Crónica Parlamentaria, Cámara de Diputados

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura

Versión estenográfica del jueves 22 de noviembre de 2007

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 347 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:46 horas): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta. Continué la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Solicitud de licencia del diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Están a discusión los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Distrito 6 de Baja California, a partir del 30 de noviembre del presente año.

Segundo. En su oportunidad llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado, comuníquense.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: México, Distrito Federal, 20 de noviembre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente.

Por la presente hago de su conocimiento que a partir del primero de diciembre del año en curso, me reincorporo a mis actividades como diputado federal, en virtud de haber solicitado licencia a partir del 11 de agosto.

Lo anterior con la finalidad de que se realicen los trámites administrativos y legales correspondientes.

Sin más por el momento, reciba la más alta de mis consideraciones. Atentamente, diputado licenciado Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, D.F., 20 de noviembre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda cause alta como secretario en la Comisión de Justicia. Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted, atentamente. Diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.

Se pregunta si se aprueba, en votación económica. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para modificación en la integración de la Comisión de Desarrollo Rural de la LX Legislatura.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio del Congreso del estado de Sonora que remite iniciativa que reformas las fracciones III, V y VI del párrafo primero del artículo 3o. y la fracción I del artículo 31 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia, a nombre del pleno, les da la más cordial bienvenida al Colegio de Bachilleres de Pajacuarán, Michoacán y a la escuela secundaria técnica número 1, Andrés Alvaro García, de Santiago Tianguistengo, Estado de México. Sean ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores.

Oficio de la Cámara de Senadores que remite iniciativa que reforma las fracciones II y IV del tercer párrafo del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores que remite iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 25; adiciona un artículo 47 Bis y se reforma el primer párrafo del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El siguiente punto del orden del día son las iniciativas de diputados. Esta Presidencia recibió de la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario Alternativa, iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26 y 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Nueva Alianza, Convergencia y de la Revolución Democrática. ¿No está la diputada? Vamos a dejar pendiente, porque estaba aquí con nosotros.

Vamos a darle el uso de la palabra, en tanto ella llega, al diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar iniciativa que deroga la fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado José Antonio Almazán González: Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados; con su permiso, compañera diputada Presidenta. Se ha señalado con relación a este asunto que antes del decreto publicado el pasado primero de octubre, que tuvo vigencia al día siguiente, en el que se adicionó una fracción XII al artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que ya había antecedentes de preceptos iguales o casi iguales.

Sin embargo, esto deriva de una imprecisa apreciación de tales disposiciones jurídicas. Todo lo anterior que en realidad se comienza a presentar a partir del gobierno del presidente Vicente Fox, a partir de 2001, tenía que ver con textos similares al que se aprobó aquí el 13 de septiembre, pero que estaban asentados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y abarcaban fundamentalmente disposiciones administrativas, pero todas ellas eran normas temporales, anuales, y además hay que recalcar que en esas modificaciones al Presupuesto de Egresos se tenía y se ponía especial cuidado y énfasis en no afectar derechos adquiridos.

Por esa razón prácticamente no tuvieron un impacto en las condiciones de trabajo de los servidores públicos con personal de mando y personal de enlace, porque básicamente tenía que ver con los que eran de nuevo ingreso en esa condición de servidores públicos.

Sin embargo, ahora con la fracción XII del artículo 65 estamos ante una ley, es decir, una disposición permanente que con todo el tiempo, la profundidad y el alcance va a ir suprimiendo derechos de los trabajadores de confianza, y por supuesto, no se estarán respetando los derechos adquiridos de los mismos porque va a haber una aplicación retroactiva.

Esto por más que la ley en su artículo 14 lo diga, como este asunto tiene que ver con la relación de los empleados de confianza, sobre todo en el ámbito de la administración pública federal, por supuesto que opera y va a operar de manera discrecional con una aplicación retroactiva.

Hay una serie de elementos que queremos comentar y que le dan sustento a esta propuesta para derogar lo que recién aprobó el 13 de septiembre aquí este pleno de la Cámara de Diputados.

Pero particularmente me quiero referir al asunto de que con esa reforma que se hizo a la fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se están afectando de manera indirecta y directa una serie de garantías individuales que la Constitución consagra. Tal es el caso del artículo 1, en cuanto a lo que se establece a la no discriminación, la prohibición de ésta bajo cualquier efecto.

El artículo 14, que ya he comentado, que establece que ninguna ley puede tener un carácter retroactivo en su aplicación.

El 16 que establece garantías de juicio a cualquiera que se sienta o pueda ser afectado en sus derechos y por supuesto el artículo 123. Es decir, con esta adición al artículo 65, lo que se está planteando es un trato discriminatorio, una aplicación retroactiva el que se arrebaten derechos sin haber sido previamente vencidos en juicios de cualquier naturaleza, etcétera, etcétera.

Por todas estas razones, que por supuesto a estas alturas todos estamos seguros de sus graves afectaciones porque ya se han presentado miles de amparos frente a la aplicación, a la auto aplicación y a la hetero aplicación de esta ley.

Por todas estas razones es que hago un exhorto a este Legislativo para que seamos nosotros y que no se nos enmiende la plana por el Poder Judicial, quienes dejemos sin efecto esta fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en virtud de su carácter ilegal, inconstitucional, que por supuesto no habla bien de nosotros como diputados, como diputadas, como representantes populares que tenemos la gran responsabilidad de velar que las leyes que aquí aprobemos sean en beneficio del pueblo, particularmente de los asalariados, de los trabajadores, independientemente de la naturaleza que éstos asuman, en tanto empleados de confianza.

Éste es el fundamento que presento y pongo a consideración de esta soberanía, para derogar la recién aprobada fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tal y como se presenta en el texto que ruego a nuestra compañera Presidenta se sirva publicar de manera íntegra con lo que aquí he señalado, en el Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Antonio Almazán González. Insértese íntegro en el Diario de los Debates, a petición del diputado, el texto completo. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza, Convergencia y de la Revolución Democrática.

La diputada ha pedido que se le den más de los cinco minutos. Se le van a dar ocho minutos para que pueda hacer la presentación.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Los diputados Gabriela González, Dora Martínez, María Elena Álvarez, Rogelio Carbajal y la de la voz, promoventes de esta iniciativa, queremos agradecer el respaldo de nuestro Grupo Parlamentario y en especial de nuestro coordinador el diputado Héctor Larios, así como el del diputado Miguel Ángel Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el de la diputada Patricia Castillo, de Convergencia, y el apoyo del diputado Javier González Garza y de la diputada Marina Arvizu, quienes suscribieron esta iniciativa aún a pesar de que para ellos la paridad significa alcanzar 50-50, a todos muchísimas gracias.

Desde la perspectiva de género, la democracia paritaria aparece en principio como la garantía para la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Este planteamiento parte del reconocimiento de que las mujeres han visto restringidas sus oportunidades para acceder a los espacios públicos, así como para el desarrollo de actividades que van más allá del ámbito doméstico y del hecho de que las mujeres constituimos la mitad de la sociedad, de las experiencias humanas, de las inteligencias y de las capacidades, por lo que nuestra subrepresentación implica una pérdida para la sociedad.

De acuerdo con algunas interpretaciones, la democracia paritaria implicaría que si las mujeres constituyen alrededor de 50 por ciento de la población, tendrían derecho a un porcentaje igual de representación en los espacios de toma de decisiones.

No obstante, hay otras posturas que definen la paridad como una representación equilibrada de hombres y mujeres, de forma que ninguno de los dos sexos tenga presencia mayor al 60 ni menor al 40 por ciento.

La cuantificación numérica de la presencia de ambos sexos es una estimación a partir de la cual creemos que la sociedad y los partidos políticos se irán acostumbrando a incorporar mujeres y hombres a partes iguales.

El objetivo es que llegue el momento en que no tengan que existir cifras definitorias de la equidad, porque de hecho existirá igualdad en el acceso y permanencia de las mujeres en la política.

Entonces, si hablamos de paridad como participación equilibrada entre mujeres y hombres y si se trata de asignar un porcentaje a este principio, consideramos que el máximo de 60 por ciento y el mínimo de 40, sería factible en términos de alcanzar dicho equilibrio sin necesidad de condicionarlo al cumplimiento estricto de un 50-50.

Ahora bien, si abordamos la paridad en términos cualitativos podemos referirnos a las condiciones necesarias para alcanzar una participación equilibrada, las cuales fundamentalmente es centrarlo en la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de mujeres y hombres, así como para el acceso a los espacios de participación y la igualdad en el trato entre ambos sexos en las aspiraciones de participación y el desempeño de los cargos de representación y toma de decisiones.

Estas condiciones se encuentran, a su vez, vinculadas al diseño e instrumentación de mecanismos que atiendan a la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres respecto de los hombres, los cuales deben abarcar el desarrollo de acciones que conduzcan a la capacitación de las mujeres para el desempeño de esas actividades, el fortalecimiento de liderazgos femeninos, el establecimiento de cuotas de participación para las mujeres, la no discriminación en el acceso, promoción y permanencia en los cargos de representación políticos, la generación del compromiso por parte de los partidos para el impulso de la participación y el liderazgo de las mujeres dentro su estructura interna y en puestos de elección popular en igualdad de condiciones con los hombres y la propia revalorización de la importancia social que reviste la participación de las mujeres.

En este sentido, coincidimos con el reconocimiento recientemente hecho por el Consenso de Quito, respecto a que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres.

Por tanto, el punto nodal no está en promover exclusivamente los derechos de la mujer, sino en impulsar un nuevo equilibrio social, un nuevo partenariado social entre los hombres y las mujeres, en el que juntos asumamos responsabilidades compartidas en el seno familiar, el trabajo, la política y la sociedad en su conjunto.

En este contexto podemos afirmar que queremos compartir con los hombres las responsabilidades familiares y las decisiones públicas. En nuestro país se han dado ya pasos fundamentales para la plena incorporación de las mujeres en la toma de decisiones; sin embargo, aunque los datos muestran que si bien el avance de las mujeres en el Poder Legislativo federal ha sido notorio, todavía siguen estando subrepresentadas en las legislaturas locales, los ejecutivos estatales y municipales, así como en los mandos altos y medios de la administración pública.

Por ello, se proponen las siguientes reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

1. Estipular como obligación de los partidos políticos nacionales, el establecimiento de mecanismos que procuren la paridad de género en sus órganos de dirección y en el acceso a candidaturas a cargos de elección popular a través de la postulación de candidaturas mixtas.

2. Que cada partido político destine anualmente, al menos 2 por ciento del financiamiento total que reciba para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

3. Introducir el principio de paridad entre hombres y mujeres para las postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión que hagan los partidos políticos tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

4. Establecer que la totalidad de las solicitudes de registro de las candidaturas a diputados y senadores, deberán integrarse con candidatos de ambos géneros y con al menos 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.

5. Modificar la división de la lista de candidatos de representación proporcional en segmentos de cinco candidatos y establecer que en cada uno de los dos primeros segmentos de cada lista habrá por lo menos dos candidaturas propietarias de un mismo género.

Como puede observarse esta iniciativa no se limita a la dimensión cuantitativa de la paridad, es decir, a la ampliación de las cuotas de género, sino que busca abordar de forma cualitativa diversas cuestiones relacionadas con las capacidades y oportunidades de las mujeres para acceder a los cargos de elección popular y a los órganos de dirección de los partidos políticos.

Las mujeres hemos demostrado voluntad y capacidad para aportar al desarrollo de México a través de nuestra participación cada vez mayor en espacios, en donde sólo hace algunos años nuestra presencia era impensable. Esto nos ha traído una serie de satisfacciones personales y profesionales, pero también hemos tenido que enfrentar numerosos retos e inequidades. Los retos e inequidades de estos ámbitos que no estaban creados ni pensados con y para las mujeres.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las medidas y reformas que hoy proponemos al Cofipe para incrementar la participación de las mujeres en el Poder Legislativo, en los órganos directivos de los partidos políticos, y en general, en la toma de decisiones respecto a la diaria construcción de nuestra nación, serán benéficas en la medida en que se conviertan en un instrumento para alcanzar una sociedad realmente igualitaria, en la que prevalezca la solidaridad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres dentro de la pareja, la familia, las relaciones sociales, la economía y la política.

Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Laura Angélica Rojas Hernández. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Compañeros del pleno, vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestros visitantes de la escuela primaria Julio Zárate; a la Universidad del Golfo de México, (Campus Tehuacan) y a la Universidad Anáhuac, del estado de México, que se encuentran aquí nosotros. Sean bienvenidos.

Vamos a dar una corrección del turno del compañero diputado José Antonio Almazán González, a petición de él, se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y se pide también la opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El compañero diputado Enrique Serrano Escobar también va a presentar propuesta de iniciativa que expide la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño y Reforma a Diversas Disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en esta participación.

El diputado Enrique Serrano Escobar: Muchas gracias, con su permiso, diputada Presidenta.

Enrique Serrano Escobar, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 55, fracción II; 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea, dos iniciativas: una de ellas —la primera— con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El 19 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que dio origen a la creación de una figura única para la administración y enajenación de bienes del sector público, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mejor conocida como SAE; institución que ha significado importantes avances en materia de simplificación y modernización de los procesos de enajenación de dichos bienes, hecho que no sólo ha permitido el aprovechamiento de bienes cuyo destino anterior era el desecho, sino que ha significando una importante reducción de los costos de almacenamiento y administración a cargo del sector público, propiciando a la vez los mayores valores de recuperación posible, lo que ha significado mayores ingresos para la Federación.

Así, el SAE ha constituido el instrumento por excelencia que ha permitido reintegrar empresas y bienes improductivos a la economía, generando en este proceso importantes ingresos al gobierno federal a través de la venta y recuperación de bienes mediante el desarrollo e implantación de procesos transparentes, oportunos y eficientes para la recepción, custodia, operación, optimización, liquidación, enajenación y, en su caso, destrucción de los bienes encomendados.

Ahora bien, los ahorros del sector público no sólo se han derivado de las mejoras sustantivas en los procesos de venta, sino también por la sustitución de una diversidad de dependencias y direcciones generales que anteriormente realizaban las mismas funciones, mismas que hoy en día se encuentran únicamente a cargo del SAE, que absorbió la operación del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares del Crédito, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, la Administración General del Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del Fisco Federal y otras.

Son muchos los beneficios que ha significado el SAE, y por ello debemos, desde el ámbito del Legislativo, procurar todos los medios para su fortalecimiento. En ese tenor, se han detectado una serie de aspectos que deben ser modificados, a fin de dotar a la institución de los instrumentos necesarios para desempeñar sus funciones de manera óptima.

En 2005 se publicaron reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que facultaron al SAE para proceder al desalojo de mercancías y activos que se encuentran en patios fiscales, depósitos de vehículos, recintos aduanales y almacenes concesionados.

Derivado de lo anterior, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, con el objeto de liberar espacios públicos y privados ocupados por más de un millón 200 mil vehículos automotores en situación de abandono, habiéndose convertido la mayoría en chatarra.

A través de este convenio y en colaboración con la Canacar se inició la aplicación del programa Desalojo de Vehículos en Depósitos Federales, para dar disposición final a muchos bienes automotores que diversas empresas permisionarias afiliadas habían alojado por largos años y hasta décadas, resolviendo con ello el grave problema de acumulación de vehículos producto de procedimientos penales federales, embargo, garantía, abandono u otros que terminan convertidos en chatarra.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es el vehículo entre el permisionario y la entidad transferente para dar salida a los casi 1.2 millones de vehículos, sin embargo y pese a la existencia del convenio antes mencionado, la transferencia para algunas entidades es voluntaria, por lo que no se realizan de manera automática o sistemática ya que algunas entidades transferentes no cuentan con el inventario que verifique que los vehículos fueron depositado por ellos.

Por lo tanto, la presente iniciativa pretende lograr una conciliación de los inventarios, tanto de la transferente como de los permisionarios, toda vez que dichos inventarios son la base de facturación y el instrumento que dota de seguridad jurídica, tanto a los permisionarios como a las entidades transferentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de decreto.

Primero. Se adicione una fracción IX del artículo 2, recorriéndose en su orden las demás fracciones y se adiciona un segundo párrafo al artículo 2 transitorio, recorriéndose en su orden los demás párrafos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo segundo. Para los efectos de esta ley, se entiende por…

IX. Permisionario, persona autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar servicio de autotransporte federal o para operar o explotar servicios auxiliares.

Transitorios

Segundo. En el caso de que los permisionarios cuenten con vehículos que ninguna entidad transferente los acepte como depositados por ella, se entenderá como transferidos al SAE, bastando que se anote tal hecho en el acta de entrega-recepción que deberá de ser firmada por el SAE y el permisionario correspondiente.

En este caso, los vehículos no podrán venderse para circular y deberán tener al menos 12 meses de antigüedad en los depósitos vehiculares federales o de permisionarios, contados a partir de su entrada en vigor.

Artículo segundo…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, compañero. Compañeros, les voy a pedir respeto al orador, porque está presentando dos iniciativas. Lo mencionamos al principio. Por favor. Concluya, diputado, por favor.

El diputado Enrique Serrano Escobar: Gracias, Presidenta.

Artículo segundo —ya estoy por terminar el primero—. Se adiciona el artículo 141 Bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

141 Bis. La Secretaría, en coordinación con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes realizarán la transferencia a éste último, de los vehículos automotores que hayan tenido una permanencia mayor a 12 meses en los depósitos autorizados para tal efecto, para que se le dé disposición final.

Transitorio

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días hábiles siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias en lo que corresponde a la primera iniciativa.

La segunda iniciativa se refiere al proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

La presente iniciativa contiene reformas a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que las casas de empeño se consideren instituciones financieras, y por tanto, sean objeto de regulación en estos términos.

De igual forma, contiene un proyecto de Ley Federal para Regular las Casas de Empeño, el cual consta de cinco capítulos cuyo objeto es el de regular la apertura, instalación y funcionamiento de los establecimientos, cuyo propósito sea el de ofrecer servicios al público de mutuo con interés y/o garantía prendaria, con excepción de aquellas regidas por la legislación sobre instituciones de crédito, organizaciones de actividades auxiliares del crédito y que se constituyan como instituciones de asistencia privada.

El Capítulo I establece las "Disposiciones generales".

El Capítulo II se refiere al tema "De las autorizaciones".

El Capítulo III está habla "De los procesos de empeño y desempeño".

El Capítulo V contiene aspectos "De las sanciones y del recurso administrativo".

En atención a que la iniciativa que contiene el proyecto es muy amplia no la leo en su totalidad; sólo la resumí generalmente y hago el siguiente comentario.

Existe un abuso de la gran mayoría de las empresas que se dedican a esta actividad en México en contra de la población económicamente menos favorecida en nuestro país, quienes cobran intereses que llegan hasta 700 por ciento sobre los préstamos que otorgan, lo cual lesiona gravemente la economía de las clases populares en una actividad que consideramos de práctica totalmente de usura. Así es que lo someto a la consideración de esta asamblea. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Enrique Serrano Escobar. La primera iniciativa túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ésta tiene que ver con una reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental.

La segunda iniciativa que tiene que ver con que se expida la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño y que reforma diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió de la diputada Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma los artículos 40, 108, 109 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La diputada Elsa Conde ha pedido también que se le otorguen ocho minutos para poder concluir su presentación.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: La iniciativa que presentamos hoy ante esta honorable asamblea y que tiene por objeto elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano, la suscribimos un grupo plural de legisladores pertenecientes a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara:

Elsa Conde Rodríguez y Aída Marina Arvizu Rivas, del Partido Alternativa Socialdemócrata; Martha Tagle Martínez y Alejandro Chanona Burguete, del Partido Convergencia; Rosario Ortiz Magallón, Maricela Contreras Julián, Raymundo Cárdenas Hernández, Javier González Garza, David Sánchez Camacho y José Alfonso Suárez del Real, del Partido de la Revolución Democrática; Irma Piñeyro Arias y Miguel Ángel Jiménez Godínez, del Partido de Nueva Alianza; María Beatriz Pagés Llergo Rebollar y Carlos Chaurand Arzate, del Partido Revolucionario Institucional; Diódoro Carrasco Altamirano, del Partido Acción Nacional; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo y Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México.

Esta iniciativa tiene además la fortuna de ser acompañada por Roberto Blancarte, prestigioso académico y experto en la materia, por diversas asociaciones civiles como Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente por la Cultura Laica y el Foro Intereclesiástico Mexicano. A todas estas personas e instituciones agradecemos su profesionalismo e interés por trabajar en el fortalecimiento de una cultura laica en nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 130 el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias y de culto en su artículo 24.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala en su artículo 3o.: "El Estado mexicano es laico. Él mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral pública y la tutela de derechos de terceros". También afirma: "El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa".

A pesar de lo anterior, no existe más allá de dicha ley reglamentaria un artículo de la Constitución que establezca en ese rango la libertad de conciencia y la laicidad del Estado mexicano.

La existencia del Estado laico es por lo demás una exigencia de las sociedades modernas y democráticas.

Hay una creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica.

El Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de toda la ciudadanía a la esfera pública.

La laicidad del Estado en ese sentido significa y supone mucho más que la separación del Estado y las iglesias. Implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen el derecho y respeto de su libertad de conciencia y consecuentemente de su práctica individual y colectiva. Este respeto implica la libertad de adherirse a una religión o a convicciones filosóficas, el reconocimiento de la autonomía de la conciencia individual, de la libertad personal de los seres humanos y su libre elección en materia de religión y de convicción significa igualmente el respeto por parte del Estado dentro de los límites de un orden público democrático y del respeto de los derechos fundamentales, a la autonomía de las religiones y de las convicciones filosóficas.

La laicidad, así concebida, constituye un elemento clave de la política democrática, impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, acompañando de esta manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.

Un elemento esencial del Estado laico es el establecimiento, dentro de los límites indicados, de condiciones que aseguren un trato igualitario a todos los seres humanos de diferentes religiones y convicciones.

La igualdad no debe ser sólo formal, debe traducirse en la práctica política, en una vigilancia constante para que no sea ejercida alguna discriminación en contra de las personas en el ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos ciudadanos, cualquiera que sea su pertenencia o no, pertenencia a una religión o a una convicción filosófica o independientemente de su sexo, origen étnico, capacidades físicas, preferencias sexuales o de otro tipo.

Para garantizar la igualdad y las libertades de la ciudadanía, el orden político debe tener la libertad para elaborar normar colectivas, sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones públicas.

La laicidad puede ser definida como una forma de convivencia social cuyo Estado obtiene su legitimidad ya no de elementos religiosos o sagrados, sino de la soberanía popular tal como lo establece el artículo 39 de nuestra Constitución.

La laicidad supone de esa manera la armonización de tres principios esenciales. El respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva. Autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares y tres, igualdad ante la ley y la no discriminación directa o indirecta hacia las personas.

El respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la investigación científica y la bioética, la emancipación de las mujeres, la educación de la niñez, la condición de los adeptos de minorías religiosas y de otro tipo, así como de los no creyentes.

El principio de la laicidad debe ser en consecuencia, rector en los debates en torno a diferentes cuestiones que ponen en juego la representación de la identidad nacional, las reglas de la salud pública, los conflictos posibles ante la ley civil, las representaciones morales particulares y la libertad de decisión individual en el marco del principio de compatibilidad de libertades.

El Estado laico interviene en esferas hasta ahora consideradas como privadas —léase íntimas— y busca equilibrar el respeto de las decisiones privadas y personales con la garantía de los derechos de todos. Es necesario reconocer los vínculos entre la laicidad y la justicia social, así como entre la garantía de las libertades individuales y las colectivas y la ampliación de las mismas.

Considerando lo anterior y reconociendo que la separación entre el Estado y las iglesias ha sido una medida política importante pero no suficientes para la autonomía de las decisiones políticas del Estado, frente a las doctrinas religiosas y convicciones filosóficas específicas, se propone a este Congreso, la adición a un artículo constitucional que establezca la laicidad del Estado mexicano mediante la fórmula siguiente:

Se propone incorporar al texto del artículo 40 constitucional, el carácter laico entre los atributos fundamentales de la república, estableciendo la laicidad como uno de los ahora cinco principios rectores de toda la organización del orden constituido, republicanismo, democracia, representatividad, federalismo y ahora laicidad.

Asimismo, la laicidad será una obligación que de no cumplirse derivará en responsabilidad para los servidores públicos, agregándose a los artículos 108 y 109 constitucional, la obligación de las autoridades públicas, de respetar escrupulosamente el Estado laico y la separación entre la iglesia y el Estado.

También, como parte de la consagración del principio de separación de la iglesia y el Estado, se agregan dos párrafos al artículo 130, en los cuales se establece de manera explícita, la sujeción a la ley de las iglesias y demás agrupaciones religiosas. Así como el establecimiento de que en el Estado laico no podrá haber preferencia alguna religión o convicción filosófica.

Solicito amablemente a la Mesa Directiva, se inserte esta iniciativa de manera íntegra, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa al Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 413 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Esta Presidencia saluda al grupo de mujeres de los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Javier Plascencia Alonso, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el que se le ha otorgado el uso de la voz y por el diputado Carlos René Sánchez Gil, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. El ponente ha solicitado ocho minutos para la presentación de su iniciativa.

El diputado Francisco Javier Plascencia Alonso: Con su venia, diputado Presidente. Los suscritos, Carlos René Sánchez Gil y Francisco Javier Plascencia Alonso, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX, inciso c) del artículo 73 y reforma y adiciona el párrafo segundo de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo siguiente

Exposición de motivos

1. Nuestro país cuenta con 55 zonas metropolitanas cuya población asciende a 56.7 millones de personas. Entre ellas se encuentran 9 zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes, donde residen 33.5 millones de personas que representan 34.4 por ciento de la población nacional.

En las zonas metropolitanas del país se concentran los elementos de mayor influencia económica y social. Ahí se genera 71 por ciento del producto interno bruto del país y tiene el potencial de incidir en el desarrollo de sus respectivas regiones. Por tal motivo la dinámica de crecimiento de las zonas metropolitanas constituye un espacio estratégico de desarrollo y vinculación con otras regiones del país.

La ausencia de planeación estratégica y de políticas públicas en materia de desarrollo metropolitano generan varios problemas en las zonas metropolitanas del país que inciden directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

Los municipios inmersos en zonas metropolitanas han sido prácticamente rebasados en su capacidad operativa, administrativa y financiera para resolver los requerimientos de su población en materia de infraestructura, equipamiento urbano y movilidad urbana, transporte, protección al medio ambiente, entre otras.

En razón de que la facultad asociativa que se otorga a los municipios en la fracción III del citado artículo 115 constitucional es optativa y no obligatoria, en consecuencia, resulta imprescindible contar con un marco jurídico constitucional que no sólo faculte, sino que obligue a los municipios metropolitanos a actuar asociadamente en la colaboración, coordinación y corresponsabilidad mediante la integración de un organismo intermunicipial que realice una planeación estratégica de su desarrollo, en un esquema de organización participativa y en un contexto de colaboración y responsabilidad solidaria y subsidiaria.

Se propone la integración de un fondo intermunicipal con la aportación porcentual equitativa de los municipios involucrados conforme a sus ingresos y presupuestos anuales respectivos, considerando que las acciones y obras que se realizan beneficiarán a toda su población metropolitana.

La propuesta de esta iniciativa prevé la inclusión y participación de la federación y de las entidades federativas en las que se ubican a los municipios de las metrópolis, con la aportación de los recursos a dicho fondo intermunicipal; así como también se prevé la participación del Congreso de la Unión para realizar las declaraciones oficiales de las zonas metropolitanas respectivas con la adición del segundo párrafo a la fracción XXIX, inciso c) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta iniciativa se propone que los municipios inmersos en zonas metropolitanas integren un órgano intermunicipal de carácter permanente con la participación y representación legal proporcional de los diversos ayuntamientos municipales que integran la zona metropolitana.

Los lineamientos normativos de este órgano deberán ser reglamentados en la respectiva ley que emita el Congreso de la Unión conforme a la facultad prevista en el artículo 73, fracción XXIX, inciso c) de esta Constitución.

La iniciativa que hoy presentamos será de incuestionable beneficio social y económico, así como instrumento para las tres instancias de gobierno en la atención y solución de los problemas de carácter metropolitano. En este tenor, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX, inciso c), del artículo 73, que reforma y adiciona el párrafo segundo de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

…..

Así como para declarar zonas metropolitanas en el país mediante una iniciativa y previa consulta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al Consejo Nacional de Población y a la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 115. …

……

III. Los municipios tendrán a su cargo, las funciones y servicios públicos siguientes:

…..

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan.

Tratándose de municipios inmersos en zonas metropolitanas declaradas por el Congreso de la Unión, tendrán la obligación de coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan.

Para ello, constituirán un organismo intermunicipal permanente, con la participación y representación proporcional de los ayuntamientos de los municipios integrantes, con la facultad y atribuciones legales inherentes al cumplimiento de sus fines y objetivos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, definiendo los lineamientos normativos de su organización directiva y administración, con la constitución de un fondo común metropolitano que se integrará con la aportación porcentual de los recursos, de los respectivos presupuestos de los municipios involucrados del Estado y de la federación, bajo los principios de proporcionalidad, corresponsabilidad y subsidiariedad, a efecto de realizar las obras y acciones de carácter metropolitano requeridas, garantizando su viabilidad y ejecución.

El organismo intermunicipal tendrá las facultades y atribuciones legales necesarias al cumplimiento de sus fines y objetivos, que serán reguladas en la ley correspondiente que al respecto emita el Congreso de la Unión, conforme a la facultad prevista en el artículo 73, fracción XXIX, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley que deberá definir la estructura jurídica básica de su organización y dirección, y administración y financiamiento, bajo los principios antes señalados, a efecto de alcanzar los objetivos y fines propuestos.

Transitorio

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2007, diputado Carlos René Sánchez Gil y Francisco Javier Plascencia Alonso. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Javier Plascencia Alonso. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Rosario Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Esta Presidencia menciona que le da un cordial saludo a nombre del pleno, a los integrantes de Organizaciones de Trabajadores del Hogar, invitados por la diputada ponente. Sean bienvenidos.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Diputadas y diputados, en nuestro país no se había reconocido la existencia de la discriminación hasta antes del 2001 que se reforma la Constitución mexicana para prohibirla en su artículo 1o.

Igualmente la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contiene las pautas legales para tutelar el derecho a la no discriminación y sancionar la violencia de género.

En el campo del derecho internacional nuestro país ha ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor, y sobre la discriminación en materia de empleo y educación.

Para el avance de la equidad de género, México ha ratificado dos instrumentos internacionales de la mayor importancia: la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer.

En estos convenios, se sientan las bases orientadoras para asegurar el derecho de las mujeres al trabajo y a la no discriminación, e incorporar la protección contra la violencia en el ámbito del trabajo y establecer la exigencia a los estados miembros para que legislen en la materia con el fin de desterrar las iniquidades de género.

Desde este marco normativo, la iniciativa que hoy presentamos aborda un campo históricamente discriminado e invisibilizado por el patriarcado: los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar.

A lo largo de la historia, las tareas y actividades del hogar han sido realizadas por las mujeres, sin que el conjunto de actividades que contiene se registre como parte fundamental de la economía de un país y que se valore socialmente su desempeño.

Esta desvalorización económica y social se traslada al trabajo asalariado del hogar y se escatiman los derechos de las trabajadoras. Las estadísticas del INEGI muestran que el trabajo del hogar asalariado, constituye la cuarta parte en la que se emplea una mayor proporción de mujeres, apenas un punto porcentual debajo de las oficinistas.

La creciente participación de las mujeres en el mercado laboral, sigue concentrando en actividades más precarias, sujetas a relaciones de fuertes subordinación y control en entornos laborales caracterizados por la inseguridad y la violencia, como lo es el trabajo asalariado del hogar.

Además, la participación femenina en el trabajo del hogar ha crecido. Mientras que en 2001 se registraron un millón 491 mil mujeres como trabajadoras del hogar. En 2005 llegaron a emplearse un millón 632 mil. Esto nos muestra la relevancia que tiene esta ocupación para un sector amplio de mujeres.

Este complejo y dinámico sector se enfrenta con una regulación laboral que necesita transformarse para tutelar los derechos de mujeres y hombres que trabajan en este sector.

La Ley Federal del Trabajo regula las relaciones de trabajo en este ámbito en su Título Sexto llamado Trabajos Especiales, ya que se considera un trabajo distinto a los demás y que el espacio físico de la realización del mismo es el ámbito privado del hogar de una persona o familia.

En el Capítulo XIII, llamado "De los trabajadores domésticos", las condiciones de trabajo y los derechos de estas trabajadoras y trabajadores del hogar se regulan con muchas ambigüedades, incongruencias y lagunas sobre aspectos como el salario, la jornada de trabajo y seguridad social, entre otros aspectos.

La denominación doméstico, además de ser un anacronismo, es altamente discriminatorio, ya que califica a la persona como propiedad de un hogar y su valor a la categoría de trabajadora o trabajador que le corresponde.

La actual regulación respecto a la jornada de trabajo es imprecisa en cuanto a su duración y deja una laguna jurídica que propicia que la jornada se prolongue, sin pago de horas extras.

La ley sólo reglamenta que se otorgue el tiempo de reposo suficiente, dando lugar a largas jornadas de trabajo sin límite ante el gran número de tareas que se realizan en los hogares.

Por lo anterior, es urgente reglamentar de manera específica la jornada laboral legal y asegurar el derecho a tiempo de descanso y al pago de horas extras. Las formas en que se realiza y se contrata el trabajo asalariado del hogar, no están reglamentadas y ello propicia la sobreexplotación del trabajo.

Actualmente, se han establecido con mayor regularidad las modalidades, de planta y de salida diaria, por lo que se propone que estas modalidades queden establecidas en la ley a fin de contar con la pauta para contratación.

La regulación salarial en la legislación actual establece que una parte de salarios se compondrá de la alimentación y habitación. En el caso de servicio de planta y que se estimarán equivalentes al 50 por ciento del salario en efectivo. Esto se presta, en la práctica, a que cada patrón o patrona fije el salario en efectivo que más le convenga de acuerdo al valor que le quiera dar al salario en especie.

Las trabajadoras y trabajadores del hogar exigen el derecho a un salario justo y su pago en efectivo que asegure un nivel de vida digna. El trato discriminatorio hacia las trabajadoras y trabajadores del hogar es uno de los aspectos más denunciados por las organizaciones que agrupan en este sector.

Sus formas son múltiples y abarcan distintos motivos: la discriminación por la pertenencia a un grupo indígena, por el uso de su lengua y vestido tradicional, la discriminación de género en que las mujeres enfrentan abuso y hostigamiento sexual y los despidos por embarazo son más frecuentes que en otros sectores de trabajadoras, por la inexistencia de medidas adecuadas de protección.

Estos aspectos se tratan en las "Obligaciones y previsiones del patrón o la patrona" de la presente iniciativa. No existe reglamentación sobre medidas de seguridad e higiene y prevención de riesgos y accidentes de trabajo en el hogar, siendo que el uso de productos químicos altamente tóxicos, así como los electrodomésticos utilizados sin capacitación y medidas de protección adecuadas, son altamente peligrosos.

Es necesario incorporar en la reglamentación las sanciones necesarias para obligar al cumplimiento de lo estipulado en este capítulo y establecer mecanismos que permiten proteger a las trabajadoras y trabajadores para que las autoridades laborales verifiquen permanentemente el cumplimiento de la ley.

La iniciativa es un resultado de un proceso amplio de discusión y consenso con las organizaciones de trabajadoras del hogar que han dado una larga lucha para que sus derechos laborales sean tutelados en la legislación laboral y contar así con un instrumento con el cual combatir las múltiples discriminaciones que enfrentan.

En la construcción de esta iniciativa participaron la diputada Maricela Contreras Julián, Claudia Cruz Santiago, Holly Matus Toledo, Silvia Oliva Fragoso, Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia; la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata y la diputada Mercedes Maciel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y las organizaciones: Centro de Apoyo a Capacitación de Empleadas del Hogar, el Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica, el Colectivo Atabal, el Grupo La Esperanza y la Red de Mujeres Empleadas del Hogar.

Solicito atentamente a la Presidencia que la versión completa de esta iniciativa se publique íntegramente en el Diario de los Debates y se turne a Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Trabajo y Previsión Social. Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Rosario Ortiz Magallón. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se da el más cordial saludo a los invitados de la diputada Beatriz Eugenia García Reyes, que vienen de los municipios: Villa de la Paz, Soledad, San Ciro, Armadillo, Santa María, Cerro de San Pedro, de San Luis Potosí.

También se da la más cordial bienvenida a los niños de la escuela primaria Justo Sierra Méndez. Sean bienvenidos.

El siguiente punto del orden del día es:

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

De la Comisión de Gobernación

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alheyda Danaí Franco Rojo, Leticia Contreras Valadez, Juan José Briceño Barrera, José Alfredo González Hernández y Carlos Martín Pérez Cruz para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; en su Consulado en Guadalajara, Jalisco; en su Agencia Consular en San Luis Potosí, San Luis Potosí; y en su Departamento de Agricultura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos José Mauricio Prieto y Jacque, Sergio Olhovich Green y César Adrián Arriaga Machuca para aceptar y usar la medalla Aleksandr Pushkin y las condecoraciones Libertador General Bernardo O´Higgins, Escuela Naval y Armada de Argentina, que les otorgan el gobierno de la Federación de Rusia, el comandante en jefe de la Armada de la República de Chile y la jefatura del Estado Mayor General de la Armada de la República Argentina, respectivamente.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes Dieck Assad, Luis Arturo Puente Ortega y Elpidio Canales Rosas para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica, de Líbano y de la República Oriental de Uruguay, respectivamente.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Ignacio Gutiérrez Pita, Ricardo Villanueva Hallal, César Adrián Arriaga Machuca y Rosendo Jesús Escalante Ilizaliturri, para aceptar y usar las condecoraciones Orden José Cecilio del Valle, Orden al Mérito de Chile y las medallas Naval de Honor al Mérito y de Fraternidad Combativa que les confieren los gobiernos de las Repúblicas de Honduras y de Chile; la Comandancia de la Marina del Gobierno del Perú y el Consejo de Estado de la República de Cuba, respectivamente.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedan de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día, es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se les dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Justicia para exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas a que informe cuántas denuncias se han presentado ante dicho órgano de gobierno desde el inicio de sus operaciones en el estado de Puebla hasta la fecha y el estado en que se encuentra. Es cuanto, Presidenta.