La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 305 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:24 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.
Comunicaciones
Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, por favor.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, con el que remite informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México correspondiente al periodo enero-septiembre de 2007.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Israel Cervantes Salinas, Chilnta Eleni Vlachopoúlou Corona, Olaya Delgado Antillón, Jaime César García Hernández, José María Rico Murrieta y José Jonathan Reyes Saucedo puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco, y Tijuana, Baja California. Asimismo, informa que el ciudadano Jaime Pérez Rincón deja de prestar servicios a gobiernos extranjeros.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Las solicitudes de permiso, túrnense a la Comisión de Gobernación.
Por lo que se refiere a la cancelación de permiso, túrnese a las comisiones de Gobernación, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Minuta. Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señora Presidenta. El año de 1985 se declaró, por la Organización de las Naciones Unidas, como el Año Internacional de la Juventud. En este marco se acuerda que deben establecerse los mecanismos específicos en materia de impartición de justicia para niños, niñas y adolescentes, los cuales deberán contribuir a la protección de este importante sector de la población.
Consecuentemente, se expidieron las reglas de Beijín para la administración de justicia de menores, las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, las reglas para la Protección de Menores Privados de Libertad y la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas.
En congruencia, el artículo 18 constitucional fue reformado y se estableció, entre otras cosas, que la federación, los estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
De igual manera, se estableció que la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes.
Asimismo, se expresó que el internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.
Esta reforma constitucional implica, de manera indispensable, un replanteamiento para el tratamiento de los menores infractores, ya que ahora debe entenderse como un subsistema del de impartición de justicia ordinaria que contemple, adicionalmente, la implementación de políticas públicas encaminadas a la prevención.
Se planteó, a grandes rasgos, un modelo de justicia que asuma las ventajas de la justicia penal de adultos expresada en los conocidos principios de legalidad, culpabilidad, jurisdiccionalidad, contradicción y reputación, enriquecidas a su vez por el marco específico de los derechos de la adolescencia.
Por otro lado, el artículo 13 de nuestra Constitución establece que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.
Sin embargo, no podemos supeditar las garantías otorgadas por nuestro texto constitucional para un importante sector de nuestra sociedad, a una jurisdicción extraordinaria y limitada, como lo es el fuero de guerra, aún y cuando el Código de Justicia Militar establece un tratamiento diferente en la aplicación de las penas para las personas menores de 18 años, todavía se encuentra muy lejos de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales.
En este orden de ideas, el Congreso de la Unión está obligado a crear instancias distintas a las jurisdiccionales castrenses actuales que cuenten con la especialización para los infractores de la Ley Penal Militar, ya que la justicia militar actual no sólo está incumpliendo con el mandato constitucional de contar con instancias especializadas, sino que, de manera más grave, sigue dando el tratamiento de adultos bajo el sistema de justicia penal marcial para adultos, a los adolescentes.
A esto debemos agregar el comentario del ministro de la Suprema Corte, Góngora Pimentel, quien ha opinado que el artículo 18o. de la Constitución consagra los lineamientos para el establecimiento a los tres niveles de gobierno de un sistema integral de justicia que debe de implicar que el parámetro para determinar si una ley cumple con esta garantía no radica en que el legislador haya expresado razones para justificar determinadas medidas, sino que existan adecuación y coherencia entre los preceptos que se expidieron y las necesidades sociales que se buscan satisfacer.
En efecto, el 18o. constitucional establece un parámetro para el tratamiento de los menores que cometan conductas tipificadas como delitos, el cual debe servir de medida para el tratamiento de estos menores en todos los ámbitos del derecho.
Es por ello que hemos presentado a consideración esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos del Código de Justicia Militar, a efecto de generar la concordancia con la disposición constitucional y con los alcances de los tratados internacionales sobre la materia.
Señora Presidenta, toda vez que esta iniciativa con proyecto de decreto ha sido publicada íntegra en la Gaceta oficial, solicitamos se tome íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
Tiene la palabra la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Marco Antonio Peyrot Solís (desde la curul): Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Sí, diputado Peyrot. Le dan sonido por favor a la curul del diputado.
El diputado Marco Antonio Peyrot Solís (desde la curul): Presidenta, en virtud de que el Código de Justicia Militar también involucra a la Secretaría de Marina, le agradecería turne también a la Comisión de Marina.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Marina. ¿Le parece?
El diputado Marco Antonio Peyrot Solís (desde la curul): La Secretaría de Marina también es afectada directamente por el Código de Justicia Militar, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, si me da nada más esta intervención para que yo analice el contenido de la propuesta del diputado, para no cometer errores en el turno, por favor. Le agradezco muchísimo. Adelante, diputada Esmeralda.
La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Con su venia, diputada Presidenta. Antes le solicito que se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates de esta iniciativa.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la transición democrática de México ha de entenderse como la gradual profundización de la necesidad de una auténtica convivencia multipartidista, en un diseño constitucional pluralista y debe continuar caminando positivamente hacia esa transformación encontrando, fundamentalmente en los partidos políticos y en la sociedad, la responsabilidad cada vez más serena y concreta de sus decisiones y de su actuar.
Para lograr las metas democráticas que como gobierno y país perseguimos en la actualidad debemos comenzar a plantearnos temas que en este momento son de prelación para lograr la consolidación democrática y en gran medida ésta se logrará mediante el control ciudadano de las instituciones y los grupos ciudadanos que con el paso del tiempo han encontrado formas y métodos de intervención en el poder, no siempre hacia los fines democráticos deseados.
Ha quedado demostrado con el paso del tiempo que el Estado democrático de derecho no es el Estado que posee leyes, sino el que se somete, él mismo, al imperio de la ley.
Los derechos políticos están estrechamente relacionados con los derechos civiles y también con los derechos sociales ya que la democracia no tiene sentido si no se permite que los procesos nacionales de representación y participación influyan en la determinación de las estrategias de desarrollo económico y social.
En México encontramos una fuerte cohesión social en las asociaciones de trabajadores denominados "sindicatos", asociaciones que fueron concebidas para procurar y vigilar la defensa y promoción de los intereses de sus miembros mediante la unidad y la libertad de los integrantes, buscando condiciones laborales justas.
Esta libertad sindical de los trabajadores para crear, organizar, afiliarse o desafiliarse a un sindicato sin injerencias del Estado es considerado como un derecho humano básico. Asimismo, esta libertad debe ser uno de los principios inviolables de los sindicatos en todos los aspectos, de conformidad con los convenios 87 y 98 de la organización mundial denominada OIT.
Como es sabido, los sindicatos en México han jugado un papel determinante en la vida democrática del país. Esto debido a diversos factores como son el gran número de ciudadanos que se encuentran afiliados a distintos gremios sindicales, la gran cantidad de sindicatos existentes y el poder que este conjunto de factores ha otorgado dentro de la vida política del país.
Este poder se ha venido utilizando de forma negativa y antidemocrática a partir de que los líderes sindicales, con el poder representativo que ostentan, coaccionan los intereses y preferencia políticas de los integrantes de los sindicatos —induciendo en unos casos y obligando en otros— a que los integrantes determinen su postura política y voten a favor de cierto partido político o candidato en elecciones de cualquier esfera de gobierno.
El denominado "voto corporativo" contraviene el principio de libertad que debe regir en la vida de cualquier ciudadano mexicano. Una garantía constitucional que a través de los sindicatos se ha venido coartando al punto de inferir directamente en las decisiones electorales del país, impidiendo la madurez democrática que como gobierno se pretende y persigue.
Dentro de los sindicatos mexicanos encontramos otra práctica antidemocrática. Ésta es la aportación pecuniaria y/o en especie que le es otorgada al partido político o candidato con el que principalmente el líder o líderes sindicales simpatizan o tienen acuerdos.
Las prácticas antidemocráticas sindicales que nos ocupan se pueden clasificar de la manera siguiente: En la inducción o coacción al voto mediante la compra, la presión, el acarreo y amenazas. Aportaciones a candidatos o partidos políticos mediante el uso ilegal de los recursos sindicales. Ambas prácticas contrarias a la esencia de las instituciones sindicales que son organizar a los trabajadores, dirigir sus luchas, defender los derechos y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, comprometidos fundamentalmente con las causas sociales.
Ante esta realidad social debemos crear los mecanismos necesarios y regulatorios para lograr que las organizaciones sindicales, mismas que se caracterizan por ser parte elemental de las transformaciones sociales, sean equilibrantes y punto de apoyo hacia las formas democráticas de organización social que se legitimen por su ejercicio político de ser una expresión organizada de la voluntad de los trabajadores, es decir, que sus métodos y acciones constituyan las combinación de todas las actividades sociales de la clase trabajadora.
Lo anterior solo puede ser logrado tipificando como delito los actos de inducción y coacción al voto hacia los integrantes de los sindicatos y prohibiendo las aportaciones de éstos para candidatos o partidos políticos determinados de la forma siguiente: Se propone un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 404-Bis al Código Penal Federal y se adiciona el inciso h) al párrafo segundo del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 1o. Se adiciona un artículo 404-Bis al Código Penal para quedar como sigue:
Artículo 404-Bis. Se impondrá de 100 a 300 días de multa y de 100 meses a 4 años de prisión a los dirigentes o a quien valiéndose del cargo que ocupa dentro de una agrupación de carácter sindical induzca u obligue a los trabajadores miembros del sindicato a emitir su voto a favor de un determinado partido político o candidato.
Artículo 2o. Se adiciona el inciso h) al párrafo segundo del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para queda como sigue:
Artículo 49, apartado A, apartado 1, apartado 2. En el apartado 2, inciso h), que señala: Los sindicatos, asociaciones gremiales, personas jurídicas o de cualquier otra naturaleza, tratándose de precampañas, procesos internos y campañas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Suscribe la de la voz, diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Esmeralda. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación.
Y en el caso de la petición realizada para turnar a la Comisión de Marina, es procedente la petición y se turna a Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Marina, la petición que hizo el diputado Marco Antonio Peyrot y ha aceptado, de todos modos, el diputado José Alfonso Suárez del Real, también pidiendo lo mismo.
Esta Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a los niños de la escuela primaria Julio Zarate y a los niños del Colegio Celta, de Querétaro, sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar con nosotros.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con permiso de la Presidencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, por favor.
La diputada Maricela Contreras Julián: El fenómeno migratorio ha tenido un avance vertiginoso a partir de la globalización de la actividad económica y de los efectos que ha producido la mano de obra barata, baratísima.
Se ha considerado al movimiento de personas como un papel determinante que contribuye al desarrollo productivo de las naciones y la reducción de los niveles de pobreza en el mundo.
Sin embargo, miles y miles de migrantes en todo el mundo son objeto de explotación y de tratos infrahumanos, lesionando su dignidad como personas y vulnerando sus derechos humanos.
Desde luego, México no ha escapado a este proceso toda vez que comparte una de las fronteras con el país que recibe mayor flujo de personas migrantes y colinda con la región del continente americano que presenta uno de los mayores índices de desigualdad económica y social.
Sin lugar a dudas es necesario hacer una revisión en el tema migratorio y más aún cuando existe una abierta embestida por parte de los Estados Unidos en contra de nuestros connacionales que cruzan la línea divisoria en busca del anhelado sueño americano, la cual se ha manifestado con una militarización de la frontera y mediante el establecimiento de una política represiva que se corona con la vergonzante construcción de un muro entre México y el país del norte.
Compañeras y compañeros, es innegable que se requiere de una profunda reforma migratoria que respete los derechos de las personas que participan en esos flujos migratorios y que son los actores de las escenas dramáticas que se observan a través de los medios de comunicación, donde miles de mujeres y hombres hacen largas caminatas bajo el sol intentando evadir las redadas de la denominada migra.
Sin embargo, no basta que en nuestro país condenemos los abusos perpetrados por autoridades estadounidenses, eso no es suficiente, pues fiel a la tradición de ser el patio trasero norteamericano, algunos gobernantes repiten las mismas conductas con las personas que provienen de los pueblos de Latinoamérica.
El buen juez por su casa empieza. Ésa frase es la que impulsa a la iniciativa de reforma a la Ley General de Población que hoy presento a nombre de las diputadas y de los diputados de diversos grupos parlamentarios.
Hace un año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas afirmó que existe una corriente silenciosa en el fenómeno, la cual se ha denominado como "feminización de la migración", pues actualmente 94.5 millones, casi la mitad de todos los migrantes en el mundo, son mujeres. Hace dos días el Banco Mundial confirmaba estas cifras.
A pesar de ello, la omisión en la que han incurrido las autoridades en el tema ha traído graves consecuencias para las mujeres migrantes pues se enfrentan a muchos obstáculos para el ejercicio de sus derechos. Además son víctimas de explotación sexual y laboral, de malos tratos y discriminación, también tienen dificultades para acceder a los sistemas de justicia. Son víctimas de violencia y se encuentran con impedimentos para que cuenten con servicios de salud.
Dentro de la problemática que enfrentan las mujeres migrantes en nuestro país tenemos la violencia de la que son objeto, esto las coloca en una situación vulnerable ya que corren el riesgo de padecer maltratos físicos y violencia de distinto tipo.
La realidad muestra que las mujeres migrantes, que se encuentran en tránsito en México o que buscan mejores condiciones de vida en otro país, son víctimas de violencia física y sexual, abusos, intimidaciones, violación a sus derechos, a tratos denigrantes en el terreno laboral sin que puedan gozar de los derechos que les son reconocidos internacionalmente.
Sin embargo, las políticas públicas que instrumentan los gobiernos, incluidos el nuestro, son dirigidas para continuar con la aplicación de leyes para detenerlas y deportarlas.
Las razones que han expuesto las autoridades migratorias de nuestro país se derivan de la preocupación de Estados Unidos por la seguridad nacional, además de la cooperación para disuadir al migrante desde Latinoamérica, y recientemente, por la aplicación del Plan México.
Las mujeres migrantes figuran entre las personas más vulnerables en la violación de los derechos humanos, por su condición de migrantes y mujeres. Por ello, merecen respeto, protección y reconocimiento a sus derechos. Las mujeres están migrando y siguen haciéndolo. Sus necesidades son urgentes y merecen que se les preste atención con carácter prioritario, por eso es indispensable protegerlas y respetar sus derechos y su dignidad.
Diputadas y diputados, no debemos tener un doble discurso en el tema migratorio. No debemos criminalizar la migración. Quiero decir que esta iniciativa ha sido firmada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, por la diputada Martha Angélica Tagle, por la diputada Holly Matus, por la diputada Elsa Conde Rodríguez, por la diputada Mónica Arriola y por el diputado José Jacques y Medina.
Quisiera en la tribuna y solicitarle a la Presidenta, me dé 30 segundos para plantearle una solicitud de la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género a la que maniataron en la reunión de esta mañana, para solicitar en calidad de presidenta de la Comisión Ejecutiva de Construcción y Negociación de Acuerdos, el CENCA, se nos brinde un espacio en la reunión de la sesión de la Comisión Redactora y de la CENCA, donde se está abordando lo relativo a las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para hacerle los planteamientos que las diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias de esta Cámara tenemos con respecto al tema de la paridad, donde las mujeres queremos estar incluidas en igualdad de condiciones, 50-50 y la alternancia.
Diputada Presidenta, muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Maricela Contreras Julián, muchas gracias por su comentario y por lo que le mandató la mesa directiva. No es el procedimiento para recibir las propuestas en este lugar; sin embargo, le solicitamos que nos manden por escrito su documento para que el diputado que es responsable de la mesa de trabajo, el diputado Diódoro Carrasco, tome nota de las peticiones que ustedes están realizando, por favor. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidenta, misma a quien le pido que se sirva insertar de manera íntegra la presente iniciativa, en virtud de estar ya publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El de la voz, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de regular el denominado veto de bolsillo del Ejecutivo federal.
El veto de bolsillo tiene vigencia en nuestro marco jurídico, en tanto que la Constitución no le establece al Ejecutivo federal la obligación de promulgar o regresar en un plazo determinado el proyecto de ley discutido y aprobado por el Congreso. En palabras más sencillas, se presenta cuando el Ejecutivo guarda en su bolsillo un proyecto de ley o de reformas como si ignorase haberlo recibido.
A pesar de que en el tecnicismo jurídico el veto presidencial es considerado como el principal contrapeso del Ejecutivo frente al Legislativo, también es cierto que la falta de una regulación adecuada mantiene el riesgo latente de provocar que el ejercicio de este derecho se desvirtúe y se convierta en una costumbre perniciosa al Congreso de la Unión en rehén del Ejecutivo.
La presente iniciativa coadyuvará para que la posibilidad de ejercer el veto de bolsillo no se constituya pues en una práctica nociva que confronte e impida la relación entre ambos Poderes y que en última instancia, deje en incertidumbre la publicación de proyectos de ley o de reformas que sean necesarios para el mejoramiento del orden jurídico nacional.
Que la Suprema Corte de Justicia ya se manifestó en el sentido de que los congresos locales u órganos legislativos no restarían poder a los gobernadores o al jefe de gobierno, en el caso del Distrito Federal, se ordena la publicación de leyes o decretos cuando el Ejecutivo hago uso del denominado veto de bolsillo y no publica en los periódicos o gacetas oficiales las leyes o decretos de reforma que le envía el Legislativo.
Además, debe tomarse en cuenta que varios países latinoamericanos tienen disposiciones constitucionales expresas sobre el veto suspensivo. Es decir, una ley que no ha sido vetada por el Poder Ejecutivo y que, sin embargo, no ha sido promulgada.
Las constituciones de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Venezuela facultan al Presidente del Congreso, del Senado, para llevar a cabo la promulgación y la publicación, transcurridos los términos señalados en las mismas de aquella ley en la que se ha actualizado el supuesto.
Los términos que estos países señalan oscilan desde las 48 horas que dispone la Constitución de Brasil, hasta los 30 días que delimita la Constitución de Panamá. El resto de los países que prevén esta disposición se pueden tomar, como un común denominador, los 10 días que tiene el presidente para llevar a cabo la promulgación y la publicación.
El planteamiento esgrimido en el proyecto de reforma se encuentra inserto dentro del proceso de reforma del Estado, ya que su aprobación conlleva a la consolidación democrática, la cual exige necesariamente poderes públicos fuertes mediante una acción firme en el fortalecimiento de nuestras instituciones dentro de las mismas.
En efecto, resulta justificable la necesidad de reformar el artículo 72 constitucional a fin de prevenir el acto suspensorio del Ejecutivo federal al no promulgar un decreto. Y por ello será necesario facultar al Presidente de la Cámara que lo remitió, a que ordene su publicación en aras de dar seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas.
En este tenor, el proyecto de decreto que hoy presento establece la facultad de este Honorable Congreso General pueda llevar a cabo la publicación de ley o decreto cuando el titular del Ejecutivo federal, una vez ejercido su derecho de veto y siendo nuevamente aprobada la ley o decreto por el Honorable Congreso de la Unión, no publique la determinación de esta soberanía o, habiendo sido aprobado un decreto o ley, y no habiendo ejercido su derecho de veto, no haga la publicación correspondiente.
En específico, la iniciativa establece que de no publicar el Ejecutivo federal una ley o decreto de reformas en un plazo de 10 días hábiles a partir de que la reciba, el Congreso de la Unión ordenará la publicación en lugar del presidente de la república. Lo anterior con el fin de darle certidumbre jurídica a las resoluciones que emita el Poder Legislativo y su entrada en vigor.
Se trata de respetar el derecho que tiene el Ejecutivo federal y que éste respete las determinaciones que emita el Congreso de la Unión, que finalmente el presente proyecto de decreto previene y regula el acto suspensorio del Poder Ejecutivo de no promulgar un proyecto de ley aprobado por el Congreso, y podría aportar en generar un reequilibrio en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Obdulio Ávila Mayo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Santiago López Becerra, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa de Ley Federal de Pirotecnia.
El diputado Santiago López Becerra: Con su permiso, diputada Presidenta. El suscrito diputado federal Santiago López Becerra, amigo y servidor de todos ustedes e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Pirotecnia, al tenor de los siguientes
Motivos
Compañeros y compañeras diputadas, trabajar con pólvora representa un riesgo latente. Sin embargo es y ha sido la forma de vida para miles de familias mexicanas durante décadas. Tan sólo en México, se calcula que alrededor de 50 mil familias obtienen el sustento por esta noble actividad.
La iniciativa que ponemos a la consideración de esta soberanía pretende dar certidumbre y seguridad al desarrollo de la pirotecnia en nuestro país, actividad en la que las familias mexicanas son beneficiadas por dedicarse a esta noble labor, y donde los artesanos pirotécnicos de nuestro país han recibido premios nacionales e internacionales por su trabajo.
El uso de fuegos artificiales en México se remonta a los primeros años de la Colonia, cuando los españoles realizaban torneos y paseos de armas de carácter medieval para amedrentar a los señores indígenas. Se exhibían entre ellos en competencias y ejercicios ecuestres, acompañados a veces de estruendos de cañones y arcabuces.
Posteriormente, los torneos se efectuaron para celebrar a la nobleza acompañados de juegos pirotécnicos.
Según los registros históricos, desde el año de 1640 se realizó uno de los últimos combates en la Ciudad de México, presenciado por el virrey Duque de Escalona y culminó cuando los combatientes unieron sus fuerzas para luchar contra un monstruo pirotécnico: una sierpe de notable grandeza, despidiendo así una gran cantidad de artillería.
Ese mismo año en la ciudad de Puebla, el obispo Juan de Palafox y Mendoza organizó, con motivo del paso del virrey de Escalona por esa ciudad, una competencia con 12 hombres armados con corazas que pelearon entre cohetes y tiros.
En México los fuegos artificiales son el medio más representativo y expresivo de nuestras celebraciones, tanto de carácter religioso como de las fiestas patrias. Y no dudamos que en este gran acontecimiento del Bicentenario de la Independencia de México deben estar presentes y es un gran espectáculo esperado por todos. En nuestras fiestas los fuegos artificiales son y siguen maravillando y la tradición histórica tiene casi cinco mil años.
Cabe recordar que con fecha 20 de julio de este 2007 se publicó reforma en el Diario Oficial de la Federación por la que se reformó la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se dotó a este honorable Congreso para legislar, entre otras materias, en sustancias químicas explosivas y pirotecnia.
De ahí que la presente iniciativa proponga establecer los permisos para la compra, almacenamiento, autotransporte y consumo de estos materiales pirotécnicos; y a la vez, dotar a los trabajadores de este gremio de las condiciones necesarias para ejercer sus garantías constitucionales, con relación a la libertad de ocupación o trabajo.
En ella se instituyen las disposiciones generales que establecen las definiciones en torno a los juegos pirotécnicos, materias primas y la competencia del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, para controlar y vigilar los juegos pirotécnicos.
Asimismo, se establece una clasificación relativa a los juegos pirotécnicos y los artículos para fuegos artificiales, lo que constituye subsanar las lagunas existentes entre las materias explosivas: armas, municiones y otros materiales por la juguetería pirotécnica.
Con relación a la producción incluimos los niveles en que la Secretaría de la Defensa Nacional debe intervenir en el otorgamiento de permisos, con una clasificación de los permisos de forma general, particulares y especiales, de importación y de exportación, estableciendo los requisitos para la obtención de licencias de fabricación y una clasificación de talleres:
A). Para los que fabriquen productos deflagrantes, truenos sonoros y hasta la cantidad de mil kilogramos.
B) Para aquellos que utilicen materias primas hasta la cantidad de 3 mil kilogramos, y para el caso y el empleo de cantidades superiores.
Incluye además un catálogo de sustancias empleadas para la fabricación de explosivos, incluyendo los aspectos relacionados con el manejo de las mismas, tales como el certificado de calidad de los productos, el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y la obligación, por parte de los permisionarios, de contar con personal competente para efectuar medidas de seguridad e higiene en el interior de los talleres y las fábricas.
Planteamos que en lo relativo al autotransporte se requiere permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se prohíbe categóricamente el envío de estos materiales por empresas de mensajería.
De igual manera se establecen de manera clara las medidas de seguridad, entre las que podemos mencionar el cumplimiento de los estándares mínimos señalados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las normas oficiales correspondientes.
En síntesis, se trata de una iniciativa con sentido social; con una propuesta planteada desde el año de 1999 por el Frente Nacional de la Pirotecnia, la cual en ese año fue presentada por nuestro grupo parlamentario y que hoy, sin embargo, las demandas de las familias que se dedican a esta actividad, requieren un análisis.
Cabe señalar que aunque actualmente se ha incorporado el uso del sistema computarizado para la presentación de espectáculos pirotécnicos, el diseño de los juegos artificiales sigue siendo y será una labor básicamente artesanal.
Diputada Presidenta, dado que el texto íntegro de esta iniciativa se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, le solicito atentamente que sea insertada en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Santiago López Becerra. Insértese íntegro en el Diario de los Debates el texto del diputado y túrnese a la Comisión de Defensa Nacional con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo Parlamentario de Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma los artículos 1, 15, 25, 29, 32 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, misma a quien le pido que se sirva insertar de manera íntegra el presente texto en virtud de estar ya publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Existen diversas construcciones teóricas respecto al concepto jurídico de derechos humanos, pero pueden identificarse dos grandes grupos:
Uno que los concibe inherentes a la naturaleza de los seres humanos y otro que los identifica con ciertos derechos humanos positivados, comúnmente llamados garantías individuales, derechos fundamentales o derechos subjetivos públicos.
Los derechos humanos, desde la concepción positivista, son en su mayor parte los derechos que la Constitución denomina garantías individuales y que la doctrina identifica como derechos subjetivos públicos. Desde la visión yus naturalista, los derechos humanos son consustanciales a la persona, es decir, son inherentes e inseparables de su ser.
En efecto, los derechos humanos son la sustancia misma de las personas, sin importar que el Estado a través de las leyes los reconozca, lo enuncie o proponga su defensa.
Así los derechos humanos existen más allá de las normas, que en última instancia sólo cumplen la tarea simple y accesoria de inscribirlos en su redacción.
La expresión derechos humanos es prácticamente aceptada en la actualidad y quiere decir que al hombre le corresponde, simplemente por serlo, determinados derechos y que éstos han de ser expresados objetivamente a la vez que han de ser exigibles subjetivamente.
Todas las concreciones constitucionales e instrumentos jurídicos internacionales de ese tipo, es decir, de democracia liberal, parten del supuesto de la existencia de derechos fundamentales que están por encima del Estado, que tienen valor más alto que éste y entienden que uno de los fines principales del mismo consiste en garantizar la efectividad de tales derechos.
Esa renovada devoción hacia los principios del derecho natural, aparece en muchas de las nuevas constituciones elaboradas después de la terminación de la II Guerra Mundial, encaminando la postura constitucional hacia la doctrina de los derechos naturales inalienables, imprescriptibles y superiores al Estado.
En efecto, después de la II Guerra Mundial, la protección internacional de la persona comenzó a experimentar una evolución producto, fundamentalmente de la conciencia generalizada de proteger la dignidad humana como reacción a los horrores de la guerra, los actos de barbarie y atropello a las personas cometidos por el nacismo y otros totalitarismos.
Ahora bien, el sistema jurídico mexicano, a la fecha, es de corte positivo, ya que al otorgar y no reconocer prevalece la corriente positivista sobre la naturalista. Esta tendencia requiere ser cambiada hacia el naturalismo y sus consecuencias.
De conformidad con sus principios de doctrina, el Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política.
Es por ello que en el quehacer legislativo hemos propugnado por tener siempre presente que por una parte la persona tiene deberes y derechos propios de su naturaleza y por el otro, que la libertad no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites que los impuestos por el interés nacional, por las normas sociales y por el bien común.
Dado que la persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, resulta la obligación del Legislativo de asegurarle el conjunto de libertades y medios de necesarios para cumplir dignamente ese destino.
Así las cosas, Acción Nacional vuelve a confirmar que sustenta su acción política en el respeto a la dignidad de la persona, donde la defensa y promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad responsable ocupan un lugar preponderante.
Por ello, en la presente iniciativa se plantea que la Constitución deba reconocerlos plenamente y frente a los abusos del poder garantizar su defensa. Los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado y por tanto deben reconocerlos y garantizarlos plenamente. Los derechos humanos constituyen un límite natural y necesario al poder público, sin su respecto escrupuloso el Estado no se justifica, ni la autoridad tiene razón de ser.
Por ello, es obligación del Estado promoverlos y garantizarlos sin distinción de credos religiosos, convicciones políticas, rangos o categorías sociales, clases o ideologías. El concepto de derechos humanos debe ser integral, tal y como ha sido plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto es, debe abarcar todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los ciudadanos. Derechos que el Estado ha de respetar y promover a fin de satisfacer lo que es su razón de ser: procurar y garantizar el bien común. Así lo señaló Acción Nacional en su plataforma política del 94-2000.
A nadie debe sorprenderle que nuestro compromiso es el de respetar los derechos humanos, ya que sin un respeto pleno hacia los mismos nunca podrá transitarse hacia una verdadera democracia plena.
El fin último de esta iniciativa es, por una parte poner un dique a la posibilidad latente de quienes detentan el poder, que tengan la posibilidad de proclamar como derecho lo que les convenga; y, por el otro, insertar en nuestro orden jurídico valores, ideales, que se sitúen por encima de la mera fuerza, para que finalmente se garantice a los mexicanos el pleno goce de sus derechos fundamentales. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Obdulio Ávila Mayo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese íntegro en el Diario de los Debates. Se concede el uso de la tribuna a la diputada María Eugenia Campos Galván, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada María Eugenia Campos Galván: Con su venia, señora Presidenta. Solicito a la Secretaría que se inserte íntegro el presente texto. De acuerdo con Organización de las Naciones Unidas, la discapacidad es una alteración funcional de carácter físico, mental o sensorial que limita a la persona en sus actividades, con restricción de su participación social; lo que implica considerables desventajas para su integración en la sociedad, así como para ejercer sus más mínimos derechos políticos y ciudadanos.
La Organización Mundial de la Salud considera que aproximadamente 10 por ciento de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad permanente, es decir, unos 650 millones de personas; constituyéndose así como la mayor minoría del mundo.
En México, de acuerdo con el duodécimo Censo General de Población y Vivienda 2000, se registraron un millón 795 mil personas con discapacidad, es decir, casi el 2 por ciento de la población mexicana.
De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en países de desarrollo. Estas cifras reflejan la enorme tarea a la que estamos sujetos. La integración de las personas con discapacidad en el trabajo es una tarea que por principio tiene que trascender barreras incluso de tipo familiar.
La discriminación de la que son objeto las personas con incapacidad impide su inclusión en los ámbitos laborales, por lo que —pese a la existencia de importantes instrumentos jurídicos— hoy en día su integración continúa siendo una importante deuda social. No se puede cumplir con la promesa democrática para nuestro país, sin la plena inclusión de las personas con discapacidad.
Para el Grupo Parlamentario del PAN, la democracia sólo puede vislumbrarse si se promueven los valores como la igualdad, la inclusión y la participación democrática de las personas con discapacidad en todos los ámbitos incluyendo así, obviamente, el ámbito laboral.
El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.
La armonización de las leyes tiene una implicación fundamental en beneficio de la sociedad al ser integrados los estándares internacionales en el derecho vigente y al ser derogadas las disposiciones que vayan en contra de dichos tratados internacionales. Armonizar las leyes comprende garantizar, de forma explícita y cercana a la sociedad, los derechos fundamentales.
En virtud de la reciente ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el pasado 27 de agosto por el Senado de la República, sin reserva alguna, y considerando que la armonización de las leyes secundarias es una tarea ardua que habrá de dar inicio de inmediato, es necesario avanzar en tal sentido con los convenios que en el pasado han sido suscritos por nuestro país.
Con la reforma y adición a la Ley Federal del Trabajo, objeto de la presente propuesta de decreto, con relación al Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo del 2 de junio de 1983, sobre la readaptación profesional y empleo de personas inválidas, ratificado por México el 11 de diciembre de 1999, estaremos accediendo a un cambio de perspectiva en cuanto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Sólo así tendremos avances sustantivos en la construcción de una sociedad inclusiva, basada en la solidaridad, la igualdad de derechos y la participación democrática, en la que las personas con discapacidad sean valoradas en su potencial aporte a la comunidad.
Por lo antes expuesto, someto a esta soberanía el siguiente
Decreto con proyecto de decreto de ley, para quedar como sigue:
Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 3o., la sección primera del artículo 25 y el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María Eugenia Campos Galván.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Miguel Ángel Jiménez. Le dan sonido a la curul del diputado, por favor.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): Gracias, Presidenta. Para preguntarle a la ponente si me puedo adherir a su iniciativa, por favor, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada, ¿acepta usted la adición del diputado Miguel Ángel Jiménez, a su propuesta?
La diputada María Eugenia Campos Galván (desde la curul): Sí.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Acepta, diputado. Se adhiere el diputado Miguel Ángel Jiménez. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Esta Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a los niños de la escuela de Tzyjay, del municipio de Zimapán, Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos.
Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Adelante, está abierto el sistema todavía. Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 403 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Secretaria. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Yolanda Garmendia Hernández, para presentar iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Turismo, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Acción Nacional.
La diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández: Con su venia, señora Presidenta.
Compañeros, los suscritos, diputados Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Lorenzo Daniel Ludlow, Adriana Rebeca Vieyra, Enrique Iragorri Durán, Juan Manuel Villanueva Arjona, Yadhira Yvette Tamayo Herrera, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II; y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Turismo y adiciona la fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para quedar como XVII al tenor de lo siguiente:
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la actividad turística es prioritaria para el Estado mexicano, por su extraordinaria capacidad para generar desarrollo económico y social. México es un país que debe aprovechar y desarrollar las ventajas comparativas que le distinguen de otras ofertas turísticas, debido a sus características geográficas, culturales y climáticas.
Desde hace tres años, el turismo mundial se adentra en una nueva fase histórica de crecimiento. En el 2005 traspasó la barrera de los 800 mil millones de llegadas internacionales y el año pasado llegó a los 842 mil, lo cual representa un crecimiento superior al 20 por ciento en el espacio de tres años.
En el 2005 los ingresos del turismo internacional alcanzaron los 680 mil millones de dólares de Estados Unidos, lo que lo convierte en una de las principales categorías del comercio internacional.
El turismo, en sentido estricto, representa una cuarta parte de todas las exportaciones de servicios y el 40 por ciento se incluye al transporte aéreo. A nivel nacional el turismo representa una alta participación del producto interno bruto, tercer lugar en generación de divisas y altamente generador de empleos.
Al respecto, el sector de las Mipymes constituye un tejido fundamental para la economía del turismo en México. En los destinos turísticos no son las grandes empresas, sino las Mipymes las que imprimen el sabor local, presentando a los visitantes las características de las costumbres y tradiciones que integran, lo que es específico de cada región.
Se calcula que actualmente las Mipymes representan el 82 por ciento de la oferta total de los servicios turísticos, no obstante, por lo general sufren de una serie de carencias y limitaciones que les impiden desarrollar su potencial plenamente.
Entre los esfuerzos que se han realizado para impulsar a las Mipymes turísticas, se han concentrado en apoyar de manera dispersa el crecimiento de su competitividad a través de la Secretaría de Turismo; sin embargo, el fomento y expansión de este tipo de empresas turísticas pareciera un poco olvidado dentro del marco normativo aplicado al turismo.
Para lograr el fortalecimiento de las Mipymes turísticas, Fonatur podría y debería ser un aliado importante, ya que para la ley es el organismo ejecutor de los programas de desarrollo y financiamiento a las empresas y actividades del ramo.
Entre las funciones del Fonatur está el promover la inversión privada en apoyo de las zonas y proyectos de interés nacional, y brindar apoyo financiero a las compañías mexicanas operadoras de hoteles y moteles, restaurantes, paradores y otros servicios.
Asimismo, Fonatur opera por conducto de las instituciones bancarias públicas o privadas y tiene por objeto asesorar el desarrollo y financiar planes y programas de fomento al turismo; sin embargo, aunque la función de Fonatur es participar con los sectores públicos, social y privado en la constitución, fomento y desarrollo y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, esta entidad ha enfocado sus actividades particularmente en los últimos años hacia las grandes empresas, convirtiéndose en un promotor inmobiliario dejando al lado el apoyo que pudiese prestar a las Mipymes en los sitios que desarrolla.
En la actualidad Fonatur se encuentra activo en 26 entidades federativas y promueve 5 centros integralmente planeados como los destinos de Cancún, Ixtapa, Huatulco, Loreto y Los Cabos; además, dirige ambiciosos proyectos como el Mar de Cortés y el CIP de Nayarit, entre algunos otros.
Ciertamente, durante el sexenio pasado, Fonatur logró generar inversión nueva para el país por 5 mil 666 millones de dólares y 4 mil 874 millones de dólares más, en más de 15 proyectos de grandes dimensiones. De haber perdido 4 mil 600 millones de pesos en el 2000, en el 2006 generó utilidades por más de 662 millones de pesos. Conseguir que una dependencia federal se vuelva autofinanciable y que no sólo absorba dinero del erario es un logro nada despreciable.
También es cierto que Fonatur ha respondido a las necesidades de coordinar el desarrollo integral del sector con la creación de los centros integralmente planeados. Lo que falta para Fonatur entonces es poner énfasis no sólo en lo que se está haciendo, sino en llegar a donde la inversión privada no lo hace, en realizar su vocación social. Fonatur debe ser además de promotor inmobiliario para grandes inversionistas y desarrolladores, un facilitador del desarrollo de las Mipymes dedicadas al turismo.
En base a esto, nos permitimos presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Turismo y se adiciona la fracción XVI quedando como sigue:
Fomentar la creación y desarrollo, consolidación y viabilidad productiva, competitividad y sustentabilidad, de la micro, pequeña y mediana empresa del sector turismo.
En virtud de que el texto ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputada Yolanda Garmendia Hernández. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Turismo.
Esta Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida a los invitados especiales del municipio de Ecatepec de Morelos. Sean ustedes bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado José Alejandro Aguilar López, para presentar iniciativa que adiciona el Título Segundo Bis del Libro Quinto del Código de Comercio, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Alejandro Aguilar López: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.
El diputado José Alejandro Aguilar López: Los sucritos, diputados José Alejandro Aguilar López, Yadhira Yvette Tamayo Herrera, Enrique Iragorri Durán y Carlos Alberto García González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo, artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que adiciona al Libro Quinto del Código de Comercio el Título Segundo Bis, "Del Procedimiento Oral Mercantil".
El sistema de justicia penal en México se encuentra viciado por un excesivo formalismo que no satisface a la mayoría de los ciudadanos. Hay que recordar las palabras de Mirabeu, el orador más eminente de la Revolución Francesa, que dijo en la asamblea: "Dadme el juez más venal que queráis, nada le temo si tiene que juzgarme públicamente".
Acudo a la máxima tribuna del país para plantearles la siguiente problemática:
La economía mexicana tiene un enorme potencial para desarrollar, que por muchos lustros ha sido desaprovechado. Uno de los principales motivos de lo anterior, ha sido la falta de herramientas adecuadas para que nuestro Poder Judicial pueda llevar a cabo la impartición de justicia mercantil de manera expedita y con claridad. Entre las consecuencias tenemos rezago judicial y falla en la facilitación de las relaciones comerciales, pero sobre todo un efecto inhibidor sobre la inversión directa tanto doméstica como extranjera.
Lo anterior es claramente resultado de instituciones que demandan ser renovadas y fortalecidas para ponernos a la par de quienes compiten a nivel global por generar y retener inversiones del sector privado, y con ello ofrecer las tan necesarias fuentes de empleo para la población en general. Todos sabemos que es una fórmula efectiva para mejorar el ingreso de las naciones. Nosotros no tenemos por qué ser la excepción.
Una de las principales funciones de los sistemas de justicia, es garantizar que los agentes económicos en sus operaciones comerciales, puedan contar con instituciones eficientes y de calidad que permitirán solucionar cualquier tipo de controversias. En caso contrario, se genera incertidumbre y, como es sabido, con ésta, los mercados fallan. Los agentes optan por realizar menos operaciones comerciales de las que -de otra forma- llevarían a cabo, pues sólo asumirán de manera efectiva las operaciones que, de manera segura, no los hagan incurrir en pérdidas.
Sin embargo, la anterior situación implica una enorme pérdida para la economía como un todo. En un país en el que se necesita de manera urgente crear fuentes de empleo, cada transacción comercial perdida representa una oportunidad menos de crear empleos. Lo mismo sucede cada vez que la resolución de una controversia comercial se estanca por falta de una impartición de justicia mercantil expedita.
En la economía global los países que han optado por no competir por encerrarse, simplemente viven en condiciones de miseria, pero los países que no explotan su potencial competitivo se rezagan de manera creciente. Es nuestro deber tomar las acciones que estén de nuestra parte para lograr un México ganador, un México que logre plenos beneficios de la integración comercial internacional, que ha alcanzado todos los milagros económicos observados en términos recientes.
Por ello, con objeto de saber cuáles son las mejoras, dando la fortaleza que nuestras instituciones requieren para ayudarnos a ser más competitivos, debemos tratar de trazar una ruta crítica que nos permita ponernos al nivel de algunos de los países que algún día aventajamos y que ahora dominan el ámbito de la competitividad.
Precisamos urgentemente recuperar nuestro sello como destino confiable para la inversión tanto nacional como extranjera. Por eso, hemos decidido aquí centrarnos en una institución que es de gran importancia para el total de la sociedad mexicana, pero que incide de manera determinante sobre el nivel y la calidad de nuestro intercambio comercial, no sólo con el resto del mundo sino entre nosotros mismos.
Deseamos adoptar un enfoque que nos permita lograr un conjunto de metas concretas. Éstas son: transparentar el procedimiento de justicia mercantil, hacerlo más accesible para todos aquellos que prefieran, por encima de las instituciones arbitrales, facilitar el proceder de los jueces; lograr una impartición de justicia expedita para que ésta sea un medio y no un fin en el que se detenga el proceso de creación y distribución de riqueza; coadyuvar en la tarea de fortalecer aquella institución tan central de nuestro país.
Sin embargo, en la consecución de nuestro objetivo no podemos permitir que nuestro deseo de avanzar nos haga traicionar el propósito. Debemos proceder de manera progresiva y ordenada.
A fin de pensar en pasos más importantes en la totalidad de los procedimientos de impartición de justicia debemos establecer un proceso incremental en el que se pueda consolidar a cada paso lo avanzado. Para este objetivo es que aquí hemos decidido abordar un subconjunto del universo de los procedimientos judiciales. Éstos constituyen apenas una fracción del total de los procesos que el Poder Judicial de la Federación suministra.
A fin de adoptar una posición responsable, reconociendo la escasez de recursos con que se cuenta, nos proponemos demostrar que ésta puede ser una política pública en que la mejora en generación de recursos para la sociedad mexicana en su totalidad es mayor que los posibles costos de transición, que además sólo se habrán de asumir de una vez por todas y habrán de ser absorbidos por nuestro sistema económico en el corto plazo.
Por último, esta propuesta busca resolver una demanda de un sector privado que durante las últimas décadas —tal vez durante más tiempo— se ha tenido que enfrentar a la problemática de una índole totalmente ajena a la de sus actividades productivas. Si se enfrenta un incumplimiento, una omisión o una situación de cualquier tipo que conduzca a una controversia comercial, que en muchos otros países se resolvería de manera sencilla, relativamente económica, pero sobre todo, de manera sistemática e institucional.
En nuestro país los empresarios muchas veces prefieren asumir la pérdida directa que recurrir a las autoridades. Es cuanto, diputada Presidenta.
Y solicito a la Presidencia de esta Cámara que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates esta iniciativa. Por la gentileza de su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Alejandro Aguilar López. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía.
Esta Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a los jóvenes universitarios de Guanajuato y a la escuela primaria Cristóbal Colón, del pueblo Santiago Tepalcatlapan, Xochimilco, y a la Universidad de Celaya, Guanajuato. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. También se les da la más cordial bienvenida a los invitados especiales de San Luis Potosí.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Compañeros diputados y compañeras diputadas. Estoy aquí porque me parece que en el asunto de la caña del azúcar y en especial de los cañeros hay que plantearnos dos cosas para hacer justicia.
En primer lugar, la libertad de asociación. Cualquiera puede asociarse con quien quiera, a la hora que quiera y como bien le convenga a sus propios intereses. Por fortuna, los últimos decretos cañeros permiten ahora formar asociaciones locales y no solamente las que tradicionalmente habíamos tenido. Pero también estoy convencido de la rectoría del Estado. En ese sentido, me parece prudente que se pongan condiciones para que estas asociaciones cañeras puedan lograr su registro.
Sin embargo, en la forma como está presentado actualmente, en la que dicen que deberán contar con una membresía mínima equivalente al 10 por ciento del padrón total de los abastecedores de caña del ingenio de que se trate y por lo menos con el 10 por ciento del volumen total de la caña de abastecimiento correspondiente, me parece sumamente elevado.
La iniciativa consiste precisamente en que la membresía mínima equivalente al 5 por ciento del padrón total de abastecedores de caña del ingenio de que se trate o, bien, contar por lo menos con el 5 por ciento del volumen total de caña de la zona de abastecimiento, así como modificar el artículo 38 que dice inicialmente: "con el 2.5 de la membresía del padrón nacional de abastecedora de caña, o bien contar, por lo menos, con el 2.5 de la producción nacional de caña y tener presencia al menos en dos estados productores de caña de azúcar".
Me parece que debe de prevalecer la libertad de asociación sobre cualquier rectoría del Estado. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Francisco Antonio Fraile. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Rubén Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: El suscrito diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 en su apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Durante el proceso electoral del 2 de julio de 2006, los mexicanos fuimos testigos de cómo se violentaron los principios de certeza, legalidad e imparcialidad a los que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal.
Hasta el momento, los delincuentes electorales que en ella intervinieron no han sido sancionados conforme a la ley. La implementación de la campaña de odio a través de spots y correos electrónicos, las campañas promovidas por el Consejo Coordinador Empresarial, el intervencionismo del presidente de la república, la utilización de los programas sociales con fines electorales, los excesivos gastos en medios de comunicación, el rebase de topes de gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos, la participación e intromisión de extranjeros en el proceso, son tan sólo una muestra de la impunidad en materia de delitos electorales.
Sin embargo, el tema de los delitos electorales en nuestro país ha sido poco abordado y menos aún lo relativo a la persecución y consignación ante las autoridades de aquellos que cometen estos ilícitos.
El pasado 13 de noviembre, en el marco de la reforma del Estado, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia electoral, no obstante los avances de la misma, consideramos que no puede haber una verdadera transformación electoral sin que se dote de autonomía constitucional a la actual Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que actualice las realidades de nuestro país, conductas que afecten los valores de la democracia y del sufragio universal libre, directo y secreto, ya que hasta el momento en su actuar como responsable de atender en forma institucional especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales, contenidos en el título vigésimo cuarto del Código Penal Federal, podemos decir que ésta ha sido una de las dependencias con mayores recursos en los últimos años y con los más bajos índices de eficiencia; su propia estadística así lo demuestra.
De la propia información de la Procuraduría General de la República, se desprende que en el transcurso de 2007 el número de consignaciones de la Fiscalía es mínimo en relación con las averiguaciones previas en trámite.
Lo mismo sucede con las sentencias emitidas por los jueces, las cuales desde el año de 1999.
Para muestra en el proceso electoral de 2006 y hasta junio de 2007, las consignaciones suman 0 y el total de consignaciones en todos esos años suman 11.
Por tanto la iniciativa que ponemos a la consideración de esta soberanía, propone la creación de una procuraduría electoral, con jerarquía constitucional autónoma, contra la injerencia de algún poder del Estado, donde el nombramiento de su titular se realice por el Senado de la República, previa convocatoria, con una permanencia transexenal en su cargo. Es decir, contará con una duración de ocho años para su ejercicio y sólo podrá ser removido de su encargo en los términos del título cuarto de nuestra Constitución.
Por tanto para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no puede haber reforma electoral sin una transformación de quien se encarga de investigar, perseguir y consignar los delitos electorales, misma que hasta el momento ha sido ineficiente e ineficaz.
Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 en su apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adicionan los párrafos sexto, séptimo y octavo, recorriéndose el actual párrafo sexto para quedar como noveno, al apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.
Artículo 102, apartado A. La Procuraduría Electoral es un organismo público autónomo en sus decisiones, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio. En su carácter de Ministerio Público es responsable de la investigación y persecución de los delitos electorales.
El procurador electoral deberá guardar reservas en el ejercicio de su competencia. La ley establecerá su organización y funcionamiento.
El procurador electoral será nombrado por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República y en los recesos de éste por la Comisión Permanente con la misma votación calificada mediante convocatoria pública en los términos que establezca la ley.
El procurador electoral durará en su encargo ocho años y sólo podrá ser removido del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona los artículos 16 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Se recibió iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios, del PT, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa y Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se recibió iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados de los grupos parlamentarios del PT, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa y Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
El siguiente punto del orden del día serán los dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha 24 de agosto, firma de los Tratados de Córdoba que reconocen la Independencia de México en 1821, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedan de primera lectura. Para los compañeros que nos están viendo por el Canal del Congreso, les informamos que vamos a iniciar votaciones, por lo cual solicito se presenten a este pleno.
Dictámenes a discusión.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura.
No habiendo ningún diputado para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está a discusión en lo general el dictamen.
Se han registrado para fijar su posición, el diputado Antonio de Jesús Díaz Athié y el diputado Felipe Borrego Estrada. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio de Jesús Díaz Athié, del Grupo Parlamentario del PRI. Vamos a dar oportunidad de que se presente el diputado Antonio de Jesús Díaz Athié, le damos el uso de la palabra al diputado Felipe Borrego Estrada, del Grupo <parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Felipe Borrego Estrada: Gracias, Presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el día de hoy sometemos a la consideración de esta asamblea, proyecto de dictamen con modificaciones a los códigos sustantivo y adjetivo, en materia civil federal.
Resulta de gran importancia aprobar las reformas al Código Civil Federal y al Código de Procedimientos Civiles que presentamos a su consideración, que son claves para avanzar en la consolidación de la administración de justicia en el Estado mexicano.
La motivación que nos hace impulsar este proyecto de dictamen es un anhelo de justicia pronta, expedita y eficiente, en un escenario donde algunas ocasiones la justicia llega de manera desfasada respecto de la obligación de actuación del mismo Estado.
Actualmente es común en los procedimientos civiles, en los que se dictan embargos precautorios sobre los bienes del deudor, que éste, al ver amenazado su patrimonio, busque la manera de salvaguardarlo, por lo que emprende una serie de defensas extralegales que se constituyen las más de las veces en fraude a la ley y que obstaculizan de manera reiterada la posibilidad de liquidar la deuda al acreedor.
No es raro que una vez que al deudor le ha sido entregado citatorio o notificación, éste enajena, dona o efectúa diversos actos tendientes a declararse insolvente, previo a la diligencia de embargo precautorio.
Por ello, los integrantes de la Comisión de Justicia, con la idea de que la justicia lenta no es justicia, dimos nuestro voto aprobatorio al presente dictamen en el entendido de que el espíritu jurídico de la propuesta de reformas es otorgar garantías mínimas a la parte actora en un juicio de orden civil, con derecho a la reparación del daño y en el que se ordene embargo precautorio para asegurar la restitución del goce de sus derechos.
La utilidad de una medida cautelar se define más por el interés de los individuos, que en el interés de la administración de justicia. En efecto, la paz social requiere que los actos de jurisdicción no resulten ilusorios, pues si el Estado prohíbe determinante al individuo la justicia por propia mano, debe también tutelarlo anticipadamente. Esta tutela anticipada incluye la protección de su situación patrimonial.
De esta manera las reformas de los artículos 384 y 447 del Código Federal de Procedimientos Civiles, permitirán que la resolución judicial o autocumplimentable que decrete embargo precautorio sobre los bienes inmuebles del deudor sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad, para que a partir de este momento el deudor no pueda alterar en forma alguna el bien embargable o embargado.
Para complementar estas modificaciones y darle un sentido armónico y coherente a los ordenamientos normativos se proponen reformas a los artículos 2163 y 3043 del Código Civil Federal, con la finalidad de ordenar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la resolución judicial que ordena el embargo precautorio de bienes inmuebles del deudor, tratándose de deudas de carácter civil.
El Partido Acción Nacional al apoyar esta iniciativa confirma y continúa con su congruencia en buscar y avanzar en la legalidad y en un mejor estado de derecho, consolidando la administración de justicia del Estado mexicano. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Felipe Borrego Estrada. Tiene el uso de la palabra el diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado César Camacho Quiroz: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeros diputados, seré muy breve. Dada la necesidad de que se otorguen garantías mínimas a las partes en los juicios civiles y particularmente en los que se decreta un embargo precautorio sobre bienes inmuebles, es que se plantea reformar el código sustantivo y el adjetivo en materia civil, pues generalmente el deudor vende los bienes embargados generándose un fraude entre acreedores, afectando directamente el derecho del acreedor en juicio a que se le repare el daño.
Por cuanto hace al código sustantivo se prevé un procedimiento muy claro para la inscripción en el Registro Público de los bienes inmuebles embargados precautoriamente, así como de la resolución judicial que lo ordene dentro de los actos inscribibles en dicho registro.
Para dar congruencia y eficacia a tal disposición normativa se sugiere una reforma al Código de Procedimientos Civiles, consistente en que la resolución judicial que decrete un embargo precautorio sobre bienes inmuebles sea inscrita en el Registro Público, lo cual deberá ordenar el juez de la causa, de inmediato.
Por lo que hace a los artículos transitorios, en lo relativo a las reglas que aplicarán a los asuntos que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor las reformas, se señala que se atenderán hasta su total terminación de acuerdo con las disposiciones aplicables a la fecha en que inició el procedimiento correspondiente.
Adicionalmente a este asunto concreto, vale la pena destacar la actitud positiva y colaboradora de las diputadas y los diputados de todas las fracciones parlamentarias que integramos la Comisión de Justicia para dictaminar las decenas de asuntos en trámite, y pronto esta soberanía conocerá de asuntos relacionados con la misma materia. Gracias, por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado César Camacho. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se preguntó a la asamblea si se reservaba algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no reservaron artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a la Escuela Secundaria Diurna, número 109, León Felipe, y a los invitados de Aguascalientes, estudiantes de la Preparatoria El Encino, sean ustedes bienvenidos, todos.
También le damos la más cordial bienvenida a los invitados de la colonia Plaza de la Colina, del estado de México; a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; a la Universidad del Valle de México, campus Coacalco; y a los invitados especiales de la Contraloría Interna del honorable Congreso del estado de Campeche; sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos.
Le damos la más cordial bienvenida a los invitados especiales del municipio de Toluca, estado de México. Si voltean a ver los diputados un poquito, se darán cuenta que está llenísimo arriba, que todos los están observando y que los vienen a visitar con mucho gusto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Alguien falta de votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 280 votos a favor y 0 en contra.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 280 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le dispensa la lectura.
En consecuencia está a discusión el dictamen en lo general. Se han registrado de manera previa para la discusión en lo general, la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD y la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Por lo que se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia compañeros y compañeras legisladores.
En la actualidad se ha vuelto indispensable la integración de las personas con discapacidad al desarrollo en igualdad de oportunidades del país, lo que nos obliga a realizar un análisis crítico de las prácticas institucionales y sociales que han impedido o dificultado su plena incorporación.
Uno de los ámbitos en donde las personas con discapacidad y sus familiares se enfrentan a más barreras, es en el de la justicia. Es una realidad que en los procesos civiles quienes tienen alguna discapacidad se encuentren en un plano inferior, ya que para superar su impedimento y lograr el absoluto conocimiento del proceso se ven obligados a contratar intérpretes o asistentes, lo que convierte el acceso a la justicia en una forma de discriminación.
Con el fin de dotar de un mayor alcance de mejor acceso y de más certeza a los procesos civiles, es que propuso el 26 de abril del año en curso, esta iniciativa que garantiza que aquellas personas que tengan una discapacidad auditiva o visual, puedan contar con los intérpretes o asistentes necesarios.
Si realmente queremos formar parte de una sociedad plena e incluyente debemos ser responsables y facilitar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad cuenten con las mismas medidas que contamos todos.
Por ello, Nueva Alianza aplaude este dictamen y los exhorta a apoyarlo con el fin de seguir consolidando con hechos los logros y avances en beneficio de la sociedad.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias diputada Mónica Arriola. Se le concede ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Fernando Quetzalcoátl Moctezuma Pereda: Con su permiso, diputado Presidente. Si bien se ha logrado en los últimos años adaptar el entorno social a favor de las personas con discapacidades, a fin de evitar su exclusión del medio y la sociedad misma, aún no se ha logrado completamente crear un ambiente de igualdad de oportunidades para quienes padecen alguna discapacidad.
El problema de la discapacidad en México es cuantitativamente significativo. De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda del año 2000, las cifras hablan de poco más 2.2 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad, de los cuales 629 mil, el 28.6 por ciento, son ciegos o débiles visuales; 383 mil, el 16.5 por ciento, son sordos o requieren de algún aparato auditivo y 90 mil, el 4.5, son mudos.
De ahí la importancia de establecer en la ley la obligación de los jueces de garantizar que aquellas personas que tengan una discapacidad física puedan contar con los intérpretes o asistentes necesarios para superar su impedimento y lograr el absoluto conocimiento, tanto de los argumentos esgrimidos por la parte contraria como de las actuaciones judiciales y, en general, de todas las etapas del juicio, a efecto de garantizar un adecuado acceso a la impartición de justicia.
El combate a todas las formas de discriminación fue recogido puntualmente en nuestra Carta Magna, según se desprende de la reforma practicada al texto de su artículo 1 y 2, la cual fue publicada en agosto de 2001. La reforma otorgó un carácter tan trascendente a la asignatura del combate a la discriminación que más adelante incidió en la reforma de diversas disposiciones legales, incluso en la elaboración de leyes secundarias que refirieron su espíritu, como la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación y la Ley General de las Personas con Discapacidad, que pasaron a formar parte de nuestro derecho positivo en junio de 2003 y junio de 2005, respectivamente.
En ambas leyes se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, asesoría y representación jurídica en forma gratuita, así como la obligación de los gobiernos federal y estatales de disponer de los recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para el acceso equitativo de las personas con discapacidad a su jurisdicción.
Asimismo, la Ley General de las Personas con Discapacidad incluye una definición importante de estenografía proyectada, entendida como el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento, y a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales en sistema de escritura Braille.
En el dictamen a discusión se propone reformar el Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de que el juez de la causa esté obligado a garantizar en todas las etapas procedimentales del juicio, que las personas con discapacidad auditiva y audiovisual cuenten con los apoyos necesarios, a efecto de que estén en posibilidad de tener conocimiento pleno del contenido y alcances de las actuaciones judiciales y del mismo modo, se logre el absoluto conocimiento de sus argumentos, haciendo uso de la estenografía proyectada prevista en la Ley General para las Personas con Discapacidad.
Es así como la fracción parlamentaria del PRI apoya esta reforma propuesta que define, en efecto, no sólo a la reforma constitucional ya señalada, sino a los diversos ordenamientos a los que nos hemos referido, al mismo tiempo de cumplir con una exigencia social en materia de justicia y acercar las diferencias que tristemente subsisten hacia nuestros sectores más desprotegidos. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Fernando Moctezuma Pereda. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente. Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática este dictamen que se está poniendo a consideración del pleno representa definitivamente un avance sustantivo en la búsqueda de la equidad en la justicia.
Es congruente con el espíritu de justicia. al tomar en cuenta la pluralidad de seres humanos que conformamos al país, y al tomar en cuenta y satisfacer las necesidades de equidad que se requieren en este tipo de procedimientos.
Llama poderosamente la atención el cuidado con el que se ha planteado aquí las necesidades de satisfacción de los derechos básicos de los débiles o las discapacidades visuales o auditivas; y, al mismo tiempo, también se contemplan esas necesidades. El ejercicio de esos derechos de estas personas con capacidades diversas no solamente desde el punto de vista de quien inicia o promueve, sino también de los testigos.
Y qué decir de nuestro apoyo a el tomar en cuenta la riqueza y la pluralidad de nuestras lenguas nacionales, al contemplar las modificaciones necesarias para garantizar que en nuestros pueblos y naciones indias, sus representantes, al estar inmersos en cualquiera de estos procedimientos, cuenten con el apoyo del aparato judicial para entender en sus propias lenguas las diferentes diligencias que se están llevando a cabo.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Gracias, diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados, hace seis años, por acuerdo del Poder Judicial Federal, todos los edificios pertenecientes a este órgano tienen en un lugar visible una frase de José María Morelos y Pavón que dice "todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario".
Sin embargo, en el Partido Acción Nacional sabemos que esta gran encomienda dada a todos los juzgadores, que es el fiel guardián de la justicia en el Estado mexicano, es letra muerta si nosotros los legisladores no proveemos lo necesario para que existan leyes más justas, leyes que protejan los principios de seguridad jurídica de todos los gobernadores, pero sobre todo el principio de igualdad que no es otra cosa que tratar igual a tus iguales y desigual a tus desiguales, para asegurar que todas aquellas personas que no están en las mismas condiciones de cualquier ciudadano como pueden ser los indígenas y como pueden ser las personas con algún tipo de discapacidad, puedan contar con la misma igualdad de oportunidades.
Es por eso que dictaminamos también en sentido positivo la iniciativa presentada por la diputada Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza, considerando necesario que se reformen, además del artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los artículos 107, 180, 271 y 274 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Actualmente, nuestros indígenas dentro de un juicio civil federal pueden contar con el apoyo de un asistente, asentándose en las constancias respectivas, tanto en idioma castellano como en su dialecto tratándose de la absolución de posiciones dentro de la prueba confesional de la declaración que rinden como testigo en una prueba testimonial y cualquier actuación dentro de un juicio, se les debe de notificar dentro de su dialecto y de su idioma. Esto no sucede tratándose de la audiencia final del juicio.
Entonces, queremos equilibrar oportunidades también tratándose de las personas que tienen una discapacidad auditiva o visual o ambas, para que así como nuestros indígenas pueden gozar de un asistente, ellos cuenten con una estenografía proyectada que no es otra cosa que la transcripción de esa declaración o de la absolución de posiciones en el momento en que se está realizando, pero a su vez también que se proyecte por medio audiovisual y también en escritura Braille, si es así necesario.
En el caso de los indígenas, se realiza la transcripción en el dialecto o lengua, a no ser como en algunos dialectos de Chiapas u Oaxaca, que no se pueda realizar esta transcripción.
Actualmente los discapacitados, si quieren la ayuda de un intérprete, tienen que pagar los costos, violentándose también el principio de gratuidad y de procedimiento.
A través de esta reforma ellos lo van a poder hacer con el costo correspondiente al juzgador, no a ellos. Por eso estamos dictaminando en sentido positivo esta iniciativa.
Asimismo, la prueba de que ellos tienen esta discapacidad audiovisual o nada más auditiva o visual, se demuestra con la sola manifestación y solamente si hay alguna duda de que no tengan esta discapacidad o sea materia de una controversia, es que a través de la autoridad correspondiente se demostrará esta discapacidad.
Esto va a permitir mucho un avance en que exista más justicia, un trato mayor, igualitario para toda aquella persona que tenga este tipo de discapacidad.
Se excluía del Código Federal de Procedimientos este apoyo para los indígenas en la audiencia final del juicio y con esto se está agregando.
Sabemos que el tema de apoyo a los discapacitados y a los indígenas es un tema inacabado pero créanme que esto va a apoyar mucho para que cada día sean más justas las leyes en torno a ellos. Gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Maria Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 281 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 281 votos el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Se informa a la asamblea que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se discutirá al final del capítulo de dictámenes a discusión.
Se recibió comunicación signada por la mesa directiva de la Comisión de Economía por la que solicita sea retirado del orden del día el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica. Consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza el retiro del dictamen y su inclusión para el jueves 6 de diciembre en el orden del día.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza el retiro del dictamen y inclusión para el jueves 6 de diciembre en el orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación): Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa le lectura.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa le lectura. En virtud de que no se ha suscrito ningún diputado para fundamentar el dictamen, estando a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto y no habiéndose registrado ningún diputado para fijar posición, consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Cámara de Diputados da la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima. Sean ustedes bienvenidos a este pleno.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema todavía, diputado Duarte. Ciérrese el sistema de votación electrónica.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Falta alguien de viva voz para votar?
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Compañeros diputados por favor.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Está abierto el sistema? Está abierto todavía el sistema electrónico.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: El diputado Alejandro Landero.
El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Pueden votar todavía. Está abierto el sistema de votación electrónico para los que falten de votar.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros diputados, les solicitamos que no se retiren, vamos a seguir votando, debemos tener el quórum correspondiente para seguir votando los dictámenes.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se emitieron 257 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 257 votos el proyecto de decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción LIX del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. En virtud de que no hay ningún orador inscrito para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto y decreto.
Se ha registrado para fijar posición el diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Torres Herrera.
El diputado Víctor Manuel Torres Herrera: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy la Cámara de Diputados aprobará de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la reforma a la fracción LIX del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales.
Con la aprobación del presente dictamen se concluye un esfuerzo que inició hace algunos meses precisamente en el mes de marzo del presente año, esfuerzo que desde su formulación ha obtenido un respaldo social a través de asociaciones ganaderas nacionales, pero también por la ciudadanía y que incluye también ideas y opiniones que se han expresado aquí en la Cámara de Diputados.
Todas las reformas a la Ley de Aguas Nacionales que esta Legislatura ha discutido y aprobado responden a una motivación específica, a una causa que en su momento produjo un efecto social negativo, en este caso se trata del sector agropecuario, distinguido por muchos de nosotros como uno de los principales motores en el desarrollo económico de México. Por lo que considero necesario que el gobierno federal, mediante la aplicación correcta del marco normativo, promueva la competitividad y la capitalización del sector, pero sobre todo que los beneficios y derechos que la ley otorga al sector agropecuario se den con claridad y certeza jurídica.
Aunado a lo anterior es imperativo que el Estado instituya una auténtica política agropecuaria que impulse el desarrollo del sector, sobre todo ahora que nos encontramos a menos de 60 días para la entrada en vigor del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del norte.
Esta reforma, junto con otras importantes iniciativas, será un producto legislativo más antes de cerrar este año, que ha sido un año muy constructivo para la Cámara de Diputados y que tiene dos motivaciones centrales:
El primero es que el agua, entre otros factores, es un elemento fundamental para impulsar el crecimiento del sector agropecuario. El argumento para sostener lo anterior es evidente y particularmente tiene como premisa la definición actual del articulo 3o., fracción LIX, de la Ley de Aguas Nacionales, sobre lo que significa uso pecuario que es una enunciación de las diferentes etapas de vida del animal, es decir, primero se cría, después se engorda, y por último se sacrifica, por lo que es lógico que la preparación del animal se refiera a la última etapa de vida, que consiste en el sacrificio para consumo humano.
La segunda motivación tiene que ver con la actividad que en el proceso del rastro conlleva a la preparación del animal para que la primera enajenación, pues, ¿de qué otra manera se podría preparar un animal para su primera enajenación?
El asunto es claro, no hay que darle muchas vueltas, la única respuesta que existe a la interrogante anterior es la matanza o el sacrificio del animal mediante la actividad del rastro, quedando de esta manera bien claro que el espíritu real de la ley era plasmar en esa etapa a la actividad del rastro, matanza o sacrificio del animal en su más estricto sentido.
En ningún momento se entiende ni se trata de su transformación industrial, como pueden ser los embutidos, o bien, la elaboración industrial de otros productos como la harina de animal, por ejemplo.
El cambio que hoy ponemos a consideración de esta asamblea, dice:
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá como:
LIX. Uso pecuario: la aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda del ganado, aves de corral y otros animales y su preparación para la primera enajenación, entendiéndose por ésta, el proceso de rastro, el cual requiere agua fría y caliente, siempre que no comprendan la transformación industrial, y no incluye el riego de pastizales.
Esta reforma reconoce que es indispensable reforzar el marco normativo para evitar interpretaciones innecesarias en perjuicio del sector pecuario, para que de esta manera dicho sector sea fuente de desarrollo, a las condiciones de competencia que se viven en nuestro mercado interno y a nivel internacional, logrando así detener el deterioro y los rezagos que actualmente existen en el sector.
También, este cambio pondera la importancia de la actividad pecuaria a través del aporte porcentual dentro del producto interno bruto o de su participación como actividad ganadera y generadora de empleo, divisas y de la capacidad de generar el autoabastecimiento del mercado, evitando la dependencia alimentaria externa.
Esta reforma apoya al sector pecuario que atraviesa una compleja transformación técnica y estructural. Es momento para que todos nosotros apoyemos al sector pecuario. Hay que hacerlo por el bien de la economía, por el bien de la política, pero, sobre todo, por el bien de México.
Si queremos un sector pecuario fuerte y competitivo que pueda afrontar los retos de la globalización y la modernidad tecnológica, aprobemos, amigas y amigos, sin titubeos, este dictamen.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy como en otras ocasiones estamos ante una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que surge de la convicción de clarificar nuestras normas legales y también de la voluntad política de apoyar e impulsar el sector pecuario nacional.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoyará el dictamen y exhortamos a los demás grupos parlamentarios a votar a favor. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Víctor Manuel Torres Herrera.
No habiendo más oradores inscritos se considera suficientemente discutida la propuesta.
Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Cámara de Diputados le da más cordial bienvenida a los alumnos del CBTIS No. 181, de Paracho, Michoacán; a los del Colegio Humanista Alfonso Reyes, del estado de Puebla y a los invitados especiales de San Luis Potosí. Sean ustedes bienvenidos, muchas gracias por estar acompañándonos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Se emitieron 274 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 274 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público cono proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la segunda lectura.
No está inscrito ningún diputado para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos. En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen.
Se han inscrito para fijar posición los siguientes diputados: el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, el diputado Joaquín Humberto Vela González, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, el diputado César Duarte Jáquez y el diputado Emilio Flores Domínguez.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se pronuncia a favor del presente dictamen que se refiere a la regulación de las sociedades de información crediticia, mejor conocido como el buró de crédito.
Estas reformas, adiciones y derogaciones que contempla atienden un muy justo reclamo de miles de personas que indebidamente aún mantienen en su historia crediticia información y notas que no debieran de permanecer en ella.
Este proyecto de dictamen atiende también más de 15 iniciativas de legisladores de las diversas fuerzas políticas aquí representadas, porque todas ellas atienden el reclamo del indebido registro a que fueron sujetos desde la creación de lo conocido como el buró de crédito y de las irregularidades que en el mismo se observaron cuando se crearon los distintos programas del gobierno que fueron concurrentes, junto con la banca, reconociendo los problemas que fueron exógenos a los deudores.
Cabe destacar que un punto fundamental es que a quienes prestan se les exige que sean más responsables en su actividad, el consumidor o generador de empleo o inversionista a lo que atiende fundamentalmente es al objeto de su negocio o a la necesidad de su consumo y son quienes otorgan el crédito quienes deben de hacerlo responsablemente.
Ya tuvimos un problema muy grave para el país que nos llevó inclusive a extranjerizar la banca. Ya tenemos ahorita un problema muy grave en las tarjetas de crédito y observados por todo mundo, de que quienes las emiten lo están haciendo indebidamente al incrementarse en más de un 100 por ciento la cartera vencida en menos de un año fiscal, y se decía: "yo te presté, tú me pagas, pero si me pagas menos de lo que te presté, aunque te haya cobrado intereses altísimo, sí te libero de un adeudo pero te dejo una anotación de que no me pagaste el total", cuando que el riesgo del crédito quien lo valora es el que lo otorgó, cuando el expertis del que otorga el crédito es ése, cuando es el que tiene toda la información dura del comportamiento de quien presumiblemente será sujeto de crédito o no y del comportamiento de la economía.
Es el que puede hacer las proyecciones reales respecto de los sectores y subsectores y de las distintas actividades de los profesionistas para tener muy claro si esa actividad será rentable hacia delante o si la fuente de empleo permanecerá, y se llegó al extremo inclusive de abrir créditos sin que nadie los solicitara, vía cuenta o vía tarjeta de crédito, y se llegó al extremo inclusive de hacer anotaciones en el buró aun cuando la persona no había firmado ningún documento de aceptación de esa tarjeta de crédito o de esa apertura de crédito.
Todo eso, compañeros, entre otros muchos vicios que la realidad reflejó a la ciudadanía y a las distintas fuerzas parlamentarias, hoy las observamos y las incluimos en este dictamen. Es por eso que Nueva Alianza ratifica su compromiso con la inmensa mayoría de los ciudadanos que necesitan del crédito, sea para el consumo o para su planta productiva y exige y manda una señal a todos aquellos que irresponsablemente, han otorgado crédito, para que sepan que en adelante la penalidad de su irresponsabilidad será mayor y que la carga onerosa será para ellos.
Porque así como ellos dijeron: "Yo no te puse una pistola para que lo aceptaras", los que injustamente venían en el Buró de Crédito le pudieran contestar: "Yo no te la puse tampoco para que irresponsablemente me lo otorgaras". Muchas gracias.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Cárdenas Fonseca. Tiene el uso de la palabra el diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Compañeras diputadas y compañeros diputados, efectivamente, el asunto del crédito es un asunto toral en el funcionamiento de la economía y la realización de las mercancías. Es decir, todo el esfuerzo que haga cualquier productor para poder vender su mercancía se encuentra en un momento crítico si no existe en la sociedad suficiente dinero para poder hacer el consumo de todas esas mercancías. A eso se le llama "el salto mortal de la mercancía", a la venta que ya generó un trabajo enorme. El crédito es el instrumento a través del cual se realiza la producción y se realiza la venta de muchos de esos productos.
Por eso, en todas las sociedades el funcionamiento del crédito es un elemento básico y fundamental. Y sucedía aquí en México que se privatizó el Buró de Crédito. Unos señores ahí tienen el control. No había una regulación a fondo de ese buró y ahora los diputados de los ocho grupos parlamentarios —y quiero hacerles un reconocimiento a todos porque la verdad es que sí, preocupados por los consumidores, por los ciudadanos—, hicieron modificaciones y se reguló mucho a esa sociedad denominada como "Buró de Crédito" a favor de los consumidores y a favor de los ciudadanos, pero también a favor de los productores.
Porque resulta que si alguien que efectivamente —como señalaba el compañero que me antecedió en la palabra— no había solicitado ningún crédito, pero le llegaba a su casa, como llegan muchas tarjetas de crédito que tú no solicitaste. Si tú haces uso de esa tarjeta y tienes algún adeudo o debes una mensualidad de SKY o de Telcel o de cualquiera de los gastos comunes y corrientes que tiene cualquier ciudadano, resulta que te vas a la cartera de crédito y cuando solicitas un nuevo crédito te lo niegan porque estás ahí con el tache. Creo que esto no era lo más adecuado.
Creo que lo que se presenta ahora como dictamen es un avance sustancial, porque se hizo —creo— una revisión a fondo por parte de todos los diputados. Hicieron modificaciones que les dan mayor certeza a los ciudadanos, pero también hacen que la economía fluya más. Si no te daban el crédito —en consecuencia—, tú no adquirías esos productos y se acumulaban muchos de esos productos en las bodegas y la producción tendía a disminuir su ritmo de crecimiento.
Creo que en lo que se hizo se buscó establecer un adecuado equilibrio que beneficie tanto a los productores como a los consumidores, a través de regular y reglamentar de manera mucho más precisa esas sociedades denominadas como Buró de Crédito.
Felicidades a todos los diputados de la Comisión de Hacienda que trabajaron de manera importante en este proyecto de todos los partidos. Como Partido del Trabajo vamos a votar a favor. En favor de los ciudadanos y también en favor de que la producción de este país sea más fluida y funcione de mejor manera. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Joaquín Humberto Vela González.
Esta Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a los invitados de la Universidad Arcos, de Puerto Vallarta, y a los invitados especiales de Xalapa, Veracruz. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Señoras legisladoras y señores legisladores, enfrentar los retos que presenta nuestro sistema financiero, implica cometer con decisión la tarea de construir una economía con responsabilidad, de desechar estructuras obsoletas, pero también de reafirmar en estos momentos nuestra vocación social.
Más allá de visiones rígidas y excluyentes debe asumirse ahora más plenamente el carácter plural que nos constituye la necesidad de mayor cooperación para participar así en la constitución de un sistema financiero más favorable para nuestro país, sin olvidar a las clases más necesitadas.
La economía, como proceso vivo de interacción social requiere para su desarrollo fortalecimiento de un medio financiero estable en el cual los diversos segmentos de la población, sobre todos los que han sufrido las adversidades de la aplicación de un modelo neoliberal e inequitativo, puedan resolver sus necesidades inmediatas y canalizar sus esfuerzos hacia la búsqueda de objetivos más altos.
Hoy traigo algunas reflexiones y para ello parafraseo a Amartya Sen, Premio Nóbel de Economía en 1998, cuando sostiene que el éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar los miembros de la sociedad, puesto que no solamente valoramos el vivir bien y en forma satisfactoria, sino que también debemos apreciar el tener control sobre nuestras propias vidas. Y ello es una tesis que compartimos en Convergencia, o el desarrollo gira alrededor de las personas o simplemente no existe.
La ley vigente para regular las sociedades de información crediticia es un mecanismo pensado, creado y operado para beneficiar a las entidades financieras y las empresas comerciales y, sólo marginal y tibiamente se ocupa de la tutela y salvaguarda de los derechos de los deudores.
Basta señalar que el abuso en el cobro de comisiones por uso de los servicios bancarios dejó a las instituciones bancarias y financieras la cantidad de 12 mil 520 millones de pesos que representó el 27.8 de sus ingresos totales de sus operaciones.
Se busca constituir una nueva reforma financiera, la cual incluirá cambios importantes en la forma de operar del buró de crédito, con el fin principal de promover el sano desarrollo del sistema financiero, para lo cual es esencial fomentar prácticas crediticias sanas que reduzcan el costo del crédito a los usuarios y el riesgo que asumen los oferentes.
Reducir el plazo para los registros de los morosos, acotar las reglas para la entrega de información entre bancos y tiendas comerciales, además de la depuración de la lista negra en manos de las sociedades de información crediticia, son algunas de las opciones que se han analizado en el trabajo de la comisión.
El propósito de estos ajustes es corregir las deficiencias que se han observado en la operación del buró de crédito en los últimos años y darle con ello una mayor protección a la ciudadanía.
Uno de los grandes problemas es que las instituciones financieras, los bancos y las empresas comerciales no le notifican a la gente cuando están en el buró de crédito y los afectados generalmente no se enteran hasta que hacen una nueva solicitud de crédito.
Aunado a esto, cuando el cliente liquida un crédito, son contadas las instituciones que otorgan documentos de liberación, además de que deberían ser quien otorga el préstamo, el responsable de modificar la situación del moroso, independientemente de que intervenga una empresa de cobranzas externa, lo que no se da al 100 por ciento en la actualidad, y ese es un problema recurrente en la operación del buró de crédito, que afecta a los usuarios que han liquidados sus adeudos.
Un punto nodal en la protección de los ciudadanos usuarios, es la prohibición del traspaso de datos de moros entre bancos y empresas comerciales, si no se cuenta para ello con la autorización expresa del cliente, cuya firma tendrá que ser plasmada en un documento diferente desde la solicitud del contrato de crédito.
Compañeros legisladores, apoyar a la ciudadanía consumidora de los servicios financieros es dejar a un lado las políticas partidistas, las grandes cifras, y afrontar con responsabilidad y estricta realidad los grandes retos que tenemos enfrente. Por supuesto que no buscamos darle fuerza a una cultura del no pago; entendiendo en estas a las personas que de manera consciente y deliberada no quieren cumplir con sus créditos.
Las sociedades de información crediticia son componentes fundamentales de un sistema financiero robusto, en virtud de que la información crediticia referente al cumplimiento de las obligaciones de las personas que colectan de entidades financieras y otras empresas, es comúnmente utilizada por los oferentes de crédito, para evaluar las solicitudes de crédito de sus clientes.
Pero fundamentalmente también es el hecho de que la citada ley establece que las personas tienen derecho a conocer la información que sobre su persona tienen las sociedades de información crediticia y a que se corrijan los errores que pueden existir en dicha información, de manera expedita.
Para nosotros es menester señalar que bajo la concepción política que implica sumar y no subordinar; la que construye y no sólo critica; la que se fundamenta en la confianza y la unidad; la que sabe subordinar el interés individual ante el interés que nos debe motivar que es la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento de un sistema financiero más viable, Convergencia se suma a la aprobación de estas reformas de la ley para regular a las sociedades de información crediticia.
Termino recurriendo nuevamente a Amartya Sen, cuando de manera categórica sostiene que es más convincente medir el progreso por la reducción de las privaciones, que por el enriquecimiento aún mayor de los opulentos. No podemos alcanzar realmente una comprensión adecuada del futuro; sin tener una idea sobre si la vida de los que más necesitan puede mejorar. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Juan Ignacio Samperio Montaño. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con su permiso diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que discutimos el día de hoy, presenta avances sobresalientes sobre los beneficios que tendrán las personas físicas o morales que al tener un buen comportamiento de pago les permitirá ahorrar tiempo en sus trámites y aspirar a que sus solicitudes de crédito les sean favorables.
Conviene señalar que las reformas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia están enfocadas a mejorar la información con que cuentan los reportes, haciéndola positiva para los acreditados o solicitantes del crédito; destacando entre los beneficios de estar en el buró de crédito, la reducción de tiempo y trámites de verificación de los datos proporcionados por el solicitante, la actualización de su información y el beneficio para el banco o tienda comercial está en la certidumbre para participar como acreedor en la operación.
De igual manera esta reforma sustenta el valor de la información crediticia. La institución, al asignar un valor al historial crediticio positivo de las personas, reflejará confianza al momento de solicitar un financiamiento. Y las personas, en caso de negativa, podrán solicitar al usuario del buró los detalles que proporcionó la sociedad de información crediticia y éste a su vez deberá considerar toda la información disponible en su base de datos, para calificar al cliente.
La reforma disipa otros temores que rodean al buró de crédito, que tienen que ver con los plazos de permanencia, la eventual corrección de información registrada en dicho buró y la situación que prevalece al acordar un finiquito. Particularmente, estas reformas generarán beneficios de gran relevancia para las personas físicas que cuentan con uno o varios créditos y que por circunstancias de la vida no pudieron solventar sus pagos. Las personas serán avisadas cuando haya sido vendida o cedida la deuda y solicitar la actualización eficiente de información del estatus de dicho reporte.
Asimismo, se configura el derecho al perdón de las personas al prohibir volver a incluir nuevamente en su registro la información que haya sido modificada como producto del procedimiento de la reclamación.
De igual forma, estos cambios mejoran el entorno del buró de crédito y su relación con las pequeñas y medianas empresas a través de la banca comercial.
Por primera vez se incluirá en el buró de crédito la información de los principales accionistas o titulares de las partes sociales que sean propietarios de 10 por ciento más del capital social, evitando así cambios de denominación de las empresas, con el objeto de evitar el pago del crédito del cual fueron objeto.
Las reformas presentadas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia o el buró de crédito en este periodo de sesiones del Congreso de la Unión, amplían la protección de los intereses de las personas, la información que de los usuarios de los servicios financieros registran en el buró y refuerzan el capítulo de sanciones por errores u omisiones en su registro.
Además, los preceptos reformados puntualizan los contenidos en el historial crediticio de personas que han usado alguna forma de crédito, es decir, las nuevas pautas sugeridas en la presente reforma para la inscripción y eliminación de los registros o atrasos en pagos a instituciones financieras o empresas comerciales.
Fortalece la competencia de las instituciones que supervisan a las sociedades de información crediticia, entidades financieras o empresas comerciales, con lo cual el buró de crédito se convierte en una herramienta que ofrece una perspectiva más completa acerca de los consumidores que solicitan algún crédito.
Minimiza los riesgos en su otorgamiento e impulsa el desarrollo de una mejor cultura de pago en México.
Por lo anteriormente expuesto, a nombre de la fracción del Partido Verde Ecologista de México nos manifestamos a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Alberto Puente Salas. Tiene el uso de la palabra el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado César Horacio Duarte Jácquez: Gracias, respetada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado César Horacio Duarte Jácquez: Estas iniciativas en las que hoy la Comisión de Hacienda, a quien primeramente felicito y agradezco la oportunidad de que sin ser miembro de esta comisión pueda posicionar el nombre de mi Grupo Parlamentario, el PRI; estas importantes reformas que hoy han logrado el consenso en el seno de esta comisión y que son producto de una serie de iniciativas en las cuales he participado.
He participado en estas iniciativas porque, sin duda, uno de los problemas más graves que tiene el usuario de crédito en el país es precisamente la lentitud, la distancia, la insensibilidad, el desdén y hasta el desinterés del buró de crédito para manejar la información que permita fluir la solicitud de los créditos cuando alguno de los usuarios ha estado involucrado en algún conflicto de tipo crediticio y que no hay manera ni mecanismo de que esto sea subsanado para que vuelva con vigencia a utilizar los créditos.
Este tema es un tema sensible, porque la ciudadanía considera que no hay defensa, que no hay mecanismos adecuados, y tratamos con estas iniciativas que hoy se plantean, insisto, de forma unánime por todos los grupos parlamentarios que conforman la Comisión de Hacienda, establecer esos mecanismos para su facilidad.
Por ejemplo, se ha establecido que a raíz de una serie de ventas de cartera, que usualmente ahora con el cambio de denominación de bancos que han absorbido bancos más grandes a consorcios más pequeños, no encuentran los deudores con quién negociar su cartera y siguen apareciendo en el buró de crédito.
No encuentran, porque conocemos de ventas de cartera estratosféricas, de cantidades importantísimas de créditos en los que quienes las ha asumido y las ha comprado, no interesa negociar con un pequeño deudor de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil pesos y se quedan ahí en los archivos esas carteras y no tiene la manera el ciudadano de negociar para poder librar su deuda. Y que, a su vez, sea borrado en la lista del buró de crédito en ese sentido.
Así pues, se han determinado plazos más cortos para que las operaciones de borrón a quienes tienen inamovible la posición en el buró de crédito se considere. Nuestra petición ahí ya va precisamente en ese tenor, puesto que hemos elaborado en el presupuesto federal, la posibilidad de un gran crecimiento del crédito, y me refiero, por ejemplo, al crédito agropecuario.
Hoy por hoy, un ciudadano que accede a buscar el Programa de Alianza para el Campo, con el hecho de que esté en el buró de crédito no tiene derecho a recibir el programa subsidiado del gobierno; pero generalmente son créditos muy pequeños que se dieron en fertilizante o en algún tractor o en alguna reparación y no hay manera de que encuentren con quien negociar, aunque se han hecho muchos esfuerzos de foros, de acuerdos, el SAE, por ejemplo, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, de encontrar a todos los deudores de Banrural la manera de sacarlos de ese buró de crédito, no ha habido forma de hacerlo.
Con esta iniciativa se subsanan, se determinan mecanismos de hasta 48 meses, para que si es inamovible una información se borre del crédito y queda aproximadamente a los deudores, de hasta 1 millón 600 mil pesos y que no tengan ningún mecanismo de acceder a esos acuerdos, quedan borrados del buró de crédito al iniciar la vigencia de estas reformas.
También se atienden de manera muy clara, los mecanismos, dando sanciones a las instituciones de crédito que no informen el haber resuelto algún adeudo. Tradicionalmente quien se acercaba a negociar su deuda y quedaba en algún castigo, por ejemplo: si alguien le debía a una institución bancaria 200 mil pesos de una tarjeta de crédito que había sido acumulada por intereses y finalmente llegaban al acuerdo de una quita, el ciudadano pagaba 50, 60, 70 o 100 mil pesos, pero el banco no lo retiraba del buró de crédito.
En este sentido, la institución que llegue a un acuerdo con una quita, está obligada a borrarlo del buró de crédito, así con esto queda garantizada la posibilidad y el derecho a que una vez habiendo aceptado una negociación desaparezcan del buró.
En la vida práctica, es importante que la ciudadanía sepa que los legisladores somos sensibles al ejercicio diario y, sobre todo, en la condición de este mundo globalizado en la que sin duda el crédito es una de las herramientas fundamentales para el ejercicio de nuestra economía.
Es por eso que en nombre del Grupo Parlamentario del PRI me satisface que esta iniciativa que modestamente presentamos el año pasado, hoy surja ya con efectos positivos, y sobre todo, que logre el consenso de todos los grupos parlamentarios en beneficio de cientos de miles de ciudadanos mexicanos que hoy esperan que el buró de crédito, como todos lo queremos, sea una institución seria, responsable.
Y, sobre todo, una herramienta en el sistema financiero que también garantice la información para que la banca tenga los mejores márgenes en sus criterios de aplicación del crédito y sigamos conservando el buró de crédito como una herramienta que garantice y asegure el sistema financiero, pero nunca más un buró de crédito que solamente sirva como mecanismo de presión, como lista negra y como también, la lista del olvido, que muchas veces por omisión se ha dejado a mucha gente en circunstancias de indefensión.
Es por eso que agradezco; nuestro grupo votará, y hemos sido iniciadores de este proceso.
Quiero también, señora Presidenta, por solicitud de la Comisión, si la Secretaría hace favor de leer una fe de erratas que sólo es el orden de un párrafo, de "octavo a séptimo", que si la Secretaría hace bien, esta fe de erratas que me ha pedido la Comisión la turne a la Presidencia para que se dé, una vez incluido, y quede perfectamente consensuado como fue hecho ya en el seno de la Comisión de Hacienda. Es cuanto, estimada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado César Duarte Jáquez. Por favor, si me hace favor la Secretaria de leer la fe de erratas, por favor.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Regular la Sociedades de Información Crediticia.
Fe de erratas
Dice: Artículo 66. La fracción de la I a la III queda en los mismos términos.
La fracción IV. "Omitan eliminar de su base de datos la información crediticia que el Banco de México establezca a través de disposiciones de carácter general expedidas con base en el artículo 23, séptimo párrafo".
Debe decir: Artículo 66. De la fracción I a la III queda en los mismos términos.
Y la fracción IV señala: "Omitan eliminar de su base de datos la información crediticia que el Banco de México establezca a través de disposiciones de carácter general expedidas con base en el artículo 23, octavo párrafo".
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. La precisión es el artículo 66, es la fracción IV, hace una referencia al artículo 23. Y bueno, decía: "séptimo párrafo" y deberá decir: "octavo párrafo". Muchas gracias Secretaria.
Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Soto Sánchez y de esta fe de erratas se agrega al expediente.
El diputado Antonio Soto Sánchez: Con su permiso, diputada Presidenta.
Las reformas que hoy se están planteando en este dictamen son verdaderamente un avance muy importante para toda la sociedad mexicana, porque con esta determinación que vamos a tomar consensuada, todos los grupos parlamentarios, vamos a lograr, por ejemplo, el que cuando un cliente realice el pago total de un adeudo vencido, pueda actualizar anticipadamente su estatus en el buró de crédito ya que actualmente no se puede solicitar esa actualización.
Además, también se prevé la posibilidad de que se eliminen las claves de prevención u observación en el buró para estos casos y se agregó que serán eliminadas estas claves de prevención que reflejen incumplimientos para que no quede huella negativa para los casos de reestructura de los créditos, incluso, en el caso de que haya pagos parciales.
Por otra parte se prevé que el Banco de México pueda establecer reglas para la eliminación de saldos residuales por cuantías mínimas en las que el plazo máximo de borrado serán 48 meses.
Actualmente la ley se interpreta en el sentido de que mientras no exista un pago que libere de la obligación, no comienzan a correr los siete años para borrar el antecedente negativo. Adicionalmente, se reduce el plazo de conservación de la información de 84 a 72 meses, de 7 a 6 años.
También se establece que en el caso del finiquito de un adeudo, el usuario envíe al buró la información que refleje que el pago se ha realizado y se incorpore la clave de observación que aclare los términos del pago.
Con la reforma tendremos la posibilidad de seguir también el rastro de los créditos en caso de cesiones de cartera. Se prevé también, mejoras por ejemplo, que en las reclamaciones que quede prohibido reincorporar un registro que haya sido borrado con motivo del desahogo de una reclamación.
Se amplía también el plazo para imponer sanciones de carácter administrativo y se otorga facultad para imponerlas a la Profeco y a la Condusef; se prevén mejoras en el capítulo de sanciones, tales como reforzar las atribuciones de Profeco e incorporar las de Condusef y se incorporan a dicho capítulo las nuevas conductas previstas por la ley.
Finalmente, se modificó el dictamen original a efecto de prever la obligación de eliminar la información negativa de créditos vencidos y cedidos del 1 de julio de 2002, inferiores a 400 mil Udi, que no haya sido actualizado antes del 1 de noviembre de 2007, ya que actualmente por las deficiencias del artículo 23 vigente, esta información no ha sido eliminada de las bases de datos del buró de crédito.
Se modificó el dictamen original a efecto de prever la obligación de eliminar la información negativa de créditos vencidos y cedidos antes del 1 de julio de 2002, inferiores a 400 mil UDI, que no hayan sido actualizada, ya que actualmente por las deficiencias de ese artículo esta información no ha sido eliminada de las bases de datos del buró de crédito.
El PRD, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ve con muy buenos ojos el avance que se ha dado en esta materia y nos parece que estamos cumpliendo con un reclamo de mucha gente que ha sido afectada por los bancos cuando solicitan crédito y que aparecen en el buró de crédito, aun cuando ellos no hayan solicitado esa tarjeta de crédito que es muy común que esté sucediendo y que mucha gente está padeciendo este problema. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Antonio Soto Sánchez. Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Flores Domínguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez: Con su permiso, diputada Presidenta. Me congratula, como miembro y secretario de la Comisión de Hacienda, el haber trabajado en las reformas y modificaciones de este dictamen que se pone a consideración el día de hoy, porque le hemos metido mano fuerte a la Ley de Sociedades de Información Crediticia —llámese buró de crédito— principalmente pensando en la gente, en la gente que durante muchos años ha tenido el problema de estar boletinada en el buró de crédito; gente que viene arrastrando su nombre negativamente sin razón alguna ya, desde la crisis financiera de 95 y 96.
Hemos querido guardar ese equilibrio entre darle validación a la información que contiene el buró de crédito para que sirva de herramienta en la toma de decisiones de un crédito por las instituciones, pero cuidando muy de cerca la tranquilidad y el sosiego de las familias mexicanas que han tomado un crédito o que deben un crédito.
Hemos logrado con este dictamen también reducir los tiempos de autorización de los créditos. Un crédito dado a destiempo es un mal crédito ya de entrada, principalmente en el área agropecuaria, pensando en los créditos de habilitación y de avió, pero también en los créditos al fomento industrial.
Hemos cuidado mucho ese equilibrio para que esta herramienta reduzca los términos de aprobación y la economía se agilice y corra con mayor velocidad.
Enumero rápidamente los aspectos más importantes que tenemos en la autorización de este dictamen, hemos reducido de 7 a 6 años el periodo en el cual puede aparecer el nombre de un deudor que por diversas causas haya aparecido como moroso con un banco o con una institución financiera, y la hemos reducido a 4 años para que aparezca en aquellos créditos que se tomaron con casas comerciales o con compañías de telefonía celular.
Hemos aprobado en la comisión este dictamen para que quien haya llevado a cabo un finiquito con un banco, una institución, y haya quedado un saldo pendiente por la condonación o la quita de intereses, que ya no aparezca esa condonación o esa quita en el buró de crédito. Es muy importante porque la gente piensa que cuando llega un finiquito ya no está en el buró y seguía apareciendo en el buró. Con esta nueva ley queda totalmente fuera del buró quien haya hecho un finiquito. Es decir, la quita es quita y se borra de la información crediticia del buró.
Otro aspecto importante a mencionar es que aquél banco que haya vendido o cedido su cartera de crédito a un tercero, deberá tener la obligación de comunicarle a ese cliente, a ese deudor que su cartera fue vendida o cedida a un tercero, cosa que actualmente no era de esa manera. Y quien ha comprado la cartera de ese banco, esa institución, tendrá la obligación también de informarle a ese cliente, a ese deudor, que ahora es la institución a quien le debe ese crédito.
Y algo muy importante. Será obligación, a partir de esta modificación, que los bancos o instituciones crediticias deberán, en los cinco días posteriores al pago recibido por su cliente, por su deudor, sacarlo del buró de crédito. Ahí la gente permanecía por meses y años habiendo hecho los pagos y, no se daba cuenta, hasta que nuevamente iba a solicitar un nuevo crédito. Si en cinco días después de recibido el pago el banco no notifica y no modifica el status en el buró de crédito, se hará acreedor a sanciones que van de 200 hasta 2000 salarios mínimos de multa.
Con estas reformas estamos seguros que las familias mexicanas tendrán tranquilidad, tendrán certidumbre sobre los adeudos que tienen y no serán molestadas en la forma en que habían venido siendo hasta el día de hoy. Y nos da la confianza de imprimirle una energía adicional a la economía, porque estas reformas agilizarán los tiempos de aprobación para crédito de vivienda, para crédito de adquisición de electrodomésticos y para todo tipo de créditos comerciales.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos totalmente, vamos a favor. Felicito a todos los grupos parlamentarios porque, por unanimidad, pudimos sacar este dictamen que va a ser definitivamente a favor y en bien de todos los mexicanos. Muchas gracias, compañeros diputados. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Emilio Flores Domínguez.
No habiéndose inscrito ningún orador más, se considera suficientemente discutido en lo general.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado por votar? Está abierto el sistema todavía. ¿Falta algún diputado por votar? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 308 votos a favor, 0 en contra y una abstención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 308 votos, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Alheyda Danaí Franco Rojo, Leticia Contreras Valadez, Juan José Briceño Barrera, José Alfredo González Hernández y Carlos Martín Pérez Cruz, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; en su Consulado en Guadalajara, Jalisco; en su Agencia Consular, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, y en su Departamento de Agricultura, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente.
Carlos José Mauricio Prieto y Jacque, Sergio Olhovich Greene y César Adrián Arriaga Machuca, para aceptar y usar las Medallas Aleksandr Pushkin y las condecoraciones Libertador General Bernardo O´Higgins Escuela Naval y Armada de Argentina, que les otorga el Gobierno de la Federación de Rusia, el Comandante en Jefe de la Armada de la República de Chile y la Jefatura de Estado Mayor General de la Armada de la República Argentina, respectivamente.
María de Lourdes Dieck Assad, Luis Arturo Puente Ortega y Elpidio Canales Rosas, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los Gobiernos del Reino de Bélgica, del Líbano y de la República Oriental del Uruguay, respectivamente.
José Ignacio Gutiérrez Pita, Ricardo Villanueva Hallal, César Adrián Arriaga Machuca y Rosendo Jesús Escalante Ilizaliturri, para aceptar y usar las condecoraciones Orden José Cecilio del Valle, Orden del Mérito de Chile y las medallas Naval de Honor al Mérito, y de Fraternidad Combativa que les confieren los gobiernos de las Repúblicas de Honduras y de Chile, la Comandancia de la Marina del Gobierno de Perú y el Consejo de Estado de la República de Cuba, respectivamente. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se les dispensa la lectura. En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alheyda Danaí Franco Rojo, Leticia Contreras Valadez, Juan José Briceño Barrera, José Alfredo González Hernández y Carlos Martín Pérez Cruz, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, en su consulado en Guadalajara, Jalisco, en su Agencia Consular en San Luis Potosí, San Luis Potosí, y en su Departamento de Agricultura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos José Mauricio Prieto y Jacque, Sergio Olhovich Greene y César Adrián Arriaga Machuca, para aceptar y usar las Medallas Aleksandr Pushkin y las Condecoraciones Libertador General Bernardo O´Higgins Escuela Naval y Armada de Argentina, que les otorga el Gobierno de la Federación de Rusia, el comandante en Jefe de la Armada de la República de Chile y la Jefatura del Estado mayor General de la armada de la República Argentina respectivamente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reserva algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes Dieck Assad, Luis Arturo Puente Ortega y Elpidio Canales Rosas, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica, de Líbano y de la República Oriental de Uruguay, respectivamente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Ignacio Gutiérrez Pita, Ricardo Villanueva Hallal, César Adrián Arriaga Machuca y Rosendo Jesús Escalante Ilizaliturri, para aceptar y usar las condecoraciones Orden José Cecilio del Valle y Orden al Mérito de Chile, y las medallas Naval de Honor al Mérito y "Fraternidad Combativa" que les confieren los gobiernos de las repúblicas de Honduras y de Chile, la Comandancia de la Marina del gobierno de Perú y el Consejo de Estado de la República de Cuba, respectivamente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra y no habiéndose reservado ningún artículo en lo particular, para dar cumplimiento al artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en virtud de que no se reservó ninguno en lo particular, se procede a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 257 votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los proyectos de decreto por 257 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Sí, diputado Ramírez Stabros. Le dan sonido a la curul del diputado, por favor.
El diputado Jesús Ramírez Stabros (desde la curul): Gracias, Presidenta. No funcionó bien el aparato éste. Yo voté a favor y salió como abstención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Bueno, 258 votos a favor.
Esta Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida al presidente municipal electo de Tecamachalco, Puebla; síndico y regidores que lo acompañan. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados y gracias por estar acompañándonos.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado Horacio Garza Garza, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Horacio Emigdio Garza Garza: Con su permiso, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Horacio Emigdio Garza Garza: Compañeros diputados y compañeras diputadas. A nombre de la Comisión de Hacienda presento el siguiente posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Orgánica el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Los usuarios de los servicios bancarios exigen tener acceso a más y mejores servicios financieros, así como a menores costos por tales servicios, de ahí la importancia de reformar y actualizar las leyes bancarias que permitan cumplir estos objetivos.
El dictamen con las reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que hoy se somete a consideración de esta soberanía y que es el resultado de numerosas reuniones que llevó a cabo el grupo de trabajo que se constituyó para este propósito, representa un avance en esa dirección.
Las reformas que se proponen estimulan la competencia bancaria y se complementan con nuevos esquemas más eficientes de regulación y supervisión en el sistema financiero mexicano. Con ello se busca impulsar y contar con una banca sólida y eficiente, para que cumpla adecuadamente su función básica que es captar ahorro y otorgar crédito.
Los aspectos principales de la reforma consisten en la creación de la banca especializada o de nicho, la precisión de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia bancaria, y la incorporación al texto de la ley de algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de no ser considerados podrían generar inconsistencias con la normatividad vigente.
Respecto a la creación de la banca especializada, cabe señalar que el esquema vigente designa cargas regulatorias idénticas a las instituciones de banca múltiple, sin reconocer las diferencias que existen en cuanto a la operación de ambos tipos de banca, lo cual incide en costos regulatorios excesivos para las instituciones bancarias que realizan sólo ciertas operaciones para el público.
Con la reforma que se somete a su consideración, los bancos podrán elegir entre ser instituciones autorizadas para llevar a cabo la totalidad de las operaciones, o bien, por instituciones que lleven a cabo, a su elección, sólo algunas operaciones que le permita la ley, o que atiendan exclusivamente a un sector específico del mercado.
Así, la regulación de cada banco estaría acorde con el tipo de operaciones a realizar y con las actividades y productos que ofrezca al público usuario la posibilidad de incrementar o disminuir, en su caso, el número de operaciones a llevar a cabo.
Cabe mencionar, que el esquema propuesto ya funciona en diversos países, y en el nuestro el Poder Legislativo ha aprobado en fechas recientes reformas al marco regulatorio de este sistema, tales como la creación de las entidades de ahorro y crédito popular y en la nueva Ley del Mercado de Valores y en las casas de bolsa.
Hemos de subrayar que el esquema propuesto permitirá reducir las barreras de entrada, lo cual permitirá una mayor competencia entre las instituciones de crédito, redundando así en mejores costos y comisiones, y que el público usuario tenga acceso a más y mejores productos.
Por lo que corresponde a la realineación de facultades entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda, la Ley de Instituciones de Crédito que se reforma, establece una reasignación de facultades a la propia secretaría en materia de regulación, control y vigilancia, que resulta ineficiente en algunos aspectos, provocando que sus intermediarios financieros deban acudir a diversas ventanillas, lo cual, además, le resulta costoso.
Por tanto, se propone transferir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, facultades que actualmente ejerce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como para otorgar autorizaciones para la organización y operación de las instituciones de banca múltiple o la emisión de regulación secundaria cuyo propósito es lograr mayor eficiencia y rapidez en los procedimientos administrativos a que están sujetas las instituciones de banca múltiple, y al mismo tiempo, de eliminar o reducir procedimientos que puedan llegar a ser redundantes y obstaculicen el funcionamiento de las instituciones bancarias.
Es decir, se busca contar con un organismo sólido, que abarque el ciclo regulatorio y de supervisión completo, que adapte la regulación de forma rápida y flexible al contexto económico nacional, y que sea el único responsable de la regulación y supervisión de los intermediarios bancarios y que actúe a través de procesos claros, oportunos y eficientes.
Respecto a los criterios que en materia bancaria ha emitido al declarar la Suprema Corte de Justicia inconstitucionales ciertas facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las reformas precisan criterios y características que deben contener las disposiciones de carácter general que emita dicha comisión, con el propósito de hacerlas acordes a los actuales criterios que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las autorizaciones que otorgue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán tener como finalidad, propiciar el sano desarrollo del sistema bancario y atender el diseño exigido por el orden constitucional para las reglas generales administrativas.
Otras reformas que someten a la consideración de esta soberanía, son los criterios que deben contener las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto a la adquisición directa o indirecta por más del 5 por ciento del capital social ordinario pagado de una institución de banca múltiple.
Otra propuesta, consiste en la determinación del plazo para que surta efecto la cancelación de servicios de domiciliación, acotados supuestos bajo de los cuales puedan contratarse bajo de los cuales puedan contratarse la prestación de servicios, sin afectar los derechos de los actuales trabajadores del sector bancario y permitir a los bancos que sean agentes distribuidores de seguros.
En este contexto, compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que presentamos a su consideración permitirá mejorar el funcionamiento y desarrollo del sector bancario en beneficio del público ahorrador y de los sectores productivos del país.
A continuación, agregamos dos apartados: uno en la exposición de motivos y una modificación que se incorpora al proyecto de decreto.
El primero es sobre el artículo 39 que dirá: Por lo tanto esta reforma aplicará a las ventas de cartera que se realicen posteriores a la entrada en vigor de este decreto.
Y la segunda, es un agregado al artículo 93 donde al final del párrafo dirá: A los cesionarios les será aplicable la normatividad que regula a las instituciones financieras de esta materia, además de otras consideraciones que están contenidas en la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Horacio Garza Garza.
Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite la modificación propuesta por el diputad Horacio Garza Garza, a nombre de la Comisión.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Horacio Garza Garza, a nombre de la comisión y las propuestas publicadas en la Gaceta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se acepta, y en consecuencia, está a discusión en lo general con la modificación propuesta por el diputado Horacio Garza Garza; y las propuestas publicadas en la Gaceta, y aceptadas por la asamblea.
Se ha registrado para participar en este punto el diputado Antonio Soto Sánchez, por lo cual, tiene el uso de la palabra.
El diputado Antonio Soto Sánchez: Con su permiso, Presidenta. El pasado 29 de agosto la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en revisión declarando inconstitucional la segunda parte del primer párrafo del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito que hoy estamos reformando, el cual concede a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la posibilidad para que, mediante reglas generales, autorice a los bancos para ceder o vender a instituciones nacionales o extranjeras la cartera vencida.
La propuesta de redacción que acaba de hacer el diputado Horacio y que es una propuesta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde participamos todos los grupos parlamentarios, pone a consideración de esta honorable asamblea, la resolución a la inconstitucionalidad que prevalecía en el artículo 93. Estamos cumpliendo con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, con el dictamen se otorga certeza jurídica a los deudores que se encuentran tramitando amparos contra dicho artículo, ya que se incluye en las consideraciones de la comisión, que el presente decreto se aplicará a la sesión y descuento de la cartera vencida que se haga posterior a la entrada en vigor de la misma, aunado a que a las personas físicas y morales que las adquieran, se les aplicará la normatividad financiera en la materia. Eso, en fe de erratas, entró en la exposición de motivos.
No obstante que es muy importante lo que se ha logrado y que hay avances en este sentido, es de señalarse que el problema de la cartera vencida es un verdadero foco rojo que debe atenderse de manera urgente. Es un asunto social en crecimiento en el que tenemos que poner especial atención para resolverlo ya que, por ejemplo, se ve que la cartera vencida de tarjetas de crédito a junio de 2007, asciende a 24 mil millones de pesos y se espera cerrar el año con 22 millones de tarjetahabientes.
Este problema se agrava con la cesión de créditos vencidos a compañías nacionales y trasnacionales que intimidan a los deudores y los someten a acuerdos poco benéficos para la liquidación de sus créditos, que los lleva incluso a perder su patrimonio.
Por otro lado, las condiciones económicas del país derivadas del modelo económico que seguimos, seguirá presentando morosidad en los créditos hipotecarios, aunado a que en la práctica de contratación de los trabajadores existen vicios de discriminación por edad y sexo, lo cual repercutirá en el mediano plazo en montos ascendentes de deudas de créditos que estas personas tengan, además que se prevé otorgar créditos hipotecarios a personas que perciban menos de cuatro salarios mínimos en un futuro, lo cual incrementa el universo de personas vulnerables a perder su patrimonio.
Por lo anterior, no tenemos resueltos los problemas de créditos vencidos para pequeños y medianos deudores, y sobre todo si estos provienen del ejercicio de sus derechos sociales, por lo cual se puede seguir lucrando con las necesidades y derechos básicos de los mexicanos.
En consecuencia y siendo responsables con nuestro deber como legisladores, es necesario que armonicemos el marco legal para dotar a todos los mexicanos de instrumentos que les garanticen el acceso al crédito, pero no de manera indiscriminada y que a su vez permita a las instituciones financieras tener la certeza de que los mismos serán pagados en tiempo y forma, de lo contrario estaremos siendo responsables por omisión, del deterioro de la economía nacional y de poner en riesgo el patrimonio de las familias y usuarios de los servicios financieros.
Es importante destacar que lo que se establece en la fe de erratas, diputado Presidente, es una propuesta consensuada de todos los grupos políticos, para que nadie —porque fue una condición de que no se dijera que el PRD hizo esta propuesta—, pero cómo no se va a decir, si es una propuesta que ha defendido y ha luchado nuestro partido desde hace mucho tiempo, que vamos a seguir insistiendo en ir mejorando este tipo de modificaciones a leyes tan importantes para nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Antonio Soto Sánchez.
No habiéndose registrado ningún orador más, se considera suficientemente discutido en lo general y no habiéndose reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, como lo marca el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de todos los artículos en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por esta asamblea.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de todos los artículos de este dictamen.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, ya llamamos a los compañeros que están en comisión; hay una de Puntos Constitucionales y los compañeros del G5 están en conferencia de prensa, entonces falta quórum. Ya, por favor, proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está todavía abierto el sistema de votación electrónico. Pueden votar en su curul. Si todavía falta algún compañero diputado o diputada, está abierto el sistema de votación electrónica en este momento, todavía… Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Se emitieron 252 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 252 votos, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que administre la parte que le corresponde al gobierno del estado de Puebla, del Parque Nacional denominado La Malinche.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se registró ningún orador, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales relativos al cambio climático.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se registró orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat verifique los permisos otorgados para la construcción de desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, en Baja California Sur.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.
No registrándose ningún orador, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Gobernación, para exhortar a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que conformen una Comisión Legislativa dedicada a impulsar y apoyar los festejos del Bicentenario del inicio del Movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Gobernación, para exhortar al Congreso del estado de Puebla, para que en cumplimiento de la sentencia de la controversia constitucional 53/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solucione el conflicto limítrofe entre los municipios de San Andrés Cholula y Puebla.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que nos e registró orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Gobernación, para exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Agua, revalúen los daños ocasionados por el paso del huracán Dean en los municipios del estado de Yucatán y sea ampliada la declaratoria de desastre natural.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se registró orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Excitativas
Esta Presidencia recibió del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del PRD solicitud de excitativa al Senado de la República. Remítase al Senado de la República.
También esta Presidencia recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.
Esta Presidencia recibió del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaría diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (15:58 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 4 de diciembre a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9:30 horas.