedad de las parcelas escolares como un espacio de capacitación agrícola para que nuestros niños y jóvenes adquieran conocimientos de técnicas agropecuarias y para elevar el nivel de productividad del ejido o núcleo agrario. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Faustino Javier Estrada González. Túrnese su iniciativa a la Comisión de la Reforma Agraria.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por ella misma y por Edgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
A nombre propio y del diputado Edgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del PAN, vengo a presentar la iniciativa, misma que por la brevedad del tiempo sólo haré la presentación general, por lo que pido a la Presidencia se inserte en el Diario de los Debates la propuesta de la reforma, con la finalidad de que las figuras de los debates sean obligatorias entre los candidatos a cargos de elección, de la Presidencia de la República, senadores y diputados.
Actualmente el marco regulatorio en materia electoral, como lo es el Cofipe, únicamente dispone en el artículo 190 que el Instituto Federal Electoral, a petición de los partidos políticos y candidatos presidenciales que así lo decidan, organizará debates y apoyará su difusión.
Como vemos, los partidos no se encuentran obligados a realizarlos tienen la facultad de decidir libremente si participan en ellos o no, así como fijar los temas que deberán ser tratados, el día y la hora de su celebración, entre otros aspectos.
La participación de los candidatos a ocupar algún puesto de elección popular en los debates de manera obligatoria, representa un mecanismo de beneficio dual, es decir, por un lado se le reconoce a la población su derecho a conocer las propuestas de los partidos políticos a profundidad a través de la confrontación de ideas, las propuestas o plataformas de lo que piensa hacer cada uno, y tenga una mayor capacidad y libertad para elegir a quien lo va a gobernar.
Por otro, a los partidos políticos se les da la oportunidad de difundir sus propuestas de gobierno, ya sea que se trate de partidos políticos con poca o mucha representación, teniendo de esta manera acceso igualitario a los medios de comunicación.
La presente propuesta va encaminada a establecer como una de las atribuciones del IFE, la organización para la celebración de dos debates obligatorios a celebrarse entre candidatos a la Presidencia de la República, entre diputados federales y entre senadores candidatos. Lo anterior contribuirá a regular una de las facultades atribuidas al IFE, así como a fortalecer el ejercicio democrático, puesto que la celebración de debates carece de un marco regulatorio.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 2 del artículo 182, se deroga el numeral 6 del artículo 190 y se crea el artículo 191 A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo primero. Se adiciona el numeral 2 al artículo 182 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 182. Apartado dos. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, los debates públicos entre candidatos, asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Artículo segundo. Se deroga el numeral 6 del artículo 190 y se crea el artículo 190 A para quedar como sigue:
Artículo 190. Del Apartado uno al cinco queda en los mismos términos. El 6 se deroga.
Artículo 190 A.
Apartado uno. La autoridad electoral federal, local o distrital deberá organizar la celebración de debates públicos y se encargará de su difusión de acuerdo a lo establecido en el presente artículo.
Dos. Se realizarán hasta dos debates públicos en los que participarán de forma obligatoria los candidatos a diputados o senadores, ambos a elegirse por mayoría relativa y dependiendo de la elección para la que se hubieren registrado, así como los candidatos a la Presidencia de la República, atendiendo lo establecido en el numeral 4 del artículo 182 de este Código.
Tres. La autoridad electoral encargada de la organización de los debates será:
Inciso a) El Consejo distrital, tratándose de los debates entre candidatos a diputados federales bajo el principio de mayoría relativa.
b) El Consejo local, tratándose de los debates entre candidatos a senadores bajo el principio de mayoría relativa.
c) El Consejo General, tratándose de los debates entre candidatos a la Presidencia de la República.
Cuatro. Será obligación de las estaciones de radio y televisión permisionados difundir los debates entre los candidatos a la Presidencia de la República en el día y hora que se hubiere acordado por el IFE para su realización.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo General deberá promover e impulsar las gestiones que fueren necesarias para acordar con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, su apoyo y participación en la difusión de los debates entre los candidatos presidenciales.
Cinco. Los términos y condiciones a los que deberán sujetarse los participantes en los debates a que se refiere este artículo serán acordados por los órganos del instituto respectivo y los representantes de los candidatos ante los mismos mediante la celebración del acuerdo que regirá la celebración de los mismos, el cual será de observancia obligatoria para los participantes.
Seis. El Consejo General, así como los consejos locales y distritales, podrán celebrar convenios de cooperación con las autoridades administrativas respectivas, a efecto de que éstas faciliten el uso de los inmuebles acordados para la celebración del evento así como para que promocionen los servicios necesarios, tanto de seguridad como administrativos para el correcto desarrollo del mismo.
Siete. Tanto los consejos locales como distritales deberán publicitar la celebración de los debates.
Transitorios
Primero. El Instituto Federal Electoral deberá adecuar sus disposiciones normativas para la realización de lo dispuesto en el presente decreto.
Segundo. La autoridad electoral correspondiente deberá realizar los acuerdos respectivos con los partidos políticos para asentar los términos y condiciones a los que se sujetarán los candidatos respectivos.
Tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Suscriben, su servidora, la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, y el diputado Édgar Armando Olvera Higuera.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Gobernación.
Se pospone la iniciativa que presentaría el diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma el artículo 329 del Código Penal Federal.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si me permite, de manera previa, diputado, esta Cámara de Diputados quiere saludar al grupo de ciudadanos de los municipios de Ayotoxco, Teziutlán y Xiutetelco, del estado de Puebla, quienes nos visitan hoy en la Cámara de Diputados. Bienvenidos.
El diputado Tomás Gloria Requena: con su venia, señor Presidente. El suscrito diputado federal Tomás Gloria Requena, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o., 4o., y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocer a la cultura física y la práctica del deporte como un derecho de todos los mexicanos e importante factor en la prevención del delito, bajo las siguiente
Exposición de motivos
En la LVIII Legislatura se presentó por parte del Grupo Parlamentario del PRI iniciativa con proyecto de decreto a efecto de reformar los artículos 3o., 4o., y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de cultura física y la práctica del deporte.
No cabe duda que corresponde a nuestra Constitución Política el privilegio de ser la primera que consagró las normas protectoras de la clase social y su pleno reconocimiento. Estos derechos inalienables son las garantías individuales que el Estado tiene la obligación de ejecutar, vigilar, garantizar y dar cumplimiento.
La cultura física y el deporte hasta hoy no han sido verdaderamente desarrollados y reconocidos explícitamente por nuestra Carta Magna, lo que ha generado en más de una ocasión discusiones con puntos de vista encontrados sobre su naturaleza.
En México actualmente coexiste algún precepto constitucional expreso que reconozca a la cultura física y al deporte como una garantía constitucional o que establezca la obligación por parte del Estado de fomentar su práctica y desarrollo, como parte fundamental en el proceso educativo e importante factor en la prevención del delito, comprendiéndose como prácticas corporales relacionadas al desarrollo de valores que pueden llevar a la participación ciudadana por caminos sociales responsables, constituyéndose en un medio efectivo para la conquista de un estilo de vida activo de todos los seres humanos.
La práctica de actividades físicas y deportivas es un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, pero no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe formular la regulación de la cultura física y el deporte previniéndolos como parte importante de la constitución política y económica, buscando su reconocimiento constitucional, estableciendo en los poderes públicos un estímulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la cultura física se den en las mejores condiciones y que se favorezcan los valores humanos de la libertad, de la igualdad y la solidaridad.
La falta de una norma constitucional que eleve a rango de garantía social ha sido un factor determinante para que en su momento la Ley de Fomento y Estímulo del Deporte y la actual Ley General del Deporte no hayan consolidado un modelo de cultura física y deporte que garantice el acceso de todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, pero sobre todo, que fomente la promoción y desarrollo de una cultura física en nuestro país.
Como referencia expresa, en el ámbito internacional la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, en su vigésima sesión emitió el 21 de noviembre de 1978 la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte, que en los términos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre nos habla sobre las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos, dependiendo de la posibilidad brindada a todos y cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales.
Por lo que en consecuencia se deberá dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte, con la convicción de que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de vida en los planos nacional e internacional, afirmando que la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirvan de base al pleno desarrollo de los pueblos.
Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad, el derecho de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte. Deberán garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social.
Más allá de lo anterior debemos considerar que el pleno desarrollo de las facultades y hacer mención, dicha carta sólo podrá llevarse a cabo cuando se tenga el pleno reconocimiento de los representantes a la cultura física y el deporte, así como su adecuada implementación y fomento por parte del Estado mexicano.
También se ha mencionado que en la actualidad algunas naciones contemplan en su constitución la obligación por parte de los poderes públicos, del fomento y estímulo de la educación física, la práctica del deporte y otras más, su reconocimiento como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Las nuevas generaciones requieren de reconocimiento a sus derechos fundamentales, pero sobre todo requieren que se garantice la respuesta del gobierno para fomentar la equidad, justicia y oportunidad para realizar sus actividades fundamentales.
Por tanto, es necesario no solamente reconocer el derecho de los ciudadanos a desarrollar sus facultades físicas a través de la activación física, la recreación y el deporte, si no accesar a los medios para cuidar de su salud física durante toda su vida y que obtenga las oportunidades para poder desarrollar su talento deportivo dentro de organizaciones democráticas, justas y productivas.
Práctica de actividades físicas y deportivas conllevan a un maravilloso encuentro con la competitividad, la salud y el logro de las metas personales. La cultura física y la disciplina deportiva otorgan la gracia firmeza y decisión, la templanza de carácter y la asunción de las distancias, de los vicios y ocios.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 4o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue
Artículo 3o. De la fracción I a la IV, quedan igual.
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica y tecnológica, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Asimismo, fomentará y coordinará la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia.
Artículo 4o. párrafo primero, segundo y tercero, quedan igual.
Párrafo cuarto. Toda persona tiene derecho a la cultura física y la práctica del deporte. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a estos derechos y establecerá la concurrencia de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en esta materia. Asimismo, de la participación de los sectores social y privado.
Artículo 21. Párrafos primero, segundo y tercero quedan igual.
Párrafo cuarto. La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán en los términos que a la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública que comprenda entre otros programas basados en el desarrollo educativo, la cultura física y el deporte como medios para la prevención del delito.
Transitorios
Artículo único. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por obviedad de tiempo solicito amablemente a la Mesa Directiva se inserte íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Tomás Gloria Requena. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado José Martín López Cisneros, del Grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 113 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No estando el diputado en el salón de sesiones, se concede el uso de la tribuna al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. ¿Tampoco está?
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona un inciso c) al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Silvia Oliva Fragoso: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, se presenta esta iniciativa que adiciona un inciso c) al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa que presento hoy, tiene como objetivo crear una nueva banca de desarrollo que es fundamental para coordinar en un solo sistema de fomento a la totalidad de la banca de desarrollo, los fideicomisos y demás instituciones de fomento.
También coordinar la canalización de los créditos para el fomento hacia los estados de la república y reafirmar el Estado participativo en el desarrollo económico, mediante acciones coordinadas con los agentes sociales y económicos para la creación y el mejoramiento de obras de infraestructura.
Es una reforma constitucional que se requiere para que el Estado organice la banca de desarrollo otorgando la facultad de crear un sistema nacional que posibilite y refuerce el objetivo de iniciativa en el desarrollo nacional y regional.
Se propone adicionar el inciso c), como sigue: el Estado contará y organizará un sistema nacional de banca de desarrollo a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por favor, diputados, ¿le permiten a la oradora continuar? Por favor, continúe, diputada.
La diputada Silvia Oliva Fragoso: Bien. Promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la república y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema con apego a sanas prácticas y usos bancarios.
El Sistema Nacional de Banca de Desarrollo estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca de desarrollo, las instituciones de banca múltiple relacionadas con actividades de promoción del desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el desempeño de las funciones que la ley encomienda al Banco de México, con tal carácter se constituyen.
El Sistema Nacional de Banca de Desarrollo se conformará por un Consejo Nacional de Banca de Desarrollo compuesto por el director del Banco de México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario de Economía, los gobernadores de los estados y dos representantes de la sociedad civil.
El Sistema Bancario Mexicano atendrá el desarrollo nacional y regional con base en las instituciones de banca de desarrollo, en sectores y actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.
Es importante hacer notar que esta banca de desarrollo, esta nueva banca de desarrollo, contribuirá al desarrollo regional, porque en la actualidad tenemos muy dispersa y no se ha concretado una banca nacional de desarrollo.
Diputada Presidenta, le pido que se publique el texto íntegro de la presente iniciativa. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Silvia Oliva Fragoso. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a los alumnos del Cecati 13 y a los invitados especiales de Acapuzco, estado de México, sean ustedes bienvenidos.
Se pospone la propuesta del diputado Alfredo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 71 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Silvio Gómez Leyva, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 63; y deroga la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Silvio Gómez Leyva: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Silvio Gómez Leyva: De acuerdo con el sistema jurídico mexicano, el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra depositado en un Congreso General, que a su vez se encuentra dividido en dos Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tal y como lo establece el artículo 50 de nuestra Carga Magna.
Bajo este esquema, la Cámara de Diputados se encuentra conformado por 500 diputados, de los cuales 300 son electos mediante el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos uninominales, mientras que los 200 restantes son electos bajo el principio de representación proporcional, mediante listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
En el caso de la Cámara de Senadores, ésta se encuentra conformada por 128 senadores electos de la siguiente forma: en cada estado y el Distrito Federal se eligen dos senadores por el principio de votación mayoritaria.
En este sentido en cada partido político se tiene derecho a asignar una lista con dos fórmulas de candidatos, por lo que a la primera minoría se le asignará al candidato que establece la lista que por sí haya obtenido el segundo lugar.
Los restantes 32 senadores serán electos mediante el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal.
Nuestra Constitución federal también contempla el caso en que se ha declarado vacante el puesto de senador o diputado, que ocurre cuando los diputados o senadores presentes no asisten y se llama a los suplentes para asumir el cargo, en un periodo de 30 días y estos no acuden o sin antes haber compelido a los propietarios en el mismo periodo de tiempo y con la misma finalidad sin obtener éxito alguno.
Cuando la vacante ocurre respecto a una diputación o senaduría que corresponde por el principio de representación proporcional, señalada en la Constitución federal, que ésta deberá ser cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido se asignará en orden de lista regional para el caso de los diputados y diputadas de lista nacional.
En el caso de los senadores, una vez que se le hayan asignado las propuestas que le corresponde a cada uno de ellos.
En el caso de las vacantes de los senadores electos por la primera minoría será cubierto por la fórmula de candidato al mismo partido que para la entidad federativa se trate y haya registrado el segundo lugar correspondiente de la lista.
Con la reciente reforma electoral que hemos planteado se busca, sin lugar a dudas, disminuir los gastos de campaña en cada uno de los partidos políticos y reducir el tiempo de los mismos, por lo que estamos nosotros realizando un análisis en el sentido de la inconveniencia de llevar a cabo elecciones extraordinarias para diputados electos en mayoría.
Por lo anterior, se expone reformar el primer párrafo del artículo 63 y derogar la fracción IV del artículo 77, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que las vacantes de diputados y senadores electos por el principio de mayoría relativa sean cubiertas con la fórmula de candidatos del mismo partido que le siguen en el orden de la lista regional, en el caso de diputados o, en la lista nacional, en el caso de los senadores después de haberse asignado las propuestas que hubiesen correspondido, eliminando con ello la facultad de ambas Cámaras para convocar a elecciones extraordinarias cuando exista un espacio vacante de cada uno de sus miembros.
Esta propuesta no rompe con la naturaleza jurídica del principio de representación proporcional, cuyo objetivo consiste en reducir deliberadamente las disparidades entre el porcentaje de la votación nacional o regional y los escaños parlamentarios que le corresponde; al contrario, está fortaleciendo el sistema democrático mexicano, pues así se sigue respetando la voluntad de la ciudadanía de la jurisdicción electoral que corresponde a la curul vacante. Ya se está cubriendo este espacio con un candidato que proviene de la lista plurinominal del partido que ganó la elección ordinaria en la zona.
Tomando en consideración el tiempo, señora Presidenta, voy a solicitar que la propuesta de reforma sea insertada íntegramente en el Diario de los debates y que pueda constar en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Silvio Gómez Leyva. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona la fracción VII Bis, del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
¿No está el diputado Sánchez Camacho?
Se concede el uso de la tribuna al diputado Luis Alonso Mejía García, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
No estando tampoco el diputado Luis Alonso Mejía García, pregunto ¿si está la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez? Tampoco está.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Marcela Cuen Garibi, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada ponente y la diputada Omeheira López Reyna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los diputados que no se encuentren en la sesión, vamos a pasar sus iniciativas a la comisión correspondiente, compañeros.
La diputada Marcela Cuen Garibi: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Marcela Cuen Garibi: Las suscritas, Marcela Cuen Garibi y Omeheira López Reyna, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura, presentamos el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que dentro de los procesos de paternidad se establezcan en las legislaturas estatales, se prevea la obligación de admitir y desahogar la prueba pericial en materia genética y con ello salvaguardar el derecho de identidad que tiene todo niño y niña, bajo la siguiente
Exposición de motivos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la identidad del menor está compuesto por tener nombre y apellido de los padres desde que nazca, tener una nacionalidad y conocer su filiación y su origen, para que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, que es el núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica.
A dicho trámite también, que los menores tienen derecho a conocer su identidad y la importancia de ese derecho fundamental no sólo radica en la posibilidad de que conozcan su origen biológico. Esto es, quiénes son sus padres, sino que de ese conocimiento deriva el derecho del menor constitucionalmente establecido de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, además de que puede implicar el derecho a una nacionalidad determinada.
El derecho a la identidad concretamente por lo que se refiere al derecho de tener un nombre y apellido implica el reconocimiento legal de los padres respecto a ese lazo que los une con el menor.
Sin embargo, el problema surge cuando el hombre se niega a reconocer el parentesco o la paternidad sobre el menor. Es entonces cuando debe acudirse a la instancia legal a través del juicio de paternidad para que a través de la resolución judicial se haga la declaración de paternidad.
La prueba del ADN es la prueba más exacta y eficaz disponible para determinar relaciones familiares. Es aceptada ampliamente por todos los juzgados del país y en muchas naciones.
La prueba del ADN prueba o refuta la paternidad en todos los casos. Cada informe de la prueba de paternidad indica claramente si:
a) El hombre sometido a la prueba es excluido, y por tanto no puede ser el padre biológico del niño; o
b) El hombre sometido a la prueba no es excluido. Los datos estadísticos en el informe establecen que él es el padre biológico.
El informe de prueba de paternidad determina los perfiles genéticos de la persona que participa en la prueba y el tamaño de los diferentes marcadores sometidos a prueba, es decir, establece una huella genética que contiene únicamente las informaciones sobre las secuencias de los marcadores; también se determina el llamado "índice de paternidad", que consiste en una medida estadística de qué tan fuertemente una coincidencia entre los marcadores del presunto padre y del presunto hijo indica paternidad: si los marcadores de ADN que se comparan no coinciden, entonces el presunto padre es excluido en un 100 por ciento de la posibilidad de ser el ascendiente, pero si coinciden, puede calcular una probabilidad que alcanza más de 99.99 por ciento de certeza.
En este sentido, por ser el ADN una marca genética única, diferente en cada persona, compuesta por unidades más pequeñas llamados nucleótidos, constituye el material heredad del padre y la madre en el momento de la concepción, que es la de mayor confianza por su alta confiabilidad.
Ahora bien, ¿qué sucede en el supuesto de que el presunto padre se niega a practicarse la prueba de ADN para confirmar o excluir su paternidad? En principio, las legislaciones civiles estatales establecen que las medidas de apremio solamente son para el efecto de que la autoridad judicial pueda hacer cumplir sus determinaciones, pero no tienen el alcance jurídico suficiente para obligar al presunto padre a practicarse la prueba del ADN. Entonces, ¿cuál debería de ser la consecuencia jurídica ante la negativa u oposición del presunto ascendiente para practicarse dicha prueba, considerando que las medidas de apremio no son aplicables para estos efectos?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como cuestión preponderante el principio de interés superior del niño, de tal suerte que se ha sostenido que el hecho de no poder obligar al presunto padre a acudir a realizarse una prueba que tiene un porcentaje altísimo de certeza respecto a la acción del menor, de ninguna manera puede excluirlo de la paternidad, porque sería dejar a merced de la voluntad del presunto progenitor ese interés superior del niño, pues al ascendiente que en verdad lo fuera, le bastaría con no someterse a la referida prueba genética para impedir que se le declare progenitor del menor y en su caso, asumiera sus obligaciones como padre.
Por tanto, y con el fin de que en las leyes respectivas quede garantizado el criterio antes señalado, es que se propone adicionar un último párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que con relación al derecho de todo niño y toda niña a su identidad, se establezca que en los juicios de reconocimiento de paternidad o maternidad, se dispondrá la obligación de admitir y desahogar la prueba pericial en materia genética debiéndose prever apercibimiento consistente en que si el presunto ascendiente se niega a practicarse la prueba genética, se tenga por presuntamente probada la filiación, salvo prueba en contrario.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se adiciona el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo único. Se adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 22…
B a D. Asimismo, en los juicios de reconocimiento de paternidad o maternidad, se dispondrá la obligación de admitir y desahogar la prueba pericial en materia genética, debiéndose prever el apercibimiento consistente en que si el presunto ascendiente se niega a practicarse la prueba genética, se tenga por presuntamente probada la filiación, salvo prueba en contrario.
Transitorio
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de diciembre de 2007. Atentamente diputada Marcela Cuen Garibi y diputada Omeheira López Reyna. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Marcela Cuen Garibi. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Compañeros diputados, les informo que teníamos inscritas esta mañana 212 proposiciones con punto de acuerdo; 133 de esas son de urgente resolución. Les solicitamos respetar el tiempo que pactamos de los cinco minutos para poder avanzar lo más posible el día de hoy. Y los compañeros diputados que no estén presentes, automáticamente vamos a pasar sus iniciativas a la comisión correspondiente. Vamos a continuar.
Se pospone la propuesta del diputado Rogelio Carbajal Tejada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se pospone o la turnamos a comisión? ¿Va a pasar a tribuna? Va a pasar el diputado Rogelio Carbajal Tejada.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Con toda la brevedad, simplemente presentar esta iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso y diversas disposiciones también del Reglamento Interior para regular y reglamentar el cabildeo o, mejor dicho, la actividad del cabildeo.
Creo que todos nosotros a lo largo de esta Legislatura hemos sido testigos de cómo diversas personas que ejercen esta profesión han dialogado, han platicado y han presentado diversos puntos de vista, diversos proyectos a los legisladores en las diversas comisiones.
Sin duda alguna esta actividad no pude considerarse por ningún motivo como ilícita, pero también es cierto que la actividad que ellos desarrollan debe ser transparente y debe estar siempre relacionada con el trabajo que nosotros hacemos como legisladores, de cara a la sociedad.
Justamente por ello pretendo presentar a este pleno esta iniciativa para que esta actividad pueda ser reglamentada como sucede no sólo en países de la Unión Europea o en los Estados Unidos desde ya hace varias décadas, sino también en países de América Latina.
La iniciativa contiene no sólo establecer una relación transparente entre legisladores y cabilderos; establecer un registro público de los mismos para que puedan inscribirse ante las secretarías generales, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores; establece también procedimientos claros para rendir cuentas de los cabilderos a la sociedad respecto de la relación que mantienen con las comisiones, con los legisladores, como también transparentar el contacto que los legisladores sostenemos con quienes ejercen esta profesión.
La propuesta que será turnada a comisión pretende reglamentar, más no prohibir, esta actividad; pretende transparentar más no proscribir esta actividad. Consideramos que las funciones que desarrollan pueden enriquecer el trabajo legislativo y es por ello que presento a este pleno esta iniciativa.
Por lo tanto, solicito también a la Presidencia que se inscriba en el Diario de los Debates y se inserte en él tal y como si hubiese leído en esta tribuna el proyecto que se ha presentado a este pleno.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Rogelio Carbajal Tejada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Joel Arellano Arellano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El diputado Joel Arellano Arellano: Con su venia, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Joel Arellano Arellano: Señoras diputadas y señores diputados, el suscrito diputado federal Joel Arellano Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este honorable Congreso iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones legales a la Ley Federal del Trabajo y a la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de garantizar el cumplimiento de la garantía de libertad sindical, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
Exposición de motivos
La libertad de elegir profesión, industria, comercio o trabajo es un derecho fundamental de los individuos, garantizado en el artículo 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, con la exigencia expresa de que la actividad comercial, industrial y profesional, sea lícita.
Nuestra ley fundamental también establece, en su artículo 9o., el derecho genérico de asociarse para reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Sin embargo el constituyente quiso establecer de manera específica y puntual, en el artículo 123 fracción XVI apartado A, y en el apartado B, fracción X, el derecho de la asociación profesional.
La libertad sindical implica el derecho del trabajador o de los trabajadores para formar sindicatos, el derecho del trabajador o de los trabajadores para dejar de pertenecer a un sindicato o simplemente no formar parte del mismo.
Cabe señalar que el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo prevé actualmente que el contrato colectivo de trabajo se puede establecer que el empleador admitirá solamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Mismo contenido contempla el artículo 413 en lo relativo al contrato-ley.
Para la corte existe una violación al artículo 5o., en la medida de que la cláusula de exclusión por separación, atenta contra la libertad de trabajo, así como el artículo 9o., que garantiza la libertad de asociación como una garantía individual fundamental.
Al establecerse en un contrato colectivo de trabajo o en un contrato-ley la cláusula de exclusión por separación, con fundamento en los artículos 395, 413 de la ley Federal del Trabajo y aplicarse en caso concreto, se impide a una persona que se dedique a su trabajo, pues es separado del mismo y ello se hace porque el sindicato administrador del contrato lo solicita.
Desafortunadamente no sólo son vulnerados los derechos de los trabajadores, sino que además se han venido propagando prácticas totalmente amañadas por parte de algunos sindicatos, en el sentido de que cuando una persona o una familia establece algún tipo de negocio o pequeño comercio, se hacen presentes miembros o representantes de los sindicatos para cerciorarse de que ya se haya firmado un contrato colectivo de trabajo o en su caso, incitándolo a que firmen con ellos y paguen cuotas cada año o de lo contrario son amenazados y amedrentados con ser emplazados a huelga y no permitirles realizar su actividad comercial.
Definitivamente esto no puede seguir pasando en estos tiempos, es por lo cual la intención de un servidor es evitar también dichas prácticas a través de candados legales que otorguen certidumbre y protección legal a las personas que deciden iniciarse en un pequeño negocio o empresa y no se deja intimidar por los sindicatos que sólo buscan que los trabajadores de dichas empresas o comercios, sean inscritos a los mismos, sin que se tomen en cuenta la voluntad de los trabajadores para pertenecer o no a un sindicato.
La presente iniciativa no pretende limitar la autonomía sindical, sino por el contrario, propiciar la pluralidad del sindicato y fortalecer la vida sindical propiamente dicha.
Atendiendo a lo anterior es que presento ante este honorable congreso diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, estableciendo la improcedencia de la cláusula de exclusión y de sindicación única, así como sanciones a quienes violenten estas disposiciones.
En tal sentido, es que acudo a esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones legales a fin de fortalecer los derechos y las garantías de la libertad sindical de todo trabajador.
Primero. Se reforma el artículo 992, se adiciona el artículo 4 Bis, la fracción XIV al artículo 5 de la fracción III, del artículo 378, la fracción VII del artículo 994, y el artículo 1005 Bis; y se derogan los artículos 395 y 413, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 4 Bis. No se podrá impedir o limitar al trabajador la facultad de pertenecer, ingresar o salirse de un sindicato.
Artículo 5. …
Se adiciona la fracción XIV. Algún impedimento o limitación a la libertad sindical a través de la existencia de la cláusula de exclusión, de sindicación única o cualquier otra disposición tendente a coartar dicha libertad del trabajador.
Artículo 378. …
Se adiciona la fracción III. Ejercer presión sobre los trabajadores para ingresar o permanecer afiliados a la asociación sindical o realizar cualquier otra acción tendente a impedir o limitar el ejercicio pleno de la libertad sindical, con independencia de que el trabajador se encuentre afiliado o no a dicha asociación.
Artículo 395. Derogado.
Artículo 413. Derogado.
Artículo 992.
Se adiciona:
Las violaciones a las normas de trabajo previstas por esta ley cometidas por los patrones, por los trabajadores o por los sindicatos se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este título, independientemente de la responsabilidad que corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones.
Artículo 994. …
Se adiciona
Fracción VII. Se impondrán de 15 a 315 días de salario mínimo al sindicato que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 378.
Se adiciona el
Artículo 1005 Bis. Se impondrá pena de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 300 días multa a quien a través del engaño, la intimidación, la violencia o cualquier otro medio, impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical de un trabajador.
Para los efectos de este artículo, por "ejercicio de la libertad sindical" se entenderá lo previsto por el artículo 4 Bis.
Segundo. Se reforma el artículo 69 y se deroga el artículo 68.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2007. Diputado Joel Arellano Arellano.
Solicito, Presidenta, que se pueda insertar en el Diario de los Debates de manera íntegra.
La Presidente diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Joel Arellano Arellano. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Martín Malagón Ríos, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por el ponente y el diputado Jaime Verdín Saldaña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Martín Malagón Ríos: Con el permiso de la Presidencia. Los suscritos diputados federales, Martín Malagón Ríos y Jaime Verdín Saldaña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, con el fin de que el contrabando y su equiparable cometido por miembros de la delincuencia organizada, se investigue, se persiga y se sancione de conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
Exposición de motivos
El contrabando, que es la entrada o salida y venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales, como la corrupción, las irregularidades, la ambigüedad y contradicciones de las leyes, la inoperancia de los mismos y las situaciones desfavorables de las políticas, han permitido que la dimensión de la problemática en México nos haya rebasado y por ello llevado a perder millones de pesos en impuestos por conceptos de piratería y contrabando, sin olvidar la pérdida de los empleos.
Si bien es cierto que la apertura comercial abre nuevas oportunidades de desarrollo, plantea también nuevos retos y representa como uno de sus efectos colaterales, un crecimiento alarmante de la piratería y del contrabando.
La piratería representa la parte visible de una cadena más amplia de delitos en la que se sustenta una auténtica industria criminal amparada en la ilegalidad y la impunidad.
La estrategia de lucha contra el contrabando debe de ser el resultado de un trabajo a favor de la legalidad y del bienestar de los mexicanos. No debemos soslayar que el contrabando es un problema estructural que debe ser resuelto de una manera integral.
La solución a este grave problema apela al ámbito económico, social y político, entre otros, puede funcionar como un verdadero y eficiente instrumento de desarrollo en beneficio de nuestro país.
En función de lo argumentado es importante reconocer que la expansión del contrabando y de la delincuencia organizada no reconoce fronteras y que alcanza la categoría de amenaza estratégica, tomando desprevenidos tanto a las fuerzas policiales como a los sistemas políticos y judiciales.
Por ello, debemos zanjar resueltamente las actividades de las organizaciones mafiosas y no perder de vista que pese a las dificultades y la ausencia de pruebas para la admisión de hechos y, especialmente, por los infructuosos intentos por acallar las investigaciones que conducen a destapar la corrupción y el tráfico de influencias en las altas esferas, debemos poner en práctica mecanismos articulados en aras de acrecentar un aumento de la eficiencia a nivel preventivo.
El combate contra la delincuencia organizada y el contrabando en todas sus vertientes debe asumirse como una lucha sin cuartel, por lo que la solución debe estar en llevar a cabo modificaciones legislativas, pero nunca como una reacción a las situaciones extremas planteadas.
Ésta debe ser una lucha inteligente y el estado de derecho debe desarrollar su acción contra la misma con instrumentos jurídicos, policiales, financieros y políticos, procurando la búsqueda de una efectiva coordinación nacional.
En suma, es impostergable hacer una revisión a la legislación con el objeto de plantear cambios de fondo, en forma, para castigar las conductas delictivas que aseguren la obtención y simplificación del procedimiento penal, asegurando así el castigo riguroso a las nuevas formas de criminalidad, como la delincuencia organizada y de los ilícitos que causan mayor agravio social para alcanzar la armonía, la concordia y la tranquilidad colectiva.
Asimismo, me permito señalar que dicha iniciativa se plantea en abono a la minuta del Senado existente, derivada de dos iniciativas presentadas en el Senado de la República, así como una excitativa presentada por mi compañero diputado Jaime Verdín Saldaña.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter ante este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para incluir el delito de contrabando a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Artículo Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 2o., así como se adiciona el párrafo primero del artículo 3o. de la Ley Federal de la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese sólo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Modificada la fracción IV y adición de la fracción VI.
V. Trata de personas, previsto en el artículo 207; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto, en el artículo 366; tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter; y robo de vehículos previsto en el artículo 381 Bis del Código Penal Federal o de las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales, estatales o del distrito federal;
VI. Contrabando y su equiparable, previstos en el artículo 102 y 105, fracción I y IV del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 3o. Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y V del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señora Presidenta, en virtud del tiempo solicito se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Martín Malagón Ríos. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia.
El diputado Adrián Fernández Cabrera (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Adrián Fernández.
El diputado Adrián Fernández Cabrera (desde la curul): Gracias, Presidenta. Nada más para pedirle si se pudiera turnar también para opinión de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Claro que sí, diputado Adrián Fernández. Se da el turno también con opinión para la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez: Gracias, diputada Presidenta. Antes de iniciar debo aclararle que la iniciativa que voy a presentar se encuentra signada también por mi compañera Valentina Batres y al final de mi exposición le haré entrega para que sea este documento el que sea turnado a las comisiones respectivas.
El problema de las adicciones es un tema que afecta a todos los países, México no es la excepción. Se trata de un grave problema que ataca principalmente a niños y jóvenes.
Las encuestas nacionales y regionales demuestran que casi la mitad de la población que consume drogas tiene menos de 19 años, habiendo iniciado su consumo entre 10 y los 14 años. Cerca de 80 por ciento de los que consumen drogas lo hace a diario, pocos son los que acuden a centros de rehabilitación o desintoxicación y quienes lo hacen acuden en su mayoría pasados los 35 años de edad. Es decir, mucho tiempo después de haber iniciado el consumo de drogas.
Los anteriores son datos son duros, pero sirven para constatar que existe un grave problema, que ataca a nuestra población, un problema cuyas consecuencias abarcan desde efectos de salubridad general hasta sociales, como la desintegración familiar, deserción escolar y la delincuencia juvenil.
El combate a las adicciones se ha convertido en un problema derivado del tráfico de drogas y, por ende, en una cuestión de seguridad nacional. Miles de jóvenes se ven inmersos cada año en el abismo de la farmacodependencia, convirtiéndose en un mercado importante para aquellos que se dedican a traficar drogas.
Lo anterior se convierte en un círculo interminable: los traficantes buscan adictos para vender sus drogas, mismos que, a su vez, se convierten en vendedores para obtener recursos y poder comprar más droga y saciar su adicción.
Es necesario emprender acciones contundentes para terminar con ese ciclo destructivo. El gobierno federal ha llevado a cabo políticas y estrategias que, en conjunto, constituyen una batalla frontal al narcotráfico y al crimen organizado a través de organismos especializados, nuevos cuerpos de seguridad que, en conjunto con el Ejército y grandes inversiones en tecnología, se ha buscado atacar el crimen organizado y restituir el orden social en nuestro país.
Sin embargo, el problema de las adicciones no ha sido aún atacado en el enfoque que se ha dado a la lucha contra el narcotráfico, y siendo éste la consecuencia más devastadora en términos sociales, es de vital importancia abordarla cuanto antes.
Por lo anterior, reconociendo la obligación del Estado de salvaguardar la seguridad y salubridad nacionales, debemos considerar también que el Estado mexicano se haga responsable solidariamente con su población en el combate al problema del narcotráfico y del crimen organizado a través del combate a las adicciones. Y esto sólo se puede lograr mediante una incursión dura y directa para erradicar este problema ofreciendo oportunidades para rehabilitar y desintoxicar a los farmacodependientes. En ese sentido, también los estados y el Distrito Federal deben unirse y contribuir a este esfuerzo.
La propuesta que hoy presentamos se enfoca a elevar a rango constitucional el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de adicciones. A su vez, proponemos obligar al Estado, en sus distintos y respectivos niveles de gobierno, a contribuir en lo necesario para lo consecución de este objetivo.
En ese sentido, el texto que se propone se traduce en que la federación haga una aportación al esfuerzo del combate a las adicciones y, por consiguiente, a la erradicación del narcotráfico.
Se enfoca también a dotar a los padres de familia, a los profesores, y a la sociedad en general, de herramientas que permitan hacerlos partícipes de la lucha contra las adicciones.
Con ello será posible obtener un triple resultado: ayudar a los niños y a los jóvenes de México a librar el infierno de la farmacodependencia, combatir un claro y grave problema de salud que aqueja a nuestra población y, finalmente, aportar un esfuerzo más a la lucha contra el narcotráfico.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. Los primeros tres párrafos sin cambio, y el cuarto: "Toda persona tiene derecho a desarrollarse en un entorno sano y libre de adicciones. El Estado proveerá lo necesario para garantizar este derecho".
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a diciembre de 2007. El de la voz, Juan Enrique Barrios Rodríguez, y mi compañera, Valentina Valia Batres Guadarrama. Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentario del Apartado B, del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado José Antonio Almazán González: Muchas gracias, compañera diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Antonio Almazán González: En razón de tiempo no daré lectura a todo el texto de exposición de motivos que contienen los artículos que estoy proponiendo reformar.
Se trata de reformas al artículo 2o. y 184 de la Ley Federal del Trabajo, a los artículos 2 y 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional y se trata finalmente de una reforma a la fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que aquí esta soberanía, ignorando lo que establece la Constitución y lo que marca la Ley Federal del Trabajo, legisló en materia laboral a través de una ley presupuestal, vulnerando con ello el derecho de los trabajadores, considerados de confianza, y de la administración pública federal, considerados como servidores públicos, con personal del mando medio y superior y personal de enlace.
Por supuesto, las reacciones todos ustedes las conocen: hay miles de amparos en esta materia y lo relevante de este asunto, que forma parte de esta misma argumentación que incorporo, es que el 30 de octubre de este año, el director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, emite una circular en la que señala que a fin de evitar confusión en la interpretación de esta fracción XII del 65 de la Ley Federal de Presupuesto, etcétera, se precisa que dicha disposición ya estaba contenida en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación desde el Ejercicio Fiscal de 2002, y aparece también en el artículo 21 segundo y tercer párrafo del decreto de Presupuesto de este año.
Por ello dice la Comisión Federal de Electricidad, la modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no contiene cambio alguno que genere una nueva obligación para el organismo ni implica modificación a las condiciones de trabajo actuales.
Cómo sería el trabajo que aquí realizamos, que tiene que ser mediante una circular interna que en este caso un organismo descentralizado tiene que hacer la precisión, diciendo además que como esto ya estaba contenido desde el Presupuesto de Egresos de 2002, por esa razón se trasladó a una ley.
Por supuesto que esto no es cierto, pero lo que quiero resaltar aquí es lo que interpreta y lo que señala en esta circular la Comisión Federal de Electricidad, en cuanto a que se respetan los derechos adquiridos. Y ésta es una de las principales fallas de lo que aquí se aprobó ese 13 de septiembre, con las consecuencias que ya he señalado.
Por otro lado, hace unos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emiten un comunicado de prensa donde dicen que la Ley de Presupuesto no afecta a personal de base o de confianza, de manera particular señalan que la nueva disposición de la Ley de Presupuesto no afecta de forma alguna al personal operativo, ya sea de base o de confianza, ya que ellos continuarán percibiendo sus prestaciones conforme a lo establecido en las respectivas condiciones generales de trabajo o contratos colectivos.
A continuación señala que la entrada en vigor de esta disposición no implica de manera alguna que los servidores públicos de mandos medios y superiores y el personal de enlace pierdan las prestaciones que hasta antes de la entrada en vigor de la misma venían percibiendo con base en la ley.
Cabe recordar que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de los trabajadores y que constitucional y legalmente los servidores públicos cuentan con la protección de sus derechos.
A mí me parece, compañeros diputados, compañeras diputadas, que es vergonzoso que esto que anticipábamos a la votación de esto cuando pudimos discutirlo, que es en el Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando señalamos el carácter ilegal, inconstitucional de la redacción de ese artículo 20, aquí se hizo caso omiso de esa reserva para corregir todas esas fallas de técnica legislativa, legales y constitucionales que hoy están a la vista.
Entonces la iniciativa que presento es una iniciativa que por un lado busca derogar esa reforma que se hizo, violando la ley y la Constitución en materia de los derechos adquiridos por los llamados trabajadores de confianza, servidores públicos, etcétera, y también es una manera de considerar ante todos ustedes, compañeros diputados, y me refiero de manera muy directa a los diputados de la fracción parlamentaria del PRI y a los diputados de la fracción parlamentaria del PAN, que se tenga un poco más de aseo legislativo a la hora de querer modificar a favor del patrón, sea éste el gobierno, un particular, lo que son los derechos adquiridos de los trabajadores.
Por ahí andan paseándose en el pasillo los cabilderos del actual secretario de Trabajo y Previsión Social, buscando mediante no sé qué ofrecimientos preparar el terreno para una contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo. Les pedimos calma, compañeros diputados del PAN, compañeros diputados del PRI, sé que ansían una contrarreforma de esta naturaleza para terminar de colocar en situación de sobreexplotación a millones de trabajadores de nuestro país, pero tengan calma, esa discusión va a llegar y por supuesto que no va a pasar, porque no será la decisión de lo que aquí se vote, sino la opinión y la movilización de millones de trabajadores que van a defender las conquistas que están plasmadas en el artículo 123, tan odiado y vilipendiado por ustedes, que son unos vende patrias.
Y mientras tanto, un exhorto para que cualquier reforma en materia laboral se canalice por la vía laboral y no por la vía de leyes que no son de la materia, como es el caso muy concreto de esta reforma aludida a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Antonio Almazán González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Cuenta Pública. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que expide la Ley Federal de Protección al Maguey.
El diputado Tomás Gloria Requena: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Tomás Gloria Requena: El suscrito diputado federal Tomás Gloria Requena, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 55, fracción II y los artículos 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección al Maguey bajo la siguiente
Exposición de motivos
En la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección al Maguey. Consideré importante impulsar esta ley, retomar el proyecto a efecto de realizar las adecuaciones necesarias acorde a las necesidades del sector.
Este ordenamiento dará certeza jurídica a los productores, además de constituir una Comisión Nacional del Maguey como órgano regulador de las actividades económicas que se deriven de esta planta milenaria y representante de México.
Como antecedente, en la parte central de nuestro país nace el maguey prioritariamente en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato y Estado de México, teniendo su raíz etimológica en el náhuatl metl, perpetuando desde entonces su nacionalidad mexicana.
Cabe destacar que es una planta tan antigua que entre los pueblos prehispánicos ya se elaboraba el pulque para fines religiosos, pues se le atribuía una gran fuerza espiritual y poderes curativos por lo que se le asociaba con la Diosa del Maguey.
Considerando que hay mucho quehacer para su protección y su sustentabilidad, se considera en peligro de extinción y cada día se nota más su ausencia en el paisaje nacional. Basta con analizar las estadísticas del INEGI que señalan que en 1990 se contaba con 100 millones de plantas y para inicio del año 2006 sólo se conservaban 20 millones. Es una planta representativa de nuestra historia; parte de nuestra raíz cultural y una actividad económica muy sobresaliente.
La creación de este instrumento legal, regulador de las actividades relacionadas al sector, es una respuesta a la demanda constante de miles de campesinos de nuestro país que cuentan como único sustento de sus familias el cultivo de esta planta milenaria.
La presente ley tendrá como finalidad los siguientes objetivos
Proteger al maguey en todas sus variedades vegetales; constituir la Comisión Nacional del Maguey como órgano regulador de las actividades económicas; regular el precio de los hijuelos y el precio de piña por kilo para garantizar la producción del cultivo.
Fomentar e impulsar el apoyo técnico y financiero a las organizaciones de productores para que se proteja y se aproveche la producción regulada del Moguer; regular la coordinación entre las dependencias del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de brindar apoyo y protección a la planta del maguey, así como los demás que surjan del contenido de la Ley Federal de Protección al Maguey.
Al poner en vigor esta ley se permitirá la explotación racional y con ello la generación de empleos directos e indirectos, mejorando la expectativa de desarrollo para las entidades productoras del maguey, así como la protección de las plantas y de sus variedades.
Los títulos que incluyen la ley son los siguientes
Título primero. Disposiciones Generales. La presente ley es de observancia general, de orden público y de interés social para toda la república.
Definiciones del maguey en lo general.
Título segundo. De la Comisión del Maguey. Objetivos y atribuciones de la Comisión Nacional del Maguey, así como sus órganos y funcionamiento.
Título Tercero. "De los productores". Se entenderá como productor a toda persona que posea plantas de maguey en cualquier predio destinado a la agricultura, ganadería, que las utilice como cerca o lindero de predios, en regiones semidesérticas o aquellos que explotan a la planta y/o derivados con fines comerciales para objeto de protección de la planta.
Título Cuarto. "Delitos y sanciones". Delitos y sanciones a quien sin autorización extraiga, utilice y comercialice el maguey o cualquiera de sus especies de manera irregular.
Y por último, los artículos
Transitorios
Artículo primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los recursos administrativos, financieros, técnicos y materiales, bienes muebles e inmuebles que actualmente utiliza la Comisión Nacional de Zonas Áridas, destinados a protecciones para la planta de maguey, pasarán a formar parte del patrimonio de la Comisión Nacional del Maguey, quien a su vez entregará a las comisiones estatales, regionales o de zona, lo que pudiera ser aprovechado en los programas de apoyo a la planta del maguey.
Artículo tercero. Los trabajadores que fuesen transferidos de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), a la Comisión Nacional del Maguey, para los efectos de esta ley, pasarán a formar parte de su estructura con el respeto irrestricto a sus derechos laborales.
Artículo cuarto. En un plazo máximo de seis meses el director general deberá poner a consideración del consejo de administración el reglamento interior de la Comisión Nacional del Maguey y la propuesta administrativa que favorezca los fines de la comisión.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la ley que hoy propongo será un importante instrumento para regular las actividades relacionadas al sector. Es una respuesta a la solicitud de los campesinos que se sostienen del cultivo de esta planta milenaria, pretendiendo alcanzar los objetivos de productividad y sustentabilidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones que me confiere la Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección al Maguey.
Por obviedad de tiempo solicito amablemente a la Mesa Directiva que se inserte íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Tomás Gloria Requena. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida a los asistentes a la reunión de Rectores de Universidades Interculturales del País: al doctor Sergio Téllez Galván, de Veracruz; al doctor Andrés Fábregas Puig, de Chiapas; al doctor Francisco Rosado May, de Quintana Roo; al doctor Felipe González Ortiz, del Estado de México, al doctor Vicente Luna Patricio, de Puebla; al doctor Agustín Jacinto Zavala, de Michoacán; al doctor Abad Carrasco Zúñiga, de Guerrero; al doctor José Concepción Castro Robles, de Sinaloa y al ingeniero Pedro Pérez Luciano, de Tabasco. Sean ustedes todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la ponente y el diputado Francisco Rueda Gómez y Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En nombre propio y de los diputados ya mencionados, vengo a presentar la iniciativa de reformas al Cofipe, misma de la que, por la brevedad del tiempo, sólo haré una presentación general, por lo que pido a la Presidencia que se inserte íntegro en el Diario de los Debates esta propuesta de reforma.
Las normas relativas a la regulación de procesos de selección interna y de precampañas que éstas comprenden han sido prácticamente un tema poco o casi nada regulado por nuestro derecho electoral federal.
Como se sabe, con el fin de alcanzar los principios de equidad y transparencia es que en materia de campañas se han previsto reglas de duración, preeminencia del financiamiento público sobre el privado, tope máximo del financiamiento privado, límites a las aportaciones de simpatizantes, obligaciones de rendir informes sobre los gastos efectuados, facultad de la autoridad electoral para su fiscalización, prohibición de recibir aportaciones por determinados entes, estableciendo sanciones administrativas electorales, entre otras.
Luego entonces, no se puede permitir que todas y cada una de estas reglas del juego electoral se vean rebasadas por el camino de los procesos de selección interno y sus precampañas, afectando los principios democráticos.
Por ello, coincidimos con Jesús Navarro Olvera, en que una precampaña electoral mientras no esté regulada por la legislación, está plagada del abuso de un derecho ciudadano de votar y ser votado. Es una conducta que altera la equidad en la contienda política.
Hoy en día con la mercadotecnia política, cualquier ventaja sobre los otros candidatos se puede reflejar en el posicionamiento electoral y probablemente en el resultado, además de que el origen y las cantidades de esos recursos se colocan en el centro de la suspicacia y la crítica de la opinión pública, siendo el caso de que dicha realidad contamina innecesariamente el proceso electoral mucho antes de que inicie.
Precisamente por ello la reciente reforma a la Constitución Política propuso establecer las bases para la regulación de los procesos internos y las precampañas.
En ese sentido, los sucritos presentamos una iniciativa que plantea entre otros aspectos, adicionar un capitulo relativo a los procesos de selección internos y de precampaña. Por ello proponemos para la regulación de las precampañas lo siguiente:
Obligaciones para los precandidatos tales como informar por escrito al partido político o coalición de su aspiración. Presentar ante el partido político o coalición un informe financiero sobre el origen y aplicación de los recursos. Proporcionar al partido político o consejo general, la información que le requiera respecto al origen y destino de los recursos utilizados en precampañas. Cumplir con el tope de gastos que se determine para la elección respectiva, entre otras.
Que las aportaciones en dinero que efectúen los simpatizantes o afiliados durante la precampaña electoral tengan como límite el equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la entidad.
Límites de gasto ordinario para organizar los procesos internos hasta por el equivalente al 15 por ciento del monto total fijado como límite a los topes de gasto de campaña para la elección de que se trate.
Que los recursos utilizados durante las precampañas se sujeten a los mismos criterios y reglas que este Código establece para la presentación y revisión de los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales de los partidos políticos.
Que el consejo general establezca lineamientos específicos para la fiscalización de los recursos que se manejen en las precampañas electorales.
Que el órgano técnico de fiscalización emita un dictamen consolidado sobre el informe financiero de las precampañas electorales en un plazo que no exceda de 15 días contados a partir de su recepción. En dicho dictamen se especificarán, en su caso, las irregularidades que se hubiesen cometido y se propondrán las sanciones a aplicar a los precandidatos o al partido político, por el consejo general.
Asimismo se propone adicionar un artículo 70 para disponer las conductas que constituyen infracciones de los aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, entre otras, recibir cualquiera de las aportaciones a que se refiere el párrafo dos del artículo 49 de este Código.
Realizar actos de precampaña electoral antes de que el partido político emita el dictamen de registro correspondiente a los precandidatos.
Contratar en todo tiempo propaganda o cualquier forma de promoción personal en radio y televisión.
Exceder el tope de gastos de precampaña establecidos por el consejo general.
Abstenerse de manifestar en los informes financieros los recursos recibidos en dinero o en especie, destinados a su precampaña.
Omitir entregar al partido político o coalición por el que contendió internamente, cualquier remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir y, en general, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
Se disponen también las siguientes sanciones a aspirantes y precandidatos: Amonestación pública, multa de 100 a cinco mil días de salario mínimo, la pérdida del derecho del aspirante o infractor, a ser registrado como precandidato o del precandidato a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya se ha hecho el registro, con la cancelación del mismo respectivamente y la inhabilitación para ser postulados a cualquier cargo de elección popular durante los siguientes seis años.
En el caso de los aspirantes que no hubieren obtenido la postulación a la candidatura, no entreguen el informe financiero sobre el origen y aplicación de los recursos dentro de los plazos previstos en este código. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene la palabra el diputado Mario Enrique Del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que crea la Ley General de Protección a las Familias Numerosas.
El diputado Mario Enrique Del Toro: Con el permiso de la Presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas, solicito a la Mesa Directiva que se publique íntegra, en el Diario de las Debates, esta iniciativa.
Esta nueva que estoy haciendo su presentación el día de hoy, de protección a las familias numerosas, tiene como objetivo principal atender un gran problema que hace muchos años en nuestro país se vive. Aunque en realidad ha ido bajando la tasa de crecimiento, aún existen familias que viven en circunstancias muy difíciles; hay casos en que no solo se tiene que atender a los hijos sino también a los padres.
La propuesta lo que dice es que el Estado debe tomar como suyo este problema y atenderlo de diferentes maneras. No se trata de estimular tampoco el que se tengan más hijos, hay otros países en los que esto sí está ocurriendo, que se están dando pensiones ya para las familias numerosas, en el caso de Europa el índice de crecimiento está por abajo del uno por ciento y esto ha obligado a los gobiernos a proporcionar pensiones incluso muy atractivas para las familias que se decidan a tener más hijos.
En nuestro caso no. En nuestro país lo que está proponiendo esta ley es que se den incentivos para favorecer un poco a los que ya tienen este problema de un número grande de hijos.
Cuando las familias numerosas tienen la incapacidad económica, como es lo normal que en esto ocurra, es muy difícil que puedan darle una educación, que puedan darle salud, que puedan darle los elementos principales a sus hijos para su formación.
Y por eso es importante que el gobierno establezca una serie de políticas muy específicas en el que se pueda dar beneficios fiscales, se le puedan dar apoyos directos, que los programas sociales, las familias numerosas tengan una prioridad, que estén así específicamente determinadas con ese rango de familias numerosas que pueden ser considerados aquellos que tengan más de dos hijos o que tengan también bajo su responsabilidad a los ascendientes.
Estos beneficios son, por supuesto, los programas sociales, como son: el seguro económico, el Seguro Popular, el programa de Becas, descuentos en transporte, descuentos en agua, descuentos en predial, descuentos en todo lo que más se pueda, que a las familias se les pueda dar estos beneficios, a efecto de que puedan atender sus necesidades elementales.
La idea original que yo tenía era que se pudiera establecer algún apartado, de algún subsidio directo, sin embargo considero que va a ser muy difícil que se pueda destinar algún presupuesto en este momento para generar esta ley y que se pueda destinar a este sector tan importante.
Sin embargo, considero que la iniciativa está bastante interesante como para que se haga un estudio a fondo y se pueda aprobar en las comisiones a las que esta Mesa Directiva determine. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Mario Enrique del Toro. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que expide la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental Integral.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Con el permiso de la brillante Presidenta de esta Cámara, y no menos bella, Ruth Zavaleta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Adelante.
El diputado Adolfo Mota Hernández: La presente iniciativa tiene como objetivo dar debido cumplimiento al decreto que adiciona la fracción XXVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2007, en el que le da la facultad a este Congreso de expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera de ingresos y egresos patrimonial para la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos.
Ésa es la intención de la presente Ley Federal de Contabilidad Gubernamental Integral, lo someto a la Mesa Directiva y le ruego le dé turno a las comisiones correspondientes. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Adolfo Mota Hernández. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona el inciso j) de la fracción X del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Se pospone, por favor.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿La va a posponer? La vamos a turnar a Comisión.
Tiene la palabra el diputado… Miren, no las voy a turnar a comisión. Las voy a pasar al final de lista que son 212, de aquí al jueves no vamos a sentarnos a terminar; por eso yo les estoy diciendo que se las voy a turnar a comisión. Si nos las presentan hoy hay una lista de 212 iniciativas y puntos sumados.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Puedo platicarla y comentarla nada más.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por favor. Sí.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Justo estoy haciendo con mis compañeros diputados de las diferentes fracciones, los acuerdos mínimos necesarios que nos permitan en la sesión del jueves o el próximo martes, aprobar en lo general, en segunda lectura, la ley que reglamenta el artículo 25 de la Constitución y que crea la Ley de Fomento a la Economía Social y Solidaria.
Y sobre ese mismo punto, compañeros, quiero comentarles que en este país un gran sector de la población que no tiene acceso a los servicios bancarios se apoya precisamente en proyectos de microfinanciamiento que se han venido desarrollando, sobre todo por asociaciones civiles no lucrativas, por sociedades cooperativas e incluso por algunas sociedades mercantiles que han ofrecido a lo largo y ancho del país, montos menores a los 10 mil pesos y que son precisamente los que le permiten a personas, principalmente mujeres de muy escasos recursos, beneficiarse y poder impulsar algún pequeño negocio.
Conocidos como microcréditos este tipo de alternativas han encontrado eco a nivel nacional e internacional, sobre todo en el país lejano —hoy por cierto en crisis, en Bangladesh— por Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz 2007. Este banco denominado Grameen Bank, que en la lengua de este país significa "el Banco de la Aldea", ha diseminado miles de proyectos a lo largo y ancho del mundo; en Chiapas lo conocemos como Alternativa Solidaria, y es una asociación civil que se llama Al Sol Chiapas.
En la frontera tenemos el Grameen de la Frontera, que también es una asociación civil. En Oaxaca una organización que se llama Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl lo impulsa a través de un proyecto denominado Bancomunidad, el Banco de la Comunidad, y también es una asociación civil.
Sin embargo, la ley que obliga en este caso al pago del impuesto al valor agregado sobre el monto que generan los pagos de los intereses de estos créditos, son los que han llevado a encarecer este tipo de créditos.
De tal forma, que una mujer pobre, por ejemplo, en la mixteca oaxaqueña o en la sierra chiapaneca, que pide un préstamo de mil pesos, está sujeta a que se le cargue en el servicio de ese crédito el IVA lo mismo que a un empresario que pide un préstamo de 100, 200, 300 mil pesos o más.
Esto significa una inequidad y frena las posibilidades para que instituciones, repito, algunas de ellas, la mayoría, no lucrativas, puedan hacer este servicio.
Para concluir, yo solicitaría si alguien de mis compañeros o de mis asesores de la fracción parlamentaria me permite leer, la fracción —compañeros—, la parte que queremos, que estamos proponiendo modificar para que, en este caso, simplemente con que me manden la lista compañeros asesores de la fracción parlamentaria del PRD, en donde se enuncia la propuesta que yo quiero modificar, con eso me daría por bien servido, y si no lo hacen, bueno, únicamente diré: solicito que se inserte en el Diario de los Debates puesto que ha sido presentado en tiempo y forma, la modificación que en este caso obliga al pago del IVA, lo mismo a los microcréditos, pero que en este caso se ponga como el umbral máximo de los 10 mil pesos hacia abajo, traducido eso en los salarios mínimos correspondientes al Distrito Federal.
Eso es cuanto, señora Presidenta. Solicito que el documento que previamente presenté, para que se me concediera la voz en esta participación, sea incluido íntegramente en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Othón Cuevas Córdova. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7 Bis 1, de la Ley de la Propiedad Industrial.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Con el permiso de la Presidencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputado.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Compañeras y compañeros diputados, como todos sabemos el sistema de propiedad industrial es un conjunto de leyes, reglamentos, decretos y ordenamientos administrativos que la autoridad en la materia aplica con el propósito de proteger las invenciones e innovaciones, indicaciones comerciales a través de las patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales como son los dibujos y los modelos, así como los esquemas de trazado de circuitos integrados, serán registrados y estarán protegidos en términos del Título Quinto Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, registro de marcas, avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, incluidas las denominaciones de origen.
La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.
Este derecho confiere a su titular la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su propiedad si no cuenta con su autorización. La protección en nuestro país sólo es válida en el territorio nacional; su duración depende de la figura jurídica para la cual se solicita su protección.
La propiedad industrial es uno de los elementos esenciales de influencia en el impulso de la tecnología, el desarrollo y la innovación que refleja el esfuerzo de modernización de las empresas y la competitividad de la economía de un país.
La propiedad industrial aúna un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, procedimientos o diseños como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.
Estos derechos, que se articulan con la libertad del comercio y de la industria, tienen un fundamento ético ya que los creadores deben ver reconocida y protegida su calidad de autor y recibir por ello el reconocimiento moral y material, y un fundamento económico dado que garantizan la exclusividad y aseguran la lealtad en las relaciones industriales y comerciales. Es, pues, un factor de desarrollo y de progreso.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en la materia, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como principal objetivo promover las actividades económicas del país al proteger los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos, en contra de presuntas infracciones, teniendo la obligación de recibir y tramitar las soluciones relativas a patentes y registros, y atender las solicitudes de servicios directamente, entre otras consignadas en el ordenamiento aplicable.
Una de las principales tareas de promoción del IMPI se basa en la capacitación de recursos humanos, que consiste en fomentar entre las personas, empresas e instituciones de investigación, el conocimiento y el alcance de esta protección para incentivar la creatividad, las invenciones y signos distintivos en beneficio de la actividad industrial y comercial.
Es por esto que el IMPI desde su creación, el 10 de diciembre de 1993, constituye un factor importante para el desarrollo económico y tecnológico de México, en su carácter de órgano público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Desde su creación, el Instituto se ha enfrentado a grandes retos, como la insuficiencia del personal para atender el número de solicitudes que se presentan, la homogeneización de los criterios para la realización de los dictámenes de viabilidad del registro de marcas, la capacitación de los abogados en materia de propiedad industrial, la facilitación de las consultas de los expedientes y/o trámites administrativos y que las delegaciones del IMPI resuelvan directamente las solicitudes del registro.
Además, cabe resaltar que desde su creación el IMPI ha estado a cargo de un solo director, sí, un director general, por lo que para superar esta situación se propone que el director general del IMPI sea nombrado por el Ejecutivo federal, pero con ratificación de dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores, con el fin de que el IMPI cuente con normas de información transparente y rendición pública de cuentas.
Además, se propone que el nombramiento sea por un periodo máximo de cinco años, pudiéndose reelegir por un periodo de cinco años más.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el presente.
Decreto mediante el cual se reforma el artículo 7 Bis, primero, de la Ley Federal de Propiedad Industrial.
Artículo único. Se reforma el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Propiedad Industrial, para que quede de la siguiente manera:
El director general es el representante legal del instituto y es designado a propuesta del Ejecutivo federal y aprobado por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y, en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por un periodo máximo de cinco años, pudiéndose extender en el cargo por cinco años más.
Transitorios
Primero. El Ejecutivo federal deberá enviar a la Cámara de Senadores su propuesta de director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Jesús Sesma Suárez. Túrnese a la Comisión de Economía e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre de 2007.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, presente.
Con fundamento en el artículo 20 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al pleno en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente de la siguiente proposición:
Con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que en coordinación con el gobierno del estado de Tabasco, se emprendan las acciones pertinentes para que se apliquen de manera inmediata y transparente los recursos económicos asignados para la reconstrucción del estado de Tabasco, cuyo monto asciende a 7 mil millones de pesos.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente. Atentamente. Diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Partido Convergencia. Diputado Miguel Angel Jiménez Godínez, coordinador del Partido Nueva Alianza; diputado Javier González Garza, coordinador del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del Partido del Trabajo y la diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, para dar lectura al punto de acuerdo.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas, por fin tuve la oportunidad —solicitada desde el 9 de noviembre— de subir a la tribuna y poder hablar de mi distrito, que es el municipio del Centro donde está la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Una verdadera odisea poder subir a esta tribuna y hablar de los problemas de Tabasco.
Punto de acuerdo que suscribe un servidor y el diputado Alfonso Izquierdo, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso.
Lo fundamental en esto es que ha habido gente que ha llegado a Tabasco, se ha tomado la foto, han prometido, prometido, pero no han cumplido. No han bajado los recursos federales al estado de Tabasco.
La crítica situación que aún persiste en el estado de Tabasco como consecuencia de la severa inundación que paralizó la economía e irrumpió contra la normalidad en el desarrollo de la vida pública y social, demanda la pronta y decidida intervención de los gobiernos federal y estatal, para reparar a la brevedad posible los daños causados en todos los ámbitos.
Para hacer frente a la situación de desastre en lo económico y social prevaleciente, es necesario que los recursos que se anunciaron para cubrir la etapa de reconstrucción del estado de Tabasco, sean aplicados de manera transparente y oportuna. ¿Para qué queremos los dineros —como dicen en mi tierra—, después que el zacate creció, el caballo se murió?
Necesitamos que esos recursos sean oportunos para satisfacer las necesidades básicas que demanda la sociedad tabasqueña que se encuentra hoy día sufriendo los percances de la catástrofe. Como bien sabemos, estos recursos ascienden a 7 mil millones de pesos.
Sabemos que dicha entidad y dicha cantidad se aplicará vía el Fonden, que por el procedimiento que implica el destino y aplicación de los recursos de este fondo, consideramos que no es el adecuado para garantizar la inmediatez en su aplicación.
En situaciones de desastre, como es éste el caso, el gobierno cuenta con recursos del Fonden. Este dinero no está en el Fonden y lo quieren aplicar con base a las reglas del Fonden. Entonces, lo vamos a tener dentro de seis meses en Tabasco.
Este Fondo de Desastres Naturales es un fondo revolvente, el cual está integrado por recursos federales limitados. El cual, para efectos del Presupuesto 2007, fue de tan sólo de 135 millones 700 mil pesos. Y en el Presupuesto aprobado para 2008, es de 300 millones de pesos.
Resulta verdaderamente complejo el manejo de 7 mil millones de pesos que el gobierno federal ha destinado por el caso de emergencia que se vive en Tabasco. Dado que para el uso y aplicación de los recursos del Fonden se requiere de participación estatal, resulta imposible cubrir la parte porcentual que debe aportar el estado para efectos del uso de dicho fondo.
Por otra parte, la aplicación de estos recursos requiere de un mecanismo complejo y tardío. La situación amerita la aplicación de mecanismos que permitan el uso y aplicación de dichos recursos lo antes posible, sin necesidad de cubrir los requisitos que establece el programa del Fonden.
Por lo que solicito la aplicación y uso de los recursos del gobierno federal de forma inmediata, a través del gobierno del estado para solventar la situación y las necesidades que prevalecen en el estado.
Ante la inminente necesidad de recursos que solventen las cuestiones de higiene y salud que permitan controlar los riesgos de nuevas epidemias y condiciones de complejidad sanitaria, y en respuesta al reclamo de atención urgente de todos los tabasqueños, pido su apoyo, compañeros, pido el llamado a su conciencia, para que nos apoyen en esta proposición.
Por lo antes expuesto, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, someta al pleno de esta Cámara, como de urgente resolución la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Tabasco, se emprendan las acciones pertinentes para que se apliquen, de manera inmediata y transparente, los recursos económicos asignados para la reconstrucción del estado de Tabasco cuyo monto asciende a 7 mil millones de pesos.
Asimismo que se establezcan criterios que garanticen la equidad y eviten la exclusión en la distribución de los recursos y apoyos gubernamentales.
Les quiero comentar, compañeros que va la Sedesol haciendo un censo que la calendarización está hasta el 3 de enero y si ustedes tienen un aire acondicionado, no entra en el Programa de Apoyo, si ustedes tienen una televisión, no entra en el Programa de Apoyo. Y toda la clase media tabasqueña ¿dónde se queda?
Calderón llegó y dijo que iba a dar apoyos a todos los tabasqueños afectados por las inundaciones. Dio un apoyo a la gente en una reunión, como inicio de estos recursos que iban a bajar.
Al día de hoy no hay dinero. Hay un problema social que se está generando en Tabasco, la gente está tomando las calles, las avenidas, hay mucho bloqueo que la prensa nacional no ha destacado. Hay una gran inconformidad porque no nada más es el problema de la alimentación, sino es el problema de la falta de empleos, de la economía paralizada.
Créanme, ojalá y sus estados nunca vayan a presentar y tengan que vivir lo que nosotros vivimos. A mí me tocó vivir aquí en el 85 y trabajé día y noche cuando el terremoto, y lo hice de corazón. Yo les pido a todos ustedes que nos apoyen para que Tabasco salga adelante.
Sabemos que no es fácil y no va a ser rápido, pero si nada más nos llegan a prometer y no cumplen, mejor que no vayan a Tabasco. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Duck. Le dan sonido a la curul del diputado, por favor.
El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez (desde la curul): Señora Presidenta, para este tipo de votaciones se requieren dos terceras partes, razón por la cual le pido si puede haber rectificación de quórum, por favor.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Mayans.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Que se verifique el quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Exactamente, si se pide quórum en este momento quizás logremos el quórum, pero se tiene que, primero, rectificar o ratificar el quórum y después hacer la votación de las dos terceras partes del quórum. Así lo vamos a someter. Lo que pasa es que el diputado está pidiéndome quórum, diputado, voy a tener que abrir el sistema para pedir quórum.
El diputado Fernando Mayans Canabal (desde la curul): Pero puede llevarse a cabo con los que estamos presentes.
La Presidente diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado. Nada más que debe haber quórum, por eso está pidiendo el diputado quórum.
La Presidente diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañero Mayans, compañeros, yo les quiero hacer una propuesta de que se pueda posponer; no es un procedimiento normal pero que se pudiera posponer la discusión de este punto para el jueves a primera hora, toda vez que es de gran importancia para nosotros.
Si quieren lo votamos compañeros, el problema es que tenemos que convocar a quórum ahorita. Vamos a abrir el sistema para pedir quórum, por favor. Abra el sistema electrónico para verificación de quórum, por cinco minutos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para la verificación de quórum.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Mayans, por favor.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Ojalá que nunca te veas "con el agua hasta el cuello"… para qué… No, no, que no se posponga… eso urge… urge.
Señora Presidenta, analizando el asunto y en aras de que tengamos más consenso y que todos los diputados en esta Cámara, verdaderamente apoyen al estado de Tabasco no nada más con el verbo, con hechos. Queremos hechos. Estamos cansados de más de lo mismo. Que se vote el jueves señor Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Vamos a poder retirar su punto, pero vamos a tener que verificar el quórum en este momento de todos modos, ya se hicieron los avisos correspondientes. Señores diputados no se retiren porque vamos a votar el punto que estábamos discutiendo, no lo vamos a posponer, lo vamos a discutir de una vez.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su asistencia.
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Hay una asistencia de 264 diputadas y diputados. Hay quórum, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Secretaria. Hay quórum.
Consulte al Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto presentado por el diputado Mayans.
La secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Hay dos terceras partes, señora Presidenta, por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera del urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.
¿Hay algún orador que se quiera inscribir en este punto? No habiendo oradores inscritos, se considera suficientemente discutida la propuesta. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica…
El diputado Gerardo Priego Tapia (desde su curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputado Gerardo Priego.
El diputado Gerardo Priego Tapia: Solamente para, como fracción parlamentaria, sumarnos a la petición que tanto Alfonso Izquierdo como Fernando Mayans, están haciendo con respecto a Tabasco.
Es un tema que hemos discutido suficientemente con el gobierno federal y el gobierno del estado, por lo cual cuidando las diferentes formas en las que tenemos que participar en la recuperación de Tabasco, teniendo todo el cuidado y toda la transparencia y aprovechando el Consejo Ciudadano que se ha formado en Tabasco, con personajes de la ciudadanía con trayectorias aprobadas en lo nacional y en lo estatal, apoyamos este punto de acuerdo para que entre el gobierno federal y el gobierno del estado decidamos, decidan la mejor forma de bajar estos 7 mil millones de pesos de los que ha ofrecido el gobierno federal, y puedan tener esta distribución adecuada en el estado de Tabasco.
Y como fracción parlamentaria queremos hacer también, simplemente el recuento. Hoy el presidente de la república está una vez más en Tabasco, es la novena vez que el presidente Calderón está allá, y en este trabajo en conjunto que se ha hecho entre el gobierno del estado y el gobierno federal, tratar de establecer precisamente esas directrices que nos llevarán a la reconstrucción de Tabasco, que es un proceso mucho más complicado que el que hemos visto hasta ahora.
El de ahora, una vez pasada la emergencia inmediata tenemos que trabajar en la reconstrucción y por eso la importancia de que estos recursos fluyan a Tabasco de una manera muy transparente, de una manera muy enfocada precisamente a los programas que nos ayudarán a esa recuperación, a esa reconstrucción de Tabasco.
Por lo cual, en la fracción parlamentaria del PAN estamos de acuerdo en que se enfatice esa discusión que ya tenemos entre gobierno federal y gobierno estatal, para poder encontrar los mecanismos, cuanto antes, de bajar esos recursos, que me parece además —debo comentarle— la visita del presidente Calderón hoy a Tabasco, lleva parte de esas propuestas también al problema que estamos hoy comentando. Muchas gracias por su atención, a nombre del Partido Acción Nacional.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Gerardo Priego. No habiendo…
El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Sánchez Cabrales, ¿también quiere hacer uso de la palabra? ¿Dónde está el diputado?
El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales: Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales: Compañeras y compañeros, subí a favor de este importante punto de acuerdo, porque habría que estar y vivir en Tabasco para sentir esta devastación que hay para miles de familias, y qué bueno que de parte de los compañeros legisladores se vea esa sensibilidad para exhortar al gobierno federal y al gobierno del estado para que haya una real coordinación en la entrega de los recursos, del Fonden, que se solicitaron para Tabasco.
Ya que se han vivido momentos de mucha tensión, sobre todo en la capital, en Villahermosa, en las diversas colonias. Y lo que se quiere y se exige es precisamente que haya una buena coordinación, que los recursos fluyan y que se atienda a la gente. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Sánchez Cabrales. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese.
Se acaba de recibir una comunicación de la Mesa Directiva. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Secretarios de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presentes.
Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de la sesión de las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, los integrantes de la Mesa Directiva consideramos poner a consideración del pleno que sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, el siguiente asunto para los efectos de primera lectura:
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y se abroga la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.
Sin más por el momento, atentamente, firman los integrantes de la Mesa Directiva.
En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Mesa Directiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. El siguiente punto del orden del día, es dictamen de primera lectura de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y se abroga la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.
En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Queda de primera lectura.
Se recibió del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Continúe la Secretaría con el orden del día.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (16:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 6 de diciembre a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9:30 horas.