La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (13:19 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Bueno, termine la votación.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta, con las correcciones solicitadas por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido, por favor.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, Presidenta. Lo que se había comentado es que el acta que se distribuyó no sería sometida a aprobación. Y, en todo caso, la que sería sometida a aprobación es la corrección que un servidor hizo, porque la que se publicó en ningún momento refleja lo que un servidor solicitó. Ésa es la razón por la que un servidor le está haciendo el comentario.

El acuerdo con la Mesa Directiva es que se iba a someter a aprobación el acta con las correcciones que había observado un servidor, y no se está siguiendo ese procedimiento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, le ofrezco una disculpa. No lo decidí yo. Fue una persona a hablar con usted y habían quedado de que así era el formato. Vamos a dar lectura a las correcciones que usted nos pidió, por favor, si eso le satisface. ¿Me permite hacer la lectura?, ¿sí? Por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: "Desde su curul, el diputado Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se levante la sesión por falta de quórum, y la Presidenta instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia. Desde sus respectivas curules los diputados Cárdenas Fonseca y Valentina Valia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática realizan comentarios de procedimiento.

A las dieciséis horas con veintidós minutos, transcurridos ocho minutos, se registra una asistencia de 373 diputadas y diputados". Es cuanto, Presidenta.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. Le dan sonido a la curul del diputado, por favor.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, Presidenta, es usted muy amable. Aquí es simple y sencillamente que el acta que se repartió establecía que un servidor había pedido rectificación de quórum, cosa que nunca sucedió. Lo que un servidor pidió es que levantara la sesión por la evidente falta de quórum. En eso consiste, para que el pleno no se confunda. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Es correcto, ya lo corregimos así. Gracias diputado.

El diputado Francisco Márquez Tinoco (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido a la curul del diputado Francisco Márquez, por favor.

El diputado Francisco Márquez Tinoco (desde la curul): Presidenta, nada más para hacer la observación de que no se nos ha entregado la orden del día de la sesión. En consecuencia, no se puede proceder a llevar a cabo la reunión, porque necesitamos conocer los dictámenes, para que sea tomada en cuenta, Presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco, diputado. El orden del día prácticamente es el mismo de ayer, pero ahorita vamos a revisar los dictámenes que se terminaron de incluir.

Diputado, si usted me permite vamos a acelerar la distribución del documento, y si me permite continuar, porque habíamos votado el orden del día. Lo que estábamos votando era el acta.

El diputado Francisco Márquez Tinoco (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido a la curul del diputado, por favor.

El diputado Francisco Márquez Tinoco (desde la curul): El asunto, Presidenta, es que nos interesa ver los dictámenes porque nos interesa en lo particular alguno. Entonces por eso estoy pidiéndole que, hasta que se nos entregue y podamos ver exactamente qué esta publicado, poder avanzar en la reunión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, ya se votó, diputado. O sea, yo comienzo la sesión con el quórum que está en el sistema electrónico. Lamentablemente muchos todavía no estamos aquí, ya se votó. Le estamos entregando ahorita un documento.

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta con las correcciones solicitadas por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Está a discusión el acta con las modificaciones y con la aclaración a la que se dio lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta. Le aclaro al diputado que se está haciendo una distribución extraordinaria de la corrección del acta.

Comunicaciones, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Comunicaciones de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública; de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; de la Comisión Nacional del Agua; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; del Consejo Nacional para las Culturas y las Artes y del gobierno del estado de San Luis Potosí, con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Junta de Coordinación Política.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 10 de diciembre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que el diputado Juan Manuel Parás González cause baja como secretario y quede como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Que el diputado Eduardo Sánchez Hernández cause alta como secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y que la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese. Continúe, por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Junta de Coordinación Política. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta respetuosamente a los diputados locales, integrantes de la LXXI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, a realizar un análisis minucioso de la iniciativa de Ley de Familia para el estado de Nuevo León.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

Que la diputada Adriana Contreras, cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-El Salvador.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Diputado Héctor Larios Córdova. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Se recibió comunicación de la diputada Marina Arvizu Rivas, en relación con la iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, presentada el 6 de diciembre de 2007. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por un error involuntario se turnó la iniciativa en cuestión a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta Presidencia instruye retirar de todos los registros parlamentarios el asunto en comento.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar sobre la entrega y aplicación de recursos provenientes de las aportaciones destinadas a los damnificados de Tabasco.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se recibieron 19 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a diversos puntos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados, presentes. Para los efectos constitucionales me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios. Atentamente, senador José González Morfín, Vicepresidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados, presentes. Para los efectos constitucionales me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., fracción XXVIII; 13, fracción I del apartado B; 313, fracción II y 350 Bis 3, segundo párrafo y se adiciona la fracción XXVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud. Atentamente, senador José González Morfín, Vicepresidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Salud.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Padillas: Oficio de la Cámara de Senadores. Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes.

Para los efectos constitucionales me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto por el que se reforma la fracción II del artículo 185; la fracción II del artículo 188, la fracción II del artículo 189; y el primer párrafo del artículo 199 de la Ley General de Salud. México, DF, 11 de diciembre de 2007. Atentamente. Senador José González Morfín, Vicepresidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Salud.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes. Para los efectos constitucionales me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma la fracción I del artículo 8 de la Ley General de Procedimiento Contencioso Administrativo. México, Distrito Federal, 11 de diciembre de 2007. Atentamente José González Morfín, Vicepresidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Del Senado de la República.

Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes. Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Agua Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. México, Distrito Federal, 11 de diciembre de 2007. Atentamente, senador José González Morfín, Vicepresidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de los siguientes

Dictámenes

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De la Comisión de la Función Pública… A ver, sonido a la curul de la diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente, está en la orden del día agendado, que se dé primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, del proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, mejor conocida como la Ley del INEGI.

Quiero solicitarle que antes de que se dé la primera lectura se pueda publicar, por instrucción de la Mesa, una investigación que solicitó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y que pagó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre al viabilidad legal de esta ley, para conocimiento de todos los legisladores antes de que se dé por primera lectura el dictamen y conozcamos del Instituto de Investigaciones Jurídicas las apreciaciones en materia de constitucionalidad que tiene esta ley.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tengo entendido que se publicó este dictamen junto con los dos votos particulares, que es lo que procesalmente corresponde. A ver, sonido por favor a la diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente, eso es correcto, pero estoy hablando de otro tema. La Junta de Coordinación Política, a petición de más 136 diputados, le solicitamos se mandara a hacer un estudio que pagó la Junta de Coordinación Política al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la legalidad y constitucionalidad de este dictamen.

Lo que le pido por favor es que, para conocimiento de los 500 diputados, antes de que entre a discusión esta ley se pueda publicar en Gaceta y tengamos conocimiento de lo que respondió en una investigación que le pidió esta Cámara, a través de la Junta de Coordinación, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que podamos dar un debate nutrido, robustecido y, además, con la apreciación de un instituto no menor, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y podamos aprobar o no este dictamen que nos proponen las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, vamos a definir este tema de la siguiente forma: si no hay en este momento una petición de la comisión para que se retire, entonces estaríamos ya en la situación procesar de que se pueda dar la primera lectura. Pero, a ver, diputado Chidiac. Sonido a su curul.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Quisiera decir que este dictamen tiene cerca de dos meses que se publicó su primera lectura y se pasó al pleno a primera lectura.

Quisiera decir que conocemos en la Comisión de Hacienda el contenido del estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Algunos diputados coinciden con él, otros no. No es vinculatorio para los diputados de la Comisión de Hacienda este estudio.

Nosotros ya votamos el dictamen, ya se dio la primera lectura y tenemos más de un año incumpliendo la reforma constitucional que establece la autonomía del INEGI, de tal manera que tendríamos que mantener la cuasi legalidad en la que funciona el INEGI el día de hoy, si mantenemos esto fuera de la orden del día.

De tal manera que yo le pediría, en nombre de la Comisión de Hacienda, que se mantenga en el orden del día, como se encuentra, y quienes quieran hacer valer el estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lo podrán hacer valer en la discusión que haya en el pleno.

Yo, a mi criterio, en lo particular no coincido con lo que el Instituto realiza o lo que opina. Las opiniones que hace el instituto son exactamente las mismas que un partido político que no votó a favor del dictamen.

Y no coincidimos la mayoría de los diputados de la Comisión de Hacienda, por lo menos las dos terceras partes de la Comisión, con lo que dice ese instituto. Así que yo le rogaría que se mantenga el orden del día, por favor.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sí.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, diputada. Sonido a la curul de la diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): No quiero que se entienda otra cosa. Solamente quiero que tengan conocimiento todos los diputados de este estudio, que aunque no esté de acuerdo, en su opinión, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el diputado Chidiac, que se lo respeto, solamente quiero decir que si costó bastante caro este estudio y fue para conocer una apreciación de una institución pública como es la UNAM, vale la pena que todos los diputados, los 500 que vamos a ejercer el voto, conozcamos de las apreciaciones jurídicas.

No estoy imponiendo que suscribamos este estudio. Solamente que nos enriquezca la visión de un dictamen que, efectivamente, ya fue votado en las comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

No estoy renunciando a él ni estoy cambiando el sentido del dictamen; solamente creo que vale la pena que los 500 diputados gocemos de un trabajo que costó bastante caro —creo—, tengo entendido que aproximadamente 400 mil pesos.

Entonces vale la pena darle sentido a un gasto, para que todos conozcamos de estas apreciaciones jurídicas. Por lo demás, el orden del día no estoy solicitando que se cambie.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Está correcto. Va a seguir el mismo orden del día. Entendemos el valor de estos estudios, que como todos los diputados sabemos, no son vinculatorios. Pero esta Presidencia no tiene ningún inconveniente en que se pueda reproducir este estudio y distribuir entre los diputados, para que los diputados lo conozcan y, en su momento, en su discusión, cada diputado tomará su decisión propia.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, diputado Chidiac. Sonido a la curul del diputado Chidiac. ¿Sobre este tema?

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Sí, sobre este tema. Sólo quisiera que se hiciera la corrección de que ya se le dio primera lectura hace cerca de dos meses. Y que la Mesa Directiva revise, si es tan amable, y usted así lo ordena, que se revise que ya se le dio primera lectura, porque no estamos pidiendo dispensa de trámites ni ninguna urgencia para que se votara, sino simplemente que se le dé ya la segunda lectura y, en su caso, votación.

Ojalá puedan ustedes revisar en las actas correspondientes que ya se le dio primera lectura a este dictamen. Y estamos totalmente de acuerdo en que se socialice una fotocopia de este estudio y en el momento en que se vaya a votar, que sirva de elemento para que cada quien haga y norme su juicio.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Esta Presidencia tiene información muy precisa, en el sentido de que no se cantó la primera lectura; sí se había agendado, pero se retiró. Por tanto, el trámite correspondiente, reglamentario, es que hoy le demos la primera lectura al dictamen de referencia, y si nos permiten, ya vendrá el momento procesal de la discusión, de la argumentación de posiciones, que éste no es el momento.

Vamos a continuar con la lectura de los dictámenes de primera lectura.

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, y en virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Quedan de primera lectura. Dictámenes a discusión.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, permítame. Estamos en votación. Sonido a la curul de la diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Había una solicitud, señor Presidente, de que este estudio estuviera en nuestra curul antes de que pudiéramos discutir.

Yo no me niego lo que la soberanía de esta Cámara de Diputados decida por mayoría, y si por mayoría decide darle obviedad a la primera y segunda lectura y entrar en debate, adelante. Pero me parecería muy sano, porque si no, no tiene sentido haber pagado más de 400 mil pesos de recursos públicos de un estudio al que no tenemos acceso todos los diputados, los 500 diputados de esta Cámara.

Digo, ¿de verdad hay tanta prisa como para que no tengamos conocimiento de un estudio?, ¿qué sentido tiene? Nada más para que lo conozcan unos cuantos.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado Presidente, aclaro mi solicitud. Mi solicitud no es frenar la discusión. Mi solicitud es que preventivamente, todos los diputados, los 500 —y se asegure eso—, tengamos conocimiento de este estudio que tiene que ver con esta discusión.

Me parece que hay tiempo suficiente, acabamos de iniciar la sesión y bien se podría entrar a discusión en una hora y media, en dos horas, ya que todo mundo tengamos nuestro estudio.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Correcto. A ver, diputada, estamos en otro tema. Pero le vuelvo a decir: los estudios no son vinculatorios. Permítame tantito. Los estudios no son vinculatorios.

Segundo. Para la cuestión del trámite que estamos dando no tienen una injerencia directa y sí consideramos, esta Presidencia, consideró oportuno que los diputados conozcan este estudio. Por tanto, que no lo tenemos en la Mesa Directiva, le pediría que nos lo haga llegar para que… y estamos instruyendo para que se pueda reproducir y se pueda entregar a todos los señores diputados para que estén enterados del estudio que se mandó a realizar. ¿De acuerdo? Continúe con la votación, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado César Camacho Quiroz, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Camacho Quiroz: Gracias compañeras, compañeros diputados.

Decenas de miles en prisión padecen un sistema absurdo que penaliza la pobreza y la condición social más que los actos de esas personas. Procesos penales gravosos y largos, formalismos que rayan en el absurdo llegan a poner en situaciones vergonzosas a las víctimas de los delitos.

Peligrosas organizaciones criminales que le han robado la tranquilidad a la población, cada vez se hacen más fuertes, aprovechando cuantiosos recursos mal habidos. Es evidente el agotamiento del sistema de justicia, encuestas y testimonios muestran que nadie está conforme, ni las víctimas que no encuentran protección y difícilmente la reparación del daño sufrido, ni los inculpados, cuyos derechos son frecuentemente atropellados en juicios incomprensible para ellos.

El entramado jurídico y las instituciones que lo aplican, creadas para hacer justicia, se han vuelto paradójicamente injustas. Esta gran nación afronta el desafío y habrá de salir avante. Esta compleja circunstancia por supuesto que tiene solución.

Es así que a partir del dictamen que discutiremos enseguida se propone reformar integralmente el sistema de justicia penal, migrando del actual modelo mixto preponderantemente inquisitivo, a uno garantista de corte acusatorio y oral, adaptado a las condiciones y la cultura jurídica mexicanas y orientado, por la urgente necesidad de abatir los alarmantes índices de delincuencia y evitar la impunidad, garantizando el respeto por los derechos de todos.

Estamos, y no es un exceso retórico, creando un nuevo modelo, el modelo mexicano de justicia penal. Pero la cuestión no es precisar los objetivos de la justicia, sino la manera razonable y eficaz de realizarlos, como aseguró con razón Norberto Bobbio, al reflexionar sobre el futuro de la democracia. En México, la afirmación era válida hasta hoy.

El dictamen que se somete a su consideración es suma de voluntades. En él se expresan las principales preocupaciones que legisladores, como titulares, e integrantes de otros poderes públicos, incluso organizaciones de la sociedad civil, plasmaron en sus propuestas, creyendo interpretar el deseo vehemente de los mexicanos.

No sólo tiene el valor de las aportaciones, posee también el valor de las sesiones. Sobre esa voluntad colectiva se construyó un consenso, tratándose de un asunto complejo técnicamente hablando y socialmente sensible, la unanimidad alcanzada entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras es digna de subrayar. 10 iniciativas modifican una docena de artículos constitucionales para lograr que el sistema de justicia penal mexicano sea garantista, pero sobre todo más eficaz.

Garantista al inscribirse dentro de las recientes expresiones de la filosofía contemporánea en la medida que fija límites a los poderes públicos en la misma proporción que amplía el espectro de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así pone fin a los abusos de la policía, a la que al mismo tiempo dota de mejores instrumentos jurídicos; pero contempla a la vez medidas eficaces de control.

Es eficaz al establecer nuevos dispositivos para que el Estado enfrente al crimen organizado, por cierto el más peligroso y el que más agravia. Atacarlo, enfrentarlo con recursos jurídicos y materiales más adecuados para que obtenga mejores resultados.

Queremos contar desde luego con un Ministerio Público fuerte, pero no omnipotente ni menos avasallador. No más policías que detienen para investigar y sí a las autoridades que investigan para detener.

Como se aprecia, el dictamen implica un cambio de paradigma, el nuevo sistema impide penalizar la pobreza, es haz de luz sobre los oscuros entresijos de los procesos judiciales. Otorga fuerza a las autoridades; pero se reserva su control a las instituciones.

La reforma sin excesos es un hito en la historia del derecho penal en México. Sin mezquindad, sin medro político, legisladores y autoridades nos abocamos a trabajar en lo que más que un mandato se ha convertido en clamor popular: que la justicia realmente sirva a la nación.

Es el momento de impulsar y aprobar el dictamen de manera definitiva, pues como afirmó José Martí: en la justicia no cabe demora. Quien dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. Ésta es una reforma para el reestablecimiento del tejido social, para que instituciones y autoridades cumplan con las nuevas disposiciones y al hacerlo estén en condiciones de recuperar la confianza ciudadana.

Hoy entregamos a México uno de los resultados más esperados de este Poder Legislativo. El Estado mexicano emprende la recuperación de su razón de ser, que es la tranquilidad de las personas y de sus familias. El poder público tiene una deuda con la nación mexicana. Hoy empezamos a pagársela. Gracias.

Señora Presidenta, le haré llegar un documento de las Comisiones Unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales, en el que se efectúan un par de precisiones, un par de precisiones al texto normativo de adiciones, y algunos argumentos adicionales en la parte considerativa, para que en el momento legislativamente oportuno pueda ponerlas a consideración del pleno y que se integren al texto principal del dictamen cuya discusión nos ocupa. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, antes le pedimos que, en todo caso, usted presente la propuesta de modificaciones. Sin embargo, antes nos está pidiendo la palabra el diputado Javier González Garza.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Con gusto.

El diputado Javier González Garza (desde su curul): Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Estamos en medio de un asunto que es de trascendencia nacional y me parece que es una reforma constitucional necesaria. Es una reforma constitucional en donde se ha avanzado en muchas cuestiones.

Mi grupo parlamentario pide que podamos discutir este asunto después, porque tenemos puntos absolutamente insalvables que tienen que ver con las libertades de la gente, que tienen que ver con el arraigo, que tienen que ver con los allanamientos, que tienen que ver con los derechos humanos y, por tanto, que nos permitan una discusión. Todavía no estamos listos para esto. Que se discuta el día de hoy, pero que nos den un rato para poder discutir con las demás fracciones parlamentarias.

Entonces, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito aprobar moción suspensiva —para el día de hoy— al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política. Atentamente, Javier. Que se posponga un rato esta discusión. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Javier González Garza; estimado compañero y líder de mi bancada —para que no se vaya a enojar por lo que le voy a decir—, pueda ser que en lugar de moción suspensiva, se pueda pedir una suspensión de dos horas para que se pueda tratar de lograr un acuerdo en el grupo y todos los que tienen alguna cuestión de inconformidad.

Ya no pasaría a fundamentar ahorita las propuestas, alternativas que tiene el diputado César Camacho y la Comisión. También seguiría el posicionamiento del diputado Lozano a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales después de las dos horas. Mientras vamos a seguir desahogando otros asuntos aquí en la plenaria nosotros. ¿Alguien estaba pidiendo el uso de la palabra, perdón?

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Cuando reinicie va a pasar el diputado César Camacho primero a fundamentar las propuestas que están haciendo en la comisión, para conciliar las diferencias que había y también pasaría el diputado Andrés Lozano.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros ¿podrían votar por la indicación que está dando la Secretaria? Porque no podemos decir si sí o no. No votó nadie. Por favor vuelva a consultar la Secretaría.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Sigue abierto el sistema.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sigue abierto el sistema, pero les vamos a pedir que registren porque tenemos que cerrarlo ya para la votación que viene.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 444 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No existiendo ningún diputado por la comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Sin embargo, no habiéndose inscrito ningún diputado para fijar posición respecto al dictamen, consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Queda suficientemente discutido y se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está Cámara de Diputados da un cordial saludo a los invitados especiales de Atlixco, Puebla. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 371 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 371 votos, el decreto que adiciona un artículo 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria…

Nos ha llegado un documento de parte de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, firmado por 20 diputados, en donde nos solicitan que este punto se regrese a la comisión que lo ha presentado. Solicito a la Secretaría que consulte en votación económica al pleno si es de aceptarse la propuesta realizada por esta comisión.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si es procedente devolver a comisión el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se regresa a la comisión tal y como han hecho la petición los suscritos.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputados y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Estamos recibiendo una petición de la presidenta diputada de la Comisión de Economía. ¿Le abren el micrófono en su curul? Por favor.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (desde la curul): Diputada Presidenta, muy buenas tardes. Pedirle, a nombre de la Comisión de Economía, que este dictamen lo tenemos… Le pedimos, le pido en lo personal, como presidenta de la comisión, que pueda quedarse fuera del orden del día, no que regrese a la Comisión, sí que se posponga para el siguiente periodo; porque en este momento estamos en un análisis, casi estamos llegando a los acuerdos.

Hay un acuerdo entre las diferentes bancadas, entonces le pediríamos que, por favor, la retire del orden del día y pueda pasar en el siguiente periodo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada, usted está haciendo la petición a nombre de la Comisión, me supongo que todos los integrantes de su Comisión están de acuerdo con esta petición. ¿Sí? Es que nos envían antes las peticiones suscritas por todos los diputados.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (desde la curul): Sí. Enseguida, para que quede constancia de todo esto, se le entregará el documento por escrito; pero sí, ya está hecho a nombre de las tres bancadas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es procedente la petición de la diputada, por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si es procedente la propuesta de la presidenta de la Comisión de posponer para el siguiente periodo de sesiones la discusión de este dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pospone la discusión de este dictamen para el siguiente periodo. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria… Antes de consultar ¿no van a dar de baja este dictamen? ¿El presidente está de acuerdo con que continuemos con el procedimiento? Si hubiera algún otro dictamen que no quieran que se vote hoy, por favor nos mandan el procedimiento con anticipación. ¿Sí? Bueno.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura.

En virtud de que no hay ningún diputado por la Comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de dictamen.

No se ha registrado ningún diputado para fijar posición ni tampoco para participar en la discusión en lo general y en lo particular, por tanto, pido a la Secretaría consulte al pleno si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pide a la Secretaría… Perdón, suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 369 votos en pro, 3 en contra y una abstención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 369 votos el decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 81, 83 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales. En virtud de que se encuentra publicado en la Garceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. En vista de que no hay ningún diputado para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.

No habiéndose registrado ningún diputado para este punto, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo ningún artículo reservado, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de todos los artículos.

La Secretaria María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria María del Carmen Salvatori Bronca: ¿Falta algún diputado de emitir el sentido de su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se emitieron 353 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos el decreto que reforma los artículos 81, 83 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le dispensa, entonces, la lectura. Al no haber ningún ponente inscrito para fundamentar el dictamen, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

No se ha registrado ningún orador para discutir ni en lo general ni en lo particular. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutido.

En consecuencia, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? ¿Compañeros? Diputado Miguel Ángel Jiménez.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Carlos Torres.

El diputado Carlos Alberto Torres Torres (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Izquierdo.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Tomás del Toro.

El diputado Tomás del Toro del Villar (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputado Cárdenas.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se emitieron 349 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular por 349 votos el decreto que reforma el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de Dictámenes con puntos de acuerdo

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza.

El Secretario Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Economía, por los que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para implantar acciones que eviten el incremento injustificado de precios de los bienes, servicios y productos.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, por los que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía a que la norma oficial mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 sea expedida como norma oficial mexicana, a efecto de que sea vinculante y obligatoria.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Turismo, por los que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para a través de la Secretaría de Turismo, considerar la ribera de Chapala, Jalisco en el programa Pueblos Mágicos.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Gobernación, por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que informe por escrito a la Cámara de Diputados sobre los avances y resultados relativos a la rezonificación salarial de los trabajadores de la educación del estado de Oaxaca.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de la Función Pública, por los que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre los resultados de las investigaciones respecto a la empresa Gutsa Infraestructura, S.A. de C. V., y de la inhabilitación correspondiente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en el siguiente momento procesal.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Comisión de Justicia, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Comisión de Justicia, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Comisión de la Función Pública, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto al final.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo y se ha registrado en contra del mismo la diputada Aleida Alavez Ruiz, por lo que se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Este punto de acuerdo que desecha la iniciativa es, otra vez, la discusión sobre sesionar martes, miércoles y jueves de manera ordinaria, por la serie de trabajos que se van acumulando, puntos de acuerdo, iniciativas, dictámenes que lamentablemente no desahogamos de manera responsable porque, independientemente de estar desahogando así las iniciativas o los puntos de acuerdo, yo creo que esta Cámara debería dar más la discusión, deliberar más sobre lo que venimos a proponer, sobre los temas que son torales para el país, y no solamente hacerlo de manera económica.

Ésta es una discusión que se da en el marco del descrédito que tenemos de la Cámara de Diputados sobre el trabajo o la productividad que hacia fuera reflejamos en la vida cotidiana de la gente, porque podría ser que con las reformas que aquí se aprueban haya un sentir hacia fuera, con la gente común, de que esto no se traduce en una mejora en su calidad de vida.

Hagámonos pues responsables de que este aumento que se documentó el lunes en un foro de la canasta básica, de 36 por ciento, es lo que más se refleja en la vida cotidiana de la gente y no así estas reformas que se quieren pasar fast track en la Cámara de Diputados, sin dar discusión, sin dar la argumentación necesaria para creer que es en pro de la ciudadanía y de todos los derechos que supuestamente estamos defendiendo y tutelando.

Por eso es mi rechazo a que esta Cámara se niegue a sesionar un día más, para entonces poder establecer que queremos desahogar más la discusión, que no se da lamentablemente. Y que reformas tan importantes como la de ayer, como las que se han trabajado en este periodo, han sido bajo la conculcación de derecho que tenemos como diputados de modificar estas reformas que vienen del Senado.

Tanto la del Cofipe, como la reforma constitucional electoral, no fue discutida ni cambiada en una coma en la Cámara de Diputados. Se nos negó esa posibilidad y estamos entonces así renunciando a corregir las iniciativas o los dictámenes que nos llegan de la otra Cámara. Y entonces no estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde.

Ése es el motivo por el que se sugería la sesión de un día más en la Cámara de Diputados, pero lamentablemente se desecha con toda irresponsabilidad, porque además no se dan argumentaciones serias en el dictamen que se presenta para desechar esta propuesta, y se dice que se va a pasar a la discusión de la reforma del Estado, una vez que ahí se toque el asunto de las instituciones, de los tres Poderes, de la estructura orgánica de la Cámara, en fin, toda esa argumentación que entonces, si hacemos caso de esos argumentos tendría no que ser desechada, sino turnada a esta supuesta comisión, o esto de la reforma del Estado, para que ahí se valorara la propuesta; y no así negarnos y desechar una intención que hay que agilizar y darle más calidad al trabajo legislativo en el sentido de abrir la discusión en pleno de los problemas que estamos deliberando de manera tan pronta y entonces sí, yo ubicaría que estamos siendo irresponsables por este tipo de determinaciones.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Aleida Alavez Ruiz.

No habiendo ningún otro orador inscrito se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo que fue presentado en este momento y discutido por la diputada Aleida Alavez.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Continúe con los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Benemérita Escuela Nacional de Maestros.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo reservados para su votación en conjunto en este momento.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Esta Presidencia recibió iniciativa que reforma el artículo 40, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Verónica Velasco Rodríguez y José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia recibió iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Guadalupe García Noriega y Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a la Comisión de Economía.

Se recibió, asimismo, del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud.

Se recibió, asimismo, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Manuel Salvador Salgado Amador y Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnense a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió también de la diputada Elsa de Guadalupe Conde, del Grupo Parlamentario de Alternativa, iniciativa que reforma y adiciona un apartado c) al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese igualmente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

De la diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez, del Grupo parlamentario del PRD, se recibió iniciativa que adiciona un Capítulo VII-Bis al Título sexto de la Ley Federal del Trabajo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De la diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez, del Grupo Parlamentario del PRD, se recibió iniciativa que adiciona un Capítulo XXI al Título sexto de la Ley Federal del Trabajo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del diputado Horacio Emigdio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del PRI, se recibió iniciativa que adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 146 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Igualmente se pospone la iniciativa del propio diputado Mauricio Duck, para presentar reformas a diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

De la propia diputada Ruth Zavaleta Salgado, iniciativa que reforma el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

De la misma diputada Ruth Zavaleta Salgado, iniciativa que reforma los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

De la propia diputada Ruth Zavaleta Salgado, iniciativa que reforma el artículo 210 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De la misma diputada Ruth Zavaleta Salgado, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

También recibimos de la diputada Ruth Zavaleta Salgado iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Zataráin González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Ernesto Zataráin González: Una de las mayores conquistas en materia laboral, en México, es el derecho a la seguridad social contenida en el artículo 123 constitucional.

Debemos aspirar, todos los diputados de esta legislatura, a que los mexicanos, hombres y mujeres, cuando terminen su vida económicamente activa, deban de tener el privilegio de vivir dignamente su vejez con una jubilación decorosa.

Con su venia diputado Presidente. Diputadas y diputados de esta LX Legislatura, amigas y amigos todos. El que suscribe Carlos Ernesto Zatarain González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás correlativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 123 constitucional con el fin de universalizar la portabilidad de la seguridad social en todo el territorio nacional.

Los trabajadores mexicanos se enfrentan hoy a un elevado índice de movilidad laboral, al incrementarse el número de casos que trasladan sus actividades del sector público al privado y viceversa.

Esto se presenta como una búsqueda de un mejoramiento de sus ingresos y condiciones laborables. Particularmente quienes se emplean en el sector público se encuentran ante la grave imposibilidad de trasladar de un sistema a otro los beneficios sociales por los que cotizó en su régimen laboral. Ello es más serio en el caso de los derechos pensionarios de salud y fondo de vivienda, pues cuando una persona ha cotizado para acceder a una pensión en determinada institución, y aún no alcanza el tiempo requerido para obtener el beneficio, al cambiar el empleo debe trasladarse a otro sistema de seguridad social distinto; corriendo el riesgo de perder sus contribuciones ya realizadas en el régimen antiguo con el simple transcurso del tiempo.

En el nuevo sistema no se le toman en cuenta sus cuotas aportadas. Yo quiero manifestarles a todos ustedes diputados y diputadas, que esto ha sucedido en el régimen que tenemos; que si un funcionario está en el Apartado B, sea municipal y cotiza a un sistema estatal, después pasa como diputado federal o como senador de la república, cotiza para el ISSSTE. Y obviamente del sistema municipal o estatal no puede portar con su seguridad social.

Al final de su vida económicamente activa no va a poder jubilarse. Nosotros debemos pensar en todas aquellas personas que también están en el sector público. Para que no, ellos estén cuidando el nicho que tienen o no quieren beneficiarse con un cambio para irse a la iniciativa privada, porque si se cambian, y tienen 15 años trabajando en el sector público y se van al régimen del Seguro Social, no van a poder llevarse su seguridad social.

Por eso, creo que esta iniciativa que estoy poniendo a su consideración es de avanzada; que nosotros debemos apoyarla, para lo que les comento, que es importante, hagamos una reforma a ese artículo 123 en su tercer párrafo, a efecto de otorgar al trabajador la universalidad de sus derechos de seguridad social, independientemente del régimen bajo el cual laboren. Para tal efecto se promoverán los procedimientos que garanticen la portabilidad de conformidad a las leyes reglamentarias que sean aplicables en todo el territorio nacional.

De igual forma se propone, en la fracción XII del Apartado A, el derecho de los trabajadores. Y le ruego diputado Presidente, me permita, no obstante que son 5 minutos, identificar claramente cuáles son los artículos y como quedarían en la reforma al artículo 123 constitucional y a consideración de todos ustedes, legisladores y legisladoras, que me den un poco más de tiempo para fundamentar mi dicho.

Quiero manifestarles cómo quedaría el artículo 123 en esta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el cuarto párrafo del apartado A, en su fracción XXIX, y se adiciona un párrafo tercero a la fracción XII del apartado A y un párrafo tercero en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política, para quedar como sigue.

Artículo 123. …

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y a la universalidad de sus derechos de seguridad social, independientemente del régimen bajo el cual laboren; al efecto, se promoverán la creación de empleos, la organización social para el trabajo y los procedimientos que garanticen la portabilidad de derechos a la seguridad social, conforme a las leyes reglamentarias aplicables en todas las partes integrantes del territorio nacional.

Inciso A.

Fracción XII. Los trabajadores que cambien de régimen laboral tendrán derecho a que se tome en cuenta en el nuevo régimen los requisitos cumplidos y las cotizaciones realizadas para continuar disfrutando de este beneficio.

Y, en la fracción XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Los derechos de los trabajadores por estos conceptos y los requisitos cubiertos y cotizaciones realizadas para el acceso a los mismos serán tomados en cuenta en caso de que éste traslade sus actividades a un régimen laboral distinto.

Por último, en el apartado B del 123 constitucional, del inciso a) al f) dirá: Los trabajadores tendrán derecho a que les sean respetados los requisitos cubiertos y las cotizaciones realizadas para acceder a los beneficios de la seguridad social en el caso de que trasladen sus actividades laborales a un régimen distinto.

Por todo lo anterior, señor Presidente, solicito que se inscriba de manera íntegra en el Diario de los Debates y se conceda como petición especial que se envíe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para ver el impacto que a los recursos de las finanzas públicas, tanto federales, estatales, como municipales, tendría esta iniciativa. Por la atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Carlos Zataráin González. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales e inscríbase su intervención íntegra en el Diario de los Debates.

Se recibió de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se recibió, asimismo, del diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Se recibió del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. Túrnese a la Comisión de Economía.

Se retira del orden del día la intervención del diputado Felipe Díaz Garibay, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Gustavo Macías Zambrano, para presentar iniciativa que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Gustavo Macías Zambrano: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado.

El diputado Gustavo Macías Zambrano: El suscrito diputado Gustavo Macías Zambrano, a nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Salazar Madera, Omar Antonio Borboa Becerra y Mario Eduardo Moreno Álvarez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se deroga el párrafo tercero del artículo 46, se deroga la fracción XI del artículo 76 y se reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución no es un acto arbitrario ni producto del capricho de los hombres, por el contrario, es la única forma práctica y legítima de conjugar los factores fundamentales que constituyen la esencia misma de la estabilidad jurídica y política de México. Por lo mismo, no basta que la Constitución exista, es necesario su acatamiento. Ésta es la tarea básica de un bueno gobierno.

La Constitución contiene el proyecto nacional del pueblo de México. En ella la nación expresa su decisión fundamental y afirma su voluntad de conservar su identidad como comunidad, es catálogo ideológico, porque en sus preceptos están inscritos los principios rectores de la sociedad en la que vivimos.

En la búsqueda de los órganos competentes y de los procedimientos idóneos para salvaguardar el orden constitucional, se pueden tomar decisiones incorrectas si se parte de supuestos equivocados, tal es el caso de la reforma constitucional del 8 de diciembre de 2005, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a los artículos 46, 73, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A través de esta reforma constitucional el órgano reformador de la Constitución dispuso que el Senado de la República sea ahora el competente para conocer de los conflictos de límites entre las entidades federativas, quitando esa facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien conocía de esos asuntos en controversias constitucionales.

La presente iniciativa tiene como objetivo devolver esa facultad a nuestro Tribunal Constitucional con base, entre otros, en los siguientes

Argumentos

El Senado es un ente eminentemente político, la resolución de los conflictos será al contentillo del consenso político, sin tomar en consideración los diversos factores que participan en el problema y los diversos actores que se ven involucrados.

A contrario sensu el compartimiento que tendría un órgano del Poder Judicial de la Federación como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en el artículo 100 constitucional le estatuye los principios a los que deberá plegar su desempeño en su función que son: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Se afirma también que la reforma constitucional fue un retroceso, ya que se había avanzado mucho en el campo de la justicia constitucional en nuestro país, en la reforma de 1994 que otorgó facultades del Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para Acción Nacional la realización de la justicia es atribución primaria del Estado, la honesta, efectiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgase a los derechos fundamentales de la persona humana y de las comunidades naturales. Es además, condición necesaria de armonía social y de bien común, por eso es que se presenta la siguiente iniciativa.

Señor Presidente, en razón de la brevedad del tiempo, le solicito que el texto íntegro de la iniciativa que ahora presento a nombre de mis compañeros, sea insertado en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Gustavo Macías Zambrano. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates dicha iniciativa, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gustavo Mendivil Amparán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en esta ocasión me he permitido formular una iniciativa para modificar el artículo 135 de nuestra Carta Magna.

En este dispositivo se establecen las bases bajo las cuales se despliega el trabajo del constituyente permanente. ¿Qué significa esto? Pues es el procedimiento para modificar nuestra Constitución.

Aquí y ahora, hemos escuchado ya algunas iniciativas de reforma constitucional y casi todos los días se presentan iniciativas de reforma constitucional. Esto, por supuesto, debe poner en movimiento al Constituyente Permanente.

El Constituyente Permanente, como todos lo sabemos, lo conformamos ambas Cámaras con la participación de las legislaturas locales, por lo menos con el voto de las legislaturas locales, en su mayoría la mitad más uno.

Esta iniciativa se inscribe en la idea del federalismo que tanto pregonamos quienes estamos en esta Cámara. Pregonamos, planteamos, proponemos actitudes federalistas del Ejecutivo y nosotros mismos somos excesivamente centralistas en un ejercicio tan democrático y tan trascendente como modificar nuestra propia Constitución. Es por ello que el planteamiento busca darle una participación más activa a las legislaturas locales.

Seguramente muchos de ustedes, compañeras y compañeros, tuvieron el privilegio de ser diputados locales y ver con indignación cómo el Congreso de la Unión les remite a los congresos locales, para su aprobación o rechazo, una reforma que ya decidieron en el centro del país los diputados y los senadores.

Si reformar nuestra Constitución implica incidir en lo más importante de la vida de nuestro país, si como lo dijo el diputado que me antecedió, al reformar la Constitución se expresa la voluntad de la nación, creo que justo y legítimo es que al menos a través de la representación que tienen las entidades en sus diputados locales tengan una participación más activa en el proceso de estas reformas constitucionales.

Es por ello que el artículo 135 debería ser reformado para que los congresos locales puedan tener una participación más activa, puedan opinar respecto de las iniciativas que aquí los diputados federales, los senadores o quien tenga el derecho a iniciativa estamos proponiendo; pero que lo conozcan desde origen, no cuando ya se votaron.

Así, propongo de manera muy simple que el artículo 135 que dice: "La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.

Y propongo adicionar el siguiente párrafo que diga: "Presentado todo proyecto de reforma a la misma, deberá de remitirse por parte de la Cámara de origen, en comunicación oficial, un ejemplar a cada una de las legislaturas de los estados, a quienes se les solicitará emitir su opinión en torno al contenido del proyecto. Las opiniones remitidas por las legislaturas serán enviadas a la comisión dictaminadora respectiva.

Esto, compañeros, permitirá al menos que los diputados locales conozcan, antes de que les llegue el dictamen, el contenido de la iniciativa o de los dictámenes que aquí, en el Congreso de la Unión, desde la Cámara de Diputados o Senadores, se acuerden.

Yo sé que hay conciencia federalista en la mayoría de los compañeros legisladores, y estoy seguro de que esta iniciativa habrá de ser bien vista por los compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Gustavo Mendívil Amparán. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió del diputado Gustavo Macías Zambrano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se concede el uso de la palabra al diputado Delber Medina Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 85 Bis a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

El diputado Delber Medina Rodríguez: Con su autorización, señor Presidente.

La presente iniciativa la firman los diputados, además de su servidor, los diputados de las distintas fracciones parlamentarias. Por Nueva Alianza, la diputada Silvia Luna Rodríguez, Blanca Luna Becerril, Humberto Dávila Esquivel, Jacinto Gómez Pasillas, Ariel Castillo Nájera. Por la fracción del PRD, los diputados Sergio Hernández Hernández, Daniel Torres García, Odilón Romero Gutiérrez, Víctor Manuel Lizárraga Peraza. Por la fracción del PRI, el diputado Sergio Sandoval Paredes, el diputado Daniel Amador Gaxiola, la diputada María del Carmen Pinete Vargas. Por la fracción del Partido del Trabajo, el diputado Abundio Peregrino. Por Convergencia, el diputado José Luis Varela. Por el Partido Verde, Sergio Augusto López Ramírez.

Compañeros diputados, vamos a someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que adiciona el artículo 85 Bis a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre, al ciudadano, de manera que tenga sentido de solidaridad social.

Una de las figuras que tienen gran importancia y han dejado huella para todos aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar, sin duda alguna son los maestros mexicanos, los maestros, quienes además de transferir conocimientos desarrollan una vocación humanista. Los maestros y las maestras mexicanas han dedicado su conocimiento, su energía y su calidez humana para hacer de nuestros niños, niñas y jóvenes, hombres y mujeres capaces.

En nuestro país gracias a la labor de generación tras generación, la educación ha sido un instrumento principal de progreso para las niñas y los niños. Hoy en día el magisterio mexicano presenta una estructura por edad cada día más envejecida que el resto de otras ocupaciones, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población. Cerca de la mitad de los maestros de nuestro país tienen 40 años o más.

El trabajo desarrollado por el magisterio nacional ha tenido importantes repercusiones, uno de los logros más significativos ha sido el incremento de la escolaridad, que se ha extendido a todos los grupos sociales y regiones del país. Los maestros mexicanos, sobre todo aquellos de edad avanzada, ocupan un lugar importante entre los grandes constructores del presente y del futuro de la educación, no solamente por su capacidad, por sus conocimientos, por la manera de compartir experiencias, por su constante interés en superarse, sino por el extraordinario ejemplo que han sabido dar a los alumnos y son ejemplos y líderes en la sociedad.

En este marco, los profesores constituyen uno de los elementos más importantes del sistema educativo nacional. Son los promotores, coordinadores y agentes directos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cabe resaltar que en reconocimiento a las labores de los trabajadores y funcionaros, se ha dedicado a los trabajadores del servicio público, el gobierno federal ha otorgado varios reconocimientos y distinciones y estímulos. De manera particular a los trabajadores de la educación que se dedican a la labor docente, se les ha entregado ya, desde hace varios años, el premio Maestro Rafael Ramírez, por cumplir de 30 a 39 años en el servicio y el premio Maestro Altamirano al cumplir 40 o más años de servicio efectivos.

Es de observar que la convocatoria para otorgar los premios Maestro Altamirano y Maestro Rafael Ramírez al personal docente correspondiente al año 2007, publicado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, dice que el primero se entregará a los maestros que cumplan 40 o más años de servicio efectivo y señala en la base cuarta, que aquellos maestros que reciban el premio entre 40 y 49 años de servicio efectivo docente, no podrán ser acreedores al mismo premio cuanto tengan 50 años o más.

Voy a ir directamente a la propuesta de esta iniciativa que adiciona el artículo 85 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas.

Cabe aclarar que los maestros que están en servicio, después de cumplir 50 años representan un ahorro importante para el erario, toda vez que por no jubilarse no hay necesidad de que reciban la pensión, y además, le estén pagando al maestro que lo va a sustituir. Por eso es de reconocerse en dos sentidos a los maestros que tienen más de 50 años de servicio. Por un lado, el ahorro que representa para el erario y, por otro lado, la enorme vocación al servicio educativo, porque a pesar de poder jubilar no lo hacen.

Proponemos en esta iniciativa

Artículo único. Se adiciona un artículo 85-Bis a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue

Artículo 85-Bis. "Se crea la Medalla José Vasconcelos como premio al desempeño en la carrera magisterial, que se otorgará al maestro de educación básica que en forma perseverante y distinguida ha prestado 50 años o más de servicio. El consejo de premiación se conformará en los términos del artículo 83 de esta ley, para los efectos de la misma".

Concluyo, señor Presidente.

Transitorio

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Por su atención y por el apoyo a esta iniciativa, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado Delber Medina Rodríguez. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Gobernación.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Espejel Lazcano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No estando en el salón de sesiones, se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidente. El origen del poder resulta determinante en la orientación de las instituciones políticas. La creación de las mismas tiene un claro contenido histórico determinado por el conjunto de procesos y de contextos que influyen en su formación.

El diseño del gobierno y la forma en que el poder se encuentra estructurado, resultan determinantes en los resultados de las decisiones políticas para dar rumbo y desarrollo a este país. El diseño gubernamental supone la tradición institucional mexicana, la división del poder en tres figuras: Presidente, Congreso y el Judicial. Los tres gobiernan.

Sin embargo, como en la mayor parte de los países en América Latina, aquí el presidente ha tenido más atribuciones y poder, configurando el modelo conocido ampliamente como presidencialismo.

El Poder Ejecutivo controla en el actual diseño constitucional dos tipos de entidades públicas. Por un lado las secretarías de Estado y todas las dependencias que a ellas religan, como al mismo tiempo integran el gabinete legal del presidente.

Por otro lado, están las agencias paraestatales o instituciones del gabinete ampliado que han surgido principalmente como entidades estratégicas del Estado. Ejemplo de ellas Pemex, IMSS o ISSSTE son parte de dicho gabinete ampliado.

Diversas secretarías han tenido mayor relevancia de acuerdo con el perfil de los secretarios que las encabezan. Sin embargo, en México el gabinete presidencial ha tenido la particularidad especial de dar lugar a los espacios con que se pagan las alianzas que el presidente hace para obtener apoyos en su camino al mismo poder, bien sea por los compromisos adquiridos durante la época de campaña o después de ella.

Esto reduce la capacidad de acción del propio presidente y, en la mayor parte de los casos, la eficiencia y la eficacia de las propias dependencias, lo que es un problema particularmente importante en esta época, en donde es indispensable garantizar gobiernos de resultados.

La mayor parte de las decisiones relevantes que se toman en México son responsabilidad del Poder Ejecutivo; a pesar de que el Congreso cumple un papel importante en el proceso de toma de decisiones a últimas fechas ha cobrado una mayor importancia el fortalecimiento del Poder Legislativo en donde tan importante es la tarea de la formación de nuestro marco jurídico, como también lo es la vigilancia de las acciones que realiza la administración pública.

No se pretende establecer caminos para el disenso político entre Poderes. Se trata de contar con un recurso político ante una propuesta de nombramiento en los casos en que notoriamente no fuera idónea, si se pretende enfrentar los retos que representa el destino de nuestra nación y queéstos se conviertan en resultados positivos.

Es necesaria la congruencia de todos los servidores públicos que ejercen posiciones de liderazgo en la administración misma. Resulta fundamental que cuenten con experiencias probadas, capacidades y que sean agentes de cambios.

De tal suerte que la presente iniciativa pretende, mediante adiciones de nuevas fracciones a los artículos 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Cámara de Diputados ratifique los nombramientos que hace el presidente de la república en las áreas de gobernación, seguridad pública, desarrollo social, medio ambiente y recursos naturales, energía, economía, agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, comunicaciones y transportes, función pública, educación pública, salud, trabajo y previsión social, reforma agraria, y turismo.

Así como a los integrantes del gabinete ampliado, con la excepción de quienes encabecen entidades paraestatales orientadas al sistema financiero.

De igual forma, se pretende que el Senado ratifique los nombramientos de los encargados de despacho en materia de hacienda y crédito público, defensa nacional, marina, relaciones exteriores, el procurador de la república, así como a los titulares de las entidades paraestatales cuya naturaleza corresponde con las finanzas públicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adiciona un nuevo texto en la fracción VI del artículo 74, misma que se encuentra actualmente derogada, y se adiciona un nuevo texto de la fracción XII, pasando a ser el texto vigente de la actual a ser la nueva fracción XIII del artículo 76; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 74. …

I a V…

VI. Ratificar a los funcionarios encargados de despacho que nombre el presidente de la república en materia de gobernación, seguridad pública, desarrollo social, medio ambiente, recursos naturales, energía, economía, agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; comunicaciones y transportes, función pública, educación pública, salud, trabajo y previsión social, reforma agraria, y turismo; así como a los integrantes del gabinete ampliado, con la excepción de los titulares de las instituciones financieras de propiedad o participación estatal mayoritaria.

Artículo 76…

XI. Ratificar a los funcionarios encargados de despacho que nombre el presidente de la república en materia de hacienda y crédito público, defensa nacional, marina y relaciones exteriores, el procurador general de la república, así como a titulares de entidades paraestatales de carácter financiero de propiedad o participación estatal mayoritaria.

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuye.

Artículo transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 2007.

Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Montalvo. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Neftalí Garzón Contreras: Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, la presente iniciativa tiene como fin fundamental que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagre la inviolabilidad de los derechos mínimos consagrados a favor de la población en las garantías sociales establecidas en nuestra Carta Magna.

Las clases sociales no pueden desaparecer por más discursos rimbombantes que nacen de los que se creen dueños de este país. Las cifras sobre la pobreza en el país, que es sinónimo de hablar de desnutrición, muerte por enfermedades prevenibles, desempleo, salarios inconstitucionales, déficit de vivienda digna, justicia selectiva; nos muestran de manera descarnada no sólo la preservación de esta división, sino de un ahondamiento de la misma. En la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, se hace énfasis que la paz encuentra su base en la justicia social.

Por otro lado, en nuestra Carta Magna, en su artículo 3o. señala que se entiende por democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en un constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

La igualdad ante la ley, a secas, es una manera de perpetuar la desigualdad y la injusticia. Ante esta realidad la Revolución de 1910 hizo nacer por primera vez en el mundo, a nivel de la Constitución General de la República, las llamadas garantías sociales, comenzando por los derechos a la educación laica, gratuita y obligatoria; los derechos que nacen de la relación laboral y el reparto agrario. Posteriormente esas garantías individuales se han extendido a derechos como la salud, una vivienda digna, a un medio ambiente adecuado, entre otros.

No obstante lo anterior, los nubarrones de los neoliberales amenazan permanentemente con desaparecer o reducir al mínimo las garantías sociales. En ese camino van los asaltos jurídicos en contra de las leyes del Seguro Social, del ISSSTE, del Infonavit, la anunciada reforma a la Ley Federal del Trabajo y hasta la reforma fiscal, sólo por citar algunas.

Pero estos atracos son sólo temporales, ya que la existencia de la normatividad tutelar a favor de las personas que viven de su trabajo y, en general, para alcanzar la equidad social, nacen de hondas fuerzas y necesidades sociales que tarde que temprano exigirán reivindicación de sus justos reclamos.

Por estos motivos esta iniciativa, cuando todavía estamos a tiempo, busca garantizar que las garantías sociales, establecidas en nuestra Constitución, no puedan ser reformadas para reducir los derechos a favor de los mexicanos. Esto en analogía de otras disposiciones del derecho social que ordena que los contratos colectivos no puedan pactarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes.

En suma, pretendemos consagrar la inviolabilidad de los derechos mínimos de las garantías sociales a semejanza de la inviolabilidad que se establece en relación a nuestra Constitución federal.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo I "De las Garantías Individuales"

Artículo 1o. Los derechos sociales fundamentales consagrados en la Constitución y en las leyes que de ella emanen, en ningún tiempo y por ningún motivo podrán ser disminuidos o abrogados por disposiciones posteriores. En caso contrario, éstas serán nulas de pleno derecho; conservando su plena validez las disposiciones anteriores.

Señor Presidente, le suplico respetuosamente se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Neftalí Garzón Contreras. Insértese de manera íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Constitucional de los Órganos Constitucionales Autónomos.

El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera: Con su permiso, señor Presidente.

Honorable asamblea, en el marco de los trabajos de la reforma política del Estado que se están desarrollando actualmente, me permito someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 27, 28, 41, 49, 73, 102 y 123 de la Constitución mexicana.

El eje central de esta iniciativa es la creación de un apartado expreso en la Constitución General de la República, que le permita al Constituyente Permanente reconocer e instituir a los órganos constitucionales autónomos como instituciones auxiliares del supremo poder de la federación, dotados de plena autonomía presupuestal y operativa, con personalidad jurídica, patrimonio y régimen legal propios, que no estén sectorizados a ninguno de los tres Poderes de la Unión.

La iniciativa sostiene que deben considerarse como tales al Banco de México, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al Tribunal Agrario, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y a las universidades públicas federales autónomas.

Complementariamente presento un proyecto de Ley General de los Organismos Constitucionales Autónomos que tiene por objeto reglamentar las adiciones y propuestas en los que ve a la organización, funcionamiento y control de estas instituciones.

Para fundamentar esta propuesta practico el análisis de las transformaciones organizativas de la función pública que se incorporaron a nuestra Constitución, bajo el influjo de la teoría de la división de Poderes, en la intención de fijar pesos y contrapesos al ejercicio de la soberanía, y cuya evolución ha sido impulsada por la necesidad que el trabajo público ha impuesto al estado de derecho desde su creación y hasta nuestros días.

La iniciativa revisa mecanismos de la descentralización política y administrativa, así como los conceptos modernos y funcionales de la autonomía pública, sin omitir su causalidad histórica, su entorno federalista y sus posibilidades ciudadanizadas.

De modo general formulo la reflexión sobre la aparición de estas nuevas estructuras en México, que no pueden considerarse descentralizadas ni dependencias indirectas de la administración pública y mucho menos del Poder Ejecutivo.

El Banco de México, el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvieron un mismo origen funcional y se proyectaron como respuesta a los compromisos de distribución y especialización al trabajo, originalmente atribuidos a la administración pública; pero se han ido desprendiendo paulatinamente de ella hasta lograr los grados de autogestión que actualmente gozan, sin que por eso se consideren un cuarto poder, como tampoco independientes del Estado, unitaria e integralmente considerados.

Sostengo que, al ratificarse el reconocimiento pleno y expreso, los órganos autónomos constitucionales, como ya los define la ciencia jurídica, tendrán nuevas posibilidades autonómicas, una mejor eficacia en su función, resolverán las actuales ambivalencias que los asimilan, por hoy, a entidades paraestatales, centralizadas o sectorizadas.

Se atenuará visiblemente la injerencia de las facultades presidenciales, metaconstitucionales en su integración o en su operación. Se transformará su ejercicio de planeación y control presupuestal y, sobre todo, se creará un nuevo instrumento de control al Poder Ejecutivo, ya que será el Congreso de la Unión el que ejerza, respecto de dichos órganos autónomos, los poderes de propuesta y ratificación en la designación de sus titulares, con excepción de los que correspondan a las universidades públicas; así como la de fiscalización del ejercicio de su gasto público.

Convoco a los integrantes y a las integrantes del Congreso de la Unión, para ensayar un debate intenso sobre el contenido de esta iniciativa que ya ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara que se transcriba íntegramente su contenido en el Diario de los Debates, se remita a las comisiones competentes para su dictaminación y colateralmente se consigne a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos de la Reforma del Estado, para los efectos conducentes.

Muchas gracias por su atención a todos mis compañeros y mis compañeras, donde quiera que se encuentren.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Jorge Mario Lescieur Talavera. Inscríbase de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y dese cuenta también para su conocimiento a la CENCA.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Carlos Armando Reyes López: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Armando Reyes López: Someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192, 193, 194, 197, 198, 208, 228 y 241-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Estamos conscientes que nuestro sistema de organización de elecciones aún puede ser perfectible, ya que las leyes deben ser dinámicas y evolucionar al ritmo de las exigencias sociales.

De esta forma y en el marco de la reforma electoral se proponen las siguientes modificaciones al Cofipe, con objeto de realizar precisiones que permitan avanzar en el tema de la simplificación del proceso electoral, así como para dotar de mayores herramientas al Instituto Federal Electoral para tener un desempeño más eficiente.

Quiero referirles que la serie de artículos mencionados atienden principalmente el tema de organización electoral.

En los artículos 192 y 194 se menciona que en algunas secciones en las que el número de electores supera el límite establecido en la ley, se han presentado dificultades por ubicar las casillas contiguas en un mismo sitio, así como para integrar las correspondientes mesas directivas.

Por estos motivos se considera indispensable que la elección del espacio físico sea accesible y lo suficientemente amplio para concentrar el mayor número de casillas contiguas posibles.

En el artículo 193 un factor determinante en el éxito de las elecciones radica en la correcta integración de las mesas directivas de casilla, puesto que el abstencionismo por parte de los ciudadanos capacitados o la improvisación de funcionarios el día de las elecciones han contribuido en la detección de errores o en la incertidumbre de los resultados.

Por lo anterior, se propone eliminar la segunda insaculación, para que el IFE tenga la flexibilidad de realizar una selección mucho más depurada del primer grupo de ciudadanos insaculados.

En los artículos 197 y 208, a partir de las necesidades de cada distrito, se propone incrementar el número de casillas especiales para establecer la obligación de instalar un mínimo de 5 y un máximo de 10 casillas, lo anterior a partir de la evaluación que los consejos distritales realicen en función de la demanda esperada.

Esta propuesta atiende de manera particular la demanda social en cuanto a la insuficiencia de este tipo de casillas, en centros vacacionales o en puntos específicos de tránsito de personas.

El artículo 198. La propuesta tiene por objeto precisar, que la forma en que se realizará el registro de los representantes de casilla por parte de los partidos políticos sea por vía electrónica y de manera escrita.

De esta manera incrementaremos sustancialmente la certeza que se otorga al procedimiento y evita que algunos representantes puedan quedar sin registro. Asimismo, se considera la contribución del IFE para auxiliar a todos aquellos partidos que no cuenten con las herramientas electrónicas, con el propósito de cumplir con dicho requisito.

En el artículo 228. En el estricto sentido, nuestro ordenamiento no especifica la flexibilidad de abrir todas las urnas y contabilizar correctamente el total de las boletas destinadas para cada elección. Por lo anterior, se considera importante realizar esta especificación en la legislación.

En el artículo 241-A se considera oportuno que se realice la precisión del nombre del asistente electoral, por el de capacitador asistente electoral, a partir de sus responsabilidades y el desempeño de sus actividades.

En virtud de lo anterior y considerando que las modificaciones propuestas darán mayor certidumbre a la jornada electoral, someto a esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 192, 193, 194, 197, 198, 208, 228 y 241-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de este día.

Solicito a la Presidencia que el texto íntegro de esta iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Carlos Armando Reyes López. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Gobernación.

Se concede ahora el uso de la palabra, al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar Nacional.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venía, señor Presidente. Ruego a usted se incluya en el Diario de los Debates la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto de reforma que hemos presentado con antelación.

Esta reforma pretender recuperar el espíritu formativo original de la Ley del Servicio Militar Nacional, que fue impulsada por el general Lázaro Cárdenas del Río, en septiembre de 1939, cuando el III Reich invade de manera violenta a Austria. El primer mandatario, en su momento, previo la necesidad de preparar a la juventud mexicana de cara a una posible incursión de las potencias beligerantes.

No obstante ello, la Ley del Servicio Militar Nacional, sería publicada en Diario Oficial hasta el 19 de agosto de 1942; es decir, después de haber sido objeto nuestro país de un ataque por las potencias beligerantes en contra de buques fondeados en territorio nacional.

El Servicio Militar original, el propuesto y previsto por el general Cárdenas, contempla en su artículo 2o. que es a través de los establecimientos educativos de la federación y de los particulares incorporados y en cada uno de los estados, que se brinde la instrucción militar y contempla este mismo artículo la inclusión de las niñas, de las jóvenes en la que tenían los 16 años en las materias propias y conexas con el servicio militar.

Es de reconocerse que el espíritu formador del servicio militar se materializa en el artículo 15 del Reglamento de la misma ley, y ahí se precisa que esa educación deberá impartirse a los jóvenes de manera práctica y teórica.

Y es importante recordar que el Servicio Militar Nacional fue previsto para menores de edad. Esto por cuestiones pedagógicas.

Es, al momento en que el gobierno de la república determina reducir la edad de la mayoría ciudadana a 18 años, cuando se transgrede este principio pedagógico que impulsó al servicio militar y es por ello que estamos proponiendo que se reduzca la edad obligatoria a 16 años.

Ya que es indudable el objetivo fundamental de este servicio es la instauración de una institución formadora que al capacitar a los jóvenes al inicio de su instrucción media superior y superior, complementen su formación de carácter y valores, sus valores y arraigo con la patria, con lo que se tendrá otra visión que le servirá de guía en cuanto a su vocación hacia la carrera, arte u oficio que pretendan acceder.

Cito textualmente la exposición de motivos de la ley presentada en 1939.

"No debemos perder de vista que es importante vincular desde la realidad que se vive en la mayor parte del país tomando en cuenta los serios desastre que han afectado al mismo, derivado de diversos acontecimientos de la naturaleza y es por ello que nosotros estamos proponiendo que el nuevo Servicio Militar incida fundamentalmente en la formación de voluntarios jóvenes que apoyen al Ejército Mexicano y a la Armada, en el Plan Nacional DN-IIIE, que es precisamente uno de los servicios que estas instituciones brindan a la población en situación de riesgo.

Buscamos aprovechar la experiencia del Ejército para que ésta sea transmitida a los jóvenes conscriptos de todas las comunidades del país, que acudan a recibir su instrucción cívica y militar y que ésta se complemente con el conocimiento de un atlas de riesgo de las comunidades en que viven, lo cual permitirá identificar zonas vulnerables y al mismo tiempo, contar con una respuesta inmediata organizada en estas zonas en donde ocurra algún riesgo.

Es, para concluir, necesario recuperar el espíritu formativo pedagógico del Servicio Militar Nacional, que animó al General Lázaro Cárdenas del Río a impulsarlo desde 1939.

Por ello hemos presentado esa iniciativa que no tiene ningún otro objetivo más que el de recuperar la condición formativa y abandonar la práctica de que el servicio militar sirve simple y llanamente para cumplir un requisito que permite acceder al pasaporte y a otro tipo de documentación oficial en la población de nuestros jóvenes mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional.

Se recibió del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma el artículo 329 del Código Penal Federal. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que adiciona un artículo 21-B a la Ley Federal de Radio y Televisión. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación.

Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No estando en el salón de sesiones, se concede el uso de la palabra al diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados, someto ante ustedes la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El Cuerpo de Guardias Presidenciales es un cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea que depende operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional y que tiene por misión garantizar la seguridad del presidente de la república, de su residencia y demás instalaciones conexas; así como el de rendirle los honores correspondientes aislada o conjuntamente con otras unidades, de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

El número de efectivos de este cuerpo especial y su organización son determinados por el propio presidente de la república, de acuerdo a las atribuciones que, como mando supremo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, le confiere la Ley Orgánica de ese instituto armado.

Este cuerpo especial cuenta con un órgano técnico militar llamado Estado Mayor Presidencial, que auxilia al titular del Ejecutivo federal para la obtención de información general, planificar las actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad y que participe en la ejecución de actividades procedentes, así como en las de los servicios conexos, verificando su cumplimiento.

La historia de este cuerpo, a todas luces antidemocrática y elitista, se remonta al primer gobierno independiente de México con el nombre de Ayudantía General, en 1824, en que el general Guadalupe Victoria sentó las bases de lo que más tarde sería el Cuerpo Especial de Guardias Presidenciales.

Poco después, en 1846, Mariano Paredes y Arrillaga creó lo que entonces se llamó Estado Mayor Facultativo y que se encontraba bajo las órdenes directas del titular del Ejecutivo.

El autoritarismo santannista transformó este último cuerpo en el Estado Mayor de su Alteza Serenísima, y el presidente Comonfort, en 1857, lo denominó Cuerpo Especial de Estado Mayor del Presidente de la República.

Únicamente, y de acuerdo con su ideario liberal, el presidente Benito Juárez, durante su gobierno itinerante, se hizo acompañar de un grupo de militares que, en los tiempos más agrestes del conflicto con el Imperio francés, se encargaron de su seguridad y lo asistieron en sus actividades.

Desde Porfirio Díaz hasta Victoriano Huerta, todos los presidentes de México tuvieron a sus órdenes un cuerpo con estas características. Fue el presidente Plutarco Elías Calles quien, en 1926, institucionalizó su creación en la Ley Orgánica del Ejército, disposición legal que fue modificada en 1942, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho y de frente a las condiciones extraordinarias que planteaba la conflagración mundial que se encontraba en puertas, que se atribuyeron mayores facultades a este cuerpo, reasumiendo sus funciones originales al término de la Segunda Guerra Mundial.

En la actualidad el Estado Mayor Presidencial se encuentra conformado por mil 862 efectivos provenientes del Ejército y la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea, policías federales y locales y elementos civiles.

Lo anteriormente señalado corresponde a los recursos humanos dedicados exclusivamente al Estado Mayor Presidencial y es por ello que nos parece un derroche excesivo para la protección y defensa de una única persona, en el marco de la construcción de un Estado social democrático de derecho y, sobre todo, en el entendido de que nos encontramos en una situación de paz y estabilidad social, en donde el titular de la administración pública federal construye un nuevo entramado social que garantiza el desarrollo humano y las instituciones democráticas.

Cabe señalar que el órgano militar dirigente de este cuerpo especial, ha sido objeto de muchas y graves críticas. Investigaciones señalan, entre otras cosas, que el jefe del Estado Mayor Presidencial durante el periodo presidencial de Díaz Ordaz, el general Luis Gutiérrez Oropeza, fue quien ordenó el 2 de octubre de 1968 se colocaran francotiradores del Estado Mayor Presidencial en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Y tuvo una responsabilidad importante en la matanza de estudiantes que ahí se perpetró.

Otros acontecimientos se han suscitado en recientes ocasiones, como el pasado marzo, 7 de marzo, en donde el Estado Mayor Presidencial controló violentamente una legítima manifestación en el estado de Yucatán, durante la visita del presidente norteamericano George Bush.

En la presente iniciativa proponemos la desaparición de este cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea y, en consecuencia, que los elementos que lo conforman pasen a engrosar las filas de los cuerpos operativos.

Es por todo lo anterior, congruentes y comprometidos en la construcción de un Estado democrático de derecho y socialmente responsable, que someto a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto

Artículo único. Se derogan los artículos 141, fracción III, 15, 103, fracción I; 104 y 105 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Como artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los efectivos que se encuentran actualmente sirviendo en el cuerpo de Guardias Presidenciales y en el Estado Mayor Presidencial deberán ser reubicados en las unidades operativas de las dependencias a que pertenezcan sin menoscabo de sus derechos laborales. Es cuanto, diputada Presidenta. Solicito de usted sea integrado el texto completo en el Diario de los Debates de esta iniciativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Armando Barreiro Pérez. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones. No está. Nos vamos con la siguiente.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos García González, para presentar iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Carlos García y Juan Manuel Sandoval Munguia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Alberto García González: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Los que suscriben, diputados federales Carlos Alberto García González y el diputado Juan Manuel Sandoval Munguia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 59 de la Ley Federal de Trabajo, bajo la siguiente

Exposición de motivos

De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población, en menos de dos décadas habrá 120 millones de habitantes en México, de los cuales 67 millones serán personas en edad productiva y más del 50 por ciento de esta cifra estará conformada por personas que nacieron entre 1980 y el año 2000. Es decir, los niños y los adolescentes de hoy, serán los trabajadores, directivos, investigadores, empresarios y profesionistas de la primera mitad de este siglo.

Por lo tanto, el mayor reto es propiciar las condiciones necesarias para cubrir la demanda de miles de niños y jóvenes que se incorporarán año con año al mercado laboral dotándolos de un entorno laboral acorde a dichas necesidades.

En consecuencia, la generación de empleos anuales que se requiere actualmente es un poco más de un millón 100 mil.

Es por ello que se pretende actualizar la legislación laboral para dar sustento jurídico a lo que sucede en la práctica cotidiana, así como responder a los desafíos que plantean la productividad y competitividad de la empresa y la demanda de empleo de calidad por parte de millones de personas con ocupaciones precarias y de que quienes año con año se incorporan a la población económicamente activa.

En este sentido es importante mencionar que existen miles de jóvenes que no cuentan con los recursos económicos para dedicarse exclusivamente al estudio, por lo que se ven en la necesidad de trabajar y combinar dichas actividades.

Desgraciadamente las jornadas de trabajo son tan exigentes que en la mayoría de las ocasiones tales jóvenes se encuentran orillados a abandonar sus estudios y truncar de esa forma toda posibilidad de desarrollo económico y académico.

De igual forma pasa con las mujeres que tienen hijos, es menester encontrar una alternativa que permita a dichas madres cuidar a sus hijos y dedicarles más tiempo para que los apoyen en sus actividades escolares, en recreación y convivencia, ya que en la medida en que se destine tiempo a los niños, estos contarán con mejores herramientas para convertirse en hombres de bien.

El reto es arribar a un nuevo modelo laboral rígido en cuanto a sus principios de proteger los derechos de los trabajadores, pero flexible en cuanto a la posibilidad de adaptarse a las realidades que pretende regular.

En este sentido la propuesta de reforma en materia laboral se rige por la necesidad de contar con esquemas flexibles de horarios que tengan como propósito impulsar nuevas opciones de empleo formal para quienes están dispuestos a ofertar una menor cantidad de horas de trabajo o a trabajar en horarios discontinuos.

En el contexto descrito se torna indispensable adecuar el marco legal para dar flexibilidad a los horarios de trabajo, proponiendo su inscripción en cuatro grandes ejes, como a continuación les describo:

Primero. Repartir las horas semanales de trabajo con el objeto de que los jóvenes con edad de trabajar hasta los 25 años, que se encuentran estudiando, así como las mujeres con hijos, puedan descansar en cualquier día de la semana.

Segundo. Permitir la distribución del tiempo total de trabajo para atender de mejor manera los requerimientos de la productividad.

Tercero. Permitir que el patrón y el trabajador mediante acuerdo puedan repartir el tiempo de trabajo semanal a fin de que los trabajadores cuenten con el tiempo suficiente para realizar sus estudios, generando nuevas oportunidades día con día; y

Último. Establecer la posibilidad de disfrutar de más días de descanso acumulados y responder a las necesidades de la producción mediante un banco de horas, así como intercambiar los días obligatorios para ampliar los descansos semanales o mensuales previo acuerdo entre el patrón y el trabajador.

Por lo anteriormente expuesto, y en obviedad del tiempo, omito la lectura del decreto. Sin embargo solicito que la presente iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos García González. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

¿Se encuentra el diputado Adolfo Mota? Se concede el uso de la tribuna al diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 3o. y se adiciona la fracción V al artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, Presidenta. La presente propuesta tiene como intención modificar el primer párrafo del artículo 3o. y adiciona la fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Exposición de motivos

La administración municipal es el órgano de gobierno que está más cerca de la población que gobierna y, paradójicamente, es la entidad que menos recursos tiene para dar cumplimiento, como lo establece la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante esta situación los gobiernos federal y estatales han tomado una serie de acciones para apoyar al desarrollo social, la seguridad y el requerimiento de comunidades que integran la entidad de gobierno que son los municipios.

Sin embargo, los recursos que se proporcionan para cubrir sus necesidades no son suficientes. A esto hay que sumarle que dado que estos recursos están enfocados principalmente a la adquisición de bienes, obras y servicios, el costo de las erogaciones en materia del impuesto al valor agregado implica un alto porcentaje que tienen por ley que pagar a proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, así como a las importaciones de bienes que realizan.

En efecto, la ley en la materia establece en el artículo 3o. que los municipios deberán aceptar el traslado a que se refiere el artículo 1o. de la ley, y en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo de acuerdo con los preceptos establecidos.

En virtud de que los ingresos presupuestales de los municipios establecidos en la Ley de Ingresos, aprobada por el congreso del estado de su jurisdicción, por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones e ingresos extraordinarios, no están sujetos a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el municipio no está en condiciones de trasladar el IVA que por ley tiene que pagar y, en consecuencia, lo tiene que considerar como parte del gasto público.

El principio de la Ley del IVA es que el contribuyente productor, prestador de servicios, arrendador, importador, intermediario, etcétera, traslade el impuesto correspondiente en cascada hasta llegar al consumidor final, que es la persona moral o física que no tiene posibilidad de trasladar este impuesto de acuerdo con la ley y considerarlo como parte de su gasto o consumo personal.

Dentro de este principio se encuentran los contribuyentes, personas morales o físicas que enajenan bienes o prestan servicios; que están exentos del pago de este impuesto, como lo estipulan los artículos 9o. y 15 de la Ley del IVA y, por consecuencia, no tienen derecho al acreditamiento del impuesto que les fue trasladado o pagado en las importaciones.

En este contexto, el municipio no está tipificado en la ley como consumidor final, ni puede considerarse como tal, ya que el efecto de cascada del impuesto no es para sí mismo, sino para la población a la que gobierna.

El espíritu de la ley es dar un tratamiento especial o diferente a determinados entes de la economía del país, para no afectar el desarrollo y el municipio por su presencia, necesidades y efecto en la población, debe tener un tratamiento impositivo diferente o especial con relación de los demás órganos de gobierno.

Es de tomarse en cuenta que para las administraciones municipales los recursos que provienen del gobierno federal y del estado se ven disminuidos por el pago del IVA que les es trasladado y que pagan a los proveedores y prestadores de servicios; mismo impuesto que llega en forma automática al gobierno federal.

Por lo anteriormente expuesto, propongo modificar la Ley del IVA para que los municipios no se vean afectados en sus recursos por el pago de este impuesto en la adquisición de bienes, servicios, obras, arrendamientos e importaciones, dado que esa afectación repercute en la función que tiene encomendada, al tenor de las siguientes consideraciones:

Primero. Se modifica el primer párrafo del artículo 3o. de la Ley del IVA, eliminando a los municipios; y

Segundo. Se adiciona la fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del IVA, aplicando la tasa 0 en la adquisición e importación de bienes y servicios que realicen los municipios, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa cero a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

Fracción V. La enajenación de bienes o servicios a los municipios, así como a los bienes importados por estas entidades.

Ciudadana Presidenta, si es tan amable de darle turno a comisiones de esta propuesta municipalista que hago con mucho respeto al pleno. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Adolfo Mota Hernández. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 113 de la Ley de Amparo reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se acaba de recibir una comunicación de la Mesa Directiva. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: "Palacio Legislativo. México, Distrito Federal, 11 de diciembre de 2007. Mesa Directiva, Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de diciembre de 2007. Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo, del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema de votación, los integrantes de la Mesa Directiva solicitamos poner a la consideración del pleno que sean incluidos en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, para los efectos de dispensa de todos los trámites y se sometan a discusión y votación hoy mismo los siguientes

Dictámenes

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

Y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. Atentamente.

Firman la diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta; diputado Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente; diputado Cristián Castaño Contreras, Vicepresidente; diputado Arnoldo Ochoa González, Vicepresidente; diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria; diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, Secretaria; diputada Patricia Villanueva Abraján, Secretaria; diputado Javier López Adame, Secretario; diputada María del Carmen Salvatori Bronca, Secretaria; diputada María Mercedes Maciel Ortiz, Secretaria; diputado Jacinto Gómez Pasillas, Secretario; y diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, Secretario". Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se les van a entregar en este momento los documentos, pensamos que ya los habían puesto en cada curul. Se van a poner y, si me permiten, pasaría un orador mientras están repartiendo el documento y se pase a la votación, porque se quiere dispensar la segunda lectura. Por eso prendimos la chicharra, para ver si podían llegar más diputados, incluso.

¿Se encuentra el diputado Ríos Camarena?

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Sí.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Sí? Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 71 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Sí, diputada? Le dan sonido a la curul de la diputada Susana, por favor.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Diputada, solamente para solicitarle si pudieran bajarle al aire acondicionado, porque casi, casi nos estamos congelando.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada. Yo coincido con usted, ya lo había pedido desde hace 20 minutos.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Con su venia, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Vengo a presentar ante este semidesierto pleno y no pido recuento de quórum, porque sé que nuestros compañeros diputados están muy ocupados comiendo o haciendo arreglos que después tendremos que votar nosotros.

Pero lo que vengo a tratarles a ustedes es un tema jurídicamente importante. No hay duda que la institución del amparo es una de las principales instituciones jurídicas del derecho mexicano que han aportado al derecho universal la defensa de los derechos de los gobernados frente a la autoridad.

Sin embargo, en el ejercicio de este derecho de amparo resulta ser que en el amparo a leyes inconstitucionales los resultados que se dan de una suspensión o de una sentencia sólo afectan a quien se amparó.

Es decir, cuando existe una ley inconstitucional y alguien se ampara frente a ella no se le aplica la ley a él, pero sí al resto de los demás. Y ¿quiénes no se pueden amparar? Los más desvalidos, los más pobres.

Entonces, desde hace mucho tiempo he propuesto que se le otorguen facultades a la Suprema Corte de Justicia en materia de iniciativa, en el artículo 71 constitucional, para el caso de sentencias que ya hayan causado, estado con jurisprudencia.

Es decir, que ya sean obligatorias, porque resulta que ya estamos aplicando la vigencia de leyes plenamente inconstitucionales y no se ha establecido un mecanismo que proteja al resto de la sociedad, que tiene que seguir agobiada en la aplicación de este tipo de leyes.

Por esto, esta iniciativa tiene como propósito darles facultades a la Corte en materia de iniciativa, sólo en este caso, sólo en el caso de leyes inconstitucionales que hayan causado jurisprudencia.

El estudio que se realizó para efectuar esta iniciativa es muy amplio y muy largo y sé que están cansados, estamos cansados de esperar, ni siquiera de legislar, de esperar o de legislar un poquito en fast track, como solemos hacerlo, y no quiero cansarlos, sólo les quiero dejar muy preciso lo que estoy proponiendo.

Facultades a la Corte, de iniciativas para efecto de leyes inconstitucionales, que por razones jurisprudenciales así se hayan declarado. Esto protegerá sin duda alguna a millones de mexicanos que no tienen los recursos para presentar un amparo. Y deja intocados los principios substanciales del amparo mexicano, que son un ejemplo del derecho mexicano.

No quiero cansarlos, sólo pido a esta Presidencia que se incluya la iniciativa en el Diario de los Debates y se pase a la Comisión correspondiente, de Puntos Constitucionales. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Diputado, me permite sumarme a su propuesta?

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Sí, claro.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se concede el uso de la tribuna al diputado Jaime Espejel Lazcano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Se terminaron de distribuir los documentos? ¿No? ¿Todavía no? Edgar, si pueden apoyarnos para que se termine, por favor.

El diputado Jaime Espejel Lazcano: Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Jaime Espejel Lazcano: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el suscrito Jaime Espejel Lazcano, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica la fracción XXIX-C del artículo 73; las fracciones I y VI del artículo 115; la fracción VII del artículo 116 y se reforma la letra G de la Base Quinta del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En nuestro Estado en el que coexisten los órdenes jurídicos federal, estatales y municipales, así como el Distrito Federal, éstos deben estar coordinados entre sí, por la ley suprema que es la Constitución.

En esta tesitura, la propuesta que nos ocupa se fundamenta en el pacto federal entre los distintos órdenes jurídicos que debe ser el eje que no permita el abandono del desarrollo económico y social que se está presentando en las 55 zonas metropolitanas del país.

Basta mencionar, por ejemplo, la zona metropolitana del valle de México, conformada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y un municipio de Hidalgo, en donde se concentran más de 19 millones de habitantes y en el que el desarrollo metropolitano en esta zona es la puerta de las principales actividades económicas, políticas y sociales del país; representando en términos económicos 36 por ciento del producto interno bruto nacional y 56 por ciento de los corporativos transnacionales.

Es por ello necesario, no sólo elevar a rango constitucional el fenómeno metropolitano, sino impulsar la creación de institutos cuya labor sea la coordinación interestatal e intermunicipal, para el diseño de planes de desarrollo conjuntos que, a su vez, sean espacios de diálogo permanente entre los sectores público, social y privado, para establecer políticas comunes en diversas materias, como seguridad pública, ambiente, transporte e infraestructura, así como la evaluación de programas, proyectos y acciones en la planeación urbana.

Esta propuesta pretende que las diversas instancias de gobierno estén obligadas a coordinarse, a fin de que realicen convenios sobre planeación y prestación de servicios públicos en el ámbito metropolitano, y no quede esto sólo a su libre voluntad.

Por lo anteriormente expuesto y dado que la iniciativa aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, pido que se inserte la iniciativa en el Diario de los Debates.

Es todo. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Insértese integro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Vamos a continuar con el punto de la comunicación que dio la Mesa Directiva. Ya se aprobó que se pueda cambiar el orden del día; entonces sería en el siguiente orden del día, la Primera lectura de los siguientes dictámenes

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria y ustedes los tienen ya en sus manos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se le dispensa la primera lectura.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se dispensa la primera lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedan de primera lectura.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría calificada por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. No habiendo ningún diputado para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra a discusión en lo general el dictamen.

No habiéndose registrado ningún diputado para posicionar a los grupos parlamentarios y tampoco se ha inscrito ningún diputado para discutir en lo general. Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Queda suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la asamblea no ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, por lo que pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de todos los artículos, en un solo acto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónica. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?

Se emitieron 321 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 321 votos, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría calificada por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. En virtud de que no se ha inscrito ningún diputado para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está a discusión en lo general el dictamen.

No habiéndose inscrito ningún diputado para posicionar o para manifestar ninguna discusión en lo general, se considera suficientemente discutido el dictamen, y también se informa a esta asamblea que no se ha recibido ninguna reserva para dar cumplimiento al artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene que ser de viva voz, los que faltaron, por favor si se acercan aquí a la mesa.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Irene Aragón.

La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Ortega Martínez.

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Bautista.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Zepeda.

El diputado Martín Zepeda Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Altamirano.

El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Celso Pulido.

El diputado Celso David Pulido Santiago (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Pablo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Gerardo Buganza.

El diputado Gerardo Buganza Salmerón (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Díaz Gordillo.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Leticia Díaz de León.

La diputada Leticia Díaz de León Torres (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Díaz.

La diputada Elmar Darinel Díaz Solórzano: A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Susana Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se emitieron 305 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 305 votos el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 11 de diciembre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en el artículo 20 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

Proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de Sagarpa, ante comisiones del sector rural. Firman, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Los suscritos, diputados federales integrantes de los diferentes grupos parlamentarios y presidentes de comisiones ordinarias y especiales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de la facultad establecida en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para citar a comparecer ante estas Comisiones Unidas del sector rural al titular de la Sagarpa, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, para que explique las nuevas reglas de operación que funcionarán con el presupuesto aprobado por esta soberanía para 2008.

Como es del conocimiento de todos ustedes, el pasado 12 de noviembre de este año fue aprobado por esta soberanía el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, después de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas aquí representadas, logrando un presupuesto socialmente justo y distributivo.

Por lo que respecta al Programa Especial Concurrente, esta soberanía destinó para 2008 los recursos más altos para el sector agropecuario, colocándose en los 204 mil millones de pesos, recursos que resultan los más altos para este sector en la historia de México; pero fue también a través de un amplio consenso de todas las fuerzas parlamentarias de esta honorable Cámara de Diputados, por lo que es necesario destacar que el espíritu de los legisladores es no sólo incrementar los montos asignados a este sector tan vulnerable, sino que también la mayor preocupación de los legisladores rurales se centra en la hasta ahora deficiente y extemporánea aplicación de los recursos, lo que significa malestar, irritación e indignación de los campesinos en México y que el presupuesto de la nación, por una serie de ineficacias, no sea tan contundente como todos quisiéramos.

Ante este escenario, el Ejecutivo federal se comprometió a establecer nuevas reglas de operación que permitieran la eficiente, transparente y oportuna aplicación de los recursos. Sin embargo, los proyectos de reglas de operación que fueron presentados a los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, organizaciones de productores y legisladores, están alejados de la realidad, no obedecen a lo estipulado en el decreto de presupuesto para el 2008 que aprobó esta Cámara y, por lo tanto, no se encuentra congruencia para poder aplicar de manera cualitativa y cuantitativa los recursos del Programa Especial Concurrente para 2008.

En virtud de lo anterior, los legisladores de las comisiones del campo de esta Cámara de Diputados nos encontramos sumamente preocupados por la distorsión que existe en este proyecto de nuevas reglas de operación y lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que dicho sea de paso, no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que desde nuestra perspectiva generará las mismas prácticas de entregar los recursos a destiempo, de manera desfasada, sin transparencia y con los mismos vicios clientelares con los que hasta hoy se han entregado dichos recursos, o que dará como resultado seguir con un campo vulnerable, devastado y rezagado, como hoy lo tenemos.

Ante esta realidad y conscientes de que estamos en los tiempos oportunos de poder corregir estas anomalías, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Único. Que la Presidencia de la Mesa Directiva cite a comparecer a la brevedad posible al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Sagarpa, ante las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Pesca; de Desarrollo Rural; de Asuntos Indígenas; Comisión Especial de Citricultura; Comisión Especial para el Campo; Comisión Especial del Café; y la Comisión Especial de Ganadería, para que explique de manera precisa las nuevas reglas de operación con las que operarán los programas del PEC a su cargo, y que se instale un grupo de trabajo con legisladores e integrantes de AMSDA y Conago, para que se incorporen en las reglas de operación las propuestas que respondan al objetivo central del decreto de Presupuesto de Egresos 2008, en lo correspondiente al Programa Especial Concurrente.

Firman los presidentes de las comisiones ordinarias y especiales relacionadas con el campo, pertenecientes a esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señora Presidenta.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con qué objeto, diputada? ¿Le dan sonido en la curul de la diputada, por favor?

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Para preguntarle al diputado Padilla, yo no soy miembro de las comisiones que acaban de subir el acuerdo pero si me permite sumarme al mismo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Acepta el diputado. Consulte a Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, sí hay dos terceras partes, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. Diputado Santiago ¿quiere hacer uso de la palabra? Sonido en la curul del diputado, por favor.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (desde la curul): Para recordarles a los compañeros de esta Legislatura que cuando se discutió el presupuesto de 2006, el Ejecutivo se comprometió a discutir, a escuchar la opinión de los diputados en la elaboración de las reglas de operación. Sin embargo el Ejecutivo no cumplió ese compromiso. Ahora con el nuevo presupuesto…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañero, esa es una participación, ésta es ya una participación, la que usted está haciendo mención. Vamos a proceder ahorita a las participaciones de los compañeros que van a posicionar este punto, por favor. Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Díaz Contreras, del PRD, para posicionar respecto al punto.

La diputada Adriana Díaz Contreras: Con su permiso, señora Presidenta. Diputados y diputadas, las reglas de operación se identifican como el instrumento de la política más próximo a la población beneficiaria del gobierno del Estado. Ellas se constituyen como la expresión práctica más importante de los propósitos reales del accionar público.

Los siete programas contenidos en el borrador sobre las reglas de operación no manifiestan los elementos articuladores que los conduzcan hacia un propósito común ni las sinergias posibles que entre ellos se puedan generar para este logro.

Tampoco se advierten los elementos que pueda permitir que la concurrencia de los programas se haga efectiva con la idea de abonar en la articulación de las cadenas productivas.

Del análisis realizado en el contenido de las reglas de operación se deriva, de manera inmediata, la amplia capacidad discrecional de la Sagarpa, para asignar los recursos ya sea a nivel nacional mediante el comité técnico nacional o a nivel local mediante la unidad administrativa responsable o bien cualquiera otra instancia, donde la secretaría finalmente determinará lo conducente bajo criterios que, al no estar rigurosamente determinados, dejan a la libre decisión de la unidad responsable, la toma de decisiones para la asignación de los recursos.

Sería deseable que se incorporaran mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones a través de las distintas formas de organización de los productores, en los diferentes órdenes de operación. Esto democratizaría el proceso. Pero sobre todo haría que las comunidades se comprometieran con el logro de metas concretas y operaría de manera natural la Contraloría Social, evitándose la desviación de recursos y promoviéndose el mejor uso productivo de los mismos.

Se trata, debemos subrayarlo, de que efectivamente se utilicen los recursos para resolver los problemas de fondo del campo mexicano; sin que su destino esté sujeto a la personal consideración del funcionario en turno o de algún consejo de notables, quienes, así lo dice la experiencia, toman decisiones en función de intereses personales o de grupo, que no corresponden al interés nacional.

Es necesario que el Poder Ejecutivo, a través de la Sagarpa, se ciña a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el sentido de orientar las acciones gubernamentales dentro del marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en particular las reglas de operación.

Para este propósito es necesario conjuntar esfuerzos entre este Poder Legislativo y el Ejecutivo, con la presencia de las organizaciones de productores y las entidades federativas. En este sentido, se requiere el establecimiento de una mesa de trabajo donde participe la Sagarpa, la Cámara de Diputados, las representaciones campesinas y las entidades federativas a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Rural.

Es por eso que el grupo parlamentario votará a favor…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada, ¿me permite? Discúlpeme que la interrumpa, el diputado Arjona, le quiere hacer una pregunta. Le dan sonido a la curul del diputado, por favor. ¿Acepta usted la pregunta diputada?

El diputado Juan Manuel Villanueva Arjona (desde la curul) ¿Me permite una pregunta diputada Monreal?

La diputada Adriana Díaz Contreras: Desearía terminar, por favor, mi intervención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quiere terminar la oradora, diputado, y al final si ella acepta, dará respuesta a la pregunta.

La diputada Adriana Díaz Contreras: …comentaba que es por eso que el grupo parlamentario del PRD votará a favor de este punto de acuerdo porque es importante rediseñar las reglas de operación para que sean efectivas en el logro de la soberanía y la seguridad alimentaria de este país. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Le va a aceptar la pregunta?

La diputada Adriana Díaz Contreras: No.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No acepta la pregunta la diputada, diputado. Vamos a continuar con la siguiente oradora, es la diputada Susana Monreal Ávila.

La diputada Susana Monreal Ávila: Gracias, Presidenta. Teniendo en cuenta lo expresado por mi compañera, estimo pertinente señalar algunas cuestiones particulares del borrador de reglas de operación, que nos muestra la necesidad de su reformulación.

En el artículo 8, en donde se regula el programa para la adquisición de activos productivos, resulta atractiva la idea del plan anual de inversión de activos estratégicos, desde la perspectiva de una capitalización ordenada, que vaya incrementando paulatinamente la capacidad de los productores. Sin embargo, si no se tiene claridad respecto a los propósitos productivos que se buscan con los activos estratégicos se corre el riesgo de que los recursos públicos no se orienten en función del interés nacional.

Dicho en otros términos, si tales activos no se orientan preferentemente a la producción de los productos básicos y estratégicos para la alimentación nacional, entonces no se estará respondiendo a los mandatos constitucionales en la materia.

En lo que concierne a la parte operativa de apertura y cierre de ventanillas para los trámites, tanto en éste como en los otros programas, se estima que en general los tiempos de espera para el dictamen son muy largos, al tener que esperar que se cierren los plazos para la aceptación de la solicitud; lo que lleva en muchas ocasiones a la falta de oportunidad de los apoyos.

O bien, en la rigidez en los plazos para la ejecución de los proyectos seleccionados, lo que deviene con frecuencia en la necesidad de desistirse de los recursos por parte de los beneficiarios, ya sea por la imposibilidad material para la ejecución, o bien, por no disponer de manera oportuna de las contribuciones que le correspondan.

Sería conveniente tomar en consideración lo anterior y establecer mecanismos que eviten los inconvenientes señalados. De no hacerlo se está ante la imposibilidad de continuar los subejercicios presupuestales y el retorno innecesario de los fondos destinados al impulso del campo.

Con relación a los procesos de presentación de solicitud y su dictaminación cuando ésa es favorable, se puede estar ante la circunstancia de que tales solicitudes llenaron todos los requisitos y que, además, están dentro de los estratos preferentes; es decir, ante la igualdad de circunstancias.

Sin embargo, ¿qué tipos de criterios habrán de utilizarse para la asignación de los recursos? Esta situación será determinada por el criterio de la unidad o instancia responsable, es decir, bajo la discrecionalidad que puede imperar en esta decisión, lo que puede conducir a situaciones de injusticia y falta de equidad en la distribución de los dineros públicos.

Esta circunstancia, como muchas otras, requiere ser atendida mediante la definición de criterios dentro de un marco que restrinja las decisiones y evite lo antes señalado. Es por eso que hemos insistido en que los legisladores, junto con el Ejecutivo, puedan establecer estos criterios de las reglas de operación.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Susana Monreal Ávila. Tiene la palabra el diputado Pedro Santiago Cortés. Están inscritos también, para conocimiento del pleno, el diputado Pablo Arreola, el diputado Félix Castellanos y el diputado Víctor Sánchez Trujillo.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hago uso de la tribuna para sumarme a este punto de acuerdo.

El tema que está a discusión, a pesar del desinterés de algunos diputados, no es un tema menor. En 2006 esta Cámara de Diputados modificó la propuesta del Ejecutivo para asignarle mayores recursos al campo y los diputados dijimos que por fin se les estaba haciendo justicia a los campesinos; sin embargo, no lo logramos porque el Ejecutivo no tuvo disposición de modificar las reglas de operación.

Los recursos de 2006 se operaron con las mismas reglas de operación de años pasados, por eso hubo subejercicios, por eso los recursos se ejercieron fuera de tiempo.

En el presupuesto 2007, aquí se ha dicho la cantidad de dinero destinado al campo, es mayor. Es el presupuesto más alto, hemos dicho. Pero no ganamos nada, compañeros diputados, si no se modifican las reglas de operación, ése es el problema. Al final esta Legislatura aprueba un presupuesto y el Ejecutivo hace lo que quiere con los programas.

Por eso quiero decirles, además, que ha habido varios intentos de las organizaciones sociales para que el Ejecutivo —la parte operativa—, la Sagarpa, escuche sus puntos de vista. Esto no ha sido posible.

El día de hoy las organizaciones que tenían una mesa de diálogo con la Secretaría de Economía rompieron relaciones porque hay oídos sordos. Los secretarios de desarrollo social de los estados elaboraron una propuesta de reglas de operación, sin embargo, esta propuesta no ha sido escuchada por los funcionarios responsables.

Por eso, compañeras y compañeros, la propuesta que el diputado Padilla presentó en esta Legislatura, es una propuesta de mucha trascendencia porque tenemos encima, a pesar de que no todos tengan la misma apreciación, la apertura total de las fronteras en el 2008.

Para garantizar que el recurso autorizado en esta Cámara llegue al campo, es indispensable una nueva regla de operación y que en la elaboración de estas reglas se escuche a las organizaciones sociales y a esta Cámara. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Santiago Pedro Cortés. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: El punto de acuerdo que vamos a votar en unos momentos es de suma importancia. Es fundamental para poder concretar la cantidad de recursos que aprobamos en nuestra Legislatura en relación al campo.

No estamos hablando de un asunto secundario, nos estamos refiriendo a cuáles van a ser todos los mecanismos que deben usar los productores de nuestro campo para poder acceder a los programas de Sagarpa, y que no son pocos.

Hace algunos días nos hicieron llegar un proyecto de reglas de operación de Sagarpa y las estamos revisando y analizando. Y hay una inquietud muy grande de los productores, de las organizaciones campesinas, de todos los signos políticos, y creo que es tiempo, es momento de que hagamos eco de la voz que quieren verter todas y cada una de las organizaciones del campo mexicano.

Las reglas de operación han tenido problemas y problemas que han derivado en cumplir objetivos contrarios de los que se han fijado. Ha existido burocracia, ha existido tortuguismo por parte de la autoridad para poder llevar a cabo todos los programas dedicados al campo, prueba de ello es el subejercicio que existe actualmente.

Tenemos más de 3 mil millones de pesos que no se han podido, hasta este momento, entregar a los productores. Por eso creemos que tiene fundamento este punto de acuerdo y hay una voluntad expresa por muchas organizaciones del campo para que exista una mesa de diálogo con la autoridad correspondiente y poder definir de manera clara, definir también todos los mecanismos que se deben utilzar para que no haya problema en cada uno de los programas dedicados a la agricultura, a la ganadería de todo el campo mexicano.

Por eso nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, apoyamos este punto de acuerdo y esperemos que así lo hagan todos y cada uno de las compañeras diputadas y compañeros diputados.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Tiene el uso de la palabra el diputado Félix Castellanos Hernández.

El diputado Félix Castellanos Hernández: Muchas gracias, con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Félix Castellanos Hernández: Hace algunos días festejábamos en este recinto la aprobación de un presupuesto sin precedentes en la historia de nuestro país. Se decía después de esa aprobación que 2008 iba a ser el año con mayores recursos para atender al sector social del país y para atender al sector rural de nuestro país.

De qué sirve que este Congreso haya mostrado flexibilidad, madurez y responsabilidad, para aprobar un presupuesto para el campo mexicano sin precedentes en la historia de nuestro país, de qué sirve de que hagamos ese esfuerzo si la burocracia de este país, si las instituciones de este país responsables de atender y solucionar los problemas en el campo, lo único que hacen es enredar a los campesinos para acceder a esos recursos.

Hace algunos días estuvimos en las oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura. Los invitamos a aquéllos que no las conozcan, a que se den una vuelta, es un verdadero búnker, es una verdadera fortaleza. De qué sirve que la secretaría tenga tantos recursos si ni siquiera los campesinos pueden entrar a sus oficinas. Es más fácil llegar a otras oficinas de seguridad nacional de este país, que entrar a las oficinas del secretario de Agricultura.

Por eso quiero felicitar a los compañeros presidentes de estas comisiones vinculadas con el campo mexicano, por haber tomado esa determinación, y les pedimos a todas las compañeras y compañeros que se sumen a este punto de acuerdo y que votemos a favor.

Pero sólo queremos hacer una modesta sugerencia, todos queremos participar en la elaboración de las reglas de operación, en la burocracia, los legisladores, las organizaciones nacionales, grandes o pequeñas, viejas o emergentes, pero ¿y los representantes campesinos, los comisariados ejidales, las mujeres campesinas que no tienen la oportunidad de aglutinarse, quién las va a representar?

Busquemos pues, un espacio para aquellas organizaciones y aquellos representantes campesinos, que no pertenecen a ninguna organización nacional, pero que también tienen, junto con nosotros, que aportar en la elaboración de las reglas de operación.

Por eso llamamos a todas las diputadas y todos los diputados, a que votemos a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Félix Castellanos. Tiene el uso de la palabra, el diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: La intervención respetuosa que hacemos es por tener, gracias al apoyo de este Congreso, la oportunidad de ser representantes, ser presidente de la Comisión de Citricultura en el país.

Tenemos algunos temas que bien vale la pena ponderar. Ya se ha mencionado aquí del presupuesto aprobado, de los dineros que le hacen falta al campo, del acuerdo político del Congreso, de la bien intencionada puesta en marcha de recursos para el próximo año, pero nos llevamos la sorpresa de la puesta en marcha de las reglas de operación.

Indudablemente hemos entendido y así es como se menciona y se dice y se lee, es facultad del Ejecutivo. Yo aquí hago un llamado respetuoso al presidente Felipe Calderón, que ha hecho en este Congreso diferencia con el sexenio anterior, de hacer acuerdos, de lograr que podamos transitar todos, todos los grupos parlamentarios y ha estado abierto para que estas cosas salgan bien.

Por eso, el llamado respetuoso a él es para que instruya a sus secretarías, especialmente la del campo, y esas reglas de operación que sí logren el acuerdo para poder ponerse en práctica allá con la gente.

Yo expreso ante ustedes un sólo tema de comercialización en el sector de citricultura de este 2007. Tenemos 135 millones de pesos aprobados y lo único que ha bajado hasta esta fecha —y que faltan días para que termine el año— son 60 millones de pesos que faltan, de 135.

Prácticamente esos 60 millones de pesos que le hacen falta de apoyo, allá, a la gente del campo, no van a llegar si no hacemos el acuerdo como ya se ha pactado aquí y que ya ha sido aprobado para que nuestro secretario de Agricultura comparezca, nos hable de las reglas de operación de 2008 y que nos explique a fondo también, en los subejercicios detectados en las ramas de esa secretaría.

Por eso, mi posición, junto con la de nuestra Comisión de Citricultura, va en el sentido de que aprobemos este punto de acuerdo y hacer lo mejor posible en su comparecencia. Respetuosamente, muchas gracias a todos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Pedro Montalvo Gómez. Tiene el uso de la palabra el diputado José Víctor Sánchez Trujillo.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Estoy aquí para posicionar, por supuesto, nuestro voto en favor de este punto de acuerdo que presentan las comisiones del campo de esta Cámara, dentro de las cuales se encuentran la Comisión de Ganadería, la Comisión de Reforma Agraria, que presiden compañeros panistas.

Y estamos en favor porque afortunadamente, así como lo demostramos en meses pasados, hemos logrado consensuar cosas importantes para el campo. Nadie en este lugar puede hoy negar que el Ejecutivo tuvo alta voluntad para llegar a un presupuesto de gran consenso.

Nadie en este lugar puede hoy negar que el Ejecutivo dio una amplia oportunidad para que el Programa Especial Concurrente tuviese hoy el tamaño y la oportunidad que tiene. Tan es así, que probablemente en un exceso. Nosotros en decreto hemos establecido, incluso porcentajes que los estados deberán de negociar, de acordar con el Ejecutivo, amén que los aspectos de competitividad de los sistemas producto puedan hoy ser atendidos de acuerdo al interés y a la importancia de cada estado, y no necesariamente al interés de la federación como tal.

Nuevamente hoy se demuestra este afán de consensuar, toda vez que se dan a conocer reglas de operación, que si bien, por supuesto pueden ser criticables, no dejan de ser oportunidad para su revisión como está ocurriendo y por eso es que hoy las fundaciones Produce, las asociaciones de secretarios de desarrollo agropecuario, las organizaciones campesinas, estos grupos parlamentarios están opinando, amén de construir precisamente las reglas de operación.

Esto podría tener un sentido de crítica si estuvieran ya publicadas las reglas de operación y no es así. El Ejecutivo cuenta con un tiempo perentorio y está evidentemente recibiendo estas propuestas, estas críticas para que finalmente tenga a bien publicar cuál es su obligación, pero también su derecho la parte de la política pública que hará con estos recursos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, disculpe que lo interrumpa, quiere el diputado Rubén Escajeda hacerle una pregunta. ¿Acepta usted?

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Cuando concluya mi intervención, con todo gusto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Entonces demos oportunidad a que, como ocurrió con el Presupuesto, sigamos construyendo juntos, a través de nuestras propuestas, a través de nuestras sugerencias, las reglas de operación que finalmente sean publicadas.

Yo estoy seguro que serán reglas de operación que no dejarán satisfechos a todos, pero como ocurrió en el presupuesto especial para el campo, será algo que logre el consenso de todos.

Esperemos pues y toda vez que esto ocurra, por eso nosotros también estamos de acuerdo a que venga el secretario a platicar en comisiones y nos diga cómo es que finamente vamos a poder coadyuvar para el buen ejercicio del recurso que todos aquí hemos aprobado. Es cuanto, señora Presidenta y con todo gusto respondo preguntas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado Rubén Escajeda, por favor.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Gracias. Señor diputado, me llama la atención que todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara estemos de acuerdo en un tema tan importante, pero que teniendo las facultades como Cámara no podamos resolver en forma definitiva un tema tan trascendente.

Yo le pregunto a usted como integrante de la fracción parlamentaria del PAN, por cierto la fracción del partido de la que es el señor presidente de la república, si ustedes con esa voluntad que lo escucho, con esa disposición de ayudar a que se resuelva el problema de las reglas de operación estarían dispuestos, por ejemplo, en primer término, a modificar el decreto del Presupuesto para definir muy bien de qué forma se van a ejercer los recursos. Primero.

Segundo. De entrarle de lleno, pero de lleno, a que este Poder Legislativo tenga verdaderas facultades en el tema de las reglas de operación.

Yo creo que este asunto debe ir más allá del discurso y más allá de demostrar la buena disposición, tenemos que ir a los hechos. Yo le preguntaría si usted estaría dispuesto a esto, porque yo creo que la presencia del señor secretario de Sagarpa con una explicación no nos va a resolver nada. Lo importante es ver la solución del problema a fondo.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Yo estoy optimista que las reglas de operación traerán consigo las propuestas, las opiniones de todos los grupos, tanto productivos como sociales. No recordemos, yo creo que aquí es importante recordar que en tanto ésta sea una república y esté conformada por tres Poderes, nosotros deberemos de encargarnos de legislar, que el Ejecutivo deberá de seguir teniendo la responsabilidad de poner en práctica las políticas públicas. En tanto eso sea así debemos permitir que sea la Sagarpa quien tenga la responsabilidad de su ejercicio.

Por supuesto que las reglas de operación son por eso su potestad. Aquí lo que estamos viendo en un ánimo constructivo, es un debate de reglas de operación que todavía no están publicadas y que tendrán, evidentemente, su oportunidad de ser consideradas, revisadas, modificadas antes de su publicación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Susana Monreal, ¿con qué objeto?

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Para hacer una pregunta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Acepta usted una pregunta, diputado?

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Con todo gusto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Diputado Víctor, solamente hacerle la siguiente pregunta. Usted estuvo en la comisión final que presentó la propuesta del PEC, usted sabe el espíritu de cada uno de los programas y los incrementos y las razones y los fundamentos. Usted también, diputado, ha sido ya secretario de Desarrollo en su entidad. Me gustaría saber la opinión que usted tiene del borrador que ya tiene la propia Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Usted tiene experiencia respecto al ejercicio en las entidades, pero además usted también sabe el espíritu del PEC. Sería muy importante saber su opinión de este borrador que usted también ya conoce y que está defendiendo la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Con todo gusto, le contesto con toda franqueza. Así como estuvimos participando de momento en un presupuesto que tuvo finalmente cambios, modificaciones a como fue enviado desde el Ejecutivo, seguramente estas reglas de operación tendrán modificaciones atendiendo —insisto— la iniciativa de cada una de las partes que tienen que ver con el sector.

En efecto, es un presupuesto con una alta dosis federalista desde el momento que estamos incrementando en más de un cien por ciento —por ejemplo— los recursos de Alianza para el Campo. Pero, a su vez, estamos sugiriendo desde este Congreso —insisto— que cada sistema-producto, de acuerdo con el interés de su estado, sea quien lo negocie, lo acuerde con la Sagarpa. Esa es la parte que nos correspondió a nosotros.

En el contenido del borrador que la Sagarpa ha presentado, hay algunos elementos que no, en efecto, no permiten que esto pudiera ser. Y en efecto, es parte de lo que la AMSDA, por ejemplo, está cuestionando y está proponiendo.

Nuevamente le recuerdo, diputada, que dentro de la AMSDA —afortunadamente también— está representada por un grupo plural de secretarios lo mismo gobernados por el PRI que por el PRD que por el Partido Acción Nacional. Así que con esta opinión plural, seguramente la Sagarpa —insisto— está retomando estas críticas, estas propuestas, mismas que nosotros también tenemos. Nosotros, como fracción de Acción Nacional, también tenemos observaciones a las reglas de operación y confiamos sean tomadas en cuenta.

Tengamos paciencia y al final del camino, entonces sí, con justicia, revisemos lo que haya sido publicado y hablemos con el secretario para saber cómo podemos coadyuvar en su pronto ejercicio.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado ¿acepta otras preguntas?

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Con todo gusto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Santiago, por favor.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (desde la curul): Por su conducto, Presidenta, el diputado me permite una pregunta. ¿Cuál es la opinión, cuál es la valoración que los diputados de Acción Nacional tienen respecto a la conducta del secretario de la Sagarpa?

Le digo esto porque yo he escuchado opiniones de los diputados del PAN que se quejan de las reglas de operación. El problema es que el secretario no escucha, no ha escuchado a las organizaciones, no ha escuchado a los diputados que lo han buscado para este tema en las comisiones y no ha escuchado a los secretarios de desarrollo rural de los diferentes estados del país. Este es el gran problema.

Si el señor secretario no tiene disposición de sentarse a discutir las diferentes valoraciones que hay sobre las modificaciones que hay que hacer, difícilmente puede haber este acuerdo. Por eso quisiera saber qué opinión les merece la conducta del secretario de la Sagarpa.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: En este caso, no me atrevería a dar una opinión obviamente de una fracción, pero estoy seguro que compartirán la mía. Cuando fui secretario de Desarrollo Agropecuario, fui a aprender del excelente desempeño que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Jalisco tuvo ante el mandato del gobernador Cárdenas. Esa es mi opinión de Alberto Cárdenas. Es cuanto, Presidenta.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Señora Presidenta, deseo hacer una pregunta al diputado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, quiere el diputado Pablo Arreola hacerle una pregunta.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo: Ya no, señora Presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ya no, diputado. Ya no acepta.

Compañeros diputados, voy a dar aviso a la asamblea porque ya hemos rebasado el número de oradores que deberíamos estar inscribiendo. Eran dos solamente en pro, eso era lo original. Se han inscrito el diputado José Manuel del Río Virgen —quiere participar desde su curul—, el diputado César Duarte Jáquez, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca y el diputado Rubén Escajeda.

Vamos a darle el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen. Desde su curul quiere hacer algún comentario.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señora Presidenta, Convergencia se quiere sumar para que el secretario de Agricultura venga y comparezca en Comisiones Unidas, por dos razones.

La primera es que siempre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le estuvo pidiendo a esta soberanía que sacara el presupuesto en tiempo. Por primera vez esta soberanía sacó el presupuesto desde el 13 de noviembre y su argumento era que si salía en tiempo el presupuesto, el Ejecutivo se comprometía a entregarnos las reglas de operación a finales de este mes.

Y además, nosotros nos sumamos a que comparezca el secretario de Agricultura para que los miembros de las Comisiones de Agricultura, de Desarrollo Rural, y de otras, puedan hacerle planteamientos que permitan que nos digan cuál es el rumbo del campo mexicano.

Pero las reglas de operación son un ofrecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Poder Ejecutivo, y tienen que cumplir.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen. Tiene el uso de la palabra el diputado César Duarte Jáquez.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, respetada Presidenta. Sin duda que este tema, al término de este ejercicio en el que se ha hecho un gran esfuerzo por el presupuesto y que año con año tenemos la queja permanente de que hubo subejercicios, de que no se aplicaron los recursos, de que el tema de las reglas de operación viene a ser el enemigo en la práctica del ejercicio presupuestal; pero hay una autocrítica al Poder Legislativo.

¿Qué hemos hecho por cambiar la ley y retirarle las facultades al Ejecutivo para establecer desde aquí las reglas de operación? Ése es un tema fundamental del que tenemos que partir para resolver de fondo un asunto que año con año sólo discutimos y año con año cargamos con la frustración al fin del ejercicio en que no tuvimos la manera de acreditar los recursos en los programas establecidos.

Este año se ha hecho un gran ejercicio, un gran ejercicio para concretar, en Sagarpa, de 144 programas a 54 y en ese sentido es resolver la altísima burocracia que también las reglas de operación eran del mismo tamaño, que lo único que se lograba era impedir la facilidad de los recursos.

Aquí hago un reconocimiento público al presidente de la república porque ha tenido el presidente la sensibilidad y la apertura en el presupuesto para el campo; pero también critico la pesada burocracia de las dependencias que están a cargo del campo y que impiden que esa práctica, ese diálogo y esos acuerdos a que se ha llegado con el Ejecutivo, con voluntad, se ejerzan.

Hasta hoy el presidente ha sido abierto. Esperemos que lo siga siendo. Pero el mejor mensaje que puede enviar el presidente Calderón a esta Cámara es que envíe al secretario de Agricultura a sensibilizar a los legisladores y a concretar acuerdos a que las reglas de operación tengan fundamento y tengan práctica en su uso y aplicación.

En ese sentido tenemos un enorme trabajo en reformar la ley, pero sobre todo, en darle la lectura a la burocracia pesada que impide la práctica de un presupuesto que tanto requiere y, sobre todo, al entrar el Tratado de Libre Comercio a plenitud en el tema agropecuario.

Creo que es un asunto en el que se ha logrado un gran consenso, el acuerdo y la firma de esta iniciativa lo avalan; sin embargo, la burocracia sigue siendo el más inmenso de los enemigos en el tema, que impide la práctica, el ejercicio transparente, puntual sobre todo, pero que permita en realidad generar una nueva política agropecuaria en el país.

Vamos haciendo esas reformas, vamos tomándole la palabra al presidente y vamos sometiendo a esa burocracia —que no entiende la lectura del Ejecutivo y la apertura del Legislativo— con la generación de mejores presupuestos para su aplicación en recursos hidráulicos, en agricultura, en desarrollo social; tenemos exactamente la misma problemática que debemos resolver. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Hoy nos estamos refiriendo al instrumento que permite cristalizar el gasto público de manera eficaz, eficiente, oportuna, con transparencia y con pertinencia del gasto: que son las reglas de operación.

Durante el transcurso de la negociación acordamos con el representante del Poder Ejecutivo, para estos efectos el secretario de Hacienda, de que las reglas de operación tendrían que estar publicadas antes del 30 de diciembre del presente año. Así pues, hoy lo que nos tiene aquí son las reglas de operación de Sagarpa.

Como se ha comentado, el problema no nada más lo tenemos en Sagarpa; también lo tenemos en la Conagua; también está en la Sedesol. ¿Pero qué es lo que priva para que no pueda haber un acercamiento de voluntades entre quien ejerce el gasto desde el Poder Ejecutivo federal a través de sus dependencias encargadas del despacho y los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas?

Lo que hay en la mesa son desconfianzas mutuas por el manejo clientelar que le pueda dar determinada región del país o el propio Ejecutivo federal. En esta falta de acuerdos y de voluntades, quien está pagando el pato son los productores. No es la Cámara de Diputados la que ha dejado de tener voluntad para plantearlo. No es el tiempo de esperar a conocer las reglas para que sea "palo dado ni Dios lo quita"; es ahorita el momento en que el Ejecutivo y el Legislativo son los que tienen que poner su voluntad política; su responsabilidad de acuerdo de las partes, como actores, que deben verse como solución en el problema que hoy se plantea.

No será cuando el secretario de Agricultura publique las reglas de operación cuando se tenga que negociar; es antes, es ex ante. De otra suerte será el único responsable de que el campo pueda tener un manejo clientelar a la hora de bajar los recursos. El único responsable de que tenga problemas el día de mañana la Secretaría de Agricultura con los productores del campo, queramos o no, será el titular del Poder Ejecutivo, porque es el jefe, el que pudiera ser el culpable de que el recurso no baje por una actitud cerrada y no avenirse a la convocatoria de esta Cámara de Diputados será el secretario de Sagarpa.

Esa es la razón por la que Nueva Alianza se pronuncia para que en el uso de sus facultades, estando aprobada la comparecencia, la Presidencia de la Mesa Directiva haga del conocimiento del secretario de Gobernación, para que éste agilice la presencia del secretario de Agricultura la semana próxima ante comisiones. Si no se agiliza la presencia y la comparencia, por tanto, del secretario de Agricultura para la semana que entra, el tiempo se habrá ido.

Las bancadas que pusimos la mejor voluntad para autorizarle esos recursos al Poder Ejecutivo estaremos molestas, decepcionadas y nos sentiremos traicionadas por un acuerdo que se planteó: que las reglas de operación serían acordadas, negociadas y aun cuando fuera facultad del Ejecutivo, consensuadas con la Cámara de Diputados.

Esperemos que sea una muestra de voluntad política, de responsabilidad del cargo y el despacho del secretario de Agricultura el que no pretexte agenda alguna para no estar aquí la semana que entra. El que no pretexte motivo alguno para no avenir a las partes en conflicto, porque cada una de las entidades federativas tiene características diferentes en su agricultura…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, por favor concluya.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: ¿Perdón, Presidenta?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Que concluya por favor, ya se le terminó el tiempo.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con mucho gusto, Presidenta. Encantado de la vida. Ojalá —concluyo, Presidenta— y a los compañeros respetuosamente les pido que esos chiflidos que aventaron ahorita no hayan sido para los productores del campo, que hayan sido para el secretario de Agricultura. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Compañeros, en vista de que se siguen anotando para participar, le voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea si el tema se considera suficientemente discutido. Si no fuera así, vamos a dar oportunidad a otra lista de oradores.

Por favor, consulte la Secretaría a la asamblea si el tema está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, nos hacen la observación aquí en la mesa que ya se había incluso votado la segunda lectura. Como vamos a comenzar en donde nos quedamos, vamos a dar por hecho que esos trámites ya los habíamos realizado y vamos a dar el uso de la palabra al diputado César Camacho Quiroz, para fundamentar los cambios al dictamen que estaba realizando en el momento en que se suspendió la presentación.

El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

El diputado César Camacho Quiroz: Compañeras, compañeros, hemos elaborado un documento, dirigido a la diputada Ruth Zavaleta Salgado, los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y algunos integrantes de las mismas, a efecto de hacer del conocimiento de la Presidencia, y a través de ella al pleno, de una serie de adiciones al texto normativo y también a la parte considerativa del dictamen en los términos que de manera directa referiré.

Las modificaciones que se proponen son las siguientes. En el proyecto de decreto. En el artículo único del proyecto, visible en la página 38, se reforman —para evitar una alusión de carácter general de artículos de la Constitución se precisa— los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

En el B se adiciona la característica de confidencial al X párrafo adicionado al artículo 16, visible en la página 39, que reza de esta manera:

"En los casos de delincuencia organizada el Ministerio Público de la federación, autorizado en cada caso por el procurador general de la república, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por ley tenga carácter reservado o confidencial cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito".

c) Se modifica el párrafo XII adicionado al artículo 16, visible en la página 39, como sigue:

"La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado en los términos del párrafo IV de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente".

d) Se modifica el segundo y último párrafo del artículo 18, visibles en las páginas 40 y 41, como sigue:

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales.

Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos.

Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad en términos de la ley.

e) Se modifica el último párrafo del artículo 73 reformado —visible en la página 45.

B. En los considerandos del dictamen.

a) La modificación en la redacción del párrafo sexto de las consideraciones en la página 12.

"De manera adicional, también es importante señalar que Luis Maldonado Venegas, el 4 de noviembre de 2003, presentó una iniciativa en materia de seguridad penal, turnada a las Comisiones Unidas que hoy dictaminan, y además a la de Seguridad Pública, por lo que si bien no puede dictaminarse formalmente, se recoge su esencia, pues es coincidente con la materia que nos ocupa".

b) La modificación en la redacción del párrafo tercero sobre la facultad de acceder a información clasificada en casos de delincuencia organizada, en la página 18.

"Es así que por el carácter central de las investigaciones en esta materia y lo delicado de acceder a registros confidenciales y reservados se estima pertinente establecer que será el Ministerio Público de la federación, autorizado en cada caso por el procurador general de la república, el único en poder acceder de manera inmediata a la información, con el deber de los poseedores de esa información de brindarla en forma inmediata siempre que los requerimientos sean conforme a la normatividad aplicable".

c) La inclusión de dos párrafos finales en la página 18, en el apartado relativo a la definición de delincuencia organizada, que dice:

"Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado".

Vale la pena enfatizar que no es voluntad de estas comisiones incluir dentro del régimen de delincuencia organizada las conductas de personas en ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho de asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho de petición, toda vez que éstas son expresión del estado democrático de derecho que postula nuestra Constitución.

d) La inclusión de un párrafo penúltimo en la página 20, en el rubro relativo al ingreso a domicilios sin orden judicial.

"Es pertinente señalar que por domicilio, para efectos de esta disposición, debe entenderse todo inmueble particular que no sea de libre acceso, toda vez que en caso contrario es innecesaria la aplicación de este precepto".

e) La inclusión de un párrafo final en la página 23, en el rubro relativo al cambio de denominación de pena corporal. Asimismo, dice: No tienen derecho al deporte, lo cual sería benéfico, pues a través del mismo se fomenta la reinserción a la sociedad, pues se trata de una conducta sana que muchas veces sirve para reencausar las emociones y fortalecer el sentido humanizado, evitando la violencia.

f) La inclusión de un párrafo cuarto en la página 31, en el rubro relativo al artículo 21 recorriéndose en su orden los siguientes.

Asimismo, se establece en las bases mínimas a que deberán sujetarse las instituciones de seguridad pública, las cuales deberán ser de carácter civil sin perjuicio de la actuación constitucional de las Fuerzas Armadas en la materia, lo cual es acorde a la letra y espíritu constitucional, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad, 1/96.

Y el último, la modificación en el párrafo primero de la página 24, en el rubro de Centros de alta seguridad para delincuencia organizada y otros internos que requieran seguridad especial.

Dice el texto en la parte considerativa conducente: "ahora bien, la pena de prisión afecta a uno de los mayores bienes que tiene el ser humano; su libertad; sin embargo, en ocasiones el ciudadano que viola la ley debe ser sancionado restringiéndole ese preciado bien.

Los penales de máxima seguridad deben estar reservados para aquellos procesados o sentenciados por delincuencia organizada y otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Con éste último supuesto nos referimos a los casos en que el delito no sea de los previstos para el régimen de delincuencia organizada, pero que tal medida pueda justificarse dada la capacidad del interno para evadirse de la acción de la justicia o para seguir delinquiendo desde los centros penitenciarios; así como cuando algún interno pueda correr peligro por la eventual acción de otros, como en el caso de ex miembros de instituciones policíacas o que sufra de un trastorno que pueda poner en riesgo al resto de la comunidad penitenciaria, entre otros supuestos, sin que nada pueda ser pretexto para aplicar este tipo de medidas especiales a luchadores sociales, por el sólo hecho de serlo.

Todo lo anterior deberá estar previsto en la legislación secundaria. Es todo, señora Presidenta. Lo que le ruego es considerar lo incorporado a la minuta que se ha de poner a la consideración de los legisladores.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado César Camacho Quiroz.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado César Camacho Quiroz.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado César Camacho, a nombre de las comisiones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia está a discusión, en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios las siguientes diputadas y diputados: la diputada Marina Arvizu Rivas, la diputada Mónica Arriola, el diputado Silvano Garay Ulloa, la diputada Patricia Castillo Romero, el diputado Francisco Elizondo Garrido, el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, el diputado Andrés Lozano Lozano y el diputado Felipe Borrego Estrada.

Por tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, para el Grupo Parlamentario de Alternativa el tema de justicia es fundamental, junto con la reforma electoral, la reforma en materia fiscal y la Ley del ISSSTE.

Ésta es una de las reformas más trascendentales para la consolidación de la reforma del Estado, no sólo porque regula la libertad de los individuos que delinquen, sino porque afecta de manera notable el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que son víctimas de delitos y, en particular, de las mujeres.

Es de una enorme responsabilidad lo que vamos a discutir y a votar en esta materia, porque estamos legislando sobre la impartición de justicia, que es un derecho fundamental de la persona y una obligación primaria del Estado, al igual que la seguridad.

Uno de los puntos nodales que presenta esta propuesta, de acuerdo con el grupo parlamentario al que represento, se centra en el relativo a la introducción de medios alternativos de solución en materia penal.

Al respecto, queremos señalar que, en general, estos medios son viables siempre cuando se apliquen a delitos y problemáticas adecuadas, no se puede generalizar su uso como pretende la reforma; por ello, nos preocupan las repercusiones que este punto genera en materia de violencia intrafamiliar.

Los medios alternativos hacen referencia a la conciliación, negociación y en especial a la mediación; sin embargo, éstos están contraindicados por las Naciones Unidas y mediante los tratados internacionales que México ha signado para los casos de violencia de género, en especial de violencia familiar y de delitos sexuales.

Así lo recoge la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recién aprobada por esta Legislatura, quedando en la propuesta tan minados los derechos de las víctimas del delito que ni siquiera se regulan las órdenes de protección que se prevén en esta ley.

No es posible regular como una medida de impartición de justicia, que los delitos de orden sexual y de violencia intrafamiliar sean susceptibles de solucionarse mediante un convenio o mediante la mediación de un tercero, que los conmina a no repetir tales conductas. No podemos permitir que ninguna ley, y menos la Constitución, contenga disposiciones que representen un retroceso tan terrible contra la seguridad jurídica de las mujeres.

La Convención que busca la eliminación de la discriminación contra las mujeres de la ONU, la CEDAW que nuestro país suscribió y ratificó, ha dado 36 recomendaciones que México deberá cumplimentar antes del 2010. Ahí se establece con claridad, que el estado debe buscar la igualdad sustantiva, la igualdad de facto, de la cual la igualdad entre hombres y mujeres es sólo una parte.

Y prevé justamente la diferenciación entre todas y cada una de las normas que afecten a las mujeres, de no hacerlo estamos, con la neutralidad y la generalidad, haciendo una discriminación indirecta de acuerdo con la propia organización de las Naciones Unidas.

Los medios alternativos de solución tratan a las personas como igual entre sí y no podemos tratar a los desiguales como iguales, tal es el caso del ejercicio de poder en materia de violencia familiar y sexual, como lo señala Naciones Unidas.

Tal como lo contempló el legislador de 1917, entre patrones y obreros al establecer la suplencia de la queja a favor de los obreros que no tienen el mismo poder que los patrones, esta Legislatura no debe perder la memoria legislativa.

En este punto, y no obstante que en una mesa amplia de debate y análisis, el Grupo Parlamentario de Alternativa hizo la propuesta de colocar en el texto de la norma la excepción correspondiente, nos fue argumentado que no es posible hacer un catálogo de excepciones por delito específico, y que por lo tanto ése es un tema susceptible de regularse por la legislación secundaria.

Sin embargo, como la facultad de legislar en materia penal del fuero común es de los estados, nada nos garantiza que no aplicarán estas disposiciones de la Constitución en materia de penas alternativas para el caso de violencia intrafamiliar.

Yo les pregunto, en qué ley secundaria vamos a poder nosotros, como Poder federal, regular la excepción de aplicar medidas alternativas en materia penal para el caso de violencia intrafamiliar. No nos permitieron que se asentara el argumento ni siquiera en la exposición de motivos.

Para Alternativa Socialdemócrata es fundamental, para votar cualquier reforma, que se garanticen plenamente los derechos de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Ése es y ha sido nuestro compromiso con las mujeres de este país y no cejaremos en nuestro empeño de defender tales derechos.

Es de la mayor relevancia garantizar las condiciones de seguridad para las víctimas del delito, que también quede en entredicho en la reforma y garantizar la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Establecer las excepciones indispensables para el caso de las penas alternativas en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, incluyendo tales excepciones en los juicios orales. Es necesario además que la iniciativa recoja los compromisos internacionales que en materia de perspectiva de género ha signado México.

Por todas las razones antes esgrimidas, y haciendo un reconocimiento al acuerdo que llegaron todos los grupos parlamentarios y al trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y al diputado César Camacho, por estas razones Alternativa se ve obligado a emitir su voto en abstención. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Marina Arvizu Rivas. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras legisladores, la justicia es el tema central y de mayor interés para los mexicanos. El sistema de impartición de justicia se encuentra en entredicho, ya que no garantiza la confiabilidad que la sociedad mexicana exige y merece.

La actuación de las autoridades genera varios problemas: que las víctimas no acudan al Ministerio Público a denunciar los delitos; que gran número de los delincuentes no terminen condenados; que las audiencias en los procesos penales se desarrollen sin la presencia del juez; que las órdenes de aprehensión no sean ejecutadas; que haya una gran cantidad de detenidos que nunca hablaron con el juez que dictó su condena, vulnerándose así sus garantías constitucionales de audiencia y debido proceso, y que a los sujetos que son detenidos en la averiguación previa nunca se les haya designado un abogado que los defendiera.

El aumento de la delincuencia supera por mucho al aparato estatal. Basta ver las estadísticas de la gran cantidad de agentes policiales y ministeriales consignados como presuntos responsables del delito ante la autoridad judicial.

De diciembre de 2000 a junio de 2006 se puso a disposición de jueces penales a 7 mil 571 agentes preventivos y a mil 424 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia. El INEGI reportó una tasa del 4 por ciento de crecimiento promedio anual de los principales delitos denunciados; y el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad reveló en su IV Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana, que en promedio 2 de cada 10 habitantes, de las 17 ciudades analizadas en este estudio, han sido víctimas por lo menos de un delito en su vida.

Es preciso y urgente rediseñar el sistema de procuración y administración de justicia para brindarle a la sociedad plena certeza de que sus derechos están garantizados, no sólo dentro del marco jurídico, sino también por las autoridades responsables de aplicarlo.

En Nueva Alianza estamos conscientes de que la reforma judicial es una de las más urgentes para nuestro país, pero ésta no debe ser el resultado de acuerdos políticos que atropellen los derechos de los ciudadanos. En el combate a la delincuencia organizada este dictamen propone elevar a rango constitucional la penalización de esta modalidad, cambiando la jerarquía normativa del tipo penal en la Carta Magna, garantizándole a la ciudadanía que el Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, está obligado a velar por su bienestar social.

Resulta positiva, por no decir oportuna, la figura de los juicios orales, toda vez que esto permitirá disminuir el uso de la prisión preventiva de la que los agentes del Ministerio Público han abusado. Según cifras oficiales, de 213 mil personas privadas de su libertad, alrededor de 40 por ciento, es decir 90 mil, no han recibido sentencia.

En suma, en el Grupo parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen en lo general, haciendo las precisiones que consideremos oportunas a fin de evitar el menoscabo de garantías individuales, producto de un proceso histórico y demandas sociales por el pleno respeto y defensa absoluta de los derechos humanos.

Esperando que la aprobación del presente dictamen se traduzca en un instrumento que dé respuesta a las demandas de seguridad pública, traduciéndose en una eficaz y eficiente impartición y administración de justicia. Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Mónica Arriola. Tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Garay Ulloa, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Silvano Garay Ulloa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo esta conciente de la demanda de la sociedad mexicana de que los órganos del Estado combatan la delincuencia.

Los mexicanos nos sentimos indefensos ante los delincuentes, ya que no obstante sufrir una afectación en nuestra persona o bienes, sabemos que al acudir al Ministerio Público a denunciar los hechos, la tortura empieza en ese momento ante la ineficacia de este órgano investigador para perseguir a la delincuencia.

Por su parte, los delincuentes tienen a su favor, en el mejor de los casos, la negligencia, si no es que la complicidad de las autoridades. La delincuencia goza de una total impunidad actualmente.

En diferentes legislaciones del Poder Legislativo se ha dotado a la autoridad administrativa jurisdiccional de los instrumentos legales que les permiten combatir la delincuencia.

En esta ocasión se nos presenta un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Carta Magna.

Es del conocimiento público que actualmente las cárceles están sobrepobladas y que muchas personas se encuentran allí porque no tienen recursos para contratar un defensor privado; en consecuencia, tuvieron que optar por un defensor de oficio.

A partir de la entrada en vigor de esta reforma los abogados van a ser ahora defensores públicos y van a tener un sueldo no menor al de Ministerio Público. Es decir, en esta reforma avanzamos en la materia en cuanto a defensores de oficio. Hoy van a ser defensores públicos.

Algo también muy importante es que actualmente cualquier ciudadano es presunto responsable. A partir de esta reforma va a ser presunto inocente. Esto queda establecido en el artículo 20, apartado B) de la fracción I.

En el artículo 16 se plantea, en el séptimo párrafo, la posibilidad de que la autoridad judicial pueda decretar el arraigo a una persona, tratándose de delitos de delincuencia organizada. Este arraigo no podrá exceder de 40 días y de existir causa fundada podrá llegar hasta un término igual sin que sea de 80 días.

Dada la complicidad de la actuación de la delincuencia organizada, en términos de las disposiciones vigentes resulta complicado para la autoridad ministerial integrar debidamente las averiguaciones previas y en las mismas incorporar elementos que acrediten la responsabilidad penal de los ciudadanos.

Con este nuevo instrumento el Ministerio Público contará con el tiempo suficiente para acreditar a plenitud la responsabilidad de las personas que realicen una actividad.

Ahora bien, señalamos que la delincuencia organizada opera con una gran red de contactos prácticamente en todos los ámbitos de la vida nacional y que los recursos ilícitos que obtiene deben de ser limpiados.

Por ello la propuesta contenida en el décimo párrafo del artículo 16 constitucional, en el que se faculta al Ministerio Público de la Federación a que pueda tener acceso directo a documentación fiscal, fiduciaria y financiera. Es de vital importancia para poder desarticular y consignar ante autoridad competente y procesar a esos delincuentes. Desde luego, en esas investigaciones, para estos fines específicos, no aplica el secreto bancario ni fiduciario.

En el párrafo quince de este mismo artículo se prevé que el Poder Judicial de la Federación, los correspondientes en las entidades federativas y el Distrito Federal, contarán con los denominados "jueces de control", que tendrán la facultad para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares, por medidas precautorias y técnicas de investigación en autoridad que requiera autorización del Poder Judicial.

La figura de estos jueces de control garantiza la legalidad de la actuación de la autoridad investigadora, ya que ésta por sí misma no podrá arrogarse la facultad de investigación sin ningún límite judicial.

El artículo 17, párrafo tercero, prevé la existencia de mecanismos alternativos de solución y controversias.

De nada sirve tener cárceles llenas cuando a los sujetos pasivos de la comisión de delitos no se les garantiza la reparación del daño. Con la propuesta que contiene el dictamen se podrán establecer mecanismos de conciliación; sin que el sujeto activo pueda estar en la cárcel se garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su actividad ilícita.

Por su parte, el artículo 20 se reforma de manera total en tres grandes apartados. Un aspecto de suma relevancia es el que se refiere al proceso penal que será acusatorio y oral.

Una de las grandes críticas a los procesos penales en los términos vigentes es su opacidad, ya que los jueces no conducen por sí mismos las audiencias, sino que los secretarios son quienes las llevan a cabo.

A partir de la aprobación de esta reforma se establecen en el país los juicios orales con presencia no sólo de las partes, sino de todos los interesados en las audiencias presentes.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Silvano Garay Ulloa. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La diputada Patricia Castillo Romero: Gracias, señora Presidenta. Desde su origen, Convergencia tiene un compromiso con la sociedad y a la sociedad le debemos un estado de derecho sólido y comprometido con su seguridad.

Por esa razón, nuestra fracción parlamentaria en la pasada legislatura, a través del licenciado Luis Maldonado Venegas, presentó una propuesta de reforma integral al sistema de procuración y administración de justicia con una visión garantista a favor de los ciudadanos.

Nuestro partido reconoce el esfuerzo que en este momento estamos realizando todas las fuerzas políticas aquí representadas. Sin embargo tenemos la obligación de señalar lo que a nuestro juicio no corresponde a lo que debe de ser una auténtica reforma a favor de la ciudadanía.

La referida propuesta de Convergencia proponía la ciudadanización de la justicia. Nosotros no podemos comprar el falso debate entre libertad y seguridad. Es obligación del Estado garantizar la seguridad de la ciudadanía para que ésta pueda ejercer plenamente su libertad.

Sin embargo es de reconocer que en un tema que ha lastimado tanto a nuestro país y que ha sido una asignatura pendiente, hoy los diputados tenemos un acuerdo.

La realidad es muy dura, 11 millones 800 mil delitos se cometen anualmente en México. Sólo un millón 400 mil se denuncian ante el Ministerio Público, es decir, un pobre 12 por ciento.

El MP sólo consigna a 248 mil 600 delitos, o sea, el 18 por ciento. De los 248 mil delitos consignados ante jueces, sólo 190 mil obtiene sentencia condenatoria, es decir, el 76 por ciento.

Quiere decir, compañeras diputadas, compañeros diputados, que en nuestro país el 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes. Las víctimas se ven envueltas en un procedimiento eterno, reiterativo y humillante; el procesado puede pasar años en prisión antes de ser condenado o exonerado.

Como consecuencia de este sistema tan injusto, las cárceles de nuestro país se hallan al mismo tiempo saturadas de procesados y sentenciados.

Las estructuras policiacas se organizan sobre la base de un sistema vertical y autoritario… Diputada ¿pudiera pedir la atención?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, compañeros diputados…

La diputada Patricia Castillo Romero: Muchas gracias, diputado Diódoro, gracias, diputado Camacho.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Por favor si le ponen atención a la oradora.

La diputada Patricia Castillo Romero: Gracias, señora Presidenta. Las estructuras policiacas se organizan sobre la base de un sistema vertical de autoridad que exige obediencia incondicional hacia sus jefes. El sistema permite ejercer toda capacidad de corrupción e impunidad.

El MP a través del monopolio de la acción penal es brazo ejecutor de las políticas de seguridad selectiva y de la represión. Dicha institución dueña y titular de la acción penal puede perseguir o encubrir al delincuente o bien inventar chivos expiatorios. Lo hemos vivido en repetidas ocasiones. Puede defender a la víctima, abandonarla o castigarla a su pleno arbitrio y sin control alguno de la legalidad.

Podemos defendernos ante los jueces en materia civil, laboral, mercantil, pero en materia penal se nos había despojado de ese derecho.

Por todo esto es trascendental la reforma a la justicia penal en México. Sabemos que aún no son suficientes las reformas que hoy se hacen y también que tendremos que dar una gran lucha en la legislación secundaria. De igual forma revisaremos si los cuerpos policiacos que hoy tenemos cubren un perfil profesional, ético y moral, capaz de respetar los derechos humanos.

No podemos entregar cheques en blanco ni hacer un sistema solamente policial. No todos los ciudadanos son delincuentes organizados. Y la frágil frontera entre el combate a la delincuencia y la represión debería quedar perfectamente establecida. No volvamos a otorgar el control a quienes ostentan el poder público y a ser nuevamente un sistema dictatorial, abusivo y vertical.

En aras de cambiar un sistema obsoleto y arbitrario, Convergencia votará a favor de este dictamen con convicción y responsabilidad.

Quiero rescatar lo más importante de esta reforma. Esta reforma representa un cambio radical al procedimiento para la persecución de la delincuencia y la aplicación de sanciones a quienes resulten responsables. Debemos ver en la reforma la intención del legislador de transitar hacia un sistema integral que privilegia las libertades y los derechos de las personas y quienes las transgredan tendrán un mecanismo eficaz para ser sancionados.

Establecer constitucionalmente el principio de persecución de inocencia, que redundará y generará la obligación de policías mejor capacitados y de investigación, para que el auto de vinculación a procesos suceda siempre y cuando se tengan pruebas suficientes que motiven su detención y, con ello, evitar procesar a inocentes.

La oralidad y la contradicción son dos principios fundamentales que inspiran esta reforma. La virtud es que los procesados en todo momento del juicio estarán frente al juez y el desahogo de las pruebas deberán ser siempre frente al inculpado, lo que le permitirá confrontar las acusaciones que el Ministerio Público haga sobre él y presentar las propias para su defensa. Una asignatura pendiente seguirá siendo la autonomía del Ministerio Público; pero esto será parte de lo que tendremos como retos en las próximas reformas.

Compañeras y compañeros, es trascendental esta reforma. Y permítanme decirles que me da mucho gusto cuando el hemisferio de acuerdos de esta legislatura se pone de acuerdo porque trabaja por el bien de México. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Patricia Castillo Romero. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las propuestas de reformas constitucionales que hoy se someten a nuestra consideración son un cambio histórico que va a propiciar el mejor funcionamiento de las instituciones encargadas en la administración de justicia, quienes son las depositarias de la seguridad de nuestro país.

En este sentido, considero oportuno señalar que México necesita más que nunca de unos procesos judiciales ágiles que propicien certeza jurídica a los gobernados. Es por ello que en este dictamen se implementan elementos vanguardistas como la oralidad en los juicios, así como el proceso penal acusatorio.

El Partido Verde Ecologista de México apoya que la justicia sea pronta y expedita. Y para que esto sea posible se debe sustentar la fortaleza de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, quienes deben cumplir con procesos más justos, con estricto apego a los derechos humanos, que permitan construir el México que nuestros jóvenes desean.

Por ello, es necesario construir un marco jurídico que proporcione certeza, imparcialidad y equidad en los procesos judiciales. Esta reforma constituye un avance en los mecanismos de persecución del delito ya que de forma innovadora define acertadamente lo que se entiende por delincuencia organizada; proporciona mecanismos alternativos para la solución de controversias; asegura la reparación del daño con la posibilidad de que ésta sea supervisada judicialmente.

El procurador general de la república, cuando se trate de delincuencia organizada, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga el carácter de reservada, con la finalidad de complementar su investigación. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales tienen que ser explicadas en una audiencia pública. También se establece el sistema penal acusatorio oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; ello se traduce en unos procesos más ágiles. Como podemos ver dichas reformas revolucionan el sistema de justicia penal mexicano.

Así, pues, este proceso de reformas constitucionales en materia de reforma penal constituye un hecho inédito en la historia de nuestro país. En su proceso existieron diferencias, acuerdos y debates, todos ellos con un solo propósito: la creación de un marco normativo que otorgue certeza jurídica a nuestros gobernados.

El resultado, un marco constitucional que exige a las instituciones judiciales establecer mecanismos de profesionalización para que éstas cuenten con los medios humanos y materiales necesarios para el combate a la delincuencia, tema que ha sido, ya desde hace mucho, prioritario en la agenda nacional.

Compañeros legisladores, la reforma constitucional en materia de justicia penal es un exhorto a todas las fuerzas políticas a lograr un consenso en los temas prioritarios de la agenda nacional y, en este sentido, dicha reforma debe ser congruente con las necesidades actuales de nuestro país.

Por ello, nos sumamos al compromiso social que generan estas nuevas reglas; por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Francisco Elizondo Garrido. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: A nombre de la fracción parlamentaria del PRI comparezco ante esta suprema tribuna para reiterar nuestro apoyo a este dictamen, a esta iniciativa que pone en México un nuevo sistema moderno, transparente y que me consta que está hecho, está redactado por excelentes legisladores.

El lunes por la noche asistí al debate de la reunión plenaria en la que se discutió este dictamen y quiero reconocer el trabajo de César Camacho, del diputado Raymundo Cárdenas, de Paty Castillo, de Felipe Borrego, de Andrés Lozano y de tantos compañeros que, en una dedicación y profesionalismo absolutos, hicieron posible esta reforma que hoy deben aplaudir los colegios de abogados, las facultades de derecho, los miembros de la Judicatura; porque marcan una nueva etapa de la justicia penal mexicana.

Quiero dirigirme también a aquellos compañeros abogados que han criticado, posiblemente sin leer, sin conocer a fondo estas disposiciones, diciendo algunos que está redactada por diputados que jamás fueron litigantes.

Yo entiendo a estos detractores, a estos críticos, porque también, como litigante y abogado del foro, por muchos años tuve mis dudas al principio; sobre todo, en las medidas cautelares, en la facilidad para darle la libertad al detenido.

No confiábamos plenamente en esas medidas pero tuve la fortuna de colaborar en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, y ver la pasión con que los jueces de Chihuahua, los jueces de Nuevo León, los jueces de Chile y de Colombia defienden el sistema de los juicios orales.

Quiero expresarles que hace 15 años la mediación y el arbitraje eran reprobados por muchos juristas en nuestro país y ahora son la base de la solución de muchísimos problemas.

El sistema jurídico mexicano en el orden penal requiere de una asistencia técnica esencial; sobre todo tratándose de detenidos que no tienen recursos, que son sujetos a procesos inadecuados donde jamás conocieron al juez, no saben quién los va a juzgar.

Si acaso hay visitas a los centros de reclusión para informarles cómo van sus procesos, pero dentro de las primeras instancias del procedimiento jamás conocieron al juez que los está juzgando, fueron atendidos por un escribiente y por un secretario, no se les informó de sus derechos y sus defensores fueron personas que ni siquiera tenían títulos.

Esta reforma impone la obligación del equilibrio económico entre el defensor y el fiscal, porque tienen la misma responsabilidad. Uno, de acusar, de señalar, de consignar. Y el otro, de defender al detenido.

En otros países se contrata a despachos privados, incluso, para defender a los detenidos y se le da un margen de 30 a 40 casos para defender a personas que no tienen recursos para hacerlo.

México tiene derecho a esta justicia y cualquiera de nosotros puede tener la desgracia, en un momento dado, de caer en un proceso penal por un accidente vial, por un delito no doloso y es ahí cuando vamos a conocer las miserias del derecho procesal penal. Por eso necesitamos reformar y actualizar nuestras leyes.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Perdón, diputado. ¿Diputado Javier, me permite que termine el orador? Gracias. Por favor, continúe.

El diputado Andrés Lozano Lozano: Necesitamos reformar nuestras leyes. Yo entiendo las inquietudes de algunas compañeras, como Silvia Oliva, como Layda Sansores, que esa discusión velaba por los derechos humanos.

Estamos de acuerdo en que la institución de los derechos humanos ha fallado en nuestro país. Necesitamos un verdadero defensor de los derechos humanos, no simulacro de defensores, porque hay que sancionar a los malos funcionarios, hay que exhibirlos, pero también hay que darle facultades a la policía y a los investigadores. Que no tengan más ventajas los delincuentes que las víctimas.

Necesitamos fortalecer el Sistema Nacional de Derecho Penal Mexicano para que haya un equilibrio. Hay temas que son polémicos, las intervenciones de carácter telefónico. En esta reforma se está autorizando la investigación de la delincuencia organizada para intervenir los teléfonos, pero también se está previendo que cuando hay dos personas que tienen relaciones y están comunicadas, una puede exhibir una grabación derivada del otro.

Para poner un ejemplo: la esposa se pelea con su marido y el marido le confiesa que tiene una amante o que tiene hijos. Si la señora gravó esa conversación puede ser elemento para una prueba, pero no puede gravar conversaciones de terceros. Eso es lo que protege la ley.

El otro tema polémico es que el policía se meta a una casa a sacar a un delincuente. Tenemos que ver la realidad, estamos viviendo un verdadero problema con la delincuencia organizada.

A veces, en persecuciones se pierde el delincuente y se mete a una casa, no lo sacas, para solicitar una orden de cateo se tardan 48 horas a veces los jueces y salen ya con un amparo. Tenemos que ver la realidad, tenemos que certificar a la policía para tener verdaderos elementos.

A partir de mañana, la Comisión de Seguridad que presido, voy a solicitar a mis compañeros que iniciemos las reformas de la base de seguridad en el país, para certificar a los policías, para certificar a los jueces, desde el más alto hasta el más bajo, porque la corrupción permea a todos los niveles de gobierno, ahí es donde debemos de poner el énfasis en defender la honestidad de los servidores públicos, principalmente de los jueces.

Felicito a Puntos Constitucionales y a Justicia por este trabajo. Y es una fiesta para todos los abogados del país. Muchas gracias y votará mi fracción por esta reforma.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Sí, le dan sonido a la curul del diputado Javier González, por favor.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Hoy, cuando empezamos la sesión hice un planteamiento de moción suspensiva y acepté una propuesta de usted en donde daba un par de horas para que fuéramos a discutir, cosa que agradezco profundamente. No se dio trámite. Lo acepté así, a la moción suspensiva.

Quiero decir que en mi grupo parlamentario tenemos, todavía, enormes dificultades. Enormes dificultades porque estamos en un país que en estos momentos tenemos más de 900 presos políticos.

Nos importa enormemente el problema de los derechos humanos. Es fundamental que entendamos que todos estamos de acuerdo en la modernización del sistema judicial, en su limpieza; pero también es fundamental que se entiendan los reclamos en el país por salvaguardar los derechos humanos. Nosotros no podemos cerrar los ojos a los mismos. Por tanto, pido que se dé trámite a la moción suspensiva con el propósito de seguir discutiendo.

Nos interesa discutir con la sociedad, nos interesa tomar en cuenta los puntos que ahí están y que son fundamentales. No queremos frenar una reforma que nos parece fundamental para el país. Lo que nos está preocupando enormemente es que se judicialice la protesta, los movimientos sociales, y que sigamos teniendo presos políticos en este país.

Por tanto, para dar trámite a esa discusión, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, le pido que someta a consideración una moción suspensiva para discutir esto en el siguiente período de sesiones. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Javier González Garza.

El diputado César Camacho Quiroz (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. Le dan sonido a la curul del diputado César Camacho, por favor.

El diputado César Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Yo quiero decir que no sólo a los diputados y a las diputadas del PRD les importan los derechos humanos. Nos importan a todos, por supuesto, y estamos de acuerdo, desde luego, en acotar los alcances de la delincuencia organizada y salvaguardar el ejercicio libre de los derechos políticos de los mexicanos como está establecido en la parte considerativa del dictamen a discusión, como se concretó en un acuerdo franco y abierto con todas las fracciones de esta Cámara de Diputados.

Coincidimos en no judicializar la política, y esta reforma justamente va en ese rumbo. Efectivamente tenemos que discutir, a eso venimos a San Lázaro, a discutir. Discutamos, démosle trámite y que la mayoría decida, como ocurre en las democracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado César Camacho.

Consulte la Secretaría, en votación económica, si se toma en consideración la propuesta hecha de moción suspensiva.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se toma en consideración la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta realizada de moción suspensiva. Vamos a continuar con los oradores en lista. Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Lozano Lozano.

El diputado Andrés Lozano Lozano: Con su venia, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Andrés Lozano Lozano: Para el Grupo Parlamentario del PRD, ésta ha sido una gran discusión que hemos dado respecto del tema de la justicia y la seguridad pública desde hace meses.

La moción suspensiva solicitada tiene que ver con razones fundadas, porque existe, de parte de algunos compañeros integrantes de mi grupo parlamentario, la razón fundada de la opresión que se sigue viviendo y del abuso policial que se sigue dando en nuestro país.

Y entonces la pregunta para nosotros es: ¿y cómo vamos a ir en una reforma al sistema de justicia y en una reforma constitucional si las instituciones y las personas que encabezan estas instituciones no cambian?

La reforma tiene bondades destacadas y comentadas por el de la voz, a través, incluso, de las iniciativas. Nadie puede negar las bondades del proceso penal acusatorio. Nadie puede negar las bondades de tener una defensoría pública, sólida y bien pagada, un mejor sistema penitenciario y que la ejecución de las sentencias sea controlada por los jueces. Nadie puede negar las ventajas de transitar por un sistema garantista.

El problema es que también quedaron atrás las propuestas para reformar la autonomía del ministerio público. Tenemos, compañeros, razones fundadas porque actualmente en las cárceles, con el argumento de crimen organizado, existen personas que están purgando una sentencia y que les fueron fabricados los elementos para caer en el escenario del crimen organizado.

Sabemos que en la exposición considerativa de este dictamen se agregó que no se entendería por delincuencia organizada a los luchadores sociales, a quienes tienen un interés legítimo que defender, a quienes expresan su voluntad y la representación de una comunidad, pero también es cierto, decirlo, que hay duda suficiente de que esto pueda suceder.

También hay duda cuando el proceso penal acusatorio llevará su tiempo y llevará su trámite, pero algunas de las medidas a las que me refiero, entrarán en vigor de manera inmediata.

Por supuesto que preferimos una policía, que como lo establece esta reforma, sea profesional y esté certificada. Por supuesto que reconocemos que debe existir la definición de la propia seguridad pública y las bases mínimas de coordinación de un sistema nacional.

Darle el carácter de civil a las policías y no quedarnos en el escenario de la militarización. Por supuesto que esas son aportaciones del PRD, y aportaciones recogidas en este dictamen, pero también entiéndannos, compañeros, hay elementos suficientes que puedan dar lugar también a una opresión, a una persecución.

Por eso, compañeros, nuestra reflexión de últimos días, y todavía del día de hoy, ha sido ésa y reconocemos algunos avances mínimos como en el caso del allanamiento, algunos candados mínimos a esta posibilidad de que se pueda generar un abuso policial.

Los reconocemos, pero realmente han sido no del todo suficientes, para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por eso, y de cara a la sociedad, decimos que sí por un sistema de justicia penal y acusatorio más ágil, que sí por un sistema de justicia más cercano a la gente, que sí por una policía más controlada, pero también desde ahorita advertimos, y de cara a la sociedad, que tenemos el inminente peligro de que si esto, si esta reforma no se transita con el cuidado suficiente, estemos ante un escenario de peligro de opresión de exceso y abuso del poder.

Ésta es nuestra preocupación, compañeros, y por eso el voto del Grupo Parlamentario del PRD se da en libertad de cada uno de los legisladores que lo integramos. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Andrés Lozano Lozano. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Borrego Estrada.

El diputado Felipe Borrego Estrada: Con su permiso, Presidenta. Uno de los principios fundamentales por el que desde sus orígenes ha luchado el Partido Acción Nacional es, sin duda, la justicia. Entendida ésta como la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a los derechos de las personas y la comunidad. Además de ser condición necesaria para la armonía social y el bien común.

Por ello, los legisladores de Acción Nacional, conscientes de la realidad que atañe a nuestro sistema de justicia penal y de la alta responsabilidad conferida por la ciudadanía a la que representamos, pugnamos por alcanzar, de manea óptima, este principio fundamental a través de un adecuado diseño constitucional que garantice mayores y mejores condiciones de justicia.

El día de hoy, al discutir las reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad, los diputados no sólo hacemos política, antes bien contribuimos en la construcción de una sociedad más justa, donde se privilegia el papel de la persona como fundamento y ser del estado democrático de derecho.

Es incuestionable que nuestra legislación penal es obsoleta y no está a la par de los cambios sociales, culturales y democráticos que se vienen presentando en el país. El diseño actual, además de serias carencias, tiene falta de credibilidad por una deficiente relación con las víctimas, los testigos y los acusados, así como por el nivel de delincuencia en su conjunto, amén del gran número de delitos que ni siquiera son denunciados.

Durante la construcción del proyecto que presentamos, tanto en lo personal como por las distintas expresiones de los grupos parlamentarios, teníamos posiciones en realidad opuestas, ópticas encontradas; pero esa diversidad no fue obstáculo, no había sido obstáculo. Con voluntad supimos que eran complementarias y vinieron al final a enriquecer el proyecto.

Supimos que lejos de cuestiones partidistas o ideológicas debía prevalecer el interés general, logrando un sistema de enjuiciamiento funcional respetuoso de los derechos humanos y sustentado en principios de legalidad, transparencia, objetividad y particularmente de justicia.

En ese sentido, debemos señalar que la reforma que nos ocupa presenta múltiples bondades. Se logra descongestionar el trabajo de los tribunales con medidas alternativas al juicio. Por primera vez las víctimas pueden ejercer la acción particular, impugnar las resoluciones del Ministerio Público. Estas fórmulas permitirán dedicar las energías del sistema judicial a los casos verdaderamente complejos. Un éxito del sistema oral es que la gran mayoría de los casos penales se resuelven antes de llegar a juicio.

Otra de las bondades, además de la aplicación de principios de presunción de inocencia, concentración, contradicción, inmediación, publicidad y oralidad, es que tanto el imputado como la víctima pueden contar con una defensa técnica que garantice una asesoría realmente profesional, comprometida con la causa y que vele por los derechos de sus defendidos.

Con este nuevo modelo de justicia desaparece la premisa consistente en que toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, para transitar a su antítesis: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Máxima prevaleciente en todo Estado democrático de derecho.

Se realiza un replanteamiento de las causas de procedencia de la acción preventiva, estableciendo las bases constitucionales que deberán observarse en la legislación secundaria, a fin de evitar excesos por parte del legislador al regular esta medida en las leyes procesales correspondientes.

De igual forma, otra propuesta importante de la presente reforma es el cambio del paradigma de la pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social, dejando atrás la teoría que ubicaba al sentenciado como una persona desadaptada socialmente o enferma, para considerar que el individuo que cometió una conducta sancionada por el orden jurídico, debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica que corresponda, mediante la aplicación de la pena, antes de volver a incorporarse a la sociedad.

Por ello, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los exhorto a que dotemos a nuestro sistema de justicia del cambio estructural que necesita. No ignoremos a una sociedad que demanda justicia. Hagamos que el pueblo de México crea en sus instituciones de procuración y administración de justicia; que se sienta seguro. Hagámosle saber que la delincuencia no controla las calles.

Por ello, los exhorto a trabajar con responsabilidad, con profesionalismo, pero todos con la común intención de perfeccionar el actual sistema de justicia. Votemos a favor de la necesidad de transformar nuestro sistema.

Hoy sometemos a su consideración la voluntad de muchas de las fuerzas políticas del país para avanzar de manera conjunta sobre un tema que, de suyo, siempre ha sido polémico y controversial. Refleja la sensibilidad con la que los legisladores hemos acometido la gran encomienda del pueblo mexicano: un reclamo de justicia con enfoque humanista. Justicia transparente, justicia accesible, justicia expedita y eficiente con la configuración de instituciones democráticas con perfil garantista y respetuoso de los derechos humanos, porque sabemos que no hay justicia sin democracia.

Termino citando a Carlos Castillo Peraza: "Es tiempo, sí, de responsabilidad política en la que el Estado y el sentido de pertenencia a éste pueden crear fortalezas necesarias para afrontar los desafíos del presente y del futuro. No es tiempo de inventar futuros con el pretexto de que inventar futuros salva el presente, sino es tiempo de preservar el futuro por la acción responsable del presente". Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Felipe Borrego Estrada. Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados.

Se han inscrito en contra, el diputado Mario Enrique del Toro, y el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar.

Se han inscrito para hablar a favor, la diputada Layda Sansores San Román, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, el diputado Jesús de León Tello, el diputado Carlos Navarro Sugich, el diputado Alfredo Ríos Camarena, el diputado Rogelio Carbajal Tejada. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Enrique del Toro

El diputado Mario Enrique del Toro: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, no hagamos cosas malas que parezcan buenas. Seguramente que el tema de ayer, de la reforma electoral, tuvo algún perjuicio para los partidos, para algunos ciudadanos, pero esta reforma de justicia penal y de seguridad va a tener un impacto directo en los ciudadanos.

No habla en menoscabo del trabajo de las comisiones, porque es de reconocerse, llevan más de seis meses trabajando intensamente en lograr esta importante reforma, que por supuesto nos interesa a todos.

Pero considero que no está por demás que nos demos un mes y medio más para poder adecuar algunos aspectos que me parecen importantes. Por supuesto que estamos a favor de los juicios orales, esto es un reclamo de los ciudadanos y que definitivamente no puede postergarse. Tampoco hay que esperar mucho de esta figura porque en el estado de México ya se instrumentó y sin embargo, hay un grave problema: falta infraestructura. No hay los suficientes juzgados para atender la gran demanda que hay todos los días en materia penal.

Por eso es importante que nos demos una oportunidad, porque así como hay aspectos importantes como ya se han mencionado, hay aspectos delicados. El simple hecho de que facultemos a nuestras policías, que no gozan de un buen prestigio y sabemos la calidad moral con la que se desempeñan, ponemos en riesgo a los ciudadanos de que el día de mañana a alguien le siembren alguna droga y con ese pretexto puedan meterse a su domicilio.

Salir a la calle para cualquier ciudadano no solamente es preocuparse de los delincuentes comunes, sino también de los policías. Y mientras no tengamos policías con un espíritu y una convicción adecuada a lo que los ciudadanos reclaman, no podemos ampliarle sus facultades.

Considero que lo que ya se tiene está muy bien; hay que modificar esos pequeños detalles y hay que asumir el compromiso también de entrarle de una vez por todas a temas tan importantes como la independencia de la procuraduría y a la integración de los jurados populares.

No se le puede dejar a un solo juez el reparto, la distribución o la administración de la justicia. Son aspectos torales señores diputados, que les exhorto a que hagamos esa reflexión y que evitemos a toda costa tener gente inocente en la cárcel y tengamos a tantos delincuentes en la calle. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Mario Enrique del Toro. Tiene el uso de la tribuna la diputada Layda Sansores San Román, para hablar en pro.

La diputada Layda Elena Sansores San Román: Compañeras, compañeros, a mí me rebela la simulación de donde venga. En Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Andrés Lozano fue el más ferviente defensor de esta reforma judicial. Plantearon hace unas horas algunos argumentos que se consideraron durante cuatro horas y se les dio respuesta puntual.

Ahora resulta que ya salieron nuevas inquietudes. ¿Por qué no son más honestos y nos dicen que esto es una estrategia para usar como moneda de cambio la reforma judicial tan importante para la vida del país, para que se puedan escoger consejeros que a ustedes les convenga? Yo creo que esto es lo que no se vale.

Nosotros no podemos exponer una reforma de justicia tan importante, por intereses de partido o por malas estrategias y malas negociaciones que se hicieron. Creo que es una reforma trascendente. En lo que se refiere a juicios orales es un parteaguas en la vida del país. Se va a hablar antes y después de estas reformas y que claro, a todos nos quedan inquietudes.

Nosotros estamos en contra de que se haya constitucionalizado el arraigo. Nos molestó muchísimo que no se haya contemplado, porque no preocupa, porque era un punto fundamental, que no se haya contemplado en el proyecto la audiencia de control de la detención.

Porque ¿qué pasa? Aquí en México lo que necesitamos es que cuando a una persona se le detenga, inmediatamente se le lleve al juez. Aquí se le lleva al ministerio público y ya sabemos cómo se la gasta el Ministerio Público. Tienen tan poca credibilidad, casi tan poca como la que tenemos los diputados.

No se preocupe que todavía no nos gana. Pero entonces ellos son juez y parte y en México nosotros no podemos pedir menos que lo que ya se aprobó en las convenciones internacionales de derechos humanos desde 1956. No tenemos por qué llevar al Ministerio Público para que durante 48 horas, si así se les da la gana, puedan torturar a los detenidos.

Las encuestas que se llaman cárceles de 2005, del CIDE, muestran que el 43 por ciento de la gente fue coaccionada en el Ministerio Público y el 39.81 dice que confesó porque fue torturado o porque fue presionado.

Creemos que era muy importante tener los jueces de control. Esto será tema para adelante. Seguiremos insistiendo. Pero entendemos que éste fue un producto de largas discusiones y que había que sacar un promedio y manejarse la teoría de los inconvenientes. Y se sacó el promedio entre la iniciativa del Ejecutivo que tenía verdaderas aberraciones contra los derechos humanos y la que expusieron académicos y gentes responsables, que fueron motivadores en esta —permítame terminar— reforma.

En Convergencia nos quedamos con lo mejor de este esfuerzo y nos motiva que esta iniciativa tiene un color ciudadano. Y esto tiene que ser ejemplo y contagio para otros grupos ciudadanos que tienen inquietudes. Y quiero mencionar, porque es un acto de justicia, a quienes fueron el carburante que movió voluntades en muchos puntos del país: al ministro Juventino Castro, al ex ministro Miguel Ángel Garcíam, Luis Maldonado, Ernesto Canales, Miguel Ángel Treviño, Ana Laura Magaloni, Lucy Thatcher, Miguel Sarre, Emilio Rabasa, Miguel Carbonel, Carlos Ríos, Roberto Hernández, Layda Negrete. Y a César Camacho le valoro su vocación de tejedor de consensos políticos.

Y ya para terminar quiero decir que esta reforma tiene omisiones, en algunos casos debilidades y decisiones tibias, pero es un avance; es un paso importante que termina con la injusticia o terminará con la injusticia institucionalizada en nuestro país. Creo que es lo más luminoso que nos hemos dado los diputados en esta legislatura. Enhorabuena.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Es lamentable que las fracciones del PRI y del PAN no hayan tenido la sensibilidad para buscar y aceptar la propuesta que hizo nuestro coordinador, de una moción suspensiva que nos permitiera sacar con consenso una reforma que todos estamos de acuerdo en que tiene muchas cosas positivas.

Y que hay aspectos que tendríamos que afinar y que ésa era la intención de nuestra propuesta para buscar los consensos, y que saliera con el acuerdo de consenso de toda la Cámara de Diputados; sin embargo, las prisas llevaron a votar mayoritariamente porque hoy decidiéramos estos aspectos que son trascendentales.

Sin embargo, y quisiera decirlo porque nuestra compañera que me antecedió acaba de decir que la propuesta del PRD era porque estamos queriendo hacer tiempo para los consejeros. Eso es falso.

La preocupación de nuestro partido, y lo expresó nuestro coordinador, es el tema de los derechos humanos. Lo de los consejeros, compañeros, ya calificaron en la comisión. Los comisionados calificaron a los consejeros o a los aspirantes a consejeros y creo que ahí tendrán que haber las propuestas, porque fueron muchos candidatos con las capacidades para ser consejeros. Yo creo que ése es un tema aparte.

La preocupación de nuestro partido tiene que ver con derechos humanos; por tanto, quisiéramos dar el posicionamiento de nuestra fracción parlamentaria, de los que pensamos que este punto deberíamos haberlo discutido y haber aceptado una moción suspensiva para buscar un consenso.

Mucho le ha costado a nuestro país avanzar paulatinamente hacia formas más democráticas de relación y convivencia. Estos avances han ido teniendo su expresión a través de la construcción de una normatividad constitucional y secundaria que permita rebasar aquellas prácticas que, tanto en la vida política como en el sistema de justicia, han impedido la vigencia de la ley y un Estado democrático y social de derecho.

La impunidad sigue siendo patente de corso en nuestra vida cotidiana. La reforma en materia de justicia penal y seguridad pública que hoy estamos discutiendo, sin dejar de ser un imperativo para la seguridad humana y ciudadana, tiene su base en la necesidad de Felipe Calderón de llevar a rango constitucional una serie de medidas de excepción para justificar las acciones, esencialmente mediáticas, que han venido impulsando en materia de seguridad pública.

Nuestra crítica fundamental es la propuesta de incorporar a la Constitución un régimen de excepción bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada, lo que abre la puerta a la implantación de otras medidas de excepción que irán implantando la base para justificar el estado policiaco, sobre la que se ha ido asentado el Ejecutivo federal, su legitimidad y la comisión de grandes arbitrariedades.

No es un nuestra intención oponernos a la lucha en contra de la delincuencia organizada que ha puesto en jaque a las instituciones, muchas de ellas infiltradas del Estado. Sin embargo, nos oponemos a que se constitucionalice la violación de garantías y derechos, pues dejan en total vulnerabilidad no sólo a quienes pertenecen a los grupos de delincuencia mayor, sino a millares de ciudadanos que no podrán ejercer uno de los más importantes instrumentos del derecho positivo mexicano, en el caso de que se violenten sus garantías y al derecho de amparo.

Ninguna sociedad democrática en la que imperan sistemas de justicia y de seguridad pública modernos deja sin derechos a sus ciudadanos, ni siquiera a los más peligrosos delincuentes.

Actualmente existe una legislación secundaria en relación con la delincuencia organizada y es ahí donde se debieran atender las preocupaciones de la sociedad y de los órganos del Estado, dejando a salvo las garantías que establece nuestra Carta Magna.

El diputado Andrés Bermúdez Viramontes (desde la curul): Tiempo.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Ya lo escuché, diputado Tomatero.

La ineficiencia de los aparatos de seguridad del Estado no debe ser justificada con el argumento de que la legislación vigente en materia penal y de seguridad pública es deficiente.

La legislación actual no impediría que los grandes capos del narco-negocio estuvieran presos. En la operación de la lucha contra los jefes de las redes de delincuencia organizada se debería empezar por terminar con la impunidad de los enormes niveles de corrupción existentes en el aparato del Estado mexicano.

Son los arraigos, el allanamiento y la incomunicación, los elevados a rango constitucional con la consecuente anulación al derecho al amparo, lo que contribuirá a hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Concluya diputado, por favor.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Permítame concluir, diputado. Reconocemos que en el proceso de construcción del dictamen de discusión se incorporan importantes avances que han sido demandados por juristas, organismos civiles y sociales tanto nacionales como internacionales, en derechos humanos, así como propuesta de nuestro propio partido, como son los principios para la implantación futura del proceso penal acusatorio, con base en la oralidad, la presunción de la inocencia y otros principios del derecho al debido proceso, la defensoría pública profesional.

Sin embargo, en el artículo Transitorio segundo se acordó encorchetar la vigencia de estos principios hasta un plazo de hasta 8 años, en el entendido de que tendría que irse construyendo tanto a nivel federal como a nivel estatal el nuevo sistema, lo cual es comprensible dada su complejidad, pero no hubo congruencia con el espíritu de incorporar estos principios al texto constitucional al permitir que todas las medidas violatorias a las garantías…

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Concluya el orador, por favor.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: … que implican la incorporación a la Carta Magna de un régimen de excepción así, si entran en vigor en el momento de publicarse el derecho.

El diablo está en los detalles. Y los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 contienen elementos que hacen nulas las garantías y por ello nuestro voto en lo general será un voto en contra.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado, ha concluido su tiempo.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Compañeros, sería importante que entráramos a debatir lo que tiene que ver con derechos humanos. En esta situación están incluso, los debates de Oaxaca, los debates que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a muchos problemas sociales nacionales y ésa es la preocupación de nuestro partido.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Concluya, diputado, si es tan amable. Su tiempo ha terminado.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Entonces, entremos a debatir estas situaciones y no a estar chiflando.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: El tema de seguridad y justicia es uno de los más importantes y uno de los que más preocupan a todos los hombres y mujeres de todas las épocas. Sin justicia y seguridad no hay paz social ni convivencia digna entre hombres y mujeres, y ésta no sería posible sin estos factores.

Por ello, en la reforma del Estado, sin una reforma al sistema de justicia penal y de seguridad pública, estaríamos hablando de una reforma parcial, de ahí la importancia de que la reforma que el día de hoy se somete a consideración de esta soberanía, la cual propone un replanteamiento integral de las bases sobre las que descansa el actual sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país, con el fin de lograr un equilibrio entre los actores que intervienen en dicho sistema, tiene un doble aspecto.

Por una parte, el tránsito a un sistema penal mixto preponderantemente inquisitivo, hacia un sistema acusatorio, acorde con un Estado democrático de derecho, pero por otro lado también el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado en las labores propias de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada.

Se ha dicho aquí que hay una negativa a tener un consenso y diálogo entre los partidos y entre las fuerzas políticas. Señores, parece que nos hemos olvidado que el tema lleva discutiéndose meses, que el tema estaba también en la mesa para la reforma del Estado, que hoy, por cierto, ya hubo una suspensión del procedimiento y que tuvimos más de tres horas trabajando, buscando consensos.

Solamente me gustaría destacar algunos aspectos importantes de esta reforma, abundaría en cuanto a este tema. En la importancia que tiene la adopción de este sistema con la aprobación de una reforma de tal magnitud, una reforma que parece que está cuestionándose, pero que es una reforma que permitiría el establecimiento de bases constitucionales de un sistema de justicia eficaz, equilibrado, inmediato, expedito, transparente y, en todo momento, respetuoso de la plena observancia de las garantías fundamentales de toda persona.

Que garantice a la víctima u ofendido del delito el acceso pleno a la justicia, la debida atención y protección jurídica por parte del Estado y la restitución real de los daños ocasionados por la comisión del ilícito, privilegiando aquellos casos en que resultan aplicables criterios de justicia retributiva, la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflicto.

Revisemos la reforma en integralidad, revisemos los conceptos positivos que tiene la misma. No podemos negarle al país la oportunidad de contar con un sistema de justicia mejor. No podemos negar a nuestro país una reforma que implanta bases en el sistema de seguridad de justicia que tanto demanda nuestra sociedad.

Por eso, hoy, reiteramos nuestro voto a favor de la presente reforma y, en consecuencia, solicitamos su voto. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada María del Pilar Ortega. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Othón Cuevas Córdova.

El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su venia, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Othón Cuevas Córdova: Compañeros y compañeras, en nombre de mis compañeros diputados federales del Partido de la Revolución Democrática de Oaxaca, hago uso de esta tribuna para reconocer, en efecto, como ya lo han hecho otros compañeros, el esfuerzo para poder estar discutiendo hoy aquí una iniciativa de fundamental importancia.

Sin embargo, quiero reiterar que la moción solicitada por nuestro coordinador, en ningún momento quiso tratarse de una acción dilatoria ni mucho menos un voto negativo a priori, habida cuenta del resultado de haber desechado esta moción suspensiva y advirtiendo un voto por consigna que seguramente va a aprobar esta iniciativa, quiero dejar muy bien expresado el planteamiento que los diputados del PRD, de Oaxaca, tenemos al respecto.

Y para ello quiero llamar su atención sobre un hecho que se vio recientemente en Oaxaca, y que por no advertir y dar más espacio al diálogo para que esta iniciativa impida este tipo de situaciones, ahora no solamente se van a seguir llevando a cabo, sino ahora tendrán, incluso, un cobijo legal.

Compañeros y compañeras, el jueves 4 de octubre, a las ocho de la noche, producto de una llamada telefónica, llegó personal de la AFI, de la policía ministerial, auxiliados con el Ejército mexicano, a derribar la puerta de una casa ubicada en la colonia Reforma, de la ciudad de Oaxaca. Se encontraba ahí adentro un grupo de personas celebrando un cumpleaños. Pasaron las horas reglamentarias para ser puestos en libertad y esto no sucedió. No fue sino hasta cuando el juez cuarto de distrito dictó auto de libertad absoluta, en este caso; y el lunes pasado, exactamente, fueron puestos en libertad por falta de pruebas.

Quiero decir que en esta acción ilegal, ahora la policía ministerial dice que no entró al domicilio; sin embargo —concluyo, señor Presidente— en el informe del Ejército mexicano se declara que sí entraron al domicilio sin la orden de cateo correspondiente, sembraron armas, sembraron cocaína, sembraron cartuchos útiles para justificar la detención.

Cuando se les dejó en libertad, el lunes pasado, había fallecido dentro del penal, por falta de atención médica, el señor Octavio Vera Vázquez. Éste es el tipo de violaciones que se han cometido en el estado de Oaxaca y son las violaciones que quedarían amparadas por no darnos el tiempo, compañeros, de revisar esta parte. Luego entonces, los diputados oaxaqueños no podemos llegar a nuestro estado con una ley que va a permitir este tipo de abusos.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús de León Tello.

El diputado Jesús de León Tello: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Jesús de León Tello: Si en Oaxaca, suponiendo sin conceder, sucede lo que dijo el preopinante, es porque no existe esta reforma constitucional. México no está para mociones; México está para acciones.

Esta reforma constitucional en materia penal tiene más tiempo que las otras reformas que hemos aprobado en debate. Tiene años discutiéndose en la academia. Tiene años discutiéndose en las diferentes Cámaras del Congreso de la Unión, y hoy que tenemos una oportunidad de dotar de instrumentos jurídicos a los ciudadanos para que se defiendan contra las autoridades, pedimos que se suspenda la aprobación de esta reforma trascendental.

Yo les pido, compañeros, que mediten su voto y que se pongan a pensar un poco en el drama penal que viven las víctimas del delito, y con esta reforma, no solamente les vamos a dotar de una defensoría pública de calidad. No solamente vamos a garantizar que se les repare el daño sin que tenga que salir el delincuente antes de que esto haya sucedido.

Yo les pido, que pensemos en los más de 90 mil internos que están así por no contar con el mecanismo de la prisión preventiva.

Les pido que pensemos mejor en aquellos ciudadanos que duran más de 60 meses sin que se les dicte una sentencia, que pensemos en aquellas personas que durante todo el proceso no pueden ver a la cara al juez, mucho menos cuando se les dicta una sentencia. Por qué no pensar en la impunidad que se genera cuando en la integración de la averiguación previa lo hace el Ministerio Público a la espalda del ciudadano.

Por qué no pensar que al momento en que se dicta una sentencia no lo hace un juez, lo hace un secretario basándose en simples fojas, en un expediente, sin la inmediatez que estamos proponiendo en esta reforma.

Yo les pido, compañeros diputados, que en esta ocasión pensemos en México y que votemos ya esta reforma en materia de justicia penal, para garantizarle al ciudadano la defensa adecuada de sus garantías. Creo que es importante aprobarla y de serlo así, tengan por seguro que en el mediano plazo van a estar agradecidos los ciudadanos con este Congreso por haberla aprobado y por no haber suspendido sin justificación su aprobación. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Jesús de León Tello.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Octavio Martínez Vargas, para argumentar en contra.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su permiso, compañero Presidente. El problema, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que hemos puesto la iglesia en manos de Lutero.

Quien está estructurando y coordinando estos trabajos es el principal violador de los derechos humanos, de las garantías constitucionales en el estado de México. Cuando el diputado Camacho fue gobernador se armó un movimiento en el estado, en donde por ejemplo en Texcoco, los ejidatarios y los comuneros fueron detenidos y procesados por delincuencia organizada, por secuestro, etcétera.

Cuando el diputado Camacho fue gobernador, en el municipio de Ecatepec más de 135 adultos mayores fueron golpeados, maltratados, ultrajados y, por ende, procesados por delincuencia organizada, por impedir el desarrollo de un proyecto habitacional de funcionarios del gobierno del estado.

Él es quien estructura esto y trata de justificar la incapacidad del gobierno federal. El gobierno federal no ha tenido el más mínimo interés de entrarle con seriedad a este tema. Ha eludido recurrentemente su responsabilidad como Estado para verdaderamente combatir a la delincuencia organizada, al crimen organizado, el combate al narcotráfico, etcétera. Y hoy pretenden y nos vienen diciendo que con esto lo vamos a lograr.

Grave error, los antecedentes históricos, compañeras diputadas y compañeros diputados, en materia judicial a la Constitución siempre se ha dicho lo mismo: ahora sí, ésta es la buena, con esto los vamos a detener, vamos a combatirlos y no se ha avanzado de manera sustantiva. Y lo que sí estamos logrando es dar un paso muy equivocado para ir en violación permanente y flagrante contra los derechos humanos, compañeros.

No nos equivoquemos, no nos vengan con vaciladas. Y hay antecedentes de las personas que suben a tribuna, de los que están ahora diciendo de la gran reforma vanguardista. Equivocación, equivocación.

Por eso, amigas y amigos, creo que debemos reflexionar minuciosamente sobre este tema. No nos equivoquemos, no se requieren reformas de esta naturaleza constitucionales para verdaderamente combatir. Se requiere voluntad, eso es lo que se requiere y no reformas que van a ir en perjuicio —termino, amigos—, no modificaciones que van a ir en perjuicio de los que hoy ocupan la comunidad más amplia de los reclusorios en nuestro país.

Que la historia nos juzgue, compañeros de la derecha y compañeros que cuando fueron ejecutivos fracasaron. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Rogelio Carbajal Tejada, para argumentar en pro.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Desde luego votaremos a favor de esta reforma.

Y extraña, extraña en esta tribuna quienes se opongan a una reforma que protege a las víctimas de los delitos. Extraña quienes se oponen a esta reforma porque es una reforma garantista. Extraña quienes se oponen a esta reforma porque entonces se oponen a los derechos humanos que se están tutelando en este sistema de justicia penal que se está proponiendo en esta reforma constitucional.

Por eso extraña la posición de quienes se oponen a una reforma que es de avanzada, que moderniza el sistema de justicia penal y que garantiza para los mexicanos y para las mexicanas un bien esencial, que es el de la seguridad pública.

Estos dos pilares, el de la seguridad, pero también el de un sistema de justicia penal adversarial, oral, con todos los principios que esto conlleva, no es otra cosa sino darle dos pilares esenciales al Estado democrático mexicano.

Por eso los diputados y las diputadas de Acción Nacional votaremos a favor de esta iniciativa que reforma una serie de artículos de la Constitución. Votaremos a favor porque estamos de acuerdo con un juez de control que garantice los derechos del ofendido, pero también que garantice los derechos de quien presuntamente puede ser un delincuente.

Votaremos a favor porque esta reforma sin duda alguna establece un avance fundamental para proteger los derechos de las víctimas, los que siempre han sido olvidados en los juicios penales. Votaremos a favor porque estamos de acuerdo en medidas alternativas para la solución de conflictos.

Votaremos a favor, amigas y amigos diputados, porque creemos en una máxima fundamental que desde luego respeta los derechos de todos y que implica investigar para detener y no detener para investigar. Por eso votaremos a favor.

También votaremos a favor porque sí creemos en un régimen especial contra la delincuencia organizada. No nos equivoquemos, esta reforma es contra la delincuencia y esa batalla los diputados de Acción Nacional la vamos a seguir dando desde esta trinchera.

La vamos a seguir dando porque estamos con el presidente de la república y porque creemos que la principal atentación contra la soberanía es justamente el crimen organizado. Por eso votaremos a favor.

Votaremos a favor —y con ello concluyo— porque este régimen de justicia penal que se propone, y porque este régimen de seguridad pública que se propone, es un régimen moderno para un Estado democrático como es el Estado mexicano. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Rogelio Carbajal Tiene el uso de la tribuna el diputado Alfredo Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Con su venia, Presidente. La justicia es uno de los valores fundamentales del género humano y cualquier paso que demos por conseguirla acreditará nuestra calidad de legisladores que entendemos el problema.

No llegará la justicia a México, menos la justicia social en un país de desigualdad; pero sí podemos avanzar sólidamente en reformas constitucionales que hemos discutido en la Comisión de Justicia y en la de Puntos Constitucionales, y donde todos mis compañeros del PRD, del PAN y de otros partidos votaron a favor. Hoy me extraña que a este dictamen aprobado por todos se le ponga una moción suspensiva.

Pero, finalmente lo importante es que este trayecto de reformar la Constitución nos conduce en dos ejes sustanciales: uno, el combate severo, firme, duro, contra la delincuencia organizada y contra el crimen organizado. No tenemos que darles flores a los que todos los días decapitan, asesinan, matan y secuestran.

Tenemos que apoyar al Estado mexicano para una política de combate verdadero y auténtico en contra de quienes se han apoderado de las instituciones sociales y han desbordado el entorno del contexto de un Estado que está obligado a garantizar la justicia. Ésa es una parte de la reforma que debemos apoyar.

El otro, habla de una justicia moderna. Habla de una posibilidad nueva, habla, sí, de garantizar no los derechos humanos, compañeros, ésos no existen en la Constitución. Las garantías individuales… los derechos humanos son género; pero las garantías individuales son especie legislada en el derecho positivo y es a las que tenemos que atender y a las que debemos defender.

Esos dos ejes nos permiten construir un dictamen que tiene muchas deficiencias, tiene muchas faltas. No aprovechamos esta oportunidad para dar la autonomía al Ministerio Público y evitar que el Ministerio Público fuera un arma política del Ejecutivo en turno, como lo he repetido reiteradamente en ésta y en otras tribunas.

Nos quedamos cortos. Es una reforma imperfecta, es una reforma tronchada, pero finalmente es una reforma posible.

Y en la pragmática del consenso de las fracciones parlamentarias, esto fue lo mejor que se pudo hacer.

Mi facción seguirá insistiendo en la reforma al Ministerio Público y en muchas más que no están contempladas en ésta; pero por el momento votemos ésta para ir hacia adelante en el camino de la justicia mexicana. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alfredo Ríos Camarena.

No habiendo más oradores inscritos… Le dan sonido a la curul del diputado Gómez Pasillas, por favor.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): Solicito se me permita razonar mi voto desde mi lugar, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está bien, diputado.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): Gracias. Quiero solamente expresar que votaré, junto con mis compañeros diputado de Nueva Alianza, a favor del dictamen, porque es indudable su positividad en lo general y en el contenido de su articulado. Pero quiero dejar explícito, que considero —en lo personal— insuficiente la modificación de agregados en la redacción del párrafo doce del artículo 16, para acotar la autorización a la policía para ingresar sin orden judicial a un domicilio. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Queda asentado en el Diario de los Debates y se toma en cuenta su posición.

No habiendo más oradores inscritos se considera suficientemente discutido y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la asamblea ha reservado los siguientes artículos: 16, párrafo séptimo; 16, párrafo trece; 16, 17, 18, 19 y 20; 16, párrafos diez, once y doce; 16, párrafos ocho, doce, trece y quince; 16, párrafos dos y doce; 16, párrafo segundo; 16, párrafo doce; 16, párrafo doce; 16, párrafo quince; 16, párrafo quince; 16, párrafo quince; 16, párrafo ocho; 16, párrafo 10, suprimir; 16, párrafo 13, suprimir; 17, 18, 19 y 20; 18, párrafo noveno; 18, párrafo octavo y noveno; 18, último párrafo; 19, 19,párrafo sexto; 20, 21, párrafo primero; 21, párrafo primero; 21, párrafo séptimo; 21 párrafo primero; 73, fracción vigésima primera; segundo transitorio; segundo transitorio; adición de un transitorio.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados. Compañeros, vamos a rectificar, son 10 minutos la votación para dos tercios, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artrículo161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

(Votación)

¿Falta algún diputado de emitir el sentido de su voto? Ciérrese sistema de votación electrónico. Se emitieron 366 votos en pro, 53 en contra y 8 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 366 votos. Esta Presidencia informa, vamos a dar oportunidad de que festejen todos los compañeros. Yo también estoy contenta compañeros. Muy bien.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos, por los siguientes diputados: Artículo 16, párrafo séptimo, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés; artículo 16, párrafo trece, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés; artículos 16, 17, 18, 19 y 20, diputado José Manuel Del Río Virgen; artículo 16, párrafos diez, once y doce, diputada Silvia Oliva Fragoso; artículo 16, párrafos octavo, doce, trece y quince, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 16, párrafos dos y doce, diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla; artículo 16, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 16, párrafo segundo, diputado David Mendoza Arellano; artículo 16, párrafo doceavo, diputado Rodolfo Solís Parga; artículo 16, párrafo doce, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo; artículo 16, párrafo quince, diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera; artículo 16, párrafo quince, diputado Carlos Altamirano Toledo; artículo 16, párrafo quince, diputado Armando Barreiro Pérez; artículo 16, párrafo 8o., diputado Alberto Amador Leal; artículo 16, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido; artículo 16, diputado Alberto Amador Leal, párrafo 10.

¿Sí, diputado? Le dan sonido, por favor, a la curul del diputado.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Presidenta, antes de continuar con la lista de quienes se reservaron artículos, creo que, de acuerdo con la Constitución de la República debe usted hacer la declaratoria de que se cumplimentó con las dos terceras partes de legisladores presentes.

No sólo el número, sino que quede asentado y así lo diga la Secretaría, que fue aprobado por las dos terceras partes que señala la Constitución de la República. Es cuanto. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con fundamento al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, damos fe que en esa asamblea se votó reglamentariamente por 366 votos la reforma al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliéndose con las dos terceras partes reglamentarias que exige esta ley, este decreto.

Artículo 16, párrafo 13, suprimir el párrafo 13, del diputado Alberto Amador Leal; 17, y 18, 20 y 21 de la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa; artículo 18, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 18 párrafo IX, diputada Silvia Oliva Fragoso; artículo 18, párrafo VIII y IX, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 18, último párrafo, diputado David Mendoza Arellano; artículo 19, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 19, párrafo VI, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 20, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 19, párrafo VI, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 20, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 19, párrafo VI, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 20, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículo 21, párrafo I, diputada Silvia Oliva Fragoso; artículo 21, diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar; artículos 20 y 21, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido; artículo 21 párrafo I, diputado Carlos Altamirano Toledo; artículo 21, párrafo VII, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 21, párrafo I, diputado Armando Barreiro Pérez; artículo 73, fracción XXI, diputada Aleida Alavez Ruiz; artículo 2o. transitorio, diputada Silvia Oliva Fragoso; artículo… Perdón, 2o. transitorio, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: adición de un transitorio, diputado Silvano Garay Ulloa.

Tiene el uso de la palabra para fundamentar su reserva el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Compañeros, antes de dar inicio, quisiéramos apelar a su sensibilidad para este pleno. Dadas las condiciones en que hemos estado sesionando, que se puedan ustedes tomar más tiempo quizás, para poner exponer de una sola vez todas sus reservas para que se puedan ir votando una por una, por supuesto; pero que de una vez pudieran fundamentar todas.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De acuerdo, Presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para referirme al artículo 16, párrafo VII, y al artículo 16, párrafo XIII.

Me refiero al párrafo VII del artículo 16. El primer párrafo del artículo 5o. del proyecto de la Constitución Mexicana de 1857 decía: "Todos los habitantes de la república, así en sus personas, así en sus familias, como en su domicilio, papeles y posesiones están a cubierto de todo atropellamiento, examen o cateo, embargo o secuestro de cualquier persona o cosa; excepto en los casos prefijados por las leyes y con las indispensables condiciones de que se proceda racionalmente y que la autoridad competente exprese en su mandamiento escrito la causa probable del procedimiento".

Traigo a colación esta cita porque entonces Ponciano Arriaga aclaraba con este artículo que quería evitar de manera bárbara y salvaje que, como en México, se hace en las prisiones y cómo toda clase de autoridades maltratan y atropellan a los ciudadanos.

¿De entonces a ahora qué ha cambiado? ¿Acaso los maltratos y atropellos de las autoridades han disminuido, se han atenuado? Pregunten en todo caso los recientes conflictos en Atenco, en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas.

Con estos antecedentes, de verdad queremos darle oportunidad al agente del Ministerio Público de que pueda solicitar el arraigo de un ciudadano sospechoso de delincuencia organizada.

Es nuestra obligación pensar que las autoridades encargadas de administrar la justicia penal, sin menoscabo de la capacitación y de planes de superación que se tienen para ellos, no van a cambiar de actitud de la noche a la mañana y van a dejar de lado esa especie de furor que utilizan para maltratar a los ciudadanos.

Es nuestra obligación pensar mal, porque como legisladores tenemos el deber de asumir la naturaleza imperfecta de ser humano. No nos toca a nosotros asumir la buena fe irrestricta de la autoridad.

Por lo anterior, proponemos a esta soberanía la supresión del párrafo séptimo, del artículo 16. Me refiero al artículo 16, párrafo décimo tercero. Coincidimos en que el modelo de justicia penal vigente ha sido superado por la realidad en que nos encontramos inmersos, como sostiene el propio texto del dictamen en cita, dentro de sus consideraciones. Y coincidimos que es hora de impulsar una reforma en tal sentido.

Sin embargo, ni los jurisperitos más audaces pueden dejar de advertir que quienes pretenden elaborar leyes —y éste es nuestro caso— no pueden limitarse a la copia de modelos exitosos en éste u otro lugar. Es indispensable ser conscientes del contexto nacional de las costumbres y de la idiosincrasia mexicana.

No podemos considerar que, por desgracia, para vergüenza de nuestro sistema de justicia, los órganos gubernamentales de investigación y policía hayan sido empleados consistentemente como aparatos represivos.

He manifestado que estoy de acuerdo con la necesidad de mejorar el sistema de justicia íntegramente. Y me consta que en el marco de la Ley para la Reforma del Estado se han realizado foros y mesas de trabajo, pero ante una adecuación de una parte de la Constitución, ante un caso evidente de ingeniería jurídica constitucional, ¿por qué correr este riesgo?

Por lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, proponemos que se suprima el párrafo décimo tercero del artículo 16. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al artículo 16, párrafo séptimo, hecha por el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 16, párrafo séptimo, propuesta por el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta…

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Denle sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo, por favor.

Compañeros, antes de la participación, les aclaro, que la diputada se tarda porque normalmente ella cuenta, por eso se tarda para dar la determinación. Créanmelo que cuenta, por eso se tarda un poco para dar la votación; pero, adelante diputado.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, diputada. Solamente para solicitarle que al reservarse para votarse en lo particular, este artículo se vote de manera separada, nominal, si es tan amable, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con eso quedaría resuelta la duda de la votación, diputado? Al final se votaría por separado. Claro.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión la modificación del artículo 16, párrafo trece, que ha hecho el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del artículo 16, párrafo doce…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: A ver, permítanme diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, al artículo 16, párrafo trece. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, es serio. De verdad que la diputada trata de contarlos para que no tenga problemas con ustedes, con nadie, problemas con nadie, pero principalmente con quienes reclaman la votación. Continuamos.

Se desecha la propuesta y continuamos con el siguiente orador.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, para fundamentar las reservas al artículo 16, 17, 18, 19 y 20.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reforma judicial representa una de las grandes reformas que requiere el país, pero vengo a llamar su atención de varios temas de los que luego nos podemos arrepentir; es más, hay hasta párrafos que ya están en la ley y que se busca que se inscriban dentro del texto constitucional.

Por eso, porque creen que levantando el dedo y votando por mayoría se puede resolver. Por eso tenemos tantos problemas. Y por ese motivo las cosas no van como se quieren en este país.

La reforma es buena, se trabajó a profundidad. Se pueden hacer otras cosas, pero les voy a hacer un comentario. Miren ustedes, el addendum que mandaron dice: "la policía podrá ingresar sin orden judicial cuando existe información o conocimiento". Pregunto: ¿la reforma da capacidades de persecución a la policía, pero no establece medidas para combatir la incapacidad de los agentes para realizar, bajo los preceptos de la ley, su trabajo para erradicar la corrupción?

Es más, compañeras y compañeros, ¿cómo es posible que a la policía le demos esa facultad cuando no está capacitada para distinguir cuándo una amenaza es real, actual o inminente, ni cuando exista flagrancia, cuasi flagrancia o flagrancia equiparada?

Ése es un dato que a todo mundo puede afectar. Otro dato más, compañeros. En el proyecto quieren que se defina "delincuencia organizada". ¿Para qué, si el texto constitucional no es un catálogo de definiciones jurídicas? Es más, ya está este texto en el artículo segundo y lo definen los mismos términos, ¿para qué motivos?

Otro comentario más, compañeros, el párrafo 6 y el párrafo 15 se podrían en un solo párrafo, redactar para que quedara de la siguiente manera: "En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con reservas de ley. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares providencias precautorias y técnicas de investigación…". Y dejaré el texto, porque no da tiempo de leerlo.

Compañeras, compañeros, el artículo 16 constitucional también habla del arraigo de una persona que puede resultar inocente. Esto ya ha sido declarado en una controversia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidentemente inconstitucional. Ello no refleja más que la incapacidad de combatir la delincuencia organizada. El párrafo 134 del Código Penal de Procedimientos Penales habla y particularmente se refiere a este tema.

Por otro lado, el Ministerio Público tiene durante la instrucción del proceso 10 días más para ofrecer pruebas. La verdad es que se podría redactar un artículo 16 con varios señalamientos que a todos dejara satisfecho, sobre todos dejara satisfecho a los justiciables.

Del artículo 17 —Presidenta, para que sea en una sola exhibición— del artículo 17 comentaría lo siguiente: prevé la instauración de mecanismos alternativos de solución de controversias como la restauración de la justicia, mediación y conciliación entre las partes.

Pero, podría quedar de otra forma redactada de tal manera que permitiera que todo justiciable tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso, desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar a un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público, también derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y ése tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera y la federación, los estados y el Distrito Federal, garantizarán… A ver, infórmele al diputado escandaloso que está ahí, que son varios artículos, Presidenta.

Así es que se puede redactar de otra manera. El artículo 18 también puede quedar salvado de otra forma, de tal manera que quede: lo que se debe de tener mucho cuidado es que una prisión de ejecución de la pena…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado. Efectivamente, el diputado está presentando varias propuestas, entonces permítanle, por favor, terminar de exponerlas. Está tratando de hacerlo lo más resumido posible, por favor.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Lo que se debe cuidar es que la prisión, que la ejecución de la pena, no consista en tratamientos lesivos a los derechos de las personas privadas de su libertad, lo cual implica el rechazo a medios que ofendan su dignidad.

Compañeras y compañeros, en el artículo 20 se propone una redacción que diga: a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad. Sin embargo, se agrega un periodo gramatical que desconcierta, dice: mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Esto último perturba porque no tiene el mismo significado jurídico la presunción de inocencia y la presunción de inculpabilidad. La tesis según la cual el indicado o procesado no tiene en su favor la presunción de inocencia, sino de inculpabilidad, es veraz.

La diferencia puede parecer pequeña, pero desde el punto de vista procesal arroja una diferenciación gradual entre ambas, puesto que la inculpabilidad se actualiza desde la averiguación previa pasando por el procedimiento de primera instancia y culmina con la sentencia definitiva emitida en la apelación, al no existir más recursos ordinarios que lo confirmen, modifiquen o reformen, el principio de inocencia, el momento procesal en que puede promoverse de acuerdo a los artículos 94 y 98 del Código Penal Federal, es después de haber dictado sentencia irrevocable.

Así es que la verdad es que se podría redactar de otra forma y darle a la nación lo que está esperando: una reforma judicial que sirva a la sociedad y que no abuse de su buena fe,. Sin embargo, ésa es la potestad de ustedes, votarla como quieran. Incluso, algunos porque les ordenan. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta al artículo 16, realizada por el diputado José Manuel del Río Virgen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Manuel del Río Virgen al artículo 16. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 17.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Manuel del Río Virgen al artículo 17. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta al artículo 18.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 18, propuesta por el diputado José Manuel del Río Virgen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan. Consulte las modificaciones al artículo 20, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 20 por el diputado José Manuel del Río Virgen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte por favor si se acepta a discusión la modificación al artículo 19.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 19 por el diputado José Manuel del Río Virgen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias, Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas y se reservan los artículos para su votación al final de la discusión.

Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, para presentar su fundamentación a las reservas del artículo 16, párrafos décimo, onceavo y doceavo; diez, once y doce.

Nos comentan que la diputada Silvia Oliva va a presentar también en esta exposición las modificaciones que ella pretende presentar. Es al 18, párrafo noveno; al 21, párrafo primero y al segundo transitorio, además de los ya mencionados.

La diputada Silvia Oliva Fragoso: Gracias, diputada Presidenta.

En el artículo 16, párrafo décimo, en esta propuesta se está permitiendo que en los casos de delincuencia organizada el Ministerio Público de la federación, autorizado en cada caso por la Procuraduría General de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga el carácter de reservada, a nosotros nos parece que el acceso directo no debe estar en esa ley. Tiene que ser con una orden judicial, por lo cual consideramos que es necesario que esa solicitud se haga al juez y que el juez determine.

El proceso de delincuencia organizada lleva bastante tiempo y no nos parece que sea la práctica inmediata y directa la que corresponda a que se tenga acceso directo a estos documentos.

En el párrafo décimo segundo del artículo 16, también tenemos que este párrafo, aún con las modificaciones que se pretenden hacer en cuanto a que la policía podrá ingresar sin orden judicial, no podemos aceptarla. Consideramos que este párrafo debe eliminarse porque las adecuaciones que se le hicieron nos parece que son insuficientes.

En cuanto al párrafo décimo primero, lo único que se está solicitando es que quede una palabra como está actualmente en la Constitución y es que en toda orden de cateo se pida que sea por escrito, como actualmente lo dice la Constitución, porque en la reforma le quitan que sea por escrito.

También dentro de estas reformas consideramos que en el artículo 21, en el texto reformado, se le da a las policías toda la facultad de investigación. Nos parece que en la actualidad las policías tienen muchos problemas; han sido bastante represivas y esa facultad, que se les puede dar, puede traer consecuencias muy graves. En ese sentido, a pesar de que fuera bajo la dirección, bajo la petición del Ministerio Público, necesita la creación de una policía científica.

No todas las policías, porque se lo pide el Ministerio Público y aun cuando en el texto se dice que se van a certificar y que se van a capacitar estas policías, creo que es insuficiente y son algunas de las cuestiones que no podemos dejar así tan general, que las policías tengan la facultad de investigación.

Por eso, el texto que propongo es que sea únicamente la policía científica, que realmente se capacite, una policía que pueda investigar todo lo que son los delitos y que tenga una formación adecuada.

Finalmente, el segundo transitorio es muy importante porque dice que algunos artículos entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial. Si se pretende que las policías, ya sea con la modificación o como el mismo texto, si no pasa esto, inmediatamente estén al servicio ya del Ministerio Público, qué capacitación tienen.

Entonces, la propuesta es que en el párrafo segundo se pueda decir que entren en vigor estas modificaciones del artículo 21 párrafo primero, hasta que esté la ley secundaria. Si no, resulta que es una falsedad de que haya policías capacitadas si esto entra en vigor inmediatamente. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada ¿fundamentó el segundo transitorio que reservó?

La diputada Silvia Oliva Fragoso: Sí.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Silvia Oliva Fragoso, al artículo 16 párrafo décimo, undécimo y duodécimo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 16, párrafo décimo, undécimo y duodécimo, por la diputada Silvia Oliva Fragoso.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta realizada por la misma diputada al artículo 18 párrafo noveno.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al articulo 18 párrafo noveno.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21 párrafo primero.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21 párrafo primero.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al segundo transitorio.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo segundo transitorio. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputad Aleida Alavez Ruiz, para presentar las propuestas de modificación al artículo 16, párrafo octavo, duodécimo, decimotercero, decimoquinto. Y también va a presentar en esta exposición la propuesta al 18, párrafo noveno; 19, párrafo sexto; 21, párrafo séptimo, 73, fracción XXI.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada Presidenta. La reserva al artículo 16, tiene las siguientes

Consideraciones

La enmienda constitucional en materia jurídica que discutimos el día de hoy es una reforma que institucionaliza la violencia de Estado. La posibilidad de que la policía ingrese a los domicilios de la población sin orden judicial pone en riesgo la seguridad y certeza jurídica de las familias. Casos como las reiteradas violaciones a la garantías individuales que suceden en los estados de Oaxaca, México, Guerrero, Michoacán, Puebla y Chiapas, tendrán la legitimación necesaria para el uso de la fuerza bajo el pretexto de la persecución de la delincuencia organizada.

La criminalización de la lucha social es una estrategia de Estado que no sólo implica la modificación y el uso de leyes para detener y condenar con altas penas a luchadores sociales. También se manifiesta en otras medidas que fuera de la ley señalan, hostigan, persiguen, encarcelan y torturan, y asesinan a quienes luchan por mejores condiciones de vida, comparándolos con delincuentes y terroristas.

El gobierno de Calderón continúa reforzando las estrategias represivas que comenzaron durante el último año de la administración de Fox. Un año después del rescate de Atenco, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusados de secuestro, fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión.

En Oaxaca a la ocupación policiaco militar de 2006, siguieron detenciones y desapariciones selectivas previas a la elección del Congreso local, como la detención de concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la desaparición forzada de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, la muerte de dos personas a causa de un conflicto agrario en San Isidro Aloapam, la desaparición de dos mujeres vinculadas al movimiento de unificación y lucha trique y la represión contra la celebración de la Guelaguetza popular, en la que resultaron varios heridos de gravedad, 12 indígenas loxicha permanecen presos desde hace 11 años acusados, sin pruebas, de pertenecer al EPR.

Estos datos son muestra de lo que puede suceder a gran escala si no ponemos freno a la discrecionalidad de la aplicación de estas nuevas medidas. Es indispensable llamar la atención y señalar que estas reformas se dan en el marco del inicio de la llamada Iniciativa Mérida, como parte de los acuerdos del gobierno federal con el de Bush.

Artículo 16, párrafo octavo. Es de todos sabido que nuestra ley fundamental se encuentra dividida en dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es aquella que establece las llamadas garantías individuales y los derechos humanos, es decir, el conjunto de facultades que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su innata dignidad, destinados a permitir el logro de sus fines y aspiraciones en armonía con las de otras personas y que deben ser reconocidos y amparados por los ordenamientos en cada estado.

La parte dogmática de la Constitución, contenida desde el artículo 1o. al 29, tiene como característica fundamental proponer y perseguir como fin último del Estado y de su organización institucional la defensa de los derechos y libertades del hombre, limitar al Estado y dar seguridad al individuo frente a él.

En este sentido, la propuesta de adición del párrafo ocho para establecer en esta parte la definición de delincuencia organizada es contraria a toda técnica legislativa; aunado que nuestra Constitución no tiene por qué establecer definiciones de lo que debe entenderse por "ciertas conductas ilícitas".

Si bien es deber de esta soberanía establecer todos los mecanismos necesarios para el combate a la delincuencia organizada, no por el hecho de establecer en nuestra ley suprema la definición de la misma vamos a contribuir a su combate y erradicación. Para ello, es necesario modificar un sinnúmero de leyes secundarias que ayuden a todas nuestras instituciones de seguridad a la persecución de los delitos.

No podemos olvidar que ya existe la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aunado a que se corre el riesgo de que, establecer un régimen especial para combatir la delincuencia organizada podría dar lugar a, que las autoridades federales, el argumento legal mediante el cual se podrían aplicar medidas judiciales y castigos penales a líderes sociales.

Un ejemplo claro es el ocurrido con los habitantes de San Salvador Atenco y Texcoco, quienes, por los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo del año próximo pasado, en defensa de su tierra, fueron acusados del delito de delincuencia organizada; tres de ellos encarcelados en un penal de máxima seguridad, compurgando penas privativas de libertad de más de 67 años.

Artículo 16, párrafo trece. El artículo 16, párrafo trece del dictamen establece que las comunicaciones son inviolables y que la ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella.

En ese tenor encontramos una contradicción, ya que por un lado, se establece una prohibición y, por otro, se faculta a particulares a que intervengan cualquier comunicación privada en cualquier materia; y las hacemos legales siempre y cuando las aporte alguno de los particulares que participen en ellas.

Además, se les otorga de cierta manera valor probatorio, ya que se deja al juez la valoración y el alcance de las mismas; siempre y cuando tengan relación con la comisión de la misma.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ser una unidad. No podemos establecer como poder revisor de la Constitución una contradicción. Por un lado, establecer como derecho fundamental la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y en contrapartida, la obligación exigible tanto a las autoridades como a los gobernadores de respetar dicha prerrogativa; y, por otro, facultar al gobernado a realizar la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso irrefutable de los que la entablan. Es decir, ¿a qué incurrir en un ilícito constitucional?

Por ende, si dentro de un juicio en cualquiera de sus especies una de las partes ofrece como prueba la grabación de una comunicación privada que no fue obtenida legalmente, tal probanza debe estimarse contraria a derecho. Por tanto, no debe…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañera, ¿me permite? Compañera diputada, ¿me permite? Diputada, vamos a dar oportunidad a que usted tenga el tiempo de tres minutos por cada una de las propuestas; porque ahorita ya lleva más de cinco minutos, siete minutos en una sola propuesta.

Entonces no procede, en términos de tiempo que hayamos hecho la reserva, en una exposición todas las reservas. Vamos a sujetarnos mejor al tiempo con las exposiciones que usted deba hacer.

Ahorita usted ha fundamentado los artículos 16, 8o, 12o. y 13o. nada más, desde nuestro punto de vista. Entonces, no procedería que nosotros tuviéramos que presentar por paquete; en realidad no estamos ahorrando nada de tiempo.

Le pedimos, por favor, si puede usted concretar su propuesta ya de este artículo ya para que lo votemos y pueda seguir en la lista de oradores y en el momento que le vayan tocando los artículos reservados vaya usted teniendo la posibilidad de presentarlos, por favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿O sea, que entonces no presente todos en ésta?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Es que usted había dicho que iba a presentar todos en esta exposición, pero no lo ha hecho así. Entonces yo le pido que pueda concluir ya esta presentación del primer artículo, se pueda votar y continuemos posteriormente.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Bien. La propuesta es que se elimine del artículo 16 la parte en donde se define la delincuencia organizada, la posibilidad de que entren las policías sin órdenes de cateo.

Y del último párrafo donde dice: "las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas". Que se elimine: "excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguna de las particulares que participen en ellas".

Y el último es que los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por escrito. Ésa es la propuesta, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones presentadas al artículo 16, por la diputada Aleida Alavez Ruiz.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 16, párrafos octavo, doce, tres y quince, por la diputada Aleida Alavez Ruiz.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas presentadas al artículo 16. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla, para presentar sus propuestas al artículo 16, párrafos segundo y duodécimo.

El diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla: Con su venia, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla: Por obvio de tiempo, compañeras y compañeros, solamente mencionaré los aspectos relevantes. Estoy tocando el artículo 16 en sus párrafos segundo y duodécimo.

1. Por lo que respecta a la reforma propuesta del segundo párrafo del artículo 16, es importante resaltar que vía reforma, escúchese bien, pretende eliminar la necesidad de que el Ministerio Público tenga y presente elementos que acrediten el cuerpo del delito, lo que significará un enorme retroceso en materia de justicia penal. Ya que si bien es cierto, que el juez será el que otorgue la orden de aprehensión de un presunto responsable de la comisión de un delito, es importante reflexionar sobre esta eliminación, ya que el Ministerio Público conserva la titularidad del ejercicio de la acción penal como regla general.

Debemos recordar que durante las 48 horas siguientes a la detención del presunto responsable, el Ministerio Público debe acreditar este requisito del cuerpo del delito. Y es verdad que en muchos casos este lapso puede resultar muy corto.

Sin embargo, parece completamente absurdo que ahora se pretenda con esta reforma mejor quitarle ese requisito procesal a las solicitudes de las órdenes de aprehensión, ya que ello puede propiciar que exista abuso por parte de los agentes del Ministerio Público al solicitarle a los jueces, sin elementos objetivos de la presunta comisión del delito, dicho orden puede traducirse en excesos en perjuicios de los ciudadanos.

Así entonces, es necesario mantener el requisito mismo de la acreditación del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indiciado, para que podamos hablar de verdaderas garantías de los gobernados, en específico de las personas que son señaladas como presuntos responsables de la comisión de un delito.

2. Artículo 16, párrafo duodécimo. En relación con la propuesta en este aspecto, es decir, el autorizar el ingreso de la policía a los domicilios particulares sin la necesidad de una orden judicial, evidentemente esto constituye un acto de autoritarismo represor del cual no es posible que en un estado de derecho se tenga tal pretensión, ya que como lo evidencia esta propuesta, todos los habitantes de la República Mexicana nos encontraríamos en estado de indefensión si algún cuerpo policiaco pretende ingresar a nuestro domicilio.

Compañeros legisladores, no podemos permitir que sean disminuidas las garantías individuales de las personas que representamos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo ante este honorable pleno, modificar el artículo 16, párrafo segundo y decimosegundo para quedar como sigue:

Artículo 16, párrafo segundo. No podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado como pena privativa de libertad y existan elementos que acrediten el cuerpo del delito, y que exista también la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 16, párrafo duodécimo. La policía podrá ingresar solamente con orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas; así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo.

Por su atención, gracias, muy amables. Y le solicito, de favor, a la Mesa Directiva, que se inserte íntegramente el contenido de estas reservas. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones presentadas por el diputado Gutiérrez Calzadilla, al artículo 16, párrafos segundo y decimosegundo.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla, al artículo 16, párrafos segundo y decimosegundo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta.

Tiene el uso de la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, para presentar la propuesta de modificación al artículo 16. Diputado Othón, me dice que va a pasar el diputado Tonatiuh en lugar de usted, ¿sí?

El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Sí, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante. ¿Dieciséis? Así es. Tiene el uso de la palabra, el diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Compañeras diputadas y compañeros diputados, no sé si estamos conscientes de que por vez primera se está modificando un artículo que representa una garantía individual y que desde la Constitución de 1917 había permanecido respetado en sus contenidos, no solamente dogmáticos, sino que forma parte del pacto social que ha dado estabilidad y garantías a este país. No es posible que aceptemos que pueda ser modificada la garantía individual de inviolabilidad del domicilio particular.

La fuerza del Estado en muchos casos está intervenida, coludida, mediatizada, corrompida o atemorizada por el crimen organizado, en cualquiera de sus formas, sea el narcotráfico, sea cualquiera de las múltiples formas de asociación delictuosa presentes hoy en día.

El Ejecutivo federal en los últimos sexenios ha reconocido la abierta penetración en las policías de todos los niveles por el poder de este crimen organizado. Somos testigos de cómo operativos de los últimos 20 años han levantado delegaciones federales de la Procuraduría General de la República en estados y han sido consignados por colusión con la delincuencia organizada.

La pregunta es: ¿si estas policías son las que ahora estamos autorizando constitucionalmente a que puedan violar o presentarse en los domicilios particulares bajo la figura o las figuras que se establecen en el proyecto de reforma?

Se parte del criterio de que hay una diferencia clara y definida entre buenos y malos, entre policías y delincuentes, entre el Estado bueno y la delincuencia mala. Pero esto no es así, no hay diferencia en una franja de la realidad, no hay diferencia. Es decir, la realidad nos ha demostrado que hay regiones dominadas por el crimen organizado, que tienen policías propios, que tienen bandas armadas que son las que controlan esos territorios, o bien, que tienen policías que están totalmente inhabilitados para poder intervenir por riesgo a sus propias familias o a su propia integridad.

Entonces, compañeras y compañeros legisladores, no es posible que nosotros estemos abriendo la puerta para acabar con una de las garantías individuales que son fundantes del pacto social y me extraña, sinceramente se los digo, de todos los diputados, pero en particular de los diputados que forman parte del Partido Revolucionario Institucional. Si algo le dio paz a este país, si algo le ha dado legitimidad a la Revolución Mexicana, fue precisamente el haber conquistado las garantías individuales y entre ellas, la garantía de inviolabilidad a los domicilios particulares.

Por eso, mi propuesta es muy sencilla, apelo a las diputadas y los diputados que defienden los principios constitucionales del 17. Apelo a las diputadas y los diputados que han reconocido en sus gobiernos y han pedido la intervención federal, porque no pueden en sus estados, sus policías, precisamente con la fuerza del crimen organizado. Apelo a todas las diputadas y los diputados a que defendamos la garantía individual de la inviolabilidad del domicilio particular.

Estoy cierto que no van a violar el domicilio particular de los 10, 20 o 200 ricos más grandes del país. Pero sí les aseguro que vamos a dejar expuesta a nuestra población, a la mayoría de los mexicanos, los vamos a dejar expuestos en lo más sagrado, sus domicilios particulares y sus garantías individuales.

Mi propuesta es muy sencilla, que no se modifique en esto el actual texto constitucional que tiene y que ha dado paz y forma parte del pacto social. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Tonatiuh Bravo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Tonatiuh Bravo al artículo 16. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Desechada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, para exponer reserva al artículo 16.

El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática compartimos la preocupación de la mayoría de los legisladores por modernizar nuestro sistema penal mexicano. Estamos conscientes de la importancia que representa el proyecto de reformas que hoy se debate.

Todo trabajo o proyecto siempre estará sujeto a la perfección y el dictamen de análisis no es la excepción. Contempla grandes reformas que modernizan nuestro sistema de justicia penal, empero también contempla algunas propuestas que considero no son merecedoras de un proyecto tan ambicioso y completo.

Por tal razón considero necesario reservar la aprobación de los artículos 16 párrafo XII; 20 apartado c, inciso 4), y 21 párrafo I y IX del proyecto de iniciativa en estudio.

En primera instancia quiero referirme al artículo 16, que varios de los compañeros se han referido, relacionado con que la policía podrá ingresar sin la orden judicial correspondiente a su domicilio.

Al respecto, considero importante destacar el grave riesgo que puede implicar facultar a los cuerpos policiacos para violentar un domicilio, so pretexto de estar en la persecución de un delincuente en flagrancia.

Todos conocemos los excesos y abusos de muchos cuerpos de seguridad, bajo el argumento de investigar un delito, evitar su comisión o perseguir a un delincuente. Si bien es cierto, debemos proporcionar a los policías un marco jurídico apropiado para el buen desempeño de sus funciones, también lo es que debemos ser muy cuidadosos para evitar violaciones graves a la esfera jurídica de los ciudadanos.

Considero que no es necesario otorgar esta facultad a la policía, toda vez que ya están protegidos legalmente ante un caso de fuerza mayor, donde tengan que intervenir y su participación pueda violentar un bien jurídico tutelado, como lo señala la seguridad domiciliaria, tal y como lo señalan también las causas de exclusión del delito que se encuentran contempladas en el Código Penal Federal, en su artículo 15, fracción VI, que a la letra dice:

"Causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando la acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que éste último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro".

Luego entonces, si ya existe disposición expresa en una ley secundaria, no agravemos el problema y pongamos dentro de la Constitución General de la República una disposición que entraña más riesgos que beneficios.

En lo relativo al artículo 20, apartado C, fracción VI), relativo a los derechos de la víctima o del ofendido, para que se le repare el daño en los casos en que sea procedente, señala el dictamen que el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador, dice: "no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria".

Al respecto, es pertinente señalar que en los últimos años se han hecho esfuerzos extraordinarios para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y evitar una doble victimización. Dentro de ello han sido fundamentales las reformas legales al numeral 20 de nuestra Carta Magna.

Sin embargo, en esta loable labor se ha llegado a extremos contrarios a la razón y a la lógica jurídica. Tal es el caso que la ley contempla que siempre que la autoridad judicial dicte una sentencia, se sancione al inculpado a la reparación del daño dejando fuera diversas consideraciones de hecho y de derecho que debería tomar en consideración el juez al individualizar la pena en lo concerniente a la reparación del daño como pudieran ser…

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Concluya su intervención, diputado.

El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Le repito que estoy reservando tres artículos y. por tanto, solicito el tiempo correspondiente, muy atentamente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Continúe.

El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: … como pudieran ser:

Inciso a) Existen casos legales donde el inculpado debe ser sancionado penalmente y absuelto de la reparación del daño. Tal puede ser el hecho del robo de un vehículo —delito que, por cierto, se persigue de oficio— y que cuando se recupera el automotor la unidad no haya sufrido daño alguno, entonces el juez, ¿de qué daño habrá de condenarlo al pago?

b) Que la autoridad jurisdiccional cuente con elementos para cuantificar el monto. No es suficiente con solicitar la reparación del daño; se deben aportar al juez los elementos indispensables para su cuantificación atendiendo a la naturaleza del hecho delictuoso, ya que en muchas ocasiones legalmente procede la condena respecto a la reparación del daño, pero no se cuenta con los datos y elementos para sostener una pena en este rubro.

Por tanto, no es factible que la norma contemple una hipótesis que en la práctica de hecho no se da, por lo que se sugiere suprimir la última parte de la fracción de referencia.

En lo relativo a lo que también varios compañeros han expresado a la reforma del primer párrafo del artículo 21 de nuestra Carta Magna, cabe señalar que la misma se retoma de la redacción que este numeral tenía para el año de 1996. Es decir, en ese entonces la facultad de investigar los delitos competía al Ministerio Público y a la policía.

No dejemos de lado la mala experiencia cuando el viejo modelo de presunción, abusos, prepotencia, corrupción, impunidad, tortura y violaciones de lesa humanidad a los derechos humanos eran comunes para los ciudadanos, donde fácilmente se creaban delitos, se sacaban confesiones y se suscitaban desapariciones forzosas.

Por tanto, nuestra propuesta es conservar la facultad de investigar y perseguir exclusivamente al Ministerio Público, los delitos. Y aún más. En el artículo 21, párrafo noveno, contempla algo más grave, señala que la policía podrá investigar y perseguir los delitos, en términos generales. Entonces vamos a encontrarnos en el supuesto de que las policías, porque así lo dice la reforma, las policías tendrán más facultades que el propio Ministerio Público.

En el dictamen se establece que el Ministerio Público podrá investigar delitos. Y en esta parte, en la fracción IX, las policías podrán investigar y perseguir los delitos.

Ya he señalado de manera muy general parte de estos inconvenientes para que la policía realice labores de investigación. Esta hipótesis es muy diferente entonces de lo que inicialmente establece la propuesta de reforma, por ello vemos inconveniente que cualquier cuerpo policiaco, sin contar con la especialización debida tenga labores de investigación y mucho menos de persecución, pues ésta es una facultad exclusiva del Ministerio Público.

Por lo anterior, nuestra propuesta es que el Ministerio Público sea la única autoridad que pueda realizar tareas de investigación y persecución de los delitos, para lo cual contará con auxiliares que son la policía investigadora o ministerial.

Por tanto, mi propuesta es que se conserve el párrafo propuesto por nuestro grupo parlamentario que a la letra señala: "La seguridad pública es una función del Estado para salvaguardar la integridad de las personas y el ejercicio de sus derechos, así como preservar las libertades y el orden público". Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Arellano Pulido a los artículos reservados 16, 20 y 21.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 16, 20 y 21. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se desechan y se reservan los artículos para su votación al final. Se concede el uso de la palabra al diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para exponer su reserva al artículo 16, párrafo segundo.

El diputado David Mendoza Arellano: Diputado Presidente, expondré dos reservas en una sola intervención, para que sean consideradas.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado.

El diputado David Mendoza Arellano: En primer lugar me gustaría hablar sobre la reserva al artículo 18. Hemos dado un paso muy importante al aprobar, en esta parte, restringir las comunicaciones de las personas inculpadas o sentenciadas por delincuencia organizada que se encuentran en algún centro de reclusión. Me parece entonces que si ya hemos dado el paso sería importante que lo termináramos de dar completo.

Y por eso quiero proponer que a la redacción original se pueda adicionar un párrafo donde especifiquemos qué restricciones estamos aplicando. Y quedaría entonces de la siguiente manera: "Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes deberán restringir las comunicaciones". Y lo que estoy proponiendo es que pongamos: "electrónicas, telefónicas y personales", para que esto nos permita dejar en claro que lo que pretendemos es que esta delincuencia organizada que opera desde los centros de reclusión pueda seguir teniendo contacto con la sociedad y estar, a través de esa comunicación, operando para sus fines.

Esto es en términos generales la propuesta de modificación que quiero proponer a esta asamblea.

En lo que se refiere al artículo 16, en la anterior redacción estaba la palabra probabilidad. En la actual redacción me parece que la palabra probabilidad sale del contexto. Y voy a permitirme apoyarme en la definición del diccionario y la definición de esta palabra nos dice que: "Es cualidad de probable; que puede suceder".

Es decir, que la probabilidad es algo que puede suceder y, en las circunstancias actuales, cualquier mexicano en circunstancias específicas puede cometer un delito y, por lo tanto, el criterio para este asunto no es que sea probable.

Quiero proponer que seamos más específicos y que hagamos la siguiente redacción: "No se podrá librar orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista el indicio de que cometió o participó en la comisión del delito". Es decir, sustituir el término probabilidad, por el que exista indicio, que también, apoyándome en el diccionario, nos habla de que es un fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro fenómeno que no ha sido percibido con claridad.

Me parece que estas dos precisiones ayudarían mucho para terminar de dar el paso que hemos dado al aprobar esta reforma. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Agradezco su brevedad diputado Mendoza Arellano. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado David Mendoza Arellano, a los artículos reservados 16, párrafo segundo y 18, último párrafo.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado David Mendoza Arellano, al artículo 16, párrafo segundo y al artículo 18, último párrafo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Desechada la propuesta. Se le concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Solís Parga, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para exponer su reserva al artículo 16, párrafo duodécimo.

No estando en el salón, se le concede el uso de la palabra a la diputada Allieth Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, quien ha declinado, por lo que el artículo 16, párrafo segundo, se reserva para su votación al final. Se le concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD, para exponer su reserva al artículo 16, párrafo decimoquinto.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente. Reiterando lo que quienes me han antecedido en el uso de esta tribuna en relación a diferentes inquietudes y propuestas para mejorar esta reforma constitucional, quiero llamar la atención en el párrafo quince del artículo 16, en el cual se está concediendo a una figura necesaria sí, el juez de control. Pero se le está otorgando el que por cualquier medio pueda resolver en forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requiere este control judicial.

Consideramos que el espíritu de esta propuesta de, por cualquier medio, tiende a eficientar el trabajo de estos jueces de control. Sin embargo, es menester señalar que esto estaría vulnerando uno de los principios sustantivos de nuestra jurisprudencia. Es decir, por cualquier medio va a permitir que sea de manera verbal y esto, en un momento dado, puede generar incertidumbre jurídica y está violentando ese principio que estipula la necesidad del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de un procedimiento, tal cual sea una medida cautelar, providencia precautoria o técnicas de investigación.

Por ello, y tomando en cuenta que esta definición de los medios que podrá utilizar el juez de control puede llevarse a un ordenamiento secundario, estamos solicitando que ese párrafo decimoquinto del artículo 16 suprima esta frase de "por cualquier medio" y quede "que se resolverán en forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de las víctimas u ofendidos y los derechos de los indiciados".

Ésta última parte es también propuesta de modificación, ya que entendemos que en esta ley se hace fundamentalmente esta reforma para garantizar la certidumbre de víctima u ofendido, y en prelación consideramos que es necesario que se estipule en este mismo párrafo que lo primero que se garantiza son los derechos de víctimas u ofendidos, y posteriormente, derechos de los indiciados y no en el orden de prelación que se estipula en la actual redacción. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Suárez del Real y Aguilera al artículo 16, párrafo decimoquinto reservado.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 16, párrafo decimoquinto, hecha por el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente Cristián Castaño Contreras: Desechada la propuesta. Se concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Solís Parga, para expresar su reserva al artículo 16, párrafo duodécimo.

El diputado Rodolfo Solís Parga: Con la venia de la Presidencia. Una disculpa a la Presidencia, a la Mesa Directiva y a la asamblea porque estábamos discutiendo el tema con los autores de la ley, de la reforma, tanto los amigos del PRI, como del PRD. Casi llegamos a un acuerdo.

La idea de la reforma, de la propuesta de modificación que se hace y en la que nos acompaña la diputada Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza también, es eliminar el aspecto de la subjetividad en el caso del allanamiento, que indica la redacción que se propone la posibilidad de que algo pueda ocurrir y alguien pueda informar y alguien de las policías se puede enterar de la posible, probable, presunta, supuesta e inminente comisión de algún delito.

De esta suerte, entonces lo que estamos proponiendo es eliminar todo vestigio de subjetividad para, incluso, elevar a rango de ley constitucional, a rango constitucional los criterios que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto, en razón del allanamiento y de la detención de inculpados.

De tal suerte, estaremos proponiendo a esta honorable asamblea y a los autores de la reforma de la ley, de la comisión, que el párrafo doce del artículo 16 quede como sigue: "la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio en caso de flagrancia o cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente".

De esta suerte, entonces cualquier viso de subjetividad sería eliminado, quedaría fuera del criterio discrecional de la policía, de cualquier policía, de cualquier elemento de la policía, ya fueran de cualquier corporación, el decidir si pudiera haber alguna amenaza a alguna persona que pusiera en peligro su vida en algún lugar, en algún domicilio, para que quede el asunto estricto de la flagrancia, esto es cuando se comete un delito, ya fuera éste, por supuesto, la doctrina prevé la comisión de delitos en grados de tentativa.

De esta suerte, entonces se estaría acotando a que los allanamientos no fueran un asunto de discrecionalidad y fueran un asunto que tuviera que ver con la punibilidad de los actos. Y por cuanto a la figura de la persecución se separa, para que sean dos hipótesis en el mismo numeral, en el mismo párrafo.

De esta suerte solicitamos de esta honorable asamblea, su voto a favor de esta modificación al párrafo doce del artículo 16, que es el que preserva tradicionalmente, desde la Constitución del 17, el principio de la legalidad de los actos de autoridad. Es cuanto y por su atención, paciencia y el obsequio de la Mesa Directiva, agradezco su atención. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Al contrario, gracias a usted, diputado Rodolfo Solís Parga. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Solís Parga.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En consecuencia se admite a discusión la propuesta hecha por el diputado Solís Parga.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Con qué objeto, diputado Gildardo.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres (desde la curul): Presidente, únicamente con el objeto de pedirle una votación nominal.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado, ha sido certificada la votación por el diputado Secretario y la propuesta se admite a discusión. Está a discusión la propuesta.

Diputados que quieran inscribirse para la discusión. Diputado Tonatiuh Bravo, ¿a favor de la propuesta o en contra de la propuesta?

El diputado Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): A favor de la propuesta.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Alberto Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): A favor de la propuesta.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Miguel Ángel Jiménez.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): A favor de la propuesta.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Hay tres oradores a favor. ¿Algún diputado inscrito en contra de la propuesta?

Se le concede el uso de la palabra al diputado Tonatiuh Bravo Padilla, a favor de la propuesta.

El diputado Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, diputado Presidente. La esencial coincidencia con la propuesta del diputado preopinante, estriba en garantizar la garantía individual de inviolabilidad del domicilio particular. No se puede admitir que frente al crecimiento de la delincuencia organizada votemos por vulnerar los derechos fundantes del Estado mexicano como pacto de la Constitución de 1917, para garantizar los derechos de la policía para que combata a la delincuencia organizada sobre la base de afectar a millones de mexicanos en su garantía individual, que precisamente le da respeto y garantías del Estado en relación con lo más sagrado que tiene para su familia, que es su domicilio particular.

En el momento en el que nosotros aprobemos que este derecho quede vulnerado, dejamos en la indefensión a millones de mexicanos y lo único que vamos a propiciar es que una parte de la delincuencia organizada, vestida —en algunos casos— con uniforme de policía, o bien tras el cobijo del madrinazgo de las mismas, puedan afectar a las ciudadanas y ciudadanos, afectándoles su derecho y sin ninguna posibilidad de defensa frente al atraco que representa la violación del domicilio particular.

Por eso, estoy de acuerdo en la propuesta de acotamiento que aquí ha sido hecha. Y me parece que lo que debemos valorar todos cuantos estamos aquí, es justamente que esta garantía es una garantía del Estado mexicano, producto de la Revolución Mexicana. Es una garantía que no se ha tocado desde 1917. Y es una garantía que forma parte de la gobernabilidad, del pacto social que ha mantenido la paz social en nuestro país, la precaria paz social, en muchos casos, pero paz social al fin y al cabo, en nuestro país desde ese tiempo.

Por eso yo les pido, compañeras y compañeros, que votemos y aprobemos en favor la propuesta de cambio que aquí ha sido planteada por el preopinante cuando menos porque modifica en lo esencial, lo que se está violentando en el nuevo texto constitucional que se propone aprobar. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Alberto Esteva Salinas, a favor de la propuesta.

El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso de la Presidencia y de los integrantes de esta Mesa Directiva. Quiero llamar la atención de esta asamblea para comentar a ustedes que nosotros apoyamos esta reserva en virtud… y voy a poner un ejemplo, que ilustra completamente, aunque para ello tenga que referirme por novena ocasión al autoatentado en Oaxaca, del entonces gobernador José Murat, hoy diputado federal.

Era el 18 de marzo de 2004, cuando él argumentó un autoatentado o un atentado a su persona que después quedó acreditado que había sido un autoatentado, cuando se atrevió, siendo Ejecutivo, a meter a nuestros domicilios a la fuerza pública con armas largas, argumentando que en nuestros domicilios se encontraban los sicarios que habían querido terminar con la vida del Ejecutivo del estado.

Resta decir, que en uno de nuestros domicilios, por cierto, el domicilio de nuestro actual diputado local Benjamín Robles Montoya, se encontraba su esposa con infarto cerebral, convaleciente.

No importando que no existiera una orden judicial para entrar a los domicilios, 60 elementos armados con armas largas, y por instrucción del entonces gobernador y hoy diputado José Murat, del PRI, intervino el domicilio, lo que provocó tres meses después que le amputaran las piernas a la esposa de nuestro hoy compañero diputado, por un coma diabético, y dos meses más tarde, su muerte.

Esto, definitivamente ilustra por qué razón Convergencia apoya esta reserva. Felicidades al proponente. Muchas gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, a favor de la propuesta.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez: Con su permiso, señor Presidente.

La necesidad de intimidad y el respeto a la vida privada es inherente a las personas. México, desde el 57, desde 1957, ha acreditado y tutelado las libertades de los individuos, la inviolabilidad del domicilio.

Para que la personalidad se pueda desarrollar libremente es necesario mantener alejadas injerencias no deseadas e indiscreciones abusivas. De esta forma la protección a la intimidad, al domicilio, se constituye como un criterio de carácter democrático de toda una sociedad.

Sin duda alguna, el respeto a la privacidad tanto personal como familiar de los ciudadanos y las ciudadanas, es un valor fundamental del ser humano, razón por la cual se hace indispensable tutelarlo y dictar medidas para evitar tentaciones de violación al principio de legalidad que queda en entredicho en los términos en que actualmente se nos presenta el artículo en discusión del dictamen.

El derecho al respeto a la vida privada y a la intimidad son considerados derechos humanos fundamentales establecidos por diversos instrumentos internacionales, los cuales México ha ratificado.

De acuerdo a lo anterior, la legislación de distintos países regula y protege la inviolabilidad del domicilio, que en términos generales significa que nadie puede ingresar o permanecer en la vivienda de una persona sin su consentimiento.

En nuestra historia, como un país libre y soberano, hemos visto cómo a través de procesos complicados se han protegido en nuestra Carta Magna las garantías individuales, mismas que han sido un logro como nación en beneficio de los mexicanos.

El artículo 16 constitucional vigente señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

De tal forma que es por demás incongruente e insensato y por demás absurdo, carente de conocimiento legal, que en el marco de la reforma del Estado en materia judicial, entre los cambios más significativos se encuentre la propuesta que se discute para que la policía pueda ingresar sin una orden judicial a un domicilio, cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado.

Casos, anécdotas conocemos en todos y cada uno de los rincones del país. Muchos de nosotros, compañeros legisladores, hemos sido sujetos de la arbitrariedad de la autoridad, tendremos que avanzar en la tutela de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, pero sobre todo, también de igual manera, en la profesionalización de los cuerpos policíacos. Una cosa sin la otra es un contrasentido.

México no necesita un gobierno que a través de sus cuerpos policiales violente las garantías individuales, no podemos permitir retrocesos, por ello el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, que siempre ha alzado la voz a favor de los grupos desprotegidos del país, exhorta a todos los compañeros y compañeras legisladores a ser respetuosos y responsables, por lo que votaremos esta enmienda en los términos de mi compañero legislador que me ha antecedido, a favor. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez.

Se ha agotado la lista de oradores. No habiendo ningún otro orador… diputado César Camacho, no quiere hacer uso de la palabra.

Consulte la Secretaría a la asamblea si son de aceptarse las propuestas hechas por el diputado Rodolfo Solís Parga. Permítame, diputado Secretario.

Diputado César Camacho, ahora sí quiere hacer uso de la palabra.

El diputado César Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, señor Presidente. El único interés del de la voz es a efecto de que le quede claro a la asamblea por qué estaría votando en uno y en otro supuesto.

Le quiero rogar que le pida a la Secretaría lea el contenido del adendum que presenté hace ya muchos minutos a la consideración de esta asamblea, que ya forma parte de la minuta aunque no esté publicado en esos términos en la Gaceta. Como está escrito en el adendum.

Que también, a efecto de claridad, se lea la propuesta del señor diputado Rodolfo Solís Parga, para enseguida estar en condiciones de votar como usted ya lo ha puesto a la consideración de todos.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Pido a la Secretaría, en virtud del objeto para ilustrar a la asamblea, dé lectura al artículo 16, párrafo doce, en términos del adendum y posteriormente a la propuesta hecha por el diputado Rodolfo Solís Parga.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Inciso c) de la propuesta del diputado presidente de la comisión: Se modifica el párrafo doce, adicionado al artículo 16, visible en la página 39, para quedar como sigue:

La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se está persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuatro de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente.

La propuesta del diputado Rodolfo Solís Parga. Artículo 16, párrafo doce: "la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio en caso de flagrancia o cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente". Es cuanto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Secretario. Continúe la Secretaría consultando a la asamblea si es de aceptarse la propuesta hecha por el diputado Rodolfo Solís Parga.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada por el diputado Rodolfo Solís Parga.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la negativa.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): Presidente, yo envié una propuesta.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Jiménez, está llegando después de la votación económica. Me la están entregando en este momento.

Ha sido certificado por el diputado Secretario que la asamblea no ha aceptado las adecuaciones propuestas por el diputado Solís Parga y entonces quedaría en los términos propuestos por el presidente de la comisión.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para expresar su reserva al artículo 16, párrafo decimoquinto y artículo 21, párrafo primero.

El diputado Carlos Altamirano Toledo: Con su venia, señor Presidente. No voy a fundamentar el párrafo quince del artículo 16, en virtud de que ya lo hizo mi compañero diputado Suárez del Real. Voy a fundamentar el artículo 21.

Compañeras y compañeros diputados, es muy importante que al darle herramientas al Estado para enfrentar la seguridad pública, tengamos el cuidado de que las garantías constitucionales queden salvaguardadas. La urgencia de atender los temas de seguridad pública y justicia no debe llevarnos a poner en riesgo las libertades de cada ciudadano.

No debe aceptarse que las policías distintas a las ministeriales realicen investigación de los delitos. De aprobarse el proyecto en el artículo 21, cuerpos de policía que no tienen la naturaleza ni la capacitación adecuada van a realizar investigaciones con muy poca calidad.

Por ejemplo, la policía preventiva integrada por soldados con uniforme gris, estaría habilitada para realizar investigaciones. Los policías preventivos municipales y estatales, que en promedio tienen escolaridad básica, serán los nuevos investigadores con los que se pretende enfrentar la delincuencia.

El problema no se resuelve con certificaciones; tiene que ver con la naturaleza de las instituciones, por lo que no debe remitirse a la legislación secundaria de manera ambigua. De aprobarse el proyecto sin cambios cualquier policía podría realizar investigaciones y perseguir delito.

Existe consenso en que se requiere aumentar la eficacia, el profesionalismo y cuidar la integridad de las funciones ministeriales, pero esta necesidad no debe llevar a que policías que no son de naturaleza adecuada para la investigación asuman estas tareas.

Por lo anterior expuesto, planteo la siguiente modificación para que quede de la siguiente forma.

Artículo 21. "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías ministeriales, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función". Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Carlos Altamirano Toledo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Carlos Altamirano Toledo, al artículo 21. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se desecha y se concede el uso de la palabra al diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para expresar sus reservas en conjunto al artículo 16, párrafo decimoquinto y al artículo 21, párrafo primero.

El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados, proponemos y ponemos a su consideración el respaldo para las modificaciones a esta reserva del artículo 16, bajo las siguientes

Consideraciones

El párrafo decimoquinto del artículo 16 del presente dictamen establece los denominados jueces de control quienes se abocarán fundamentalmente a resolver los pedimentos ministeriales de medidas cautelares, providencias precautorias, técnicas de investigación para resolverlos de forma inmediata para minimizar los riesgos de la demora en la ejecución de alguna diligencia, lo que sin lugar a dudas representa un aporte trascendental para el sistema de justicia en nuestro país.

Sin embargo, dicho precepto establece un requisito demasiado amplio y discrecional para los jueces al señalar que: "estos resolverán de forma inmediata y por cualquier otro medio aquellas medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial".

Consideramos que el término "por cualquier otro medio" es muy discrecional y abierto, lo que en su momento podría llegar a ser violatorio de las propias garantías individuales.

Por tanto, propongo a esta soberanía la siguiente reserva al párrafo decimoquinto del artículo 16 que incluye el

Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Articulo 16. Del párrafo primero al decimocuarto queda igual, y en el siguiente:

Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y cumpliendo con las disposiciones de esta Constitución, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.

Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

En mi reserva al artículo 21, que ya ha sido abordada por mi compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, y que se refiere específicamente a las policías, queremos nosotros ampliarlo en los siguientes términos:

En nuestro sistema jurídico, conforme al artículo 21 de la Constitución, la investigación de los delitos que se le encomienda exclusivamente a un órgano del Estado, denominado Ministerio Público, es que de ahí tradicionalmente se ha entendido que el Ministerio Público ostenta el monopolio de la acción penal. Lo que conlleva que la única vía de acceso al proceso penal es a través de una resolución que determine el propio Ministerio Público.

Es evidente que en este dictamen se propone, para el artículo 21, la existencia de una nueva coordinación entre Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr la integración nacional de los esfuerzos de seguridad pública en torno a la investigación de los delitos, además de la investigación de inteligencia y la preventiva.

Destaca la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; la cual es de las aportaciones para la seguridad pública en el país y, en consecuencia, los policías que realicen la función de investigación deberán estar capacitados, certificados y deberán ser estos: la policía ministerial a la que se ha hecho alusión anteriormente y tener no sólo los conocimientos y habilidades para desarrollar técnicamente la función, sino la regulación jurídica y el respeto irrestricto a los derechos humanos, en función de investigación.

Sin embargo, no encontramos en el dictamen las razones que llevaron a las comisiones dictaminadoras a eliminarle al Ministerio Público la persecución de los delitos, para dejarle únicamente la investigación de los mismos.

Por lo mismo, proponemos a esta soberanía la siguiente reserva al primer párrafo del artículo que incluye el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona estas disposiciones y quedarían como sigue:

Artículo 21. La investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías ministeriales, las cuales actuarán bajo la conducción y el mando de aquél, en ejercicio de esta función.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo16, párrafo décimo quinto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Armando Barreiro Pérez al artículo 16, párrafo décimo quinto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 21, párrafo primero.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21, párrafo primero. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta y se reserva el artículo para votarse en sus términos. Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, para fundamentar reservas al artículo 17, 18, 20 y 21. Diputada permítame un momento.

Informo que la propuesta del diputado Alberto Amador Leal, se declina, por eso no la mencioné.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Hemos reservado los artículos 17, 18, 20 y 21 porque, además de compartir las preocupaciones que diversos grupos parlamentarios hemos señalado en esta tribuna en relación con el dictamen en discusión, nuestras reservas pretenden privilegiar la atención a las víctimas del delito y la impartición de justicia a favor de las mujeres.

Uno de los puntos nodales del dictamen se centra en los medios alternativos de solución en materia penal. Al respecto, queremos señalar que en general estamos de acuerdo con la pertinencia de la propuesta, siempre y cuando se establezcan dos excepciones indispensables.

Las penas alternativas hacen referencia a la conciliación, negociación, y en especial a la mediación; sin embargo, todos estos medios están contraindicados por las Naciones Unidas para los casos de violencia de género, en especial de violencia familiar y delitos sexuales.

Así lo establece la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que votamos este año y, además, que sería contradictoria con ello.

No es posible regular como una media de impartición de justicia que los delitos de orden sexual y de violencia intrafamiliar sean susceptibles de solucionarse mediante un convenio o mediante la mediación de un tercero que los conmina a no repetir tales conductas.

No podemos permitir que ninguna ley, menos aún la Ley Suprema, contenga disposición alguna que represente un retroceso en contra de la seguridad de las mujeres; por lo que hemos incluido en las reservas las excepciones necesarias para que, conservando la disposición sobre penas alternativas, éstas no apliquen en los casos señalados.

Además, se pueden fortalecer los elementos de protección y seguridad a las víctimas del delito, por lo que proponemos incluir que los fondos federales se destinen no sólo a la seguridad pública, sino a la atención de las víctimas del delito como una medida mínima de garantía a la reparación del daño.

Finalmente, incluir la perspectiva de género en esta reforma es una muestra de congruencia ante los compromisos internacionales suscritos por México; por ejemplo, la de acatar las 36 recomendaciones de la CEDAW antes del 2010. Por lo que incluimos que el actuar de los cuerpos de seguridad se dé sin discriminación alguna y desde una perspectiva de género.

Cada una de las propuestas que presentamos abona a una mayor equidad en la impartición de justicia y sabemos que en este punto todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara coincidimos.

Las propuestas que hacemos, señora Presidenta, son agregar al artículo 17, párrafo III, lo siguiente: "Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias". Y el agregado sería el siguiente: "salvo en los casos de violencia familiar o sexual".

Artículo 18, párrafo VIII. Agregar un párrafo IX para quedar como sigue: "Esta disposición no aplicará en casos de delincuencia organizada, delitos de carácter sexual y respecto de otros internos que requieran medidas de seguridad".

Artículo 20. Reforma a la fracción VII, del Apartado A, para quedar como sigue, igual un agregado en el último renglón de ese párrafo: "La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad, salvo los delitos de violencia familiar o de carácter sexual".

Y finalmente, artículo 21. Reforma los incisos c) y e) del párrafo X, para quedar como sigue. En el inciso c) agregar lo siguiente: "La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos y el actuar de los cuerpos de seguridad, sin discriminación de ningún tipo y desde una perspectiva de género".

Y en el e): "Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública y la atención a víctimas del delito a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios, para ser destinados exclusivamente a estos fines". Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Vamos a votar, diputada, uno por uno? ¿O quiere usted que se voten las reservas en conjunto, como usted las planteó?

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: No. Uno por uno.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Uno por uno. Okey. Vamos a votar las reservas de la diputada Elsa Conde. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la modificación al artículo 17.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 17. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte la Secretaría, en votación económica, las propuestas hechas al artículo 18.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 18. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas. Ahora consulte, en votación económica, si se aceptan a discusión las propuestas al 20.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 20. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte ahora el artículo 21, la modificación propuesta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas y se reserva para votarse al final en sus términos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, para fundamentar reservas que hizo al artículo 18. Va a presentar todas en una sola exposición. Son los artículos 18, artículo 19, artículo 20 y artículo 21.

El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su venia, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Othón Cuevas Córdova: Había originalmente propuesto reservas a los artículos que ya ha mencionado la diputada Presenta, pero también del artículo 16 que finalmente lo hizo excelentemente bien el compañero Tonatiuh Bravo.

Sin embargo, quisiera nada más comentar que lamento que esta asamblea haya hecho caso omiso de lo que diferentes fracciones venimos a plantear respecto a este artículo 16 ya discutido.

Ejemplos como el que puse de lo sucedido en Oaxaca y ejemplos como el que puso el diputado Alberto Esteva, ilustran la situación que puede venirse en estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla, en donde se ha hecho uso faccioso de la justicia.

Para fundamentar las modificaciones que propongo a los artículos 18, 19, 20 y 21, quiero manifestar nuestra preocupación de que estamos incorporando a la Constitución un régimen de excepción y esto me parece sumamente grave, porque abre la puerta, compañeros y compañeras, a la implantación de otras medidas de excepción que irán sentando las bases para justificar el Estado policiaco sobre el que ha ido asentando el Ejecutivo federal su legitimidad y esto es muy grave.

Ninguna sociedad, ninguna, en la que imperan sistemas de justicia y de seguridad pública modernos, sobre todo, en ninguna sociedad democrática se deja sin derechos a sus ciudadanos ni siquiera a los delincuentes más peligrosos.

Deseamos, compañeros, con esta propuesta de modificación quede claramente establecido que la reinserción social de los reos es la función primordial del sistema penitenciario, por lo que es necesario incluirlo en el artículo 18 y más adelante señalaré textualmente mi propuesta.

Es necesario también agotar todas las instancias del Poder Judicial en nuestro país, antes de entregar a cualquier detenido para que sea juzgado en otra nación; por ello, solicitamos también, la modificación que más adelante señalaré textualmente del artículo 19.

Nos preocupa mucho que exista amplia discreción en las policías para realizar sus trabajos, por lo que es imperativo señalar que sólo la policía investigadora, pero una vez certificada, sea la que realice la investigación de los delitos, como quedó asentado en el diagnóstico de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en México; de ahí entonces nuestra propuesta de modificar el artículo 21.

No son los arraigos, el allanamiento, la incomunicación, elevados a rango constitucional con la consecuente anulación del estado de amparo, lo que va a contribuir a hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.

Amigos, amigas, con estas reservas estaremos salvando la parte más relevante del presente dictamen, a la vez que fortalecemos el carácter garantista de la Constitución, así como la protección de los derechos humanos.

En consecuencia, de lo anteriormente expuesto propongo modificar el párrafo octavo para quedar como sigue: "los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social".

Artículo 19; en este artículo proponemos eliminar el párrafo sexto.

Artículo 20 del dictamen; se propone eliminar el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B.

Artículo 21 del dictamen; se propone reformar el primer párrafo para quedar como sigue: "la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público bajo cuyo mando estará la policía certificada".

Se propone reformar el décimo párrafo para quedar como sigue: "la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos a través de su investigación para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley en las respectivas competencias que esta Constitución señala; la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos".

Es cuanto, compañera Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Othón Cuevas Córdova.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al artículo 18 presentada por el diputado Othón Cuevas Córdova.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 18. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha. Consulte ahora, si se admiten a discusión las reservas al artículo 19.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 19. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas. Consulte ahora las propuestas de modificación al artículo 20.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 20. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan. Consulte ahora, por favor, sobre las propuestas del artículo 21.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas y se reservan para sus votaciones en sus términos los artículos que se habían reservado. Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar modificación al artículo 18, párrafo octavo y noveno.

Diputada, me informa el diputado Luis Sánchez, que va a presentar usted en paquete las propuestas en no más de 10 minutos, me dijo. Entonces va a presentar la compañera también, modificaciones al 19, párrafo sexto, y al 21, párrafo séptimo, y también 73, fracción XXI. Adelante, diputada.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada Presidenta.

En efecto, son todas ya en una sola exposición. Espero puedan poner atención porque el conteo que llevan es muy desafortunado, en ese tipo de mofas que hacen los diputados.

Nuestro país tiene el devenir de una historia de larga cadena de atropellos y abusos a las garantías individuales. La discrecionalidad para la aplicación de la ley es un severo daño a la población, sobre todo a la más humilde, la que carece de recursos económicos para la debida defensa de sus derechos, por lo que el acceso a la justicia se presenta como una aspiración muy difícil de alcanzar en nuestra sociedad.

Todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos administre justicia de manera igualitaria. La facultad de la autoridad para distinguir entre a quienes puede darse un tratamiento especial teniendo como marco regulatorio su percepción de las cosas nos plantea un escenario poco alentador.

Ejemplo del ejercicio actual de la facultad discrecional es el caso de la retención en penales federales de alta seguridad de los presos políticos de Atenco, como Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, o como en su momento pasó con los hermanos Erick, Horacio y Flavio Sosa Villavicencio.

No debemos institucionalizar en nuestra Carta Magna a la máxima de la injusticia, a mis amigos la ley y la gracia, a mis enemigos la ley a secas.

Las medidas que se proponen en estos dos párrafos dejan abierta la puerta a la discrecionalidad, pues el ánimo de ésta es sancionar a los miembros de la delincuencia organizada. Por eso no debemos dejar la puerta abierta a que de manera injusta se ocupe esta medida como medio de represión política, como ha quedado ejemplificado en los caso de los luchadores sociales antes referidos.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno la reforma de los párrafos octavo y noveno del artículo 18, del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada.

La propuesta es suprimir esto que precisamente no quedaría en el resguardo de las garantías es, "y respeto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". Si ya se incluye delincuencia organizada, por qué también este párrafo, esta frase en donde dice que otros puedan requerir estas medidas especiales. Ésa es una discrecionalidad que estamos dejando en esta medida.

También suprimir en el segundo párrafo, que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en esos establecimientos. Hasta ahí está bien, pero hay que suprimir: "lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad".

Del artículo 19 las consideraciones son. Los contenidos de este párrafo propuesto en el dictamen deben preocuparnos seriamente y si nos ostentamos como verdaderos garantes de los intereses de la nación debemos enmendar la redacción y cerrar el paso a la cesión de nuestra soberanía.

La persecución del terrorismo en Estados Unidos no es razón para que abdiquemos a nuestra soberanía. La propuesta de reforma constitucional que debatimos el día de hoy, de aprobarla en sus términos en reflexión de este pleno implicaría la impunidad para los delincuentes que sean solicitados por el gobierno extranjero, pasando por encima de la jurisdicción nacional.

Según se desprende de la exposición de motivos de esta reforma, la propuesta en general tiene por necesidad impedir la prescripción para la persecución de los delitos de miembros de la delincuencia organizada que evadan la acción de la justicia, lo cual es indispensable; sin embargo, supeditar a que el reo cumpla su proceso en México, país que ya invirtió en su búsqueda, captura y proceso, debemos cuando sea solicitado, entregarlo a un gobierno extranjero, entendiéndose Estados Unidos, para que sea juzgado, dejando a los tribunales mexicanos en espera a que se lo regresen. Significa simplemente relegar nuestra soberanía.

Se puede conceder la extradición, pero siempre condicionada; es decir, primero se deben cubrir las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales mexicanos, principio necesario de nuestra independencia. Una vez cubierta esta condición, en este momento el peticionario podría gozar de la extradición.

Permitir la extradición de reos a países extranjeros antes de que concluyan sus procesos o sentencias, aún se les puede castigar allá. Los delitos cometidos en México quedarían impunes, hecho de gravedad para nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente modificación:

Artículo 19. Si con la posterioridad a la emisión del acto de vinculación a proceso de delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia —aquí es donde proponemos que se suprima— o es puesto a disposición de otro juez que lo reclama en el extranjero. Ésa es la parte que queremos suprimir.

Del artículo 73, las consideraciones son. La soberanía de los estados en México es un principio fundamental de la forma de gobierno del país. Desde 1824 los mexicanos hemos tratado de ir configurando los alcances de dicha soberanía mediante un pacto fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución como pacto entre las entidades federativas no ha sido analizado con la gravedad que merece y en consecuencia no se han definido sus características. La naturaleza del pacto federal descrita en la Constitución Política, sus alcances también deben derivarse de la interpretación constitucional.

El artículo 40 de la Constitución prevé que todo el pueblo mexicano acepta la forma republicana de gobierno y que el país se compone de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno, pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental.

Con la reforma que se cuenta al arrogar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, vulneramos la autonomía y soberanía de las entidades federativas, pues la sometemos a una intervención de la federación en el orden interno de las entidades.

La federalización de los delitos de orden común siempre ha sido una constante que ha traído no muy gratos resultados. La modificación que el día de hoy se pretende hacer a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, ya tiene un antecedente peligroso en las reformas controvertibles de 1996, las cuales fueron receptoras de una mala solución al problema de la delincuencia organizada.

Con esta propuesta se pretende subordinar la competencia de las entidades federativas y del Distrito Federal en materia de delincuencia organizada a la competencia constitucional de la federación, lo cual sin duda puede ser un hecho peligroso. Hoy se necesita más que una concentración de facultades a la federación para el conocimiento de este tipo de delitos, una verdadera política de seguridad pública y criminal consistente en que todos los órdenes de gobierno confluyan para evitar estos ilícitos.

Nuestro sistema federal debe descansar en el principio de que jerárquicamente la autoridad federal y local tienen la misma jerarquía con diferente ámbito de competencia. Hoy, con esta reforma no podemos ni debemos echar abajo el pacto federal y concentrar todas las facultades en la federación, dejando nula la actuación de las entidades federativas y del Distrito Federal en la materia. Esa no es la esencia que dio lugar al pacto del Estado mexicano desde 1824.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno la reforma de la fracción XXI del artículo 73 del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Constitución para quedar de la siguiente manera:

Artículo 73, fracción XXI, dice: "Para establecer los delitos y faltas contra la federación y fijar los castigos que por ello deban imponerse —la idea es suprimir esta parte que dice—, así como legislar en materia de delincuencia organizada". Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Aleida Alavez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas de modificación al artículo 18, párrafos octavo y noveno.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas al artículo 18, párrafos octavo y noveno. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte ahora las propuestas al artículo 19, párrafo sexto por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 19, párrafo sexto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte ahora las modificaciones al artículo 21, párrafo séptimo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 21, párrafo séptimo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Consulte ahora las propuestas al artículo 73, fracción XXI.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 73, fracción XXI. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Se reservan los artículos para su votación en sus términos al final.

Tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Garay Ulloa, para presentar una propuesta de adición de un transitorio. Sería nuestro último orador en reservas.

El diputado Silvano Garay Ulloa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y con fundamento en lo que establece el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para fundamentar la adición de un artículo transitorio duodécimo al dictamen que se discute el día de hoy.

Por ser materia penal en el ámbito en el cual se puede afectar la libertad personal de los gobernados, esta reforma ha generado una gran polémica, qué bueno que así sea. Se ha argumentado que el contenido del dictamen que discutimos el día de hoy puede ser violatorio a los derechos del gobernado.

Sin embargo, hay que tomar en consideración que en la legislación secundaria que al efecto se expida se precisarán todas las hipótesis y aplicación a la norma.

Por esta razón proponemos que se adicione un artículo transitorio, que sería el duodécimo, donde se establezca de manera expresa que en toda la legislación que se expida se deberá de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y que la misma se deberá expedir en un plazo no mayor de un año.

Consideramos que una propuesta como la que sometemos a su consideración puede ayudar a darnos confianza en que los derechos humanos que estén debidamente salvaguardados.

Por estas consideraciones sometemos a su consideración la siguiente propuesta.

Artículo 12. "La legislación secundaria que se expide con base al presente decreto, en todos los casos deberá garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los gobernados y deberá expedirse en un plazo no mayor de un año". Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición de un transitorio, realizada por el diputado Silvano Garay Ulloa.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta. Vamos a realizar dos votaciones. No habiendo más reservas realizadas, queda suficientemente discutido y vamos a hacer una separación que pidieron al principio y se admitió, de votar el artículo 16 párrafo séptimo, en una votación que pido a la Secretaría se instruya se abra el sistema electrónico por tres minutos para tener la votación en lo específico de este artículo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación del artículo 16, párrafo séptimo, en términos del dictamen.

(Votación)

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Enrique Benítez.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Patricia Villanueva.

La diputada Patricia Villanueva Abraján (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Eduardo de la Torre.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Pedro Pulido.

El diputado Pedro Pulido Pecero (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Mauricio Duck.

El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez (desde la curul): Por la afirmativa.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Fuentes Ortiz.

El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Contreras Coeto.

El diputado José Luis Contreras Coeto (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Rafael Ramos.

El diputado Rafael Plácido Ramos Becerril (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul) En contra.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Alfonso Bello.

El diputado Alfonso Othón Bello Pérez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se emitieron 271 votos en pro, 114 en contra y 1 abstención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado el artículo 15, párrafo séptimo, en términos del dictamen, por 271 votos. Mayoría calificada, dos terceras partes de los presentes.

Ahora vamos a abrir el sistema electrónico por cinco minutos, para la votación con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea en términos del dictamen, según corresponda, de los siguientes artículos: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 73 y segundo transitorio.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, de las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea, en términos del dictamen, según corresponda a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 73 y segundo transitorio.

(Votación)

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte primero diputada. Están votando.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: ¿Nadie más falta de votar? Está abierto el sistema de votación electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 301 votos en pro, 94 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los artículos 16 y 18 con las modificaciones presentadas por la comisión y aceptadas por la asamblea, y los artículos 17, 19, 20, 21, 73 y segundo transitorio, en términos del dictamen, por 301 votos. Mayoría calificada, dos terceras partes de los presentes.

Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con mayoría calificada, dos terceras partes de los presentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

No quiero concluir sin hacer un reconocimiento especial, y me parece que ahí vamos a coincidir todos, a los siguientes compañeros diputados que trabajaron esta reforma: Armando García Méndez, Layda Sansores, Patricia Castillo, Miguel Ángel Arellano Pulido, Victorio Montalvo, Andrés Lozano, Mónica Arriola, Jesús de León Tello, Gustavo Parra, Rogelio Carbajal, Pilar Ortega, Felipe Borrego, Violeta Lagunes, Jorge Mario Lescieur, Francisco Rivera Bedoya, Raúl Cervantes, y por supuesto, al coordinador del grupo de trabajo de la reforma al Poder Judicial de la CENCA, el compañero diputado César Camacho. Muchas felicidades a todos ellos.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Orden del día. Lectura de la sesión anterior, comunicaciones, elección de integrantes de la Comisión Permanente. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar mañana jueves 13 de diciembre a las 12:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico de asistencia…

Diputado, dé cuenta correctamente de los asuntos que vamos a ver mañana, para tener posibilidades de la sesión.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Sí. Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (23: 06 horas): Si es que nos faltan todavía cuestiones no abordadas el día de hoy agendadas. Vamos a dar cuenta de todos los asuntos que no han tenido lugar a desahogo.

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el jueves 13 de diciembre a las 12:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 10:30 horas.