La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de los diputados y las diputadas.

La Secretaria diputada María de Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 321 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:31 horas): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María de Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María de Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María de Carmen Salvatori Bronca: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.

Del Congreso del estado de Colima.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio del Congreso del estado de Colima.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se tiene por recibido; intégrese en el expediente.

Del Congreso del estado de Tabasco.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio del Congreso del estado de Tabasco.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se tiene por recibido; intégrese en el expediente.

Del Congreso del estado de Tlaxcala.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio del Congreso del estado de Tlaxcala.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se tiene por recibido; intégrese en el expediente.

Del Congreso del estado de Zacatecas.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio del Congreso del estado de Zacatecas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se tiene por recibido; intégrese en el expediente.

Del Congreso del estado de Nuevo León.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio del Congreso del estado de Nuevo León.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

De la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de Mina Pasta de Conchos. Tiene la palabra el diputado Jericó Abramo Masso, presidente de la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos, para presentar el informe de la misma.

El diputado Jericó Abramo Masso: Muy buenos días, compañeras legisladoras y compañeros legisladores.

Este día presentamos, ante este pleno de la LX Legislatura, el informe final de la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila. En cumplimiento al mandato que establece el artículo 5o del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que crea esta Comisión, en respuesta al punto de acuerdo presentado por el de la voz.

Hasta esta soberanía llegó la demanda de justicia de los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos. Nos solicitaron que no quedaran impunes los culpables de esta tragedia y a esta tarea nos dimos por completo, sin más interés que conocer la verdad y cumplir nuestra obligación como representantes populares.

Esta tragedia enlutó no solamente al estado de Coahuila, de donde provengo, sino al país entero. Todos vimos las imágenes de quienes, con el rostro ennegrecido por el polvo de carbón, buscaban afanosamente salvar a sus compañeros y del grito inocente de una niña que esperaba a su papá aferrada a los barrotes de la reja que rodeaba la mina.

Brotó la imagen de quienes extraen de las entrañas de la tierra la riqueza de la que nunca participarán, de quienes por generaciones hacen una de las labores peligrosas, con menos atención y apoyo de quienes deben otorgarlos.

Durante cuatro intensos meses, todos los miembros de esta comisión trabajamos en tres hipótesis: uno, que fue un accidente sin responsabilidad. Dos. Que fue un siniestro provocado por la negligencia u omisión, y tres, que fue un acto criminal planeado y ejecutado con alevosía, ventaja y premeditación.

Quiero aprovechar este momento para hacerle un reconocimiento a cada uno de los miembros de la Comisión, que participaron haciendo un gran esfuerzo sin distinción de partido u origen político.

En el seno de la Comisión se aprobó el programa de trabajo y la ruta crítica de manera unánime, que permitió definir las hipótesis y la estrategia de la investigación.

Se estableció como punto de partida el informe y material del grupo de trabajo de la LIX Legislatura y de la resolución 26/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el caso del material recopilado por el grupo de trabajo de la LIX Legislatura se tuvo que rehacer, ya que desapareció en su totalidad.

Entrego aquí las documentales, videos y grabaciones de las comparecencias de las autoridades, del testimonio de la empresa titular de la concesión, de la participación de los expertos, de los resultados de la visita a la mina y de los familiares y a los sobrevivientes de la tragedia.

Quiero hacer un reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional por su participación y apoyo a esta investigación a través del ingeniero Eduardo Guerrero Leyva y del doctor Jaime Gaxiola, respectivamente, expertos en la materia de exploración y explotación de carbón y que fueron parte fundamental para llegar a las conclusiones que he presentado.

También quiero agradecer y hacer un reconocimiento a Discovery Channel Corporation, quien nos facilitó el documental producido sobre la tragedia de de la mina Pasta de Conchos, mismo que se encuentra en la videoteca que se entregará a la Mesa Directiva.

Como se encuentra escrito en el informe final, y ante las evidencias recopiladas, se logró probar la hipótesis número 2. El siniestro fue provocado por negligencia y omisión. Se cometió negligencia y omisión grave, culposa por parte de la empresa concesionaria, ya que ésta nunca cumplió con las medidas exigidas en tiempo y forma, resultado de la visita realizada por los inspectores de la Dirección del Trabajo en Coahuila en la mina en el 2004, hechos que constaron en las actas levantas por la inspección realizada y en actas ordinarias de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad y que generaron las condiciones de explosividad dentro de la mina.

El descuido en el correcto sellamiento de las áreas explotadas, el incorrecto aislamiento de los controles eléctricos, la falta en el polveo del material inerte, la acumulación del polvo de carbón, la falta de irrigación adecuada en el frente de trabajo, la falta de metanómetros que miden la presencia del gas metano fueron elementos que —como dije anteriormente— provocaron una gran explosión, reconocida ésta por la empresa y que sólo se podía producir por una acumulación de gas por arriba de los niveles permitidos. Esto lo confirma el estudio realizada por el Servicio Geológico Mexicano.

Hubo negligencia y omisión culposa por parte de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al no verificar correctamente la aplicación de las medidas correctivas urgentes que a ella misma exigió la empresa y que validaran el 2 de febrero del 2006, 17 días antes de la explosión, el 19 de febrero del 2006, así como la responsabilidad penal del personal de la Dirección del Trabajo en el estado de Coahuila.

También se estableció la responsabilidad de la Secretaría de Economía, de conformidad con la Ley Minera, al incumplir con la verificación a la que está obligada del cumplimiento por parte del concesionario de lo que establece en el ordenamiento que rige la minería en nuestro país.

Hubo responsabilidad por parte de los mineros de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad Responsables al no demandar el cierre o suspensión de las labores ante un riesgo inminente, y del entonces Ejecutivo federal como titular de la administración pública federal.

Para finalizar, quiero expresar que por primera vez esta soberanía investiga un hecho que muchas de las veces quedaba impune e ignorado, las explosiones en las minas subterráneas; pero además estamos presentando ante esta soberanía una serie de acciones y proposiciones que van encaminadas a exigir la cárcel y castigo a los culpables, la inhabilitación de los funcionarios públicos responsables y la indemnización correspondiente por parte de la administración pública federal, respaldadas todas por la jurisprudencia aplicable.

Quiero hacer del conocimiento de esta soberanía que este informe fue aprobado por nueve votos a favor y seis en contra, en la última sesión de trabajo de esta comisión. Entrego el informe final de la comisión para conocer las responsabilidades de origen de la mina Pasta de Conchos. Quiero en este acto exigir a la Secretaría del Trabajo y al Ejecutivo federal, que atiendan a los familiares de los mineros fallecidos que se encuentran en esta ciudad y que hagan todo por recuperar los cuerpos. Que cumplan con los compromisos adquiridos. Nunca más una muerte por negligencia. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jericó Abramo Masso. De enterado. Se inserta íntegro el texto en el Diario de los Debates. Continúe la Secretaría, por favor.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Javier González. Le dan sonido a la curul del diputado Javier González, por favor.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Entiendo que sí, efectivamente, se va a insertar el informe que se acaba de dar. Sin embargo, me parece que la última parte de ese informe nos lleva a que este pleno tome una decisión, porque si no, va a quedar como un asunto de voluntad.

La última parte de ese informe establece "nunca más que suceda esto". El problema es que requerimos un acuerdo, que lo quiero proponer. El acuerdo tiene tres puntos solamente.

Uno. Que este pleno se pronuncie a favor del rescate de los cuerpos, cosa que contiene el propio informe.

Dos. Solicitamos que una comisión de familiares sea recibida por la Cámara de Diputados para que sean escuchados los hechos que muestran la viabilidad del rescate. Propongo que sean atendidos por las Comisiones de Trabajo, de Seguridad Social, y de Derechos Humanos.

Tres. Que una comisión de diputados acompañe a las familias a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para así poder ser recibidas por el secretario Javier Lozano Alarcón, cosa que no ha sucedido.

Con estos tres puntos nosotros proponemos que se resuelvan de tal manera que el pleno no sólo se dé por enterado, sino que tome este pronunciamiento y estos acuerdos.

Muchísimas gracias, señora Presidenta y le pido que someta a votación la propuesta. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Javier González. Este asunto que usted acaba de plantear en el pleno, queremos pedirle si puede usted reunirse con la Junta de Coordinación Política, si puedan darse un tiempo en este momento para hacerlo, puesto que es un asunto que ustedes tendrían que habernos procesado en la Junta de Coordinación Política, incluso con participaciones de los diputados que quieren participar respecto a este tema.

Esta Mesa Directiva se pronuncia a favor de lo que usted ha mencionado, sin embargo, no tenemos competencia para someter a votación, en este momento, la petición como usted la ha planteado, toda vez que esos asuntos son de discusión política, que ustedes discuten en la mesa de Coordinación Política.

Yo quisiera pedirles, apelar a la voluntad de los líderes parlamentarios que en este momento pudieran tomar una decisión y nos puedan procesar un acuerdo, incluso para aquellos diputados que están pidiendo tomar la palabra para tratar este asunto en la tribuna.

Diputado Rodríguez Prats, por favor. Si le dan sonido a la curul del diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Me parece muy acertado el trámite que está dando la Presidencia, y le suplicaría yo al señor coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que pudiéramos sumarnos a su propuesta y que se ventile en la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Sí, diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias. Gracias, compañero Rodríguez Prats. Creo que efectivamente tiene usted toda la razón. Lo que no queremos es que este asunto, que es un asunto que está vivo y que mañana mismo habrá un resolutivo en estas cosas, pase a formar parte del expediente o de las actas.

Entonces, acepto la propuesta del compañero Rodríguez Prats, por supuesto, y en cuanto a algunos de los coordinadores los podamos ver haremos esa reunión y será usted informada de lo que corresponda. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Javier González, y con el compromiso de que se sometería al pleno para cambiar el orden del día inmediatamente, para que se pudiera tratar este asunto y darle la palabra a todos los diputados que han querido participar. Sí, diputado Parás González. Adelante.

El diputado Juan Manuel Parás González (desde la curul): Únicamente para dejar de manifiesto que la fracción parlamentaria nuestra está de acuerdo con los planteamientos vertidos por el diputado González Garza y el diputado Rodríguez Prats, nos sumamos para que la Junta de Coordinación Política vea lo conducente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. La diputada Gloria Lavara.

La diputada Gloria Lavara Mejía (desde la curul): Gracias, Presidenta, de igual manera nuestro grupo parlamentario se suma a la propuesta vertida por el grupo parlamentario del PRD. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Algún otro diputado? Si nos pudieran pasar el acuerdo quiénes son los diputados que pasarían a exponer o ¿ya no pasaría ningún diputado? Javier González Garza, ¿Solamente someteríamos a votación lo que usted está planteando?

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Sí, propongo que se someta a votación y que en el momento en que la Junta de Coordinación nos podamos reunir podamos hacerle una propuesta para el desahogo de este asunto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si nos pasan por favor por escrito los acuerdos que han suscrito incluso los diputados de la fracción del PRI y los diputados del Verde Ecologista, y supongo que también sería suscrita por los diputados de Acción Nacional, si nos la pasan por escrito y en este momento que nos la pasen, la suscribimos para votarla.

Esta Presidencia hace la mención y envía un saludo al niño Saúl Arellano y a su madre Elvira Arellano, a quienes el 27 de septiembre el Foro de Mujeres Parlamentarias de América les otorgó el cargo honorífico de Embajadora de Paz y de Reunificación de las Familias. Y en este momento se encuentran presentes con nosotros en el área de invitados, presenciando este pleno. Sean ustedes bienvenidos. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Solicitud de licencia indefinida para separarse del cargo de diputada federal, de la diputada Erika Larregui Nagel.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdos.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Erika Larregui Nagel, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la Primera Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados. Comuníquense.

Se encuentran a las puertas de este recinto, los ciudadanos Guillermina López Balbuena y Manuel Salvador Salgado Amador, diputados federales electos en el 16 Distrito del estado de Puebla, y en la primera circunscripción, respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a las siguientes diputadas y los siguientes diputados: Al diputado Carlos Eduardo Felton González, al diputado Francisco Antonio Fraile García, al diputado Alberto Amaro Corona, al diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, al diputado Wenceslao Herrera Coyac, al diputado Alberto Amador Leal, al diputado Francisco Elizondo Garrido, al diputado Alan Nothol Guerrero, al diputado José Luis Aguilera Rico, al diputado Rubén Aguilar Jiménez y al diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

La Secretaría diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su cometido)

La Secretaría diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ciudadanos Guillermina López Balbuena y Manuel Salvador Salgado Amador: ¿Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?

Los ciudadanos Guillermina López Balbuena y Manuel Salvador Salgado Amador: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

Se ruega a los diputados tomar su lugar en sus curules. Continué la Secretaría. De la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación. Le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que la diputada Mónica Arriola Gordillo cause baja de la Comisión del Distrito Federal.

Que la diputada Blanca Luna Becerril cause alta como integrante en la Comisión del Distrito Federal.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedó de usted atentamente diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: De enterado.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo del orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación.

Le pido atentamente se someta a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.

Que el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño cause baja como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: De enterado.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba convocar al Primer Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos que viven en Estados Unidos de América.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo del orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hacen suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado José Jacques y Medina del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba convocar de manera conjunta con el Senado de la República, al Primer Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos que viven en Estados Unidos de América, el cual se llevará a cabo en la sede de esta representación popular los próximos 19 y 20 de octubre de 2007.

Segundo. El Congreso de la Unión emitirá una convocatoria en Estados Unidos de América que garantice la más amplia cobertura y difusión para asegurar la mayor representatividad de las organizaciones y liderazgo de emigrantes mexicanos que viven en dicho país.

Tercero. Se conformará una comisión plural de legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República para que elabore la convocatoria y organice la logística de este histórico evento.

Proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprueba convocar al Primer Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos que viven en Estados Unidos de América. Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de septiembre de 2007. Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara. Es todo.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado. Comuníquese.

Oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información de las finanzas públicas y deuda pública durante agosto de 2007.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información correspondiente al bimestre julio-agosto de 2007, relativa a la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Oficios de la Cámara de Senadores.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la iniciativa de reforma al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite punto de acuerdo relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, presentado por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Minuta.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV, al artículo 112 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Equidad y Género.

Esta Presidencia menciona y agradece la presencia de los adultos mayores de la colonia Moctezuma que se encuentra con nosotros. Y de los jóvenes de la secundaria Luis Enrique Erro, de la delegación Coyoacán. Sean ustedes bienvenidos.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: ¿Falta algún diputado o diputada de por registrar su asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 407 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia menciona que se encuentran con nosotros las viudas y familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. A petición de varios diputados se pide a este pleno guardar un minuto de silencio por los que ahí fallecieron.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias a todos.

Iniciativas de diputados

Esta Presidencia recibió del diputado René Lezama Aradillas, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

También se recibió del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que expide la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores. Túrnese a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se pospone la participación de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

Se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar en una sola intervención las de siete diputados, en materia de justicia y seguridad, que tenían agendadas. En razón de que lo hará en una sola intervención se le concederán 10 minutos para su exposición. Va a pasar posteriormente el diputado a exponer estas propuestas.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

El diputado Alan Notholt Guerrero: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia.

El 29 de diciembre de 1978 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, cuyo objeto era regular el funcionamiento del órgano técnico de la Cámara de Diputados que tuvo a cargo la revisión de la cuenta del gobierno federal y del Departamento del Distrito Federal.

El 30 de julio de 1999 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados de la República que dieron origen a la Auditoría Superior de la Federación, como el órgano técnico de la Cámara de Diputados responsable de la fiscalización superior de la federación.

El 29 de diciembre de 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización Superior de la Federación que abrogó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 79 que la entidad de fiscalización superior de fiscalización de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley.

Asimismo, el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece que la revisión de la cuenta pública está a cargo de la Cámara de Diputados, la cual se apoya para tales efectos en la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización superior de la propia cuenta pública y goza de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en la propia ley.

Es decir, la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico del Poder Legislativo a través del cual se apoya, para ejercer su función fiscalizadora de carácter externo, a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a los estados y municipios y a los particulares cuando ejercen recursos federales.

La Auditoría Superior de la Federación fue creada para apoyar a la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales relativas a la revisión de la hacienda de la cuenta pública federal, con el propósito de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a los lineamientos señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Ingresos correspondiente y constatar la forma y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en los programas de gobierno.

Por ser órgano técnico del Poder Legislativo, le corresponde al pleno de la Cámara de Diputados aprobar su presupuesto anual, conforme a la propuesta que para el efecto haga la Junta de Coordinación Política, de acuerdo con el artículo 34, fracción D, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a la Junta de Coordinación Política le corresponde presentar al pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara.

Sin embargo, existe la contradicción en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación el mecanismo mediante el cual el auditor superior de la Federación debe remitir a la Cámara de Diputados su proyecto de presupuesto anual.

El artículo 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece que es atribución de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación conocer el proyecto de presupuesto anual de la auditoria y turnarlo a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales conducentes.

A su vez, el artículo 86 de la misma ley señala que el proyecto de presupuesto será turnado por el auditor superior de la Federación directamente a la Junta de Coordinación Política para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es así que, tomando como base lo estipulado en el artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación que define a la Comisión de Vigilancia como la encargada de la coordinación y evaluación de la Auditoría Superior de la Federación y el artículo 40, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la Comisión de Vigilancia deberá realizar las funciones que le marca la Constitución y correspondiente a la ley reglamentaria, proponemos modificar el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para que sea a través de la Comisión de Vigilancia, y a más tardar el 15 de agosto de cada año, la entrega del proyecto de presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno del H. Congreso de la Unión el decreto mediante el cual se reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Artículo único. Se reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 86. La Auditoría Superior de la Federación elaborará su proyecto de presupuesto anual que contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos necesarios para cumplir con su encargo, el cual será remitido por el auditor superior de la Federación a la comisión a más tardar el día 15 de agosto, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación ejercerá, autónomamente, con sujeción a las disposiciones aplicables, su presupuesto aprobado.

Transitorio

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cuatro días del mes de octubre. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Alan Notholt Guerrero. Túrnese a la Comisión de la Función Pública. Se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar en una sola intervención siete iniciativas que menciono a continuación.

Iniciativa que reforma los artículos 18, 21 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Tribunal Constitucional.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de procuración de justicia, suscrita por diversos diputados.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia penal y seguridad pública.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública.

Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Lozano Lozano, hasta por 10 minutos, para presentar estas siete iniciativas. Adelante, diputado.

El diputado Andrés Lozano Lozano: Gracias, diputada Presidenta. Con su venia. La visión que el grupo parlamentario del PRD tiene respecto del tema de seguridad pública, administración y procuración de justicia, ejecución de penas, medidas alternativas a la prisión y otras relacionadas con el mismo es precisamente una visión integral.

Por eso el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta en este momento estas siete iniciativas respecto de los temas a los que me he referido.

Agradezco a todo el grupo parlamentario y principalmente a los diputados Miguel Ángel Arellano, Armando Barreiro, Victorio Montalvo, Alliet Bautista, Claudia Cruz, quienes se han involucrado de manera directa en el grupo de trabajo que permite al Partido de la Revolución Democrática estar presentando el día de hoy en su conjunto estas iniciativas.

La primera de ellas tiene que ver con el proceso penal acusatorio. Para nosotros es fundamental modernizar la justicia penal mediante un sistema con una tendencia acusatoria y que respete un principio fundamental, que es el de la presunción de inocencia.

Se busca cambiar la forma en que los tribunales desarrollan el proceso penal, a través de los ya denominados juicios orales, proyectando ese cambio en la forma en que los órganos de procuración de justicia, por un lado, realizan la investigación de los delitos y la preparación de las pruebas de la acusación, y en términos generales del conjunto de las actividades estatales, que constituyen la respuesta represiva a la criminalidad.

Esta reforma establece esas bases y esa visión de este nuevo sistema procesal penal que implica no sólo un cambio en las reglas procesales, sino de todo el sistema. De sus instituciones, de su organización, operación, valores y cultura.

Proponemos por ello también que la gravedad del delito se mida en función de la pena y no por un listado arbitrario de delitos graves, pues lo anterior ha permitido que ciertas conductas que afectan gravemente a la sociedad no sean sancionadas con la severidad debida.

En materia penitenciaria, proponemos que el juez que decrete la prisión preventiva, deba revisar cada tres meses si persiste la necesidad de continuar con dicha medida, sobre todo tratándose de aquellas personas que no pudieron obtener su libertad por falta de recursos económicos.

Para garantizar la independencia e imparcialidad de los magistrados y jueces, proponemos la creación de un fondo de justicia que estaría integrado tanto por recursos federales como por recursos locales.

Los poderes judiciales deberán contar con un consejo de la Judicatura que será integrado por siete miembros, de los cuales tres serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia, tres por el Congreso del estado, de los cuales, uno será elegido entre abogados postulantes de mayor prestigio en la entidad.

Esta propuesta integral en materia de seguridad pública y justicia contribuye al combate eficaz a la delincuencia y modifica de manera sustancial el sistema penal que tenemos en la actualidad.

La segunda iniciativa tiene que ver con las disposiciones constitucionales en materia de seguridad pública. Debemos formular una estrategia de prevención social de los delitos, implementar sistemas que por primera vez hagan digna de confianza la estadística oficial, transformar las corporaciones policiacas en instituciones sólidamente capacitadas, profesionales, honestas y eficaces; iniciar la transformación del Ministerio Público a fin de que llegue a ser un órgano que persiga con eficacia y prontitud los delitos, y cuyos agentes sean objeto de una auténtica supervisión de parte de los superiores jerárquicos.

Ante este planteamiento, el Grupo Parlamentario del PRD pone a consideración de esta soberanía una propuesta integral en materia de seguridad pública que contribuye a combatir eficazmente a la delincuencia organizada.

Es necesario reformar el artículo 21 constitucional para establecer y definir a la seguridad pública como una garantía, de tal manera que los habitantes del país puedan exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones.

También se pretende reformar el artículo 73 de la Constitución, para que sea el Congreso el que establezca las nuevas directrices bajo las cuales debe funcionar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dotando al Congreso de estas facultades que le permitan evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley.

De igual manera se propone modificar los artículos 115 y adición al 116 y 122, con el propósito de establecer para los gobiernos municipales, estatales y del DF, la posibilidad de la emisión de sus leyes en materia de seguridad pública.

También se propone como requisito fundamental que los agentes de policía puedan realizar sus funciones, ya sea de prevención o de investigación del delito, a que ellos sean sometidos a un proceso de certificación cuyas directrices deberán estar establecidas en las leyes federales, y que tendrán que ser incorporadas en las legislaciones locales.

Otro tema fundamental es el relativo a los jueces especializados en materia de delincuencia organizada. Una jurisdicción especializada para este tipo de crímenes, para este tipo de delincuentes, que permita la atención de este tipo de delitos tanto en las dos instancias del proceso penal, como en el juicio de amparo.

Aquí la intención es optimizar la concreción en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de que las autoridades encargadas de la impartición de justicia cuenten con las herramientas adecuadas para combatir a la delincuencia organizada.

Otro tema fundamental es el relativo a la autonomía del Ministerio Público. No se puede negar que las instituciones de procuración de justicia se encuentran actualmente en una crisis de falta de legitimidad y confianza e independencia.

Diversos estudios en la materia indican que la percepción general de la población respecto de los procuradores es precisamente el que se encuentran al servicio de un presidente o de un gobernador en turno, y no al servicio de la ciudadanía.

Por tanto, se presenta esta iniciativa con la que se pretende dotar al Ministerio Público de la Federación, y al local, de autonomía de gestión y autonomía financiera.

Es fundamental en ello el modelo para la designación del procurador general de la República, en que deberá de participar tanto el Legislativo como el Ejecutivo, éste último a través de la Cámara de Diputados, que integrará una terna, la cual emitirá al Ejecutivo para su validación y una vez validada por el Ejecutivo, la remitirá a la Cámara de Senadores para que ésta elija al procurador.

También se impone la obligación de presentar por parte del procurador, al menos una vez al año, un informe de resultados de su gestión y de comparecer ante las cámaras cuantas veces sea necesario.

Esta reforma es fundamental para que verdaderamente tengamos autonomía. Mientras los procuradores, mientras el procurador general de la República siga atendiendo a la línea política del titular del Ejecutivo en turno va a ser muy difícil que verdaderamente podamos contar con un Ministerio Público autónomo y eficiente.

La siguiente iniciativa tiene que ver con las medidas alternativas de resolución de conflictos sociales. Estas medidas alternativas a las sentencias deberán de aportar mayor rapidez a la solución de conflictos, que podrán solucionarse en un menor tiempo.

Una sexta iniciativa que tiene que ver con reformas a los artículos 18, 21 y 104 de la Constitución respecto del sistema penitenciario. Con esta iniciativa proponemos una profunda reforma al sistema penitenciario, pues las cárceles son los lugares por excelencia donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a proceso. Por eso es impostergable modificar el artículo 18 constitucional, a fin de enfatizar que los reclusos deben de gozar y ejercer los derechos humanos que les consagra nuestra Constitución.

También esta transformación del sistema penitenciario sabemos que no es posible si éste permanece bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se propone limitar la facultad de éste únicamente a la administración de prisiones y otorgar la facultad de ejecutar lo juzgado al propio Poder Judicial para lograr que se cree la figura de los jueces de ejecución de sentencias, los cuales dependerán, obviamente, de este Poder Judicial.

Y por último, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política para crear un tribunal constitucional, un tribunal constitucional autónomo de los Poderes de la Unión, como garante del respeto a la Constitución y protector de los derechos fundamentales.

Un tribunal que haga valer los postulados y contenidos de la Constitución sobre cualquier acto de autoridad, resolución administrativa, instancia o poder tanto público como privado, que les permita a los ciudadanos plena certeza de la aplicación del principio de supremacía constitucional o de la aplicación efectiva de la Constitución, con ministros especializados en derecho constitucional, con el perfeccionamiento de los mecanismos de control, competencia para la protección de derechos sociales, humanos o colectivos y declaración de inconstitucionalidad de leyes.

Como ven, en síntesis, estas siete iniciativas que presentamos el día de hoy tienen que ver con nuestra definición y posición como Grupo Parlamentario del PRD respecto al tema de justicia penal y de la creación de este tribunal constitucional.

Para nosotros es fundamental que sean analizadas todas las iniciativas en su conjunto, para poder entrarle a esta reforma y no única y exclusivamente la que pudo haber presentado algún otro titular de un poder de la Unión.

Necesitamos de esa visión, de todas las iniciativas que han sido presentadas aquí, en la Cámara de Diputados, para que verdaderamente estemos en posibilidad de tener una visión integral. Lo digo claro y lo digo desde este momento: es importante y fundamental tener la visión de los que legislamos tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y que esto verdaderamente nos lleve a constituir un régimen, un fundamento, un andamiaje constitucional de lo que nosotros pretendemos respecto de la justicia penal y de la justicia en todo en su conjunto.

Si no es revisado esto con esta imagen y con esta visión profunda estaremos, entonces, seguramente fracasando ante, única y exclusivamente, la visión de una pequeña parte, de una pequeña iniciativa presentada en su momento y no tomando en cuenta todas las presentas aquí en el Congreso de la Unión. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Andrés Lozano Lozano. La iniciativa que reforma los artículos 18, 21 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Tribunal Constitucional, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración de justicia, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se turna a la Comisión de Justicia.

La que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal y seguridad pública, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Y la que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia menciona y da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarita y a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit y a los alumnos de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. Sean ustedes bienvenidos, gracias por estar en este pleno.

¿Si diputado, César Camacho, con qué objeto? Le dan sonido, por favor a la curul del diputado.

El diputado César Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Para pedir comedidamente la ampliación de turno de la iniciativa múltiple que ha presentado el diputado Lozano de la Comisión de Justicia, toda vez que diversas iniciativas tratan exactamente los mismos temas y están radicadas de manera conjunta en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la propia de Justicia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Diputado, está pidiendo todas las iniciativas o solamente alguna de ellas, fueron siete?

El diputado César Camacho Quiroz (desde la curul): Salvo la que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, el resto de ellas, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Usted está pidiendo para sesionar conjuntamente. ¿Está de acuerdo el diputado ponente en que se sesione conjuntamente o con opinión nada más? ¿Está de acuerdo?

El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Estoy de acuerdo, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Está bien? Se turnan a las dos comisiones, tal y como lo ha pedido el diputado César Camacho. Comisiones Unidas, por favor. Se la ratificamos aquí en la Secretaría, una por una en el Diario de los Debates. Gracias.

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados, la existencia de un Poder Legislativo, representativo, plural y democrático, es un acontecimiento sumamente reciente y como producto de esta especial situación, de las novedades e inexperiencia que conllevo el cambio, se han producido profundas ambigüedades, vicios y vacíos, en la estructura formal y material de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión.

Después de la contienda electoral de 2006, y la división que generó en la sociedad mexicana, secuela inmediata de proceso electoral marcado por la intromisión del Ejecutivo federal, el conflicto postelectoral y la crisis institucional generada, así como la falta de condiciones para alcanzar un gran acuerdo nacional que permitiera salvar las diferencias entre las distintas fuerzas políticas. El espacio de discusión y consensos se traslado al Congreso de la Unión.

Sin embargo, durante varios meses del primer periodo de sesiones, la Cámara de Diputados fue objeto de notas críticas en medios de comunicación. Pudimos leer diariamente notas de prensa sobre sueldos de diputados o ingresos de diputados, gastos por remodelación de oficinas, el presupuesto ejercido en esos primeros meses, viajes, servicio telefónico, hasta críticas por la efectividad legislativa.

Esta situación se hizo evidente por los resultados obtenidos en cuanto a la dictaminación de iniciativas de ley y a la excesiva presentación de proposiciones con puntos de acuerdo, que refuerzan el rezago legislativo y favorecen la impresión de que los problemas de interés social no siempre han tenido la respuesta que la sociedad espera.

Esto se refleja en un doble aspecto: la baja aceptación del desempeño legislativo que tiene la sociedad, y la limitada responsabilidad legislativa frente a la sociedad. Lo anterior nos coloca en una situación de vulnerabilidad política que no puede más que debilitar nuestra función dentro del orden federal.

Debemos considerar que si bien esta campaña de descrédito ha sido en ocasiones tendenciosa y exagerada, no carece del todo de fundamento.

De lo anterior se desprende que la dinámica que ha venido generando la Cámara de Diputados impide muchas veces responder a las necesidades del país. El insuficiente rendimiento legislativo está asociado a la persistencia de un gobierno interior construido desde la óptica del régimen presidencialista.

También bajo esta lógica de funcionamiento, las comisiones legislativas han perdido agilidad por la elaboración febril de puntos de acuerdo, y la proliferación de éstos saturan lo mismo la tribuna que las comisiones.

En consecuencia, sólo llega al pleno lo que logra abrirse paso por la presión de los grupos o por los inminentes requerimientos de la coyuntura política, perfilándose así un trabajo legislativo más reactivo que reflexivo, y en esta medida altamente controversial y muchas veces polarizado.

En cuanto a la limitada responsabilidad legislativa frente a la sociedad, tenemos que avanzar en la creación de nuevos mecanismos que permitan que el ciudadano perciba los resultados del trabajo en la Cámara.

En cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas si bien ha habido avances son temas pendientes en muchos aspectos por parte de la Cámara de Diputados. Ello nos obliga a contemplar información detallada de los representantes populares sobre su trabajo a favor del ciudadano y del manejo de los recursos que manejan, tanto los diputados en lo individual, como los grupos parlamentarios en general.

La presente iniciativa recoge una serie de propuestas que se han planteado como una forma de mejorar la efectividad del trabajo legislativo, la mayoría de las cuales han surgido de las reflexiones realizadas en las sesiones del grupo de trabajo encargado y de la aplicación permanente del principio ético en la Cámara de Diputados.

Las propuestas buscan dotar de mayor transparencia los recursos que los grupos parlamentarios manejan. Convertir las sesiones del pleno en foro para la atención de los verdaderos problemas nacionales. Transformar la función de las comisiones para convertirlas en grupos de trabajo ágiles y productivos. Evitar el conflicto de intereses que tanto se ha cuestionado respecto a los legisladores. Aplicar una auténtica rendición de cuentas. Fomentar la aplicación del principio ético en el ejercicio legislativo y procurar la rendición de cuentas ante el ciudadano y al interior del Congreso.

En este sentido, ante la evidente problemática que se presenta para sacar adelante los trabajos al interior del Congreso de la Unión, elevar la productividad y responsabilidad legislativa, establecer una política institucional que abone a la transparencia y la rendición de cuentas; y siguiendo la anterior línea reflexiva, resulta necesaria una reforma integral al régimen interno que norme el proceso legislativo y la actividad administrativa.

Por lo que proponemos a esta honorable asamblea la presente iniciativa con diversas propuestas. En obvio de tiempo yo le pediría a la Presidencia de esta Mesa Directiva, que se inserte íntegramente la propuesta que estamos haciendo para que sea publicada en el Diario de los Debates.

Y quisiera señalar que esta iniciativa ha sido suscrita, aparte del de la voz, por la diputada Layda Sansores San Román, por el diputado Alberto Esteva Salinas, por el diputado Jorge Godoy Cárdenas, el diputado Juan Abad de Jesús, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, la diputada María Elena Álvarez Bernal y el diputado José Alfonso Suárez del Real. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación.

Vamos a continuar con el otro turno, en lo que llega la diputada Mónica Arriola. Se concede el uso de la tribuna al diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El diputado Christian Martín Lujano Nicolás: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Christian Martín Lujano Nicolás: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el objetivo de esta iniciativa es un propósito muy claro: el fortalecimiento de la vida institucional de nuestra ciudad, la capital de los Poderes de la Unión, que en términos generales, es una administración sui generis.

Precisamente en este viejo debate que muchos politólogos y analistas han dado una expresión tácita de lo que es el municipalismo en todo el país. Es en este sentido que pretendemos fortalecer la unidad administrativa más importante de esta ciudad, la cual, sin duda, es la más cercana o debe ser la más cercana a los ciudadanos. Los órganos político-administrativos denominados "delegaciones".

Y es precisamente en esta reflexión, es precisamente analizar si específicamente estas delegaciones han tenido a bien acercarse a los ciudadanos. Pero no nada más es acercarse sin cumplir con su función. Es, precisamente, definir claramente cuáles son las obligaciones de estas delegaciones, pero también el fortalecimiento de su vida institucional.

En este orden de ideas compañeros y compañeras, necesitamos fortalecer al Distrito Federal con órganos político-administrativos en donde se viva el equilibrio político. Como saben, el Distrito Federal ha tenido esa carencia de equilibrios y precisamente porque su realidad administrativa sui generis nos obliga a tener a bien proponer que, de una vez por todas, haya una representación ciudadana en cada una de estas delegaciones.

Esta representación ciudadana y el propósito de esta iniciativa es crear un cabildo delegacional. Este cabildo delegacional estará integrado por el jefe delegacional y 12 consejales, que serán integrados de manera política-electoral conforme a la votación que cada una de las fuerzas políticas en las elecciones correspondiente tenga.

Y este cabildo, precisamente, tendrá atribuciones. No todas las que hoy tienen los cabildos en los diferentes estados de la república. Sí algunas, porque precisamente necesitamos ir construyendo ese andamiaje, en donde podamos precisamente garantizar que en este equilibrio político, en donde estarán representadas las fuerzas políticas, pueda haber también una perfecta verificación de las conductas de los jefes delegacionales y su administración.

No es atar de manos a los jefes delegacionales. Es, por primera vez en la historia del Distrito Federal, que vivan las delegaciones una democracia como viven los cabildos municipales en todo el país.

Y es precisamente esta tradición que Acción Nacional hoy refrenda en esta Cámara de Diputados. El continuar aportando a la reforma política de la ciudad, pero no podemos seguir estando inactivos en estos temas tan importantes que tiene la Ciudad de México, en donde principalmente los ciudadanos son los que tienen las consecuencias de nuestra inacción o de que las jefaturas delegacionales no operen precisamente su responsabilidad. Es fortalecer precisamente las delegaciones, una visión —como ya lo dije— tradicionalmente municipalista que Acción Nacional ha defendido toda su historia.

En este sentido, lo que queremos es eso, compañeras y compañeros, que la calidad de vida de los capitalinos mejore con una administración equilibrada, en donde se decidan, por ejemplo, situaciones como sanciones administrativas, como permisos otorgados a diversos establecimientos, en donde tengan los consejales una opinión y se pueda aprobar lo conducente.

En este sentido, compañeros y compañeras, queremos reformar la Constitución para que estrictamente en el 122 aparezca la conformación de un cabildo delegacional, y en segundo término, el estatuto de gobierno que tiene que ver con la integración del cabildo, la elección, los requisitos constitucionales como es la elección del cabildo, la integración del mismo y por supuesto que el Código Electoral de la ciudad determine cuáles serán las pautas a determinarse en la elección correspondiente.

En este sentido, compañeros, yo les pido un voto de confianza en las comisiones que tendrán a bien estar en sus manos esta iniciativa, porque le damos una esperanza a la Ciudad de México de que viva democráticamente mejor y de que sin duda, puedan fortalecerse y enriquecerse las visiones de los partidos en la más entraña administración de esta ciudad, que son las delegaciones y son específicamente las acciones de gobierno que finalmente tendrán la consecuencia de perjudicar al ciudadano o beneficiarlo. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Christian Martín Lujano Nicolás. Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

Estamos intentando que pasen los más posibles de compañeros diputados a presentar sus iniciativas, dado el retraso que tuvimos por las comparecencias, por eso se les está dando cinco minutos, sin embargo todos los ponentes que han pasado han tenido más tiempo de ése. Ojalá y procuráramos atenernos a los cinco minutos y pudiéramos dar oportunidad de que más compañeros pudieran presentar hoy sus iniciativas.

Dado que se calculan 25 horas de la sesión de hoy, no vamos a avanzar mucho si no nos ayudan con esto. Ojalá y se pueda apelar a la sensibilidad de todos y lo podamos hacer así.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores.

Si tuviera una discapacidad física no podría estar en esta tribuna hablándoles de que todas las personas que conformamos esta sociedad debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Si fuera una persona discapacitada, como los casi dos millones que hay en nuestro país, no podría acceder con la misma facilidad con la que ustedes acceden a esta tribuna.

Yo me pregunto, ¿cómo en este recinto no hay ni siquiera la infraestructura adecuada para acceder a la misma? Como vemos, en la actualidad muchas de las barreras y obstáculos que han dificultado la integración de las personas con discapacidad siguen presentes.

En nuestro país este sector no sólo enfrenta dificultades de acceso a los espacios arquitectónicos, urbanos y físicos, como en este caso. También tiene un acceso limitado a la salud, educación, trabajo, seguridad social y otros derechos que son esenciales para garantizar las condiciones de una vida digna.

La necesaria integración de las personas con discapacidad nos obliga a hacer un análisis crítico de las prácticas institucionales y sociales que han impedido o dificultado el pleno desarrollo de este sector. Uno de los ámbitos en donde las personas con discapacidad y sus familias enfrentan barreras que no siempre pueden sortear es en las escuelas y en las aulas, donde además de enfrentar la discriminación social, ven violado su derecho al acceso.

Esto tiene como consecuencia el analfabetismo de la población con discapacidad. Por ejemplo, en el año 2000 el analfabetismo de la población total ascendía a 9.4 por ciento, mientras que en la población con discapacidad era de 32.8 por ciento. Ello trae como consecuencia que enfrenten también dificultades para integrarse a la vida laboral.

Muchas veces no son las habilidades de las personas con discapacidad las que limitan su incorporación a la educación, sino las estructuras físicas, y las actitudes y prejuicios sociales que existen alrededor de este grupo social.

Mientras las personas con discapacidad permanezcan fuera del ámbito educativo nunca podrán integrarse a una vida plena.

En Nueva Alianza creemos que una de esas formas para garantizar la igualdad de oportunidades es mediante la eliminación de todas las barreras físicas, sociales o culturales que las excluyen de su plena participación. Por ello, uno de los grandes retos es el de lograr medios más accesibles.

La arquitectura no debe convertir a las discapacitadas y los discapacitados en minusválidos. Debemos darles las facilidades necesarias para que accedan, en igualdad de condiciones, a este derecho. El hecho de ser una persona discapacitada no debe impedirle ejercer estos derechos que por ley le son otorgados.

Por ello, queremos formar parte de una sociedad plena e incluyente, y debemos facilitar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad para una accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento en las escuelas.

La no discriminación y la plena integración de las personas con discapacidad en la educación es una cuestión de justicia. Las leyes emitidas y las políticas implementadas para protegerlos no han sido suficientes y ello pone de manifiesto la necesidad de promover la igualdad y la equidad en este ámbito.

Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 41. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones y necesidades, con equidad social.

Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Además, las instalaciones escolares deberán contar con la infraestructura básica para permitir el fácil acceso a los menores con discapacidad.

Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades de aprendizajes para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Mónica Arriola. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Esta Presidencia menciona y agradece la presencia de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sean ustedes bienvenidos a este pleno.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Manuel San Martín Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández: Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros. Hago uso de la tribuna de esta honorable Cámara de Diputados para presentar iniciativa de reformas y adiciones a nuestra ley fundamental, solicitándole, señora Presidenta, que se inscriba íntegra en el Diario de los Debates.

De la misma manera, voy a omitir la lectura total, toda vez que fue publicada en nuestra Gaceta.

La presente iniciativa tiene como finalidad proveer las bases constitucionales que incorporen el fenómeno metropolitano en las grandes directrices de la planeación nacional. Es importante considerar que el asunto metropolitano se remonta en el contexto nacional a partir de los años cuarenta, con el proceso de urbanización en México, sin que a la fecha existan esfuerzos de planeación en ese sentido.

Lo anterior, aunado a la escasa o casi nula legislación en la materia, ha evidenciado el abandono en el diseño de políticas públicas que puedan atender problemas comunes en diferentes jurisdicciones políticas.

Este abandono ha dado lugar al surgimiento de problemas en las zonas metropolitanas debido a carencias y fuertes rezagos económicos, sociales y ambientales, dado que ha prevalecido un enfoque vertical y aislado al respecto, quedando marginada de políticas públicas la problemática metropolitana ante el potencial y potestativo actuar concurrente e indolente de los órdenes de gobierno.

Por ello estamos frente al escaso reconocimiento de nuevas realidades nacionales, como es el caso de las 55 zonas metropolitanas clasificadas institucionalmente. Hasta ahora ha quedado marginada la realidad de las zonas metropolitanas. Por ello, es necesario considerar una visión actualizada y más amplia de la realidad social de nuestro país, para asumir las perspectivas y demandas de la población de las metrópolis.

La sustentabilidad del desarrollo es inminente y un consenso en materia de planeación integral de las ciudades de la nación. En ese tenor, contemplar los escenarios que deben tener las metrópolis de México es imperativo.

La planeación vista con perspectiva de largo aliento, es la condición sine qua non para un desarrollo metropolitano ordenado y provisto de herramientas legislativas que den la pauta a la ejecución de acciones que se puedan medir, evaluar y, sobre todo, den resultados cuyo impacto sea favorable para la sociedad.

Las reformas y adiciones planteadas se enmarcan en un contexto de prolongado estancamiento económico desde hace más de 30 años, el mayor registrado en toda la historia económica mexicana que ha impactado el deterioro social, la integración familiar, las corrientes migratorias, la destrucción del medio ambiente y, en particular, el bienestar de los trabajadores mexicanos.

El Estado y los sistemas de planeación han sido superados por los procesos de urbanización. En este nuevo siglo constatamos que el estado de desarrollo alcanzado por varios países se debe a que asumieron, con distintos proyectos, una visión de futuro.

Actualmente la reforma del Estado debe comprender un cambio fundamental para orientar a nuestro país con una gran visión en un contexto económico internacional, donde la turbulencia de los cambios lleva a un mundo más abierto y competitivo en todos sus órdenes, donde se dan intensa y continuamente transformaciones sociales ante el fracaso actual del neoliberalismo.

Esta reforma del Estado tiene como uno de sus principales instrumentos un Sistema Nacional de Planeación y un Plan Nacional con una visión del futuro del país que queremos construir y que abandone la visión sexenal que ha fracasado. El país lo necesita: requerimos de la reconstrucción de un Estado que asuma una planeación de gran visión, situación inédita en la historia de México.

Cabe señalar que la Ley de Planeación precisa cómo establecer los objetivos y principios que garanticen el fortalecimiento de la independencia y la autodeterminación nacional en lo político, económico y cultural.

Sin embargo, tanto el artículo 26 constitucional como la citada ley establecen condiciones muy laxas que hacen imposible un consenso nacional sobre la dirección económica del país, así como un seguimiento periódico de las metas establecidas: fiscalización y sanción a los servidores públicos que incumplan con el Plan Nacional de Desarrollo.

Esa visión de largo aliento será un precedente, un parteaguas, una propuesta inédita que marcará un hito en nuestro porvenir. Podrá traspasar la discontinuidad de la orientación política sexenal, ya que permitirá tener una referencia sobre el futuro al que aspiran las generaciones de mexicanos.

Traspasará las políticas económicas sexenales y contará con los instrumentos para reconstruir el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a ustedes, compañeras y compañeros legisladores, su apoyo a la presente iniciativa que es el punto de partida que da viabilidad legislativa a la incorporación de esta visión de futuro planteada, al tiempo de atender un fenómeno que ya no espera, que es la irreversible y latente existencia de las metrópolis donde vive más de la mitad de los mexicanos.

Por su atención, gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Juan Manuel San Martín Hernández. Se inscribe íntegra en el Diario de los Debates la iniciativa presentada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Rogamos a la prensa guardar orden, para continuar con la sesión.

Se concede el uso de la tribuna al diputado José Luis Blanco Pajón, para presentar iniciativa que reforma los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el ponente y el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Luis Blanco Pajón: Con su permiso, señora Presidenta. Con permiso de los compañeros diputados, el suscrito, diputado federal José Luis Blanco Pajón, integrante de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones y exposición de motivos.

Durante las últimas legislaturas, como es de nuestro conocimiento, se ha venido acarreando un grave rezago que se traduce en una limitante para la modernidad del Estado. Cada nueva Legislatura tiene que asumir todo el caudal de iniciativas y proposiciones que no fueron dictaminadas en tiempo y forma, más la que genere la propia Legislatura, lo cual se ha convertido prácticamente en un imposible debido a la falta de recursos humanos y a la voluntad para lograr acuerdos.

Como un ejemplo claro de lo anterior, podemos mencionar que, según datos de la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Cámara de Diputados, durante la LIX Legislatura fueron presentadas ante esta soberanía mil 388 iniciativas, de las cuales sólo 553 fueron dictaminadas y están pendientes por dictaminarse 835, en tanto que el número de proposiciones presentadas fueron 3 mil 632, de las cuales sólo mil 101 han sido dictaminadas y restan por hacerlo 2 mil 531.

Durante los últimos años, la reforma que permite la modernidad del Congreso ha sido uno de los temas prioritarios en la agenda política nacional. Son varios los estudios, propuestas e iniciativas de ley que han elaborado para tratar de dar cauce a la misma.

Por ello resulta fundamental reconocer que las normas parlamentarias actuales resultan insuficientes y en algunos casos obsoletas en lo que se refiere a la regulación de nuevas situaciones políticas, resultantes de una nueva conformación del sistema de partidos, en la cual el partido gobernante ya no tiene mayorías absolutas en las cámaras.

Por lo anterior, es prioritario plantear modificaciones que permitan contar con una mayor eficacia y funcionalidad del Congreso, y que a la vez cuenten con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

En razón de lo anterior, es necesario impulsar medidas que tiendan a reducir o eliminar el rezago legislativo, así como a mejorar la calidad de las iniciativas, lo que se traducirá en una mayor eficacia del órgano legislativo.

Para enfrentar una parte del problema en comento, en la presente iniciativa se plantea reformar los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, con el fin de ampliar el plazo con el que cuentan las comisiones para emitir sus dictámenes, así como establecer sanciones para aquellas comisiones que rebasen el plazo establecido para entrega de los mismos.

En legislaturas pasadas se han presentado diversas iniciativas de reformas a la legislación vigente respecto al tiempo de dictamen de las comisiones. Sin embargo, estos intentos de reforma del Reglamento para el Gobierno Interior, y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, han sido fallidos, no obstante que la mayoría de los grupos parlamentarios están a favor de reformar los artículos a fin de ampliar los plazos para emitir dictámenes desde las comisiones.

Cabe mencionar que el interés en evitar el rezago legislativo es de carácter general, el cual debe ser considerado prioritario dentro de la agenda legislativa antes de que concluya la presente legislatura.

Es innegable que dentro de las funciones parlamentarias que realiza el Congreso de la Unión, la legislativa es una de las más importantes, ya que a través de ésta se materializa en gran medida la voluntad del pueblo, por lo que es fundamental contar con un proceso legislativo expedito y claro que permita la realización eficaz de esta función parlamentaria, fortaleciendo a la vez al Poder Legislativo.

Actualmente el trabajo en comisiones se ve acentuado con la carga legislativa y con el rezago que se arrastra con el paso de una legislatura a otra. Sin embargo, no se ha podido regularizar este rezago de trabajo en comisiones, de iniciativas y proyectos que permanecen inconclusos en su paso entre legislaturas.

Como se aprecia, la función de dictaminación de las comisiones es un paso indispensable en la concreción de la función legislativa toda vez que mientras éste no se dé, el proceso legislativo quedará detenido.

Por ello, propongo la ampliación del plazo para la dictaminación en comisiones, a partir de la fecha en que se hayan recibido los asuntos de su competencia, a fin de que las comisiones posean el tiempo necesario para el estudio y la preparación del dictamen correspondiente, logrando así desahogar la carga de los trabajos legislativos.

Ciertamente en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior se otorga continuidad al estudio de los asuntos pendientes para el despeje de los mismos. También es bien sabido que en la mayoría de las comisiones no existe tiempo suficiente para cumplir con lo establecido en dicho artículo.

En suma, en México es necesario alcanzar un equilibrio de todos los factores y elementos considerados anteriormente para dar preferencia a la llamada eficiencia legislativa, ante la necesidad inaplazable que existe en nuestro país de avanzar en la cimentación de la plataforma legislativa del siglo XXI, y ante el escepticismo e impaciencia de la ciudadanía y su deseo de contar con resultados legislativos que nos den respuesta a los grandes problemas nacionales, sin retrasos, debates y proposiciones incomprensibles para la mayor parte de la sociedad mexicana.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, les pido hacer conciencia sobre la importancia que representa el tema del fortalecimiento de la democracia mexicana, así como para la modernización de nuestro aparato legislativo.

No dejemos que nuestra tarea legislativa pase inadvertida. Los invito a que hagamos historia y demos un paso más hacia delante en el proceso de la consolidación de la democracia en México.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente

Iniciativa con proyecto de decreto

Primero. Se reforma el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, para quedar como sigue.

Artículo 87. Toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la fecha en que se haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de razones con las que se funde, y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Segundo. Se reforma y adiciona un párrafo del artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.

Artículo 91. Si dentro del plazo de 30 días hábiles con los que cuenta la comisión dictaminadora, ésta requiriera de más tiempo para emitir el dictamen, tendrá que fundamentar debidamente su solicitud y someterla al pleno para su aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución.

En el caso de que alguna comisión, faltando este requisito, retuviera en su poder un expediente por más de 30 días, la Secretaría lo hará presente al Presidente de la Cámara, el cual reconvendrá a la Comisión, para que emita el dictamen correspondiente dentro de los siguientes 15 días naturales.

De no hacerlo así se sancionará con dos días de dieta a los legisladores que integren la Comisión, fijándole a su vez un plazo de cinco días naturales para emitir el dictamen correspondiente. De no presentarlo en la fecha señalada, se les descontarán 15 días de su dieta y se cesará de la Comisión. Debiendo elegir a los nuevos integrantes en los siguientes cinco días.

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Luis Blanco Pajón. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se concede el uso de la tribuna al diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 64 Bis, del Código Penal Federal.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a presentar una iniciativa que reforma el artículo 64 Bis del Código Penal Federal, el cual versa sobre la compurgación de penas impuestas a los cómplices de un delito.

La exposición de motivos que propongo señala que la privación de la libertad por un delito responde a motivos justificados. Lo que resulta inadmisible es que los procesados que gozan de una presunción de inocencia sean tratados en los centros y reclusorios como culpables. Además de que sus juicios se alargan durante meses y, en el peor de los casos, por muchos años.

Entendemos que son autores materiales los que toman parte directa de la ejecución del delito y los cómplices son los que ejecutan las acciones secundarias, cooperando al hecho, actuando antes y durante el ilícito, por lo que la ley prevé castigarlos con penas inferiores en uno y dos grados respectivamente a las que se aplican a los autores.

Por supuesto que para la justicia quien tiene mayor responsabilidad en la comisión de un delito es el autor o coautor material e intelectual, quedando como una conducta accesoria la de los cómplices, pero la condena es casi la misma para este tipo de delincuentes.

En cambio, la conducta criminal de los cómplices, aunque si bien participan en el delito, la justicia no puede ser tan severa con ellos, porque son simples auxiliadores de un evento delictivo, máxime que el hecho de prestar ayuda es de menor gravedad.

Por ello, la conducta presentada por los cómplices, aún cuando se reflejen actitudes de tal naturaleza que indican que el resultado típico no es lógico ni jurídicamente válido, castigarla con los calificativos o modificaciones del delito, pues no considerarlo así implicaría una vulneración al más elemental principio de culpabilidad característico en un estado democrático de derecho.

Por estos puntos de vista, compañeras diputadas y compañeros diputados, recuerdo que esta soberanía aprobó reformas importantes a los artículos 25, 55 y 64 del Código Penal Federal, mismos que se refieren a la imposición de penas para los autores, coautores materiales e intelectuales de diversos delitos. Que las penas cuantitativas para el o los cómplices no tuvieron cambios y deben de realizarse los cambios para adecuar el Código Penal Federal.

Que para mantener la vigencia en nuestro sistema penitenciario es indispensable reducir la sobrepoblación de las cárceles del país, armonizando las leyes penales con la Constitución General de la República que, para Convergencia, queda claro que el problema de fondo, el sistema penitenciario mexicano, no termina con la construcción de nuevos reclusorios, sino la reducción del número de internos, atendiendo el principio de readaptación social contemplado en el artículo 18 de la Constitución General de la República.

Así es que, compañeras y compañeros, les propongo que se reforme el artículo 64 Bis para quedar como sigue:

En los casos previstos por las fracciones VI, VII y VIII del artículo 13 se impondrá como pena de prisión una mitad de la correspondiente al delito base del que se trate, sin tomar en consideración las calificativas o modificativas. Ésa es la propuesta de decreto que propongo y le pido a la señora Presidenta que esta iniciativa la envíe a la Comisión de Justicia. Gracias compañeras diputadas y compañeros diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen. Túrnese a la Comisión de Justicia. Se concede el uso de la tribuna, al diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 27, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado David Mendoza Arellano: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la propuesta que vengo a presentar ante esta tribuna se inspira no solamente en la importancia de encarar los problemas ambientales y el fenómeno del calentamiento global, también plantea la ampliación del esfuerzo económico de la energía en nuestro país, impulsando fuertemente el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.

La política energética que impera actualmente en nuestro país, carece de una estrategia para enfrentar los grandes desafíos mundiales como el cambio climático, las consecuencias de las emisiones de gases con efecto invernadero, así como el agotamiento de las reservas del petróleo y su impacto económico.

Por eso es necesario dejar atrás la edad de piedra en materia energética. México es un país que durante muchos años ha gozado de una gran riqueza en materia energética y gracias a ello hemos podido solventar gran parte de nuestra economía y suministrar la demanda de energía nacional.

Sin embargo, tenemos conciencia que dichas fuentes de energía no son para siempre y, por tanto, su existencia en la naturaleza es limitada. Tenemos que impulsar una política de Estado en favor de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, así como también políticas públicas que favorezcan la utilización de la energía renovable en todo el país.

Nuestro país requiere atravesar urgentemente por un periodo transitorio en el que vayamos inhibiendo paulatinamente la utilización de la energía fósil y logremos desarrollar la utilización de la energía renovable.

En ese sentido, y sólo para ilustrar la problemática, quiero citar los reportes presentados por la Secretaría de Energía, los cuales se encuentran incluidos en el anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno recientemente presentado. Dicho reporte indica que en los años que transcurren entre 2000 y 2007 ha habido una merma gigantesca de las reservas probadas de petróleo.

En el año 2000 contábamos con reservas que ascendían a 34 mil 103.7 millones de barriles; en 2001, 32 mil 614.4 millones; en 2002, 30 mil 838 millones; 2003, 20 mil 77 millones; en 2004, 18 mil 895; en 2005, 17 mil 650 millones; en 2006, 16 mil 469 millones; y a principios de 2007, 15 mil 514 millones de barriles de petróleo crudo. Es decir, que se ha agotado, respecto del año 2000 el 54.5 por ciento de las reservas.

Dichos reportes indican también que estas reservas de hidrocarburos son susceptibles de ser aprovechadas solamente durante los próximos nueve años. Tener conocimiento de estos datos nos obliga a diseñar, desde ahora una nueva política energética, porque resulta absolutamente obvio que no podremos continuar siendo dependientes de los combustibles fósiles.

Esto significa que en unos cuantos años no sólo seremos incapaces de abastecer la demanda nacional de energía, sino que además enfrentaremos una grave crisis financiera derivada de nuestra dependencia de las fuentes de energía convencionales.

Necesitamos desarrollar una vía alterna en materia energética que nos permita reducir el impacto sanitario y ambiental. No olvidemos que la Organización Mundial de la Salud reportó en 2001 que el índice anual de contaminantes en México ya era superior a los 16 millones de toneladas, de las cuales 65 por ciento son emisiones automovilísticas, donde los fallecimientos anuales atribuidos a este hecho ascendían a 4 o 5 mil personas.

Cabe resaltar también que nuestro país firmó en 1997 el Protocolo de Kyoto, y con ello se comprometió a impulsar un nuevo modelo en el que el crecimiento económico se desvinculara de la generación y emisión de gases de efecto invernadero.

Posteriormente ratificó dicho Protocolo. Sin embargo, a diez años de distancia del compromiso asumido aún carecemos de una estrategia nacional para el desarrollo y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. Incluso ese tema aún no está considerado en nuestra Constitución.

Si bien es cierto que el protocolo no es vinculatorio, y que por tanto, jurídicamente no estamos obligados a cumplir con el compromiso signado de reducir los gases con efecto invernadero, resulta criminal que seamos omisos a los problemas que genera el calentamiento global.

Nuestro territorio y su población han sido víctimas de los efectos del cambio climático, como los huracanes devastadores que han atravesado por nuestro país y que han arrancado a miles de familias su patrimonio, y generado daños ecológicos y económicos de gran escala.

El mundo entero ha sido testigo de una mutación climatológica desmesurada, no sólo por el azote de los huracanes, sino por el aumento de sequías en varias zonas de la tierra, así como por el derretimiento de los glaciares y capas de hielo que causan deshielos prematuros en ríos y lagos.

El aumento de las emisiones de gases en el mundo y el fenómeno del calentamiento global preocupa a la comunidad internacional. Así lo muestran los 188 países que han suscrito el Protocolo el Kyoto, y aunque Estados Unidos ha mostrado reticencias para suscribir este acuerdo, se ha propuesto en lo individual la meta de reducir sus emisiones de gas en 18 por ciento para el año 2012.

Asimismo, y de manera reciente, el Congreso de este país aprobó una ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y con esto se ponen en marcha acciones afirmativas para incentivar económicamente a las compañías a que aumenten el uso de energía solar y eólica, mientras que los subsidios para la industria petrolera serán reducidos.

Otros países como Japón, Alemania y España, han invertido fuertemente desde hace varios años en el desarrollo de energías limpias, como la eólica y la solar, y por ello actualmente encabezan la lista de países líderes en tecnología para el aprovechamiento de fuentes renovables.

No se trata, sin embargo, de importar modelos extranjeros arbitrariamente. No es un asunto frívolo de sólo pretender estar a la vanguardia mundial. Creo que es indispensable que retomemos las experiencias internacionales como señales de alerta. No esperemos con calma a que nos llegue la crisis energética para poder actuar.

Es evidente que existe una necesidad inaplazable de generar una nueva vía para el desarrollo de las llamadas energías limpias, y sin embargo, la actividad productiva que se realiza actualmente en este terreno en nuestro país es absolutamente anárquica.

Por ello, propongo diversas reformas constitucionales —concluyo en un momento, señora Presidenta— con la finalidad de incluir el tema de la energía renovable en nuestra Carta Magna.

En primer lugar, planteamos reformar el artículo 73 para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de legislar en materia de energía renovable. La energía representa un sector estratégico para el país. Por ello, el Estado debe mantener la rectoría sobre la producción y aprovechamiento de la energía, tanto la que proviene de fuentes renovables, como de las fuentes no renovables.

Para ello, propongo que se modifique el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos, a fin de establecer el dominio de la nación sobre el aprovechamiento de los recursos naturales que generan energía renovable.

También propongo modificar el artículo 28 para impedir que se constituyan monopolios sobre la producción y aprovechamiento de energías provenientes de fuentes renovables. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado David Mendoza Arellano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Moctezuma Pereda, para presentar iniciativa que reforma el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por el ponente y por el diputado Arturo Martínez Rocha, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda: Con su permiso, diputada Presidenta.

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos, suscrita por los diputados Arturo Martínez Rocha y su servidor, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los municipios de nuestro país, en forma muy solidaria, han abierto tradicionalmente las puertas para la integración de Petróleos Mexicanos, ya que es una empresa de todos los mexicanos, ya que reconocen la importancia que tiene para el desarrollo y todos los mexicanos el poder disponer de los hidrocarburos necesarios para las actividades económicas y la vida cotidiana de la sociedad.

Ratificamos que los hidrocarburos, tal y como lo señala nuestra Constitución, son patrimonio de la nación y que por tanto deben ser aprovechados en beneficio de todos los mexicanos, pero estos beneficios no son distribuidos de manera equitativa, ya que los municipios que cuentan con instalaciones de refinamiento sufren de graves daños ecológicos, sin contar con algún apoyo de esta empresa para sanear su medio ambiente.

Por ello, es de estricta justicia el que Petróleos Mexicanos retribuya de alguna manera los daños que ha generado históricamente, por lo que es menester generar un cambio al artículo en comento.

Más aún, Petróleos Mexicanos, por causa de contingencias ocasionadas por falta de mantenimiento o por errores humanos, ha tenido contingencias que han generado graves daños ecológicos en diversos municipios del país, sin otorgar algún recurso para que los municipios puedan atacar estas contingencias.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 261, segundo párrafo: "asimismo, el 3.17 por ciento de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, a que se refiere el artículo 264 de esta ley, se multiplicará por el factor de 0.0148. El monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos; a los municipios en cuyo territorio existan instalaciones de extracción o refinamiento de Petróleos Mexicanos, así como a los municipios en los que por incidente de la infraestructura de dicha empresa hayan sufrido algún daño ambiental dentro de los supuestos previstos por la ley para efectos de su rehabilitación.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que afecten a la presente ley.

Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda y diputado Arturo Martínez Rocha.

Esta iniciativa lo que pretende lograr que en justicia, si Petróleos Mexicanos, así como se ven beneficiados algunos municipios del país por su extracción, hoy también se beneficie a los municipios que participan con la refinación. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Fernando Moctezuma Pereda. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señora Presidenta. La suscrita, Martha Hilda González Calderón, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de las diputadas de ese mismo grupo parlamentario y de los diputados que han suscrito la presente iniciativa, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de las leyes que enseguida se mencionan.

De la Ley Federal del Trabajo se adiciona el artículo 331, se reforma los artículos 33, 333 y se adiciona el artículo 333 Bis; se adiciona también el artículo 337, en sus fracciones I, II y III; se adicionan las fracciones IV a la VIII de este mismo artículo; se reforma el artículo 338 en su párrafo primero y en su fracción III, adicionándose el artículo 338 Bis; se reforma el artículo 340 en sus fracciones y se adiciona finalmente, por lo que hace a esta ley, el artículo 344.

También se modifican diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de que se adiciona un artículo al inciso d).

En el contexto de las complejas interrelaciones económicas y sociales que prevalecen en los distintos países del mundo, el trabajo doméstico retribuido es un fenómeno ampliamente extendido. Grandes masas de mujeres y niños, principalmente, encuentran en este tipo de ocupación una de las pocas posibilidades para mitigar los estragos del hambre, de la enfermedad y en general de la pobreza extrema.

El trabajo doméstico se inscribe en una dinámica de oferta y demanda, en el que la parte más débil o vulnerable frecuentemente se encuentra en situación de desventaja que puede ir de las formas más leves de la discriminación, hasta la explotación rayana en esclavismo, pasando por las agresiones sexuales graves y llegando incluso a la muerte.

La naturaleza y el entorno en que muchos desempeñan estas actividades hacen posible que muchos abusos pasen ocultos al escrutinio de la sociedad, aunque es innegable que existen lugares donde hay aceptación social para el abuso en diversa escala.

La situación de indefensión y ocultamiento en que frecuentemente se encuentran los trabajadores domésticos propicia su tráfico y el trabajo forzado, incluso sin retribución alguna. Estas oprobiosas condiciones se ven reproducidas a través de la falta de una cultura de la denuncia y la necesidad misma de un trabajo, por indigno que éste sea.

Cabe señalar que una de las formas usuales del ocultamiento de las condiciones de abuso o explotación se da en algunos lugares bajo la forma de una incorporación simulada del trabajador doméstico a la familia donde desempeña su labor, disfrazando la realidad de una relación laboral entre patrón y trabajador, propiciando el no pago por los servicios a cambio de exiguos beneficios, como la comida y el techo.

La iniciativa tiene como propósito avanzar en la protección del trabajador doméstico a través de disposiciones que propicien mejores condiciones de trabajo, estableciendo en paralelo la obligación patronal de promover el establecimiento de relaciones contractuales como forma de apoyar mejor a estas personas y de aportar mayor seguridad a las partes en este tipo de relación laboral.

Se pretende promover la educación, instrucción, capacitación y adiestramiento de los trabajadores domésticos con el concurso positivo del patrón como forma de impulsar la productividad del trabajo doméstico y revalorar la relación laboral en general.

Una de las innovaciones que se presentan en la iniciativa responde al clamor generalizado de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil en el sentido de brindar a este tipo de trabajadores la justa y necesaria cobertura de la seguridad social. Es incongruente que a pesar de los avances logrados por nuestro país en la materia, reconocidos en el continente entero, hasta ahora fueran muy pocos los trabajadores afiliados al Seguro Social.

Le agradeceré, señora Presidenta, girar sus indicaciones para que en el Diario de los Debates de esta soberanía se inscriba de manera íntegra el texto de la iniciativa que nos ocupa, misma que en este momento le entrego en su versión definitiva, conteniendo las rúbricas de quienes la suscribimos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Martha Hilda González Calderón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Derechos Humanos, y de Atención a Grupos vulnerables.

La diputada Mónica Tzasna Arriola (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada Mónica Arriola. Le dan sonido, por favor, a la curul.

La diputada Mónica Tzasna Arriola (desde la curul): El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza también quiere adherirse a la iniciativa de la diputada Hilda. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias a usted, diputada.

El diputado Delio Hernández Valadés (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado Delio Hernández.

El diputado Delio Hernández Valadés (desde la curul): Para solicitar que se turne por favor esta iniciativa para opinión a la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma en cuenta la petición de usted, diputado Delio Hernández y se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos.

La siguiente propuesta se pospone. Era la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Yolanda Rodríguez Ramírez y Luis Enrique Benítez Ojeda.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y un artículo 77 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía: Los que suscribimos, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos iniciativa relativa a los viveros nacionales, a la reforestación y forestación, bajo la siguiente

Exposición de motivos

Sin duda que la preservación del medio ambiente no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, es vital para la subsistencia del ser humano, y más cuando desde hace aproximadamente tres décadas el calentamiento de la tierra se ha ido acrecentando al grado de que en todo el mundo se están tratando de buscar los elementos multidisciplinarios para encontrar las soluciones que puedan revertir el fenómeno del incremento de la temperatura, en razón de que se prevé que entre un 20 y 50 por ciento de las especies terrestres, y una enorme biodiversidad como los parque nacionales y bosques, puedan desaparecer.

Por lo cual resulta de vital importancia conocer cuál es el estado que tienen actualmente los viveros forestales, los cuales son sólo una de las soluciones para contrarrestar el fenómeno global del calentamiento de la tierra. Y es de señalar que estos viveros forestales que fueron creados en México siempre han sido administrados por la Sedena, es decir, desde 1934, a partir del inicio del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Luego entonces, la política de conservación implementada en nuestro país originalmente por Lázaro Cárdenas, fue y debe ser retomada de forma inmediata con el apoyo de todos los sectores de la sociedad mexicana, pero especialmente de las fuerzas militares, las cuales desde su institucionalización han tenido siempre como doctrina la administración y cuidado de bosques, zonas y reservas forestales, parques nacionales y viveros.

Por todo lo anterior, resulta inexplicable que desde el año 2001 la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional Forestal, establecieran las bases de colaboración para la realización de acciones del Programa Nacional de Reforestación, con el fin de quitarle la responsabilidad a la Sedena de la producción de árboles y la reforestación, el cual tuvo vigencia del 26 de junio de 2001 al 30 de noviembre de 2006.

Aunque si bien es cierto que en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se estipula que los tres niveles de gobierno podrán establecer acuerdos de coordinación en conjunto con las secretarías, dependencias y gobiernos locales que conforman el Servicio Nacional Forestal, también lo es que no se establece la obligación, de estos mismos, de ejecutar programas forestales, dejando en el aire la responsabilidad de todos, incluso de la propia Federación, al permitir que sean programas por firma de convenios temporales y no por programas determinados como una atribución de alguien de manera permanente, como podría ser la Secretaría de la Defensa Nacional, tal y como lo venía realizando desde antes de 2001.

Claro está que lo único que ha importado, en apariencia, es la eficacia forestal, esto es, cumplir con los objetivos y atribuciones que marcan las leyes ambientales de nuestro país, sin que se hayan tomado en cuenta la tradición y, mucho menos, la eficacia con la cual el Ejército administró, cuidó, produjo y reprodujo los viveros, aprovechando, sin duda, la gran cantidad de elementos que tiene a su disposición, que independientemente de su prioridad castrense, sin duda que la operación en la labor del cuidado y reproducción de los viveros son y han sido, no sólo para las Fuerzas Armadas de México sino a nivel mundial, importantes para el desarrollo del ser humano, en un ambiente saludable y lleno de vida, lo cual proporciona la naturaleza.

Esta plantación, producción y reforestación de los viveros nacionales que se propone, a cargo de la Sedena, deberán de realizarse siguiendo la normatividad que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y lo que dispone la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en razón de que el secretario de Sedena forma parte del Servicio Nacional Forestal, lo cual se contempla en el artículo 8o. de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Y es precisamente buscando que se reintegre la administración, reforestación y forestación de los viveros, por lo que venimos a presentar ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XLIX del artículo 7o., Capítulo Segundo, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y por el que se adiciona la fracción XXXVIII del artículo 3º, del Capítulo y Título Primero, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y por el que se adiciona a la sección cuarta, del Capítulo Primero, del Título Segundo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente el artículo 77-Bis.

Por último, solicitamos que la presente iniciativa quede inscrita íntegra, en el Diario de los Debates, con las aclaraciones y modificaciones que le fueron realizadas, por lo que entrego ante esta soberanía texto completo de la misma. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Ana Lilia Luna. Inscríbase íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Pedí hacer uso de la tribuna a efecto de referirme a la iniciativa de reformas al artículo 11 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, formulada por la diputada Yari del Carmen Gebhardt y la cual compartimos y suscribimos todas las diputadas del Grupo Parlamentario del PRI.

En primera instancia, es importante mencionar que la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin lugar a dudas, significó un avance sustantivo en el proceso de la transformación democrática de México.

En virtud de la naturaleza de la Comisión de Derechos Humanos, es evidente que su fuerza moral depende del propio desempeño que alcance como institución, y también de la calidad y capacidad de quienes laboran en ella, especialmente de quien la preside.

Tan es así que el nombramiento del presidente de esa Comisión recae en la honorable Cámara de Senadores, requiriéndose para ello el voto calificado de las dos terceras partes.

Los derechos humanos son un conjunto de principios que garantizan la dignidad del ser humano. Estos derechos tienen como objetivo primordial establecer un código de conducta a aquellos gobiernos que en el ejercicio del poder violan derechos de los ciudadanos.

En un Estado democrático los derechos humanos legitiman y fundan al Estado mismo, es decir, los poderes funcionan al servicio de la garantía de los derechos fundamentales, lo que se traduce en un deber de impedir transgresiones de los derechos de libertad y de satisfacer derechos sociales.

En México la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, significó un gran paso hacia la consolidación de un Estado democrático de derecho. En este sentido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos representa en su persona toda la fuerza política y moral del ombudsman.

Por ello el proceso de su nombramiento es crucial para crear y mantener la confianza en toda la institución.

La legitimidad del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se deriva primordialmente de su autonomía frente al Ejecutivo federal. El artículo 102 fracción B de la Constitución federal, establece la base para su reelección, en aras de que ésta misma sea transparente y legítima.

La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la independencia de su presidente, forman un binomio indisoluble y absolutamente necesario para garantizar la imparcialidad de sus resoluciones.

Sin autonomía, el organismo puede quedar supeditado a los designios de aquella autoridad a la que se encuentre vinculado, mientras que sin independencia su presidente siempre estará dispuesto a rendirse frente a los poderes o a los que sirva y de manera irremediable dejará la defensa de los derechos humanos atada a intereses ajenos.

Por ello para garantizar la independencia de los derechos humanos, y que estos no estén supeditados a intereses políticos y partidistas, es necesario que la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en conjunto con la sociedad civil, aseguren que el próximo ombudsman cumpla cabalmente con todos los requisitos que exige la ley en la materia.

En razón de todo lo anterior, es por lo que se pretende reformar el artículo 11 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que el presidente dure en su cargo siete años estipulados y no pueda ser reelecto al mismo cargo. Con el aumento de dos años al periodo de ejercicio, se pretender otorgar más tiempo a fin de que no se interrumpan asuntos prioritarios y con ello dar continuidad para que resuelva o se cumplan las recomendaciones emitidas por la comisión.

El impedimento para ser reelectos se debe a la necesidad de garantizar que no se burocratice o desvirtúe la función del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual atentaría gravemente contra la democracia y defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Señor Presidente, pido que esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Guadalupe Merodio. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Los temas de la seguridad pública y la lucha del Estado contra la delincuencia organizada, se han convertido en preocupaciones fundamentales de todos los actores políticos en nuestro país.

Para la Procuraduría General de la República, cuando en el transcurso del tiempo la delincuencia común llega a tal extremo de evolución o perfeccionamiento, cuando se rebasan los límites de control gubernamental, cuando se establecen líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión, bien financiado; cuando se persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea éste político, económico, social, es cuando se habla de la delincuencia organizada.

En nuestro país la delincuencia organizada constituye, hoy en día, uno de los más graves problemas que dañan la convivencia y perjudican a la sociedad. En este sentido, y con el objetivo de establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos, vía algún miembro de la delincuencia organizada, el 7 de noviembre de 96, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se expidió la ley que lo regula la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En ella, y en sus criterios, el homicidio se concibe como táctica y estrategia a cargo de sicarios contratados, grupos o células especializadas; y se ha convertido en la respuesta directa para el arreglo de cuentas entre la delincuencia organizada.

En los últimos años, la delincuencia organizada y este tipo de homicidios han alcanzado ya a jefes policíacos, a jueces, a magistrados, a testigos, a profesionistas, a secretarios de Estado, en las entidades federativas, ya nada más faltara que se fueran ante un gobernante, porque en el caso de los municipios, al parecer, también ya han habido ajuste de cuentas contra ellos. Pero bueno, habría que esperar a que nos sorprendiera la realidad y llegáramos a alguno de los otros órdenes de gobierno.

Es por eso, que en ese tenor es de estimarse la conveniencia de integrar al delito de homicidio cuando se comete en la modalidad de calificado. Es decir, bajo condiciones de premeditación, alevosía y ventaja, que como usualmente se produce en el contexto de estas estrategias de la delincuencia organizada, como uno de los supuestos establecidos para que sean, por ese sólo hecho, investigados, perseguidos, procesados y sancionados, conforme a las disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En el mismo orden de ideas, se propone que el delito de secuestro sea también considerado de la misma forma, en función de que de manera cada vez más común, se encuentra asociado con delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada y vinculados al narcotráfico, o al tráfico de armas. Además, que por sus características son los de mayor impacto y zozobra en la sociedad mexicana.

De tal forma que vengo ante esta soberanía a proponer adicionar una fracción VI al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, especificando que los delitos de homicidio en su modalidad de calificado, previsto en los artículos 302, 315, 315 Bis y 320; y el de secuestro, previsto en el artículo 366 del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales, estatales o del Distrito Federal, sean considerados en el marco de la citada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y es por eso, que a partir de lo anterior se modifica también la actual fracción IV, del citado artículo 2o., al suprimir dicha fracción el delito de secuestro y que se integra a su vez, en la nueva fracción VI que se adiciona.

El tema es muy amplio. Las reglamentaciones y las leyes correlativas desde las de nuestras Fuerzas Armadas, y la de Uso de Armas y Explosivos, comprenden toda una serie de señalamientos, y es por eso que también proponemos modificar, además, el primer párrafo del artículo 3o. de la multicitada ley, para mencionar en él a una nueva fracción, que sería la VI, quedando el párrafo segundo como actualmente se encuentra. De ahí, lo que proponemos es que quede como sigue:

Único. Se reforman las fracciones III, IV y V, y se adiciona una fracción VI al artículo 2o., y se reforma el párrafo primero del artículo 3o., ambos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue..

En la Gaceta Parlamentaria están debidamente publicados los textos y para ser respetuoso del uso del tiempo y del acuerdo parlamentario de este tipo de presentación de iniciativas. Es cuanto, Presidencia. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Manuel Cárdenas. Túrnese a la Comisión de Justicia. Se concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El diputado Fernando Quetzalcoátl Moctezuma Pereda: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Quetzalcoátl Moctezuma Pereda: Estimadas diputadas, diputados, honorables curules, me permito presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad son empresas del Estado que manejan recursos estratégicos regulados en el artículo 27 constitucional como dominio directo de la nación. Por tanto, su importancia para la soberanía nacional se puede medir desde diferentes enfoques, pero siempre subrayan su relevancia tanto para el cumplimiento de los fines nacionales como para el desarrollo futuro de México.

La Comisión Federal de Electricidad desde que surge, el 14 de agosto de 1937, se ha distinguido como una empresa de vanguardia, simboliza la capacidad de energía eléctrica que ha ayudado a construir y a operar la infraestructura social y productiva que mueve a México.

La capacidad de la CFE, hoy en día, equivale a generar, distribuir y comercializar 50 mil megawatts que además de la prestación del servicio público de energía eléctrica contribuye a modernizar al país con obra de infraestructura de grandes dimensiones, demostrando ser una institución que se adapta y crece ante la necesidad de cada momento, como se ha apreciado en la respuesta inmediata ante los embates naturales del sureste del país.

Las dos empresas descentralizadas más importantes nos obligan a hacer una reflexión, principalmente por los sucesos acontecidos el pasado 10 de septiembre del año en curso, cuando Pemex fue víctima de atentados terroristas, que dañaron, entre otras instalaciones petroleras, el ducto Cactus-Guadalajara que surte este producto a las terminales de Puebla, San Martín Texmelucan, Tepeji del Río, Tula, Abasolo y Guadalajara, provocando la suspensión del transporte de gas licuado por esa línea, afectando al altiplano y occidente del país, destruyendo la infraestructura de la paraestatal y ocasionando pérdidas multimillonarias lesionando el patrimonio de los mexicanos.

Pemex opera por conducto de un corporativo y cuatro organismos subsidiarios, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica.

La CFE concentra el 97 por ciento de la generación de energía eléctrica del país en 9 regiones de producción que dependen de una dirección de generación. Cada región es semiautónoma; las funciones de planeación y presupuesto están centralizadas; la operación es de su propia responsabilidad. Son más de 70 centrales, las más importantes que integran a 300 unidades generadoras.

Los datos de las dos empresas más importantes de México demuestran su importancia para salvaguardar el futuro de un México moderno y democrático.

Específicamente el Capítulo Tres de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se refiere a la información reservada y confidencial en dos sentidos:

Primero. Aquella información que ponga en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, así como que coloque en riesgo las relaciones internacionales, la que dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, la que ponga en riesgo la vida o salud de cualquier persona y la que ocasione serio perjuicio a la administración de la justicia.

Segundo. La que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial.

Los secretos comerciales, fiscales, bancarios, fiduciarios, las averiguaciones previas, los expedientes judiciales o de procedimientos administrativos, seguidos en forma de juicio, y las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos hasta que no sea adoptada la decisión definitiva, como puede observarse, la mayoría de estos conceptos son hasta cierto punto ambiguos y sujetos al criterio de los funcionarios públicos.

Subrayando la importancia de Pemex y la CFE, en este sentido es indispensable que la infraestructura de Pemex y la CFE formen parte explícita, no sujetas a la interpretación personal de la hipótesis determinada en el Capítulos Tres de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, precisando con claridad que la infraestructura de las dos empresas paraestatales, para efectos de información es de clasificación reservada expresamente en el artículo 14 de la misma.

Por lo antes expuesto, someto a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 1o. Se incorpora la fracción VII del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

6. La que corresponda a la localización y características de la infraestructura estratégica de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en todo el territorio nacional.

Solicito respetuosamente quede íntegra, conforme viene publicada en la Gaceta Parlamentaria y se turne a las comisiones respectivas, explicando lo siguiente:

Lamentablemente para cualquier ciudadano mexicano el poder —inclusive a través de las páginas Internet— investigar las áreas estratégicas de Pemex y CFE, puede ser para que cualquiera pueda usarlas, lamentablemente como fueron usadas en los últimos meses.

Por lo que solicitamos se le dé la importancia debida a esta iniciativa y ojalá México pueda contar con una reforma que le dé seguridad a nuestra nación a través de nuestras áreas estratégicas.

Es cuando, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias diputado Fernando Quetzalcoátl. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

Tiene ahora la palabra la diputada Pilar Ortega, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidente.

Compañeras y compañeros diputados, vengo a nombre propio y de los diputados Héctor Larios Córdova, Gildardo Guerrero Torres, Gustavo Parra Noriega, Cruz Pérez Cuéllar, Laura Rojas Hernández y Alberto Vázquez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a presentar la presente iniciativa. De la cual, por la brevedad del tiempo, sólo haré una presentación general, por lo que pido a la Presidencia se inserte íntegra en el Diario de Debates, la propuesta de reforma que en este acto entrego a la Secretaría.

La presente iniciativa es la primera parte de una propuesta general y que el diputado Gildardo Guerrero expondrá en la siguiente intervención, las restantes, ambas iniciativas responden al llamado y compromiso que hoy los legisladores tenemos por virtud del proceso de la reforma del Estado que en estos momentos estamos analizando y discutiendo.

Acción Nacional se pronuncia en contra de un régimen presidencialista o de un presidencialismo exacerbado y afirma su convicción en el perfeccionamiento de un sistema presidencial republicano, democrático, racionalizado, funcional y equilibrado, lo que necesariamente implica el mejoramiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, mediante un sistema de relaciones adecuado, un sistema de equilibrios y contrapesos bien diseñado, de suerte que sin obstruirse mutuamente se complementen garantizando relaciones de cooperación, colaboración y construcción de bienes públicos.

En consecuencia, y a fin de perfeccionar nuestro régimen de gobierno, proponemos:

Primero. Una nueva composición del Congreso mediante la disminución de 100 diputados de representación proporcional.

No se puede negar que el número de legisladores ha provocado una falta de organización adecuada, el entorpecimiento de acuerdos y consensos a interior de los grupos parlamentarios y de las Cámaras, lo que ha originado rezago y lentitud en el trabajo legislativo, provocando que el Congreso no asuma con mayor eficiencia sus funciones.

No hay duda, resulta conveniente mantener el sistema electoral mixto. Es decir, de mayoría como de representación proporcional, pero haciéndolo un sistema útil y eficiente.

Por lo que en este sentido se propone disminuir 100 diputados de representación proporcional, para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión quede integrada con 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional.

Con esta propuesta se lograría favorecer la expresión de las corrientes ideológicas con auténtica representatividad; evitar la fragmentación o pulverización de la integración de la Cámara; disminuir la posibilidad de que se integren mayorías precarias o mayorías de minorías sin cohesión dentro de la Cámara de Diputados; reducir el carácter conflictual u obstruccionista dentro de dicha Cámara.

Lo que se busca es garantizar la gobernabilidad, entendida como la presencia de mayorías más estables, y que la representatividad no conduzca a la pulverización y obstaculización de mayorías claras en el parlamento, necesarias para traducir acuerdos en la construcción de bienes públicos.

Segundo. Establecer una auténtica representatividad en la conformación de la Cámara de Diputados, a fin de evitar la fragmentación o la pulverización en su integración. Para ello se propone aumentar el porcentaje mínimo del 2 por ciento al 5 por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales que se requieren, para que pueda tener derecho un partido político a que se le atribuyan diputados por ese principio.

Tercero. Se propone adelantar la fecha de toma de posesión del cargo de presidente de la república al 1 de octubre. Como se sabe, la protesta marca el inicio legal del mandato presidencial, determina el momento en que comienza la responsabilidad jurídica del presidente y fija el inicio de las inmunidades que constitucionalmente le asisten.

La actual fecha resulta inadecuada con respecto a la presentación y discusión del llamado paquete económico en los casos en que inicia su encargo el presidente de la república, ya que el marco vigente establece que la presentación de los proyectos de ingresos y presupuestos de egresos deben hacerse a más tardar el 15 de diciembre.

Por tanto, debe buscarse un esquema oportuno de tiempos para que el Ejecutivo pueda elaborar de manera objetiva el paquete económico y que el Congreso realice un examen minucioso, sereno y responsable de dicho paquete al inicio del sexenio.

Cuarto. Establecer la facultad del Ejecutivo federal para presentar iniciativas de trámite legislativo preferente, a fin de que el Congreso en un término perentorio esté obligado a dictaminar, y en el caso de no hacerlo, se tenga por aprobada la iniciativa enviada por el presidente de la república.

Concluyo, compañeras y compañeros diputados. Todas y cada una de las propuestas expuestas transitan en la búsqueda de perfeccionar nuestras instituciones, lograr la transformación y edificación de nuestro régimen político para arribar a la consolidación de una democracia útil, eficiente y de resultados; en resumen, de una democracia fundada en el constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Pilar Ortega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia informa que se encuentra con nosotros en el salón de plenos, el grupo Intercambio Académico del Cedive, de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, y asimismo, estudiantes de la Universidad del Distrito Federal. Les damos la más cordial bienvenida.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Gildardo Guerrero, para presentar iniciativa que reforma el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a nombre propio y de los diputados Héctor Larios Córdova, María del Pilar Ortega Martínez, Gustavo Parra, Cruz Pérez Cuellar, Laura Rojas Hernández y Alberto Vázquez Martínez, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a exponer la presente iniciativa, misma de la que, por la brevedad del tiempo, sólo haré una presentación general, por lo que pido a la Presidencia que la mencionada propuesta se inserte íntegra en el Diario de Debates.

Reiteramos que la reforma del Estado se debe centrar en la construcción y consolidación de nuestra democracia. Convencidos de que el sistema más eficaz para generar bienestar social es el propio, que la consolidación democrática exige necesariamente poderes políticos fuertes y ello implica una acción firme en el fortalecimiento de nuestras instituciones, dentro de las mismas.

Hoy en día se discuten las alternativas hacia donde han de encaminarse los cambios institucionales. Bien hacia un sistema parlamentario o presidencial o matizado en un semi-parlamentario o semi-presidencial.

Sin embargo, para nosotros lo importante es establecer un régimen político presidencial, donde las reglas de la acción política garanticen un nuevo equilibrio o, si se quiere llamar, reequilibrio en la racionalización del poder, en donde se aseguren los pesos y los contrapesos para su ejercicio.

Por lo tanto y sumado a lo expuesto por mi compañera diputad Pilar Ortega, es que proponemos:

Primero. Dentro de la nueva composición del Congreso de la Unión, además de la disminución de 100 diputados de representación proporcional que ya se expuso, se plantea disminuir los 32 senadores de representación proporcional por lista nacional.

Luego entonces, se plantea que la Cámara de Senadores quede integrada no por 128 senadores sino únicamente por 96. Dos electos por el principio de mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría.

Es así que con esta propuesta de eliminar a los senadores plurinominales se retorna y se fortalece la tesis de que el Senado es el garante del federalismo, pues la existencia de un listado nacional puede quedar cargada a favor de una entidad federativa en relación con las demás, rompiendo con la representación paritaria de las mismas.

Segundo. Determinar el procedimiento a seguir cuando no se haya aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y dé inicio al ejercicio fiscal correspondiente.

Como es del conocimiento, por reforma al artículo 74 constitucional publicado el 30 de julio del 2004, se establecieron diversas disposiciones, entre ellas la obligación de entregar al Congreso, con mayor anticipación, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, para que esto se realice a más tardar el día 8 de septiembre, en lugar del 15 de noviembre y que la obligación de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto sea a más tardar el 15 de noviembre, con lo que se determina por primera vez una fecha límite para ello.

Ahora bien, si bien se dio un avance significativo con la reforma al buscar dar certidumbre al proceso presupuestario, no obstante, se estima que el nuevo diseño constitucional no resolvió el fondo del problema en cuanto a qué pasaría si, de llegar la fecha perentoria, no se aprueba. Ésta es la misma preocupación que hoy existe al respecto, de llegar el 1 de enero del año siguiente y no estuviera aprobado la Ley de Ingresos y/o el Presupuesto de Egresos.

Una disposición constitucional que resuelva este supuesto es necesaria a fin de evitar la incertidumbre que podría generarse, ya que al iniciar un año determinado sin una Ley de Ingresos, según han opinado algunos expertos en derecho, los particulares no estarían obligados a pagar los impuestos que conforme a las leyes respectivas deberían cubrir.

En consecuencia, se propone determinar el procedimiento a seguir cuando no se haya aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y dé inicio el ejercicio fiscal correspondiente, bajo el siguiente método.

Que si al inicio del año no se encontraran aprobados la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos de la Federación, o ambos, continuará vigente la ley o el presupuesto aprobado para el año anterior, en tanto se apruebe la ley o el decreto para el año correspondiente por parte del Congreso o de la Cámara de Diputados, según sea el caso.

Tercero. Facultad con responsabilidad del Congreso o de la Cámara de Diputados para realizar modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación. En la doctrina se discutió ampliamente si la Cámara contaba formalmente con la atribución para modificar el proyecto de presupuesto, en virtud de que el artículo 74 no contempla expresamente que dicha Cámara estaba facultada para hacer modificaciones.

Por nuestra parte, si bien se compartió el reconocimiento de la Cámara de Diputados para hacer modificaciones al Presupuesto de Egresos, se estima que la reforma en los términos en que quedó resultó poco afortunada, ya que no se establecieron fórmulas de responsabilidad que debería observar el Congreso o la Cámara de Diputados. Es así que la redacción aprobada puede llevarnos al eventual extremo de tensiones económicas o políticas.

Cuarto. Eliminar cualquier partida de gasto cuyo ejercicio no pueda ser fiscalizado —partidas secretas—. En un sistema constitucional, republicano y democrático como el que se ha instaurado en México no deben existir partidas secretas para ningún concepto ni funcionario, pues ello establece reglas de excepción en el gasto público sobre el cual no existe control.

Quinto. Eliminar el adjetivo de supremo con el que se denomina al Ejecutivo federal en el artículo 80 de la Constitución. Como sabemos, la centralidad y la preeminencia del Poder Ejecutivo como supremo en nuestro sistema político no existe ni debe existir más, a pesar de los nostálgicos autoritarios, posición del gran tlatoani o de la dictadura unipersonal. Por lo tanto, la propuesta de reforma que plantea se inspira en desterrar de la constitución ese resabio del presidencialismo.

Sexto y penúltimo, Presidente. Se plantea establecer las bases constitucionales para la regulación adecuada de los grupos parlamentarios de las Cámaras del Congreso, a fin de establecer un régimen de obligaciones, transparencia, administración y de rendición de cuentas.

Séptimo. Eliminar la facultad del presidente de la república para resolver sobre el cierre de sesiones ordinarias del Congreso de manera anticipada ante la falta de acuerdo de las Cámaras.

Finalmente, compañeras y compañeros diputados, todas y cada una de estas propuestas, también son el complemento a iniciativas que los legisladores del PAN han venido presentando en esta Legislatura, tales como la reelección consecutiva de legisladores, el cambio de fecha de Informe Presidencial para que se realice el primer día del segundo periodo de sesiones, el cambio del formato del Informe Presidencial, la limitación o acotación del llamado fueron constitucional, la creación de un efectivo, sólido e independiente órgano de fiscalización, cuya actuación esté fuera de toda politización, un nuevo esquema para la autorización de permisos al presidente para ausentarse del país.

Termino diciendo que hoy más que nunca debemos pugnar por fortalecer la división de las funciones y por distinguir las facultades de los mismos, sin perder de vista su función de contrapeso mutuo. De esta forma, se asegura la eficaz marcha del estado democrático y de derecho.

Luego entonces, para la existencia de este tipo de Estado es necesaria la existencia de instrumentos adecuados de control del poder y fortalecer nuestro sistema político en el camino de una democracia útil y de resultados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Guerrero. Insértese íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Lilia Guadalupe Merodio para que, a nombre de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, presente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y 6 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos.

La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, Presidente. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un inciso al artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, a nombre de la diputada Yari del Carmen, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, y que suscribimos las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Honorable asamblea. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Nada dignifica más a una sociedad que la defensa de los derechos de sus integrantes más vulnerables: los niños y las niñas.

Por largo tiempo el tema de la violencia física y sicológica del maltrato, del acoso y la violación sexual a menores y adolescentes fue un tema tabú en nuestra sociedad, y por consiguiente, en nuestra legislación.

Afortunadamente, en los últimos años la tendencia mundial a la que México se ha adherido, viene dando pasos firmes y cambios trascendentales para la protección de menores y adolescentes.

Lamentablemente el drama de nuestras niñas y niños se origina en sus ambientes más cercanos: el seno de la familia, la escuela y la comunidad. Es por ello que estamos obligados a crear los mecanismos necesarios y suficientes para que puedan ejercer sus derechos.

Con esta iniciativa se pretende no sólo crear un sistema telefónico de denuncia infantil, que atienda las necesidades inmediatas de los pequeños denunciantes sino que además se pretende atender con este mecanismo a la fase preventiva, y desde luego, fomentar desde edades tempranas la cultura de la denuncia, de la legalidad y de la responsabilidad.

No podemos negar, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que un sistema de esta magnitud requerirá de medidas precisas para salvaguardar y proteger en todo momento la integridad física de los menores.

Será necesario implantar un sistema operativo ágil y oportuno, que deberá comenzar con un número telefónico de dos dígitos, y culminar con la investigación expedita para evitar que los menores sigan siendo víctimas de abusos.

En materia de protección, ejercicio y garantía de los derechos de los menores, falta mucho por hacer. Hay muchos retos pendientes. Es necesario que permee en la sociedad una nueva cultura, una nueva mirada, una nueva y mejor comprensión.

Hace falta que el Estado se profesionalice, se formule estadística verdadera. Para ello es necesario crear un sistema verdadero de denuncia infantil, donde la voz de quienes por su condición son los más débiles de la sociedad, y pueda ser escuchada.

Nadie mejor que ellos pueden decir qué pasa al interior de su casa, de su escuela y de su barrio. Nadie mejor que ellas y ellos saben quiénes son sus victimarios, y desde luego, nadie mejor que el Estado para escucharlos, protegerlos y hacer efectivos sus derechos. De ahí que se propone adicionar un inciso k) al artículo 49 de la Ley para los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; reformar la fracción II, y adicionar un inciso c), al artículo 6o. de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, para que se implemente un sistema telefónico de denuncia infantil, al que puedan acceder fácil y de manera segura los menores de edad.

Señor Presidente, pido que esta iniciativa se integre en su totalidad en el Diario de los Debates. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Merodio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos.

Esta Presidencia informa que se retira del orden del día la iniciativa que presenta la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, que reforma los artículos 9o., 17, 25 y 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se pospone la iniciativa presentada por el diputado David Figueroa Ortega, del grupo parlamentario del PAN.

Considerando el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política y aprobado por esta Mesa Directiva, pasamos ahora, después de las dos horas de discusión de dictámenes, al siguiente punto del orden del día que es dictámenes de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Salud

Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación.

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Vivienda

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 71 de la Ley de Vivienda.

De la Comisión de Gobernación

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Enrique Acosta Bello y Felipe Flores Herrera puedan presentar servicios en la embajada de Uruguay, en México, y en la delegación de la Comisión Europea, en México, respectivamente.

Con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Alberto Pérez Guerrero, Ana Priscila Ortiz Gutiérrez, Brenda Abril Zamarrón Saldaña, Lilia Elena Reyes Núñez y Rocío Rojas Herrera puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en el consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En virtud de que se han publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Quedan de primera lectura.

Esta Presidencia informa que se recibió de la Comisión de Gobernación un oficio. Pido a la Secretaría dé lectura al mismo.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de octubre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente. Con fundamento en los artículos 21 y 22 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a usted, de la manera más atenta, que el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 y adiciona el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, remitido a la Mesa Directiva el día 2 de octubre, tenga dispensa de trámites y sea discutido, votado y, en su caso, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del jueves 4 de octubre.

Sin más por el momento, con un saludo, atentamente, diputado Diódoro Carrasco Altamirano, presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen, de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, consulte la Secretaría a la asamblea, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea, si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, por la comisión, tiene la palabra el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior.

Esta Presidencia informa que se encuentra con nosotros una delegación de funcionarios del gobierno de Sudáfrica, quienes pertenecen a la Coordinación de Servicio Público de Contratación Laboral, que representa Sindicatos y Patrones, del gobierno de Sudáfrica. Le damos una cordial bienvenida.

El diputado Alfonso Izquierdo Bustamante. Con su permiso, señor Presidente. La Comisión de Gobernación, envía a este pleno un dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Los elementos que conforman el dictamen, están orientados en reconocer en la historia el formidable instrumento que forja la conciencia de los pueblos. La historia nacional debe de seguir continuando como eje promotor de las conciencias de los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas.

Así, reformamos el artículo décimo, precisamente en el proyecto de dictamen, que se refiere al 24 de febrero como Día de la Bandera Nacional. Fue precisamente el 24 de febrero de 1821, allá en el estado de Guerrero, en Iguala, el momento en que se conjugaron elementos de símbolos que definieron la primera bandera nacional, que fue precisamente enrutada en la conciencia de nuestro pueblo y en la conciencia de sus causas.

Conjuga la reforma al artículo 18 y al 15, con respecto a que deberá de izarse la bandera nacional en todas las fechas y conmemoraciones que fija precisamente esta ley. Recurrir en ese sentido además a impulsar la difusión a través de los medios de comunicación, precisamente para alentar una educación cívica.

La reforma también promueve el que el 22 de octubre, surgido precisamente de constitución del Ejército Insurgente Libertador, allá en Acámbaro, Guanajuato, que es el momento que conjuga en 1810, el forjado del primer rostro del Ejército Nacional, surgido precisamente de las entrañas del pueblo mexicano.

Es por ello, que la Comisión resolvió votarlo por unanimidad y presentarlo a este pleno para su aprobación.

Seguro y cierto de que los diputados federales integrantes de esta LX Legislatura alentamos los valores patrios que representan en el sentido de la identidad nacional, esperamos su voto a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Izquierdo. En consecuencia está a discusión en lo general.

Se han registrado para fijar las posiciones de sus grupos parlamentarios los siguientes diputados: el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Martín Malagón Ríos, por parte del Partido Acción Nacional.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, vengo a exhortar a mis compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a votar a favor de este dictamen, toda vez que el espíritu mismo es el de reconocer la importancia que tiene el lábaro patrio como insignia de nuestra nación.

No hay que perder de vista que el 24 de febrero se estableció como Día de la Bandera desde el año de 1934, en que se llevaron a cabo las actividades y realizaciones que honraron al lábaro patrio, y fue precisamente por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas del Río que en 1940 se instituye la celebración solemne del Día de la Bandera.

Asimismo, en este dictamen se está reconociendo un momento histórico fundamental en la constitución de la América mexicana, del México libre que soñó Miguel Hidalgo y Costilla. Fue precisamente ese día, el 22 de octubre de 1810, cuando al llegar al poblado de Acámbaro, las huestes rebeldes decretan y declaran a don Miguel Hidalgo y Costilla como generalísimo del Ejército Libertador de la América Septentrional, al igual que a Ignacio Allende como capital general; a Juan Aldama, Mariano Jiménez, a don Joaquín Arias y a don Mariano Balleza, como tenientes generales; y a Mariano Abasolo como mariscal de campo.

Coincido con quien me antecedió en el uso de la palabra al argumentar a favor de este dictamen, al considerar que el 22 de octubre de 1810 constituye fecha emblemática de la creación del Primer Ejército del México Independiente. Por ambas razones, exhortamos a nuestras compañeras y nuestros compañeros, a votar a favor de este dictamen, como lo haremos en el Grupo Parlamentario del PRD.

Este voto es a favor de la patria, a favor de los símbolos que nos aglutinan como mexicanos y a favor de un ejército que surge del pueblo, para servir al pueblo en sus mejores causas. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Suárez del Real. Tiene ahora la palabra el diputado Martín Malagón Ríos, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Martín Malagón Ríos: Con su venía, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Martín Malagón Ríos: Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a nombre propio y de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a refrendar un compromiso histórico con los héroes que a lo largo de la historia han cimentado las bases para consolidar la democracia que tenemos hoy en día en nuestro México.

El presente dictamen, que pretende adicionar la fecha del 22 de octubre, aniversario de la constitución del Ejército Insurgente Libertador de 1810 al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, no hace más que enaltecer un momento crucial en la historia de nuestra lucha de Independencia que no podemos olvidar.

A casi 200 años de este suceso histórico que marcó la vida y el futuro de nuestro país, gracias al espíritu patriótico, la esperanza y la voluntad de la nación para liberarse de la dominación extranjera, hoy gozamos de una cabal independencia que nos hace recoger las consecuencias mismas de nuestras decisiones.

Como legislador guanajuatense es un honor y muestra de gran orgullo subir a esta tribuna y apoyar este dictamen que nos habla de la historia viva. Todos sabemos cómo los jefes insurgentes acordaron dar a sus tropas la forma de un ejército en la plaza principal de Acámbaro, Guanajuato el 22 de octubre de 1810.

A partir de esta fecha, 80 mil hombres organizaron, pasaron a formar parte del Ejército Insurgente, dando con esto punta de lanza para encabezar hacia una batalla que no cesaría hasta ver libre la soberanía de la nación.

Resulta emotivo recordar cómo en aquél 22 de octubre los grupos revolucionarios, ya debilitados y sin un compás de acción establecido, llegaron al poblado de Acámbaro. En esta localidad los insurgentes que no desistirían hasta encontrar la independencia de nuestra nación, decidieron reorganizar las tropas y nombraron a don Miguel Hidalgo, por aclamación popular, generalísimo del Ejército Libertador de la América Septentrional; a Ignacio Allende como capitán general; a Juan Aldama, Mariano Jiménez, Joaquín Arias y Mariano Balleza, como tenientes generales y a Mariano Abasolo como mariscal de campo.

Luego de esta reorganización, los insurgentes continuaron su camino hacia la capital de la Nueva España, con la firme intención de no perder más sino que hasta sus vidas, para darle vida propia a esta nación.

Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y como un orgulloso guanajuatense, subrayo como adecuada y necesaria la adición de la fecha 22 de octubre, aniversario de la constitución del Ejército Insurgente Libertador en 1810, como uno de los hechos históricos fundamentales en el inicio del movimiento de la independencia nacional.

Es de todos reconocido que, sin duda, la lucha del Ejército Insurgente, la Independencia de nuestro país, difícilmente se hubiera consolidado en la forma en cómo lo hizo. Y motivo de orgullo también es reconocer y valorar que, gracias a aquella contribución histórica, nuestras Fuerzas Armadas encargadas de proteger y resguardar la soberanía nacional no hubiesen cimentado sus bases para su formación y funcionamiento que nos resguardan y protegen a millones de mexicanos hoy en día.

El dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, ante este pleno, es muestra fiel de la búsqueda constante de identidad que no debemos permitirnos perder como mexicanos. En Acción Nacional hemos sido históricamente congruentes en el agradecimiento, estudio, recuerdo y valoración de los héroes que en algún momento histórico han brindado la vida para consolidar la nación que hoy tenemos.

Subrayamos también que resulta una fecha propicia que permitirá una reflexión histórica, más en el marco de los festejos del bicentenario del año 2010, celebraciones que habrán de valorar nuestro sentido de libertad y de identidad cultural, afirmando los valores de unidad, patriotismo y respeto por nuestra historia, generando una amplia y profunda conciencia nacional.

Finalmente, Acción Nacional se pronuncia a favor de que en el Congreso de la Unión recae la responsabilidad de legislar sobre las características y el uso de los símbolos patrios lo que significa que se confía la más alta responsabilidad de la guardia y custodia del Escudo, la Bandera, el Himno Nacionales que representan la esencia de las tradiciones de la nación mexicana.

Concluyo, compañeras diputadas y compañeros diputados. Todas y cada una de las batallas realizadas y que dieron origen a la nación libre y soberana de que hoy gozamos, el deseo de vivir con libertad e igualdad que empujaron a las fuerzas populares a participar en la manifestación culminante para el Virreinato, y las batallas emprendidas con el afán de consolidar el sueño de tener un mejor mañana para nuestros hijos, es algo que como representantes populares no podemos darlos el lujo de ignorar.

Nuestros hijos o los hijos de los nuestros nos lo agradecerán. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Diputados que faltan por votar. Diputada Guillermina López Balbuena.

La diputada Guillermina López Balbuena (desde la curul): Presidenta, mi voto es a favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Manuel Slagado.

El diputado Manuel Salvador Salgado Amador (desde la curul): Diputada Presidenta, igualmente, mi voto es a favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: El diputado Jaime Espejel.

El diputado Jaime Espejel Lazcano (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputada Rosario Ortiz.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón (desde la curul): A favor, diputada Presidenta.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: El diputado Moisés Dagdug.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputada Sonia Noelia Ibarra.

La diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Santiago López.

El diputado Santiago López Becerra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: El diputado Marco Salas.

El diputado Marcos Salas Contreras (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Alejandro Delgado.

El diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Héctor Ramos.

El diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Enrique Iragorri.

El diputado Enrique Iragorri Durán: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Francisco Paredes.

El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Gustavo Caballero.

El diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputada Alma Lilia Munguía.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Lemarroy.

El diputado Juan Darío Lemarroy Martínez: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputada Rasgado.

La diputada Gloria Rasgado Corsi: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputada Soledad López.

La diputada Maria Soledad López Torres: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Flores Grande.

El diputado Arturo Flores Grande: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Elías Cárdenas.

El diputado Elías Cárdenas Márquez: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Diputado Camerino Márquez.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid: A favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Se emitieron 329 votos en pro, ninguno en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 329 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se pide a la Secretaría dar lectura al oficio turnado por la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Palacio Legislativo, 4 de octubre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente.

Nos es muy grato dirigirnos a usted para hacerle una atenta solicitud a efecto de que, con fundamento en el inciso b), del artículo 11, del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, de fecha 26 de septiembre de 2006, se posponga por siete días hábiles la segunda lectura y discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 8, y deroga el inciso a), del artículo 5, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente. Firma la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se retira.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Continúe, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Equidad y Género para exhortar a los legisladores de todo el país a que suscriban el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. Para presentar posicionamiento de los grupos parlamentarios. Se han inscrito en este punto la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del PRI y la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, diputados, por disposición constitucional la mujer y el hombre son iguales ante la ley, lo que indica que se debe dar la plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural. Y, por lo mismo, debemos erradicar de nuestra sociedad todas las formas de discriminación hacia el sexo femenino.

A pesar de que México ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y la obligación de prevenir y sancionar todas las formas de violencia hacia las mujeres, una de las responsabilidades inmediatas del Estado es prevenir y sancionar la violencia cometida por sus agentes. Sin embargo, las estadísticas ponen de manifiesto que las autoridades mexicanas siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar que estos abusos no queden impunes.

El Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace más de ocho décadas. En todo el mundo se han hecho esfuerzos para alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo entre hombres y mujeres. Más allá de fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, a las mujeres se les debe dar un trato igualitario con respecto al hombre.

No debemos olvidar que a las mujeres no sólo les corresponde la mayoría de las obligaciones en el hogar, sino acaso más: les pertenecen todos los derechos matrimoniales, laborales, económicos y sociales que en muchos de los casos se les hacen nugatorios.

Lo provisto en nuestra Carta Magna sería letra muerta si no se impulsan pactos como el que se propone con el punto de acuerdo que hoy se dictamina. La voluntad política debe aflorar, porque sin ella no se puede avanzar hacia la construcción del campo para propiciar la igualdad entre mujeres y hombres para que ellas gocen de los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a un trabajo y vivienda digna, a una vida libre de violencia, a los espacios que representan nacionalmente y que toman decisiones en todos los aspectos de la vida, tal y como lo propone la comisión dictaminadora. Por ello, en Nueva Alianza nos sentimos muy orgullosos de la comisión y de su dictamen. Por eso votaremos a favor de esta resolución. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Al contrario. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Patricia Villanueva Abraján: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Patricia Villanueva Abraján: Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy acudo a esta tribuna para apoyar y solicitar su voto a favor respecto del dictamen que llama a los legisladores de todo el país a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos parece que esta propuesta ratifica el compromiso de toda la sociedad para traducir la multiplicidad de acuerdos y convenios internacionales en las leyes necesarias, que permitan avanzar más rápido en la equidad entre géneros.

Esta posición no es unipartidista. Afortunadamente trasciende la conciencia de todos los grupos partidistas y se ubica como uno de los temas que gozan del mayor consenso social y que permitirán definir una sociedad verdaderamente igualitaria, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No podemos aspirar transitar hacia el futuro si no sentamos los fundamentos para que los derechos individuales y colectivos, que conforman una nación democrática, participativa, tolerante, justa e igualitaria, sean una realidad que trascienda el espíritu del derecho hacia las condiciones que aún limitan el ejercicio cabal de las garantías que deben gozar las mujeres.

Las relaciones humanas, basadas en principios de igualdad, constituyen un factor crucial para el desarrollo sostenible, principalmente en los aspectos en los que las desigualdades son más acentuadas, como son el empleo, las actividades económicas, el acceso a cargos públicos, la educación, la salud y la erradicación de la violencia, así como la marginación y la discriminación.

Es indudable que en este capítulo se hayan hecho grandes progresos. La igualdad de género se hace patente cada vez con mayor frecuencia y forma parte del diálogo con muchas más fuerzas entre las autoridades y la sociedad civil.

Hoy, gracias a estos avances se facilitan los consensos en torno a la organización de proyectos, de programas y políticas públicas que ponderen la igualdad de género y beneficien la inclusión de las mujeres en todos los aspectos de la vida cotidiana.

No obstante lo anterior, aún sigue siendo necesaria la conjugación de esfuerzos y la orientación de las acciones específicas para abatir la pobreza, el rezago cultural y la marginación de las cuales son víctimas aún millones de mujeres en nuestro país.

Es necesario crear nuevas estrategias nacionales para la reducción de la pobreza y ampliar y definir, en su caso, los factores que generen y que incluyan conceptos de nuevos aspectos en la desigualdad entre hombres y mujeres, además de que es necesario que se fomente y se beneficie con recursos financieros y se oriente la coordinación de acciones afirmativas para lograr su reducción y combatir el crecimiento de la desigualdad.

La coordinación a nivel nacional y local, juega un papel preponderante en la elaboración de los presupuestos a escala nacional y local. Para ello habrá que fijar nuevas prioridades en materia de gasto, reorientar los programas en los sectores con el fin de garantizar la igualdad de género y controlar los ingresos y el gasto público.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es claro que en la actualidad la mujer mexicana tiene un papel central en el proceso social del desarrollo humano sustentable.

Hago un llamado firme para que nuestra solidaridad se traduzca en la aprobación de este punto de acuerdo y para que en los meses de trabajo que tiene por delante esta Legislatura, más allá de las naturales diferencias partidistas y políticas propias de la diversidad social de México, nos una el propósito común de dejar bases firmes para la sociedad igualitaria y democrática en la que nos hemos comprometido las mexicanas y los mexicanos.

Que este punto de acuerdo sea votado por unanimidad. Muchas gracias, señor Presidente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Patricia Villanueva Abraján. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración de esta soberanía la aprobación de un punto de acuerdo en relación con el Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007.

La firma de este documento tuvo lugar el pasado 5 de marzo, en las instalaciones de esta Cámara de Diputados, y constituyó una suma de voluntades políticas para hacer énfasis en que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental y constituye la piedra angular de una sociedad democrática que aspira a la paz, a la justicia social y al respeto de los derechos humanos.

El pacto fue suscrito por legisladoras y legisladores federales, incluidos algunos coordinadores de nuestros grupos parlamentarios. Además, las integrantes de esta comisión nos hemos dado a la tarea de visitar algunas entidades federativas para conminarlos a que se sumen a este importante documento.

La firma de pactos es una práctica política que ha contribuido a dignificar y a enriquecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y a crear una cultura de reconocimiento y respeto a la diversidad, práctica que ha dado frutos a través de la firma de instrumentos internacionales que consagran derechos de las mujeres.

Este pacto es una apuesta por la igualdad y constituye un esfuerzo conjunto de diversos actores que asumiremos el compromiso de realizar acciones para armonizar la legislación federal y local, en materia de presupuestos con perspectiva de género, para legislar con el derecho a la salud integral de las mujeres, a vigilar la aplicación de la Ley General para la Igualdad ente Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dotando a esos ordenamientos de los recursos necesarios. Todo ello a la luz de nuestra Constitución Política y de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.

De ahí que la Comisión de Equidad y Género considera necesario exhortar a todas y a todos los legisladores de este país, a efecto de que signen ese documento, ya que sin voluntad política son más difíciles los avances, pero no imposibles de lograr.

Por eso hago un respetuoso llamado a todas y todos ustedes para que aprueben esta proposición.

Compañeras y compañeros, al asumir el compromiso de firmar el pacto estaremos comprometidas y comprometidos para impulsar los presupuestos con perspectiva de género que contemplen programas de apoyo a las mujeres y promuevan la equidad de género.

Asimismo, a impulsar en el ámbito de las esferas de competencias, la incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en el gasto público a través de propuestas con programas de gasto etiquetado en los proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación o de los estados.

Esta apuesta por la igualdad es para lograr un avance en el reconocimiento y respeto de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres.

Por ello, les hacemos un llamado desde la Comisión de Equidad y Género para que construyamos un modelo económico y político que propicie la igualdad entre mujeres y hombres a partir del combate a la pobreza, que genere las condiciones para que las mujeres gocemos plenamente de los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a un trabajo y vivienda digna, a un medio ambiente sano, a una vida libre de violencia, a un acceso pronto y expedito a los sistemas de justicia, al uso, disfrute y aprovechamiento de los recursos en la sociedad, así como acceso a los espacios de representación nacional y toma de decisiones en todos los aspectos de la vida.

En conclusión, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, les hacemos la invitación para que apoyen este Pacto por la Igualdad. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar. Tiene el uso de la palabra la diputada Nelly Hurtado Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez: Con su venia, diputada Presidenta. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos a favor del presente dictamen bajo las siguientes

Consideraciones

La firma del Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene como objetivo principal que la mujer pueda ejercer plenamente sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales.

Este pacto garantiza e impulsa la designación de recursos suficientes para lograr una política transversal en materia de equidad de género.

Lo anterior representa un compromiso de los firmantes para que se institucionalice la perspectiva de género de los tres Poderes, así como en cada uno de sus niveles.

El pacto en comento, nos impulsa a vigilar el cumplimiento de las leyes generales que permitan la igualdad entre las mujeres y los hombres, pero sobre todo, busca lograr para cada mujer de este país una vida libre de violencia. La firma de este acuerdo nos dignifica y enriquece a todos los mexicanos y permitirá, de manera concreta, la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.

Quiero ser breve y agradecer a todos aquellos compañeros que decidan firmar este pacto, en especial a los compañeros diputados que con madurez y conciencia impulsan nuestra participación, porque creen en nuestras capacidades y fortalezas.

Pido el voto, a favor, de todos los presentes, para que este punto de acuerdo sea aprobado y que este pacto sea una muestra de que los hombres y las mujeres de este país queremos construir una nación con equidad e igualdad. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Nelly Hurtado Pérez. Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaría diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese. Continué la Secretaría por favor.

La Secretaria diputad María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Salud, para exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya a la Secretaría de Salud implemente programas y acciones para hacer frente al problema de desnutrición infantil en las comunidades rurales indígenas y grupos vulnerables del país.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. Se han inscrito para este propósito, la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y el diputado Wenceslao Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra, la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La familia es la base del desarrollo de todas las personas, es en donde aprendemos gran parte de las bases y los principios que guiarán nuestra conducta a lo largo de nuestra vida.

Uno de los problemas que enfrenta la familia mexicana es el de la violencia. Golpes, gritos, maltratos verbales, físicos, que llegan muchas veces a la muerte, desprecio, desconfianza, falta de autoestima.

La situación que viven diariamente millones de mujeres, hombres y niños en el país, con los padecimientos que caracterizan a los más pequeños, en consecuencia tiene otro mal, uno de los más importantes de esos males es la mala alimentación.

Actualmente el 12.7 por ciento de la población menor de cinco años padece desnutrición crónica y con ello el país está fuera de las naciones consideradas como bien alimentadas.

No podemos dejar de mencionar que en las zonas rurales la afectación en el estado nutricional se eleva hasta 20 por ciento en los niños de esa edad. Según diversas investigaciones, las comunidades indígenas tendrán que esperar 65 años más para que mejoren las condiciones nutricionales de sus niños, un tercio de los cuáles presentan ahora deficiencias que los condicionan a tener baja estatura y retraso en su desarrollo intelectual.

La magnitud de este problema y su incidencia, a lo largo de todo el país, ha llevado a la implementación de diversos programas para abatirlo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados, los programas instrumentados siguen mostrando graves limitaciones en materia de planeación, coordinación, operación y capacidad.

Por ello, es necesario que tanto la Secretaría de Salud como la de Desarrollo Social redefinan las estrategias y los programas en la lucha contra la desnutrición infantil. La mala alimentación es la mayor fuente de enfermedades y causa de muerte prematura en la población infantil.

Para Nueva Alianza existe una estrecha vinculación entre alimentación, educación y salud. Puntos que tienen que ver también con la desigualdad, la iniquidad, la pobreza, la violencia.

Por ello, debemos combatir, por todos los frentes, este problema. Nueva Alianza se suma a este dictamen a fin de darle a nuestra niñez mejores condiciones de vida y de desarrollo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Mónica Arriola. Tiene el uso de la palabra el diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac: Con su permiso, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac: Compañeras diputadas y compañeros diputados, para mi fracción, el Partido Revolucionario Institucional, es fundamental seguir en los programas de apoyo a la nutrición de la niñez mexicana, pero de manera especial queremos subrayar la atención a la población indígena.

Los niños de México, los niños indígenas de más de 62 lenguas, tienen prioridad. Y si el gobierno habrá de reforzar estos programas es fundamental que oriente con un programa nacional. Nosotros estamos de acuerdo en apoyar estos programas, siempre y cuando, no seguir importando alimentos del extranjero. Nuestras comunidades son ricas en alimentos, la gran mayoría de nuestras comunidades.

El problema es que gobierno y comunidades puedan, de manera organizada, aprovechar la riqueza de los alimentos, indiscutiblemente, si no hay proteínas, si no hay vitaminas, si no hay minerales o —en conclusión— si no hay una alimentación balanceada que sí es posible lograrla, México, efectivamente —como decía mi compañera que me antecedió en la palabra—, seguirá esperando muchísimos años y no hay ninguna necesidad de esperar muchos años. Es posible lograr la alimentación en nuestras poblaciones indígenas.

Tenemos zona pesquera, comunidades que viven de la pesca. Tenemos comunidades que viven en las sierras en donde hay café y hay humedad, que es posible lograr encontrar una alimentación balanceada. Tenemos aun las zonas áridas. Es posible que con una adecuada ayuda lograr el apoyo para que las comunidades sigan adelante.

Por ello, respaldamos este dictamen, a favor. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Wenceslao Herrera Coyac. Agotada la lista de oradores se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo y se ha inscrito, para este caso, el diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del PRI.

Diputado, permítame. Dieron la declaratoria ya de la mayoría. ¿Dieron la declaratoria de la mayoría? ¿Sí?

El punto anterior queda aprobado con la votación que se dio. Estamos en el siguiente punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De las Comisiones Unidas de Economía y de Desarrollo Social, por el que se solicita a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Desarrollo Social, y a la Secretaría de Turismo, diseñen programas de atención para respaldar la actividad económica de Taxco, y diversas regiones de Guerrero.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto. Se inscribió para este caso el diputado Enrique Serrano Escobar, quien tiene el uso de la palabra, en este momento.

El diputado Enrique Serrano Escobar: Con su permiso, diputada Presidenta.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se ha sumado a esta iniciativa que pretende apoyar el desarrollo económico de una región tradicional de nuestro país representada por el municipio de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero.

Nos hemos sumado a esta propuesta que presenta un diputado, compañero del PRD, considerando que no sólo aquí en este caso, sino en todo el país es necesario impulsar la vocación turística de nuestro país que debería, para estas alturas, ser uno de los principales generadores de ingreso de divisas, y generador de empleo para nuestro país.

Por múltiples razones que podemos conocer todos, nuestro país no ha logrado consolidarse como un destino turístico importante en el mundo. Y consideramos nosotros que esta vocación turística debe ser el elemento principal que promueva el desarrollo económico de nuestro país en el futuro, mucho más allá de las remesas y mucho más allá de los ingresos petroleros.

Esta región y este municipio, en especial Taxco de Alarcón, requiere del apoyo federal, y por eso es que hacemos el exhorto conjuntamente con quien presenta la iniciativa al gobierno federal para que implemente los programas necesarios que detonen, que promuevan, que fortalezcan la actividad turística en este importante centro y la actividad minera, que van de la mano, y que es un municipio del cual como mexicanos nos sentimos orgullosos.

Así es que por eso, compañeros diputados, el Partido Revolucionario Institucional está a favor de esta iniciativa y de todas aquellas que promuevan el desarrollo económico de nuestro país.

Hemos trabajado intensamente en la reforma hacendaria, en otras reformas, pero no vemos el esfuerzo suficiente en nuestro país para promover el desarrollo económico. Tenemos que presionar más al gobierno federal para que tome ese liderazgo en la promoción del desarrollo económico de nuestro país. De ahí se derivarán mayores impuestos, mayores beneficios, mayor empleo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Economía, para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas que no se han integrado al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Está a discusión el punto de acuerdo y se ha inscrito para posicionar este punto de acuerdo el diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del PRI. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra, diputado Enrique Serrano Escobar.

El diputado Enrique Serrano Escobar: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 6 de marzo del presente año, el presidente de la república dio a conocer el Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, para otorgar mayor seguridad jurídica a los mexicanos en cuanto a sus propiedades y bienes, haciendo más expeditos los trámites ante estas instancias regístrales de las entidades federativas.

El Programa de Modernización pretende la salvaguarda del patrimonio de las familias, siempre y cuando las entidades federativas estén incorporadas en él, dotándolas de una plataforma jurídica y tecnológica homogénea con los recursos presupuestales necesarios, facilitando el desarrollo económico del país.

Debido a que la facultad de operar los registros públicos de la propiedad, como ustedes saben, es competencia de las entidades federativas, resulta procedente la aprobación del punto de acuerdo que hoy nos presenta la Comisión de Economía, con la opinión favorable de la Comisión de Vivienda de esta Cámara.

Nuestra responsabilidad es de coadyuvar para que los tres ámbitos de gobierno atiendan las peticiones más sentidas de la sociedad y ésta es una de ellas, porque tiene que ver con la certidumbre que se le otorga a los ciudadanos no sólo en cuanto al registrar sus bienes o patrimonio, sino en relación al reconocimiento de diversas operaciones, actividades empresariales y comerciales con los efectos jurídicos que implica el ser de carácter público.

Por lo antes expuesto, los convoco, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a que aprobemos este punto de acuerdo en los términos en que se nos ha presentado. Contribuyamos a dar mayor seguridad jurídica y certidumbre a todos los mexicanos mediante la consolidación de las instituciones regístrales de las entidades federativas, haciéndolas más modernas y eficientes.

A nombre de nuestra fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional expreso nuestro parecer para que se apoye esta iniciativa. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Enrique Serrano Escobar. No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido el punto y se pide a la Secretaría, en votación económica, preguntar si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Seguridad Pública, relativo a los instrumentos de coordinación y comunicación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en materia de seguridad pública.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo y se ha inscrito para posicionar respecto a él, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Tiene el uso de la palabra el diputado.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. El Partido Nueva Alianza agradece que todas las fracciones parlamentarias representada en el seno de la Comisión de Seguridad Pública hayan expresado su punto a favor, su apoyo a este punto de acuerdo que presentó el suscrito para que los mecanismos de comunicación y de operación a implementar e implementando el gobierno federal fluyan, sean eficaces, sean eficientes y sean efectivos y no sean causa de incomunicación o indebidas interpretaciones de estas autoridades en cualquiera de los tres órdenes de gobierno las que posibiliten el crimen organizado y los delincuentes avancen en sus cometidos.

Los antecedentes de este punto están basados en la conferencia del 21 de enero pasado, en la que los titulares de las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina y Procuraduría General de la República se comprometieron a presentar a los mexicanos un programa de trabajo sobre la materia.

Los datos aportados durante la citada conferencia no reflejan ninguna mención de acciones conjuntas o coordinadas con las autoridades locales competentes en materia de seguridad pública de las regiones involucradas y de mayor incidencia en delitos de alto impacto o cometidos por la delincuencia organizada.

Ésa es la razón por la que la Comisión de Seguridad Pública hoy estimó aprobar, apoyar y traer a este pleno a su consideración el presente punto de acuerdo.

Primero. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República a revisar, fortalecer y eficientar los instrumentos de coordinación y comunicación en las acciones implantadas por la federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en materia de seguridad pública.

Segundo. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su plena disposición para coadyuvar con las dependencias del Poder Ejecutivo federal en el marco de sus facultades constitucionales en la lucha integral y permanente contra la delincuencia, con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad pública y respeto al estado de derecho en todo el país.

Compañeras y compañeros legisladores: solicitamos su apoyo para que este punto de acuerdo sea aprobado en sentido positivo y abonemos a la eficiencia, a la eficacia contra la delincuencia organizada. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Cárdenas Fonseca. En virtud de que no hay más oradores registrados, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Seguridad Pública para exhortar al Ejecutivo federal entregue, a través de las secretarías de Seguridad Pública, de Salud y de Educación Pública, un informe detallado sobre los avances en los programas para combatir la violencia familiar.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. Se ha inscrito para este caso la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; por tanto, tiene el uso de la palabra la diputada, por favor.

La diputada Mónica Tzasna Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza apoya este dictamen que tiene como fin solicitar a diversas secretarías para que informen a la Cámara de Diputados sobre los avances en los programas para combatir la violencia familiar y la manera en que se están aplicando las normas oficiales referentes a este tema.

Porque no podemos permitir el cansarnos de repetir que la educación es la herramienta que puede conducirnos a relaciones familiares cimentadas en la cooperación, la tolerancia, la comunicación, pero sobre todo, en el respeto de todos y cada uno de los integrantes de la familia.

¿Cómo romper este círculo si desde edades tempranas aprendemos que la violencia es la manera de resolver los conflictos y las carencias del hogar? Nueva Alianza cree firmemente que es con educación. Por eso estamos a favor del dictamen. Muchísimas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se han registrado más oradores, se considera suficientemente discutido el punto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Comuníquese. Proceda la Secretaría a leer el comunicado de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Acuerdo por el que la Junta de Coordinación Política se pronuncia respecto del informe final de la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina de Carbón de Pasta de Conchos, de Nueva Rosita, Coahuila.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 33, y 34 numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que en fecha 3 de octubre del presente año se recibió oficio del diputado Jericó Abramo Masso, presidente de la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos, por el que solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva agendar la presentación y entrega al pleno del informe final de dicha comisión.

Segundo. Que es interés de los grupos parlamentarios integrantes de este órgano de gobierno atender las peticiones de los familiares de las víctimas acaecidas en la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila.

Con base en los considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 33, y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de que se realice el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos.

Segundo. Se solicita que las Comisiones de Trabajo, de Seguridad Social, y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados reciban a una comisión integrada por familiares de las víctimas, con la finalidad de que sean escuchados los hechos que muestran la viabilidad del rescate.

Tercero. Que una comisión de tres diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI, acompañen a los familiares a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Ejecutivo federal, a efecto de poder ser recibidas por su titilar, el secretario Javier Lozano Alarcón.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre de 2007. Suscriben todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Comuníquese. Continúe la Secretaría con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Palacio Legislativo. México Distrito Federal, 4 de octubre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que el diputado Andrés Bermúdez Viramontes cause baja como presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que el diputado José Nicolás Morales Ramos cause alta como presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que el diputado José Nicolás Morales Ramos cause baja como secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que el diputado Andrés Bermúdez Viramontes cause alta como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que el diputado Héctor Larios Córdova cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

Que el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo cause alta como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

Que el diputado René Lezama Aradillas cause baja como integrante de la Comisión de la Función Pública.

Que el diputado René Lezama Aradillas cause alta como secretario de la Comisión de la Función Pública.

Que la diputada Dora Alicia Martínez Valero cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

Que la diputada Dora Alicia Martínez Valero cause alta como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

Que la diputada María Elena Álvarez Bernal cause alta como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted, atentamente, diputado Héctor Larios Córdova. Presidente.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos, relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género, por el que se desecha la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV, del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por el que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo, y se han registrado para este caso, el diputado Fernando Mayans Canabal, en contra, del Grupo Parlamentario del PRD, y el diputado Carlos Chaurand Arzate, del Grupo Parlamentario del PRI, en pro.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD. No se encuentra el diputado en el pleno ¿verdad? Pregunto al diputado Carlos Chaurand Arzate si mantiene… Retiramos entonces. No estando ningún orador para hablar en contra, se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 23, 34 y 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa que adiciona el numeral 6 al artículo 132 y adiciona el artículo 132 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa que reforma las fracciones XVI a la XXXVI y adiciona la fracción XXVII al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción XXXVII al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presienta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo que nos ha turnado la Junta de Coordinación Política, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política. Acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados condena la agresión de que ha sido objeto el Senado de la República por parte de la televisora TV Azteca.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor.

Único. Que con relación a los anuncios difundidos por la Televisora TV Azteca sobre el Senado de la República, los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, manifestamos el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se solidariza en respaldo a la Cámara de Senadores ante la agresión de que ha sido objeto por parte de TV Azteca, y condena enérgicamente a dicha televisora por estas denostaciones.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2007. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Permítame diputada. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Gloria Lavara Mejía (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Nada más quiero que se le dé cuenta al pleno que mi firma como coordinadora de la Junta de Coordinación Política va en contra, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Alguien más? Sí, diputado Miguel Ángel.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): Muchas gracias Presidenta. Informar en el mismo sentido que nuestra posición en este punto de acuerdo es en contra de la del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y hemos solicitado a través de un oficio que está en la Secretaría, que sea votación nominal.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, tienen que adherirse cinco diputados más para que sea votación nominal. ¿Ya lo mandaron por escrito? Permítame. No se recibió oficio, diputado, y vamos a proceder a consultar a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo en votación económica.

La Secretaría diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado.

Proposiciones

Esta Presidencia recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que considere en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, recursos para la aplicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que el Ejecutivo federal dé cumplimiento a los artículos transitorios de dicho ordenamiento legal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

También se recibió del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a que realice el trámite correspondiente para inscribir en la lista de humedales de importancia internacional a la Bahía de San Quintín, en Baja California. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

También se recibió de los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo para exhortar al jefe de las Fuerzas Armadas, a no hacer uso indebido de los uniformes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, durante los actos cívicos. Túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.

También se recibió del diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que emita la declaratoria de desastre en el municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, derivado de los graves daños provocados por las intensas lluvias. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

También se recibió del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob (Secretaría de Gobernación), a que amplié la declaratoria de desastre natural por el huracán Dean, en el municipio de Maxcanú, en el estado de Yucatán. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se recibió también del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que expida el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Se recibió del diputado Felipe Borrego Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que expida el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Se recibió del diputado Felipe Borrego Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de Zacatecas a que investiguen amenazas contra periodistas de la entidad. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se recibió de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se solicita al INAH que intervenga en la restauración, preservación de la Parroquia Santa María Aztlahuacán, monumento histórico de la delegación Iztapalapa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

Se recibió de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se solicita a los Centros de Readaptación Femenil que cuenten con Centros de Desarrollo Infantil. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Se recibió del diputado Robinson Uscanga Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex a que instrumente los mecanismos necesarios para que en la reparación y reconstrucción de las instalaciones afectadas por los atentados del 10 de septiembre de 2007 se considere la construcción de albergues y trazos de rutas de evacuación en las comunidades y poblaciones afectadas. Túrnese a la Comisión de Energía.

Se recibió del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de la Función Pública, informe a esta soberanía el inicio del procedimiento de financiamiento de responsabilidades resarcitorias a la empresa Gutsa, Infraestructura, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de las obras de la Biblioteca Vasconcelos. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

Esta Presidencia también recibió del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Profeco a que prohíban la venta de bebidas energetizantes en el país. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y Economía.

Se recibió del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo en relación con el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se recibió del diputado Mario Enrique Del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que gestione las acciones necesarias para financiar las obras públicas del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal y en Estado de México. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Se recibió del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública a que gestione las acciones necesarias para que las escuelas de educación básica sean dotadas con suficientes pupitres para los alumnos zurdos. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se recibió del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a que tomen las medidas conducentes para hacer de sus calles y avenidas vías ecológicas, mediante la instalación de adoquinado y empedrado en los costados de las vialidades. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se recibió del diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que se realicen los estudios necesarios para conocer la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social que justifique la aplicación de la tarifa doméstica de alto consumo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió del diputado José de Jesús Solano Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a que revise el caso del paramédico José Antonio Vera Díaz, para que el principio de administración de justicia pronta, gratuita y expedita, y el derecho humano al acceso a recursos efectivos de justicia se hagan realidad. Túrnese a la Comisión de Justicia…

Esta Presidencia recibió del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Salud. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XXVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se excita a la Comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

Se recibió también del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa al Senado de la República. Remítase al Senado de la República.

Se recibió de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se excita a la Comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

Se recibió también del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se excita a la Comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (16:05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de octubre, a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9:30 horas.